Español – Página 11 – Contra Corriente

Texto y fotografías: Diego Aguilar

Le escribí una carta de amor a uno de mis relojes. Mi Casio F-91w. Seguro que alguna vez has visto uno igual por ahí. O miles. Es un reloj bastante común. Pero este es el mío. Y esta es su historia.

Si digo «historia» se puede suponer que tengo este reloj desde hace tiempo, y por eso lo conozco bien. Lo primero es que no hay que dejarse engañar por el humilde aspecto de este reloj (adorable, parece una minitelevisión en tu muñeca) ni por su bajo precio, unos 300 lempiras (12 dólares), porque si pudiera cuantificar en moneda el valor que este reloj ha añadido a mi vida estaríamos hablando de una buena cifra.

Tengo que aclarar que el primer F-91w que usé extensamente, el MK1, ni siquiera era mío. Me mudé al extranjero en 2019, un año en el que vi e hice muchas cosas. Entre ellas fue conocer a una de mis mejores amigas, Jade. Cuando la conocí, ella tenía uno de estos bandidos en su muñeca derecha. Sobra decir que, desde que la conocí, el reloj llamó mi atención. Un día, después de oírme delirar con él, Jade me dijo que me lo llevara a casa y se lo devolviera cuando quisiera. Fue entonces cuando descubrí sus proezas en el campo.

Te ponés este reloj y cantan los ángeles. Es sumamente cómodo. Es tan discreto en su uso y ajuste real en la muñeca que realmente no lo sentís. Se lleva más como una pulsera que como otra cosa. Se apoya en la muñeca y se confunde perfectamente con el brazo. Este reloj se desliza bajo cualquier puño de camisa (descarado) o abrigo, lo que lo convierte en el reloj perfecto para «hacer lo que sea». Es digital, así que con solo pulsar tres botoncitos podrá: dar la hora, despertarte con una alarma, cronometrar comidas o prender la lucecita. Hay quienes dicen que el tamaño no importa, es más cómo se usa. Esta pequeña y resistente galletita, midiendo unos escasos 34 mm, es capaz de acompañarte en las grandes aventuras o en la rutina diaria.

Pero suficiente márketing, mejor contaré una historia:

En 2020, la pandemia de COVID-19 asoló el mundo. Como me di cuenta que íbamos a pasar mucho tiempo en casa, mis relojes más voluminosos se quedaron en el cajón. El F-91w no. Este reloj estuvo atado a mi muñeca durante todos esos meses de cautela. Recuerdo que llevaba el MK1 cuando me subí a la bicicleta por primera vez en años. La bicicleta se convirtió en mi principal medio de transporte y en mi consuelo personal mientras pasaban esos meses en los que subirse al transporte público parecía una condena. Ni una sola vez este reloj se clavó en mi muñeca mientras montaba en bicicleta. Pasando casi todo el día encerrado (pues trabajaba a distancia), utilizaba el cronómetro para mensurar mis escapadas y volver al trabajo a tiempo. Eso es algo que sigo agradeciendo porque, de otra manera, creo que me habría vuelto loco.

De alguna manera, este reloj siempre se iba a la cama conmigo durante aquel tiempo de encierro. Y también me acompañaba durante todos aquellos días de soledad. Por la mañana, sonaba mi alarma y le daba al snooze. Tras cinco minutos más en la cama, bebía un poco de agua y comenzaba mi día. Lo empezaba siempre con una serie de ejercicios de respiración y asanas. Utilizaba el cronómetro para llevar cuenta de la retención de oxígeno en mis ejercicios. De vez en cuando, yo veía una ligera mejora que podía medir gracias a mi reloj. Esto me producía gran alegría. En días más lentos, veía el tiempo y no me importaba mucho porque estos ejercicios eran una suerte de afirmación de vida. Realmente me hacían empezar con buen pie mis tareas. Este reloj formó parte de eso. Y de hecho, creo que fue la pieza fundamental para que todo sucediera «a tiempo».

Como dije, es un reloj que se encuentra en las muñecas de la gente, de todas las edades, de todas las profesiones y condiciones sociales.

Por ejemplo, recuerdo cuando estaba viajando por la región vinícola de Argentina, Mendoza, algunos meses después de que comenzó la pandemia. Caminando de vuelta a casa con un amigo después de una alegre degustación, nos encontramos un conocido suyo. Me presentaron. Mattia luego se convertiría en mi amigo por la noche. Mattia también llevaba su Casio F-91w. Calentado por el vino, le indiqué que teníamos el mismo reloj de pulsera. Por supuesto, aquello dio pie a que se intercambiaran los números de teléfono y se organizaran planes para ir a la ciudad al siguiente día. Me gusta pensar que este gesto condujo a una de las noches más memorables y emocionantes de mi vida.

Siempre he creído que el Casio F-91w debería estar al alcance de todos. Seamos coleccionistas de relojes o no.

Para cerrar, como dije, esta es una carta de amor. La otra noche, mi pareja vino a cenar. Cociné una pasta que mi hermano me había enseñado a hacer y luego nos pusimos cómodos en el sillón y pusimos un documental. Después de terminado, a dormir. Acostados, la habitación estaba velada por una agradable oscuridad. Me tumbé de lado y mi pareja se acercó a mí. Su cabeza estaba apoyada en mi hombro. Después de un rato en que pareció quedarse dormida, se despertó y preguntó: «¿Qué hora es?». Levanté el brazo para ver. Nada. Solo oscuridad. Me acordé. Alcancé con mi otro brazo, ahora abrazándola por completo, y presioné la luz. «Mirá», dije. El reloj estaba muy cerca de su cara y sus ojos, y este reloj tuvo la delicadeza de mostrarle qué hora era con una respetuosa luz verde. Momentos como este rara vez ocurren hoy en día. Pude haber respondido su pregunta agarrando cualquiera de nuestros teléfonos, y sí, habría sabido la hora, pero también habría visto cualquier cantidad de notificaciones, perdiendo así un momento que merecía ser solo nuestro. Nada mal para un reloj de 12 dólares.

¿Qué pasa cuando las secuelas, ya sea en videojuegos o cine, tienen una recepción difícil por parte de las audiencias que admiraron sus primeras entregas? En una época de inmediatez, con las redes sociales como principal mediación entre productores y fanáticos, una ola de mensajes de odio y boicots suele ser la primera reacción de los fanáticos cuando los lanzamientos no se condicen con sus expectativas. ¿Vivimos en una época donde la crítica se ha reducido al odio? Si es así, ¿por qué y qué nos dice esto de las audiencias cuando de nuevas propuestas se trata?

Texto: Persy Cabrera
Ilustración: Daniel Fonseca

El 3 de julio de 2020, Laura Bailey, actriz de voz estadounidense en videojuegos y caricaturas, hizo públicos estos mensajes que había recibido en su Twitter: «Espero que tus padres se mueran de cáncer», «Te voy a apuñalar», «Te voy a encontrar y voy a descuartizarte», «Te voy a encontrar y voy a matar a tu hija por lo que hiciste». La razón por la que tanto ella como su hija estaban siendo amenazadas a muerte era que Laura había dado voz a Abby, un personaje del videojuego The Last of Us Pt.II (Sony Interactive Entertainment). Esta fue la segunda entrega de un videojuego producido por Naughty Dog y cuya primera parte –un éxito total– había salido en 2013.

Nada más que eso, dar voz a un personaje, había desatado, primero, el descontento y la furia de los fanáticos de The Last of Us, que llenaron de malos comentarios y de calificaciones bajas los portales que reseñaban el videojuego. Pero, después, cuando la ola de mensajes y «críticas» negativas no parecía ser suficiente, los fanáticos comenzaron a enviar las amenazas que Laura hizo públicas con un escueto mensaje: «Hombre. Trato de publicar solo cosas positivas aquí… pero a veces esto se vuelve un poco abrumador».

Pero Laura Bailey no es la única víctima de las audiencias enardecidas con los intérpretes o desarrolladores de sus videojuegos, películas o series favoritas cuando estas no llenan sus «expectativas» o cuando tocan algún aspecto que ellos consideran sagrado.

Internet, más la secuela de una de las franquicias más emblemáticas del cine y la cultura pop, más la secuela de un videojuego aclamado por la comunidad y críticos, dieron como resultado el odio masivo e injustificado de sus propios fans. El anonimato en internet parece dar carta libre a que cualquiera con opiniones polarizadas amenace de muerte, acose e intente boicotear lanzamientos por una resistencia a los cambios o a las nuevas propuestas.

The Last Of Us Pt. II fue publicado en 2020 por Sony Interactive Entertainment para Playstation 4 y fue desarrollado por Naughty Dog. Esta segunda parte es la sucesora al juego que salió en 2013 y que introdujo a Joel y Ellie como protagonistas de una historia postapocalíptica en la que el mundo como lo conocemos sucumbió ante un virus zombie.

Considerado uno de los mejores juegos lanzados en Playstation 3, la primera parte puso en la mesa una historia amarga en la que Joel, después de muchos años de perder a su hija, encuentra a alguien que renueva su faceta paternal en un mundo despiadado y cruel. Su final seguirá siendo recordado porque no es triste ni alegre, sino que choca al jugador contra una pared y le muestra una decisión real y humana.

The Last Jedi, el episodio VIII, no requiere los mismos protocolos de presentaciónpor ser lasecuela de una franquicia mítica de un pilar en la cultura popular, Star Wars. The Last Jedi se estrenó en 2017, después de The Force Awakens que fuedirigida por J.J. Abrams, quien rompiera las estadísticas taquilleras con un guion, historia y estructura heredera del episodio cuatro, A new hope.

Junto a The Last of Us Pt. II,la secuela de la mítica historia de George Lucas, The Last Jedi, sufrió un lanzamiento polémico, atropellado, y a día de hoy es probable que siga levantando debate por las decisiones creativas de sus responsables. En primera instancia, dividió a su base de fanáticos y la conversación sobre su calidad se dirigió a la propagación del odio hacia las obras y llegó aún más lejos: a algunos de sus protagonistas.

El descontento se tenía que reflejar en algún sitio y las redes sociales sirvieron como punto de reunión a muchas voces, incluso a las que querían gritar con saña su repulsión hacia The Last Jedi y The Last of Us Pt.II. Una de las tácticas, en ambos casos, fue hacer review bombing, un fenómeno exclusivo de internet en el que personas poco satisfechas con el resultado de las obras que esperaban lanzan opiniones negativas a sitios que recogen la valoración de la audiencia de un videojuego, película o serie. El objetivo era moldear la perspectiva sobre The Last Jedi y The Last of Us Pt. II. Con valoraciones bajas se espera que posibles compradores o personas que quieran ir a las salas de cine no lo hagan; una táctica hecha para dañar la imagen de un trabajo artístico.

Así como Laura Bailey, quien interpretó a Abby en The Last of Us Pt. II y fue víctima de acoso y amenazas de muerte a través de redes sociales, también Kelly Marie Tran, quien interpretó a Rose en The Last Jedi, tuvo que cerrar sus redes sociales por el constante acoso por su rol en el episodio VIII de Star Wars.

La incapacidad para argumentar lo poco que gustaron sus historias, sus desarrollos o su jugabilidad atravesó un límite que no debería.

Pero había algo que no concordaba, en el otro extremo se encuentra la valoración de la crítica especializada. Tanto periodistas de videojuegos como críticos de cine posicionaron al juego desarrollado por Naughty Dog y la película producida por Lucasfilm en un pedestal alto. En Rotten Tomatoes, sitio web de reseñas, algunos críticos calificaron a The Last Jedi como el respiro que Star Wars necesitaba, «una evolución genuina para la saga en estilo, narrativa y emoción». The Last of Us Pt. II experimentó la misma percepción para la crítica, las notas cercanas a los dieces no faltaron.

Un número no dejaba grabado en piedra la calidad de estas dos secuelas y mucho menos una crítica especializada imposibilita la propia opinión. Este texto no trata de disuadir o convencer sobre cambiar opiniones negativas de estas dos piezas. Pero ¿realmente vale la pena quedarse con esta visión de estas dos obras? Hay ocasiones en las que aparecen videojuegos o películas como estos para los que es injusto ponerle etiquetas de «buena o mala» y quedarse ahí. Al valorar la calidad de una obra también hay grises.

The Last of Us Pt. II no supuso un salto en mecánicas de juego tan notables y aunque en el apartado gráfico sí es uno de los referentes de la industria, también se puede apuntar que se mueve en escenarios repetitivos, pelea consigo mismo acerca del mensaje que quiere dar y lo que tiene para contar sobre la venganza no supone nada nuevo. Pero sorprendió, se atrevió a hacer lo que nadie esperaba de un juego tan esperado, trató como adultos a su audiencia, se dejó de heroísmos con momentos épicos y habló acerca del perdón, del egoísmo y la pérdida de una forma profunda. Su final, para la mayoría de sus jugadores, es desolador.

Hay que ser cuidadosos al señalar a priori una obra como pésima cuando la conversación sobre ella puede ir más allá de las expectativas que se tenía antes de ser experimentada. Es exactamente este tipo de juegos o películas mainstream los que pueden señalar un camino más atrevido a las mega producciones de millones de dólares.

Porque las franquicias exitosas normalmente no salen de las plantillas con las que son fabricadas. Lo que funciona o mejor dicho, que trae dinero, no necesita cuestionarse ni ser innovado. La serie de películas de Rápido y Furioso –por ejemplo– ha traído nueve películas en su saga principal, y la última de sus aventuras recaudó casi el triple de lo que se invirtió en producirla. Aunque la crítica siguió condenando su copia y calca de cada secuela, la audiencia la calificó con un más que aprobado.

Rápido y Furioso es parte del cine que pretende y está cómodo con ser solo entretenimiento, palomitas, explosiones, ritmos rápidos y dos horas de mucho dinero invertido en un producto. Pero hay ocasiones en las que hay un empeño por crear una obra distinta, ocasiones en las que aunque hay mucho dinero por detrás y una marca a la que proteger, también está la idea de mostrar otras facetas, pero ¿qué pasa cuando los «disgustos» que trae el cambio pone en contra a los fans de las propias obras?

Aunque esta saga de Rápido y Furioso –que parece que nunca va a terminar– pudiera no llegar a «tener la calidad» de las obras que sirven como contraparte a su caso, The Last Of Us Pt.II y The Last Jedi, nos sirve como contrapeso para tener una conversación en la que podemos concluir que no se puede ser condescendiente y perdonarle errores a una historia, pero tampoco se puede dejar que comportamientos y opiniones polarizadas entierren obras más que pulidas.

José Altozano (Dayoscript), periodista de videojuegos, en su análisis resaltó cómo el juego sirvió para hablar acerca de temas muy importantes en la industria del videojuego, en el mundo y sobre el ser humano. Desde un análisis que traslada su historia a un problema complejo como es el conflicto Israel-Palestina, las horribles prácticas en el desarrollo de videojuegos y hasta cómo su trama pertenece a una tendencia en la industria en la que los desarrolladores exploraron la paternidad. Aunque fue una obra que no empujó los límites narrativos o mecánicos, The Last of Us Pt. II dio pie a conversaciones más extensas e interesantes.

The Last Jedi por su parte peca de ser muy extensa, la más extensa de toda la franquicia. Con su duración como «pecado», Rian Johnson hizo lo que quizá ningún otro guionista y director se hubiera atrevido: tomó a un ícono como Luke Skywalker y le dio un giro para que aprendiera algo nuevo acerca de la derrota y dio corazón a cameos que de otra manera solo serían una anécdota. Enfrentó a varios de sus protagonistas con el conflicto bélico contra el imperio y en sus convicciones personales sobre cómo conducirse como líderes. La dirección de Johnson la enalteció todavía más; es una película dotada de elegancia y ya solo como experiencia visual tiene un peso importante.

Altozano en su vídeo también habla acerca de la expectativa del fan con sus videojuegos o películas favoritas y enlaza una frase de Henry Ford, empresario y fundador de la Ford Motor Company: «Si le hubiera preguntado a la gente, me habrían pedido caballos más rápidos». Las grandes producciones para audiencias masivas no suelen salirse de la norma, utilizan plantillas viejas y con unos retoques llegan a las salas de cine o al salón de nuestras casas como nuevo. El público no sabe lo que quiere, pero es más enriquecedor que esté dispuesto a ser retado y descubrir nuevas formas y giros inesperados en las piezas artísticas que disfruta, incluso cuando es una secuela de la secuela. Como audiencia, parece que hay que estar dispuestos a avanzar y ser desafiados.

Fotografía y texto: Jorge Cabrera

Se les ve en las calles de Tegucigalpa, juntos, uniformados en sus motos. Acompañan los eventos del Gobierno de Xiomara Castro y ondean las banderas del Partido Libre en sus recorridos por la capital. Son grupos de motorizados que le dan sensación de caravana y fiesta a cada aparición de la pareja presidencial.

Son grupos parecidos a los que acompañaban a Hugo Chávez en Venezuela o a los que en Nicaragua han apoyado de diversas formas a Daniel Ortega. Similares en su estética y en el objetivo de seguir las órdenes de la presidencia de la república.

Son tres grupos los que se identifican en Honduras actualmente y suman al menos 80 miembros entre todos. El primero, «Los Motorizados de Xiomara Castro», se distingue por sus camisetas serigrafiadas con la cara de la presidenta a la que, se ellos, siguen desde que se perpetró el golpe de Estado de 2009 y ella, Xiomara Castro, acompañaba al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en su demanda por la restitución del orden constitucional y el regreso al país de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Este grupo de motociclistas, liderado por Tony Aguirre –un entusiasta del expresidente y actual asesor presidencial Manuel Zelaya–, nació con el nombre de «Motociclistas Patriotas» con el objetivo de acompañar las protestas en contra del golpe. Ahora, con el Partido Libre en el poder, estos motorizados –que suman 45 miembros– se convirtieron en los guías de las marchas antes convocadas por el Partido y ahora por el Gobierno. A partir de la victoria de Castro en las elecciones de 2021, este grupo cambió su nombre para ahora autodenominarse «Los Motorizados de Xiomara Castro».

El segundo grupo es el «Frente Motorizado Libre Morazán», conocido también como «La Morazánica». Estos motociclistas –además de acompañar las marchas– en ocasiones se han dedicado a dispersar protestas en contra del actual Gobierno. El tercer grupo se autodenomina «Motorizados Generacional en Acción Social» (MGAS), formado por jóvenes que a través del tiempo se han sumado al Partido Libre.

A pesar de que desde que tomó el poder, la presidenta no se ha reunido con los motorizados, Tony Aguirre defiende sus convicciones: «Al principio luchábamos porque Mel [Manuel Zelaya] volviera al poder. No se logró, pero tenemos una buena representante: Xiomara Castro», mencionó.

Aguirre contó que después del golpe de 2009, fue perseguido por «los órganos del Estado que no querían vernos defender la patria. Hoy estoy más tranquilo, ya tenemos un Gobierno y espero que sea el mejor de todos».

La mayoría de las personas que integran los grupos de motorizados está desempleada por lo que intentan tener un acercamiento con el Gobierno para hacerle saber que necesitan ayuda y que se valore el esfuerzo que han realizado y siguen realizando por el Partido Libre. Hasta ahora, según declaraciones de ellos mismos, los tres grupos financian por sí mismos los gastos de movilización y alimentación en cada convocatoria. No obstante, Tony Aguirre señaló que «La Morazánica» sí recibe pagos por todos sus servicios.

Edwyn Zúniga de «Los Motorizados de Xiomara Castro» contó que su oficio es instalar ascensores, pero desde el año 2000 perdió su trabajo. «Hoy soy uno de los que buscan estabilidad laboral y por eso busco un acercamiento con la presidenta. Quiero trabajar, pero no logramos que nos atiendan e irónicamente vamos siempre a su lado en las marchas, pero ni así tenemos acceso a ella [Xiomara Castro]», comentó Zúniga.

Según Tony Aguirre y Set Cabrera, organizadores de «Los Motorizados de Xiomara Castro» y «La Morazánica» respectivamente, el gobernador de Francisco Morazán, Mario Sorto, es el encargado de la organización de sus grupos. Aunque, señaló Aguirre, Sorto tiene más afinidad con «La Morazánica», a la cual, según él, le hace pagos por servicios al Partido Libre, así como también por la depreciación de las motos, combustible, alimentos y alojamiento, lo que ha generado discordia entre ellos.

Contracorriente contactó al gobernador Mario Sorto, pero tras varios intentos no logró su reacción ante lo mencionado por los motorizados.

Estos grupos tienen ahora una nueva asignación, se encargan también de repartir el periódico Poder Popular, publicado de forma regular desde que Xiomara Castro cumplió 100 días al frente del Gobierno.

Los motorizados reparten el periódico en algunas secretarías de gobierno y por esto cada miembro recibe un estipendio de 600 lempiras (aproximadamente 24 dólares) semanales, más 200 lempiras (8 dólares) para el combustible de sus motos. El presupuesto para cubrir el gasto en combustible proviene de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), según una fuente en esta imprenta que solicitó el anonimato. En el portal de transparencia de esta empresa no hay datos actualizados desde enero de 2022 antes de que tomara posesión el nuevo gobierno. «Si lo ve, esto es un pago simbólico, porque no vivimos de ese dinero. En mi caso, soy comerciante en el Zonal Belén y la depreciación de mi moto nadie me la da», comentó Tony Aguirre.

El Gobierno de Castro ha enfrentado manifestaciones por parte de activistas del Partido Libre exigiendo cargos laborales. Por otro lado, empleados de diversas secretarías han protestado por la falta de pagos y por incumplimientos en sus contratos. El grupo de motorizados conocido como «La Morazánica» fue señalado como un grupo de choque ante estas protestas. Tony Aguirre, líder de «Los Motorizados de Xiomara Castro», expresó que por el accionar de «La Morazánica» ellos injustamente han sido señalados como los perpetradores de las golpizas a los manifestantes contrarios al actual Gobierno. «Pedimos que no se nos vincule con esos oportunistas, nosotros no somos parte de ese grupo de motociclistas que golpea e intimida a los empleados de la oposición» explicó Aguirre.

Uno de los casos más conocido fue cuando individuos identificados como militantes del Partido Libre protagonizaron un altercado en la Secretaría de Salud (Sesal), justificando la defensa y protección de la integridad del diputado del Partido Libre, Fabricio Sandoval, quien fue abordado por el personal de salud para reclamarle sobre el proyecto que presentó para derogar contratos laborales. Ese incidente fue captado por las cámaras de un medio local, donde se pudo observar la golpiza que recibió uno de los empleados de la Sesal cuando abruptamente ingresaron los entonces «Morazánicos» a las instalaciones de la secretaría.

Set Cabrera, coordinador de este grupo, a quien encontramos durante su participación en el evento oficial realizado el día 28 junio de 2022 en la la plaza cercana al Aeropuerto Toncontín para honrar la memoria de los mártires del golpe de Estado, dijo que: «Tuvimos que cambiar el nombre de «La Morazánica» por lo sucedido durante las protestas en contra de la presidenta Xiomara Castro. Yo participé directamente en los enfrentamientos para disipar las protestas que se realizaban, pero me disculpé con las personas a quienes les hicimos daño; me dejé llevar por el momento de furor. Todos cometemos errores», dijo.

Cabrera y su grupo de motorizados conforman al menos 50 integrantes. Su trabajo únicamente es guiar las marchas del expresidente Manuel Zelaya, así como repartir el periodico Poder Popular. Esta última tarea es el único vínculo entre los tres grupos de motorizados.

Aunque Tony Aguirre los llama intrusos, Set Cabrera aseguró que «no somos ningún grupo de choque, solo buscamos la unidad con los otros dos grupos de motorizados para conformar un solo grupo como partido».

Cuando se le consultó de dónde provienen sus ingresos, negó cualquier vínculo con Mario Sorto. «Mi grupo y yo trabajamos en diferentes secretarías del gobierno por lo que nosotros no recibimos dinero de Sorto, vivimos de donaciones que nos da el pueblo y de nuestros salarios» afirmó Cabrera.

Sin embargo, un hecho violento de alto impacto generó más controversia entre los grupos de motorizados y vinculó de nuevo al gobernador Mario Sorto. El pasado 15 de julio de 2022, mientras trabajaba como guardia de seguridad privada para el gobernador, fue capturado Janssen Cabrera, de 27 años, tras ser vinculado con la masacre en la que fue asesinado el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Janssen es uno de los fundadores del grupo «La Morazánica».

Según el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, en el asesinato participaron al menos 11 personas que pertenecen a la Mara Salvatrucha (MS13) y el ataque iba dirigido a Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño.

Extraoficialmente se informó por varios medios de comunicacion local que la MS13 habría recibido el pago de 200.000 dólares por el asesinato del hijo del exmandatario, información que la policía descartó y negó haber filtrado a los medios de comunicación a través de documentos internos de la institución. Sin embargo, las filtraciones de supuestos policías vincularon a Janssen Cabrera de pertenecer a la MS13, de ofrecer servicios de seguridad a políticos y de hacerse pasar agente policial.

«Producto de los esfuerzos y las investigaciones se logró la identificación y captura de seis miembros de la estructura criminal, entre ellos uno que comúnmente se presentaba como oficial de Policía», indicó el director policial.

Janssen fue acusado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido y no por participar en la masacre. Una semana después de su captura, Janssen quedó en libertad con medidas provisionales mientras respondía a las acusaciones del Ministerio Público. Pero la etiqueta de ser miembro de la MS13 es algo que ha marcado a Janssen que vive en uno de los barrios más conflictivos de Tegucigalpa y ahora teme por su vida y la de su familia.

Janssen es hijo único y provee el sustento para su abuelo y su madre. Antes de la captura, se dedicaba a ser guardia de seguridad del gobernador Sorto a pesar de tener un acuerdo laboral en la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Después de toda la exposición que vivió, ahora teme que la pandilla Barrio 18 tome represalias contra él luego de haber sido identificado públicamente por la policía como miembro de la MS13.

A Janssen la policía le encontró un arma 9mm que, según él, le pertenece al gobernador Mario Sorto, además de un fusil tipo Galil que Janssen dijo le pertenece a su pareja, una oficial de policía a quien esa mañana llevó a su trabajo en el vehículo de su jefe, el gobernador.

«Ellos pudieron haber llamado a mi pareja para que le confirmara lo que les decía, pero ya traían un objetivo, porque ellos me pudieron haber dejado en paz, Mario Sorto tenía los papeles de la 9mm, si mi error es que yo no tengo [permiso de] portación, pero tenía un carnet que me identificaba como seguridad privada del gobernador», dijo Janssen.

Es complejo entender los múltiples roles de Cabrera: miembro fundador de un grupo motorizado, guardaespaldas de un gobernador –que es líder en el Partido Libre– y, además, empleado público de la alcaldía de Tegucigalpa. Pero en esta municipalidad, sobre todo en lo que tiene que ver con empleos, quienes manejan las contrataciones son Sorto y el mismo Manuel Zelaya. Dijo Janssen que la alcaldía para la cual trabaja «lo prestó» a Mario Sorto para que lo resguardara y de paso, Sorto lo apoya con lo relacionado al grupo de motorizados.

«Yo fui oficial de la promoción 38 de la academia policial, pero fui retirado por reestructuración luego de estar en Lempira y haber obedecido a un jefe de seguir el proceso de arresto a un familiar del ex presidente Juan Orlando», contó Cabrera sobre su pasado como policía. Cabrera sospecha que algunos de sus excompañeros intentaron hacerle daño, «anteriormente quisieron meterme droga para involucrarme en algo y creo que vieron la oportunidad ese día y lo llevaron a cabo porque bien pudieron corroborar lo que se les dije y gracias a Dios estaba con el gobernador porque si no me hubieran cuadrado [dañado más]», explicó.

Janssen contó que al momento de su arresto le pidieron firmar una hoja para su traslado a la cárcel. «Yo la leí bien y ahí decía que era para mí seguridad, por la magnitud en lo que me estaban mezclando, me decía que la Policía no se hacía cargo de mi y de mi seguridad. Pero arriba hay unos cuadritos que decían MS13, Mara barrio 18 y otras. Entonces yo decido y firmo y entonces vino el oficial y puso la equis en MS13. Yo le dije que ¿por qué ponía eso? Y él me dice que porque los medios de comunicación dicen eso y yo le dije que ellos pueden decir una cosa pero yo sé que es otra cosa y me dice: yo te acepto acá porque tu vida a mí no me importa. Si quieres te meto allá dónde te maten porque a vos te están esperando».

Ahora que se defiende en libertad ante los cargos de portación ilegal de armas, Janssen dijo que ha pensado en la opción de irse del país al nomás ser liberado ya que está seguro que él y su familia corren peligro, a pesar de tener el apoyo del gobernador quien aseguró que le paga el abogado.

«Por la motorizada me da pesar pero no podré estar más con ellos, a menos que ahora solo sea para ir hacer trabajo social, pero andar en marchas o en caravanas eso acabó», dijo Janssen y su madre lo interrumpió diciendo «él hasta canciones le hizo a Xiomara Castro durante la campaña de 2013 y hoy que ella está en el poder le pido que pida a la policía que investigue y no acuse sin pruebas».

El gobernador Mario Sorto no respondió a nuestras peticiones de entrevista tras la captura de Janssen Cabrera quien es uno de los fundadores de «El Frente Motorizado Libre Morazán» y también su guardia privado de seguridad. A pesar de que Janssen ha tomado la decisión de apartarse momentáneamente de los grupos de motorizados, Set Cabrera dijo que este mes patrio los motorizados tienen la agenda llena y que se preparan para el evento más importante que se efectuará este 15 de septiembre de 2022 donde participarán activamente junto a varios centros educativos en la «Movilización Cívica Patriótica Refundacional», como el gobierno ha nombrado a los tradicionales desfiles patrios, mientras que las celebraciones a nivel nacional llevarán el lema «Impulsando a Honduras hacia el futuro».

Al menos tres mujeres motociclistas hacen parte de «Los Motorizados de Xiomara Castro». Tegucigalpa, Honduras Foto CC/ Jorge Cabrera

Tony Aguirre celebra su participación en las marchas del Día del Trabajador el 1 de Mayo de 2022. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Tony y su colectivo de motorizados fueron parte de la caravana que recibió al exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, en Danlí, Honduras. Lanza, que estaba acusado por varios delitos de corrupción, fue beneficiado con cartas de libertad gracias a una amnistía aprobada por el Congreso Nacional durante este gobierno. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Muchos de los motorizados buscan enseñar a sus hijos y los hacen participar en las caravanas. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Edwyn Zúniga muestra su credencial firmada por Manuel Zelaya y Xiomara Castro con lo que demuestra pertenecer a los motorizados del Partido Libertad y Refundación (Libre). Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

El periódico Poder Popular es entregado en las secretarías del gobierno ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

«Los Motorizados de Xiomara Castro» pasean por el Centro Cívico Gubernamental distribuyendo los paquetes que contienen el periódico Poder Popular. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) entrega a los motorizados los paquetes del periódico Poder Popular para ser repartidos en las instituciones de gobierno. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Sin pagos por depreciación de sus motocicletas, los grupos de motorizados apoyan por convicción. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Con sus camisetas alusivas al club motorizado, los integrantes de estos grupos cargan los paquetes del periódico Poder Popular para repartirlo en el centro de Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Por la falta de empleo, los integrantes de los grupos motorizados buscan un acercamiento con la presidenta Xiomara Castro, confían que en algún momento los recibirá. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Los motorizados se reúnen una vez a la semana para coordinar su participación en las marchas. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera

La lealtad al partido es notable al ver la cantidad de banderas y fotografías del Partido Libre. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

La celebración del Primero de Mayo, Día del Trabajador, fue guiada por los tres colectivos de motorizados. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Mario Sorto, gobernador de Francisco Morazán juramentó a la «motorizada de Xiomara Castro» liderada por Tony Aguirre para intentar que el grupo se sienta respaldado por el actual gobierno. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Parte de las actividades del «Frente Motorizado Libre Morazán» es resguardar las actividades del expresidente Manuel Zelaya, actual asesor presidencial. Foto CC/Jorge Cabrera.

Set Cabrera guía a su grupo de motorizados que resguarda la caravana del expresidente Manuel Zelaya después de un homenaje realizado a Isis Obed Murillo, el primer mártir del golpe de Estado de 2009. Foto CC/Jorge Cabrera.

«Los Motorizados de Xiomara Castro» utilizan camisetas serigrafiadas con el rostro de la presidenta; los del Frente Motorizado Libre Morazán usan camisas negras con el emblema del Partido Libre y los MGAS todavía no cuentan con uniforme. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Un día después de la masacre donde murieron cuatro jóvenes, entre ellos el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, fue capturado Janssen Cabrera quien se encontraba junto al gobernador de Francisco Morazán Mario Sorto como su guardia privado de seguridad y por filtraciones de información se manejó –sin que se hubiese confirmado– que cabrera estaba vinculado a esa masacre. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Janssen Cabrera actualmente se defiende en libertad ante las acusaciones del Ministerio Público que lo señala por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones de uso prohibido. Foto CC/Jorge Cabrera

Texto: Jennifer Ávila
Fotografía: Jorge Cabrera

Todos y todas recordamos las fiestas patrias como el momento en que nos adentrábamos en el folclore hondureño y aprendíamos frases de los ilustres «Padres de la Patria». Cuando leíamos en el libro El Hondureñito la letra de aquella canción que resonaba en las aulas de clase: «No hay otro pueblo más macho, que el pueblo catracho, del cual vengo yo», y los niños y niñas hacíamos énfasis –con un zapatazo– en la palabra «macho». Este año –nos han dicho– que será diferente, porque el Gobierno quiere cambiar la narrativa de los festejos por la Independencia de Honduras renombrando las mismas como «Fiestas Cívicas Refundacionales».

El viceministro de Educación, Edwin Hernández, trató de explicar en medios de comunicación que «como no todos marchan, algunos se movilizan, quisimos dejarlo así porque va con el plan de gobierno de la compañera Xiomara Castro. Lo de la patria es porque nos mete en el espacio del patriarcado». Hernández estaba nervioso, como entrando en un terreno minado. En otros medios de comunicación expresó que «sabemos que nuestra presidenta es una mujer, (las mujeres) tienen mucho que darnos a nivel intelectual y cultural en todas las etapas, y no es solo con sus movimientos tradicionales que vamos a presentar a nuestras muchachas y jóvenes de nuestro país».

El Gobierno de Castro camina torpemente sobre las arenas movedizas del discurso de izquierda, revolucionario y feminista. Aun así, si esto nos sirve para discutir términos como patria, poder, nación y patriarcado, es algo positivo, hasta cierto punto. Pero «del dicho al hecho hay mucho trecho» y cuando se trata de «temas» de mujeres o población LGTBIQ –que son obligatorios si en realidad queremos desmontar el patriarcado– el Gobierno ha dejado claro que no entrará en polémicas aprobando la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por ejemplo, a pesar de las cifras alarmantes de violencia sexual que sufren las mujeres y niñas del país, o aprobando una ley de identidad de género que le dé más derechos a las personas LGTBIQ.

Lo que se está cuestionando, según lo que dijo el viceministro, son «los movimientos tradicionales», que serían los bailes de las palillonas al ritmo de las bandas marciales que, poco a poco, han mezclado el popular reggaeton con las marchas de guerra. También «Los desfiles», que ahora ya no se llamarán así y que han sido por décadas un acto de exhibicionismo machista de las jovencitas que son filmadas mientras bailan punta frente a las cámaras que las recorren desde los tobillos hacia arriba. La tradición de los padres de familia, ahorrando todo el año para poder comprar en septiembre los vestidos para las reinas de las flores o los uniformes militares de sus hijos para el gran desfile. Pero ¿es algo que se puede «refundar»? ¿Cambiar de nombre a las «Fiestas Patrias» refunda esta cultura popular, militarista y machista?

Cambiar esta narrativa es inútil si no se acompaña de un proceso de reforma educativa, de crítica a «los valores patrios» y de supervisión de que todas las escuelas públicas, privadas y religiosas adopten una nueva forma de conmemorar las fiestas patrias, estudiando, analizando y debatiendo las fechas históricas del país: la independencia, la vida republicana, el concepto de Estado-nación, la historia de los golpes de Estado y el papel de las Fuerzas Armadas en medio de una fallida construcción de democracia; así como también el papel de las mujeres en la historia hondureña, las identidades diversas de la sociedad, la laicidad del Estado. Es necesaria una conmemoración que priorice los estudios cívicos y no el espectáculo que ridiculiza la identidad de toda una sociedad y que exalta los valores patriarcales por encima de todo. Una conmemoración, pero que no se convierta en el espectáculo demagógico de un Gobierno en el que el patriarca tiene el mayor protagonismo a costa de retóricas complacientes con sectores que en otros tiempos fueron críticos.

Otro punto importante que se ha socializado por parte del nuevo Gobierno es que se reconocerán, como parte de las fiestas, las manifestaciones y demandas de la ciudadanía organizada y de los movimientos sociales que desde el golpe de Estado de 2009 han realizado marchas paralelas a los desfiles para exigir una independencia real.

¿Cómo reacciona la sociedad hondureña a estos cambios en la agenda patriótica? Hace pocos días, la Asociación de Pastores Evangélicos de Honduras publicó un comunicado –que reprodujo la mayoría de medios de comunicación de Honduras– en el que categóricamente rechazaban que los colectivos LGTBIQ participen en los «desfiles al frente de nuestros símbolos patrios»; según ellos, atentan contra la moral de la patria y de lo inculcado por Francisco Morazán y José Cecilio del Valle, «El Sabio». Este comunicado y la difusión que los medios le han dado es importante porque un poco más de la mitad de la población es de religión evangélica, la otra parte es católica, y en estos temas ambas religiones están en la misma página, sobre todo cuando de influir en decisiones políticas se trata.

No es cierto que las tradiciones son inofensivas o solamente decorativas. Encarnan valores a través de símbolos que se introducen en la mentalidad de las personas y que dan forma a sus conductas a lo largo de los años. Algunas tradiciones patrias representan y elevan hasta la sublimación rasgos lamentables de nuestra historia patria: el machismo y el militarismo. Y con ellos van los «valores» que nutren la exclusión y la intolerancia y, en su extremo, la violencia. Refundar es transformar valores, conductas y normas, no solo etiquetas. La refundación no puede limitarse a ser un diccionario de eufemismos, un diccionario con nombres política e ideológicamente correctos, pero con los mismos significados –y zapatazos– para que lo mismo persista con un nombre diferente.

Texto (original en inglés): Kendra McSweeney
Traducción al español: Óscar Estrada
Fotografía: Fernando Destephen

A fines de marzo de este año me enteré por WhatsApp de que seis viejos amigos estaban bajo la custodia de las autoridades migratorias mexicanas. Todos son indígenas de la Mosquitia hondureña. Un mes antes, con solamente sus mochilas, se unieron a un grupo más grande de migrantes que salía de San Pedro Sula. Cuatro días después cruzaron de Guatemala a México, donde les tomó una semana atravesar el estado sureño de Chiapas. «La migra» los recogió en algún lugar al norte de la Ciudad de México el 28 de marzo. Desde allí fueron deportados de regreso a Honduras, uniéndose a los otros 24,000 hondureños que regresaron de México en los primeros cuatro meses de 2022. Ahora esperan volver a partir lo antes y como sea posible para iniciar su próximo intento de llegar a los Estados Unidos.

Aquí, en los EE. UU., estamos acostumbrados a escuchar sobre la difícil situación de los migrantes centroamericanos. Pero el hecho de que los indígenas hondureños se sumen a ese éxodo podría ser una sorpresa. Especialmente ahora: las últimas noticias de Honduras sugieren una nueva era de esperanza, no de desesperación. Después de todo, el país parece estar listo para —finalmente— reducir la impunidad, la extorsión, la violencia, la corrupción, el extractivismo liderado por élites y la devastación ambiental que han florecido durante los 12 años anteriores de la «narcodictadura» respaldada por Estados Unidos.

La nueva presidenta, Xiomara Castro, y su partido Libre están fuertemente respaldados por los pueblos indígenas (en su asunción, Copinh, en representación de los pueblos indígenas, entregó a la nueva presidenta la Vara Alta Lenca, símbolo de autoridad y poder, en representación del respaldo de los pueblos indígenas). También los trabajadores apoyan al nuevo Gobierno. Y es que Xiomara Castro llegó al poder con un plan de gobierno centrado en la defensa de los derechos humanos y la seguridad ciudadana, combate a la corrupción y el narcotráfico, así como mitigar los efectos devastadores del cambio climático en este país azotado por los huracanes.

Desde su toma de posesión en enero de 2022, el Gobierno parece haberse movido rápidamente a todos los frentes. Su predecesor (Juan Orlando Hernández) y su exjefe de policía (Juan Carlos Bonilla) fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. Por invitación de la presidenta, la ONU se está moviendo para establecer una comisión anticorrupción (Cicih); los defensores ambientales de Guapinol, en Colón, fueron liberados de detenciones arbitrarias y su nuevo ministro de Manejo Forestal anunció una acción inmediata para hacer cumplir la protección de las cuencas hidrográficas y los bosques del país. La atención prioritaria del Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Honduras se centra en las áreas protegidas y los territorios indígenas de la Mosquitia, donde se han concentrado las tasas más grandes de deforestación de Honduras, en gran medida impulsadas por las acciones del narcotráfico.

Para los hondureños que han luchado durante mucho tiempo para defender sus derechos a territorios ancestrales, proteger los bosques y mitigar el cambio climático, la perspectiva de cumplimento de estas promesas es prometedora y el enfoque en la Mosquitia es particularmente bienvenido. Esta es un área cuya diversidad biológica y culturales extraordinaria y codependiente, y ha ofrecido lecciones cruciales sobre la gobernanza y la vida adaptables al clima.

Pero, a pesar de este nuevo Gobierno, actualmente las formas de vida y las tierras de los pueblos indígenas en la región de la Mosquitia parecen pender de un hilo. Durante la última década, los traficantes y sus compinches de élite, enriquecidos con las ganancias de enrutar la cocaína hacia el norte a través de este centro de transbordo clave, han convertido enormes extensiones de selva tropical en ranchos ganaderos y los antiguos bienes comunes indígenas pasaron a ser plantaciones de palma africana.

Los narcotraficantes se apropian, compran y convierten tierras rurales para controlar el territorio de contrabando, lavar dinero y crear un lucrativo –aunque ilegal– mercado de tierras. Pueden hacer esto porque ejercen lo que el antropólogo Marcos Mendoza llama «narcopoder»: este es el poder de sobornar a los funcionarios con tanta eficacia como para estar por encima de la ley, y de controlar a las poblaciones con violencia extrema —o la amenaza de ella— que socava las coaliciones y normas de gobernanza que antes protegían los territorios indígenas y los espacios de conservación. En respuesta a la iniciativa ampliamente acogida de la presidenta Castro de –por lo menos en discurso– devolver los territorios a las comunidades indígenas y proteger y restaurar las tierras forestales restantes de la Mosquitia, los narcoterratenientes se han levantado en armas, redoblando su control del territorio. Han comenzado a capacitar a jóvenes indígenas desarraigados en el «oficio» del sicariato. Han enviado amenazas de muerte a cualquier residente indígena que pudiera denunciarlos ante las autoridades y han hecho correr la voz de que no tolerarán a nadie que intente volver a ocupar sus tierras.

En más de una década de soportar la vida con narcos, hay residentes que han informado que nunca —como ahora— se han sentido más amenazados. Los hombres de familia indígenas comunes, herederos de conocimientos ecológicos colectivos vitales sobre la agricultura sostenible y el uso de los bosques, se están dando por vencidos. Algunos han ido a buscar trabajo recogiendo café cerca de la frontera con El Salvador. Otros, como mis amigos capturados en México, se han dirigido al norte. Ellos simplemente no ven un futuro en su territorio ancestral.

Por eso la política sobre las drogas es también una política climática.

El régimen mundial de lucha contra las drogas hace dos cosas básicas: primero, se asegura que todos aquellos que fabriquen, muevan o simplemente usen drogas sean vistos como delincuentes; en segundo lugar, mantiene altos los precios y las ganancias, lo que sirve para enriquecer enormemente a los intermediarios que mueven las drogas, ya sean conocidos como «narcos», «carteles», «organizaciones criminales transnacionales», «mafia» o cualquier otro nombre. Estos criminales ricos siempre protegerán esa rentabilidad ejerciendo su narcopoder. Eso significa corromper a tanto políticos como jueces, alcaldes, policías y autoridades portuarias y fronterizas como puedan; significa controlar tantas rutas comerciales como puedan; y significa invertir sus ganancias en tantos sectores diversos como puedan, incluidos la tierra y la agroindustria altamente rentables. Y también significa defender esas inversiones de cualquier «amenaza», como cualquier iniciativa de gobernanza dirigida por el Estado para restaurar y proteger las tierras forestales y territorios ancestrales.

Mientras la cocaína y otras drogas sigan produciéndose en una parte del mundo y comprándose en otra, con un marco de ganancia exorbitante, siempre habrá intermediarios en países de tránsito como Honduras que se enriquecerán rápidamente simplemente con transportarla. Y mientras las drogas sigan circulando por Honduras, la presidenta Castro, que encabeza el segundo país más pobre del hemisferio, que lucha contra una deuda externa abrumadora, probablemente seguirá teniendo una capacidad limitada para enfrentar el narcopoder. La presidenta Castro puede aspirar a priorizar la mitigación climática y debe ser celebrada por hacerlo, pero la capacidad de su administración para actuar realmente, sobre ese compromiso, seguirá estando profundamente limitada mientras existan actores criminales tan poderosos, creados y envalentonados por el sistema internacional de prohibición de drogas.

Esto no está pasando solo en Centroamérica, o solo en América Latina. Esta misma dinámica se repite en todo el mundo, dondequiera que las drogas se cultiven y se muevan a través de las fronteras, y en países que ya luchan con problemas de gobernabilidad, desde los paisajes de opio del suroeste de Myanmar, los centros de cocaína de Guinea-Bissau, hasta el contrabando de múltiples productos desde el este de Panamá. Todos son sitios donde los modos de narcopoder actualmente dominan la gobernanza de los paisajes. Y, sin embargo, también son los paisajes con el mayor potencial para el secuestro de carbono planetario y, por lo tanto, donde más se necesita una gestión del territorio eficaz y transparente.

De hecho, el último informe del IPCC pide una «acción acelerada» para «salvaguardar y fortalecer la naturaleza» y «restaurar los ecosistemas degradados». El informe destaca que la implementación de las opciones de adaptación y mitigación «depende de la capacidad y la eficacia de la gobernanza y los procesos de elaboración». En otras palabras, una acción climática eficaz requiere contextos de gobernanza en los que funcione el estado de derecho, en los que los estados tengan legitimidad y autoridad, y en los que los actores criminales –cuya principal fuente de ingresos sean las drogas– no determinen en última instancia el destino del territorio, sus recursos y su biodiversidad.

Mientras la política global de narcóticos esté dominada por la prohibición de las drogas y esta genere grandes ganancias a quienes la producen y distribuyen, habrá poderosos actores criminales en todas las escalas, desde las aldeas rurales hasta las más altas esferas del poder, que socavarán la gestión sólida y sostenible de la tierra y los recursos que son tan esenciales para nuestro futuro planetario.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

José Abelino Cedillo, «Lino», estuvo 914 días preso por defender el río Guapinol y el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, área protegida que se extiende por 96,755.4 hectáreas en Tocoa, Colón, norte de Honduras. Ahí funciona una mina de óxido de hierro de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, multimillonario e inversionista privado en la alianza público-privada del Aeropuerto Palmerola.

Lino, como es conocido en Guapinol, recuerda la pesadilla que vivió durante su proceso: «El último mes (fue una pesadilla) porque estábamos en la audiencia y la incertidumbre de lo que podía pasar. No fue fácil eso y al final nos salen condenando por algo que es incierto, porque no hubo pruebas, todo fue inventado. Para uno fue un trauma psicológico, –relata Lino, mientras detrás de él suena el río Guapinol y se une a sus siguientes palabras–: Por él luchamos y seguiremos luchando».

Ocho defensores criminalizados por su defensa del río pasaron por tres centros penales durante su detención. Primero de 15 a 20 días en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto ubicada en Támara, Distrito Central; luego a la cárcel de máxima seguridad La Tolva en Morocelí, departamento de El Paraíso, oriente del país, donde permanecieron dos meses para después ser trasladados al centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro, donde cumplieron la detención preventiva de dos años. Desde el 2015, comenzó para Lino y sus compañeros un recorrido por cárceles que duró 914 días, acusados porlos supuestos delitos de daños agravados, daños simples y privación ilegal de la libertad. Esto terminó en febrero de 2022, cuando la Sala de lo Constitucional admitió dos recursos de amparo a favor de los defensores y por lo que se ordenó el sobreseimiento definitivo.

Regresar con la familia

«Fue un momento inexplicable, porque –después de sufrir estando preso y sin respuestas positivas y cuando menos lo esperábamos– nos dieron la sorpresa de que estábamos libres. Fue muy emocionante; reunirse con la familia era algo deseado para nosotros. Ni dormimos esa noche por estar en familia», dice Lino y confiesa que también le hacía falta oír el río por el que luchan y van a seguir defendiendo: «Eso nos dio el impulso de tomar la lucha, porque era un agua que no se podía usar y no nos pusimos a pensar en las conciencias de que había métodos de criminalización de parte del Estado».

El municipio de Tocoa, Colón, fue declarado municipio libre de minería el 29 de noviembre de 2019 con la presencia del alcalde Adán Fúnez y acompañado del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Pero Lino cuestiona esa declaratoria porque, a pesar de ello y ahora que el expresidente Zelaya es asesor presidencial , la minera Inversiones Pinares sigue en operaciones.

¿Volvería a defender el río?

«Lo volveremos a hacer y lo seguiremos haciendo, porque sin agua no hay vida y si no tenemos agua tenemos que migrar y es lo que no queremos: salir de nuestra comunidad», dice Lino.

Su vida ha cambiado y es consciente de que debe andar alerta y sin la tranquilidad de antes. Ahora debe estar más pendiente de lo que pasa, pero, a pesar de eso, reparte su tiempo con su familia, y también con una abarrotería y una barbería que funcionan en su casa. Desde aproximadamente los 10 años corta cabello, oficio que no dejó de practicar estando detenido y que ahora en libertad lo hace en la seguridad de su casa y con clientes que regresan ahora que, después de pasar 914 días en prisión, está atendiendo otra vez.

La Moskitia hondureña está alejada del foco la mayor parte del tiempo, a excepción de cuando se habla de sus tragedias. Ahora, después de que la Corte IDH dictó una sentencia a favor de 42 buzos miskitos que quedaron con discapacidades a causa de su oficio, el Estado hondureño está obligado a cumplir con distintas medidas reparatorias en esta zona que siempre ha sido ignorada por los planes de gobierno. A pesar de la presión de una sentencia internacional, la realidad no cambia, los buzos continúan arriesgando su vida en la pesca de langosta y otros crustáceos marinos.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen
Ilustración: Stefany Fonseca

Era la última hora de pesca y el bote que transportaba a Willy debía regresar a la costa hondureña ese mismo día. Tenía 215 libras de langosta recolectadas y quería permanecer en el primer lugar de sus compañeros buzos como el que más crustáceos había pescado en todo el viaje.

«Nos estábamos rifando entre otro buzo y yo el primer puesto del bote. En eso, cuando estaba buceando y se terminó mi tanque, salí a la superficie, vi que ya no estaba mi cayuquero, y no vi el bote. No pensé que me habían abandonado», cuenta Willy.

Con su tanque de oxígeno vacío, lejos del bote que lo llevó hasta ese sitio de pesca y sin divisar a su cayuquero, Willy Gómez naufragó en el mar Caribe por más de ocho horas. Inicialmente, el bote lo había dejado pescando cerca de la costa de Jamaica, en uno de los bancos pesqueros que frecuentan los buzos que salen de La Moskitia o del departamento de Islas de la Bahía, en Honduras.

Primero pensó que el bote podía estar cerca, entonces empezó a gritar y pedir ayuda. En sus adentros, Willy le pidió a Dios que no lo dejara morir flotando, sino que lo llevara a donde su mamá y su papá para que ellos lo enterraran.

«No pude hablarlo, pero lo dije con el corazón, repitiéndomelo todo el tiempo», dice. Estaba resignado a morir, pero no en medio del mar, solo, y sin que su familia conociera de su paradero.

Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando el sol bajaba, Willy pudo ver una figura diminuta a lo lejos: se trataba del bote de pesca que lo había transportado en ese viaje. El mar ya estaba oscuro, pero con las pocas fuerzas que le quedaban nadó hacia el bote hasta que otros buzos lo reconocieron y lo sacaron del agua.

Esto ocurrió hace aproximadamente 30 años, pero Willy reconstruye esta y otras vivencias en sus tiempos de buzo pescador como si se tratara de algo reciente y con un español casi impecable, y lo hace mientras, en medio de nuestra conversación, se comunica con su pareja en idioma misquito. .

A pesar del trauma que le ocasionó su naufragio en la década de los ochenta, no tuvo otra opción más que tomarse un tiempo y luego volver a trabajar como pescador.

Pescó por otros 15 años sin ninguna novedad más que los dolores de cabeza ocasionales y la fatiga de trabajar por extensos periodos de tiempo. La realidad de los buzos en alta mar es compleja: no existen leyes en la legislación hondureña que velen por su salud integral, son explotados por los dueños de los botes si no recolectan la cantidad de marisco acordada y, además, corren el riesgo de enfermar por descompresión en cada pesca, algo que puede llevarlos a la muerte.

En 1993, mientras buceaba cerca de Las Bahamas y Haití, Willy enfermó por descompresión. Al emerger del mar después de pescar langostas, se montó en su cayuco e inmediatamente sintió mareos; cuando se desvaneció, fue llevado al bote de pesca por su cayuquero. En todo ese tiempo estuvo inconsciente.

Tomaría dos días llevar a Willy a la cámara hiperbárica de Guanaja en Roatán, departamento de Islas de la Bahía. Inicialmente, no podía mover su cuerpo del cuello para abajo, por lo que permaneció hospitalizado dos meses, y el dueño del bote se encargó de pagar las sesiones de la cámara hiperbárica. «Nada más», dice Willy.

Willy recuperó la movilidad en casi todo su cuerpo, menos en su pierna izquierda, por lo que ahora se desplaza con un bastón para caminar a donde sea que vaya por esta lesión permanente.

La enfermedad por descompresión se debe a un aumento de la presión debido al nivel de agua que recae sobre el buzo, esto produce formación de burbujas de nitrógeno en su cuerpo debido a la alta presión en cada inmersión al momento de la pesca y puede presentarse ya sea por ascender muy pronto a la superficie, no implementar un tiempo y profundidad adecuada para cada inmersión que realizan y no respetar los tiempos de parada entre cada sumergimiento.

Todos estos factores hacen que el exceso de gas no sea liberado lentamente por el buzo, lo que conlleva a una sobresaturación crítica y a la formación de burbujas en el organismo, las que pueden obstruir los vasos sanguíneos e impedir la circulación de la sangre en distintas zonas del cuerpo, como las extremidades, terminaciones nerviosas, y ocasionar problemas cerebrales, cardíacos y respiratorios.

Ahora Willy tiene 60 años de edad y vive con su esposa en Puerto Lempira, cabecera municipal del departamento de Gracias a Dios, pero es originario de Tansin, una comunidad a más de 20 kilómetros de Puerto Lempira y donde habitan la mayoría de buzos que salen a la pesca por buceo en ese municipio.

Las medidas que el Estado no ha cumplido

Willy es uno de los 42 buzos lisiados beneficiados dentro de la sentencia del Caso Opario Lemoth Morris y otros (Buzos Miskitos) vs. Estado de Honduras, notificada el 14 de octubre de 2021. Previamente, el 25 de marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aprobó un acuerdo de solución amistosa con el Estado hondureño, mediante el cual el Estado de Honduras reconoce que es responsable por lo que han vivido los buzos y sus familias.

Mediante esta sentencia el Estado hondureño se compromete a tomar 25 medidas de reparación que respondan a las necesidades de los buzos lisiados y el trabajo que han desarrollado en conjunto con estas personas. Entre los principales desafíos en la recolección de datos de cada buzo lisiado está la situación de extrema pobreza en la que viven, la falta de accesibilidad geográfica y los altos costos de traslado entre las distintas zonas de La Moskitia hondureña.

Lucas Mantelli, coordinador jurídico para la oficina de Mesoamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y quien sigue de cerca esta demanda junto a la abogada María José Araya de la oficina para Mesoamérica de Cejil, explican que, aparte de las medidas individuales que benefician a cada uno de los buzos lisiados dentro de la demanda, también existen las medidas de garantía de no repetición, las cuales buscan que los hechos que dieron lugar a las violaciones de derechos humanos no vuelvan a suceder. Además, existen medidas en materia de salud, y entre estas está el fortalecimiento de la salud pública en la región de la Moskitia.

La directora del Hospital de Puerto Lempira, Yeni Gabriela Calderón, manifiesta que previo a la sentencia de la Corte IDH ya habían emitido una solicitud a la Secretaría de Salud para incluir una sala especializada en atención a los buzos lisiados dentro del hospital, la cual estaría compuesta por una nueva cámara hiperbárica y una sala de rehabilitación para los buzos, algo inexistente hasta el momento. Este proyecto fue enviado hace dos o tres años, y la doctora Calderón explica que tampoco han tenido acceso a fondos para la realización de este proyecto.

En el periodo de 2017 a 2021, el hospital de Puerto Lempira pasó a manos de los militares por orden del expresidente Juan Orlando Hernández, esto luego de la firma del convenio «Alianza para el Desarrollo de La Mosquitia», el cual prometía una inversión de 99 millones de lempiras para mejorar la infraestructura, equipamiento y el pago de salarios al personal del hospital. Durante ese tiempo, la única cámara hiperbárica existente en la región de la Moskitia también estuvo en control de las Fuerzas Armadas.

La situación precaria no cambió en el hospital, asegura la doctora Calderón, y tampoco se adquirió otra cámara hiperbárica en esos cinco años, sin embargo, se amplió el número de personas a cargo de la atención a los buzos lisiados. Actualmente existen cuatro médicos, dos técnicos que manejan la cámara hiperbárica, y cinco controladores internos que están pendientes del paciente dentro de la cámara en el hospital, pero lo ideal, señala la doctora, es que no solo estas 10 personas conozcan sobre los cuidados o la atención a los buzos lisiados, sino todo el hospital.

Calderón explica que el funcionamiento de la cámara hiperbárica es autosustentable, es decir, cuando llega un buzo enfermo por descompresión y el dueño del bote paga por su tratamiento, este dinero es el que se utiliza para pagar la energía, el combustible y los medicamentos y atenciones del paciente. Antes, el precio por cada sesión de descompresión en la cual el buzo permanecía cinco horas dentro de la cámara hiperbárica, era de 5,000 lempiras (203.54 dólares), sin embargo, en 2021, ascendió a 7,000 lempiras (284.96 dólares).

La atención en la cámara hiperbárica está disponible las 24 horas del día, se evalúa al buzo enfermo por un doctor de emergencia y este reporta al médico de turno el estado del paciente. Si este se encuentra en estado crítico, es atendido de forma inmediata y trasladado a la cámara. El tiempo que transcurre desde el primer signo de enfermedad por descompresión hasta la llegada al hospital es clave, menciona la doctora Calderón, ya que entre menos tiempo transcurra más posibilidades existen de revertir los efectos por el síndrome de descompresión y se corre menos riesgo de que el paciente quede paralítico o adquiera algún tipo de discapacidad.

En el caso de Willy, él necesitó de 23 sesiones en la cámara hiperbárica luego de ser diagnosticado con «enfermedad descompresiva tipo A» y con el 90 % de limitación en su movilidad. Fue atendido en una cámara hiperbárica privada en el Hospital Cornerstone Chamber and Medical Service de Roatán durante un mes, y la dueña del bote se encargó de pagar las sesiones de la cámara hiperbárica, pero solo eso.

Marylu Frederick, dueña del bote langostero Marylu 1 en el que Willy Goméz trabajaba como buzo, fue convocada a audiencia por el accidente de Willy por parte de la juez de paz de Guanaja, esto después de que un inspector de trabajo de Puerto Lempira lo solicitara. Sin embargo, la expatrona de Willy no se presentó a la audiencia y no pagó la indemnización correspondiente de 197,690.35 lempiras, en vista de que Willy había adquirido una discapacidad permanente del 80 % de su cuerpo.

El ingreso de buzos afectados por el síndrome de descompresión ha aumentado en un 166 % desde el 2009. En la última temporada de pesca, de julio a marzo, la cámara hiperbárica del hospital de Puerto Lempira fue utilizada por 80 buzos.

Antonia Jerónimo, de GOAL, una agencia de respuestas a emergencias humanitarias a nivel mundial, señala que desde abril hasta finales de julio de 2022 han censado 921 buzos lisiados, entre ellos, los que sobreviven con una discapacidad y los que han fallecido. Este dato engloba a los buzos de los seis municipios de Gracias a Dios.

En lo que va del 2022, se han registrado 921 buzos lisiados en el departamento de Gracias a Dios.

Tuit

Según el informe El buceo en la pesca y la acuicultura en América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés), de 1,500 buzos activos, cada año se accidentan alrededor de 400, y de éstos, entre 15 a 20 mueren, conforme a una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2005. A grandes rasgos, los datos oficiales plasmados en este informe indican que actualmente existen 4,021 buzos activos en Honduras, sin incluir a los buzos lisiados. En 2011, se estimaban alrededor de 3, 720 personas con enfermedades producto de la descompresión.

Los datos proporcionados por la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) en este informe reportan que, para 2016, la flota activa de todas las pesquerías estaba compuesta de 238 barcos industriales, y la generación de empleo directo a bordo era de aproximadamente 6, 127 personas, considerando una tripulación de 12 personas y hasta 75 pescadores buzos en cada barco langostero con nasas y para captura de caracol.

«Vemos que la raíz del problema no está en la ganancia de la demanda, la raíz está en las empresas. El Gobierno debe empezar desde ahí, porque si no habrán nuevos buzos lisiados», expresa Zicry Caballero, de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM). Una de las medidas dictadas por la Corte IDH al Estado hondureño es «garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de las industrias pesqueras» con la finalidad de garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras para los buzos.

La diputada del Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios, Erika Urtecho, ha expresado su preocupación por las dificultades que viven los miskitos y, en específico, las condiciones en las que viven los buzos lisiados. La congresista asegura que el tema de los buzos no debería de centrarse solamente en los 42 que ganaron la demanda contra el Estado hondureño, sino que se debería de extender a más víctimas.

«Esta sentencia incluye muchos puntos que son importantes, lamentablemente en los gobiernos anteriores se comprometieron a cumplir estas medidas y no han avanzado como deberían. Por ejemplo, en el tema de indemnizaciones están atrasados, deberían de haber indemnizado a todos, pero solo han indemnizado a la mitad. También hay que reconocer que, al ser uno de los departamentos más olvidados y marginados por tantos años, es complicado el acceso a partidas de nacimiento, tarjetas de identificación y actas de defunción», indica Urtecho.

2/3…y sin q las autoridades ejerzan una adecuada supervisión, dejando a miles de busos lisiados y familias afectadas en mi depto. Hoy elevo mi voz para dar a conocer la dramática situación q viven a diario valientes hombres q solo tratan sacar adelante a sus familias. pic.twitter.com/fKHtG4EtIu
— Erika Urtecho Echeverría (@erikaurtecho) August 22, 2022

Las empresas «no registradas»

«La pesca submarina con fines comerciales genera un perverso círculo vicioso de dependencia y afectaciones para el pueblo miskito. El lucrativo negocio de las empresas pesqueras se nutre de la necesidad de los miskitos, convirtiéndolos en su mano de obra barata, sometida a condiciones extremadamente severas e infrahumanas», detalla la sentencia de la Corte IDH contra el Estado hondureño. Las empresas ligadas a las embarcaciones o dueños de botes en donde buzos se han accidentado no están contenidas en la demanda contra el Estado de Honduras, esto –argumenta el escrito– debido a que el Estado hondureño no guardó ni guarda registro de las empresas.

El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado en el 2020 por la Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI), Miskitu Indiang Mairin Asla Takanka (MIMAT), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), constata que el Estado hondureño nunca cumplió con las obligaciones de fiscalización y supervisión de las operaciones de las empresas dedicadas a la pesca industrial de langosta. Además, el Estado no guardó registros de quienes prestaban servicios para estas empresas, y tampoco de los accidentes que ocurrían.

La demanda detalla que en 1995 existían 199 botes langosteros registrados en Honduras, 21 años después, la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) reportaba una flota activa de 238 barcos industriales. En cuanto a la cantidad de dinero generada por esta actividad, en 2017 la pesca por buceo generó 180 millones de dólares en divisas, y en el 2019 se constató que Estados Unidos era el principal destino de exportación del crustáceo, seguido de Europa.

Sin embargo, el escrito detalla que los capitanes de las embarcaciones reciben entre el 25 % y 30 % del valor del producto total capturado por los buzos. En cada salida «un buzo puede llegar a obtener unos 150 dólares, lo cual representa el salario de entre tres meses y un año de trabajo en actividades agrícolas en la zona», de esta manera, el ingreso de un buzo por los 7 meses de temporada equivale a 54,000 lempiras (menos de 2,000 dólares).

Entre las medidas dictadas al Estado de Honduras por parte de la Corte IDH está garantizar una adecuada regulación, fiscalización y supervisión de la actividad de las industrias pesqueras y un programa permanente que debe ser implementado por el Estado para fiscalizar y supervisar que los equipos de trabajo de las empresas pesqueras estén en buenas condiciones, que no haya hacinamiento en los barcos, que haya comida de calidad, entre otros.

Este programa será dirigido por la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Pesca por Buceo (CIAPEB), la cual designará a funcionarios de Digepesca, la Marina Mercante, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud y la Fuerza Naval.

Alcoholismo, violencia doméstica y pobreza

La doctora Yeni Calderón explica que dentro de la propuesta del equipo médico que atiende a los buzos están las pruebas toxicológicas, las cuales deberían de aplicarse a los buzos junto a los demás exámenes generales antes de que estos salgan a pescar a alta mar. Pero esto no se implementa actualmente, los exámenes correspondientes no son aplicados a los buzos, aún cuando la atención médica es una de las medidas dictadas por la Corte IDH.

Una habitante de La Moskitia, quien prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que la situación de los buzos es complicada tanto por las condiciones precarias en las que trabajan como por el alcoholismo y el uso de drogas que afectan su salud e incrementa el riesgo de enfermar por descompresión.

«Lo usan como su fuente de energía, porque no ha de ser nada agradable estar tantas horas allí abajo en ese estado. Drogados bucean, y eso ha sido de toda su vida, esa es su forma, si aquel barco no le da su marihuana, no se montan a trabajar en él», asegura, y además menciona que solo un 5 % de los buzos no utilizan marihuana cuando se dedican a las labores del buceo.

Esta habitante también asegura que el alcoholismo figura en la vida de los buzos como una válvula de escape, una enfermedad que es respaldada por dueños de negocios que dan crédito a los buzos una vez estos vienen de pescar para que, en la mayoría de ocasiones, gasten su dinero en bebidas alcohólicas.

Según el informeHonduras: desatando el potencial económico para mayores oportunidades del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mundial, Gracias a Dios es el departamento con mayor puntaje en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), con un 51.7 %. Actualmente, los ingresos de un buzo equivalen a 100 lempiras por libra, cuando pescan aproximadamente 200 libras, lo que resulta en una estimación de 15,000 lempiras por viaje. Willy Gómez, buzo lisiado, asegura que en sus tiempos de pesca la libra de crustáceos se vendía por 200 lempiras, alcanzando de esta manera un promedio de 40,000 lempiras por viaje.

El informe de Índice Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para el año 2022, revela que en Honduras cerca de 1.2 millones de personas tuvieron una puntuación de privación igual o superior al 33 %. En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional Global (PM global), las carencias en las condiciones de vida de los hogares y las privaciones en materia de educación y salud son las que más atribuyen a la pobreza multidimensional.

La situación es aún más grave en el departamento de Gracias a Dios, pues está entre los departamentos con mayor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional en Honduras, junto a los departamentos de Lempira, Colón, Olancho e Intibucá. Por otro lado, los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Colón mostraron un menor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional.

El último informe del Índice de Desarrollo Humano (IDH) coloca a Gracias a Dios entre los últimos cuatro departamentos con mayor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional en Honduras.

Tuit

A principios de agosto de 2022, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en conjunto con la Secretaría de Estado de Defensa Nacional (Sedena) trasladaron 16 toneladas de alimento a la Moskitia hondureña donadas por la organización estadounidense Feed The Hungry. El ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, expresó que una de las finalidades de esta gestión es proporcionar alimento a una de las zonas del país que más ha sido olvidada por los gobiernos anteriores.

Otro de los problemas que empeoran la situación de las familias miskitas es la violencia doméstica. Según el observatorio de violencias contra las mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta julio de 2022, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 22,899 denuncias de violencia doméstica y 36,464 denuncias de maltrato familiar. De este registro, 141 denuncias corresponden a Gracias a Dios, y 95 corresponden a denuncias por maltrato familiar. Sin embargo, en lo que va del año, Gracias a Dios es el único departamento que no registra feminicidios o muertes violentas de mujeres a nivel nacional.

Golda Haylock, vicealcaldesa de Puerto Lempira, asegura que la violencia dentro de los hogares en Puerto Lempira no se atiende porque hay pocas denuncias. «Normalmente se han visto casos de violencia dentro del hogar y no se denuncia, no sé si es por el trámite al momento de realizar la denuncia, en el que se debe traer testigos por ejemplo, pero las mujeres no tienen la costumbre de denunciar aquí, yo pienso que es por eso que no se puede llevar una estadística real de la violencia intrafamiliar en La Moskitia», explica.

Además, la vicealcaldesa señala que al momento en el que la Policía Nacional se da cuenta de algún tipo de violencia dentro del hogar, ya es demasiado tarde y el conflicto ya está consumado. Es por esta razón que dentro de la alcaldía de Puerto Lempira tienen una oficina de atención a la mujer, pero, aún así, ninguna mujer se acerca a denunciar, asegura Golda Haylock.

Una de las iniciativas de las distintas organizaciones de la zona junto a la alcaldía para frenar los distintos tipos de violencia en La Moskitia es el programa de convivencia llamado «Tejiendo un nuevo camino». Este programa tiene la finalidad de formar a promotores de convivencia y mediadores de conflicto antes de que un problema llegue a instancias legales y sin que se necesite la fuerza política.

«Cualquier problema, cualquier diferencia que haya, ya sea escolar, familiar o de vecinos, existen cuatro puntos en los cuales la gente puede llegar y tratar de dialogar», explica la vicealcaldesa de Puerto Lempira. Haylock señala que en el tema de mujeres también se ha trabajado dando charlas y creando campañas para hacer conciencia sobre la violencia doméstica y maltrato familiar para que de esta manera las mujeres se sientan con la seguridad de hablar de sus derechos y realicen las denuncias correspondientes.

Según el Informe de Desarrollo Humano (IDH), las brechas de género se ensancharon más en el componente de ingresos en todos los departamentos de Honduras durante 2019. Gracias a Dios se encuentra entre los cuatro departamentos que presentan mayores brechas entre el IDH de mujeres y hombres. «Las mujeres presentaron una tasa bruta de matrícula en educación prebásica, básica y media de 68.4 frente a una tasa del 66.6 mostrada por los hombres. Asimismo, la tasa de deserción escolar de mujeres y hombres fue de 4.9 y 6.1, respectivamente, indica el informe.

Valentía, dolor y tragedia

Antes de mencionar la discapacidad que adquirió por la enfermedad descompresiva o las dificultades que atravesó al dedicarse a la pesca por buceo desde los 16 años, Willy recuerda a su hermano, Blandy Gómez Pastor.

Blandy también se dedicaba a la pesca de buceo y fue de los primeros buzos en luchar por los derechos de las personas que se dedican a este oficio. Lo hizo en los años noventa. Willy cuenta que su hermano Blandy fundó la primera organización de buzos activos, siendo el presidente y coordinando a los buzos de los 6 municipios de Gracias a Dios: Puerto Lempira, Ahuas, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales y Wampusirpi. Además, contaba con el apoyo de los dueños de botes, quienes estaban dispuestos a hacerse cargo de los buzos accidentados, y a donar cayucos y lanchas para el transporte de los mismos.

También abogó por mejorar las condiciones de los buzos en alta mar, el pago justo de su salario y el alimento por parte de los dueños de los botes. Willy explica que esto le trajo problemas a su hermano. A la esposa de Blandy la asesinaron y él, eventualmente, falleció en circunstancias poco claras. Los seis sobrinos de Willy quedaron huérfanos.

El acta de defunción de Blandy Gómez Pastor detalla que este murió por descompresión mientras pescaba, y constata el pago de la indemnización a los padres de Blandy por 100,000 lempiras por parte del dueño del bote, el empresario naviero Marlon Winston Tatum. Sin embargo, Willy sostiene que a su hermano «lo mataron en el mar» por quitarle el poder a los dueños de los botes y exigir condiciones dignas para los buzos activos y buzos lisiados.

Además, los dos sobrinos de Willy, hijos de Blandy, fallecieron pescando, uno de 17 años y el otro de 18. Uno de ellos nunca regresó de pescar y se perdió en el mar. Sus otras sobrinas, cuatro mujeres, quedaron huérfanas en Tansin, sin estudios o algún oficio aprendido. Willy dice que viven del día a día, y él no puede regresar a ayudarles a una comunidad que no tiene hospital.

Aún con la tragedia y el suspenso que ha traído la pesca de buceo a la vida de Willy, él explica que no hay más remedio que dedicarse al buceo en La Moskitia, una zona abandonada y desatendida en el oriente de Honduras.

«La necesidad de muchos hace de este un oficio de huérfanos, viudas e inválidos, pero esta es la única manera de sobrevivir –dice Willy. Después vuelve a sumergirse en sus historias en lo profundo e incierto del mar Caribe–. A mí esto es lo que me queda –menciona recordando su naufragio como una de las tantas veces en que las que estuvo cerca de perder la vida pescando–: es lo único que me queda, las anécdotas».

Texto: Edilberto Borjas
Ilustración: Pixabay

pobre y grave mandamás
tan llenador y tan hueco
tan púgil y tan pacheco
y tan sin pueblo detrás.

–Mario Benedetti

Todos asistían a las representaciones, no por el interés de escuchar las palabras codificadas en computadoras que los jefes del teatro habían dado a los artistas, sino para ver cómo cada día el personaje principal iba perdiendo sus movimientos originales, sus palabras claras, sus facciones auténticas, su olor a trabajo de campo o fábrica antigua de habitantes terminados.

Él, que no conocía el límite del lujo ni la transparencia de la traición, que era un líder, un compañero, como le decían los que en un tiempo vieron en él la representación de la esperanza, un día apareció, en una escena, imitando saludos, ensayando reverencias militares y besando anillos de finas damas de papel; ese día, entre dudas y remordimientos se había dejado colocar un hilo en una pierna, entonces la gente empezó a mirar cómo su movimiento al caminar no era equilibrado: la derecha se movía más que la izquierda en una forma grotesca.

Empezó a machar junto a los deshonestos: ese día se dió cuenta que los aplausos comenzaron a ser menos.

Después le colocaron otro hilo en la mano derecha y empezó a firmar documentos que dañaban los derechos de gente de su pueblo; escribía manifiestos que endiosaban las virtudes desconocidas de personajes de oro: se dio cuenta luego, que no solo los aplausos eran menos sino que el escenario se llenaba de ruidos y murmuraciones irónicas y raras.

Se apartó totalmente de los coros colectivos y empezó a soñar con reyes y princesas encantadas y a creer en milagros celestiales.

Le colocaron otro hilo en los ojos y sólo los abría cuando el principal magnate del país cortaba cintas o descubría placas de construcciones atadas a convenios onerosos. Finalmente le colocaron un hilo sobre la boca y sus labios que en un tiempo reclamaban justicia y cambios, solamente se abrían para dar a conocer las últimas disposiciones arbitrarias del jefe de estado.

Las luces del teatro se apagaron, lentamente el telón se corrió para ofrecer a la vista de los espectadores una sala excesivamente lujosa; en uno de los sillones de la escenografía; estaba sentado una especie de fantoche. Uno de los hilos se movió y el muñeco empezó el parlamento con voz prestada:

–Compañeros sindicalistas, hermanos campesinos, reciban mis más expresivos saludos, quiero explicarles que se me acusa de traicionar los intereses y derecho de las bases, pero lo único que he hecho es cumplir con el mandato que ustedes me otorgaron… Si vivo en esta pequeña casa de este pequeño barrio aristocrático, si viajo de una ciudad a otra en mis autos, si mando mis ahorros, que son como de ustedes, a bancos extranjeros, si mis hijos, que también como de ustedes, estudian en instituciones privadas, es para demostrar la justicia del régimen hacia nuestra clase explotada y si colaboro con él es para ceñirme al principio histórico del «orden y progreso», por eso compañeros…ñeros…eros…eros…

Mientras la voz prestada del pelele se oía en el recinto como una cinta mal grabada, el cuerpo empezó a ejecutar giros extraños, casi mortales. Por una falla intencional del obrero que ese día manejaba las marionetas del pequeño teatro, uno de los hilos se enrolló en el cuello del actor-muñeco que sin comprender el error se desplomó agonizante.

Este cuento forma parte de Antología del Cuento Hondureño (1989, Guaymuras), recopilación de Jorge Luis Oviedo.

Entrevista: Óscar Estrada
Fotografía: Persy Cabrera

Es difícil construir un espacio cultural en Honduras, sin recursos, partiendo de la nada y remando siempre a contracorriente en un país con élites políticas hostiles a la creación artística.

Quienes en algún momento hemos gestionado proyectos culturales sabemos que es desgastante. Por eso muchas iniciativas se quedan en la primera o la segunda edición. Y es que ni siquiera son espacios que generan recursos económicos para sus organizadores, si en algún momento ha sido ese el motivo para organizarlos. La gran mayoría de las veces, incluso, los eventos culturales toman de los escasos recursos que los gestores tienen y que, sin embargo, entregan con todo el cariño y la firme convicción de que se fundan para bien del país.

Por eso es inusual el Festival Internacional de Los Confines, que este año tuvo su sexta edición el pasado mes de julio, atrayendo a más de setenta artistas, poetas, narradores, ensayistas, editores, académicos, políticos y actores culturales de más de 20 países a la pequeña ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira al occidente de Honduras.

Es la cuarta vez que asisto al Festival Internacional de Los Confines, y lo he visto crecer durante estos años hasta convertirse –a pesar de las fuertes tensiones políticas, del duro golpe que la pandemia representó para los eventos culturales del mundo entero y de la crisis económica– en un referente nacional e internacional de la literatura, y en un espacio libre en donde fluye la cultura.

Este 2022, el Festival logró el patrocinio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH). Debo ser enfático en que creo que los gobiernos tienen la obligación de apoyar este tipo de eventos culturales, no solo porque sirve para construir y consolidar alianzas entre los distintos actores que en ellos participan, sino porque generan un efecto liberador en la población que asiste a los eventos. Eventos en donde la poesía y las artes en general bajan de su torre de marfil para ponerse a la altura del pueblo. Pero hay un hilo muy fino, una leve frontera que existe entre ser un festival independiente y convertirse en parte de la agenda política en caso que su supervivencia dependa –enteramente– del apoyo del gobierno, cualquier color que este tenga.

Con ese propósito conversé con Salvador Madrid, amigo, poeta, fundador del Festival Internacional de Los Confines y uno de los gestores culturales más importantes de Honduras.

Óscar Estrada (OE): Salvador, ¿cómo ves esta relación del Festival con el Gobierno?

Salvador Madrid (SM): El Festival nunca ha sido bien visto por el ala conservadora de Honduras, que tiene una idea de la cultura como entretenimiento y espectáculo, decoración o romanticismo rancio; sin embargo, la verdadera cultura y sus expresiones nos hacen ver nuestra la belleza y las heridas, la risa y el llanto, la nostalgia y la memoria histórica. Y su filo. Por eso (la política rancia) ha querido destruirlo y por eso (en el pasado) nos han atacado, amenazado, hostigado y perseguido. La cercanía del Festival de Los Confines con el Gobierno de Xiomara Castro la veo transparente y necesaria. No hay agendas escondidas y más bien es maravilloso que Sedesol y la Secretaría de las Culturas le estén brindando un apoyo al Festival. Cumplen con su labor y sin duda lo harán con otros espacios culturales del país. Y lo vamos a aplaudir, a reconocer y a respaldar, porque es lo que debe hacer el Estado. De hecho, nuestro propósito inmediato será pedir al Estado que proteja al Festival de Los Confines y que esta relación crezca y se consolide. Lo mismo hay que hacer con el Paseo Real de Las Chimeneas de Trinidad Santa Bárbara, con la Feria del Libro de San Pedro Sula, con la Asociación de Editoriales Independientes de Honduras, con el Festival de Juegos Tradicionales de San Marcos, con el Encuentro de Escritores de Olanchito, con la Asociación Nacional de Escritoras de Honduras, con el Festival de Cantarranas, con el Festival de La Espera Infinita, con el Festival de Teatro Bambú y con todos los demás espacios que son verdaderamente culturales y que resisten.

OE: Reconocemos que hay una línea delgada en la relación de los artistas o los espacios forjados como independientes y el Gobierno. ¿Cómo ves vos esa línea? ¿Es posible sortearla?

SM: Puedo responder esta pregunta desde mi responsabilidad como Festival de Los Confines, no puedo responderla por otros gestores y espacios. Digo que nuestra relación con el Gobierno es horizontal, respetuosa y transparente. La agenda del Festival la definen los actores culturales que participan con total libertad, sin restricciones de expresión. El devenir del Festival lo modulan quienes lo protagonizan, ni siquiera nosotros como equipo gestor. Nos pasa igual con las sedes del Festival a las que respetamos profundamente. Por ejemplo, en Copán Ruinas el Festival tiene otra dinámica, muy hermosa, por cierto, pero el equipo únicamente asesora; es la Comisión de Cultura de Copán Ruinas, su sociedad civil y los autores quienes lo perfilan bajo una participación masiva de más de mil jóvenes. Nuestra relación con el Gobierno no es complaciente, es dialéctica, esencial y con base en visiones comunes. Cuando conversé con el ministro José Carlos Cardona coincidimos totalmente en la idea de cultura, lejana del folclorismo apolillado, del espectáculo y de la estampa decorativa; todo lo contrario, hablamos de una visión de la cultura crítica que genera conciencia para enfrentarnos a la realidad y que es clave para el desarrollo. Con Anarella Vélez, nuestra maestra por años antes de ser funcionaria, el diálogo sobre la cultura nos ha durado la vida entera y la recuerdo en el Festival de Los Confines de 2021, firme, expresando abiertamente en qué había avanzado el Festival y puntual con sus recomendaciones para fortalecer nuestro crecimiento, y hoy, que es ministra de Cultura, su relación con el Festival ha sido respetuosa y comprometida; alentando la búsqueda de recursos.

Los creadores del país somos desconfiados y ariscos, y es normal, pues hemos sido estigmatizados, marginados y negados a lo largo de la historia, pero deberíamos darnos un chance y vincularnos más con los gobiernos democráticos. De hecho, deberíamos participar en política e incidir en la vida institucional y legal para crear leyes que protejan y fomenten la cultura. Anarella Vélez, ministra de Cultura, trabajó mucho y permaneció durante todo el Festival hasta la clausura en Copan Ruinas. Eso para nosotros es maravilloso y nos alegra, porque nos visibiliza, nos valida y nos fortalece. Vino el ministro Erick Tejada a presentar su libro, se sentó ante el público y habló de ficción, habló de literatura; no vino a dar un discurso político sobre energía o qué está pasando en el tema de la ENEE. Había muchos actores políticos del Gobierno en este Festival, y estuvieron entre el público participando, discretamente, hablando de arte y literatura, de políticas culturales. Y cuando se supo, las personas reaccionaron con respeto y alegría, estaban al lado de altas autoridades y no había guardaespaldas ni se militarizó la ciudad, fue un ambiente cálido y de confianza.

OE: ¿Cuáles son los retos ahora, después del VI Festival de Los Confines?

SM: Fundar públicos, fortalecer el tejido cultural de Gracias y Copán Ruinas, cuyas expresiones son maravillosas y requieren inversión. Necesitamos la formación de gestores culturales locales, potenciar los museos locales, rescatar la historia, las obras de escritores, formar y abrir oportunidades para los creadores jóvenes. Nosotros no nos consideramos un evento, nos consideramos un proceso crítico y dialéctico, un espacio democrático que no tiene miedo incluso de enfrentar nuestras propias carencias.

Hay que dinamizar las alianzas más allá de las fechas del Festival; legalizarnos, consolidarnos y generar actividad cultural todo el año, de manera permanente, no solo los días del Festival. Hay retos de maduración de nuestro propio proceso como espacio de gestión para ofrecer una estructura a las expresiones culturales, forjar la producción literaria y artística local, convencer a la alcaldía de Gracias de generar una política municipal de protección cultural y de inversión. Si hacemos un buen festival, posicionamos a Gracias y a Copán, las visibilizamos como ciudades culturales, y ese resultado tiene que capitalizarse atrayendo públicos a las ciudades. En Gracias necesitamos actividad cultural permanente, uniendo las expresiones tradicionales y las contemporáneas que podamos albergar en una agenda sólida. Tenemos las ferias patronales, el Guancasco, tenemos la ruta de las iglesias coloniales, Celaque, las artesanías lencas, que son una serie de expresiones que están ahí, sobreviviendo todo el año.

Un reto es reflexionar sobre la manera de rescatar las ciudades sedes que ya teníamos consolidadas.

OE: Durante la pandemia perdimos mucho como país, pero el sector cultura se vio fuertemente golpeado. ¿Cuánto perdió el Festival de Los Confines con la pandemia?

SM: El Festival comienza a recuperarse, porque perdimos cuatro sedes por la pandemia. En la edición de 2019 tuvimos actividad en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Siguatepeque, Santa Rosa de Copán y en Copan Ruinas; ya habíamos generado estructura y relaciones con las entidades públicas y privadas para crecer. Ahora nos queda valorar si fortalecemos Gracias y Copán Ruinas, ciudades donde hemos crecido y que nos han dado su respaldo y, quizá con el tiempo, retomar actividad en otras ciudades.

OE: ¿Cómo visualizas el público del Festival de Los Confines?

SM: El público del Festival es versátil y diverso. Hay un público muy culto, otro público popular, familiar, estudiantil, infantil y académico. Esto es así porque la agenda es diversa.

El Festival de Los Confines está posicionado como un gran espacio cultural en América Latina. Los autores quieren presentarse aquí porque el público es extraordinario, totalmente diverso y culto. Lo mejor es que es un público orgánico, en fundación, que permite la relación entre intelectuales. Yo tengo esa imagen del sábado 23 de julio a las ocho de la mañana en Casa Galeano, cuando llegaron sorpresivamente más de 100 niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Lempira, y los locatarios apenas estaban abriendo la Feria del Libro, así que nos tocó improvisar tres lecturas para estos chicos. Eso quiere decir que el Festival te mueve públicos. Me conmoví cuando fui a conversar con ellos y les pregunté cómo llegaron: «Salimos hace dos horas de nuestra aldea –me dijeron–, andamos con nuestros padres y maestros. Hicimos varias actividades como venta de comida para ganar un poco de dinero y poder contratar un bus para venir a oír a los poetas y ver la exposición en la Fortaleza San Cristóbal». Yo me quedé al borde de las lágrimas en medio del patio de Casa Galeano. Todo sacrificio y dolor se me borró, y en medio de esa luz sentí el sabor del éxito como gestor cultural ¿Acaso no es eso lo que buscamos con el arte, llegar ahí donde solo se creía que existía la imposibilidad?

OE: La comunidad de Gracias, ¿cómo se relaciona con el Festival ?

SM: La ciudad de Gracias y el Festival tienen una relación generosa. La ciudad –a través de sus empresarios e instituciones públicas y privadas– provee estructura para que las cosas sucedan y también es consumidora de contenido cultural. El Festival le da contenido, buen nombre y posicionamiento a Gracias y a Copán Ruinas como destinos interesantísimos, pues son ciudades cuya fuerza es la cultura y necesitan identificar un público sensible para activar una relación de consumo de sus servicios.

OE:Este año el festival tuvo una actividad que podríamos definir como bastante avant-garde para lo que son los espacios culturales en Honduras y más en provincia. Hablamos de la presentación del tema de los Derechos LGTBI y sus expresiones culturales. ¿Los debates, temas o actividades del Festival generan conflictos?

SM: El Festival también tiene otras tensiones: ser inclusivo, por ejemplo, nos ha costado la crítica, pero tenemos que asumir nuestra realidad. En esta edición participó abiertamente la comunidad LGTBI, específicamente la comunidad transexual en un conversatorio que me sacudió todos los dilemas. ¡Cuán retrogradas somos y cuánto debemos aprender! Carla Antonelli es un nombre que no olvidaremos, su entereza humana y política, su sensibilidad y solidaridad, su dimensión espiritual nos compromete a abrir este espacio cada vez más y, sobre todo, a no tener miedo. Escuchar a Grecia O`Hara, conocer su postura política –con base en el derecho–, además de interiorizar sus históricos reclamos y sentir que –como comunidad cultural– estamos tan distantes de los liderazgos de la diversidad a los que debemos sumarnos, ha sido un aprendizaje muy fuerte que nos reta a dar esa primera batalla contra nosotros mismos para cambiar, crecer y asumir posturas más beligerantes. Sin duda las palabras de O´Hara golpean y nos plantean imaginar de otro modo la cultura y, por ende, el Festival. Por eso hablo que este es un espacio de grandes tensiones, la tensión política apenas es una de ellas, y no está por sobre las otras, forma parte de un universo que exige configurarse desde todos sus astros y no desde uno solo, por eso el Festival avanza a los liderazgos más abiertos, incluso mi liderazgo como gestor del Festival debe replantearse una y otra vez, al grado de compartirlo no solo con el equipo gestor, sino con los participantes del Festival.

OE: ¿Qué otros detalles podés identificar?

SM: Otro detalle son las miradas de la prensa, que superaron las expectativas, porque ya no se involucran solo con reportajes o crónicas referenciales e informativas, sino críticas y con el ejercicio profesional del periodismo cultural. En otras palabras, el Festival no es Gracias: es Honduras; el Festival no son las disciplinas estéticas, sino su ejercicio de expresión, libertad y crecimiento. Nuestro festival es y será un espacio de resistencia cultural que no claudicará en su idea de ser parte de los ideales democráticos a los que debe avanzar el país. Resistimos bajo la idea de bien común donde todos y todas avancemos a eso que llamamos justicia y nos sumaremos a quienes luchen por esas ideas.

OE: ¿El Festival tiene enemigos?

SM: El Festival de Los Confines está en el centro de muchas tensiones de todo tipo. Sé bien que hay gente y grupos que lo quieren destruir y sé bien quiénes son, lo que dicen, incluso conozco sus agendas, sus reuniones para conspirar, sé dónde han llegado a pedir mi cabeza, y no se trata de envidias, se trata de acciones organizadas, estructuradas con total alevosía. No olvido nunca cuando en una reunión me dijeron: «Te detenemos con abogados o con plomo», no olvido esa frase, pero tampoco olvido el silencio de la sociedad civil y de la mayoría de gente de poder que estaba ahí y que agacharon la cabeza en franca complicidad.

Si el Festival fuera un espacio mediocre, a nadie le importaría, pero es un espacio esencial para nuestra cultura. El único remedio que tenemos contra estos males es la participación libre y espontánea para que la gente se apropie de él. Es decir, al Festival le queda un largo recorrido de resistencia y necesita todos los abrazos.

OE:¿Los escritores y artistas, cómo crees que perciben al Festival de Los Confines?

SM: Llegaron más de 700 solicitudes de participación para esta edición de 2022. ¡Dimensionemos esto! ¡700 solicitudes de participación de casi todo el país a un espacio que dura cuatro días! Por eso la agenda del Festival se saturó con 64 actividades. Podemos hacer varias lecturas de lo que esto significa: la primera es el poder simbólico del Festival como espacio validado: los autores y artistas quieren ser parte de él a través de su trabajo creativo. Pero también podemos hacer otra lectura que no deja de ser triste: significa que la infraestructura cultural del país está totalmente destruida y que debemos reflexionar sobre la enorme necesidad de generar o rescatar este tipo de espacios donde la cultura fluye de una forma libre. Aquí entra de nuevo tu pregunta sobre la relación con el Estado administrado por el Gobierno, y se valida mi postura. Sí, por supuesto que necesitamos trabajar con el Gobierno, no solo por recursos, sino porque hay iniciativas de este Gobierno que perfectamente pueden potenciarse desde el arte y la cultura en las que estamos de acuerdo y que se deben apoyar.

Este Gobierno ha sido claro en sus inquietudes acerca de la cultura, ya nos regresó la Secretaría de Cultura en apenas tres meses. Nos habíamos pasado doce años sin esta entidad, una tragedia histórica en materia de administración democrática. Estoy seguro que, en la medida que avancemos como república, la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos será esencial para generar un entramado institucional que no solamente será soporte de la producción cultural, sino que se integrará a las iniciativas de desarrollo social, de educación y de turismo del propio Estado. Y algo más, yo estoy muy inquieto con la proyección social y cultural desde Sedesol, porque hay un fuerte equipo con un gran perfil intelectual vinculado no solo a desarrollo social, sino a la cultura. Lo que afirmo es un transparente interés ciudadano como gestor cultural, ya que pienso que se puede forjar un hito en materia de inversión social con base en la necesidad y la idiosincrasia de nuestros pueblos; yendo, por primera vez, en años, más allá del asistencialismo y profundizando en la formación y en el planteamiento de una agenda cultural social, respaldada por la estrategia de inversión, pero con un enfoque en las necesidades comunitarias definidas por los diferentes territorios del país. Esto también es cultura.

Mi optimismo con el nuevo Gobierno no es ingenuo, también hago lecturas críticas, pero no soy ciego para dejar de ver las luchas en materia de cultura que ha emprendido tratando de salvar algo de los escombros de un periodo pavoroso de nuestra historia. Y esto no es discurso proselitista, es una postura honesta, civil y a la luz de la verdad.

***

Al salir de Gracias quedaron circulando en mi cabeza las palabras de Salvador Madrid. Sé, en efecto, que tanto participantes, artistas y espectadores quedaron con un buen sabor de lo que fue esta edición de Los Confines. Y ese optimismo cauto que caracteriza a Salvador en esos espacios calmó un poco mi desconfianza en las estructuras del Estado. Es natural, concluí, que el Gobierno de Xiomara busque esos espacios definitorios de la cultura nacional, como es natural que el Festival los reciba. Toca confiar en la madurez de los organizadores, de los artistas y de las autoridades, apoyar y ser vigilantes, con toda la buena voluntad que este espacio cultural requiere, y, sobre todo, por el bien de Honduras.

Los defensores del ambiente en Guapinol, al norte de Honduras, continúan firmes en una lucha contra el extractivismo. En noviembre del 2021 depositaron un voto de esperanza por Xiomara Castro, pero hasta el momento, los cambios que perciben son pocos pese a que el 28 de febrero el gobierno prometió frenar la explotación minera. Ahora salen a las calles, asegurando que empresarios como Lenir Pérez siguen con el poder intacto en el Bajo Aguán.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

Las aguas del Río Guapinol en Tocoa, departamento de Colón, deberían correr libres hasta encontrarse con el Río Aguán, uno de los más caudalosos del país, según los lugareños que viven en sus riberas. La comunidad de Guapinol fue reconocida dentro y fuera del país por una batalla que se libró en defensa de ese río, y después de las elecciones que dieron como ganadora a Xiomara Castro como presidenta de Honduras, los ambientalistas sentían que habían ganado por fin esa batalla. Pero no fue así.

El trauma y el dolor por la persecución continúan en las familias que sufrieron porque ocho hombres de la aldea permanecieron 914 días en prisión acusados de privación injusta de la libertad, asociación ilícita y robo, y que, actualmente, por esa misma causa, los pobladores de esta zona aseguran estar dispuestos a confrontar al poder y a las influencias políticas de la empresa minera Inversiones Los Pinares, cuyo dueño es el multimillonario Lenir Pérez.

Lenir Pérez es un empresario que está casado con Ana Facussé, hija del terrateniente Miguel Facussé, quien fue uno de los hombres más poderosos de Honduras. Además, Pérez es el inversionista privado en la Alianza Público Privada del Aeropuerto Palmerola, tiene inversiones en El Salvador y Guatemala y es dueño de Alutech, una importante empresa que vende materiales de construcción.

La lucha de los defensores del río Guapinol no es reciente, comenzó el 2015, nos recuerda Juana Ramona Zúniga, una mujer a quien todos llaman «Monchi» y que lidera la defensa del parque Nacional Carlos Escaleras, una reserva natural en donde nace el río Guapinol, cinco ríos más que llevan agua a unas 30 comunidades y otros 29 riachuelos y quebradas. En esta reserva, opera Inversiones Los Pinares extrayendo óxido de hierro. Para obtenerlo de la minas se utilizan explosivos, necesarios para desprender las rocas.

Durante siete meses en 2018, las aguas del Guapinol no eran buenas ni para bañarse, recuerdan los pobladores. El río que producía pescado y tenía aguas cristalinas estaba siendo destruido. Se inició una lucha contra la minera y también contra el Gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández que reprimió cada una de las acciones de la comunidad. «A veces las protestas no duraban ni media hora porque llegaban [policías y militares] a tirar gas» recuerda «Monchi». En el 2019, establecieron el Campamento por la Dignidad y la Vida en el que estuvieron cuidando el río durante 88 días, hasta que fueron desalojados violentamente por fuerzas militares.

Ha sido una lucha ardua, 32 defensores del ambiente en Guapinol han sido criminalizados por la justicia hondureña, 12 de ellos contaron con un poco de suerte al ser encarcelados durante 10 días, pero otros ocho ambientalistas pagaron la osadía de defender el agua con 914 días de cárcel. Los encarcelados fueron: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz. Hay 11 más, que durante el conflicto viajaron a Estados Unidos y aún tienen causas pendientes.

A pesar de la resistencia, la minera no solo sigue operando sino que avanza en sus proyectos. El viernes 5 de agosto del 2022, los pobladores de Guapinol y otros grupos defensores del ambiente en el Aguán realizaron una protesta tomando la carretera que después de dos horas se trasladó a la entrada de Inversiones Los Pinares donde permanecieron hasta el final de la tarde.

«Monchi» sostiene que era un ejercicio para palpar la consistencia de la lucha. Pues aunque aparentemente ellos estaban calmados, en realidad han estado intentado detener la mina por la vía de lo contencioso administrativo, sin hasta ahora tener respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). «En esta toma decíamos: Xiomara ¿las minas para cuándo? Ahora no es ¿dónde está el dinero?, sino las minas. Ella dijo, en los primeros días de Gobierno, que las minas quedaban canceladas en Honduras, pero del dicho al hecho no ha pasado nada, aquí la empresa sigue trabajando», se quejó «Monchi».

En la toma de posesión de Xiomara Castro el 27 de enero, la mandataria afirmó «no más permisos de minas abiertas o explotación de nuestro minerales». Un mes después, en un comunicado el 28 de febrero, la Secretaría de Mi Ambiente declaró a Honduras libre de minería a cielo abierto en «atención al plan de Gobierno 2022-26». En el mismo comunicado se mencionó la cancelación de los proyectos extractivistas «por ser lesivos contra el Estado de Honduras». Hasta ahora, como reza un famoso adagio popular, «del dicho al hecho, hay mucho trecho».

Días después, el ministro de Mi Ambiente, Lucky Medina, manifestó en una entrevista a la Agencia Francesa de Prensa (AFP) que mineras como Aura Minerals en la Unión, Copán e Inversiones Los Pinares seguirán operando bajo la estricta mirada estatal. Contracorriente contactó al funcionario mencionado para solicitar una entrevista, pero este no respondió a los mensajes. Su asistente nos remitió con el viceministro, Malcolm Stufkens, en cuya oficina nos dijeron que no era la persona adecuada para hablar del tema.

Las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, la planta peletizadora donde se procesará el hierro -ambas propiedad de Lenir Pérez- siguen operando sin detenerse y sin intervención gubernamental. «Monchi» sostiene que la Secretaría de Mi Ambiente se mantiene sin actuar, algo que ella considera injustificado ya que la documentación presentada «incluye firmas falsificadas y falsificación de cabildos abiertos a favor de la empresa, era para que esta empresa dejara de trabajar, pero sigue operando normal. Estuvimos en 12 años de dictadura, sin embargo, para nosotros aquí no ha cambiado nada. Lenir Pérez sigue con su poder y esa planta que nos afecta sigue trabajando las 24 horas».

«Monchi» ve otra expresión de poder del empresario Lenir Pérez en el hecho de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), representando la instancia suprema de justicia en el país, dieron libertad a los ocho luchadores que estaban presos, pero, como el proceso requiere que la información baje hasta los juzgados en Tocoa, estos no han extendido cartas de libertad respectivas. «En Tegucigalpa está cerrado el caso, pero ellos aquí están con cartas de libertad provisional», dijo.

El poder de Lenir

Las influencias políticas de Lenir Pérez y su llegada al fértil Valle del Aguán no son casualidades. El hombre es yerno de quien fue uno de los hombres más ricos de Honduras, Miguel Facussé Barjum, a quien se le conoció por su inmensa fortuna y por sus negocios con el Estado. El suegro de Lenir fue siempre muy cercano a los gobiernos de turno, sin importar el color. Uno de los «negocios» más recordados de don Miguel con el Estado fue cuando el Gobierno de Roberto Suazo Córdoba le pagó con fondos públicos las deudas que varias empresas privadas tenían con la banca internacional, más conocido como el «fraude de la Conadi», la Corporación Nacional de Inversiones, creada en 1974 durante el Gobierno de Osvaldo López Arellano. Según los registros de la época, estas empresas debieron haber sido puestas a la venta en una subasta pública, pero lo cierto es que al final Comercializadora Galaxia y Químicas Dinant (Ahora Corporación Dinant), siguieron en propiedad de Facussé, pero ahora sin deudas. Ese fue un gran negocio para Miguel y un fraude para la ciudadanía hondureña, y no fue el único.

Durante el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) se promulgó la Ley de Modernización Agrícola que permitió la venta de tierras otorgadas a los campesinos a través de la reforma agraria. Facussé fue en pos de la tierra. Compró a precios muy baratos grandes extensiones de suelo ya sembrado con palma africana. Así, acaparó muchísimas tierras en Atlántida y en Colón.

Miguel Facussé intentó montar una planta de tratamiento de palma en las riberas del Río Tocoa, propuesta que encontró una férrea oposición por parte del ambientalista Carlos Escaleras Mejía, quien fue asesinado en 1997. En honor a este ambientalista fue otorgado el nombre al parque nacional que ahora defienden los ambientalistas de Guapinol y otras comunidades del departamento de Colón.

Lenir, esposo de Ana Facussé, ha seguido el legado de su suegro, pues también hace negocios con los gobiernos de turno. Actualmente es la contraparte privada en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Según datos de la Superintendencia de Alianzas Públicas Privadas, la inversión en la obra rebasa los 211 millones de dólares, de los cuales, 87 millones son la aportación del inversor privado, o sea Lenir, quien invierte menos dinero que el Estado y recibió en concesión la obra por los siguientes 35 años. No hay forma de que pierda pues si la terminal área no alcanza el flujo de pasajeros esperado—cuya meta es 600 mil— el Estado, tan benévolo con los inversionistas, no percibirá ningún impuesto.

Lenir Pérez es el presidente de Grupo Emco, el cual tiene inversiones en toda Centroamérica. Una de sus marcas insignes es Alutech, empresa dedicada a la venta de techos y materiales de construcción. En la web del grupo aparece que Alutech es líder en su rubro en la región y en el 2020 alcanzó ventas por 300 millones de dólares. Además, el empresario invirtió en la modernización y ampliación de la terminal de carga del aeropuerto Internacional de El Salvador y en Guatemala está en el proyecto de construcción de un aerómetro, que se había postergado y que tras la pandemia fue concesionado por la municipalidad de Guatemala, según un reportaje de Prensa Comunitaria. De acuerdo con la revista Estrategia y Negocios, en el 2021 Grupo Emco alcanzó ventas por 700 millones de dólares y para el 2022 se ha proyectado que estas alcancen los mil millones de dólares.

Pérez ha encontrado apoyo en el camino para construir su imperio. El 2012, durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el Congreso Nacional, en ese entonces presidido por Juan +Orlando Hernández, declaró zona protegida el parque nacional Carlos Escaleras, también conocido como la montaña de Botaderos, pero en el 2013, el mismo Congreso redujo la zona núcleo del parque y para el 2014, ya estaba operando ahí Inversiones Los Pinares. Desde entonces, el despojo y los destrozos en el parque no han parado.

Mientras en Guapinol los defensores del agua procuraban la libertad de sus ocho compañeros, las concesiones a la empresa de Lenir Pérez avanzaban. Además de la explotación en la zona núcleo del parque Carlos Escaleras, Lenir Pérez construyó una enorme planta para industrializar el óxido de hierro a unos 50 metros del Río Guapinol y a unos 500 de las aldea del mismo nombre. En esta gigantesca fábrica se fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirán en bolitas, un proceso de peletización para producir acero. Una alianza investigativa entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univisión Investiga descubrió la conexión entre Inversiones Los Pinares y Ecotec con la multinacional Nucor, que es la principal procesadora de acero en Estados Unidos. Ingresó a la sociedad en 2015, pero se retiró en 2019 por la agitación social que provocó el proyecto.

Leer: La conexión escondida de una siderúrgica de EE.UU. con la polémica mina Los Pinares

También hay una concesión a favor de Ecotek para construir cinco pozos en el río que serán utilizados en la planta para procesar el óxido de hierro, y por último, Pérez ha recibido la venia para construir una planta hidroeléctrica en la que se propone producir 50 megas de electricidad. Ha prometido regalar energía a Tocoa.

«A nosotros nos indigna, nos da coraje, porque nuestros compañeros por defender el parque pasaron más de dos años y medio privados de libertad y que hoy que ellos vuelven a casa, ver esa estructura (la planta de Ecotek), ellos dicen que les duele el alma ver cuánto han construido mientras estaban presos ¿Cuánto participó en esto el Ministerio Público? ¿Cuánto participó el alcalde?», se preguntó «Monchi», sentada afuera de su casa.

Adán Fúnez, protegido de Mel y aliado de Lenir

Reynaldo Domínguez, coordinador del Comité de Ambiente en Guapinol, aseguró que Inversiones Los Pinares tiene la colaboración del alcalde Adán Fúnez, quien fue reelecto por segunda vez bajo la bandera del Partido Libertad y Refundación, Libre, y que había sido nombrado como Gobernador Político de Colón por Xiomara Castro; durante varios meses tuvo los dos cargos, pues no renunció a su cargo como alcalde. Ahora el gobernador es Ixcer Barahona, un joven político que durante su ascenso al puesto agradeció por el nombramiento a Dios y al alcalde Fúnez, este le aconsejó que no se le subiera «el humo a la cabeza por el puesto».

«Lamentablemente, el alcalde Adán Fúnez es un peón, un asalariado de Inversiones Los Pinares, se comprometió y les ha estado dando permisos. Ese es el papel de él, estar a favor de la minería. Yo creo que ya vamos a saber por qué está a favor de la minería», nos dijo Domínguez y luego agregó «declaró el municipio libre de minería, pero bajo, bajo, está dándole permiso [a la minera], ahí está el acta [declaración libre de minería] y la llevamos a la Secretaría de Mi Ambiente».

«Lamentablemente, el alcalde Adán Fúnez es un peón, un asalariado de Inversiones Los Pinares, se comprometió y les estado dando permisos», Reynaldo Domínguez, defensor de Guapinol

Tuit

«Monchi» y Reynaldo coinciden en que la influencia de Lenir en Colón sigue siendo enorme. Aseguraron que las instalaciones de la minera en el parque y la planta peletizadora Ekotek siguen siendo resguardadas por militares de la zona. «Hay fotos donde ahí adentro está resguardado por militares, eso fue el viernes [5 de agosto, día de la toma]. Al día siguiente habían comandos entrando a la mina pensando que íbamos a ir nuevamente» relató «Monchi».

Contracorriente visitó el Batallón Xatruch con sede en Tocoa, pero después de que salieron tres militares de distintos rangos a preguntarnos con quién queríamos hablar, un oficial de apellido Orellana comentó que había una prohibición desde el más alto nivel para referirse a cualquier tema y que si queríamos hablar con alguien lo hiciéramos con el vocero nacional de las Fuerzas Armadas, José Coello.

En la alcaldía municipal de Tocoa tampoco encontramos al alcalde Adán Fúnez. Se pidió hablar con la persona encargada de comunicaciones, pero nos dijeron que ella se encontraba en una actividad de reforestación en una montaña. En la municipalidad nadie tenía cómo comunicarse con la periodista que cumple con ese rol. Se nos pidió dejar un número telefónico para que ella pudiera comunicarse con nosotros para una eventual entrevista con el jefe edilicio. Hasta el momento de hacer esta publicación no recibimos ningún mensaje ni llamada. El alcalde tampoco respondió los mensajes enviados a su teléfono celular.

El alcalde Adán Fúnez es la persona más influyente del Partido Libre en Tocoa, un apadrinado por Manuel Zelaya en el Aguán. Las personas luchadoras, como «Monchi», califican como una imposición el apoyo del expresidente a un hombre que a su juicio ha apoyado la minería. «Mel está viniendo a imponer a la gente que le favorezca y para nosotros aquí hay muchos vínculos de Mel con Lenir Pérez».

Adilia Castro, integrante del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, compartió la visión de «Monchi» y lamentó que el actual alcalde sea el mayor representante de Libre en esa ciudad. Calificó esto como un «problema serio» porque el edil es el único que se escucha a nivel de gobierno, «nosotros no somos escuchados ¿por qué don Adán tiene tanto interés en la minera? ¿Por qué ha colaborado tanto con el montaje de ese proyecto? ¿Por qué Mel siendo coordinador del partido vino a una asamblea a Tocoa prácticamente a validar una persona tan dañina como el alcalde?», se preguntó.

«Sentimos que mucho del discurso que el Gobierno está dando contra el extractivismo es algo preparado que va hacia afuera para vender al mundo que hay un compromiso distinto, pero en la práctica, hay un mandato que continúa su camino y que este Gobierno al momento no ha encontrado la forma de cómo darnos una respuesta», dijo Castro.

«Monchi» opinó que aún con el cambio de Gobierno y pese a declarar a Honduras «Libre de Minería», el empresario Lenir Pérez mantiene incólume su poder en la zona. «Aquí todo sigue intacto, Dinant con sus tierras y Los Pinares operando. Aquí Lenir Pérez dice “está empresa sigue trabajando” y sigue», dijo.

El poder de Lenir Pérez no solamente está en las instituciones de Gobierno tal y como denuncian los defensores, también hay pobladores que apoyan su proyecto extractivo. En el parque central de Tocoa había dos hombres que platicaban amenamente hasta que Contracorriente les preguntó sobre la minería y solamente respondieron que permitir la existencia de eso era bueno porque «había gran cantidad de gente trabajando en esa minera».

No obstante, hicieron una advertencia: «Aquí no se puede andar hablando de eso, hay comunidades como Ceibita [a 10 minutos de Tocoa] de donde soy yo, donde incluso ha habido muertos entre los que están a favor y contra de la minería». Esa persona nos dijo desde el anonimato que en esa aldea necesitan un tanque de agua que puede ser construido en un chasquear de dedos por Inversiones Los Pinares, pero toda la comunidad tiene que estar de acuerdo. En su sitio web, Grupo Emco asegura que las operaciones de Inversiones Los Pinares y Ecotek generarán 3000 empleos en la zona, que serán «los mejor pagados de Colón».

No solo los dos ciudadanos mencionados ven con buenos ojos la operación de la minera. El empresario Lenir Pérez ha realizado, convenientemente, acciones para ganarse el favor de mucha gente de la región. En junio del 2022, el empresario realizó la donación de un millón de lempiras al Centro de Rehabilitación Integral de Colón (CRICOL), institución que en junio realizó una maratón para recaudar fondos y mantener a flote el centro, que necesita unos tres millones de lempiras al año para brindar servicios de rehabilitación a personas de todo el departamento de Colón y algunos municipios de Atlántida, Olancho y Gracias a Dios. Actualmente hay 487 personas utilizando los servicios, nos dijo Karla Molina, coordinadora de donaciones en CRICOL.

Molina dijo a Contracorriente que este centro fue fundado hace 12 años por la iniciativa de personas con discapacidad que por falta de un lugar donde recibir rehabilitación no tuvieron la cooperación ni la opción de recuperarse. La iniciativa contó con la ayuda de empresarios y gente altruista. La fundación cuenta con áreas de terapia física y ocupacional, psicología y terapia de lenguaje. Recibe a personas que necesitan ayuda debido a traumas por accidentes, espina bífida, síndrome de down, autismo, entre otros retos especiales.

«CRICOL no recibe apoyo de ninguna institución de Gobierno. Como centro de rehabilitación, deberíamos estar en un presupuesto público y no hemos podido entrar, aunque lo hemos intentado en varios gobiernos no se ha podido y en el actual no ha sido la excepción», se lamentó Karla Molina.

También informó que al recibir unos 40 pacientes al día, necesita generar dinero todo el año, «hace un mes nos donaron una motocicleta, entonces lo que vamos a hacer es una rifa y con eso vamos a conseguir mínimo 100 mil lempiras». Contó que la planilla de CRICOL asciende a más de tres millones de lempiras al año.

Los servicios del centro no tienen costo para el usuario, pero algunos hacen aportes voluntarios que pueden ser entre los 10 a los 100 lempiras. «Si el paciente no puede pagar, igual se atiende, obvio CRICOL no vive de la gracia del Espíritu Santo y tenemos que buscar fondos», aclaró Molina.

Cuando hablamos de la donación que realizó Lenir Pérez a nombre de Inversiones Los Pinares y cómo ésta puede ser percibida por la población, Molina dijo que en CRICOL «a nadie que venga con una donación se le puede decir que no» porque las necesidades que tienen para «mantener el centro a flote son muy grandes».

Reiteró que para las arcas de la institución cuenta desde un lempira hasta un millón y en el caso del empresario se le otorgó un reconocimiento porque fue más allá de donar. «Don Lenir ha hecho algo especial, se ha interesado por conocer el centro. Cuando él dijo que venía a conocer el edificio, fue que la junta directiva pensó que merecía un reconocimiento. No es lo mismo que usted venga y palpe, a que yo le cuente por un medio de comunicación», afirmó.

«No me esperaba el reconocimiento», dijo Pérez en su intervención el día que fue homenajeado, «les agradezco de todo corazón este noble gesto. Pedí venir a recorrer el centro para conocer cómo podemos ayudar más. Quiero hacer un proyecto a largo plazo. Es importante llevar las ideas a la realidad y por eso estamos comprometidos con CRICOL», dijo el empresario, pero hasta el momento de visitar el centro no había regresado al mismo.

Karla Molina mencionó que no ha sentido ningún tipo de recriminación o rechazo de aquellos que están en contra de la minería. «Creo que si nosotros como coloneños nos oponemos a que alguien done, estamos siendo egoístas con las personas que reciben atención porque ellos vienen con un problema a buscar ayuda. Realmente no hemos sentido rechazo», dijo.

La proyección social de Inversiones Los Pinares se ha extendido a la educación y a la salud. En esa campaña en la que ha invertido millones de lempiras, ha remodelado escuelas, entregado útiles escolares, organizado brigadas médicas y montado campañas de fumigación en comunidades aledañas a la operación.

La frustración

En las elecciones de noviembre del 2021, Xiomara Castro ganó la presidencia de la República con 1.7 millones de votos. Es la mayor cantidad de sufragios que ha recibido cualquier persona que ha ejercido la presidencia en Honduras. El segundo departamento que más votó por Castro fue Colón, solo superado por Cortés. «El Aguán confió el voto a Xiomara y le apostamos a tener una mujer presidenta, pero quien está en la mesa es Mel Zelaya y nosotros no votamos por él. Creo que nos hemos quedado muy de brazos cruzados porque ante eso tenemos que luchar», dijo «Monchi».

“El Aguán confió el voto a Xiomara y le apostamos a tener una mujer presidenta, pero quien está en la mesa es Mel Zelaya y nosotros no votamos por él”, Juana Zúniga, defensora del ambiente.

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«Monchi» declaró que una de las exigencias que tiene el movimiento ambientalista que defiende el parque Carlos Escaleras y otros recursos naturales es ser escuchados por la presidenta Castro, pero ella asegura que no lo harán con un interlocutor. «Yo digo ¿Por qué voy a hablar con Mel Zelaya si él no es presidente? Si vamos a Casa Presidencial queremos hablar con la presidenta y decirle que hemos luchado porque esta empresa pare de trabajar mientras se investiga, pero las luchas de los pueblos las engavetan».

Y ciertamente sus reclamos no han sido escuchados. La realidad indica que Inversiones Los Pinares y Ecotek continúan operando sin sobresaltos en el área protegida y en los ríos Guapinol y San Pedro. Los luchadores en voz de Reinaldo Domínguez y «Monchi» aseguran que los procesos presentados ante la Fiscalía del Ambiente y la Secretaría de Mi Ambiente no avanzan. En esta última instancia, dirigida por Lucky Medina, han solicitado una inspección y les confirmaron que enviarán una comisión para revisar todo lo relacionado a Inversiones Los Pinares.

Pero «Monchi» habló claro y fuerte cuando pidió que en esa comisión haya participación de aquellos que defienden la vida y el agua. «Queremos una incorporación, que se involucren técnicos del Comité del Ambiente, que haya un analista del agua puesto por nosotros. Necesitamos participación ciudadana», manifestó y luego recordó que en una ocasión se realizó un informe en el que participaron varias instituciones y un representante de la Procuraduría General de la República, ante lo cual dijo que «era un desastre total» y que si ellos no se organizaban tendrían que abandonar la comunidad. Ese documento no aparece en las oficinas de Mi Ambiente de acuerdo con los ambientalistas.

Adilia Castro, defensora del ambiente en Tocoa, reconoció que para ellos significó una esperanza el triunfo de Xiomara Castro, «a mí la imagen de una mujer en el Gobierno me da esperanza» y dijo que es prematuro «para saber qué va a pasar o qué postura asumirá el Gobierno de Xiomara frente a un problema tan grande como el tema del extractivismo».

Sin embargo, en las esperanzas de Adilia hay también, implícito, un reclamo no atendido: «Queremos creer en avanzar no solo con [expulsar] los proyectos extractivos, no solo con la cancelación, sino avanzar en un modelo demócratico y más participativo donde los pueblos y los territorios tengamos la oportunidad de participar y decidir, aspiramos a eso. No está sucediendo ahorita».

Reynaldo Domínguez sostuvo que la población informada, en este caso Guapinol, difícilmente puede aceptar la palabra de un empresario que hable de desarrollo, porque “hay que botar ese tipo de desarrollo que viene a dañar el agua no es desarrollo”, denunció.

Agregó que en noviembre en el Aguán se volcaron «con gran esperanza» a votar por Xiomara Castro, pero que no están dejando toda la tarea a ella, pues ellos seguirán en la lucha hasta que se «vayan Inversiones Los Pinares y Ecotek». Describió que lo que está pasando en Guapinol y en el parque Carlos Escaleras «será un doble crimen ambiental» cuando la planta peletizadora comience a industrializar la piedra para sacar hierro. Se utilizarán hornos y asegura que «ese humo y el polvo de la piedra» producirán contaminación y no lo van a permitir.

Domínquez advirtió que tampoco admitirán que se construyan cinco pozos para succionar el agua del río, pues eso como las otras concesiones dadas a Lenir Pérez, ni siquiera pasó por una consulta a las comunidades. «Hoy la quieren agarrar [el agua] a la brava, los bienes son públicos pero aquí se los quiere quedar una sola empresa y nosotros quedaremos con un 20% de agua» sentenció Domínguez.

En el Aguán, la lucha por el ambiente se ha extendido más allá de Guapinol. Aunque su caso sigue siendo el más conocido, más comunidades afectadas se han unido a la defensa de los ríos. El miércoles 10 de agosto, en Gualaco, Olancho, se realizó una asamblea para implementar una estrategia para tomar acciones orientadas a detener la explotación en el parque Carlos Escaleras. En ese evento participaron autoridades y defensores del ambiente de cinco municipios: Sabá, Bonito Oriental y Tocoa de Colón; Gualaco y San Esteban de Olancho. El lunes 15 de agosto, representantes de esa asamblea se trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Mi Ambiente, donde exigieron el cese de la explotación del parque Carlos Escaleras.

El 10 de agosto se realizó una asamblea popular en la que participaron cinco municipios: Sabá, Bonito Oriental y Tocoa de Colón; Gualaco y San Esteban de Olancho. El objetivo fue defender el parque Carlos Escaleras.

Tuit

«Los compañeros dicen que ya lo peor lo pasamos, a pesar de que estamos con esa indignación que no es Xiomara la que está tomando decisiones, pero ahora hay más apertura», reconoció «Monchi».

La apertura de la que habla «Monchi» está relacionada con el trato que recibieron de la Policía Nacional el 5 de agosto, cuando los agentes policiales fueron «amables» y a su juicio, esto no ocurría en el gobierno anterior.

Sin embargo, a nivel del Gobierno no han tenido la apertura para presentar las posiciones de las comunidades en resistencia. «Y entonces decimos ¿cuál es la esperanza de que este nuevo gobierno obligue a que esta planta pare de trabajar? Sin embargo, todavía tenemos la confianza en que se haga algo».

Adilia Castro se preguntó qué decisiones tomará el Gobierno de Xiomara Castro en temas tan complejos como la minería. Dijo que las determinaciones «requieren un compromiso que va más allá de los discursos que se están diciendo».

Las esperanzas no hacen que ellos bajen los niveles de alerta. En sus investigaciones en la Secretaría de Mi Ambiente, la abogada Rita Romero encontró documentación relacionada con una minera denominada San Isidro. «Monchi» y otros luchadores piensan que Inversiones Los Pinares está cambiando de nombre, «ellos ya lo tienen, esta minera tiene que desaparecer pero ya está la otra montada y esa será la San Isidro», dijo.

Y contra todo, los luchadores de Guapinol van a defender el río, seguirán cuidándolo, como lo han hecho en los 120 años que tiene de existencia la comunidad. «Aquí en Guapinol, el que se meta con el río es como que se meta con nuestra madre. No le vamos aceptar a ningún empresario que nos traiga ese tipo de desarrollo», dijo Reynaldo Domínguez.

Por: Leticia Salomón

Desde fuera del país leí asombrada los titulares y las declaraciones de algunos personajes acerca de la frustrada aprobación de la iniciativa de ley enviada por el poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su respectiva revisión y aprobación. El amarillismo de los medios y las exaltadas declaraciones de algunos políticos y analistas del medio, con la excepción de algunas figuras respetables que analizaron con más sobriedad la situación, daban la impresión de que Honduras transitaba de forma acelerada a la situación de degradación política y de una especie de locura sin frenos que se vive en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo –para desgracia de los nicaragüenses y de todos los centroamericanos que vemos con preocupación lo que ahí sucede–. Lo primero que hice, y que debieron hacer todos los exaltados antes de opinar sobre un tema tan sensible, fue leer la ley actualmente vigente (la «ley de JOH» como han dado en llamarla) y la propuesta de nueva ley enviada por la presidenta («la ley de Xiomara»), eso además de leer varios artículos de la Constitución de la República relacionados con los temas que se debaten.

Leí y escuché algunas voces del Congreso Nacional explicando el rechazo a la dispensa de dos debates para la aprobación de la ley en cuestión, aludiendo a que se había enviado con muy poco tiempo para su revisión, razón totalmente válida pese a que el Congreso anterior, «el Congreso de JOH», como solía llamarse, introdujo esa forma increíble de aprobar las iniciativas de ley enviadas por el poder Ejecutivo para que fueran aprobadas sin mayor discusión. Me llamó la atención la mención a presiones externas para que la ley no se aprobara, y lo primero que se me ocurrió fue la presión de los militares a través de sus amigos incondicionales que recibieron en algún momento de su carrera política el curso del Colegio de Defensa al que entraron como civiles y salieron camuflajeados de militares, con traje moteado, kepis (o quepis) y anteojos oscuros.

Con lo expuesto anteriormente, les presento mi reflexión:

Por todos es sabido, o debería serlo, que el poder Ejecutivo es el encargado de la administración general del Estado (art.245 de la Constitución); que esa función la ejerce a través de las Secretarías cuyos titulares «dependen directamente del presidente de la república» (art.246); además, este poder del Estado es el encargado de elaborar la política general del mismo (art. 245, incisos 2 y 12), y, consecuentemente, las políticas de Estado en todos los campos de su quehacer, incluyendo la defensa nacional y la seguridad pública.

Con la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, actualmente en vigencia, «la de JOH», se produjeron algunas verdaderas aberraciones jurídicas, entre ellas:

Se le quita al poder Ejecutivo la función constitucional de administrar el Estado y de elaborar las respectivas políticas en todos los campos de la administración pública.
Se incorporan al Consejo los otros dos poderes del Estado y el Ministerio Público, anulando con ello sus funciones de control sobre el Ejecutivo en los temas de defensa nacional y seguridad pública.
La inclusión de estos en el Consejo, bajo la dirección del presidente del Ejecutivo y en total posición subordinada, anula el precepto constitucional de independencia y complementariedad de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tal y como plantea la Constitución de la República señalando que son “complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación” (Título I, capítulo I, art. 4).
Al definir el Consejo como «el máximo organismo permanente encargado de rectorar, diseñar y supervisar las políticas generales en materia de seguridad, defensa nacional e inteligencia» (art. 2 de la ley vigente), suplanta a la presidencia de la República en sus funciones constitucionales (rectorar, diseñar) y al Legislativo su función de controlar/supervisar) colocando a los Secretarios de Estado, que son subordinados de esta, por encima de la presidencia, al igual que a los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, y del Ministerio Público.
La ley actual incorpora otra función que no está en el artículo 287 constitucional que crea al Consejo de Defensa y Seguridad, como es la de Investigación e Inteligencia concentrada en «hacer» y no en «coordinar» la inteligencia que hacen varias dependencias civiles, además de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Esa ley, «la de JOH», concentra excesivo poder en el secretario del Consejo dado que le adjudica la atribución de «ejecutar las políticas públicas que en materia de Defensa y Seguridad establezca el Consejo» (art.7, inciso 1) con lo cual suplanta las competencias de las Secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad.

Con lo anterior conviene preguntarse ¿qué llevó al exmandatario Juan Orlando Hernández a tomar esta iniciativa de concentración abusiva de poder en una instancia del poder Ejecutivo como es el CNDyS, a pesar de que afectaba a la misma presidencia y a los titulares de las Secretarías involucradas? Puede haber varias respuestas, pero es indudable que una de ellas y quizás la más importante es la necesidad de convertir a sus integrantes en CÓMPLICES con la certeza de que, de esa forma, controlaba todos los hilos del poder y desde ahí podía adelantarse a cualquier iniciativa que apuntara a él mismo, a su hermano y a su familia en general en materia de corrupción y narcotráfico. Y definitivamente lo logró: tanto él como su hermano nunca fueron investigados por el Ministerio Público y menos por la Dirección de Investigación e inteligencia creada con esa ley y al servicio de ese Consejo.

Sobre la propuesta de ley:

La Constitución habla del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ese es el nombre que debe tener la nueva ley. Para hablar de defensa y seguridad hay que incluir muchos más temas y precisar muy bien los nombres: Defensa Nacional en el caso de los militares (tal y como se denomina la respectiva Secretaría) y Seguridad a secas porque incluye la seguridad pública, que es un asunto policial, y la seguridad del Estado, que es un asunto militar/policial.
En la nueva ley se restituye la condición técnica al Secretario del Consejo, o al menos eso parece. Para que lo sea en su totalidad hay que revisar, precisar o completar el artículo 9, inciso VII: «preste auxilio»; el artículo 13 en los incisos III, IV, XV y XVI: «proponer»; V: «presentar»; X: «realizar estudios»; XIII: «elaborar los lineamientos»; XIV: «establecer cooperación», recordando que la Secretaría es y debe ser una instancia que presenta, canaliza o somete a consideración del Consejo, iniciativas que provienen de las Secretarías que constituyen el Consejo en los campos de su competencia.
Las amenazas a la defensa y seguridad contenidas en la nueva ley son similares a las que se incluyen en muchos países, incluidos los actos de interferencia extranjera que tanto escandalizaron a los amarillistas.
El artículo 6 resulta innecesario. No se puede decir que en un plan se van a definir temas centrales como seguridad y defensa nacional y menos que se va a elaborar una agenda de riesgos basada en ese plan, aunque la elaboración de planes es potestad del Ejecutivo y la de agendas de riesgos sería potestad de las Secretarías que integran el Consejo, de forma individual o coordinada, con la aprobación de la presidencia.

Por ello resulta interesante ver la forma en que han manejado la noticia algunos medios de comunicación, varios analistas despistados o malintencionados y más de algún diputado cínico: ¡igual que en Nicaragua!, ¡es una copia de Venezuela! ¡demasiada concentración de poder en la presidenta!, cuando es precisamente lo contrario: en la nueva ley se devuelve la independencia a los otros poderes del Estado y la presidencia de la república recupera su atribución constitucional de coordinar con los integrantes de su gabinete, que tienen las facultades para hacerlo, los temas de defensa y seguridad al igual que en el pasado se constituyeron los gabinetes económico y social.

Lo de la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad es apenas el comienzo de la desarticulación de la estructura autoritaria de protección de la impunidad que garantizó el gobernante anterior con el silencio cómplice de quienes constituyeron y aún constituyen ese Consejo. Falta todavía la eliminación de la ley antiterrorista, revisar las funciones de la Dirección de Investigación e Inteligencia, establecer límites a la confidencialidad o reserva de temas de defensa y seguridad para que quede clasificada la información estrictamente necesaria y no las barbaridades que se aprobaron en ese Consejo que tanto defienden los despistados, cínicos o cómplices. Solo toca esperar que, para entonces, no salten los mismos de siempre diciendo que ya llegó el comunismo al país.

El voto de Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, fue decisivo para que el candidato del dictador nicaragüense Daniel Ortega, Werver Vargas, fuera nombrado secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Rodrigo Chávez ignoró la recomendación de ocho expresidentes de Costa Rica de no votar a favor del candidato del régimen Ortega-Murillo debido al desprestigio que produce el hecho que la Secretaría General del SICA esté representada por un país que ha sepultado la democracia a costa de la libertad e integridad de miles de sus ciudadanos.

La decisión fue unánime. Esta alineación populista y autoritaria incluye al nuevo Gobierno de Honduras, que al inicio de su mandato se veía como la promesa democrática de la región. En dos ocasiones, el Gobierno de Honduras se ha abstenido de votar a favor de condenas internacionales a los excesos del régimen Ortega-Murillo que ha llevado al exilio a decenas de periodistas, ha suprimido a la sociedad civil y a la oposición política partidaria al extremo de ensañarse ahora contra un sector de la Iglesia Católica y hasta con la Real Academia de la Lengua Española. La dictadura en Nicaragua se cierra como una ostra, expulsando cualquier intento por defender la libertad.

A pesar de eso, Vargas fue electo de forma unánime por los ocho países que integran el SICA, que argumentaron que esa elección ayudaría a que fondos de la cooperación internacional puedan fluir a la región.

Largo y tortuoso ha sido el camino de la tan deseada integración regional. Pese a deficiencias y vacíos, la institucionalidad existe gracias al apoyo de la cooperación internacional que ve en el sistema de integración una herramienta para aumentar el impacto de los recursos orientados a la región. Pero la necesidad de la integración regional va más allá de los intereses de la comunidad internacional. La región centroamericana, incluidos Panamá, Belice y República Dominicana, son países pequeños con economías frágiles que les permiten una inserción en los mercados globales sumamente vulnerable. Basta recorrer la carretera panamericana para imaginar el costo absurdamente elevado que implica pasar una y otra vez por fronteras con sistemas aduaneros y migratorios precarios, poco estimulantes para el comercio regional.

Ha sido motivo de frustración que gobiernos que respetaban –o al menos les preocupaban– las formalidades democráticas no hayan tenido la suficiente voluntad política para lograr una integración regional efectiva. Pero es motivo de preocupación que gobiernos abiertamente autoritarios, violadores de derechos humanos y que han socavado las bases de la democracia de la forma más descarada sean quienes asuman el reto de la integración centroamericana. Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala tienen ya recorrido antidemocrático y populista que no distingue diferencias entre la vacía dicotomía de derechas e izquierdas. Lo que alarma ahora es que también Costa Rica, la necesaria excepción democrática centroamericana, sea atraída por el magnetismo del populismo autoritario.

La integración regional guiada por los gobiernos actuales cercena las bases de la democracia. El 18 de agosto de 2022, el canciller hondureño, Eduardo Reina, justificó la abstención de votar en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar las violaciones a la ciudadanía, prensa e Iglesia en Nicaragua diciendo que el Gobierno de Xiomara Castro no se entromete ni interviene en problemas internos de otros países. El argumento del canciller es falaz dado que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 dejó claro el carácter universal de sus principios y Honduras no solo es un país firmante, sino que su actual Gobierno abrazó esos principios para diferenciarse de la dictadura de Juan Orlando Hernández, quien –a propósito– fue el único presidente de la región que asistió a la toma de posesión de Ortega en enero de 2022.

Los gobiernos populistas autoritarios actuales han echado a andar una maquinaria propagandística en torno a la soberanía nacional, la autodeterminación y la independencia ante cualquier injerencia extranjera. Este discurso subió de tono debido a las acciones de Estados Unidos orientadas a exponer y sancionar a personas vinculadas a la corrupción o que cometan acciones que atenten contra la democracia, la famosa «Lista Engel». Los países centroamericanos alegan su soberanía cuando un bloque de países expone sus acciones corruptas y autoritarias, pero abren sus puertas a otras potencias dispuestas a inyectar recursos sin tantas condiciones como las que imponen Estados Unidos y algunos países europeos.

Por otro lado, los resultados nefastos de la injerencia de los Estados Unidos en la región han dependido de la voluntad de sus élites políticas y económicas. Nicaragua es un buen ejemplo. Augusto César Sandino luchó contra la ocupación militar norteamericana, fue un liberal, nada tuvo que ver con la ideología que luego tomó su nombre y cuyo Gobierno de diez años estuvo liderado por Daniel Ortega, actual dictador del país. Sandino fue traicionado por Anastasio Somoza, quien fue el general a cargo de la Guardia Nacional creada por Sandino para defender a Nicaragua. Somoza fue un dictador con el apoyo de Estados Unidos y creó el modelo de dictadura familiar que ahora reproduce Ortega luego de haberla derrocado en nombre de la revolución de 1979. Durante diez años, Ortega tuvo que resistir la guerra patrocinada por Estados Unidos con el apoyo de militares hondureños que prestaron el territorio para entrenamiento de la «Contra». Pero no lo hizo solo, tuvo el apoyo financiero y político de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y de otros países aliados ideológicamente, incluso grupos de los mismos Estados Unidos que apoyaban la revolución sandinista. La URSS no solo entregó recursos, también, como en Cuba, fue injerencista. Cuando todo eso terminó, llegó otra vez la ayuda de Estados Unidos para el desarrollo, con sus condiciones, y cuando Daniel Ortega inició su rápido ascenso a dictador ístmico recibió enormes cantidades de dinero por parte de otro bloque ideológico, ahora encabezado por Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA). Esos recursos llegaron con condiciones también, aunque con pocas restricciones y controles, lo que dio lugar a cimentar las lealtades a la familia presidencial a través de la corrupción. Cuando eso también terminó, Ortega entró en problemas e inició el cierre del país, expulsó a la comunidad internacional, a la sociedad civil, al periodismo independiente, a algunas órdenes religiosas, a artistas y censuró (y sigue censurando) cualquier expresión de libertad. Ortega ha buscado desesperadamente encontrar recursos en China, con el canal interoceánico, por ejemplo, y con Rusia. Poco tiene todo eso que ver con la dignidad soberana con la que el régimen reviste su naturaleza autoritaria y represiva.

El régimen Ortega-Murillo no encontrará recursos financieros en Centroamérica, pero sí una alineación de intereses que tiene que ver más bien con la resistencia de estos gobiernos a respetar las normas democráticas.

Nayib Bukele criticó duramente a Juan Orlando Hernández porque era dictador, pero ahora abraza sin cuestionamientos una alianza con gobernantes antidemocráticos como Ortega, en Nicaragua, y Giammattei, en Guatemala.

Inmediatamente después de que Honduras se abstuviera de votar en la OEA, el Congreso Nacional y el Ejecutivo dijeron haber firmado acuerdos con el Gobierno de El Salvador durante la visita de uno de los hermanos del presidente Bukele. Pareciera ser que el rechazo de Bukele a la transparencia en su país se extiende a los acuerdos que firma con los vecinos, porque el contenido de los acuerdos no es conocido en Honduras.

De Guatemala hay muchas lecciones que un populista autoritario puede aprender, y la primera de ellas es cómo quitarse de encima una molesta comisión internacional contra la impunidad (la conocida «Cicig»). En ese país llevaron a la sofisticación el argumento de la soberanía y la injerencia para impedir la lucha contra la corrupción, al punto que actualmente el Gobierno funciona como una mafia corporativa que arremete contra periodistas, fiscales y jueces anticorrupción, sociedad civil y pueblos indígenas.

Panamá, el paraíso fiscal del canal interoceánico, rompió su relativa estabilidad con una demanda ciudadana masiva ante la mala gestión y corrupción del Gobierno de Laurentino Cortizo y la gigantesca desigualdad y el desempleo, herencias dejadas por el gobierno del general Noriega, narcotraficante derrocado a través de una intervención militar norteamericana. Panamá: el paraíso fiscal para el lavado de dinero a nivel global, el país de los Panama Papers y de los Pandora Papers. La ciudadanía panameña rechazó también un intento por reformar la constitución, un proceso caótico y confuso en el que diputados oficialistas buscaron introducir reformas para criminalizar la opinión pública, por ejemplo.

Honduras y Costa Rica están en la situación más riesgosa en este nuevo capítulo del autoritarismo centroamericano. Costa Rica porque su democracia está a prueba con la llegada de Rodrigo Chávez, un economista que laboró por casi tres décadas en el Banco Mundial –institución que lo sancionó por haber sido denunciado por acoso sexual– y que ha iniciado su gestión retando la democracia costarricense y el reconocimiento de ese país por el medio ambiente. Un presidente conservador, religioso y sin experiencia que se enorgullece por su desdén hacia las instituciones democráticas, decidido a acabar con la «ideología de género» y que ha permitido que una poderosa organización evangélica dedicada a la política coloque a varios ministros de su Gobierno. Apenas tres meses de haber tomado posesión, miles de ciudadanos costarricenses salieron a las calles para evitar que el Gobierno redujera el presupuesto de la universidad de Costa Rica, una institución clave en la promoción de la democracia y la educación de alto nivel en ese país. La ciudadanía lo logró, la reducción del presupuesto se evitó, pero queda mucha democracia por defender en Costa Rica.

Honduras, por su lado, no tiene democracia que defender, sino más bien democracia que construir, y ahí radica el principal riesgo de que –tan temprano– el Gobierno de Xiomara Castro opte por omitir la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en la región. Construir democracia requiere hoy, más que nunca, nadar contra la corriente autoritaria y populista que domina en Centroamérica.

El compromiso por la democracia, incluido el apego ético a los valores implícitos en los derechos humanos, no acepta matices ni condicionamientos. El Gobierno de Honduras prometió refundar el país, pero ¿hasta dónde eso es posible cuando se omite la condena por violaciones a la libertad y la vida? Este es un momento en el que las simpatías ideológicas no pueden estar por encima de la ética que recubre los valores democráticos. Es una apuesta riesgosa unirse al grupo de países populistas y autoritarios de la región; no por la falta de recursos, porque poco se necesita para reinar en la miseria que viven estos países, sino por la pérdida de la libertad, la vida y la paz que eso conlleva. Sí, los centroamericanos deseamos una región integrada, un conjunto de democracias que se fortalezcan mutuamente. Pero no deseamos un bloque de dictaduras populistas alineadas en torno a la impunidad y la abolición de libertades, por liberales y burguesas que les parezcan, pero libertades a fin de cuentas.

Fotografía y texto: Jorge Cabrera

Kenny Ramírez, una venezolana de 21 años, llegó el 8 de agosto de 2022 a Tegucigalpa junto a su esposo y su hija de un año. Bajo la lluvia, pedía dinero sosteniendo un rótulo que decía: «Soy una inmigrante venezolana, por favor, ayúdame a seguir mi viaje a los EE. UU». Kenny contó que inició su recorrido desde su país natal y que ha pasado momentos amargos, siendo uno de los peores su paso por la selva del Darién entre Colombia y Panamá. La escena de esta venezolana es frecuente en algunos bulevares y calles de Tegucigalpa, donde se ven venezolanos solicitando ayuda para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Algunos de ellos realizan trabajos temporales para recaudar dinero y en ocasiones les toca dormir en las calles cubiertos por plásticos junto a sus hijos, resfriados por la lluvia o el frío. Algunas veces tienen suerte cuando las manos bondadosas de algunos hondureños les ayudan, logrando así recaudar dinero para continuar su viaje. «Si Dios lo permite esta noche tendremos una rica cena», dijo Kenny y explicó que se quedaron sin nada porque les robaron todo en el paso por el Darién. «Desde entonces, vamos pidiendo dinero en cada país al que llegamos para continuar el camino. Llevamos un rumbo sin rumbo porque nadie nos espera allá [en EE. UU]». Pero no es solamente el hambre y la exposición al frío a lo que más temen estos migrantes en su paso por Honduras: «solo queremos un poco más para poder continuar, porque aquí nos da un poco de temor, como sabe, venimos de una dictadura violenta, la de Maduro, y ser dañados en otro país por su violencia no es nuestra idea de futuro», explicó esta venezolana.

El pasado miércoles 03 de agosto, el Congreso Nacional reformó el decreto No.42-2022 —aprobado el 5 de abril— para eximir durante seis meses del pago de sanciones a migrantes que transitan por el territorio hondureño con rumbo a los Estados Unidos. Antes de la reforma, el decreto de amnistía era únicamente por 90 días, pero el Ejecutivo no lo sancionó a tiempo. La negativa del Gobierno causó mucha inconformidad por parte de grupos de derechos humanos, no obstante, con dicha reforma la vigencia de la amnistía se extiende seis meses. El decreto No.42-2022 beneficia a migrantes en situación de irregularidad que hayan ingresado al territorio hondureño antes del 1 de diciembre de 2022 y que no hayan regularizado su estatus migratorio.

Constantemente, en el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua en la zona oriente del país, se ve llegar a miles de migrantes provenientes en su mayoría de Venezuela, Cuba, Haití y de diferentes países de África, quienes han tenido que pagar multas de HNL 5,880 (aproximadamente USD 240) por cada persona adulta y, aunque la ley ya ha sido publicada, muchos migrantes continúan quejándose porque aún les toca pagar su paso por Honduras. Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) indican que entre el 2014 y junio del 2022, ingresaron de formairregular 182,664 migrantes. A partir de enero de 2020, ingresaron de forma irregular 82,521 extranjeros. De esos, 40,879 presentaron pasaporte cubano, 15,340 haitianos y 11,935 venezolanos. Los grupos de apoyo de migrantes en Danlí y Trojes estiman que ingresan al país entre 500 y mil migrantes, diariamente.

Los flujos migratorios mixtos en tránsito por la frontera sur de Honduras no han cesado. Desde inicios del año, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las zonas de acceso usadas mayormente son los pasos ilegales (puntos ciegos) en los municipios de Danlí y Trojes, departamento de El Paraíso y por Choluteca.

Algunos migrantes denuncian que además de haber sido víctimas de altos cobros por cruzar a Honduras también han sido engañados. «Aquí nos están cobrando hasta la manera de caminar, lo que para los hondureños es un precio relativamente normal, a nosotros nos los triplican por ser inmigrantes y por no tener papeles. Lo peor es que antes de entrar, desde Nicaragua, nos dijeron que ya no pagaríamos ninguna multa y decidimos ingresar por la frontera de Las Manos, pero terminamos pagando HNL 11,515 (aproximadamente USD 470) por mi esposo y por mí. Gracias a Dios no nos cobraron por mi hijo, lo único que cambió fue que pude pasar normal sin punto ciego, pero a mí y mí familia nos tocó pagar cuando se suponía que ya no teníamos que pagar nada», dijo Stefany Mijares, otra migrante venezolana, en su paso por Tegucigalpa.

Texto: Luis Lezama
Fotografías: Fundación Gabo

La mañana intranquila del Nobel

Hace 40 años, un 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez se despertaba siendo el Premio Nobel de Literatura. Al salir de su casa aquel día, se tuvo que enfrentar a una multitud de periodistas afanados por grabar, escribir y reproducir las primeras palabras del nuevo paladín de las letras. Solo es imaginable la sorpresa que habrá sentido más de algún reportero cuando García Márquez —en vez de hablar de él, de Colombia, o del Nobel— habló de Nicaragua y de Honduras: «El 21 de octubre, cuando los periodistas me sacaron de la cama a las seis de la mañana en mi casa de México, yo tenía un tema en la punta de la lengua: la invasión inminente de Nicaragua desde el territorio de Honduras». La cita es de la nota «América Central, ¿ahora sí?», publicada el 20 de abril de 1983, un año después del Nobel.

Al instante se le acusó de estar hablando puros infundios, aprovechándose —decían— del aluvión del Nobel, que le estaría dando dimensión a su conocida defensa de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Lo que olvidaban los que lo contradecían era que, antes de esa mañana, García Márquez ya era considerado el rey sin corona de la literatura mundial; y muy de izquierda, sí, pero dotado con un encanto sobrenatural que lo hacía tener contactos en cualquier país, ya fuera este de derecha, de izquierda, pequeño o gigante. Y es que la información que le había llegado no era de Nicaragua, sino de Estados Unidos; precisamente, del secretario de Estado estadounidense, George Shultz, a quien García Márquez describe como «una persona más preocupada que yo por la inminencia de esa agresión».

Según lo cuenta el colombiano, Shultz se había encontrado con el plan de esta invasión al asumir su puesto; un plan que había diseñado hasta el mínimo detalle su predecesor, el general Alexander Haig, y que este ya había dejado en manos de la CIA, y por lo cual poco o nada se podía hacer de parte de Shultz más que filtrar la información a uno de los reporteros más famosos del continente para que él, con ese poder o joder de las palabras, lograra detener una posible invasión de Honduras a Nicaragua en el contexto de la Revolución Sandinista.

Tan sólo horas después de la denuncia, el hijo mayor de Aracataca descubriría que ser Premio Nobel no servía solo para no hacer filas, como él mismo decía a sus amigos cuando le preguntaban en qué carajos le cambió la vida después de aquel octubre de 1982. No. También ser Premio Nobel, parece, servía para evitar una invasión entre dos países hermanos, ya que, a raíz de su queja con los periodistas amontonados frente a su casa, ese mismo día el Newsweek y el New York Times publicaron el dichoso plan «hasta en sus detalles más ínfimos, y aun con fotografías a todo color de los preparativos que se adelantaban en el territorio de Honduras».

Honduras, después de verse retratado, tuvo que calmar su fuego.

¿Víctimas o victimarios?

Muchos años después, tres pilotos de la Fuerza Área Hondureña recordaron aquella madrugada en que fueron llevados a un cuarto, sin dejar que fueran vistos o pudieran hablar con alguien, y donde se les instruyó (el famoso briefing) sobre los detalles de aquella misión.

La memoria traiciona, vuelve las historias siempre más turbulentas —acaso mejores—; pero lo que recordaron, más de treinta y cinco años después de que ocurriera, fue que el plan existía y que estuvo a pocas horas de ser llevado a cabo. A ellos se les retuvo por más de ocho horas en aquel cuarto, sin poder salir, sin poder llamar a nadie, sin poder hacer nada contra ellos mismos. No vaya a ser que fueran a contar algo. O, peor, a arrepentirse. Y así vivieron aquellas horas eternas, sufriendo en sus cabezas, una y otra vez, aquella cruenta descarga de bombas ensayada en una pizarra blanca en aquel no-lugar en el que estaban encerrados. «Era un pueblo al que íbamos –decía uno–, no era la capital. Un pueblo donde se escondían muchos de los sandinistas. De haberse hecho, de aquel pueblo no quedaría nada seguro». «Llevábamos demasiadas bombas, y en aquel momento Honduras tenía la mejor Fuerza Aérea entre México y Colombia», decía otro más. El que más lo pensó, se confesó diciendo: «Yo no quería. Pero órdenes son órdenes. Me molestaba que nos hubieran entrenado para defender el país, no para atacar a otros».

Lo que dijeron refleja mucho de lo que nos pasa: el problema en Honduras es que somos víctimas de víctimas. Fue también Gabriel García Márquez el que se lamentaba de que Honduras fuera utilizada por Estados Unidos como base de sus intervenciones encubiertas en todo el ámbito de América Central: «Habría que recordar que este triste papel de portaaviones de tierra firme le ha sido impuesto a Honduras en otras ocasiones de rememoración ingrata». En otro libro a Honduras se le llama «U.S.S. Honduras», en alusión a como suelen ser llamados los portaaviones y buques de guerra yankees. Sin embargo, la más certera y lamentable de todas es la forma en que –se cuenta– nos llaman en los pasillos del pentágono los generales de alto rango estadounidenses: «Our central american whore» (nuestra puta centroamericana).

Rosuco

El 22 de diciembre de 2018, tres días antes de Navidad, falleció a los 91 años Roberto Suazo Córdoba, expresidente de Honduras de 1982 a 1986. A «Rosuco», como lo llamaban por sus siglas, se le recordará sobre todo por ser el primer presidente en esa «vuelta a la democracia». Pero esto solo porque el «periodismo» de los ochenta no supo cómo atrapar la esencia de aquel corpulento personaje de nuestra historia. Tampoco lo pudo el «periodismo» de este siglo, que durante la semana en la que se veló al expresidente alcanzó exitosamente altos grados de desinformación: ni una sola nota crítica de lo que en verdad fue el Gobierno de Rosuco: un gobierno «títere» de los militares y que otorgó la concesión para que Estados Unidos instalara en Honduras una base militar (Palmerola) desde la que se pretende controlar militarmente la región. En algunos países, sobre todo los nuestros, la muerte tampoco hace justicia. ¿Temerán nuestros periódicos que Rosuco, al que se le atribuían dotes de brujo, los alcance más allá de su vida? O será solo que –anémicos de todo pensamiento crítico– se conforman con informar lo que todos sabemos, es decir, nada nuevo ni verdadero. Si se quiere entender quién fue Rosuco, más nos convendría leer el corto y genial reportaje de José Comas, periodista de El País, enviado especial a Tegucigalpa para cubrir los últimos días del mandato de Suazo Córdoba: «Rosuco, el patriarca de Honduras». Así fuera sólo por las excéntricas anécdotas que cuenta de nuestro expresidente, fieles reflejos, como él señala, del subdesarrollo en el que vivíamos –y vivimos, si hay que ser justos–. Comas, con gracia, relata cómo Rosuco y sus partidarios se ufanaban de que hubiera pavimentado todas las calles de La Paz, de donde era oriundo, y como se le quejaron entonces todos los campesinos, quienes argumentaban que de qué valía pavimentar todas las calles si los campesinos van descalzos y el pavimento no hacía más que quemarles los pies.

Sin zapatos, sí, pero con razón.

El presidente sin presidencia

Suazo Córdoba era el flamante presidente de Honduras y Gabriel García Márquez, el Nobel. Así que después de hechas y retransmitidas las preocupaciones del colombiano más ilustre de todos, y después de que Honduras tuviera que sofocar el plan estadounidense, Rosuco le envió una carta «muy respetuosa», según García Márquez, donde lo invitaba a viajar a Honduras y comprobar él mismo, y sobre el terreno, la falsedad de sus declaraciones. La carta terminaba con una frase que –dice García Márquez– adquirió después una significación especial: «Honduras no levantará jamás un arma contra sus vecinos». No «un arma», pero sí tres aviones cargados de bombas.

García Márquez rechazó la invitación. Según él cuenta, consultó con varios periodistas más versados que él en «los misterios de la región y, sobre todo, algunos periodistas extranjeros que se la saben de memoria», quienes lo convencieron de que iba a meterse en la trampa de no encontrar nada en una frontera extensa y difícil (La Mosquitia), y a regresar a México –continúa diciendo García Márquez– con el compromiso ético de divulgarlo a los cuatro vientos. Pero más que aquello, lo que lo terminó de convencer fue la «rara unanimidad» en cuanto a los poderes reales del presidente Suazo Córdoba: «Nadie creía, y menos ahora —decía García Márquez—, que en realidad dispusiera de alguna facultad de decisión, pues había sido impuesto en unas elecciones de fantasía sólo para improvisar en Honduras una apariencia democrática (…)».

El Nobel culmina su larga reflexión acerca de Suazo Córdoba diciendo que él bien sabía que el verdadero poder en Honduras lo tenía y lo ejercía con puño de hierro el jefe del Estado Mayor, Gustavo Álvarez Martínez (quien fuera asesinado unos años después mientras iba a comprar una biblia), y que Suazo Córdoba «el presidente sin presidencia» entretenía sus ocios mandándole telegramas para despistar a los favorecidos por la Fundación Nobel.

Nuestra respuesta es la vida

Años después, es pertinente apreciar lo que hizo entonces Gabriel García Márquez por Centroamérica, esa casa de cinco cuartos donde todos viven encerrados sin preocuparse o hasta sin saber lo que sucede ahí tan cerca, del otro lado de la pared; haciéndonos cada vez más desconocidos, menos libres y más solitarios. Donde hoy en día tenemos cuatro países abismados, talludos, en donde los dictadores –de izquierda y de derecha– siguen asesinando, violando y burlándose de la gente sin que la multitud levante ya no al menos el dedo, sino que ni siquiera la cara.

Pero como decía García Márquez en su discurso del Nobel: «Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida». O como me dijo aquel piloto hondureño ya retirado: «Qué bueno que después nos sacaron de aquel cuarto. Y que, al fin, quién sabe por qué, si fue por esa noticia de García Márquez, no se hizo la misión. A veces tengo ganas de visitar ese pueblo que íbamos a atacar –dice, y se queda pensando–. Había una iglesia blanca y muy hermosa que se miraba desde el cielo. Quisiera ir y caminar por ahí, ver a su gente, conversar con ellos, y entrar a aquella iglesia sabiendo y tratando de olvidar, tal vez, que yo pude acabar con todo eso».

Texto: Vivian Peralta
Ilustración: Pixabay

El jueves la esposa llegó a visitarlo alrededor de las diez de la mañana. Saludó de mal genio, con gesto arrogante, viendo a los trabajadores por encima del hombro.

No se topó con Roxy, ella entraba tarde ese día.

Siguió directo a la oficina de su esposo, ahí estaba él con la cara pálida, ansioso. Los ojos casi se le salen al verla frente a su escritorio con su celular, el de él, en la mano. ¿Lo había olvidado en el comedor un par horas antes, mientras desayunaban?

Un silencio inundó la oficina. Él no pronunció palabra, estaba esperando las afiladas palabras que saldrían de la boca de ella.

Pero apenas extendió la mano para entregarle el celular, sonrió, lo besó y se fue.

¿Qué fue eso? ¿Ni una bofetada, ni un reclamo?

Durante el transcurrir del día, la angustia fue creciendo.

Roxy llamó a la oficina una hora después de que se fuera la esposa; se excusó diciendo tenía un problema familiar y viajaría al interior del país.

Entonces fue cuando él comenzó a vivir su peor pesadilla. Con el transcurrir de las horas, la paranoia fue acabando con su equilibrio, no podía ser eso una coincidencia. Recordó las palabras de su esposa, las que le recitó casi a carcajadas la última vez que lo perdonó: «Ha de ser tu muerte y la de la otra, las que hagan inmortal mi nombre».Le parecieron un arranque de locura en ese momento, pero aquella mañana sonaban como las voces en las películas de terror.

Al llegar la noche, tuvo que volver a casa.

La escena que se encontró al abrir la puerta lo desconcertó todavía más: su esposa tenía preparada una cena romántica con velas, pétalos de rosas rojas y llevaba puesto un vestido rojo. Confundido, sintió un piquetazo fuerte en su pecho.

La mujer se acercó, le quitó el saco, lo llevó de la mano hasta sentarse y le hizo un masaje en los hombros y cuello.

– ¡Qué tensión te cargas, amor!

Tartamudeó al responder:

–Tengo encima a los proveedores con los cobros.

–Deja tu trabajo allá afuera, te lo he dicho siempre.

Estaban sentados disponiéndose a comer cuando la mujer sirvió en copas un vino con casi nada de alcohol.

–Brindemos por el amor, por el amor propio –enfatizó.

Sonaron las copas.

Él no tenía mucha hambre, y aparte temía ser envenenado. Agarró un pedazo diminuto de carne con el tenedor y justo cuando lo acababa de morder, ella le preguntó a modo de comentario.

–¿Será rica la carne humana, será blanda o dura?

Roxy vino a su mente. Los besos tiernos que se daban, las confidencias, sus encuentros en aquel escritorio que sirvió de colchón. Sintió nauseas solo de pensar que, quizá, se estaba comiendo a Roxy pero en otra forma. Siguieron las atenciones de su esposa marcando ese ambiente de tinieblas. Al finalizar la cena, ella comenzó a seducirlo, acariciándole el cabello, cantándole al oído como arrullando a un bebé. ¿Realmente estaría intentando salvar su matrimonio o poniendo en marcha un plan macabro? Lo cierto es que estaba haciendo cosas que nunca antes había hecho.

Subieron a la habitación, donde ella le tenía preparado todo para una relajante ducha.

Él se dejaba llevar en un estado de marioneta, y cómo no disfrutar ese momento aunque fuera el último. Mientras estaba en el baño, se imaginaba que su esposa entraba con un cable pelado y conectado a la corriente para electrocutarlo y así vengarse de que la engañara tanto. Se bañó más rápido que nunca, con los ojos fijos en la puerta, listo para cualquier ataque.

Al salir del baño, su esposa le esperaba luciendo un baby doll blanco. Suspiró. Ella lo invitó a acercarse. Jugaron guerra de lenguas, y la batalla cuerpo a cuerpo hacía que bajaran torrentes de sudor por su piel. Ella mordía sus orejas, le halaba el pelo, arañaba su espalda, se prensaba a su cintura, mientras un suave vaivén los hacía perderse desbordados por la pasión. Cayeron los libros y la lámpara de la mesa, donde sus dos cuerpos hicieron de nuevos adornos.

Todo iba bien hasta que a él lo traicionó su corazón. Había olvidado tomar sus pastillas y casi le da un ataque. Por salud paró la batalla.

Tres días después, Roxy regresó a las actividades normales en su trabajo.

Y aquel día,antes que su esposo, ella llegó nuevamente y llamó a Roxy a la oficina de él, donde permanecieron las dos esperándolo.

Él, qué entró sin saber lo que ahí vería, sufrió un infarto apenas cruzó la puerta y encontró juntas a las dos mujeres.

No soportó la presión.

Ella conocía bien a su esposa. Sabía cómo hacerlo enloquecer, sabía que su corazón no andaba bien. Y lo torturó lento, muy lento, hasta darle el golpe de gracia.

Roxy, Roxy renunció. Y no asistió al entierro.

El pasado 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) reclamó al Estado de Honduras, a través de una protesta dentro del Ministerio Público, la falta de investigación en la desaparición forzada de cuatro garífunas en el norte de Honduras. No hay avances en las investigaciones a pesar de las exhortaciones del Sistema Interamericano. Además, se denunciaron tratos racistas y denigrantes de funcionarios actuales.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

Alrededor de 300 garífunas, con el apoyo de algunos líderes lencas y de otros pueblos originarios, entraron en medio de cantos y rituales ancestrales al Ministerio Público en Tegucigalpa el pasado 9 de agosto de 2022. Esto con la misión de reclamar al fiscal general Óscar Chinchilla la poca o nula investigación en el caso de los cuatro garífunas desaparecidos el 18 de julio de 2020.

Antes de llegar al Ministerio Público, integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) se manifestaron en avenida La Paz en la capital, cerca de la Embajada Americana. A través de un megáfono, una voz solicitó la aparición de los cuatro garífunas desaparecidos. «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!», fue la consigna de la organización.

Posteriormente se desplazaron al Ministerio Público, donde Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, tomó la determinación de entrar al edificio junto a representantes de 46 comunidades garífunas que estaban con ella. Detrás de ella iban todos los que exigían justicia por la desaparición forzada de los cuatro garífunas y quienes llenaron los pasillos del Ministerio Público exigiendo una reunión con el fiscal general.

En la madrugada del 18 de julio de 2020, personas armadas y con chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI) secuestraron a cuatro garífunas, entre ellos, el presidente del Patronato de la comunidad Triunfo de la Cruz y miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Albert Snaider Centeno.

«Solo entren tres», cuenta Miriam que le dijo el guardia de seguridad antes de dejarla entrar al edificio. «No, aquí no hay tres», le contestó ella.

Después de entrar llegaron frente a la oficina de Óscar Chinchilla, el fiscal general, pero nadie abrió la puerta.

Luego de un par de horas de permanecer dentro de las instalaciones del Ministerio Público, el grupo de Ofraneh salió a emitir un pronunciamiento en el que condenaban la inoperancia y los tratos racistas del Gobierno respecto a los distintos pueblos originarios. Mientras ellos se encontraban ahí, ninguna autoridad del Ministerio Público los recibió o dialogó con ellos acerca de sus peticiones.

Miriam Miranda, tras emitir un pronunciamiento final en las afueras del Ministerio Público, explicó a Contracorriente que esta acción fue impulsada por la lucha histórica que tienen como Ofraneh, organización en la que son conscientes de que sin presión, sin lucha y sin resistencia, no hay avance. La coordinadora de la Ofraneh recordó que el año pasado se conformó una delegación exigiendo respuestas por la desaparición forzada de los cuatro líderes garífunas, sin embargo, según Miranda, esto no funcionó..

«El pueblo garífuna tomó la decisión de entrar porque ya está cansado, sabemos que la próxima vez que nos miren van a poner barrotes y nos van a correr rapidito para que no entremos, pero siempre hay forma de entrar», expresó.

Hasta la fecha, a pesar de los reclamos del Ofraneh y la presión internacional, la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público no presenta avances en la investigación de este hecho.

Además, en agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado de Honduras investigar la desaparición de los cinco garífunas y la protección de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Piedra Parada, al norte de Honduras. En el 2015, la CorteIDH emitió sentencias a favor de las comunidades del Triunfo de la Cruz y Piedra Parada en Tela, departamento de Atlantida, por violación del derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio ancestral y el derecho a la consulta previa, libre e informada.

De esto nada se ha cumplido, dijo Miriam, pues en sus territorios habitan de manera ilegítima empresarios, funcionarios y narcotraficantes, quienes además instalan sus proyectos sin consulta previa al pueblo garífuna.

«Muchos de estos funcionarios públicos no solamente tienen una playita, o una casita para ir a visitar, también se han apoderado de los territorios, se han apoderado de la playa, se han apoderado de nuestras tierras, y siguen apoderándose de nuestros territorios. Estamos nosotros cansados y cansadas, va a llegar un momento en el que no van a poder acercarse a ninguna comunidad garífuna», sostuvo Miriam.

Los intereses detrás de que no se investigue la desaparición forzada

El abogado y defensor de derechos humanos, Edy Tábora, quien acompaña al El Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de La Cruz (Sunla) en la investigación de este caso, explicó a Contracorriente que el 20 de julio del 2021 la Ofraneh presentó al Ministerio Público una solicitud en la cual exigen la creación de un mecanismo de investigación en el cual tenga participación el pueblo garífuna, esto, según Tábora, ante la inoperancia de los entes investigativos.

El Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de La Cruz (Sunla, en garífuna), está integrado por los familiares de los garífunas desaparecidos y por un grupo multidisciplinario de profesionales en distintas áreas. El defensor de derechos humanos indica que esta iniciativa surge debido a la poca información que proporciona el Ministerio Público sobre la desaparición forzada de los cinco garífunas.

La Ofraneh exigió la creación de una fiscalía especial para la investigación de este hecho, y que se nombre a un fiscal especial en el caso. También pidieron que se tome en cuenta la participación activa de las víctimas en el proceso, debido a que la Fiscalía especial de las Etnias no está llevando el caso de los cuatro garífunas desaparecidos, sino la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.

«Hay que recordar que en el Ministerio Público la Fiscalía Especial de Etnias solo cuenta con tres fiscales para atender todo Honduras, para atender todas las violencias contra los pueblos indígenas en el país. Y solo el pueblo garífuna tiene aproximadamente de 10,000 denuncias presentadas en esa fiscalía y no hay ninguna respuesta», manifestó Edy Tábora, quien agregó que el Ministerio Público no está a favor de los pueblos ni de la ciudadanía en Honduras, sino que está puesta a disposición de los grupos de poder, las mafias de la corrupción y del crimen organizado.

Tábora calificó como alarmante la postura tomada por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de su titular Manuel Antonio Díaz Galeas, quien –según Tábora– está empecinado en que no se puede realizar un proceso de saneamiento en las tierras garífunas en vista de que estas están en manos de terceros. Esto lo han expresado en las dos sentencias de la Corte-IDH contra el Estado de Honduras en los casos de Piedra Parada y Triunfo de La Cruz. En este último, la Corte Interamericana ordenó la restitución y el saneamiento de las tierras del pueblo garífuna.

«Todos los pueblos están siendo objetos de unos mecanismos graves de despojo del territorio y de violencia, que al final tiene por finalidad desaparecer los pueblos indígenas de este país, desaparecer su cosmovisión, pero que no lo van a lograr porque son pueblos que se han mantenido en resistencia durante siglos», manifiesta Edy Tábora.

El defensor de derechos humanos considera importante que se conozca la lucha de los pueblos garífunas, quienes están exigiendo sus derechos ancestrales y son preexistentes al Estado. «Son pueblos que cuentan con derechos que se han ido aprobando a través de normas internacionales, pero que en Honduras no se avanza ni a nivel normativo ni a nivel práctico en la garantía del respeto de los derechos indígenas en el país», señaló el abogado Edy Tábora.

Denuncia de racismo institucional

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, rechaza la forma en la que algunos representantes del Gobierno actual se han dirigido hacia los pueblos indígenas, lo que, a su juicio, demuestra que vivimos en un estado racista y que se sustenta en las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos.

«¿Cómo es posible que en este país exista ese racismo institucional, donde se mira a los pueblos indígenas como lo peor? Cuando en otros pueblos, como en Paraguay, hasta los funcionarios públicos hablan guaraní, un idioma indígena», indicó Miriam, quien señala que en la sociedad hondureña se menosprecia a los pueblos originarios cuando en realidad han sostenido al país con su lucha.

La coordinadora de Ofraneh mencionó que en ningún momento esta movilización era para solicitar dinero ni para tomarse fotografías con los funcionarios públicos.

Miranda se refirió a las declaraciones del expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, quien mediante una reunión pública con líderes lencas del departamento de Lempira trató despectivamente a distintos alcaldes de ese departamento. «No hay dinero, que no entendés», le dijo el expresidente a Darwin Reyes, presidente del proyecto de pavimentación en Lempira, cuando este preguntó acerca de la continuación de un proyecto carretero en el departamento. Manuel Zelaya también se refirió a Reyes como alguien «durito» para entender. Finalmente expresó que si él no entendía, los demás ahí presentes tampoco entendían.

En ese mismo evento, otro miembro de las comunidades lencas intervino en la conversación para aportar su opinión: «Somos lencas y entendemos lo que se nos dice, y comprendemos, y tenemos pensamiento crítico», dijo.

«Nos dicen (a los pueblos originarios) que no entendemos –aseguró Miriam Miranda–, que somos brutos, ¡si los brutos son ellos! Ellos que no entienden y vienen a decirnos después de 500 años que no entendemos, ¿y por qué seguimos vivos? Porque conocemos lo que queremos y sabemos nuestros derechos. Van a seguir persiguiéndonos, judicializándonos y criminalizándonos, pero no nos van a hacer desaparecer, que es lo que quieren ellos. Han querido hacernos desaparecer a todos los pueblos originarios y no han podido».

Miriam Miranda agregó que el país no avanza por estos comportamientos y que la refundación del país no está en los funcionarios, sino en la población y los distintos pueblos originarios. La coordinadora de la Ofraneh sostuvo que la lucha de todos los pueblos y organizaciones indígenas debe de ser la misma: velar por el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos.

El informe Situación de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Oacnudh) contabiliza que 169 defensores del medio ambiente y de la tierra fueron víctimas de ataques. Además, el informe calificó como «preocupante» que a la fecha no existieran avances en la investigación de los hechos ni en las acciones para ubicar a estas personas a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.

La ONU envió un borrador del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU) que ahora es analizado por el gobierno de Xiomara Castro. Tres expertos en anticorrupción compartieron sus experiencias en un twitter space organizado por Contracorriente para responder qué se necesita para lograr una Cicih exitosa en Honduras.

Texto: Persy Cabrera
Fotografía: Jorge Cabrera

La experiencia de otro país, en este caso, Guatemala, que ya tuvo una Comisión Internacional Contra la Impunidad de la mano de la ONU, puede ser el mejor punto de partida para conocer los obstáculos y necesidades que permita preparar el camino para la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih). Incluso, esa experiencia puede brindar algunas pistas para evitar que los resultados anhelados por la población hondureña retrocedan cuando esa comisión sea disuelta.

Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala –recientemente exiliado de su país tras ser destituido de su cargo– fue pieza clave en la lucha contra la corrupción junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), labor que imputó a más de 250 personas por corrupción en este país centroamericano. En ese camino, la experiencia de Guatemala puede enseñar a Honduras qué se necesita para que la Cicih funcione aquí, si es que llega a ser implementada.

Sandoval recalcó la importancia de que una de las necesidades para que la Cicih sea exitosa y evite un «paso atrás» en materia de corrupción, es la voluntad política. «¿Por qué no se logró desarticular a su plenitud todas aquellas situaciones que provocan impunidad y que ahora tienen en una atmósfera regresiva el sistema de justicia en Guatemala? La inexistencia de voluntad política» enfatizó Sandoval y agregó que ninguna misión internacional por sí sola puede cambiar la problemática hondureña si no se acompaña de la voluntad política de los poderes del Estado.

Honduras tiene también la experiencia de la instalación de un mecanismo anticorrupción de la mano de un organismo internacional, en este caso de la Organización de Estados Americanos (OEA). La experiencia fue positiva en tanto que se lograron evidenciar redes de corrupción como «La red de diputados». Sin embargo, los procesos fueron obstaculizados, algunos actores importantes lograron blindarse y la misión no tenía independencia jurídica y política.

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— Contracorriente (@ContraC_HN) August 6, 2022

Además, hay diferencias sustanciales entre los niveles de independencia de ambos mecanismos. En Guatemala, la Cicig contó con la facultad de ser querellante adhesivo en los procesos que inició junto con la FECI del Ministerio Público, mientras que en Honduras, el organismo de la OEA solo podía acompañar técnicamente a fiscales del Ministerio Público sin poder accionar legalmente en los procesos.

El Congreso Nacional fue el que recomendó al Poder Ejecutivo no renovar el convenio que hacía posible el funcionamiento de la Maccih. Una de las justificaciones para de esa recomendación fue acusar a la Maccih de realizar «múltiples violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales».

La abogada peruana, Ana María Calderón –exjefa de la Maccih– recordó que en el primer caso investigado por la misión, conocido como «Red de Diputados», la oposición fue casi inmediata. Los diputados crearon leyes para conseguir el archivo de las investigaciones. «Este primer caso no solo mostró la existencia de redes de corrupción al más alto nivel, que no solo drenaba fondos del Estado, sino que también las élites se podían unir para generar leyes de impunidad», explicó Calderón.

El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, señaló tendencias regresivas después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih/OEA) no fue renovada aunque logró la judicialización de 14 casos en los que se procesó a 113 personas. «Desde que se fue la Maccih, aunque parezca paradójico, así como está nuestra legislación en Honduras, estábamos mejor antes de que llegara Maccih». Santos señaló también que fue después de la participación de esta misión en la lucha anticorrupción que las personas involucradas en estos actos comenzaron a reformar leyes como respuesta.

Respecto al borrador del memorándum que la ONU hizo llegar al Gobierno de la República, Santos mostró preocupación de que al final de este queda abierta la selección de personal que trabajará con la comisión internacional. «Yo entiendo ahí claro que como puede ser la Uferco, puede ser otro personal que se seleccione. Eso quizás también puede estar siendo objeto de negociación ¿por qué se dejó abierto al final de ese memorándum?» declaró Santos, quien también fungió como jefe en la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Santos se refirió a la Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que contiene la instalación de la Cicih y el decreto de Amnistía aprobado en el congreso nacional para eliminar procesos penales en contra de presos políticos, defensores del medio ambiente y ex funcionarios del ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009). «El perjuicio que se podría haber causado con esa amnistía ya se causó, aunque se derogue las personas que ya fueron beneficiadas no pueden volver sus procesos atrás porque no tiene carácter retroactivo». Agregó también que por esta razón algunos juristas del país dieron como solución un recurso de inconstitucionalidad que «volvería las causas al momento en el que fue aprobado».

Además expresó dudas sobre la instalación de la Cicih en Honduras por el proceso de fases que se lleva a cabo. «Yo no estoy seguro que se vaya a establecer una segunda fase porque va a depender de todo lo que se encuentre en estos primeros seis meses que se haga ese diagnóstico». Según el fiscal, el ambiente puede ser desfavorable para la instalación de esta comisión internacional por la tendencia regresiva en políticas anticorrupción tras la no renovación de la Maccih.

El exfiscal Francisco Sandoval expuso que la voluntad política que propiciaría un camino productivo a la Cicih puede iniciar con la derogación de leyes que crean impunidad. Para ejemplificar, el fiscal guatemalteco destacó el decreto 57-2020 que interpreta tres artículos del Código Procesal Penal los cuales -dijo- están relacionados con las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados a la investigación de un delito. De acuerdo a expertos –incluido Sandoval– este decreto limita y obstaculiza la confiscación de documentos en las investigaciones anticorrupción.

«Imagínese que para ejecutar un secuestro de información, primero tienen que ir a pedir de favor a una institución del Estado o a quien está siendo objeto de investigación que les entreguen la información por las buenas…», agregó Sandoval.

Sandoval también consideró que el estatus especial dado por el Congreso Nacional a la Uferco tiene un «efecto declarativo y una intención política» porque está sujeto al desempeño del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, y añadió que «si la intención es fortalecer esa fiscalía, debería permitirle trabajar de forma independiente sin la necesidad de un documento casuístico y dotar de todos los recursos materiales y humanos indispensables para hacer efectivo el trabajo».

El fiscal Luis Javier Santos, sobre el presunto estatus especial que el Congreso Nacional anunció haberle otorgado a la Uferco, expuso que «se está mandando un mensaje a la población y se hace creer que la Uferco ya tiene “súper poderes” y no es así».

Las recomendaciones de Francisco Sandoval a las autoridades hondureñas se pueden resumir en voluntad política, derogación de leyes que crean impunidad y un fortalecimiento real a la Uferco. También señaló que se debe analizar el «detrás de» lo superficial en la política hondureña porque son estos poderes que están detrás los que propiciaron el resurgimiento de redes de corrupción y en consecuencia, el exilio de más de 20 operadores de justicia guatemaltecos, incluido Sandoval.

Poderes «ocultos»

De su participación junto a la Cicig en la lucha anticorrupción, Sandoval recordó que, en el año 2015, el apoyo en esta batalla era mayoritario porque se apuntaba a los políticos de turno. Lo que recomienda a Honduras el ex fiscal es identificar a «quiénes están detrás de esas caras visibles y se debe tener también la mirada puesta en que existen poderes ocultos que son quienes sostienen un régimen».

Al final de su participación en este Space de Twitter organizado por Contracorriente, Sandoval invitó a Honduras a que conozca parte de la historia de un país al que todavía no puede regresar, Guatemala. Explicó que si la Cicih llega a Honduras se debe aprovechar el presente y crear mecanismos de blindaje para que el sistema de justicia para que «pueda soportar todos los embates que seguramente va a sufrir de parte de estos poderes que están detrás de».

«Creo que lo que en algún momento se dieron cuenta en Guatemala estos poderes –hablo del sector privado usuario del sistema corrupto– es que descuidaron el sistema judicial y para ellos eso significa que es que empezara a funcionar la justicia. En Honduras lo que debe hacerse es aprovechar esa experiencia y verificar en qué hubo fallos en el funcionamiento de la comisión [Cicig] allá en Guatemala. La cúspide de su trabajo también fue el declive pero ¿a qué respondía? A que se tocaron esos intereses», aconsejó Sandoval.

Además, el ex fiscal del Ministerio Público de Guatemala advirtió sobre los discursos que apelan a un «falso nacionalismo» y destacó la importancia de la sociedad civil en el trabajo anti corrupción porque además de tener un rol de activismo, a su juicio, también protagoniza un papel pedagógico en la materia de cultura de la legalidad. «Va a ser escuchado el famoso discurso de “podemos solos, se está invadiendo la soberanía del país” y en realidad lo que se protege es la soberana impunidad. La soberanía radica en el pueblo», concluyó.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, propuso multar a las personas que lleven a lavar sus carros a los carwash ubicados en el bulevar rumbo a la aldea Armenta, pues a su juicio estos negocios causan un daño ecológico al Río Blanco. Los lavadores de carros creen que la medida es provocada por presiones de universidades y empresas.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Archivo CC

Jobeb trabaja como lavador de carros en un carwash ubicado en la orilla del Río Blanco, donde vino hace dos años desde Santa Bárbara, en el ociddente de Honduras. Diariamente Jobeb lava entre cinco y seis carros. Pero desde hace dos semanas, dice Jobeb, los clientes han dejado de llegar.

Ahora, el muchacho de 22 años trabaja en uno o dos vehículos que solo le dejan aproximadamente 100 lempiras (5 dólares) diarios de ganancia.

El pasado 21 de julio, el alcalde Roberto Contreras manifestó a medios de comunicación que establecería, a través de una orden municipal, una multa a todas las personas que laven los vehículos en uno de los 42 puestos de lavado que se ubican en la orilla del bulevar que lleva a la comunidad de Armenta. La acción está justificada, según el jefe edilicio, en lo que considera «un grave daño ecológico al Río Blanco».

Contreras aseguró que él no se meterá con quienes tengan sus puestos de trabajo a la orilla de la calzada mencionada, pero que multará a quien lleve sus carros a lavar con ellos. La sola amenaza ha provocado una reducción del 70 % de los clientes, asegura Luis Tejeda, dueño de un carwash en la zona. Si antes lavaban 10 vehículos, ahora solo consiguen lavar 3. «Don Roberto dice que no se mete con nosotros, que podemos seguir ejerciendo nuestra labor, pero no podemos porque él tiene amenazado al pueblo, a nuestros clientes», manifestó Tejada, un hombre de piel trigueña, curtido por el sol.

Tras las declaraciones del alcalde, el 27 de julio del 2022 trabajadores y dueños de los carwash se tomaron por unas cuatro horas el bulevar que lleva a la Universidad Tecnológica de Honduras y al centro de negocios Altia. Exigían la presencia del alcalde Contreras para dialogar sobre la medida que pretende tomar y que afectaría directamente a unas 400 personas que laboran diariamente en el lugar. Uno de ellos es Jobeb, que antes de lo dicho por el alcalde, en una buena semana podía ganarse unos 2,000 lempiras. «Ahorita no se hace nada», se queja.

Este no es el primer intento por desalojar a los lavadores de carros de la orilla del bulevar rumbo a Armenta. En diciembre de 2020, el exalcalde Armando Calidonio –ahora regidor de la Alcaldía– pretendió usar la fuerza para desalojarlos. El intento terminó con una persona asesinada. En aquella ocasión, se informó que el motivo del violento desalojo era que «estas personas ubicadas en este bordo están causando contaminación ambiental en la zona y que cada día se expanden más». Más de un año después, el razonamiento del nuevo alcalde –que logró el triunfo con una bandera populista de apoyo a los pobres– usa el mismo razonamiento, pero busca implementar otra estrategia: castigar a los potenciales clientes de los lavadores de carros con exorbitantes multas.

Cuando ocurrió el asesinato del lavador de carros en diciembre de 2020, el actual vicealcalde sampedrano Omar Menjívar era candidato a Alcalde de San Pedro Sula. Menjívar dijo en ese momento que a las entonces autoridades municipales lideradas por Armando Calidonio veían a los lavadores de carros como «un paisaje feo para su gusto, que seguramente incomodaba a los propietario o la universidad, esta que está acá al lado, o al centro comercial que está más adelante, Altia y Altara. Es probable que esas sean las intenciones de la Alcaldía, lo cual, por supuesto es reprochable, porque la Alcaldía tiene que pensar en los seres humanos, no en ataques criminales como lo que hizo hoy». Después de las protestas del 27 de julio de 2022, Contracorriente contactó a Menjívar, pero este no respondió los mensajes de solicitud de entrevista.

El joven asesinado en diciembre de 2020 fue identificado como Rafael Flores Hernández, de 24 años de edad, quien murióa balazos cuando la Policía Municipal de San Pedro Sula, acompañada por militares, ejecutaron una resolución de desalojo ordenada por la Alcaldía presidida por el nacionalista Armando Calidonio. La víctima era dueño de un pequeño carwash ubicado en la orilla del río. Según los vecinos, Flores Hernández intentó defender su negocio para que no fuera destruido por los tractores municipales que llegaron al sitio.

LEA:Un muerto durante un desalojo reabre heridas en los bordos de un río en San Pedro Sula

El lunes 1 de agosto de 2022, los lavadores de carros hicieron un plantón frente a la Municipalidad de San Pedro Sula para intentar hablar con el jefe municipal, pero se negó a recibir a la comisión que ellos habían nombrado. «No hemos llegado a ningún acuerdo porque en ningún momento nos ha querido escuchar. Lo hemos llamado públicamente a través de los medios de comunicación, nos hemos manifestado y el señor de ninguna manera nos ha querido escuchar», dice Luis Tejada.

Hubo cuatro representantes del movimiento de los lavadores quienes lograron hablar con Contreras. Lo abordaron de imprevisto, dicen, después de esperar a la salida de la Municipalidad. En primera instancia, el alcalde les mencionó que ellos no tienen que estar ahí (en la orilla del río), pero que le presentaran un plan para evitar que las aguas grises que se producen por lavar carros lleguen al río. El plan solicitado tiene que ser desarrollado por un ingeniero en infraestructura. «Cuatro muchachos hablaron con él y dijeron que les propuso que hicieran filtros, pero todos sabemos que es una estrategia porque él sabe que no tenemos dinero para eso, sabe que somos luchadores», sostiene Tejada.

Y ahora, con la ausencia de clientes tendrán menos recursos, dice Óscar, otro de los dueños de carwash, quien nos cuenta que en su improvisado negocio llegaban a diario de 12 a 15 carros; pero que en las últimas dos semanas solo han llegado cuatro o cinco. La gente no llega pese a que las multas propuestas por el alcalde –que van de 1,500 a 5,000 lempiras– ni siquiera han entrado en vigencia, pero la moción será evaluada por el pleno de la corporación del 11 de agosto.

El 27 de julio a Óscar le derribaron la rústica construcción de zinc y madera donde recibía a los clientes. Además, le fue arrancada una fundición de cemento en la que se lavaban los vehículos. Asegura que su inversión era de unos 35,000 lempiras. El día que máquinas municipales arrancaron su construcción, sus amigos detuvieron vehículos y pedían ayuda económica para reconstruir el negocio.

En declaraciones realizadas el 1 de agosto de 2022 por el alcalde Roberto Contreras, reiteró que él no tiene nada contra los lavadores; pero también dejó claro, aunque no explícitamente, que los dejará sin ese trabajo: «No tenemos nada en contra de las personas que lavan vehículos ahí, el asunto es que vamos a regular a las personas que llevan a lavar los carros a ese lugar porque no es un lugar donde se deben lavar carros. Es una contaminación enorme el daño que se le ha causado a Río Blanco», manifestó.

Los lavadores de carros comentan que hay residenciales, un centro turístico y una empresa recicladora que también afectan las aguas del Río Blanco, pero que sobre esto no se ha dicho nada: «Hay aguas negras de la colonia Río Blanco que desembocan ahí. ¿Cómo nos va a decir a nosotros que contaminamos el río?», se pregunta Luis Tejada.

Luis nos dijo que la intención de acabar con los carwash obedece a la presión de gente que no los quiere ver ahí más que al daño ecológico que menciona el alcalde: «Es una presión por la forma de vivir de nosotros, tenemos a los empresarios que les molesta. Ahí está la UTH que tiene visitas de muchos turistas y les preguntan ¿qué pasa con esta gente? Cualquier alcalde que venga tendrá esa presión porque a ellos les incomoda que estemos aquí, pero no hacen nada para que salgamos de la pobreza», dijo.

Al respecto, Contreras ha confirmado que existen múltiples quejas ante la Alcaldía por «problemas» generados por la actividades de los lavadores, y que estas son de las múltiples quejas de vecinos de colonias aledañas, universidades y los call center que les reclaman a las autoridades que hay hasta talleres de mecánica funcionando ahí: «Incluso el aceite quemado que sacan de las rastras lo tiran al río. No vamos a permitir la contaminación del río», dijo el jefe edilicio.

En el sector del río Blanco, la línea entre la pobreza y la abundancia es apenas una carretera de dos vías. El asfalto es la frontera entre el Bordo de Río Blanco, su hacinamiento y sus pobrezas, en contraste con una zona de alta plusvalía en la que se ubica la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), Altia Business Park y colonias exclusivas, como Villas Matilda y Los Alamos. Estos contrastes no son extraños en un país con un 73 % de su población en pobreza.

El 27 de julio de 2022, cuando los dueños y trabajadores de carwash hicieron una protesta y quemaron llantas, también fueron acompañados por muchos pobladores del bordo de Río Blanco, que también se sintieron amenazados con la determinación de Roberto Contreras de acabar el lavado de carros a orillas del río. «Que nos dé donde vivir y nos vamos», gritaba indignada una mujer con el cabello pintado de rojo.

Samuel Cubas es pastor evangélico en la comunidad y también es el presidente del patronato, y él no cree que haya ninguna intención de moverlos. Cuenta que tiene 20 años de vivir en el bordo y hace unos 10 años comenzaron los rumores que los van a desalojar: «No son cinco casas; y como está el país no lo creo conveniente (el desalojo), en el bordo viven aproximadamente 1,500 familias», dice.

No obstante, la campaña realizada contra los lavadores de carros la calificó como «injusta», pues son muchas las personas que sobreviven de ese ingreso, que aunque sea precario les ha cambiado la vida: «Mire aquí hay montón de muchachos que andaban perdidos y ahora tienen su trabajito, pero si lo pierden pueden volver a caer».

Para el pastor Cubas no todo lo propuesto por el alcalde es malo, pues no tirar sucio al río lo ve conveniente y también quitar las cantinas, «pero hay que dejarlos trabajar –dice–, aquí hay bastante gente que se mantiene de eso».

El religioso hace una mirada retrospectiva a las elecciones de noviembre de 2021, cuando Contreras ganó las elecciones, y asegura que «muchos querían el cambio y ahora se está dando vuelta».

Ante la pregunta de si los lavadores de carros votaron por Contreras en las elecciones pasadas, Luis Tejada esboza una sonrisa picaresca y dice: «Todos, todos votamos por Roberto Contreras –dice, y sigue riendo–; porque él nos vino a engañar y vino a decir: “San Pedro Sula, Ciudad de Emprendedores”».

“Todos, todos votamos por Roberto Contreras porque él nos vino a engañar y decir: San Pedro Sula, Ciudad de Emprendedores”, Luis Tejada, lavador de autos

Tuit

En las elecciones pasadas, Contreras logró una abultada victoria con el 63 % sobre Armando Calidonio, quien buscaba un tercer período al frente de la comuna sampedrana. El triunfo le otorgó a la alianza conformada por Contreras y el Partido Libertad y Refundación seis regidores, que le permiten tener la mayoría en las sesiones de corporación, que es la instancia que aprueba o desaprueba asuntos como las eventuales multas por llevar los vehículos a lavar al Río Blanco.

Tejada recuerda que, en campaña, Contreras les prometió que bajo su gobierno «no pasaría lo que vino a hacer Armando Calidonio». El trabajador hace referencia a un hecho ocurrido en diciembre del 2020, cuando un lavador de carros del sector murió herido de bala en un violento desalojo. «Entonces todos votamos por él y ahora nos salió peor que Armando Calidonio. Creo que en San Pedro Sula fue el lugar (bordo de Río Blanco) donde más sacó votos», dice Luis. Y sigue sonriendo.

Fotografía: Jorge Cabrera
Texto: Leonardo Aguilar
Con reportes de María Celeste Maradiaga

En la mañana del martes 9 de agosto de 2022, en los pasillos del Ministerio Público en Tegucigalpa, zona central de Honduras, los empleados se sorprendieron al escuchar una familiar consigna: «El pueblo, unido, jamás será vencido». Se trataba de la voz unísona de aproximadamente 300 garífunas. La mayoría procedentes del litoral Atlántico y liderados por Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), quien caminó con decenas de sus compañeros por los pasillos interiores del Ministerio Público hasta llegar a la puerta de la oficina del fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla. Miriam, dándole la espalda a dicha oficina, desplazó su mano derecha hacia la puerta y la tocó tres veces, con firmeza, con la parte posterior de sus dedos. La oficina del fiscal general estaba siendo sacudida. Miriam, que agitaba un legajo de papeles, con el semblante serio, dijo: «Aquí, hace un año, en esta oficina, dejamos una petición al fiscal general. Nunca en la vida nos contestó. Y fue hace un año –¡hace un año!–: fue el 20 de julio de 2021 que introdujimos esa petición. Y ni siquiera nos dirigieron a nosotros una carta».

Mientras Miriam Miranda hablaba, las voces de sus compañeros se hacían sentir con fuerza: «¡Queremos respuestas!, ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos!». La comunidad garífuna apenas cabía en los pasillos. La respuesta de los empleados del Ministerio Público fue encerrarse en sus oficinas durante el tiempo que duró la protesta garífuna. Miriam prosiguió explicando que en esa carta, entregada al fiscal Óscar Fernando Chinchilla el año pasado, simplemente le pedían una cita para exponerle la necesidad de investigar la desaparición de un grupo de garífunas. «Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y, a siete meses de la sentencia de la Corte-IDH, no ha existido voluntad del Estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este Gobierno y no vemos tampoco voluntad política», dijo Miranda.

La Ofraneh exige el nombramiento de un fiscal especial para dar respuesta por los cuatro garífunas raptados el 18 de julio de 2020 en Triunfo de la Cruz. Entre los desaparecidos está Sneider Centeno, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz en el departamento de Atlántida y miembro de Ofraneh.También exigieron la eliminación de la Fiscalía de las Etnias, pues a su criterio estos no se encargan de investigar los delitos contra los pueblos originarios. «Las instituciones de este Gobierno solamente nos reciben y llevan a personas de los pueblos indígenas para tomarse fotos con ellos y ellas», agregó Miranda. La lideresa explicó que en el país el racismo institucional está latente, y que ellos –como pueblo originario– no llegaron a pedir dinero a Tegucigalpa «como aseguran los funcionarios», al tiempo que detalló que «no hay voluntad política tampoco de este Gobierno para poder reconocer los derechos del pueblo garífuna y de los pueblos indígenas».

NOTA: La protesta fue encabezada por el pueblo garífuna, sin embargo, también asistieron algunos representantes de otros pueblos originarios, entre estos, lencas y tawahkas. La sentencia a la que se refiere Miriam Miranda se registró el 8 de octubre de 2015 y fue dictada hace 7 años por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros.

El Poder Ejecutivo hondureño todavía no responde el memorándum de la ONU, que se conoció públicamente a finales de julio, en donde el organismo internacional –entre otras peticiones– pone como condición que el mecanismo anticorrupción, que fue solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen normativas que funcionan como un pacto de corrupción.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotos: Jorge Cabrera

A finales de julio de 2022, se conoció un borrador del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU), documento que contiene una serie de puntos o condiciones que se ponen en la mesa –de parte de la ONU– para la posible instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).

Durante su campaña, la presidenta Xiomara Castro prometió que instalaría en Honduras una Cicih de la mano de la ONU, quien ha puesto sobre la mesa este memorándum de entendimiento en el que solicitan que se sigan ciertos procesos y se produzcan reformas para que ambas partes puedan garantizar esfuerzos que vayan encaminados a reforzar tres cosas: 1) el estado de derecho, 2) la separación de poderes y 3) la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Pero aparte de exponer esas tres generalidades descritas, se mencionan en el memorándum otros puntos más específicos, y entre los cuales destacan la garantía de independencia del mecanismo a través de la figura del «acusador privado», y, asimismo, se manifiesta la necesidad de la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz.

El Gobierno de Honduras aún no ha contestado este memorándum, pero hay dos altos funcionarios negociando para dar una respuesta a la ONU: el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado y el Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina.

Edmundo Orellana le dijo a Contracorriente que, aunque ya está conformado el equipo técnico de la ONU para negociar una Cicih, del lado de Honduras todavía no está determinado concretamente cuántos serán los que integrarán el equipo, pero en principio está el canciller Enrique Reina y el mismo Edmundo Orellana.

El ministro agregó que están justamente «por tener el primer contacto en relación a dar respuesta al memorándum de entendimiento».

El pasado 14 de febrero de 2022, Xiomara Castro envió la solicitud a la ONU para el establecimiento de una Cicih. La respuesta de la ONU no tardó en llegar, el 14 de marzo el propio secretario general de la ONU, António Guterres, contestó positivamente y delegó la responsabilidad de las negociaciones en el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de La Paz de las Naciones Unidas.

Este departamento estableció una comisión técnica, que visitó el país entre el 8 y 14 de mayo de 2022, la cual contó también con la participación de miembros de la Oficina de Asuntos Jurídicos, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la Oficina Contra la Droga y el Delito y, además, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

¡Trabajamos día a día por fortalecer la lucha contra la corrupción!🔎 El día de hoy, la presidenta Xiomara Castro, recibió la visita de la misión evaluadora técnica de la @ONU_es para la instalación de la #CICIH. pic.twitter.com/27vRQ5RI8g
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) May 14, 2022

Hay otro factor muy importante que no contempla el memorándum, pero que puede influir en el proceso de instalación de una Cicih, y es el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recientemente emitió un documento denominado «La Verdad», en donde entre otras cosas critica que, en el año 2001, el Congreso Nacional realizó una reforma constitucional al Poder Judicial que había sido establecida por el constituyente en la Constitución original de 1982.

«Esta reforma (en cuanto a la incorporación de la Junta Nominadora) que se realizó para el Poder Judicial evidencia un retroceso y una distorsión a la democracia, porque conlleva un debilitamiento al Congreso Nacional en su condición de Poder del Estado que elige a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia», explica el análisis presentado por Luis Redondo.

Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, experto en derecho constitucional, el documento publicado por el diputado Luis Redondo es un ejemplo de cómo no deberían interpretarse las leyes: «Están absolutamente equivocados, y quien le hizo ese documento –porque no lo hizo él– realmente no le hizo un favor al señor Redondo, el Congreso sigue eligiendo y lo que está haciendo la Junta Nominadora es proponiendo», expone.

El abogado explica que Luis Redondo está recomendando la vuelta de la atribución absoluta del Congreso Nacional para elegir a los magistrados, algo que «por muchas décadas demostró que no servía, que era generador de corrupción, de sectarismo político».

Pineda agrega que el documento de Luis Redondo presenta serias contradicciones: «Por una parte presenta como un logro la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora, pero al mismo tiempo está diciendo que la Junta Nominadora es inconstitucional».

El proceso de implementación de la Junta Nominadora sí figura en el memorándum de entendimiento de la ONU como parte clave para lograr un acuerdo para la llegada de la CICIH.

Para Alvarado, hay en estos momentos una pugna de dos frentes en el Congreso Nacional: «Se quiere una Corte independiente por un lado y una Corte bajo control por otro sector político. Y el control de la Corte solo sirve para encubrir y apoyar proyectos de continuismo en el poder. Así ha sido siempre, así ha sido en Honduras, y creemos que estamos desconociendo este hecho. Necesitamos una corte independiente, efectiva y eficaz y no solo para el beneficio de un partido».

La exigencia de una Cicih independiente

Entre las peticiones específicas de la ONU establecidas en el memorándum está que, para avanzar a la «Fase 1», se pide al Gobierno de Honduras que consienta que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo internacional imparcial e independiente. Una vez cumplido eso, se enviará a Honduras un equipo de expertos que realizarán un diagnóstico de los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción.

El ministro Edmundo Orellana dijo que aún no discuten a profundidad algunos términos con la ONU, por ejemplo, el tema de la independencia del mecanismo, por lo cual el secretario de Estado dice que la independencia a la que se refiere el memorándum por ahora «se deduce de la misma literalidad que resulta de las palabras, porque todavía no nos hemos sentado para dialogar sobre los extremos o alcances de los términos de las articulaciones consignadas en el memorándum. Hasta que no nos reunamos será muy difícil contestar eso».

El memorándum también pide al Ejecutivo que se permita apoyo técnico por parte de la ONU «a la futura implementación» del marco normativo para el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, que incluye la recién aprobada Ley especial de organización funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ante esto, Edmundo Orellana manifestó que «cuando se envió el memorándum de entendimiento, ese documento, (la Ley de la Junta Nominadora), era un proyecto, ahora ya es ley. Ahora viene la fase uno, que es que un grupo de expertos de la ONU haga un diagnóstico sobre la legislación hondureña para identificar cuáles son las necesidades que tiene el país, según la materia para que ellos contribuyan con nosotros para elaborar nuevas leyes, proponer reformas o derogatorias».

El ministro afirmó que, como parte de estas negociaciones, Naciones Unidas acompañó ya el proceso de la Ley de Junta Nominadora –que se hizo en conjunto con la Secretaría de Transparencia, misma que él preside.

Edmundo Orellana agregó que ahí no se detiene la participación de Naciones Unidas, sino que «luego, en el momento que se instale la Junta Nominadora, podrán también suministrar a la Junta Nominadora los documentos que la misma ley le consigna».

Ante la pregunta de si debe ser la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) la fiscalía que continúe trabajando con un mecanismo internacional anticorrupción, como lo hizo antes con la Maccih, la diputada Silvia Ayala -presidenta de la Comisión Especial Legislativa- dijo a Contracorriente que «a la Uferco se le dio en un decreto todas las facultades para que tuviera independencia, que no ocupara autorización de la Dirección de Fiscales ni del fiscal general, para poder iniciar procesos de investigación y para poder interponer requerimientos fiscales. Porque este requisito –de que tuviera que contar con esta autorización– limitaba. Y se controlaba “a quiénes sí” y “en qué casos no” se podían iniciar requerimientos».

Exjefa de la Maccih revela los obstáculos de dicho mecanismo en Honduras

Recibí hoy de la Vocera Interina de @OEA_MACCIH, Ana María Calderón, el séptimo informe semestral de avances de la Misión. Más resultados visibles en apoyo contra la corrupción y la impunidad en #Honduras. Felicitamos a la Vocera Interina por su trabajo #OEAenHonduras pic.twitter.com/mBiv2wNA0m
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 21, 2019

Que un mecanismo internacional anticorrupción cuente con independencia y con herramientas –como la Ley de Colaboración Eficaz– puede significar un cambio profundo; sobre todo, si se toma en cuenta las experiencias de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

La fiscal internacional, Ana María Calderón, extitular de la Maccih en Honduras, dijo a Contracorriente que durante su estadía en Honduras se lograron pasos importantes en el circuito anticorrupción, como el trabajo de apoyo entre la Ufecic-Maccih, la presentación de 14 casos que mostraron las diferentes modalidades de corrupción, la implementación de los juzgados anticorrupción, sin embargo, afirma que hubo obstáculos que provinieron de los tres poderes del Estado.

«El Congreso, que su rol debería ser proporcionar un marco normativo ideal para un combate contra la corrupción, comenzó a aprobar leyes que blindaban la corrupción. Inclusive recuerdo que quisieron modificar también la Ley de extinción de dominio, violentando todos los compromisos que tiene Honduras contra la lucha del narcotráfico y lavado de dinero; eso no prosperó, pero sí hubo algunas reformas que debilitaron tanto la extinción de dominio como las facultades de investigación que tiene el Ministerio Público», explicó la fiscal internacional.

Ana María Calderón afirma que otra dificultad fue no contar desde el Congreso Nacional con la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz: «Es esencial para lograr información de primera mano de dentro de las organizaciones, información que puede conllevar a la extinción y desarticulación de redes de corrupción y de crimen organizado, y no se logró», dijo.

Otro obstáculo identificado por Ana María Calderón, es que, si bien hubo un circuito anticorrupción con jueces especializados, se pudo identificar que en algunos casos los casos obstáculos provenían de la propia Corte Suprema de Justicia: «Se debe a que los procesos contra altos funcionarios los conoce la Corte Suprema, desde la primera instancia, y aquí es donde también tuvimos un obstáculo», subrayó.

Ana María afirma que a todos los obstáculos anteriores se sumó la estructura del aparato del Gobierno Central: «Se sumó el Poder Ejecutivo que terminó bloqueando las actuaciones de la Maccih».

El criterio de que una CICIH se constituya como acusador privado

Uno de los puntos más importantes en este memorándum, es que reitera que para lograr un entendimiento es necesario que el mecanismo pueda «realizar investigaciones de forma independiente y constituirse como acusador privado».

La diputada Silvia Ayala explicó a Contracorriente que todavía no se ha tocado el tema del querellante adhesivo ni de la acusación privada en el Congreso Nacional.

«Sí conocemos que hay algunas opiniones a favor, pero también hay otras en contra porque manifiestan que el monopolio de la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público», expuso Silvia Ayala.

Para el exdiputado Raúl Pineda Alvarado, experto en temas constitucionales y exdiputado del Congreso Nacional, «en el tema de la acusación privada, creo que el que redactó el memorándum de entendimiento debe de haber hablado de querellante adhesivo, porque la acusación privada en asuntos de combate a la corrupción es muy polémica en tanto que los temas de Estado son temas públicos y eso implicaría una reforma constitucional que dilataría muy gravemente el inicio de las actividades de la comisión».

Pineda Alvarado agregó que el Gobierno de Honduras debe buscar darle carácter a la comisión de querellante adhesivo, eso implicaría solo una reforma constitucional.

La abogada Ana María Calderón, dijo que la figura de querellante adhesivo, en el caso de la MACCIH, tenía un modelo que buscaba fortalecer las capacidades de las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción. Y agregó que ese fortalecimiento no solo se hizo desde el punto de vista académico, sino con el trabajo diario.

Sin embargo, Ana María afirma que la modalidad de la Maccih, aunque los expertos internacionales y de la Ufecic hicieron esfuerzos, realmente era una modalidad de colaboración sin realizar investigaciones de manera independiente, distinto a la figura de querellante adhesivo.

«Si conviene o no dependería de qué es lo que se desea como estrategia en la lucha contra la corrupción. Si deseamos una investigación con expertos internacionales que puedan realizar investigaciones independientes y que después se puedan constituir como querellantes adhesivos y puedan seguir el proceso acompañando a la Fiscalía, bueno yo creo que en ese sentido ese es un requerimiento de un memorándum que ha estado circulando por los medios», explica Ana María.

Asimismo, expone que también está la otra opción: «Optar por el fortalecimiento de la institución –en este caso del Poder Judicial y del Ministerio Público– a través del acompañamiento, pues podría ser con la modalidad que trabajó la Maccih (de los equipos integrados). Yo no sentí que eso fuera un escollo, al contrario, nos permitió trabajar mano a mano, día tras día, junto a los fiscales y poder transmitirles las experiencias y las buenas prácticas».

Ana María Calderón considera que la reflexión debe ir orientada a que ambos modelos pueden ser exitosos.

¿Ha pedido la ONU en el memorándum derogar el decreto de Amnistía que protege a exfuncionarios del expresidente José Manuel Zelaya?

En el memorándum de la ONU se explica que es necesario hacer reformas legales para el establecimiento y buen funcionamiento de este mecanismo internacional. Para ese fin, se buscará establecer un diálogo con el Ministerio Público y otras instituciones.

Ante la pregunta específica de si con lo anterior la ONU se está refiriendo a reformar o abrogar el decreto de amnistía que protege a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Zelaya, Edmundo Orellana muy escuetamente dice: «No, eso no lo han mencionado».

La ONU pide, además, que el Gobierno hondureño permita que el equipo de expertos de la ONU incluya la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios. Para la ONU, y lo resaltan en el memorándum, lo anterior constituye un requisito para proseguir con su involucramiento.

Para Silvia Ayala, existen «muchos sectores vinculados con la actividad del narcotráfico, con Juan Orlando Hernández, que han estado por diferentes vías solicitando la derogación de lo que ellos le llaman la Ley de Amnistía (Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que contiene el decreto de amnistía y la instalación de la Cicih) porque ese mismo decreto incluye a los perseguidos por motivaciones políticas, entonces ellos utilizan el tema de la amnistía para que se derogue este decreto y también se derogue el tema del respaldo a la instalación de la Cicih».

Silvia Ayala agrega que «derogar la amnistía implica admitir que se estaba actuando de una manera irregular», al tiempo que expone que «es mentira que fue un pacto de impunidad».

El abogado Raúl Pineda dice que «hay que analizar también que en el famoso pacto de impunidad en uno de los artículos se regula el desempeño de la Comisión Anticorrupción, y que –desde ese punto de vista– este artículo pone una serie de limitaciones al desempeño de la misión y la desnaturaliza, consecuentemente el Gobierno tiene que cambiar todo lo que tenga que cambiar».

Sobre la postura de Silvia Ayala y del presidente Luis Redondo de que no se puede reformar el decreto de amnistía sin afectar la llegada de la Cicih, Pineda Alvarado dijo que eso es desconocer el proceso de elaboración de una ley.

«Lució muy mal el presidente del Congreso cuando hizo ese comentario. Es lógico que lo que se va a tocar es lo que significa impunidad para personajes que han incurrido en delitos comunes que intentan cubrirse bajo el esquema de delito político. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra», expuso Pineda Alvarado.

El texto también señala otras cosas puntuales: hacer una reforma para regular el delito de enriquecimiento ilícito, levantar el secreto concerniente a la situación de fideicomisos, hacer reformas para mejorar los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio Público y aprobar instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de la colaboración eficaz.

En cuanto a lo anterior, Edmundo Orellana agrega que «la ley de secretos ya está eliminada. Ya no hay secretos. En cuanto a la Ley de Colaboración Eficaz, ya hay un proyecto en el Congreso Nacional que se va a discutir. En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, ese es un tema que tendríamos que analizar con ellos, ¿cuáles son los alcances?, a qué se refieren concretamente con ese tema, porque todavía no lo tenemos muy claro».

Silvia Ayala explica que en el Congreso Nacional se está trabajando en una comisión especial, que ella preside, para hacer una revisión al Código Penal: «Eso va a incluir todos los tipos penales que contiene el Código, va a incluir todo lo que fue el proceso de aprobación original, y, posteriormente, las reformas que se hicieron vía Zoom y en periodo de vacaciones a varios tipos penales».

Dictamen de Ley de Colaboración Eficaz, en construcción en el Congreso Nacional

La diputada Silvia Ayala le dijo a Contracorriente que están trabajando en el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz.

«De hecho ayer (el lunes) hubo una reunión de la comisión especial, con la representación del Ministerio Público y con la representación del Poder Judicial. Fueron convocados para la próxima reunión de trabajo que se desarrollará el próximo martes, ahí se van recibiendo sugerencias, aportes de ellos, quienes serán los encargados de la aplicación de esta ley», explica Ayala.

La diputada Ayala explica que el objetivo de la Ley de Colaboración Eficaz es que el Ministerio Público no tenga ningún tipo de problema o limitación para poder realizar algún tipo de acuerdo con personas que hayan tenido una participación menor en hechos delictivos ligados a estructuras de criminalidad organizada, entonces se valorará el bien superior que sería la desarticulación de estas estructuras o llegar a los autores intelectuales que casi nunca se castigan.

Ayala remarcó que esta es la tercera vez que se presenta una iniciativa de Ley de colaboración eficaz, pero nunca ha podido prosperar en el Congreso Nacional. «En las dos ocasiones anteriores fue remitida supuestamente a la comisión de dictamen y nunca se trabajó nada».

«Esta ley permitiría tener una puerta para investigar la criminalidad organizada, estamos hablando no solo delitos de corrupción, sino que también de estructuras de corrupción», sostiene Ayala.

En memorándum enviado por la ONU expresa que cualquiera de los participantes podrá dar por terminado el presente instrumento a la hora que lo desee. Por su parte, el titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo a Contracorriente que aún no se discute ni el tipo de mandato que tendría una Cicih ni la duración del tiempo en que actuaría en el país.

Según cifras oficiales, 149 mujeres fueron asesinadas en Honduras en los últimos 200 días. Aproximadamente, una cada 24 horas; 0.745, para ser precisos. Para los expertos, este dato y el incremento en las denuncias por violencia sexual demuestran la necesidad del Estado hondureño de implementar un protocolo con enfoque de género por parte de todo el aparato de justicia.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

Una de las 149 mujeres asesinadas en Honduras en lo que va de 2022 se llamaba Nerly Mendoza. «La muchacha estaba a punto de graduarse de la carrera de comercio internacional por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sueño que fue apagado por un “enamorado de ojos” que la atacó», contaba una noticia publicada en un medio de circulación nacional.

Aquel día, el 24 de mayo de 2022, las «miradas» se transformaron en puñaladas. Más de diez, según el informe policial.

Nerly las recibió luchando contra Carlos Torres Velásquez, quien había ingresado a su casa para violarla mientras ella cuidaba de sus sobrinos de 10 y 9 años, quienes presenciaron la escena y después fungieron como principales testigos para la justicia hondureña, que los hizo declarar y recrear los hechos más de siete veces. «Si ellos no declaran, él sale libre el mismo día, porque no hay testigos», fue el argumento.

Por eso, dice Anahí, hermana de Nerly y madre de los niños, es que tuvieron que huir todos de la Canaán, el barrio donde habían vivido más de diez años. Ya pasaron dos meses desde que junto con sus hijos y su esposo se mudaron a «una casa ajena» mientras ella, Anahí, sigue exigiendo justicia para Nerly, quien tenía 23 años cuando fue asesinada.

Su edad, el hecho de que fuera alumna de la Universidad Autónoma y que sus compañeras y maestras manifestaron su dolor e indignación ante el hecho, logró que el caso de Nerly tuviera cierta relevancia en los medios, aunque en ocasiones naturalizaron al agresor llamándolo «cegado por las drogas» o un «enamorado de ojos». En la UNAH, en los pasillos que Nerly recorría, las universitarias realizaron un plantón pidiendo respuestas a las autoridades sobre el femicidio.

Hace casi diez años, la colonia Canaán, donde Nerly y Anahí vivían, fue noticia internacional cuando el medio Cosecha Roja señaló que, según datos estadísticos de la Fiscalía Especial de la Mujer, la colonia Canaán reportaba la mayoría de denuncias por violaciones sexuales en el Distrito Central. «Honduras: nadie quiere vivir en La Canaán», era el titular. Las cosas no cambiaron mucho desde entonces.

«Me siento insegura de regresar a mi casa –dice Anahí–, mi vida está en peligro a partir de la muerte de mi hermana. Mi vida y la de mis hijos está comprada». También agrega que fueron los mismos operadores de justicia quienes le aconsejaron irse de la Canaán como pudiera. Después le indicaron que tiene que esperar cerca de un año y medio para que dé inicio el juicio público contra el agresor de su hermana. Esos son, más o menos, 545 días. Si las estadísticas se mantienen y se cumplen, son cuatrocientas mujeres más asesinadas y cuatrocientos casos, a su vez, que esperarán más o menos 545 días para comenzar. Cuatrocientas Anahís huyendo de sus barrios, siguiendo la única «sugerencia» de quienes se encargan de la justicia. Esto, claro, si las estadísticas se mantienen.

Según el informe especial de Situación del desplazamiento forzado interno en Honduras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2016 y 2021, la mayor cantidad de casos por desplazamiento forzado corresponden al departamento de Francisco Morazán con un 36.5 %. Y es el Distrito Central (Tegucigalpa) el que registra más casos por desplazamiento forzado en esos 6 años, con 1,785 desplazamientos forzados registrados. Si dividimos los 2,190 días que hay en seis años entre los 1,785 desplazamientos, nos da unos 0.815 desplazamientos por día. Al igual que las muertes, aproximadamente uno diario. Lo malo de las estadísticas es que, casi siempre, se mantienen.

Aunque el informe indica que, a nivel nacional, algunas de las personas que interpusieron quejas ante el Conadeh manifestaron haber experimentado distintos hechos de riesgo y violencia perpetrados por diferentes actores, dentro de los cuales «las maras y pandillas continúan siendo uno de los principales agresores mayormente identificados en el 23.9 % de los casos», indica el estudio, a su vez, el estudio señala que en el caso de las mujeres los reportes están relacionados con algún tipo de abuso sexual.

El agresor de Nerly, Carlos Torres Velásquez, fue detenido por otros vecinos que lo agarraron después de que se cambiara de ropas e intentara huir. Anahí dice que ahora le han dicho que los abogados de este hombre buscan considerarlo como no imputable por tener un trastorno mental.

«Lo único que necesito es que ese hombre pague por el crimen de mi hermana, esa es la paz que me va a dar a mí, a mi mamá y a mi hermana. Ella no se merecía esa muerte, era una niña inteligente y amorosa hasta el último día. Imagínese, cargando a mi hija Valentina estaba…», la voz de Anahí pareciera un hilo raído cada vez que habla de ese día en el que Nerly cuidaba de su hija más pequeña cuando su otrora vecino irrumpió en la casa y mató a su hermana al frente de sus dos hijos.

El Centro de Derechos de la Mujer (CDM) dice que de las 149 muertes violentas de mujeres registradas en lo que va del año, Francisco Morazán es el segundo departamento que registra más muertes violentas de mujeres, con 27 víctimas.

Según el Ministerio Público, el número de denuncias recibidas por muertes violentas a mujeres en los últimos 10 años en Francisco Morazán es de aproximadamente 1,640. Dentro de este grupo, 334 mujeres entre los 19 y 37 años fueron asesinadas del 2012 a la fecha. Los números de este año indican un crecimiento alarmante.

Según datos del Ministerio Público, en los últimos 10 años se han registrado 1,640 femicidios y 7,654 denuncias por delitos sexuales (rapto, violación, y trata de personas) en el departamento de Francisco Morazán.

Tuit

Algo que va de la mano de estos crímenes son las denuncias de violencia sexual contra las mujeres en este mismo departamento. Desde 2012 a junio de 2022, el Ministerio Público ha recibido 7,654 denuncias por delitos sexuales, las cuales van desde rapto, violación y trata de personas. En este grupo, 4,493 niñas entre las edades de 1 a 19 han sido victimas de violencia sexual, seguido de mujeres entre los 20 a 37 años, grupo en el cual se registra una cifra de 913 denuncias, sin embargo, estos son solo los casos registrados por medio de una denuncia.

«Siento que actualmente Honduras está regresando a una ola de violencia hacia las mujeres que se parece mucho a la del 2019. Estamos en un estado de normalización de la violencia y creo que es lamentable como los organismos institucionales están abordando la problemática de las mujeres en Honduras en general», dice Iliana Aguilar, una joven activista del colectivo feminista Yo No Quiero ser Violada (YNQSV), quien recuerda que la cifra de muertes violentas de mujeres para ese año fue de 278. Si los números de este año se mantienen, el número podría incluso ser superior a ese.

Iliana explica que YNQSV se pronuncia constantemente sobre a los casos de mujeres que son victimas de abuso sexual y que, posteriormente, son asesinadas. Aguilar asegura que la colectiva surge después de un caso en concreto en el que una mujer fue asesinada luego de poner resistencia a un intento de violación por parte de unas personas que estaban asaltando un bus.

#ActualidadCC | Ante las denuncias públicas sobre intentos de secuestro, acoso sexual y otros hechos delictivos, las organizaciones Yo No Quiero Ser Violada y Patitas UNAH realizan un plantón exigiendo seguridad dentro del campus universitario.

📹 @celssstee pic.twitter.com/RO0Ogp1jN1
— Contracorriente (@ContraC_HN) June 17, 2022

«O nos violan, o nos asesinan», asegura Iliana y expresa que las mujeres hondureñas no se sienten seguras ni en sus hogares, ni en la universidad y tampoco en la calle. «Estamos viviendo una inseguridad social en el país, no nos sentimos seguras ni en nuestra propia casa. A Nerly la asesinaron en su casa, la asesinó su vecino y recibió aproximadamente 14 heridas de arma blanca por oponerse a ser violada», dice.

No existe una ruta definida en la investigación de femicidios

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, es quien más ha puesto en la palestra pública el reto de las instituciones de investigar mejor los asesinatos por violencia de género. Sobre la implementación de un protocolo con enfoque de género en las investigaciones de muertes violentas de mujeres, Villanueva dijo a Contracorriente que los lugares en los que más ocurren asesinatos a mujeres son las mismas ciudades en las que hay más densidad poblacional, por lo tanto, San Pedro Sula, Distrito Central, Olancho, el litoral norte, Colón, La Paz, La Esperanza y Choluteca, son los lugares en los que la Policía intervendrá y creará unidades de reacción inmediata con la finalidad de poner un alto a las muertes violentas de mujeres.

Julissa Villanueva indicó que «para encontrar seguridad nosotros le vamos a apostar por un lado a las estrategias operacionales, a la inteligencia, a la investigación del delito para que no exista impunidad, y, por otro lado, a la prevención, en donde participarán todos los actores y la Policía se acercará a la comunidad».

Sin embargo, el Boletín de violencia contra las mujeres a lo largo del ciclo de vida de la Policía Nacional constata la urgencia de implementar un protocolo de investigación con enfoque de género. En 2021, las denuncias por delitos sexuales se incrementaron 51.6 % (1,269 denuncias de víctimas más) respecto a 2020 a nivel nacional.

«Las mujeres se ven afectadas por una espiral de delitos que atentan contra su integridad y sus vidas. En 2021, 86 de cada 100 víctimas de delitos sexuales denunciados fueron mujeres, además, la proporción de mujeres víctimas de homicidios en el espacio privado es más del doble que la proporción de víctimas hombres», detalla el boletín.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la presidenta Xiomara Castro anunció que enviaría un anteproyecto de ley al Congreso Nacional para frenar los feminicidios y demás violencias de las cuales son víctimas las mujeres hondureñas. Hasta el momento, la ley continúa en periodo de socialización con la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, ONU Mujeres y el Poder Judicial.

Aguilar asegura que esta ley será una herramienta simbólica importante para que las personas sepan que existe una norma en la cual las mujeres deben ampararse, pero también cree que es necesario diseñar políticas de prevención de violencia sexual, políticas de prevención de acoso y enseñar a la población las distintas violencias y micromachismos de los que son víctimas las mujeres a diario.

Iliana Aguilar de Yo No Quiero ser Violada, asegura que aparte de aprobar la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres es necesario implementar políticas de prevención de violencia sexual e impartir clases de educación sexual en las escuelas a nivel nacional.

Tuit

«Quiero decirles a todas las compañeras mujeres que es momento de unirnos y de crear herramientas y estrategias de autodefensa en nuestros territorios, reconocer en dónde son los sitios de violencia y así poder actuar en forma benéfica de nuestra seguridad. Además, tenemos a Xiomara de presidenta, lo que representa una reivindicación política y un deber político de nosotras de exigir justicia, que se apruebe la Ley de la Violencia Hacia las Mujeres y también un protocolo para las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en el país», agrega Iliana.

Según el informe sobre Ingresos y Resoluciones sobre delitos contra la libertad sexual del Poder Judicial en el año 2021, de 54 casos de personas víctimas del delito de violación (43 de estas mujeres) únicamente 25 terminaron en sentencia condenatoria en el departamento de Francisco Morazán. En el caso del departamento de Lempira, apenas 3 personas fueron sentenciadas por el delito de violación de 6 casos judicializados. Además, la Unidad de Estadísticas del Poder Judicial contabiliza un caso por el delito de femicidio en todo el 2021, caso en el cual se dio una sentencia condenatoria al agresor.

Anahí está enterada de las promesas del nuevo Gobierno en cuanto a la reducción de femicidios, pero la falta de respuestas conforme al caso de su hermana hace que no tenga esperanza en estos procesos.

El caso de Nerly es, de muchas formas, paradigmático. Desde el hecho de que su asesinato sucediera en su propia casa, demostrando la corrosividad de la violencia contra las mujeres, hasta el trato que el aparato de justicia le dio a sus sobrinos como testigos sin la protección y un procedimiento adecuados, pasando por los medios que edulcoraron a su agresor, y finalizando con Anahí, su hermana, en la búsqueda desesperada y solitaria de justicia: «Ya están las pruebas suficientes de que él la mató, el arma homicida quedó ahí –dice, a través de una llamada telefónica para evitar delatar su ubicación, «la casa ajena»–. Mis hijos lo vieron, y las pertenencias de mi hermana estaban llenas de sangre», sigue diciendo, como preguntándose qué más hace falta. Por ahora, le han dicho, esperar 545 días con un promedio de cerca de una mujer asesinada cada 24 horas.

Texto: Javier Carrington
Ilustración: Pixabay

No es el primer artículo que comparto en este espacio diverso, por lo que ya he mencionado un poco de mi historia anteriormente, pero hoy quiero hacer la reflexión sobre esas masculinidades heteronormadas que tenemos los hombres gays.

Cuando nacemos en un país como Honduras, la mayor parte del tiempo nos dicen cómo tenemos que ser en casi todos los aspectos de nuestra vida: tenés que estudiar esto, tenés que vestirte así, hablar así, esa compañía no te conviene. En fin, la vida está llena de recomendaciones –en su mayoría absurdas e impositivas.

Pero, ¿quién nos tiene que decir cómo deberíamos ser nosotros los hombres gays del siglo XXI en el año 2022 en Honduras? Por lo menos, según mi experiencia y la de muchos, siempre nos han dicho cómo debemos de ser los hombres gays. Y el problema no es tanto que esta sociedad, injusta, nos diga cómo ser, sino que la sociedad hondureña sigue sin tener claro que nosotros –los hombres gays– como subgrupo de la sociedad también somos, a su vez, subdiverso. Hay hombres gays negros tanto masculinos como afeminados; hay hombres blancos y altos, con cuerpo esbelto, y otros con sobrepeso; hay estaturas distintas. En fin, hay feminidades y masculinidades distintas. Y todos esos somos nosotros los hombres gays. El problema es cuando nosotros no cuestionamos y dejamos que nos encasillen en un perfil social que al final solo genera estigma contra nosotros mismos.

Hace aproximadamente un mes, me presente a un supermercado y, al momento de pagar, un cajero masculino me preguntó: «¿Es suyo ese cepillo rosado?». Me lo pensé un segundo y respondí: «Sí, es mío». Él me quedó viendo y, de una manera muy predispuesta y poco feliz, me respondió: «Está bonito el color. ¿Es para su hija?». Frente a su evidente sarcasmo, refuté:«Es para lavarme mis dientes. ¿Hay algún problema en eso?».

Pero él ya no respondió. Así que seguí: «¿Qué pasa? Un hombre masculino y femenino a la vez, de un metro con ochenta, ¿no puede usar un cepillo rosado porque el rosado es debilidad?». «No lo tome a mal –me dijo–, disculpe», después me cobró muy nerviosamente, y le dije: «Soy un hombre gay un poco masculino que quiere un cepillo rosado; hay que aprender a ser prudente».

Este es un pequeño ejemplo de cómo constantemente nosotros los hombres gays estamos siendo cuestionados sobre nuestras masculinidad y feminidad. Lo cierto es que no debemos de dar explicaciones a menos que queramos, pues la sociedad es injusta. Sobre todo, las redes sociales nos tienen muy banalizados corporal y socialmente, y es por eso que siempre debemos de cuestionarlo todo.

Hoy me siento muy feliz con mi cepillo de dientes color rosado y lo que este representa en mi reivindicación. Mi cepillo rosado me revindica, me digo. La sociedad nos quiere débiles, pero no lo somos, siempre estaremos siendo cuestionados, pero mi masculinidad y feminidad como hombre gay me construye. Ni la masculinidad es fuerza; ni la feminidad, debilidad. Históricamente –como hombres gays– tenemos que romper esos dogmas que adoptamos y que se vuelven en heteronormas

Fotografía y Texto: Fernando Destephen

Para Arleth la idea de crear algo con papel, hilo, cutter y colores va más allá de la elegancia y de los diseños. Tomar el papel, recortarlo, pensar en la disposición de los materiales y la composición de colores, sí, es una manualidad, pero también es la búsqueda de la sanación emocional, dice Arleth Rivera.

Tecolote Artes y Oficios –así se llama el proyecto de Arleth– se dedica a confeccionar regalos personalizados y encuadernados, por ejemplo: agendas, diarios y cajas; pero también es una escuela y un espacio para hacer catarsis mediante la creación de un producto de papel, dando como resultado un diseño creado a la medida de lo imaginado, pero también trabajando en una suerte de terapia ocupacional.

Arleth se dio cuenta que los talleres servían más que para aprender a hacer cosas de papel cuando, en un taller en el que por un rato dejaron los materiales en las mesas, los y las participantes comenzaron a hablar y, poco a poco, fueron surgiendo temas que se alejaban del ámbito del taller y, por ende, del fin que ella se había propuesto al principio. Temas cada vez más sensibles y difíciles que cortar y pegar. También admite que entonces no sabía cómo canalizar esos sentimientos que las personas, a las que ella pensaba enseñarles solamente a hacer «una manualidad», le contaban; por lo que, para el siguiente taller, pidió ayuda de una amiga psicóloga para saber cómo lidiar con esas heridas que se abrían en las pláticas con los participantes. Su amiga le dijo que tenía que saber poner un límite en esas pláticas; pero lo más importante fue que le dijo que debía buscar canalizar esas emociones a través del trabajo manual que ya estaban haciendo y que dio pie a que se abrieran esos diálogos. Es decir, si las pláticas habían surgido en medio de la práctica de las manualidades, lo que Arleth debía hacer era seguir guiándolos a través de ese proceso que, de alguna manera, estaba sirviéndoles como una velada terapia.

El uso terapéutico de las actividad –como pueden ser las manualidades– ha sido apreciado desde los inicios de las sociedades más primitivas. Desde los chinos hasta los griegos, se creía que la ocupación física en una serie de actividades que podían ir desde un gran desgaste como el atletismo hasta uno menor, como la ejecución de un instrumento o el trabajo de carpintería, eran vitales para la salud emocional y física de los individuos.

Desde que Arleth regresó a Honduras de hacer sus estudios de Diseño en Comunicación Visual en Argentina, ha trabajado con varios artistas, entre ellos están Santos Arzú Quioto y Gustavo Armijo, quienes le confían a ella sus trabajos, le dan plena libertad y confianza a sus manos y creatividad para, a partir de sus obras, crear un producto artístico diferente.

Cuando se empleó la cuarentena como estrategia frente al COVID-19 en 2020, Arleth cuenta que una chica se le acercó porque su gato había fallecido. Arleth tiene cuatro gatos, así que conectó al instante con la situación. Sostiene que ese ha sido uno de sus trabajos favoritos por la emoción de haber acompañado a alguien en un momento tan duro y cuando todos estábamos encerrados por la COVID-19. De esa experiencia, cuenta Arleth, nació un Tecolote personalizado con la imagen de Homero, ese gatito que murió de leucemia, pero que luchó durante cuatro meses por su vida.

Ana del Cid, psicóloga clínica y terapeuta cognitiva conductual, refiere que la actividad de hacer manualidades contiene un valor terapéutico especial al combinar elementos del juego con el trabajo y el logro: «Ofrecen la oportunidad de creación y, por tanto, de autoexpresión. Es una gran ayuda para sobrellevar problemas y adaptarse a situaciones que pueden estarnos agobiando».

Según Artleth, Tecolote es un emprendimiento que, aunque se usan mucho las manos, también sirve para escucharse, y un emprendimiento en donde, con los elementos adecuados –esos que van más allá de los materiales–, se puede lograr la sanación.

El testimonio de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y número 3 del gobierno de Otto Pérez Molina menciona pagos directos a nueve diputados del Congreso 2012-2016, algunos de hasta 64,000 dólares; pagos a través de intermediarios para otra veintena y la asignación de obras a empresas afines a diputados, “chantajes”, operadores en la sombra y negociaciones de última hora para pedir más sobornos. Otras tres fuentes que conocieron del reparto, fiscales y documentos oficiales permiten reconstruir una trama que, acusa Sinibaldi, contó con la coordinación del expresidente, la entonces vicepresidenta, Baldetti, y la constructora brasileña Norberto Odebrecht para comprar la voluntad de 108 congresistas.

Por Bill Barreto | Fotografías: Oliver de Ros | Diseño de portada: Monserrat Benítez

A las 15:48 del jueves 11 de octubre de 2012, la constructora Norberto Odebrecht compró al Congreso de Guatemala.

Aquel día, a esa hora, 108 diputados votaron a favor de otorgar a la empresa brasileña la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, un proyecto de cerca de 400 millones de dólares. Según el testimonio del exministro de Comunicaciones y número 3 del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio, al que ha tenido acceso Redacción Regional, detrás de esa votación se había tejido una red de sobornos a los congresistas con pagos en efectivo de entre 250,000 hasta medio millón de quetzales (alrededor de 64,100 dólares), la asignación de obras a empresas afines a diputados, “chantajes” y negociaciones en la sombra hasta el último momento. La trama de corrupción que compró la voluntad de los congresistas, de acuerdo a la declaración de Sinibaldi, funcionó en coordinación con el expresidente Pérez Molina y la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Sinibaldi detalló en su testimonio ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que de los 108 diputados que asegura fueron comprados, a nueve les entregó personalmente el dinero pactado o participó en reuniones en las que estos recibieron los sobornos. El exministro nombra a otros 20 diputados que asegura recibieron dinero a través de intermediarios. De los 108 diputados que votaron a favor de Odebrecht, 16 son congresistas en la actual legislatura. Sinibaldi, además, habla de la adjudicación de obras públicas como pagos complementarios por votos y a favor de empresas afines a los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

El testimonio, autentificado por tres fuentes cercanas al caso, es prueba en el expediente de la investigación de Odebrecht en Guatemala, confirmó Rafael Curruchiche, el actual jefe de la FECI. Las declaraciones de Sinibaldi fueron contrastadas, además, con la declaración judicial del directivo de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, quien en Brasil confesó a las autoridades de su país haber urdido una estrategia de sobornos junto a las principales figuras del PP para ganar la contratación de la ampliación de la carretera CA-2 Occidente.

Los primeros acercamientos con los congresistas habían arrancado en la Legislatura anterior, relata Sinibaldi, por medio del entonces secretario privado de la presidencia del gobierno de la UNE, Gustavo Alejos Cambara. Pero al tomar posesión el nuevo gobierno las negociaciones se habían reiniciado. El acuerdo final involucró a las bancadas del PP, Todos, Creo, Gana y UNE, entre otras, e implicaba el pago de un soborno de Q125 mil antes de la votación y otros Q125 mil después por cabeza. Además, en la recta final de las negociaciones varios congresistas pidieron pagos extras, relata Sinibaldi, quien acepta haber cobrado $19.7 millones de dólares de un total de $31.95 millones que habrían sido repartidos en una estructura que incluía al expresidente, a la exvicepresidenta Baldetti y los diputados del Congreso 2012-2016.

Redacción Regional reconstruyó uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de Guatemala que desembocó en esa votación a través del testimonio de Sinibaldi ante la fiscalía, con fuentes que participaron en la votación y confirman el reparto de sobornos; y con registros oficiales de los órganos Legislativo y Ejecutivo.

La compra del Congreso de Guatemala por intermediación de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Sinibaldi fue una operación que se fraguó durante diez meses y se cerró en apenas 38 minutos.

La “gesta política” de comprar la voluntad de un Congreso

A las 3:10 p.m., dos firmas necesarias para realizar la operación legislativa llegaron a costar un cuarto de millón de quetzales (US$ 32,350) más cada una. Eran las rúbricas del presidente del Legislativo, el oficialista Gudy Rivera Estrada del Partido Patriota (PP), y la del diputado Christian Jacques Boussinot Nuila, del bloque Todos.

“Yo personalmente entregué el dinero extra por un monto de Q.250 mil a Gudy Rivera y Christian Boussinot tal como lo habíamos platicado anteriormente”, dice Sinibaldi en su declaración.

Después del pago extra, ambos presentaron a la Junta Directiva una moción privilegiada para conocer de urgencia nacional los préstamos a favor de la constructora. Consultado sobre este testimonio Boussinot declinó brindar declaraciones al respecto. Redacción Regional intentó contactar a Rivera a través de sus teléfonos y su abogado defensor, César Calderón, pero no se obtuvo una respuesta.

El trámite era necesario para que los diputados del Congreso de Guatemala pudieran cambiar la agenda del día y aprobar los créditos por US$399.4 millones destinados al proyecto de Odebrecht. El escrito presentado por Rivera y Boussinot significaba que la alianza conformada por Sinibaldi, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, había conquistado la voluntad de al menos 105 legisladores que requería la votación.

En los 38 minutos que duró la votación, mientras Rivera presidía la plenaria desde la mesa de la Junta Directiva, los operadores políticos del oficialista Partido Patriota (PP) llamaban al orden a sus compañeros. En esa legislatura, el PP de Otto Pérez Molina tenía a diputados designados como “jefes de línea” por la fila que ocupaban en el hemiciclo. Eran los encargados de, en palabras de algunos congresistas que participaban en la tarea, “arrear” a sus compañeros, asegurarse de que estuvieran presentes en el parlamento, buscarlos en los baños, en los pasillos del Congreso o llamarlos por teléfono para asegurar su presencia y sus votos.

Ese día los jefes de línea estuvieron muy ocupados.

Uno de los votos que ya se habían asegurado, pero que al momento de la votación estaba echándose para atrás, fue el del presidente de la comisión de Transparencia del Congreso, el diputado Amilcar Pop Ac del partido Winaq. “Por lo que fue necesario convencerlo en el pleno”, relata Sinibaldi, sin entrar en detalle sobre cómo lograron encauzarlo. Según Sinibaldi, él estuvo presente cuando pactaron con Pop Ac. “Se le pagó también Q250 mil a través de Guillermo Sosa, yo estaba presente en la reunión”.

Consultado al respecto, el actual secretario general de Winaq y diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) negó como primera respuesta haber emitido un voto a favor de la iniciativa, pero al recordarle que su voto quedó registrado en el expediente del decreto aseguró que votó junto a propuestas del PP, pero que no recordaba haber votado por Odebrecht.

Pop aseguró que en ocasiones votó con los oficialistas para conseguir la inclusión en la agenda legislativa de iniciativas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas. “Quien se me acercó en alguna ocasión fue el diputado (Luis) Fernández Chenal, para dar mis votos, pero yo nunca acepté ir a una reunión privada con ellos”, aseguró Pop. El congresista negó haber recibido sobornos y dijo que nunca conoció a Sinibaldi.

El diputado Fernández Chenal es descrito por Sinibaldi en su testimonio como “mi enlace en el Congreso” y era subjefe de bancada del PP.

Aquel jueves, el propio Sinibaldi realizó llamadas telefónicas a sus operadores en el Congreso para reunir los votos necesarios. El entonces ministro se encontraba de visita en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador, acompañado por los diputados oficialistas William Recinos y Aníbal Salguero, según detalla su testimonio. Consultado al respecto el excongresista Salguero confirma la visita de Sinibaldi a Jutiapa en octubre de 2012, así como una visita a Jalapa con el entonces diputado Recinos (de ese departamento), pero no tiene claro la fecha en la que se realizó. Por su parte, el exdiputado Recinos apunta a un detalle de logística de última hora. Dice que él, junto al ministro Sinibaldi y el entonces diputado Sandoval regresaron a la capital en helicóptero para votar: “yo llegué, creo (a) la segunda o a la redacción final a votar, ese día había yo pedido permiso por el compromiso que tenía acá en Jalapa con el entonces ministro Sinibaldi”. Los votos de Recinos y Salguero aparecen registrados como votos “a favor” del contrato y realizados el propio día de la votación, según la redacción final del decreto. Recinos niega haber recibido ofrecimientos de dinero por su voto.

En Jutiapa, el exministro asegura haber montado lo que él denomina “un cuarto de guerra”. Allá, a 125 kilómetros de Ciudad de Guatemala, tenía los listados de los diputados presentes en el hemiciclo. En aquella lista figuraban los nombres de los diputados a favor, y otra más de los que estaban en contra. El exministro incluso presume de haber tenido “planes de contingencia por si no se juntan los votos necesarios o si los que se oponen salen con alguna jugarreta parlamentaria para que no avance la aprobación”.

La presión era intensa, había mensajes constantes del directivo de Odebrecht, Lima Machado, y “presión de Otto Pérez” relata el exministro. Durante todo ese día, el hombre de confianza a su lado fue el ex congresista Guillermo Sosa, entonces viceministro de Comunicaciones, quién le ayudó a coordinar la votación, declaró Sinibaldi a la fiscalía. Se buscó contactar a Sosa vía telefónica, pero no se consiguió una respuesta a los señalamientos de su antiguo jefe.

En esos 38 minutos claves para la aprobación del contrato la voz de Sinibaldi incluso se escuchó en la mesa de la Junta Directiva. Relata el exministro:

Todos estos esfuerzos eran necesarios. Aunque el oficialista PP contaba con la mayor bancada (63 diputados); la meta era el voto favorable de al menos 105 congresistas, así que la búsqueda de apoyos tenía que abarcar a otros bloques legislativos. Al final consiguieron el respaldo de 108 diputados, una acción que Sinibaldi describe en su testimonio con orgullo, debido al intrincado mecanismo de expedientes técnicos y aprobaciones ejecutivas antes de llegar a la votación legislativa. “Lo cual me lleva a relatar los sucesos que se dieron en el Congreso para lograr tal gesta política”.

El primer intento de Odebrecht

La aprobación legislativa para el crédito a favor de Odebrecht ocurrió en el gobierno del PP, pero las intenciones de la constructora por hacerse de una megaobra en Guatemala venían desde 2010.

A juzgar por los testimonios de Sinibaldi y del directivo de Odebrecht, Marcos Cerqueira Lima Machado, judicializado por este caso, la empresa ya se había acercado al anterior Gobierno y había logrado que algunos de sus operadores cabildearan por el acuerdo en instancias del Ejecutivo y el Legislativo. Entre estos estaba Gustavo Alejos Cámbara, el exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom.

El empresario Alejos Cámbara es una figura omnipresente en la política guatemalteca durante los últimos veinte años como recaudador de fondos para campañas de diferentes partidos políticos, a la fecha es indagado en cinco grandes casos de corrupción investigados por CICIG. Fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica en julio de 2021.

Lima Machado dice que el presidente Colom manifestó “que era de su interés iniciar ese proyecto, y que estando en agenda su presencia en la toma de posesión de la presidenta Dilma Roussef, girando (sic) entonces Álvaro Colom a Guillermo Castillo para viabilizar el proyecto”.

Según Sinibaldi, en una reunión con el directivo de Odebrecht a finales de 2011, antes de ser nombrado como ministro y cuando todavía no había asumido Pérez Molina, Lima Machado le dijo que “ya tenían avanzada la aprobación en el Congreso con las diferentes bancadas, y que tenían buena relación con la mayoría”.

Se buscó contactar a Gustavo Alejos Cámbara tanto a través de sus números telefónicos, cuentas en redes sociales y familiares, pero al cierre de la edición de este reportaje no hubo respuesta.

En el primer capítulo de la trama Odebrecht, el directivo Lima Machado declaró en su testimonio a la fiscalía guatemalteca que la empresa presentó el proyecto de infraestructura y les indicó que el gobierno brasileño podría brindar los créditos para la obra. Pero el proyecto comenzó a derrumbarse cuando la administración Colom se topó con la negativa de la Secretaría General de Planificación (Segeplan). Esta instancia del Ejecutivo negó la aprobación para adquirir los créditos que se buscaban con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En el oficio DIP-174-2011, de fecha 14 de octubre de 2011, la entonces secretaria, Karin Slowing, le informó al entonces ministro de Comunicaciones su negativa a que continuará el procedimiento para adquirir los créditos. Estos originalmente iban a ser gestionados a través del Banco VP Export Finance y el BPN Paribas de Brasil.

Entre las razones, Slowing detalló la falta de estudios de impacto ambiental, adquisición de derechos de vía y estudios de preinversión. Pero una gran alarma era que los préstamos estaban condicionados a “la utilización de bienes y servicios de origen brasileño, así como la contratación de una empresa de dicho país para la ejecución”. Una dedicatoria nada velada a Odebrecht, cuyos directivos habían presentado el proyecto al presidente Colom.

En su carta, Slowing le recuerda al ministro Castillo que la Ley de Contrataciones exige que se realice una licitación pública internacional para la adjudicación de una obra de este tipo. Consultada por Redacción Regional, Slowing confirmó estas gestiones del Ministerio de Comunicaciones, aunque también señaló que no recibió ningún tipo de presión del entonces presidente Colom para otorgar un dictamen favorable.

La recomendación de realizar una licitación pública internacional tampoco fue atendida en el siguiente gobierno. En 2012, ya con el general Pérez Molina como mandatario, el nuevo secretario de Segeplan, Luis Fernando Carrera Castro, avaló proseguir con la solicitud de los créditos y la adjudicación de la obra a la constructora Odebrecht.

A diferencia del gobierno de la UNE, el dictamen favorable de esta otra Segeplan señala en su punto 5, las condiciones que el Ministerio de Comunicaciones debe cumplir: “El Congreso de la República debe aprobar la modalidad de contratación de la ejecución del proyecto con la entidad brasileña Constructora Norberto Odebrecht”.

Consultado por Redacción Regional, el exsecretario Carrera Castro aseguró que no recibió ningún ofrecimiento de beneficios, favores o sobornos de Alejandro Sinibaldi, Odebrecht o los Bancos BCIE y BNDES. Indicó que tampoco recibió amenazas ni presiones indebidas, pero describe una evidente urgencia de su superior, el entonces presidente de la República, para agilizar el proyecto.

“El expresidente Otto Pérez Molina me solicitó en varias ocasiones que se emitiera el dictamen de Segeplan de manera rápida. Sólo una vez me citó en su oficina para demandar ese dictamen, en presencia de Alejandro Sinibaldi. En todas esas ocasiones expliqué que los técnicos del Ministerio de Comunicaciones tenían que responder a las preguntas de los técnicos de SEGEPLAN”, dice.

El exfuncionario aseguró que el dictamen favorable de Segeplan fue “una opinión técnica sólida” que respondía a las dudas planteadas por el Ministerio de Comunicaciones que dirigía Sinibaldi. “Los técnicos de Segeplan determinaron que si se quería contratar a Odebrecht sin seguir la Ley de Compras y Contrataciones, se debería emitir un contrato ley emitido por el Congreso. No se respondió en función de los condicionamientos de los créditos, sino en función de lo que el marco jurídico nacional establece”, justifica Carrera.

El proyecto, entonces, encontró puerto firme en el Congreso de la República, donde Sinibaldi y la vicepresidenta Roxana Baldetti cabildean por los votos. Sinibaldi, sin embargo, buscó consejo en aquellos que como ahora él, ya habían maniobrado para buscar un Congreso a su favor.

Meses antes del día de la votación de octubre de 2012, Sinibaldi asegura que se reunió junto a Gustavo Alejos, a quien llega a perfilar como el ‘operador político de la legislatura 2008-2012’, para evaluar la viabilidad de la operación. Luego de explicarle lo que estaba en juego y los recursos para comprar diputados, este le aseguró que con el pago de Q125 mil antes y Q125 mil después de la votación “sería pan comido”.

Un testimonio que desnuda al sistema de pagos y componendas

La declaración de Alejandro Sinibaldi fue brindada ante la fiscalía a finales de 2020 luego de cuatro años de estar prófugo de la justicia. Buena parte de ese tiempo lo pasó en Italia, hasta que pactó su entrega e inició un periplo que lo condujo de Florencia a Ámsterdam, en los Países Bajos, a la Ciudad de México para finalmente llegar por tierra a Guatemala a través de la frontera de Tapachula. Desde ahí, una avioneta de la Fuerza Aérea Guatemalteca lo condujo hasta la capital de Guatemala.

En una pequeña oficina de la sede central del Ministerio Público, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, Sinibaldi contó la “gesta política” de lograr los 108 votos favorables. Durante alrededor de cuatro horas, reflejadas en 41 páginas, el exministro detalló la operación. En la sala en la que le fue tomado el testimonio nunca se presentó abatido. Por el contrario, una fuente judicial presente durante su testimonio lo describe como tranquilo y sin ningún signo de arrepentimiento. De hecho, durante uno de los recesos en su larga declaración uno de los defensores le comentó al personal de la fiscalía: “él sigue con la intención de ser presidente de Guatemala, está seguro de que puede retomar su carrera política”.

En su declaración, Sinibaldi da detalles de cómo él y el equipo formado por Baldetti adelantaron pagos para honrar la primera promesa a los involucrados: el adelanto de 125 mil quetzales antes de la votación; y 125 mil después de efectuada. El primer pago era necesario para demostrar que la trama iba en serio, y para asegurarse la votación el día acordado, ya que en la negociación original, Odebrecht se había comprometido a pagar los sobornos hasta que comenzaran a caer los desembolsos de los créditos.

Los pagos los tenía que adelantar Sinibaldi, por una parte, y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, por medio de sus operadores políticos. Todo esto con el visto bueno del presidente de la república, el general Otto Pérez Molina, dice Sinibaldi. Consultado por Redacción Regional, el abogado defensor de Pérez Molina y Baldetti, César Calderón, dijo que hasta la fecha sus representados no han sido inquiridos por la fiscalía por el Caso Odebrecht y desconocen cualquier señalamiento en su contra.

Para pagar a los diputados con los que él o sus allegados cabildearon, Sinibaldi adelantó de sus propios fondos pagos en efectivo para parte de la bancada del PP y partidos aliados. Pero algunos acuerdos fueron más allá. Sinibaldi asegura haber comprometido otras obras públicas adjudicadas por la cartera que dirigía para empresas afines a los congresistas. Otro tanto hizo la exvicepresidenta Roxana Baldetti. En su caso, según el exministro, el encargado de realizar los pagos fue el empresario Carlos Arturo Batres Gil, quien se entregó a la justicia guatemalteca en abril de 2021. Según el testimonio, Batres Gil obtuvo préstamos con el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) para poder comprar diputados.

Juan Guevara, abogado defensor de Batres Gil, indicó que no pueden pronunciarse sobre los señalamientos de Sinibaldi ya que el caso se encuentra bajo reserva. Guevara comentó que en todo caso la declaración del exministro no puede ser utilizada para acusar a otros procesados en la investigación, ya que él mismo es uno de los acusados en el caso Odebrecht. “Cuando se levante la reserva del caso desmentiremos con documentos muchas de las cosas que se dicen”, dijo el abogado defensor.

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, asegura que lograron documentar estos créditos con el banco. El exfiscal huyó de Guatemala en julio de 2021 luego de que su jefa, la actual fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyera. Desde el exilio, Sandoval acusa a Porras de obstruir las investigaciones de corrupción a su cargo.

Según Sandoval, la fiscalía confirmó la adquisición de estos préstamos con el banco, mientras que algunos de los pagos fueron ratificados por los ex diputados del PP procesados por casos de corrupción: Edgar Cristiani (cuyo acuerdo de colaboración eficaz es puesto en duda por el actual jefe de la FECI designado por Porras) y Emilenne Mazariegos.

En su declaración, Sinibaldi señala que la mayoría de los diputados guatemaltecos únicamente aceptaban dinero en efectivo. Y la compra de los congresistas requería efectivo, mucho efectivo. El exfiscal Sandoval refiere que pudieron documentar tres créditos contraídos con Banrural, dos de ellos por Q3 millones cada uno, y un tercero por Q4 millones. En total Q10 millones (1.28 millones de dólares).

Se contactó vía correo electrónico al oficial de cumplimiento de Banrural, Joaquín Revolorio, pero al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.

Otro grupo de diputados pidió más dinero. Así como el presidente del Congreso y el diputado que le acompañó con la moción de urgencia, otros 11 diputados también pidieron un cuarto de millón de quetzales extra para ejercer sus buenos oficios.

Sinibaldi testificó que estos pagos se dieron, además de a los citados Rivera y Boussinot, a 11 diputados del PP: Estuardo Galdámez, primer secretario de JD; Emilenne Mazariegos, tercera secretaria de JD; Boris Roberto España Cáceres; Gustavo Medrano Osorio, en ese entonces presidente de la Comisión de Obras Públicas; Iván Arévalo y Luis Contreras Colindres. También recibieron más fondos Manuel Barquín Durán, de la GANA, quinto secretario de la JD; Fidel Reyes Lee, congresista independiente, y los diputados de la UNE: Mario Taracena Díaz-Sol, Orlando Blanco Lapola y Carlos Barreda Tarecena. De los once mencionados, solo la exdiputada Mazariegos aceptó a la FECI haber recibido sobornos en un acuerdo de colaboración eficaz. Cinco niegan haber recibido fondos. Contreras, actual diputado por Creo, responde que no hablará del caso. El exdiputado Manuel Barquín falleció en 2018. Redacción Regional intentó obtener respuestas de los ex diputados Galdámez, Medrano Osorio y Arévalo, pero fue imposible contactarlos a través de sus números telefónicos, allegados y cuentas oficiales en redes sociales.

El exministro declaró que Edgar Barquín Durán, presidente de la Junta Monetaria y hermano de Manuel Barquín, también recibió este bono de un cuarto de millón de quetzales, para garantizar el visto bueno de los créditos por parte de la Junta Monetaria que presidía. Consultado al respecto, Oscar Poroj, abogado de Edgar Barquín, indicó que este no brindará declaraciones sobre este caso.

Vestiduras rasgadas, alarmas tardías

En la tarde del 11 de octubre, mientras avanzaba la aprobación del proyecto, desde la última fila del hemiciclo parlamentario estalló una denuncia pública. Mientras se preparaba la aprobación del decreto, el jefe de la bancada del partido Líder, Roberto Villate, tomó el micrófono y denunció: “doscientos cincuenta mil quetzales para cada uno, posiblemente algunos oficialistas no lo sepan, posiblemente algunos tampoco lo irán a recibir, pero viva la fiesta, hagamos carnaval, lo que hoy es desgracia”, recoge el Diario de Sesiones del Legislativo.

Líder era la agrupación que había obtenido el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2011 con su candidato Manuel Antonio Baldizón Méndez, quien perdió la contienda frente a Pérez Molina.

Minutos antes a esta denuncia, el diputado Mario Taracena, de la UNE, había fustigado a los diputados oficialistas del PP y a la bancada de Líder recordándoles sus contradicciones. Taracena, quien minutos después votaría a favor de los préstamos, se dirigió así al presidente del Congreso, Gudy Rivera:

“Durante dos años, presidente, con usted a la cabeza, que era jefe de bancada, se pasó oponiendo a este préstamo, se lo hicimos ver, la urgencia y cómo se necesitaba, y mire su incoherencia y su inconsistencia, ahora viene a pedir ese préstamo.(…) Y por el otro lado, para terminar de ponerle la guinda al espectáculo, la otra bancada (en referencia a Líder), durante la campaña, el “Smiley” (apodo de un famoso pandillero que Taracena le colgó al presidenciable de Líder, Manuel Baldizón) dijo que este préstamo lo iba a aprobar, y ahora mírense a su bancada, viene a decir que no y se quieren poner de honrados, “el lagarto hablando de trompas”. ¡Imagínense, señores diputados! Muchas gracias, señor presidente”.

ABUCHEOS Y RISAS (recoge la transcripción del Diario de Sesiones como anotación)

En su declaración, Sinibaldi dice que el operador político Gustavo Alejos le recomendó: “vos te tenés que meter de cabeza en la negociación del Congreso, porque yo estoy algo desgastado y Roxana es roba vueltos y los diputados la conocen. A vos te tienen confianza, además ya sé que Botox -Guillermo Sosa (viceministro de Comunicaciones)- habló con la mayoría. Tratá de dejar fuera a Baldizón, no necesitas sus votos y no hay que darle más pisto (dinero) o es el próximo Presidente”.

Sinibaldi asegura que su entonces viceministro fue el encargado de los pagos a los dirigentes de la GANA, los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel Barquín Durán; así como al líder del bloque Todos, Roberto Alejos, por entonces ya distanciado de su hermano. Sosa, según Sinibaldi, también sostuvo reuniones para coordinar los votos con los diputados de CREO: Carlos Rafael Fión Morales y José Alberto Gándara Torrebiarte (fallecido en 2018); y con el diputado del FRG, Luis Fernando Pérez. Con este último, según Sinibaldi, compartía la propiedad de una avioneta como parte de su pago por las gestiones a favor del contrato.

Fuentes que participaron del proceso y pertenecientes a diferentes bloques de esa legislatura confirman la recepción de pagos a los congresistas; pero todos apuntan a sus rivales políticos en ese entonces. Las fuentes dibujan el siguiente mapa: Sinibaldi y Baldetti, por medio de sus operadores, se encargaron principalmente de los pagos a los diputados del PP y Gana. Mientras que Gustavo Alejos participó en los pagos a parte de los diputados de la UNE y Todos. Por otra parte, la declaración del exministro señala que los pagos a la bancada de CREO los realizaron por medio de la empresa constructora CONASA.

El empresario Álvaro Mayorga Girón, uno de los propietarios de CONASA, consultado por Redacción Regional dijo desconocer la declaración del exministro Sinibaldi, “en lo personal o institucional no tuve ninguna relación o vinculación con la bancada mencionada, así como con ningún actor político relacionado con el proyecto citado en ninguna de sus fases”, refirió el constructor.

Las otras obras canjeadas por votos

A cambio de sus siete de votos, la bancada del partido CREO, según el testimonio de Sinibaldi, logró un desembolso en conjunto de 1.75 millones de quetzales (224 mil dólares). Pero ese monto no era suficiente, y para garantizar su lealtad en la votación el exministro detalla que le pidieron el contrato de mantenimiento de carreteras NOG 24550 para la empresa Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. (Cocisa) con valor de Q7.41 millones, 950 mil dólares, el cual en efecto fue adjudicado a la compañía en febrero de 2013. Los NOG son los códigos que asigna el portal de compras del Estado en Guatemala, llamado Guatecompras.

Según reportes del Registro Mercantil, Cocisa fue constituida por Rafael Ángel Díaz Samos y Jesus Augusto García Ibañez en 1983. Hasta la fecha tiene por uno de sus representantes legales a Gabriel José Díaz Fión, hijo de Díaz Samos, y sobrino del entonces jefe de bloque de CREO, el diputado Carlos Rafael Fión Morales.

Consultado al respecto, Carlos Fión actual diputado al Parlacen por Creo, aseguró que nunca recibió un soborno de parte de Sinibaldi a cambio de sus votos y que votaría de nuevo por una propuesta como la de Odebrecht ya que se trataba “de una obra de interés nacional”. Fión reconoció su vinculación familiar con los propietarios de Cocisa, pero afirmó que nunca canjeó sus votos “a cambio de obras para Cocisa o cualquier otra empresa”.

Sinibaldi también acusa que la bancada de la UNE pidió un contrato de mantenimiento de carreteras para la empresa Constructora Imesa S.A.NOG 2427109 valorado en Q74.99 millones, 9.61 millones en dólares. Adjudicado en marzo de 2013 por el Ministerio de Comunicaciones a dicha empresa.

Las obras prometidas, según los registros, fueron entregadas a las empresas vinculadas a los diputados. Algunos pagos en efectivo, según Sinibaldi, tuvieron contratiempos. “Es importante mencionar que el encargado de pagarle a parte de la bancada de la UNE fue Gustavo Alejos el cuál, según ellos mismos me comentaron les quedó mal con el pago, y los envió a recoger el dinero a una casa ubicada cerca del colegio Bethania en la zona 15”, dice el testimonio.

En la asignación del contrato a Imesa, Sinibaldi también se aseguró una tajada de ese otro pastel. El ex ministro aseguró que de ese contrato, el 15 por ciento fue repartido entre los diputados Taracena, Blanco y Barreda: “en mi caso en particular de ese 15%, yo recibí un 5% en efectivo sobre los pagos que se le hicieran en el año 2014 (…) a ese proyecto se le pagaron en el 2014 cerca de Q17 millones; es decir, recibí aproximadamente Q850 mil”, declaró Sinibaldi. Los diputados Taracena, Blanco y Barreda negaron cualquier pago recibido del exministro.

Sinibaldi añade detalles que no alcanzaron a ser corroborados por la FECI de Sandoval y que, se presume, son insumos para la FECI de Curruchiche: “Mario Taracena amplió su casa en Villa Sol y Sandra Torres recibió un millón de quetzales”. Sinibaldi asegura que el mismo día de la votación, el congresista le pidió un millón de quetzales extra para la exprimera dama y ex candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres “alegando que ella le había dado órdenes de no votar, debido a eso se incluyó como parte de la negociación que se adjudicó a Imesa”.

El diputado Taracena, distanciado de Torres desde la ruptura en el partido en 2020, niega las acusaciones. “Ni quiero defender a esa señora, pero eso es falso”, aseguró el congresista. Redacción Regional buscó contactar vía telefónica y mensaje de texto con Torres, pero fue imposible. Su hija, la diputada al Parlacen por la UNE, Nadia de León, niega los señalamientos de Sinibaldi. “En el 2012 ni le contestaban las llamadas los diputados mencionados, que hoy son sus enemigos”, refiere De León. “La relación de ella con ellos era cero. Esas son calumnias infundadas”, dice.

Sinibaldi testificó que entregar este contrato era el seguimiento de un proyecto previo adjudicado al contratista Giovani Eliseo Estrada Zaparolli con elNOG 895091 por Q66.49 millones. Reportes del Registro Mercantil comprueban que ambos contratos fueron adjudicados a la misma empresa.

El NOG 2427109 fue otorgado a Constructora Imesa S.A., mientras que el NOG 895091 a Importadora y Exportadora de Maquinaria y Equipo S.A., la anterior denominación de esta misma compañía, la cual tiene por representante legal a Julio Antonio Elías Estrada Zaparolli.

El diputado Taracena confirma que durante años lo han relacionado al constructor Estrada Zaparolli.“Soy amigo de Giovanni (Estrada Zaparolli) desde hace 35 o 40 años, cuando él era diputado del PLP (1999-2003). Me han querido vincular a él, ojalá tuviera algo que ver con sus negocios… El señor, si ha hecho pisto (dinero), pero su servidor no”.

Aplausos generalizados

El 11 de octubre de 2012, a las 15:48, se adjudicó de la obra por alrededor de 400 millones de dólares a la constructora Norberto Odebrecht. Un imperturbable Gudy Rivera daba trámite a la aprobación del decreto sin apartarse ni una palabra del guión que establecen las normas parlamentarias: sometió a discusión la moción de urgencia nacional que él mismo había planteado, llamó a los parlamentarios a votar, le otorgó la palabra al jefe de bloque de Líder, Roberto Villate. Escuchó sin sobresaltos los señalamientos del diputado que acusaba a los congresistas de aceptar un soborno de 250 mil quetzales por su voto favorable.

Luego, Rivera le otorgó la palabra a otros cuatro diputados de Líder, y a un congresista de Encuentro por Guatemala (EG) que se quejaron amargamente del endeudamiento del país, así como al único congresista que se manifestó a favor del decreto, el diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, del bloque Todos, originario de Quetzaltenango, uno de los departamentos en donde se realizaría la obra. Por último, sin entrar a discutir los reclamos y provocaciones que le hicieron los diputados oponentes, el diputado Rivera hizo el llamado a votar por la redacción final del decreto.

PRESIDENTE RIVERA ESTRADA: A discusión en su redacción final.

SECRETARIO BOUSSINOT NUILA: No habiendo discusión, se entrará a votar en su redacción final.

PRESIDENTE RIVERA ESTRADA: Se realiza llamado a votación.

108 votos favorables, 26 en contra y 24 diputados ausentes sellaban la aprobación del decreto 29-2012.

Ocho años más tarde, en un salón de interrogaciones de la Fiscalía, cuando Sinibaldi rememoró aquella “gesta política”, dejó escapar ante los fiscales un recuerdo lleno de satisfacción por haber afianzado la confianza del presidente Pérez Molina a su favor. “Mi relación con el Congreso y las principales bancadas siempre fue muy buena, pero además de eso contaba con la credibilidad por parte de ellos, razón por la cual a partir de finales del 2012 el mismo Otto Pérez empezó a solicitar mi ayuda para operar temas de la Presidencia”, dijo.

El exministro incluso encumbró su trabajo en esta trama. “La aprobación de ese Préstamo/Contratación significó una labor de operación política, trabajo técnico, seguimiento y el poder económico de Odebrecht, algo pocas veces visto (…)”, dijo.

Lejos de mostrar vergüenza, una fuente judicial que presenció la declaración de Sinibaldi lo describe como “confiado y seguro” de todas sus palabras durante ese encuentro.

“Sólo la operación en el Congreso de la República fue una operación compleja. Poner de acuerdo a 108 diputados no es tarea sencilla, lo que requirió de mi parte muchísimas reuniones con los jefes de bloque y diputados con liderazgo propio para garantizarles el pago”, dijo el exministro.

A finales de 2012, sin embargo, los aplausos pronto se convirtieron en reclamos. En el seno del PP, las cuentas no habían sido bien saldadas.

Rencillas, robos y diputados condicionados en el PP

Para la bancada oficial del PP la red de compromisos adquiridos por la recepción de los sobornos de Odebrecht no acabó aquella tarde del 11 de octubre de 2012.

Alrededor de dos semanas antes de esta votación, el presidente Pérez Molina, según Sinibaldi, incluyó en el combo de votaciones a cambio de 250 mil quetzales el voto favorable tanto para la obra de Odebrecht como dos préstamos para la compra de aeronaves de ataque Embraer EMB314/A-29, por US$133 millones con el BNDES, y la adquisición de radares por $36 millones con el BBVA de España. El paquete incluía además la elección de la Junta Directiva del Congreso, lo cual les facilitaba el control del Legislativo para el año 2013.

La ampliación de este paquete de préstamos fue “una de las enormes dificultades que se tuvo semanas antes a la votación”, refiere Sinibaldi en su declaración. El ejecutivo quería hacer rendir el dinero de los sobornos y consiguió con esto la aprobación del decreto 28-2012 destinado a la compra de los aviones y radares.

“Otto Pérez y Roxana Baldetti convocaron a todos los diputados de la Bancada Patriota para terminar de afinar los detalles”, relata Sinibaldi. Algo que en efecto sucedió con los decretos 28-2012 y 29-2012.

La compra de estos aviones Embraer, sin embargo, fue cancelada el 1 de agosto de 2013 por el propio Pérez Molina por sospechas de sobrevaloración. «Estamos con la duda de que los 6 aviones Super Tucano estén sobrevalorados. Fueron negociados en el gobierno pasado», dijo el mandatario en aquella oportunidad al diario oficial.

Y pese a que la bancada había cumplido con dar sus votos, el segundo pago de 125 mil quetzales no había llegado a todos los congresistas.

“A raíz de ese atraso se generó una serie de descontentos dentro de los diputados, ya que varios diputados a los cuales yo personalmente les había pagado el dinero extra, les comentaron a los otros diputados que yo ya les había pagado”, testificó el exministro.

Sinibaldi aseguró en su declaración que esos retrasos en los pagos se dieron entre los diputados que debían ser pagados por Baldetti y sus operadores; “por lo cual Roxana dispuso citar a todas las mujeres de la Bancada Patriota” refiere Sinibaldi y le llamaron por teléfono para reclamarle.

Una fuente consultada por Redacción Regional que estuvo presente en esa reunión aseguró que Baldetti apeló a la sororidad de las diputadas oficialistas, en su disputa con Sinibaldi por el control de los sobornos.

“En dicha llamada y en presencia de las diputadas del partido, Roxana me recriminó directamente del por qué yo había pagado extras a algunos diputados y de porqué yo estaba diciendo que ella estaba encaprichada en no entregar el dinero”, relata el exministro.

En el río revuelto en el que se convirtió la entrega de sobornos de Odebrecht, la desconfianza y las rencillas internas entre los diputados del PP fue tal, que entre ellos se llegaron a acusar de robos de fondos provenientes del soborno. Refiere Sinibaldi en su testimonio: “en el caso particular de Emilenne Mazariegos (la segunda secretaria de la Junta Directiva), el dinero fue entregado por Estuardo Galdamez (primer secretario de JD), y recibí la queja puntual de parte de ella que la segunda entrega se le hizo en el mes de diciembre en dólares, y en lugar de los USD 16,500 que repartieron a la mayoría de diputados, ella recibió USD 14,500, situación que se repitió en otros diputados de la Bancada del Partido Patriota”.

Los diputados que niegan haberse vendido

Han pasado casi diez años desde la votación que favoreció a Odebrecht con un contrato de cerca de $400 millones de dólares. Desde que aquella legislatura culminó su mandato en 2016, la mayoría de los 108 diputados que según Alejandro Sinibaldi fueron comprados con sobornos han salido de la esfera política, algunos han fallecido, mientras que un puñado guarda prisión por otros casos de corrupción investigados por la CICIG y la FECI, o sirven, actualmente, de testigos en otros casos.

Así, por ejemplo, el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, fue encontrado culpable de intentar sobornar a una magistrada de Salas de Apelaciones para favorecer a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y salió de prisión en septiembre de 2021 gracias a un beneficio de libertad anticipada. Mientras que el exdiputado Christian Boussinot fue destituido del Legislativo en 2016 por el casoPlazas Fantasma y continúa ligado al proceso aunque en libertad.

Para 2022, de todos aquellos congresistas, solo uno ha logrado un puesto en el actual gobierno de Alejandro Giammattei.

Se trata de Álvaro González Ricci, ex diputado del bloque CREO y ahora ministro de Finanzas Públicas. El funcionario niega cualquier relación con la recepción de sobornos. “Yo en lo personal no tuve ningún contacto jamás con el Sr Sinibaldi, y como recordarás, mi trabajo siempre fue técnico y alejado de estos temas”, dice el excongresista. “Me imagino que habrán muchos dimes y diretes, pero en mi caso particular ya sabés que todo se hace al 100 en el marco de la ley”, añade.

De todos los que votaron a favor de Odebrecht, entre jefes de bloque y diputados, en el actual congreso sobreviven 16 legisladores. Todos niegan haber recibido sobornos.

Redacción Regional logró consultar a diez de ellos de manera directa.

Carlos Alberto Barreda Taracena, electo por la UNE, aunque ahora disidente de la agrupación, justificó su voto aduciendo que era parte de los proyectos contemplados desde el gobierno de Álvaro Colom. En el mismo sentido respondió el diputado Orlando Blanco Lapola quien califica las declaraciones de Sinibaldi como “una irresponsabilidad”; mientras que el diputado Mario Taracena Díaz-Sol dijo que son señalamientos “falsos, espurios”.

El diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, también de la UNE, afirmó “desconocer sobre ese tema” mientras corría a refugiarse en su oficina al escuchar la palabra Odebrecht.

Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán, actual jefe de bloque de CREO, negó todo conocimiento del pago de sobornos: “No es justo juzgar a un bloque completo cuando tal vez existan terceros que hacen una labor de intermediar por alguien”, dijo. Además, Chinchilla pidió que se consultara al respecto al entonces jefe de la bancada Carlos Fión, actual diputado al Parlacen por CREO.

Boris Roberto España Cáceres, en aquella época parte de la bancada del PP y ahora diputado de TODOS, invitó a Sinibaldi a que “dé a conocer lo que tenga”. A la vez que aseguró tener ofertas de algunos partidos para continuar en el Congreso.

Iguales negativas emitieron los diputados Julio César Longo Maldonado, en 2012 en la GANA, y actualmente en FCN-Nación; Fidel Reyes Lee, actual diputado por el partido BIEN.

Hernán Morán Mejía, congresista por el partido UCN en 2012, actualmente en el PC, aseguró que volvería a votar por un préstamo similar al de Odebrecht. “El deber del Congreso es aprobar préstamos y nosotros aprobamos ese préstamo para la construcción de la carretera. Que yo sepa en ningún momento de parte del señor Sinibaldi se nos ofreció nada”, dijo.

El único diputado que afirmó estar seguro de que hubo pagos por la aprobación del contrato a favor de Odebrecht fue Juan Carlos Rivera, del partido Victoria, aunque negó haber recibido sobornos o favores a cambio de su voto favorable.

“Estoy seguro que algunos diputados recibieron dinero de esa negociación. Yo en lo personal no negocié nada con Sinibaldi”, dijo el diputado.

También se consultó al ex diputado Roberto Alejos, hermano de Gustavo Alejos, quién fue señalado por Sinibaldi de recibir dinero para la bancada Todos. El ex congresista negó haber recibido dinero a cambio de los votos de su bloque.

Un diputado, Luis Alberto Contreras Colindres, de CREO, dijo no tener tiempo para atender las preguntas. Los restantes cinco fueron consultados vía mensajes electrónicos y cartas entregadas en sus despachos. De estos, al cierre de esta edición, ninguno envió respuestas.

Estos son:Felipe Alejos Lorenzana (TODOS); Sofía Jeanneth Hernández Herrera (UCN); Joel Rubén Martínez Herrera (FCN-Nación); Jairo Flores Divas (UNE) y Jorge Adolfo García Silva (PC).

Redacción Regional también intentó obtener una reacción de la constructora Odebrecht, pero al cierre de esta investigación no hubo respuesta

*Esta nota forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente Honduras.

El Centro de Derechos Reproductivos presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amicus curiae sobre el recurso de inconstitucionalidad a favor del aborto por 3 causales admitido en la Corte Suprema de Justicia el 4 de junio de 2021. El amicus curiae es un escrito realizado por terceros, ajenos a un caso, en el que ofrecen su opinión para aportar más contexto e información a la discusión que se debe dar en un tribunal, en este caso ante la Corte hondureña.

Honduras es uno de los seis países del mundo con una prohibición total del aborto; el recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones feministas y la plataforma Somos Muchas es la primera acción legal por el derecho a decidir en torno a las tres causales en el país y señala que hay una contradicción entre los convenios internacionales y la legislación nacional que violenta varios derechos de niñas y mujeres en el país.

El Centro de Derechos Reproductivos se dedica a hacer litigio estratégico para promover los derechos reproductivos humanos a nivel mundial. Contracorriente (CC) conversó con la directora regional para América Latina y el Caribe, Catalina Martínez Coral (CM), sobre el acompañamiento a este caso en Honduras, los pasos que se pueden dar para la despenalización del aborto y su experiencia con otros países, especialmente sobre la victoria más reciente de litigio de la que fue parte: la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia.

Contracorriente (CC): ¿Cómo han visto el contexto de salud sexual y reproductiva en Honduras?

Catalina Martínez (CM): En Honduras hay grandes deudas. Primero la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, es ridículo que sea el único país de América Latina y el Caribe que sigue teniendo una prohibición sobre la anticoncepción de emergencia cuando esto es esencial sobre todo para protocolos de violencia sexual. Recordemos que Honduras es uno de los países que más altas tasas de violencia sexual tiene y todas estas víctimas tienen que poder acceder a una atención integral. Esa es una primera deuda histórica que hemos venido trabajando desde la sociedad civil desde sus inicios y que esperamos que con este nuevo gobierno se den pasos contundentes hacia la legalización de la PAE, es lo primero que debe pasar. Además, teniendo a una mujer presidenta que tiene que reivindicar los derechos de las mujeres.

Segundo, creo que hay una gran oportunidad en el país para regular el secreto profesional médico a la luz de estándares internacionales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo menciona en el caso Manuela contra El Salvador. Esos estándares deben ser adoptados por todos esos países que reconocen las competencias de la CIDH, Honduras es uno de ellos. Se necesita una regulación que permita a los profesionales de la salud guardar el secreto profesional y que no tengan que exigirles un deber de denuncias cuando atienden casos de salud sexual y reproductiva.

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Y la tercera deuda es el aborto, Honduras es uno de los seis países de la región que tiene una prohibición total del aborto; lo que quiere decir que una mujer cuya vida corre peligro no puede asistir el aborto, una niña víctima de violencia sexual o una mujer que tenga un embarazo incompatible con la vida fuera del útero no pueden acceder al aborto.

CC: ¿Y qué contenido tiene el amicus curiae que han presentado?

CM: Estamos presentando estándares de derechos humanos frente a por qué el aborto es un derecho reproductivo, por qué es una obligación de los Estados proveerlo como parte de sus obligaciones en salud sexual y reproductiva y cómo ya hay diferentes cortes en el mundo que se han pronunciado en estos temas. La corte es un lugar legítimo para darse estas discusiones a diferencia de lo que piensan algunos que creen que son temas que solo se dan en el congreso; no es verdad. Las cortes, sobre todo aquellas que tienen Sala de lo Constitucional, tienen una competencia muy específica y es valorar que toda su normativa esté conforme a la constitución y ésta integra los derechos humanos que se han firmado a nivel internacional como regional.

A nivel internacional ya existe una jurisprudencia vasta sobre por qué el aborto es un derecho humano y eso lo tiene que integrar la constitución de Honduras.

CC: ¿Hay algún caso de litigio hondureño que planean ante sistemas de derechos humanos internacionales?

CM: Estamos documentando un caso en Honduras de una mujer víctima de agresión sexual que no pudo acceder ni a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, ni al aborto. En este caso ya agotamos los recursos dentro del país, es decir, ya tratamos de buscar justicia y no se logró y estamos próximas a interponerlo ante un organismo de derechos humanos a nivel regional o internacional, lo estamos decidiendo, y por supuesto lo que se busca es que se condene al Estado de Honduras por no estar garantizando los derechos reproductivos en el país. Nosotras esperamos con mucho optimismo que no tengamos que llegar a una decisión de estos tribunales porque confiamos en que el Gobierno y la Sala de lo Constitucional en Honduras darán pasos contundentes en la legalización de la PAE y el aborto, de lo contrario se viene un litigio internacional contra el Estado de Honduras.

CC: ¿Y cuántos años llevan acompañando ese caso?

CM: Se viene documentando desde hace al menos cinco años llevando a nivel de tribunales internos que no han dado respuestas y por eso se está tomando la decisión de salir.

CC: ¿Qué pasos deben tomar países como Honduras para la despenalización del aborto y como se hace no solo la despenalización legal sino también la social en estos casos?

CM: Creo que es algo que nos han enseñado los movimientos latinoamericanos como Argentina, México, Colombia acerca de lo importante que es acompañar la despenalización legal con la despenalización social.

¿Cómo logramos entablar conversaciones, ponerlo en la agenda pública? se logra a través de los medios, las redes digitales juegan un rol fundamental. El cómo logramos entablar conversaciones sobre este tema ahí y hacer pedagogía, cómo logramos que un periodismo nos acompañe, un periodismo juicioso y feminista, que cubra las noticias con ese ángulo y enfoque de género que es tan necesario ahora. Yo creo que todas estas estrategias que se usaron en Argentina, México y Colombia son muy importantes para validar y legitimar las decisiones de una corte, un congreso o una presidencia. En el caso de un acuerdo ministerial para la PAE, porque si se siente que hay un apoyo de la ciudadanía, que es masivo e importante, estos entes que representan a la democracia se van a sentir legitimados por las personas que estamos hablando, y eso es fundamental.

CC: ¿Qué casos de litigio han acompañado y qué avances han representado para las mujeres latinoamericanas?

CM: El primer caso de aborto que se litigó ante un comité de derechos humanos de Naciones Unidas lo litigó el Centro de Derechos Reproductivos y es el caso KL contra Perú, en donde se reconoció que obligar a una adolescente a seguir con un embarazo, que además tenía malformaciones, constituía tortura, trato cruel, inhumano y degradante; y con base a esa decisión del comité en Perú se creó el protocolo de acceso al aborto terapéutico en Perú.

Litigamos otro caso que se llama LC contra Perú que se litigó ante el comité contra la discriminación de Naciones Unidas; otro de mortalidad materna que es el de Aline contra Brasil, ese caso nos permitió avanzar en términos de salud materna en Brasil y en toda la región porque recordemos que como son casos decididos en comités internacionales regionales de derechos humanos crean obligaciones para todos los Estados que han ratificado un tratado o una convención.

Los casos más recientes han sido aquí en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el caso de Paola Guzmán contra Ecuador, que es el primer caso que habla del derecho a la educación sexual integral como un derecho humano y crea esta obligación de todos los Estados de brindar educación sexual integral como parte de sus políticas de educación.

Litigamos también el caso de Manuela contra El Salvador que es un caso de una mujer que sufre una violencia obstétrica, fue criminalizada, llega a la cárcel por homicidio agravado y muere ahí porque le detectan un cáncer que posiblemente le causó la emergencia obstétrica y ese es un caso muy importante porque crea estándares jurídicos frente al secreto profesional médico y el principio de confidencialidad; es decir, como profesionales de la salud debe primar el secreto profesional médico sobre cualquier denuncia cuando están atendiendo casos de salud sexual y reproductiva.

Y bueno, la victoria más reciente es el caso que se litiga ante la Corte Constitucional Colombiana con otras cinco organizaciones que buscaba la eliminación del delito de aborto en Colombia porque considerábamos que el delito de aborto es ineficaz, que es un servicio de salud que no debe estar regulado a través del ámbito penal sino de iniciativas de salud. Finalmente, la Corte falla con una decisión muy favorable, no con lo que estábamos buscando, pero el fallo despenaliza el aborto hasta la semana 24 en el país y de ahí en adelante siguen rigiendo las causales que existían en Colombia desde 2006.

CC: ¿Y cómo se toma el país esa decisión de la Corte, ¿cuál fue el ambiente en ese momento?

CM: Esta demanda la presentamos cinco organizaciones que hacemos parte de un movimiento que se llama Causa Justa con más de 90 organizaciones, más de 30 activistas; entonces éramos muchas y esto lo digo para complementar el hecho de que la estrategia en Colombia no fue solamente poner una demanda ante la Corte Constitucional sino generar una discusión pública. Por supuesto la decisión ha creado diferentes reacciones, las celebraciones de quienes nos acompañan en el proceso y siempre quienes siempre se han opuesto a este tema y que están tratando de polarizar con desinformación. Hay un centro neutro que no está a favor o en contra, pero que les ha costado entender el tema de la semana 24.Se viene un reto en el país de pedagogía sobre la decisión y que políticas se deben acompañar para garantizar que el aborto sea en las etapas más tempranas posibles.

CC: ¿Qué dificultades has tenido al enfrentar estos temas en países tan conservadores?

CM: Es difícil. Por ejemplo, en el caso de Manuela contra El Salvador es la Corte Interamericana quien falla contra El Salvador y lo que dice la Corte es que El Salvador tiene un contexto de persecución sistemática contra mujeres, adolescentes y niñas que sufren emergencias obstétricas y que son acusadas en los servicios de salud.

Hay como un estereotipo de que una mujer no puede perder un embarazo a no ser que se lo indujo. Entonces en vez de brindar servicios de salud terminan denunciando a las mujeres sin ninguna prueba y esto las lleva a enfrentar juicios penales muy horribles, no tienen garantías en el proceso, están permeados por estereotipos de género en donde básicamente una mujer tiene que hacer todo por la maternidad, inclusive si acabas de tener una emergencia obstétrica. Realmente es muy complejo cuando las personas tienen en la cabeza que el rol de la mujer es el de incubar y maternar.

Lo importante es que la Corte Interamericana dice que, si bien no son casos de aborto porque son pérdidas involuntarias del embarazo, la penalización total del aborto causa estos estigmas, son la base para que existan estos prejuicios porque si el aborto no existiera entonces los médicos y profesionales de salud no tendrían que denunciar a las mujeres, ¿qué produce el delito en la sociedad? Esto.

El llamado es que sigamos haciendo una pedagogía importante para que podamos lograr una transformación cultural que nos permita ver estos temas como lo que son: derechos.

En julio de este año, una serie de asesinatos y amenazas ocasionó que una decena de familias abandonaran sus casas ubicadas en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. La Policía sostiene que la causa es la pelea de territorios entre la MS-13 y la Pandilla 18. Sin embargo, también se han registrado eventos violentos fuera de Chamelecón que la Policía atribuye a la MS-13, eso ha provocado el incremento de los patrullajes de policías preventivos y policías militares.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Leandro Rivera

El lunes 11 de julio, diez familias abandonaron sus casas ubicadas en una de las líneas que divide el territorio controlado por la MS-13 y por la Pandilla 18 en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Autoridades informaron que estas familias fueron amenazadas de muerte por parte de miembros de la Pandilla 18.

Un día después de ese evento, arribó al lugar un nuevo jefe policial, el comisario Carlos Eduardo Rojas, quien luego de desempacar sus maletas se dispuso a conocer este sector en donde habitan cerca de 180 mil personas. El comisario Rojas llegó acompañado de otros 50 uniformados con la misión de «poner orden» y evitar que continúe el desplazamiento forzado que, en suma, ha afectado a por lo menos 50 familias del sector.

El comisario aseguró que 23 personas fueron asesinadas entre enero y julio de este año en Chamelecón. Según un cuadro comparativo de la Policía Nacional, en el mismo período del año pasado, 21 personas murieron violentamente.

Un callejón de tierra divide el grupo de casas de las diez familias que abandonaron sus viviendas en la colonia San Isidro. Ese pequeño camino fue custodiado por una veintena de policías que le mostraron el lugar al nuevo jefe policial. El comisario inspecciona el pasaje y nota que todos los vecinos de la cuadra se marcharon, abandonando siete viviendas familiares y dos complejos de apartamentos. «No podría decirle con precisión qué fue lo que se les dijo a esas personas para que salieran despavoridas», dijo Rojas después de ese recorrido y agregó que él fue a supervisar otros sectores de Chamelecón y pudo comprobar que también hay otras casas abandonadas y que ahora se encuentran destruidas.

«Como no pudieron residir en ellas [los pandilleros], les destruyeron los techos, ventanas y puertas, lo que hay ahora son tremendas zacateras. Cuando vine a Chamelecón se me dijo que el problema es el pleito de territorios y con esa palabra tuve que quedarme. Ahora queda en mí investigar qué fue lo que en realidad sucedió ahí», sostuvo.

«Las maras y pandillas lo que quieren es respeto a su territorio, para una organización como ellos que cobran impuestos incluso a los taxistas. Al final, el pleito de territorio es por la parte pecuniaria que esas zonas producen. Si ellos ven que una calle es más transitada, la quieren por las rentas que se cobran», afirmó el comisario.

Una persona de Chamelecón, que pidió no ser identificada, nos explicó que la gente de San Isidro «es la que más ha sufrido» porque los pandilleros han llegado hasta sus casas y les dicen «tienen tanto tiempo para irse».

Y es que el temor por lo que pueden hacer las pandillas lo sienten incluso algunos policías que aún en presencia de su nuevo jefe lucieron nerviosos y expresaron su miedo de ser emboscados durante la noche en algunos sitios de Chamelecón que no cuentan con alumbrado público.

Pero la mayor exposición a la muerte la sufren los habitantes de Chamelecón. El pasado 16 de junio, Melvin Romero y José Madrid, de 28 y 24 años de edad respectivamente, estaban repartiendo bloques de concreto desde un camión cuando fueron raptados y posteriormente asesinados en una casa abandonada de la colonia 15 de Septiembre. Los jóvenes habían cruzado hacia una zona dominada por la Pandilla 18. Esas muertes fueron el génesis de una violencia que después escaló.

El 6 de julio, otro hombre que recién había salido de la cárcel, apareció muerto en el interior de un barril en el sector conocido como La Roca, en Chamelecón. En este caso, según varias fuentes consultadas por Contracorriente, el asesinato se produjo porque la víctima desobedeció algunas reglas establecidas por la MS-13 en su territorio.

En la madrugada del 7 de julio, en territorio de la Pandilla 18, se reportaron dos muertos en diferentes viviendas de la colonia Los Laureles del sector Chamelecón. Una de las víctimas fue atacada a disparos y la otra con arma blanca. Las víctimas fueron identificadas como William Pavón, de 25 años, y Antonio Florentino, de 22 años. El hecho fue atribuido a la MS-13, en supuesta represalia por lo que había acontecido el 16 de junio con los jóvenes que trabajaban en la bloquera.

Pero las cosas no quedaron ahí. El 10 de julio, en la colonia 17 de Julio, territorio controlado por la MS-13, un hombre fue asesinado en horas de la madrugada. Cinco sujetos ingresaron en una vivienda del vecindario armados con cuchillos con los cuales atacaron a dos personas. La víctima mortal fue identificada como Melvin Gonzales, un hombre de aproximadamente 30 años que supuestamente se levantó de su cama para observar lo que estaba pasando y fue asesinado.

Inmediatamente después de estos hechos violentos, el lunes 11 de julio, comenzaron las amenazas que en algunas fronteras del sector provocaron que varias familias comenzaran a abandonar sus casas.

En la última década, la MS-13 ha controlado la mayor parte del territorio en el sector Chamelecón, frente a la Pandilla 18 que se ha ido quedando con menos presencia y replegada en algunos lugares en donde hay menos comercio. Actualmente, diversas fuentes apuntan a que la Pandilla 18 está buscando recuperar territorios que alguna vez tuvo.

«El primer doble asesinato se dio porque se violentaron las fronteras. Pero después ingresaron a otra colonia. Y en respuesta, en horas del amanecer, vinieron a buscar a otras personas», explicó un poblador que pidió no ser identificado, en referencia a ataques sorpresivos que tuvieron lugar durante la madrugada y que fueron realizados por ambos bandos.

El poblador indicó que desde el 2014 siempre se han registrado peleas de territorio en Chamelecón, pero no se había visto que grupos saltaran de un territorio a otro para asesinar a gente que no estuviera vinculada a las pandillas.

«Siempre ha habido pelea de territorios y de cierta manera [la MS-13] había logrado avanzar ciertas cuadras, por ejemplo, en las colonias Suyapa y 15 de Septiembre. Pero ahora, el otro grupo [la Pandilla 18] está volviendo a ganar terreno, entonces [el avance de un grupo sobre otro] sí ha ocurrido, pero antes no se había mediatizado».

Este vecino de Chamelecón afirmó que actualmente hay temor en los habitantes del sector. «Hay gente que siente mucho miedo y por el miedo se ha ido de su casa. Me refiero a gente que no terminó de llegar a su casa y les dijeron “no te quiero ver en esta colonia, te me vas”. En San Isidro se dio así, la amenaza se hizo de manera directa».

De la Rivera Hernández a Chamelecón

El comisario Rojas, el nuevo jefe policial de Chamelecón, cuenta que no es la primera vez que trabaja en un sector en donde hay presencia de maras y pandillas. «Estuve en la Rivera Hernández en los años 2003, 2004 y 2005. Fui nombrado como jefe de la policía comunitaria de ese sector, en donde el crecimiento de las maras y pandillas pues estaba en su pleno auge. Ya tengo experiencia en contrarrestar este tipo de grupos». Rojas recuerda que durante su paso por la Rivera Hernández había una línea comunitaria orientada a involucrar a la comunidad para que ayudara a erradicar a los grupos que estaban naciendo. «La política del señor presidente [en ese entonces Ricardo Maduro] era dura, el marero tenía que ser castigado con todo el peso que la ley establecía».

El policía cuenta que luego lo mandaron a otra colonia que «estaba llena de pandilleros», la colonia Palermo, en El Progreso, que describió como un «lugar terrible». Al ser consultado sobre qué entiende él por modelo comunitario de seguridad, respondió que «la policía comunitaria es hacer que la ciudadanía participe más. ¿Y cómo?, proporcionando información, entonces yo en los medios siempre digo que la seguridad no solo es de la Policía Nacional, sino que el mismo ciudadano».

Rojas reconoce que las maras y pandillas tienen el control de algunos territorios y cuenta que a nivel personal él fue víctima de éstas ya que, aún siendo oficial, cuando era propietario de dos taxis, pagaba extorsión para evitar que los conductores de dichas unidades fueran asesinados. «El sábado tenía que estar pagando entre 200 y 300 lempiras. Durante la pandemia me deshice del negocio. Hay negocios que desde que empieza la extorsión son difíciles de sostener», dijo el comisario Rojas.

Un sondeo del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), publicado en 2022, indicó que el 73.6 % de la población percibe que los asesinatos aumentaron. El 43 % indicó que ellos o sus familiares fueron víctimas de robo sin agresión, el 23.3 % robo con agresión, el 12.4 % de asesinato y el 4.5 % de amenazas. Datos de la Policía Nacional indican que, en el primer semestre de 2022, hubo 18.47 homicidios por cada 100,000 habitantes.

No obstante, el mismo estudio del ERIC-SJ reveló que, ante la pregunta: «¿Cuál es el principal problema que enfrenta actualmente Honduras?», la mayor parte de los encuestados, el 33.5 %, consideró que el principal problema del país es la crisis económica frente a apenas el 0.7 % que ubicó a las maras y pandillas como el principal problema en el país.

De enero a julio de este año, en Honduras se han reportado 30 homicidios múltiples con 111 víctimas mortales, segúndatos recabados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). La directora de este observatorio, Migdonia Ayestas, dijo a Radio Cadena Voces que Honduras se convirtió en julio en el país más violento de Centroamérica con un promedio de 13 homicidios diarios.

Una fuente de sociedad civil consultada por Contracorriente indicó que existe temor de que en Chamelecón, como en otros puntos del país en donde hay presencia de maras y pandillas, estos grupos comiencen a violentar sus fronteras, generando así un aumento en los índices de violencia a nivel nacional.

En el sector Chamelecón hay por lo menos tres fronteras que dividen los territorios controlados por la MS-13 y la Pandilla 18. Asimismo, según una publicación de Diario La Prensa, en el sector Rivera Hernández hay ocho fronteras que además de separar a la MS-13 y Pandilla 18 también dividen a las bandas Los Aguacates y Los Olanchanos.

Un estudio publicado en 2020 denominado «Criminalidad e inseguridad en Honduras», realizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) en conjunto con el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), indicó que «el rostro del crimen organizado en Honduras está conformado principalmente por las pandillas y los grupos dedicados al narcotráfico. No obstante, estos no son los únicos actores dentro de la larga cadena de criminalidad. Se ha evidenciado que otros sectores, como miembros del sector político y económico han trabajado por décadas con el crimen organizado. Diversos casos ilustran las conexiones profundas que ellos comparten en negocios, política e incluso en asuntos de seguridad».

Y es que en la violencia en Honduras intervienen otros factores que desembocan en homicidios como el sicariato, la venganza, el rapto y secuestro, las muertes atribuidas a las maras o pandillas, la extorsión, el narcotráfico y la trata de personas.

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Algunos testimonios recogidos en el sector Chamelecón coinciden en que, aparte de los 23 asesinatos registrados en Chamelecón este 2023, también hay personas desaparecidas o personas asesinadas que no han sido identificadas, lo cual es un signo de violencia alarmante, porque en varios de los casos los desaparecidos son niños en etapa escolar o jóvenes de secundaria.

De enero a julio de 2022, la Policía Nacional reportó 333 «muertes indeterminadas» de las cuales 60 se registraron en Tegucigalpa, 43 en San Pedro Sula y 15 en La Ceiba; mientras que los municipios de Santa Cruz de Yojoa, El Progreso, Choluteca, Comayagua y La Paz reportan 7 muertes indeterminadas respectivamente. Luego aparecen otros municipios con menor cantidad de muertes indeterminadas, segúndatos obtenidos en el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL). Según los datos oficiales, una muerte es indeterminada cuando el motivo y las circunstancias de la muerte violenta no han sido aclarados a través de la cadena de investigación criminal y de justicia.

Durante el 2021, los datos de la SEPOL indican que en el país se reportaron 761 muertes indeterminadas, 175 de estas fueron reportadas en el Distrito Central, 102 en San Pedro Sula, 22 en La Ceiba, 20 en Choloma, 18 en Comayagua, 16 en El Progreso, 13 en Roatán, 11 en Juticalpa, 11 en Marcala, 10 en Choluteca. La lista continúa con otros municipios en donde la Policía catalogó estos decesos como muertes indeterminadas.

«El sector confía mucho en la seguridad policial, de hecho, muchas familias no se han ido porque está la seguridad policial ahí, pero si no estuvieran ya se hubieran ido. Pero para las personas que estamos en Chamelecón hay un temor muy grande, sabemos que en cualquier momento los índices de violencia pueden subir y que tal vez un cambio de jefe [policial] puede traer una nueva dinámica y se pueden provocar enfrentamientos más fuertes que simplemente una pelea territorial, sino algo más fuerte. Eso siempre va a estar en el aire. Ese temor», explicó un vecino del sector.

Masacre de alto impacto atribuida a la MS-13

Varias patrullas de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) recorrieron esta semana las calles de Chamelecón después de que la presidenta Xiomara Castro giró órdenes para que los agentes militares permanecieran en las calles patrullando diferentes zonas del país.

La decisión de la presidenta Castro fue anunciada luego de una masacre registrada el jueves 14 de julio en Tegucigalpa, a 148 kilómetros de distancia de Chamelecón, en donde fue asesinado Said Lobo -uno de los hijos del expresidente Porfirio Lobo Sosa- junto a otras tres personas.

La Secretaría de Seguridad atribuyó este homicidio múltiple de alto impacto a la MS-13. El sábado 16 de julio, la Policía Nacional informó que había logrado capturar a seis personas, de las supuestas 11 que participaron en la masacre.

«Estamos en la capacidad de informar que la operación fue ejecutada por la estructura criminal MS-13 y el blanco, el objetivo, era el hijo del expresidente Lobo. Capturamos seis ya, estamos haciendo más operaciones, allanamientos, entre otras, seguiremos para capturar a esta estructura y otra que opera en el país», dijo el general de policía Gustavo Sánchez, Director de esa institución

El lunes 18 de julio, el jefe de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), el Coronel de Infantería Roosevelt Leonel Hernández, explicó que los miembros de la PMOP estarían permanentemente en las calles apoyando a la Policía Nacional.

FFAA a través de #PMOP ejecuta operación de registro y patrullajes en la Central de Abastos y otros sectores de San Pedro Sula, Cortés. pic.twitter.com/rF78zovprt
— Policía Militar de Honduras (@PMOPHN) July 19, 2022

La Policía Militar informó el jueves 18 de julio que durante el primer semestre de 2022, la PMOP ha realizado «111,544 patrullajes móviles, a pie y motorizados en barrios, colonias y aldeas de los 18 departamentos del país; intensificando la presencia de elementos militares en las zonas más peligrosas de las principales ciudades de Honduras».

A pesar de los patrullajes simultáneos de la Policía Nacional y la PMOP, aún no está clara la forma en que manejará el nuevo Gobierno la seguridad ciudadana en zonas como Chamelecón.

La presidenta Castro lanzó el pasado 6 de julio en el departamento de Santa Bárbara las Mesas de Seguridad Ciudadana e informó que la Policía Nacional buscará implementar en todo el país el modelo de la Policía Comunitaria.

Sin embargo, tras la ola de violencia en el país, la presidenta Castro ha optado por sacar a la Policía Militar a las calles. La Policía Militar fue creada en agosto de 2013 durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa y fue fortalecida por el expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso por narcotráfico en EE.UU.

El comisionado de la Policía Nacional, Luis Osabas, explicó que es difícil que la población de Chamelecón se acerque a la Policía Nacional para denunciar y reveló que la decisión de asignar a 50 policías más a Chamelecón se tomó en base a lo divulgado en medios de comunicación.

«Nuestro mecanismo es formalmente la denuncia, pero es muy difícil que las personas lleguen a las instalaciones de la Policía. La Policía ha actuado en base a lo que ha trascendido en los medios de comunicación. Se incorporaron al trabajo permanente de la jefatura departamental número 6 del sector Chamelecón, 50 miembros de la Policía Nacional y tendrán como objetivo principal que este tipo de cosas no se sigan suscitando y salvaguardar las pertenencias de estas personas que se han ido», afirmó Osabas.

Osabas aseguró que estos grupos han desplazado a estas personas porque lo que pretenden es «mantener el control de ciertos puntos específicos que consideran como estratégicos para desatar violencia unos con otros».

«Ellos pelean los controles de los mercados, principalmente el tema de droga, eso es uno de los detonantes de violencia en el país», explicó Osabas.

Carla Antonelli, primera mujer trans en haber sido electa como diputada en la Asamblea de Madrid, participó el viernes 22 de agosto en el conversatorio «Voces diversas: literatura, arte, inclusión y diversidad» junto con activistas de la comunidad LGTBI+, Grecia O’Hara y Andy Tosta, y la titular de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, Anarella Vélez.

Entrevista y fotografías: Persy Cabrera

Carla es una mujer de logros de primeras veces históricas para la comunidad LGTBI+, y en el VI Festival de Los Confines volvió a hacerlo. Es la primera vez que en este importante espacio cultural para Honduras se instaló una mesa de conversación sobre los aportes de hondureños y hondureñas que pertenecen al colectivo LGTBI+, al arte y la cultura del país.

Antonelli nació un 13 de Julio de 1959 en Güímar, Tenerife en las Islas Canarias, España, y ahí estudió arte dramático en el Conservatorio de Música y Arte Dramático de Santa Cruz de Tenerife. Con apenas 17 años dejó su hogar y lugar de nacimiento y en las épocas finales del franquismo y pleno postfranquismo sufrió la instauración de la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social; por la que por ser una mujer trans podría haber terminado en la cárcel.

En 1977 –año en el se fue de Tenerife, Islas Canarias– comenzó a ser una figura visible como activista por los derechos de las personas transexuales cuando en un medio de comunicación pidió el voto por el Partido Socialista, que consideraba era la mejor opción para defender los derechos de la comunidad trans.

Su primera aparición en un documental con temática sobre la transexualidad se grabó en 1980, mismo que no pudo ver la luz hasta septiembre de 1981 después de ser raptado por la censura. La censura del documental estaba «justificada» porque en el metraje Antonelli habló sobre los jueces que impedían el cambio de sexo y nombre legalmente en el Documento de Identidad Nacional (DNI).

En 1997, Antonelli, comenzó a formar parte del Partido Socialista Español (PSOE) como coordinadora del Área Transexual del Grupo Federal LGTB y fue parte del grupo que construyó el programa electoral que incluyó el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género para las personas transexuales. En el 2004 –con la victoria del PSOE en las elecciones–, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en el Congreso de los Diputados, pero la Ley de Identidad de Género se retrasaba constantemente.

Ante esta demora en la aprobación de la ley, Carla amenazó con realizar una huelga de hambre acompañada de presidentas de otros colectivos, si el Consejo de Ministros no llevaba a buen puerto la Ley de Identidad de Género.

Las presiones dieron su fruto y la ley fue aprobada un 17 de marzo de 2007, firmada por el Presidente del Gobierno, José Rodríguez Zapatero y por el Rey de España. Y Carla se convertiría en la primera mujer en poder hacer cambio de nombre en su Documento de Identidad Nacional.

Meses después, sus preparaciones en las artes dramáticas empezaron a formalizarse. Después de la aprobación de la ley, Carla renunció a su cargo como coordinadora –el 1 de julio de 2007– y se unió a la grabación de la serie El síndrome de Ulises, hecho que la convertiría en la primera mujer trans en protagonizar una serie de televisión en España.

En el 2011, en las elecciones autonómicas fue electa como diputada en la Asamblea de Madrid por el PSOE y se convirtió en la primera mujer transexual que ocupaba un curul en un grupo parlamentario de España.

Después de su participación en la mesa junto a Anarella Vélez, Andy Tosta y Grecia O’Hara, Carla Antonelli le brindó una entrevista a Contracorriente en el jardín de una locación que forma parte del patrimonio histórico de Gracias, Lempira: la Casa Galeano.

Contracorriente (CC): ¿Qué se siente ser parte de tantas «primeras veces históricas» en logros para la comunidad LGTBIQ+ y especialmente para la comunidad trans?

Carla Antonelli (CA): Son tantas primeras veces que –precisamente– eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar: que si las hay, es que no las ha habido antes, y si no las ha habido es por razones de prejuicios, estigmas, rechazo, incomprensión porque a las personas trans y LGTBI+ no les falta ningún número en la ecuación para ser exactamente igual que el resto de las personas.

Tenemos las mismas capacidades y cualidades y en cuanto se nos da la oportunidad lo estamos demostrando. En los equipos de premios Nobel de Física de hace 3 o 5 años estuvo una persona trans. El máximo cargo de la salud en Estados Unidos que ha gestionado todo lo del COVID-19 es una persona trans. Una de los viceprimeros ministros del Gobierno de Bélgica es una persona trans.

Lo que te quiero decir es que es solamente tener la oportunidad de ir rompiendo este telón o ese muro de cristal, el famoso muro de cristal o techo de cristal y suelos pegajosos de los que tanto se habla. Esto para poder salir y empezar a caminar erguidas, en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades con el resto de la población.

Las primeras veces no son una cosa exclusiva del colectivo LGTBI+, sino que lo podemos ampliar a la propia mujer en general, que todavía se siguen escalando puestos de primeras veces, lo cual nos dice mucho de los prejuicios subyacentes en torno a determinados colectivos de la sociedad. Pero hablar de la mujer como un colectivo es casi una indecencia, las mujeres somos casi el 50 % de la población de este planeta, lo que pasa es que al heteropatriarcado le ha venido muy bien tenernos relegadas y al servicio de.

CC: ¿Cómo ve la incursión de la comunidad trans en la exigencia de sus derechos en Honduras?

CA: Yo creo que Grecia O’Hara lo está haciendo muy bien, es una mujer empoderada y que tiene conocimiento de causa y los pies sobre la tierra, esto es muy importante. Además, la ley que están defendiendo es un proyecto muy inteligente porque abarca a todas las comunidades discriminadas de Honduras, las diez que reconoce el Estado hondureño y, entre ellas, a las personas LGTBI+.

O sea, es abordar desde una política integral contra la discriminación hacia todas aquellas personas de este país que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales.

Hablamos siempre de «las minorías, no hay que gobernar para las minorías» y siempre nos quedamos en el último lugar, pero es que al final si vamos sumando minorías y sumamos diez de ellas va y resulta que no somos una minoría. A lo mejor resulta que somos el 30 % o 40 % de la población, si lo juntas todo. Resulta que hay un grupo de población muy selecta que es la de los privilegios y que las minorías no son tan minorías, por lo tanto, es importante que haya gobiernos concienciados y progresistas que no gobiernen solo para las mayorías, sino también para las minorías.

CC: ¿Qué conlleva lograr esa «primera vez» y ocupar un cargo político? En su caso, ser parte de la Asamblea de Madrid.

CA: Viene la toma de conciencia de que estás haciendo algo histórico que no se ha producido nunca, por lo tanto, se ha marcado un antes y un después de llegar a la Asamblea, levantarte de tu escaño (asiento que ocupa un parlamentario) y decir: «Sí, prometo», porque yo no juro por nadie.

Luego tener un acta de diputada y pensar que aquellos que hacía cuarenta y tantos años nos llamaban «maricones» ahora me tienen que llamar «señoría» y tratarme con el debido respeto, eso es un momentito nada más.

Después viene lo siguiente que va más allá de la T y sin olvidar la T y salen leyes integrales de transexualidad como la que se hizo en la Comunidad de Madrid que fue la más avanzada de España y en su momento una ley integral contra la LGTBIfobia de la que fui parte ponente.

Pero yo también era responsable de familias y menores; o sea, que no solo estaba ahí por el colectivo LGTBI+ porque lo primero que se dijo es que «estás ahí por una cuota, nada más que por eso» o «por ser trans o por ser trons». No. Estás ahí por muchas otras circunstancias y lo vas demostrando con toda la política que vas haciendo, las denuncias de la oposición de tantas situaciones como: desapariciones de puntos de encuentro familiares que había en la comunidad de Madrid o el caso de los bebés robados en España, que fueron secuestrados a sus madres recién paridas, durante la dictadura hasta entrada la democracia.

Esto último, lo llevamos a la Asamblea de Madrid, donde toda la asamblea se puso en pie a aplaudir las víctimas que estaban sentadas arriba. Y media asamblea, derechas e izquierdas, lloraron al contar la historia de una mujer que estaba ahí con una botella de oxígeno y contó cómo una monja le robaba su niño –la famosa Sor María, que no se sabe si está muerta o si simuló su deceso– y fue el primer paso para que eso llegara al Senado de España, luego en el Congreso de los Diputados, y se reconociera en la Ley de Memoria Histórica.

CC: ¿Qué supone vivir bajo la existencia de leyes como «Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social» por la que las personas homosexuales y transexuales podían ser encarceladas?

CA: Esa ley estuvo desde 1970 hasta 1979, donde se nos encarcelaba y se nos penalizaba por el mero hecho de ser quienes éramos, pero existía –también– la figura del escándalo público hasta 1988. De eso pasamos a construir una España de derechos civiles con el Gobierno de José Zapatero, donde formé parte de la redacción del Programa Electoral y se incluyó el matrimonio igualitario; que sorprendió al mundo, porque el resto del planeta pensaba que España iba bajo palio. Y el matrimonio igualitario fue una realidad; después se hizo realidad la Ley de Identidad de Género, hace exactamente quince años. Una ley que luego la Argentina reformó, pero que fue el principio de unos cambios de fundamento del cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de una cirugía genital, y que marcó un antes y un después porque que vino a decir al mundo que ser hombre o mujer va mucho más allá de unos genitales. Esto en base a un principio básico de uno de los artículos de la Constitución Española, que está en prácticamente todos los artículos de todas las constituciones de todos los países del mundo y sobre todo los de habla hispana, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

CC: ¿Qué se siente al tener que esperar para que lo que es un derecho humano sea respetado?

CA: Sensaciones de impotencia. Parece que no lo vas a conseguir nunca y, finalmente, vislumbrar que los sueños no son solo sueños sino que se hacen realidad. Para eso lo que tienes que hacer es insistir y persistir, aunque haya días que parece que te vas a derrumbar, sigue trabajando y luchando. Pero es importante la unión, entre todas y todos, que es la que hace la fuerza. Esa visibilidad que tuvimos y el que fue el padre de todo esto, el compañero fallecido, Pedro Zerolo, que visitó mucho Latinoamérica y que exportó derechos fundamentales como el matrimonio igualitario en esas primeras manifestaciones de finales de los años 70 del orgullo.

De esas primeras manifestaciones de unos pocos cientos de personas, pasamos en los años 90 a ser cerca de 60,000, y en los años 2000 pasamos a ser cerca de un millón de personas. Sacar a las calles a un millón de personas por el respeto a los derechos a la diversidad y a la identidad. Estamos mandando un mensaje claro a los partidos que concurren a procesos electorales y es que nuestro voto cuenta y suma y solamente vamos a poner votos en las urnas a aquellos partidos que van a traducirlo luego en leyes en el Congreso de los Diputados cuando tengan que gobernar. Y si no, no les vamos a votar. Incluso, vamos a pedir el voto en contra de aquellos que quieren cercenar o impedir nuestros derechos.

CC: ¿Qué opina de que se realice una actividad cultural como el Festival de Los Confines e incluya la mesa de «Voces diversas: literatura, arte, inclusión y diversidad»?

CA: Es un absoluto acierto y felicitar a Salvador Madrid por este acto, que se presupone de valentía, pero que al final no es otra que de una creencia firme en la diversidad y en la inclusión de que todas las personas tienen que estar en todos los espacios.

Se ha hecho historia –en ese sentido– al ser la primera vez que hay una mesa de la diversidad en este Festival de Los Confines, y como le decía a Salvador: «Dentro de 3 o 4 años se pensará ¿por qué esto no se hizo antes?». Al final terminamos asumiendo ciertos temores, esa política de amedrentamiento que se hacen desde ciertos sectores ultrarreligiosos funciona con algunas personas, pero no es bueno vivir con miedo y vivir de rodillas, pues como decía alguien: «Prefiero morir con dignidad que vivir toda la vida de rodillas».

Por lo tanto, hay que ser valientes. Esto lo decía también el compañero Pedro Zerolo, que «el socialismo que no es valiente entonces no es socialismo», así que hay que ser valientes en todo este tipo de políticas, porque luego nos decían que a España se temía que le iban a caer las siete plagas de Egipto, que en los templos los velos se iban a rasgar en dos y al final no pasó absolutamente nada. Solo lo que dijo Zapatero, que «España había pasado ese día a ser un país más decente porque había dejado de humillar a parte de sus miembros». Hoy es un país orgulloso de ser pionero en el matrimonio igualitario con todos los plenos derechos, entre ellos el derecho a la adopción.

Ni los homosexuales se comieron a los niños, ni los metieron en microondas, ni nada por el estilo. Ya hay literatura suficiente de más de 60 años que dice que los hijos de madres y padres LGTBI+ solo son unos niños más, y la casuística de que sean LGTBI+ es exactamente igual a la del resto de la población. Mis padres no eran LGTBI+, pero yo soy una persona trans, por lo tanto a mí no me inculcaron nada.

Lo demás son solo las políticas del miedo, de fake news, las de atemorizar, «que viene el lobo que viene el lobo» para asustar a la población. Solamente hay que decir que cuando ocurre un terremoto, nos echan la culpa a la población LGTBI+ y no estoy diciendo ninguna tontería, parece que es una majadería lo que digo pero es que esto es literal. O sea, hay un terremoto, hay una guerra, no sé qué, y esto es culpa de la población LGTBI+ si sucediera.

Si es que, al final, somos la cortina de humo perfecta y el chivo expiatorio de las políticas de obcecación de señalamiento para la supervivencia de unos grupos ultraradicales que, desgraciadamente y contrario al dogma que predican, sustentan su propia existencia en la discriminación del otro.

Mala cosa es que tú para salir adelante tengas que buscar chivos expiatorios y perseguir, exterminar o cometer un genocidio contra toda una población, como hemos visto de forma aberrante en nuestra historia reciente.

Por Jennifer Ávila, Rodrigo Baires, Oswaldo Hernández y Wilfredo Miranda

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la semana pasada la Lista Engel, que incluye a 60 funcionarios, exfuncionarios, empresarios, fiscales y jueces centroamericanos a quienes ese país ve como corruptos y antidemocráticos. Su publicación provocó rechazos, menosprecios o desafíos de la clase política de una región atrincherada cada vez más contra el país que es su principal socio comercial. Este golpe sobre la mesa de la administración de Joe Biden no ha provocado cambios visibles en los gobiernos, pero algunos nombres sí han causado sobresaltos en las élites empresariales, judiciales y fiscales.

El problema para Estados Unidos es que, si la lista busca apuntalar las democracias y combatir la corrupción —dos piezas claves en la falta del desarrollo social y económico que empujan a la migración centroamericana hacia el norte —, para algunos de los señalados estar en ella actualmente es más una medalla al mérito o un ataque, que un disuasivo.

Esta actualización reabre el debate sobre si la lista en sí misma es suficiente para generar movimientos reales. Pareciera, por lo pronto, que no. Al contrario: el rechazo público del gobierno de Honduras a la misma perfila a una región a la deriva o alejada del Plan Biden para América Central. Con esto, el único gobierno del Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— con el que Estados Unidos no tenía rencillas públicas, también ha levantado la mano.

A pesar de que la mayoría de los 15 hondureños mencionados en la lista son acusados o han sido condenados por actos de corrupción ocurridos en los gobiernos nacionalistas (2010-2018), hoy opositores al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la molestia era previsible. La inclusión de tres miembros importantes del oficialista Partido Libre —los vicepresidentes del Congreso Nacional Rasel Tomé y Edgardo Casaña, y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza— provocaron que el gobierno y el Congreso Nacional la tildaran de “injerencista”.

En la lógica de Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, sus allegados son perseguidos por una cruzada que busca dinamitar el cambio que ellos proponen, y que en parte necesita del financiamiento del gobierno de Biden. Poco les importó la mención de 10 exfuncionarios involucrados en casos de corrupción y del empresario David Castillo, condenado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Todos fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, otrora respaldada por Estados Unidos.

Esta reacción se hermana con el discurso de Nayib Bukele en El Salvador y de Alejandro Giammattei en Guatemala, quienes se oponen a que el gran socio les exija combatir la corrupción, respetar la independencia judicial y fortalecer a las fiscalías, entre otros requerimientos, si es que quieren recuperar cientos de millones de dólares en cooperación, cuyo envío Estados Unidos ha suprimido hasta ver cambios.

En una coyuntura en la que la mayoría de los países transitan por una profunda deriva autoritaria, ese atrincheramiento les acerca al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ahí, la lista cayó un día después de que Ortega descartó establecer un diálogo con Estados Unidos. Una declaración alejada a la revelación que The New York Times hizo en mayo pasado, donde aseguró que Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja en el poder, buscó un acercamiento con el gobierno de Biden para “aliviar sanciones a la familia presidencial” aunque el régimen no da luces de cambio, como tampoco lo hacen los países vecinos.

En el caso salvadoreño, donde el oficialismo mantiene una política de comunicación basada en la búsqueda de enemigos públicos, la incorporación en la lista sirve para propagandísticamente decir que se va a “seguir adelante” y sumar a funcionarios estadounidenses que promueven las sanciones a su propia lista de enemigos.

El 21 de julio de 2021, cuando salieron los primeros señalados, entre ellos figuras clave de su gobierno, Bukele acuñó el hashtag “#LaVerdaderaLista”, donde señalaba exclusivamente a políticos de oposición acusados de actos de corrupción. Como ahora lo hacen los Zelaya, o como lo hace siempre Ortega, tildó a la lista de injerencia colonialista.

La Lista Engel suspende las visas de los nombrados, así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio, pero mientras no tenga más contundencia no será tomada en serio. “Yo tengo más solvencia que las personas que armaron esa lista. Puedo ver a la cara a los salvadoreños y me siento orgulloso”, dijo el ministro salvadoreño Rolando Castro, quien sigue en el cargo. La fiscalía salvadoreña no ha iniciado acciones en su contra ni contra ninguno de los otros mencionados. “Una visa no vale la vida de los salvadoreños”, escribió hace una semana Christian Guevara, jefe de la fracción del partido de Bukele en la Asamblea.

La lista cala más, al parecer, en otras esferas de poder que sí ven riesgos. En Guatemala, por primera vez, aparecen figuras empresariales poderosas como Ramón Campollo Codina y Steffan Christian Lehnhoff. Ambos están ligados a oligopolios del azúcar y la generación de electricidad. Se les señala por el pago de sobornos “a funcionarios públicos de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de Estados Unidos para mejorar la eficiencia energética”. Ambos empresarios negaron la acusación y la tildaron de ambigua y general.

También se incluyen a otros empresarios menos importantes pero con suficiente poder político en la administración de Giammattei y de los posibles candidatos en las elecciones generales de 2023. El cuestionado Ministerio Público de Consuelo Porras vuelve a figurar, con la mención de Rafael Curruchiche, el fiscal anticorrupción señalado por bloquear los casos que llevaba su antecesor, Francisco Sandoval, hoy en el exilio. El más reciente, el de los sobornos de Odebrecht al expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y 108 congresistas.

Una semana después de la publicación de la lista ningún Estado ha hecho algo con los nombres ahí señalados. Esto demuestra que el gobierno de Biden deberá hacer algo más que institucionalizar el jalón de orejas que significa la lista si quiere lograr que los gobiernos de la región cumplan sus exigencias en cuanto al combate a la corrupción y el respeto a la independencia judicial.

*Jennifer Ávila, Rodrigo Baires, Oswaldo Hernández y Wilfredo Miranda son periodistas centroamericanos, miembros de la mesa editorial de ‘Redacción Regional’, una alianza de periodistas y medios, entre estos LA PRENSA GRÁFICA, que investiga el autoritarismo y la corrupción en Centroamérica.

Texto: Omar Cruz
Ilustración: Pixabay

Paul era un chico simpático que vivía con sus padres y sus dos hermanos, eran una familia muy unida. Residían en las afueras de la ciudad, por aquello de la comodidad que permite estar cerca de zonas boscosas y alejadas del ruido insano de los motores de los vehículos en la ciudad. A pesar de eso, no eran del todo felices.

Cuando se trasladaron, los chicos dejaron a sus amigos para iniciar una nueva vida. En el pueblo que habitaban las cosas iban bien, los vecinos eran gente amable y cálida, pero sucedía que los muchachos no se adaptaban a sus nuevos amigos, y no tenían opción: les tocaba conformarse sin protestar.

De todos sus hermanos, Paul era el más despierto, ya que cursaba el tercer año de la carrera de Ingeniería Biomecánica en la universidad. A él desde casi siempre le atrajeron las cosas relacionadas con la creación de los cuerpos y su ingeniería. A veces se le escuchaba comentar que «Dios era el ingeniero biomecánico más capacitado del que había escuchado». Paul había ganado un par de competencias en ingeniería, sus planteamientos acerca de la inteligencia artificial dejaban en estupor a propios y extraños. Sus padres estaban orgullosos de él, sabían que le esperaba un futuro brillante y, sobre todo, un presente lleno de muchos retos. En el joven entró una tremenda curiosidad luego de haber leído el libro Así habló Zaratustra de Friederich Nietszche, la Teoría del Superhombre fue algo que llamó su atención de alguna manera y un día, mientras salía de clases, se le ocurrió una idea, pensó en utilizar sus conocimientos biomecánicos para crear algo, que de manera física e intelectual, semejara la idea del autor alemán.

Tuvo la suerte de que sus clases en la universidad habían terminado, y ese tiempo lo aprovechó para estar toda la semana siguiente encerrado en su laboratorio improvisado, allí se la pasó maquinando aquella idea, creando planos y pensando en la forma que le daría a la estructura ósea. Su familia estaba preocupada ya que se estaba obstinando demasiado con aquella idea, casi no salía a comer y cada vez estaba más pálido. Pero él les comentaba que ese encierro era necesario, ya que tenía que entregar ese trabajo, como parte de una tarea al volver a clases en la universidad. Sus padres lo comprendían ya que sabían que era un chico muy responsable con sus actividades, así que decidieron dejarlo seguir. Mientras eso sucedía, Paul había avanzado mucho en su proyecto, ya tenía manos y piernas elaboradas, y otro tipo de artefactos para dominar el prototipo de ser humano que iba desarrollar.

A la tercera semana, el chico le comentó a sus padres que su proyecto estaba casi terminado, sólo necesitaba un ingrediente especial, y, después, serían ellos los primeros en ver el resultado. El joven pensó que sería mejor utilizar un ser humano real para probar aquellas partes que había elaborado. Se preguntó quién podría ser el indicado, su padre, su madre o uno de sus hermanos. Era una decisión difícil ya que, el que fuera elegido, tenía que ser desmembrado para poder agregarle las partes biomecánicas. Esa misma noche, sin perder mucho tiempo, tomó la decisión.

Al siguiente día salió a comprar y volvió con muchas cosas que no mostró a nadie, llegó a casa y se fue a su lugar de trabajo. La idea que tenía era que la única persona capacitada para ser ese híbrido humano que iba a crear, era él, así que fue a comprar anestesia, guantes, cuchillas, una sierra, suero y unas pintas de sangre. Claro está que no lo haría en pleno día, pensó que la noche sería un horario perfecto para hacerse la operación. El pronosticador de turno en el noticiero anunció que una lluvia con una tormenta eléctrica fuerte caería desde las diez en adelante aquella noche. Paul vio una luz en ello, ya que sería una gran ventaja para que no escucharan algunos de sus gritos por el dolor.

El reloj del joven marcaba las diez treinta y cinco, en su casa todos estaban descansando, este era el momento para empezar con su trabajo. Desde antes ya tenía las herramientas listas e inició por colocarse un pañuelo en la boca y un torniquete en el brazo izquierdo, ya que pensó que por ahí podía comenzar. Se inyectó una dosis de anestesia, y procedió a mutilarse con la sierra y las navajas que había conseguido. Estaban muy bien afiladas, el brazo cayó y, junto a él, un par de lágrimas y unos pequeños gritos por el dolor que debido a la tormenta eléctrica nadie escuchó. Se colocó el brazo artificial y otra vez unos pequeños quejidos, pero nada más pasó. Procedió a probar el movimiento y funcionaba a la perfección, al parecer estaba teniendo éxito. Siguió con su pierna izquierda, pero antes se sentó en su cama para evitar caerse. Fue la misma operación: aplicó anestesia, un corte rápido y la pierna estaba en el suelo junto a unas gotas de sangre y un par de lágrimas. Después se colocó la pierna artificial y unos quejidos acompañaron el sonido de un ensamble que había sido exitoso, luego probó los movimientos y funcionaba a la perfección.

Se quedó en la misma posición, procedió con la siguiente pierna, se inyectó otra dosis de suero y anestesia, y, mientras daba un suspiro profundo, se mutiló la pierna derecha y rápidamente se colocó la artificial. Respiró profundo, tenía el rostro lleno de lágrimas, el suelo estaba lleno de sangre, pero su obsesión por crear algo más impactante que el superhombre le impedía detenerse. El dolor que sentía era insoportable, así que decidió parar un poco y se fijó que en su reloj ya eran las dos de la mañana: había pasado cuatro horas y media en aquel tormento y lo había resistido, ya que aún no se había desmayado.

Sólo le hacía falta la mano derecha, esta la dejó de último pensando en que, si algo salía mal, perder otra extremidad sería poca cosa ya que ese brazo era su base de apoyo. Nuevamente se armó de valor, se inyectó otra dosis de anestesia y también pintas de sangre –sentía que iba perdiendo mucha en la medida que había mutilado sus extremidades–. Se amarró con más fuerza el torniquete y procedió a cortarse la última extremidad, fue un sólo tajo y también más lágrimas cayeron junto a más sangre. Después de un grito ahogado que dio, se incrustó la última extremidad artificial, y con ello, casi daba por finalizada su transformación a un ser humano trascendental, que había roto las barreras de lo común. Luego de eso se desmayó, no le ajusto para seguir viendo su nueva figura y tampoco se pudo fijar que su reloj marcaba las tres y treinta de la madrugada.

A la mañana siguiente, su madre tocó a su puerta, él la escuchó, estaba dispuesto a mostrarle que se había convertido en un ser con capacidades inimaginables, ya que cada extremidad que se colocó tenía incrustado un microchip que lo volvía un humano más cercano a lo divino, tanto física e intelectualmente. Es decir, un semidios artificial.

La puerta seguía sonando y en esta ocasión, también sonó su despertador, se levantó de la cama, se quitó los lentes de realidad virtual y abrió la puerta. Su madre le vio y le comentó que casi era hora de ir al colegio, él se le abalanzó, le dio un abrazo y un beso muy grande.

Este 20 de julio de 2022 se inauguró el VI Festival Internacional de Los Confines, considerada una de las citas más importantes con la cultura en Honduras. Durante cuatro días, simultáneamente en los departamentos de Lempira y Copán, en los municipios de Gracias y Copán Ruinas respectivamente, se exhibirá del 20 al 24 de julio el talento nacional e internacional en poesía, cine, literatura, pintura y otras artes. En esta sexta edición, este «espacio de resistencia cultural» contará con 20 invitados internacionales.

Texto y fotografías: Persy Cabrera

Los dos primeros días de actividades en el VI Festival Internacional de los Confines pueden servirle a cualquiera que ha tenido escaso –o nulo– contacto con la poesía como inspiración para entender la magnitud cultural de este evento. También, en sus dos primeras fechas, el festival ha dado muestra del lenguaje con el que los poetas entienden y expresan diversas facetas de la vida y ha manifestado la valentía de sus organizadores ante el abandono al que las administraciones pasadas habían condenado al arte en Honduras.

En esta sexta edición, el festival inició con la presentación de zanquería del Teatro La Sierra en la plaza San Sebastián a las 5:00 p. m., y los gracianos y gracianas salieron de sus casas a ver a los zanqueros que emprendieron una marcha al ritmo de tambores por sus calles de piedra hasta llegar al Fuerte San Cristóbal, una edificación con más de 170 años de historia, para la apertura oficial del VI Festival Internacional de Los Confines.

Salvador Madrid, poeta y fundador de este Festival, en sus palabras de bienvenida hizo referencia a la crónica publicada en Contracorriente sobre el Festival Internacional de Los Confines celebrado en 2021: «Y hoy, que un país como Honduras exista todavía es un milagro. Pero que en un país como Honduras existan festivales de poesía, es un milagro dentro de otro milagro», citó el gestor cultural.

Las palabras de Madrid se refieren a que este Festival, único en Honduras, comenzó sin apoyo gubernamental y fue posible gracias al esfuerzo de voluntarios y la ayuda de muchos empresarios de la zona de Gracias, Lempira, quienes, convencidos de que el festival puede atraer turismo, apoyaron con dinero y logística para su creación. Néstor Ulloa, poeta y miembro del equipo de este festival, decía en otras ocasiones que «este festival se ha hecho con cero de presupuesto».

Sin embargo, este año ha vuelto a recibir el apoyo de dos secretarías del Gobierno, como son la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos, dirigida por la poeta e historiadora Anarella Vélez, y la Sedesol, dirigida por el también historiador José Carlos Cardona: «Quiero hacer un reconocimiento muy especial a dos entidades que nos han dado la mano de manera muy fuerte y que las extrañabamos –señaló Salvador Madrid–: a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes que fue borrada desde hace muchísimos años y hoy se está recuperando poco a poco, y un agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)».

Era difícil que el Festival de los Confines recibiera la ayuda gubernamental que merece cuando las autoridades ni siquiera consideraban que una Secretaría de Cultura, Artes y Deportes debiera existir. En el 2014, en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y por medio de un decreto ejecutivo, esta secretaría dejaba de existir para «optimizar los recursos del Estado y eficientar el funcionamiento de la administración pública». La promoción de la cultura, el arte y los deportes quedó a cargo de la Secretaría de la Presidencia, una entidad de la que se puede dudar sus capacidades para cumplir con la tarea de la secretaría que había sido eliminada.

Salvador Madrid añadió que ahora que esta institución volvió como la Secretaría de Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras y junto con Sedesol (antigua Sedis), en conversaciones con sus ministros sus ideales sobre la cultura coincidieron y concluyó que «no creemos en ideas de la cultura como souvenir, no creemos en ideas de la cultura como adornos o decorativas. Creemos en la cultura como parte del desarrollo social».

Durante sus cinco pasadas ediciones, el Festival Internacional de Los Confines se mantuvo como un espacio de resistencia cultural e incluso para alguien desconocedor de la poesía, el festival se encarga de introducir a sus asistentes por este mundo y, además, cubre diferentes disciplinas artísticas que nutren las mentes de inspiración, libertad y de compañía. Conocer figuras emblemáticas de la cultura hondureña invita a buscar más sobre qué hacen los artistas, cómo interpretan los músicos, escriben los poetas o se preocupan por el aprendizaje cultural de las futuras generaciones.

En la inauguración del VI Festival de los Confines se homenajeó a dos de esas figuras emblemáticas; José González, poeta e investigador cultural y a César Rendón, pintor y escultor.

Para homenajear a José González se presentó Estado de Gracia (Efímera, 2022), una colección de 30 libros del poeta, que Salvador Madrid definió como la colaboración de editores y poetas en una muestra de celebración a su obra. El Premio Nacional de Literatura de 2008, José González, admitió que esta es su primera participación en un festival a pesar de tener más de 40 años de trayectoria en la que ayudó a fundar alrededor de 50 casas culturales en el territorio nacional, trabajo sustancial en la preservación del arte y la cultura.

González, en una entrevista a Contracorriente expresó que considera que el Festival de los Confines es «el principal evento, poéticamente hablando, en el territorio nacional» que a pesar de ser joven –esta es su sexta edición– agrupa la mayor parte de intelectuales de Honduras e invita a artistas internacionales, y eso es algo «que no se ve en los demás festivales de otros pueblos. Y eso enriquece y engrandece la ciudad, le da una riqueza cultural diferente». Además, el poeta compartió la alegría que le brinda el ser homenajeado por una generación de poetas más jóvenes que él y que le dignifica porque «estos jóvenes creen que yo pasé por aquí haciendo una buena obra».

Como último punto de la inauguración, para celebrar la vida y obra de César Rendón, se presentó una muestra de pinturas y esculturas de este artista oriundo de Lempira, departamento anfitrión del VI Festival de los Confines. Los invitados y asistentes de la actividad pudieron disfrutar de una colección representativa en la cultura hondureña de la que Salvador Madrid expresó en una entrada de su blog, titulado «César Rendón, del impulso creativo al lenguaje pictórico», que si uno ve el proceso de Rendón «encontrará sobre la tela esa mancha violenta, brusca, sucia y en continuo movimiento, escarbando la sorpresa y el desasosiego…»

El segundo día de festival, el 21 de julio por la mañana, en la Casa Galeano frente a la Plaza San Sebastián las puertas se abrieron para dar la bienvenida a seis poetas americanos que brindaron una lectura de poesía y celebraron el desarrollo del VI Festival Internacional de los Confines y también la oportunidad de reunirse presencialmente a escuchar los versos que declamaron sus colegas.

La duda podría invadir a alguien que no suele asistir a un evento de lectura de poesías, ¿qué diferencia puede hacer asistir de forma virtual o presencial a una?

Jorge Ortega, de México, considera que la lectura presencial de poesía, además de ser una oportunidad para encontrarse con otros poetas, es aún más significativo el encuentro con el público porque es ahí «donde se puede donde consigue redondear el ciclo de trayectoria y la vitalidad de la palabra poética, que se puede leer y se puede escuchar en vivo». Además, aunque es considerado por él como una visión utópica u optimista, expresó que a través de esta actividad «estamos de alguna forma furtiva o humilde estamos ayudando a propagar la fraternidad humana a través de la poesía».

El poeta salvadoreño, Alfonso Fajardo, considera que la presencialidad permite que las personas se puedan organizar mejor y asistir a las actividades y que, además, el contacto con el público no es igual que en una lectura en formato virtual. También compartió su alegría al considerar que este es un espacio importante para la libre expresión de los poetas y espera que, ahora en adelante, este sea un país en el que «los poetas nacionales puedan expresarse libremente, ahora en esta nueva época que está viviendo Honduras, que promete mucho, ojalá que así sea».

Francoise Roy, poeta canadiense, admitió que ella viene de una generación que podría considerar «magia negra» lo que hacen las nuevas tecnologías y que aunque las nuevas tecnologías de la información son algo bueno, la gente no debe olvidar la importancia de ver a las personas. Asimismo, expresó que este espacio es una oportunidad para los poetas para «tocar las plantas, abrazar a la gente, cosa que no se puede hacer virtualmente».

Aunque desde fuera el universo de la poesía –para los que no entran a menudo en él– parezca complicado y abstracto, la gente que la escribe es amigable, risueña, con afinidad a la comedia y con un entendimiento de la vida cercano al corazón. Estar a su alrededor implica escuchar risas y muchas anécdotas del lejano pasado, parecen tener una habilidad sobrehumana para recordar con profunda precisión su niñez y juventud.

El VI Festival Internacional de los Confines invita a conocer la poesía, sus autores y a soñar a través de su lectura. Un año más, ahora con el apoyo que extrañaba, inició este espacio de resistencia cultural que, para regocijo de nuestros artistas y para el departamento de Lempira, no tiene visos de detenerse.

La Lista Engel que publica anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a 15 hondureños este año; entre ellos no solo hay funcionarios de las administraciones pasadas, sino que también incluye a dos actuales vicepresidentes del Congreso Nacional y un asesor de Casa Presidencial. La respuesta del Gobierno de Castro –que ha acusado de injerencista a Estados Unidos– complica las relaciones entre la administración de Biden y el Gobierno hondureño.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera

Horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicara la Lista Engel –en la que señalan a actores cercanos al Gobierno de Xiomara Castro–, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras emitió un comunicado en el que declaró su rechazo al contenido de la lista por tratarse de «un documento motivado políticamente e injerencista».

La Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos, conocida como Lista Engel, se publicó el miércoles 20 de julio de 2022. En esta se señala a personas que han participado en acciones que socavan procesos democráticos, en corrupción significativa o en obstrucción a investigaciones en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

El documento de Cancillería hondureña que rechaza esta lista fue compartido por la cuenta oficial de Casa de Gobierno, en este comunicado reclaman a los Estados Unidos por no haber incluido al expresidente Juan Orlando Hernández mientras estaba en el cargo, «evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de finalizado su mandato, EE. UU. procedió a acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición», dice el comunicado.

Hernández no figuró en la Lista Engel publicada en julio de 2021, e incluso en noviembre de ese mismo año el expresidente viajó a Washington sin ninguna restricción, pero el Departamento de Estado hizo público que Hernández estaba incluido en la lista desde julio en una sección clasificada que se hizo pública hasta que el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Hernández y solicitó su extradición en febrero, cuyo proceso comenzó 18 días después de que dejara su mandato.

El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, dice que el Gobierno actual no debe alegar que la lista es mala o injerencista ahora que están en el poder cuando en el pasado era considerada como algo bueno, «¿por qué el departamento de Estado no publicó el nombre de Juan Orlando el año pasado? –se pregunta Mejía, y responde–: Obviamente por los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y porque estaba siendo investigado por narcotráfico y se le estaba preparando esta denuncia y acusación criminal. Hay un montón de factores que hay que ver para comprender la dinámica de la lista Engel», explica.

Mejía añade que algunos exfuncionarios del Gobierno de Hernández como Ebal Díaz, que recientemente obtuvo la ciudadanía en Nicaragua mientras el Ministerio Público hondureño lo investiga por casos de corrupción en el Instituto de la Propiedad, «puede que no estén porque están siendo investigados en casos de lavado de activos y vínculos con el narcotráfico».

Según el nuevo listado, de Honduras hay 15 sancionados que incluye a piezas cercanas del Gobierno de Xiomara Castro: dos diputados de Libertad y Refundación y vicepresidentes del Congreso Nacional: Rasel Tomé y Edgardo Casaña; y el exministro del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y que ha sido presentado como asesor presidencial de Gobierno de Castro, Enrique Flores Lanza.

La lista, además, identifica a funcionarios de la administración de Hernández acusados por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Ufecic): Harvis Herrera, Elmer Ordóñez, David Ortíz Handal, Claudia Noriega, Carol Alvarado, Juan Ramón Maradiaga, Carlos Romero y Gonzalo Molina, involucrados en desviación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales para el clientelismo y las campañas electorales del expresidente Hernández.

En el listado también agregan a Roberto David Castillo, condenado como coautor intelectual en el caso de Berta Cáceres; al recién extraditado y exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, así como a Javier Rodolfo Pastor y Carlos Montes, involucrados en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Por su parte, el asesor y expresidente Manuel Zelaya compartió a través de Twitter una publicación del año pasado en la que señalaba que él protestó en contra desde la primera publicación de la lista en 2021: «Lo que fue malo ayer sigue siendo malo hoy», dijo y, además, compartió publicaciones sobre el involucramiento de Estados Unidos en el golpe de Estado de 2009 en contra de su Gobierno.

Ana María Méndez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), a través de una publicación en su web, explicó que la lista puede generar fisuras en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras, «sobre todo puede afectar algunas propuestas e iniciativas para abordar la impunidad estructural y la corrupción endémica», señala Méndez en relación con la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).

La Cicih fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro que, a seis meses de gobierno, todavía no se termina de concretar. Contracorriente contactó a Edmundo Orellana, ministro de Transparencia, para conocer su análisis sobre la Lista Engel y si la publicación de esta complicaría aún más la instalación de la Cicih, pero dijo no tener tiempo y, al cierre de este texto, no concedió entrevistas.

La ley H.R. 2615, en español conocida como Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2020. El acuerdo es hacer pública la Lista Engel al menos una vez al año con el fin de que el presidente Biden determine a las personas que han tenido un involucramiento conocido en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas.

Las personas que aparecen en el informe no son elegibles para visas para Estados Unidos o cualquier otro beneficio migratorio. El año pasado, la lista incluyó a 18 exdiputados y a Porfirio Lobo Sosa y Rosa Elena Bonilla, expareja presidencial (2010-2014).

Los casos detrás de la lista actualizada

El Departamento de Estado dice que Rasel Tome participó en «importantes actos de corrupción al utilizar su posición de presidente de la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) y apropiarse de aproximadamente 327,000 dólares de fondos públicos».

En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó con tres años de reclusión a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que fungieron entre 2006 y 2009, entre ellos a Rasel Tomé, quien fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad en el ejercicio de ese cargo, una pena conmutable, pero que representaba la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La fiscalía comprobó que los excomisionados adjudicaron la frecuencia de canal 12 a la Sociedad Televisora de Honduras, desobedeciendo una sentencia definitiva sobre la adjudicación de esa frecuencia. En su comunicado, Tomé asegura que lo hizo bajo órdenes del presidente de ese entonces, Manuel Zelaya.

Apenas una semana después de la toma de posesión de Xiomara Castro y en medio de una crisis en el Congreso Nacional en la que el mismo Rasel Tomé fue la persona que juramentó a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, Tomé presentó un proyecto de ley para que se condenara el golpe de Estado de 2009, que incluía un decreto de amnistía que buscaba librar a exfuncionarios públicos del Gobierno del expresidente Zelaya de causas por delitos relacionados con corrupción. El proyecto fue aprobado ese mismo día.

«Respetamos las decisiones que EE. UU. tome, pero quiero dejar claro que esto viene de los grupos fácticos que ven que les vamos a quitar sus privilegios», dijo Tomé en una conferencia de prensa cuando el 15 de julio se había filtrado una lista preliminar que incluía su nombre. Después publicó en sus redes sociales que se había comunicado con la Embajada de los Estados Unidos y le informaron que no había ninguna lista oficial con su nombre. Cuando la lista se hizo pública, Tomé convocó a conferencia de prensa «sobre el ataque de USA».

«En el Congreso Nacional le hemos cortado la cabeza a las Zede –dijo Tomé, a través de un comunicado–, derogamos los fideicomisos, recuperamos los ríos, las cuencas, la ENEE, paramos los contratos de los grupos térmicos y estamos sentando las bases para una nueva Corte Suprema de Justicia, todas esas actuaciones realizadas por el Congreso del Pueblo tienen rabiosos a los grupos de poder que tienen correa con la Embajada de Estados Unidos de América y los lobistas corruptos de Washington»,.

Otro de los beneficiados con la amnistía fue el exministro del Gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, también incluido en la Lista Engel. Flores Lanza fue acusado después del golpe de Estado en 2009 por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones por la sustracción de 10 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (poco más de 575,000 dólares en aquel momento). Lanza se había exiliado en Nicaragua hasta que la amnistía le libró de los procesos y regresó al país para ser recibido en Casa Presidencial.

En una investigación de Contracorriente y la Redacción Regional, Berta Oliva, la directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) –la organización que revisaba las amnistías de esta ley–, afirmó que el propio Flores Lanza y su abogado, Milton Jiménez, apoyaron con la revisión legal de la propuesta de Ley que finalmente fue aprobada.

El 28 de junio de 2022, Lanza declaró públicamente que fue nombrado como asesor presidencial del Gobierno de Xiomara Castro, sin embargo, el Gobierno no ha hecho público ningún listado de asesores presidenciales. Al ser consultados por las palabras de Lanza, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió a Contracorriente que en sus planillas no figura ningún asesor presidencial.

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La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, publicó a través de su Twitter que la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (OACNUD) calificó los procesos contra Lanza como «políticamente motivados», esto en el informe de admisibilidad de una demanda contra Honduras promovida por el expresidente Zelaya y otros exfuncionarios por el golpe de Estado en 2009.

La ministra también dijo que Edgardo Casaña, el otro vicepresidente del Congreso en la Lista Engel, se le acusa como dirigente por acciones «encaminadas a la reivindicación de derechos del magisterio, es víctima de seguimiento, estigmatización, persecución y criminalización». A Casaña se le acusa de corrupción cuando fue líder magisterial y dirigente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), en 2010, según el Departamento de Estado.

Casaña tiene un caso abierto todavía, e intentó ampararse bajo la amnistía política por este caso. Sin embargo, en junio 2022 el juez que conoce de la causa se abstuvo de otorgar el beneficio a favor del diputado Edgardo Casaña y otros dirigentes magisteriales acusados por considerar que no era de su competencia y que deben acudir a la Sala Constitucional a entablar recursos correspondientes.

Casaña le dijo a Contracorriente que la aprobación del decreto de amnistía no habría sido una razón para su inclusión en la Lista Engel, porque aseguró que era una ley que se aprobó en beneficio de perseguidos políticos y con otros diputados del Congreso Nacional. Él dice estar seguro que el listado no es un ataque contra personas particulares, sino contra el Gobierno de Xiomara Castro:

«Esto es contra la presidenta porque no ha sacado ni un cinco partido por la mitad en préstamos con la banca privada (…) quedan como hipócritas (el Departamento de Estado), quedan como maniobreros con esto que están haciendo. Yo he retado que demuestren que Edgardo Casaña ha tenido un juicio por haber sacado 100 millones del Imprema y repartirlo con aliados políticos».

Sobre los acuerdos entre Estados Unidos y Honduras, así como la relación diplomática entre ambas naciones, señaló que será un aspecto que tendrá que analizarse a nivel del gobierno.

El año pasado, cuando la Lista Engel se hizo pública en 2021, Luis Redondo, ahora presidente del Congreso, pidió a través de Twitter que todos los mencionados en la lista pasaran por un juicio político. Cuando se filtró el listado el pasado viernes, Redondo dijo que no daría declaraciones hasta que se oficializara el listado. Contracorriente lo contactó para poder escuchar sus declaraciones, sin embargo, no contestó llamadas ni mensajes al cierre de este texto.

Para Joaquín Mejía la lista debe ser un llamado al presidente del Congreso Nacional: «Lo que podría esperar uno es que aquellos funcionarios que son señalados renuncien, se hagan a un lado y resuelvan su situación legal. Hay una promesa de este Gobierno de hacer otro tipo de política, con transparencia, alejada de la corrupción, y lo que deberían de hacer, para no dañar la imagen del Gobierno y del propio Congreso Nacional, es hacerse a un lado para resolver su situación legal. Y si no es así, como seguramente va a pasar con muchos de ellos, obviamente que quienes son sus jefes o autoridades inmediatas tienen que adoptar las medidas necesarias para resolver esta situación».

Tras darse a conocer su nombre en la Lista Engel, Casaña afirmó que existe una «persecución criminal» por parte del golpismo, que desde el 2009 tiene secuestrada la justicia y al Estado de Honduras: «Aquí lo que está claro es la hipocresía del Departamento de Estado. Esta gente sigue negándose a reconocer el golpe de Estado en este país y acá en Honduras podemos reconstruir el Estado de Derecho asaltado», mencionó a los medios.

Por otra parte, en el caso de los exfuncionarios del Gobierno de Hernández, ocho de los acusados pertenecen al caso Corrupción sobre Ruedas, presentado por la Ufecic con apoyo de la extinta Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (Maccih).

El caso detalla cómo funcionarios de Casa Presidencial, entre ellos Hilda Hernández, y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) drenaron 11 millones de lempiras de fondos destinados al «Bono 10 mil» y parte de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, para supuestamente arrendar vehículos que se utilizaron en la movilización de activistas del Partido Nacional y de personas en campaña política.

Para hacer esto utilizaron la empresa Servicios e Inversiones AID, creadas por Carol Alvarado y Claudia Noriega, y desde donde se utilizaron fondos para gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014. Los fondos también los utilizaron para pagar otros gastos personales, como tarjetas de crédito.

Carol Alvarado, una de las mencionadas en la lista Engel, era la amiga y mano derecho de Hilda Hernández, que además formó parte del entramado de corrupción del Caso Hermes que involucra el pago a periodistas y en el que se utilizó a la misma empresa.

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Carol Alvarado fue subgerente de Sedis entre 2010 y 2013, luego estuvo 3 meses en Casa Presidencial en 2014 y regresó a Sedis. En 2017, fue candidata a diputada suplente en el movimiento con el que Hernández alcanzó la reelección.

En el caso de Claudia Noriega, también mencionada en la lista Engel, forma parte del último caso presentado por la Uferco en enero de 2022 con requerimientos contra empleados del Instituto de la Propiedad que fueron acusados de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, por supuestamente adjudicar 66 millones de varas cuadradas de la zona núcleo del parque Jeannette Kawas.

La Uferco dio con este caso al encontrar que Claudia Noriega, excoordinadora del proyecto «La Cachureca» en el caso Corrupción sobre Ruedas, había recibido una donación de una de esas tierras entregadas ilegalmente.

Por otro lado, la lista incluye también al empresario Roberto David Castillo Mejía, sentenciado como coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y exintegrante del Comité Ejecutivo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) durante el Gobierno de Zelaya.

Estados Unidos le incluye en la Lista Engel por adjudicar en 2009 contratos de ENEE a una compañía en la que él tenía intereses financieros, un caso de corrupción también investigado por la Ufecic y conocido como Fraude en el Gualcarque.

Otro de los acusados es Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, que fue director de la Policía Nacional entre 2012 y 2013 durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Bonilla fue recientemente extraditado hacia Estados Unidos acusado de conspiración para importar cocaína.

Finalmente, el listado incluye a Javier Rodolfo Pastor Vásquez, ministro de Salud en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y Carlos Josué Montes Rodríguez, viceministro de Trabajo en el Gobierno de Lobo, ambos involucrados en corrupción al aceptar 235,000 dólares en sobornos en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La Lista Engel fue filtrada en medio de una tensa discusión sobre la nueva «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», que propondrá a los magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia y en la que quedó abierta la posibilidad de que funcionarios y sus familiares, militantes de partidos políticos y personas con acusaciones por delitos dolosos, violencia doméstica y deudas alimentarias puedan postular sin restricciones.

La lista fue publicada en julio, en el mismo mes en que se publicó el año pasado. Para Joaquín Mejía, esta lista no fue publicada para presionar en esta elección, pero es un recordatorio de la necesidad de contar con un sistema de justicia independiente, competente e imparcial: «La Lista Engel tiene como objetivo contrarrestar la corrupción en la región porque se asume que las instituciones de justicia del “Triángulo Norte” no tienen la capacidad para la lucha contra la corrupción; por eso se necesita tener un (sistema judicial) que investigue, judicialice y sancione a quienes están vinculados no solo con actos de corrupción, sino con actividades delictivas», finalizó Mejía.

El Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». El debate se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ. De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

En una sesión legislativa que terminó a las 12 de la madrugada, el Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». La propuesta original fue enviada desde el Poder Ejecutivo y elaborada con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el titular de la Secretaría de Transparencia, el ministro Edmundo Orellana Mercado.

El debate giró en torno al artículo 15 –uno de los más controversiales de la sesión anterior–, que fue dejado para el final de la discusión. El diputado y jefe de bancada por el Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento –familiar de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento–, sugirió a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales la eliminación del inciso e) del artículo 15. Este detallaba que los candidatos autopostulados no debían «tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado», amparándose en los artículos 309, 310 y 250 de la Constitución de la República. Posteriormente, la petición del diputado Sarmiento de eliminar estos incisos fue admitida por la Comisión de Legislación.

Esto significa que ahora no será considerado conflicto de interés si un familiar de un diputado del Congreso Nacional o miembro de la Junta Nominadora se autopostula como candidato a magistrado para la Corte Suprema de Justicia.

Después el diputado por el Partido Liberal, Leonel López –hermano del alcalde de El Progreso, Yoro–, propuso eliminar el inciso d) de este mismo artículo. Este inciso señalaba que para autopostularse era requisito «no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora». La sugerencia de López fue admitida por la comisión.

Por lo tanto, los incisos b), d) y e) del artículo 15 de esta Ley se eliminaron. El inciso b) establecía que, para poder autopostularse ante la Junta Nominadora, el candidato no debía ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos (2) años anteriores a su autopostulación. A su vez, se modificó el inciso c), permitiendo que puedan autopostularse personas condenadas pero sin «sentencia firme» por delitos dolosos, violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional aceptó eliminar los incisos b) d) y e) del artículo 15 de la nueva Ley de la Junta Nominadora de Magistrados a la CSJ y no tomó en consideración las distintas mociones presentadas por los parlamentarios respecto a este artículo.

Tuit

Maribel Espinoza, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y quien integra la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, se manifestó en contra de la eliminación de estos incisos y aseguró que en ese momento «se estaba politizando la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia».

«El pueblo afuera está reclamando, porque se quiere elegir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quien tiene relación de parentesco o afinidad con los miembros de la Junta Nominadora, con los diputados del Congreso Nacional y con altos funcionarios del Estado», manifestó Espinoza, quien además aseguró que, de admitir a autopostulantes que tengan condenas por delitos dolosos, por violencia doméstica o por inclumplimiento de deudas alimentarias, estos irán a cancelar sus propios procesos judiciales, debido a que el inciso c) del artículo 15 exigía sentencia firme.

Aun cuando la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales acordó no revelar sus posturas individuales conforme a la discusión de la Ley, la diputada Maribel espinoza dejó en claro su voto en contra de la aprobación de la nueva Ley y manifestó en la sesión que «se está faltando a la moral y a la ética en este Congreso».

Posteriormente, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramirez, leyó la moción introducida por su partido, la cual proponía dejar el artículo 15 íntegro, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Esta moción fue firmada por 14 diputados propietarios y diputados suplentes del PSH; entre ellos, Maribel Espinoza, Iroshka Elvir, Ligia Ramos, Fátima Mena, entre otros. Sin embargo, esta moción no fue aceptada por la Comisión de Legislación del Congreso.

En la discusión de este artículo, el presidente de la bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano, también presentó una moción, que en sus puntos más relevantes proponía que los autopostulantes a la Junta Nominadora no hayan participado en un proceso electoral previo a la elección de la CSJ, tampoco que sean dirigentes de partidos políticos, ni quienes hayan ostentado altos cargos en los últimos cinco años o quienes hayan sido señalados en listas como actores corruptos. También proponía impedir la autopostulación de los beneficiarios de la amnistía política aprobada por el Congreso para exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y sus familiares, así como impedir la autopostulación de familiares de los que hayan o están ejerciendo actualmente la presidencia de la República. Esta moción tampoco fue tomada en consideración.

Para Raul Pineda, abogado constitucionalista, las inhabilitaciones para ser magistrado a la Corte están principalmente en la Constitución de la República, es decir, independientemente de la aprobación de esta Ley, en ningún momento se disminuye el catálogo de inhabilidades contempladas en el artículo 201 de la Constitución.

Una matriz de evaluación técnica con alteraciones

Todas las sugerencias realizadas por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, fueron admitidas en la sesión, dentro de las cuales destacan las modificaciones a la matriz de evaluación propuesta para la Junta Nominadora para la elección de magistrados en el artículo 19 de la Ley.

Originalmente, la Ley estipulaba que los porcentajes de evaluación a los autopostulantes a magistrados de la CSJ estarían repartidos en un 30 % a la integridad personal y profesional, un 40 % a la ética profesional, y un 40 % a la idoneidad y a la capacidad técnica. Ahora, con las modificaciones aceptadas por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, los porcentajes quedan en 25 %, 20 % y 55 %, respectivamente.

En cuanto a la integridad personal y profesional, el apartado que evalúa el análisis de las repercusiones de sus actuaciones profesionales y el análisis objetivo de sus relaciones en el ámbito laboral, contractual de cualquier tipo y las relaciones familiares, fueron ambos disminuidos de un 10 % al 5 %.

El criterio de ética profesional se redujo de un 40 % a un 20 % para el criterio de evaluación de la Junta Nominadora. Dentro de este criterio se detallan los procesos disciplinarios a los que esté vinculado el autopostulante, un análisis de su relación profesional con clientes, usuarios, instituciones o empresas, y la ausencia de comportamientos o discursos discriminatorios que desconozcan los derechos humanos en general y los derechos de mujeres, niños y niñas, personas LGTBIQ+ en particular o de personas o colectivos en situación de vulnerabilidad.

Redondo justificó el cambio de estos porcentajes argumentando que no existían instrumentos que pudieran comprobar la estima gremial y profesional contemplada en la matriz de evaluación original. Además, en ese mismo artículo, el presidente del Legislativo sugirió admitir dentro de la Ley a abogados defensores de narcotraficantes o del crimen organizado, lo que posteriormente fue aceptado por la Comisión. La diputada Iroshka Elvir del PSH respondió a esto último presentando una moción para que se dejara integro el tercer párrafo de este mismo artículo, pero no fue admitido por la Comisión.

Por otra parte, en el artículo 19 de esta Ley se incrementó el porcentaje en el inciso correspondiente a la «Idoneidad y la Capacidad Técnica», dentro del cual subió el porcentaje de los Méritos Académicos y Profesionales a un 20 % (antes 15%); la Trayectoria profesional representativa de la experiencia profesional que el cargo amerita de un 5 % a un 20 %; y los Conocimientos jurídicos incluidos en especializaciones vinculadas al cargo, en estándares de derechos humanos y en políticas públicas para acceso a la justicia y capacidad de análisis, quedaron siempre en un 20 %.

Finalmente, la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» fue votada a favor por 73 de los 127 diputados presentes en la sesión legislativa, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.

El secretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, finalizó la sesión legislativa manifestando: «Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política, de frente decimos que vamos a defender a esos funcionarios que van en esa dirección, a postularse como candidatos de la Corte Suprema de Justicia».

Ante esto, el analista político Josué Murillo asegura que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está en una situación compleja. Por un lado, ya no está siguiendo las líneas de su partido político, pero en su accionar pesa más tratar de mantener una relativa estabilidad en la Junta Directiva del Congreso Nacional.

«Yo creo que Luis Redondo está en una posición que no le desearía a nadie, porque él es el presidente del Congreso, pero lo siento muy débil, sobre todo cuando tiene (a la par) una figura tan fuerte y tan influyente sobre el Partido Libertad y Refundación como innegablemente es Carlos Zelaya, quien ejerce de facto una autoridad casi hegemónica sobre el Partido Libre representado en el Congreso Nacional y que también da líneas a Luis Redondo», señala el analista político.

Según el analista político Josué Murillo, Luis Redondo ya no está siguiendo las líneas de su partido político, sino inclinándose a lo que pueda traer más estabilidad en la Junta Directiva del Congreso Nacional.

Tuit

La esperanza queda en la gestión de la Junta Nominadora

«A mi criterio no todo está perdido, todavía la Junta hace su trabajo, las cosas pueden mejorar, pero la aprobación de esta Ley pone en evidencia cuál es la intención de los que dirigen el Gobierno en cuanto a la centralización del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento del Estado republicano, que se basa en la independencia de poderes», expresa Raul Pineda, abogado constitucionalista.

En esto coincide el analista político Josué Murillo, quien asegura que ahora hemos visto nuevamente que la forma tradicional del pensamiento de los políticos se ha privilegiado por encima de los intereses del pueblo hondureño, sin embargo, todavía hay una luz de esperanza, porque gran parte de la norma presentada por Edmundo Orellana todavía tiene vigencia y no fue modificada severamente por el Congreso Nacional.

Con esto, el abogado Murillo quiere decir que existe la posibilidad de que las personas que integren la Junta Nominadora puedan cumplir con su «deber histórico», el cual consiste en enviar al Congreso la lista de profesionales mejor calificados, y que de esta manera a los diputados y diputadas no les quede más opción que elegir entre lo mejor. «Esa es la aspiración que tenemos como ciudadanía y como país, aunque la realidad política sabemos que nos puede superar y que cosas impredecibles pueden suceder en ese Congreso Nacional», agrega.

El ministro de la Secretaría de Estado para la Transparencia y Lucha Anticorrupción, Edmundo Orellana, fue quien elaboró por medio de su secretaría el dictamen inicial de la nueva Ley de la Junta Nominadora de magistrados a la CSJ, el que seguidamente fue modificado tomando en consideración otras propuestas paralelas para la regulación del funcionamiento de la Junta Nominadora.

En meses anteriores, Orellana denunció la falta de un presupuesto asignado y un boicot a su secretaría. Sin embargo, en medio de la discusión del debate de la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», la Secretaría de Finanzas anunció la transferencia de fondos adeudada a la Secretaría de Transparencia y lucha Anticorrupción.

La @SEFINHN hace efectiva la transferencia de fondos a la @stlcchn. pic.twitter.com/Y0CwscK3oG
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) July 19, 2022

Pineda asegura que el problema alrededor de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es político, y considera que no se tomaron el tiempo suficiente para deliberar los aspectos políticos, legales y técnicos de la legislación en el debate de esta Ley. Esto puede llegar a permitir una corte y una sala constitucional que legalice, legitime y avale una serie de procesos políticos de alto espectro que estén por darse en el país, advierte.

«Ojalá que la Junta Nominadora haga una buena propuesta –argumenta el profesional en derecho constitucional–, solo de esta manera se puede crear una salvaguarda que acote y que limite la capacidad de los políticos para procurarse una corte sumisa y puesta a sus servicios. Las intenciones de los que manejan el poder en Honduras ya se han evidenciado con la ley de la Junta Nominadora, y se puede concluir en que los políticos no han cambiado».

A un año de la decisión del caso «Vicky Hernández y Otras Vs Honduras», donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) falló a favor de la comunidad LGBTI+ y llevó a la presidenta Xiomara Castro a pedir perdón de parte del Gobierno por el asesinato de activista trans, Vicky Hernández, en una ceremonia pública en mayo, la lucha de la comunidad LGBTI+ por la igualdad y reconocimiento de género continúa. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, líderes de diferentes colectivas LGBTI+ discutieron sobre el estado actual del movimiento y de sus experiencias con el nuevo Gobierno.

Texto: Jorge Paz Reyes
Fotografía: Jorge Cabrera

El Gobierno de Xiomara Castro marcó un principio prometedor en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI+ con una campaña centrada en la inclusión y participación. En mayo, la presidenta condujo una ceremonia pública donde el Estado asumió la responsabilidad internacional y pidió perdón por el asesinato de Vicky Hernández en el 2009. En la ceremonia, la mandataria también se comprometió a implementar varios procedimientos administrativos y legales para garantizar el respeto y los derechos humanos de la comunidad LGBTI+. Entre ellos, un procedimiento de identidad de género que permita el cambio de datos personales e identidad de acuerdo con la expresión de género.

Sin embargo, recientemente el Gobierno ha mostrado una posición frágil en el compromiso hacia la diversidad sexual y la igualdad. A mediados de junio, la Radio Nacional de Honduras lanzó una campaña para fomentar el respeto a la diversidad sexual. Uno de los anuncios protagoniza una niña de 15 años diciéndole a su madre que está enamorada, mientras que la madre le pregunta «y quién es ella?», dejándole saber que sabía de su orientación sexual y que la amaba de todas formas. El spot termina con el mensaje: «Las personas tenemos diversas maneras de sentir y expresar el amor, ser lesbiana es solo una de ellas… Este es un mensaje de Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación». La cuña radial causó controversia casi de inmediato, especialmente entre círculos conservadores religiosos y llevó a que el Gobierno la retirara a pocos días de su transmisión.

A pesar que el subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, defendiera y explicara que el anuncio era parte de una campaña para «visibilizar y sensibilizar el tema», la Casa Presidencial se mostró descontenta con el anuncio. El expresidente y asesor de la presidenta, Manuel Zelaya Rosales, dijo que algo así «no volvía a pasar».

La violencia hacia la comunidad LGBTI+ también ha permanecido, con más 5 víctimas LGBTI+ registradas en el año 2022. El último caso que marcó la comunidad fue el asesinato de Suany Maradiaga –una mujer transgénero de 31 años– en las calles de San Pedro Sula. De acuerdo con las activistas LGBTI+, Maradiaga había puesto tres denuncias ante el Ministerio Público antes de su asesinato.

La polémica del anuncio radial y la violencia contra la comunidad demuestra una incierta posición del Gobierno con temas de diversidad sexual y da mucho de que hablar acerca del futuro de la lucha por la igualdad y derechos humanos de la comunidad LGBTI+ en Honduras.

Expectativas vs realidad

La campaña electoral de inclusividad y las promesas de la presidenta al principio del año dejaron a muchos miembros de la comunidad esperanzados por un apoyo definitivo en temas de diversidad sexual y género. Sin embargo, a 6 meses del nuevo Gobierno, la dinámica entre el Gobierno y la temática LGBTI+ ha sido más compleja de lo esperado.

Allyson Soad, activista por los derechos de la comunidad trans, explicó que con el cambio de Gobierno se tenían «demasiadas expectativas», especialmente en la área de la representación y participación de miembros LGBTI+. Sin embargo, con el tiempo se han visto diferentes escenarios que por un lado sí favorecen la comunidad, pero por otro no avanzan y preocupan.

Durante los cien primeros días, Allyson Soad explica que el Gobierno trabajó con diferentes grupos civiles para identificar y visibilizar los diferentes problemas de cada grupo social. En el contexto de La Ley de Identidad de Género se han tenido varias reuniones con el Registro Nacional de las Personas, pero se han encontrado varios obstáculos en el proceso como la influencia del fundamentalismo religioso.

El fundamentalismo religioso «crea como esa barrera para no permitir alcanzar lo que es la meta, el objetivo, en este caso sería la Ley (de identidad de género)», explicó Soad. Hasta ahora no ha habido una respuesta concreta de lo que consistiría el proceso del cambio de nombre de las personas trans.

La activista y miembro de Somos CDC (Centro para Desarrollo y Colaboración LGTBI), Grecia Ohara, añadió que el Gobierno ha fallado con la expectativa de que iba a gobernar para «todas las poblaciones que han sido históricamente vulneradas». Una vez que el Gobierno asumió el poder, se «ha visto la realidad de las cosas» y hay una decepción de la población que le «confió el voto a la presidenta», recalcó Ohara.

Las dos activistas reconocen que hay muchas personas en el Gobierno dispuestas a trabajar con la comunidad LGBTI+, pero en general la administración de la presidenta no se ha enfocado a brindar un procedimiento claro a la comunidad. «No hay voluntad de parte de las instituciones», explicó Ohara. En las conversaciones con el Gobierno para el reconocimiento de las personas trans, Ohara explica que el Gobierno ha complicado las cosas al agregar más procedimientos e instituciones que solo dificultan el avance de reforma de identidad. El enojo viene del hecho que la administración hizo ver el proceso de identidad «muy fácil» desde el principio y «parece que lo hicieron para salir del paso», recalcó.

Ahora que el diálogo ha empezado, no se ha visto mucha organización y la incertidumbre alrededor de los diferentes procesos de reconocimiento han fragmentado hasta las propias organizaciones LGBTI+. La confusión entre la Reforma a la Ley y Reglamento del Registro Nacional y el avance de la Ley de Identidad de Género ha creado tensión entre las diferentes colectivas LGBTI+. «Nos ha sorprendido cómo en lugar de estar avanzando por el reconocimiento de nuestra población nos estamos fragmentando», explicó Ohara.

Allyson Soad explicó que en el momento lo importante es continuar presionando al Gobierno y continuar con la lucha por el reconocimiento de la comunidad. «Lo conveniente en el momento es ver el fruto de esta lucha y recordar que parte de la lucha LGBT también pertenece al movimiento de la resistencia popular y del Partido Libertad y Refundación», añadió. Ambas activistas concluyeron que el avance «no puede ser superficial» y que no se pueden dejar acciones afuera sin primero consultar a la comunidad LGBTI+.

Un problema de representación e ignorancia

En el mismo Twitter Space también se discutió el problema de la representación e ignorancia. Allyson Soad, al igual que Grecia Ohara, confirmaron que muchos de los problemas de violencia y odio tienen que ver con la manera en que los medios y el Gobierno ha representado a la comunidad LGBTI+.

Grecia Ohara explica que a la comunidad LGBTI+ en Honduras siempre se la ha representado de una manera incorrecta: «A la comunidad LGBTI+ siempre nos están contando la misma historia, un grupo que exige derechos que no merecemos». La representación de la comunidad usualmente no viene de la comunidad, sino de miembros externos. Con la cuña radial, por ejemplo, Ohara se queja que la representación LGBTI+ fue la incorrecta. «Ese no es nuestro lenguaje, una mamá hondureña no le habla así a su hija», expresó Ohara. De acuerdo con la activista, el lenguaje y contexto del anuncio no es el adecuado y solo lleva a la población hondureña a juzgar a la comunidad LGBTI+ de una manera cruel e ignorante.

«No se está abordando la problemática… desde el ojo de las personas LGBTI+ y lo están viendo desde la perspectiva cisgénero de personas heterosexuales», explicó Ohara. La falta de representaciones de personas LGBTI+, especialmente trans, en el Gobierno es lo que dificulta la dinámica entre el Gobierno, la comunidad LGBTI+ y el resto de la sociedad. Ohara recalcó que sin la perspectiva de la comunidad LGBTI+, las decisiones que se forman pueden que terminen afectando de forma negativa a la comunidad, como lo fue con la cuña radial que incitó una reacción violenta y despectiva.

Dentro de la discusión por una representación justa también se abordó el tema de visibilidad y estigmatización. Otro de los grandes problemas que afectan a la comunidad LGBTI+ en Honduras es la estigmatización y la poca visibilidad. La activista Allyson Soad explicó que es fundamental educar a la población acerca de los procesos y peticiones de las diferentes organizaciones LGBTI+ y resaltar la realidad que vive la comunidad. Ambas activistas recalcaron la importancia de reconocer el sistema opresivo dentro del fundamentalismo religioso que «excluye a la comunidad de muchas oportunidades y prohíbe el avance’».

«Tenemos un promedio de vida de un rango 30-35 años de edad», resaltó Soad. Por lo tanto «tenemos que dar seguimiento a cada una de las acciones que tenemos en las organizaciones» para visibilizar la lucha contra el odio y la violencia , explicó Soad.

Soad habló de los pequeños logros que han surgido con operadores de la justicia como ejemplo de la importancia del seguimiento de las diferentes colectivas LGBTI+. Equipos forenses han empezado a lidiar apropiadamente con víctimas de violencia de la comunidad LGBTI+ gracias a seguimiento de organizaciones LGBTI+ como Colectivo Unidad Color Rosa y la Asociación Feministra Trans. Soad explicó que últimamente las autoridades se abocan a las personas del colectivo para poder esclarecer e identificar si la persona era parte de la comunidad LGBTI+… y poder orientarse adecuadamente”. Sin embargo, la activista admite que la situación de violencia no deja de preocupar.

Grecia Ohara añadió que dentro de la institucionalidad hay gente que tiene un compromiso real con los derechos humanos, pero el problema es la estigmatización del movimiento LGBTI+. La activista explica que el gran obstáculo para los operadores de justicia y políticos que quieren apoyar el movimiento LGBTI+ es el miedo a ser despedidos o estigmatizados por el simple hecho de asociarse con la comunidad. Ohara explica que es increíble como en el mismo Congreso Nacional se han visto actos homofóbicos contra diputados, por su orientación sexual o apoyo, como es el caso de Víctor Grajeda –diputado de Libre abiertamente gay– quien fue insultado por su orientación sexual en el Congreso Nacional recientemente.

Las activistas resaltan que para poder promover los derechos de la comunidad LGBTI+ se tiene que desestigmatizar el movimiento y educar a la población que los intereses de la comunidad LGBTI+ va mucho más allá de la sexualidad, y que al final solo buscan conseguir derechos como cualquier otra comunidad.

Una Ley de Identidad de Género

Para concluir la discusión del Twitter Space, las activistas retomaron la discusión de la importancia de los diferentes procesos legislativos que la administración de Xiomara Castro prometió a la comunidad LGBTI+, resaltando específicamente los procedimientos alrededor de la expresión de género e identidad.

Como explicaron las activistas Grecia Ohara y Allyson Soad, la realidad es que los procedimientos de la Ley de Identidad de Género han sido desorganizados y confusos. Ohara, que ha trabajado en el proyecto de reforma conocido como La Reforma a la Ley y Reglamento del Registro Nacional desde 2019, explica que es fundamental tener una reforma y ley para el reconocimiento de las personas trans. La reforma asegura que personas trans puedan cambiar su nombre y expresión de género en registros públicos; pero Ohara resalta que solo es un proceso administrativo y es necesario una ley para poder blindar el proceso permanentemente.

«Las mujeres y hombres trans y la comunidad deben apostar no solamente por un proceso administrativo, sino que por un proceso que sea ley», explica Grecia Ohara.

La activista Allyson Soad añadió que la Ley de Identidad de Género es fundamental porque va a ayudar a romper todos esos «tabúes y barreras» que han limitado la comunidad trans por mucho tiempo. La activista también recalcó otros beneficios que la ley traería más allá de la expresión de género, como el acceso a una educación, trabajo y vivienda digna.

En general, este Twitter Space resaltó la compleja situación de la dinámica entre el nuevo Gobierno, el movimiento LGBTI+ y la sociedad Hondureña, al igual que el deseo de parte de la comunidad LGBTI+ por una representación justa y humana. Al final, la discusión concluyó con el deseo de unir metas y objetivos para apoyar las diferentes comunidades vulnerables en Honduras: «Para poder tener avances en materia de derechos humanos tenemos que estar unidos y unidas», concluyó Grecia Ohara.

Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales y apoyo técnico y a la aprobación de pactos de impunidad.

Texto: Fernando Silva
Foto: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Entre el 2017 y el 2022, la Uferco -antes Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic)- presentó 17 requerimientos fiscales, menos de la mitad de los 50 que que ha presentado la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) en el mismo periodo.

Contracorriente obtuvo estos datos a través de una solicitud de acceso a la información hecha ante el Ministerio Público y demuestran lo que el fiscal Luís Javier Santos, jefe de la Uferco, ha manifestado desde que en 2020 se firmó el acuerdo que creó esta unidad luego de la no renovación del convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Santos ha dicho en reiteradas ocasiones que el principal obstáculo que enfrenta es la falta de personal técnico y recursos financieros y no la falta de independencia o la existencia de presiones para no investigar ciertos casos que implican grandes redes de corrupción política y económica. De hecho, desde 2020, cuando la Ufecic fue cancelada y empezó el trabajo de la Uferco sin el apoyo técnico internacional y los recursos científicos y económicos con los que contaba la MACCIH, solo han presentado cinco requerimientos fiscales en comparación con los doce que se presentaron en el mismo periodo con el acompañamiento de la misión internacional.

En este contexto, el diputado Luis Redondo, quien a finales de enero fue nombrado de forma irregular como presidente del Congreso Nacional, presentó un proyecto de decreto con el objetivo de «conferir un estatus especial de forma que logre avances significativos en el desmontaje de las estructuras y redes de corrupción en Honduras».

El decreto Legislativo 67-2022 fue aprobado a finales de mayo en el pleno del Congreso y otorgó un estatus especial a la Uferco para ejercer la acción penal sin la autorización de Oscar Chinchilla, actual Fiscal General, condición requerida por el principio de jerarquía contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, con este decreto se ordenó aumentar en un 10% el presupuesto de la unidad saltándose la autonomía administrativa del Ministerio y sin una ruta clara del proceso para aumentarlo.

Según ha dicho a medios nacionales el fiscal Santos, este decreto no ha mejorado las condiciones bajo las que trabaja la unidad y no ofreció una solución a los problemas de falta de personal y recursos técnicos y logísticos que han solicitado desde hace más de 2 años por lo que más de un centenar de líneas de investigación seguirán detenidas. Además, apuntó que una de las prioridades del Congreso Nacional debería ser la derogación de pactos de impunidad aprobados por el gobierno anterior que traen todavía mayores obstáculos a sus facultades investigativas.

Las ambigüedades y la falta de efectividad del decreto aprobado

«Le trasladaron una responsabilidad a la Uferco que no tiene las capacidades de cumplir y Luis Javier Santos lo ha estado diciendo después de la reforma. El problema de la lucha contra la corrupción desde el enfoque penal es que se necesita crear un sistema anticorrupción que tenga todas las condiciones técnicas y normativas» apunta Edy Tabora, abogado e investigador del Bufete de Justicia para los Pueblos, sobre la condición especial que se le asignó a la Uferco a través del decreto 67-2022.

Y es que, aunque el trabajo de esta unidad ha destacado desde que estuvo ligada al acuerdo de la Maccih en 2017, los índices internacionales de percepción de corrupción en Honduras solo han aumentado. Por ejemplo, en el índice publicado por Transparencia Internacional, el país pasó de ocupar el puesto 135 en 2017 al puesto 157 en 2021, solo superado en América Latina por democracias frágiles o nulas como las de Nicaragua, Venezuela y Haití.

En ese sentido, Tabora explicó que con este decreto le dieron potestades a la Uferco que no estaban pidiendo y la población celebra la reforma pensando que el único problema es la obstaculización del Fiscal General, aunque en realidad, uno de los aspectos que menos ha controlado Chinchilla es la investigación y presentación de requerimientos fiscales dirigidos a las redes de corrupción que esta unidad persigue. Tabora argumentó que el fiscal general ha controlado a la Uferco justamente «quitándole las capacidades técnicas y fiscales».

Según el jurista, las razones para aprobar este decreto — aunque podían ser resultado de buenas intenciones— han respondido a varios factores, entre ellos, las dificultades para llevar a juicio político al Fiscal General por la impunidad que revistió al gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández y la falta de enfoque en la construcción de un sistema de justicia penal nuevo, lo que lleva a resolver solo las cosas que van surgiendo y resulta en un «parche institucional y normativo».

Finalmente, Tabora apuntó que con la aprobación del decreto «el error estuvo en emitir algo que se relaciona con un acuerdo institucional y lo que se debió hacer era una reforma a la ley del Ministerio Público».

El decreto 67-2022 fue aprobado la madrugada del 27 de mayo sin la presencia de la bancada del Partido Nacional, justamente necesaria para llegar a los 85 votos de la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional. Esta reforma nunca fue planteada por los diputados del oficialismo tanto del Partido Libertad y Refundación (Libre) como del Partido Salvador de Honduras (PSH), ambos apuntaron siempre a la aprobación de un decreto que solo necesitaría 65 votos.

Sobre esto, Tomas Zambrano, presidente de la bancada del Partido Nacional en el Legislativo, dijo a Contracorriente que la aprobación de este decreto «le dio una puñalada al Estado de Derecho en Honduras» y aseguró que se inició una persecución penal contra los opositores del gobierno.

«Esta reforma es inconstitucional porque se necesitaba mayoría calificada y con este decreto crean un ente paralelo sin respetar los decretos del Código Procesal Penal», aseguró Zambrano negando que finalmente se aprobó un decreto que solo necesitaba mayoría simple.

Además, Zambrano, diputado originario del departamento de Valle que recorre su cuarto periodo en el legislativo, señaló que «si realmente querían luchar contra la impunidad y la corrupción ¿por qué no derogan el pacto de impunidad? que sí es un acto de corrupción».

Zambrano se refiere a la amnistía que es parte de la Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, que se aprobó en febrero de 2022 y ha beneficiado a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), como Enrique Flores Lanza quien además revisó esa ley antes de su aprobación. Sin embargo, Zambrano también ha sido acusado por actos de corrupción ya que en 2018 fue parte del caso «Pacto de Impunidad» presentado por la UFECIC junto a la MACCIH, contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano Molina por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. El 25 de septiembre de ese mismo año, la Corte de Apelaciones designada para conocer el caso de los diputados nacionalistas, otorgó un sobreseimiento definitivo a favor de Zambrano.

Ahora Zambrano, tras sus pasadas acusaciones de corrupción, apunta que se ha emprendido una persecución política en contra de los políticos del Partido Nacional.

Eso mismo aseguró también la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, quien señala al fiscal Luis Javier Santos y asegura que la Uferco está parcializándose a la hora de los señalamientos y dice que «para nadie es desconocido que el fiscal que la preside tiene una afiliación política partidaria con Libre, entonces cuando hay una afiliación política no hay objetividad para poder ver los casos».

«Hay que diferenciar entre justicia y persecución política, pero queremos que la impartición de la justicia sea pareja y que no sea sectaria, que se investigue a todos los gobiernos anteriores. Porque se han cometido actos irregulares desde la época del expresidente Mel Zela», aseguró Mejía.

También explicó que el decreto fue aprobado bajo condiciones irregulares, de forma abrupta y de madrugada. Mejía aseguró que «no le dio al pueblo hondureño la posibilidad de analizar y se aprobó en tan solo el segundo debate». Estas estrategias que señala la diputada dan continuidad a la forma de operar establecida desde el gobierno anterior en el que el legislativo era controlado por diputados del Partido Nacional.

Al igual que el resto de su bancada, Mejía apuntó a la inconstitucionalidad del decreto y aseguró que a partir de ahora todas las acciones que se ejecuten desde la Uferco están sujetas a cuestionamientos y recursos.

Justamente el 24 de junio, el abogado Leonel Núñez presentó a título personal un recurso ante la Sala de lo Constitucional contra el decreto que otorga un estatus especial a la unidad dirigida por Luis Javier Santos.

Núñez explicó que «el decreto 67-2022 viene a vulnerar ciertas garantías constitucionales en especial al Estado de Derecho en vista que le quita atribuciones al Fiscal General contemplados en artículos de la constitución» y aseguró que las atribuciones del Ministerio Público no pueden ser mancilladas por un decreto que viene a trastocar la Constitución la que solo puede ser modificada mediante una votación calificada y ratificada en una siguiente legislatura, «en vista de que se infringen principios de derecho como los principios de jerarquía, igualdad y por consiguiente el principio al debido proceso”.

Además, Leonel Núñez expresó que si una institución necesita apoyo técnico y financiero es necesario otorgarlo para fortalecer todo el sistema de justicia, pero dice que «no hay que dividir el sistema porque se hace daño al Estado de Derecho debilitando sus instituciones».

El Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project reveló que Honduras se encuentra entre los países con menos Estado de Derecho en el mundo e indica que se ubica en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe.

Otro de los cuestionamientos realizados a este decreto es la temporalidad del estatus especial otorgado a la Uferco, que especifica su vigencia hasta que se elija un nuevo fiscal general. Sobre esto se pronunció públicamente la abogada Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y aseguró que «se está decretando legislativamente que la independencia de esta unidad especializada culminará cuando un nuevo personaje ocupe la silla de Oscar Chinchilla» y agregó que la solución no debe estar condicionada sino debe ser integral y con efectos permanentes dirigida a fortalecer la institucionalidad.

Incluso Omar Menjivar, abogado y vicealcalde de San Pedro Sula, apuntó en sus redes sociales que aunque compartía el espíritu del decreto que reafirma la independencia de los fiscales de la UFERCO, creía que «el decreto contiene un error de técnica legislativa, al tener una dedicatoria especial, cuando debió ser general (como deben ser las leyes) y lo otro es la temporalidad».

Sobre este aspecto, la diputada del PSH, Fatima Mena, aseguró que la temporalidad del decreto se estableció de esa forma porque todas las fiscalías deberían tener el mismo rango y esperan que eso sea una realidad a partir de la elección del nuevo titular del Ministerio Público.

Edy Tabora reafirmó que lo que realmente han solicitado los funcionarios de la Uferco es fortalecimiento interno, incluyendo seguridad, eliminación de pactos de impunidad, personal técnico que incluya tanto investigadores como peritos forenses en materia financiera, técnicos especialistas y más fiscales.

Tabora además explicó que a pesar de estas dificultades «un solo caso de los presentados por la Uferco puede representar 15 casos de los que presentó la Fetcoop, no solo en aspectos de investigación, sino en aspectos políticos» y aseguró que la Uferco ha hecho mucho más que toda la gestión del actual fiscal general, logrando evidenciar redes de corrupción emblemáticas en el país.

A pesar de todas sus dificultades y con recursos limitados, la Uferco apuntó a las estructuras corruptas más cercanas al gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo familiares del expresidente. Justamente el pasado 15 de julio se filtró un documento preliminar de la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos emitida por el Departamento de Estado, en la que se incluye a 10 funcionarios del gobierno pasado acusados por la Uferco.

Entre los supuestos señalados a los que se les revocaría la visa para visitar Estados Unidos están ocho funcionarios del caso «Corrupción sobre ruedas», uno del caso «Fraude sobre el Gualcarque», el exfuncionario de la ENEE y empresario David Castillo y Javier Pastor del caso contra la directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El fiscal Luis Javier Santos, dijo en un evento convocado por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que el paso para iniciar las reformas profundas que requiere la Uferco sería la derogación de tres decretos que «nos limitan en el decomiso y acceso de documentación que puede servir para fortalecer las investigaciones o para fortalecer los casos que actualmente están en investigación».

La diputada Fátima Mena, aseguró que ya se ha presentado la derogación de las propuestas de ley que obstaculizan la persecución penal y aseguró que «esperamos que con un nuevo titular podamos hablar de realizar una reforma profunda al sector justicia, especialmente en el Ministerio Público y Corte Suprema para poder respetar el principio de legación que rige al Ministerio».

Con excepción de las diputadas Beatriz Valle y Ligia Ramos, el resto de diputados de los principales partidos de Honduras coincidieron en que la Corte Suprema siga en manos de los partidos políticos. Tanto Libertad y Refundación (Libre), como el Partido Liberal (PL), el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH), estuvieron de acuerdo en permitir que «un miembro activo de un partido político» pueda autopostularse para magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Asimismo, modificaron un inciso de la ley para que los aspirantes a magistrados puedan autoproponerse aunque hayan sido condenados por un delito, siempre y cuando la sentencia no sea firme.

Texto: Celeste Maradiaga y Leonardo Aguilar
Fotografías: Fernando Destephen

El Congreso Nacional aprobó 15 de los 28 artículos de la «Ley especial de organización y funcionamiento de la junta nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» con el acuerdo unánime de las bancadas de los partidos Libre, Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y el Partido Salvador de Honduras (PSH)l. La propuesta de esta ley fue enviada desde el Ejecutivo por la presidenta Xiomara Castro.

Los puntos polémicos tuvieron que ver con la propuesta de Luis Redondo de retirar el inciso B del artículo 15 del dictamen, que establecía los requisitos e inhabilidades para autopostularse para candidato a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El artículo eliminado decía literalmente lo siguiente: «No ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos (2) años anteriores a su autopostulación».

Aunque la eliminación y modificación de dos incisos en un artículo de la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Congreso Nacional, la propuesta de Luis Redondo ya fue aceptada por la comisión legislativa que introdujo el dictamen, por lo que técnicamente es un asunto consumado, según expertos consultados por Contracorriente.

Redondo también propuso modificar el inciso C de ese mismo artículo, el cual indicaba que cualquier aspirante que se autopropusiera debía garantizar «no haber sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias». Ahora, el inciso pide que exista una «sentencia en firme», lo que permite que los abogados que hayan sido condenados o estén aún inmersos en procesos judiciales puedan postularse mientras todavía tengan la posibilidad de interponer algún recurso contra sus condenas.

La congresista Beatriz Valle, expulsada del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue la piedra en el zapato para su anterior bancada y un dolor de cabeza para la Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, a quien ella no reconoce como legítimo presidente. Además, la congresista presentó una moción para crear un nuevo inciso en este artículo 15 que estableciera lo siguiente: «f) no haber formado parte del Gobierno Central, instituciones centralizadas o desconcentradas en los últimos 5 años».

«Insisto en que debemos mantener la separación de poderes, no hay ningún respeto a la separación de poderes en Honduras. Y yo pienso que las personas que son razonables y quieren una corte suprema de justicia limpia y honrada me van a acompañar en este proyecto en caso de que la comisión no acepte la sugerencia», manifestó en su argumento Valle.

La bancada del Partido Nacional, que no se opuso a la eliminación del inciso B ni a la modificación del artículo C del artículo 15, mostró una vez más no ser una verdadera oposición real, sino una retórica, lanzando pañales y aceptando que la próxima Corte será «a la medida del partido de Gobierno».

El Partido Nacional solicitó incluir en el dictamen que no se puedan autopostular a la Corte Suprema aspirantes a candidatos mencionados en la «lista Engel» elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En esa lista, conocida preliminarmente, figuran dos miembros de la Junta Directiva actual del Congreso Nacional. Sin embargo, el propio Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, reconoció que ellos fueron víctimas del escarnio ciudadano y del Congreso Nacional, cuando diputados o exdiputados nacionalistas figuraron en versiones anteriores de esas listas por su participación en actos de corrupción u otros delitos.

En cuanto a los nombres de políticos que puedan ocupar los más altos cargos en la Corte Suprema, hay algunos consensos incluso en partidos de oposición. «Lo más sonado es que la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, forme parte de la CSJ. Y estoy segura que Rixi Moncada [exfuncionaria del Poder Ciudadano durante la presidencia de Manuel Zelaya 2006-2009 y representante de Libre ante Consejo Nacional Electoral en las últimas elecciones] no dejará la cartera de Finanzas para ser una magistrada más, sino que estará aspirando a ser la próxima presidenta de la Corte Suprema. Hoy con lo que estamos haciendo tendremos una Corte débil y dependiente del Poder Ejecutivo. Independencia de poderes aquí no habrá», dijo a Contracorriente la diputada nacionalista Johana Bermúdez.

Sobre la posibilidad de que se postulen abogados condenados por delitos o en procesos judiciales, la congresista Beatriz Valle se pronunció en contra de modificar el inciso C, y argumentó que con esto habría «un gran conflicto de interés». Además, agregó que existen muy buenos abogados que no han sido acusados de delitos como lo contempla el inciso c) que fue modificado a propuesta de Luis Redondo, aceptado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la espera de ser ratificado por el pleno del Congreso Nacional.

El director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), Luis Daniel León, se mostró crítico porque a su juicio no se logró sacar a los partidos políticos de la elección de la CSJ.

León le explicó a Contracorriente que los primeros 14 artículos que se aprobaron realmente le apuntan a la transparencia del proceso, conformación de la junta nominadora y conformación de los mecanismos de gestión de la junta.

«Pero cuando llega al artículo 15, lo que me deja un mal sabor de boca es que ni siquiera se dio una oportunidad a la discusión, se leyó e inmediatamente el presidente del Congreso dijo que quería proponer eliminar el inciso B del artículo 15 y reformar el C. La comisión del Congreso hace una sesión y termina aceptando las ideas del presidente del Congreso y se da básicamente por eliminado el inciso B y reformado el C. De ahí todas las propuestas que los diputados estuvieron haciendo después ya no aplicaban, porque ya se había aceptado la discusión del presidente por parte de la Comisión», explica León, quien es experto en temas de democracia.

«Y lo que más preocupa es que, pese a que no hubo la oportunidad de discutir alrededor de la eliminación de ese inciso B del artículo 15, la intención de la sociedad ha sido que esa elección sea nada política, que los partidos políticos no perfilen a sus cuadros, que no incluyan a sus personas y al final al eliminar el inciso B, queda abierto para que los partidos políticos pongan a quien quieran», explicó.

«Creo que este proceso, pese a algunas pequeñas mejoras, va a ser más de lo mismo: partidos políticos peleándose cargos, candidatos y personas. Una negociación política que buscará beneficiar a cada partido político y claro está, Libertad y Refundación buscará la mayor cantidad de magistrados y que, aunque hubo un gran intento, lastimosamente no se dio el cambio profundo que era despolitizar esa elección», agregó León.

León dijo que no se hizo la votación por la eliminación del inciso B y la modificación del C del artículo 15 porque suspendieron la sesión, «pero la Comisión ya aceptó eliminar el inciso B [del dictamen], e incluir en el inciso C el tema de la sentencia en firme, dejando la posibilidad de que cualquiera que esté pasando por un proceso judicial, puede postularse; pero independientemente de eso, en ese punto, el presidente [Luis Redondo] ya había propuesto que si no lo aceptaba la Comisión se iba a hacer una moción para la votación en el Congreso, así que había una intención clara que los partidos políticos sigan poniendo sus candidatos».

«Y eso es así, no podemos tapar el sol con un dedo, aún con las buenas voluntades que hayan querido mostrar. El proceso sigue politizado, sigue siendo de los partidos políticos y serán los partidos políticos los que terminarán ganando», explicó.

Por su parte, el diputado por el partido Libre, Jari Dixon, defendió el hecho de politizar la Corte Suprema y afirmó que «cada vez que nosotros le ponemos obstáculos a los políticos, nosotros mismos como políticos aceptamos que somos personas no confiables, que ni hay personas honorables dentro de la clase política».

El congresista expresó estar de acuerdo en eliminar este inciso ya que es una «contradicción» a la hora de querer presentar una imagen de honorabilidad y transparencia a miembros de los partidos políticos.

Además, el diputado Ramón Barrios argumentó que esta sugerencia cayó muy bien en el hemiciclo legislativo debido a que existieron distintos posicionamientos conforme a esto. Dentro de ellos está el de las organizaciones que exigen a candidatos que no sean activistas políticos. El congresista argumentó que esto choca con los derechos constitucionales, es decir, «todos tenemos ideologías y nuestras afinidades, yo creo que eso no debería de ser una prohibición en esta ley para participar como miembro de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo no creo en los purismos constitucionalistas, a mi me parece que dentro de todas las orientaciones políticas hay buenos abogados y abogadas y no debemos de cortarles el derecho».

Barrios agregó que esta sugerencia fue aceptada al interno de la comisión y que por una cuestión ética no puede detallar quienes estuvieron en contra, pero que se votó y ganó la mayoría de los parlamentarios a favor de que se eliminarán estos dos incisos. «Nos guste o no, esas son las reglas aquí en el Congreso Nacional», expresó.

Sobre la eventual postulación de Rixi Moncada

Contracorriente consultó a la congresista de Libre, Silvia Ayala, durante el desarrollo de la sesión, si es real la posibilidad de que Rixi Moncada pueda optar a ser magistrada de la CSJ y sobre si habrá una Corte que será a la medida del partido de Gobierno como lo ha denunciado el Partido Nacional que indicó que Moncada además suena para ser la presidenta de la Corte. La diputada Ayala evadió la primera pregunta y contestó que «lo que sí vamos a tener es una Corte a la medida del pueblo y garantizaremos que nunca más se le ceda la silla del presidente de la Corte Suprema a un reo en pleno proceso de extradición. Eso es lo que no vamos a tener».

Luis Daniel León cree que este sábado no hubo ninguna oposición directa a que Rixi Moncada sea la presidenta de la Corte Suprema, porque eso implicaba reconocer que los partidos políticos no debieran postularse como candidatos a magistrados de la Corte. Y eso, asegura el experto, no se vio en ningún partido político.

«Veámoslo desde dos enfoques: Rixi Moncada tiene todos los derechos, ciudadanos, constitucionales, tiene la capacidad, tiene el perfil, tiene todos los requisitos y si los cumple pues puede postular. Ahí yo no veo mayor problema si la ley no lo impide. Pero el otro enfoque, es que se está habilitando que se pueda incluir a personas de los partidos políticos y el Partido Nacional, pese a que ha expresado su inconformidad de que ella pueda postular, ellos lo que pidieron es que se incluyan otros incisos como a la gente que está en la Lista Engel y que se inhabilite a la gente que es funcionaria actual”, explicó.

«Pero yo no vi a un Partido Nacional diciendo que [permitir a miembros de partidos políticos postular] no podía ser; en cambio vi a un Partido Liberal diciendo que apoyaban la moción. Vi a Libertad y Refundación desde la comisión de dictamen respaldando lo que el presidente había dicho, la explicación y la defensa no la hizo el presidente, la hizo la comisión. Lo que sugiere es que eso ya estaba platicado, entonces no deberían quejarse si Libre pone a Rixi Moncada, que insisto, para mí es una persona altamente capaz», argumentó León.

Previo a proponer agregar el artículo f) cuando se le cedió la palabra, Beatriz Valle anunció en su cuenta de Twitter que era pertinente agregar al dictamen una inhabilidad para que los actuales funcionarios del Gobierno no puedan postularse para las altas magistraturas, lo que evidentemente dejaría fuera del camino a actores como Rixi Moncada.

En Honduras es usual que el partido de turno o el que tenga más diputados en el Congreso Nacional, sea el que controle la Corte. Por ejemplo, los altos magistrados actuales han sido controlados por el Partido Nacional, al extremo que el día de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a EE. UU. por narcotráfico, el exmandatario se sentó en la silla del actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta, a grabar un video para despedirse de sus seguidores y quejarse por el trato recibido.

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Y es que para la escogencia de los magistrados actuales -que dejarán sus cargos en enero de 2023-, los diputados de entonces sostuvieron una polémica votación después de que el lunes 25 de enero de 2016 fracasó la elección bajo el sistema de nómina al no lograrse la mayoría calificada de 86 votos. Sin embargo, el Partido Nacional, que tenía asegurados 48 votos de los 128 en total, logró imponer una CSJ que ha respondido a sus intereses todo este tiempo.

Pero la diputada Beatriz Valle, una de las fundadoras de Libre y en su tiempo una líder fuerte en su partido político, también denunció que hay una trampa en esta nueva ley para la Junta Nominadora: «Les explico la trampa de los artículos 5 y 6. Introducen organizaciones sin personalidad jurídica y que no hayan realizado actividad en los últimos dos años. Los autoriza EL GOBIERNO, a través de la STLCC ¿Para qué y porqué? Cada quien que juzgue…», indicó la congresista en su cuenta de Twitter.

Y es que esta nueva ley, en uno de sus apartados, contempla que «Excepcionalmente, con evidencia de la ejecución de proyectos o actividades en temas de justicia o derechos humanos durante los últimos tres (3) años, se autorizará la participación de organizaciones no registradas oficialmente o entidades sin personalidad jurídica al amparo de lo dispuesto en los numeral 6 del artículo 61 del Código Procesal Civil, las que podrán votar, pero no postular representantes».

Silvia Ayala, sobre el tema de la participación de organizaciones sin personería jurídica en el proceso, afirma que «Más bien se están poniendo más requisitos para que las organizaciones puedan participar, el principio general es la participación amplia. O sea que ya no solo sean las organizaciones que manejan muchos recursos y que son muy mediáticas aquí en Tegucigalpa. Que sea cualquier organización de sociedad civil de los 18 departamentos del país, que acredite su capacidad e interés que va a haber en estas sesiones de sociedad civil».

«Otra garantía que tendremos es que las organizaciones de maletín que drenaron fondos del Estado, esas sí no van a poder participar en este tipo de asambleas de la sociedad civil porque no podemos permitir que el crimen organizado tenga a sus voceros en la junta nominadora», agregó Ayala.

Sobre esto, Luis Daniel León dijo que debe existir un gran diálogo dentro de la sociedad civil porque se esconden peligros reales. «Lo que se incluye en el artículo 5 es que las organizaciones que no tienen personería jurídica puedan votar, puedan tener voz, pero no puedan postular» argumentó.

«Lo que esto sugiere es que si una organización, legalmente constituida, pone a alguien que consigue los respaldos de organizaciones no inscritas o legalizadas bajo el sistema de país, sean estas juntas de agua, patronatos y todas esas plataformas sociales, puede arrasar en esa postulación de quienes serían los miembros de la Junta Nominadora. Me parece incluyente, pero me parece que también tiene un fin político», afirmó.

La Junta Nominadora está integrada por siete organizaciones e instituciones que son: la propia CSJ, el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), los claustros de profesores de las facultades o escuelas de Ciencias Jurídicas, sociedad civil y las confederaciones de trabajadores. Estos deben enviar a un representante y a un suplente.

Previamente, el diputado Tomás Zambrano calificó de «inconstitucional» la propuesta del presidente del legislativo, Luis Redondo, de que una junta de notables, integrada por personas como la doctora Mary Vallecillo, pueda ser titular de la Junta Nominadora. Dicha propuesta contenía la participación de estos distintos notables hondureños en la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte.

Sin embargo, en la discusión de la Ley Especial, el diputado Ramón Barrios argumentó que era pertinente modificar el inciso d) del artículo 8 de la Ley, el cual establece que los integrantes de la Junta Nominadora deberán haber estado en sus debidas organizaciones o instituciones por un período de 2 años mínimo. Ahora, con la modificación de este artículo, esto se quita y abre la posibilidad para que los notables participen, pero ya no en calidad de miembros titulares sino como veedores.

«Se aprobó que la junta de notables va a poder ser un veedor del proceso pero está definido, claro, creo que ya está definido, quiénes podrán ser los miembros de la junta, cómo funciona, y ahí ya no hay forma que se viole la Constitución», afirmó Luis Daniel León.

Respecto a esta propuesta, la doctora Mary Vallecillo respondió a Contracorriente «no he podido ver con detalle la propuesta para poder dar una opinión sobre la misma. Por mis ocupaciones y el tiempo tan ocupado y la concentración que me demanda mi trabajo, se me ha dificultado poder conocer más sobre la propuesta, si está enmarcada en ley y así hablar sobre el tema de manera objetiva».

Propuesta de ley llegó desde el Ejecutivo

El pasado jueves, el dictamen pasó su primer debate en el Congreso Nacional después de haber sido introducido por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien es cuñado de la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro. Zelaya había presentado este dictamen ante la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales –presidida por el diputado de Libre, Ramón Barrios-, comisión que obviamente emitió un voto «favorable» a la propuesta del Ejecutivo.

Al dictamen del Ejecutivo se le hicieron algunas modificaciones a partir de las recomendaciones realizadas por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y de otras sugerencias realizadas por organizaciones de sociedad civil, según indica el propio dictamen.

Este sábado, el congresista Ramón Barrios pidió que, debido a la urgencia de aprobar dicha normativa, se dispensara el segundo debate y pudiera aprobarse de forma total, algo que fue respaldado por la mayoría de los diputados. A su vez, la abogada Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que está de acuerdo que ahora la Junta Nominadora tenga un papel más técnico que político y que por esa razón se aprestaban a votar «por una Corte que esté a la medida de los intereses de los hondureños y que garantice la aplicación de la justicia».

Quien se mostró crítico con la forma en que se sesionó fue el diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, quien afirmó que «esta será una Corte a la medida de Libre y su alianza. Lo correcto hubiera sido que la propuesta de esta ley, el dictamen, se les turnará a las siete organizaciones que integran la Junta Nominadora. Nosotros solicitamos espacio para socializarlo con los representantes de la junta nominadora pero no se nos dio».

«Hoy lo que van a entregar es un traje a la medida del gobierno para manipular los intereses. Quieren poner una Corte a la medida de Libre y su alianza. Queremos que este proceso lo lleven estas organizaciones», explicó Zambrano.

Cambios en la nueva ley en comparación con la anterior

Con la ley anterior, las inhabilidades para integrar la Junta Nominadora eran escasas. En la actual se ampliaron las inhabilitaciones, por ejemplo, no podrán integrar este espacio quienes sean parte en litigios judiciales activos o estén siendo investigados por violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de activos y narcotráfico, sean miembros directivos de partidos políticos u ostenten al momento de su designación cargos públicos de elección directa, entre otros. Todas estas prohibiciones se hallan en el artículo 8.

Uno de los aspectos más importantes de la nueva ley es que ahora, según el artículo 14, durante la primera quincena de octubre, la Junta Nominadora emitirá una convocatoria general para que los abogados y abogadas que cumplan con los requisitos legales y los criterios complementarios de excelencia, definidos en el perfil que se elaborará, presenten su autopostulación, contrario a lo que se especificaba antes en el artículo 18, que establecía que cada una de las organizaciones representadas podía proponer un listado no mayor de veinte aspirantes a candidatos ante el pleno de la Junta Nominadora.

La nueva ley cambia la forma de cómo se organiza internamente la Junta Nominadora, pues la anterior ley facultaba al representante de la CSJ a que automáticamente se convirtiera en el presidente de la Junta Nominadora, según lo que establecía el artículo 4, al señalar que el representante de la Corte Suprema de Justicia «la presidirá». No obstante, ahora se establece en el artículo 12 que «Una vez juramentados, los miembros de la Junta se reunirán inmediatamente para determinar su organización interna, eligiendo mediante la celebración de un sorteo público al menos un presidente, un secretario y un vocero oficial».

La nueva ley otorga a la Junta Nominadora la facultad de emitir el reglamento de la presente ley y aplicar la matriz de evaluación e instructivos técnicos que contengan los estándares internacionales de derechos humanos desarrollados por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados conforme el contenido de los tratados internacionales afines a la función de la judicatura y la jurisprudencia internacional sobre independencia judicial.

Luis Daniel León concluyó en que la jornada de hoy dejó «un sabor agridulce porque hay discusión en el Congreso, parece que hay consenso, eso es muy bueno, era necesario. De una u otra manera limpia algunas etapas del proceso y otras quedan como están, pero la parte agria es que no se despolitizó el proceso, no se sacaron a los partidos políticos del proceso y evidentemente eso genera la situación de que va a ser de lo mismo».

Texto: Eliseo Pérez Cadalso
Ilustración: Pixabay

Junto al camino real que conduce hacia Tierras Coloradas, la cruz del finado Casio ya solo asoma los hombros de puro sumergida en un túmulo de piedras, que crece indefinidamente por obra y gracia de la piedad cristiana, pues cada quien que pasa por allí se cree obligado a arrojar sobre el montón un guijarro más, en sufragio al alma del difunto. Y la cruz, con sus brazos extendidos, de más bien la idea de ser un náufrago que está pidiendo auxilio en medio de aquel mar de soledad.

A Casio lo mató Chombito Vargas, el terror del valle entero, cuyas víctimas son tantas que ya dan para hacer un cementerio.

El temible desalmado maneja con igual destreza la pistola, el puñal y el guarizama; y casos ha habido en que, esgrimiendo un simple caite, dominara por completo a un adversario armado de machete, picándolo a su sabor.

Porque lo cierto es que si bien él comenzó su carrera criminal forzado por las circunstancias, ahora mata por gusto, jactándose a pulmón pleno de cada nueva hazaña.

La gente, por temor, le dice Chombito, nunca Jerónimo o Chombo a secas; no vaya a ser que en una de esas tome a mal tanta confianza y ¡pum! Te manda de una vez donde San Pedro.

No hay duda de que el hombre se sabe «sus cositas». Dizque cierto brujo mexicano que vino huyendo del hambre allá por 1920, le enseñó las artes para volverse invisible. Y solo así se explica que cuando la autoridad lo persigue por alguna fechoría, él frescamente se convierte en cabeza de guineos, y cuando alguien trata de comerlos lo que muerde es el ruedo de sus pantalones. Total, que jamás lo han capturado porque se les hace jolote, perro, chancho, lechuza y hasta tronco de quebracho.

Pero aun con esos poderes sobrenaturales, Chombito no está contento. Y la arena en su zapato es Nicasio Santelí –más conocido como Casio– por ser el único que le ha sacado suertes a la mica de El Pedregal, serpiente de cuatro metros que tiene su cueva al pie de un espavel y que hasta hace poco solía pasearse por el vecindario haciendo de las suyas con animales domésticos, y especialmente con pollos y conejos tiernos, siendo doblemente peligrosa porque no solo pica sino que también cuerea.

La gente asegura que Casio pilló al reptil metiéndose en su agujero, y que de golpe le tapó la entrada. A los tres días levantó la piedra que le servía de loza, y la culebra salió como relámpago. Sembrado la cabeza contra tierra, comenzó a lanzar colazos mortales, teniendo su carcelero que defenderse con un garrote de apenas pie y miedo.

Después de combatir casi una hora, el bicho, fatigado, buscó de nuevo el escondrijo, y el hombre le cerró la salida hasta la próxima oportunidad. Y vinieron otro combate y otro encierro hasta que por fin un miércoles la mica, ya jadeante y extenuada, vomitó algo amarillento como el ámbar, que el vencedor se aprestó a recoger, echándolo en un jícaro sabanero que a propósito llevaba, y al punto, de rodillas, rezó seis avemarías: tres al derecho y otras tantas al revés.

De ahí arranca, pues, el encono de Chombito, quien al saber la noticia, «me quito el nombre si en un mes no le bebo la sangre a ese jodido», dijo, ya que siendo así las cosas, uno de los dos sobraba en la comarca.

Eso de eliminar a un adversario tal, tenía que ser obra de astucia, pues el otro no era chiches, máxime ahora que disponía de un amuleto. Por eso Chombo no lo dejaba ni a sol ni a sombra; lo atisbaba hasta en los mínimos pasos; y una tarde en que Casio se disponía a tomar un baño en la Poza del Hombre le cayó de soguilla, justo cuando ya estaba desnudo, desyugulándolo de una puñalada.

Mientras el cuerpo se debatía en estertores convulsivos, las aguas teñidas en púrpura caducaron el cielo de los peces. Cuando vino la Mayenca, su mujer, ya se había desangrado totalmente.

Con su llanto interior de piedra india, la hembra echó el cadáver en una batea de madera, y cargó con él rumbo a la rancha.

Identificar al hechor no fue empresa difícil, primero porque todos conocían al hombre del juramento homicida, y segundo, por la cagada, ya famosa, que el sujeto solía dejar junto a sus víctimas, dizque evitando que lo encontrara la escolta, pues creía a pie juntillas que en eso radicaba el secreto de volverse gaseoso e inasible.

Al velorio llegaron solo parientes y unos contados amigos, ya que los más se abstuvieron, temiendo las represalias del chaval, quien de seguro espiaba todos los movimientos.

El muerto estaba tendido sobre un tapexco de varas.

Un petate le servía de ataúd. Tenía los pantalones adrede desprovistos de cinturón, para evitar que a media noche el hechor, disfrazado de torva bestia negra, se lo llevara arrastrado sepa judas para dónde, como había hecho con otros en pasadas ocasiones.

Las mujeres, en un cuarto, le rezaban al Santísimo, con tablillas de miedo en las espaldas, nurabdi a cada instante hacia la puerta, no fuera a presentarles de golpe el sombrío personaje.

Solo Chema, hijo mayor del occiso –quince años labrados en pura caoba–, no bosticó palabra desde que supo la tragedia. Estuvo, sí, muy ocupado toda la tarde hasta el anochecer. Subió al tabanco y bajó la chuspa donde Casio guardaba sus materiales de cacería: un lingote de plomo para hacer balas; un cacho conteniendo pólvora; mezcal para hacer tacos; cuatro fulminantes, y varios fragmentos de cartón.

La escopeta colgaba del horcón; era de un solo tiro y se cargaba por la boca, con ayuda de la baqueta. Pero cada mechazo era un venado porque en él iban cinco proyectiles. El mismo Chema ya se había comido nada menos que tres cachudos y cinco tipiscuintes.

Esta vez, antes de cargar el arma, tomó las balas una por una –ya redondeada con un pedazo de hierro, alias martillo– y con el filo del machete les marcó una cruz, bañándolas luego con agua bendita.

–¡Solo con balas cruceadas se puede joder al Malo! –le dijo un día su tata, mientras le enseñaba las oraciones que él aprendiera de su padrino el mexicano.

Ya no quedaba sino esperar. Llegó la medianoche, y nada. Únicamente el silencio inquieto, que se revolvía por toda la casa.

Por fin, y antes de que cantaran los gallos, ¡eureka!, apareció la bestia, negra toda ella con la pechera blanca, parándose en sus dos patas a la orilla del barranco. Más que perro, parecía un oso enorme, con dos ascuas en los ojos. Mientras lanzaba ladridos casi inhumanos, un viento de muerte congelaba las gargantas. Todos temblaron. Todos menos Chema, quien, haciendo mampuesta contra el horcón, esperaba el momento más propicio. Y cuando el monstruo quiso avanzar, ¡booom!, sonó la descarga, haciéndolo rodar por el abismo.

Alumbrándose con hachones de ocote, los menos miedosos se acercaron al sitio de la escena, habiendo encontrado únicamente sobre las hojas secas un pespunte de sangre que moría en la quebrada. El animal iba, pues, pegado y seguía aguas abajo…

A la mañana siguiente, apareció Chombito flotando sobre la Poza del Hombre, el pecho condecorado por cinco perdigones, con un rostro cristiano, tan cristiano que las viejas rezadoras, estupefactas, reprimieron su comentario, limitándose a decir:

–¡Dios lo haiga perdonao, porque era malo el difunto!

Y se santiguaron, todavía con temor, por aquello de las dudas.

Este cuento forma parte del libro Hondón Catracho (1974), publicado en Guatemala por la Dirección de Cultura y Bellas Artes de Guatemala.

La fundación Heinrich Böll Stiftung (HBS) Oficina San Salvador presentó el miércoles 13 de julio de 2022 en el hotel Plaza Juan Carlos, el libro DiscrimiNaciones Migrantes, esta obra colecciona la materialización artística de lo que significa la migración forzada desde la perspectiva de distintos artistas que tuvieron que dejar sus países. Desde la poesía, la fotografía, la pintura, la música o lo audiovisual, los exiliados exploran qué significa dejar «la madre patria».

Texto y fotografías: Persy Cabrera

«L@s que migramos a pie, con o sin coyote, por veces somos los más pobres, desplazad@s de nuestras tierras ancestrales, y oprimidos en el norte también por seguir el mismo sendero de donde se origina el saqueo de los recursos naturales que extraen de nuestra madre tierra», expresa Ceiba Ili, educadora cultural y música-activista hondureña en Estados Unidos, en una de las páginas de Discriminaciones Migrantes.

La presentación contó con intervenciones de Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), y de Andrés Celis, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Sánchez señaló que las migraciones en los 80 y 90 se debían principalmente a conflictos bélicos en la zona y deseos de superación económica, pero que ahora es una constante y que «cada día se van más».

También compartió que, tras una investigación en conjunto con Acnur, se reveló que la migración o desplazamiento forzado es una de las consecuencias de la feminización de la violencia en el país. «Nosotras creemos que el desplazamiento tiene cara de género, porque a diferencia de otros colectivos, la mayoría y la principal causa para que las mujeres se desplacen es la violencia», enfatizó Sánchez y añadió que «para las mujeres es un paso rutinario para sobrevivir, no lo ven como una violación a los derechos humanos sino como “me fui porque temía por mi vida, la vida de mis hijos”».

Andrés Celis, por su parte, apuntó la importancia de estos productos artísticos: «Si no se narra, no se pinta, no se canta, no se escribe, es muy difícil sanar lo que se ha roto, y que se ha roto con la huida». También compartió estadísticas que reflejan lo masivo que son los éxodos migratorios, de acuerdo a Celis -a nivel mundial- en el último año 15 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse, 1.7 millones de ellas por fuera de sus fronteras, 14.3 millones por dentro de su país.

En cierto momento de su intervención, Celis preguntó: «¿Qué significa lo que ocurrió en San Antonio, Texas? ¿Qué significa que 6 hondureños en Veracruz, México, hayan muerto ahogados? ¿Qué significa que en Trojes una menor de 1 año de edad muera por deshidratación?», y seguidamente indicó que son sucesos evitables: «Es algo que está muy por debajo de las fronteras de la ciencia, algo que podemos gestionar y resolver».

Por violencia, pobreza o reencontrarse con familiares, las migraciones forzadas siguen ocurriendo y este último motivo lo vemos en El viaje de Adela: La crónica de un reencuentro que no pudo ser, un relato que recoge el testimonio de familiares de Adela Quezada, una de las 6 personas hondureñas migrantes que murieron abandonadas en un contenedor en San Antonio, Texas.

La existencia de «DisrimiNaciones Migrantes» es sustancial para Jessica Sánchez, en una entrevista para Contracorriente nos compartió que, además de narrativas testimoniales, considera que a nivel literario hay mucho en lo que profundizar y –especialmente– cuando reconocemos que Honduras es una nación centroamericana migrante y «una de los principales expulsores de población».

La directora ejecutiva del GSC considera que un paso positivo es la presentación del proyecto de «Ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente», presentado por la diputada Ligia Ramos. Sánchez espera que «ojalá que lo turnen para discusión, porque una cosa es presentarla y otra es que pase, como pasó con las Casas Refugio».

Hacia el Estado, Sánchez tiene dos sugerencias, la primera tiene que ver con la situación económica: «Hasta ahorita no tenemos una estrategia macroeconómica que nos diga por donde se va a recuperar financieramente el país, incluso ya tomaron las reservas del país, que es bien peligroso». Por otra parte, posiciona en segundo lugar la seguridad ciudadana como un tema a resolver en el que estima que «no solo abarca la Policía Comunitaria, el Ejército, las fuerzas de seguridad como tal, sino una estrategia integral».

En la introducción al texto «Seis conjuros contra la pérdida» en DiscriminiNaciones Migrantes, Tania Pleitez, salvadoreña que sufrió el desplazamiento forzado, comparte una porción de «Eslabones de una misma cadena», escrito por Marisa González y parte del libro Transterradas (Tren en Movimiento, 2019):

«Uno de los efectos más claros, permanentes y a largo plazo de un desplazamiento forzado es la soledad […]. Pero en la infancia y en la adolescencia la interrupción de esas pertenencias condena a una soledad muy particular. No se trata de la soledad inherente a toda experiencia humana. No, es más honda, más densa y, a veces, devastadora. Tal vez no debería llamarla soledad sino desamparo».

Sobre ese fragmento de texto, este libro y sobre la migración, Sánchez culminó su intervención diciendo: «Es un viaje siento yo, estas migraciones son un viaje que creo han retratado bien en este libro. Y creo que da para más, hay más testimonios, muchas más palabras, más historias. Es ese sentimiento de soledad, aparte de discriminación, el que yo abrazo, porque es una soledad que llevamos las personas migrantes».

Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y ‘número 3’ del gobierno de Otto Pérez Molina se entregó a la fiscalía en 2020 y confesó haber confeccionado, con indicaciones del expresidente, una trama de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Norberto Odebrecht con un contrato de US$399.4 millones. La Redacción Regional accedió a esta declaración en la que Sinibaldi acepta haber cobrado $19.7 millones de un total de $31.95 millones que, acusa, habrían sido repartidos en una estructura que incluía al expresidente, a la exvicepresidenta Baldetti y a 108 diputados del Congreso 2012-2016. A la fecha, 16 de ellos son congresistas en esta legislatura.

Por Bill Barreto | Imágenes de Oliver de Ros | Diseño de portada: @donmarcial

Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, recibió sobornos por valor de 19.7 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, según él mismo declaró ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2020, cuando regresó a Guatemala tras cuatro años prófugo de la justicia. En el documento, al que ha tenido acceso Redacción Regional, Sinibaldi detalla también un supuesto entramado de corrupción en el que Odebrecth compró el favor del gobierno a través de una red de sobornos por un total de 31.95 millones de dólares que incluiría al entonces presidente, su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y 108 diputados del Congreso en 2012.

Sinibaldi, el número 3 del gobierno del Pérez Molina, ha roto el silencio en torno a uno de los mayores casos de corrupción de Guatemala. Su confesión, cuya autenticidad ha sido verificada por la actual administración de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) así como por otras tres fuentes cercanas al caso, relata cómo funcionarios de gobierno y diputados supuestamente aceptaron sobornos de Odebretch a cambio de un contrato por US$399.4 millones (Q3,007.97 millones). Se trata de la contratación de la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles del trayecto de 140 km en los departamentos de Suchitepéquez y San Marcos. Esta obra, nueve años después, continúa inconclusa.

La declaración de 41 páginas del exministro detalla la logística del supuesto pago de Q250 mil a cada uno de los 108 diputados al Congreso de la República (2012-2015) que votaron en octubre de 2012 para favorecer a la constructora. El testimonio también señala el protagonismo de Pérez Molina en la negociación con Odebrecht; y la participación de Baldetti para gestionar la compra de diputados en el Legislativo para agilizar la aprobación del proyecto. Según Sinibaldi, el propio expresidente acordó la operación con la constructora y desde el inicio estuvo al tanto de los detalles, al punto que llegó a comentarle que con un directivo de la empresa habían acordado “una comisión del 3 % sobre el total del proyecto, más el costo de ser aprobado por las diferentes bancadas”.

Sobre ese reparto, Pérez Molina “agregó que la única forma de mantener tranquila a Roxana era darle parte de ese 3 %, sobre lo cual comentó diciendo que a él ese 3 % le parecía un porcentaje muy bajo y que por esa razón Roxana estaba presionando y seguiría presionando hasta llegar a un 5 % como mínimo», dijo Sinibaldi a las autoridades.

En su testimonio, el exministro perfila a Pérez Molina como el líder de una estructura que tomó todas las decisiones y descargó en él y la vicepresidenta la ejecución y coordinación de la compra de votos en el legislativo. El expresidente incluso llegó a solicitarle una presentación ante el Gabinete “para que todos entendieran la magnitud del proyecto y la complejidad que implicaría llevarlo a cabo”.

Sinibaldi también acusa que la fórmula presidencial recibiría cada uno el 1% del total del costo de la obra. Alrededor de US$3.99 millones para cada uno.

Redacción Regional también contrastó el testimonio del exfuncionario con declaraciones ante la fiscalía de otros dos colaboradores del exministro y con diez actuales diputados al Congreso de la República que votaron favorablemente por el contrato asignado a Odebrecht, fuentes políticas que participaron en el proceso de aprobación de la obra y registros documentales, como el expediente completo de la iniciativa de ley enviado desde el despacho de Pérez Molina al Congreso, y registros de la gestión de los préstamos por US$399.4 millones hasta su ejecución en Guatemala.

La actual administración de la FECI reconoce que esta declaración es prueba en la investigación del caso Odebrecht. Con este testimonio, el Ministerio Público no descarta imputar a excongresistas, actuales diputados, así como a Pérez Molina y Baldetti (actualmente en proceso por varios casos de corrupción). Sin embargo, la Fiscalía aún no ha iniciado ninguna nueva acusación al respecto porque siguen ‘verificando’ la información brindada por el exministro. César Calderon, abogado defensor de los exmandatarios, aseguró que desconocen cualquier investigación en su contra por este caso.

El acuerdo de sobornos que narra Sinibaldi fue impulsado desde los despachos de la compañía en Brasil, y habría sido ratificado en sus oficinas personales, así como en el propio Palacio Nacional. A modo de preámbulo, según el exministro, la constructora financió con $1.5 millones al Partido Patriota (PP) de Pérez Molina y Baldetti en la recta final de la campaña electoral de 2011. El financiamiento de campañas electorales de futuros clientes es una práctica señalada con anterioridad en otros países en la trama de Odebrecht, la mayor red de corrupción de la historia reciente de Latinoamérica.

Sinibaldi tiene investigaciones abiertas en los casos Cooptación del Estado, Construcción y corrupción (Fase I y II), Odebrecht y Transurbano. Cuando el exministro rindió su testimonio, buscaba un beneficio penal a cambio. En sus propias palabras, el de Odebrecht es un caso con el que “se puede evidenciar más claramente cómo se pueden comprar las voluntades de básicamente un gobierno”.

El testimonio del alfil del gobierno de Pérez Molina

La Fiscalía Especial Anticorrupción obtuvo el testimonio de uno de los hombres fuertes de la administración de Pérez Molina luego de que este se entregara el 25 de agosto de 2020. Al momento de presentarse a los tribunales dijo que su intención siempre fue regresar a Guatemala “y poder aclarar los errores que yo haya cometido. Y poder señalar a la gente que en mi ausencia me ha utilizado”.

La colaboración de Sinibaldi estremeció a la élite política y económica coludida, en momentos en que estaba en disputa la justicia del país tras el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Proveniente de las élites investigadas por la CICIG y la FECI, Sinibaldi siempre fue considerado como uno de los líderes de la maquinaria de cooptación del Estado que fue el PP de Pérez Molina. El exministro fue incluido en 2021 en la lista Engel, la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras, que según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.

En su declaración, revelada hasta ahora, Sinibaldi prácticamente reseña que el gobierno de Pérez Molina trabajó desde el día uno para consumar un proyecto, con soborno incluido, con Odebrecht. Al décimo mes de la gestión, el 11 de octubre de 2012, 108 diputados votaron a favor tan solo 38 minutos después de que este fuera presentado al Congreso.

Sinibaldi, confiesa, tejió varios de los hilos para esa votación gracias a que conocía cómo funcionaba el Congreso: fue diputado del partido entre 2008 y 2012, lo cual garantizaba importantes alianzas con buena parte de los congresistas reelectos. El político también aportaba al partido lazos sólidos con el empresariado guatemalteco. Sinibaldi es familiar del cuatro veces presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Ricardo Castillo Sinibaldi, candidato a la vicepresidencia junto a Otto Pérez Molina en las elecciones generales de 2007. A la llegada del PP al poder, recaló como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda luego de haber intentado, sin éxito, ganar la alcaldía capitalina en los comicios generales de 2011.

Tras su entrega, Sinibaldi aseguró que contaría “las verdades” sobre la adjudicación de obras públicas en Guatemala. “Los constructores que me llamaron extorsionista”, dijo entonces Sinibaldi, son “los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.

El testimonio que se analiza en este reportaje fue recogido durante la gestión de Juan Francisco Sandoval en la FECI. El exfuncionario asegura que la indagación estaba por alcanzar a actuales diputados y excongresistas cuando fue removido del cargo por la actual fiscal general, Consuelo Porras. Sandoval ahora está asilado en Estados Unidos mientras en Guatemala se le persigue por supuestas irregularidades en las investigaciones a su cargo.

La mayor parte de las denuncias en su contra provienen de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) encabezada por Ricardo Méndez Ruiz, designado en julio de 2021 en la Lista Engel por el gobierno de Estados Unidos como un actor que obstruye investigaciones contra la corrupción. La FCT es una organización que de manera constante atacó el trabajo de la FECI y de la CICIG, y celebró el desmantelamiento de la comisión en 2019, un año antes de la entrega de Sinibaldi.

Redacción Regional también contrastó la declaración de Sinibaldi con el testimonio del directivo de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, obtenido por un acuerdo de colaboración eficaz en el año 2018. Hace tres semanas, la defensa de Sinibaldi logró anular dicho acuerdo a través de una apelación que fue apoyada por el Ministerio Público dirigido por Porras.

En ese otro testimonio, el relato de Lima Machado confirma, complementa e incluso suma detalles a la declaración de Sinibaldi sobre la colaboración al más alto nivel entre Odebrecht y el Gobierno de Guatemala. Por ejemplo, el directivo narra que el 10 de mayo de 2012 coordinó junto a Sinibaldi una reunión entre Luis Mameri, vicepresidente de la constructora brasileña para Latinoamérica, y Otto Pérez Molina en la capital guatemalteca. “Al día siguiente de la cena en mi casa fue la reunión en el Palacio Nacional con el Presidente de la República. En la reunión en el Palacio Nacional estuvo presente Alejandro Sinibaldi, mi jefe, Otto Pérez y yo”, dijo el directivo brasileño.

El testimonio de Sinibaldi también coincide con la confesión de Juan Arturo Jegerlehner, el abogado del que se apoyó para mover los fondos entregados por Odebrecht hacia cuentas abiertas por sociedades de cartón. Jegerlehner ya fue condenado por lavado de dinero por este caso.

Una cita de negocios en México

El primer contacto entre Alejandro Sinibaldi y representantes de la empresa Odebrecht, según la declaración del exministro, se produjo en México, en agosto de 2011, un mes antes de la primera vuelta en las elecciones generales de Guatemala. Ese año, el Partido Patriota (PP) postulaba a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como sus candidatos. Este binomio era el favorito en las encuestas.

“El objetivo de esa gira en México era básicamente el tema de financiamiento de campaña con empresarios, miembros del gobierno mexicano y otros actores políticos”, refiere el exministro. Junto a Sinibaldi viajó además la fórmula presidencial. Tocaron puertas a las empresas “Odebrecht, Grupo Tomza y el Grupo mexicano Mharnos que está a cargo del peaje de Palín, Escuintla”.

Según el testimonio, estas reuniones incluyeron al entonces secretario de Gobernación, Genaro García Luna (actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico).

Durante la primera vuelta de las elecciones generales de 2011, Odebrecht realizó un aporte de US$500 mil no registrado a las autoridades guatemaltecas, aseguró Sinibaldi, el cual se canalizó a través de la filial de la empresa en Panamá. Pero el exministro declaró que el apoyo fue todavía mayor: la cúpula del PP pidió en esas mismas reuniones de agosto patrocinio para una eventual segunda vuelta a cambio de su respaldo para la adjudicación del contrato CA2-Occidente. Las encuestas apuntaban a una segunda vuelta electoral. La no inscripción de la candidata oficialista, Sandra Torres, esposa del entonces presidente Álvaro Colom y candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dejaba la batalla entre dos figuras: Pérez Molina y Manuel Baldizón, del partido Líder.

Dinero a cambio de votos: quid pro quo

El proyecto de ampliación de la carretera CA2-Occidente prometía convertir esta ruta en una autopista de cuatro carriles que mejoraría la comunicación entre los departamentos del oeste de Guatemala: Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos durante una extensión de 140 kilómetros, llegando a apenas 2 kilómetros de la frontera con México. Una ruta que estaba contemplada en el Plan Mesoamericano de Carreteras que busca integrar el sur de México, Centroamérica y Panamá para favorecer el comercio en la región.

Para financiar esta obra se requería de la aprobación de dos préstamos, los cuales comenzaron a ser gestionados durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012). Pero en la recta final de esa gestión el Ejecutivo ya no contaba con el apoyo del Congreso para aprobar los créditos por US$399.4 millones con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A nivel legislativo, la constructora dependía del apoyo del partido que se vislumbraba como el ganador de la contienda electoral. Así lo define Sinibaldi: “(…) solicitaban el apoyo de la bancada del Partido Patriota para tener los votos necesarios para aprobar el contrato del préstamo, pues entendían que quedaba muy poco tiempo de Gobierno (de la UNE) y que estábamos cerca de una primera vuelta electoral”.

En efecto, los resultados de la primera ronda de los comicios, que incluía la elección de todas las curules del Congreso, arrojó una mayoría para el PP, pero aún se encontraban lejos de poder aprobar un proyecto como el de Odebrecht sin el apoyo de otras bancadas.

Para la segunda vuelta, según el testimonio, Odebrecht apostó por el favorito y realizó un aporte adicional de US$1 millón a través de cuentas manejadas por Carlos Batres, operador de la candidata a la vicepresidencia, Roxana Baldetti. El Tribunal Supremo Electoral, el ente rector de las contribuciones a las campañas, no registra estos supuestos aportes al Partido Patriota. Para entonces, la recepción de fondos sin registro contable para fines de proselitismo ya era constitutiva de delito, según la legislación guatemalteca.

Carlos Batres se entregó en abril de 2021 y es procesado en el caso Odebrecht, pero según el Registro de Detenidos del Organismo Judicial él no se encuentra recluido en el sistema penitenciario. Redacción Regional intentó obtener una reacción de Batres, pero al cierre de esta investigación fue imposible obtener un enlace con él o sus abogados.

Odebrecht requería para evitar cualquier cuestionamiento a este contrato que los préstamos fueran aprobados sin discusión. Para esto necesitaban el apoyo del Gobierno y los votos favorables de dos terceras partes de los diputados, lo cual en esas fechas significaba conseguir 105 votos para su aprobación directa.

Tras los comicios del 2011, el PP de Otto Pérez Molina logró 56 diputados; la segunda fuerza, la UNE, en alianza con el partido Gana sumaba 48. Los siguientes bloques en tamaño eran la Unidad del Cambio Nacional (UCN, cuyo dirigente Mario Estrada fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos en 2019) con 14 diputados; Libertad Democrática Renovada (Lider) con 14 congresistas y Compromiso Renovación y Orden (CREO) con 12.

Durante casi todo 2012, la empresa junto con Sinibaldi y su equipo prepararon una estrategia para comprar el voto de la mayoría de los congresistas. La aprobación de los préstamos incluía además la adjudicación directa de la obra a la constructora brasileña, sin ningún tipo de licitación. Una potestad que solo tiene el Congreso de la República. Odebrecht jugaba sobre seguro con los votos de los diputados para evitar cualquier competencia.

La división del pastel

El triunvirato al frente del gobierno formado por Pérez Molina, Baldetti y Sinibaldi se llevaba casi la mitad del soborno, según confesó Sinibaldi a la FECI. El compromiso con la empresa era cobrar un ocho por ciento del total del contrato a cambio de su aprobación. Como arquitecto detrás de las transferencias, a Sinibaldi le correspondía el 1.5 por ciento del costo total de la obra, mientras que a Pérez Molina y Baldetti les tocaba uno por cierto para cada uno.

Este compromiso para cobrar sobornos por un ocho por ciento del costo del proyecto representaba US$ 31.95 millones, alrededor de Q242.83 millones. De este monto, según la acusación de la Fiscalía, Sinibaldi habría recibido US$19.7 millones (alrededor de Q146 millones) para repartirlos entre la estructura criminal.

El testimonio judicializado del directivo de Odebrecht, Lima Machado, confirma este acuerdo con el entonces ministro de Comunicaciones. “(…) tuve alrededor de cuatro reuniones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y después nos reuníamos en la que conocíamos como la ‘Casa Verde’ indicando que él iba a trabajar para el proyecto”. En estas reuniones además participaban los exviceministros del CIV Rubén Mejía y Guillermo Sosa, relata el empresario.

Este testimonio del directivo fue obtenido gracias a un acuerdo firmado por la fiscalía guatemalteca en Brasil. El directivo comenzó a trabajar en Odebrecht en 1997 luego de graduarse como ingeniero civil. Entre 2004 y 2011 fue director de contratos de la empresa en República Dominicana, pero a partir de 2010 comenzó a viajar a Guatemala en busca de nuevas obras. Lima Machado y otros directivos además proveyeron información documental como registros de las transferencias bancarias de cuentas creadas por la estructura de Sinibaldi para recibir los sobornos.

Antes de la aprobación de los préstamos y la adjudicación de la obra, en octubre de 2012, Lima Machado refiere que Sinibaldi le pidió un adelanto de los sobornos.

“Entre agosto y septiembre de 2012 Alejandro Sinibaldi me dijo que le diera algo, para que el Congreso aprobara, yo le dije que ni llevaría esta solicitud a la compañía porque no teníamos operación en el país y estábamos muy lejos del contrato”, refiere el directivo.

Luis Mameri accedería a un pago de comisiones del 7.5 por ciento pedido por Sinibaldi hasta enero de 2012, en una nueva reunión conjunta. El entonces ministro dio un ultimátum: “eso no va, si no me da mi parte, no va a caminar los trámites que faltan para arrancar el proyecto”, aseguró Machado.

El propio Sinibaldi confirmó en su testimonio este regateo por el cobro de sobornos e indicó que Lima Machado le aseguró “que no podían dar más por política de la empresa, ya que la misma impedía pagar más de un 8%, monto que debía incluir lo acordado para nosotros, además del costo de la aprobación por el Congreso de la República y gastos adicionales”.

Las condiciones de Odebrecht para entregar los recursos incluían que el pago de los sobornos se realizara en el extranjero y que no fuera en efectivo.

Según Sinibaldi, la empresa ya había pagado un 1 por ciento del contrato a funcionarios del gobierno saliente de la UNE, para agilizar el trámite de la gestión de los préstamos. El jefe de bloque del partido en 2012, el diputado Mario Taracena, niega cualquier recepción de fondos por parte de los congresistas o el partido. Aseguró que los votos comprometidos para la aprobación del contrato eran en seguimiento a una política del gobierno de Álvaro Colom que había iniciado la negociación por los préstamos.

Los registros de la iniciativa de ley con la que se contrajeron los préstamos y adjudicó la obra a Odebrecht, más el testimonio del directivo Lima Machado muestran que los primeros contactos formales entre el gobierno de Guatemala y la compañía se dieron en 2010. Las gestiones prosiguieron en 2011, pero al acercarse los comicios de ese año ya no había margen para lograr una aprobación de parte de ese Congreso.

La disputa por los sobornos entre la vicepresidenta y el ministro

El control sobre el PP, inscrito en junio del 2002, y más tarde sobre el gobierno, residía en tres actores: el general Otto Pérez Molina, exjefe del Estado Mayor Presidencial y firmante de los Acuerdos de Paz, que impulsó la creación del partido con miras de alcanzar la presidencia. La segunda fuerza era Roxana Baldetti, exsubsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia y más tarde diputada por el PP, quien controlaba los hilos administrativos del partido y dirigió buena parte de las campañas electorales del 2007 y 2011.

El otro vértice de este triángulo era Alejandro Sinibaldi Aparicio, empresario guatemalteco con inversiones en los sectores de la publicidad, turismo, agricultura y ganadería, entre otros.

El reparto de un 3.5 % del soborno de Odebrecht para estas tres figuras, según la confesión de Sinibaldi, no puede entenderse sin el rol que cada uno tenía en la estructura de poder del PP en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Una fuente que forma parte de la élite política de Guatemala, y que tiene un amplio conocimiento sobre los grupos de poder en el país, indica que estas tres figuras formaban una especie de triunvirato: “La jefatura la tenía el general Pérez Molina, la estructura del partido la controlaba Baldetti y Sinibaldi tenía muchos de los principales contactos con el sector privado y la estructura metropolitana del partido”, dice la fuente reservada.

Sinibaldi incluso apuntaba a convertirse en el relevo de Pérez Molina y fue proclamado como precandidato presidencial en septiembre de 2014, pero sus aspiraciones cayeron junto a las denuncias de corrupción contra el presidente y la vicepresidenta que provocaron sus dimisiones en 2015. Su salida del partido, de hecho, fue anunciada en una conferencia de prensa en sus oficinas particulares, en la “Casa Verde”, mencionada como un punto de encuentro para negociaciones y pago de sobornos.

La “Casa Verde” está situada en la 6ta Avenida y 5 calle de la zona 10 de Ciudad de Guatemala y actualmente está en proceso de extinción de dominio. En este recinto amurallado Sinibaldi realizaba algunas de sus principales reuniones de negocios y tratos políticos, también se celebraron en ese inmueble fiestas a las que asistían los principales dirigentes del partido.

En el Congreso de Guatemala, los hilos del poder eran movidos por Sinibaldi y Baldetti. El cruce de intereses, sin embargo, provocó fuertes diferencias que se resolvieron con un pacto en la distribución del soborno, según señala el exministro. Desde el inicio del gobierno del PP, en 2012, fue claro que Sinibaldi y Baldetti entraban en franco conflicto por el control del partido, según detallan dos fuentes de la agrupación en ambas facciones. Investigaciones realizadas por la CICIG y el MP en casos de corrupción ligados a ese gobierno también evidencian que entre las disputas estaba el control por el cobro de sobornos.

En su declaración, Sinibaldi señala que desde el inicio hubo una disputa por el cobro de los pagos de Odebrecht. La entonces vicepresidenta, según el exministro, intentó desplazarlo en esta tarea y designó al empresario Arturo Batres Gil como mediador ante la constructora. Este punto también es mencionado por el directivo Lima Machado.

Según Sinibaldi, el directivo brasileño le contó que “Roxana lo estaba presionando para llegar a un acuerdo económico con ella para que le adjudicara el tramo carretero a Odebrecht y que lo estaba amenazando con que si no lo hacía, se lo adjudicaría a un grupo constructor dominicano”.

Baldetti “me presentó a Arturo Batres. Semanas después me llamó Arturo Batres para decirme que yo no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la Vicepresidencia de la República”, testificó Lima Machado.

Al final, según lo relatado por el propio Sinibaldi, después de muchas tensiones se dio una distribución de las tareas. El ministro, sus viceministros y operadores políticos en el Congreso se encargaron de una parte de la bancada del PP y de los pagos a los bloques de UNE y CREO, con ayuda de otros intermediarios, y de los bloques de Gana, el partido Todos y otros bloques menores. Estas labores de “gestión” ante los congresistas arrancaron en agosto de 2012 y continuaron hasta el mismo día de la votación del proyecto, el jueves 11 de octubre.

Baldetti, por medio del empresario Batres, se habría encargado del resto de la bancada del PP.

Durante la legislatura 2012-2016, según apunta el testimonio de Sinibaldi, así como otras investigaciones abiertas por la FECI con apoyo de la CICIG, en el Legislativo se realizaba el pago de sobresueldos de Q50 mil en efectivo cada dos meses a los congresistas del partido para mantener su lealtad y conseguir sus votos. Esto quedó evidenciado en el caso llamado Subordinación de Poderes (denominado también Ley Tigo), que reveló el pago de sobornos para la aprobación de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en favor de la empresa telefónica.

Sin embargo, la aprobación de proyectos de obra pública especiales como el contrato de Odebrecht requería un pago adicional, refiere Sinibaldi. Por lo que el ofrecimiento que realizó, por medio de sus viceministros Rubén Mejía y Guillermo Sosa, fue el pago de Q125 mil antes de la aprobación y Q125 mil después de la misma.

En palabras de Sinibaldi: “ya existía un primer ofrecimiento del Gobierno de la UNE hacía los diputados del Congreso por un monto de Q250 mil por voto y que si ese ofrecimiento se mantenía los votos de las bancadas estarían asegurados. Siendo dicho monto básicamente no negociable, y que sería pagado así: Q125 mil por adelantado y Q125 mil después de las respectiva votación para la aprobación”.

La Constructora Norberto Odebrecht establecía no obstante las siguientes condiciones: el pago de los sobornos se realizaría en el extranjero, por medio de cuentas de su Departamento de Operaciones Estructuradas, no debería manejarse efectivo y los desembolsos se iban a producir conforme el ministerio pagara la obra.

FECI: “Sinibaldi quiere ser colaborador eficaz”

En 2022, la continuación de la investigación del caso Odebrecht ha recaído en José Rafael Curruchiche Cucul, designado por la fiscal general Consuelo Porras en agosto de 2021. El fiscal Curruchiche procede de la fiscalía de Delitos Electorales, la cual comenzó a dirigir en junio de 2019, luego de que el encargado de esta, Oscar Schaad, abandonara el país por amenazas de muerte. Curruchiche asume la dirección de la FECI luego de que el exfiscal, Juan Francisco Sandoval, denunciara públicamente la intervención de Porras para impedir el avance de investigaciones de corrupción contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Curruchiche aseguró a la Redacción Regional que la investigación por el caso Odebrecht prosigue y no descarta imputar un nuevo caso de corrupción al expresidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti, solicitar el retiro del antejuicio contra los 16 diputados al Congreso que aprobaron la suscripción de los créditos por US$399.4 millones y la asignación de la obra a la Constructora Odebrecht. O imputar a otros empresarios guatemaltecos mencionados en la declaración de Sinibaldi como implicados en la gestión de sobornos.

A la fecha, sin embargo, no ha realizado ninguna de estas acciones.

“Cuando tomamos el caso la investigación estaba avanzada un 15 por ciento, faltaba el restante 85 por ciento”, dijo Curruchiche. El fiscal aseguró que, hasta la fecha, 21 de junio de 2022, no había suscrito un acuerdo de colaborador eficaz con Alejandro Sinibaldi, ya que considera que esta figura no es aplicable al exfuncionario “porque es el jefe de una estructura y siguiendo los criterios de la instrucción general 05-2012 del MP (sobre la aplicación de los beneficios por colaboración eficaz) no se puede acoger a esta figura”.

Curruchiche también cita el artículo 92 Bis de la Ley Contra la Delincuencia Organizada que indica que “no podrán otorgar los beneficios de Criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales”.

El exjefe de la FECI, quien logró la entrega de Sinibaldi y autorizó que se tomara la declaración del exministro no está de acuerdo. Sandoval señala que la fiscal Porras se oponía a que se le brindara la categoría de “colaborador eficaz” al político empleando los mismos argumentos que aduce ahora Curruchiche.

Según Sandoval, la ley penal guatemalteca no prohíbe que un cabecilla sea “colaborador eficaz” si no que solo dispone que no se puede beneficiar de “la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes (…) o la libertad condicional o la libertad controlada” como establece la citada ley.

Entre la FECI de Sandoval y la FECI de Curruchiche y Porras también estriba otra diferencia: el caso con apoyo de la confesión de Sinibaldi apunta contra Otto Pérez Molina. El caso actual, sin embargo, acepta que se desmantelen pruebas que apuntan hacia una estructura presuntamente liderada por el expresidente. En su testimonio, Sinibaldi dice: “Es importante mencionar que desde el principio fui claro y enfático en comunicar que sin el apoyo decidido del Presidente era casi imposible lograr los dictámenes de las diferentes instituciones (para la aprobación de los préstamos)”.

Esta Fiscalía, además, se suma a la narrativa en la que la FECI de Sandoval negoció acuerdos con directivos de Odebrecht para, presuntamente, eximir a la empresa de sus responsabilidades. El sistema de justicia de Guatemala actual, con denuncias de cooptación, también se ha plegado a ese discurso. De fondo, una prueba que apunta hacia Pérez Molina y Baldetti fue desmontada el viernes 24 de junio, cuando la Sala Segunda de Apelaciones decidió anular los tres acuerdos de colaboración eficaz suscritos por el caso Odebrecht, entre ellos el del directivo Lima Machado. El actual jefe de la FECI publicó ese mismo día un video-comunicado respaldando esta decisión y dijo: “los acuerdos estaban plagados de ilegalidades, pues evidenció seis vicios”.

Respecto a la anulación de los convenios de colaboración eficaz del caso #Oderbrecht, el #MPInforma: pic.twitter.com/S7UdqhDDCe
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 25, 2022

Según el fiscal estos “vicios” incluyen las acciones del exfiscal Sandoval, la ex jueza Ericka Aifán, el abogado defensor de los directivos, a los propios empresarios y una supuesta “falsedad ideológica” en la documentación usada para los acuerdos.

Al día siguiente de este mensaje de Curruchiche, el 27 de junio, el equipo de abogados defensores de Sinibaldi publicó un comunicado en donde el exministro niega ser parte de un plan para anular los acuerdos de colaboración eficaz con los directivos brasileños que lo señalan. Sin embargo, Sinibaldi parece no recordar su propio testimonio, detallado en este reportaje.

Según Curruchiche, el exministro ha brindado más testimonios desde su llegada a la FECI, y cuentan con al menos 25 reuniones de trabajo en las que realizó declaraciones.

El fiscal aseguró que el exministro “ha ampliado” sus testimonios previos, pero que no los ha contradecido. También aseguró que el relato de los hechos alrededor del caso de corrupción de Odebrecht brindados ahora por Sinibaldi involucran a la ex fiscal general, Thelma Aldana, aunque no quiso indicar que elementos tienen para sostener esta afirmación ya que el caso se encuentra bajo reserva.

Consultada por Redacción Regional, la ex jefa del MP aseguró que desconoce cualquier denuncia en su contra por este caso. “Le puedo asegurar que mi trabajo lo hice conforme a la ley y que he sido criminalizada”, indicó.

Durante la elaboración de este reportaje también se consultó con el defensor de Sinibaldi, el abogado Paolo Montes, quien adujo que no pueden pronunciarse sobre el testimonio de su defendido porque el caso Odebrecht se encuentra bajo reserva.

Algunos líderes religiosos en Honduras defendieron la realización de la consulta popular conocida como «Cuarta Urna», otros, los más poderosos, la condenaron y dieron su bendición al golpe de Estado de 2009. Más de una década después, un exsacerdote y un pastor evangélico analizan qué había detrás de la postura política de las iglesias Católica y Evangélica en el 2009.

Texto: Persy Cabrera
Fotografía: Jorge Cabrera

«El día de su toma de posesión usted citó claramente tres mandamientos de la Santa Ley de Dios: no mentir, no robar, no matar. Pensemos si una acción precipitada, un regreso al país en este momento, podría desatar un baño de sangre», ese fue el consejo que el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez le envió al expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) en cadena nacional para Honduras y que anticipó tiempos de violencia y fraccionamiento social y cultural en el país.

«Hay que tener mucho cuidado con aquellos que hacen llamado para una constituyente y cambiar la constitución», sería el discurso que el pastor Evelio Reyes mantendría años después de mostrar su conformidad con el derrocamiento de Zelaya en el 2009. En el 2017, el excandidado presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, saldría a pedir perdón por el golpe de Estado y Evelio Reyes aprovechó la oportunidad para señalar que no había que exculparse y que «no tenemos que pedir perdón ni retractarnos, porque muchas veces nuestras acciones solamente responden al deber».

Las palabras del cardenal Óscar Andrés Rodríguez y las del pastor evangélico Evelio Reyes, de la confraternidad evangélica, jugaron entonces un papel muy importante contra Manuel Zelaya, cambiando y aunando opiniones a favor del golpe sobre una población cuya mayoría entonces –y todavía ahora– se identifica con las religiones que ambos lideraban.

De acuerdo al Informe sobre libertad religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el 2016 un 48 % de la población hondureña se identificó como protestante evangélico y un 41 % como católico romano, ramas del cristianismo que tuvieron como líderes en Honduras a Evelio Reyes, pastor de la Iglesia Cristiana Vida Abundante, y Óscar Andrés Rodríguez, que sirvió como arzobispo de Tegucigalpa hasta el 14 de abril de este año tras 29 años de hacerlo y quien también era presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) cuando leyó el comunicado que preparó esta organización unos días después del golpe de Estado.

Cuando Rodríguez emitió el consejo, habían pasado cinco días desde que a Manuel Zelaya lo habían sacado la madrugada del 28 de junio de su casa para ser llevado a Costa Rica en lo que el Gobierno que lo reemplazó calificó como una «sucesión constitucional», pero que, a ojos del mundo y de la mayoría de la población hondureña, fue el primer golpe de Estado que se daba en América Latina en el siglo XXI.

Los días siguientes al suceso político se formó el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), un movimiento que buscaba el retorno al país de Zelaya y expresar su repudio al golpe de Estado. Un día después de la lectura del comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la advertencia del cardenal Rodríguez sobre las consecuencias del regreso de Manuel «Mel» Zelaya al país, el asesinato de Isy Obed Murillo conmocionó al país y se convirtió en uno de los mártires más reconocidos dentro del movimiento de oposición al golpe de Estado.

La represión por parte de fuerzas policiales y militares, de acuerdo con el informe presentado en 2011 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, dejó 20 asesinatos que debían ser aclarados.

En contraparte a las protestas en rechazo al golpe de Estado por parte del FNRP, se formó el movimiento de las «Camisas blancas», que aglutinó al sector de la población en desacuerdo con la instalación de la «Cuarta Urna» y denunciaban la encuesta como «ilegal», un mensaje más acorde al que líderes religiosos de las iglesias cristianas hondureñas daban a los medios de comunicación.

Dentro de la rama evangélica protestante, el pastor Evelio Reyes fue uno de los líderes que convocó a movilizaciones en 2009 para pedir a Manuel Zelaya que desistiera de promover la Asamblea Nacional Constituyente con la que, se decía, iba a buscar perpetuarse en el poder. Sin embargo, años después declaró haber «cambiado de opinión» sobre el tema de la reelección. Acostumbrado a figurar en actos del Gobierno de Juan Orlando Hernández, Evelio Reyes dijo: «Lo de la reelección es algo que se tiene que revisar, reglamentar y todos tienen el derecho a proponerse», esto después de que Juan Orlando Hernández triunfó en las elecciones de 2017 tras el fallo de la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia que propició su reelección.

Desde el golpe de 2009, los líderes religiosos, en especial el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, fueron objeto de críticas por su posicionamiento político. Las calles de Tegucigalpa, recorridas semanalmente por manifestantes contra el golpe, se llenaron de grafitis con mensajes en su contra: dibujos del cardenal con «cachos» y las consignas que lo rebautizaron como «Cardemal Rodríguez» quedaron en el imaginario cultural de toda la generación de capitalinos que vivió aquellos días de zozobra nacional.

Tampoco ayudó que el cardenal, en efecto, siguió guardando silencio cuando los miembros del FNRP fueron brutalmente reprimidos. Y su imagen, otrora conciliadora, se fue polarizando más y más. Cuando Manuel Zelaya regresó al país después del Acuerdo de Cartagena, el cardenal había perdido mucho de su imagen como una figura inmaculada del país. Tampoco fue muy visible durante el Gobierno de Porfirio Lobo o durante los dos gobiernos de Juan Orlando Hernández.

Su figura se fue decolorando hasta que, finalmente, en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022 –quien aquel día comenzó su recorrido por la capital en la Basílica de Suyapa– se vio a monseñor Ángel Garachana ungiendo a la esposa del expresidente con el que Óscar Andrés Rodríguez se enfrentó. Parecía cerrarse un círculo, y así fue, pues Óscar Andrés, semanas después, se hizo a un lado como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, cediendo su lugar a Garachana.

Roberto Paiz, sacerdote por más de 35 años en Honduras y excandidato a diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH) en las elecciones de 2021, en una entrevista para Contracorriente declaró que el documento que preparó la CEH era oportuno para los momentos que el país atravesaba y que el último mensaje a «Mel» era una advertencia personal del cardenal al exmandatario. «Él lo pidió como un hombre de fe o como un padre se lo pide a su hijo. Todo ha sido tergiversado, le comenzaron a decir “cardemal”, a tirar de todo», enfatizó Paiz y señaló que es un error «condenar» a toda una iglesia por la actitud de uno de sus miembros o autoridades.

De acuerdo a Paiz el silencio que se le puede señalar a la Iglesia Católica es debido a que «ha sido perseguida durante muchos siglos por eso mismo se vuelve quisquillosa de que si dice algo la vayan a perseguir. Entonces en cierta manera se ha vuelto silenciosa». Un silencio que fue evidente durante la reelección ilegal del exmandatario, Juan Orlando Hernández, siendo la reelección el punto principal por el que los líderes religiosos justificaron el golpe de Estado de 2009.

Pero laausencia de pronunciamientos del máximo líder de la Iglesia Católica hondureña sobre el golpe de Estado ejecutado el 28 de junio de 2009, sobre la represión a las protestas posteriores al evento, los actos de corrupción cometidos por los gobiernos sucesores e incluso la reelección ilegal del expresidente Juan Orlando Hernández y el proceso de su extradición a Estados Unidos en abril de 2022, no fueron los únicos casos.

En Los profetas del presidente Contracorriente muestra cómo en el Gobierno de Juan Orlando Hernández ese protagonismo se refleja en proselitismo, cargos públicos para líderes religiosos o la instalación de un estudio bíblico para los diputados del Congreso Nacional.

El pastor evangélico Luis Luna, quien tenía 17 años durante el golpe de Estado 2009, considera que en el momento de la salida de Zelaya él «estaba seguro que había sido un acto abiertamente hostil e ilegal hacia un presidente democráticamente electo» y que ve entendible que la Iglesia tenga representantes en espacios públicos y manifiesten el sentir generalizado de la congregación, pero que los momentos antes, durante y posterior al golpe de Estado no fueron ejemplo de ello.

La importancia para la feligresía y congregaciones de la opinión política de los líderes religiosos en la nación despierta inquietudes sobre la intervención en asuntos del Estado por parte de la iglesia, que cada vez gana más protagonismo en la creación y derogación de leyes en Honduras. Paiz considera que «ahora no hay duda que la Iglesia Católica ha sido, no sé si llamarlo “más prudente” o con menos deseos de estar interviniendo en los asuntos estatales. La Iglesia Evangélica no había querido incluirse dentro de ello, pero los últimos años ganó un protagonismo exagerado».

Para Luna, pretender que la religión no influencie la política es bastante «ingenuo» y respecto a la separación de la Iglesia y Estado considera que «no era tanto proteger el Estado de la influencia de la religión, sino proteger la Iglesia y los asuntos de fe de ser manipulados por el Estado». Aún cuando la constitución hondureña establece en su artículo 77 que: «Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo».

Los profetas del presidenteseñala a Oswaldo Canales, pastor evangélico que ha integrado veinte comisiones gubernamentales y no gubernamentales y quien no evidenció su trabajo en el Programa de Apoyo a la Descentralización en Honduras (PROADES), proyecto en el que supuestamente participó como asesor y por el que se le pagaron 750,000 lempiras. También como Manuel Márquez, exdiputado por el Partido Nacional, declaró que «cuando tenemos una ley enfrente ya no solo pensamos en política, sino que pensamos a la luz de la palabra de Dios».

En su despedida como arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Rodríguez pronunció «en este momento, teniendo presente que en la Divina Providencia es la última Misa Crismal que presido como Arzobispo de Tegucigalpa, yo quiero pedirles perdón si por mis límites no he sabido responder a lo que tienen derecho a esperar de su obispo». El padre Paiz considera que monseñor Ángel Garachana tiene un mejor protagonismo como presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y que el cardenal Rodríguez quedó «mal herido» y «maleado» después de todo lo que pasó en el 2009 y por prudencia decidió hacerse a un lado.

Paiz actualmente no desempeña ningún cargo dentro de la Iglesia Católica, pero sigue teniendo una estrecha relación con ella. Aunque en la entrevista había mencionado que el silencio de la iglesia se debe a una posible «persecución» a la misma, su siguiente mención de la palabra silencio responde a lo que quizá la feligresía y las personas religiosas esperaban de sus líderes: «Ese silencio también corre peligro de ser catalogado como cómplice pero la iglesia no debe olvidar su voz profética, denunciar lo que no está bien…».

La propuesta de Ley predominante para regular el funcionamiento de la Junta Nominadora que seleccionará a los 45 candidatos a magistrados de la CSJ es la que fue presentada por el Poder Ejecutivo, asegura el diputado Ramón Barrios, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional. Sin embargo, esta Comisión aún está fusionando elementos de tres propuestas: la del Ejecutivo y las presentadas por los diputados Fátima Mena y Rasel Tomé .

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

El pasado miércoles 6 de julio de 2022, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, presidida por Ramón Enrique Barrios, recibió la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia» remitida por la presidenta de la República, Xiomara Castro. Este anteproyecto de ley fue creado por el Poder Ejecutivo en conjunto con la secretaría de Estado en el despacho de Transparencia y Anticorrupción y por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

La propuesta de Ley también incluye un elemento de género, el cual detalla que de los 45 mejores candidatos a magistrados presentados por la Junta Nominadora al Congreso Nacional, 23 deberán ser mujeres y 22 hombres. Además, el representante que designe la Corte Suprema de Justicia para integrar la Junta Nominadora no deberá presidir la misma y, por otro lado, el Congreso Nacional no podrá escoger a otros candidatos a magistrados de la Corte que no estén contemplados en el listado presentado por la Junta Nominadora.

Los 7 representantes que conforman la Junta Nominadora deben ser convocados dentro de la primera quincena de julio.

Contracorriente conversó con el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, Ramón Barrios quien dijo que un cambio sustancial en la propuesta del Ejecutivo es que hoy todos los abogados que tengan los requisitos se van a autoproponer y que, por ahora, están fusionando dicha iniciativa con los puntos más importantes de las propuestas de los diputados Rasel Tomé y Fátima Mena.

Contracorriente (CC): ¿Por qué es necesaria una nueva Ley que regule el funcionamiento de la Junta Nominadora para la elección de los nuevos magistrados de la CSJ?

Ramón Barrios (RB): Esta es una ley secundaria, porque el funcionamiento de la Junta Nominadora ya está en la Constitución de la República y ya existe una ley, entonces lo que vamos a aprobar es una nueva ley en donde se le dan nuevas herramientas a la Junta Nominadora y se le ponen parámetros objetivos de evaluación.

Existen otras novedades, como es la autopropuesta de los candidatos de magistrados de la CSJ: los miembros de la Junta Nominadora ya no proponen, para eso ahora existirá una tabla de evaluación. El objetivo de la ley es, digamos, darle datos objetivos y herramientas a la Junta Nominadora para que saque a los mejores 45 candidatos a magistrados de la CSJ.

CC: Paralelo al anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo existen otras propuestas, ¿qué hace a este anteproyecto de ley el idóneo para la regulación en el funcionamiento de la Junta Nominadora?

RB: La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que presido tiene tres propuestas: la propuesta del Poder Ejecutivo, una propuesta de la diputada Fátima Mena y una propuesta del compañero Rasel Tomé. Estas últimas dos tienen la particularidad de ser leyes generales –y se les denomina así– para la elección de altos funcionarios.

Por otro lado, la particularidad que tiene la propuesta del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Transparencia que preside el doctor Edmundo Orellana, es que es más especializada para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de haber sido trabajada con la comisionada de la OACNUDH.

Así que lo que va a hacer la Comisión es fusionar lo mejor de las tres leyes, en donde seguramente el documento base será el que llegó desde el Poder Ejecutivo, pero vamos a hacer un solo dictamen sobre las tres. Además, tenemos algunas observaciones que ha hecho el presidente del Congreso Nacional, entonces vamos a tomar todos esos insumos y esperamos tener a finales de la otra semana el dictamen para que este se discuta en el pleno del Congreso Nacional.

CC: ¿Existe armonía entre todas las bancadas del Congreso Nacional en cuanto a la aprobación de esta nueva Ley?

RB: Yo le puedo asegurar que la bancada del Partido de Libertad y Refundación y la bancada del PSH estamos claros en que necesitamos una nueva ley para dotar de herramientas objetivas a la Junta Nominadora, en eso estamos claros, y seguramente muchos de los liberales también, y es una prueba para que el Partido Nacional demuestre que está del lado correcto, que quiere hacer las cosas distintas a la elección de la CSJ de la vez pasada.

En todo caso, como es una ley secundaria, solo se necesitan 65 votos para aprobar esta ley, y yo creo que los vamos a tener. Lo ideal sería que fuera por unanimidad, pero en todo caso solo se necesitan 65 votos, y los 65 los tenemos, así que yo creo que el dictamen va a pasar y que la Junta Nominadora va a tener un nuevo marco legal. Después de que se apruebe ese marco legal, se hace la formal convocatoria a los 7 integrantes de la Junta Nominadora para que hagan la elección de sus representantes y los presenten al Congreso Nacional.

CC: La postura del diputado y jefe de bancada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomas Ramírez, quien dice que deberían de postular todos los abogados hondureños sin que necesariamente sean notarios como lo establece la Constitución de la República, ¿Está de acuerdo con eso?

RB: Más allá de que sea o no sea un notario, yo estoy de acuerdo en que la función notarial no es un requisito primordial para la función jurisdiccional, para la función de magistrado de la Corte. El inconveniente que tenemos es que la Constitución de la República ya establece en su articulado cuales son los requisitos para ser magistrado de la CSJ y entre otras cosas dice «abogado notario», así que tenemos eso y ya no hay tiempo para cambiarlo porque implicaría una reforma constitucional, la cual requiere de dos legislaturas y ya no nos dan los tiempos. Esto se podría cambiar seguramente en las siguientes elecciones.

CC: ¿A quién beneficia la ley actual de la Junta Nominadora? Tomando en cuenta que la nueva ley que regula su funcionamiento aún no ha sido aprobada.

RB: La Junta Nominadora va a seguir como tal porque así lo establece la Constitución, eso no va a cambiar, lo que aquí se está haciendo son nuevos parámetros jurídicos para la Junta Nominadora.

Un cambio sustancial es que hoy todos los abogados que tengan los requisitos se van a autoproponer, ¿Qué pasaba antes? que cada sector tenía a sus candidatos: los obreros tenían sus 20 candidatos, el Cohep tenía sus 20 candidatos, y al final cada sector escogía y se ponía de acuerdo, entonces había una repartición dentro de la Junta Nominadora. Hoy van a ser autopropuestos, cualquier abogado se va a autoproponer, las audiencias van a ser públicas, las notas también y el dictamen establece que se deben enviar a los primeros 45 mejor puntuados, es decir, el candidato o candidata número 1 es porque tiene la mejor nota, y así sucesivamente. Yo creo que eso nos da confianza con la publicidad para que la gente sepa que vamos a estar escogiendo a los mejores 45 candidatos.

CC: «Yo tengo derecho» expresó la ministra de finanzas Rixi Moncada al preguntarle si se postularía como magistrada a la Corte Suprema de Justicia ¿Qué opina al respecto?

RB: Todos los abogados que tengan los requisitos que establece la Constitución de la República, al igual que la abogada Rixi Moncada, tienen el derecho a autopostularse, en eso soy categórico.

CC: Con el incremento de contagios por COVID-19 en el territorio nacional, el Congreso Nacional ha establecido que sesionará solo dos días de la semana como medida para evitar más contagios dentro del hemiciclo legislativo. Tomando en cuenta lo anterior, ¿es posible someter a discusión y aprobar esta nueva ley que regula el funcionamiento de la Junta Nominadora en tiempo y forma?

RB: Sí, yo estoy a favor de que las sesiones sean presenciales en todo momento, que se televise lo que estamos haciendo y que los ciudadanos se enteren de lo que estamos haciendo. Así que vamos a seguir sesionando, y aunque sean solo dos o tres veces a la semana que sesionamos. Cabe destacar que las comisiones trabajamos todos los días de la semana, aunque solo sesionamos en el pleno dos o tres días.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben involucrarse en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no es válido que digan que no les interesa la política. Tener buenos jueces, tener buenas juezas, tener buenos magistrados y magistradas y una buena Corte nos afecta para bien y para mal a todos, en este sentido, la labor de veeduría debe ser de todos los ciudadanos.

La presidenta Xiomara Castro obtuvo una nota de 6/10 en el undécimo sondeo del ERIC-SJ, que presenta un error muestral de +/- 2.5 % y un 95 % de confianza. En esa investigación se revela que 4 de cada 10 hondureños creen que la presidenta está siendo manipulada. Asimismo, se obtuvieron los principales problemas identificados por la población, enumerados por orden jerárquico: la crisis económica, el desempleo y la inseguridad. La administración actual se enfrenta a un desafío enorme, pues el 45.4 % de hondureños afirma no tener preferencia por ningún partido político y apenas el 24.1 % dice identificarse con el partido de Gobierno; por otra parte, el 80.3 % afirma no confiar en los partidos políticos.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotos: Fernando Destephen

El 80.3 % de los hondureños no confía en los partidos políticos y apenas el 24.1 % dice identificarse con el partido de Gobierno, según el undécimo sondeo del ERIC-SJ, instrumento que evalúa por primera vez desde el 2010 a una administración distinta al Partido Nacional. El 75.2 % no tiene confianza en el Consejo Nacional Electoral, mientras que el 73.7 % no confía en la Corte Suprema de Justicia; el 71 % no confía ni en el Ministerio Público ni el Congreso Nacional.

«Tenemos un Estado conducido por partidos políticos que utilizan promesas en las campañas, luego las demandas no son cumplidas y tenemos una acumulación de demandas históricas no resueltas que, por supuesto, están pasando factura al extremo que 8 o 9 de cada 10 hondureños no confían en los partidos políticos», explica Gustavo Cardoza, investigador del ERIC-SJ.

El estudio evaluó los dos primeros meses del Gobierno de Libertad y Refundación (Libre), en donde se calificó a la presidenta Xiomara Castro con una nota 6 en una escala de 10. Una nota que puede subir o bajar el próximo año en función de cómo sea su Gobierno y teniendo como antecedente que, por lo general, en los sondeos del ERIC-SJ, la nota mayor de los presidentes la obtienen en el primer año de gobierno.

«En relación a las notas, el presidente Porfirio Lobo Sosa el primer año (2010) recibió una nota de 5.11 %; es decir, no es una nota tan despreciable entre 0 y 10, pero a medida que pasó el segundo año la nota bajó y, luego, bajó más en el tercero. Lo mismo pasó en el primer año del expresidente Juan Orlando Hernández (nota de 5.42), subió un poquito el primer año».

“Cada vez que hay un primer año de una nueva gestión, la nota es un tanto elevada”, revela Gustavo Cardoza.

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Pero el sondeo también envía un claro mensaje al Gobierno. Ante la pregunta: «¿Usted piensa que Xiomara Castro tiene control de las decisiones dentro de su Gobierno o está siendo manipulada por otros sectores?», el 47.8 % de la población considera que ella tiene el control de las decisiones de su Gobierno, mientras que el 44.4 % de la población considera que está siendo manipulada. De las personas que manifestaron que la presidenta está siendo manipulada, el 60.6 % considera que es por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, quien se ha autodefinido como su asesor.

En esta investigación se explica que la buena nota de Xiomara Castro está vinculada con subsidios otorgados por el Gobierno. 7 de cada 10 se sienten beneficiados con las medidas de energía gratis, mientras que 6 de cada 10 se sienten beneficiados con la rebaja a los combustibles.

Para Cardoza, la ciudadanía muestra un «avance en criticidad» que, si bien es cierto ha sido paulatino, constituye un avance. Por otro lado, sostiene que parte del pensamiento de la ciudadanía es construido a partir de toda la oferta mediática y noticiosa que hay en el país.

«La pregunta ha generado mucha incomodidad en muchos sectores del Gobierno, acusando al ERIC de misoginia al momento de plantear. En el 2010, en el primer año de gestión de Porfirio Lobo Sosa, se hizo la misma pregunta: ¿Usted considera que el presidente Lobo tiene el control del país o está siendo manipulado? ¡Y eso que fue el 2010! Lo mismo hicimos en el primer año de administración del expresidente Juan Orlando Hernández», explica Cardoza.

«Así que el argumento de algunos sectores del Gobierno que dicen que se está minimizando la capacidad de la presidenta, hasta el momento de rozar la misoginia, me parece una irresponsabilidad, primero porque no han leído el sondeo. Y eso se puede comprobar con las declaraciones del diputado Bartolo Fuentes, que fue a un foro televisivo y (se notó que) no había leído el sondeo», explica Gustavo Cardoza.

“Hay una efervescencia de parte del oficialismo en oponerse a toda crítica y todo señalamiento que se le haga”, dice Gustavo Cardoza.

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El investigador del ERIC afirma que «el sondeo de opinión pública no es la opinión del ERIC, el ERIC solo es una institución que se encarga de hacer operativo y garantizar la opinión de esa ciudadanía».

«Hemos visto cómo es el expresidente Zelaya el que está coordinado cosas; aunque diga que la presidenta lo mandó, en la percepción de la ciudadanía esto no es así, sino que considera que es el expresidente –asesor de la Casa Presidencial– el que está tomando algún tipo de decisiones. Por ejemplo, lo hemos visto reunido con transportistas y con otros sectores, haciendo convocatorias vinculadas al movimiento social y sindical, pero no a la presidenta», explica Cardoza.

“Hay un problema de lectura sobre todo en la asesoría del Gobierno para que preste atención. Y esto está vinculado a la base cultural de machismo y patriarcado que tenemos en la sociedad. Se conjunta una fórmula bastante compleja, del patriarcado cultural y luego la desconfianza que se tiene hacia los políticos”: Gustavo Cardoza.

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En cuanto al decreto de amnistía que fue impulsado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso Nacional, apenas el 43.9 % de los encuestados dijo haber escuchado o conocer sobre la amnistía; de ese porcentaje, el 40.4 % manifestó estar poco o nada de acuerdo.

El sondeo también muestra que el 45.4 % de la ciudadanía no tiene preferencia por ningún partido político. Libre aparece en el sondeo con un 24.1 % de simpatía popular, el Partido Nacional con un 17.5 % y el Partido Liberal con un 12.7 %; ningún otro partido logra pasar del 1 %.

Libre llegó al poder más de una década después del golpe de Estado de 2009, subiéndose y surfeando una enorme ola de descontento por la corrupción y narcotráfico mostrada por las administraciones nacionalistas, principalmente más visibles durante la autocracia encabezada por Juan Orlando Hernández.

«Es interesante cómo Libre en el 2013, más o menos, aparecía con un 6 % de simpatía política y ahora, casi 10 años después, vemos al partido Libre con un porcentaje que pasa el 20 %. A la inversa es el caso del Partido Nacional, hace uno o dos años el Partido Nacional tenía más del 34 % de simpatía, es decir, es una caída estrepitosa», explica Gustavo Cardoza.

A pesar de que la gente toma distancia de los partidos políticos, el estudio revela que el 51.1 % de los hondureños prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobierno, frente al 30.5 % de la población que «le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario» y el 10.7 % de la población opinó que «en algunas circunstancias, es preferible un gobierno autoritario a uno democrático». Ese dato es revelador si se toma en cuenta el contexto centroamericano, con presidentes como Nayib Bukele y Daniel Ortega que gobiernan a El Salvador y Nicaragua, respectivamente, bajo un manto de autoritarismo y mano dura.

El Partido Libre llegó al Gobierno con una bandera de cambio. Según Cardoza, «el pueblo hondureño tiene muchas opiniones de las diversas temáticas y problemáticas que le van aquejando, y, por lo tanto, las diferentes administraciones desde el Estado deben poner atención».

Según este sondeo, los principales problemas sentidos por la población son –en primer lugar– la crisis económica con el 33.5 %, el desempleo con el 26.2 % y la inseguridad con el 17.8 %, muy abajo aparece la corrupción con el 7.6 % y todavía más en el fondo el narcotráfico con 1.2 %.

En ese sentido, es importante analizar la percepción del principal daño que Juan Orlando Hernández le hizo a Honduras: para el 40.7 % de la población encuestada fue saquear las arcas del Estado, mientras que para el 27.6 % fue haber convertido al país en tierra de narcos.

En cuanto a seguridad, el 85.6 % de la población percibe un aumento en el asesinato de mujeres. El 32.9 % cree que las matan por machismo y por celos, mientras que el 30 % considera que las matan por culpa de ellas mismas. Para Cardoza, «el tema de las mujeres no debe ser tratado a la ligera. Algunos tópicos están manteniendo su tendencia en estos últimos 12 años, de aumento de percepción de asesinatos de mujeres. Aquí hay un asunto de interés colectivo de las organizaciones que se dedican directamente a la temática de mujeres, que deben de alguna manera escarbar en esa opinión de la ciudadanía».

Migración

En cuanto a la migración, la falta de empleo encabeza la lista de causas con el 66.1 %, seguido de la situación económica y la inseguridad con el 24.9 %, mientras que la violencia e inseguridad figura con el 6.9 %. El 58.7% afirmó haber pensado en migrar; en otro sentido, el 47 % manifestó que al menos un miembro de la familia ha migrado en el último año.

«La migración ha ido tomando diferentes matices. Antes y durante los años 80, había razones de persecución política, ya para los años 90 se terminan de configurar diferentes matices de la migración, ¿por qué? Porque en la década de los 90 aparece el tema de las expresiones de las maras y pandillas, que van a provocar desplazamiento y migración forzada en el país. Pero también en esa década de los 90 encontramos la aparición de las primeras industrias maquileras en la zona norte y también eso provoca otra movilidad migratoria interna por la búsqueda de trabajo. Entonces tenemos dos factores, uno tiene que ver con trabajo y el otro con seguridad en la década de los 90», explica Cardoza.

Cardoza agrega que después de que en 1998 se produce el Huracán Mitch, nace el Estatus de Permanencia Temporal en Estados Unidos, al que llamamos TPS para los hondureños y hondureñas, y eso termina por marcar esa década.

«Y entrando en el siglo XXI, encontramos a diferentes funcionarios de diferentes administraciones del Estado como provocadores o incitadores del desplazamiento forzado de muchas comunidades y aquí entran ya contra sectores concretos de los pueblos originarios que han sufrido despojo y desplazamiento a partir del tema del extractivismo».

«También encontramos a partir del 2018 las caravanas masivas, en las que las que estos grupos de ciudadanos se iban en unidades familiares, mamá, papá, sobrinos, abuela, escuchamos tantas historias y vemos cómo esa transición de diferentes matices ahora ha ido marcándose una pauta de que hay un aumento de mujeres».

«Los gobiernos lo que han hecho es ignorar las políticas públicas de Estado en beneficio de la población. Y a la población migrante solo la ven como fuente de ingreso; son 20 millones de lempiras al día que entran por concepto de remesas y es una cantidad considerable, teniendo en cuenta que casi es el 26 % del PIB que viene del tema de las remesas».

Bienes naturales

Texto: Leticia Salomón
Fotografía: Archivo CC

En una democracia verdadera, la existencia de la oposición política es una condición indispensable para garantizar la pluralidad inherente a la misma; pero no es cualquier oposición, es una oposición calificada, informada, responsable, ponderada, comedida, propositiva. La anterior reflexión viene al caso a raíz del papel del Partido Nacional ante el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el Poder Ejecutivo, en particular, y ante el partido Libertad y Refundación (Libre) en general, y específicamente en relación a su desempeño en el Congreso Nacional. Desde un inicio, miembros connotados de este partido se han dado a la tarea de cuestionar las iniciativas de la presidenta y de su partido, en un intento de asumir protagonismo como oposición, a lo cual se ha sumado su bancada en el Congreso en actitud disciplinada, esperando borrar con ello el desprestigio que arrastra su partido luego de doce años de permanencia en el poder con un saldo negativo para el bienestar de la sociedad y el futuro del país.

El déficit de cultura política democrática y una buena dosis de cinismo es la primera característica que se percibe en este movimiento inicial del Partido Nacional ante el nuevo Gobierno. Esto es así porque supone la ejecución de una estrategia partidaria que hace abstracción de doce años de errores continuos que cubrieron de desprestigio al gobernante, a su familia y a sus colaboradores cercanos, pero que también convirtieron en cómplice al partido en su conjunto, incluyendo a aquellos que no estuvieron de acuerdo con lo que ocurría pero que tampoco hicieron nada para impedirlo.

Esa ausencia de cultura política democrática y la visión deformada de la realidad en que se inserta impidió que ese partido asumiera su papel como oposición empezando por mostrar su vergüenza y arrepentimiento, y que pidiera perdón a la sociedad por todo el daño que le causaron, por acción o por omisión, e iniciar un proceso de depuración inmediata de todo ese liderazgo anquilosado, deformado, cínico, corrupto, irrespetuoso de la ley, contaminado de narcoactividad y totalmente alejado del interés general de la sociedad.

En ese contexto se comprende mejor esa estrategia dispersa, confusa, oportunista, improvisada y poco atinada de insistir en señalar como persecución política la demanda de castigo a los saqueadores del Estado y sus cómplices; en acudir a la ideologización obsoleta para descalificar las iniciativas del Gobierno encaminadas a sacar al país de los escombros en que lo dejaron; y en hacer planteamientos cínicos sobre lo que el Gobierno debería hacer para manejar la crítica situación por la que atraviesa el país, como la eliminación de la tasa de seguridad y del impuesto a los combustibles, conociendo la situación lamentable en que dejaron las arcas del Estado y la forma vergonzosa en que se apropiaron de la tasa de seguridad.

Más allá de esta forma absurda y ofensiva de asumir su papel como parte de una oposición política digna de mejor suerte, deberían asumir un papel más humilde y proponerse contribuir de una mejor manera a sacar al país del caos en que lo dejaron. De una forma u otra, deben estar conscientes de que va a ser muy difícil sacar adelante a un partido que ha batido récord en tener al mayor número de señalados por corrupción y de ser solicitados en extradición por narcotráfico hacia Estados Unidos. De ese desprestigio no se va a recuperar fácilmente ese partido y menos con esa estrategia, lo que vuelve difícil, si no imposible, que vuelva a obtener un triunfo en las elecciones futuras. Ya deberían estar sacando lecciones y verse en el espejo del Partido Liberal cuyo deterioro institucional y su desplazamiento a un tercer lugar como fuerza partidista en el Congreso Nacional es la factura que le pasa la historia por su lamentable papel como protagonista del golpe de Estado de 2009 y por haber sido incapaz de pedir perdón a la sociedad y de iniciar un proceso de depuración de las fuerzas oscurantistas y retrógradas que lo han controlado y siguen controlando.

Al final las grandes preguntas a responder son las siguientes: ¿Cómo impulsar la democracia con partidos que no son democráticos?, ¿cómo construir una cultura política democrática con dirigentes y partidos que continúan inmersos en una cultura política autoritaria, anquilosada y primitiva? ¿Cómo conformar una oposición política que contribuya a buscar salidas ante la multicrisis que está enfrentando el país, que sea crítica pero también responsablemente propositiva? Y, finalmente, ¿podrán los partidos tradicionales salir de la crisis que les agobia sin movimientos internos que los sacudan con fuerza de huracán y les obligue a asumir que el mundo cambió, que el país cambió y que ahora, gracias a ellos, parece vislumbrarse «el turno del ofendido»?

Tres meses después de su lanzamiento ha vendido 13.4 millones de copias, superando en ventas a franquicias populares como Call of Duty y FIFA. Hidetaka Miyazaki y FromSoftware han escalado una tierra de gigantes para verse cada vez más fuertes y respetables en una industria plagada por las micro transacciones y proyectos que salen a la venta sin haber tenido el debido tiempo de desarrollo.

Texto: Julio Flores
Ilustración: FromSoftware

El 25 de febrero de 2022 se lanzó el muy esperado Elden Ring para las principales plataformas de videojuegos del momento y desde entonces ha gozado aclamación universal de parte de los críticos y jugadores, posicionándolo, desde ya, como el gran favorito para ser elegido como juego del año en diciembre en The Game Awards.

Elden Ring llegó a tener 952,523 jugadores simultáneos en la plataforma Steam.

Pero todo éxito en esta vida tiene su trasfondo. En este caso tenemos que irnos 18 años en el pasado al 2004, cuando Hidetaka Miyazaki, director de Elden Ring, dejó su empleo en Oracle para poder buscar su sueño como diseñador de videojuegos.

Miyazaki, quien tenía 29 años en ese momento, se unió a FromSoftware, una de las pocas empresas del medio que lo tomaría en cuenta a pesar de su edad. Su primer proyecto fue Armored Core: Last Raven cumpliendo las expectativas técnicas y económicas que tenía en aquel momento la ahora legendaria compañía de videojuegos.

Rápidamente, se fue haciendo de un nombre en FromSoftware al ser ascendido como director de sus siguientes dos proyectos Armored Core 4 y Armored Core: For Answer. Con una posición de más poder, Miyazaki pidió el control de un proyecto que había estado en desarrollo por algunos años y que ya era considerado un fracaso sin siquiera haber salido al público.

Este era un proyecto diferente porque dejaba atrás los elementos de guerra entre Mechas (por su término en japonés) y se envolvía en un mundo fantasioso al estilo de Calabozos y Dragones, Una canción de Fuego y Hielo, El Señor de los Anillos y otras obras literarias o juegos de esta estirpe.

Ya que se le dio control total del proyecto, borró todo lo que se había trabajado para crear un nuevo sistema de combate que años más tarde se convertiría en el modelo a seguir en la industria y también incluiría una narrativa críptica y oscura que no era para nada popular en aquel entonces. Este proyecto llamado Demon’s Souls se lanzaría al público para PlayStation 3 el 5 de febrero del 2009 en Japón, con un saldo bastante negativo de ventas, pero con críticas profesionales bastante positivas.

Tras las pésimas ventas del juego, Sony decidió no localizar el proyecto para audiencias occidentales, ya que este era un proyecto financiado por el gigante japonés y por esto ellos gozaban de su exclusividad y sus derechos. Todo parecía que iba a ser uno de esos videojuegos que quedarían olvidados en la historia a pesar de ser técnicamente excelente, pero gracias a YouTube y distintos portales de foros en línea el proyecto encontraría una segunda oportunidad.

La comunidad de gamers se dio cuenta de este ambicioso proyecto con un nivel de dificultad altísimo, algo que desde la época del Super Nintendo no se miraba, y aprovechándose de la libertad regional que ofrecía el PlayStation 3 se dirigieron a los distintos sitios de venta por internet como eBay y compraban una copia japonesa del juego para luego subir videos de sus partidas a YouTube logrando impulsar las ventas del casi muerto Demon’s Souls.

A pesar de las incesantes plegarias de los fanáticos a Sony para que localizaran el juego para audiencias occidentales, estos aún se mostraban escépticos y solamente dieron el permiso para que un tercero, con sus propios recursos, tomara el riesgo de llevar a cabo dicha y ardua tarea.

Atlus, reconocido desarrollador y distribuidor de juegos, tomaría el riesgo y fue así que el 6 de octubre del 2009 el juego sería lanzado oficialmente en territorio americano, alcanzando un mercado que de entrada mostró estar muy a gusto por sus increíbles ventas y críticas profesionales. Demon’s Souls obtendría la etiqueta de Greatest Hits al llegar a 250,000 unidades vendidas, cuatro veces más de lo estimado.

Miyazaki logró su sueño de crear una narrativa compleja en un mundo medieval y fantasioso, pero la leyenda apenas comenzaba.

Bandai Namco, distribuidores de grandes franquicias como Tekken, Dragon Ball, Soul Calibur, Naruto, entre otros, le pidió al japonés producir una franquicia multiplataforma con el mismo estilo y temática que el que había presentado en Demon’s Souls.

Así fue como nació la legendaria trilogía de Dark Souls (2011-2016) la cual ha amasado más de 27 millones de ventas a nivel mundial y que, al igual que su predecesor, ha sido un encanto para los críticos profesionales. Miyazaki se había convertido en leyenda, incluso convirtiéndose en presidente de FromSoftware en el proceso.

Sony se dio cuenta que había cometido un error y en medio del desarrollo de la trilogía de Dark Souls le pidió a Miyazaki dirigir un nuevo proyecto exclusivamente para Playstation 4 dándole libertad creativa para poder crear algo verdaderamente icónico. Inspirado en los relatos y novelas de terror de H.P. Lovecraft, el 24 de marzo del 2015 saldría a la venta BloodBorne, un proyecto que agarra las mecánicas principales de sus demás lanzamientos, pero con diferencias sutiles que le darían una identidad propia, así como los elementos de horror cósmico que lo harían una verdadera experiencia tenebrosa y desafiante. Fue un éxito al vender más de 2 millones de unidades y se ha convertido en una de las propiedades intelectuales más queridas por los fanáticos del PlayStation.

En 2019, contratado por Activision, Miyazaki giraría a una nueva dirección con Sekiro: Shadows Die Twice. Un combate mucho más fluido que antes con nuestras nuevas armas Shinobi y dejando atrás los elementos de rol por más acción y una narrativa menos compleja. Esto no significa que fue un proyecto fallido, al contrario, vendió más de 5 millones de copias a nivel mundial y fue galardonado como juego del año por muchos sitios, además de también serlo en la ceremonia anual The Game Awards.

Pasarían tres largos años y una pandemia para que el muy esperado Elden Ring saliera a la venta, el proyecto más ambicioso de Miyazaki y FromSoftware se convertiría en un ejemplo de lo que los videojuegos tienen que ser, especialmente cuando hay bastantes recursos a mano. El legendario George R.R. Martin, escritor de la saga Una Canción de Fuego y Hielo, también aportó en la creación del oscuro, perturbador, pero fascinante mundo de esta entrega.

Gracias al éxito de todos estos proyectos mencionados han salido varios clones queriendo imitar al gran Miyazaki, lo cual no es algo malo. Nioh, Star Wars Jedi: Fallen Order e incluso Blasphemous que es un título independiente en dos dimensiones, ha sacado provecho de las ideas que Miyazaki ha utilizado en sus obras.

La alta dificultad y el misterio de sistemas que existen en los juegos de FromSoftware poco a poco fue encontrando su audiencia. Hasta los que tenían dudas por las inusuales prácticas de estos títulos empezaron a invertir su dinero para poder disfrutar de cada una de estas obras maestras. La comunidad gamer puede ser muy tímida a la hora de intentar nuevas cosas, pero también sabe apreciar a todos aquellos desarrolladores que realmente traen algo positivo a la industria, y el caso de Hidetaka Miyazaki es uno de los ejemplos más grandes que existen.

Adela Quezada quería reunirse con su madre y hermanas que migraron a Estados Unidos hace dos años. Ella estaba desempleada, embarazada y su familia estaba partida, así que el deseo de reunificación familiar creció rápidamente en ella, pero no lo logró. Adela es una de las seis víctimas hondureñas que han sido identificadas entre los migrantes que murieron en un contenedor en San Antonio, Texas. Otros 47 migrantes fallecidos eran procedentes de México, Guatemala y El Salvador, aún hay 12 sin identificar.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera y Bryan Villanueva

Por orden de doña Adela, un fogón tradicional permanece encendido todo el día en la cocina para lo que se ofrezca . Por ella, su nieta Adela, de 28 años de edad, recibió ese nombre. La recuerda tomando sopa los domingos y despidiéndose de rodillas allí mismo, en esa cocina, donde la vio por última vez.

El viernes 26 de mayo, en un viaje planificado «de un día para otro» según sus familiares, Adela salió de su casa en la aldea Cuyamel, Omoa, en el departamento Cortés en el norte de Honduras. A las 4:00 p.m. emprendió el camino hacia «el norte» acompañada de un coyote con quien había pactado el viaje a Estados Unidos por 12,500dólares.

Adela se fue al día siguiente de haber recibido la bendición de su abuela, pese a que la anciana le pidió que no se fuera. «Yo le dije que no se fuera, que aquí no le hacía falta nada», cuenta ella. Pero a Adela sí le hacía falta algo, su madre Gloria Quezada de 47 años y dos de sus hermanas menores, de 17 y 13 años, quienes habían emprendido ese mismo viaje hacía dos años y ahora viven en California. Adela quería reunirse con ellas y quizás quería que su hijo, en temprana etapa de gestación, naciera en los Estados Unidos. «Solo yo sabía que [Adela] estaba embarazada», nos dice su prima Claudia Vallecillo, mientras consuela a la abuela que ahora lleva 9 días esperando que retorne el cadáver de su nieta.

Adela no trabajaba, pero estaba estudiando el bachillerato. Vivía sola en una casa muy cerca de su abuela. Había tenido pareja unos años atrás, pero se separó. Muy pocas personas sabían de su embarazo.

Los mismos deseos de Adela, son los que diariamente impulsan a cientos de hondureños a abandonar el país. El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) presentó el 5 de julio un sondeo de opinión pública sobre corrupción, situación económica y acciones del Gobierno de Xiomara Castro en el cual se evidenció que «los principales problemas identificados por la ciudadanía: la crisis económica, desempleo, inseguridad y corrupción, confirman las razones de peso que están detrás de la decisión de migrar hacia el norte».

De acuerdo con la investigación realizada por el ERIC, para el 66.1 % de los encuestados la principal causa de la migración es la falta de empleo y para un 24.9 % lo es la situación económica y la inseguridad, mientras que la violencia y la inseguridad representa un 6%. El sondeo también evidenció que un 47% de los encuestados tiene un familiar que ha emigrado, lo que hace que la reunificación familiar en aquel país, sea también una razón de peso sobre todo si no ven en Honduras un buen futuro debido a los problemas antes mencionados.

Adela tardó un mes en llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. El lunes 25 de junio, con la travesía casi concluida, llamó a su prima Claudia Vallecillo, para contarle con alegría que ya se encontraba en el estado de Texas, uno de los más grandes en Estados Unidos y por esta época del año uno de los más calurosos del país. «El viernes ya estaré con mi mamá», le dijo a su prima. Ese día, Adela murió asfixiada en el contenedor en el que se transportaba junto con otras decenas de migrantes.

La noticia fue aterradora y ocupó la primera plana en muchos países, 53 migrantes indocumentados murieron en el interior del contenedor. Adela y cinco hondureños más perecieron por hacinamiento, calor y falta de agua. Asimismo, fallecieron 27 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños.

En el mismo contenedor viajaban también los hondureños Miguel Andino Caballero y Fernando Redondo Caballero (ambos originarios de Las Vegas, Santa Bárbara), Margie Paz Grajeda (de Santa Cruz de Yojoa), Yasmin Nayarith Bueso Núñez (de El Progreso, Yoro) y Belkis Esmeralda Anariba Cáceres (de Victoria, Yoro). Todos buscaban un empleo fuera del país para mejorar su situación. Ninguna de las seis víctimas tenía empleo formal en Honduras.

De acuerdo con cifras oficiales brindadas por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 la Tasa de Desempleo Abierto alcanzó el 10 %, el subempleo visible (que trabaja menos horas) alcanzó un 27 % y el subempleo invisible (bajos ingresos que perciben los trabajadores) cerró en ese año en un 43 %. Ni en los últimos años del gobierno anterior ni en los cinco meses del actual han ofrecido a esa institución nuevos datos sobre desempleo.

El analista de migración, Ricardo Puerta, describe un escenario opuesto en la gran economía estadounidense, que cada año necesita nuevos trabajadores. «Mire, Estados Unidos tiene que llevar a su territorio todos los años a un millón de inmigrantes para llenar los puestos de trabajo que ha creado porque la economía estadounidense, por mucha crítica que se le pueda hacer, tiene una productividad y una generación de empleo, muchísimo mayor que los puestos que puede llenar con la gente que ya está adentro».

Agregó que se estima que en Estados Unidos hay actualmente de 12 a 17 millones de migrantes indocumentados que no son ni deportados ni normalizados pues gracias a ellos reducen la presión para definir un salario mínimo, pues ahora este fluctúa desde 8 dólares la hora hasta 50 en algunos lugares como Silicon Valley, que es la meca de la tecnología en el mundo y se encuentra en California, el estado al que se dirigía Adela.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó en su cuenta de Twitter la tragedia y expresó que se trató de un hecho criminal. «El asesinato de compatriotas, hermanos mexicanos y centroamericanos en San Antonio, Texas, nos conmueve profundamente. He instruido a la Cancillería de la República para que atienda y socorra a familiares y junto a Estados Unidos se investigue y se haga justicia para que estos hechos no se repitan» publicó la presidenta.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a cuatro sospechosos, incluido el conductor Homero Zamora quien, según documentos oficiales, se defiende de su responsabilidad en la tragedia al asegurar que él no «sabía que el aire acondicionado había dejado de funcionar».

En Honduras, el flujo migratorio no ha disminuido. Las organizaciones que trabajan en migración estiman que diariamente salen entre 300 y 500 personas del país. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el 2021 fueron detenidos 319 000 hondureños en la frontera sur. En los primeros cuatro meses del 2022, fueron detenidos 57 857 hondureños intentando cruzar a Estados Unidos.

Para el analista Puerta, los gobiernos no han tenido voluntad real para tratar con el fenómeno migratorio, “«a clase política que tiene Honduras no tiene la capacidad ni la información para entender el problema migratorio, y como hasta el otro día tuvimos un narcotraficante al frente del país, lo que sucede es que todavía tenemos esa estructura. O sea, Juan Orlando se habrá ido, pero lo que dejó ahí está funcionando y eso no cambia solo porque tenemos una nueva administración».

«La clase política que tiene Honduras no tiene la capacidad ni la información ni la formación para entender el problema migratorio», Ricardo Puerta, analista.

Tuit

No hay justicia ni paz para las mujeres en Honduras

Tres días antes de viajar, Adela le dijo a su prima Claudia que la acompañara a un banco de Cuyamel. Realizó un retiro en lempiras para pagar el equivalente a 7,000 dólares y al llegar a Estados Unidos, cuando ya estuviera rumbo a la casa de su madre en California, pagaría el resto para completar 12,500 dólares.

Ese día, Adela le prometió a su prima que también se la llevaría a Estados Unidos e incluso hicieron la cotización con el «coyote» quien prometió cobrar 10, 500 dólares por la mujer y sus dos hijos menores de 10 años.

Claudia también tenía motivos para huir de Honduras porque apenas diez días antes del viaje de Adela, fue agredida con un machete por su expareja, de quien se había separado hacía tres meses. Fue atacada alrededor de la 1:00 am y fue auxiliada por los vecinos, pero para cuando fue rescatada ya había sido herida en las manos y brutalmente golpeada con el lado plano de la herramienta. Este hombre fue denunciado por Claudia, pero desde entonces no se sabe nada de él.

En la familia tienen pocas esperanzas de que su caso se judicialice. Doña Betulia Machado, madre de Claudia, manifestó que el agresor «está bien tranquilo, es que aquí en Omoa así se quedan las cosas.»

Casos de violencia como el que sufrió Claudia son comunes en Honduras, un país con altos índices de violencia contra las mujeres y niñas. Según las cifras de la Policía Nacional, de enero al 30 de junio del 2022, se registraron 147 homicidios en los que la víctima fue una mujer, sin embargo otras 55 mujeres murieron de forma violenta y quedaron registradas como muertes indeterminadas. En otra estadística, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), asegura que en el 2021, cada 27 horas con 33 minutos, una mujer fue asesinada. Para ese año, entre enero y junio fueron registrados 154 homicidios contra mujeres y 54 muertes indeterminadas en los que la víctima fue una mujer.

La impunidad no solo es algo que está sufriendo la familia de Adela. Según una investigación de este medio, hasta 2020, solamente 15 casos de femicidio en Honduras han conseguido sentencia condenatoria desde que se tipificó el delito en 2013.

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Como en buena parte de los hogares hondureños afectados por la migración y la violencia, la abuela de Adela ha tenido que asumir la responsabilidad de la familia. Doña Adela es una matriarca de más de 90 años y se enoja cuando la llama del fogón en su cocina no está encendida. Entre el humo expelido por la leña y las muestras de afecto de vecinos y familiares vive la pena por la muerte de su nieta. Se le ha olvidado el número de nietos que tiene, pero sabe que son muchos. Todos le dicen mamá.

Para doña Adela, despedir a un familiar que ha tomado el camino hacia Estados Unidos no ha sido una cosa extraña. Ella parió 12 hijos, 6 mujeres y seis hombres. Los crió vendiendo comida y después con un negocio de cervezas que aún mantiene. En su casa, nos dijo un vecino, se han criado más de 40 niños, que fueron abandonados por sus familias consanguíneas, pero que fueron recibidos con los brazos abiertos por la abuela Adela.

Nadie de la familia pudo darle a este medio una cifra exacta de cuántos de sus miembros se encuentran en ese país, pero alguien se atrevió a calcular que unos 20. Por eso, en un momento de nuestra conversación, la nonagenaria elevó la voz, hizo ademanes llenos de energía y dijo «A saber qué putas les atrae que se van a ese lugar [Estados Unidos], ese lugar como que tiene oro, que los jala».

Uno de los miembros de la familia nos contó que Gloria decidió irse al norte en el año 2020 porque tenía deudas que no iba a poder pagar trabajando en Honduras, después decidió llevarse a dos de sus hijas, pero al ser estas menores de edad no podían trabajar. Entre los planes de Adela estaba trabajar y ayudar a su madre en el sostenimiento del hogar en California.

Una semana después de que salió, Adela se comunicó a la casa y les dijo que el viaje iba bien, que había comida y estaba durmiendo bien. «A la semana me escribió, no sabía nada y le digo “pucha al fin te reportaste”. Me enseñaba cómo comían y dónde estaban, pero cuando llegaron a Estados Unidos ya no», dijo Claudia.

La comunicación entre Adela y Claudia continuó mientras avanzaba hacia la frontera entre Estados Unidos y México, hasta que se interrumpió por un par de días. El lunes 27 de junio, Adela retomó la comunicación. Avisó que ya estaba en Estados Unidos y que, según sus planes, el viernes 1 de julio ya estaría con su mamá. En esa comunicación le dijo a su prima Claudia que la ayudaría a llegar al norte y le preguntó si no había regresado con su expareja. «Me dijo que me iba ayudar y que iba a mandar un dinero para pagar la renta», recordó Claudia.

La conversación fue el lunes a las 7 de la mañana. Claudia se despidió de su prima. Cuenta que ese día, al terminar la conversación, sintió un vacío en su pecho, al que le llamó corazonada. Días antes soñó que en la casa de la abuela Adela, había un velorio enorme.

No volvió a saber de su prima hasta el martes por la noche cuando a través de un noticiero de la televisión anunciaban como última hora la muerte de cuatro hondureños en un contenedor abandonado en Texas. En las fotografías aparecía Adela Betulia Machado, aquella alegre muchacha que un mes antes se arrodilló ante su abuela para pedir la bendición. En los días siguientes se confirmaron las muertes de dos hondureñas más.

En Estados Unidos, Gloria Adelina Quezada, la madre de Adela, recibió la noticia casi de igual forma que su familia en Honduras. Preguntó qué estaba pasando y Claudia le envió una imagen de la pantalla donde aparecía su hija como una de las personas muertas. Al otro lado del teléfono se escucharon gritos. Desde entonces, la familia había hablado poco con Gloria que no sabía aún dónde sepultar a su hija.

En un video que circula en redes sociales, Gloria relata entre lágrimas que ella esperaba con ansiedad a su hija, que ya le había anunciado que iba para allá, pero no sabían que iba en el contenedor. «Ella me dijo que ya venía para aquí. Como toda madre o padre, uno desea lo mejor, sin saber que esto iba a pasar. Yo sé que hay muchos padres que están dolidos por este trago tan amargo»’, dijo la madre.

«Esa ilusión los lleva a fracasar», repite la abuela Adela. Sostiene que el deseo de mejorar económicamente ha llevado a sus hijos y nietos a emprender el viaje, pero tampoco los justifica, «nada tienen que andar haciendo, si usted es mi hijo y aquí vive bien, ¿qué tienen que andar andando ahí?», se pregunta.

Pero Honduras se ha convertido en un país expulsor de su gente y ahora esa gente que huyó sostiene económicamente al país. Solamente en el año 2021, los migrantes en Estados Unidos enviaron 7,300 millones de dólares en remesas y para el 2022 las proyecciones aumentan, pues hasta mayo de este año los hondureños en el extranjero ya habían mandado 3,440 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH).

Para el analista Ricardo Puerta no hay programa exitoso orientado a que todos esos recursos sean aprovechados para la inversión y no solamente para el consumo, pues salvan un problema de macroeconomía pero al final no resuelven la situación del ciudadano hondureño. «Aquí no hay ningún programa exitoso que funcione en esa dirección. Si existieran las condiciones propicias de financiamiento y asistencia técnica, hondureños asalariados aquí y en Estados Unidos pueden convertirse en pequeños empresarios», afirmó.

Mientras, las familias de Adela, los hermanos Caballero, Margie, Yasmin y Belkis lloran la pérdida de sus seres queridos, otros cientos de hondureños toman el camino hacia Estados Unidos, intentarán llegar a ese país que les brinda esperanza, aunque ese futuro está amenazado por muchos peligros, incluido morir ahogado en un contenedor.

Texto: Dar Barahona
Ilustración: Pixabay

«Hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque exigen menos de sí mismos».

H.H.

«¡Te voy a azezinar!», así que pensé que la cosa era más grave de lo que aparentaba.

«¡Ayuda! ¡Por la gran puta!», gritó de nuevo MmBoy.

El Guacalaboy, como es su hábito, se fue a hurtadillas, como una balletista. Decidí entonces abrir mi coche, abrir la guantera y sacar el revólver, y ya cuando lo palpaba, pensé que no era la mejor idea, así que mejor giré la llave, encendí el auto, aceleré y me largué hacia el primer lugar donde pudiese comprar cervezas. Conducía lento, algo que me desagrada, y comencé a recordar mis días en el Festival de Cine de Basel, en Suiza; recordé la crisis existencial de aquel personaje anarquista de Alemania; recordé el puto Emden, la ciudad de Bremen, Hamburgo, Berlín, Friburgo. Recordé mi último trabajo SJH. En ese pueblo había diez mil personas y cinco mil eran discapacitadas, y en medio del gentío, yo, el único latino, el pelo en la sopa, la mancha, así que la Polizei no dejaba de joderme. Sólo a un loco como yo se le habría ocurrido vivir en un pueblo así (incluso la Polizei me parecía tediosa y ridícula). Me detenía por cualquier cosa, incluso por bostezar.

«Tienes que vestirte de otro modo. Ponte aretes, viste de naranja. Lo más llamativo posible, etcétera», decía mi jefa, cuando me quejaba con ella. Hasta que una noche me harté. Caminaba por la acera de las bikes, con mi amiga Eva. Eran las 11:45 de la noche. Debo reconocer que caminar a esa hora por ciertas zonas es prohibido, pero mucho más cargar un envase de Krombacher. Así que el coche policía se aparcó justo a mi lado y yo comencé a quejarme, incluso mi amiga se molestó. Fui detenido por caminar en una puta acera.

Horas después mi jefa llegó a la cárcel, pago una multa y me dijo en un tono nacionalsocialista: «Si no quieres respetar, vuelve a tu país. Actúas como si fueras el primogénito de un político corrupto».

Veo los árboles de acacias, los favoritos de Miti. Olvido todo. Esta sociedad está atestada de personas falsas. Los padres se hacen creer que sus hijos asisten a reuniones bonitas y perfumadas, en antros de champagne y cigarrillos eléctricos; pero qué va: se la llevan esnifando y fumando stone. También se hacen creer que vivimos en una Honduras Walt Disney Resort. Malditos fantoches. Pero bueno. Los recuerdos continuaban allí, mientras avanzaba en el auto. Así que recordé el bello rostro de Eva (mi amiga que se la palabreo con la Polizei), su forma de enviarme sexting. Sonrío al solo recordarla. De pronto recuerdo de nuevo a mi jefa, el día que me invitó a su casa para hablar sobre mis problemas. Me llevó a su jardín, vi el epítome de su lujosa mesa; no sé por qué pensé que los dorados escalopes a la milanesa y los rollos de carne rellenos de cebolla y tocino estaban puestos como trofeos de guerra. «Cambia. Vístete de naranja», continuaba diciéndome. Definitivamente era una milf ful control. Defetiches raros. Quizá por ello siempre yacía forever alone. No inspiraba ni una pizca de ganas de besarla; imaginaba su forma de encarar el sexo: frívolo, tosco, controlador. «Guácala con esa alemana», me dije, mientas tomaba el rollo de carne relleno de cebolla. «Honduras: los millonarios habitualmente son políticos corruptos y líderes religiosos. Mente arcaica. La moda de los lujos. Es una pena. Lindo país tropical», añadió, mientras tomaba vino. Entonces me preguntó ruborizada: «¿No será que eres hijo de algún político corrupto?». Le respondí que no, orgullosamente. «Bueno, bienvenido», dijo, y noté que estaba ebria.

Aparqué mi auto. ¿Por qué putas habría decidido llegar a la pulpería de los míticos vergueos, donde El Gordo y El Trigueño peleaban? Pensé en MmBoy. Un maldito religioso, político de pulpería y borracho junkie. Un vampiro energético, un tipo que sólo viaja de su casa a la pulpe. ¿Qué pedos con toda esta gente? Recordé a mi compa Thiago, de Copacabana. Siempre me decía: «En las playas no hay clases sociales. No te sientas el rey del buceo ni uses shorts gringos. Usa una sunga y muévete. Si te observan mal, eso es ganancia». Luego remató su discurso añadiendo: «Confusión y atraso, es la mina de oro del líder religioso y del típico político». Claro que en resumen plagiaba a Tony Montana; pero no importa, tenía razón. Pensé de nuevo en mi jefa. Annika era su nombre. También pensé en Guacalaboy. Lo recordé huyendo del bacanal. Pero bueno. Cuando regresé de Londres en el aeropuerto estaban todos, con sus ideologías políticas echadas a un lado. El Sosoboy, El Guacalaboy, Tropicanaziboy, Nikky6, El ApacheBoy, SatanicBoy, Marijo, Regi, PanzerBoy y MmBoy. Este me abrazó y dijo, llenándome de saliva: «I am poor mercancía». Volví en mí y dije: yo también.

Este relato pertenece al libro Estaciones del hambre punk (2013).

Texto: Jorge Paz Reyes
Fotografía: Jorge Cabrera

Tenía tan solo 7 años cuando el golpe de Estado de 2009 ocurrió. Y, por alguna razón, mis memorias del golpe se mezclan con las memorias del terremoto de ese mismo año. Tal vez será porque ambas memorias comparten un ambiente de preocupación e incertidumbre. En fin, era muy pequeño para entender la gravedad de las cosas y lo único que recuerdo con toda claridad es que, un poco después de lo sucedido, nos fuimos del país.

Trece años han pasado y me encuentro otra vez en Honduras, con una formación estadounidense, una identidad mezclada y los mismos líderes en el poder.

El golpe redefinió muchos aspectos de la sociedad hondureña. La dictadura que le siguió dio inicio a un éxodo masivo, que formó la diáspora a la que pertenezco. Como muchos jóvenes migrantes, no tomé la decisión de emigrar, la tomaron por mí y, por lo tanto, me tocó construir una identidad hondureña a la distancia.

Al principio uno no se da cuenta de lo importante que es preservar esa identidad natal, especialmente cuando estás ocupado adaptándote a un nuevo lenguaje y cultura. Pero, al ir creciendo, te vas dando cuenta que parte de tu identidad no encaja con tu entorno; que –de una u otra manera– hay pedazos de tu identidad que vienen amarrados con tu cultura natal. Como migrante joven, la conexión con tu país de origen es algo que con el tiempo se vuelve necesidad. Sin embargo, en el camino te das cuenta lo difícil que es formar una identidad mientras tu país se desmorona dentro de una dictadura.

Estaba en la secundaria cuando empecé a decir orgullosamente que era de Honduras, «de San Pedro Sula», decía con mi acento latino. Y la respuesta de mis maestros casi siempre era «¿No es esa la ciudad más peligrosa del mundo?». Y con pena y enojo les decía «No, no, esa es una exageración», sabiendo bien que, sin importar lo que dijera, no cambiaría la imagen definida de San Pedro Sula. Lastimosamente, coincidiendo con mi época escolar, del 2011 a 2014 mi ciudad natal fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo con un tasa de 148 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Con mis amigos era un poco más fácil lucirme con mi cultura hondureña. Los introduje a las baleadas, les enseñé un baile de punta bien improvisado y, aunque no lo entendían muy bien, los puse a escuchar a Polache una y otra vez. Sin embargo, el tema de la política y de la inestabilidad siempre regresaban. Nunca faltaba la pregunta «¿Y por qué te viniste?». O el comentario «Allá es bien peligroso ¿verdad?»

Las elecciones de 2017 y el narcotráfico marcaron otro punto de conversación. Después de que las elecciones recibieron una pequeña cobertura internacional y Honduras fue catalogado como un «narcoestado», el fraude electoral y la inestabilidad social se volvieron otra mancha en la formación de mi orgullo hondureño. Cuando hablábamos de política, me enojaba que mis profesores usaran a Honduras como ejemplo de la triste realidad centroamericana. Por supuesto, sabía que mucho de lo que decían era verdad y que la situación en Honduras era grave, pero me frustraba que solo de eso se hablara y que parte de mi identidad era sinónimo de corrupción, violencia y narcotráfico.

Sin embargo, el deseo de formar un orgullo hondureño siempre fue más grande que la frustración. Con el tiempo aprendí a enfocarme en lo bueno dentro de lo malo. En la universidad aprendí acerca de la huelga bananera de 1954, del valor de los campesinos y cocineras y de su arduo activismo. El movimiento laboral de Honduras me llevó a enfocarme en la resistencia y luchas del pueblo hondureño. Una lucha liderada por activistas como Berta Cáceres y «Los Indignados».

A pesar de que la narrativa de Honduras se enfoca principalmente en la migración y la violencia, he aprendido a resaltar detalles que demuestran otro aspecto de la experiencia hondureña. Detalles como la marcha de «las antorchas», los cacerolazos y los diferentes colectivos sociales que, a la distancia, me hicieron sentir orgulloso de ser hondureño.

Para el joven migrante, formar una identidad es una constante batalla entre lo vivido y lo heredado. Una batalla que se vuelve compleja cuando lo heredado está manchado por una dictadura cruel y violenta. A trece años del golpe de Estado de 2009, puedo decir que, dentro de mi privilegio e ingenuidad, he podido construir un vínculo con mi país natal inspirado en la lucha y resistencia del pueblo hondureño.

Los periodistas en Honduras están vulnerables ante la violencia y la regla es que reine la impunidad tras los ataques, que van desde agresiones y amenazas hasta asesinatos. La única oficina que existe en Honduras para investigar violencia contra periodistas es la FEPRODDHH, pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa—, sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Esta nota fue editada en colaboración con LatAm Journalism Review (LJR).

El comunicador social Ricardo Ávila le reportó a su jefe que, sin explicación alguna, había perdido el control de su cuenta de WhatsApp, algo que él vio como una posible intervención de su teléfono.

Una semana después, el 26 de mayo, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se dirigía a su trabajo en la ciudad de Choluteca, zona sur del país.

Con este hecho violento, suman 93 los periodistas y comunicadores asesinados en Honduras desde el 2001.

En uncomunicado emitido el 24 de mayo, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) indicó que la impunidad en las muertes de periodistas sobrepasa el 91 %. Asimismo, detalló que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) recibió, entre el 2016 y abril de 2022, alrededor de 67 casos de periodistas (20 mujeres y 47 hombres); de los cuales 51 están en riesgo de desplazamiento y al menos 16 ya han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, debido –en el 81 % de los casos– a amenazas, seguido de tentativa de homicidio, extorsión, lesiones y violencia familiar.

«De estos más de 90 asesinatos, la tasa de investigación criminal es muy baja. Apenas tenemos cuatro casos en donde hay una sentencia por los delitos de homicidio o asesinato; aproximadamente un 22 % de eso está en líneas de investigación, los otros casos están completamente en impunidad y asumimos que quedarán así porque ya pasaron de entre 15 a 20 años», dijo a Contracorriente Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

La única oficina que existe en este país centroamericano para investigar violencia contra periodistas y proteger a este sector vulnerable es la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos,Periodistas, Comunicadores Spociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH). Pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa— sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.

¿Cómo funciona el mecanismo de protección y la fiscalía especial para periodistas y comunicadores sociales?

Honduras cuenta con el Sistema de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que entró en vigencia en el año 2015 y que hasta noviembre de 2021 registraba 126 casos activos.

Este mecanismo de protección está llamado a trabajar en coordinación con el Conadeh y con el Ministerio Público.

Tanto el CPH como el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) se retiraron el año 2021 del mecanismo de protección como una forma de protesta, alegando pasividad del espacio de protección.

«Tenemos este mecanismo de protección de periodistas, abogados, personas de grupos vulnerables, pero no está siendo una respuesta para estas situaciones tan complejas», dijo Reyes.

Pero, desde 2018, Honduras también cuenta con la Fiscalía Especial (FEPRODDHH), aunque su presencia no es muy visible.

A pesar de que Reyes es el presidente del CPH, este asegura que desde hace dos años no sabe nada de la FEPRODDHH y que ni siquiera conoce quién es el jefe de dicho despacho fiscal.

«Entiendo que en su momento se creó esta fiscalía especial para atender estos casos, estuvimos en contacto hace dos años con la fiscal Keila Aguirre, que había conformado un equipo y con ellos destinamos algunos casos, pero ella se comunicó conmigo una mañana y me dijo que ya la habían rotado de fiscalía, y hasta ahora no sé quién quedó, no sé si existe todavía esa fiscalía, si sigue trabajando, porque al menos en mi condición de presidente del Colegio de Periodistas nunca más volví a tener contacto con esa fiscalía», dijo Reyes.

Reyes añade que se reunieron este 2022 con el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, pero que este les presentó los mismos datos y avances de los gobiernos anteriores.

«Tuvimos reuniones con tres ministros de Seguridad de tres gobiernos diferentes, la misma presentación que hizo el primero, la hizo el segundo y el número de avances es el mismo que tiene el tercero. Siempre la clásica respuesta es: estamos en investigación y las rutas no llevan a ningún lado», expresa Reyes.

Amanda Ponce, directora del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), una coalición de periodistas y grupos de la sociedad civil, coincide con Osman Reyes y dice que la experiencia de C-Libre con la FEPRODDHH es poco satisfactoria porque la mayoría de los casos no reciben la atención necesaria.

«Hasta el año pasado solo había dos fiscales asignadas», dijo Ponce a LJR.

«La mayoría de los casos que hemos interpuesto en estas fiscalías no han podido ser atendidos en los más de tres años que empezamos a colocar denuncias, particularmente una de las experiencias más difíciles de tratar han sido con los casos que se han llevado desde comunicadores y defensores de derechos humanos que se encuentran en los territorios, donde la disponibilidad humana e investigativa es muy reducida», revela Ponce.

Grupo vulnerable	Denuncias desde 2018	Denunciantes	Predominancia de los delitos denunciados	Departamentos
Periodistas y comunicadores sociales	64 denuncias hasta el 14 de mayo de 2021	12 mujeres y 52 hombres	Amenazas, revelación de secretos, lesiones y daños, limitación e impedimento a derechos fundamentales, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, torturas, vulneración a la libertad de expresión, robo, discriminación, delitos contra la propiedad intelectual.	Francisco Morazán, Choluteca, El Paraíso, Colón, Yoro, Cortés, Atlántida, La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, Valle, Copán, Intibucá.
Defensores de derechos humanos	136 denuncias hasta el 16 de mayo de 2022	51 mujeres y 85 hombres	Detención ilegal, amenazas y homicidio, secuestro, apología del odio, amenazas, coacción, allanamiento de morada, lesiones y daños, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, torturas, allanamiento por funcionarios y empleados públicos, discriminación, discriminación laboral, hostigamientos sexuales.	Francisco Morazán, Copán, Yoro, Cortés, Colón, La Paz, Santa Bárbara, Choluteca, Valle, Atlántida.
Operadores de justicia	52 denuncias hasta el 13 de mayo de 2022	31 mujeres y 21 hombres	Atentado, intimidación a testigos y otros, amenazas, coacción, abuso de autoridad y torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios.	Islas de la Bahía, El Paraíso, Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Ocotepeque, La Paz, Olancho.

Cuadro elaborado en junio de 2022 por Contracorriente con datos proporcionados por el Ministerio Público a través del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ponce afirma que la FEPRODDHH no cuenta siquiera con acceso al padrón fotográfico electoral del Registro Nacional de las Personas (RNP) para identificar a los agresores de estos grupos vulnerables que son denunciados.

«Esa fiscalía no tiene acceso y nos pareció una cosa impresionante. Cuando hablamos de la identificación de un agresor frente a cosas que no representan mayor gasto. Un acceso a un padrón fotográfico solo significa una clave y entrar a ese padrón. Lo tienen otras fiscalías, pero esta no lo tiene».

Ponce sostiene que se han presentado más de 300 denuncias ante el Ministerio Público, pero «ninguno de los casos hasta el momento ha sido concluido con una sentencia en firme, no que nosotros lo sepamos».

Denuncias presentadas ante FEPRODDHH por periodistas y comunicadores sociales, defensores de DDHH y operadores de justicia
2018	61 denuncias
2019	97 denuncias
2020	39 denuncias
2021	33 denuncias
2022	12 denuncias
*La FEPRODDHH no incluyó en el desglose por año las denuncias que fueron remitidas a otras dependencias.

Cuadro elaborado en junio de 2022 por Contracorriente con datos proporcionados por el Ministerio Público a través del Instituto de Acceso a la Información Pública.

«Esto nos da una sensación de que esta fiscalía fue creada digamos con el nombre bien colocado, bien bonito, pero no para llevar ante la justicia a los agresores y agresoras de los sectores vulnerables», explica Ponce.

Ningún caso a juicio oral y público

Contracorriente obtuvo el número de denuncias recibidas por la FEPRODDHH en donde se observa que desde su creación en 2018 se han formalizado 252 denuncias ante este despacho fiscal.

El fiscal Jerry Valladares, jefe de la FEPRODDHH, dijo a LJR que no existen sentencias y que actualmente no hay ningún caso judicializado en contra de agresores de periodistas, comunicadores o defensores de derechos humanos en juzgados o tribunales penales. Valladares solamente mencionó que hay un caso que posiblemente se eleve a juicio oral y público, pero que involucra a un operador de justicia.

Para entender por qué los casos de la FEPRODDHH no avanzan o no se obtienen sentencias que generen precedentes para proteger a los periodistas, Valladares explica que muchos de los casos son remitidos a un juzgado de paz, en donde se dirimen por la vía de la conciliación, mientras otros casos conocidos por la FEPRODDHH son remitidos a otras fiscalías, como Delitos Contra la Vida o de Etnias.

En las audiencias de los juzgados de paz, las víctimas son expuestas y enfrentadas directamente con los agresores que en muchos de los casos pueden ser policías o militares.

Según Amada Ponce, la mayoría de las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales son cometidas precisamente por policías y militares.

«Eso es frecuente en un país como Honduras, que es muy débil en la temática de derechos humanos y acceso a la democracia», dijo.

Desde el golpe de Estado de 2009, las protestas han sido una constante en el país en contra del deterioro de la institucionalidad y por el desplazamiento de poblaciones vulnerables de sus territorios. Las protestas persisten en la actualidad a pesar de que ha entrado un gobierno que antes representaba una buena parte de la oposición política y social. En ese ambiente de protestas continuas, la represión de policías y militares ha sido una constante y entre los más perjudicados han estado los periodistas y defensores sociales.

«La mayoría de casos que tenemos son casos de amenazas y el delito de lesiones. Sin embargo, de conformidad con el Código Procesal Penal, aunque estos son delitos de acción pública consecuentemente se requiere de una instancia particular, es decir, que la víctima nos autorice a nosotros o dé su consentimiento para iniciar la investigación y poder judicializar el caso de conformidad con el artículo 26 del Código Procesal Penal», explicó Valladares.

Sobre cómo captan los casos, Valladares afirmó que «en la mayoría de los casos las denuncias ingresan a través de organizaciones o través del mecanismo de protección».

El fiscal jefe de la FEPRODDHH dice que los casos, que no son remitidos a un juzgado de paz, en la mayoría de las ocasiones se extinguen porque las víctimas «desgraciadamente» no confían en los operadores de justicia.

Una de las formas en cómo la FEPRODDHH turna el caso a otra fiscalía, dice Valladares, es amparándose en el «nexo causal», es decir, valoran si la agresión contra el periodista se dio por el ejercicio de su trabajo o si se dio por un tema personal. Si no logran confirmar que un periodista ha sido agredido o amenazado por su trabajo, le pasan el caso a otra fiscalía.

Valladares no ve ningún conflicto en que la FEPRODDHH no tenga competencia para llevar casos sobre asesinatos de periodistas, porque a su juicio «el tema de delitos contra la vida es un tema bastante complejo, complicado, incluso tener centralizada la información para poder dilucidar estructuras criminales, conductas criminales, relación con armas de fuego, relación de personas, entonces se determinó que todos los delitos contra la vida fueran investigados por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, ahí se llevan muertes contra mujeres, políticos, periodistas, grupos vulnerables», sostuvo.

«Actualmente solo tenemos oficina en Tegucigalpa y tenemos jurisdicción y competencia para conocer casos en todo el país. En cuanto al tema de logística tenemos el apoyo necesario, los vehículos para hacer las giras, el apoyo con el tema de viáticos, no hemos tenido limitaciones en el tema presupuestario, para cubrir emergencias en San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, pero creo que el talón de Aquiles es que no tenemos investigadores», explicó Valladares.

Agregó que la FEPRODDHH apenas cuenta con cinco fiscales, incluyéndolo a él, y todos concentrados en Tegucigalpa, con facultades únicamente para conocer algunos delitos referentes a la «limitación de los derechos fundamentales», es decir, amenazas, lesiones, entre otros.

Ante la ausencia de investigadores, estos cinco fiscales también tienen que hacer funciones de investigadores.

«Ese vacío se suple con los mismos fiscales, que nos convertimos en investigadores, cuando necesitamos hacer una gira nos desplazamos», explica Valladares, quien explica que «por función de competencia», la ATIC (el brazo investigativo del Ministerio Público) solo conoce delitos de alto impacto, crímenes de corrupción, criminalidad organizada, homicidios, asesinatos, «entonces estamos limitados para poder trabajar casos con la ATIC», explica.

Valladares afirma que la FEPRODDHH no cuenta con el conocimiento técnico para poder identificar la procedencia de ataques cibernéticos.

«La situación real de país es compleja porque recordemos que en el país funcionan libremente estas redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, pero de todas estas compañías no hay representantes en el país, todos sus representantes tienen su sede en EE. UU., cuando nosotros requerimos información de estas compañías es imposible acceder a esta información y más con este tipo de delitos», sostiene el fiscal jefe de la FEPRODDHH.

Osman Reyes, el presidente del CPH, dice sentirse preocupado por la situación de los periodistas en Honduras.

«Estamos en una situación compleja como gremio periodístico. Al caso de Ricardo Ávila, camarógrafo de uno de los canales más grandes de la zona sur del país, hay que sumarle las amenazas sufridas por el periodista Manuel Santiago Serna, uno de los veteranos del periodismo en la ciudad de San Pedro Sula, quien está recibiendo hostigamientos a través de la vía telefónica, llamadas, mensajes, de números registrados en Colombia, le han enviado incluso fotografías privadas de su propia familia».

Reyes afirma que similares amenazas, con números registrados en el exterior, ha recibido el expresidente del CPH, Dagoberto Rodríguez: «bajo esa misma forma de operar está recibiendo amenazas, entonces podemos decir que estamos en un momento crítico que lejos de mejorar, lejos de ir saliendo de la situación crítica, vemos que tiende a agudizarse en estos últimos días».

Asesinato en el sur de Honduras

Las autoridades policiales, en un inicio, manejaron que se trataba de un accidente de tránsito, luego manejaron la hipótesis del robo; actualmente, después de que surgieran algunas evidencias, afirman que se trató de un asesinato.

Amada Ponce, directora del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), afirma que MetroTV, el canal para el que trabajaba Ávila, es uno de los pocos canales abiertos a la cobertura de los movimientos sociales en Choluteca.

C-Libre ha girado durante los últimos tres años un total de 11 alertas sobre amenazas y hostigamientos que han recibido periodistas, camarógrafos y comunicadores del medio MetroTV en Choluteca.

Ávila, una semana antes de su asesinato, puso en conocimiento a los dueños de MetroTV que había perdido el control de su cuenta de WhatsApp, lo cual fue tomado internamente como una amenaza.

Alejandro Aguilar, gerente propietario de MetroTV, le dijo a Contracorriente que él giró instrucciones entre el personal para que bloquearan el número de Ávila.

«No sabíamos quién estaba usando su WhatsApp. Pero jamás imaginábamos lo que iba a ocurrir una semana después. No imaginábamos la tragedia», explica.

Aunque Aguilar afirma que no conoce las razones por las cuales Ávila fue asesinado, manifestó que está interesado en obtener medidas de protección tanto para él como para los empleados de su canal.

Aguilar afirmó que en el hospital del Sur de Choluteca, en principio no estaban claros de que Ávila había recibido un disparo en la cabeza, hasta que llegó el resultado de rayos X.

«Cuando llega el encargado de rayos X, me queda viendo y me pregunta: “¿Ricardo alguna vez había recibido algún disparo?”. Y yo le digo que no. Y me dice: “Venga mire, mire las láminas”. Se le miraba una entrada de bala por una parte de la cabeza y la bala adentro, en el cerebro. Entonces el personal se preocupó».

Mientras el doctor y el encargado de rayos X buscaban entender qué pasaba con Ávila, Aguilar aprovechó para realizar un par de llamadas.

«Llamé a un señor que es el encargado del patronato de una comunidad cercana a donde decían que había ocurrido el supuesto accidente. Lo desperté y le pedí ayuda: “Me dicen que Ricardo tuvo un accidente, pero necesito que usted vaya a ver, porque dicen que la moto quedó a orilla de la calle. Ayúdeme, si es posible recójala y luego me cuenta. Cuando llegue necesito que me busque el casco y le tome una foto”. Entonces el señor al rato me llama y me dice: “Acabo de llegar y la moto la está recogiendo la Policía”. Yo le dije al señor: “Pídales que le presten el casco”. Él me mandó las fotos del casco y ahí se ve el orificio de bala».

Aguilar mostró las imágenes del casco al médico cirujano y este, sorprendido, le dijo que coincidía con los rayos X. «”Fue un disparo”, me dijo el cirujano», él recordó.

Ávila fue trasladado posteriormente al Hospital Escuela de Tegucigalpa, la capital de Honduras, en donde falleció el 29 de mayo.

Contracorriente se contactó con el vocero de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca, el oficial Gerson Escalante, quien manifestó que aún no hay ninguna persona capturada pero que ya tienen identificados a los “sospechosos” que le provocaron la muerte a Ricardo Ávila.

«Las investigaciones sobre el comunicador social continúan, todo apunta a que los sospechosos pertenecen a un grupo delictivo de Marcovia», dijo Escalante.

La versión brindada por Escalante a Contracorriente indica que la patrulla de la Policía Nacional recibió una llamada al 911 en la cual se les informaba sobre un accidente vial de una motocicleta, tipo despiste, seguido de volcamiento.

«Luego en el hospital del Sur se observó que la persona presentaba una herida provocada por arma de fuego sin orificio de salida, luego la Policía Nacional se desplazó a donde fue encontrada la persona lesionada a realizar un levantamiento ya sea de casquillos y para hacer pesquisas en el lugar, se recopiló información de quiénes fueron los sospechosos y en principio se manejaban dos hipótesis», revela Escalante.

Escalante afirma que la primera hipótesis que se manejó fue el robo.

«Se pretendía que era un intento de asalto, pero según las investigaciones, se está descartando eso».

El vocero policial agrega: «Se trató de un atentado dirigido. El objetivo era terminar con la vida de él. Hasta el momento no tengo la información de cuál fue el motivo para que estos malhechores le hayan quitado la vida, esto dato lo maneja la DPI (Dirección Policial de Investigaciones)».

«Hay dos equipos investigando este homicidio del comunicador social. Hay un equipo de Choluteca y un equipo de Tegucigalpa investigando», explica Escalante, quien agrega que en los últimos meses la violencia se ha incrementado en Choluteca.

¿Qué dice la ministra de Derechos Humanos sobre el asesinato de Ricardo Ávila?

Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, le dijo a Contracorriente que los asesinatos de Ricardo Ávila y de una fiscal en Nacaome, registrados entre el 29 y 27 de mayo, sumado a las amenazas que están sufriendo algunos periodistas, obedecen a un reacomodo del crimen organizado frente al nuevo Gobierno.

«No solo estos asesinatos, también las amenazas hablan de una reacción muy fuerte de parte de las estructuras de crimen organizado que se están reagrupando en función de mantener el control y de pasar a otros ejercicios de violencia», sostiene Roque.

La fiscal del Ministerio Público Karen Almendarez fue asesinada el 27 de mayo, un día después del asesinato de Ricardo Ávila. Ese hecho también se registró en esa zona sur del país, específicamente en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. Almendarez estaba asignada a la Fiscalía del Medio Ambiente.

La secretaria de DD. HH. afirma que mientras sigan permaneciendo las condiciones estructurales de violencia y que ésta esté focalizada hacia defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, no existirá ninguna fiscalía capaz de ponerle freno a la violencia.

«Hay que reconocer que en el caso de la Secretaría de DD. HH. esta cuenta con el Mecanismo Nacional de Protección, pero este necesita una profunda reestructuración ya que tampoco ha sido garante para la vida de este sector de la población», reconoce la ministra.

Roque ve con mucha preocupación todo el accionar del Ministerio Público en diversas fiscalías y dice que los niveles de impunidad son enormes.

«Mientras continuemos con esos problemas de impunidad y debilidad en los procesos de investigación, pues no vamos a tener garantías de derechos», dijo.

«Hemos visto las recientes amenazas, asesinatos, agresiones, contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y esto nos indica también que se deben de redoblar, triplicar y multiplicar los esfuerzos, porque el accionar de algunas fiscalías también está muy limitado por falta de recursos, puede haber voluntad pero si no hay apoyo es difícil dar garantía de derechos», concluyó Roque.

Dos equipos investigan muerte de Ricardo Ávila

Amada Ponce lamenta que sea una fiscalía distinta, como Delitos Contra la Vida, la que lleve este tipo de casos, y que no exista una fiscalía especial capacitada para investigar muertes contra periodistas y comunicadores sociales, porque, a su juicio, es evidente que en el caso de Ricardo Ávila ha existido un sesgo desde el inicio de la investigación.

«La policía estuvo insistiendo, desde las primeras horas, que el asesinato de Ricardo Ávila se trataba de un robo o de violencia común en la zona, sin embargo, sabemos que al colega periodista no se le robó absolutamente nada, en su poder quedó la mochila, dinero, sus pertenencias, celular, las llaves puestas en la motocicleta, ¿y cómo es que le robaron si todas las cosas que andaba pues estaban en su poder?», sostiene.

El medio en el que laboraba Ricardo Ávila había realizado previamente 11 denuncias por las que C-Libre emitió alertas, manifestando que se sentían vulnerables por el ejercicio de su trabajo periodístico. Durante el sepelio de Ávila, el lunes 30 de mayo, parte del gremio periodístico de Tegucigalpa y de la zona sur exigieron justicia por la muerte del comunicador.

«Hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Honduras a esclarecer este atentado criminal que llevó a la pérdida de la vida del colega Ricardo Alcides Ávila, con el fin de presentar ante los tribunales de justicia a los responsables», indicó C-Libre en un comunicado.

Esta nota fue editada en colaboración con LatAm Journalism Review (LJR).

Texto: Teddy Baca
Ilustración: Fran Jerez

A raíz del enorme odio que están pronunciando políticos, agentes de prensa, empresarios y religiosos contra la visibilidad de la diversidad sexual en la película infantil Lightyear, me indigné lo suficiente como para escribir este artículo.

Esta película de Disney fue censurada en 14 países. Varios de estos países –como, por ejemplo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes– tienen legalizada la pena de cárcel o de muerte para personas LGTBIQ+ por el simple hecho de serlo. Parece increíble que muchas personas celebran la censura de Lightyear en estos países, pero no denuncian estos actos. Les indigna más un beso entre dos personas del mismos sexo que dichas leyes contra la vida. Eso, una vez más, deja en claro la extraña brújula moral que existe y que, tal vez, explica por qué los grupos homófobos no se fundamentan realmente en la libertad de expresión, como algunos aducen.

Al igual que pasa con un caldo, que está preparado con líquidos y diversos ingredientes, los asesinatos de odio y agresiones hacia la diversidad sexual son producto de una cultura doble moral y antiderechos. Según el observatorio de Cattrachas, en menos de 6 meses ya hay registro de 22 crímenes de odio hacia gays, lesbianas, bisexuales y trans en Honduras, casos donde se registran signos de tortura e incluso violencia sexual.

Este dato concuerda con la acelerada y creciente cantidad de mensajes de odio, exclusión y censura que pregonan grupos fácticos contra la diversidad sexual y que se cobijan bajo el manto de «principios bíblicos».

Algunos ejemplos de ello son:

La categorización de Héctor Ordoñez, presentador de Abriendo Brecha, de que «imponemos» nuestra sexualidad a los demás, solo por la protesta que siempre se hace por nuestros derechos el 17 mayo de cada año.
La guerra mediática de la Asociación Nacional de Pastores Evangélicos contra el matrimonio igualitario que desembocó a una supuesta marcha en defensa de los valores el 11 de junio, misma marcha donde hicieron apología a ECOSIG; con mensajes como «conviértanse, pecadores», algo de lo que ya había escrito antes, la diversidad sexual no es un trastorno y tampoco un problema.
Recientemente, una ola de discursos de odio confabulada por agentes de prensa, empresarios y politicos nacionalistas (disfrazada de juicios morales) en donde atacan a la sensibilización del respeto hacia la diversidad sexual. Esto también fue alentado por el odio internacional que sucede por la visibilización de la población LGTBIQ+ en programas y cine infantil.

Las mismas artimañas de siempre: dicen que «nos respetan», pero odian que existamos; dicen que NO nos expresemos en los medios o la vía pública al igual que los heterosexuales, porque es 《ideología de género》y aluden a mentiras como si fuesen verdades.

La orientación sexual no es una elección adulta, es un elemento del desarrollo personal que emerge en un promedio de edad de 7-15 años. Hablo de la atracción, no de la actividad. Por ejemplo: a mi me gustaban los varones desde los 8 años, pero mi primer relación fue hasta los 21 años. No es prevenible ni modificable, existe tanta desinformación y coacción, que muchas mujeres y hombres LGTBIQ+ descubren su sexualidad en la adultez, se reprimen o viven una doble vida.

No es un carnet ni algo de adultos, pero este «debate» solo es puesto en discusión en el caso de las juventudes LGTBIQ+. La heterosexualidad, en cambio, nunca es cuestionada en los jóvenes que se identifican así.

«Es que ser heterosexual es lo natural», dicen algunos conservadores, sin darse cuenta que existen más de 200 especies donde la homosexualidad o la bisexualidad se manifiestan; no solo como cópula, hablo de crianza conjunta, relaciones largas o incluso hasta permanentes.

Desde que yo era niño, mi padre me presionaba a ser heterosexual. Esto me incomodaba y me hacía sentir bastante mal. Las iglesias a las que asistía nos condenaban a un infierno si no éramos heterosexuales. Yo pregunto: ¿Porqué esto no cuenta como adoctrinamiento? Y, ¿por qué se le llama adoctrinamiento a la visibilidad de la diversidad sexual en medios de comunicación, cuando en esos mismos medios se visibiliza la heterosexualidad?

Incluso es algo netamente opcional si consumir o no el contenido, porque nadie los obliga a ver esas películas o programas; pero es bastante evidente que estos grupos conservadores están empeñados en la censura y hacernos creer que la única forma de vida válida es la que ellos plantean.

Ya sea como medio de obtener votos futuros por medio del sectarismo y el fundamentalismo, o como una forma de mantener un status quos, hemos sido convertidos en carne de cañón.

Estos sectores conservadores de ultraderecha se hacen denominar providas o profamilias, pero son parte de la exclusión, de la migración y el desplazamiento, de la violencia intrafamiliar, entre otras situaciones que amenazan la vida y a las familias.

Desaparecer nuestras vivencias de la televisión o el cine no protege a nadie. Solo calla, solo censura, y también demuestra el resentimiento que tienen sobre la vida ajena.

Y como es necesario informarnos mejor, adjuntaré algunas fuentes que permiten comprender mejor el tema:

Guía de Comprensión de la Orientación Sexual y Homosexualidad – Asociación Americana de Psicología.

Nada que Curar – Guía para Profesionales de la ONU contra la ECOSIG.

Principios de Yogyakarta

Es imposible saber ahora mismo cuántas personas están asesorando a la presidenta Xiomara Castro y, más difícil todavía, conocer en qué temas. El exministro Enrique Flores Lanza y el expresidente José Manuel Zelaya Rosales han dicho públicamente que son asesores presidenciales; sin embargo, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió a Contracorriente que en sus planillas no figura ningún asesor presidencial.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías Jorge Cabrera

El pasado 28 de junio de 2022, el exministro de la presidencia (2006-2009) Enrique Flores Lanza confirmó que había sido nombrado como asesor presidencial en el nuevo Gobierno de Xiomara Castro. Ese mismo día, Flores Lanza abrió el foro «Una nueva Constitución democrática para que los hechos no se repitan», que se llevó a cabo en Casa Presidencial. Sus palabras sonaron en el marco de los 13 años del golpe de Estado en contra del expresidente Zelaya. Es preciso mencionar que Flores Lanza, quien estuvo acusado por actos de corrupción, regresó al ruedo político tras la aprobación de un decreto de amnistía, la primera acción del nuevo Congreso Nacional.

Pese a las declaraciones de Flores Lanza, el Gobierno no ha hecho pública ninguna lista de asesores presidenciales. Lo poco que se conoce es porque, de imprevisto, algunos actores políticos simplemente dicen serlo. El propio expresidente Zelaya, el pasado 7 de febrero de 2022, en ausencia de la presidenta Xiomara Castro –que en ese momento manifestó haber dado positivo por COVID-19–, abrió las puertas de Casa Presidencial para dirimir un conflicto interno entre los diputados del Partido Libre, cuando la crisis del Congreso Nacional tenía paralizada la vida política del país; en ese momento, Zelaya dijo ser asesor presidencial y actuar en su condición de coordinador general del partido.

El pasado 14 de marzo de 2022, Contracorriente introdujo la petición de información dirigida a Casa Presidencial, a través del sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), en donde consultamos por «La cantidad y los nombres de los asesores presidenciales con que cuenta el Gobierno de Xiomara Castro» y «Los informes de trabajo presentados por asesores presidenciales».

A pesar de que la Ley de Transparencia otorga 10 días hábiles para contestar, la respuesta tardó tres meses. El 20 de junio, ocho días antes de que Enrique Flores Lanza anunciara públicamente ser asesor de Xiomara Castro, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió que no hay ningún asesor presidencial trabajando para el Gobierno.

También reconoció públicamente haber asesorado al Gobierno el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien estuvo en Honduras esta semana durante los actos conmemorativos del 28 de junio de 2009 y que había visitado al país el pasado 27 de marzo de 2022. En esa visita previa, Correa, en rueda de prensa, confirmó que sus pasajes de avión, alojamiento de hotel y permanencia de cinco días estaban siendo costeados con dinero del Estado de Honduras, porque él venía para «darle apoyo al Gobierno hondureño».

Cuatro días después, el 31 de marzo, Rafael Correa visitó el Congreso Nacional de Honduras y le dijo en forma de broma a la hija de la pareja presidencial, la diputada Xiomara Zelaya –más conocida como «La Pichu»–, que él tuvo bastante trabajo durante esos días: «Con todo respeto, tu madre (Xiomara Castro) es una explotadora porque no me ha dejado un segundo libre, y tu padre (Manuel Zelaya) también. Lo hacemos totalmente de forma voluntaria. Pero por supuesto que nos han pagado el traslado y el alojamiento».

«La Pichu» defendió en su cuenta de Twitter la asesoría de Rafael Correa: «Antes los asesores venían a planear golpes de Estado, fraudes, ZEDES, privatizar fondos públicos en fideicomisos; hoy será para aportar al bienestar y buen vivir de las mayorías. Recibimos a Rafael Correa en el Congreso Nacional, escuchamos diagnóstico económico preliminar. Bienvenido».

El expresidente de Ecuador, @MashiRafael, fue recibido esta mañana por el presidente del Congreso Nacional, @Lredondo, el Secretario @CarlosZelayaR, la Congresista @pichuzelaya, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración Regional y otros congresistas. pic.twitter.com/za8vkUQbZu
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) March 31, 2022

A pesar de que la diputada Xiomara Zelaya confirmó la existencia de un diagnóstico económico por parte del expresidente Rafael Correa y que el propio Correa reveló que su gira se costeó con dinero del Estado, al solicitar los pormenores de esa visita y una memoria de la reunión, las autoridades del Congreso Nacional nos manifestaron que la visita del expresidente Correa era de tipo «privada».

«Es cierto y de público conocimiento la visita realizada el 31 de marzo del año 2022 por el exmandatario del país de la República de Ecuador, no obstante, dicha visita no fue de carácter oficial sino más bien una visita de cortesía», indica una parte de la respuesta a una solicitud de información realizada por este medio.

En la nota firmada por el ingeniero Carlos Orellana, en su condición de director del Despacho de la Presidencia del Congreso Nacional, este argumentó que «después de verificar la naturaleza privada de la visita del expresidente Correa, verificamos que no se generó ayuda memoria de la misma por falta de carácter de oficialidad».

Según una publicación del sitio Diario La Prensa, el ministro de la presidencia Rodolfo Pastor declaró, el 30 de marzo de 2022, que el expresidente Rafael Correa era «un invitado de honor» y que «durante tres días» se estaría reuniendo con «instituciones del Gobierno con las cuales estamos llevando a cabo un proceso de consulta del estado económico y financiero del país para poder contar con su consejo y perspectiva».

Con la presidenta Xiomara Castro.
Honduras renacerá de la ruina en la que la dejaron los golpistas que destituyeron al presidente Zelaya.
¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/CVy7YNDTqy
— Rafael Correa (@MashiRafael) March 29, 2022

Por otro lado, el hijo menor de la pareja presidencial, José Manuel Zelaya Castro, también se ha autodenominado como asesor presidencial, pero ha explicado que lo hace ad honorem; no obstante, es imposible saber si recibe o no viáticos del Gobierno, tampoco se puede saber si existen otros asesores presidenciales, ni cuánto dinero reciben ni en qué temas asesoran a la presidenta Xiomara Castro.

José Manuel Zelaya hijo ha sido visto en reuniones importantes, por ejemplo, con diplomáticos de los Estados Unidos y en una reunión con altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Las noticias sobre las asesorías del Gobierno son expuestas ante la sociedad hondureña por los propios asesores, pero no hay forma de conocer, desde la institucionalidad misma, quiénes son en realidad.

La opacidad en algunas visitas de diplomáticos internacionales impide conocer el objetivo y la finalidad de ciertas visitas. Ejemplo de esto, se desconocen los avances del caso de la senadora colombiana Piedad Córdoba, retenida por el Instituto Nacional de Migración de Honduras en la noche del miércoles 25 de mayo de 2022. Su caso pasó a ser investigado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), por sospechas del delito de lavado de activos.

La Secretaría de Prensa de Honduras confirmó en su cuenta de Twitter que la senadora colombiana ingresó a Honduras el 22 de mayo de 2022 y se reunió dos días después con la mandataria hondureña. «La Senadora solicitó audiencia el día martes 24 con la presidenta Xiomara Castro, con el objetivo de saludarla y fue recibida como amiga y líder política». El comunicado señala que Córdoba participó en actividades de varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

🚨 Al pueblo hondureño se comunica 🚨 pic.twitter.com/0MvzOhhx5z
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) May 26, 2022

En Honduras los asesores reciben salarios. En el pasado, algunos de los consejeros del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado por cargos de narcotráfico por EE. UU., se jactaban públicamente de los salarios que recibían. Fue el caso del político Marvin Ponce, quien llegó a confesar en el 2014 que su salario era de 80,000 lempiras.

En ese momento, mediante una solicitud de transparencia, el Gobierno reveló algunos de los nombres y salarios de los asesores presidenciales de Hernández.

En la planilla de salarios correspondiente al mes de mayo de 2022, publicada en el portal de transparencia de Casa Presidencial, únicamente aparecen dos figuras: la de un «asesor en telecomunicaciones», que recibe un sueldo base de 61,240 lempiras; y la de un «ministro asesor en promoción de inversiones», con un sueldo base de 72,666.67; pero estas categorías no contienen nombres de personas naturales y tampoco entran en la categoría de asesores presidenciales.

El actual Gobierno tiene problemas para mostrar signos de transparencia, sobre todo en la asignación de recursos a las instituciones encargadas de velar por esa finalidad. Algunos asuntos se han llegado a dirimir hasta en las redes sociales. Ejemplo de esto fue la grave denuncia del titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), el doctor Edmundo Orellana Mercado, quien el pasado 22 de junio denunció que existía un «boicot» en el presupuesto asignado para la STLCC, cuyo presupuesto estuvo congelado desde el 7 de abril, fecha de creación de la secretaría, impidiendo el pago de salarios a sus empleados y el cumplimiento de otras obligaciones financieras.

Denunciamos boicot contra STLCC. https://t.co/mX2sVlwT2V
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) June 22, 2022

El contenido de la denuncia es confuso, porque el comunicado también acusa a que existen «redes de corrupción del régimen que se resisten a abandonar el poder para impedir que se instale el sistema de transparencia propuesto en el Plan de Gobierno». Algo difícil de comprender porque la ministra de Finanzas es Rixi Moncada, una de las funcionarias más confiables para el Gobierno de Xiomara Castro.

Ante dicha denuncia, la Secretaría de Finanzas emitió un comunicado manifestando que la transferencia de 48.6 millones de lempiras debía haberse realizado el 15 de junio, pero que hubo «un problema técnico-informático» que provocó el retraso de la misma.

El Parque Nacional Jeannette Kawas se enfrenta a su desaparición. Blanca Jeannette Kawas, la primera defensora de este parque y por quien lleva su nombre, fue asesinada en 1995 por su lucha en contra de la palma africana que –desde entonces– amenazaba la biodiversidad de la zona. Aunque en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Honduras por su muerte e hizo recomendaciones para preservar este parque, los defensores que siguen el legado de Kawas se siguen enfrentando hoy a más peligros.

Por: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen

Palma, solo palma. En eso, muy pronto, puede convertirse el Parque Nacional Jeannette Kawas. Todo lo que sus defensores sienten que pueden hacer es documentar su desaparición ante la acelerada expansión de la palma africana usada para producir aceite. Revisan Google Earth a diario, apuntan en sus libretas las nuevas zonas deforestadas, organizan patrullajes en carro y en lancha, toman fotografías. Pero no hay nadie que pueda detener la palma.

«Mientras nosotros estamos hablando aquí, en el parque suenan las sierras cortando bosques para sembrar palma», dice Francois Legard, exregidor de la municipalidad de Tela y ahora miembro de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), una ONG local que coadministra el parque. Francois deja de hablar y pone su mano en el oído, como si al hacer ese gesto pudiera escuchar las sierras.

El parque, que comprende 782 kilómetros cuadrados de bosques de manglares, playas rocosas de arena blanca, arrecifes coralinos y lagunas, sobre la costa del Mar Caribe en el noroccidente de Honduras, es tanto un destino turístico atractivo como un espacio de conservación de flora y fauna en peligro de extinción.

El parque fue declarado como humedal de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar en 1995, mismo año en que se declaró como parque nacional. El parque Jeannette Kawas –antes conocido como Punta Sal– tiene uno de los ecosistemas de manglares mejor conservados del norte de Honduras, con cuatro especies de manglares que, además, son refugio para una amplia diversidad de especies acuáticas y terrestres. En su área marina se encuentra uno de los arrecifes de corales más saludable en Mesoamérica y que alberga al coral cuerno de alce, un ejemplar catalogado en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro crítico de extensión.

Tanto los corales como otras especies marinas son amenazadas por la palma africana. Según Prolansate, la palma impulsa la deforestación de los bosques para ampliar el monocultivo y la erosión de los suelos, debido tanto a los sedimentos que genera su cultivo como a la contaminación por descargas de basura y desechos químicos en las fuentes hídricas que están contaminando diariamente el mar y las lagunas.

La palma ha venido apareciendo dentro del área del parque Jeannette Kawas desde antes de que fuera declarada parque nacional en 1995. Fue sembrada después de pequeños incendios provocados para deforestar. En el parque existen unas 38 comunidades que suman 13,000 habitantes, en su mayoría ubicados en las zonas de amortiguamiento. Son comunidades que subsisten de la agricultura y la ganadería. De acuerdo al plan de manejo del parque, el 30 % de su área terrestre se utiliza para esas actividades, pero en los últimos 20 años han sido desplazadas por la palma que ofrece mejores ingresos, se puede cultivar en suelos húmedos, solo usa mano de obra por estaciones y presenta riesgos de pérdidas menores.

Algunas comunidades, sin embargo, que viven tanto en zona de amortiguamiento como en zona núcleo del parque, han utilizado tanto la ganadería como la agricultura para esconder la siembra de palma: usan sus ganados para recortar la maleza y luego siembran maíz, para ocultarle a los patrulleros que en medio han sembrado la palma.

El legado de la lucha de Jeannette Kawas

El parque nacional Jeannette Kawas lleva su nombre por la defensora Blanca Jeannette Kawas, que en 1992 logró que lo declararan como Parque Nacional bajo el nombre de Punta Sal. Kawas formó parte de la Asociación Hondureña de Ecología en Tela, que luego pasó a ser la Fundación Prolansate, luchó porque declararan como parque nacional a Punta Izopo y también logró que la Secretaría de Educación creara el bachillerato en Ecología y Medioambiente, que cerró pocos años después de su asesinato.

Kawas fue asesinada el seis de febrero de 1995 poco después de organizar una marcha en la ciudad de Tela. Kawas se encontraba trabajando junto a su asistente en su casa en el centro de la ciudad de Tela, en Atlántida, cuando dos hombres armados le dispararon en el cuello y murió de forma instatánea.

Desde 1990 hasta su asesinato en 1995, Kawas se opuso al asentamiento de familias campesinas dentro del parque y a los proyectos de explotación de la palma aceitera de la empresa Hondupalma. También se opuso a la explotación maderera a la empresa Plywood Atlántida S.A. y logró que les cancelaran un contrato de aprovechamiento del bosque. Días antes de su asesinato, Kawas se pronunciaba en contra del otorgamiento de 15,000 hectáreas de tierra del parque a la Unión Nacional de Campesinos y a Hondupalma.

En últimas, Kawas denunciaba hechos parecidos a los que ahora siguen ocurriendo en el parque: la contaminación de las lagunas, la entrega de territorios a proyectos turísticos y la depredación de los bosques para la siembra de palma aceitera.

En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sentenció al Estado de Honduras como responsable de su muerte. Se comprobó que almenos un agente del Estado participó en el asesinato, cuyo motivo fue el trabajo de defensa del ambiente realizado por Kawas.

En su sentencia la máxima instancia de derechos humanos de la región declaró que el asesinato de Kawas y la impunidad –al no haber sido resuelto– «han tenido un efecto amedrentador sobre las otras personas que se dedican a la defensa del medioambiente en Honduras o se encuentran vinculadas a ese tipo de causas».

Las instalaciones de la fundación Prolansate en el centro de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, se ubican frente a la casa en la que vivió Kawas y donde fue asesinada. La familia de Kawas les da el espacio para tener oficinas de forma gratuita, como una forma de darle vida al proyecto por el que Jeannette fue asesinada. «Creemos que cada día que se abre esa puerta es para mantener ese legado que ella nos dejó. No queremos dejarlo caer», cuenta su actual director Nelbin Bustamante.

«La recordamos desde su muerte y, si no hubiese sido por ella, no tendríamos ese parque. Ya no existiera porque se lo habrían repartido», dice Francois Legard, agregando que Prolansate es todo lo que queda de su lucha.

Después de 26 años del asesinato de Kawas, el parque está en peores condiciones y, según los miembros de Prolansate, está casi condenado a su desaparición por el acelerado crecimiento de la palma africana. Nelbin dice que en 2005 la palma aceitera había invadido un 5 % del parque, pero ahora esa cifra ronda entre el 20 % y 30 %, y mucha de esa palma invade la zona núcleo del parque.

Los parques nacionales en Honduras se dividen en zona núcleo –un sector que se busca conservar con mayor fuerza y por eso tiene una protección con más restricciones en los tipos de cultivos que pueden haber o en la entrega de ese territorio a proyectos extractivos– y la zona de amortiguamiento, que busca mitigar cualquier impacto en esa zona núcleo y que tiene menores restricciones.

Prolansate es comanejadora de este parque y se encarga, junto al Instituto de Conservación Forestal y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, dos entidades del gobierno nacional, de dirigir acciones en busca de la protección de sus recursos y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, las instituciones estatales, muy ausentes de lo que sucede en el parque, son quienes tienen la mayor autoridad sobre la zona.

El mismo plan de manejo del parque señala que la falta de fondos no permite que Prolansate tenga personal permanente y eso mismo limita la posibilidad de que el plan se cumpla. La fundación no tiene ningún tipo de autoridad para detener la palma, cuando la encuentran no pueden hacer más que apuntar que existe y amenazar a quienes la siembran con denunciarlos, aunque al final no pase nada. Honduras nunca ha procesado a ningún palmero por daños al medioambiente.

En 2016, el parque sufrió un incendio de aproximadamente 400 hectáreas, una parte en zona núcleo y otra en amortiguamiento. Prolansate descubrió que el motivo del incendio fue para sembrar palma. Nelbin cuenta que ni las Fuerzas Armadas de Honduras tuvieron la capacidad de controlar las llamas ese día y tuvieron que pedir apoyo a la base militar estadounidense en Palmerola, en el departamento de Comayagua, que, tras cuatro días, logró apagarlo con cuatro helicópteros.

El narcotráfico escondido entre la palma

«Hay intereses, dinero de por medio, políticos que tienen propiedades, militares. También hay narcotráfico dentro del parque, que nadie lo quiere decir, pero sí hay», cuenta Francois.

La palma aceitera no solo amenaza el parque por sus efectos ambientales. Al no requerir de mucho cuidado, las zonas de cultivo con frecuencia se encuentran sin mayor presencia de personas. Eso hace que un lugar tan escondido como el Parque Jeannette Kawas en el litoral atlántico, en medio de uno de los corredores más importantes de la droga desde Suramérica en camino hacia Estados Unidos, sea también propicio para el narcotráfico.

El 20 de mayo de 2020, en la comunidad de Río Tinto, que se encuentra dentro de la zona núcleo del parque, fue asesinado frente a sus hijos el líder garífuna Edwin Fernández. La comunidad garífuna –un grupo étnico descendiente de África con 225 años de existir en Honduras– había colocado un portón de seguridad como medida preventiva a la pandemia por COVID-19. Cuando decidieron no abrir después de cierta hora ni entregar la llave, según la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), un presunto grupo de narcos lo mató.

«Las comunidades garífunas desde hace años han venido siendo utilizadas como punto de desembarco de estupefacientes, dando lugar a hechos de violencia como represalia de los grupos de delincuentes que han controlado la costa norte de Honduras durante décadas, con una aparente complicidad de las autoridades», aseguró Ofraneh en un comunicado publicado días después del asesinato de Edwin.

En el departamento de Atlántida en los últimos siete años, la Policía Nacional de Honduras reportó haber detenido a 545 personas por tráfico de droga, 93 por facilitación del transporte para el tráfico de droga, 11 por facilitar locales y 559 por posesión de drogas.

El departamento de Atlántida es el segundo con mayor incidencia en homicidios, según datos del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) en su último boletín nacional en 2019. El municipio de Tela, donde se ubica el Parque Nacional Jeannette Kawas, está calificado con niveles intermedios de violencia, con 71 homicidios en 2019.

A Río Tinto solo se llega en lancha, tras un recorrido de una media hora a través del mar. Antes de llegar, las olas se calman y comienzan a mezclarse con las de una laguna verde. Las personas de la comunidad ven llegar la lancha de Prolansate con recelo, guardan las redes de pesca que podrían ser decomisadas –ya que hay prohibiciones sobre los tipos de redes permitidas para la pesca–, y fingen estar haciendo otra cosa.

En la lancha van Nelbin, otro compañero de Prolansate y un guardaparques que la conduce. En la entrada se ven otras lanchas amarradas en la orilla, todas sin motor. Nelbin explica que la comunidad ha decidido guardar los motores en sus casas después de varios robos y que sufre un aumento en la delincuencia desde que la alcaldía de Tela construyó una carretera que la conecta con el departamento de Puerto Cortés en 2008.

Los miembros de Prolansate dicen que han sufrido amenazas de parte de personas «que no andan en buenas cosas» por intentar poner límites a la venta de tierras o a los cultivos de palma. En algunas ocasiones las amenazas han sido leves, como que desconocidos los detengan en la calle y les digan que ya saben quiénes son y que tengan cuidado o que tienen cámaras para vigilarlos; pero en el caso de Francois, un día le mandaron a decir que si seguía involucrándose con la defensa del parque, terminaría como Kawas, desde entonces Francois ha bajado su perfil.

Cuenta también que han tenido información de que dentro del parque nacional Jeannette Kawas había propiedades que le pertenecían a Víctor Hugo «El Rojo», pero que nunca fueron confiscadas por la fiscalía hondureña. «El Rojo» es un narcotraficante testigo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de «Tony» Hernández, hermano del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de cárcel por narcotráfico a gran escala.

También añaden que durante el Gobierno del expresidente Hernández, quien fue extraditado el 21 de abril del 2022 a Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico, las comunidades comentaban que tanto él como su hermano Tony solían llegar con frecuencia a la zona en carros del Gobierno.

Corrupción en la titulación de tierras

La única actuación que ha llegado lejos sobre procesos en defensa del parque nacional fueron los requerimientos fiscales contra cuatro exempleados del Instituto de la Propiedad y otros 10 acusados que otorgaron ilegalmente propiedades dentro de la zona núcleo en 2011. Esto se dio tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que dio con el caso porque involucra a un grupo de personas vinculadas a casos de corrupción ligados al Gobierno del expresidente Hernández, específicamente a su hermana fallecida Hilda.

Sin embargo, los acusados están en libertad y no se ha dado siquiera una audiencia inicial porque el Juzgado del Circuito Anticorrupción se niega a seguir conociendo la causa, aduciendo que el caso se trata de un delito ambiental y no de corrupción.

La Uferco presentó en enero de 2022 requerimientos contra empleados del Instituto de la Propiedad que fueron acusados de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, por supuestamente adjudicar 66 millones de varas cuadradas de la zona núcleo del parque.

Tras el requerimiento contra 14 personas, la fiscalía ordenó el aseguramiento de 18 propiedades en la zona Ramal del Tigre, una parte dentro de zona núcleo del parque y otra en zona de amortiguamiento. Según las declaraciones de Prolansate, dichas propiedades tenían cultivos de palma o estaban en el proceso de siembra. De acuerdo con las investigaciones de la Uferco, la red se creó en 2011 y era integrada por funcionarios del Instituto de la Propiedad y de la Dirección General de Regulación Predial, entidad creada de forma temporal el 11 de enero del 2010, precisamente para la inscripción irregular de predios o tierras nacionales.

La Uferco dio con este caso al encontrar que Claudia Noriega Gonzales, excoordinadora del proyecto «La Cachureca» –por el que enfrentó un proceso judicial en el caso «Corrupción sobre ruedas»–, había recibido una donación de una de esas tierras entregadas ilegalmente. También fue acusada en el caso Hermes, que destapó una estructura de corrupción para el asistencialismo y el control mediático a través del pago a periodistas.

Francois Legard, de Prolansate, dice que la noticia de ese caso lo alegró y que llegó a creer que por fin harían una intervención en el parque: «Miré una luz en el túnel, y creo que si Jeannette Kawas hubiera estado aquí habríamos celebrado ese día, pero los soltaron. Esa palma debió haberse destruido, debieron intervenir el parque», se lamenta.

«Dos instituciones que debían cuidar el parque (el Instituto de Conservación Forestal y la Secretaría de medioambiente) lo que vieron fue como hacerse sus navidades; políticos, funcionarios, alcaldes», añade.

La palma que invade a gran escala

Tras la Reforma Agraria en los años 70, Honduras priorizó el cultivo de palma y los gobiernos la han impulsado como el modelo productivo más importante. Si en 2004 los cultivos de palma eran de 69,000 hectáreas, para 2021 el número casi se triplicó hasta las 198,000 hectáreas. El Gobierno de Hernández en 2014 aseguró que destinaría millonarios presupuestos para lograr duplicar los cultivos de palma.

Honduras es el tercer productor y exportador de aceite de palma africana en América Latina; en 2021 recaudó 500 millones de dólares en aproximadamente 480,000 toneladas métricas del producto, de acuerdo con declaraciones dadas a medios por la Asociación de Productores de Palma en Honduras.

Los defensores del parque saben que la razón detrás de tanto cultivo es que las ganancias y la posibilidad de apoyo para la siembra son más elevadas si se trata de palma, a diferencia de los cultivos de maíz o frijoles.

Pero, aunque la palma sembrada en el parque no pertenece a grandes corporaciones sino a pequeños agricultores, estos venden la fruta de palma por toneladas a las plantas de extracción y finalmente terminan en la materia prima que comercializan las grandes compañías de aceite de palma.

Además, en la mayor parte de las tierras adyacentes existen plantaciones de palma africana, según explica una ficha informativa Ramsar sobre el parque publicada en 2021. La información del sitio Ramsar señala que empresas como Grupo Jaremar–una empresa nacional cuyos socios son de origen nicaragüense, entre ellos René Carazo, José Gonzales Holdmann, Ernesto Fernández Holdmann y Alberto Chamorro– o las de capital nacional como Hondupalma, Palcasa, Corapsa y varios productores independientes, tienen plantaciones legales muy cerca de la zona del parque.

En ese informe, denuncian que el parque tiene un 20 % de cambios negativos desde la última vez que analizaron el sitio en la década de los 90. También aseguran que hubo modificaciones ecológicas en el área por el proyecto turístico Indura Beach Resort, así como enlos ecosistemas del área debido a la política de incentivos de producción agrícola con mayor énfasis en palma aceitera por parte del Gobierno de Honduras.

Nelbin y sus compañeros realizan patrullajes semanales en el parque, pero todo lo hacen con recursos propios de la organización, que vienen de donaciones extranjeras o de la pequeña cuota que recaudan a los turistas que visitan las playas de Punta Sal: 5 dólares para los extranjeros, poco más de un dólar para nacionales y menos de 50 centavos para estudiantes. El automóvil es antiguo y está muy dañado, la lancha se mueve con un motor que tiene menos capacidad de la que debería y la gasolina se consume rápidamente. Para un recorrido de tres horas en el mar y las lagunas, ocupan al menos 40 galones, unos 50 dólares, pero la fundación no tiene fondos más que para sobrevivir; así que cuando se ven sin fondos, o sea la mayor parte del tiempo,no hay patrullajes.

Cada tanto revisan a través de las imágenes aéreas de Google Earth los cambios que ven en el parque. Nelbin señala la pantalla y explica que unos puntitos parecidos a arbustos, verdes y bien organizados en la zona núcleo, son en realidad cultivo de palma. Ellos acuden a los lugares que ven deforestados o con siembras, apuntan en un GPS y toman fotografías con un dron que fue donado a la organización.

Prolansate dice que en la última década han puesto unas 50 denuncias en el Ministerio Público de Tela, pero estas no avanzan porque en Tela no hay un fiscal del medioambiente, a pesar de que existen cinco áreas protegidas en esa zona.

Contracorriente solicitó al Ministerio Público registros que indiquen denuncias sobre plantaciones de palma en el Parque Nacional Jeannette Kawas, la Fiscalía del Especial del Medioambiente contabiliza de 1995 a junio de 2022 un total de 16 denuncias. En cuanto a denuncias por delitos ambientales en todo el departamento de Atlántida, detallan haber recibido 620 denuncias de 2002 a 2022.

El nuevo Gobierno de Xiomara Castro –que asumió el poder en enero de 2022 ha prometido ser un defensor del ambiente y dedicarse a la recuperación de las áreas protegidas. En los primeros días de su gobierno, desde la Secretaría de Medioambiente realizaron un comunicado para declarar libre de explotación minera el territorio nacional, pero días después el ministro Lucky Medina aseguró que esa declaratoria tendría que esperar y trabajarían con las minas ya existentes para regularlas.

El Gobierno también había declarado que haría una intervención para frenar la deforestación e invasiones en la reserva de la Biosfera del Río Plátano –ubicada en el oriente del país y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco–, así como la destrucción de una carretera que se construyó ilegalmente en esta zona y que días después decidieron dejar y utilizar.

Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, explicó a Contracorriente que las áreas protegidas de Honduras las recibió su secretaría con altos niveles de degradación: «Las han tenido abandonadas y con poco apoyo presupuestario. Son altamente amenazadas porque han sido tituladas y porque tienen riquezas ecológicas, lo que se traduce en mucha presión de parte de las industrias con grandes presiones para nuevos cultivos, sobre todo monocultivos, o para urbanizaciones que afectan en menos áreas», dijo.

Medina afirma que es difícil actuar en delitos ambientales porque esa no es competencia de la secretaría, sino del Ministerio Público, por lo que desde el Gobierno la propuesta es un plan de reforestación que costará 725 millones de lempiras (unos 29 millones de dólares) y que involucrará a todas las secretarías.

Malcolm Stufkens, actual viceministro de medioambiente, añade que el problema en el Parque Jeannette Kawas con la palma son «los dragados y por eso se está perdiendo un montón de la zona marino-costera», aunque no detalla de qué forma podrían hacerlo. En su visión, la Secretaría debe aportar a detener esa frontera agrícola: «Hay que detener el crecimiento de la palma y, la que ya existe, regularla, tecnificarla, porque la que existe debe entrar en certificación para que sea viable», dijo.

La palma para exportación debe certificarse bajo la Mesa Redonda de la Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca reducir los impactos negativos del cultivo de aceite de palma y garantizar que no llega aceite fruto de la deforestación a mercados como Europa. Sin esa certificación, en todo caso, los productores pueden vender la palma localmente.

Contracorriente contactó a Hondupalma, la tercera empresa procesadora de aceite de palma en Honduras en conseguir un certificado RSPO, para conocer sobre este proceso y cómo se aseguran de no recibir palma de áreas protegidas, pero al cierre de este reportaje no habían respondido a la solicitud.

En declaraciones a medios de 2016, Hondupalma aseguraba no recibir fruto de palma de intermediarios y que aunque el 30 % de sus productores eran independientes y no cooperativas, se encargaban de visitar las plantaciones y asignarles un código al verificar que no afectaran zonas protegidas.

Nelbin explica que lo que ocurre con la palma del parque es una especie de «lavado» para lograr la venta del aceite de palma. Las grandes empresas de palma tienen que certificarse para asegurar que no dañan el ambiente en su proceso de obtención del aceite, sin embargo, para él, «no hay un verdadero chequeo para asegurarse que esa palma no viene de una zona núcleo. La gente que tiene plantaciones en zona núcleo supuestamente no puede venderla, pero el que tiene el código sí, entonces uno se la vende al otro y así la llevan al centro de acopio y la llevan a la extractora», explica Nelbin.

Nelbin cuenta haber seguido un caso de siembra en la zona núcleo en el que un dueño aseguraba tener un documento de certificación de una planta extractora. Pero cuando fueron a la planta, asegura, encontraron que ese permiso se había otorgado para otro sitio y que nadie había hecho una verificación de esas certificaciones. «El señor dijo que no seguiría, pero hace un mes que se hizo la gira y el señor sigue sembrando más palma y tiene palma pequeña para sembrar más», dice Nelbin.

Este defensor agrega que no ha tenido ningún acercamiento con el nuevo Gobierno y que actualmente Prolansate solo tiene cuatro guardabosques para cubrir el parque, pero que también ellos deben cuidar el Parque Nacional Punta Izopo, Lancetilla y Cuero Salado, así como el Refugio Marino Bahía de Tela. Si eso ya era demasiado trabajo y con pocos recursos, el fideicomiso del que recibían fondos estatales fue eliminado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, junto a 18 fideicomisos más. Esto significa que, para julio, Prolansate posiblemente ya no tendrá capacidad de seguir protegiendo estas zonas.

Antal Borcsok, dueño del acuario Tela Marine y representante de la cámara de Turismo de Tela, explica que el problema de la palma son la cantidad de incentivos que hay para su cultivo. «Si usted quiere sembrar, consigue palma prácticamente gratis en la fábrica, le dan asesoría para sembrarla y para poder darle mantenimiento. Tres años después ganará unos 30,000 o 40,000 lempiras al mes (entre 1200 y 1600 dólares) por unas manzanas. No tuvo que sacar ningún permiso, no le costó casi nada, más que el trabajo que fue a hacer. La licencia ambiental para este negocio son como 260 mil lempiras (10,400 dólares). ¿Para sembrar palma aquí mismo? Cero, y estamos fuera del parque», cuenta.

Borcsok añade que cuando se hacen legislaciones para prohibir las plantaciones de palma aceitera dentro de áreas protegidas pero no hay penalidades fuertes para eso que prohibieron, entonces no sirve de nada. «Y tampoco sirven las penalidades si no tenemos el recurso humano con policías y militares, ni recurso logístico como helicópteros y carros para poder tomar acción en el parque», explica.

Tela Marine es un acuario gratuito en el que han recolectado corales y especies de peces de toda la Bahía de Tela. Antal dice que no cobra la entrada porque espera que con su proyecto las personas que viven en Tela puedan acercarse más a conocer y se interesen más en la defensa del medioambiente. En la entrada de Tela Marine cuelga el esqueleto de una ballena de aleta azul que en 2018 llegó a vivir sus últimos tres meses de vida en la Bahía de Tela. La ballena fue llamada «La Gran Berta» en honor a la ambientalista hondureña Berta Caceres, asesinada en 2016.

El impacto de la actividad palmera no se limita a los ecosistemas terrestres, sino también a los marino costeros y arrecifes coralinos. Sobeida Núñez, directora de Amigos de los Arrecifes de Tela (Amatela), añade: «Ellos se conectan al parque a través de lo marino, cambia todo el sistema porque los manglares filtran el agua y sin ellos todo llega con más fuerza al mar. También los sedimentos de la deforestación van a dar a los arrecifes y se dañan».

Núñez explica que es difícil defender áreas protegidas en Honduras, especialmente al tratar con comunidades que solo buscan subsistir. «Por ejemplo, mucha gente cree que cuando patrullamos llegamos a quitarles su alimento, pero no ven que también uno está cuidando su futuro», explica. La solución, cree ella, está en lograr acuerdos con las comunidades en las que tanto la naturaleza como las personas puedan convivir.

Un mega complejo turístico que dañó los ecosistemas

Dentro del parque existe un conflicto de tierras que se agudizó con el despojo de comunidades garífunas que históricamente habían vivido en la zona de amortiguamiento del parque Jeannette Kawas, para la construcción del proyecto turistico Indura Beach Resort. Hay dos sentencias de la Corte-IDH a favor de comunidades garífunas. En 2014 se intentó despojar a la comunidad de Triunfo de la Cruz para ampliar la construcción del proyecto turístico Indura, a cargo de grandes empresarios de Honduras. De acuerdo a estudios en la zona por una delegación del Sitio Ramsar, la construcción de este complejo afectó los ecosistemas de estos manglares.

Indura se creó con una inversión de 116 millones de dólares tras una alianza entre el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT), que es dueño del 51 % de las acciones, y el Estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), con el 49 %. Y fue inaugurado en 2014 durante el Gobierno de Porfirio Lobo. Entre los dueños del proyecto figuran Camilo y Pedro Atala, miembros de una de las familias empresariales más adineradas de Honduras y también relacionada con la polémica presa de Agua Zarca, contra la que protestaba la reconocida líder indígena Berta Cáceres antes de su asesinato. Actualmente, Indura también forma parte de la cartelera de hoteles de la marca Curio, de Hilton Worldwide.

Indura Beach Resort se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del parque, pero está muy cerca de la zona núcleo, y obtuvo todos los permisos después de que fuese declarado proyecto de prioridad nacional. Una comisión de la convención Ramsar llegó a Honduras para analizarlo y recomendó no construirlo porque tendría un impacto severo en el manglar. El proyecto, sin embargo, siguió adelante.

«Durante su construcción, los jaguares andaban como locos cuando escuchaban las volquetas. Se pensó que traería beneficio para la comunidad, nos vendieron la idea con hoteles cinco estrellas y que todos íbamos a trabajar, a generar empleos a los garífunas, a levantar el turismo y no fue nada de eso» dice Francois Legard, explicando que, cuando él era regidor, la alcaldía estaba de acuerdo con ese proyecto, aunque al final no benefició a Tela.

El proyecto también es parte de un conflicto con los garífunas, porque incomunicó a comunidades que se conectaban a través de la playa, y también intentó despojar a la comunidad Triunfo de la Cruz de sus tierras para expandirse. Esa comunidad sufrió en julio de 2021 la desaparición forzada de cuatro pobladores, entre ellos el presidente del patronato.

César Benedith, presidente actual del patronato Triunfo de la Cruz, explica que para las comunidades garífunas ese tipo de megaproyectos turísticos han significado mucho sufrimiento y abandono: «A pesar de que tenemos más de 250 años en Honduras, mucha gente nos quiere tratar como extranjeros y esto pasa especialmente cuando defendemos nuestros espacios, nuestro territorio –dice—. Ahora esa zona donde están esos hoteles es donde estaban los cocos, árboles frutales y con eso nuestras familias se ayudaban, eran espacios abiertos».

Para Francois Legard, con el proyecto Indura no se midió el impacto real que tendría, especialmente el relleno de los humedales para su construcción. «Ahora usted mira una ciudad que apenas llueve un poco y se inunda, lógicamente todo el manglar que antes era una especie de esponja está rellenado, entonces hay un impacto en el momento de las lluvias», dice.

El proyecto estaba incluido en el plan maestro de la Bahía de Tela y era una esperanza para mucha gente porque prometía empleo y desarrollo sostenible en una zona empobrecida. Nelbin Bustamante cuenta que el negocio no fue el hotel sino la venta de villas privadas: construyeron 120 habitaciones de las cuales 60 ya están vendidas. «Quieren hacer viviendas y piscinas, pero se les solicita que hagan un nuevo licenciamiento porque fue en 2006. Pasaron16 años ya, pero ellos dicen que no», añade.

Bustamante explica que a Prolansate no la toman en cuenta en las decisiones de Indura; y recuerda que en 2007 habían llegado a un acuerdo en el que Indura proveería los salarios de 10 guardaparques, que en aquel momento sumaban 5,000 dólares mensuales, pero que en un punto dejaron de darlo completo, hasta que en 2016 se retiraron y les quedaron adeudando 98,000 dólares. Cuando denunciaron ante la Secretaría de Recursos Humanos y Ambiente de ese entonces, les respondieron que ese era un pago opcional, aunque el trato estaba contemplado como una medida para mitigar el impacto ambiental del proyecto.

Contracorriente contactó a Indura Beach Resort a través de un correo electrónico para conocer su versión de esta información, pero al cierre de este texto no habían contestado la comunicación.

Ahora, aunque el complejo Indura esté dentro del parque, los miembros de Prolansate no pueden ingresar a las instalaciones a menos que vayan con la fiscalía. Para algunas comunidades esa primera relación que tuvo Prolansate con Indura fue conflictiva.

Francois explica que a veces la comunidad culpa a la fundación por la quema o porque no hacen nada, «pero la fundación solo puede denunciar. Los entes que deben actuar como el Instituto de Conservación Forestal, la fiscalía, Mi Ambiente (La Secretaría de Ambiente) son quienes no hacen nada. Se han prestado durante décadas para la destrucción, para la titulación del parque».

Para él, y también para los demás defensores del parque nacional dedicado a una de las líderes ambientales más emblemáticas del país centroamericano, la única salida es la destrucción de la palma existente y garantizar los recursos suficientes para monitorear de manera sistemática que no haya nuevos frentes de deforestación. Esa es, en su opinión, la única manera de enfrentarse contra el monstruo de mil cabezas. Porque, como dice Legard, «¿quién no quiere un pedazo dentro del Parque Jeannette Kawas?».

A trece años del golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), el escritor Julio Escoto, analista y destacado miembro de la resistencia contra el golpe, dice que es importante que el Gobierno actual comience un proceso de democratización sin caer en la retórica de izquierda de los años 40, ni caer en la forma –común– de hacer política con promesas que no se pueden cumplir.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera

El martes 28 de junio de 2022, justo en el cumplimiento de los 13 años del golpe de Estado, el exministro de la presidencia Enrique Flores Lanza, nuevo asesor presidencial de Xiomara Castro, abrió el foro «Una nueva Constitución democrática para que los hechos no se repitan» en Casa Presidencial. Este foro también contó con la presencia del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el excanciller venezolano Jorge Arreaza y el diplomático cubano Juan Carlos Hernández, quienes acuerparon a la presidenta Xiomara Castro. Esta vez, algo no muy usual en protocolos del Estado, la presidenta se mostró a la par de su esposo, el expresidente y ahora asesor presidencial José Manuel Zelaya.

Ahora que el partido político que salió de la resistencia contra el golpe de Estado se ha convertido en Gobierno, es importante que se posicione y se empodere para realizar cambios a largo plazo, como crear una nueva constitución, según dijo en entrevista con Contracorriente (CC) el escritor Julio Escoto (JE): «Ella tiene que agarrar fuerza, establecerse, empoderarse, para luego proponer una idea si no es de constituyente por lo menos de una consulta popular. Usted puede comenzar con consultas parciales, ¿qué opina el pueblo si hacemos tal cosa?, ahí va educando a la población, pero eso no lo puede hacer ahorita, imposible con la correlación de fuerzas que hay, que es medio conservadora y es medio de izquierda. Lastimosamente hay dentro de sus cuadros gente que todavía piensa en la izquierda de la época de los años 40», dijo el novelista, ensayista, cuentista y crítico literario, quien también forma parte del Tribunal de honor del Partido Libertad y Refundación (Libre) e integra el Consejo de Dirección del periódico gubernamental “Poder Popular”, recién creado por el Gobierno de Xiomara Castro.

CC: Hoy se cumplen 13 años desde el golpe de Estado de 2009, ¿cómo se puede definir esa ruptura del orden constitucional en el país?

JE. Hay varios niveles en que se puede definir. Uno, el que es más inmediato de comprender, fue la ruptura de la democracia. Un atentado al desarrollo social, político y cultural de Honduras por cuanto se interrumpió una serie importante de factores de avances en el desarrollo y, además de ello, pues un abuso de poder y de represión, ya que hubo muertos, cantidad enorme de personas gaseadas. En fin, toda esa violencia hacia las manifestaciones que conocimos durante los seis o nueve días después del golpe de Estado. Pero hay otros elementos, uno de ellos es que esto dio origen a una dictadura de narcotraficantes por 12 años en el país, cosa que no se esperaba con el golpe de Estado. Pero ese golpe le dio fuerza precisamente a esas organizaciones y las empujó a conquistar el poder lo más pronto posible, porque vieron que si se pudo dar un golpe con casi total impunidad, ellos podían ocupar el poder de manera pacífica con igual impunidad. Además de eso, hubo muchas personas que sufrieron, tuvieron que irse al exilio, otros fueron asesinados, otros tuvieron que separarse de sus familias por razón de persecución política.

CC: Y tras una década con protestas, ingobernabilidad y con un gobierno autocrático liderado por el Partido Nacional, ¿hay alguna lección o un mensaje que esto haya dejado a los grupos de poder, a los militares, a quienes propiciaron y ejecutaron el golpe?

JE: Decía mi padre, en mis tiempos de adolescente, que este pueblo era inesperado porque aguantaba, sufría, pero que un día se levantaba y le daba vuelta a todo. Y yo lo creí y lo temí durante mucho tiempo. Debo ser honesto que en estos 10 años yo tenía todas mis dudas, porque miraba en las reacciones al golpe de Estado mucho silencio, mucha pasividad, nada de lucha para conquistar la democracia. Entonces me dije, realmente ese pueblo del que mi padre hablaba como que fue cambiado, como que fue castrado por el general Carías, Juan Orlando Hernández y los militares en los años 60 y 70; pero me llevé una bella lección, la bella sorpresa de que sí, que este es un pueblo que efectivamente le da vuelta a las cosas, pero no como mi padre creía que era a través de la violencia, a través de una guerrilla, del monte, ir a pelear con armas contra los soldados y la Policía, sino que el pueblo entendió que podía hacer los cambios si se lo permitían en forma pacífica por medio del voto.

Otra lección, que yo espero que sean lo suficientemente inteligentes para entenderla los conservadores y los militares, que son lo mismo en cuanto a conservadores que son, es que no se puede jugar permanentemente con la voluntad de un pueblo y sobre todo que no se debe ser tan cruel y tan falto de humanismo de robar todo aquello que pertenece a una comunidad. ¿Cómo es posible todo lo que se está descubriendo ahora?, los desfalcos, el abuso, la evasión, el robo, fondos de recursos que estaban destinados para construirle casas a las personas que sufrieron en ETA y IOTA, se robaron ese dinero. Uno se pregunta, ¿cómo fue eso factible?, ¿qué clase de gente son esas?

No sé si han aprendido la lección, pero por lo menos les ha de quedar alguna duda de que puedan volverlo a hacer. No sabemos qué va a pasar en estos próximos años, apenas está comenzando el gobierno de cambio, en este caso de Libre, pero puede ser que el desarrollo mental de la población lleve en algún momento, quizá, no lo sabemos todavía, a solicitar una Constituyente y que se elimine el Ejército, eso puede suceder perfectamente.

CC: ¿Cómo ve a la juventud de este país, es decir, a los jóvenes que eran unos niños cuando sucedió el golpe?

JE: Sí, efectivamente los que tienen la experiencia del golpe apenas estaban comenzando a asistir al conocimiento de la vida en ese momento. Entonces, de parte de ellos, probablemente haya una memoria dolorosa, una huella, una cicatriz, que les va a continuar doliendo durante el resto de la vida y oportunamente ojalá que se la enseñen a sus hijos para que eso no vuelva a ocurrir en el país. Pero Honduras tiene ahora cada vez un mayor número de estudiantes, maestros, profesionales, y eso también trae en algún nivel madurez. Son muy pocos los pueblos que van creciendo en profesionales que no crezcan también en madurez. Entonces mi sueño es que esta gente, aparte de la formación que han tenido, tenga también una formación ética y una formación política que les impida volver a votar por los pícaros. Yo creo que se ha creado una conciencia política, quizá muy sutil, muy débil, pero creo que ya existe, si usted le pregunta en este momento a cualquier joven si quiere que regrese Juan Orlando Hernández, la respuesta va a ser inmediatamente que no. Entonces eso ya quedó en el cerebro de ellos, es la ganancia.

CC: ¿Hay alguna autocrítica que deban hacerse los actores políticos que sufrieron el golpe?

JE: Sí, absolutamente. Por ejemplo, los días previos al golpe hubo mucha actuación sobre todo de las fuerzas populares, muy impulsivas; lo que en otros países –de climas más fríos– se realiza por negociación, aquí se realiza por la fuerza. Usted recuerda que el embajador de los Estados Unidos en ese momento convocó en el 2009, en junio, a cuatro reuniones para que pudieran negociar, discutir y para que no ocurriera el golpe de Estado que ya se miraba venir. Pero las fuerzas fueron incapaces de negociar y de llegar a un acuerdo. Y los acuerdos siempre exigen un sacrificio y siempre hay una ganancia de todas maneras, pero ninguno quería dar ninguna parte de su ganancia. Entonces hay esa experiencia, existe esa experiencia, y desde luego que esos actores tienen que replantearse a ellos mismos ¿qué fue lo que hicimos mal?, para que no se vuelva a repetir, ¿en dónde actuamos más por ideología que por la política?, por ejemplo, cosas como estas, la reflexión, la meditación.

CC: Justo después del golpe de Estado, en Honduras se creó el Frente Nacional de Resistencia Popular, ¿qué importancia tuvo este movimiento dentro del contexto político en el que nos encontrábamos en ese momento?

JE: Enorme. Impulsó, motivó, codirigió o dirigió plenamente con los maestros las manifestaciones en contra del golpe que nos dieron una imagen positiva en el plano internacional o sea que la gente se dio cuenta de que este país no estaba de acuerdo con el golpe, que iba a las calles, que protestaba y que quería cambiar la situación.

CC: Cuando sucedió el golpe en Honduras, la izquierda en América Latina parecía robustecer con liderazgos como Hugo Chávez. Hoy volvemos nuevamente a tener gobiernos de izquierda en la región –salvo algunas excepciones– y con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador en México. En ese sentido, ¿cómo podemos ubicar a la presidenta Xiomara Castro, quien comparte un contexto difícil con países vecinos como Nicaragua, El Salvador y Guatemala?

JE: El de Xiomara yo lo califico como un gobierno de izquierda moderada. Es decir, una izquierda que no se puede llamar izquierda socialista o el socialismo del Siglo XXI porque ni el mismo Chávez alcanzó a lograrlo. Sin embargo, si la presidenta o su equipo de trabajo establece un programa en donde buscan los deterioros y defectos mayores que hay en la sociedad hondureña y apuntan a desarrollarlos, eso es de izquierda. Porque no es como el neoliberalismo conservador de derecha, que buscaba vender al país, desintegrarlo e hipotecarlo. Si ella continúa manteniendo relaciones con muchos países, creo que también va a encontrar un nivel de aceptación bastante amplio, pero recuerde que apenas está empezando. Solo una persona ingenua, o incluso tonta, declara de un solo golpe cuáles son sus intenciones totales. Un buen político no lo hace. Ella tiene que agarrar fuerza para atreverse, por ejemplo, en el segundo año, quizás hasta en el tercer año, proponer que cambiemos a Taiwán por China Continental. Ahorita no lo puede hacer, tendría no solo rechazo, sino incomprensión. Ella tiene que agarrar fuerza, establecerse, empoderarse, para luego proponer una idea si no es de Constituyente por lo menos de una Consulta Popular. Usted puede comenzar con consultas parciales, ¿qué opina el pueblo si hacemos tal cosa?, ahí va educando a la población, pero eso no lo puede hacer ahorita, imposible, con la correlación de fuerzas que hay que es medio conservadora y es medio de izquierda; pero me parece inteligente que ella no pase más allá de decir socialista, entonces ella no se está calificando y, desde luego, (tal vez aquí voy a hablar más de la cuenta) lastimosamente hay dentro de sus cuadros gente que todavía piensa en la izquierda de la época de los años 40.

Una vez fui a un seminario sobre asuntos políticos dentro de Libre en Tegucigalpa, y en cierto momento yo pregunté: «¿Quiénes de ustedes todavía creen en la dictadura del proletariado?». ¡Y hubo tres personas que levantaron la mano! ¡Y lo peor de todo es que eran de los más importantes del partido! Yo dije, pero cómo es posible que puedan creer en eso todavía, si eso es un credo que ya desapareció, es imposible, además peor con una vanguardia de izquierda, que es la que manda… ¿Quién de ustedes puede creer que se va a eliminar la moneda?, que se va a eliminar la religión, que se va a terminar la propiedad privada, eso es imposible, en la actualidad no puede ocurrir; sin embargo, había gente que lo creía. Entonces hay que ver cuántos de estos la pueden estar empujando a ella para que se apure a hablar, a mover la boca y a declarar más de la cuenta; o por el contrario, unos cuantos que le aconsejan «vamos con calma, espérese», mejor construyamos el piso, las paredes y cuando estemos listos le ponemos el techo. Ojalá que eso ocurra.

CC: ¿A qué valores democráticos le debe apostar la presidenta Xiomara Castro?

JE: Básicamente a los del respeto al ser humano. Ahí lo dice todo absolutamente. No hay ninguna ética que no se afiance en el respeto al voto. Es como la piedra central, como una piedra filosofal, de toda una estructura ideológica. Pero claro, de ahí se derivan una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, el respeto al ser humano comprende de inmediato tener una comisión o el consejo nacional de educación que esté trabajando en el nuevo proyecto de sistema educativo de Honduras para el año 2025 en adelante; tienen que haber proyectos que permitan utilizar los medios, la radio, la televisión y el internet para educar. El otro caso es la utilización de los recursos naturales para generar más riqueza y generar más empleo.

CC: ¿Qué riesgos corre el actual Gobierno tanto interna como externamente?

JE: Fíjese que yo no lo veo muy intenso, porque doña Xiomara está manteniendo una política, llamémosle solamente simpática, no más allá, una política simpática con el gobierno norteamericano. Por ejemplo, ha recibido a la nueva embajadora con mucha alegría y con café, pero al mismo tiempo no quiso ir a la Cumbre de las Américas. Está, así como revisando lo que hace un buen político, en un «estira y encoge» en cuanto a su relación con otras naciones, sobre todo con naciones impositivas, potenciales y poderosas como lo es Estados Unidos. Entonces si ella mantiene ese juego, puede ganar mucho respeto, puede ganar amigos.

CC: Pero, ¿existe un riesgo interno en el Gobierno por el amplio protagonismo del expresidente Zelaya, de sus hijos y de varios de sus exfuncionarios que se desempeñaron en el Gobierno del Poder Ciudadano entre el 2006 y 2009, quienes ahora están nuevamente en el poder?

JE: Honestamente no veo una amenaza por esa parte, porque es supuesto que todos ellos están encaminados dentro de una misma posición política, incluso dentro de una misma formación ideológica. Aparte de eso, tienen un enorme compromiso con la historia y están obligados a quedar bien o van a ser totalmente repudiados por el resto de los tiempos. Yo vería más un riesgo, un peligro, en el pensamiento conservador hondureño; es decir, que va desde los individuos que no tienen una formación cultural, que nos permita analizar con cuidado, o los ultraconservadores, que están mayormente en el Partido Nacional y que quieren, desde luego –y es lógico–, regresar al poder para hacer lo mismo que hicieron durante estos últimos 12 años. Ahí es donde veo el peligro mayor.

Habría otro peligro –que es un poco aleatorio, que no sabemos si puede ocurrir–, que sería la incomodidad de la población si el Gobierno actual de Libre no cumple con las esperanzas y las expectativas, porque entonces creo yo que la gente sí se va a rebelar; va a salir incluso a las calles a protestar si es que de aquí a año y medio no hay avances significativos en la solución de las necesidades del país.

CC: Se desarrolló el foro «Una nueva Constitución democrática para que los hechos no se repitan», moderado por Enrique Flores Lanza, que se ha presentado como asesor presidencial junto al expresidente Zelaya, también asesor presidencial. El tema de una Asamblea Nacional Constituyente despierta muchas crispaciones en Honduras. ¿Usted cómo ve este tema?, que está dentro de los estatutos del partido Libre.

JE: Sí, definitivamente está. Yo lo veo absolutamente necesario. Porque hay ciertos elementos dentro del cuadro jurídico y cuadro constitucional del país que necesitan ser modificados. Por ejemplo: los artículos pétreos, una de las reacciones más interesantes fue la del expresidente Óscar Arias (de Costa Rica), quien dijo que cómo era posible que un Congreso Constituyente se atreva a prohibirle a un pueblo cosas. La Constituyente es para facilitar y no es para prohibir cosas, los artículos pétreos tienen que ser verificados de alguna manera; tiene que regularse si hay o no reelección, y, si la hay, debe establecerse si es inmediata o alterna. De todo eso el pueblo tiene que opinar, estudiarlo, tiene que haber un plebiscito antes de la Constituyente. Tiene que regularse todavía más el poder de las Fuerzas Armadas, después de la Constitución del 82 no cambiaron nada, ellos siguieron mandando, en Honduras hubo democracia tutelada por los militares, eso fue un error terrible, enorme, que se dejó hacer eso, eso tiene que cambiar; tiene que cambiarse las estipulaciones para escoger a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía e incluso, si el pueblo quiere hacerlo, reducir el número de diputados, cosas como estas tienen que reescribirse. Además, los pueblos que son inteligentes tienen que hacer cambios en su estructura cada 20, 30 o 40 años. Lo hacen los países europeos o lo hicieron algunos con mucha sabiduría hace 20 o 30 años, y no necesitan hacerlo de inmediato. Los Estados Unidos lo hacen mediante las llamadas enmiendas, no modifican la constitución directamente, pero le van agregando cosas y eso es lo que llaman enmiendas.

Pero, ¿cuál es el camino para llegar a realizarla? Esa es la parte más delicada, ¿cómo explicarle a la gente por qué es buena una Constituyente? Cómo diseñar la elección de esa Constituyente, es la parte más delicada de todo, ¿van a ir solo los partidos políticos?, ¿van a ir los sindicatos?, ¿los gremios? Las iglesias no pueden, porque la Constitución lo prohíbe. Pero¿van a ir médicos? Si van obreros, deben ir médicos a la Constituyente. Entonces todo eso es interesantísimo como proceso político. Pero en este momento no es realizable, tiene que haber una labor de educación a largo plazo, una campaña en donde se le diga a la gente, como se hizo para la Cuarta Urna, que –recuerde usted– había spots publicitarios muy bien trabajados que convencieron a mucha gente definitivamente. Convencieron a mucha gente porque efectivamente la Constituyente es una necesidad. En este momento, no; doña Xiomara tiene que empoderarse, pero quizás al segundo o tercer año ella quizá pueda hablar de otros temas, en este momento no es conveniente –ni político– que lo haga.

En medio de acciones cuestionables atribuidas a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), cuya administración pasó de manos del Ejército a la Policía Nacional y que se vio involucrada en el caso de la muerte de Wilson Pérez, un aficionado del Club Real España, señalado por la Policía de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la discusión sobre seguridad pública se llevó a redes sociales y se encendieron algunas alarmas después de que la viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, planteó en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Honduras debería adoptar el «Plan de control territorial» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, se debatió sobre este tema.

Texto: Jorge Paz Reyes
Fotografía: Jorge Cabrera

La reanudación de los operativos por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en las calles de Tegucigalpa, sumado al asesinato del barrista Wilson Pérez en un presunto enfrentamiento entre pandilleros y miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) en San Pedro Sula, pintan una imagen de la seguridad pública sombría e incierta en Honduras.

El nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro prometió una estrategia diferente a la del expresidente Juan Orlando Hernández, quien le apostó a la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, la promesa de desmilitarizar y promover una «Policía Comunitaria» aún no se cumple. La incidencia de crímenes de alto impacto y extorsiones continúa estremeciendo a la sociedad y esto ha llevado al pueblo Hondureño a exigir un plan de seguridad pública nuevo y eficaz.

La PMOP fue creada cuando Juan Orlando Hernández fue presidente del Congreso Nacional (2010-2014). Esta semana, según recoge Radio Progreso, el actual secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, indicó que la PMOP no desaparecerá sino que será reorientada a «realizar tareas de lucha frontal contra el narcotráfico».

En El Salvador, a dos años de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera por la fuerza en las instalaciones de la Asamblea Legislativa acompañado de un grupo de soldados armados para exigir la aprobación de un préstamo millonario para el «Plan de control territorial», eje central de su estrategia de seguridad, la historia del crimen organizado y la seguridad ciudadana en El Salvador ha tomado un giro radical. Al «Plan Control Territorial» –que permanece secreto– le atribuyen la aparente reducción de homicidios en los últimos meses. Mayo se presentó como el mes más seguro en los recientes años con 17 homicidios en 31 días y se han registrado varios periodos de días continuos con cero homicidios.

En el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, en donde se comparten problemas similares en seguridad, el Plan Control Territorial en El Salvador asombra a muchos que ven la estrategia de mano dura y militarismo del presidente Bukele como una vía viable hacia la paz. En Honduras, la situación actual de crimen pone a El Salvador como un claro ejemplo de cambio, y muchos se preguntan: ¿y por qué aquí no?

La subsecretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, compartió un video apologético que enumera los logros en seguridad del Gobierno de Nayib Bukele y tuiteó: «¿Cómo contrarrestar la violencia en Honduras? Cómo lograrlo en un país que se transformó en un NarcoEstado? El respeto a ddhh es fundamental. ¿Qué podemos aprender de los hermanos salvadoreños? Revisemos el Plan Control Territorial y Adaptemos +».

¿Cuál es el secreto del Plan Control Territorial?

A simple vista, el Plan Control Territorial parece tener una estrategia única, que ha conseguido consolidar una tranquilidad absoluta en las calles de El Salvador. Sin embargo, la efectividad de Bukele y su estrategia anti mara y pandillas no parece ser tan extraordinaria.

Carlos Martinez, periodista del periodico El Faro y quien reveló la verdad del plan de seguridad de Bukele que involucra una fallida negociación con pandillas, explica que en realidad el Plan Control Territorial no tiene nada sorprendente. Desde que el presidente Bukele anunció su plan de seguridad en 2019, lo único que compartió fue el nombre y pocos datos más. El mandatario afirmó que el plan tenía que permanecer clasificado –el 90% debería mantenerse secreto, ya que ello dependía si funcionaba o no.

«Oficialmente los Salvadoreños no conocemos ese plan (Control Territorial), simplemente el presidente le atribuyó la impresionante reducción de homicidios desde su llegada», explicó Martinez en el Twitter Space.

Sin embargo, cuando el plan se filtró, periodistas y expertos políticos salvadoreños rápidamente se dieron cuenta de que el Plan Control Territorial no tenía ninguna diferencia sustancial con los planes de seguridad de administraciones anteriores. «No tiene componentes extraordinarios», expresó Martinez, quien explica que no había nada en el documento obtenido que indicara una estrategia única contra la violencia de maras y pandillas.

Entonces, ¿qué es lo que está marcando la diferencia en la reducción de homicidios? Para Carlos Martínez el secreto del aparente éxito excepcional del Plan Control Territorial es que dentro del secreto hay otro secreto. Periodistas salvadoreños, como Martínez, descubrieron que, desde la llegada de Bukele a la alcaldía de San Salvador, el presidente mantiene «canales de diálogo y negociación con las pandillas, la mara salvatrucha y la pandilla 18».

En una investigación más profunda, Martinez explicó que el periódico El Faro logró conseguir los detalles de las negociaciones entre las maras y el Gobierno. Entre las negociaciones se conoce que el Gobierno prometió el acceso de agentes criminales a cárceles de máxima seguridad para sostener reuniones con miembros de maras y la liberación de alto líderes –como el líder Elmer Canales Rivera, alias Crook, de la mara salvatrucha– a cambio de mantener un perfil bajo, un número de asesinatos bajos y la movilización de bases y familias para apoyo electoral.

«La reducción sostenida de asesinatos se debe a componendas y acuerdos secretos con estas organizaciones criminales como la mara salvatrucha y la pandilla 18», concluyó Martínez.

¿Por qué la ola de arrestos?

Las negociaciones detrás de la estrategia del presidente Bukele no concuerdan con su imagen de mano dura y las oleadas de arrestos de los últimos dos meses. El presidente Bukele atribuye los arrestos –más 30,000 en tan solo 50 días– a su Plan Control Territorial . Pero al igual que con la reducción de homicidios, Martínez sostiene que la verdadera razón detrás de los arrestos tiene más que ver con una traición.

En el Twitter Space, Martinez elaboró que, él junto a otros periodistas, consiguieron grabaciones de conversaciones secretas entre pandilleros y funcionarios salvadoreños donde miembros de la mara salvatrucha expresan que el Gobierno de Bukele había traicionado el pacto al arrestar miembros de alto rango del grupo criminal. El quiebre del pacto llevó a la mara salvatrucha a emprender una «cacería humana al azar» que dejó a El Salvador con 87 muertos en el fatídico fin de semana de Marzo 25.

«El Gobierno salvadoreño se puso a jugar poker con la mara salvatrucha, y cuando el juego salió mal lo pagaron con su vida 87 personas», explicó Martínez.

Después de ese fatídico fin de semana, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción a pedido del presidente Bukele y desde entonces la ola de arrestos no ha parado. Carlos explica, que después que el pacto se quebró, el presidente Bukele se enfocó en no dejar que la maras se reagrupen y reorganicen. Con el régimen de excepción, la Policía y las Fuerzas Armadas han podido arrestar a cualquiera sin tener que pasar por un procedimiento legal y proveer ningún derecho judicial.

Carlos Martinez advirtió que esta política de mano dura es una «estrategia reactiva» y no es parte del Plan Control Territorial. Al final los que sufren más en ambos frentes es el pueblo salvadoreño –por un lado, con la violencia de las pandillas; por el otro, con el régimen de excepción.

¿Funcionaría implementar la visión Bukele en Honduras?

A pesar que la verdad detrás de reducción de homicidios en El Salvador es más sombría de lo que parece, a simple vista la estrategia Bukele continúa atrayendo a muchos hondureños que anhelan vivir en tranquilidad. El empuje de una política de mano dura junto a las cifras de días consecutivos con cero homicidios crean una imagen de El Salvador que se desea replicar en Honduras.

El analista Tiziano Breda, de la organización Crisis Group, explica que cuando se trata de la estrategia de seguridad de Bukele hay varios aspectos que tienen que considerar y ver qué se puede implementar.

Breda concuerda con Martínez en que en realidad el Plan Control Territorial no tiene nada diferente a los planes de administraciones anteriores. Sin embargo, él explica que cuando se trata de la implementación sí hay aspectos de la administración de Bukele que marcan la diferencia. Una de las diferencias es en la intervención de la juventud, donde el plan ha impulsado la formación de centros de alcance conocidos en El Salvador como CUBOS –Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades– que proveen «centros de cómputos, acceso a internet, áreas de juegos y otras actividades». Breda explica que algo similar se encuentra en Honduras con programas de USAID.

Otra diferencia, aún más relevante ahora que el presidente Bukele ha lanzado un régimen de excepción, es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad como la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas. Breda explica que dentro de la implementación del Plan de Seguridad hubo mejoras a las fuerza de seguridad, como nuevos bonos y hasta se le duplicó el salario a las Fuerzas Armadas. Estos aspectos, según Breda, representan una diferencia en comparación con gobiernos anteriores, sobre todo estrategias diferentes.

Sin embargo, para Breda, la estrategia secreta del presidente Bukele de negociar y arrestar es algo complicado de replicar en Honduras debido a los diferentes contextos de cada país. «No solamente hay que ver la política, sino también las configuraciones institucionales y también criminales», explica Breda.

A pesar que la mara salvatrucha y la pandilla 18 se encuentran en Honduras como en El Salvador, su configuración es diferente. Breda explica que en El Salvador, por ejemplo, la mara salvatrucha y la pandilla 18 mantienen una presencia casi «ubicua» y «hegemónica» en todo el país. Mientras que en Honduras existe una variedad en la concentración y en los grupos criminales.

Breda recalca que en el contexto de Honduras hay estructuras criminales con una «participación mucho más activa en actividades que la extorsión», así como también en el movimiento de la droga. Por lo tanto, a criterio de él, el problema de homicidios no se puede abordar como se ha hecho en El Salvador debido a que en Honduras no se centraliza solamente en dos grupos criminales.

Las instituciones de seguridad también varían, especialmente después de la militarización de la seguridad pública. A diferencia de El Salvador, que solo posee dos cuerpos de seguridad –La Policía Nacional Civil y las Fuerza Armadas—, Honduras además de contar con un Ejército y una Policía civil, también posee múltiples grupos de seguridad como las Fuerzas Anti Maras y Pandillas y la Policía Militar del Orden Público. Esto, explica Breda, complica las interacciones entre pandillas y oficiales ya que se ha visto la filtración de intereses criminales dentro de las fuerzas.

Antes de pensar en qué medidas funcionan en contexto hondureño, Breda recomienda que primero se habría que reorganizar instituciones y mapear bien el panorama y las dinámicas criminales. Él, al igual que Martínez, considera que las recientes acciones de Bukele son más reactivas que planeadas y «difícilmente van a ser sostenibles».

¿Por qué nos atrae la «mano dura» y cuáles son los peligros?

En el Twitter Space, Breda y Martinez coinciden en que la política de mano dura es producto de la decepción de la población ante el abandono estatal. Breda explica que, debido a la historia de Centroamérica, es normal que la política autoritaria sea algo recurrente. Martínez explica que «nuestras poblaciones no están acostumbradas a recibir justicia de otra manera». El síndrome Bukele atrae simplemente por dar lo que un pueblo cansado tanto desea: un cambio en el panorama.

Sin embargo, se ha vuelto claro que al final el que sale perdiendo es el pueblo, especialmente los grupos marginados. Como Martínez explica, Bukele provee venganza pero no necesariamente tranquilidad. «Por supuesto en esta jornada de capturas han detenido a muchísimos pandilleros pero también han capturado a muchísima gente inocente solo por su apariencia», menciona.

Las consecuencias de la política de mano dura también impactan con disparidad. En la discusión, Breda y Martinez resaltan que los que sufren más la ley de excepción son comunidades marginadas porque son los que tienen más que perder. Sin recursos ni privilegios, los único que tienen son sus derechos, y bajo una ley de excepción hasta eso pierden.

Tiziano Breda explica que la administración de Bukele ha conseguido controlar el crimen a un nivel aceptable, especialmente en las cárceles. Pero recalca que han habido «bastantes avances a costas de bastantes derechos». Y afirma que la transparencia de los avances y cero homicidios del presidente Bukele también podrían ser especulativos.

La discusión del Twitter Space concluyó con una imagen de El Salvador mucho más compleja de lo que se pensaba. El Plan Control Territorial no provee mucha esperanza a Honduras y nos deja aún más preguntas acerca del futuro de la seguridad pública Hondureña, la transparencia de la administración de Bukele, y el autoritarismo Centroamericano.

Mientras en Francia el Festival Internacional Cannes Lions premiaba a la agencia Ogilvy y al Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE) por una campaña a favor de derogar la prohibición de la PAE en Honduras, el escenario nacional se complica ante la posibilidad de la aprobación de la PAE solo en casos de agresiones sexuales.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Ingrid Aronne

El 19 de junio de 2022, Ogilvy Honduras junto al GE-PAE se convirtió en la primera agencia de publicidad y comunicación del país en ganar el oro en los premios Cannes Lions, organizados en Francia, por Morning After Island, una campaña a favor de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE),prohibida en Honduras desde el 2009.La categoría que ganó fue Salud y Bienestar, que premia la capacidad de la industria publicitaria de tomar acciones para impulsar la salud y bienestar de la humanidad.

El Cannes Lions es un festival internacional de creatividad, y es la primera vez que una agencia en Honduras recibe este premio de publicidad. Ogilvy fue contratado por el GE-PAE, y en conjunto idearon una campaña que documenta una serie de pequeños cortos sobre distintas acciones de los grupos feministas para lograr que la PAE vuelva a circular en el país. En uno de ellos se ve a Rocío Walkiria Reyes, una joven activista hondureña, que viaja a una plataforma de madera en medio del mar –fuera de jurisdicción hondureña– para poder tener acceso a la PAE en un acto simbólico que representa el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

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Rocío explica que cuando salió el primer corto se generó un debate muy intenso, con posturas a favor y en contra: «Yo recibí mucho ataque, hubo momentos en que no quise entrar a redes porque los ataques eran a cada hora, tuve que borrar las notificaciones del teléfono porque me caían mensajes amenazándome que me iban a matar, a violar, que yo ponía en mal el nombre de Honduras a nivel internacional», cuenta y dice que tras haber acompañado tantas acciones nunca pensó que esta tendría tal impacto.

Jinna Rosales, del GE-PAE, añade que hay una satisfacción de saber que la comunidad internacional se enteró a través de esta campaña de cómo se ha violentado este derecho a las mujeres durante los últimos 13 años. Un derecho que se sigue violentando.

Honduras es el único país en América Latina que prohíbe la PAE. Desde su restricción, la situación de violencia sexual y embarazo adolescente solamente ha empeorado. Las denuncias por violencia sexual en el Ministerio Público aumentaron casi el doble durante más de una década sin PAE. En 2008, previo a la prohibición, registraban 1241 mujeres que interpusieron la denuncia; para 2021, hubo casi el triple, con 3305 denuncias de agresiones sexuales, todas recibidas sin un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y sin PAE.

Rosales explica que han estado en discusiones para lograr la aprobación de un Protocolo de Atención a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, y en el que se incluiría el uso de la PAE, pero que esta se limitaría al protocolo y no se derogaría el acuerdo ministerial que prohíbe su uso, venta y distribución en todo el territorio nacional.

«No hay una claridad de cómo se va a implementar este protocolo sin la derogación de un acuerdo ministerial. Creo que hay muchos vacíos legales en torno a la implementación de un protocolo con PAE, y, a la vez, con la prohibición a través de un decreto. Es complejo este proceso, pero estamos en esas discusiones para que el protocolo pueda brindar servicios que en vez de solucionar problemas vaya a problematizar la situación de las sobrevivientes de abuso sexual», explica Rosales.

La PAE fue prohibida después del golpe de Estado en Honduras en 2009, durante el Gobierno de facto de Micheletti Baín, cuando el médico Mario Noé Villafranca fue nombrado ministro de Salud y, en su posición, firmó un acuerdo ministerial emitido el 21 de octubre de 2009 en el que se prohibió la venta, el uso, consumo y distribución de los anticonceptivos de emergencia, por considerar que tenía un efecto abortivo.

El doctor Villafranca fue diputado durante el periodo 2017-2021, y durante ese tiempo admitió públicamente en el Congreso Nacional que había tomado una decisión no basada en la ciencia y pidió a las autoridades de ese momento eliminar la prohibición.

Manifestación Mario Noé Villafranca, que se revisé la legislación hondureña para que deje de ser prohibida la (PAE), Píldora Anticonceptiva De Emergencia.#SesiónLegislativa pic.twitter.com/8dfsL0Adjp
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) August 14, 2019

Solo en el último mes de mayo, Honduras registró tres casos de agresiones sexuales que terminaron en femicidios: el 24 de mayo, en la colonia Canaan de Tegucigalpa, Nerly Mendoza de 22 años fue atacada por un vecino que, tras intentar agredirla sexualmente, la asesinó; el 10 de junio, Nahomy Espinoza, de 16 años, también fue asesinada de la misma forma en la Colonia Altos de la Independencia en la capital hondureña; y, finalmente, la semana pasada una autopsia reveló que Allison Argueta, una niña de 9 años originaria de Lempira, fue asesinada el 8 de junio con indicios de abuso sexual.

A pesar de que la derogación de ese acuerdo se encontraba dentro de la promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro y las organizaciones feministas esperaban que se cumpliera en los primeros 100 días al ser una decisión que la toma únicamente el ejecutivo, esto no ha pasado. La Secretaría de Salud está a cargo del ministro José Manuel Matheu, quien pertenece a la facción conservadora del Partido Salvador de Honduras (PSH), con quienes Libertad y Refundación hizo una alianza que ganó las elecciones generales en 2021.

El ministro Matheu ha dado declaraciones en medios de comunicación para asegurar que no está interesado en aprobar la PAE y que debe dialogar con la Iglesia Católica primero.

Frente a esto, Jinna Rosales explica que «es puede más sus intereses políticos y dogmas religiosos evidenciando de esta manera la falta de compromiso que han adquirido como profesionales de esta academia (…) comprendemos el trabajo y los retos del nuevo Gobierno, pero en estos 5 meses, pese a discusiones que hemos tenido con algunos tomadores de decisión, no hemos visto la iniciativa de suspender la prohibición de la PAE».

Para la activista Rocío Reyes, que Honduras –a través de Ogilvy y el GE-PAE– ganara un Oro en los Cannes Lions debe ser una herramienta para exigir que se respete la anticoncepción de emergencia: «Debemos seguir insistiendo, presionando, trabajando por la derogación de la prohibición de la PAE y continuar con nuestras propuestas; porque a pesar de todos esos avances que hemos tenido con el nuevo Gobierno, se necesita continuar exigiendo el derecho de las mujeres»,.

Texto: Adolfo Alemán
Ilustración: Pixabay

Mr. John llegó al anochecer a la choza campesina de Leuterio. Dos enormes canes le seguían con ojo avizor y más detrás dos acompañantes indígenas. La primitiva vivienda de Leuterio la constituía un corredor pequeño y una enorme habitación que tenía el triple uso de dormitorio, cocina y sala de recibo.

–Buenas tardes, señor –saludó cordialmente Mr. John, estirando su manaza hacia Leuterio, que le miraba con cautelosos ojos de prevención.

–¡Buenas le dé Dios, señor! –respondió el campesino.

Leuterio, con su cuerpo rollizo y pequeño, se encontraba en el corredor, acomodado sobre un viejo tronco de cedro que constituía la única silla de descanso. Todas las tardes se recogía en aquel sitio a disfrutar del sereno paisaje que matizaban la corriente plateada del río, el multiverde de los árboles y la policromía de los rayos solares al filtrarse entre las hojas. Detrás de la choza no existía más visión que el comienzo de la escarpada y selvática montaña, paraíso de los cazadores. Así que la casa de Leuterio era el paso obligado de todo excursionista.

Leuterio con su hablar lento y suave preguntó al recién llegado:

–¿Encontraron algo?

–No –respondió el extranjero–, los perros ver dos venados y mí disparar, pero sólo quedar saltando y se fueron, no poder pegar un balazo a ninguno. ¡Los venados de la montaña ser muy inteligentes!

El fin de la anterior respuesta fue seguido de ruidosas carcajadas. El indio, imperturbable, se extrañó de por qué la inteligencia de los venados promoviera aquella explosiva hilaridad.

–¿Va de regreso a la aldea?

La pregunta de Leuterio era hasta cierto punto ingenua, pues bien sabía que la aldea distaba medio día de camino y que a los foráneos no les gustaba dormir en el campo abierto por miedo a los animales. Así, por lo tanto, su casa era el único refugio del entusiasta cazador.

–¡Oh, no, yo no querer dormir con culebras! Yo querer dormir en su casa y pagar todo.

El campesino, complaciente, con la natural cortesía aldeana le ofreció la hospitalidad de su hogar al norteamericano y a continuación ordenó a su mujer.

–Juana, trae refresco del más dulce, que aquí el amigo viene cansado de la cacería de hoy.

Y dirigiéndose a Mr. John le preguntó:

–A usted le gustaría tomar un jarro de refresco, es muy saludable y le roba a uno el color del día. Es muy dulcito.

–¡Oh, sí! –aceptó complacido Mr. John.

–Bien, tome usted esta jarra y pruebe si está muy picante me dice para echarle más dulce.

–No, estar bueno. ¿De qué hacer este refresco tan sabroso?

–Es maíz con dulce de caña.

Y la buena anfitriona les llenaba las jarras que se sucedían una a otra. Mr. John, casi sin notarlo, se fue poniendo más comunicativo: comenzó exaltando los colores de la naturaleza, pasó por los deleites de la cacería y terminó comentando el problema racial de los Estados Unidos. Leuterio, silencioso, no comprendió este último punto, pero en el fondo le divertía ingenuamente el pintoresco hablar de su visitante. Y natural, él, en la misma forma se sentía contagiado de suave y dulce embriaguez. ¡Bien se daba cuenta de que la chicha comenzaba a inundarlos con sus espirituosos vapores!

–¿Y usted vivir aquí hace muchos años?

–Sí, míster, yo vivo aquí desde que nací. Bueno, ya estos árboles estaban grandes, tan grandes como están hoy, cuando yo nací. Todo lo de acá es muy viejo. Mi mamá me decía que hasta los «Antigües vivieron aquí».

Mr. John interrogó sobre la nueva palabra castellana que escuchara.

–Los «Antigües»… ¿Qué eran los Antigües?

–No sé –contestó reflexivamente el indio–, supongo que eran como yo.

–¡Oh! Usted querer decir los antiguos indios mayas. ¡Muy interesante!

El taciturno Leuterio se fijó en que la chicha y el pensamiento de lo que él llamaba Mayas habían encendido el fulgor azul de los ojos de Mr. John. La curiosidad del yanqui brotaba de sus labios en rápidas preguntas que Leuterio ignoraba; se limitaba, pues, a parcas explicaciones: «Dicen que aquí hubo pueblo de los ‘’Antigües’’, pero de eso no sé nada»; o bien enfatizaba: «Las cosas de los ‘’Antigües’’ están embrujadas, pero eso nadie las toca, pero yo no creo en esas cosas».

Mr. John había agregado sentimiento a su curiosidad: la codicia. Comprendía que lo que el indio llamara «cosas de los Antigües» eran piezas arqueológicas de gran valor científico.

Leuterio desviando el curso de aquella plática, ordenó a su mujer con voz imperiosa:

–Juana, trae la jarra grande para servirnos aquí mismo el refresco. La jarra grande.

Cuando la mujer del campeño apareció en el umbral de la puerta, el gringo se levantó raudo y casi violentamente: las manos de la indígena sostenían una bellísima jarra pintada en vívidos colores. Los trazos y figuras representados en la jarra no dejaban duda de su origen autóctono y lejano. Mr. John inquirió ávidamente.

–¿En dónde usted conseguir esta jarra?

–No sé –respondió Leuterio, extrañado del súbito interés del huésped–. No sé, creo que mis hijos lo encontraron en la orilla del río, en aquella vuelta… –terminó diciendo calmadamente mientras extendía su índice hacia la derecha.

–¡Oh, pero es preciosa! Es auténtica Maya. Lástima de no poder ver bien, está muy oscuro… ¡Pero es Maya…!

A Mr. John le sacudía embriagante felicidad. A sus ojos deslumbraba una reliquia histórica de incalculable valor científico. Pensó en que aquel indio ignorante no sabía la riqueza que encerraba aquella pieza arqueológica.

–Yo poder comprar esta jarra, ¿usted querer vendérmela?

–No, señor –expuso el inmutable indio–, yo no vendo esta jarra porque en ella doy de beber a mis invitados, como a usted esta noche. Es tan bonita que a mi mujer le gusta servirnos siempre el refresco en ella. Muchos amigos me la han querido comprar, pero no la vendo.

–No importarme, yo comprar a buen dinero.

–No, míster, yo no puedo venderla, fíjese que después no tendría en qué servirles a mis amigos, y además –agregó maliciosamente–, en esta aldea tendría que comprar otra, que no son tan bonitas y son muy caras, valen cinco pesos.

–No importarme, ¡yo comprar a usted esto por cinco pesos!

Mr. John interesadamente especulaba con la inocencia del indio.

–No, señor –enfatizó su negativa el imperturbable Leuterio–, no puedo venderla. Fíjese, esto vale cinco pesos, pero yo no tengo quién vaya al pueblo a comprarme otra y, luego, para ir al pueblo hay que caminar todo un día, llevar comida, pagar allá el almuerzo, gastar en comprarle candelas a la virgen y después unos tragos para los amigos. Ya ve usted, míster, si le vendo esta jarra tendría que ir al pueblo y gastar por lo menos diez pesos y…

–No importarme –le interrumpió el gringo–, yo pagar los diez pesos. Yo también tener mujer que gustarle esta jarra para dar de beber a mis amigos.

Las anteriores palabras las deslizaba el norteamericano con la sutil inteligencia que requería aquella transacción. Estaba realmente impresionado con la reliquia indígena que calculó antojadizamente de la época precolombina. Y su imaginación abierta le situaba en su casa de New Orleans, enseñándole a sus amigos la joya arquitectónica que un nativo ignorante le vendiese como simple utensilio casero; bien podría enorgullecerse entonces de haber penetrado en las peligrosas y palúdicas junglas latinoamericanas. Obvio, es decir, pues, que Mr. John conocía tanto de arqueología indígena latinoamericana como de la dinastía china de los Ming.

–Juana –llamó Leuterio–, este señor nos quiere comprar la jarra por diez pesos, ¿qué decís?

–Leuterio… esa jarra es para los invitados y vos sabés.

–No importarme –grito nuevamente el interesado yo dar tres pesos más, dar trece pesos por todo.

–Leuterio –recomendó la india–, véndesela… voy a comprar otra, el domingo voy a la iglesia.

Mr. John, abordado de intensa alegría, entregó los trece billetes de a peso a su incauto vendedor y con suave espero envolvió la reliquia en una manta que guardó cuidadosamente entre sus cosas.

Al cerrar la noche, Mr. John se durmió embriagado por la chicha y los deleites que le producía la adquisición de tan curiosa joya… en la madrugada continuó su marcha hacia la aldea de donde regresaría a la capital.

El sol quemaba a la hora del mediodía cuando Leuterio regresó del río. Venía de pescar, lenta y parsimoniosamente. Entregó a su mujer dos pescados y como siempre, se sentó quietamente en el tronco del corredor. Encendió un cigarrillo de hoja y preguntó a Juana.

–¿Hiciste la quema?

–No pude con estos cipotes, me molestan mucho –contestó con timidez la india.

–Pero mujer –gritó exaltado Leuterio–, bien sabés que con la venta de ayer no nos queda ninguna jarra y estamos en plena época de cacería. Tenés que irte después de comer a quemar el barro de las jarras para pintarlas mañana en la noche. ¡Ah!, y también esa chicha que hiciste ayer está muy débil, tenés que hacer chicha más fuerte.

–Bien sabés que con un poco de chicha y algo de oscuridad no fallamos en la venta de las jarras.

Este cuento forma parte del libro Cuentos Completos (Guaymuras, 1996),

David Castillo, ingeniero y exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por la coautoría intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres. Familiares y compañeros de lucha de Cáceres exigen ahora que la estructura empresarial liderada por miembros de la familia Atala sea la siguiente en ser llevada ante la justicia hondureña.

Texto: Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen
Con reportes de Celeste Maradiaga

Las víctimas del crimen en contra de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres no abandonan sus exigencias tras dos juicios que han resultado en ocho sentencias condenatorias. La pena más reciente –emitida este lunes 20 de junio– fue contra David Castillo, quien guardará prisión por 22 años y 6 meses; o sea, siete años y medio menos que la pena máxima para el delito de asesinato. David Castillo fue encontrado culpable de la coautoría intelectual en el asesinato de Berta Cáceres, cuya lucha ambientalista fue conocida en todo el mundo tras ganar el Premio Goldman por su activismo.

La mañana del 21 de junio, después de conocer esta sentencia, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que Berta fundó, marcharon por las calles de Tegucigalpa exigiendo la investigación y judicialización de los miembros de la familia Atala Zablah –uno de los conglomerados familiares más poderosos del país– que eran parte de la junta directiva de DESA, la empresa que desarrollaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres junto al Copinh y parte de las comunidades afectadas se opusieron.

El Copinh, ahora dirigido por Berta Zúniga, hija de Berta Cáceres, también exige la derogación de la concesión sobre el río Gualcarque que sigue activa a pesar de que el desarrollo de la hidroeléctrica está detenido. El proyecto podría reanudarse mientras David Castillo cumple su condena, ya que aún sigue vigente un permiso de explotación otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales en Honduras en el 2010y que les permite el aprovechamiento de las aguas durante 50 años.

Por su lado, la defensa de Castillo apunta que la pena se reduciría ante diversos factores contemplados en la jurisdicción vigente del país, y califican el juicio que perdieron como «manipulado e influenciado por presiones internacionales».

El juicio de David Castillo y los Atala

En junio de 2021, el exgerente financiero de DESA, Daniel Atala Midence, fue llamado a declarar en el juicio oral y público del caso en contra de David Castillo, pero finalmente no testificó ya que el Ministerio Público informó sobre una investigación en curso que le involucra con el crimen, resultado de las pruebas que arrojó el juicio contra Castillo.

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La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, por eso son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y José Atala Zablah, todos ellos parte de la junta directiva de DESA.

Es por esto que, tras la sentencia contra Castillo, miembros del Copinh decidieron manifestarse en el parqueo de una de las instituciones financieras a las que se señala como parte del entramado criminal. Allí pegaron carteles con los nombres y rostros de cada uno de los miembros de esa familia, señalándoles por el asesinato de Cáceres. También mostraron una manta gigante que citaba: «Familia Atala asesinos, Berta Cáceres vive».

Víctor Fernández, abogado que representa a la familia Cáceres, aseguró tras la pena aplicada por el tribunal que David Castillo no es el autor intelectual del crimen, sino que sería un autor intermedio de una estructura mucho más grande constituida justamente por la familia Atala.

«Esta sentencia es un precedente muy importante –aseguró Fernández– porque es el primer empresario sentenciado por el asesinato de una lideresa social y ambientalista en Honduras. Quedó probada la vinculación de una red criminal de la que es parte David Castillo, y que se confirma con la prueba científica que son los vaciados telefónicos. Él fue un instrumento de una estructura que está constituida al menos por los dueños de DESA, que son la familia Atala Zablah».

Tanto en este juicio como en el de 2018, que se desarrolló en contra de los siete autores materiales del crimen, se han mostrado las conexiones y coordinación entre directivos de la empresa y los sicarios encargados de la ejecución del crimen que pretendía terminar con el liderazgo de Cáceres, según las resoluciones.

En 2018, por el crimen fueron condenadas siete personas que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión. Elvin Rápalo, Henry Hernández, Edilson Duarte y Óscar Torres Velásquez fueron condenados a 34 años por el crimen y 16 años por intento de asesinato en contra de la persona que acompañaba a Cáceres la noche del asesinato.

En el caso de Mariano Díaz Chávez, fue encontrado culpable como autor por omisión responsable de un delito de asesinato consumado, y recibió una pena de 30 años; el exmilitar Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, coautores de asesinato, recibieron una sentencia de 30 años y seis meses respectivamente.

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Ahora el abogado Fernández apunta que la causa por la justicia sigue abierta porque faltan «los autores intelectuales, porque hay una concesión que es lesiva a los intereses del Estado y los intereses del pueblo lenca y está vigente, y ahora tiene que revocarse. La causa también tiene procesos abiertos en contra de exfuncionarios que habrían contribuido al crimen y está abierta ante el sistema financiero que puso dinero para este proyecto a sabiendas que violaba los derechos humanos y atenta en contra de una comunidad indígena».

La hija de la líder indígena víctima del crimen, Berta Zúniga Cáceres, tras la individualización de la pena aseguró que se sentían «decepcionadas» porque no se le dio la pena máxima a David Castillo, que era de 30 años, considerando que es un crimen de alto impacto.

«Un crimen como este merece que todas las personas que han sido parte en esta estructura criminal sean llevadas ante la justicia», apuntó Zúniga, refiriéndose a la familia Atala. También aseguró que aunque el Ministerio Público ha dejado entrever que existen otras investigaciones en el caso, hasta el momento no hay información concreta ni acusaciones.

«Hoy empezamos la lucha más importante para nosotros como organización, que es de ir hacia la autoría intelectual de este crimen y que es la que hasta ahora se ha mantenido impune», concluyó.

Del otro lado, el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor de Castillo, dijo a Contracorriente que la pena había sido aplicada dentro de los parámetros de la ley –que es un rango de entre 20 y 30 años–, y aseguró que «dadas las circunstancias, tanto a favor como en contra, le dieron una pena de 22 años y seis meses, no veo cuál sería la razón desde el punto de vista procesal para aplicarle otra pena».

Sánchez aseguró a este medio que una pena como la que se le aplicó a Castillo podría reducirse, además que se tiene que considerar que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva. Sin embargo, asegura que «esto no es un tema de libertad, es un tema de dignidad», y apunta que en su experiencia como abogado nunca había visto «un proceso en el que existan tantas irregularidades y delitos cometidos por el ente de investigación en contra de un ciudadano».

«El tribunal de sentencia representaba una justicia que se encontraba con una bota puesta en el cuello –que era la presión internacional de organismos de derechos humanos–, si usted ve de un millón de organismos de derechos humanos tal vez ninguno estaba a favor de David Castillo, porque esto implica política, dinero e ideología», aseguró Sánchez.

Sobre la inclusión de la familia Atala en el caso, el abogado calificó a los empresarios de «pobre gente que se ha visto involucrada en este proceso por culpa de los liderazgos del Copinh, que través de las redes sociales, a través de mentiras, tergiversando la verdad y mintiendo al pueblo lenca para poder movilizarse hasta la ciudad y en nombre de ellos, sacar dinero».

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Atala se ha manifestado sobre el caso y las acusaciones en su contra; sin embargo, en noviembre de 2017 María Luisa Borjas, en ese entonces diputada y comisionada de la Policía en condición de retiro, aseguró tener en su poder un informe de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad en el que supuestamente se refería a Camilo Atala y la familia Atala Zablah como los que proporcionaron los medios económicos para la ejecución del crimen.

Posteriormente, la diputada fue acusada por abogados de Camilo Atala por los delitos de difamación y calumnia, resultando culpable según el tribunal y recayendo sobre ella una pena de dos años y ocho meses de prisión, condena por la que un juzgado emitió una orden de captura en contra de Borjas y se le deshabilitó para participar en cargos de elección popular.

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¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno con la concesión del Gualcarque?

En su discurso inicial al tomar el poder el pasado 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro pidió «Justicia para Berta Cáceres», y, al terminar la ceremonia, Berta Zúniga Cáceres entregó la «Vara Alta Lenca» a la presidenta electa como acto final de la toma de posesión. Esta vara es un elemento importante en la cosmovisión lenca, simboliza respeto y autoridad, y desde ese entonces se asumió el acompañamiento del nuevo Gobierno a la causa del Copinh.

Sumado a este acto, desde el Congreso Nacional el diputado y presidente de la comisión de justicia y derechos humanos, Jari Dixon, impulsó a finales de mayo una propuesta para declarar a la lideresa indígena como heroína nacional y poner su rostro en el billete de 200 lempiras. Este «homenaje» fue ampliamente discutido en redes sociales, y una de las hijas de Berta, Laura Zúniga, se manifestó al respecto apuntando que «dolería ver el rostro de mi madre siendo guardado en los bancos de sus asesinos, que ese rostro rebelde sea la representación de su enriquecimiento ¿Ellos pagarán en billetes de 200 su próximo asesinato? Después de todo, están en la impunidad».

Laura finalmente apuntó en una serie de tuits que el hecho de que «el río Gualcarque esté concesionado es un peligro latente para quienes defendemos la vida, solucionar esto es responsabilidad del Estado».

Apenas unos días después de oficializar la aparición del rostro de Cáceres en la moneda nacional, circuló en redes sociales una fotografía tomada tras la final del fútbol profesional en Honduras en la que aparecían juntos Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta; Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa y miembro de Libertad y Refundación (Libre); y Pedro Atala, presidente del Club Deportivo Motagua y uno de los señalados por el Copinh como parte de la estructura que cometió el crimen.

Sobre estas relaciones, el diputado de Libre Ramón Barrios aseguró que desde su punto de vista no tiene mucha importancia, y que aunque «uno debe cuidarse de esas cosas, ya es una cuestión del poder ejecutivo»; además, como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, aseguró que piensa emitir un pronunciamiento sobre la sentencia.

«Este caso es emblemático –apuntó Barrios–, porque aquí hay autores intelectuales que pertenecen a la más alta oligarquía del país y me preocupa que quede impune el castigo de los autores intelectuales. El Estado puede intervenir para que, además del castigo de los autores, se cierre la operación y se le de marcha atrás a la autorización de la concesión para la construcción de la represa en Agua Zarca».

Barrios explica que en el pleno del Congreso Nacional él emitirá una exhortación para que desde la Procuraduría General de la República se revierta la concesión que se le ha otorgado a Agua Zarca, en función de la condena a David Castillo.

Por otro lado, la ministra de derechos humanos, Natalie Roque, dijo a Contracorriente que en este caso es importante tomar en cuenta las denuncias de la familia de la líder indígena, quienes consideran que la sentencia no llena las expectativas ya que para los autores intelectuales todavía no ha habido un proceso.

«Desde la Secretaría de Derechos Humanos nos inquieta y hacemos un llamado a que se profundicen las denuncias de la familia, conocemos que el grupo de expertos y la misma familia durante años ha ido recabando información que ha puesto a disposición del Ministerio Público y que, al parecer, no se ha llegado hasta el final de la maraña de ese hilo que contuvo el asesinato de la compañera Berta Cáceres», explicó Roque.

La ministra dice que el acompañamiento que le ha dado el Gobierno a la familia no solo ha sido discursivo, y apunta que se les ha protegido según lo establecido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado de Honduras para garantizar la protección de la familia y su seguridad.

Uno de los mecanismos que las organizaciones indígenas y defensoras del territorio y el ambiente han propuesto para que no se vuelva a cometer un crimen como el de Berta Cáceres es la reglamentación del proceso de consulta previa, libre e informada. Un proyecto que durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández tuvo diversos obstáculos, desde la invisibilización de los pueblos indígenas para su construcción hasta intereses empresariales.

Sobre esto, Roque explica que «desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos impulsando un espacio interinstitucional para retomar el proyecto de consulta previa libre e informada; pero lo más importante es escuchar a los pueblos indígenas y que sean ellas y ellos, a través de sus procesos, quienes determinen, y acompañarlos en cuáles son los mecanismos idóneos para poder garantizar que la consulta previa libre e informada sea una opción y sea una realidad para las poblaciones indígenas en nuestro país».

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Lideni, del pueblo indígena lenca, fue exiliada durante dos años junto a su familia después de que su madre recibiera una orden de alejamiento por habitar en Tierras del Padre, su comunidad en Honduras. Lideni regresó, pero después de tres intentos de desalojo, el miedo de perder sus tierras y alejarse otra vez de sus jardines, cultivos y amigos, continúa. Esta historia fue coproducida entre Agenda Propia y Contracorriente.

Texto: Persy Cabrera y Luis Lezama
Fotografías: Fernando Destephen y Persy Cabrera
Video: Persy Cabrera y SentARTE

Lideni, Eliezer y sus primos comienzan a silbar.

–Están llamando el viento, ya viene –dice Yessenia, madre de Lideni y Eliezer.

A los segundos, una ráfaga de viento se escucha. El viento proviene de un bosque de pinos ubicado detrás de la escuela primaria de la comunidad Tierras del Padre, integrada por indígenas del pueblo lenca, territorio ubicado a una hora (13 kilómetros) de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Con apenas nueve años, Lideni Alonzo vivió el exilio de Tierras del Padre, un lugar en donde ella tenía, además de familia y amigos, la facilidad para acercarse a un árbol a bajar mangos. Algo que solían recordar junto con su hermano, Eliezer Alonzo, de 7 años, cuando tuvieron que vivir en la ciudad de Tegucigalpa después de salir huyendo de su comunidad.

Al preguntarle si en los dos años en la ciudad consiguió amigos, Lideni responde: «¿Amigos? Enemigos más bien».

Cerca de la casa en la que vivían en Tegucigalpa, Lideni y Eliezer también tenían un árbol de mangos, pero a los niños de la vecindad no les gustaba la idea de compartirlos con ellos. Aunque tenían el permiso de un adulto para coger los mangos, los niños de la zona tildaron de ladrones a Lideni y a Eliezer, que con tristeza decidieron no volver a recoger la fruta del suelo. Hasta disfrutar del fruto de los árboles era difícil estando lejos de su hogar.

Su salida de Tierras del Padre en 2017 se dio por las medidas de alejamiento que el sistema judicial hondureño le impuso aYessenia Posadas, madre de Lideni, Eliezer y Raquel, quien tiene un año. Yessenia, una maestra indígena lenca de 34 años, forma parte del grupo de 11 personas de la misma comunidad que fueron judicializados por usurpación de tierras y recibieron la orden de desalojar su territorio, por lo que tuvieron que dejar sus casas.

Los lencas son un pueblo indígena que históricamente ha habitado en los países de Honduras y El Salvador. Desde la época precolombina, sus comunidades han sido sometidas a un continuo proceso de asimilación cultural por parte de los ladinos o mestizos, incluyendo la pérdida de su lengua y buena parte de sus rasgos y costumbres propias debido a la discriminación, directa e indirecta, la vulneración de sus derechos y la privatización de sus territorios, de acuerdo con la investigación dirigida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en el 2001. La lucha de algunos de sus miembros ha servido incluso como referencia nacional, como es el caso de Lempira, indígena lenca cuya historia data del siglo XVI y que se convirtió en prócer hondureño, dando origen al nombre de un departamento del país (Lempira), la denominación de los billetes hondureños (conocidos como «lempiras») y fungiendo como figura del billete de 1.00 lempira. Según la historia, Lempira organizó una guerra de resistencia contra los conquistadores españoles que duró cerca de doce años y que terminó con su muerte en 1537.

Cinco siglos después de la muerte de Lempira, ya no son la espada y la cruz las que amenazan a la comunidad de Tierras del Padre con el pretexto de la civilización, sino una inmobiliaria cuyo nombre no podría ser más emblemático: Inmobiliaria Siglo XXI.

Yessenia recibió la orden de alejamiento el 18 de septiembre del 2017, el día que Lideni cumplía siete años. «Lo pasé mal porque en el día de mi cumpleaños estábamos buscando como jalar las cosas», dice Lideni sobre lo que se suponía era un día de celebración.

Yessenia, además, era maestra de la Escuela Indígena lenca Comunidad Tierras del Padre. Ahí solía enseñar la lengua lenca a aproximadamente 70 niños y niñas, entre los que están sus tres hijos. Pero todo esto se terminó cuando la judicializaron por el delito de usurpación de tierras y se le interpuso una orden de alejamiento de su hogar y de la escuela.

Yessenia también es conocida en la comunidad porque impulsó la creación de la escuela, así como por promover la enseñanza de su lengua originaria, que se encuentra casi extinta; por lo que este centro educativo es crucial para que las futuras generaciones hablen su idioma propio. Esta escuela representa el acceso más cercano a la educación para una etnia que cuenta con un 17 % de su población en condición de analfabetismo, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2013. En la pandemia por COVID-19 esta cifra se agravó a nivel nacional por la falta de acceso a internet y tecnologías que sufre la mayor parte de la población.

–Hemos sufrido un lingüicidio –dice Yessenia–, nos han matado la lengua desde la colonización. Y ahora no hemos avanzado nada porque estamos viviendo lo mismo: persecución y exilio. Nosotros defendemos lo que tenemos y somos objeto de persecución, de judicialización, como en nuestro caso.

La orden judicial no solo le impidió seguir dictando clases, sino que también la obligó a moverse junto con sus hijos Lideni, Eliezer y Raquel, su hija menor, a vivir a Tegucigalpa, puesto que desde el 18 de septiembre de 2018, es decir, un año después que le impusieran la medida de alejamiento hasta la actualidad (junio de 2022), Yessenia, el 15 de cada mes debe firmar en un Juzgado de Paz en la capital una hoja donde da cuenta de que sigue en el país. El día en que llegó a la ciudad por primera vez no pudo encontrar un lugar dónde hospedarse, por lo que optó por dormir en el Parque Central, frente a la estatua del General Francisco Morazán y de la Catedral de Tegucigalpa.

–No teníamos adónde ir y nos agarró la noche.

De su estadía en la ciudad Lideni recuerda un centro comercial capitalino que le gustaba, pero estar en Tegucigalpa no era de su agrado porque lo único que podía hacer era estar frente a un televisor.

Su emoción es más grande cuando habla de su comunidad, de los animales que crían en casa, de correr por los bosques, de salir a buscar mangos y de cuidar el jardín junto a su familia en Tierras del Padre.

«La vida de nosotros es así. Mientras estamos en la casa cuidamos de nuestros niños y nuestros jardínes, nuestro huerto familiar y animales», dice Yessenia al referirse al estilo de vida de las madres lencas en Tierras del Padre. Dibujo: Lideni Alonzo.

De acuerdo a Hermes Posadas, abuelo de Lideni, chamán y partero de la comunidad, las costumbres en la población indígena «se están perdiendo y nosotros luchamos como etnia, como indígenas lencas prevalecer para despertar nuestras costumbres, nuestra cultura». Dibujo: Alexis Vásquez.

Del exilio en Tegucigalpa, Lideni recuerda las restricciones para divertirse y rodearse de flores y plantas como niña indígena, «no podía jugar, correr y aquí sí puedo y me gusta la naturaleza», menciona.
Dibujo: Lideni Alonzo. — Del exilio en Tegucigalpa, Lideni recuerda las restricciones para divertirse y rodearse de flores y plantas como niña indígena, «no podía jugar, correr y aquí sí puedo y me gusta la naturaleza», menciona. Dibujo: Lideni Alonzo.

Pero tanto el bosque, como los mangos y el jardín forman parte de las 10,000 hectáreas que la Inmobiliaria Siglo XXI reclama como propias, las mismas por las que se encuentran judicializadas Yessenia y otras diez personas de la comunidad que se oponen al desalojo que en más de tres ocasiones han intentado las fuerzas de seguridad policiales por órdenes del Poder Judicial hondureño, de acuerdo con Pedro Lagos, presidente del Consejo Indígena lenca de Tierras del Padre. El desalojo no incluye solo a estas 11 personas y sus familias, sino a alrededor de 120 familias que habitan en la comunidad de Tierras del Padre.

El último de los intentos de desalojo sucedió el 9 de febrero de 2022. Los medios de comunicación cubrieron el hecho, que concluyó en una imagen de resistencia por parte de los pobladores y los niños y las niñas de la comunidad, quienes abrigados y cubiertos con tapabocas entonaron el himno nacional hondureño en lengua lenca. Finalmente, tras las imágenes dramáticas que transmitieron los medios, se lograron evidenciar inconsistencias en la orden de desalojo y cancelaron el desplazamiento.

De ese día, Lideni recuerda que Eliezer era parte del grupo de niños que cantó el himno nacional. Además de lenca, también saben algunas palabras en inglés y le dan el crédito por ello a su maestra, Yessenia, su madre.

–Como que es trilingüe su mami– dice Yessenia, mientras se ríe.

En medio de la desesperación de ser desalojados ese 9 de febrero, Lideni y su familia entraron a su casa y se encerraron. «De aquí no nos salimos, solo si miramos que hay peligro sacamos los niños, pero nada más», fueron las palabras con las que Yessenia determinó la decisión familiar.

Después de un tiempo en silencio decidieron ir a la entrada de la comunidad, donde Eliezer cantó el himno y donde hubo forcejeos entre habitantes de Tierras del Padre y los agentes policiales. Lideni lamenta los hechos violentos de ese 9 de febrero:

–Hubo hasta golpeados. Hasta embarazadas golpearon.

Honduras es un país pluricultural y multiénico, pero los grupos étnicos se enfrentan a una situación de exclusión, marginación y discriminación histórica, de acuerdo al informePobreza étnica en Honduras, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 1999. Esa situación no se ha revertido y en la actualidad la población indígena lenca de Tierras del Padre es víctima de un proceso lento de resolución legal por parte de entidades del Estado y que favorece a una de las partes de acuerdo a los líderes de la comunidad.

Ese 9 de febrero de 2022, la comunidad de Tierras del Padre notó que la orden de desalojo tenía como fecha de ejecución el año 2021, por lo que recurrió a los medios de comunicación y a las autoridades para denunciar la inconsistencia. Pedro Lagos, presidente del Consejo Indígena lenca de Tierras del Padre, relata que el juez ejecutor y la Inmobiliaria Siglo XXI hicieron las llamadas pertinentes y en cuestión de dos horas la orden con la fecha corregida ya estaba en la entrada de la propiedad. Sin embargo, el colectivo indígena aprovechó ese tiempo para interponer dos recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Apelaciones, las cuales hoy día no han sido resueltas.

La desprotección de la niñez y familias indígenas en Honduras, sumado a la ola de violencia e inseguridad en el país, pusieron en riesgo la vida de Lideni y su familia. Además de estar en Tegucigalpa, también vivieron en Santa Ana, municipio de Francisco Morazán cercano a Tierras del Padre, durante los dos años que estuvieron allí en exilio, también fueron víctimas de un robo.

–Y más enemigos –dice Lideni–. No hubiéramos ido para ahí, lo que nos ganamos es que nos robaran las cosas –comenta Lideni cuando recuerda la estadía en Santa Ana.

Entre los objetos robados estaban un juego de ollas —«nuevecito», recalca Eliezer—, un equipo de sonido y un reproductor de DVD.

Todo este periplo fue traumático para sus hijos, cuenta Yessenia. No paraban de preguntarle:

–Mami, ¿cuándo vamos a volver?

–Pero, ¿por qué nos quitaron nuestra casa?

–¿Por qué los demás pueden estar allá y nosotros no?

Como madre y como maestra siempre les había resuelto sus dudas, pero esta vez no tenía una respuesta.

– No sabemos –respondía.

Yessenia remarca las consecuencias de tener que salir de su comunidad y considera que las autoridades no miden el daño económico y psicológico a su familia.

–El estado de Honduras pensó que solo eran medidas de alejamiento –dice–, pero no sabe todo lo que arrastra en ese sentido. Por eso yo les digo: ni con una recompensa millonaria van a lograr saldar el daño que nos han hecho a nosotros y a nuestros niños también.

Pero el problema continúa, la zozobra invade la mente de los adultos, niños y niñas de Tierras del Padre ante otro posible intento de desalojo y las medidas de alejamiento que imponen a sus líderes. Para poder sobrellevar el litigio, los pobladores tienen un trato con un abogado privado que financian con aportaciones de toda la comunidad; además, cuentan con la ayuda de varias ONG que los asesoran legalmente.

Las presiones por las tierras

La Inmobiliaria Siglo XXI, que pretende construir en el predio de Tierra del Padre un proyecto habitacional, tiene como figura visible en medios de comunicación a Mario Facussé, empresario hondureño cuya familia es una de las más adineradas de Centroamérica, según un artículo de BBC de 2017.

Facussé, que se define a sí mismo como un constructor, se encuentra disputando 10,000 hectáreas de tierra que dice haber comprado a la empresa Corporación Inmobiliaria de Inversiones en Tierras del Padre. Los indígenas del pueblo lenca en Tierras del Padre, por su lado, señalan que estos terrenos les pertenecen por la existencia de un título ancestral que data de 1739, de acuerdo con Pedro Lagos, presidente del Consejo Indígena lenca de Tierras del Padre. Pero Facussé los acusa de ser invasores de su propiedad y por ello están judicializadas estas 11 personas que se oponen al desalojo, donde habitan alrededor de 350 personas, de acuerdo con Lagos.

En favor de Facussé se encuentra un título supletorio otorgado en 2013, así como la desestimación por parte del juez que conoció la causa de un título de tierras ancestrales que data de 1739 y que, según los lencas de Tierras del Padre, los respalda.

La falta de títulos de propiedad es un problema que ha afectado históricamente a los Pech, Tawahka, Miskitos, Tolupanes, Garífunas y lencas, grupos indígenas en el territorio hondureño. De acuerdo con el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), para 2010 apenas un 10% de la población indígena en Honduras tenía títulos de propiedad de sus tierras.

–Hemos sido víctimas de presión, humillación, de contingentes militares –dice Hermes Posadas, presidente del Consejo de Ancianos y padre de Yessenia–. Nos han golpeado y nos han intentado sacar a la fuerza a petición de un terrateniente que el Estado ha apoyado. Como indígenas estamos defendiendo nuestro pedazo de tierra, no estamos pidiendo otra cosa. Que nos dejen trabajar, cultivar la tierra.

Hermes, al igual que su hija y sus nietos, también forma parte del grupo con medidas de alejamiento de la comunidad. Su separación de este lugar impidió la práctica de remedios naturales en una zona que carece de un centro de salud. Como líder, Hermes exige que se acepte el título ancestral como prueba en los juicios y que serviría para probar que son dueños de estas tierras.

«…teníamos esperanza de volver y se pudo»

A pesar de su corta edad, los hermanos Alonzo tienen una infancia marcada por el exilio de su comunidad y la cercanía con otras luchas indígenas en el país. Lideni y Eliezer recuerdan cuando estuvieron por cuatro días en el campamento ¡Viva Berta¡, que se desarrolló frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras durante el juicio a David Castillo, condenado como culpable por ser coautor en el asesinato de la ambientalista y líder indígena lenca, Berta Cáceres.

–Ponían cartulinas y decían que un hombre mató a Berta. También unas papeletas que decían «¡Justicia para Berta!» Y el día que llegó… David, se llamaba, me parece –recuerda Lideni.

–David Castillo –agrega Eliezer y después sentencia–: Y el día que lo iban a condenar hicieron una fogata e hicieron hasta lo imposible hasta que salió culpable.

Acompañar a su madre después de que se le impusieron medidas de alejamiento los convirtió a ellos también en exiliados. Pero aún en el momento más complicado, ese 18 de septiembre que partieron de su hogar, dejaron algunas cosas con la esperanza de regresar.

–Solo nos llevamos algunas cosas porque teníamos esperanza de poder volver, y se pudo– dice Lideni.

Lideni compartió esa esperanza que también tuvo Berta Cáceres, quien fue asesinada en 2016 por su oposición a las concesiones de ríos en todo Honduras y que solía decir: «Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río».

El universo religioso de los lencas es el traslape del colonialismo y las creencias prehispánicas. Entre sus rasgos básicos, está la visión animista de la realidad. Carlos Brenes, en su Programa de Árboles, Bosques y Comunidades Rurales en Memoria Taller Indígena Centroamericano, plantea que la peor tragedia en los procesos de rehabilitación del saber indígena es caer en la trampa del racionalismo de haber abandonado en su sistema de conocimiento el saber sentir. El saber que se conoce también sintiendo.

Lideni, Eliezer y sus primos silbando al viento son un ejemplo de esos saberes aprendidos en el contacto con la naturaleza y que se les han hecho posibles por vivir en Tierras del Padre, donde sus familias los involucran en el cultivo de parcelas y donde asisten a una escuela primaria empeñada en recuperar su cultura en un sentido amplio.

Cuando a Lideni se le pregunta si sabe por qué su madre se tuvo que ir de Tierras del Padre, ella no lo duda:

–Nos fuimos porque mi mamá tenía una orden de alejamiento por defender las tierras –dice, impávida a sus nueve años.

A su lado, Yessenia sonríe, como escondiendo que ella le ha enseñado parte de esa conciencia en defensa de las tierras que reclaman como suyas.

Aunque también pudo haber sido el viento, ese que viene y que responde cada vez que Lideni, Eliezer y sus primos lo llaman.

–Ya viene –dice Yessenia, mientras el viento se cuela entre los pinos detrás de la escuela.

* Nota. Esta historia hace parte de la serie periodística Dibujando mi realidad, #NiñezIndígena en América Latina, cocreada con niños, niñas, periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias (Rede Tecendo Histórias), bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia. Puedes leer el especial completo en https://dibujando-mi-realidad.agendapropia.com.co/

En cinco meses de gobierno de la nueva administración de San Pedro Sula, todavía hay desacuerdos entre el movimiento de Roberto Contreras, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), alianza que logró un contundente triunfo en las elecciones pasadas. Algunos ciudadanos esperan un buen gobierno, pero hay otros, como Gabriela Paz, que no está conforme con la gestión.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Archivo CC

El viernes 6 de mayo del 2022, Gabriela Paz y un grupo de locatarios del Mercado Guamilito se apostaron en la primera calle de San Pedro Sula, frente a la Municipalidad para pedir ser escuchados por el alcalde Roberto Contreras. Unas cuatro horas después, la pequeña manifestación pacífica se disolvió sin que sus representantes fueran recibidos por el edil.

Gabriela y sus compañeros llegaron a reclamar para el cumplimiento de promesas con respecto a la construcción del nuevo edificio del mercado, que fue consumido por el fuego el 17 de junio del 2020. Ahora, la comerciante cuenta que, en lugar de atender las solicitudes, el nuevo alcalde quiere entregar la administración de ese mercado a los locatarios.

En octubre de 2021, previo a las elecciones generales, Roberto Contreras se postuló como candidato independiente, pero luego se convirtió en el candidato oficial de Libre tras sellar una alianza con los candidatos Omar Menjívar y Julio Montessi, de los partidos Libre y Partido Salvador de Honduras (PSH) respectivamente.

El mismo viernes que protestaban los locatarios del Mercado Guamilito, un bullicioso grupo de activistas del partido Libre quemó llantas y pidió al alcalde una oportunidad de empleo. En su reclamo aseguran que fueron ellos quienes defendieron los votos en las urnas para que él gobernara por los próximos cuatro años la ciudad.

«Se suponía que él iba a hacer algo bueno por San Pedro Sula, pero a la dirigencia, que es la que lo llevó a estar sentado ahí, él no la toma en cuenta, se ha olvidado que por nosotros ganó, él dice “yo estoy aquí por los de movimiento independiente”,y está equivocado, llegó por la sombra de Libre», nos dijo Aída Zúniga, una enardecida mujer de 60 años, quien trabajó por Libre en el pasado proceso electoral.

Ese día el alcalde no atendió a ninguno de los grupos que protestaban. Sin embargo, contrario a lo que pasaba con su antecesor Armando Calidonio, Contreras aparece todos los días en el algún punto de San Pedro Sula, ya sea supervisando una obra en construcción, limpiando un bordo o una escuela, repartiendo pequeños árboles para sembrar o barriendo la calle frente a un colegio. Es un alcalde visible.

Fernando Romero es residente del barrio Barandillas, habitualmente conduce un taxi VIP o «radio taxi». De los primeros cuatro meses del nuevo alcalde sampedrano piensa que, en «términos generales», no ha sido malo, y una de las cosas que él reconoce es precisamente que «siempre ha estado cerca de la gente y el exalcalde Calidonio se metía demasiado en su oficina», recordó.

Romero votó por Contreras en noviembre pasado y manifestó que sigue creyendo que «el alcalde es una persona honesta y que puede hacer mejor las cosas». Sin embargo reconoció que hay algo con lo que no está de acuerdo: «No me gusta que siga como en campaña política, parece que está postulándose a una futura aspiración política a la presidencia de la República. Si hace un buen trabajo, que sea esto lo que hable, no la publicidad», expresó.

El martes de 21 de agosto del 2022, circuló un video donde Roberto Contreras, se bajó de su camioneta y comenzó a dirigir el tráfico en el bulevar que va hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Una de las personas que lo observan, graba las imágenes mientras menciona frases como “esto es un verdadero líder”. Hubo otro que entre risas menciona que el, “alcalde está solucionando que no hay luz en el semáforo, ayyy mi Honduras”.

El alcalde de San Pedro Sula parece ser admirador del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un hombre que ha impulsado su popularidad a través de las redes sociales y usando frases como «el dinero alcanza, cuando nadie se lo roba». Este mensaje también ha sido utilizado por Contreras, quien al igual que el mandatario salvadoreño es muy activo en redes sociales donde comparte videos en sus visitas a mercados o algún emprendimiento. Durante una protesta de los habitantes de Chamelecón exigiendo la reparación de los bordos, apareció el alcalde sampedrano sosteniendo una pancarta donde pedía a Bukele que ayudara con la reparación de los bordos.

Una vez en la alcaldía, la administración de Contreras anunció una visita del presidente salvadoreño a San Pedro Sula, pero esta finalmente se canceló.

“No me gusta que siga como en campaña política, parece que está postulándose a una futura aspiración política a la presidencia de la República”,Fernando Romero, sampedrano.

Tuit

En una conversación con Contracorriente, el alcalde Contreras negó que él esté pensando ahora en una futura aspiración presidencial y lo hizo de forma muy folclórica: «Mire, el hombre que corre detrás de dos conejos a la vez, termina comiendo frijoles y el primer conejo que se debe agarrar es la Municipalidad de San Pedro Sula y en eso estamos enfocados», nos dijo y agregó un dardo a su predecesor Armando Calidonio, «esta ciudad los últimos ocho años tuvo un gerente administrativo, no tuvo alcalde, porque el alcalde está con el pueblo y un gerente es el que está encerrado en la oficina con aire acondicionado sin importarle cómo sufre su pueblo».

A Gabriela Paz, locataria del Mercado Guamilito, lo que va del gobierno municipal no la convence, pese a que contó que ella y una hermana trabajaron en las mesas receptoras de votos en noviembre por la candidatura de Contreras, pero cuando conversamos con ella no estaba conforme con lo hecho por el alcalde: «Eso de andar barriendo calles, creo que no es de un gran alcalde. Se alegran (algunos sampedranos) porque hizo un cerco en el presidio de láminas de metal. Las obras tienen que ser serias y formales no eso que está haciendo él, desgraciadamente pensé que era diferente», dice indignada.

El ahora alcalde durante su campaña basó su discurso en la siguiente frase: No robar, dejar trabajar a los emprendedores y dejar trabajar a los empresarios. El eslogan de su gobierno es: San Pedro Sula, ciudad de emprendedores. Prometió quitar las grúas, cosa que cumplió por un mes, y se manifestó en contra del proyecto Siglo XXI, cuya abolición, antes de formar una alianza, era una propuesta de Libre.

Hay que decir que Contreras cumplió casi de forma inmediata la promesa de eliminar las grúas, pero un mes después de haber tomado esa determinación dio vuelta atrás y reactivó las multas pues el centro de San Pedro Sula se volvió caótico cuando los conductores ya no tenían el disuasivo de que una grúa les llevara el vehículo.

Sin embargo, en algo que no suele ocurrir una vez que un candidato sea electo, el alcalde sampedrano ha hecho varias promesas después de que asumió el mando el 27 de enero del 2022. Una de ellas la construcción de un hospital materno infantil, fin para el cual ha conseguido en donación el terreno donde antes estaba ubicado el centro penal que fue trasladado a Ilama, Santa Bárbara. En uno de sus primeros días de gobierno, Contreras sorprendió al decir que compraría el edificio donde funcionaba el antiguo Hotel Sula, que cerró durante la pandemia. La compra no se realizó. Además, propuso cerrar el asilo de ancianos y que los adultos mayores fueran cuidados por familias que percibirían 25,000 lempiras mensuales, pero la idea tampoco fue bien recibida.

Para Óscar Hendrix, abogado, miembro de Libre y asesor legal de la Municipalidad, hay algunas cosas que han impedido a la actual administración realizar una mejor gestión hasta ahora. Una de las que menciona es que hubo un tardío proceso de transición y el primer mes de gobierno fue para diagnosticar la situación de la Municipalidad: «Ha habido un montón de cosas para que la administración no sea como espera el pueblo sampedrano. Por ejemplo, por primera vez en la historia confluyen varias fuerzas políticas a lo interno de una gestión, estamos en un terreno sin explorar», explicó.

Disputas y despidos

La alianza conformada por el movimiento de Roberto Contreras, el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras logró el 63 % de los votos y logró seis regidores de los 10 que tiene la corporación, pero la «luna de miel» terminó muy pronto.

En los primeros días de gobierno, Contreras manifestó no veía problema en que las gerencias municipales, que son 13, quedaran en manos de forma equitativa entre las tres fuerzas que conformaron la alianza; sin embargo, desde Libre se le respondió al edil que la cuota de seis gerencias para ese partido era innegociable. Fue uno de los primeros desencuentros que hubo entre los que fueron aliados.

Óscar Hendrix, abogado y militante de Libre, reconoce que el acuerdo «es más una obligación ética» al carecer de fuerza legal y añade que entre las fuerzas de la alianza «esa relación dialéctica con sus choques y virtudes se ha ido construyendo» en estos meses. Piensa que además del éxito de la actual administración, está en juego la legitimidad de las elecciones pasadas, porque aseguró que Contreras ha sido el alcalde más votado de la historia y si la población en algún momento siente que no hay resultado y lo que hay es más conflicto, «nos estamos jugando más allá de una alianza política, nos estamos jugando la confianza de la población en la democracia local», analizó.

El alcalde Contreras y el vicealcalde Omar Menjívar encontraron en la alcaldía una deuda cercana a los 4,000 millones de lempiras (161 millones de dólares), lo que les impide despedir los cuadros de Armando Calidonio, el exalcalde durante ocho años y actual regidor; esto mientras en las afueras de la municipalidad los activistas de Libre se desesperan por una oportunidad de empleo. En varias ocasiones han protestado , pero en una de esas fue donde encontramos a doña Aida Zúniga (60 años), una efusiva activista de Libre que se encuentra muy molesta con Contreras.

«Él está tratando muy mal a la dirigencia del Partido Libre y él no tiene que hacer eso, porque si él está sentado ahí (como alcalde) es por el trabajo que los de Libre hicimos», manifestó la mujer de tez trigueña, a quien no importaba el imponente sol de San Pedro Sula.

«No nos ha dado respuesta, más bien ahora sale con quiere meter los peajes y si ya le metimos fuego una vez ¿por qué no les podemos volver a meter (fuego)?. A nosotros los de Libre no nos hace el sol, el agua o las bombas lacrimógenas, ya lo hemos sufrido», manifestó efusiva Aída, mientras miraba fijamente al edificio municipal, como si quisiera encontrar a través de las paredes al alcalde Contreras.

Lo que doña Aída mencionó puede convertirse en punto de discordia entre Roberto Contreras y Libre, pues en mayo el alcalde mencionó que volvería colocar un peaje en la salida a Tegucigalpa y al occidente del país para recaudar 1,000 millones de lempiras que se necesitan en ese bulevar para aliviar el pesado tráfico. Sin embargo, una de las propuestas del programa de Libre es eliminar los peajes existentes.

San Pedro Sula tenía peajes en las salidas a Puerto Cortés, El Progreso y Villanueva pero fueron quemados durante las protestas en la crisis post electoral del 2017, que se originó tras la victoria de Juan Orlando Hernández sobre Salvador Nasralla. El expresidente, quien ahora espera juicio en Estados Unidos, se presentó de forma inconstitucional a ese proceso, que también fue señalado como fraudulento luego que Juan Orlando superara a Nasralla pese a ir perdiendo por cinco puntos porcentuales con el 57 % de las actas escrutadas.

La situación más visible y mediática de estos desacuerdos fue el despido de tres gerentes nombrados por Libre luego que se cumplieron los primeros 100 días de gobierno municipal. Como justificación para su despido, el alcalde manifestó que las personas en cuestión no habían cumplido con un plan de 100 días. En esa ocasión también fueron despedidos dos gerentes que habían sido colocados por el mismo Roberto Contreras.

El jefe edilicio manifestó a la radio HRN que no era ninguna venganza, si no que «ninguno de los gerentes cumplió con el objetivo asignado». En esa ocasión pidió al Partido Libre «nombrar a personas con mayor capacidad de trabajo y más compromiso con la ciudad».

«Lo importante aquí es que no existe el morbo en cuánto a los despidos, no es ninguna venganza porque ahí están incluidos mis gerentes. Por ejemplo, al gerente municipal lo saqué de la empresa privada para trabajar con nosotros, pero no dio el ancho, entonces tengo que despedirlo», dijo el alcalde.

Tres de los gerentes cesados realizaron una conferencia de prensa el 15 de mayo para aclarar las razones de su despido. Entre ellos estaba José Luis Aguirre, quien dijo a Contracorriente que no pertenecía a ningún partido político y confirmó lo dicho por Contreras, que llegó a la gerencia administrativa desde la empresa privada.

No estuvo de acuerdo en la justificación brindada por el alcalde, que no se había cumplido el plan de 100 días, pero aseguró que a él no le presentaron nada parecido a ello. «No existe un documento que diga que x gerencia debe cumplir tal cosa en 100 días. El despido fue manejado de manera incorrecta desde el punto de vista de ley, se utilizaron adjetivos descalificativos que también la ley considera como ofensa a una persona».

Roberto Mena, cuadro de Libre en la Municipalidad, era el gerente de competitividad y fue cesado por Roberto Contreras, aseguró en conferencia de prensa que lamentablemente no se siguió el proceso: «Nunca fuimos instruidos en un dichoso plan para los primeros 100 días», dijo.

Omar Menjívar, vicealcalde de San Pedro Sula, miembro de Libre y aliado de Contreras para alcanzar la Municipalidad, calificó el despido de los gerentes como arbitrario, injusto e ilegal: «Esas cosas no deben pasar y no es correcto que nos quedemos callados . Yo lamento que esto pase en un Gobierno que generó una altísima expectativa en la población y que nos impone a todos los que somos parte del mismo a responder».

Menjívar, en una conferencia de prensa realizada el 24 de mayo, dijo que el alcalde debe reflexionar y que él tiene «la disposición permanente de encontrar los acuerdos mínimos que nos permitan avanzar en la ruta de gobierno a cumplir con esa expectativa del pueblo, que nos permitan dirigir este barco a un puerto seguro, es lo que el pueblo espera», afirmó.

“Tengo la disposición permanente de encontrar los acuerdos mínimos que nos permitan avanzar en la ruta de gobierno que nos permitan dirigir este barco a un puerto seguro”, Omar Menjívar.

Tuit

Para la elecciones de 2021, Roberto Contreras, Libre y PSH formaron una alianza que venció al nacionalista Armando Calidonio, que buscaba un tercer período al frente de la comuna sampedrana. «Hicimos un pacto, nos distribuimos responsabilidades de gobierno —no es que nos distribuimos chambas o cargos— y bajo nuestra responsabilidad quedaron seis gerencias, y seis quedaron a cargo del alcalde», dijo Menjívar.

Menjívar mencionó que ese acuerdo se debe respetar aunque él reconoce «que no tiene fuerza legal, pero debe tener fuerza ética, tenemos el compromiso de gobernabilidad, lo mínimo que debió hacer el alcalde era llamarme (por el despido de los gerentes), porque yo representó ese convenio», afirmó.

En referencia a la administración encabezada por Roberto Contreras, el vicealcalde sostiene que se pueden tener las mejores intenciones y planes, pero sin las condiciones adecuadas de gobernabilidad es muy difícil impulsar esos planes: «Eso tiene que ver con la serenidad y sensatez que anime las decisiones a tomar en el Gobierno. No dudó de las intenciones que tiene, sé que es un hombre trabajador y le sobran las ideas, pero todo eso será difícil de concretar si no hay un adecuado ambiente de gobernabilidad».

Aseguró que no hay división entre las fuerzas que lograron la victoria en San Pedro Sula, pero no dudó en decir que fue la estructura de Libre la que permitió alcanzar el poder en la comuna sampedrana. Reconoció que hay un desacuerdo en lo que tiene que ver con los despidos, «pero es fuerte porque tiene que ver con la estabilidad del Gobierno y la gobernabilidad».

El alcalde Contreras no acepta que haya división. Mencionó que los cambios realizados en la gerencias son normales. «Recuérdese que son 13 gerencias, había algunos que ni siquiera nos conocíamos y cuando usted arma los equipos lo hace con el recurso idóneo para sacar adelante los objetivos. En este caso los que no se acoplaron al sistema de trabajo tuvieron que darle oportunidad a otras personas, pero no existe ninguna diferencia, y si existe, es superficial, no es profunda», aseguró el edil sampedrano.

Contreras descartó que el despido de los gerentes pueda ocasionar un gran problema en la Municipalidad, pero entre líneas deja un mensaje a la militancia de Libre: «Aquí lo más importante es sacar adelante la ciudad y no complacer los caprichos de un partido político, cualquiera que este sea. Primero Honduras, primero San Pedro Sula y después un partido político», afirmó.

El abogado Óscar Hendrix reconoce, aunque no de forma explícita, que hay desacuerdos entre Roberto Contreras y Omar Menjívar: «Ya que tanto el alcalde como el vicealcalde no vienen de una militancia política, son más ciudadanos que otra cosa, uno esperaría que ellos pueden tener la madurez de llegar a esos acuerdos democráticos, que a veces los partidos políticos alcanzan», mencionó.

La voz del pueblo

Entre los habitantes de San Pedro Sula hay opiniones encontradas sobre la gestión de Roberto Contreras. Algunos destacan el dinamismo y constantes visitas a los barrios y colonias, es el caso de Fernando Romero, que lo destacó como un alcalde «cercano», a diferencia de Armando Calidonio. No obstante, Gabriela Paz afirmó que votó por él «pensando que era diferente».

Jesús Discua es habitante de Chamelecón, quien además administra una página de noticias del sector; él hace una buena evaluación del alcalde y de su trabajo: «Lo hemos visto bien. Se ve trabajo, hay reparación de calles que estaban bien dañadas. Además, hay un proyecto de pavimentación (para Chamelecón) que viene», sostiene.

La administración de Contreras, además de Chamelecón, también está realizando obras en aldea El Carmen, donde están pavimentando tres kilómetros de calles, y en la villa de Cofradía, donde se está terminando un edificio donde funcionará un macrodistrito de salud. En estos lugares las votaciones le favorecieron abrumadoramente en las elecciones del 2021, cuando venció a Armando Calidonio.

«La gente lo ve bien (la administración de Contreras) porque se le ha dado respuesta en algunas cosas, falta mucho por hacer, debido a que Chamelecón, quedó golpeado después de los huracanes. No podría decirle que lo veo mal», agregó Discua.

Pero está la otra cara de la moneda, gente como Aida Zúniga, quien asegura que Roberto Contreras ha tratado muy mal a la gente de Libre y se ha vuelto inaccesible para ellos. «A nadie recibe, con que no recibe ni al vicealcalde y le ha pedido audiencias. Él se cree superior, se cree el dueño de la municipalidad y esta –dice mientras la señala– es de los ciudadanos de San Pedro Sula».

Sobre la inconformidades de las bases de su partido, el vicealcalde Menjívar mencionó que los cuadros de Libre tienen varios reclamos, pero el fundamental es que no se han podido generar las oportunidades de empleo, pero aseguró, como eximiendo de responsabilidad a Contreras, que la falta de plazas para los activistas obedece esencialmente a que la Municipalidad no tiene los recursos económicos para despedir y pagar prestaciones. «Básicamente a eso se debe a que no se hayan generado oportunidades», dijo.

Gabriela Paz, una locataria del Mercado Guamilito, le reclama a Contreras que les quiera entregar la administración del inmueble y cobrar una renta mayor. Explicó que, si ellos administran, serían los responsables del manejo y costos, y a su juicio no es el escenario adecuado después de un incendio, la pandemia y los huracanes: «No es el momento para que él quiera desligarse de los mercados municipales».

Fernando Romero, residente del barrio Barandillas, consideró que –como todo mandato– tiene aciertos y desaciertos, pero que él no tuvo que haber prometido la salida de las grúas, porque ese es un «mal necesario». Sobre otra situación a revisar en San Pedro Sula, que es el comercio informal, Romero afirmó que es una campaña que difícilmente va a cumplir pues «las calles están tomadas por familias enteras, cualquier intento que haga por sacar esa gente se meterá en un gran rollo».

Hasta el momento, la administración no ha hecho nada por retirar u ordenar el comercio informal de las calles. Incluso este ha ido ganando terreno, pues vías como las peatonales aledañas al Parque Central se han tornado intransitables. En el día de la toma de posesión, Contreras dijo –refiriéndose a los vendedores ambulantes– que él «prefería cinco mil vendedores, que cinco mil ladrones en las calles».

La referencia que el alcalde Contreras realizó en su discurso de asunción no es producto de la casualidad, en los años 2012 y 2013 San Pedro Sula fue considerada como la ciudad más violenta del mundo. Y si bien el índice de homicidios ha bajado, la criminalidad sigue campeando en la ciudad. El 28 de febrero, todas las unidades en la Gran Terminal de San Pedro Sula se paralizaron por una nueva ola de extorsión sobre el sector transporte. Nuevos grupos criminales quieren entrar al «negocio».

En los primeros tres meses del 2022, según estadísticas de la Policía Nacional, en San Pedro Sula se registraron 88 homicidios, siendo a esa fecha la segunda ciudad en la incidencia de este delito en el país, la primera es Tegucigalpa con 112 homicidios.

En una conversación con Contracorriente antes de las elecciones, al referirse a una hipotética respuesta a la violencia que doblega a la ciudad, Contreras brindó una respuesta basada en evitar que los jóvenes se sumen a las pandillas: «Considero vital la educación técnica a personas vulnerables orientada a impedir que los jóvenes se integren al crimen organizado, porque ningún joven quiere ser miembro del crimen organizado. Ellos quieren ser técnicos en refrigeración o mecánicos. Eso es parte de combatir la violencia y las caravanas que salen hacia el norte», dijo Contreras, quien en estos meses de gestión ha impulsado la apertura de dos colegios técnicos.

En una ciudad con problemas de sobra, siempre hay quien tiene esperanza: «Ojalá por el bien de San Pedro Sula haga un buen trabajo, por cierto ya días no se habla del Hotel Sula que lo iba a comprar, es lo malo de andar prometiendo tanto y luego no poder cumplir, pese a esto sí ha tenido varios aciertos en cuanto al orden vial», espera Fernando Romero.

El mismo alcalde le dijo a Contracorriente que es hora dejar las promesas: «Aquí estamos para cumplir lo que ofrecimos en campaña política ya es hora de dejar de hacer promesas y cumplir lo que prometimos: educación técnica gratuita, atención a los niños, reforestación, optimización en recursos y austeridad en el manejo del dinero. Es lo que estamos haciendo, una administración sencilla y cercana al pueblo».

El 11 de mayo el alcalde sampedrano salió a las calles para reunir 50,000 firmas y de esta forma enviar una iniciativa ciudadana al Congreso Nacional con el objetivo de derogar el Proyecto Siglo XXI, que también fue una promesa de campaña del Partido Libre, pero que hasta el momento no ha sido ni mencionado en el hemiciclo.

Siglo XXI es una carga impositiva cobrada en San Pedro Sula para desarrollar obras de infraestructura. Este proyecto fue aprobado en el Congreso Nacional y sus fondos son manejados directamente por el Consorcio Siglo XXI, o sea que no pasan por las arcas municipales. Fue adjudicado en 2014, el consorcio tiene siete años para ejecutar las obras, pero la concesión dura quince años.

LEER: Revocar Siglo XXI, una promesa cuyo cumplimiento depende de un congreso sin mayoría

El consorcio es producto de una Alianza público-privada, cuyo objetivo es desarrollar 24 obras de infraestructura. El fondo destinado para estas obras es un poco más de 1,845 millones de lempiras, con un valor promedio de 77 millones por cada obra desarrollada.

No obstante, Contreras nos manifestó que su más grande desafío es construir un hospital pediátrico: «Es un desafío grande proporcionarle salud y un hospital pediátrico a más de 200,000 niños que no tienen acceso a que los vea un especialista. Ese es el sueño más grande, es el desafío de estos cuatro años: un hospital universitario donde nuestros jóvenes que estudian medicina en la universidad puedan sacar la especialidad y donde los niños puedan recibir una atención digna».

Óscar Hendrix opinó que una de las grandes preocupaciones de la municipalidad es el tema de las lluvias, pues aunque no sea un problema de esta administración «si llegan tormentas fuertes y hay daños, la población no estará pendiente en quien recae la culpa si no en la capacidades de respuesta de las autoridades». Agrega que también se debe atender la promesa de una auditoría forense a las arcas municipales: «Se sigue esperando eso, de lo que pasó en la administración anterior se tienen pocas luces».

A pesar de todos los reclamos, las promesas que debe cumplir y las esperanzas que debe atender, Roberto Contreras nos aseguró que no ha «sentido una gran presión respecto al trabajo, lo he disfrutado», pero reconoció que lo más duro que ha tenido que pasar son las sesiones con Armando Calidonio, «se las tira de abogado», dijo. Después abordó su camioneta y se fue sin ningún carro de seguimiento u otro protocolo de seguridad.

Fotografía y texto: Jorge Cabrera

En las últimas horas, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), bajo control de las Fuerzas Armadas, ha realizado operaciones de saturación en diferentes barrios de Tegucigalpa debido a la incidencia de hechos violentos en zonas controladas por maras y pandillas. Estas operaciones se realizan para dar captura a personas con órdenes pendientes, hacer allanamientos para decomiso de armas de fuego y reforzar el patrullaje que hace diariamente esta institución militar en todo el país.

Han pasado 141 días desde que tomó posesión Xiomara Castro en enero de 2022. Y como uno de los objetivos de su Gobierno, Castro anunció la desmilitarización de una seguridad pública militarizada por su antecesor, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por varios delitos relacionados al narcotráfico. Sin embargo, la PMOP sigue patrullando las calles de Honduras.

«Este tipo de operaciones se están realizando diariamente en aquellas zonas donde se ha reportado algún tipo de incidencia delictiva, como El Edén, El Bosque, El Picachito, La Sagastume, La San Miguel, La Esperanza, La Era, Suyapa, Villanueva, El Lolo, Flor del Campo, entre otros. Estas operaciones son permanentes por parte de la PMOP en todo el país, y esta mantiene patrullajes con el propósito de brindar seguridad a la población», dijo Mario Rivera, vocero de la PMOP.

«Ver recorrer las calles a los militares no nos da la seguridad de que las maras dejen de pelear territorios; esto solo lo hacen por un día, luego no se vuelven a ver (los militares)», mencionó Fredy García, comerciante de la zona de la colonia San Miguel, donde la PMOP ha estado realizando patrullajes y allanamientos.

A pesar de que la Secretaría de Seguridad –a través del Sistema Policial en Línea (Sepol)– ha documentado hasta el 8 de junio una baja en la tasa de homicidios con respecto al año anterior, varios hechos violentos han impactado en la percepción de violencia de la población hondureña.

«Ya no más violencia contra las mujeres. Voy con todas mis fuerzas para cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse plenamente y vivir en un país libre de violencia. Mujeres hondureñas, no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos. Cuenten conmigo», dijo Xiomara Castro en su discurso de investidura; sin embargo, femicidios como el de Nerly Mendoza y Naomi Espinoza –que ocurrieron con tan solo tres semanas de diferencia– ponen en evidencia la inseguridad en la que se encuentra la población y, en especial, las mujeres y las niñas.

Otro caso que tambaleó la promesa del nuevo Gobierno fue el del seguidor del equipo de fútbol Real España, Wilson Pérez, quien un día después de haber agredido a una oficial de la Policía durante un partido en el estadio Metropolitano de San Pedro Sula, murió en un supuesto enfrentamiento con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) –que recientemente pasó al mando de la Policía Nacional de Honduras después de tener mandato militar.

Por otro lado, en lo que va de 2022 ya se contabilizan más de 254 menores asesinados. «Muchas de estas muertes están vinculadas a la violencia común que hay en el país, pero tampoco podemos hacemos los ciegos y entender que esto tiene que ver con toda una estrategia que tiene el crimen organizado y el narcotráfico para poder desestabilizar a la nueva administración de gobierno por las decisiones», dijo Wilmer Vásquez, director de La Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) quien también fue candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Julio Prado, abogado y escritor guatemalteco, presentó el 13 de junio de 2022 la novela La noche viene sin ti (Alfaguara, 2022), que revela algunas de sus vivencias como fiscal en casos reales de adopciones ilegales en Guatemala.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

La librería Metromedia de Tegucigalpa recibió con un conversatorio al abogado y escritor guatemalteco, Julio Prado, autor de La noche viene sin ti (Alfaguara, 2022) quien habló sobre el proceso literario de ésta, su primera novela. Aunque Prado publicó antes un libro de cuentos y solía escribir columnas de opinión en medios digitales de Guatemala, para recopilar lo que vivió en el Ministerio Público como fiscal de la unidad que investigó adopciones ilegales, decidió usar una narrativa novelística y así, a través de la ficción, ordenar sus recuerdos y respetar a las víctimas.

Gonzalo Ríos, protagonista de la historia y especie de álter ego para Prado, es un joven fiscal que acaba de ser asignado a la Unidad de la Niñez y Adolescencia y ahora deberá enfrentarse a la corrupción en el sistema judicial, redes de narcotráfico, prostitución y, por si fuera poco, al desgaste de su relación matrimonial y su reciente paternidad.

La novela está escrita en primera persona, así que la herramienta para contar la historia de Gonzalo Ríos fue plantearla como un diario, explicó Prado: «Cuando uno lleva un diario, sabe que uno se está confesando con uno mismo, entonces se es más resuelto, más transparente». De esta manera se desarrolla esta historia para la que el escritor guatemalteco mencionó que tuvo presente la novela Abril Rojo (Punto de lectura, 2006)de Santiago Roncagliolo y la película Heat de 1995, protagonizada por Al Pacino y Robert de Niro.

Así como en Heat se plantea la dualidad a través de Pacino y de Niro al ser uno un policía y el otro un ladrón de bancos, Prado expone las dos facetas de su protagonista. Por un lado el hombre de familia que se ve sumido en la desesperación al llegar a casa y verse restringido aislado por no poder compartir las atrocidades que vive en su jornada laboral y, por otra parte, el fiscal incansable que choca con problemas burocráticos por la corrupción en el sistema judicial y se siente responsable por las víctimas de un Estado que parece poner solo trabas para que vean justicia.

«Creo que somos una máquina de producir víctimas», dice el autor al referirse a cómo se maneja la justicia en Centroamérica y, además, considera que la violación a los derechos de las habitantes de la región aún persisten, lo que concluye en que no tengan más opción que ser víctimas de la trata de personas, prostitución o adopciones ilegales.

El primer tercio del libro introduce a Gonzalo a este mundo corrupto y violento y da inicio a un problema social que hoy día perdura en la sociedad: las adopciones ilegales. «Una galería como oferta de productos en línea. Un Amazon de personas. Esa era la puerta que acabábamos de abrir», es la frase que da el pistoletazo de salida para una trama que pone en el foco de atención la maldad más pura del ser humano y cómo la avaricia se aprovecha de la necesidad económica de unos y de la necesidad emocional de otros que solo quieren formar una familia.

Prado lo resume como el «síntoma de épocas sumamente violentas, de épocas en las que la vida vale muy poco y vale tan poco que tiene un precio». El negocio de las adopciones ilegales en Guatemala inició aproximadamente en 1977 cuando en la legislación guatemalteca se aprobó que notarios y notarias estuvieran facultados para gestionar procesos de adopción, desde ahí se confabularon la corrupción y los problemas socioeconómicos de la población para que a inicios de la década de los 80 se convirtiera en un negocio rentable, según el Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER). De acuerdo al CIPER, para el 2008 Guatemala se convirtió en el primer lugar de países con «exportación de niños» hacia Estados Unidos.

La noche viene sin ti (Alfaguara, 2022)explora desde la piel de Gonzalo cómo funciona a nivel de calle todo el proceso de las adopciones ilegales; el lector puede conocer de primera mano cómo exactamente funcionaron –y todavía lo hacen– estas redes criminales, por medio de historias reales de madres y padres que fueron forzados por su contexto a entregar a sus hijos e hijas.

Según Julio Prado, este no es un negocio exclusivo de Guatemala; también Honduras, Chile, España, Rusia o China sufren por esta actividad ilícita. Tras la interrogante de uno de los lectores en el conversatorio sobre qué dice este problema acerca de nuestra sociedad, concluyó que esta «fue una industria floreciente. Y ¿qué estábamos haciendo? Estábamos vendiendo guatemaltecos».

Texto: Rocío Anderson
Ilustración: Pixabay

Me gusta tener pesadillas. De esas en las que tenés que despertar varias veces antes de despertarte de verdad. Entre más oscuras y perturbadoras, mejor. En realidad, no es la secuencia terrible de imágenes en sí lo que disfruto, sino el alivio de encontrarme en una realidad considerablemente mejor que lo que me estaba imaginando. Recuerdo que ese primer año en Buenos Aires no tuve ninguna. Al contrario, mi subconsciente reproducía con despiadada vividez escenas cotidianas de mi vida anterior. Lo más cruel era cuando estaba a punto de abrir los ojos. El murmullo de mis compañeros de residencia en la cocina sonaba como mis hermanos desayunando antes de ir a la escuela, y del bar de abajo subía un aroma a algo que estando semiconsciente se podía confundir con café hondureño, y hasta la manta tiesa y peluda con la que me tapaba los pies me parecía que era Capitán, el perro miedoso de mi abuela, que le gustaba amanecer en mi cama cuando llovía. Despertarse de algo así es desolador.

Siempre me imaginé que a Marisol le pasaba lo mismo en el zoológico. Su jaula estaba ambientada y climatizada para recrear su hábitat con precisión científica. Había hasta parlantes que reproducían sonidos de jungla: agua borboteando, monos aullando a lo lejos y, por supuesto, otras guacamayas cantando y platicando. Hacía todo lo posible para no despertarla cuando le llevaba su fruta en la mañana y así no tener que verla caer en cuenta de dónde estaba en realidad.

Cuando me escuchaba llegar, abría los ojos y el pico, como si estuviera a punto de cantar. Pero al reconocer su cautiverio, cambiaba la canción por un grito desesperado.

Llegué a ese trabajo en el zoológico como reemplazo de un compañero de la universidad que iba a pasar el verano en su provincia. Era informal y pagaba muy poco, pero me acababan de robar el celular en el tren y me tuve que comprar uno nuevo con los dólares que me había dado mi abuela antes de viajar. Se suponía que ese dinero me tenía que durar por lo menos tres meses más, así que salté a la primera oportunidad laboral que se me presentó. No hubo entrevista y la capacitación fue una hoja de papel de cuaderno con las horas a las que había que cambiarles el agua y la comida a todos los pájaros. Abajo de todo había una nota en mayúscula:

OJO CON MARISOL

Cuando llegué a la residencia después del primer día, mi compañera de cuarto pensó que me habían vuelto a asaltar. Marisol me había rasguñado el cuello y picado los dedos a través de la reja. Atacar cuidadores parecía ser lo más estimulante de todo su día. El resto del tiempo gritaba de estrés y preocupación durante horas, ahogando los sonidos ambientales que se suponían que la relajaban. Los veterinarios argumentaban que solo tenía una personalidad difícil, pero que con el tiempo se iba a apaciguar. Cuando pregunté, nadie me dio una respuesta clara de cómo la habían conseguido, pero me aseguraron que era «rescatada», y que solo estaba allí mientras se sanaba una de sus alas.

Yo le empecé a hablar. Le contaba como venía mi semana y hubo veces en las que en todo un día no hablaba con nadie más después de ella. Hace años, mi papá me había contado que los dialectos y acentos de una región suelen imitar los sonidos de los animales nativos. O tal vez era al revés. Pero mi teoría era que Marisol me iba a querer más si se daba cuenta de que veníamos de las mismas latitudes. Yo sé que me escuchaba: porque durante todo el tiempo que yo me desahogaba, ella dejaba de quejarse.

Una mañana llegué muerta de hambre y con resaca al zoológico. Al borde del desmayo, abrí la refrigeradora donde guardaban la fruta de los pájaros y me encontré no solo con la primera papaya que había visto en Argentina desde que llegué, sino también la más grande, colorida y jugosa de toda mi vida. La partí en cuatro y, con un huracán en el estómago, se la llevé a Marisol.

Ella, por primera vez permitiéndose una canción de alegría, voló hacia el plato y con sus talones pescó dos de los cuatro pedazos para comérselos en su rincón. Los otros dos gajos, los dejó intactos en el plato. Fue ahí cuando me atreví a abrir la puerta de la jaula, y entré.

Antes de trabajar en el zoológico yo ya sabía un par de cosas sobre la guacamaya porque es el ave nacional de Honduras, y en quinto grado hice una cartulina por puntos extra para mi clase de Cívica. Sabía que su nombre científico es «Ara Macao», que están en peligro de extinción desde 1998 y que pueden llegar a vivir hasta 70 años. Pero lo más triste es que sabía que se emparejan de por vida, que son notorias por vivir siempre con su misma familia.

Una vez hicimos un picnic con mi mamá y mis hermanos en el río Cangrejal, y en la otra orilla veíamos un árbol que tenía seis guacamayas que parecían hojas rojas y amarillas. Parecía que se reían entre ellas y, cada tanto alguna volaba a otro árbol y regresaba con algo en el pico y así retomaban la «conversación». Recuerdo haber pensado que éramos dos familias, una a cada lado del río, disfrutando del sol de la selva.

Y un día nos despertamos las dos en la misma jaula. Solas, extrañando, compartiendo una papaya.

Así nos acompañamos hasta que mi amigo, Andrés, volvió a Buenos Aires y le tuve que regresar su trabajo.

Mi último día en el zoológico pedí el turno de la noche.

Entré a la jaula de Marisol y le expliqué todo. Le pedí que siguiera portándose mal, y le prometí que nos íbamos a volver a encontrar en un lugar más colorido. Limpié su plato por última vez, y me llevé una pluma.

Yo, al igual que Marisol, nunca pude terminar de adaptarme. Estuve tres veranos más en Buenos Aires rotando entre chambitas en tiendas de ropa y de cobertores de celular, hasta que pude ahorrar lo suficiente para regresar a Honduras y quedarme del todo.

El zoológico lo cerraron poco después de que dejé de ir, y Andrés me contó que a Marisol –supuestamente– la llevaron a Colombia.

No he vuelto a ver una guacamaya tan de cerca. Mejor así. Si las ves bien no son muy majestuosas que digamos, en realidad son bastante horribles; pero también porque, ahora –acá–, cuando voy al río y las veo volando alto, y lejos, en grupos de cuatro o de seis, me gusta pensar que alguna podría ser ella.

Díaz fue señalado en Honduras por un caso de corrupción que suma los 2,809,000 de dólares en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. También fue nacionalizado otra pieza clave del gobierno del exmandatario extraditado a Estados Unidos: Ricardo Cardona López. La dictadura Ortega-Murillo amplía su refugio para prófugos de la justicia y cuestionados por corrupción.

Jennifer Avila y Wilfredo Miranda

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo naturalizaron como nicaragüense a Ebal Díaz, quien fue secretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández, el autócrata hondureño que fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Además fue naturalizado Ricardo Cardona López quien también fungió como secretario de la presidencia en el último periodo del gobierno de Hernández. Su esposa, Claudia Mercedes Matute, recibió la nacionalización y, a su vez, el hijo de ambos, José Ricardo Cardona Matute.

A través de la resolución 3238-A publicada en el diario oficial «La Gaceta» de este 17 de junio, el Ministerio de Gobernación nicaragüense otorgó la nacionalidad a Díaz. «Otorgar la nacionalidad es un acto soberano de Nicaragua […] el ciudadano Ebal Jair Díaz Lupian ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política», establece la resolución.

De acuerdo a la información contenida en «La Gaceta», Díaz ya contaba con residencia nicaragüense bajo el número 00007287, con domicilio y residencia en Managua, aunque no se indica desde cuándo el exfuncionario de Juan Orlando Hernández cuenta con residencia en ese país. Díaz era uno de los hombres más cercanos a Juan Orlando Hernández y en su país señalado por actos de corrupción y fraude electoral.

El pasado 8 de marzo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público hondureño por el perjuicio de 69 millones de lempiras (unos 2,809,000 USD) en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. Díaz Lupian y a Ricardo Cardona fueron señalados como los responsables de este proyecto que además fue utilizado como promesa de campaña del Partido Nacional antes de las elecciones del 2021 en las que Díaz era candidato a una diputación. La Fiscalía comenzó las pesquisas, pero hasta esta fecha no ha presentado un requerimiento fiscal.

Díaz también fue denunciado por la adulteración de actas durante las elecciones de noviembre de 2021 en las que no obtuvo los suficientes votos para obtener una curul en el Congreso Nacional. Mientras fue secretario de la Presidencia, también fue miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, más conocidas como ciudades modelo, impulsadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández. La ley que regula las Zede fue derogada por el actual gobierno de Xiomara Castro.

El régimen Ortega-Murillo ha convertido a Nicaragua en un refugio de políticos prófugos de la justicia, otorgándoles la nacionalidad. En Nicaragua viven los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Además de Cerén, también fue nacionalizada buena parte de su familia, sus hijos, un yerno y otros familiares cercanos.

El gobierno sandinista mantuvo relaciones muy cercanas con Juan Orlando Hernández, al punto de que el expresidente hondureño fue uno de los pocos dignatarios que asistieron a la toma de posesión de la pareja presidencial en Nicaragua, después de una reelección lograda tras encarcelar a todos sus contrincantes políticos. Uno de los últimos gestos entre Ortega y Juan Orlando Hernández fue firmar, en octubre de 2021, un acuerdo de delimitación fronteriza, en cumplimiento a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2007.

Hasta ahora no se conoce si otros exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández han sido nacionalizados por Ortega.

La relación Ortega y Xiomara Castro

Después del golpe de Estado contra Manuel «Mel» Zelaya en 2009, Ortega albergó al exmandatario en territorio nicaragüense. Otros exfuncionarios del gobierno depuesto de Zelaya también se fueron al exilio a Nicaragua, por ejemplo, Enrique Flores Lanza, quien fue el secretario de la presidencia de Zelaya y posterior al golpe de Estado fue acusado por delitos de corrupción. Actualmente fue beneficiado con una amnistía creada por el gobierno de Xiomara Castro.

Los Zelaya, junto a su esposa y actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mantuvieron una relación cálida con el sandinismo. Sin embargo, se enfrió con la llegada al poder de Juan Orlando Hernández.

Ortega, sumido en un hondo aislamiento internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2018 y su perpetuación en el poder, encontró en Juan Orlando Hernández uno de sus pocos aliados regionales e internacionales.

La actual relación entre Ortega y la nueva administración de Xiomara Castro es contradictoria: el gobierno hondureño votó en contra de una resolución promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), llamada «Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua», que creaba un mecanismo de tres expertos internacionales para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un día después, la diplomacia de Castro intentó retractarse alegando «un error» y terminó absteniéndose de votar.

Recientemente, en mayo, Honduras junto con El Salvador se abstuvieron de votar una resolución que condenaba la confiscación por parte de Ortega de las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Castro tampoco asistió a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, uniéndose al coro de países que criticaron que los Estados Unidos no invitara a la cita a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Fotografía y Texto: Fernando Destephen

Hay dolor en la cara del hombre. Sus ojos apretados lo denotan; su rostro, compungido, dice que el dolor es fuerte, pero no quiere verse débil. Grecia sigue la línea del diseño, inyectando tinta con la máquina y limpiando la sangre, ignorando las caras de su cliente que mueve la cabeza buscando un punto de fuga para el dolor. El sonido de la máquina hiriendo la piel es –por momentos– el único sonido en la casa que permanece a media luz.

Grecia es una mujer trans de 33 años de edad. En Tegucigalpa tiene su estudio de tatuajes, La Culta Tattoo, al que se dedica desde hace 4 años.

Acordamos nuestro primer encuentro en la colonia Payaquí en el centro de Tegucigalpa. Allí funciona el Centro para el desarrollo y la Cooperación LGTBI (Somos CDC), en donde Grecia hace su trabajo como activista de los derechos de la población LGTBIQ+, especialmente de las personas trans. Grecia no solo es una tatuadora que sueña con ser influencer, también lucha por la no discriminación en contra de las personas trans y busca justicia para quienes ya han sido víctimas de la transfobia.

En la oficina hay una reunión que interrumpimos, Grecia sonríe y explica: «Es que están haciendo un documental sobre mí». Los demás sonríen con complicidad; subimos las gradas hacia el segundo piso, a su espacio de trabajo en la parte de Comunicaciones de Somos CDC.

Honduras es un país hostil y, a veces, difícil de explicar: en el 2020, más de 309 mujeres fueron asesinadas en el país, y de enero a agosto del 2021 se han registrado un total de 184 femicidios. Las mujeres trans son también víctimas de una violencia desproporcionada; desde el 2009, se ha registrado la muerte violenta de 122 de ellas, de acuerdo con el estudio Investigación sobre Violencia Sexual y Femicidios como causa de Desplazamiento Forzado, realizado por la organización Grupo de Sociedad Civil con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). El observatorio de muertes violentas LGTBIQ+ de la red lésbica Cattrachas registra 409 muertes desde el 2009 hasta la fecha.

Grecia cuenta que sufrió la muerte de una persona trans del departamento de La Paz (zona central de Honduras). Se conocieron y le confió a Grecia sus padecimientos de ansiedad y depresión. Ella se suicidó, Grecia especula que pudo haber sido por el acoso y discriminación hacia una persona trans en una zona rural del país.

En los primeros meses de 2022, cinco personas trans han sido asesinadas sin nada más que convertirse en una estadística más de la impunidad. Un número que sigue en aumento, aunque recientemente hubo una señal de justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó en 2021 al Estado de Honduras por la muerte de Vicky Hernández, una mujer trans y defensora de derechos humanos que fue ejecutada de forma extrajudicial el 28 de junio de 2009 en medio de un toque de queda, una de las primeras muertes del golpe de Estado a Manuel Zelaya.

Ahora Grecia tiene una nueva lucha: la ejecución del Proyecto de Ley de Igualdad y Equidad LIE Honduras, que aún no ha sido presentado ante el Congreso Nacional, pero que ya es una promesa fija tras la sentencia de la Corte-IDH por el caso de Vicky Hernández; de concretarse la aprobación de este proyecto, el Gobierno reconocería su nombre en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Parece no ser mucho, pero ella sí quiere ver su nombre en su DNI y así terminar –de alguna forma– con la discriminación contra la diversidad sexual, sobre todo, de las personas trans.

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Grecia es amante de la cultura Pop y de la Geek. En su estudio, La Culta Tattoo, cuelgan y resaltan dos pósters: uno de John Wick (el Chuck Norris de esta generación) y otro con los personajes de Street Fighter, luego espejos –bastantes espejos–, sillas, botes de pintura y luces para hacer streaming.

Reconoce sentir miedo por el fanatismo religioso, le preocupa porque «podría convertirse en un pensamiento de aniquilación a las personas que –ellos como religiosos– consideran diferentes o que no comparten posturas por sus orientaciones e identidad. Eso sí me preocupa, que se les otorgue mucho poder para tomar decisiones que puedan generar violencia física, verbal o emocional contra otras personas; eso podría ser peligroso en contra de las personas LGTBIQ+ que son con las que más se ensañan estas personas».

La plática inevitablemente se va hacia los detalles oscuros de lo que ha sido su vida hasta la confesión de una voz que le dice: «Matate». Lo cuenta con la normalidad de la plática y sigue ordenando su estudio. Este día no va a tatuar, solo me recibe y cuelga una manta la que tiene al fondo una serie de rectángulos y la silueta negra de un gato observando el diseño que es un complejo de edificios y la leyenda con una leyenda KATOOMBA. Al final confiesa que aunque la voz es insistente, ya ha resistido mucho como para hacerle caso. Sonríe y sigue quitando objetos de un lugar para ponerlos en otro donde podrían quedar mejor o no.

«Casualmente ayer me llamaron otra vez los mareros y me volvieron a pedir pisto», me cuenta. En Honduras, la extorsión está normalizada. Grecia ha sido víctima de esto varias veces y eso la ha obligado a mantener un bajo perfil, incluso la ha llevado a cerrar el estudio por un tiempo aunque esta sea su principal fuente de ingresos. En esta ocasión también tendrá que cerrar –calcula–, pero es consciente de que debe otra vez bajar el perfil y dejar de tatuar.

De enero a abril de 2022, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) ha registrado 550 denuncias y 250 capturas por extorsión. De acuerdo a declaraciones del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez: «Hay mucha gente involucrada en esto porque es una industria enorme que genera mucho dinero. Hay policías, expolicías, militares, exmilitares, agentes del Ministerio Público, gente retirada también, hay de todo ya que el crimen no discrimina». El desplazamiento forzado es una consecuencia directa de la extorsión según el informe Tendencias Globales de ACNUR 2021 Honduras registró 19.600 solicitudes de asilo desde Estados Unidos y 36,400 desde México.

Grecia también migró. Se fue huyendo de Honduras sin documentos y su camino no fue diferente al de muchas y muchos, también sufrió discriminación; las autoridades de migración en México no sabían en dónde encerrarla, si con mujeres o con hombres; al final la encerraron con hombres y sufrió violencia sexual.

Un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA estima que hubo 11,400 solicitudes de asilo LGTBIQ+ en Estados Unidos entre 2012 y 2017. Los solicitantes de asilo procedentes de El Salvador supusieron el 28 %. Los hondureños eran casi el 15 % del total; y Guatemala, cercano al 8 %. El estudio reveló que alrededor del 96 % de las solicitudes de los solicitantes LGTBIQ+ fueron consideradas como «miedo creíble» a la persecución, lo que es necesario para avanzar en una solicitud de asilo.

Grecia fue deportada. En México dejó las ganas de continuar un camino migratorio y volvió a Honduras a encontrarse con lo que le gusta: el diseño y el arte del tatuaje.

El Observatorio de las Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH) presentó en mayo de 2021 una investigación sobre las causas de la migración forzada asociada a la violencia hacia las personas de la diversidad sexual. Dicha investigación se basó en cuatro puntos geográficos: Francisco Morazán, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba, una de sus conclusiones fue que: «Las causas que obligan a las personas LGTBIQ+ a migrar y a desplazarse son principalmente tres: violencia directa, falta de oportunidades de desarrollo y discriminación, estigma y exclusión».

Pero Grecia, con todos sus sueños encima, también tiene aspiraciones políticas: «Si yo no me meto, si yo no me involucro, nunca voy a ver cambios». Reconoce que con este Gobierno hay más espacios para la comunidad LGTBIQ+ y una apertura para el diálogo.

Aunque dice que necesitará la ayuda de personas con experiencia en el campo de la política hondureña para conocer cómo funciona el proceso de candidaturas, qué hacer y qué no hacer. También hacer empatía con una población que ya la rechaza porque dicen no sentirse representados por ella.

El futuro político de Grecia se pinta con matices de aprobación de leyes y el reconocimiento legal de su nombre.

El pasado 27 de mayo el Congreso Nacional derogó 19 decretos que propiciaron la creación de fideicomisos gubernamentales que «deterioraron e inmovilizaron las finanzas públicas». Este paquete de reformas propuesto por la presidenta Castro omite el Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción al Deporte (Finaprode) que fue utilizado para beneficiar a empresarios y diputados de la administración anterior, según una investigación de Contracorriente.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

La vigencia del contrato del Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción al Deporte (Finaprode) firmada entre la Secretaría de Finanzas y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)concluyó el pasado 31 de diciembre de 2021, con la posibilidad de recibir una extensión como ya había ocurrido cada año desde 2016, cuando fue aprobado. En febrero de 2022, las nuevas autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), ahora liderada por el deportista Félix Sabio, fueron notificadas por el nuevo Gobierno de que el fideicomiso seguiría, pero su presupuesto bajaría de los 165 millones de lempiras aprobados en 2021 a 30 millones de lempiras para el presente año fiscal.

A pesar de la considerable reducción, Sabio pensó que sería suficiente para suplir algunas necesidades urgentes de las 38 federaciones deportivas adscritas a la Condepah. Sin embargo, a la mitad de junio el dinero no ha llegado, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del deporte en el país.

Dicha incertidumbre nace de los señalamientos realizados por el Gobierno hacia los fideicomisos estatales suscritos en los pasados 12 años de gobierno nacionalista. La abogada Rixi Moncada, titular de la Secretaría de Finanzas, dijo en un informe presentado a finales de febrero de 2022 que había «indicios de corrupción por todas partes, no solo en las asignaciones hechas a las instituciones, sino en los contratos y fideicomisos», por lo que la información que llegó a la Condepah es que todos los fideicomisos se eliminarían, incluido el Finaprode. Sin embargo, tras la sesión legislativa del 27 de mayo de 2022 en la que derogaron 19 fideicomisos, éste en particular mantiene la posibilidad de extender su vigencia.

La derogación de los 19 fideicomisos fue realizada, según un comunicado del Congreso Nacional, debido a que su constitución «ha deteriorado e inmovilizado las finanzas públicas, violentando el precepto Constitucional de Caja única de Tesorería General de la República».

Contracorriente reportó que con el Finaprode en lugar de cumplir el objetivo de llegar hasta los deportistas de alto rendimiento en las diversas disciplinas para ayudar a su entrenamiento y asistencia a eventos deportivos, estos fondos fueron utilizados para beneficiar a empresarios encargados de proyectos departamentales que fueron gestionados y pactados por diputados del Congreso Nacional que, a su vez, buscaban beneficiar su imagen política frente a las elecciones de 2021.

Además, este medio contó que a pesar de que el dinero estaba destinado a las 38 disciplinas deportivas adscritas a Condepah, la mayor parte se quedó en el futbol aficionado a través de los proyectos departamentales: un total de 159 contratos de construcción, reparación, e iluminación de campos, canchas y estadios de fútbol por un monto total de 288,855,330.24 millones de lempiras, según la información obtenida por este medio. También la selección nacional de fútbol masculino se benefició más que cualquier otra federación deportiva con pagos al entonces director técnico y su equipo, vuelos privados y alojamientos en hoteles de lujo.

Todas estas irregularidades fueron permitidas por el Comité Técnico del Fideicomiso integrado entre 2016 y 2021 por un representante de la Secretaría de Finanzas, un representante del banco fiduciario Banhprovi, un representante del Congreso Nacional y el presidente de la Condepah, Gerardo Fajardo Fernández, presidente de la Federación de Racquetball, empresario y amigo cercano del entonces alcalde del Distrito Central y líder del Partido Nacional, Nasry Asfura.

Tras la publicación de esta información, diversos personajes políticos y del ámbito deportivo reaccionaron ante las irregularidades con las que se manejaron los fondos; sin embargo, no se han anunciado investigaciones por parte de las autoridades competentes, y el fideicomiso que fue manejado con opacidad en la administración dirigida por Fajardo podría extender su vigencia.

El fideicomiso tras la investigación

«Si el enfoque del fideicomiso hubiese sido diferente desde luego que la situación del deporte sería distinta», afirmó Félix Sabio en su oficina ubicada en el complejo deportivo de la Villa Olímpica en Tegucigalpa.

Sabio, como nuevo presidente de la junta directiva de Condepah, enfrenta una situación compleja al frente del ente rector del deporte federado en Honduras. Una escasez que su predecesor, Gerardo Fajardo, sorteó gracias a los fondos del fideicomiso. Pero Sabio piensa que estos fondos ahora no llegarán, y espera que el Gobierno busque otras formas de sostener a las federaciones considerando que, aunque son un ente autónomo, siguen dependiendo del Gobierno.

El Presupuesto General de la República aprobado por el nuevo Congreso Nacional en abril de 2022 destinó un total de 24 millones de lempiras a Condepah; de los que, tras seis meses, se han desembolsado 6 millones de lempiras repartidos en dos mitades: una mitad para las 38 federaciones deportivas en partes iguales; la otra, para gastos operativos (salarios, combustible, instalaciones) de Condepah.

Sabio asegura que ya sea que el fideicomiso extienda su vigencia o que el Gobierno encuentre nuevas formas de sostener a la Confederación, el uso de los fondos tendrá que hacerse de forma diferente a como se hizo entre 2016 y 2021 con el Finaprode.

«Yo tengo dos hijas y no voy a ir a la cárcel por andar tocando cosas que no son mías; además, soy del criterio de que el dinero del deporte tiene que manejarse con manos limpias, aunque debe quedar claro que no estoy diciendo que no se hizo», aseguró Sabio, quien en la gestión pasada fue vicepresidente de la Condepah, suplente ante el Comité Técnico del Finaprode, y cercano a Fajardo Fernández.

Sabio dice que su intención no es defender o acusar al expresidente de Condepah, principal implicado en la opacidad con la que se manejaron los fondos del Finaprode, y excusa esas acciones asegurando que en Condepah tienen insumos que demuestran que el dinero fue utilizado en obras de infraestructura, y que «las obras están ahí, y no soy yo quién va a defender a nadie, pero ahí están los gimnasios».

En su investigación publicada el pasado 6 de mayo de 2022, Contracorriente confirmó que efectivamente se restauraron los tres gimnasios principales en la Villa Olímpica valorados en un total de 14.9 millones de lempiras y que benefician a largo plazo a más de 10 disciplinas deportivas que practican en esas instalaciones. Sin embargo, también se priorizó la construcción de proyectos departamentales enfocados en el fútbol: 159 proyectos departamentales de infraestructura deportiva con un costo de más de 288 millones de lempiras (7 millones de dólares) representando más del 50 % de los fondos del fideicomiso.

Además de los proyectos departamentales, la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) resultó ser la federación deportiva que obtuvo mayor beneficio del fideicomiso, con un total de 17 millones de lempiras que se otorgaron en 4 desembolsos distribuidos entre 2016 y 2021. Solo la federación de fútbol recibió más del triple de lo que recibieron otras federaciones que quedaron en tercero y cuarto lugar como la Federación Hondureña de Beisbol Aficionado (6.1 millones de lempiras) y la Federación Hondureña de natación (4.4 millones de lempiras).

Ahora con este fideicomiso en suspenso, las autoridades de Condepah aseguran que en menos de un mes el deporte federado tendrá que declararse en calamidad ya que no tienen recursos, situación que se agrava considerando que este año inicia el ciclo olímpico y, sin dinero, las federaciones no podrán preparar a sus atletas.

Además, Sabio aseguró que, aunque han tenido acercamientos con la diputada Silvia Ayala, quien preside la Comisión de Deportes del Congreso Nacional, y con el designado presidencial Salvador Nasralla, consideran la posibilidad de que la Comisión técnica liquidadora encargada de cumplir con la nueva estructura ministerial establecida en el nuevo Gobierno cancele a todo el personal.

«Se nombró una comisión liquidadora que va a liquidar a Conapid y otros gabinetes sectoriales que se habían creado. No nos mencionan, pero estamos a la expectativa de qué va a pasar, no tenemos certidumbre y estamos a la deriva tanto nosotros como las federaciones», apunta Sabio.

«He sostenido reuniones con Nasralla en aras de construir una plataforma de deporte en el país, y hemos conversado sobre la investigación. De manera extraoficial, él me ha dicho que debe haber un proceso de investigación. Entendemos que hay dudas, y nosotros creemos que, así como han venido medios de comunicación a pedirnos que les demos cuentas del fideicomiso, nuestra respuesta a las autoridades es que aquí están las copias de los informes», agregó Sabio.

Contracorriente solicitó en varias ocasiones una entrevista con el designado presidencial, Salvador Nasralla; sin embargo, tanto para el reportaje anterior como para esta nota, no hubo respuesta.

Nasralla se pronunció en sus redes sociales sobre las irregularidades en la ejecución de los fondos del fideicomiso que reveló Contracorriente y amenazó que «con el nuevo sistema de justicia a partir de 2023 los que robaron (en el caso del fideicomiso) tendrán que pagar».

O sea que se robaron 493 millones de lempiras con la excusa del deporte en cinco años. De la misma manera con otras excusas robaron miles de millones. Con el nuevo sistema de justicia a partir de 2023 los que robaron tendrán que pagar. https://t.co/sf0NB2ludu
— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) May 7, 2022

Finalmente, Sabio asegura que profundizar en las irregularidades dadas en la ejecución del Finaprode ha resultado en un debate mucho más amplio sobre el destino del dinero en Honduras, que en la mayoría de los casos se enfoca solamente en el fútbol. Además, apunta que tras los señalamientos cuentan con mayor presión de todos los sectores involucrados, que no permiten que haya un ápice de dudas en la ejecución de los fondos para el deporte.

Sabio dice que la opacidad se origina porque las órdenes venían de esferas políticas mayores a la Condepah y asegura que ahora les toca pagar el mal gobierno de su antecesor.

«Asumimos con claridad en primer lugar que en ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir irregularidades en nuestra gestión. Si hay dinero para el deporte va a ser para todos, y si los diputados quieren ser partícipes de los proyectos pueden serlo, pero nosotros no tenemos que ejecutar, porque no tenemos capacidades técnicas», concluye.

En una entrevista realizada para la investigación publicada por Contracorriente, Fajardo se negó a admitir que diputados del Congreso Nacional proponían los proyectos departamentales y se beneficiaban políticamente con ellos.

La escasez en el deporte no cambia

El 7 de abril de 2022, el Congreso Nacional aprobó el nuevo Presupuesto General de la República que quedó en más de 360,000 millones de lempiras, es decir, 52,000 millones más de lo aprobado por la administración anterior para el vigente periodo fiscal. Esta ampliación incluyó la aprobación de 440 millones de lempiras que serán administrados por una nueva entidad: el Comisionado Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor), nombrando como titular a Mario Moncada, exárbitro de fútbol y hermano de Rixi Moncada, titular de la Secretaría de finanzas.

Hasta esta nueva orden, Moncada presidía la gerencia de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas (Conapid), que según sus redes sociales tenía como visión «garantizar el derecho al acceso a instalaciones deportivas», y que ahora será suprimida y todas sus funciones pasarán al nuevo ente impulsado por la presidenta Castro y encargado a Moncada.

La página del canal de televisión oficial del Gobierno citaba que tras estas reformas «las federaciones deportivas nacionales podrán presentar proyectos que se enfoquen en el desarrollo de planes y programas que impulsen a nivel local y nacional las distintas disciplinas deportivas existentes en el país», y aseguraban que Moncada, como comisionado del deporte, «está comprometido con los deportistas hondureños, a quienes ha mencionado como el principal motivo para brindarles el apoyo correspondiente a través de su gestión».

Hasta el momento públicamente se han anunciado solamente proyectos enfocados en fútbol: construcción de 15 campos sintéticos de fútbol, ocho canchas sintéticas para niños y 18 canchas multiusos; además, Moncada apuntó que invertirán 190 millones de lempiras en el Estado Nacional ubicado en Tegucigalpa. En el caso de otros deportes la relación de apoyo sigue siendo escasa.

Justamente el pasado 10 de mayo las autoridades de la Federación Nacional Hondureña de Atletismo (Fenhatle) anunciaron que tendrían que cancelar la organización del campeonato centroamericano de atletismo juvenil U-18 y U-20, esto debido a la negativa de las nuevas autoridades de Condepor a la solicitud de ayuda que realizaron para poder ejecutar el evento.

En un oficio dirigido a la Fenhatle, Mario Moncada como máxima autoridad del deporte en Honduras notificó que «los fondos aprobados por la presidenta Xiomara Castro serán para la construcción de polideportivos, fogueo de los atletas y los juegos Centroamericanos», pero remarcó que dichos fondos no habían sido desembolsados.

Ahora el campeonato se realizará en Nicaragua entre el 17 y 19 de junio del 2022, dejando diluidas las esperanzas de muchos atletas de poder participar debido a la falta del recurso económico necesario para poder viajar.

Margoth Andino, entrenadora del Club Águilas del Norte originario del sector Chamelecón en San Pedro Sula, cuenta que este cambio de sede solo ha dificultado más la participación de sus atletas en el campeonato, ya que sin recursos económicos y siendo ella la única entrenadora de un grupo grande de jóvenes, seguir con el deporte y participar en competencias se vuelve cuesta arriba.

Andino no solo apunta a las autoridades del Gobierno, también señala a los federativos que llevan ya cuatro periodos al frente de la disciplina y que, según cuenta, les han aislado por los reclamos que han hecho por la mala gestión que en muchos casos realizan.

«Necesito dos asistentes con beca, y dinero para que los jóvenes no tengan que costearse todo», dice Margoth sobre las necesidades de su equipo, quien no recibe ningún pago por este trabajo. Su única fuente de ingreso es como profesora de educación física en un centro educativo de la zona. Su motivación para entrenar a las Águilas del Norte proviene de su pasión por ayudar a los jóvenes, pero en muchas ocasiones también le provoca frustración ante las condiciones precarias que enfrentan.

«Entrenamos en un campo de fútbol con lodo de Eta y Iota, entrenamos con esas dificultades pero no le echo la culpa a eso, las dificultades son nuestra fuerza», apunta.

Sobre las expectativas de que el apoyo que reciben aumente con el nuevo Gobierno y las nuevas autoridades del deporte en el país, Margoth dice que hace tiempo perdió las esperanzas y asegura que «solo con el hecho que hayan cancelado unos juegos de atletismo que ya eran de Honduras a mi solo me demuestra que solo les interesa el poder económico, el poder político y poderse ver a ellos mismos».

Tres países de Centroamérica comparten sus fronteras en el Golfo de Fonseca. En el territorio que pertenece a Honduras, la industria camaronícola goza de una ley hecha a su medida y de condonaciones fiscales. Una sola empresa, Granjas Marinas del Sur, acapara casi el 60% de las concesiones. Sin importar el conflicto de interés, gerentes y socios de esta compañía han ocupado altos cargos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mientras el país es uno de los principales exportadores de camarón, los pescadores locales ya no pueden vivir de la pesca, los humedales se deterioran y a las viviendas se las traga el mar.

Por Suchit Chavez
Fotografía: Fred Ramos
Edición: Thelma Gómez
Coordinación: Elsa Cabria y Ximena Villagrán

Tras horas de discusión, Alex Zepeda se rindió cerca de las seis de la tarde de ese 11 de noviembre de 2021. Estaba exhausto. Agarró el tonel con los camarones que pescó en las últimas 12 horas y regó los crustáceos en la calle, frente a las oficinas del gobierno y de la policía. Alguien le pasó un recipiente con gasolina y con ella roció los camarones: quería asegurarse de que la empresa camaronera que los reclamaba, no sacara provecho de ellos.

—Empecé a tirarlos y no me detuve —dice un mes después con una parsimonia que invade cada palabra de su relato.

Zepeda, de 31 años, es uno de los cientos de pescadores hondureños que viven a la sombra de camaroneras industriales que, en las últimas tres décadas, han crecido en ingresos y presencia en el país centroamericano. En el Golfo de Fonseca, donde Honduras, Guatemala y El Salvador comparten frontera, al menos 25 mil hectáreas del territorio que pertenece a Honduras están concesionadas a grandes empresas.

Al igual que varios de sus vecinos, Zepeda usa un singular método para pescar: amarra grandes bolsas de nylon en los desagües que colindan con las granjas de las empresas camaroneras en el área natural de La Berbería, a pocos kilómetros de la frontera que comparte Honduras con Nicaragua.

En época de cosecha, a las camaroneras siempre se les escapan decenas de camarones que van a parar al estero. En esta región del municipio de El Triunfo, en el departamento de Choluteca, hay un acuerdo no escrito: siempre y cuando los camarones estén fuera de la granja de la empresa, los pescadores se los pueden quedar.

En el patio de tierra de su casa, en la comunidad de La Berbería, Zepeda recuerda lo que sucedió ese día de noviembre de 2021: él sacó 630 libras (poco más de 285 kilos) de camarón; era tanto que a funcionarios y trabajadores de las camaroneras les resultó poco creíble que no fuera robado.

El pescador sabía que quizá no le iban a creer. Vivir en una zona rural, en donde la pesca es casi el único método de subsistencia y en donde las camaroneras han tenido frecuentes choques con los lugareños, le ha afinado la desconfianza. Por eso, en una aplicación de mapas que tiene en su celular, Zepeda registró el lugar donde colocó su rústico arte de pesca. También pidió que le tomaran un video cuando sacó su bolsa repleta de camarón. Así demostraría que no había ingresado ilegalmente a una empresa para robar el producto. Pero ni así.

La cantidad de camarón puso nerviosa a la encargada del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), recuerda Zepeda. La funcionaria empezó una incesante consulta telefónica para confirmar si podía darle la autorización que permite a los pescadores vender su producto.

Durante las horas que siguieron, con la carga de camarón en una hielera y bajo los 33 grados centígrados, el pescador escuchó a funcionarios del Senasa y a empleados de dos camaroneras. Una de las compañías admitió que el camarón no era de su granja. La otra aseguraba que era de su cosecha y buscaba recuperarlo.

Cuando el sol ya había menguado, en un arranque de dignidad, Zepeda lanzó el camarón frente a las oficinas del Senasa.

Los pescadores locales aseguran que pescar en esa zona del golfo es jugarse la vida. Las empresas no los quieren ver cerca de sus límites, porque los acusan de robar el camarón. No hay uno solo, de más de 15 entrevistados, que no diga lo mismo: las camaroneras los persiguen, no los dejan trabajar y, en ocasiones, no les permiten ingresar a los esteros que rodean las granjas privadas. La mayoría de los pescadores entrevistados asegura que, desde las camaroneras, se realizan disparos “de advertencia”. O bien, los persiguen con las lanchas patrulleras que tienen fuera de las bordas.

El camarón que se produce en el Golfo de Fonseca es gris cuando está vivo, pero blanco, una vez pescado y procesado. Crudo, cocido y congelado llega en paquetes bajo diversidad de marcas (San Lorenzo Brand, Aquafinca, Seafiros, B’Oceans…) a países de América, Europa y Asia. Según datos del Banco Central de Honduras, entre 2005 y 2020, se enviaron más de 128 toneladas a Estados Unidos, 56 a Taiwán y 67 a España. En 2021, el volumen de exportación creció 3 toneladas más. Las cifras públicas más actualizadas son de enero de 2022, cuando el país exportó 3.1 toneladas de camarón, 53 kilos más con respecto al mismo mes del año anterior.

Desde hace cinco años, Honduras se ubica en el puesto número 15 en la lista mundial de exportadores de camarón y en el quinto a nivel continental, según la información de comercio de las Naciones Unidas (UN-Comtrade). Los últimos datos disponibles muestran que, entre 2016 y 2019, las exportaciones de camarón del país centroamericano representaron poco más de mil millones de dólares, o sea, el equivalente a cerca de una séptima parte de su Producto Interno Bruto (PIB).

Camarones a costa de comunidades y ecosistemas

Rigoberto Montes vive a 20 minutos en vehículo de la casa de Alex Zepeda. Él también es pescador y en estos primeros días de diciembre de 2021, ha invertido tres días en capturar unas 200 tilapias de no más de 15 centímetros cada una. No espera ganar más de 200 lempiras, menos de 8 dólares; es decir, dos dólares por día de trabajo.

Montes pescó las tilapias después de mucho esfuerzo en la laguna de Invierno de La Berbería, parte del Sistema de Humedales de la Zona Sur de Honduras, formado por 7 áreas protegidas de tipo marino costero y declarado en 1999 como sitio Ramsar 1000, categoría que se otorga para tratar de proteger a estos ecosistemas de importancia internacional.

La laguna La Berbería, ubicada al este del Golfo de Fonseca, no parece tal. Es más un playón. El verano ha dejado más resecos los ya desabastecidos reservorios de agua. Aun así alrededor de la laguna han prosperado, al menos, tres camaroneras que sacan provecho de los esteros que en el pasado alimentaban a este cuerpo de agua. El Faro y Biomar, son dos de esas empresas.

Modesto Ochoa, presidente de la asociación de pescadores del sector de La Berbería, explica que las camaroneras empezaron a asentarse en la zona antes de que se declarara el sitio Ramsar.

El establecimiento de las granjas camaronícolas implicó la clausura del cauce natural de los esteros y la prohibición, cada vez más acentuada, para que los pescadores trabajen cerca de las orillas de las lagunas de cultivo.

Las empresas camaroneras utilizan el agua que proveen los esteros para llenar cada día, a veces hasta en dos ocasiones, las lagunas donde crían el camarón. La sobrevivencia de los crustáceos depende del recambio del agua; mueren si no reciben suficiente oxígeno. Para lograrlo, las camaroneras construyen piscinas con bordas —que cortan la escorrentía natural de los esteros— y canales para el desagüe. Además, usan bombas extractoras que alimentan de agua salina cada piscina o laguna.

Como si fuera el cronista que resguarda la memoria de la zona, Ochoa sabe qué empresa se instaló primero, quién vendió, quién compró y cómo ha cambiado el ecosistema desde que las camaroneras llegaron. Menciona que las bombas, al chupar agua de los esteros, extraen larvas y huevecillos de otras especies que se terminan de criar dentro de las granjas camaronícolas. Eso explica por qué importantes empresas como Biomar, Granjas Marinas San Bernardo y Granjas Marinas del Sur pueden organizar torneos de pesca privados dentro de las áreas que tienen concesionadas, mientras los pescadores locales, como Rigoberto Montes, tienen que lidiar con la escasez de especies.

En la década de los noventa, el crecimiento de la industria camaronícola en el Golfo de Fonseca fue tal que el gobierno hondureño promovió una moratoria para otorgar más concesiones en 1998, luego de presiones de activistas ambientales.

En 1997, este marisco ya era el tercer producto de exportación más importante de Honduras, según el estudio “Industria del Camarón en Honduras: Análisis de Sostenibilidad”, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS). Para ese entonces, de las 30 mil hectáreas susceptibles para ser destinadas a la producción de camarón en el Golfo de Fonseca, 25 mil ya tenían una concesión.

Esa moratoria, no se cumplió. La expansión de las camaronícolas no se detuvo.

Desde 2004, el Tribunal Latinoamericano del Agua —instancia internacional autónoma e independiente de justicia ambiental, no vinculante, a la que acuden comunidades y ciudadanos— emitió una condena de carácter moral contra el Estado hondureño, el Banco Mundial y las camaroneras Granjas Marinas San Bernardo y El Faro, a raíz de una denuncia por daños ambientales, iniciada por Codeffagolf, organización que administra, con apoyo del gobierno central y las municipalidades, el sitio Ramsar 1000.

Entre los señalamientos hechos en la denuncia están la extracción indiscriminada de larva de camarón de los esteros, la expansión sin controles de las camaroneras, la tala del bosque de mangle, la reducción de las áreas naturales protegidas, el uso de agroquímicos y la contaminación del Golfo de Fonseca.

En 1999, el sitio Ramsar contaba con 69,711 hectáreas, lo que equivale a la mitad de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

En marzo de 2004, el Tribunal solicitó al Estado Hondureño negar nuevas concesiones, detener los financiamientos a este tipo de proyectos y proteger los derechos humanos de las comunidades. Nada de esto sucedió.

En 2014, cuando el gobierno hondureño realizó una actualización del mapa forestal, el sitio disminuyó a casi la mitad, 33,205 hectáreas, según el Plan de Manejo más reciente (2015) del Subsistema de Áreas Naturales Protegidas de la Zona Sur de Honduras (SAPZurH).

Ese año, 2014, una década después de la condena moral del Tribunal Latinoamericano del Agua, Honduras aprobó la Ley de Fortalecimiento a la Camaricultura.

Esa ley es “nefasta”. Saúl Montúfar, vicepresidente de Codeffagolf, lanza el calificativo en las oficinas de la organización, ubicadas en la zona central del municipio de San Lorenzo. Montúfar es mesurado cuando habla del ecosistema marino costero; explica como si diera una clase a párvulos. Cuando pierde los estribos es al hablar de las camaroneras y de la legislación.

La Ley de Fortalecimiento a la Camaricultura tiene tres artículos problemáticos, según análisis de Codeffagolf: la autorización para convertir las concesiones en transferibles, a través de un contrato simple; el uso de la concesión para acceder a créditos bancarios y, el considerado como el peor de todos, que es la facilidad de legalizar y otorgar concesión a las granjas de camarón siempre y cuando se demuestre que hayan estado productivas.

Dina Morel, directora de Codeffagolf, también alza la voz cuando señala que los tres artículos problemáticos han generado una fiebre por el camarón en el Golfo de Fonseca.

Una puerta giratoria con olor a mar y camarón

En La Berbería, Alex Zepeda, Rigoberto Montes y otros lo dicen. En diferentes puntos del Golfo de Fonseca, en comunidades de San Lorenzo, Punta Ratón, Los Delgaditos, El Chaparral, Marcovia también se escucha el mismo reclamo, es como si fuera un cardumen a una voz: las compañías camaroneras son las que dirigen y se benefician del comercio marino en esa región. Los pescadores locales, en cambio, tienen muy poco margen de maniobra.

En la lista de concesiones, obtenida mediante acceso a la información, sobresale un nombre. Es el mismo que mencionan pescadores, pequeños productores y activistas. Se refieren a ella como la empresa más poderosa de la región y la que menos dispuesta está a negociar mejores condiciones de convivencia con las comunidades. Se trata de Granjas Marinas San Bernardo, conocida como Grupo Granjas Marinas.

De las 25,636 hectáreas que se reconocen oficialmente como dedicadas a la producción de camarón en el Golfo de Fonseca, el 56.39% está bajo el control de Grupo Granjas Marinas, aunque no es claro si aún administran una concesión otorgada en 2009, con una duración de 10 años.

Funcionarios de la empresa reconocen la concesión de 10,363 hectáreas, de las que aseguran tener solo 7,389 en producción, de acuerdo con las preguntas que respondieron para esta investigación a través de un correo electrónico.

La empresa se constituyó en diciembre de 1983, según documentos del Registro Mercantil de Tegucigalpa. Para 2017, se fusionó con otras 6 compañías camaroneras del sector sur de Honduras para conformar Grupo Granjas Marinas. Entre ese año y 2019, la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) autorizó a esta empresa 5 de las 7 concesiones que tiene en el Golfo de Fonseca; la mayoría de ellas son por un periodo de 20 años.

El acuerdo de fusión de las seis empresas establecía que la mayor parte de empresas se extinguirían y pasarían a trabajar, en su mayor parte, bajo el nombre de Empacadora de Productos Acuícolas San Lorenzo, aunque en el mismo documento también se le menciona como Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo.

Hay dos nombres vinculados al Grupo Granjas Marinas y que destacan por su historial político y empresarial: Víctor Samuel Wilson Canessa y Jacobo Paz Bodden.

Hasta 2013, Jacobo Paz Bodden se desempeñó como gerente general de Granjas Marinas, según información judicial. También fue presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), organización donde confluyen las grandes empresas camaronícolas.

En marzo de 2014, Paz Bodden fue nombrado titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras por la primera administración del gobierno de Juan Orlando Hernández, de acuerdo con la Gaceta Oficial.

La Ley de Fortalecimiento a la Camaricultura se aprobó en 2013 por el Congreso hondureño y el acuerdo ejecutivo que le dio el espaldarazo final es de febrero de 2014. Es por esto que cuando la ley se publicó en la Gaceta Oficial, el 11 de abril de 2014, la firma que calza la publicación es la de Paz Bodden.

Un mes después de que Paz Bodden fue nombrado ministro, la secretaría a su cargo renovó un Convenio de Cooperación Técnica Financiera con la Andah; este acuerdo garantiza la designación de inspectores y técnicos del Estado para auditar la buena calidad del camarón de las empresas. Los gastos, detalla el documento, fueron sufragados a través de una cuenta bancaria alimentada con fondos de las exportaciones de camarón.

El encargado de firmar el acuerdo por parte del sector privado fue el entonces presidente de la Andah, Víctor Samuel Wilson Canessa, representante legal de Grupo Granjas Marinas. Así se le reconoció en 2017 por la Comisión para la Defensa y Promoción para la Competencia de Honduras (CDPC), que emitió una resolución en la que autorizaba la fusión de las siete empresas.

En 2017, a Wilson Canessa se le identificó en medios como financista de la campaña para la segunda elección presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández, aunque la ley electoral hondureña no permite conocer los nombres de financistas privados de los partidos políticos.

Antes de ser señalado como uno de los soportes de la candidatura de Hernández —hoy en espera de ser juzgado en Estados Unidos por el delito de narcotráfico—, Wilson Canessa fue directivo suplente del Senasa —cargo que es designado por el presidente de la República—, la misma dependencia cuyos funcionarios pusieron en duda la legalidad del camarón capturado por el pescador artesanal Alex Zepeda en noviembre de 2021.

Wilson Canessa, además, es uno de los primeros empresarios a los que se les asignó la administración de una de las llamadas Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDE). Los proyectos de las ZEDE fueron fuertemente criticados en el país centroamericano por dos razones: constituían básicamente un país dentro de un país, con sus propias leyes fiscales, de resolución de conflictos y de seguridad; y porque recibirían exoneraciones de impuestos. En abril pasado, el Congreso hondureño derogó la ley que creaba las ZEDE.

Al menos dos de los socios del Grupo Granjas Marinas, reconocidos en el documento de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), también han tenido nexos políticos. Héctor Luis Corrales Barahona es el esposo de la excanciller del primer gobierno del expresidente Hernández, Mireya Agüero de Corrales.

Otro de los socios, Carlos Alfredo Lara Watson, se desempeñó como diputado en el período 2018-2022, con el Partido Liberal.

Granjas Marinas San Bernardo —al igual que miles de empresas en el país centroamericano— ha sido beneficiada, entre 2016 y 2021, con al menos ocho exoneraciones de impuestos sobre la venta, de activo neto, y de aporte para la conservación vial, entre otras, según información pública de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Honduras.

Al menos 10 empresas camaroneras han recibido beneficios fiscales similares entre 2015 y 2021. La Sefin no publica a cuánto ascienden las exoneraciones efectuadas a las empresas.

Para esta investigación, se solicitó entrevista al Grupo Granjas Marinas. A través de un correo electrónico, representantes de la empresa respondieron que las exoneraciones son un derecho legal. Plantearon, además, que no era su rol pronunciarse sobre la existencia de un posible conflicto de interés sobre el ministro Paz Bodden. Para la empresa, no existe hasta el momento un estudio con el suficiente rigor científico que demuestre que la actividad camaronera esté vinculada con el daño a los ecosistemas y añadieron que dan trabajo a 4 mil personas.

En las comunidades de San Lorenzo, Punta Ratón, Cedeño, Alianza, Marcovia, entre otras que se visitaron para esta investigación, los pescadores aseguran que las camaroneras no les dan empleo. Ellos miran a estas empresas como intocables.

Alex Zepeda, el pescador que arrojó el camarón a los pies de los policías lo sabe: una pesca lo mantuvo 12 horas en espera. La única solución fue olvidarse de un negocio que le habría dejado dividendos afortunados. Un mes después recuerda el incidente desde su hogar asentado en un terreno en donde el piso es aún de tierra, como en la mayor parte de la comunidad. Zepeda confía en que las cosas pueden cambiar hablando.

Denuncias que se diluyen en agua salobre

Dos pescadores permanecieron todo un día esperando a que los peces cayeran en la red, algo común en este trabajo. A las 10:30 de la noche empezaron a levantar redes y anzuelos. Un disparo cortó el aire. La bala se incrustó en el lado izquierdo de la cabeza de Martín Zelaya. El hombre cayó inconsciente. Su compañero lo trasladó al pueblo, dejando todos sus aperos tirados. Era el 19 de marzo de 2016.

Zelaya no recibió indemnización ni disculpa. Desde hace cinco años, la bala permanece en su cerebro: de cuatro médicos que consultó, ni uno quiso operarlo. Había demasiado riesgo, le dijeron.

Él vive en la comunidad El Chaparral, en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, a unos 76 kilómetros del lugar en donde el pescador Alex Zepeda tapizó la calle con camarones como protesta. Zelaya ya no se dedica tanto a la pesca. El metal que está en su cuerpo le provoca dolores de cabeza.

Martín Zelaya asegura que el disparo se lo dio un vigilante de la camaronera Santa Inés, frente a la cual pescaba con un compañero. Después de dispararle, dice, los trabajadores de la empresa apagaron las luces para que no pudieran identificarlos. Él está seguro: no había nadie más. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo entrevistó, fue a la camaronera, levantó evidencias, pero nadie fue detenido, no hubo multas ni procesos administrativos.

En una respuesta enviada por correo electrónico, Iván Velásquez, actual jefe de seguridad de la Empacadora Santa Inés, deslindó a su personal de la agresión contra Zelaya: “Nuestra política ha sido (sic), nunca disparar por ningún motivo en contra de nadie, bajo ningún motivo, es una política de la empresa muy rígida”.

Hasta ahora, ninguna organización tiene datos actualizados y documentados sobre las agresiones en contra de pescadores locales. Este tema solo se menciona en un informe independiente de la organización no gubernamental Foro Nacional de Convergencia (Fonac) publicado en 2016. En el documento se asegura que, entre los años 1992 y 2000, unos 15 pescadores murieron “en situaciones no claras”. Saúl Montúfar, de Codeffagolf, dice que muchos de ellos eran activistas en contra de las camaroneras y habían sido amenazados.

De lo que sí hay más datos es sobre las demandas por daños ambientales causados por las camaroneras. Desde 2012, Codeffagolf ha presentado, por lo menos, 12 denuncias ante dependencias ambientales por deforestación de mangle, intrusión a las áreas naturales protegidas, vertido de desechos, construcción de lagunas camaroneras sin permiso y falsificación de documentación para la solicitud de licencias ambientales.

La mayoría de las denuncias quedaron archivadas, solo una llegó al juzgado. Aunque se ordenó el arresto del supuesto responsable de la deforestación para construir granjas de camarón —Hernán Alcides Carrasco, de Camaronera El Litoral—, el caso permanecía en fase intermedia en un juzgado de Nacaome, según datos de Codeffagolf.

El Golfo interminable

Ramón Trujillo grita cuando la emoción le gana. Gesticula con las manos para darle fortaleza a sus palabras que, ni hace falta, por la potencia de su voz. Le dicen Moncho y vive en Punta Ratón, una playa de Marcovia, Choluteca, que tiene frente a sí las costas salvadoreñas y nicaragüenses y que se encuentra a unos 70 kilómetros de donde vive Alex Zepeda. Es presidente de la Cooperativa de Pescadores Esfuerzos Marinos Limitada (Copemal) y, junto con una veintena de compañeros, son pequeños productores de camarón.

Trujillo, como muchos en el Golfo, se cansó de pelear como pescador artesanal. Él también busca ganar con el camarón. En Punta Ratón y Cedeño, comunidad ubicada a unos 30 kilómetros vía terrestre, es frecuente escuchar que varios buscan poner “su lagunita” de camarón. O sea: encontrar un playón colindante a un estero en donde construir una granja para criar larvas de camarón.

Copemal tiene dos lagunas de camarón. En Punta Ratón y la comunidad la Puntilla, hay al menos otras seis de pequeños productores. Dos, abandonadas. El problema, dicen en la comunidad, es que no hay concentrado, es decir, comida para el crustáceo.

Trujillo está seguro que la falta de concentrado se debe a que las empresas camaroneras acaparan el producto. Cualquiera que sea la razón, la escasez generó que algunos pequeños productores descartaran la crianza de camarón en Punta Ratón. De ahí las granjas abandonadas. También hay algunas destruidas, pero el motivo es otro.

A Punta Ratón se la está tragando el mar. Eso se ha intensificado desde hace unos 5 o 6 años. Entre 40 y 50 viviendas fueron destruidas por el incremento del nivel del mar. Las familias fueron reubicadas en cuartos —de 5 por 2 metros— que ahora descansan sobre pilotes de madera.

En Cedeño, un artículo académico de 2018 concluyó que el aumento del nivel del mar ha sido de 1.22 metros por año, entre 1982 y 2015. El período coincide, además, con el incremento exacerbado de la camaronicultura.

Trujillo, como varios de los productores artesanales de camarón, tiene un proceso activo en su contra y medidas cautelares activas. Según él, tuvo desacuerdos con una empresa camaronera —de la que no quiso dar el nombre— cuando buscaron aumentar la producción de camarón con su cooperativa.

Este antiguo pescador está convencido que fue la camaronera la que envió al Ministerio Público para procesarlo por saturación de suelo. Trujillo asegura que lo que la camaronera buscaba era apropiarse del trabajo ya realizado y tuvo que regalarles una de las lagunas. Él está solicitando la concesión y licencia ambiental para legalizar su proyecto desde hace 13 años, pero no se lo han otorgado.

Alex Zepeda, el pescador que en noviembre de 2021 tiró las 630 libras de camarones frente a las oficinas del gobierno, no se arrepiente de haber perdido esa carga para la que ya tenía comprador. La venta le hubiera dejado poco más de 22 mil lempiras, unos 900 dólares.

Lo que le pasó ayudó a arreglar por la fuerza problemas añejos, asegura el integrante de la Seccional de Pescadores, grupos organizados de la sociedad civil. Las cooperativas y asociaciones de pescadores son las que, en los últimos años, han puesto el cuerpo para hacer frente a la expansión camaronera.

Ahora, dice el pescador, acordaron con el Senasa y la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) que tendrán que presentar un documento guía para vender camarón, a partir de 50 libras y no desde 5 como lo hacían hasta ese momento. Además, lograron que inspectores del Senasa aceptaran hacer un reconocimiento del lugar de la pesca cuando existieran dudas sobre si el camarón era robado.

Suena a poco, pero no lo es para los pescadores locales a los que cada vez les cuesta más vivir de este oficio, pese a estar en un golfo donde cada año se producen toneladas y toneladas de camarón.

El Golfo de Fonseca tiene apenas 3,200 kilómetros cuadrados, pero abarca tres países, seis fronteras terrestres y marinas, y tres bahías. Tiene solo un sitio Ramsar, pero un interés económico tras él. Tiene una empresa con un ex gerente general que también fue ministro y un pescador con una bala en la cabeza. Aquí se vive en la miseria, pero también con la dignidad de enlodar 630 libras de camarón y con el miedo de ser rebasado por el mar durante la noche. Este golfo es interminable porque su frontera marina y terrestre se sigue ampliando inevitablemente. Es infinito, como sus arenas y camarones.

Investigación: Suchit Chavez
Fotografía: Fred Ramos
Edición: Thelma Gómez
Coordinación: Elsa Cabria y Ximena Villagrán

Naturaleza castigada es un proyecto sobre la impunidad ambiental en Centroamérica producido por El Intercambio publicado en alianza con Mongabay, Contracorriente y Ocote, con apoyo de Fundación Ford.

Textos: Julio César Anariba
Ilustración: Ericka Bastías

Siguiendo con la publicación de cuentos clásicos de la literatura centroamericana, donde ya hemos publicado a Julio Escoto, Maria Eugenia Ramos, Jorge Medina, Argentina Díaz Lozano, Juan Ramón Molina, Roberto Castillo, Eduardo Bähr, Sergio Ramírez y Leticia de Oyuela, entre otros, hoy publicamos tres microcuentos inéditos de Julio César Anariba (1964-2015).

Antes de fallecer, un 8 de junio de 2015, Anariba dejó al país una singular obra literaria, dividida entre el microcuento y la literatura infantil. «Honduras, sin saberlo, hoy pierde uno de sus mejores narradores», fueron las palabras del poeta Néstor Ulloa aquel 8 de junio. Aunque en vida este autor oriundo del pueblo de Ojos de Agua, Comayagua, pudo ver publicado solo su primer libro de cuentos, Cuentos Chatarringas (2005), en Contracorriente hemos logrado tener acceso a El que se sienta libre de piedras que lance el primer pecado, libro de microcuentos todavía inédito que Julio había preparado. «Anariba es poseedor de un estilo muy particular: es un narrador que parodia, que trastoca, con maestría en la ironía y el humor», dice Emma Matute del Cid, licenciada en Literatura por la UPNFM y máster en Literatura Hispanoamericana por Tulane University, en el prólogo que forma parte de este manuscrito.

Posterior a su fallecimiento, Editorial Guaymuras publicó Tengo una abuela de cien años y un poco más(2017)y Sieteperezas. La verdadera historia del niño más perezoso del mundo (2017), dos cuentos infantiles que le valieron a Anariba un lugar como uno de los maestros de la literatura infantil nacional. Hoy, junto con una ilustración de Ericka Bastías, artista hondureña, publicamos estos tres cuentos como un homenaje a Julio; sobre todo, para reconocer su obra «para adultos» –si tal clasificación existe– entre lo mejor de la literatura hondureña en general.

De cómo una pinche cascarita de frijoles
nos delata como novatos en la lectura de Cosmopolitan

El burro aparcado enfrente, motor apagado y la señorita lista para ordenar: «Sírvame una whopper junior, un puré de papas, un pie de manzana y una Coca Light…y aparte, en otro plato, un poco de frijoles parados, un huevo en torta y ocho tortillas», pidió la nueva señorita Cosmopolitan, con su sonrisa Colgate, alterada por una cascarita de frijoles adherida como sanguijuela en su canino superior izquierdo, desde hacía tres días ya.

De cómo muchas veces la muerte no llega cuando queremos
sino cuando le roncan las ganas

Frente al pelotón de fusilamiento, el hombre se abrió la camisa, miró fijamente a sus verdugos, y ordenó: «¡Fuego!».

De inmediato, el camión de bomberos interrumpió la ejecución.

De cómo cuando abrimos la boca no la podemos cerrar

Era un profesor tan aburrido como un caracol. Hablaba tan lento que antes de que las palabras llegaran a oídos de los alumnos, ya la idea central había caído al piso. Los alumnos le decían Caracolito. Bueno, pues la única vez que Caracolito abrió la boca en público fue en un seminario de profesores de Español titulado Cien maneras de enseñarle a los niños el ma me mi mo mu sin respirar. A manera de las mejores arengas, dijo Caracolito: «¡Si el Estado finge que nos paga, nosotros finjamos que damos clases, cabrones!».

El 29 de mayo de 2022 en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Wilson Ariel Pérez, un joven de 21 años, agredió a una subinspectora de la Policía Nacional, lo que desató una intensa búsqueda por parte de la Policía y terminó con la muerte de Wilson en circunstancias sospechosas. ¿Iba a entregarse el día de su muerte? ¿Pertenecía a una pandilla? ¿Por qué hay contradicciones en la versión de la Policía?

Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera

«Hola Gorda, la cagué», le escribió Wilson Ariel Pérez Hernández a una de sus siete hermanas la noche del domingo 28 de mayo de 2022. Un par de horas antes, este joven de 21 años había asestado una traicionera patada a la subinspectora de la Policía Nacional (PN) Denia Contreras Sierra, quien tras la agresión cayó aparatosamente por las gradas del sector sur del Estadio Olímpico y terminó en el hospital con lesiones leves.

Wilson fue al estadio ese día para ver jugar al Club Deportivo Real España, del que era furibundo seguidor. Esa tarde vio cómo su equipo perdió la final del fútbol de Honduras ante el Club Deportivo Motagua, que después de dos partidos ganó con un global de 3-2. La subinspectora estaba en el recinto como parte del operativo para mantener la seguridad antes, durante y después del espectáculo deportivo. Con estos dos personajes, inicia un caso cuyos pormenores la Policía no ha podido explicar con certeza.

Cuando Wilson le escribió a su hermana, ya había sido identificado como el agresor en medios de comunicación y su foto era viral en las redes sociales. También la Policía ya había ofrecido una recompensa de 100,000 lempiras (4,050 dólares) para quien ofreciera información sobre su paradero. Se desató una intensa búsqueda. La PN inicialmente identificó como el agresor a un ciudadano residente en Bonito Oriental, Colón, ubicado a seis horas y media de San Pedro Sula. Pero el individuo apareció en un canal local denunciando que estaba recibiendo amenazas sin tener responsabilidad, pues ese domingo –durante el transcurso del partido– él estaba haciendo un trabajo de construcción en su casa. Los cargos contra él fueron retirados.

El martes 31 de mayo de 2022 la búsqueda de Wilson terminó con su muerte. Una muerte inesperada, confusa y llena de contradicciones. La Policía Nacional anunció a través de un comunicado que el barrista fue herido en un enfrentamiento entre pandilleros y miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), a la cual recientemente se le quitó el mando del Ejército para pasarla a manos de la Policía. Después se supo que Wilson fue llevado al hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció y fue identificado como el agresor de la oficial Denia Contreras Sierra.

«Él se iba a entregar, a eso iba, y esos (los policías) lo hallaron y lo torturaron, tiene hematomas por todo lados», dijo a Contracorriente su hermana, Paola Pérez, mientras esperaba en una caseta afuera de Medicina Forense, en San Pedro Sula, para que le entregaran el cuerpo de su hermano.

El día que Wilson murió, a través de sus redes sociales el Canal 6, con sede en San Pedro Sula, publicó que el barrista fue asesinado cuando se dirigía a las oficinas de ese medio de comunicación para entregarse a las autoridades en presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En un tuit posterior, el canal publicó que Wilson fue interceptado por un comando de desconocidos, pero ya no mencionó que iba hacia sus oficinas y solo resaltaron que iba a reunirse con representantes de derechos humanos. Personal del canal confirmó que Wilson se entregaría en sus oficinas, pero quedaron esperándolo. No ofrecieron más detalles de la fallida reunión. En este punto ya encontramos a Wilson en dos escenarios: el primero, siendo interceptado por un comando, según el Canal 6; y el segundo, enfrentándose a balazos a la fuerza especializada en el control de maras y pandillas.

En un comunicado, la Policía Nacional confirmó la muerte de Wilson en los bordos de la colonia Juan Lindo, ubicada en una zona muy cercana a las oficinas de Canal 6, pero a unos 30 kilómetros de su residencia en Villanueva. Las autoridades informaron que en las labores de seguimiento que hacían para capturar a Wilson por la agresión a la subinspectora, recibieron una denuncia aduciendo que el prófugo se encontraba allí, donde murió luego de un supuesto enfrentamiento. A pesar de que la Policía aseguró que lo que hubo fue un enfrentamiento con miembros de la Mara MS, en el supuesto operativo no fue capturado ningún miembro de esa estructura criminal.

La Policía menciona en su sitio web que, según información recabada por la FNAMP, «Pérez Hernández era integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha con el rango de Palabrero, encargado de coordinar tanto dentro como fuera de la organización las diferentes actividades delictivas».

Aparte de la mención, el comunicado no ofrece más detalles probatorios de la vinculación de Wilson con la mara. No hay registros anteriores de su supuesta actividad delictiva. Tampoco el comunicado indica el municipio o colonia donde ejercía su función de «Palabrero».

Para el investigador social y doctor en Ciencia Política, Otto Argueta, «los palabreros están en barrios urbanos en donde controlan territorios, negocios, miembros de pandilla y además tienen un recorrido ganado dentro del grupo».

El analista agrega que integrantes de la mara con el rango de «Palabreros» no se exponen, y responden a la necesidad de controlar territorio en donde hay actividades de la pandilla: «De ahí que nunca se expondría con la camisa de un equipo de fútbol ni mucho menos en una trifulca en estadio agrediendo a una policía», dice Argueta.

Varios miembros de la familia de Wilson Pérez negaron tajantemente que su familiar tuviera vínculos con pandillas. «Él no andaba pistola. Y eso de que era marero, es mentira todo eso», nos dijo su padre, Vinicio Pérez. «Era barrista, pero no marero», lo defendieron sus hermanos. Un residente de Villanueva aseguró a Contracorriente que el fallecido no pertenecía a ninguna estructura criminal.

A través de su cuenta en Twitter, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó «preocupación por la muerte violenta de Wilson Pérez», que ocurrió –según el organismo– después de que este «expresara a medios de comunicación temor por su vida y la intención de entregarse a las autoridades». Desde la OACNUDH se instó a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente, conforme a los derechos humanos del Estado, incluyendo el Protocolo Minnesota, utilizado para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

El Protocolo de Minnesota es un conjunto de normas para aplicar en muertes en las que se involucran fuerzas del Estado. Este establece principios y directrices para los estados, instituciones y personas que participen en la investigación. En el caso de Wilson, el procedimiento tardó alrededor de seis horas, y en ese tiempo la familia no fue informada. Al recibir el cuerpo, denunciaron que Wilson había sido entregado sin las uñas de las manos y sin la lengua. Sus familiares asumieron inmediatamente que había sido torturado.

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, explicó en una conferencia de prensa que el cuerpo había llegado completo al Mario Catarino Rivas, pero como parte de la necropsia se le extrajeron la lengua y las uñas. La funcionaria dijo que a la familia «no se le explicó que si usted hace un análisis y sospecha de tortura, va investigar si debajo de las uñas hay material genético producto de una riña. Es una técnica especial» dijo.

El experto forense Dennis Castro Bobadilla afirmó a Contracorriente que extraer la lengua y las uñas es común en todas las necropsias. «Así fui formado yo y así lo hice yo durante toda mi vida», explicó el exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Alianza Patriótica. Y agregó que, a su juicio, «ese protocolo (el de Minnesota) no es necesario si usted hace una necropsia completa».

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, manifestó en Twitter que el «Codeh presume que el informe (sobre la muerte de Wilson) fue alterado, según la escena del crimen» y manifestó que se podría estar ante «una supuesta ejecución».

La investigación careció de rigurosidad desde el comienzo, a juicio del forense Dennis Castro Bobadilla, quien explicó que en el presente caso «no hay escena del crimen, usted lo que encontró fue un cuerpo que fue llevado al hospital sin que se hubiera levantado en el sitio de escena y sin que se hubiera puesto las bolsas correspondientes en las manos… Hasta el sábado (4 de junio) por la tarde se estaba haciendo una reconstrucción de los hechos y una búsqueda de indicios en el escenario criminal», dijo.

La Familia

Wilson vivía en la colonia Municipal de Villanueva, Cortés. Su familia vive en una modesta casa. Para llegar hay que recorrer al menos un kilómetro de carretera de tierra, que el día del sepelio, por las lluvias, estaba prácticamente intransitable.

El patriarca de la familia se llama Vinicio Pérez, quien muy joven se casó con Adelina Hernández y tuvieron 16 hijos. Don Nicho, como le dicen sus amigos y conocidos, no pudo recordar en el orden cronológico el nacimiento de su hijo fallecido, pero sí recordó que era uno de los menores.

Don Nicho, un hombre de campo, espera con paciencia los restos de su hijo en las afueras de la morgue judicial, lo hace sobre sus botas de hule y bajo un viejo sombrero con el que sale a trabajar todos los días a una hacienda de ganado en las cercanías de San Manuel, Cortés. La última vez que vio a su muchacho fue el jueves 26 de mayo, cinco días antes de su muerte: «Si mi hijo me hubiera buscado, no estuviéramos aquí, no estuviera muerto», dice.

Solo don Nicho y Paola, una de sus hijas, esperan por la entrega del cadáver. Lo hacen en una galera, junto a un rústico ataúd en el que van a enterrar a Wilson. «¿Usted cree que yo quisiera enterrar a mi hermanito en esto?», interviene Paola, mientras señala el féretro blanco, carente de cualquier detalle estético. «Me gustaría tener dinero, pero esto es el reflejo de una familia humilde, aquí está evidenciado, este fue donado por la Municipalidad de Villanueva. ¿Usted cree que una persona con vínculos de maras iba a tener el apoyo que hemos tenido?», pregunta.

También cuenta que la familia tiene tres días sin dormir. Desde que el rostro de Wilson se hizo viral en redes sociales como el agresor de la oficial Denia Contreras, ellos no encontraron paz.

La mañana del lunes 30 de mayo de 2022, un día antes de la muerte del barrista, a la casa de una sola pieza y cerca de palos de madera llegó un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a solicitar documentos. Buscaban a Wilson. Según Paola, los dos agentes que llegaron por la mañana fueron agresivos y le exigían «entregalo». Ella asegura que no sabían dónde estaba su hermano y quizá por no poner en riesgo a su familia no se comunicaba con ellos. «Hubiese deseado que viviera en la casa para ver cómo lo detenían, pero que no lo mataran de la forma como lo hicieron», se lamenta.

En la tarde del mismo día, un nuevo contingente de patrullas de la DPI y la Policía Nacional volvió a la casa de Wilson: «Parecía que éramos unos viles delincuentes» dice Paola, quien relató a Contracorriente que en la segunda visita hubo una serie de agresiones a la familia, incluyendo a los niños y a un hermano ciego.

Henry Pérez es uno de los hijos mayores de la numerosa familia de Vinicio y Adelina, y es ciego de nacimiento. Él recuerda que en la primera visita de las autoridades, cuando exigieron documentos, les preguntó si tenían una orden, y recibió como respuesta que solo tenían una denuncia.

Él contestó que sin una orden no podían exigir documentos en la casa, pero entonces amenazaron con detener a su hermana, Paola. Henry nuevamente preguntó bajo qué cargos se llevarían a Paola, a lo que los oficiales le respondieron «por negarse a colaborar con la autoridad». Los dos agentes después salieron de la casa, pero a la 1:00 p. m. del mismo día regresaron. Esta vez, acompañados de unas cinco patrullas:«Volvieron más agresivos y comenzaron a intimidar a mi madre y a mi hermana».

Henry cuenta que cuando percibió a su madre acorralada por las preguntas, nuevamente inquirió por una orden judicial, y uno de los oficiales le respondió que «no tenemos orden, pero yo soy de la DPI». Henry contestó que «eso no le daba derecho a que se atropellaran sus derechos». Después el agente le dijo «te voy a enchachar». Henry, impasible, preguntó «¿Bajo qué cargos?». Y entonces fue cuando apareció en escena quien se supone era el jefe de la operación. «Mirá –cuenta Henry que le dijo el agente al superior– este dice que no lo podemos detener». Y ahí el jefe reaccionó con una violencia inesperada: «El jefe de la DPI me empujó y yo caí en una cama. Claro, una acción provoca una reacción, es algo muy natural, entonces me lancé sobre él y lo tumbé. Me perdí en ese momento. Él montó su arma. Hubo un forcejeo no sé con quién fue, pero el arma se disparó e impactó en el techo de la casa», relató Henry a Contracorriente.

Y continuó: «Cuando se levantó me dijo “te voy a matar hijo de p…”, salió al patio y tomó un objeto contundente llamado barra para liquidarme, entonces intervino mi mamá y también la empujó a ella. Ahí recibió una llamada y se fueron».

Hay dos testimonios en momentos y escenarios diferentes sobre esta intimidación. Ambos son coincidentes. Uno es el de Henry; el otro, de Paola. «A mí me golpearon y (uno de los agentes) sacó la pistola e iba a apuntarle a mi hermano, yo me le metí y le dije “¿Qué le ha hecho?”. Pero dispararon y el tiro se fue al techo», nos dijo Paola, mientras esperaba por el cuerpo de su hermano en la morgue.

También contó que ante la insistencia de los agentes para que se les dijera la ubicación de Wilson, ella les dijo: «Si yo supiera dónde está se los entregaba, me va a dar más gusto verlo preso, que me lo vayan a matar».

El día después de estas dos visitas de la DPI a la casa, después de las versiones de la familia, un medio de comunicación y representantes de derechos humanos apuntan a que Wilson iba a entregarse a las autoridades. Pero antes de terminar el día, Wilson había muerto. Era el martes 31 de mayo, cinco días después de la final a la que Wilson había ido con la ilusión de ver al Real España, el equipo de su vida, salir campeón. Su equipo no ganó y él agredió a una policía.

“Si yo supiera dónde está se los entregaba, me va a dar más gusto verlo preso, que me lo vayan a matar”, Paola Pérez, hermana de Wilson a la DPI.

Tuit

«Todo lo están maquillando, no hubo tal enfrentamiento, Canal 6 los desenmascaró, se les cayó el circo», sostiene Henry, quien no cree la versión de la Policía Nacional, pues dice que su hermano nunca anduvo armado.

«En Canal 6 argumentan que él llamó a ese medio porque se sentía acorralado, ahí (en el canal) llamaron a Hugo Maldonado, y este se reunió con el ministro Ramón Sabillón, y después Maldonado hizo una llamada para reportar al director regional de derechos humanos para que se presenten al canal y ahí quedan las preguntas: ¿Por qué en ese momento que él va para el canal lo tuvieron que interceptar? ¿Quién llamó? ¿Cómo sabían que se entregaría?», se pregunta Henry sin obtener respuestas.

Al preguntarle si se sienten amenazados en la familia, contestó:«Claro, te estás enfrentando a un monstruo que no sabés dónde tiene la cabeza y dónde tiene la cola».

En el sepelio de Wilson había una joven con camisa del Real España, cabello rizado y ojos cansados de llorar. Se llama Milagros Romero y fue pareja del fallecido. Compartían su amor por el equipo sampedrano:«Exijo justicia al Gobierno, porque (Wilson) no era como lo pintan. Todos cometemos errores, iba a entregarse y no era para que muriera así, la verdad que no puede quedar así. Las cosas no se arreglan matando a una persona», murmuró.

Las barras, el país y la violencia

El domingo 29 de mayo de 2022, Wilson llegó al estadio Olímpico para presenciar el juego entre Real España y Motagua, pero no se ubicó en un sector al azar, lo hizo junto a la Megabarra, un grupo de aficionados que comparte su simpatía por los aurinegros. Estos aficionados suelen ser bulliciosos y en muchas ocasiones se comportan de forma violenta, pero no son los únicos.

Después del triunfo de Motagua, tuvo lugar una invasión de aficionados del Real España a la grama del Estadio Olímpico, que fue controlada tardíamente por la Policía. Este hecho precedió al ataque de Wilson a la subinspectora Contreras Sierra, donde comenzó una historia a la que le faltan muchas respuestas.

La Megabarra, a través de un comunicado oficial, negó que Wilson fuera parte del grupo; no obstante, dos de sus familiares manifestaron que él pertenecía a la barra y que, aunque no iba a todos los partidos, «amaba al Real España».

Los otros equipos denominados «grandes» de la Liga de Honduras también tienen grupos organizados que los apoyan. Al Olimpia lo sigue la Ultra Fiel; al Motagua lo apoyan los Revolucionarios; y al Marathón, la Furia Verde. Los hechos violentos en los estadios de Honduras son tan comunes como impunes.

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, entre el 2017 y 2019 hubo 25 muertes relacionadas a riñas entre barras. El fenómeno no ha tenido respuestas. La inseguridad en los estadios ha seguido progresando pese a que en 2015 el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol, llamada «Ley antibarras».

Otto Argueta es investigador social y doctor en Ciencia Política, también es un estudioso del fenómeno de las barras. Él considera a estos grupos como «grandes conglomerados de identidad que generan una cohesión muy grande entre los jóvenes y les hacen sentirse parte de algo. La violencia forma parte de la actitud de vida y tiene sentido en el contexto de defensa, son grupos que se defienden de todo».

Sostiene que las autoridades no han entendido la naturaleza del problema o no les interesa, pues a su juicio hubo trifulcas en los estadios donde «parece ser que hubo intención de que ocurrieran». El investigador agregó que «es errado pretender que las barras se comporten como algo que no son. Van a llegar desordenados, con mucha adrenalina, con alcohol y drogas. Es responsabilidad de las autoridades entender eso y actuar de la manera correcta», agregó.

Para Argueta la seguridad en los estadios no puede quedar reducida a una reunión un día antes de los encuentros, pues las barras son grupos grandes que, enardecidos, llegan al estadio y en cualquier parte del mundo serán difíciles de controlar.«Se necesitan mecanismos estables de comunicación entre los líderes de las barras, que son quienes mejor conocen su dinámica», dice.

Preguntamos al investigador si en sus estudios ha identificado que miembros de barras también pertenecen a maras y pandillas, pues esta es una de las explicaciones recurrentes que se da respecto a las actuaciones violentas de las barras.

«Es inevitable –nos dice–. Hay miembros de las barras que son integrantes de las pandillas o bien hay otros que vienen de barrios controlados por las pandillas. Las cuatro barras grandes de Honduras son muy diferentes, algunas han logrado establecer una línea más clara respecto a su relación con las pandillas, otras no tanto, pero lo que no se puede dudar es que, por la misma razón de provenir de barrios donde coexisten con las pandillas, hay una relación», concluyó.

No obstante, aclaró que la violencia en las barras no se explica únicamente desde su relación con las pandillas y piensa que es más un reflejo de la situación del país en cuanto a seguridad: «Muchos se preguntan por qué el fútbol genera violencia y por qué las barras generan violencia, y no es ninguna de las dos, porque en todo el mundo hay de ambas y no se están matando».

Sostuvo que la seguridad en los estadios pasa por algunos factores, como que los actores involucrados asuman responsabilidades en lugar de desligarse, pues en los espectáculos hay instituciones como Liga Nacional y empresas patrocinadoras que se benefician de las ganancias, pero no comparten la responsabilidad de la seguridad. Además, ahora que el Gobierno de Xiomara Castro habla de impulsar una Policía Comunitaria, Argueta aconseja que haya «una policía que tenga un espíritu comunitario, que esté dispuesta a hablar y escuchar, mucho más a escuchar».

Las contradicciones de la Policía

Una de las promesas de la administración de Xiomara Castro es convertir a la Policía Nacional en un ente comunitario «que vele por los derechos humanos y el cumplimiento del orden social»”, esto lo anunció al recibir el Bastón de Mando el 1 de marzo de 2022.

«Una policía comunitaria hará efectivo el combate al crimen, narcotráfico, extorsión y homicidios», declaró la presidenta. Agregó que esta policía debe ser «un modelo de respeto irrestricto a los derechos humanos».

Lo dicho por la máxima autoridad del país no es una promesa fácil de cumplir. Se refiere a una institución que no goza de la confianza de los hondureños. Casos como la muerte de Keyla Martínez, el gas lacrimógeno lanzado a trabajadoras de maquila en Choloma o un proceso fallido de depuración no ayudan a ganar terreno a esta institución.

A lo anterior, ahora, se suma el caso de Wilson Pérez.

En su primer comunicado sobre la muerte del barrista, la PN detalló que recibieron información de que el implicado se encontraba en la zona donde murió, que es controlada por la Mara MS, y que se preparaba para huir al interior del país. El comunicado decía que cuando los agentes de la FNAMP llegaron al lugar, fueron atacados a balazos y ellos repelieron el fuego, hiriendo de gravedad a Wilson, quien fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas.

Sin embargo, el vocero nacional de la Policía, Miguel Martínez Madrid dijo en conferencia de prensa que «los policías se dieron cuenta de la identidad del individuo hasta que los médicos les entregaron los documentos. Ahí se dieron cuenta de que era la persona que estaban buscando», dijo el comisionado.

Además, a través del comunicado ya mencionado y las palabras de Martínez Madrid, la Policía Nacional ha señalado que Wilson llegó con vida al Mario Catarino Rivas, pero a juicio del forense Dennis Castro Bobadilla en «el Catarino no le pudieron hacer nada porque ya llegó muerto, no existe ningún documento del hospital. Él llegó muerto», manifestó.

En declaraciones para El Confidencial, Martínez Madrid defendió a capa y espada la versión oficial y preliminar que menciona que Wilson murió en un enfrentamiento entre pandilleros y policías: «Creemos que cuando alguien se va a entregar no se va ir a juntar con mareros de la MS y creemos que cuando alguien defiende esas posiciones es porque son mareros o están afín a la mara», señaló.

Más adelante, el comisionado mencionó que la forma de operar de la MS es muy diferente a la de otras estructuras criminales. «Sabemos que la MS tiene muchos tentáculos en muchas empresas y muchos lugares, y sabemos que tienen influencias en ciertas personas, podría darse que estas personas estén tratando de argumentar algo distinto a lo que ocurrió y estén en parte argumentando situaciones que podrían defender más a la mara MS que a las autoridades que están arriesgando su vida para la seguridad del país», afirmó.

Las palabras del director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, fueron menos confrontativas al asegurar que los resultados de la investigación «arrojarán la verdad de lo que pasó en este lamentable hecho. Esta administración no encubrirá abusos de ningún tipo de sus funcionarios. Ellos (los involucrados) y sus armas, están a disposición del Ministerio Público para cuando lo determinen».

La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró en su redes que la reconstrucción de los hechos, la autopsia y la investigación son los elementos objetivos y científicos que «evidenciarán el enfrentamiento ocurrido con los criminales» en lo que parecía ser más una afirmación que una hipótesis. Lafuncionaria agregó que en la Secretaría de Seguridad «no se ocultarán faltas a los derechos humanos y se apoyará a los policías en el cumplimiento del deber».

En conferencia de prensa Villanueva también aseguró que vivimos «en un país donde la prueba científica no vale nada. En este caso es fácil comprobar si hubo un enfrentamiento o no». La forense a su vez recordó que hubo un oficial de la FNAMP que recibió un disparo y que se salvó al portar un chaleco antibalas: «Cómo se llama a eso, donde le piden a otro que se presente y este repele con bala y comienza el intercambio de disparos, eso no es una ejecución extrajudicial. Les pido que esperemos los dictámenes de balística», afirmó.

La investigación de los hechos ocurridos el 31 de mayo está siendo dirigida por la ATIC, una agencia de investigación adscrita al Ministerio Público e independiente de la Policía Nacional. No obstante, en 2018 fue la misma doctora Villanueva, ahora viceministra y en ese entonces directora de Medicina Forense, la que puso en duda la confiabilidad de la ATIC después de la muerte de la agente Sherill Yubissa Hernández.

Hernández era agente de la ATIC asignada en el occidente del país y apareció muerta en el interior del apartamento que rentaba en Santa Rosa de Copán. Ese caso fue catalogado como suicidio por los investigadores de la ATIC, mientras que la ahora viceministra de Seguridad aseguró que fue un homicidio y entonces se preguntó «¿A quién protegía la ATIC?».

El 8 de junio de 2022, la viceministra de Seguridad pareció perderla paciencia cuando, en declaraciones que recogió Radio América, se preguntó por qué en el Ministerio Público no se aceleraba el proceso para esclarecer la muerte de Wilson: «La población debe saber que no es un caso complejo, que es sencillo documentar si hubo una ejecución extrajudicial o un enfrentamiento, ahí están las cámaras, los testigos, el reconocimiento o la reconstrucción de hechos», afirmó.

Así mismo reconoció que ha recibido reclamos de algunas personas que piensan que ella está defendiendo a la Policía Nacional, pero aclaró que ella está «defendiendo la verdad científica y por eso vengo a estas oficinas (las del Ministerio Público). Y, ¿qué encontramos? Que la autoridad competente no está lista. No hay nadie que atienda».

Al preguntarle al doctor Castro Bobadilla si, a su consideración, ocurrió el enfrentamiento que describe el informe preliminar de la Policía, responde con otras preguntas: «¿Lo han acreditado con evidencias objetivas? ¿Han acreditado todo lo que dijeron de un enfrentamiento? Ahí tiene la respuesta».

La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, manifestó a Contracorriente que desde esa Secretaría se ve el caso con «suma preocupación». Y señala que la FNAMP en su historia ha tenido «múltiples señalamientos de prácticas violentas y de muertes con extremados niveles de incertidumbre». La funcionaria recordó que Libre, ahora partido gobernante, libró muchas luchas en las que se enfrentó a la fuerzas de seguridad y por eso sostuvo que «no estamos para encubrir ni justificar. Si existe responsabilidad en los agentes de seguridad del Estado, debe caerles todo el peso de la ley».

La ministra de Derechos Humanos visitó las oficinas de Medicina Forense en San Pedro Sula para pedir información sobre el caso de Wilson Pérez: «Nos hemos acompañado de personas de la Conadeh, ellos tienen la facultad para requerir del Ministerio Público los informes de las autopsias. Hasta el momento no se les ha entregado, aunque se nos ha informado verbalmente que el informe está listo, lo cual desde la oficina de la Conadeh es considerado un acto de obstrucción».

La ministra también manifestó que en la morgue les dijeron –de forma verbal– que existen «instrucciones superiores para no proporcionar el informe de la autopsia a la Conadeh y Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), que son las instancias de derechos humanos que han solicitado al Ministerio Público la entrega. Nos parece muy preocupante y podría estar sentando un gravísimo precedente en materia de investigación», cerró la ministra.

“No estamos para encubrir ni justificar. Si existe responsabilidad en los agente de seguridad del Estado debe caerles todo el peso de la Ley”. Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos

Tuit

El 1 de junio de 2022, el féretro blanco sin detalles estéticos y con los restos de Wilson Ariel Pérez en el interior, fue sepultado por familiares y amigos, mientras Paola, hermana mayor del fallecido, derramaba algunas lágrimas y advertía que la familia luchará «hasta que se limpie el nombre de su hermano».

Texto: Josselyn Estrada
Ilustración: Pixabay

Nací en los años 90. Y no fue sino hasta muchos años después cuando empecé a tener claridad en mis pensamientos, casi entrando en la década de los 2000, cuando todas y todos me decían que tenía suerte de haber nacido en esa época, que en épocas anteriores las mujeres ni siquiera habían podido tener la oportunidad de estudiar la primaria. También escuchaba que «las mujeres ya no éramos las mismas de antes», que habíamos llegado al punto de inflexión donde destruíamos nuestras propias familias porque no soportábamos ni sacrificábamos nada por amor, el eterno fin bíblico malinterpretado por el patriarcado: «El amor todo lo soporta».

Aun en esta época sigo escuchando todos los días que los derechos humanos y el progresismo fueron inventados para pervertir el mundo, argumentos con los que tratan de desacreditar cualquier lucha feminista. Pese a que es molesto e incómodo para cualquiera que se sienta cómodo desde su posición, es necesario hablar, escribir y expresar lo que pasamos las mujeres por el hecho de serlo. Como decía Lagarde, el objetivo no es pretender darle esa reivindicación exclusiva a las mujeres y lo femenino, sino más bien reivindicar esa relación desigual entre ambos géneros, porque la voz humana comprende ambos, no solo a los hombres.

¿Cuál es el reto? Lograr cada día que una mujer y un hombre comprendan que las diferencias no deben pretender ser sinónimo de desigualdad, sino de fuerza, pluralidad y belleza.

Dicen que ser niño o niña significa ser feliz porque tu inocencia no te deje ver la maldad, pero estoy en desacuerdo con eso. Desde pequeños vamos aprendiendo cómo actuar, nos formamos como seres humanos de acuerdo a las personas que nos rodean, pero podemos observar y pensar, de hecho hay ciertas actitudes que nos parecen normales como que una niña juegue con un camión de juguete, pero luego nos dicen que eso no es correcto, no lo entendemos y nuestros pensamientos se confunden hasta que nos logran formar con esas divisiones.

Siempre trataron de enseñarme que el ser mujer como sujeto social es algo propio y natural; sin embargo, descarté esa tesis desde que tenía como seis años. Mi madre me compró muchos juguetes que son destinados para las niñas, tenía algunos vecinos varones y yo solo quería jugar con sus pistolas y carros de juguete, nunca lo reproché nada a mi madre, pero estaba segura de que no me gustaban las muñecas; no entendía por qué no podía jugar con carros o con armas simulando ser policía. Desde entonces entendí que no era algo natural el comportarse como querían, más bien era algo que esperaban de mí. Así había sido siempre, pero es un hecho que no son los genes los culpables de cómo somos como hombres y mujeres y la forma en cómo nos relacionamos, sino la sociedad misma, su historia y cultura, algo que se construyó para vernos así, sumisas y vulnerables .

No tengo el recuerdo exacto de cuantas veces lloré porque era una niña y no me dejaban usar pantalones o botas vaqueras para mi cumpleaños porque tenía que usar un vestido rosa, debía sentarme de cierta manera y no podía hacer actividades divertidas que hacían algunos niños. De hecho, escuché muchas veces decir que tener una niña es tener «carne para los perros», creo que fue de las cosas que más me ha dolido, porque sentía que mi madre y mi padre no estaban orgullosos de mí por ser una mujer.

Comencé desde mis etapas difíciles en la adolescencia a ver los cambios en mi cuerpo y en las personas que me rodeaban, algo que nunca olvidaré es cuando mis pechos comenzaron a crecer. Caminaba de manera extraña y sumía el pecho para que no se notaran; sentía que era malo y me avergonzaba por algo totalmente normal, quizás era miedo de lo que había escuchado, que al crecer éramos más «apetecibles para los hombres» y que podíamos provocar con nuestros cuerpos. Todo esto penetra en nuestras mentes, justamente por el hecho de que se nos dio ese lugar subalterno con el poder mínimo de servir como objeto sexual, erótico o procreador, como decía Lagarde.

Se me decía que debía estudiar y ser mejor para no depender de un hombre, que no debía dejarme maltratar por ninguno, pero veía en mi casa como se actuaba contrario a lo que se profesaba. Mi madre es una mujer fuerte y valiente, pero la vi pelear tanto solo para que la dejaran trabajar, estudiar o simplemente divertirse; me dolía que tuviera que hacer el triple esfuerzo para poder hacer otras cosas que no están asignadas a su rol como mujer. Yo me esforcé toda mi vida para que no pasará conmigo, pero fue inevitable.

Quiero decir que el hogar no fue el único escenario de tantas tristezas y decepciones, veía a mis vecinas, amigas y familiares sufrir por esa relación de opresión. Cuando veía algún tipo de violencia o discriminación en mis conocidas, trataba siempre de actuar o de hacer entender a esa mujer que estaba mal y no debía permitirlo. La mayoría de las veces fue inútil, me decían que eran cosas de parejas o personales. Tiempo después entendí que lo personal es político y que esas expresiones individuales nos conciernen a todas , porque son parte del sistema y una estructura de poder.

Lo más impactante de mi vida fue ver mujeres que estaban en una situación mucho más compleja que la mía. Crecí en el campo, pero tenía privilegios que otras mujeres no poseían; mujeres que, además de tener que enfrentarse a un sistema y una sociedad que nos impone como debemos ser mujer, tenían que luchar contra la pobreza, contra sus preferencias sexuales porque no tenían una «socialmente aceptada». Nunca olvidaré un viaje que tuve en mi época universitaria, me quedé en una finca en un país del sur, nos atendieron unas mujeres migrantes y tuve la oportunidad de hablar con ellas. Después de escucharlas sentí que mi corazón se partía. El hecho de tener un estatus irregular en un país ajeno las puso en una situación tan vulnerable que hasta se les acusaba de invasoras, ladronas, fáciles, aprovechadas y se les negaba atención médica tanto a ellas como a sus hijos. Su trabajo era tan mal remunerado que no entendía cómo lograban vivir con eso. Todas estas situaciones nos ayudan a comprender que el género se cruza con otras identidades (pobreza, migración, raza, etc.), y es donde aparece el carácter interseccional de la discriminación, entendemos como esos cruces crean situaciones únicas de opresiones y privilegios. Por eso es necesario pensar cómo cada mujer enfrenta las desigualdades para poder replantear cambios, y no solo hacerlo desde nuestros privilegios.

¿Es difícil ser mujer? Es una pregunta que un día lancé a mis amigas. Ninguna sabía que decir, pero al final coincidieron en algo: dijeron que era complicado porque las personas esperaban cosas de nosotras, como casarnos o tener hijos.

Una de ellas dijo que todo el mundo le decía «mala madre» por el hecho de haber pedido ayuda con el cuidado de su hija para poder estudiar y superarse, pero nadie había preguntado por el padre ausente, que la abandonó y nunca más apareció.

Si me preguntan si ser mujer es difícil, respondería que claro que lo es, porque al igual que ellas me enfrenté a un sinfín de críticas por ser quien soy, por querer estudiar más y decidir no tener hijos; por el hecho de buscar siempre un espacio político se me ha señalado diciéndome que mi belleza no combina con mi inteligencia, por el solo hecho de ser feminista.

¿Vivimos en una eterna guerra por ser mujeres? Por supuesto. Luchamos todos los días para ser humanas verdaderamente iguales; es una lucha constante y desgastante, pero necesaria. Me gusta ser quien soy, y no por ser mujer, sino por el hecho de ser «yo», esa esencialidad única que se nos asigna a cada ser humano. Ninguna mujer merece no querer serlo, es parte del reto que hombres y mujeres nos sintamos orgullosos de ser quienes somos, sin estereotipos ni juicios de valor.

Con la impresión del periódico gubernamental «Poder Popular», el periodista Ivis Alvarado, secretario de Prensa, aseguró que las pautas millonarias a medios comerciales desde Casa de Gobierno son cosa del pasado. Cada lunes a las 5 de la mañana la denominada «Motorizada del Partido Libre» reparte este periódico que lejos de ser un medio público es una herramienta propagandística de la presidencia.

Texto: María Celeste Maradiaga y Jennifer Avila
Fotografías: Fernando Destephen

El 10 de mayo de 2022, tres días después de que la presidenta Xiomara Castro cumplió cien días de mandato, la Secretaría de Prensa anunció la impresión del periódico Poder Popular, un medio de comunicación gubernamental que contiene información sobre las secretarías de Gobierno y noticias relacionadas con la administración actual. El periódico es un semanario, el tiraje es de 20 mil ejemplares –según la Secretaría de Prensa-– y se imprime en la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

La dirección del periódico está a cargo del viceministro de Prensa, Carlos Estrada, el subdirector es el periodista José Adan Castelar, mientras que Ruben Dario Salgado es el Gerente General del periódico. Entre los funcionarios que destacan dentro del consejo editorial del periódico están: Anarella Vélez, ministra de Cultura y Artes, Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia y Gerardo Torres, vicecanciller de la República.

En una entrevista para Contracorriente, el secretario de Estado en el despacho de Prensa, Ivis Alvarado, aseguró que este periódico viene a formar parte de las plataformas públicas de información del Gobierno, como lo son la Radio Nacional de Honduras y Televisión Nacional de Honduras (RNH y TNH respectivamente). «La idea es tener esa trilogía de medios públicos para informar al pueblo hondureño de lo que está haciendo el Gobierno, es parte de la estrategia de comunicaciones implementada por la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro», indicó.

El ministro afirmó que Poder Popular, además de ser un medio de comunicación del Gobierno, es un medio público, el cual así como contiene la información, notas de prensa y fotografías de las distintas secretarías de gobierno, busca establecer un «contacto con el pueblo a través del portal web destinado para el periódico, en donde la población podrá dejar sus comentarios, ideas y opiniones.

Sin embargo, en la primera edición del periódico se encuentra el discurso íntegro de los primeros cien días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y las noticias que llenan el resto de páginas son los «logros» que este nuevo gobierno ha obtenido en este tiempo según sus propios indicadores. Se pueden leer en el periódico las agendas de distintas secretarías, giras del asesor presidencial, Mel Zelaya, y más propaganda gubernamental.

Para la periodista hondureña Thelma Mejía, la implementación de este periódico es una estrategia utilizada para generar una opinión contrastada con la ciudadanía. «Ellos quieren tener este medio, junto a la tv y radio, para difundir la información que ellos consideran que es importante y que de repente los medios tradicionales no», explicó la periodista.

La periodista señala que Poder Popular emula al periódico Poder Ciudadano, un medio implementado en octubre de 2007 durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro y actual asesor presidencial. El Gobierno de Zelaya Rosales creó este periódico como una «herramienta de información y transparencia de la gestión y administración de las actividades públicas en las distintas dependencias del Estado», similar a la finalidad con la que fue creado Poder Popular, semanario del Gobierno de Xiomara Castro. Según un artículo publicado en 2008 por Proceso Digital, una investigación de Radio Cadena Voces reveló que el Gobierno de Zelaya Rosales derrochó alrededor de 37.7 millones de lempiras en costos de impresión, distribución y pago de planillas del periódico Poder Ciudadano.

Ivis Alvarado aseguró que la producción del nuevo periódico es transparente y que su costo asciende a los 650 mil lempiras al mes distribuidos entre el tiraje, mantenimiento del sitio web y pago de sueldo al personal. Esta información no está especificada en el portal de transparencia de Casa Presidencial, sin embargo, recientemente las planillas de sueldos y salarios de sus empleados fueron actualizadas en este portal y en los puestos que tienen que ver con comunicaciones solamente para el mes de mayo se presenta un total de HNL1,559,340.00 (USD 63,471.25).

No están especificadas en el portal de transparencia las planillas de cada medio que tiene el Estado, es decir, no se puede saber cuánto del personal que trabaja en comunicaciones trabaja para el periódico pero se puede ver que para mayo, el aumento en sueldos de esta área fue de L 82,100.00 en un mes. Para el mes de mayo, el salario base del Secretario de Prensa y Comunicación aumentó HNL 29,000.00 y el salario base del asistente de comunicaciones aumentó HNL 5,500.00. Además, se crearon los cargos de Director de apoyo técnico (HNL 70.000,00), Asistente de prensa (HNL 32.500,00), Director de comunicaciones (HNL 60.000,00) y Unidad de creación y estrategia (HNL 45.000,00).

El cargo de ministro asesor en materia de comunicaciones de la presidencia, que lo ostenta Milton Benitez «El Perro Amarillo» fue removido de la planilla del mes de mayo, pero en la de abril aparecía con un salario de L109.000,00.

Por otro lado, según Amilcar Valdés subgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, el costo de impresión de cada periódico es de HNL 22.00 (USD 0.90), lo que equivale a HNL 220 mil (más de USD 8, 965) por 10 mil unidades. Valdés además confirmó a este medio que por la sobrecarga de trabajo que representa la producción del periódico se han contratado alrededor de 30 personas nuevas en la ENAG.

El ministro Ivis Alvarado mencionó que todo lo relacionado al periódico se financia a través de Casa Presidencial, debido a que la Secretaría de Prensa no cuenta con un presupuesto propio y está adherida al presupuesto de Casa Presidencial. «Nosotros somos una secretaría que no tiene cartera, no manejamos presupuesto, entonces quién maneja el presupuesto es la presidencia de la República», indicó.

Ante el cuestionamiento de por qué el gobierno tendría que invertir en una herramienta propagandística como este periódico, Alvarado respondió diciendo que «si comparas los gastos que pagaba el régimen de Juan Orlando Hernandez en materia de publicidad y propaganda y comparas lo que puede costar la emisión de este periódico mensual, es nada comparado a los millones que se gastaron. Aquí hubo un medio de comunicación que recibía 52 millones de lempiras mensuales de pauta publicitaria, ¿quién dijo algo al respecto en ese entonces? Nadie, y nosotros estamos invirtiendo más o menos un millón en el tiraje de este periódico y ponen el grito al cielo, yo creo que no es correcto dimensionar mal las cosas que están ocurriendo».

Ivis Alvarado, ministro de Prensa, asegura que, en la administración del expresidente Hernández, solo un medio de comunicación recibía 52 millones de lempiras en pauta publicitaria mensualmente.

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Ruben Darío Salgado, Gerente General del periódico Poder Popular, explicó a Contracorriente que el periódico ha sido un éxito y que la población afín al partido de Gobierno está «ávida de información positiva y de información real», algo que, según él, proporciona el periódico gubernamental. Sin embargo, contrario al ministro de Prensa, él asegura que Poder Popular se trata de un medio de comunicación estatal, no público.

Francisco Molina, experto en materia de comunicación y medios de Honduras, indicó que la pauta publicitaria, como un medio amplificador de las versiones gubernamentales, ha sido algo utilizado no solo por el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernadez -ahora extraditado a los Estados Unidos por los delitos de narcotrafico y posesión de armas-, sino por otros gobiernos desde muchos años antes. Además, agregó que Poder Popular no es un medio de comunicación «público», como es denominado por el ministro de Prensa, esto porque el periódico no está dando un servicio de la comunicación a la población hondureña y está compitiendo con los medios comerciales por la atención de la población.

«En este caso, que un periódico y un portal digital utilicen impuestos de todos para difundir la información del Gobierno, cumple una función que no es la de los medios públicos, sino la de los medios gubernamentales. En este sentido, yo encuentro que el Gobierno está creando su propio ecosistema de medios, y el riesgo que se corre con esto es que se cree una realidad alternativa», aseguró Francisco Molina.

Amilcar Valdés, subgerente de la Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG), explicó a Contracorriente que, inicialmente, el tiraje de este periódico era de 5 mil ejemplares. Después de una semana, el tiraje subió a 10 mil, y se pretende que en un futuro sean 20 mil ejemplares los que circulen semanalmente en el casco urbano de Tegucigalpa. El subgerente agregó que, según les han comentado, existe la posibilidad de que Poder Popular se convierta en un diario, dependiendo de si se adquiere una máquina rotativa especial para eso. El precio de esta máquina rotativa, informó Valdés, es de HNL 60 millones.

«Es la primera experiencia que tenemos con un periódico. Nosotros hemos impreso distintos libros y La Gaceta, pero ya un periódico a color programado para todos los lunes a las 5 de la mañana es un trabajo bien arduo y por el cual trabajamos día y noche. Por lo general lo mandan los sábados en la madrugada y desde ahí iniciamos con el proceso del montaje, después el quemado de las planchas, de ahí pasa a la máquina impresora, después a la guillotina, luego a la máquina dobladora y de ahí viene el personal que lo compagina manualmente», detalló Amilcar Valdes.

La distribución del periódico cada lunes a las 5 de la mañana está a cargo de la Motorizada del Partido Libre, según instrucciones de Casa de Gobierno, aseguró el subgerente de la ENAG. Valdés explicó que el semanario es entregado a medios de comunicación, embajadas, instituciones, secretarías, entre otros lugares.

Amilcar Valdes, subgerente de la ENAG, explica que el último filtro para la impresión del periódico es el asesor presidencial, Manuel Zelaya.

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Amilcar Valdes añadió que Manuel Zelaya Rosales, es parte fundamental del proceso de corrección del periódico. «Una vez que se corrige el periódico, el presidente Zelaya lo revisa y, como es muy metódico, lo vuelve a enviar a revisión si hace algunos cambios; eso hace que (el periódico) se envíe más tarde, pero igual, nosotros estamos para eso, ellos son como un cliente para nosotros y vamos a hacer lo que ellos ordenen», agregó el subgerente de la ENAG.

Un Gobierno de «puertas abiertas»

El ministro de prensa, Ivis Alvarado, aseguró que tanto Casa Presidencial como el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, tienen una política de «puertas abiertas», la cual consiste en tener una buena relación con todos los medios de comunicación, ofrecer un trato profesional y acreditar a más de 400 periodistas a Casa Presidencial.

«El problema es que si atiende a un medio no atiende una reunión que es vital para el país, y con esto no quiero decir que comunicar al pueblo hondureño o atender a los medios de comunicación no sea importante, pero, la agenda de la presidenta está sumamente cargada y esto ha imposibilitado que se le atienda a los medios de comunicación exclusivamente», explicó el ministro de Prensa.

La periodista Thelma Mejía afirmó que la estrategia de puertas abiertas del Gobierno actual es contradictoria, y que «cuando un funcionario de la Casa de Gobierno dice que la presidenta no puede brindar una entrevista porque el tiempo que invierte en la entrevista lo podría utilizar mejor para gobernar, eso le está demostrando una gran debilidad y una gran pobreza comunicacional, porque esa no es una respuesta de una oficina de comunicación, y eso, lejos de potenciar la imagen del Gobierno o la imagen de la presidenta, lo que está haciendo es más bien dar un mensaje contradictorio, el cual es: no hablar y no abordar las cosas prioritarias y urgentes».

Ivis Alvarado mencionó que el Gobierno está trabajando para solucionar las «fallas» del Portal de Transparencia y es por esto que están en constante comunicación con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El secretario le atribuye a un mal manejo de la plataforma y problemas administrativos el hecho de que aún no exista información de las distintas secretarías en el portal, pero que es una promesa de la presidenta Xiomara Castro trabajar con total y absoluta transparencia.

Según el informe sobre la Situación de Derechos Humanos 2021 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos (Oacnudh) más de 50 organizaciones de la sociedad civil aseguran que, «si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública representan un avance, el Decreto 418-2013 (Ley de Secretos) establece reservas vagas y amplias al acceso a la información, lo cual resulta en restricciones arbitrarias al acceso a la información».

El manual La regulación de la libertad de expresión en Honduras de Contracorriente, señala que «el Código Penal (Decreto 144-83), restringió la libertad de expresión por el uso de las figuras penales de injurias calumnias y difamación, y algún caso por el delito de intervención ilegal a las comunicaciones. Sin embargo, en este código existen otras figuras que fueron utilizadas en otros países para la criminalización de las voces disidentes incluyendo el ejercicio periodístico: la revelación de secretos, la instigación pública a la demora o no pago de impuestos, el pánico financiero, instigación a la rebelión o a la sedición, la injuria religiosa, el ultraje a los símbolos nacionales, el hurto del espectro radioeléctrico, la apología al terrorismo (derogado)».

El manual también señala que con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) en 25 de junio de 2020, se mantienen casi todos los delitos antes referidos y se incorporan nuevas figuras delictivas, entre ellos, tres delitos de injuria: Injurias (art. 229), injuria financiera (art. 231 párrafo primero), injuria indirecta (art. 231 párrafo segundo); y tres delitos de calumnias: la calumnia (art. 230), la calumnia financiera (art. 231), la calumnia indirecta (art. 231 párrafo segundo).

El ministro de Prensa, Ivis Alvarado, estuvo de acuerdo con que debería existir un debate sobre la despenalización de la injuria y la calumnia. Sin embargo, la abrogación del Código Penal que entró en vigencia en junio de 2020, una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro en la toma de posesión en enero de 2022, aún no es cumplida.

«Nosotros no vamos a cerrar medios de comunicación, no vamos a perseguir periodistas, no vamos a hacer persecución económica a los periodistas. Nosotros abrimos la Casa Presidencial para los periodistas y, de igual manera, todas las secretarías. La transparencia y la libertad de prensa son dos banderas del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, eso cambió desde el día uno», afirmó Ivis Alvarado.

En informe sobre la Situación de Derechos Humanos 2021 de la Oacnudh recopila que, en 2021, al menos 302 personas defensoras de derechos humanos y periodistas (209 defensores y 93 periodistas) fueron víctimas de ataques, desde amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos. De esas víctimas, diez fueron asesinadas, al menos siete personas habían sufrido incidentes previos y dos eran beneficiarias de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Protección desde 2014 y 2018, respectivamente.

La «intención» de combatir las fake news

El 4 de mayo de 2022 circuló en medios de comunicación y redes sociales que el Gobierno, a través del subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, tenía la intención de implementar una Ley de Medios de Comunicación Social. Esta información fue desmentida por el subsecretario en su cuenta de twitter, sin embargo, la posibilidad de implementar una Ley de Medios en el país generó un amplio debate en la población.

Publicamente desmiento que desde el Gobierno se esté preparando una Ley de Medios. Una Ley de Medios solo puede ser el producto de un largo debate entre todos los sectores interesados: gremios, intelectuales, medios, y ciudadanía en general. 👇 pic.twitter.com/P8UdeMCpdk
— Carlos Estrada 🇭🇳 (@carlosjestrada) May 5, 2022

Ivis Alvarado aseguró que esto es totalmente falso y que la intención del subsecretario en esa ocasión fue abrir un debate en torno a las fake news o noticias falsas, que si bien no debe ser tarea del Gobierno combatirlas, es un tema que debe abrirse a la sociedad y, sobretodo, a los periodistas, sin atropellar la libertad de prensa de los medios de comunicación ni la libertad de expresión.

Para el comunicador Francisco Molina, es difícil ser juez y parte en el combate a la desinformación por parte del Gobierno, pero el planteamiento por parte de las autoridades tiene la buena intención de ver la necesidad de que la desinformación sea mitigada en la mayor medida de lo posible. Sin embargo, Molina aseguró que al atacar a un medio de comunicación, el Gobierno entra en un «juego de pares» y el Gobierno no es par con un medio de comunicación.

«No son la misma naturaleza de entes, ni tampoco cumplen la misma función y ahí es donde nuevamente predomina el modelo de medios gubernamentales, porque lo que tenemos en Honduras, mientras no exista un marco legal y luego administrativo de un ente de comunicación pública, son medios estatales», aseguró el comunicador, quien además señaló que, en el caso de los funcionarios encargados de las comunicaciones, su rol debería ser utilizar las herramientas posibles para que la población tenga la suficiente alfabetización mediática y así poder tener el criterio para combatir la desinformación.

Francisco Molina consideró que es preocupante una polarización en la sociedad hondureña similar a la vivida en tiempos de campaña electoral a finales del 2021, esto es algo de lo que se han encargado algunos funcionarios del ejecutivo y diputados de alguna manera, señaló el comunicador.

«Nosotros tendemos a polarizarnos fácilmente, la campaña política de los últimos dos años es una muestra de ello, pero, si ya pasó la principal amenaza que nos hacía polarizarnos, en lo antigubernamental, ahora que se tiene el poder es fácil convertir cualquier oposición, sea bien intencionada o no, tenga razón o no, y equipararla directamente en contra de alguien que esté el otro polo», explicó el estudioso de la comunicación.

Para el ministro de Prensa, Ivis Alvarado, no existe una realidad de discursos polarizantes en Honduras, en cambio, los funcionarios se han dado la tarea de desmontar y luchar a diario contra una matriz mediática instalada por la narcodictadura.

«Yo leo el discurso de la presidenta de los 100 días y a mi me encanta, es un discurso sincero, abierto, lleno de mucha verdad, para otros no, y eso hace que se abra un debate, el debate es bueno en la sociedad hondureña, una sociedad que no debate está muerta. Es cuestión de percepciones», subrayó el ministro de Prensa.

Se suele decir que en la vida se aprende a patadas. Metafóricamente hablando, por supuesto, eso quiere decir que los eventos difíciles por los que transitamos a lo largo de nuestras vidas nos dejan aprendizajes que no lograríamos si no es enfrentando esos momentos difíciles. Sin embargo, menos alegórico y completamente literal, en nuestras sociedades las patadas se usan para resolver cualquier discrepancia o inconformidad, son un arma más de quienes solo saben usar las cuatro extremidades como herramientas naturales del entendimiento. Las siguientes son dos célebres patadas que sirven como imágenes para entender a un país, su política y sus diferencias. ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿De qué tipo de sociedad nos hablan?

La primera patada voladora sucedió el 21 de enero de 2022, el recién electo Congreso Nacional juramentaba al presidente de dicho órgano del Estado. Había polémica entre dos bandos de diputados. Uno de ellos trataba a toda costa de finalizar la juramentación del recién electo presidente del Poder Legislativo y cumplir con las formalidades, mientras que el otro bando, con gritos, insultos, empujones e iracundas amenazas buscaba impedir la juramentación. La situación subió de tono sin nadie que pudiera evitarlo, ya no había autoridad capaz de preservar el orden en el Congreso. Repentinamente, un diputado del bando de los inconformes saltó con agilidad insospechada por encima de los robustos muebles de madera que separan a la Junta Directiva del pleno de diputados e impactó acertadamente una patada voladora en la cadera del recién juramentado presidente del Congreso Nacional. Detrás de él, otros diputados saltaron la barrera –física y simbólica– que los separaba del acto de juramentación, unos para continuar los golpes y otros para tratar de evitarlos. La sesión legislativa terminó por suspenderse. El diputado protagonista de la patada regresó a su curul, mientras el diputado pateado tuvo que salir resguardado del edificio legislativo.

La segunda patada voladora fue el 29 de mayo de 2022, se jugó en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, la final del campeonato de la Liga Nacional de fútbol entre el Club Deportivo Motagua y el Real España. Como es de esperar, hubo fiesta del lado ganador y rechazo del lado perdedor. Con gritos, insultos y empujones, hinchas del equipo perdedor saltaron la barrera –física y simbólica– que divide la cancha de la afición y protagonizaron disturbios buscando evitar la celebración de la victoria por parte del equipo y afición ganadora. La situación subió de tono sin nadie que pudiera evitarlo, ya no había autoridad capaz de preservar el orden en el estadio y los intentos de la Policía parecían inútiles frente al caos reinante. Repentinamente, un aficionado enardecido saltó con agilidad insospechada e impactó traicioneramente una patada voladora en la espalda de una subinspectora de la Policía que trataba de controlar la situación, haciendo que ésta trastabillara varias gradas hacia abajo y finalmente cayera de manera violenta. El aficionado agresor se escabulló entre la multitud.

No es lo mismo pero es igual

La primera patada fue protagonizada por el diputado Rasel Tomé, miembro de la bancada de Libre que ahora gobierna en el país. El pateado fue Jorge Cálix, del mismo partido, quien pretendía ser juramentado como presidente del Congreso Nacional. Después de ese hecho, Cálix y un grupo de diputados que lo apoyaban fueron sentenciados públicamente como traidores por la entonces electa presidenta de la República, Xiomara Castro. La patada de Tomé se hizo viral, se hicieron memes que él mismo celebró y reprodujo. Su patada fue titular en muchos noticieros internacionales. Hubo algunas críticas que rechazaron con vergüenza el zafarrancho de los diputados en el Congreso, pero fueron rápidamente silenciadas por una ola de triunfalismo que nombró a la patada de Tomé como la «patada de la libertad». Se justificó esa patada en todos los niveles del discurso público. Desde el más alto discurso intelectual y jurídico se argumentó que el «bando oscuro de la política del país» –ligado al régimen dictatorial anterior que se resiste a morir– había manipulado los procedimientos para evitar que el bando nuevo, el del cambio, se abriera camino. Decían airadamente que había que romperlo todo para restituirlo todo. En otro lenguaje, un poco más empolvado, había que agudizar las contradicciones para generar las condiciones materiales e ideológicas necesarias para el cambio revolucionario. En la calle –la típica conversación con el taxista anónimo, pero siempre buen calibrador del sentir popular– se percibía aceptación con cierta resignación y gesto de incomodidad de que «así son las cosas aquí».

Después de dos meses de crisis por la presidencia del Congreso, se terminó por imponer el bando al que pertenece Tomé, el pateador. Se puede decir que la presidencia actual del organismo legislativo no obedeció a procedimientos establecidos por la ley sino a una patada liberadora. Y también aleccionadora de cómo las cosas se pueden resolver si incluso los formalismos normativos impiden las voluntades partidarias.

La patada del aficionado enardecido tuvo un final muy diferente. La indignación social por el ataque a la subinspectora fue muy grande. Se viralizaron fotografías del supuesto agresor y las autoridades ofrecieron una recompensa por información que guiara a su captura. Buena parte de la población, cansada de tanta violencia, pidió su cabeza (figurativamente hablando, esperábamos). Tres días después de la agresión, Wilson Pérez se hizo viral nuevamente. Un confuso reporte de noticias indicaba que Wilson Pérez habría recibido varios impactos de bala durante el operativo policial que buscaba su captura.

El borroso rostro del agresor en el estadio ahora era diáfano, pero sin vida. Su patada produjo primero la indignación por la violencia en los estadios, que ya tiene una larga historia en Honduras y que al parecer no hay posibilidades de superar, pero ahora producía una ola de indignación y desconfianza hacia la institución policial por considerar que su muerte se trató de una ejecución extrajudicial. Las autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad han iniciado la investigación de los hechos, dando por sentado y a priori que la investigación busca demostrar que en efecto se trató de un enfrentamiento. Para la familia de Wilson Pérez –y seguramente para muchas voces silenciosas en esos barrios– la realidad fue otra y mucha gente piensa que cualquier cosa pudo pasar porque la desconfianza en la Policía es muy grande.

Si bien las circunstancias de ambas patadas y sus desenlaces son completamente diferentes, el ejercicio de la comparación radica en encontrar los puntos en los que dos hechos diferentes coinciden o bien, dos hechos iguales producen resultados diferentes. Al final, sí se puede comparar peras con manzanas puesto que ambas son frutas. Así, las dos patadas en cuestión tienen un punto en común: el absoluto irrespeto por las normas jurídicas y morales establecidas sin la más mínima estimación de los efectos que esa inobservancia tiene en la persona y en la sociedad.

A eso en la sociología se le llama anomia. Básicamente se trata de un estado, una condición o un issue que las sociedades alcanzan en el momento en que predomina la inobservancia de las normas en todos los niveles de la sociedad. Desde el más alto nivel político o económico hasta la vida cotidiana de un ciudadano. Las normas existen, pero simplemente no se cumplen y no se busca que se cumplan ni con el ejemplo ni con la aplicación de la norma misma. Es anómica una sociedad cuando sus ciudadanos –especialmente sus representantes políticos– consideran que las normas son un estorbo para alcanzar sus fines. La corrupción y la criminalidad son expresiones de esa anomia, no sus causas. Antes de que la corrupción y la criminalidad se generalicen y hasta se celebren, hay una degradación constante del valor de la norma jurídica y moral. Se entiende aquí por moral no el juicio individual, sino el ético a partir del cual se construye el sentido de la ley. La anomia que nos demuestran las patadas no solo es recurrente, sino que está ampliamente avalada, aceptada y hasta celebrada por grandes sectores de la población y de sus liderazgos políticos.

Algunos ejemplos de cuando la sociedad está o no en anomia: un joven trastornado por la radicalidad de su ideología decide tomar armas y asesinar a sangre fría a casi 80 jóvenes en una isla de Noruega. El hecho convulsiona a la sociedad y produce un inmenso debate que concluye en que ese hecho es una desviación del respeto por la vida y que solo alguien con un trastorno mental podría haber hecho algo tan horrendo como esa matanza. La norma del respeto a la vida y la moralidad que eso implica, por lo tanto, prevalece. En el otro extremo, el anómico, un joven sin mayor trastorno evidente, por una cantidad de dinero, mata repetitivamente hasta que cae en prisión, lo matan o simplemente encuentra otra alternativa para su vida y la de sus hijos en su país o migrando. Sería una desviación si fuera solo un joven, pero resulta que es la realidad de miles de jóvenes que diariamente transgreden las normas en contextos en donde éstas no rigen las interacciones sociales. Igual, una ministra de Educación en Alemania renuncia por una denuncia de sospecha de plagio en su tesis doctoral escrita treinta años atrás. La sola sospecha bastó para poner su renuncia. Sin embargo, anómica es una sociedad en la que la mayor parte de los miembros de su clase política accionan a través de la corrupción para garantizarse el poder a través del sistema de partidos políticos, el clientelismo y el narcotráfico. Y continúan ahí, en el poder, sin el más mínimo gesto de culpa, arrepentimiento o vergüenza. No es solo impunidad, es la convicción de que violar las normas simplemente no importa y, al contrario, es necesario y hasta celebrado.

El argentino Carlos Nino le dio a este concepto clásico de la sociología un apellido muy latinoamericano cuando analizó a la sociedad argentina de los años noventa y dijo que lo que ocurría en su país era una anomia «boba», porque los comportamientos de irrespeto a la norma eran autofrustrantes o contraproducentes para quienes los ejercían. A simple vista, las dos patadas, la de la «libertad» y la que terminó con la muerte de Wilson, podrían verse como resultado de una anomia boba en Honduras. Contraproducentes, sí, pero depende para quién.

El partido Libre en efecto se impuso en el Congreso y sigue haciéndolo sobre la base de una Junta Directiva que, aunque no importe a nadie, no llenó los requisitos legales. Es decir, el fin justificó los medios, dirían. Pero no es cierto. Si el fin es restablecer la democracia y acabar con la arbitrariedad legal que reinó en el país por doce años –en realidad desde mucho antes—, entonces ese fin no se puede alcanzar reproduciendo la arbitrariedad y la ilegalidad.

La patada de la «libertad» simboliza eso, irrespetar el orden establecido justificando que ese orden no permite alcanzar el fin buscado. Lo bobo de la anomia radica en el efecto que el irrespeto por la norma produce en la democracia; porque, al final de cuentas, la democracia se mejora solo con más democracia, cualquier otra cosa solo la empeora. La historia latinoamericana lo demuestra. Los dictadores de la primera mitad del siglo XX justificaban su autoritarismo diciendo que el pueblo no estaba preparado para la democracia, que eso era algo de europeos y no de pueblos plagados de indios, negros y campesinos pobres; los gobiernos que se instauraron después de gestas revolucionarias al estilo guevarista en América Latina repetían lo que decían sus aliados del otro lado del mundo y de la cortina de hierro, que hay que instaurar la dictadura –sí, con esas palabras– del proletariado antes de alcanzar el estado socialista, antes de alcanzar el comunismo tan idealizado como imposible. En ese esquema, la democracia no tenía lugar: era burguesa, liberal, alienada y reaccionaria, además de revisionista. Sus contrapartes, los militares contrainsurgentes, rabiosos defensores de la doctrina de la seguridad nacional, consideraban que la población debía ser primero pacificada, luego estabilizada para entonces dar lugar a una transición al poder civil y, así, a una democracia tutelada para evitar que el enemigo interno la desestabilizara nuevamente. Los políticos civiles que asumieron las democracias tuteladas de los años noventa no venían de tradiciones democráticas, de sus luchas, sino que cada uno se acomodó a las nuevas circunstancias para preservar sus intereses de clase y de aspiraciones de clase. Fueron políticos burócratas que solo gestionaron el poder ajustando las instituciones a los diferentes intereses; fueron empresarios que pensaron que gobernar un estado es igual que administrar una empresa; fueron ganaderos que pensaron que se trataba de administrar un hato; fueron fanáticos religiosos que pensaron que se trataba de administrar una iglesia, fueron comediantes, presentadores de programas de televisión, millenials, esposas, esposos, fueron de todo. Pero ha habido una constante: irrespetar las normas, jactarse de eso sin importar las consecuencias y siempre tener una excusa lo suficientemente convincente para justificarse. La democracia nunca echó raíces con semejantes guardianes.

Si la anomia es boba porque produce un efecto contraproducente, ¿por qué persiste? La patada voladora que «liberó» al Congreso puede que tenga un efecto contraproducente para la democracia, pero no lo tiene en el corto plazo para quienes triunfan con el irrespeto a las normas, el efecto entonces es más bien productivo. Por ejemplo, durante 12 años el Partido Nacional tuvo el control formal e informal de la institucionalidad del Estado. Durante ese período lograron producir un círculo vicioso para la democracia, pero virtuoso para los actores corruptos: el irrespeto a las normas se cubre con el irrespeto a las normas. La impunidad es el resultado de eso, del irrespeto a las normas que velan por evitar el irrespeto a las normas. Una paradoja, una cualidad de un sistema que se reproduce a sí mismo, como un virus que destruye un organismo para lograr su propia supervivencia. Y eso persiste, los actores han cambiado de lugar, pero la lógica de irrespetar la norma para lograr beneficios (económicos, políticos, ideológicos) persiste. El beneficio inmediato de la «Patada de la libertad» para Rasel Tomé fue posicionarse como un héroe ante las bases enardecidas de su partido y darle un toque «futbolístico» al problema del Legislativo. Sobre él no cayó ninguna sanción, aunque por ley debió haber caído ya que fue una agresión física a otro funcionario que en ese momento era ya presidente de ese organismo del Estado.

Lo mismo habría pensado Wilson cuando agredió por la espalda a la subinspectora, tal como en tantas otras ocasiones ocurre en los enfrentamientos entre policías y barristas en Honduras. Se aprovecha el caos, se da un golpe traicionero y se escapa entre la multitud. Luego esos hechos son celebrados en anécdotas de esquina, celebrados porque se logró escapar de la situación, porque se le dio un golpe a una autoridad asociada con el tolete, el gas lacrimógeno, la violencia, los abusos y la corrupción. Pero en esta ocasión algo cambió: tal vez que fue a una mujer, tal vez que son nuevas autoridades en la Policía, tal vez que las cámaras lo captaron todo. No se sabe. Pero los hechos indican que el acto de transgresión de Wilson no iba a pasar desapercibido. Se podía construir sobre la indignación existente: se capturaba y la policía salía victoriosa. Pero algo salió mal, Wilson apareció muerto. No se sabe cómo ocurrió su muerte, pero está claro que se activaron muchas capacidades para dar con su paradero muy rápido, en un país internacionalmente conocido porque más del 90 % de los hechos violentos quedan en completa impunidad. Supongamos que hay una investigación independiente y que se determina que no fue una ejecución extrajudicial y que Wilson murió en medio de un enfrentamiento. Aun así, queda abierta la duda de cómo fue posible activar tanta capacidad investigativa en tan solo tres días. Entonces querrá decir que sí se puede, que cuando no ocurre es porque no ha habido voluntad, lo que equivale a decir otra vez que impera el irrespeto de las normas, la norma de no aplicar la norma. Y si fue ejecución extrajudicial, ni qué decir, es anomia pura y violenta.

Las patadas anómicas de Rasel Tomé y de Wilson Pérez coinciden en que las normas se consideraron inválidas para los dos y las instituciones a cargo de hacerlas valer fueron también consideradas como ilegítimas por los dos. Para uno, la norma que rige la elección de presidente del Congreso; para el otro, la norma que indicó que su equipo de fútbol había perdido el campeonato. Para uno fue ilegítima la institución garante de la elección en el Legislativo, es decir, la propia asamblea de legisladores. Para el otro, fue ilegítima la institución que representa el árbitro. Ambos decidieron atacar con sus patadas a la autoridad que en ese momento regulaba la situación en conflicto. Ambos en su momento se refugiaron en la impunidad que provee el colectivo. Para uno fue su partido político, los medios de comunicación, sus activistas y hasta la propia presidenta electa; para el otro, fue el anonimato de su barra o de una afición enardecida, el anonimato de ser uno más del barrio, de esos tantos barrios duros, controlados y que funcionan con sus propias reglas, donde el Estado solo visita, pero no habita.

Pero no terminó igual para los dos, Wilson está muerto. La anomia no solo es boba, es una bobada de clase social. Irrespetar las normas en nombre de luchar contra el antiguo régimen no es igual que irrespetar las normas en nombre de…(¿?). ¿Tiene la anomia entonces que tener un fin para que tenga sentido y sea tolerada? Es posible que para alguien como Wilson había un fin, un sentido, en la horrible agresión que hizo contra la subinspectora. Es ese tipo fin y de sentido que solo se entiende desde la comprensión de los mundos de vida de los barrios marginales, violentos y regidos por normas violentas y de sobrevivencia, esa razón que tanto fuego enciende (literalmente) en protestas callejeras que alcanzan su clímax y razón de ser cuando hay enfrentamiento con la Policía. Una razón y sentido que se activa también en la otra vía, en agentes de la fuerza pública que abrazan la violencia porque ellos mismos dejaron de creer en el respeto a las normas de justicia, porque se premia la violencia en la institución o porque se paga.

La anomia boba en la que coinciden las dos patadas voladoras corta contundentemente la realidad con el filo de la clase social. Son dos ejemplos de realidades muy profundas y diferentes en el país, pero que coinciden en el irrespeto a las normas jurídicas y morales necesarias para la democracia y la convivencia en paz. Coinciden también en que siempre hay una razón lo suficientemente poderosa para justificar y hasta celebrar el irrespeto a las normas. Eso va desde la «causa mayor» hasta la euforia por el equipo de fútbol. Coinciden también en que esa justificación deslegitima cualquier autoridad que persiga hacer valer la norma. Para alguien como Wilson la anomia es una forma de vida, sin más opciones ni responsabilidades que aquellas que define su entorno inmediato. Para alguien como Rasel Tomé, la anomia es una herramienta de poder, con un poder expansivo mayor y con un efecto social incalculable. Hay patadas voladoras que aumentan la anomia y que la celebran; pero no hay patadas voladoras, insultos, gritos, desprestigios, linchamientos políticos, normas acomodaticias y cualquier otro acto transgresor de la ley y de la ética que logre fortalecer la democracia.

Mayo fue un mes lleno de teatro en el centro de Tegucigalpa gracias a la Primera Muestra de Directoras en Centroamérica, actividad que contó con grupos teatrales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en la Casa del Teatro Memorias.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

En la culminación de la Primera Muestra de Directoras en Centroamérica, fue el turno de Honduras de presentar Lo que ocurre dentro, una adaptación de la obra del dramaturgo español Sergio Rubio. Dirigida por Inma López, directora, actriz y productora en la Casa del Teatro Memorias, esta obra presenta la historia de dos policías que tienen la tarea de espiar a una misteriosa mujer en su apartamento y desde ahí la audiencia vivió el suspenso, comedia y enigmas de su trama.

El contexto hondureño policial no fue desaprovechado para hacer un comentario social en la adaptación de Lo que ocurre dentro. Inma López, en una entrevista brindada a Contracorriente antes del estreno de la pieza teatral, resaltó que esta obra se desarrolla en el marco del escándalo policial por corrupción en Honduras y del «secreto a voces» acerca del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos por la acusación de tener nexos con el narcotráfico.

Además de este comentario acerca de la realidad hondureña, Lo que ocurre dentro también habla acerca de la personalidad del hondureño y su hombría. «En la psicología de los personajes no quería perder la oportunidad de retratar la masculinidad tóxica, que se siente superior física y mentalmente y que no quiere a nadie, sino que se obsesiona», comentó López sobre los protagonistas de esta historia, interpretados por José Recinos y Leo Banegas.

Si en la obra que se presentó la semana anterior, la adaptación de El Quijote de la Mancha dirigida por Mónica Ocampo de Nicaragua, se planteó un teatro que no respondía a su público, sino que se encargó de hacer preguntas, en esta ocasión López resaltó que Lo que ocurre dentro como parte del teatro contemporáneo es uno que «retrata y confronta» al espectador. Lo hace con humor negro y lenguaje vulgar, pero aprovechando el potencial de sus actores en sus picos dramáticos y exponiendo cómo el hombre hondureño se relaciona con las mujeres de una manera lamentable.

Este encuentro supuso una celebración: la de festejar la apertura de espacios para hacer teatro en Centroamérica liderados por las directoras de cada obra que se presentó en el «Memorias» en mayo. Para Inma López, uno de los retos de administrar una sala como la Casa del Teatro Memorias proviene de tener una programación de obras a lo largo del año, un trabajo que requiere constancia. «No ha sido fácil, ha tenido que pasar mucho tiempo para que nosotros pudiéramos tener una cantidad de público estable. No es una cosa de hoy para mañana», agregó López.

El resultado de la constancia del equipo del «Memorias» se tradujo en elogios de los grupos teatrales de El Salvador, Nicaragua y Guatemala hacia la audiencia que esta sala de teatro cultivó desde su escenario. A través de nueve años de existencia, diferentes historias, personajes, géneros dramáticos y emociones llegaron a la vida de los que estuvieron dispuestos a disfrutar del teatro en esta sala.

«Eduardo Espinoza (actor de Quiebraplata y Oscurana Teatro de Nicaragua) me decía “oye, tienen un público que está sentadito”. Y sí es verdad, es cierto, la gente se deja sorprender y viene a disfrutar del teatro», dice Inma para evidenciar la calidad del público de la Casa del Teatro Memorias.

Organizar una actividad como la Primera Muestra de Directoras en Centroamérica es un proyecto difícil de desarrollar. Contactar a los grupos teatrales y que haya disponibilidad, organizar el calendario de funciones, son solo algunos de los obstáculos, pero hay uno en particular que Inma resaltó y es la movilidad en Centroamérica: «Es complicada y sobre todo cuando tenemos grupos de teatro que traen su escenografía y utilería, vestuarios, o sea que siempre traen una carga bastante grande. Hay que organizar transportes y pasar fronteras», añadió López sobre coordinar este evento.

Por otra parte, a pesar de los intentos de Inma porque otros medios atendieran a la Primera Muestra de Directoras en Centroamérica, no hubo respuesta de ninguno:«Este año no ha sido fácil. Los medios de comunicación, excepto Contracorriente, no hicieron eco de esta actividad», aseveró López, quien además resaltó que el apoyo de la audiencia a través de las redes sociales fue crucial para el éxito de la actividad.

La crudeza de ser madre en El Salvador; el tono satírico y despliegue técnico importante desde Guatemala; la aventura, optimismo y cuestionamientos al público de Nicaragua; la comedia y comentario sobre la realidad hondureña, todas estas propuestas resumen un encuentro de alto impacto cultural que ocurrió en el centro de Tegucigalpa.

«Hemos mejorado bastante. Hemos aprendido más, porque tener una sala de teatro te enseña muchas cosas. Hemos cometido errores pero también tenemos aciertos y por eso seguimos aquí. El público hondureño demanda arte», concluye Inma López desde uno de los asientos del «Memorias».

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronosticó que entre julio y agosto la inseguridad alimentaria podría agudizarse en Honduras. Los efectos colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania afectan directamente en el precio de los fertilizantes y los combustibles, por lo que los pequeños productores hondureños enfrentan una realidad desesperanzadora. Los programas gubernamentales para los agricultores no llegan, mientras el consumidor paga una canasta básica cada vez más cara.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen

Adelante de San Juan del Rancho, en El Guachipilin, una aldea perteneciente al municipio de Francisco Morazán ubicada a 36 kilómetros de Tegucigalpa, vive Óscar Cerrato, un hombre de 45 años que se dedica a la producción de tomate, repollo, cebollas y otro tipo de hortalizas.

«Aquí ya no es San Juan del Rancho –aclara Óscar–, cuando usted cruza el vado ya está en El Guachipilín», lo dice mientras nos da un recorrido por una frondosa plantación de tomate que colinda con otros tipos de cultivos y que juntos crean una atmósfera verde. Se respira un aire distinto al de la capital, aún estando a pocos kilómetros de esta.

Óscar explica que antes de la crisis actual que viven los agricultores, este sector ya estaba en riesgo. La pandemia por COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, registradas en noviembre de 2020, dejaron pérdidas de miles de lempiras para las personas que se dedican a este rubro. Además, al no tener un seguro que respalde las pérdidas del pequeño productor después de un fenómeno climatológico o factores externos, la situación empeora.

En esto coinciden Hipólito Raudales y Juan Carlos Urquía, agricultores ubicados en El Ocotal, una aldea a poco menos de 33 kilómetros de Tegucigalpa. Ambos se dedican al cultivo de hortalizas: pepino, chile habanero, tomate cherry, entre otros.

Juan Carlos tiene 39 años, trabajar bajo el sol revela rasgos de envejecimiento en su piel. Él cuenta que antes de la pandemia tenía ocho casas-mallas llenas de productos. En estos viveros el agricultor invirtió un millón de lempiras, sin embargo, con la llegada del COVID-19 al país, solo pudo recuperar 300,000 lempiras de la inversión. «Primero perdí dinero por la pandemia y de ahí los huracanes se llevaron lo demás», expresa. Actualmente solo mantiene 3 de estas casas.

Las casas-mallas son edificaciones parecidas a un vivero, pero construidas en una estructura metálica y con una malla plástica parecida a una manta. Su función es proteger al cultivo de las plagas y de vientos fuertes; sin embargo, cuando los agricultores no tienen acceso a una, proceden a elaborar casas chinas, que consisten en amarrar la malla plástica en cada cerco del cultivo, protegiendo solo las parcelas.

El agricultor detalla que, actualmente, vende la libra de chile habanero a 32 lempiras (1.30 dólares), pero que en realidad debería de venderla a 40 lempiras (1.63 dólares), y lo mismo sucede con los demás cultivos. El producto debe ser vendido, y, aunque no se logre una ganancia, es mejor recuperar lo invertido antes de dejar morir el cultivo en el campo, según Juan Carlos.

Transportar el producto de estas aldeas a Tegucigalpa ha pasado de costar 200 a 400 lempiras (8.14 a 16.29 dólares respectivamente) el viaje, y la mano de obra en el campo no es la misma de antes. Óscar, el agricultor de Guachipilín, explica que debido a los altos costos de la producción los agricultores se han visto obligados a pagar menos a sus trabajadores, por lo que cada vez son menos personas las que se dedican a la recolección en tiempos de cosecha.

Pero hay algo que empeora la situación de agricultores como Óscar, Juan Carlos, Hipólito y otros 385,000 medianos y pequeños productores y productoras en Honduras: según datos del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), los pequeños productores agropecuarios, a pesar de aportar el 64 % del empleo rural en Honduras, tienen poco control en la cadena de valor, y es por esta razón que venden sus productos –granos básicos, hortalizas y verduras– a intermediarios que les compran a un bajo costo.

El incremento en un 300 % en el precio de los fertilizantes ha provocado una de las peores crisis en el sector agrícola del país, esto impacta en las familias de los agricultores, sus comunidades, y, en gran escala, a toda la población hondureña.

En el marco de los primeros cien días de Gobierno, la presidenta Xiomara Castro prometió en su discurso beneficiar a los agricultores con el Bono Tecnológico, un beneficio que, en sus palabras, «tendrá que ser otorgado democráticamente a una parte de los pequeños productores y campesinos en siembra de primera, y posteriormente, aumentar la cobertura para la siembra de postrera, sin discriminacion de ningun tipo y dirigido a aumentar nuestra producción de alimentos. Tenemos que salir victoriosos de la guerra contra el hambre», puntualizó.

Los agricultores aseguran que la entrega de este bono ha servido para fomentar el clientelismo político en tiempos de campaña electoral. Tanto en El Guachipilín, El Ocotal, y en otras aldeas en las que se dedican al cultivo, han llegado políticos a ofrecer quintales de fertilizantes a cambio del voto. Además, aseguran que el Gobierno actual no tiene la culpa de esto, pero que esperan que la dinámica en la entrega de estos beneficios cambie y no se politice.

El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, quien también es jefe de bancada de Libre y familiar de la presidenta Xiomara Castro, asegura que, luego de recibir un informe financiero por parte de Banadesa, el otorgamiento de créditos a los agricultores y agropecuarios será de manera urgente, tomando en cuenta la crisis alimentaria que atraviesa el país.

Pero Óscar, Juan Carlos e Hipólito nunca han sido beneficiarios de un préstamo en Banadesa, y esperan que esa reactivación sea del aprovechamiento de los grandes productores, como pasa usualmente.

«Para acceder a un préstamo en Banadesa nosotros tenemos que tener algo que nos respalde, y no es así. Hay productores que ponen una máquina o un tractor y ya tienen crédito. Los pequeños (productores) siempre estamos comiéndonos las uñas para poder lograr lo poquito que producimos», asegura Juan Carlos, agricultor de El Ocotal.

Además, Hipólito, productor de El Ocotal, menciona la importancia de que los agricultores estén asegurados: «El Gobierno no nos ha ofrecido asegurar nuestra cosecha por si se pierde, aquí no existe esa seguridad. Aquí no hay respaldo del Gobierno ni de alguna organización», afirma.

Los productores de hortalizas también mencionan que programas como el Bono Tecnológico Productivo (BTP), desarrollado por la Dirección de Ciencia y tecnología Agropecuaria (Dicta) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), son aprovechados por los pequeños productores pero en menores cantidades, y que no es algo que beneficie a los productores que se dedican a otro tipo de cultivos que no sean granos básicos.

Contracorriente contactó a Laura Suazo, Ministra de la SAG, directamente a través de su asistente, sin embargo, los intentos de entrevista no fueron atendidos. Del mismo modo, el subsecretario de agricultura, Roy Lazo, no accedió a una entrevista con este medio.

«Ellos le dicen bono tecnológico a una bolsa de maíz, una bolsa de frijoles y un quintal de abono, pero si usted ve nosotros sembramos maíz y frijoles para el consumo de nosotros, no dependemos de estas dos cosas para mantener a nuestras familias, darles el estudio, la comida y los alimentos. Nosotros dependemos de la agricultura, como el chile, tomate, pepino, y variedades», señala Juan Carlos, quien además manifiesta que producir hortalizas es igual de importante que granos básicos.

«El Gobierno habla de maíz, frijoles y arroz, ¿y es que solo eso comemos nosotros, pues?», pregunta entre risas Juan Carlos, quien a pesar de estar viviendo una situación de crisis, mantiene una sonrisa y explica con detalle la realidad que afrontan las personas en su rubro.

Banadesa y el Bono Tecnológico Productivo no sostienen a pequeños productores

El 9 de mayo de 2022, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, anunció la disponibilidad de 1,000 millones de lempiras en créditos para el sector agroproductivo del país, teniendo como prioridad atender las solicitudes de productores de granos básicos.

Erlin Menjívar, presidente de Banadesa, aseguró que este capital beneficiaría a más de 7,500 productores a nivel nacional, y que los productores en la central de riesgo del banco, debido a inconvenientes con sus cultivos, podrán beneficiarse con una readecuación o negociación y así poder obtener de nuevo un crédito en Banadesa. Esto, explicó el presidente del banco, se hizo en conjunto con la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

El 9 de mayo de 2022, Erlin Menjívar, presidente de Banadesa, anunció la reactivación del banco con mil millones de lempiras disponibles para el sector agroproductivo de Honduras.

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«Gracias a la voluntad de nuestra presidenta, Xiomara Castro, Banadesa abre sus puertas a los agricultores y a los ganaderos del sector agroproductivo del país para que se acerquen a hacer sus solicitudes de crédito en las 30 agencias diseminadas en todo Honduras. Ya tenemos al personal técnico y el dinero listo para dar crédito a todos los productores para que tengan el dinero de manera expedita y hagan producir la tierra», informó Erlin Menjívar.

En septiembre de 2019, varios funcionarios del Banco de Desarrollo Agrícola fueron señalados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) en el caso «Corrupción sobre ruedas». El requerimiento a ocho funcionarios de Banadesa y Casa Presidencial fue por delitos de abuso de autoridad, fraude, usurpación de funciones y uso de documentos públicos falsos.

La Maccih informó que los implicados conformaron un esquema que utilizó a Banadesa para malversar más de 11 millones de lempiras, fondos que originalmente estarían destinados a la administración del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición, más conocido como «Bono 10 mil».

Entre los acusados figuraban Juan Ramón Maradiaga, gerente administrativo de Banadesa; David Eduardo Ortiz Hawit, gerente financiero de Banadesa; Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, encargado de Control Interno de Banadesa; Gonzalo Molina Solórzano, jefe de Proveeduría-Compras de Banadesa; y Carlos Josué Romero Puerto, coordinador de Proyecto PRAF-Banadesa Bono 10 mil en Banadesa.

Banasupro es exonerado de impuestos

Las Ahorro-Ferias del Pueblo son una iniciativa de la Suplidora Nacional de Alimentos Básicos (Banasupro). En Tegucigalpa se reúnen al menos 36 productores de verduras, hortalizas y granos básicos, quienes llegan de zonas aledañas a la capital.

Los productores venden sus productos los viernes, sábados y parte del domingo a un precio menor que el de otros mercados o supermercados en la capital. Sin embargo, los agricultores afirman que la subida a los fertilizantes, el precio de los combustibles y otros factores representan un problema a la hora de fijar los precios en sus productos y que el consumidor esté de acuerdo con los mismos.

«Ahora hemos tenido bastante controversia con el cliente, ¿por qué tan caro? nos dicen, y yo lo primero que hago es explicarles que no es invento mío, y que en las noticias se puede ver el alza a los fertilizantes, que han pasado de costar 480 lps a 1,600 lempiras, aproximadamente», manifiesta Óscar Cerrato, agricultor de El Guachipilín.

Juan Carlos Urquía coincide con lo expuesto por Óscar, y también afirma que no es culpa del consumidor exigir precios bajos. «El consumidor se cansa, y yo me pongo en el lugar de ellos porque sé que el salario mínimo no lo están subiendo de la misma forma en la que está incrementando la canasta básica, pero esto es algo que también los productores vivimos», agrega.

El economista Claudio Salgado explica que al consumidor hondureño le está incrementando todo y no tiene capacidad de negociar su salario.«La inflación se había estimado en un 5 % antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, en este momento anda por el 8 %. En el caso de Honduras el incremento al salario mínimo ya fue absorbido por la inflación, lo mismo la reducción al precio de los combustibles a inicios de febrero. Todo esto va creciendo y esta espiral inflacionaria va para largo», detalla.

Alvin Owen, portavoz del Banasupro, indicó que por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro se han inyectado 127 millones de lempiras, dentro de los cuales 100 millones serán destinados a pagar deudas con proveedores y así beneficiar directamente a los productores.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el 28 de abril de 2022 el informe «Inconsistencias financieras en el manejo de fondos públicos en Banasupro», en donde califican como no rentable financiera y operativamente al Banasupro, debido a su mala gestión de los recursos públicos, lo que ha ocasionado un déficit operativo para 2021 de 404,244,372.00 millones de lempiras.

El asistencialismo provocó el desabastecimiento de 38 centros de ventas en el país, detalla el informe: «Como resultado de la mala estrategia comercial, 14 de los 18 departamentos de Honduras tienen al menos un centro de venta cerrado. De los 150 centros de ventas registrados hasta el 31 de diciembre de 2021, 38 están con saldos negativos, proyectando un registro de 47,696,394.28 millones de lempiras. En consecuencia, de 103 centros de venta a nivel nacional solo operan 67».

El 19 de mayo de 2022 el Congreso Nacional aprobó un decreto orientado a exonerar de impuestos, tasas y contribuciones municipales y nacionales al Banasupro, esto con el objetivo de «fortalecer la operatividad de la institución, garantizar la seguridad alimentaria nacional y sostener la estabilización de precios». La iniciativa fue presentada por Jari Dixon, diputado del Partido Libre.

Juan Carlos Urquía asegura que no existe un fondo o programa que garantice mejorar la situación de los pequeños productores, y que, a pocos kilómetros de la capital, son miles de agricultores los que traen el alimento del campo a la mesa y los que son olvidados Gobierno tras Gobierno.

«Yo pienso que los que estamos acostumbrados a perder vamos a seguir perdiendo, porque yo no tengo otra cosa más que hacer que esto, y yo amo hacer esto, pero hay gente que ya no lo va a hacer. Estoy seguro que ya no lo va a hacer, conozco personas que eran productores y ya no siembran», repite el agricultor, mientras se pregunta cómo el sector agrícola, siendo uno de los más importantes en Honduras, es de los más olvidados en realidad.

Para Óscar Cerrato, agricultor de El Guachipilín, el escenario es más desesperanzador: «A mi se me ha cruzado por la mente que de repente no voy a seguir sembrando», menciona, mientras en el camino avanzamos por una manzana de cosecha perdida.

Guerra entre Rusia y Ucrania agudiza la crisis alimentaria

El informe Hunger Hotspots (Focos del Hambre) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO identifican una situación de inseguridad alimentaria que se agravará de febrero a mayo en tres países de América y el Caribe: Colombia, Haití y Honduras.

En el caso de Honduras, el informe detalla que es debido a la poca acumulación de lluvia en octubre y noviembre de 2021 y por los efectos de la pandemia que la situación de inseguridad alimentaria en el país empeorará; sobre todo, en áreas del Corredor Seco, en donde se necesitará asistencia humanitaria.

Ahora, con la Guerra entre Rusia y Ucrania, el escenario se torna todavía más difícil.

Stephanie Hochstetter, representante del PMA en Honduras, explicó a una radio hondureña que, al momento de determinar estas cifras, el conflicto entre estos dos países europeos aún no había comenzado, por lo que dentro del informe no están contempladas las repercusiones que está teniendo la guerra en muchas partes del mundo.

La guerra entre Rusia y Ucrania, que inició en febrero de 2022, ha provocado consecuencias en la economía del mundo al involucrar indirectamente a otros actores como Estados Unidos.

El doctor en economía Claudio Salgado explica que la guerra entre Rusia y Ucrania ha venido a incrementar los problemas que ya existían en el mundo en materia económica. Interrupciones en la cadena de suministros y el incremento de precio en el transporte de mercancías a raíz de la pandemia a nivel global, el cambio climático, y la subida de los combustibles, han aumentado los precios en los alimentos, la energía y los combustibles.

Salgado menciona que Rusia tiene la capacidad de producir 10 millones de barriles de combustible diarios, de estos, 7 son de exportación, pero con el bloqueo que imponen a Rusia los distintos países afines a Ucrania, el precio en los combustibles incrementa en Europa y en todas las partes del mundo. Es por esta razón que tanto para Honduras como para otros países del mundo, es complicado sustituir esta producción de combustible, lo que ha desencadenado en una crisis mundial de combustible y sus derivados.

Además, el doctor Salgado señala que sólo Rusia y Ucrania abastecen alrededor del 25 % de los fertilizantes a nivel mundial.

Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania finalizara mañana, el economista explica que las secuelas prevalecerán por un largo tiempo, y que el Gobierno puede implementar paliativos como absorber 1,000 lempiras de subsidio por galón de combustible, absorber el 50 % del incremento del diésel, poner en marcha medidas de ahorro de combustible, pero que es difícil debido a que en Honduras estamos viviendo las perturbaciones y efectos de un conflicto externo. «Mientras no se ponga fin a la guerra, los efectos de esta traerán más pobreza, desempleo, calamidades y saqueos a la población», agrega.

La representante del PMA en Honduras, Stephanie Hochstetter, detalla que será aproximadamente el 28 % de la población hondureña la que se encontrará en una situación de crisis o emergencia alimentaria, y que entre los departamentos más afectados están Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá; y los departamentos que tienen mayor población, como ser Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho.

Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) ligado del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al menos 2.6 millones de hondureños estarán en crisis o emergencia alimentaria aguda.

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Hochstetter agrega que en las zonas periurbanas, como es el Valle de Sula y sus alrededores, el alimento será muy limitado, debido a que el desempleo ha aumentado en esta zona por el rezago del COVID-19 y el alza de precios. También se verán afectados los agricultores en el oriente del país, los ubicados en el Corredor Seco, y las mujeres y niñas en estos lugares, ya que usualmente ellas son las que toman las decisiones acerca de qué y cuánto alimento se consume en el hogar.

«Hoy en día todos nos damos cuenta a la hora de ir a comprar al supermercado, al cargar combustible a nuestro vehículo, o mover un producto de un lado a otro, que todo es más complicado y más caro», explica la representante del PMA.

La mujer que marcó la historia como la primera en llegar al poder en Honduras levantó las banderas de la euforia y de la esperanza, pero sin haber tomado posesión ya tenía la primera y profunda crisis abatida por los rencores y ambiciones en su mismo Congreso Nacional de la República.

La presidenta, Xiomara Castro, junto con el Partido Salvador de Honduras (PSH), pactaron la directiva de un parlamento acostumbrado a las componendas en contra de la Constitución para gobernar al estilo hondureño: un triste escenario de golpes, gritos, patadas, caos y barbarie que no extrañó a nadie. Eso es justo lo que Honduras representa ante la comunidad internacional: un circo de funcionarios salvajes incapaces de acudir al diálogo como primera alternativa para solventar sus contrariedades, además de ser una de las naciones más pobres y corruptas del continente americano.

Aun con esos matices, ella asumió la responsabilidad histórica en un estrado pletórico de sueños, pues su discurso fue sentenciado con una frase despiadada que decía: «El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos doce años y lo recibo en bancarrota».

Era verdad, pero en los días posteriores se convirtió en la excusa diaria en los sermones dentro de casa presidencial. En las calles, mientras, gobernaba sin discursos la brutal pobreza, la exclusión social y el desempleo con cuatro millones de jóvenes en edad de fuerza laboral esperando una oportunidad. Una gran mayoría sigue huyendo hacia el norte y la tasa de homicidios, que alcanza el 41.30 % hasta el 2021 por cada 100 mil habitantes (Sistema Estadístico Policial en Línea [Sepol], 2021), aumenta sin piedad. La desconfianza hacia las instituciones es casi total. Las promesas están ya gastadas por el corrupto partido saliente que dejó instrucciones precisas con las piezas exactas en el tablero de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) sesgada en la ley y en un Ministerio Público (MP) que se caracteriza por su ineptitud en investigación frente al crimen organizado y la plaga insidiosa de la corrupción.

Quien deja el vacío de no saber a quién culpar es el expresidente Juan Orlando Hernández, el más odiado, déspota y cuestionado por estar ligado a graves actos de corrupción, ya extraditado a Estados Unidos, donde ya ha comenzado su proceso judicial por cargos de narcotráfico. Sin duda, este hecho representa un gigantesco paso del nuevo gobierno al mostrar voluntad para colaborar en el tan esperado juicio de Hernández Alvarado; pero, a su vez, se diluye con los mecanismos legislativos para promover leyes manchadas de cinismo e impunidad, al aprobar una amnistía que deja libre a muchos «delincuentes honorables» por el partido en el poder.

Mas allá de eso, los matices de la «nueva izquierda» se han mantenido al margen de los gobiernos absolutistas y los socios regionales e internacionales como China y Rusia; sin embargo, se niega a condenar la violación de los derechos humanos en la vecina Nicaragua.

Quizá los golpes y pijamas que votaron al expresidente, Manuel Zelaya, dieron lecciones de gobernanza a su esposa, quien con firmeza de mujer se plantea gobernar sin las sombras de aquella mala madrugada, pero con las oscuras maniobras de los exministros de su esposo que la asesoran -¿o la presidencial lo asesora a él?-, lo cierto es que Castro asume políticas que la separan de la tradicional «izquierda radical latinoamericana».

El nuevo gobierno ya pasó la frontera de los cien días, de aquellas banderas rojas que hoy se destiñen con la esperanza de un poder para la población; o bien, la continuidad de la dictadura en rojo.

*Gabriela Castellanos es abogada y directora del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.

El pasado 12 de mayo el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social. La iniciativa, presentada desde el Poder Ejecutivo, generó inconformidades entre distintos grupos pertenecientes al sector eléctrico en Honduras; entre estos, las autoridades de la EEH, que denunciaron tratos intimidatorios y desconocimiento en materia de energía por parte de funcionarios de Gobierno y el actual ministro de Energía, Erick Tejada.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El 12 de mayo de 2022, en horas de la madrugada, el Congreso Nacional aprobó la «Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social», también conocida como Ley Especial de Energía. La exposición de motivos de dicha ley indica que esta tiene la finalidad de «dar solución a uno de los principales problemas que atraviesa el país».

La Ley Especial de Energía ordena a la ENEE revisar todos los contratos de generación suscritos y que no han iniciado operaciones a ajustar el inicio de su operación según lo establecido en la nueva ley. Del mismo modo, la junta directiva y la gerencia general de la ENEE están autorizados a efectuar una revisión del recurso humano y una reestructuración administrativa y técnica de la empresa.

Según el Boletín Estadístico Febrero 2022 de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la estatal mantiene 90 contratos con distintos generadores de energía privados, los que desglosados quedan en: 41 contratos con generadores de energía hidráulica, 17 con generadores de energía solar o fotovoltaica, 13 contratos con generadores de energía a base de biomasa, 3 contratos con generadores de energía eólica, 1 contrato con generadores de energía a base de carbón y 1 contrato con generadores de energía a base de geotermia. En comparación al Boletín del 2019 de la ENEE, la estatal rescindió 9 contratos con generadores privados de energía.

La Ley contempla declarar en estado de emergencia en materia energética al país, y, basados en esto, el Poder Ejecutivo y la empresa estatal tendrán que implementar un Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas para iniciar la evaluación y contratación para la construcción de represas de generación de energía con recursos renovables y para el control de inundaciones.

De esto se encargará la Comisión Nacional de Auditoría, integrada por delegados de la Secretaría de Desarrollo Económico, Transparencia y Anticorrupción, Aduanas, Finanzas, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), quienes también realizarán una auditoría a los estados financieros de las empresas generadoras de energía.

El ministro de Energía, Erick Tejada, manifestó que aprobar la ley era necesario porque Honduras cuenta con 300,000 hondureños sin acceso a la energía eléctrica, más de 16,000 millones de lempiras adeudados a los generadores privados de energía, y una deuda acumulada de más de 75,000 millones de lempiras de la estatal eléctrica, la cual representa el 10 % del Producto Interno Bruto actualmente.

La Ley Especial de Energía fue presentada al Congreso Nacional el 3 de mayo de 2022 por la presidenta Xiomara Castro. La implementación de nuevas políticas en el sector energía fue una de las propuestas de campaña de Castro previo a las elecciones del 28 de noviembre de 2021 y también lo recordó en su discurso alusivo a los 100 días de su mandato.

Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a la presidenta en su visita a Honduras el 6 de mayo de 2022: «Apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta Xiomara Castro en beneficio del pueblo de Honduras, sobre todo de la mayoría del pueblo, que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata y precios justos. Felicidades», manifestó el presidente mexicano mientras estrechaba la mano de Castro Sarmiento.

Por otro lado, la bancada del Partido Nacional expresó estar en contra de la aprobación de la Ley Especial de Energía si esta no era socializada previamente con los generadores de energía, las autoridades de EHH y los empresarios del sector energético en Honduras.

El diputado nacionalista Tomás Zambrano, presidente de bancada, aseguró a Contracorriente que la figura de justiprecio, contemplada en el artículo 4 de la Ley, es un sinónimo de «expropiación», lo que significa que el Estado «quite un bien a un privado para temas de interés público».

Según Erick Tejada, actual ministro de Energía, la ENEE enfrenta una deuda acumulada de más de 75,000 millones de lempiras.

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«Nacionalizar a las empresas privadas generadoras de energía es un riesgo, todos sabemos que el Estado no es el indicado para administrar negocios, esto nos quitará inversión, y así ningún inversor va a querer venir a Honduras», afirmó Tomás Zambrano.

El artículo 5 de la Ley Especial de Energía establece estrictamente que, de no existir un acuerdo en la renegociación de los contratos entre la ENEE y las generadoras de energía eléctrica generada a partir de tecnología hídrica, solar y eólica, la estatal eléctrica podrá poner fin a la relación contractual y adquirir la planta energética previo el «justiprecio» mediante bonos del Estado.

Además, el artículo 18 de la Ley autoriza a la ENEE para realizar una reestructuración del recurso humano y administrativo de la estatal eléctrica conforme lo indique la Junta Directiva y Gerencia General de la ENEE.

Horas después de que fuera presentada la Ley Especial de Energía al hemiciclo legislativo, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, expresó vía Twitter que el escrito de la Ley Especial de Energía a presentarse en el Congreso Nacional provocaba «preocupación» sobre el «efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora». Seguidamente, la embajadora sostuvo reuniones con Erick Tejada, secretario de Estado en los despachos de Energía y gerente temporal de la ENEE; Rixi Moncada, secretaria de Finanzas; Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, y con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en los días posteriores a sus declaraciones.

Para comprender más acerca de las posturas y apertura a la Ley Especial de Energía, Contracorriente contactó al Cohep, a la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), y a los ministros mencionados anteriormente, sin embargo, este medio no obtuvo respuesta por parte de ninguno de estos grupos luego de las reuniones sostenidas con la embajadora de EE. UU., Laura Dogu.

El ministro de Energía, Erick Tejada, expresó que la Ley Especial de Energía busca complementar la Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2014, agregando el componente humano y reivindicando el servicio de energía eléctrica como un derecho humano.

La Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), según lo indica en su objetivo, se aprobó con la finalidad de regular las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio hondureño, la importación y exportación de energía eléctrica, y la operación del sistema eléctrico nacional, lo que incluye la relación de sistemas eléctricos vecinos, su sistema eléctrico y el mercado eléctrico regional centroamericano.

El ministro de Energía aseguró que la Ley Especial de Energía contiene una radiografía de la «crisis heredada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica», y la reforma a 10 artículos de la Ley de Industria Eléctrica (2014), mismos que «planteaban un mercado liberalizado y que no se acoplaban a la realidad nacional». De esta manera, se reformaron los artículos 1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 27, 28 y 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica.

La Ley Especial de Energía fue aprobada con 75 votos a favor, dentro de los cuales se incluyen a las bancadas del partidos Libre, Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Liberal, mientras que la bancada del Partido Nacional se posicionó en contra.

✅ APROBADA EN SU TOTALIDAD: Ley Especial para garantizar la energía eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional. pic.twitter.com/HbB6vaMNRq
— Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) May 12, 2022

Amenazas y tratos intimidatorios denuncia Empresa Energía Honduras

Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional y vicepresidente del Legislativo, aseguró que previo a la aprobación de la Ley Especial de Energía esta fue socializada con empresarios, miembros de sociedad civil y representantes locales, por lo cual todos coincidieron que «el subsector eléctrico era un desastre». Sin embargo, los apoderados legales de la Empresa Energía Honduras (EEH) manifestaron que su postura y las negociaciones sostenidas con los funcionarios hondureños no fueron escuchadas, y que, en su lugar, están siendo señalados injustamente en el artículo 8 de la Ley Especial de Energía.

El artículo 8 de la Ley Especial de Energía ordena a la Empresa nacional de Energía Eléctrica a informar al pueblo hondureño acerca de las «irregularidades en la forma de contratación de la Empresa Energía Eléctrica» y, seguidamente, presentar una denuncia formal al Ministerio Público para que este investigue el proceso de negociaciones efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras, antes y después de la adjudicación del contrato. Además, ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuar una auditoría de inteligencia financiera y cumplimiento legal en un plazo máximo de 30 días luego de la publicación de la Ley Especial de Energía.

«Se le ha querido vender a la sociedad hondureña que fue EEH quien vino a Honduras a buscar una relación contractual, cuando en realidad fue el Estado de Honduras quien después de andar en distintos países no encontró eco a la inversión que pudiese tener cualquier empresa en el extranjero con la ENEE. Fue precisamente Empresa Energía Honduras quien aceptó las condiciones de venir a invertir a Honduras, sacar el dinero de su bolsa para generar proyectos y más inversión dentro de la ENEE», manifestó en la conferencia de prensa Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de Empresa Energía Honduras.

Además, el apoderado legal de EEH indicó que, hasta septiembre de 2021, la empresa Manitoba Hydro International Ltd. (MHI), de origen canadiense, certificó el buen rendimiento en el control de pérdidas por parte de la Empresa Energía Honduras, y que, actualmente, el Estado está perdiendo 110 millones de lempiras mensuales al no instalar 164,000 contadores disponibles, función que antes era responsabilidad de la empresa colombiana y ahora está nuevamente a cargo de la ENEE.

«Se habla de que la ENEE está en la quiebra, y está teniendo pérdidas millonarias, pero hay algo que Erick Tejada no dice, y es que existen cualquier cantidad de instituciones del Estado que no pagan energía eléctrica», indica el apoderado legal de EEH, quien asegura que son 3,800 millones de lempiras los que distintas instituciones del Estado le adeudan a la ENEE, según datos de EEH.

Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de la Empresa Energía Honduras (EEH), denuncia que actualmente el Estado de Honduras está perdiendo 110 millones de lempiras mensuales, según informes de EEH.

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Los intentos de entrevista por parte de Contracorriente al ministro de Energía, Erick Tejada, fueron postergados por días y no atendidos al cierre de esta nota.

Claudio Salgado, doctor en Economía, explicó a Contracorriente que una modificación al subsector eléctrico hondureño es algo que impacta directamente al bolsillo de la población, esto debido a que cuando se vende la energía a un alto precio y esta es tomada en cuenta como un insumo, lo mismo sucede con los productos en venta.

El doctor Salgado agregó que no será fácil el proceso de renegociación en los contratos con los distintos generadores de energía, pero que el enfoque de la energía como un derecho humano podría impactar de manera favorable a la población. Además, recomienda a la población no dejarse engañar por la postura de los empresarios, quienes plantean que lo primordial son las pérdidas, cuando estos se han beneficiado con grandes fortunas a través de contratos con el Estado.

Desaparición de la CREE y cancelación de la ODS

La Comisión Reguladora para la Energía Eléctrica (CREE) fue creada en 2013 bajo el artículo 3 de la Ley General de la Industria Eléctrica, el cual detalla que esta comisión será integrada por tres comisionados propuestos por una Junta Nominadora y nombrados por el presidente de la República. Entre las funciones de la comisión estaban: realizar inspecciones para confirmar la veracidad de los informes presentados por empresas del sector eléctrico, establecer las tarifas de transmisión y distribución de energía, otorgar licencias de operación para la transmisión y distribución de energía, y aplicar las sanciones correspondientes a las empresas.

Con la aprobación de la Ley Especial de Energía el 12 de mayo de 2022, la CREE desaparece y sus funciones pasan a ser administradas por el Centro Nacional de Despacho (CND), una entidad de carácter público y que formará parte de la estructura de la ENEE. El CND estará integrado por cuatro funcionarios designados por la presidenta, Xiomara Castro. El artículo 10 de la Ley Especial de Energía justifica la desaparición de la CREE «por ocasionar perjuicios económicos a los consumidores y a la ENEE en virtud de aumentar de forma injustificada el precio del costo base de la potencia firme de energía».

En el artículo siguiente, la Ley ordena la cancelación del Operador del Sistema (ODS) como una Organización No Gubernamental a cargo de garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo. Esta función ahora será responsabilidad del Centro Nacional de Despacho.

Lo anterior fue criticado por congresistas del Partido Nacional; entre ellos, Marco Midence, exministro de Finanzas, quien manifestó estar en desacuerdo con que el ODS volviera a ser administrado por la ENEE, argumentando que esto significaba regresar a «prácticas oscuras del pasado». Por otra parte, Mauricio Castellanos, diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), expresó que ahora con el Centro Nacional de Despacho se sabrá «realmente» qué empresas serán rentables para invertir en el país.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) congratuló en un comunicado al Poder Ejecutivo por la aprobación de esta Ley y, conforme a la cancelación del ODS, instaron a los funcionarios que ahora integrarán el Centro Nacional de Despecho y a la Junta Directiva del mismo «apegarse estrictamente a lo emanado por la Constitución de la República, velando siempre por el interés de la población, con un enfoque basado en derechos humanos».

Las solicitudes de entrevista a funcionarios que integran la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) por parte de Contracorriente no fueron atendidas.

Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de la historia de Honduras impulsada por Libre, el partido fundado por su esposo, José Manuel «Mel» Zelaya, después del golpe de Estado que lo derrocó en 2009. Castro ha prometido un nuevo futuro para el país después de 12 años de autocracia del Partido Nacional. Sin embargo, en estos primeros meses de mandato el pasado ha regresado en forma de una amnistía que ha beneficiado a los viejos aliados de su esposo acusados de corrupción, un gobierno plagado de exfuncionarios de Zelaya y la sombra del nepotismo con varios familiares en puestos clave. Mel, ahora asesor de la presidencia, influye cada vez más en la política del país.

Por: Leonardo Aguilar y Jennifer Avila
Fotografías de Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Ilustración de portada: Donají Marcial

Hace 12 años que José Manuel Zelaya no es presidente de Honduras, pero la Casa Presidencial se ha convertido de nuevo en su despacho. Desde que su esposa y actual presidenta del país, Xiomara Castro, lo nombrara asesor, decenas de personas cruzan a diario las puertas del Palacio José Cecilio del Valle con la esperanza de que Mel escuche sus quejas y demandas o, incluso, que firme una carta de recomendación para obtener trabajo en el gobierno. El viernes 18 de marzo, sin embargo, su agenda se centró en la visita de un solo hombre. Hasta bien entrada la noche, con conferencia y comida incluida, recibió con honores —aunque sin la compañía de la presidenta— a Enrique Flores Lanza, su exministro de la presidencia, que retornaba al país después de una década de exilio en Nicaragua.

En un acto simbólico, el día que juramentó Xiomara Castro, a Mel le devolvieron la banda presidencial que le arrebataron en 2009, cuando lo derrocó un golpe de estado y él acabó subido a un avión vestido con pijamas a punta de fusil. Ahora Libre, el partido que fundó y dirige, además de llevar a su esposa hasta la presidencia controla el Congreso. Castro llegó al poder prometiendo un futuro para Honduras alejado de los 12 años de «narco-Estado» y autocracia del Partido Nacional, encarnados en el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas. Las medidas tomadas en estos cuatro meses de gobierno, sin embargo, apuntan más a un reciclaje del pasado. Además de la influencia de Mel, varios miembros de la familia Zelaya han ocupado importantes puestos en el gobierno. La amnistía aprobada solo una semana después de la toma de Castro como presidenta, ha asegurado las condiciones para que retornen los viejos aliados del clan con cuentas pendientes con la justicia.

Flores Lanza fue acusado el 30 de julio de 2009 —un mes después del golpe— por falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en un requerimiento fiscal en el que figuraban junto a él el expresidente Zelaya (beneficiado por una amnistía tras los Acuerdos de Cartagena que en 2010 le permitieron retornar al país), Jacobo Lagos, en ese entonces ministro jefe del staff presidencial y gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, y Rebeca Santos, la entonces ministra de Finanzas —los casos de estos dos últimos fueron sobreseídos por la justicia hondureña. Lanza también fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones por la sustracción de 10 millones 950 lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (poco más de 575 mil dólares en aquel momento).

La imagen de un hombre sacando una carretilla de construcción llena de dinero del banco el 26 de junio de 2009, quedó plasmada en el imaginario de la población. Cinco años después, Flores Lanza confesó que esos 10 millones, que él pidió para la Guardia de Honor presidencial, en realidad fueron utilizados para sufragar la apuesta de la «Cuarta Urna»: Zelaya y los suyos pretendían preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con la instalación de una cuarta urna en las elecciones que se celebrarían seis meses después. De fondo, buscaban una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. La consulta fue declarada ilegal por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, satanizada por los medios de comunicación masiva, la Iglesia y el Alto Mando del Ejército, y desembocó en el golpe de Estado.

ContraCorriente y la Redacción Regional tuvieron acceso al expediente del caso y en él se detalla el testimonio de un testigo de la fiscalía, entonces empleado del Banco Central de Honduras, que confirma que la sustracción de dinero fue autorizada con una nota firmada por Flores Lanza e involucraba a los miembros de la Guardia de Honor presidencial. En estos documentos, se consigna también un retiro «de cuarenta millones» de lempiras (2.1 millones de dólares en aquel momento) que ocurrió desde el 24 de junio, en la víspera de la celebración de la consulta popular. Cuando al testigo se le preguntó cómo habían retirado 10 millones 950 lempiras el 26 de junio, explicó que se lo llevaron «en carretillas», en billetes de 500 lempiras a un solo destino: «En la Presidencia entramos por el sótano y luego en los elevadores hasta llegar a la oficina de Flores Lanza. El dinero ahí quedó».

Las pruebas de malversación de fondos y el resto de los pendientes con la justicia de Flores Lanza fueron enterrados por el decreto de amnistía apoyado por Castro. La ley, defendió la presidenta, fue promovida con la intención de revertir la persecución contra líderes políticos y sociales que se opusieron al golpe de Estado, pero ha beneficiado al menos a tres funcionarios cercanos a los Zelaya acusados de actos de corrupción.

Berta Oliva, la directora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), una organización referente en la lucha por los derechos humanos y que por ley tiene una palabra determinante en el proceso de amnistía, incluso afirma que el propio Flores Lanza y su abogado, Milton Jiménez, apoyaron con la revisión legal de la propuesta de Ley que finalmente fue aprobada. Consultada sobre el involucramiento de Lanza como beneficiario de la amnistía, Oliva asegura que Lanza es un defensor de los derechos humanos, un argumento que el abogado del exfuncionario presentó al Cofadeh y que la organización extendió en un documento. «Él representaba grupos campesinos, defendió al periodista que fue amenazado en los 80, a Renato, y no le cobró ni un cinco», dice en alusión a las amenazas sufridas, en aquel entonces, por el presentador de televisión Renato Álvarez.

El otrora hombre fuerte de Mel no tiene cargo oficial, pero la influencia del asesor y esposo de la presidenta y varios de sus exfuncionarios en el gobierno es abrumadora. Rixi Moncada, quien fue ministra de Trabajo y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es ahora la ministra de Finanzas; Rebeca Santos, exministra de Finanzas, ahora es la presidenta del Banco Central de Honduras; Edmundo Orellana, exministro de Defensa, ahora es ministro de Transparencia. La lista sigue: Edwin Araque, expresidente del Banco Central de Honduras, ahora es presidente de otro banco: el de la Producción y la Vivienda (Banhprovi). Enrique Reina, ex asesor presidencial de Mel, ahora es el canciller.

En su regreso al poder, los Zelaya parecieran querer culminar una tarea inconclusa. En su discurso de cierre de campaña, Xiomara Castro dijo que su mandato sería una continuación del «Poder Ciudadano», el proyecto de su marido interrumpido por el golpe. La ahora presidenta también prometió una constituyente. En sus apariciones públicas, Mel sigue hablando de la «Cuarta Urna» como el pretexto utilizado por militares, empresarios y políticos golpistas para romper un país «pletórico de esperanza». «Hoy vuelve uno de los dirigentes del gobierno Liberal del Poder Ciudadano, coordinador de la Cuarta Urna, que desempeñó un papel fundamental en la transformación de Honduras», dijo el 18 de marzo sobre Flores Lanza, que a diferencia del pasado, cuando oficiaba con el rostro bien afeitado y trajes a la medida, regresó con barba y vestido con una guayabera blanca.

Los Zelaya y los militares

Cuando Xiomara Castro había cumplido apenas dos semanas en el cargo como la primera mujer presidenta de Honduras, envió a una reunión con el Estado Mayor del Ejército a tres de sus parientes más cercanos. No se reunió ella, la primera mujer comandante general, con las principales cabezas de su Ejército. En su lugar llegaron tres emisarios que comparten el mismo nombre y apellido. A la cabeza oficial de la comitiva iba José Manuel Zelaya, ministro de Defensa, seguido de José Manuel Zelaya Castro, asesor, y por último, Mel, reconvertido ahora en asesor presidencial.

Que tres «josé manueles» aparezcan en un acto oficial del nuevo Gobierno hondureño pasó de ser una aparente casualidad a ser norma, la norma del poder repartido en una familia: Mel es asesor presidencial, su hijo mayor, Héctor Manuel, es secretario privado de su madre la presidenta, Xiomara Hortensia; la segunda hija es diputada en el Congreso Nacional; el hijo menor, José Manuel, asegura ser asesor ad honorem. Del lado de Mel está su hermano, Carlos Zelaya, quien es el secretario del Congreso Nacional y el hijo de éste, José Manuel Zelaya, quien dirige el Ministerio de Defensa. Esto parece nepotismo pero legalmente no lo es. Estos nombramientos y la participación política de quienes obtuvieron el cargo de diputados está en el marco de la ley hondureña. Sin embargo, ante las críticas hay una justificación: es importante mantener a la gente de confianza en el círculo de poder más cercano a la presidencia para evitar un golpe de Estado.

«Nunca es malo alguien de confianza ahí donde están las armas, y en las Fuerzas Armadas tienen las armas y las estrategias vitales, entonces ahí se necesita alguien de extrema confianza del presidente de la república», justifica Edmundo Orellana, el exministro de Defensa cuando Mel sufrió el golpe. Públicamente también lo dijo el hermano del expresidente, Carlos Zelaya, cuando fue consultado por el nuevo cargo de su hijo «Pusimos a alguien de confianza en ese puesto porque desde Defensa se fraguan golpes de Estado».

El ministro de Defensa es un abogado de 33 años y esta es su primera experiencia como funcionario público. Muchos activistas del Partido lo reconocen como un cuadro técnico más que político. «Técnico, sobre todo en el área de las comunicaciones», dijo para describirlo Marco Ramiro Lobo, alcalde de Catacamas, el pueblo de los Zelaya.

El recuerdo del golpe es una herida abierta. Ante la pregunta de si la secretaría de Defensa les significa confianza, Edmundo Orellana responde: «Yo quedé en medio de un problema en el que tenía la confianza del presidente pero no sé si tenía la confianza de los militares», dice. «Creció tanto el problema que fui incapaz de atenderle debidamente. La tensión del lado político, la tensión desde el punto de vista internacional, de las organizaciones, de la sociedad civil, empresa privada, las iglesias… era tan fuerte que trascendió el tema eminentemente militar. Lo que hubo ahí fue una conspiración de prácticamente toda la estructura estatal incluida las Fuerzas Armadas en contra del presidente de la república y todo liderado por el Partido Nacional», añade.

Para Arístides Mejía, el antecesor de Orellana, el derrocamiento de Mel fue «el golpe de los idiotas porque ahí el país se hundió completamente y eso se hubiera podido solucionar institucionalmente». «Ninguna institución estaba controlada por el presidente. Al contrario del presidente anterior que controlaba todos, no controlaba la Corte, no controlaba las Fuerzas Armadas, no controlaba la Fiscalía, no controlaba el Tribunal Electoral, ni Tribunal de Cuentas ni el Partido. Entonces ¿cuál era el miedo?», dice Mejía.

El general Romeo Vásquez Velásquez, el líder militar que ejecutó el golpe contra Mel, ahora es un militar en retiro. Intentó, sin éxito, convertirse en político. Escribió un libro, su versión de la historia. Sentado en un sillón en la sala de su casa, en las afueras de Tegucigalpa, suelta una risita cuando mira la foto de Mel en la que está junto a su hijo y su sobrino reunido con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. «El primer damo, otros dicen el primer caballero y otros dicen que le quitó la presidencia a la presidenta, que la utiliza nada más de parapeto. Para mí, hay una regla simple de juego de poder: nunca le haga sombra a su líder o a su amo, nunca le haga sombra a su líder superior».

Doce años después del golpe los Zelaya todavía temen o, quizá, se blindan.

Amnistía o «pacto de impunidad»

Cuando estaba en campaña, Xiomara Castro habló de la necesidad de la amnistía, pero no señaló que beneficiaría a los exfuncionarios del «Poder Ciudadano». La aprobación de la ley ha sido duramente cuestionada dentro y fuera de Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) la catalogaron como un «Pacto de impunidad». En un comunicado conjunto señalaron que «Si bien no podemos desconocer que algunos de los funcionarios que fungieron entre 2006-2009 tuvieron y tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al golpe de Estado, esto NO indica de que si realizaron actos de corrupción o delitos en contra de la Administración Pública, los mismos deberán quedar en impunidad ya que se estaría generando un precedente que podría ser fundamentado a hechos futuros de 2009, beneficiando de esta forma a quienes hoy son responsables de las cuantiosas cifras que en concepto de corrupción el Estado pierde anualmente».

En el comité que elaboró la propuesta de amnistía, además de la supuesta participación de Flores Lanza, también estuvo el abogado constitucionalista Ernesto Paz, nombrado actualmente como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) en representación del Partido Libre.

El nombre de Paz no sólo es relevante por tener un puesto en el gobierno actual, sino también porque se vio beneficiado con una consultoría para analizar el proyecto de la «Cuarta Urna» en 2009, según consta en el proceso penal. En un acta de inspección ocular se mencionan tres cheques en concepto de honorarios profesionales a Efraín Moncada Silva, Blanca Lizet Rivera y Ernesto Paz Aguilar para «análisis de la Cuarta Urna». Contracorriente intentó obtener una reacción de Paz, pero no respondió.

Este proceso fue apuntado contra Flores Lanza, Mel, y otros ex funcionarios por el desvío de 27 millones de lempiras (poco más de 1,4 millones de dólares en aquel momento) para difundir los logros de su gestión, a pocos meses de terminar su mandato, pero que fueron a parar a manos de periodistas, medios de comunicación y analistas para promover la «Cuarta Urna», según el Ministerio Público.

Según esa otra investigación, la mayoría del dinero (el 55 %) fue a parar a las empresas de comunicación de los presentadores Eduardo Maldonado y Esdras Amado López, dos referentes en la televisión y en la radio hondureña por su popularidad y audiencias. El otro 45 % llegó a manos de otras 39 empresas diferentes. En Catacamas, Olancho, el pueblo de donde es originario Mel Zelaya, un periodista comentó a ContraCorriente que el día del Golpe terminó muy decepcionado cuando se dio cuenta que perdería los 60 mil lempiras prometidos a los periodistas del pueblo para cubrir la consulta.

La amnistía también sepulta otras irregularidades detectadas en una auditoría que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizó a la Secretaría de Defensa en febrero de 2009. La auditoría abarcó el periodo de julio 2008 y 28 de febrero de 2010 en el que reportó una contratación directa de publicidad por una cantidad de veinte millones de lempiras (1,051,524.71 dólares). Aquel acuerdo fue respaldado por la firma de Mel Zelaya y el entonces Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Arístides Mejía Carranza.

El TSC concluyó que esa contratación era irregular, así como también lo fueron los cheques firmados por el entonces jefe del estado mayor conjunto, Romeo Vásquez Velásquez.

Buena parte de este presupuesto se usó para contratar a la empresa de sondeos públicos Le Vote para hacer encuestas «de preferencia política electoral aun cuando la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas establece que son una institución apolítica», dice el informe y añade que «toda la publicidad contratada fue para la Presidencia de la República, según las actas de recepción de los servicios, firmados por el Señor Hernán Jacobo Lagos». Algo contradictorio ya que estos fondos eran de la Secretaría de Defensa no de Casa Presidencial.

Según el general Vásquez Velásquez, él actuó siguiendo órdenes y firmaba los cheques «en el sentido de darnos cuenta del dinero que se había gastado». Sostiene que «el dinero no lo gastaron las Fuerzas Armadas ni el Estado Mayor Conjunto» sino que iba destinado al «pago de periodistas» y que su firma era parte de un procedimiento que implementó el «Poder Ciudadano» argumentando buscar la «transparencia».

Al ser cuestionado sobre por qué ese dinero fue a parar a manos de periodistas, el general se defiende y dice: «pues fíjese que no sé, eso ya tendría usted que preguntárselo a Defensa».

En total, desde que la amnistía entró en vigor, el Cofadeh ha entregado 77 constancias que luego en la Secretaría de Derechos Humanos se convierten en certificaciones que benefician a los catalogados como presos políticos. A estas 77 se suman las dos constancias para Flores Lanza. Oliva explicó que la mayoría de los beneficiados son personas de las cuales el Cofadeh tenía ya un expediente por persecución o amenazas y que eso es lo que toman en cuenta a la hora de emitir un documento. Para Oliva, las investigaciones judiciales contra los exfuncionarios de Zelaya no tienen valor porque se extendieron en un Poder Judicial plegado a «la dictadura» después del Golpe.

Pero las críticas también han venido del entorno de los Zelaya. En su momento, el ahora ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, criticó el decreto de amnistía y llegó a denunciarlo como un nuevo pacto de impunidad. Ahora cree que es injusto criticarlo porque «la ley vino de la sociedad civil» y porque serán los jueces los últimos responsables de a quién le dan la libertad y a quién no.

«Ese decreto fue elaborado por Cofadeh, ese no fue un decreto elaborado por el gobierno, eso debe de estar bien claro. Pero bien, lo importante es que el decreto ha sido cuestionado no en la parte de los delitos políticos. Todos están de acuerdo de que eso es incuestionable», dice ahora Orellana.

La amnistía también ha favorecido a la familia Zelaya Castro. Cuando este decreto apenas llevaba 10 días de vigencia, Marcelo Chimirri Castro, sobrino de la presidenta, solicitó a un Juzgado de Ejecución la extinción de una causa por corrupción en su contra. Chimirri ocupó entre 2006 y 2007 el cargo de subgerente de la estatal Hondutel y su participación, según la fiscalía, fue clave en una red de tráfico gris (fraude a través de llamadas internacionales) en la institución que permitió que la estatal perdiera el pastel de las llamadas internacionales y la red celular. El acuerdo, según la investigación, también labró el hundimiento de las finanzas de Hondutel. Según la Fiscalía, Chimirri no exigió las condiciones contractuales de pago a la transnacional lo que llevó a la estatal a «un arrastre moratorio de una deuda por el orden de los 4,632,950.92 de dólares».

El 30 de junio de 2009, dos días después del golpe, Chimirri fue acusado por los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho por beneficiar, a cambio de sobornos, a una empresa estadounidense llamada Latin Node. En 2013 un tribunal lo absolvió, sin embargo, después de que el Ministerio Público interpuso un recurso de casación, Chimirri fue condenado en 2018 a ocho años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Cuatro años cumplió en la cárcel hasta este 2022 que fue liberado gracias al decreto de amnistía.

El expediente del caso de Chimirri en Honduras cuenta con 17 tomos y alrededor de 7 mil folios. La Fiscalía hondureña, además de sus propias pesquisas, contaba con prueba procesal de lo investigado por el Distrito Sur de Florida y diligencias investigativas en colaboración con la Fiscalía de Guatemala. El expediente rebalsa de pruebas, entre estas los pagos por USD 30 mil efectuados por Latin Node a una empresa de Chimirri en Honduras momentos previos al acuerdo con Hondutel. También contiene correos electrónicos que hablan de un pacto entre Hondutel y Latin Node, y en los que se vinculan a otras figuras políticas como a Carlos Eduardo Reina, hijo del entonces ministro de gobernación y muy cercano al expresidente Zelaya. Reina incluso ha sido precandidato a la presidencia por Libre.

«Diles que Carlos Eduardo trabaja para nosotros», escribió uno de los funcionarios de Latin Node en un correo electrónico a su enlace en Centroamérica para facilitar el diálogo con Chimirri. Otro de los enlaces, según esos correos, era Carlos Zelaya, el hermano de Mel y actual secretario del Congreso Nacional que aprobó la amnistía.

Además, en el extenso expediente también se muestra una planificación para hacer campaña política a favor del gobierno del «Poder Ciudadano» con la venta de tarjetas para llamadas internacionales con descuento, a beneficio del gobierno de Mel Zelaya.

«Chimirri fue el tesorero de su campaña y es primo hermano de la esposa del presidente […] el tipo está caga […] me trata de don Manuel, no se si por respeto o porque me considera un jefe de alguna mafia, eso no lo tengo claro […] y me dijo que soy parte de su selecto grupo de amigos […] y NO LO CONOZCO (sic) personalmente» escribió Manuel Cáceres, vicepresidente Latin Node, en un correo presentado en el caso.

En 2011, Cáceres y Jorge Granados, CEO de la empresa, fueron condenados a cuatro años de prisión después de declararse culpables de 19 cargos de conspiración violación de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida.

El 3 de marzo de 2022, se le aplicó a Chimirri la amnistía amplia, absoluta e incondicional. Las pruebas para liberarlo fueron dos: un extracto del informe de la Comisión de la Verdad después del Golpe, en el que se menciona que los funcionarios allegados a Mel fueron perseguidos políticos, y una fotografía en la que aparece junto con Mel Zelaya para demostrar una relación entre ambos.

«La amnistía ha sido cruentamente atacada, especialmente por aquellos que apoyaron el golpe de Estado y siempre se postraron ante el fascismo, mientras masacraban y condenaban a patriotas y luchadores; muchos de los cuales entregaron su vida por tener un lugar digno, una patria libre y democrática», dijo la presidenta en su discurso de los primeros cien días de gobierno, en una cadena de radio y televisión pregrabada. El discurso íntegro luego fue publicado en el «Poder Popular», el nuevo periódico, instrumento de propaganda, de su gobierno.

El 18 de marzo, en la fiesta de bienvenida que le organizó Mel a Flores Lanza, éste dijo que la amnistía había sido «criminalizada» y que son 7 mil personas judicializadas por protestar contra el golpe las que se beneficiarán. «La amnistía es una corrección para una justicia que en este país no ha funcionado. Esta amnistía permitirá que por fin se les haga justicia a muchos hombres y mujeres que no han podido defenderse del sicariato judicial», dijo.

Pero los que realmente se han beneficiado, como Flores Lanza, regresan con sed de revancha. En una demanda colectiva, él y otros exfuncionarios han demandado al Estado de Honduras por las acciones del golpe. Esta fue admitida por la CIDH en agosto de 2021. Si avanza, quedará en manos de la CorteIDH emitir un fallo. «Queremos que nos devuelvan lo que nos robaron, que nos devuelvan la verdad, porque con la mentira criminalizaron la cuarta urna», dice Lanza.

A Lanza le dieron cinco cartas de libertad y la última que recibió fue el 4 de marzo, en la que se le absuelve de los delitos de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. En el recibimiento de su amigo, Mel recordó como anécdota y en tono de burla que a él también lo querían acusar por actos de corrupción «hasta por el combustible que gastamos en Casa Presidencial. No vaya a ser que ahora me quieran investigar porque le damos comida a la gente aquí donde los recibimos», dijo.

El regreso a la finca

El 23 de abril Mel Zelaya aterrizó en un helicóptero en la pista El Aguacate, a pocas cuadras de sus propiedades en la comunidad El Espino, en Catacamas, Olancho, uno de los departamentos más grandes de Honduras, con una extensión territorial mayor a la de El Salvador. Este departamento colinda con Gracias a Dios y Colón, departamentos eminentemente rurales y localizados en la ruta del narcotráfico y la ganadería extensiva. Las grandes extensiones de tierra se unen con las montañas y la selva en una zona con poca población y varias áreas protegidas que han sido afectadas por la conflictividad que deja el narco y el abandono estatal.

El motivo de su viaje fue una negociación sumamente delicada. El gobierno de su esposa, a través del ministro de Ambiente, Lucky Medina, había prometido a finales de marzo destruir una carretera ilegal que atravesó la Biosfera del Río Plátano (una zona de reserva que incluso la UNESCO catalogó como patrimonio de la humanidad) y benefició a ganaderos e indígenas al dar acceso para mover productos desde Gracias a Dios a Olancho. En la zona, los lugareños aseguran que la obra también benefició a los narcotraficantes y, de hecho, todavía hoy le llaman la «narco-carretera».

La obra fue inaugurada en 2021, durante el último año de Juan Orlando Hernández en el poder, y provocó un escándalo por la magnitud del desastre ambiental que significaba. Sin embargo, esa carretera se comenzó a construir en 2007, cuando Mel Zelaya era presidente.

En Olancho no hay nadie mejor para calmar las aguas revueltas que Mel, uno de los señores del pueblo, miembro de una familia que es respetada casi como la nobleza. En la aldea El Espino, Zelaya actualmente tiene registradas en el sistema de propiedades varios lotes de terreno en la carretera que va hacia la Universidad Agrícola. Tiene uno de 350,716.75 metros cuadrados con potreros empastados, otro de 71,607.58 con una casa y otro de 64,495.63 que también posee una casa de habitación. Sus potreros cercados se extienden otros 488,075.00 metros cuadrados en otra propiedad. En2016, la pareja regaló a su yerno, el abogado Juan Carlos Melara, un potrero de 13,454.13 metros cuadrados en la misma zona. Melara es el esposo de su hija mayor, la abogada Zoe Zelaya, la única hija sin cargo en instituciones públicas. Melara fue asistente de Zelaya en tiempos del «Poder Ciudadano», pero Mel lo despidió en 2007 para «evitar» el nepotismo.

Cuando era presidente, Mel donó uno de sus terrenos en El Espino a la Teletón y en la Universidad Agrícola construyó un edificio para clases. Más tarde, el expresidente Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional construyó uno similar. Se erigen ambas torres como la muestra de los dos caciques terratenientes de Olancho y de sus respectivas tradiciones políticas.

Apenas un mes después de la promesa del ministro del medio ambiente, Mel llegó a negociar con los ganaderos de la Moskitia. Según el acuerdo firmado, a cambio de detener la destrucción de la carretera, los ganaderos de la zona se comprometieron a detener la ganadería extensiva. Pocos días después, un grupo de líderes miskitos llegaron a Tegucigalpa a exigir al gobierno que los tome en cuenta. «Que no sigan hurgando al pueblo miskito», protestó Orlando Calderón de la organización miskita Masta. «El objetivo de la carretera era atravesar el río y llegar por Wampusirpi de Warunta donde tienen la mayor parte de fincas narco ganaderas. Ahora es difícil si los militares luego forman parte de los invasores, ellos también se dedican a agarrar un pedazo de terreno y forman parte del grupo, allí no hay control».

«Nos alegramos cuando el ministro dijo que la carretera sería destruida y que se iba a hacer para la protección y que los militares iban a evitar las invasiones, pero luego salió la conferencia de Mel con los ganaderos prometiendo que la carretera no será destruida y que será avalado por los ganaderos para que ellos ingresen a sus zonas de trabajo. Los ganaderos son olanchanos la mayoría, muchos son testaferros de personas que están en altas cúpulas políticas», denuncia Calderón.

Y no se equivoca. En Olancho, la familia presidencial es respetada como si fueran nobles.

En la Casa de la Cultura de Juticalpa, la cabecera departamental, hay un hombre, pintado de canas, que asegura conocer muy bien la historia de la ciudad y de la familia Zelaya. Su nombre es Darío Euceda Roque, escritor, excompañero de colegio del expresidente y quien formaba parte del equipo que le hacía sus discursos en Casa Presidencial.

Euceda Roque asegura haber descubierto que el abolengo de los Zelaya se remonta hasta los tiempos de la conquista. «Los primeros Zelayas, los hermanos Santiago, Miguel y Joseph, llegaron a México desde España con el conquistador Hernán Cortés. En México hay una ciudad que se llama Celaya, ellos fundaron esa ciudad, la conquistaron con su espada, solo que ahí se escribe con C», asegura.

Cuando los Zelaya llegaron al departamento de Olancho, según el escritor, les gustó tanto el Valle de Lepaguare de Juticalpa que se lo pidieron al rey de España. «Fue como un premio a su labor conquistadora y el rey se los dio a título personal. El Valle de Lepaguare aún es de ellos. En el año 1536 les fue concedido ese título que fue firmado por el rey de España. Soy abogado y esos títulos valen».

Los Zelaya de Olancho nunca dejaron de ser influyentes. En el siglo XVIII, Olancho era el área ganadera más grande y extensa de Centroamérica. Según Euceda, siempre un Zelaya ha sido gobernador, alcalde o comandante de armas. «Ahora lo ven en este siglo con dos presidentes: Xiomara que es la esposa y Mel».

El escritor Darío Euceda Roque, quien administra la casa de la cultura de Juticalpa, Olancho autor del libro Juticalpa caracol sin mar, en donde aborda 200 años de historia de su ciudad natal. Foto CC/Fernando Destephen.

Ruinas de un aserradero en Catacamas, Olancho, propiedad del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006 – junio 2009). Se desconocen las razones del abandono del lugar, pero aún se conservan muchas máquinas, herramientas y vehículos. Foto CC/Fernando Destephen

Pero en Olancho no todos aplauden a figuras como Zelaya y Lobo. Sergio Antonio Campos, quien buscó la alcaldía de Catacamas con un movimiento independiente que él llamó «Espanta ratas», asegura que a los miembros de la familia Zelaya «Los han endiosado. Recuerden que antes del Golpe de Estado aquí hubo una reparticina (sic) de dinero con el proyecto de la Cuarta Urna, y creo que esos seguidores que tienen es por el dinero que se les repartieron».

Los que lo tienen todo, generalmente, crean dinastías para preservar lo acumulado. Y en los Zelaya, el éxito político de Mel y la ahora irrupción total de su familia en la esfera política se remonta al empujón que alguna vez le dio su padre, el primer José Manuel Zelaya de Catacamas.

José Manuel Zelaya padre y Ortensia Rosales procrearon a cuatro hijos varones, el mayor de ellos, el expresidente Mel seguido de Carlos (actual secretario del Congreso Nacional), Héctor (asesinado de joven) y Marco, quien contrajo matrimonio con una de las hijas del expresidente liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998). Al padre de los Zelaya Rosales, la historia lo perfila como uno de los responsables, junto a un grupo de militares, de «Los Horcones», una de las masacres contra campesinos más recordadas en Honduras. Aunque fue encarcelado a finales de los años 70 por ese hecho, tiempo después fue beneficiado por un indulto en 1980.

gobierno de xiomara castro ley de amnistia honduras 2022 El retorno del clan Zelaya Xiomara Zelayas Mel Castro primera mujer presidenta de Honduras 2022 noticias congreso nacional hoy corrupción gobierno honduras 2022 — Monumento en forma de cruz en honor a las víctimas de la matanza en la hacienda Los Horcones, una masacre registrada en la finca de José Manuel Zelaya padre en junio de 1975 en Juticalpa, Olancho. En el lugar fallecieron 14 personas, entre estos dos sacerdotes, campesinos y mujeres. Fueron asesinados por el Ejército hondureño en complicidad con José Manuel Zelaya padre, quien fue condenado a 20 años de cárcel y en 1980 indultado por el Gobierno. Foto CC/Fernando Destephen

El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, dice que lo de los Horcones «es una cosa con la que ellos han cargado siempre, que el presidente Zelaya en particular ha cargado». No obstante, Torres separa a Mel Zelaya de las acciones de su padre afirmando que en su momento «denunció la base secreta de la contra nicaragüense en el Aguacate, en Olancho».

Mel aún conserva la propiedad de 139,450.00 de Los Horcones en Juticalpa y varios lotes en la colonia Castaño de esa misma ciudad, donde él pasó su adolescencia.

Pero los inicios de Mel Zelaya en la política se remontan a los años 80, cuando un dirigente del Partido Liberal «cayó en desgracia» y dejó una plaza vacante. Entonces, Armando Rosales, Secretario del Congreso Nacional, y pariente cercano de los Zelaya, le hizo una propuesta al padre de Mel. Así lo cuenta Darío Euceda:—Mel, fíjate que hay un espacio político que dejó Benigno. Meté a Melito —le dijo Armando Rosales al padre de Mel, que habría respondido «¡sí lo meto!».

Pero Mel Zelaya ocupaba un espaldarazo para trascender a nivel nacional y lo encontró rápidamente en Carlos Orbin Montoya, que era el entonces presidente del Congreso, después de haber sido considerado el ideólogo del movimiento que llevó a la victoria al expresidente liberal José Simón Azcona (1986-1990).

Mel no olvida aquellas viejas lealtades. En 2006, el favor de antaño fue devuelto a Orbin Montoya cuando lo designó como representante de Honduras ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y, luego, como director del Banco Central de Honduras (BCH). Antes del golpe, Orbin Montoya era uno de los coordinadores del proyecto de la «Cuarta Urna».

Este 2022, a sus 76 años, tampoco fue olvidado. Xiomara Castro lo colocó en la gerencia de la estatal Hondutel.

Mel, el astuto

El escritor Darío Euceda afirma que la principal característica de Mel Zelaya en la política es la de ser astuto: «La astucia la aplica bien, olfatea todo», dice. Darío Euceda asegura que vio ese brillo de astucia en el pacto que Mel refrendó con un grupo de diputados disidentes de Libre luego del zafarrancho que protagonizaron por el control del Congreso nacional.

Mel controla el partido Libre, los estatutos lo facultan para, aparte de ser el representante legal, también ser el coordinador general, el presidente de la coordinación nacional e integrante de la comisión política. Todas las decisiones que tome la Coordinación Nacional o la Asamblea Nacional, deben pasar por las manos del expresidente Zelaya. Desde su inscripción en 2012, Libre solo ha tenido un representante legal y un coordinador general. Y lo seguirá siendo al menos hasta 2025. Como los Bukele en El Salvador, la familia Zelaya también está vaciada en el partido como fundadores. Junto a Mel lo acompañan la presidenta, su hermano, su sobrino, el ministro de Defensa, y otras figuras con cargo en el Gobierno. Destacan el ex alcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunsery (quien también ha sido beneficiado por la amnistía con cuatro cartas de libertad tras acusaciones por corrupción); Rixi Moncada actual ministra de Finanzas; el entonces sindicalista y ahora diputado Juan Barahona; el dirigente campesino y actual subdirector del Instituto Nacional Agrario Rafael Alegría; el actual presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Edgardo Barahona y también la congresista Beatriz Valle, actualmente distanciada de Mel Zelaya.

En las últimas elecciones legislativas, Valle y Jorge Cálix, dos líderes indiscutidos del M28 de Libre, un movimiento impulsado por Mel tras la fundación del partido en 2012, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Honduras. Pero la crisis por la elección de la junta directiva en el Congreso Nacional hizo que pasaran de ser catalogados como líderes a ser llamados «traidores».

Contrario a la norma, el histórico triunfo de Xiomara Castro y el arrase de Libre en las legislativas no significaron unidad para el partido. Valle considera, ahora, que fueron presas de unos reacomodos políticos que ya acarreaban relaciones gastadas. Valle, por ejemplo, asegura que su relación con Mel se fracturó desde que se postuló como diputada. «Noté que ya casi no me hablaba Mel, me hablaba poco y dije yo, pucha que raro, pero, igual, imagínese 23 años, ¿qué voy a estar yo desconfiando de Mel?, no estaba pensando nada».

En Honduras, es usual que los líderes del Congreso se convierten en potables cartas electorales para futuras elecciones presidenciales. O, como mínimo, con cargos clave de dirección en el Congreso. Cálix y Valle, con sus triunfos, apuntaban hacia ese camino, pero viejas rencillas y pactos preestablecidos emergieron. Y así, mientras Cálix reclamaba el trono del congreso con apoyo de Valle y otros diputados, la presidenta electa exigía otra ruta, y el respeto de un pacto que ella había hecho con el Partido Salvador de Honduras, que le apoyó en su candidatura. En ese acuerdo, la presidencia estaba sellada para el diputado Luis Redondo del Partido Pinu y así quedó, al final arreglado por un pacto que firmó Mel Zelaya junto con Jorge Cálix en Casa Presidencial, sin presencia de la presidenta.

Más de 100 días después del cisma en Libre, los Zelaya solo se han fortalecido. Carlos Zelaya resultó nombrado como Secretario del Congreso Nacional, un puesto clave en la parte operativa del hemiciclo y, en la práctica, un presidente del legislativo en funciones. Mientras que como jefe de bancada de Libre fue nombrado Rafael Sarmiento, quien es familiar directo de la presidenta. Beatriz Valle es de quienes piensan que entre la pareja presidencial nunca hubo un cisma, sino una estratagema planificada con astucia. Ella está convencida de que los Zelaya le tendieron una trampa: «estaba bien armada, nos empujaron para que cayéramos, a mí me llamaba Raúl Valladares [famoso presentador televisivo] y la gente afín a Mel, para darnos el empujoncito, y decirnos “¿todavía están con el proyecto de Jorge? ¡Qué bueno! yo siempre apoyaba a Jorge,” ese tipo de cosas fueron planificadas para que nosotros nos lanzáramos a ese proyecto», cuenta Valle.

Con Cálix y Valle anulados, el camino para crecer políticamente en el Congreso Nacional le ha quedado abierto a la tercera hija de los Zelaya, «La Pichu».

En Honduras el tiempo corre demasiado rápido y, más aún, cuando la presidencia solo dura cuatro años. En Catacamas, y en los pasillos del Congreso y de la Casa Presidencial ya hay quienes lanzan cábalas para tratar de identificar cuál será el próximo movimiento de los Zelaya; y si este incluye potenciar a algún miembro del clan para que sea el relevo de Xiomara.

El actual director de relaciones públicas de Casa de Gobierno, Dassaev Aguilar, publicó el pasado 9 de mayo una foto de Héctor Zelaya, el hijo-secretario privado de Xiomara. Dassaev dijo que se encontraba «con el próximo presidente de Honduras». Ante los cuestionamientos, Dassaev intentó escabullirse afirmando que él no estaba diciendo que eso sería en el próximo proceso electoral. La Constitución actual lo prohíbe.

Lo que sí es un hecho es que los Zelaya han acumulado poder y no quieren que se repita lo ocurrido en junio de 2009.

Berta Oliva, del Cofadeh, dice que no quiere ni repetir las palabras golpe de Estado, porque no quiere que la historia se repita, pero insiste que las estructuras que dieron el golpe están intactas. «¿Quiénes son los que quitan y ponen presidentes? ¿Quiénes dan golpes de estado en todo el mundo? Estados Unidos», se responde. «Lo que los poderes fácticos quieren demostrar ahora es que el gobierno de Xiomara es débil. Quisieron debilitarlo con las críticas a la amnistía y al inicio con lo del Congreso. Con el tema de que es Zelaya el que tiene el control y el que ejerce el poder, si él es el del poder y levanta al país ¿cuál es el problema? Cuando se instaló la dictadura, este hombre (Juan Orlando Hernández) tenía a su hermano en el Congreso, tenía a su hermana de ministra, a su hermano de asesor en seguridad, tenía a toda la familia en el gobierno, y antes eso no era visto como problema», argumenta.

Doce años después de haber asestado el golpe de Estado, sentado en su silla, minúsculo en la enormidad de su casa, el general Romeo Vásquez analiza a la Honduras que ahora es dirigida por aquellos que le provocaron un miedo tal que prefirió romper las normas constitucionales para frenar la incorporación de Honduras a un «régimen como el de Venezuela». «Por esa situación que se dio en el 2009 es que ellos regresaron y se les regaló un partido. Deberían estar alegres», dice.

Romeo Vásquez opina que la presidenta puede tener una historia diferente. «Ella entró porque fue el pueblo que le dio el voto en una acción bonita, democrática y transparente».

El general en retiro, sin embargo, no está conforme. «Ahora, lo que están haciendo sobre la base que le dio el pueblo es ir a violar la ley, y no es para eso que el pueblo les dio el voto, sino que es para solucionar los problemas más urgentes que hay. Sí es cierto que estamos empezando el gobierno y hay que dar espacio, pero es como dice aquel dicho: así como es la víspera así ha de ser la fiesta».

– Nota de la Redacción: A pesar de nuestros múltiples intentos de obtener entrevistas con Manuel Zelaya Rosales, Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, Carlos Zelaya y Xiomara Hortensia Zelaya, no obtuvimos respuesta ni directamente a través de sus teléfonos, ni a través del Secretario de Prensa, Ivis Alvarado, a quien entregamos solicitudes de entrevista con la presidenta, su secretario y con el asesor principal. «Si la presidenta responde una entrevista, el tiempo que ella invierta en eso lo deja de invertir en resolver los problemas del país», respondió el ministro. Josué Manuel Zelaya, el menor de los hijos se negó a darnos entrevistas. A Enrique Flores Lanza se le pidió una entrevista desde el día de su regreso a Honduras; y aunque al principio se mostró anuente, dejó de responder los mensajes en su teléfono privado. También contactamos al ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, quien solicitó un cuestionario y dijo que lo respondería vía Whatsapp debido a una incapacidad médica. Después de varios recordatorios, el ministro dejó de responder el teléfono y no envió respuestas.

En la tercera semana de la Primer Muestra de Directoras en Centroamérica, actividad que organiza la Casa del Teatro Memorias, se apodera del escenario la adaptación teatral de todo un clásico de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

La adaptación de El Quijote de la Mancha, escrita y dirigida por Mónica Ocampo e interpretada por el colectivo teatral nicaragüense Quiebraplata y Oscurana, brindó del 19 al 22 de mayo funciones llenas de todo: música, comedia y drama, en una adaptación que recoge los elementos emblemáticos de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra y los condensó en una hora y media para el público del teatro «Memorias».

Cuando se piensa en una obra de teatro redonda, es esta. El nacimiento accidentado de un héroe tan popular como el Quijote está dotado de carisma alrededor de sus personajes y sus interpretaciones; es una pieza teatral capaz de trasladar a su audiencia a la aventura máxima con sus personajes pintorescos y plantear preguntas sencillas que su protagonista presenta a sus amigos y familiares y, de forma consecuente, llegan al corazón del espectador.

Para la directora y escritora de la obra, Mónica Ocampo, esa fue la tarea de esta adaptación, que debería ser la del teatro en general: «Yo creo que la obra más que darnos respuestas nos plantea preguntas, que es el trabajo que debe hacer el teatro», destacó Ocampo en una entrevista para Contracorriente, previa al estreno de El Quijote de la Mancha en la Casa del Teatro Memorias.

Las cuestiones que lanzó a los asistentes del «Memorias» se desdoblaron con dinamismo y para eso fue necesario el dúo protagonista de la historia, don Quijote y Sancho. Interpretados por Eduardo Espinoza y Viktorio Godoy, representaron la dualidad y el conflicto entre estos dos personajes, lo que ven en los demás y cómo se relacionan con sus enemigos.

–No hay honor en comer cuando los otros tienen hambre– exclamó el Quijote.

–Pero es difícil ser virtuoso cuando tiene hambre– replicó Sancho.

En ese sentido, Ocampo destacó que uno de los ejes de la obra es «cómo podemos ver la bondad en los demás, cómo la podemos ver en el ser humano, es algo que nos cuesta». Entender al Quijote es un ejercicio optimista, significa ver lo bueno de las personas hasta en las situaciones en las que claramente el prójimo se aprovecha de sus semejantes.

Por otra parte, esta obra es con la que se estrenó el escenario de Teatro El Gato, el espacio para este arte escénico inaugurado y dirigido por Mónica Ocampo a través de una inversión privada en Nicaragua. Ocampo visualizó dos grandes retos que conlleva dirigir un espacio de teatro, el primero es la responsabilidad de incidir en la personas para que visiten las salas. «No tenemos una cultura de asistir con regularidad al teatro, eso es un gran desafío y eso es en lo que queremos incidir. El teatro hace bien a la sociedad, a la gente, a los individuos», añadió la directora de teatro.

En segundo lugar, se posiciona la necesidad de que sea un espacio autosostenible con el tiempo. Adquirir herramientas, reflexionar, vincularse con otros grupos locales sirven para realizar un trabajo profesional,de alta calidad teatral y que como resultado se pueda tener una programación constante para que el público se acerque a las salas.

El Primer Encuentro de Directoras en Centroamérica funcionó como esa vinculación con los grupos regionales que mencionó Ocampo;de acuerdo a ella también sirve para visibilizar el trabajo de las mujeres en la dramaturgia centroamericana: «Esto es clave porque, además de añadir otra visión de las cosas y del arte, también es visibilizar este hecho que pasa desapercibido», agregó Ocampo.

La muestra continúa del 26 al 29 de mayo y tendrá la propuesta de la dramaturgia hondureña en la Casa del Teatro Memorias. Lo que ocurre dentro, escrita por Sergio Rubio y dirigida por Inma López, será la obra que dará cierre a esta actividad. Una actividad que brindó espejos a la realidad de las madres hondureñas, humor negro y un avistamiento a las peores facetas del ser humano, y que, el pasado fin de semana, inspiró con la figura de un caballero disparatado pero noble, poseedorde una visión ingenua pero optimista de los que le rodean.

Maribel Espinoza, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que el Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las solicitudes de extradición. Además, hay incongruencia entre la información en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera

La comisión nombrada por el Congreso Nacional para investigar el papel de los operadores de justicia en el cumplimiento de los tratados de extradición detectó extravío de documentación en el proceso de solicitudes de extradición, le dijo a Contracorriente la diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la Comisión Especial de Extradición, también integrada por Ramón Barrios (presidente), Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza.

La diputada Espinoza mencionó que en la gestión del Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las órdenes de captura y que el nuevo secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, tuvo que reconstruir los expedientes. Agregó que en la Cancillería de la República también tuvo problemas porque los expedientes estaban desaparecidos.

«El Gobierno anterior hizo desaparecer en la Policía las órdenes de captura. La mayoría (de expedientes) fueron desaparecidos de los archivos», denunció Espinoza.

«Ante la declaración del Secretario de Seguridad y la confirmación del canciller, indudablemente desapareció mucha documentación y el informe que nos mandó la Corte Suprema de Justicia (CJS) no fue exhaustivo», agregó.

Maribel Espinoza asegura que en la Comisión no tienen claro por qué hay retraso en algunas órdenes de captura. En el caso del excomisionado de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, la orden de captura estaba vigente desde mayo de 2021 y no había sido ejecutada. En Choluteca fue capturado el extraditable Tokiro Rodas, sobre quien pendía una orden de captura por extradición desde el 2014.

Respecto a las extradiciones, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró a medios de comunicación que al conocerse los detalles de la sentencia contra el exdiputado del Partido Liberal Fredy Nájera surgirían muchos nombres de posibles extraditables. «Pongan atención a la sentencia que se dará (en Estados Unidos) contra Fredy Nájera, cuando escuchen el resumen y nombres de personas que movieron dinero ustedes claramente van a conocer quiénes van a ser los próximos que van a ser extraditados. Hay diputados y funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández», expuso el titular del Legislativo.

Nájera se entregó a la justicia norteamericana en 2018 y se declaró culpable por tráfico de drogas en 2020, sin embargo no aceptó los cargos por posesión de armas de fuego y aparatos de destrucción. Nájera fue electo diputado por Olancho en el 2006 y lo siguió siendo hasta que se entregó a la justicia estadounidense.

La congresista Maribel Espinoza manifestó que la labor de la Comisión de Extradición no es revisar las actuaciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia o la Secretaría de Seguridad «porque eso rompe la independencia de los poderes del Estado. Nuestra investigación es eminentemente administrativa», afirmó.

También reveló que tras pesquisar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Cancillería de la República y Secretaría de Seguridad, la Comisión encontró incongruencias en la cantidad de órdenes de captura pendientes por el tratado de extradición. Conforme a lo informado por la CSJ, hasta el momento son 98 solicitudes de extradición y están pendientes de ejecución 32. Esto difiere de lo manejado por la Secretaría de Seguridad, donde los registros apuntan que los pendientes de captura por el tratado son 41.

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El 21 de abril de 2022 el expresidente Juan Orlando Hernández apareció ante decenas de cámaras esposado de manos y ataviado con una chaqueta azul. Luego caminó custodiado por fuerzas de Seguridad hacia donde los esperaba un avión de la DEA para trasladarlo a Nueva York, Estados Unidos, donde la Fiscalía del Distrito Sur lo acusa de haber participado en una conspiración que introdujo a ese país unos 500 mil kilos de cocaína.

Meses antes, el 28 de noviembre de 2021, cuando el Partido Nacional perdió las elecciones, miles de ciudadanos celebraron su derrota. El día que extraditaron al exmandatario también hubo algarabía, especialmente en redes sociales. Muchos mostraron su alegría o complacencia por la partida de JOH, acusado de haber entregado el Estado al crimen organizado.

Sin embargo, aunque la captura y enjuiciamiento de Hernández podrá ser un castigo ejemplar si es encontrado culpable, no significa la derrota de las estructuras corruptas que han permeado y debilitado la institucionalidad, consideran analistas. El abogado y exdiputado nacionalista Raúl Pineda Alvarado dijo a Contracorriente que «hay que ser despiadadamente ingenuos para pensar que el crimen organizado solo contaminó al Poder Ejecutivo».

«Ellos controlaron la Fiscalía, la Policía Nacional y controlaron gente del Poder Judicial, porque todo el sistema diseñado para combatirlos tenía que ser cooptado, dejarlo incapacitado sin poder ejercer cualquier acción en contra de los criminales», añadió el abogado, exdiputado al Congreso por el Partido Nacional.

Maribel Espinoza, hablando sobre lo dicho por el presidente del Congreso Nacional acerca de diputados en la lista de extraditables, apuntó que «es posible (que hayan parlamentarios), yo no conozco la lista, pero sí puedo decirle que Juan Orlando Hernández garantizó a un sector del crimen organizado su impunidad y eso solo lo podía hacer mediante el Congreso, mediante la CSJ y la Fiscalía General. Estamos viendo una estructura de poder fracasada, que se coludió con el crimen y que precisamente esa es la labor (del actual Gobierno), de reconstruir el país y si hay diputados que tienen que ir a Estados Unidos a rendir cuentas, pues deben de hacerlo».

A Raúl Pineda Alvarado no le asombra lo dicho por el titular del Poder Legislativo, a su juicio es «el reconocimiento de una verdad evidente. Honduras por su débil institucionalidad, por su ubicación geográfica, la corrupción y la misma pobreza se convirtió en un paraíso para bodegaje, tránsito y lavado para el tráfico de drogas».

“Honduras por su debilidad institucionalidad, por su ubicación geográfica, la corrupción y la misma pobreza se convirtió en un paraíso para bodegaje, tránsito y lavado para el tráfico de drogas”, Raúl Pineda Alvarado.

Tuit

Lo dicho por Pineda Alvarado se puede sustentar en algunos hechos, uno de ellos es que varios políticos hondureños guardan prisión, esperan sentencia o han sido mencionados en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Entre ellos están Tony Hernández, exdiputado al Congreso Nacional y hermano de Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua; Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quien guarda prisión; y el excongresista Fredy Najera, del Partido Liberal, quien fue encontrado culpable y se encuentra a la espera de su sentencia.

También han sido mencionados en juicios en Nueva York: Ricardo Álvarez, Reynaldo Ekonomo, Óscar Nájera, Porfirio Lobo y Manuel Zelaya Rosales, estos dos últimos expresidentes de la República. Además, ya cumplieron condena Yankel Rosenthal exfuncionario en el primer período de Juan Orlando Hernández y Yani Rosenthal, excandidato presidencial del Partido Liberal en las últimas elecciones en noviembre de 2022.

Otro nombre mencionado en Nueva York es el del exministro de seguridad Julián Pacheco Tinoco, quien apareció en el testimonio de Devis Leonel Maradiaga, líder del cartel Los Cachiros. El 10 de mayo de 2022, el exdirector de la Policía Juan Carlos Bonilla fue extraditado a Estados Unidos.

Quizás el hecho más significativo es que el 21 de abril de 2022 el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado para responder en Nueva York por delitos asociados con el narcotráfico. Hernández se declaró no culpable y espera por juicio.

Raúl Pineda Alvarado recordó que «en los récords de la Corte de Nueva York aparecen por lo menos tres expresidentes salpicados por haber recibido dineros del líderes del narcotráfico, lo cual nos hace concluir que si se hizo eso con altísimos funcionarios qué no se pudo haber hecho con algunos diputados del Congreso, que por razón de los departamentos que representan geográficamente tenían que ser objetivos del crimen organizado para asegurar la cómoda e impune transportación de droga».

La diputada Fátima Mena sostiene que las «élites antidemocráticas del país han venido trabajando con operadores que han socavado la institucionalidad y lo han hecho precisamente desde el poder: Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, operadores dentro del Ministerio Público y Secretaría de Seguridad».

Mena dio a entender que desde el Congreso está abierto a las investigaciones, aunque esta no es una tarea legislativa: «Hoy es importante resaltar que el presidente Redondo ha abierto las puertas y no se trata de ninguna cacería, simple y sencillamente que aquellas personas que tengan algún tipo de responsabilidad serán llamados por la justicia».

En declaraciones recogidas por diversos medios, el diputado nacionalista Mario Pérez manifestó que es irresponsable decir que entre los solicitudes para extradición hay diputados: «¿Por qué no los vienen a capturar?», se preguntó Pérez, quien también pidió revelar los nombres y manifestó que «se dicen muchas mentiras, son lenguas desaforadas».

Después el diputado por el departamento de Santa Bárbara manifestó que estaría de acuerdo con la finalización del tratado de extradición con Estados Unidos, aunque no lo mencionó explícitamente: «Lo ideal y correcto sería que los ciudadanos que cometieron delitos sean sometidos a procesos de investigación y enjuiciamiento en el país. Aspiremos a que esas personas sean juzgadas en Honduras», dijo.

Al ser preguntado si siente algún temor de ser solicitado en extradición, el congresista respondió: «No, ninguno, ese es un tema de conciencia, cuando se tiene la conciencia tranquila se duerme y come tranquilo y nada preocupa. A mí ese tema no me quita un minuto de sueño, cada quien responde por sus actos. Hay cosas que el tiempo las irá respondiendo», declaró en plan profético.

Males de raíces profundas y juicio político

El 21 de abril del 2022, Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, habló de los cargos en contra de Juan Orlando Hernández y aseguró que el exmandatario hondureño (2014-2022) «abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado».

En la acusación de los fiscales de Nueva York se menciona que el expresidente corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional; también señala que el país se convirtió en uno de los mayores puntos de envío de cocaína a Estados Unidos en el mundo.

Edmundo Orellana, analista y político, ahora nombrado como ministro de transparencia del Gobierno de Xiomara Castro, le dijo a Contracorriente que la debilidad institucionalidad “va más allá» de los alcances de Juan Orlando Hernández. «Las personas piensan que al llevarse al exgobernante y porque van a llevarse unos cuantos más, ya se saneó a Honduras, pero el problema va más allá. El problema de Honduras es que está colonizada, tiene un colonialismo financiero, es víctima de la deuda externa, de la deuda con los bancos y es víctima de la deuda con los concesionarios en este caso con las térmicas, peajes y aeropuerto».

Orellana piensa que hay una colusión entre las estructuras de poder, exfuncionarios y algunos políticos que se conoce como red de corrupción: «Esa gente está ahí y es poderosísima económicamente. Es más allá de JOH y los exfuncionarios de JOH, el problema es la red de corrupción, si no tenemos claro eso nunca vamos a superar ese colonialismo», mencionó Orellana.

El analista político Raúl Pineda Alvarado sostuvo que JOHh no inventó el narcotráfico en Honduras y que la narcoactividad no es patrimonio de un partido o característica de una clase política determinada: «Ellos están en todos lados, con una organización mucho más eficiente que la que puede tener el Gobierno de la República, así que no tenga la más mínima duda que mientras no tomen medidas de amplio espectro el sistema continuará funcionando muy aceitado», apuntó.

Consideró que ni este Gobierno ni los que vengan estarán libres de la contaminación que generó el tráfico de drogas. Desde su perspectiva el trabajo en contra de este delito tendrá que hacerlo Estados Unidos bajo un esquema de responsabilidad compartida, aunque consideró que no es que desaparecerá la corrupción derivada del narcotráfico, pero se puede reducir a una mínima expresión, «mientras haya demanda, habrá tráfico», dice.

Mientras se menciona que las estructuras asociadas con el expresidente Juan Orlando Hernández siguen incrustadas en el Gobierno, desde las bancadas de Libre y PSH se han propuesto juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla.

Maribel Espinoza, congresista por Yoro, es integrante de la Comisión Especial de Extradiciones que propuso el juicio político contra el presidente de la CSJ, Rolando Argueta Pérez, y para el Fiscal General. Ella sostiene que Argueta llegó a la posición que ostenta gracias a Juan Orlando Hernández.

Para realizar el juicio político, los proponentes necesitan mayoría calificada, o sea 86 votos: «Ahí cada diputado probará si queremos el cambio y si queremos romper con ese círculo perverso que dejó Juan Orlando, pero obviamente sí hay diputados que desean preservar (actual) al fiscal y al presidente de la Corte, sencillamente quieren mantener las estructuras que dejó Juan Orlando», aseguró Espinoza.

Desde la bancada del Partido Nacional se han manifestado en contra de la moción. El diputado Tomás Zambrano declaró que no apoyarán el juicio político contra Argueta y Chinchilla. Cuando este medio intentó comunicarse con él no respondió mensajes. Tampoco atendió la comunicación el congresista del mismo partido, Antonio Rivera Callejas.

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, se defendió a través de una publicación en las redes sociales asegurando que cada señalamiento necesita la presentación de «pruebas suficientes y contundentes sobre las supuestas acciones irregulares, de lo contrario solo tienen el peso de actos difamatorios, lo que implica responsabilidad».

Añadió que en su cargo ha «actuado con absoluta responsabilidad en la ejecución de mis actos. En el manejo de casos de extradición, específicamente, no existe prueba alguna de acciones irregulares o manipulación. En lo que atañe al Poder Judicial de Honduras en este tema (extradiciones): cero mora, 100 % de expedientes evacuados».

Edmundo Orellana, ministro de transparencia del actual Gobierno, ponderó que un juicio político es un proceso largo, que consta de varias etapas y en cada una de ellas se necesita mayoría calificada. «Eso no es tan fácil de lograr así como están las fuerzas dentro del Congreso Nacional, creo que lo que debemos garantizar es que la próxima CSJ y el próximo fiscal sean radicalmente diferentes a lo que tenemos» dijo.

Orellana menciona que, a su juicio, el país no necesita individuos con 20 títulos para la CSJ y la Fiscalía, en cambio necesitamos hombres y mujeres que demuestren con su conducta histórica que están comprometidos con la justicia. «Si tenemos personas con esas cualidades, es seguro que el sistema de justicia en Honduras proveerá seguridad jurídica y no impunidad como hasta ahora», aseguró.

En declaraciones que recoge La Prensa, el diputado Ramón Barrios admitió que no cuentan con los 86 votos de diputados para iniciar el juicio político contra Argueta y Chinchilla. Aseguró que el Partido Nacional ha pedido tiempo para analizarlo.

Raúl Pineda Alvarado consideró que en la CSJ hay gente «buena», pero el presidente es el líder y cara visible, y sobre él cae la percepción que «fue elegido por sectores oscuros de la política hondureña». En el caso de la Fiscalía, piensa que hay un hecho que nadie puede controvertir, pues hay 33 casos de alto impacto que están siendo juzgados en los Estados Unidos y la Fiscalía no tiene ningún proceso de investigación para ellos. «Solo con este hecho ese fiscal ya debería estar en su casa o debería haber renunciado», mencionó.

Agregó que en el momento que la solicitud sea acompañada por la mayoría calificada, los funcionarios en cuestión «van a renunciar», y con lo que se «podrá iniciar un proceso de transición y depuración que nos permitirá tener funcionarios competentes, honestos e independientes».

Por Francisco Goldman

La semana pasada el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reeligió como fiscal general a María Consuelo Porras, incluida en la lista Engel de Estados Unidos por actos de corrupción. En este ensayo el escritor y periodista estadounidense-guatemalteco Francisco Goldman, autor de ‘El arte del asesinato político’, y reciente finalista del premio Pulitzer en la categoría de ficción por la novela ‘Monkey boy’, relata cómo en los últimos años la justicia del país pasó de ser un ejemplo para Centroamérica en la lucha contra la corrupción a perseguir a los jueces y fiscales que la investigaban.

En 2015, cuando Joe Biden se desempeñaba como vicepresidente de Estados Unidos, viajó a Guatemala en una visita que atrajo poca atención en su país, pero que alteró el curso de la historia en la nación centroamericana. El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, un exgeneral que había sido jefe del servicio de inteligencia militar nacional, se había negado a renovar el acuerdo del Gobierno con una organización anticorrupción de las Naciones Unidas conocida como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante la década anterior, la comisión —un organismo independiente que trabajaba conjuntamente con la fiscalía guatemalteca— se había convertido en el proyecto anticorrupción más exitoso y popular de América Latina, ayudando a condenar a decenas de oficiales militares, políticos y empresarios. En al menos dos reuniones privadas en Guatemala, y en conversaciones telefónicas, Biden supuestamente le dijo a Pérez Molina que retendría un paquete de ayuda multimillonaria, que estaba tratando de impulsar en el Congreso estadounidense, si el líder guatemalteco no extendía el mandato de la comisión. Pérez Molina cedió y permitió que la comisión continuara su trabajo. Semanas después, investigadores guatemaltecos y de la ONU lo acusaron de liderar una vasta red de corrupción que había recibido 3,7 millones de dólares en sobornos en un solo año. Seis meses después de la visita de Biden, Pérez Molina, enfrentado a protestas en todo el país como no se habían visto en Guatemala desde su Revolución Democrática en 1944 contra la dictadura de Ubico, renunció a la Presidencia. Fue llevado a prisión menos de veinticuatro horas después. La elección de Biden a la Presidencia ha generado esperanzas entre los guatemaltecos de que ayudará a revivir el trabajo anticorrupción que una vez hizo la comisión, que fue cerrada por los líderes guatemaltecos en 2019 con el apoyo tácito del gobierno de Donald Trump. El cierre de la comisión detuvo años de esfuerzos bipartidistas de Estados Unidos para combatir la corrupción alimentada por el narcotráfico y poner fin a la impunidad de los miembros de la corrupta élite política y económica del país.

Después de la victoria de Biden en noviembre, un grupo de fiscales e investigadores veteranos que habían trabajado tanto para el gobierno guatemalteco como para la CICIG hablaron con entusiasmo en una llamada de Zoom sobre las posibilidades de una rendición de cuentas renovada. «Kamala Harris es una fiscal», dijo Leopoldo Zeissig, refiriéndose a la vicepresidenta entrante, con la voz iluminada. «Ella entenderá lo que está sucediendo aquí. Ella nos apoyará». Zeissig fue el fiscal principal que investigó el asesinato de un obispo guatemalteco de setenta y cinco años llamado Juan José Gerardi en 1998. Dos días antes de que el obispo fuera asesinado a golpes en el garaje de su casa parroquial, había publicado un informe de derechos humanos patrocinado por la Iglesia Católica que culpaba a los militares del país y sus aliados por decenas de miles de asesinatos de civiles durante la guerra civil de treinta y seis años del país. «¡KA-MA-LA!», Arturo Aguilar, abogado e investigador, triunfalmente envió en un mensaje de texto en un chat grupal separado. Aguilar, cuando era un estudiante de derecho de diecinueve años, también había ayudado a investigar el asesinato de Gerardi como parte de un equipo del grupo de derechos humanos de la Iglesia católica fundado por el obispo. En un juicio de 2001, tres militares guatemaltecos, junto con un sacerdote, fueron declarados culpables de haber participado en el asesinato del obispo. Esa fue la primera vez en la historia de Guatemala que oficiales militares fueron declarados culpables de participar en un asesinato político extrajudicial, así se rompió por fin el muro de hierro de la impunidad que durante décadas había protegido a tantos que habían cometido crímenes similares. La Embajada de los Estados Unidos había mostrado su apoyo a los profesionales de la justicia guatemalteca y a los abogados e investigadores de la Iglesia en el caso. La noche anterior al juicio de los tres militares acusados de participar en el asesinato de Gerardi, las granadas explotaron en el patio de Yassmín Barrios, una de las juezas del caso. Una diplomática estadounidense fue una de las primeras funcionarias en acudir corriendo a su casa. Tres meses después, en la noche de los veredictos, la embajadora Prudence Bushnell vino y se sentó en la abarrotada sala del tribunal. Por primera vez desde el golpe de Estado respaldado por la CIA que derrocó al presidente izquierdista elegido democráticamente y lo reemplazó con una dictadura militar pro-estadounidense, en 1954, los funcionarios estadounidenses estaban apoyando el Estado de derecho en Guatemala.

III

En el 2006, las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco acordaron crear la CICIG, el primer esfuerzo de este tipo en la región. La comisión, con un personal de unas ciento cincuenta personas de una veintena de naciones diferentes, trabajó con fiscales y policías guatemaltecos para combatir a los grupos del crimen organizado y la corrupción gubernamental. Estados Unidos fue el principal contribuyente al presupuesto anual de aproximadamente 15 millones de dólares. El ente tuvo algunos éxitos tempranos, pero se hizo más efectivo después de que un fiscal colombiano llamado Iván Velázquez asumió el cargo de comisionado en 2013. La comisión expuso a grupos criminales profundamente arraigados en el gobierno y ayudó a encarcelar a unas 680 personas por corrupción y delitos relacionados. Desempeñó un papel central en el enjuiciamiento de un poderoso y anteriormente intocable grupo de tráfico de estupefacientes que participó en la incautación de tierras de agricultores. Siguieron casos contra una gran cantidad de otros grupos del crimen organizado. En conjunto con los fiscales guatemaltecos, reveló una red criminal liderada desde la cárcel por Byron Lima Oliva, uno de los oficiales militares condenados por su papel en el asesinato de Gerardi. Estos éxitos evitaron mayor corrupción en el Estado guatemalteco, pero no pudieron revertir la ya existente. Conseguir un cargo político siguió siendo principalmente una competencia por el botín más lucrativo. El Comisionado de la CICIG sabía que una solución crucial radicaba en exponer y frustrar de alguna manera el financiamiento de los partidos políticos por parte del crimen organizado. Tenía un aliado en el embajador del presidente Obama en Guatemala, Todd Robinson, quien se ganó el odio del establishment guatemalteco por ser abiertamente pro-CICIG y abiertamente desdeñoso de los políticos corruptos, especialmente del influyente bloque de legisladores de varios partidos conocidos en toda Guatemala como el «Pacto de Corruptos».

En octubre de 2015, Jimmy Morales, un excomediante de televisión de 46 años, que solía realizar parodias con blackface, fue elegido presidente de Guatemala. Postulándose bajo el lema «Ni corrupto, ni ladrón», prometió derrocar a la clase política del país y tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Un año después, Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos. Morales imitó el desdén arrogante de Trump por los medios de comunicación y su hostilidad hacia las instituciones judiciales que lo desafiaron. Poco después de que Morales asumiera el cargo, la fiscal general del país, Thelma Aldana, y la CICIG solicitaron que el Congreso de Guatemala levantara la inmunidad del presidente para que pudieran investigar, conjuntamente, los informes de que había recibido del sector empresarial al menos un millón de dólares en contribuciones de campaña que no declaró. El Congreso negó la solicitud, y Morales dijo que fue víctima de investigadores sesgados políticamente y acusó a la CICIG de extralimitación. También tomó medidas para cimentar el apoyo a Trump. En 2017, cuatro congresistas guatemaltecos pro-Morales, que se negaron a revelar la fuente de su financiamiento, contrataron a una firma de cabildeo con sede en Indiana, Barnes & Thornburg, L.L.P., por 80 mil dólares al mes para ayudar a mejorar las relaciones exteriores con los Estados Unidos. Políticos de la oposición acusaron a Morales de contratar a la firma, que tenía estrechos vínculos con el vicepresidente, Mike Pence, para cortejar al gobierno de Trump y a los republicanos en Washington. (Luego se informó que un ejecutivo del gigante de la construcción Cementos Progreso, propiedad de una de las familias económicamente más poderosas de Guatemala, estaba detrás de algunos de los pagos). Después de que en 2018 Trump trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, Morales se apresuró a convertir a Guatemala en la segunda nación en trasladar su embajada allí. Morales también firmó un Acuerdo de Tercer País Seguro con el gobierno de Trump, que permitió a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo de otros países a Guatemala. Un exfuncionario estadounidense dijo creer que la voluntad del gobierno de Morales de hacer lo que Trump pedía era un intento de asegurar «un pase para salir de la cárcel gratis», que permitiría a Morales hacer lo que quisiera en Guatemala sin temor a un regaño por parte de Estados Unidos. Los aliados de Morales en Washington comenzaron a cuestionar el trabajo de la CICIG y otros funcionarios anticorrupción en Guatemala. El senador Marco Rubio en particular, de Florida, y otros legisladores republicanos, incluido el senador Mike Lee, de Utah, atacaron a la comisión, afirmando falsamente que el organismo respaldado por la ONU estaba siendo usado por Rusia para promover sus intereses en Guatemala. Las acusaciones descabelladas de Rubio sobre la CICIG cumpliendo órdenes de Vladimir Putin eran fácilmente refutadas, pero esto no causó ninguna vacilación en el senador ni a sus aliados republicanos. Rubio suspendió la financiación en la primavera de 2018 y puso fin a años de apoyo bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos para la comisión. A pesar de las críticas en Washington, la CICIG siguió siendo profundamente popular en Guatemala, con más del 70% de la población a su favor en las encuestas de opinión pública. En agosto de 2018, Morales anunció que no iba a renovar el mandato de la CICIG, la acusó de «persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente».

José Rubén Zamora, fundador del principal diario de investigación en Guatemala, elPeriódico, ha estado denunciando la magnitud de la corrupción política durante décadas. Me dijo: «Cada cuatro años elegimos a un dictador ladrón que cogobierna con los cárteles de la droga, los burócratas estatales privilegiados, el Ejército y la oligarquía. En otras palabras, somos cautivos de una organización criminal. El sistema no puede combatir a los narcos, la corrupción y la impunidad, porque los narcos, la corrupción y la impunidad son el sistema. La CICIG ha comenzado a emerger como una institución cada vez más capaz de desafiar y derrotar la corrupción, el crimen y la impunidad. Sin embargo, el Sr. Trump aceptó a la ligera, con atroz ignorancia y absoluto desdén, que se debería permitir que nuestros incipientes avances retrocedieran, y que las mafias criminales pudieran regresar y capturar el poder absoluto».

En 2019, después de que Aldana completara su mandato como fiscal general y se postulara para presidenta, se presentaron acusaciones de corrupción en su contra. La opinión mayoritaria fue que eran inventadas. Un tribunal electoral descalificó a Aldana y certificó la candidatura presidencial de un aliado de Morales, quien luego fue arrestado en Miami y acusado de haber ofrecido al poderoso cártel de Sinaloa de México acceso a puertos y aeropuertos guatemaltecos, a cambio de financiamiento de campaña.

Aldana, mientras se preparaba para pasar este Día de Acción de Gracias en Washington, DC, lejos de su familia en Guatemala, reflexionó por teléfono: «Una cosa es la realidad de que vives en un país, y otra es lo que dicen los lobbistas. Lo que la gente vio en la CICIG fue la posibilidad de luchar, junto con nuestro Ministerio Público, contra la criminalidad, la impunidad, la pobreza, y eso dejó entrar algo de oxígeno. Quítalo y la gente se asfixia. Ahora Guatemala es un estado que ha sido capturado por el crimen organizado y grupos ilícitos, y la gente no tiene salida para su ira y frustración, por eso están listos para explotar». Durante dos fines de semana consecutivos, las protestas habían llenado una vez más la plaza central de Guatemala, y la guarida del famoso «Pacto de Corruptos», el edificio del Congreso, fue incendiada. Las protestas se habían desatado cuando, con el país distraído por la pandemia de la covid-19 y dos huracanes devastadores consecutivos, el Congreso se había reunido en secreto para aprobar un presupuesto que recortaba el dinero para la educación y la salud, incluso para los pacientes con covid, y canalizaba fondos a los ministerios del gobierno que habían sido expuestos como focos de corrupción por los periodistas de investigación guatemaltecos. Los legisladores incluso se otorgaron 65 mil dólares para sus comidas. La edición del 3 de diciembre del periódico Prensa Libre, en el lado izquierdo de su portada, publicó una foto de una niña desnutrida llamada Abigail sobre un artículo que informaba que se identificaban 80 casos de desnutrición infantil todos los días en Guatemala; en el lado derecho había una fotografía de legisladores comiendo hamburguesas, pagadas por los contribuyentes. Esa portada captó el ambiente de indignación pública.

Mientras Morales y sus aliados saboteaban las instituciones democráticas del país, los funcionarios de la Administración Trump hicieron pocas declaraciones públicas defendiendo el Estado de derecho en Guatemala. En una entrevista telefónica desde Bogotá, Iván Velázquez, el exjefe de la CICG, a quien se le ordenó salir de Guatemala, me dijo que la Administración Trump fue responsable del cierre de la comisión. “El apoyo a Morales fue absoluto, a pesar de todo lo que sabía sobre la corrupción en ese gobierno”, dijo. El exfuncionario estadounidense me dijo que consideraba el desmantelamiento de la CICIG como el episodio más vergonzoso en sus décadas de servicio al Gobierno. Es lógico suponer que la mayoría de los estadounidenses rara vez, o nunca, consideran el poder de su Gobierno para alterar radicalmente la realidad, para bien o para mal, en países como Guatemala. Durante los años de Trump, la inmigración de los países del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) fue tratada como un grave problema de seguridad nacional. Y se prestó poca consideración pública a las posibles medidas que EE.UU. podría tomar para ayudar a mejorar las condiciones en esos países, lo que tal vez hubiese aliviado la necesidad de muchos de huir. La ruina de las instituciones democráticas y judiciales en Guatemala bajo el gobierno de Morales refleja el daño que Trump infligió a instituciones similares en los Estados Unidos. En Guatemala, sin embargo, esas instituciones siempre fueron más frágiles. Morales dejó el cargo en enero de 2020. Como a todos los presidentes guatemaltecos, la ley le prohibió buscar un segundo mandato. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, es miembro de un partido diferente, pero forma parte de la cúpula política del país. Desde que Giammattei asumió el cargo, los intentos de expulsar a los fiscales independientes vinculados a la CICIG se han vuelto aún más agresivos. La fiscal general nombrada por Morales, Consuelo Porras, designó un fiscal especial para investigar a Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que fue creada originalmente por la CICIG y que había trabajado de cerca con la comisión. Poco después de que Porras nombrara a ese fiscal especial, fue destituida de su cargo. Días después, ella y su novio fueron detenidos por la policía mientras caminaban por un centro comercial de la Ciudad de Guatemala. El hombre era buscado para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico. “Eran tiempos difíciles”, me dijo Juan Francisco Sandoval por teléfono.

El 9 de diciembre, «Día Internacional contra la Corrupción», la Embajada de los Estados Unidos, ahora dirigida por un nuevo embajador, William Popp, tuiteó: «#Transparencia y el acceso a #Justicia son esenciales para la #Prosperidad, y los defensores independientes como #FECI son indispensables». Eso pareció una señal de la Administración entrante de un retorno a las políticas pro-justicia de Estados Unidos antes de Trump.

Iván Velázquez dijo que espera que la Administración Biden implemente rápidamente el «Plan Biden» para Centroamérica, una promesa de campaña que sostiene que detener el crimen organizado y la corrupción en Guatemala y otros países de la región ralentizará el flujo de migrantes al norte. También elogió a Biden por proponer no solo cancelar las visas estadounidenses de políticos y empresarios centroamericanos corruptos, sino también congelar sus activos en los EE.UU. «Creo que van a actuar contra la gran corrupción del país y la forma en que la administración de justicia y otras instituciones han sido capturadas por el crimen organizado «, dijo Velázquez. Los sistemas políticos y económicos que benefician a unos pocos y niegan los derechos democráticos y la prosperidad a muchos son un problema en toda América Latina. Pero los éxitos de la CICIG dieron a los guatemaltecos una idea de lo que es posible. Estados Unidos, la ONU y los países europeos que apoyaron a la CICIG no pueden expulsar a los guatemaltecos corruptos de la política. Solo los votantes guatemaltecos pueden potencialmente hacer eso. Pero estos países e instituciones externas pueden apoyar y ayudar a fortalecer las instituciones judiciales y las normas democráticas en Guatemala. Los fiscales no partidistas, me dijo Velázquez, pueden «generar transformaciones políticas en una sociedad, no porque ellos mismos tomen posiciones políticas, sino porque abren espacios previamente capturados por los corruptos. Los fiscales pueden liberar a los Estados capturados por las redes criminales, lo que debería permitir que surjan nuevas fuerzas en la escena política y transformar esa realidad».

VII

«Jueza anticorrupción huye de Guatemala a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos para protegerla».

Ese titular apareció en el Washington Post del 21 de marzo de 2022; los párrafos iniciales del informe de Kevin Sieff decían:

«Una de las juezas más importantes de Guatemala y una aliada clave de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción ha renunciado y huido del país en lo que podría ser la señal más preocupante hasta ahora del deterioro de su sistema judicial.

La jueza Erika Aifán, quien presidió casos que implican a funcionarios guatemaltecos de alto nivel, incluido el presidente del país, presentó su renuncia el lunes por la mañana. Se había enterado por sus colegas de que la Corte Suprema planeaba despojarla de su inmunidad judicial y podría enviarla a prisión».

Aifán había sido invitada a Washington DC el año anterior por la recién inaugurada Administración Biden para recibir el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje por su trabajo judicial e independencia de manos del Secretario de Estado Anthony Blinken y la Primera Dama Jill Biden, quienes proclamaron: «La jueza Aifán se ha convertido en un ícono en la lucha contra la corrupción».

Juan Francisco Sandoval, en febrero de 2021, también fue invitado a Washington por el Gobierno de Biden para recibir el Premio Campeones Internacionales Anticorrupción. Eso fue un poco después de que terminé de escribir el artículo anterior para el New Yorker web.

En mayo, la vicepresidenta, Kamala Harris, se reunió en Washington con cuatro profesionales de la justicia guatemaltecas exiliadas: la exfiscal general Aldana; su predecesora, también exiliada en el cargo, Claudia Paz y Paz; Gloria Porras, una valiente jueza de la Corte de Constitucionalidad expulsada al exilio cuando en 2021 después de ser reelegida para la corte el Congreso guatemalteco —dominado por el «Pacto de Corruptos»— se negó ilegalmente a darle su cargo; y con Claudia Escobar, una jueza obligada a huir a Washington en 2015. Un mes después, en junio, cuando Kamala Harris fue a Guatemala y se reunió con el presidente Giammattei y otros funcionarios guatemaltecos, anunció que trabajar con Juan Francisco Sandoval y su unidad de enjuiciamiento anticorrupción, FECI, sería esencial para los esfuerzos anticorrupción de los Estados Unidos en el país.

En mayo de 2021, después de que Harris se reuniera en Washington con esas juezas y fiscales exiliadas, una eufórica Thelma Aldana tuiteó: «Hay esperanza para Guatemala».

Yo también había creído en ese entonces que había esperanza para Guatemala, y había escrito el artículo porque quería resaltar eso. Por supuesto, las promesas de campaña de Biden con respecto a Centroamérica apenas habían sido centrales para su victoria presidencial, pero supongo que sentí que llamar la atención pública sobre esas promesas podría ser una forma de presionar a la nueva administración para que las mantuviera, pensamiento mágico seguramente.

Todas esas promesas y expresiones de apoyo de la Administración Biden no pudieron salvar el trabajo del principal investigador anticorrupción del país, Juan Francisco Sandoval. El 23 de julio, Sandoval escapó a El Salvador al amparo de la noche, horas después de ser destituido de su cargo por la fiscal general, Consuelo Porras, quien —con una inarticulación flemática típica— lo acusó de «constantes abusos y frecuentes abusos» a la institucionalidad del Ministerio Público, aunque no proporcionó ninguna prueba para sostener esas acusaciones. En una apresurada e improvisada conferencia de prensa ofrecida por Sandoval antes de irse, dijo que Porras lo había despedido ilegalmente porque ella quería proteger a sus amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones” de posibles delitos en los que él y su pequeño equipo habían comenzado a indagar. Fue cuando Porras se enteró de esas investigaciones que se movió contra él.

Sandoval se refería específicamente a tres investigaciones recientemente abiertas por él y su equipo en FECI en las que el presidente Giammattei, entre otros, podría estar implicado. El más notorio, hecho público en informes de prensa, incluso en el New York Times un mes después, involucró a un testigo que le había dicho a Sandoval que mientras trabajaba como equipo de seguridad personal para un adinerado ciudadano ruso que visitaba Guatemala, él había entregado una alfombra enrollada rellena de efectivo, envuelta como regalo con un gran lazo rojo, a la casa de Giammattei; se sospechaba que se trataba de dinero de soborno de una empresa minera rusa que quería el control exclusivo sobre una parte del puerto atlántico de Santo Tomás de Castilla. El segundo caso involucró el equivalente en quetzales guatemaltecos de unos 16 millones de dólares en efectivo que fue descubierto en una casa en la ciudad turística de Antigua, cerca del Capitolio; otro testigo alegó que ese dinero incluía 2,6 millones en sobornos de contribuciones ilegales de campaña que Giammattei había solicitado a las empresas de construcción. La tercera investigación fue sobre la manipulación potencialmente ilegal de la elección de jueces para la Corte Suprema. Cuando huyó de Guatemala, Sandoval trajo consigo pruebas que había recogido en esos casos.

El 2 de septiembre, la fiscal general Porras emitió una orden de arresto para Sandoval por «incumplimiento de deberes y obstaculización a la acción penal», sin proporcionar ningún detalle. En respuesta, desde su exilio en Washington, Sandoval publicó una carta abierta en Twitter, que comenzaba diciendo «La fiscal general Consuelo Porras está al frente de una estrategia para criminalizar y perseguir a todas las personas que han contribuido, por años, al fortalecimiento de la justicia y combate a la corrupción e impunidad».

Estados Unidos respondió a la expulsión de Sandoval y al abierto desprecio de Porras y su gobierno, con el apoyo público del gobierno de Estados Unidos a jueces y fiscales independientes y con una serie de medidas. Entre estos, la fiscal general Porras fue colocada por la Administración Biden en la lista Engel de «actores corruptos y antidemocráticos», a los que se les prohíbe de ingresar a Estados Unidos, y también anunció que ya no colaboraría ni compartiría información con la fiscal general y su Ministerio Público, en quienes dijo que había «perdido la confianza».

Esta primavera, a medida que se intensificaba la campaña guatemalteca para desacreditar e intimidar a la jueza Erika Aifán, la Administración Biden intensificó sus esfuerzos públicos para defenderla. La Embajada de Estados Unidos tuiteó fotografías de la reunión de ella con el embajador de Estados Unidos, William Popp, y el Departamento de Estado denunció las amenazas de despojarla de su inmunidad legal de enjuiciamiento como «un esfuerzo flagrante para obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales más altos de Guatemala». Como juez que presidía el llamado tribunal de alto riesgo de Guatemala, Aifán estaba a cargo de algunos de los mismos casos que Sandoval y FECI habían estado investigando. Había estado recopilando testimonios de testigos sobre los supuestos sobornos pagados por las empresas de construcción a Giammattei y su campaña electoral; también estaba trabajando en un caso de corrupción en la sede de los jueces en el tribunal de apelaciones. Aifán se había acostumbrado a recibir y soportar amenazas; el Washington Post informó que el gobierno incluso había volado un dron de vigilancia fuera de su ventana del piso 14 en su oficina en la torre judicial de la Ciudad de Guatemala. Las élites políticas, económicas y militares de derecha, muchas acusadas de corrupción, lavado de dinero y otros delitos, presentaron repetidamente desafíos legales de acoso contra Aifán, buscando deshacer su inmunidad judicial de enjuiciamiento. Cuando la propia fiscal general Porras inició movimientos para quitarle la inmunidad, se dio cuenta de que su arresto era inminente y que no tenía más remedio que renunciar y exiliarse para protegerse.

VIII

En Guatemala, criminalizar a los fiscales y jueces anticorrupción y enviarlos a prisión no es una mera fantasía trumpiana. Cuatro fiscales del equipo de Sandoval en la FECI y una exdirectora de la CICIG, Leyli Santizo, han sido capturadas y encarceladas —actualmente la única que continúa en prisión es Virginia Laparra. Todas son mujeres, lo que no solo es un indicador del protagonismo que han tenido las mujeres profesionales del derecho en la lucha guatemalteca por defender sus instituciones de justicia; otra razón es porque, como Claudia Méndez Arriaza, una destacada periodista que también, junto con muchos colegas, ha sido blanco de campañas de desprestigio y amenazas del gobierno y de la derecha, me dijo sin rodeos: «Las mujeres son más fáciles de capturar y de desacreditar». El 30 de abril, Flor Gálvez, quien fue parte de la CICIG y es abogada defensora de dos de las mujeres encarceladas, tuiteó una imagen donde se leía en letras blancas en forma de tiza sobre un fondo púrpura: «Aprendimos a ser fuertes cuando entendimos que teníamos que levantarnos solas».

Una semana después, otro exfiscal de la CICIG, Carlos Antonio Vidas Navaz, siguió a la jueza Aifán al exilio. Eso elevó el número de jueces, juezas y fiscales guatemaltecos en el exilio a 22. Washington DC, donde viven ocho, es comúnmente referido ahora, por los propios exiliados y otros, como «el Departamento de Justicia guatemalteco en el exilio». Por Zoom, Juan Francisco Sandoval relató que otros han aterrizado en la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, tres en El Salvador, otros tres en Ciudad de México, uno en Boston, y así sucesivamente. Algunos de los más prominentes, como la exfiscal general Aldana y él mismo, encuentran trabajo con organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones legales, pero otros, los refugiados de justicia más jóvenes y de menor rango, han tenido dificultades para encontrar trabajos y lugares asequibles para vivir. Un ex miembro del equipo de Sandoval había tomado un trabajo en el área de DC en la construcción.

Sandoval, de 39 años, ligero, con gafas, tiene una disposición inteligente, irónicamente graciosa y alegre. Cuando era un joven fiscal, dirigió el caso del Ministerio Público, trabajando con la CICIG, que resultó en el encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina. También formó parte del equipo que investigó las ejecuciones a quemarropa de siete presos en 2006 por parte de las fuerzas de seguridad en la prisión de Pavón —sospechosas de ser un intento de arrebatar el control de las lucrativas extorsiones criminales de la prisión a un grupo narco colombiano— cuando Alejandro Giammattei era el jefe del sistema penitenciario guatemalteco, el puesto político que lo lanzó a la prominencia; Giammattei fue arrestado y acusado de haber orquestado las ejecuciones, antes de ser absuelto por falta de pruebas en su contra. Aunque el incidente no parecía haber perjudicado las perspectivas políticas del futuro presidente, Sandoval dijo que le habían dicho y advertido más de una vez que Giammattei albergaba un odio obsesivo contra él. Al parecer también lo tiene Consuelo Porras. «Están hechos el uno para el otro», dijo Sandoval de la fiscal general y el presidente, que se sabe que se han convertido en colaboradores cercanos, tal vez incluso codependientes. Porras, de 68 años, parece proyectar voluntariamente un comportamiento amargo pero feroz, y en sus apariciones públicas siempre muestra un desdén combativo, su inseguridad defensiva subyacente traicionada por ojos pequeños y nerviosos y una testarudez quebradiza. Sandoval me dijo que sus reuniones privadas con ella siempre eran incómodas, y que Porras rutinariamente trataba de menospreciarlo e intimidarlo. «¿Cómo es», ella le preguntó en una reunión, «que tus testigos siempre te digan justo lo que quieres escuchar?».

Puede parecer desconcertante que Estados Unidos tenga tan poca influencia sobre el gobierno guatemalteco y su fiscal general, después de tantas décadas de ser el principal formador externo de gran parte del destino del país —por lo general, para la mayoría de los guatemaltecos, desastrosamente. Durante años, los gobiernos de Estados Unidos de ambos partidos apoyaron los esfuerzos para fortalecer, en primer lugar, las instituciones de justicia de «democracia incipiente» de Guatemala, y cuando eso resultó ineficaz, principalmente debido a la corrupción endémica, invirtió dinero y apoyo logístico en la CICIG, que a menudo trabajó productivamente con la DEA. Ese apoyo, también destinado a fortalecer el departamento de justicia de Guatemala a través de su asociación con los fiscales e investigadores internacionales, terminó teniendo éxito mucho más allá de las expectativas de cualquiera, como lo demostraron los legados anticorrupción e incluso anti-narco del Ministerio Público bajo los cargos consecutivos de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana. Pérez Molina está muy lejos de ser el primer presidente corrupto de Guatemala, o incluso el más corrupto o criminal. Si los guatemaltecos salieron a las calles en números sin precedentes para pedir la renuncia del presidente Pérez Molina y su arresto después de que su corrupción hubiese sido expuesta por el Ministerio Público y las investigaciones de la CICIG, fue porque por primera vez alcanzar justicia y rendición de cuentas de una figura tan poderosa en realidad parecía posible.

Los medios de comunicación de los grupos de poder estadounidense, al menos en sus informes sobre Centroamérica y México, tienden a operar por consenso. Una explicación o razón para algo que está ocurriendo es proporcionada, digamos por el New York Times o algún otro medio de comunicación poderoso —generalmente citando a alguna autoridad respetada, aparentemente por vía intravenosa— se convierte en la explicación oficial, ampliamente indiscutible para lo que sea que la gente no hubiera sabido antes. A veces esa explicación parece plausible, pero a menudo es solo parcialmente persuasiva o incluso errónea. La explicación oficial de la renuencia de la Administración Biden a tomar medidas más duras de las que había tomado hasta ahora contra el gobierno guatemalteco, por desdeñar abiertamente su apoyo a jueces y fiscales valientes y amenazados, fue que temía que hacerlo aumentaría la migración a los Estados Unidos. «Biden enfrenta una compensación: detener la corrupción o la migración» fue el titular de una historia en el New York Times. Pero, ¿fue ese realmente el intercambio? ¿Cómo aumentaría la lucha contra la corrupción la migración? Es cierto que si la Administración Biden ya no estaba colaborando con el Ministerio Público en temas de justicia, todavía lo estaba haciendo con Guatemala para mantener e incluso expandir los esfuerzos de la era Trump para detener la migración. Según los informes, la policía guatemalteca en sus fronteras estaba tratando de impedir que los migrantes ingresaran al país desde otras partes de Centroamérica, o que cruzaran a México, y atacó violentamente a las caravanas de migrantes con gases lacrimógenos y macanas. Pero pregúntele a cualquier abogado o experto en inmigración en los Estados Unidos o México y le dirán que esas fronteras siguen siendo extremadamente permeables, y que los migrantes guatemaltecos, especialmente los más jóvenes, continúan llegando a los Estados Unidos en números constantes. Era como si alguien en Washington hubiera decidido que porque las políticas pasadas de Estados Unidos de apoyar una campaña militar guatemalteca de represión violenta, e incluso masacres contra la población maya rural, posiblemente había ayudado a los militares a ganar su guerra contra las guerrillas izquierdistas y preservar las estructuras de la sociedad guatemalteca como más o menos permanecen hoy, era lógico suponer que ocasionalmente atormentar y golpear a una caravana de migrantes también iba a detener la migración. Pero los impulsores de la migración en Guatemala, como en otras partes de Centroamérica, son principalmente la pobreza extrema y la desigualdad económica que ahora se ha visto agravada por la pandemia, y cada vez más por la devastación ecológica que está empeorando esa pobreza en las zonas rurales pobres; también la violencia omnipresente, el robo, las extorsiones, etc. por parte de organizaciones criminales y pandillas protegidas por funcionarios y políticos corruptos. Este es el tipo de problemas a los que se refería la vicepresidenta Kamala Harris cuando habló de atacar «las causas fundamentales de la migración», que vinculó con atacar «la corrupción dondequiera que exista». No hay un solo elemento de ir relativamente suave con el gobierno guatemalteco por su guerra sucia contra su propio sistema de justicia que alivia «las causas fundamentales de la migración». Esa corrupción y sus repercusiones violentas son exactamente lo que excluye a la mayoría de la población guatemalteca de tener cualquier participación realista en la política de su propio país, o en su futuro político, porque esa corrupción es precisamente lo que mantiene al país con el Estado cooptado criminalmente, más allá de la rendición de cuentas, o cualquier posibilidad de cambio democrático. «Nunca habrá paz mientras a la gente… se les niega su debida participación en la perfección del mundo», dijo Monseñor Juan Gerardi, mártir de los derechos humanos de Guatemala asesinado por agentes militares en 1998. Esto es también a lo que se refería el ex jefe de la CICIG, Iván Velázquez, cuando me dijo, como se citó anteriormente: «Los fiscales pueden liberar a los Estados capturados por redes criminales, lo que debería permitir que surjan nuevas fuerzas en la escena política y transformar esa realidad».

A raíz de la larga guerra interna de Guatemala y los Acuerdos de Paz de 1996, el ejército de Guatemala y sus poderes económicos y políticos tradicionales y oligárquicos —encarnados por el entonces presidente Álvaro Arzú, y especialmente por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la organización del sector privado que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos define como «el partido político de facto de las élites de Guatemala»— querían devolver al país, económica y políticamente, a la comunidad internacional. Durante el conflicto armado interno de treinta y seis años, Guatemala se había convertido en un Estado paria debido a su condición de violador extremo de los derechos humanos y su imagen internacional como un país devastado por la guerra, violento, extremadamente injusto y corrupto. Después de tres décadas de dictadura militar, Guatemala había hecho la transición en 1986 a la democracia electoral. Por eso, no fue difícil convencer a las élites guatemaltecas que les convenía aceptar las iniciativas de posguerra de Estados Unidos y Europa para fortalecer las democráticas instituciones de justicia del país. Aún así, esas instituciones permanecieron débiles, y a medida que la generosidad de la Guerra Fría de Estados Unidos hacia Guatemala y sus instituciones de seguridad disminuyó, e incluso se evaporó, el crimen organizado intervino para llenar ese vacío siempre hambriento de dinero unido con el poder real. («¿Qué poder tengo como individuo frente a las estructuras criminales que pueden ofrecer 10 millones de dólares en sobornos?», dijo la jueza Aifán al Washington Post). Pero a medida que la CICIG ganó fuerza, especialmente después de que Velázquez se convirtiera en comisionado en 2013, los guatemaltecos ricos estaban discerniendo, e incluso comenzando a experimentar, las últimas consecuencias potenciales de un sistema de justicia funcional independiente. Colegas, familiares y amigos estaban siendo llamados a rendir cuentas e incluso eran arrestados y encarcelados por presuntos delitos que siempre se habían considerado aceptables, una parte normal de la vida, solo la forma de hacer las cosas en Guatemala, pero también en la mayor parte de América Latina: negocios corruptos y prácticas políticas, el soborno de funcionarios del gobierno para obtener contratos y demás, los partidos políticos financiados ilegalmente funcionando como estafas criminales por pequeños grupos de asociados o incluso por un solo individuo, sin mencionar la completa falta de protecciones legales para la mayoría de los guatemaltecos contra todo tipo de explotación y abuso ilegal a manos de sus superiores económicos. Cuando las élites de derecha llamaron públicamente a la jueza Aifán «un peligro para la sociedad», esa es la sociedad a la que se referían. Esa fue también la razón por la que las élites guatemaltecas, dispuestas detrás del presidente Jimmy Morales, habían expulsado previamente a la CICIG del país, aunque con el apoyo de republicanos como el senador Marco Rubio y de la Administración Trump. El crimen organizado, especialmente los grupos narco, tienen a las instituciones guatemaltecas en sus garras, pero eso es solo porque las élites económicas más poderosas de Guatemala, CACIF, se lo permiten, de la misma manera que durante tantos años permitió que los militares se enriquecieran mientras cumplían con su deber principal de proteger los intereses económicos y políticos de las élites. CACIF es el único partido político «de facto» en un estado guatemalteco esencialmente de partido único que usa máscaras intercambiables, decidiendo qué partidos políticos y candidatos pueden representarlo, y cuáles deben ser expulsados, desacreditados, encarcelados o aplastados. Según Juan Francisco Sandoval, esa relación es la que la Administración Biden no quiere alterar. Me dijo que CACIF es el verdadero instigador detrás de «lo que está viviendo el país, que es hacer que el sistema de justicia funcione ahora como una herramienta de venganza contra la CICIG y aquellos que querían abrir casos sobre el financiamiento ilegal de elecciones», ya sea de partidos políticos o de jueces a tribunales superiores. «Y Estados Unidos no se va a meter con CACIF», dijo, «porque siempre han respetado esos intereses económicos». Esta es una situación que probablemente incluso empeore en un futuro cercano si las mayorías republicanas retoman el Congreso de los Estados Unidos, donde las acusaciones de Guatemala que equiparan a jueces y fiscales anticorrupción con revolucionarios y terroristas marxistas -—retórica que ya es la rutina diaria en Guatemala— seguramente encontrarán apasionadas cajas de resonancia.

Consuelo Porras se postuló para la reelección como la máxima funcionaria de justicia de Guatemala, a pesar de estar en la lista de funcionarios corruptos a los que no se les permite la entrada al país de su principal y más poderoso aliado. Eso parece importar poco a la élite política gobernante de Guatemala, incluso menos que el escándalo tan publicitado con respecto a las acusaciones de que Porras plagió su tesis de la facultad de derecho: ha prometido emprender acciones legales contra cualquier funcionario que se atreva a investigar esa presunta malversación.

El 12 de mayo, a medida que crecía el suspenso sobre quién sería la próxima fiscal general de Guatemala, Giammattei se burló públicamente de los jueces y fiscales guatemaltecos exiliados por su gobierno, dijo que «fueron los más corruptos de este país. Esos grandes paladines de la justicia huyeron cuando salieron las órdenes de captura. En otra nación los consideran héroes, cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran parte». Valga decir que ni el presidente, ni nadie más, ofreció ninguna prueba de esa supuesta «gran corrupción». Continuó la diatriba con una alusión a la Lista Engel, que reclamó «no vale nada», e ingeniosamente anunció que iba a hacer su propia Lista de Zopilotes de «los enemigos de Guatemala».

Tres días después, se enviaron invitaciones exclusivas para asistir a la ceremonia al día siguiente, 16 de mayo, en el Palacio Nacional de la Cultura, en la que el presidente finalmente iba a revelar su elección para fiscal general. Se requiere vestimenta formal. El evento, boicoteado por la mayor parte del cuerpo diplomático, resultó ser el equivalente a una renovación de votos —una renovación de votos de impunidad en lugar de unos de matrimonio— entre el presidente y la fiscal general Consuelo Porras, cada uno con un pie firmemente plantado en la cola bien machucada del otro, porque ahora cada uno tiene mucho que temer del otro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió rápidamente designando oficialmente como «actor corrupto» a la fiscal general Porras «debido a su participación en corrupción significativa». En una declaración el secretario de Estado Anthony Blinken dijo: «La re-nominación de la fiscal general Porras hoy socava profundamente la confianza en el compromiso de Guatemala para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho». Pero a mí me pareció, al menos, una respuesta débil e hipócrita declarar a Porras un «actor corrupto» pero no al presidente flagrantemente corrupto que, para protegerse, simplemente la volvió a nombrar.

*El presidente, Alejandro Giammattei, niega todas las acusaciones

Ante una posible instalación de la CICIH, hay intensos movimientos en el Congreso Nacional para ajustar los procesos de elección del Fiscal General y de los 15 nuevos magistrados de la CSJ en el 2023. Para analizar esta situación, las experiencias de la CICIG en Guatemala y de la CICIES en El Salvador son útiles, por ser comisiones similares a pesar de ser contextos diferentes.

Texto de Leonardo Aguilar
Fotografías Jorge Cabrera.
Con reportes de María Celeste Maradiaga.

Las discusiones sobre la posible instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) —promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro— ha agitado los cabildeos por controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Pero hay dos hechos que tienen dividida a la sociedad civil y al Gobierno y alimentan el debate. El primero es el decreto de amnistía, que exime de responsabilidad penal a los servidores públicos del gobierno del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009) y, el segundo, las pugnas por el nombramiento del Fiscal General y de los magistrados de la CSJ.

«A inicios de febrero del año en curso debemos mencionar que se aprobó [en el Congreso Nacional] un pacto de impunidad, y como consecuencia se han repartido cartas de libertad a personajes acusados por corrupción, confundiendo intencionalmente los delitos políticos con los delitos contra la administración pública», dijo la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Las palabras de Gabriela Castellanos sonaron durante una comparecencia de prensa por el lanzamiento de la Convergencia Anticorrupción, que se ha formado precisamente para pedir la pronta instalación de la CICIH.

A través del decreto 4-2022, denominado «Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan» se han otorgado cartas de libertad en favor de exfuncionarios del gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro.

«Esto genera un clima de inseguridad jurídica, eximiendo de responsabilidad a funcionarios o exfuncionarios, porque si ellos cometieron delitos y están comprobados, deben de enfrentar la justicia, como todos y todas», explicó, con micrófono en mano, Gabriela Castellanos.

Los exfuncionarios Marcelo Chimirri Castro (familiar de Xiomara Castro) y Enrique Lanza (mano derecha del expresidente José Manuel Zelaya Rosales 2006-2009), fueron los primeros en ser beneficiados con el decreto de amnistía.

Durante el lanzamiento de la Convergencia Anticorrupción, conformada por sectores de sociedad civil y del gobierno, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, abogó por la independencia de poderes y explicó que la CICIH debería accionar «sin restricción de espacios (y) sin restricción de tiempos».

Agregó además que los nombramientos que hará el Congreso Nacional «van a determinar no solamente temas de justicia y contra la corrupción, sino la imagen internacional del país».

La Convergencia Anticorrupción también está integrada por el designado presidencial Salvador Nasralla, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional y la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

El designado presidencial de Honduras tiene dudas sobre la llegada de la CICIH

El jueves 17 de febrero, apenas dos semanas después de haber tomado posesión, la presidenta hondureña Xiomara Castro envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas, presidida por el portugués António Guterres, solicitando la instalación de la CICIH.

El envío de la carta formaba parte del intento por cumplir una promesa de campaña. Meses después, la ONU envió una misión exploratoria encabezada por el vocero Andrés Salazar quien dijo a los medios de comunicación el 13 de mayo, al culminar la visita, que el objetivo de la misión era conocer qué exactamente era lo que se pretendía instalar en Honduras.

Salvador Nasralla indicó a Contracorriente que teme que no se produzca la llegada de la CICIH porque a pesar de que él, que es una especie de vicepresidente de Xiomara Castro, no conoce el contenido de la carta que envió Xiomara Castro a la ONU.

¡Trabajamos día a día por fortalecer la lucha contra la corrupción!🔎 El día de hoy, la presidenta Xiomara Castro, recibió la visita de la misión evaluadora técnica de la @ONU_es para la instalación de la #CICIH. pic.twitter.com/27vRQ5RI8g
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) May 14, 2022

«No tengo un informe del intercambio de cartas, me imagino que los medios tienen las cartas (ironizó), ¿en qué condiciones pidió la CICIH?, ¿ustedes lo saben?, yo no lo sé», sostuvo.

Nasralla subió el tono y explicó que si la petición de Xiomara Castro contempla una «defensa para los delincuentes, si la Constitución de Honduras defiende a un delincuente que fue presidente o cosas por el estilo, entonces la CICIH no va a poder actuar, hay que ver cuáles van a ser las limitaciones que va a tener esa comisión que se pretende instalar en Honduras», afirmó Nasralla.

«La gente que ha gobernado Honduras durante los últimos 40 años e incluso durante épocas militares, se robaron prácticamente el país. Y cuando vino la democracia siguieron robando y robaron más», agregó.

Xiomara Castro llegó al poder gracias a una alianza que hizo con varios sectores, entre estos el más fuerte era Salvador Nasralla quien depuso su aspiración presidencial para no dividir los votos contra Juan Orlando Hernández. A cambio, Nasralla fue incluido en la fórmula presidencial de Xiomara Castro y se pactó en ese momento entregarle la presidencia del Congreso Nacional a Luis Redondo, miembro del partido PINU, otro de los sectores de la alianza.

Ahora Nasralla se ha posicionado en contra de ese decreto de amnistía que aprobó el propio Luis Redondo, quien, en medio de un conflicto legislativo, fue electo presidente del Congreso Nacional con menos de 50 votos, de los 65 legalmente requeridos, pero fue legitimado por la presidenta Xiomara Castro con el argumento de que grupos oscuros y afines a Juan Orlando Hernández pretendían apoderarse del Legislativo.

«Una comisión con dientes»

La crisis de legalidad en el Congreso Nacional terminó favoreciendo ampliamente a la familia presidencial, ya que como Secretario del Congreso resultó nombrado Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, padre del actual secretario de Defensa José Manuel Zelaya Jr. y hermano del expresidente (asesor presidencial) José Manuel Zelaya.

Gabriela Castellanos le dijo a Contracorriente que la CICIH debe ser un actor clave en los procesos judiciales: «Esa facultad pasa por la figura de querellante adhesivo, para que realmente una CICIH pueda actuar de manera independiente, porque los sectores de este país todos están muy comprometidos con temas de corrupción e impunidad».

Castellanos coincide con Nasralla en que todavía no hay certeza de que la CICIH venga a Honduras: «Hay mucho ruido de cuándo va a llegar la misión, pero yo quiero que nos preguntemos si realmente va a llegar esa misión, ¿realmente va a haber un consenso entre el gobierno y Naciones Unidas?, ¿vamos a tener una misión que no solamente venga a asesorar y a capacitar?», preguntó.

Castellanos aspira a que el CNA, de venir la CICIH, tenga el mismo acercamiento que tuvo con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih). «Con la única organización de sociedad civil que firmó convenio la Maccih fue con el CNA, pero más allá de firmar un convenio, queremos decir que de las 14 líneas de la Maccih, 7 eran del CNA».

La diputada Fátima Mena, quien preside la comisión anticorrupción en el Congreso y quien forma parte de la Junta Directiva del Legislativo, afirmó que hay que garantizar que «esa CICIH se instale y que se instale con dientes».

Fátima Mena, que se reunió con los enviados de la misión exploratoria de la ONU, aseguró que en el Congreso Nacional deben hacerse reformas para permitir la instalación de la comisión y dijo que [es necesario] que pactos de impunidad del pasado no vengan a limitar el actuar de la misión».

«El Congreso exteriorizó su postura con respecto a la instalación de la CICIH en el país, en donde nosotros demandamos una CICIH con independencia para investigar y judicializar, con capacidad de hacer propuestas de reformas y que coadyuve para dejar una institucionalidad realmente robusta», continuó diciendo Fátima Mena.

Contracorriente también conversó con el diputado Ramón Enrique Barrios, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, quien se mostró confiado de la llegada de la CICIH.

«Puede ser factible que a finales de este año se dé la instalación de la CICIH», afirmó Barrios.

«¿En qué baso mi afirmación? En que creo que en el Congreso Nacional hemos hecho la tarea de ir desmontando paso a paso normas tanto penales como procedimentales en el campo penal que de alguna manera coartaban la libertad que tenía la UFERCO [antes UFECIC], dijo Barrios.

Ramón Barrios se refiere a la derogación de la Ley de Secretos y de las reformas a la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que aprobaron los diputados del Congreso pasado para quitarle facultades al Ministerio Público.

La Maccih: «una misión sin dientes»

En enero de 2016, la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmó un acuerdo con Juan Orlando Hernández para la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) para el período 2016- 2020 con la posibilidad de ser renovada.

El Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla y los representantes de la Maccih anunciaron en febrero de 2017 el comienzo para seleccionar a fiscales, agentes de investigación, analistas criminales, auditores forenses, especialistas informáticos y personal de apoyo, para conformar la UFECIC, que procesaría los casos que, previamente, tenían que pasar por la aprobación del Fiscal General.

La Maccih nunca trabajó de lleno en el acompañamiento en los procesos judiciales, sino que se apoyó siempre en la UFECIC, esta última dependía del Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, quien eventualmente podría enfrentar un juicio político si la moción, preparada por el diputado Ramón Barrios, logra ser aprobada por los diputados.

Aunque la Maccih ayudó a judicializar casos contra actores impensados en Honduras, nunca llegó a actuar contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien este año fue extraditado a EE. UU. por delitos de narcotráfico.

Tampoco se actuó contra el hermano del expresidente, el exdiputado Antonio «Tony» Hernández, condenado a cadena perpetua en ese mismo país que lo acusó de haber participado en el narcotráfico desde el año 2004.

A pesar de eso, la Maccih dio enormes luces sobre cómo desmontar el sistema de impunidad e intentó limpiar el Congreso de la República, pero los diputados, que se auto protegen, aprobaron una serie de reformas imposibilitando las investigaciones.

Con ayuda de la Maccih, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), a cargo del fiscal Luis Javier Santos, pudo judicializar 13 casos y procesar a 113 personas, la mayoría de ellas funcionarios públicos.

Reformas al procedimiento para nominar a los 45 candidatos a la CSJ

El Congreso Nacional de Honduras pretende hacer ajustes en los procesos de selección de los 15 magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

«Ese proyecto de ley vino del Ejecutivo y lo estamos conociendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y entre las novedades está la libertad que van a tener todos los abogados y abogadas de Honduras de auto postular», explica Ramón Barrios.

Actualmente, según el artículo 309 constitucional, numeral 3, para ser magistrado de la CSJ hay que ser «Abogado Notario debidamente colegiado».

Barrios agrega que el proyecto de ley lo que le pone es un marco normativo a la Junta Nominadora para ponderar las cualidades cuantitativas y cualitativas de esos 45 candidatos a la magistratura de la CSJ.

«No es que estamos eliminando la Junta Nominadora, lo que estamos haciendo es poniendo un marco normativo para que eligen a los mejores», explica Barrios.

Luis Javier Santos, la apuesta del Congreso Nacional para trabajar con la CICIH

El Congreso quiere empoderar al titular de la UFERCO, el fiscal Luis Javier Santos, para que tenga la discrecionalidad de presentar cualquier caso sin necesidad de contar con la autorización del Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla,como hasta ahora lo manda la Ley orgánica del Ministerio Público.

«Existe un proyecto de ley que estableció el diputado Luis Redondo para crearle [a la UFERCO] una especie de autonomía, es decir, que no necesite la autorización directa del fiscal [general Óscar Chinchilla] para ejercer la acción penal pública en los expedientes que estén listos para presentarse. No veo controversia con la Constitución de la República», dijo Barrios.

Ramón Barrios considera que se va a seguir potenciando a la UFERCO para que sea la fiscalía que tenga el ejercicio de la acción penal y que la CICIH sea una especie de asesor y ponga todo el recurso humano y técnico del que carece la UFERCO.

«En principio lo que se está pensando es que sea la misma UFERCO la que pueda hacerlo, sin perjuicio de que pueda ser coadyuvado por la CICIH, pero teniendo siempre la titularidad la fiscalía del Ministerio Público», explicó Barrios.

«Yo creo que la UFERCO tiene a Luis Javier Santos que es una persona que lo que necesita es apoyo técnico, apoyo en recursos humanos, en apoyo y respaldo político que pueda darle la CICIH. Tenemos un fiscal y todo el equipo que tiene todo el antecedente con la Maccih, coadyuvado obviamente con la gente de la CICIH», expresó Ramón Barrios.

Sobre cuál debe ser el mandato principal de una CICIH, Barrios espera que una vez salga el informe de la misión exploratoria, dentro de 30 días, las mesas técnicas de Honduras y de las Naciones Unidas puedan sentarse para elegir los temas más relevantes.

«Por supuesto que la CICIH no podrá abordar todo el espectro de problemática que tiene Honduras, pero sí elegiríamos temas importantísimos».

Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), consideró que no es necesario en estos momentos que se le dé independencia a la UFERCO «porque en un par de meses se escoge a un nuevo Fiscal General».

Luis Daniel León explicó que además existe una estructura constitucional y una ley orgánica del Ministerio Público establecida con un orden jerárquico, con un Fiscal General, un Adjunto y un Coordinador de Fiscales.

Sobre hacer reformas para cambiar el método de selección de magistrados de la CSJ, Luis Daniel León dijo que solamente se deben hacer ajustes para que la lista de 45 candidatos no llegue viciada.

Pero yéndose a un sentido más práctico, Luis Daniel León dijo que hay que hablar con la verdad ya que lo más seguro que ocurra es que los magistrados sean puestos con influencias de los partidos políticos.

«Hay que ser francos con los hondureños, no hay que pretender tapar el sol con un dedo, ahí va a haber una negociación política y se van a tratar de repartir las representaciones en la CSJ», expuso León.

León va más allá y augura que el partido de Gobierno jugará un papel fundamental: «Hay que tener claro que la elección de estos magistrados va a pasar por una negociación en donde LIBRE buscará más magistrados», explicó Daniel León.

Al consultarle a la diputada Fátima Mena si está de acuerdo con que sea Luis Javier Santos el que presente los casos con apoyo de la CICIH, aseguró que Santos dirigió con éxito la UFECIC y ahora lo está haciendo bien con UFERCO.

«Para mí realmente es el candidato idóneo para poder continuar con este trabajo. Hay que reconocer que tras la salida de la Maccih, la UFERCO fue abandonada, pisoteada, pero todo el personal que fue seleccionado mediante los protocolos se ha mantenido en sus puestos», explicó.

Por su parte, Luis Daniel León dice que falta preguntarse si esta CICIH tendrá la intención de seguir con la UFERCO.

«Habría que ver si la CICIH quiere seguir también con los juzgados anticorrupción o buscar otro modelo, con la Unidad de política Limpia que fue una creación de la MACCIH para buscar la transparencia de los fondos de los partidos políticos. Así que no sabemos si será fácil», expresa.

La experiencia de Guatemala

La ONU y el Gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo el 12 de diciembre de 2006 el cual fue ratificado en agosto de 2007 para la creación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) como un «órgano independiente de carácter internacional».

El objetivo era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado para investigar delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.

Luego de haber sido renovada en cinco ocasiones y después de múltiples conflictos políticos y de haber logrado demostrar la participación del expresidente Otto Pérez Molina y de la Vicepresidenta Roxana Balditti —además de numerosos funcionarios de alto nivel— en una poderosa red de corrupción conocida como La Línea, a la CICIG dejó de funcionar en el 2019. Fue el expresidente Jimmy Morales, cuyo hijo estaba siendo investigado por esta comisión internacional, quien encabezó una lucha frontal por evitar la continuación de la CICIG en el país.

Caso la Línea: se abre a juicio proceso penal contra Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y 26 sindicados más - https://t.co/fGSnXxyN6M pic.twitter.com/nMLPaDIJMv
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 28, 2017

La CICIG llegó con la misión de investigar a grupos de seguridad ilegales que existieron a lo interno del Estado durante el conflicto armado, particularmente a aquellas unidades operativas de inteligencia militar o vinculadas a otro tipo de actividades que realizaron operaciones ilegales y que estaban relacionadas con la corrupción y violaciones a derechos humanos durante el posconflicto.

«Lo que llamaban ellos la eliminación del enemigo interno, que significó asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones, opresión psicológica sobre algunos ciudadanos», dijo un experto guatemalteco, que pidió la reserva de su identidad.

Pero antes de la creación de la CICIG, hubo una gran discusión en Guatemala para encontrar un mecanismo que no diera la impresión o no pusiera en duda la soberanía del país, principal argumento de sus detractores al momento de la negociación que dio lugar a su creación

«Entonces vinieron como cuatro o cinco años de discusión si no es que más. Sociedad civil, Naciones Unidas, técnicos, gobiernos de Alfonso Portillo y de Óscar Berger. El problema más importante fue llegar a una redacción de un acuerdo en donde el Congreso estuviera de acuerdo para ratificar este acuerdo», explicó este experto.

La fuente indica que los EE. UU. jugó un papel muy importante en hacer lobby con los diputados y que se aprobara el acuerdo, ya que había un argumento fundamental, sobre todo en grupos conservadores de derecha y de extrema derecha en particular, que invocaban el tema de la soberanía.

La instalación de la CICIG en Guatemala no tuvo tanta oposición porque surgió como un tema de DDHH y no como un tema anticorrupción. En base a esto, el consenso fue muy amplio incluso entre los sectores de derecha, con el reconocimiento de los empresarios de las élites económicas que incluso promovieron la creación de la CICIG. La idea de investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CICIACS) surgió de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 y se centraba en las acciones de dichos grupos contra defensores de derechos humanos en la posguerra. Debido a las confrontaciones políticas del momento, tomó la forma de una comisión contra la corrupción e impunidad suponiendo que eso la desviaba de los crímenes de guerra. En ese contexto no se previó lo que después la CICIG hizo en materia de investigación de las estructuras económicas y políticas ilegales existentes en el país.

Con la llegada de Iván Velásquez, la misión dio un giro para investigar con más fuerza algunos casos de corrupción, entre estos el caso conocido como La Línea.

Se descubrió que durante el gobierno del ex general del Ejército de Guatemala y presidente de la república Otto Pérez Molina (2012-2015) se rearticularon estructuras con actores que habían estado presentes durante el conflicto armado interno, para entonces militares que estaban ya en condición de retiro y que habían pasado a ocupar posiciones en algunos ministerios, entre estos, finanzas. En las redes de corrupción lideradas por Pérez Molina, la Vicepresidenta Roxana Baldetti y varios ministros más, no solo participaron militares en retiro sino también empresarios representantes diferentes sectores productivos, comerciales y financieros del país así como medios de comunicación corporativos.

«Ser querellante adhesivo le permitía a la CICIG tener acceso a toda la documentación del caso. Un querellante adhesivo podía tener información y un contacto directo con la evolución del caso. Aunque la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) era la responsable, pero la CICIG acompañaba», expone el experto consultado.

Los criterios sobre el éxito de la CICIG en Guatemala difieren y son motivo de debate en el país sobre todo respecto del cumplimiento del mandato original: «yo diría que no se cumplió con lo firmado».

«Porque no conozco ningún documento que se haya hecho público con respecto a la identificación de las estructuras y el modo operandi de las estructuras de la CIACS. Hubo muchos estudios de buen nivel por parte de la CICIG, pero no se cumplió el primer compromiso».

«Fue una gran deuda. Pero en relación con el esfuerzo en el tema de la persecución penal hubo un aporte muy importante, porque técnicamente se pudo introducir el concepto de litigio estratégico en los casos que tenían que ver con la corrupción, es decir, el tema aquí no era de voluntades individuales sino de operación estructural. En Guatemala se había logrado introducir en el MP, a través de la cooperación española, en el marco del litigio estratégico, ver los hechos delictivos no sólo como actos individuales sino como parte de estructuras criminales. Este viraje permitió introducirlo a la CICIG y se comenzaron a ver los casos no aislados sino a buscar estructuras».

«El caso más importante fue el financiamiento ilícito de Partidos Políticos […] generó controversias sobre el papel de la CICIG y hasta dónde debería de llegar la CICIG en cuanto a tocar este tipo de actores en la sociedad guatemalteca. ¿Qué sintieron las élites de poder en Guatemala, particularmente las económicas?Que la CICIG estaba trastocando su estructura de privilegios y de poder. Esto generó una tendencia de abandonar de parte del sector empresarial el apoyo a la CICIG. Eso deriva de una alianza de este sector y el expresidente Yimmy Morales y otros actores políticos, generando una estrategia de terminar el convenio con la CICIG. Y entonces se decidió no renovar».

Contracorriente también consultó con un abogado guatemalteco que expresó que el acuerdo que le daba poderes de querellante adhesivo a la CICIG, en realidad no era específicamente necesario porque el Código Penal vigente ya admitía a los querellantes.

«Lo que sí hubo que ir haciendo a medida del funcionamiento de la CICIG, fue enmienda a otras leyes que aún estaba rezagadas, se creó la ley de delincuencia organizada y una nueva ley de armas y municiones y algunas otras leyes que permitieron que se agilizara el proceso penal».

Este jurista guatemalteco afirma que la figura de querellante adhesivo se parece mucho al acusador privado, que se contempla en la normativa hondureña.

#LavadoyPolítica:
Juez autoriza a @CICIGgt ser querellante adhesivo de forma provisional. pic.twitter.com/o1wpQKFCmj Vía @MPguatemala
— Prensa Libre (@prensa_libre) July 21, 2015

«Es muy parecida. El querellante adhesivo es una persona jurídica o natural que ayuda al Ministerio Público en su proceso de investigación, puede aportar pruebas, ayudarle en las audiencias también estando en ellas y pudiendo litigar como en cualquier otra parte, y a la vez implica que cuando se llega a la solución del caso, puede ayudar a los resarcimientos que tengan que pagarse a las personas que hayan sido víctimas».

La CICIG en Guatemala comenzó trabajando con todas las fiscalías, dijo este profesional del derecho, ya que estas llevaban casos relacionados con sus intereses y luego se creó la FECI. Los casos a tratar por la CICIG pasaban por una decisión de ambos.

«A través de ese filtro, se tendrían que ver los casos que estaban dentro de su mandato, así se decidía si iban o no los casos de la FECI. Hasta su cierre la relación de la CICIG era directa con la fiscal general, y tendía a ser buena, había una cercanía entre el comisionado que estuviera o el fiscal o la fiscal que estuviera, esto porque los casos que se llevaban eran sumamente relevantes para el país», explica.

Para este abogado, la CICIG no tuvo un cambio en su enfoque.

«Nunca se dio un cambio. El primer caso tenía que ver con corrupción de policías nacionales civiles que estaban en una comisaría y se dedicaban a extorsionar ciudadanos cuando los detenían. También se llevaron casos, durante la estancia de la CICIG, de narcotráfico, quizá porque parte del MP estaba dedicado a resolver estos casos. No es que la agenda de persecución penal de la CICIG haya cambiado, sino que esto dependía de los casos que estuvieran tramitándose. Quizá al final de su mandato la CICIG tomó todos los casos de corrupción y los puso frente a los tribunales y eso deja la sensación de que digamos que se dedicó solo a eso».

«El legado de la CICIG en Guatemala son las excelentes reformas que se incluyeron en la legislación penal, sentencias de los casos que se llevaron y que por primera vez el Ministerio Público pudo participar en casos tan graves y en algunos casos de corrupción política que nunca se habían investigado en Guatemala».

«El problema de las instituciones en Guatemala, como las centroamericanas en las instituciones públicas, es que tienen mucha debilidad y eso significa que son altamente influenciables por el poder, entonces la garantía de que una comisión internacional como la ONU estuviera involucrada, implicaba que esta debilidad quedaba fuera del alcance de los funcionarios que iban a ser investigados, y esta libertad para investigar es lo que le dio la libertad de sacar casos tan importantes como contra el presidente de la república Otto Pérez Molina».

Experiencia en El Salvador

Contracorriente contactó a Celia Medrano, activista defensora de derechos humanos en El Salvador, para conocer la experiencia en ese país.

«Decir que hubo una comisión internacional en El Salvador es una falacia. Lo que hubo con ese nombre fue una comisión presidencial que tuvo el apoyo unilateral por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no fue consultada con ninguna fuerza política o social salvadoreña y de la cual incluso no estuvo las Naciones Unidas en línea de ser parte de la misma y colaborar con la misma».

Celia Medrano asegura que sí hubo visitas de funcionarios de Naciones Unidas, que estuvieron sondeando en El Salvador la posibilidad de poder colaborar con la CICIES, pero «desde mi punto de vista, en cuanto constataron que no tenía una naturaleza, de una comisión internacional, creo que las misiones de sondeo por parte de Naciones Unidas tomaron la decisión, aconsejaron no formar parte de ese proceso y con la organización de Estados Americanos y por eso se aseguraba que era una comisión internacional, sin embargo, eso estuvo muy lejos de compararse a los esfuerzos que hizo la CICIG en Guatemala».

Celia Medrano afirma que Nayib Bukele, antes de ser presidente ofreció como parte de su campaña electoral que iba a instalar una CICIES. «La llamó así para compararla y dar a entender que tendría las mismas características de la CICIG en Guatemala. Entonces vendió la idea de que al prometer esta CICIES, estaba hablando de un esfuerzo similar, hermano de la CICIG de Guatemala. Pero en cuanto inició su gestión presidencial, lo primero que concretó fue una comisión presidencial contra la corrupción».

Productiva reunión con los Magistrados y Magistrada de la Sala de lo Penal y el Magistrado Presidente de la #CSJ, en el marco del convenio de cooperación entre @CorteSupremaSV y @OEA_CICIES, para dar seguimiento a temas de interés mutuo. pic.twitter.com/tmEGZuGreK
— CICIES (@OEA_CICIES) April 9, 2021

«Es uno de los incumplimientos más sensibles en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, el engaño [de Bukele] de haber ofrecido una CICIES salvadoreña, y haber creado una comisión presidencial que dependía administrativamente, en muchos aspectos también financieramente, y políticamente del órgano Ejecutivo», afirma Celia.

La comisión de la OEA en El Salvador terminó fracasando. El 7 de junio de 2021, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado en donde lamentaba «profundamente» un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador de fecha 4 de junio de 2021, por el cual rompió el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

El Gobierno de El Salvador afirmó que la Secretaría General de la OEA había contratado como asesor al exalcalde del partido Arena Ernesto Muyshondt e indicó que este había sido procesado judicialmente desde 2016 por diversos crímenes y se indicó que la CICIES había sido «creada para luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas».

La experiencia de las comisiones internacionales en Honduras, Guatemala y El Salvador demuestran que en cada país las comisiones se deben ajustar a sus propios contextos preservando objetivos estratégicos: navegar en un entorno político de adversarios y detractores y entramados institucionales débiles y coludidos por poderosas estructuras criminales. Además —y una lección aprendida de las experiencias pasadas— se enfrentan a una sociedad civil a veces cansada e indiferente, a veces proactiva y comprometida y, a veces también, cegada por las pasiones ideológicas.

Texto: Fernando Destephen
Ilustración: Pexels

–Buenas tardes –dijo el desconocido, parado en la puerta, y con el dedo apretado contra el botón del intercomunicador.

–Buenas tardes –le contestaron desde adentro.

–¿Tienen un momento para hablar de la teoría del espacio sincrónico y la relatividad de la tristeza de los techos de las casas? –preguntó el desconocido.

Hasta ese momento habían creído que era un vendedor ambulante, como el que había pasado hacía 30 minutos vendiendo pan de lentejas, o el que vendía esqueletos de pescado conservados en savia, hace 43 minutos, o el triste vendedor de globos con forma de dinosaurios alegres que había pasado hacía tan solo 5 minutos. Estaban desconcertados por el ofrecimiento, una mezcla entre escepticismo y duda; y no sabían si dejarlo entrar para enterarse qué rayos era la teoría del espacio sincrónico y la relatividad de la tristeza de los techos o no dejarlo entrar, ignorarlo como habían ignorado a los otros.

Se quedaron viendo, intercambiando pestañeos, creyendo que en el otro iban a encontrar la respuesta final a una pregunta que no habían hecho. Quizá mantenían la esperanza de que el otro tuviera la iniciativa de hablar primero y aumentar su conocimiento o explicarle a la supervisora un —posible— robo en la tienda.

Las miradas se paseaban de un rostro a otro, era uno de esos momentos en los que el tiempo toma una relatividad poco acostumbrada y pareciera que corre muy lento; tanto que perfectamente se podía ver la acción de un zancudo, de patas muy finas y rayadas en blanco y negro, mientras estira su larga trompa —la que los entomólogos llaman probóscide— para succionar/extraer/chuparle la sangre a un compañero. El momento fue tan extraño que no hubo tiempo de avisarle de la presencia del mosquito. Un par de días después el compañero caería enfermo, contagiado de una enfermedad tropical gracias al descuido del colega que durante un intervalo realmente lento en el espacio/tiempo/lugar no le notificó del animalito que le picaba en el antebrazo derecho.

En el interior del local los tres empleados buscaban —y de manera casi convulsiva— darle respuesta a la pregunta del extraño vendedor de relatividades y tristezas, que aún mantenía su dedo apretado contra el intercomunicador de color gris, con salidas y entradas para el audio, respetando lo que los teóricos de la comunicación consideran una interacción social aceptada, fluida y bidireccional, también como lo mandan las metodologías de la comunicación modernas y los gigantescos libros de textos que lo explican de la manera más complicada para que muy pocos lo entiendan y ellos, los teóricos, no se queden sin trabajo.

Mientras tanto, afuera el sol ascendía más y más, calentando de forma irracional las calles de esta ciudad —de buen nombre, pero mal construida, de pequeños gustos y grandes paisajes— y la cabeza del hombre que aún no soltaba el dedo índice del intercomunicador pensando que si lo soltaba no oiría la respuesta del interior. Ignoraba (claro, porque él ofrecía la teoría del espacio sincrónico y la relatividad de la tristeza de los techos de las casas, y no adivina el futuro, ni podía predecir el presente o saber el comportamiento colectivo o individual de nadie, mucho menos estando él afuera y ellos adentro) que los del interior aún se miraban entre ellos y uno, incluso, renunció a su derecho social adquirido tras años de protestas de sindicalistas y defensores del derecho inalienable de la queja y el malestar,de opinar por el que habían, han y morirán cientos de miles de personas desde que el mundo tiene axiología cultural de lucha de clases y/o de asociación y disociación, y de libertad financiera piramidal, las cuales han luchado para promulgar miles de leyes que le dan el derecho a cualquier persona a opinar sobre lo que le venga en gana, defender u odiar,vaya usted a saber por qué sí y por qué no, a quién quieran o lo que quieran.

Uno de ellos tal vez por desconocimiento de la lucha de clases, sociología, indiferencia política o simplemente porque no le importa saber todo eso, bajó la cabeza a esa bella contemplación del suelo y a los microcosmos que se encuentran allí; motas de hilos y sucio, polvo acumulado de restos de piel muerta de todos los que han entrado y salido de esa tienda —extrañamente muy visitada—, el movimiento de las hormigas, por tal vez una gota derramada de algún líquido dulceo los restos del accidente con la jalea de mango hace 25 minutos cuando llegó el vendedor de jaleas, cinco minutos antes de que les ofrecieran pan de lentejas, o tal vez solo observaba lasas huellas de los zapatos que han entrado y salido del lugar.

Porque una huella, cuenta algo, dice y ha dicho algo; si se pudieran reunir todas la huellas hechas por la humanidad y unirlas desde el comienzo de los tiempos, se podría contar la historia del mundo probablemente con más exactitud de la que hemos conocido por la información de geólogos, arqueólogos y científicos dedicados a reunir datos y hacer un eslabón en su carrera y para sus colegas.

Pues bien, después de tanta digresión, mientras este joven se perdía en lo que podría ser la solución a miles de años de inexactitudes en la cronología académica de la humanidad, los dos restantes seguían mirándose entre ellos, hasta que por deducción lógica y más por curiosidad que por evolución mental hizo lo que se puede hacer cuando no se entiende algo y le pidió al vendedor que les repitiera lo que estaba ofreciendo, a lo que el buen señor —bueno es un termino usado con la arbitrariedad del caso, porque en realidad no sabemos más del vendedor— con un agujero por la alopecia en el centro de la cabeza y con gruesas gotas de sudor bajándole por ambas sienes dijo:

–Claro que sí joven. Les pregunte si tienen un momento para que les hable de la teoría del espacio sincrónico y la relatividad de la tristeza de los techos de las casas.

Lo dijo con una sonrisa a manera de semicírculo y un tic nervioso en la comisura del labio superior que parecía tener voluntad propia, pues se movía sin orden del sistema nervioso central, esperaba la respuesta del interior, donde todos se miraban con suspenso, sin saber qué hacer ante esta anomalía en la normalidad de sus vidas personales y laborales, y repitió «¿QUÉ?» con suficiente volumen en letras y signos de acentuación y exclamación que causó una contractura de quijada y un reacomodamiento de las mejillas al hacer una mueca de ese tamaño y elasticidad.

El señor afuera más sudado y con la paciencia de una oruga en almíbar, hizo un gesto con sus ojos, una sinestesia con una amplitud de onda que se le esparció por el resto del cuerpo; lo que le provoco un escalofrío agudo, largo, lento y el subsiguiente reflejo pilomotor que le erizó la piel.

Ante tal petición no le quedó de otra que complacer la solicitud y con una voz suave, paternal, hasta dulce, repitió despacio, con especial cuidado en las palabras que pudieran ser difíciles de comprender para las personas en el interior del negocio:

LES PREGUNTÉ ¿SI TIENEN UN MOMENTO PARA HABLAR DE LA TEORÍA DEL ESPACIO SINCRÓNICO Y LA RELATIVIDAD DE LA TRISTEZA DE LOS TECHOS DE LAS CASAS?

Para ese momento –el tercero en escuchar lo mismo– estaban tan confundidos que no podían pensar en nada más que: ¿Por qué no vende confites, libros o huevos de tortuga para contestarle que no y poder continuar haciendo lo que hacíamos sin pensar en este tipo de cuestiones de ciencias, relatividades y tristezas?

–¿Y qué es eso? –preguntó el que involuntariamente había escogido el papel de líder del pequeño grupo.

–Si abre la puerta y me dejan entrar, le explicaré –contestó el vendedor, mientras se movía para evitar más quemaduras por el sol.

Intrigados por el extraño suceso, volvieron a las miradas incomodas, a levantar los hombros, a exponer el labio inferior de la boca en señal inconfundible de: déjalo pasar, al final no va a ocurrir nada.

Y con ese rito socialmente aprobado por la antropología como la aceptación de un hecho sin importar las consecuencias, dejaron entrar al hombre, al que el sudor ya le cubría la cara y había bañado buena parte de su escaso cabello y empapado la camisa manga larga con tenues y delgadas rayas verticales.

–Buenos días –dijo.

–Buenos días –contestaron. A lo que agregaron la pregunta que abrió la plática sobre el producto filosófico/metafísico/científico que había ofrecido mientras esperaba bajo el golpe seco de un sol cada vez más obeso, cercano y agitado, y mientras un zancudo daba vueltas aparentemente sin sentido, segundos después de haber picado a uno de ellos–: ¿Qué es eso de la relatividad de los techos y la sincronía?

–Es algo muy simple, pero a la vez muy complejo, comienza con la simultaneidad de dos acontecimientos cuando estos no son causales, o cuando dos eventos se desarrollan con sincronía independientemente del momento espacial o el tiempo. Por ejemplo: cuando yo estaba afuera pidiéndoles la entrada para explicarles esto, en ese momento, podríamos asumir que un mosquito picó a uno de ustedes mientras decidían qué hacer conmigo y mi petición… (en ese momento, el tiempo volvió a la elasticidad de hace un rato, y el que había hablado recordó al zancudo que había visto en el antebrazo de su compañero y como esto tenía una relación con lo que el hombre estaba explicando, pero lejos de entender lo que le exponían, estaba asustado, asintiendo y sonriendo de manera nerviosa)…lo que pudo o no suceder en ese intervalo es parte de la teoría de la sincronicidad del o los espacios, fenomenológicamente hablando –terminó de decir el vendedor.

Nadie dijo nada. A lo que él contestó retomando su explicación:

–Otro ejemplo: imaginen que en este momento, a miles de años luz, hay un cometa viajando a 153 mil kilómetros por segundo, en curso directo de colisión con el planeta; nadie sabe eso, ni los satélites, ni la NASA, ni la Estación Espacial Internacional, y mientras ese cometa se acerca, una supernova explota y destruye el cometa del que nadie sabía y que no causó pánico, eventos que suceden sin que seamos conscientes de que ocurren, pero ocurren mientras nosotros hablamos. En este momento alguien está teniendo sexo en algún hotel en una parte de Alaska o Europa, en otra parte del mundo una alarma suena y despierta a un burócrata, otra persona bebe un café y sonríe recordando un beso o una caricia de la persona que lo hace feliz, lo excita o le gusta, un viejo camina de regreso a su departamento de la calle 35/4 en la avenida Libertadores del fútbol 2071 para seguir buscando la fórmula alquímica que lo convierta en un árbol de guayaba. Son cosas que a diario ignoramos porque pensamos que la vida es una autopista directa a un infinito lineal, sin más razón que seguirla según el arquetipo estructural de dominación emocional.Eso jóvenes es en parte la sincronicidad de varios espacios, pero haciéndola más general y reduciéndolo a un solo espacio, se puede entender como una cadena de acciones acausales y simultáneas, coincidencias temporales –decía, mientras se paseaba por la sala adornada con los productos que ahí vendían: retrateras digitales con fotos en un loop durante lo que aguantará la memoria, camisas personalizadas, tazas con corazones rotos, enteros o mitades; trajes de boda, todo lo que pudiera causar una ataque diabético a los que consideran la vida más que la emoción de pasar de una relación a otra clonando obsequios y prometiendo la luna o las estrellas que aún no están colonizadas con el nombre de alguna persona.

Con la figura encorvada y una joroba en el omoplato izquierdo, con manos inquietas y huesudas que sonaban cada vez que las unía y las estiraba hacia afuera, piernas largas, y una voz tranquilizadora, en la vuelta número 22 que se daba por la sala de ventas, observó que en su antebrazo izquierdo se paró un mosquito, lento y gordo. Con un rápido movimiento de manos lo aplastó. Lo que dejo en su mano una mancha de color gris que limpió con su mano derecha para seguir con su disertación de la sincronicidad del espacio y las acciones simultáneas no derivadas de una causalidad.

–La atemporalidad –decía–: es un campo de estudio enorme pero poco analizado, es como agachar la cabeza y descubrir en el suelo un genoma, o intentar contar las historias que tienen las huellas del suelo –. Esto tal vez lo dijo porque uno de los presentes, al no poder contener la risa, optó por volver a ver el suelo pero sin pensar en nada, solo tapándose la boca y conteniendo su hipertensión nerviosa causada por un ataque de risa que no podía calmar.

–. Creo que tendrán preguntas sobre el tema que les expuse –dijo el vendedor.

Interrogante que causó otro incomodo momento de intercambio de miradas y pestañeos en el que el silencio enfrentó a los que se habían convertido en estudiantes cautivos y los llevó a una incertidumbre colectiva en espera –como antes– de que alguno hablara, pero esta vez todos negaron con un movimiento suave de izquierda a derecha haciendo uso de la herencia del que entiende lo que le han expuesto pero no puede explicarlo.

–¿Seguros de que entendieron y no tienen preguntas? –repitió.

Un ehhhhhhhh bastante alargado rompió el silencio y alguien dijo:

–Es que si entendemos lo que explicó, es cuando suceden dos cosas al mismo tiempo, ignorando que están pasando, ¿algo así?

–Sí y no –dijo el viejo, que en ningún momento había dicho que vendía enciclopedias sobre temas que en ciertos círculos intelectuales y políticos podrían llamar bastante la atención–, pero ya volveremos a eso, ahora les explicare sobre la relatividad de la tristeza de los techos de las casas, es un tema no tan teórico como el primero, es más práctico y con interesantes figuras retóricas y metáforas que podrían entrar en la clasificación de poesía visual, arte no plástico abstracto e inmaterializable por ser de relatividad general aplicada a la estética emocional que puede caracterizar la tristeza del techo de una casa. ¿Alguna vez han podido observar una colonia de esas que están colgadas en los cerros? Lo que más llama la atención es la repetición de la repetición del mismo color verde (73e1c8) en sus techos; y cuando el sol golpea, y cae en las tardes con una fuerza digamos suave, se puede ver como esa materia pasa a un proceso antropomorfo en la parte emocional: los techos se ven tristes y esa tristeza se puede sentir porque esa imagen transmite la sensación.Permítanme les muestro otro ejemplo para que puedan entender mejor.

Y abrió uno de los libros en el tema: relatividad de la tristeza de los techos de las casas, apartado fenómenos psicológicos, página 274, imagen 133 y 134 B, foto: pared agrietada y barrio San Juan quemado en la hoguera, pie de página: pareciera que la pared sonríe, panorámica del barrio a las 4:45 de la tarde.

–Esto una pareidolia –dijo y les acercó el libro para que pudieran verlo mejor. De más está decir que nuevamente los hombros de las tres personas volvieron a encogerse–. Pareidolia –explicó– es cuando se reconoce una forma en algo que es irreconocible, como esos dos agujeros en la pared y la grieta que está abajo, parecen dos ojos y una boca, claro es un error de construcción y se ha ido deteriorando con el tiempo hasta parecer un rostro sonriente, en eso consiste ese fenómeno, pero volvamos al segundo tema en cuestión y discusión; la foto (la 134.B) en la que se ve una aglomeración de casas con techos de lámina de zinc que reflejan la luz del sol a cualquier hora a partir de las 3 de la tarde, momento en que los recuerdos se hacen más elásticos y conducen a esa melancolía del que sale de su trabajo y siente esa breve liberación, pasa por alguna avenida o peatonal convertida en un mercado itinerante, compra aguacates y pan baguette para la cena y pan dulce para el desayuno, tal vez sorprenda a su esposa o esposo comprándole un chocolate —que los vendedores juran es amargo y suizo— y a los hijos —si fuese el caso y tuvieran más de uno— con una fruta dulce para que lleven de comida a la escuela, o en el caso de que esta persona no tuviera el suficiente dinero para comprar ninguno de los tipos de panes, ni el aguacate y menos el chocolate suizo —hecho en la República de Tayikistán—, se conformara con sonreír con esa melancolía que produce la impotencia y la bancarrota de los resignados a únicamente aspirar a querer algo.Esa luz se reflejaba en los techos de esas casas y como por un acto únicamente explicable como una acción del misterio y revelación de la fe —si son creyentes— o una reacción normal a un estímulo visual —si son ateos o no creyentes— que podría hacer llorar a cualquiera por una tristeza inusitada.

Los tres empleados suspiraron al mismo tiempo . Uno de ellos —no diremos cual—, lloró. El vendedor de enciclopedias que explicaba cuestiones de ciencia relativa, sincronicidad de los espacios y techos que están tristes, les dijo:

–Eso, señores, es la relatividad de la tristeza en los techos de las casas.Ya lo dijo el teórico de la tristeza y la relatividad de los techos: Loncho Reinas; «únicamente cuando el ser se contempla desde la tristeza es capaz de llorar de la forma más simple y sonreír de la manera más sincera».

Los tres empleados de la tienda estaban en un silencio de sollozos y suspiros, parecía que habían olvidado que la tristeza es constante, que a veces es bueno sentirla. Solo a veces.

El vendedor en cuestión sacaba sus recibos, seguro de que vendería al menos el primer volumen de la colección: La Introducción a la Teoría del espacio sincrónico.

–Y esto, ¿para qué sirve? –preguntó con voz acongojada uno de los empleados.

–Pues, no sé –dijo muy sincero el vendedor–; yo solo los vendo, el uso que se le dé queda a criterio del que compra.

Del 12 al 15 de mayo, en la segunda semana de la Primer Muestra de Directoras en Centroamérica en la Casa del Teatro Memorias, Guatemala brindó una propuesta teatral llena de humor negro y un despliegue técnico notable con la obra Idiotas contemplando la nieve.

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

La obra Idiotas contemplando la nieve, presentada por primera vez en Honduras por la Compañía Artística Midasen la sala de la Casa del Teatro Memorias,expuso una historia estructurada de forma poco convencional y despertó el ingenio del público para unir los retazos de su trama.

Esta adaptación dirigida por Emy Coyoy se desarrolla de forma no lineal, es decir que los eventos que la integran se presentan de forma no cronológica, como es usual. Sus personajes toman decisiones que repercuten en los demás y en este caso un evento une todas sus desventuras: la caída de la nieve, que los deja ensimismados al mirar el cielo.

El desenvolvimiento de la trama se produjo de forma muy dinámica. A través de un marco de madera dividido en seis recuadros, Henry Paz, encargado de la video-escena, Raúl Rivera, Alejandro Punti, Salomé Simón, Kerin Corado y Harold Izaguirre, como elenco de la obra, enriquecieron la imaginación hondureña, además de dar vida a situaciones y personajes controvertidos que abarrotaron la sala de risas.

Antes de iniciar su función del viernes a las 7:30 p. m., Coyoy brindó una entrevista para Contracorriente en la que definió Idiotas contemplando la nieve como «una serie de situaciones que muestran los vicios de diferentes personajes y que todos están conectados por un suceso, vemos cómo las decisiones que cada uno tomó repercuten en la vida de los otros, principalmente de forma negativa».

Idiotas contemplando la nieve trae la risa, sí, aunque quizá sea incómoda de vocalizar. En ese sentido Emy Coyoy quedó sorprendida de la cultura teatral del público en la Casa del Teatro Memorias, además de la capacidad de reírse de forma abierta ante una comedia controvertida y sobre temas polémicos en la sociedad. «El público de aquí es muy desinhibido. En Guatemala hay ciertas bromas o chistes que la gente sí se ríe, pero se aguanta, porque es incómodo», agregó Coyoy al referirse a la audiencia que presenció la obra en el Teatro Memorias.

Coyoy también admitió que al conocer la actividad por parte de Inma López, actriz, productora, directora y fundadora de la Casa del Teatro Memorias, tuvo un poco de duda sobre si habían suficientes directoras en Centroamérica para formar la muestra teatral. «Lo primero que pensé es “le va a tocar duro, ¿cómo va a crear un encuentro de un mes con directoras en Centroamérica?”» confesó Coyoy, pero dice que al final se encontró un punto de convergencia, pues las directoras centroamericanas invitadas justo abrieron un espacio teatral en sus respectivos países. Emy Coyoy, Henry de Paz y Aníbal Tuc, integrantes de la Compañía Artística, abrieron la sala Prometeoen Guatemala hace aproximadamente un mes.

Por otra parte, la directora guatemalteca visualizó el Primer Encuentro de Directoras en Centroaméricacomo una oportunidad para ver las realidades de las distintas sociedades centroamericanas, pero principalmente lo interpretó como una herramienta para medir el nivel teatral de la región. «Estas muestras son para diagnosticar el pulso artístico de la región», aseguró Coyoy, que además estuvo hace un año en Honduras para realizar una investigación sobre la técnica teatral «fragmentación»que se practica en la Casa del Teatro Memoriasde la que aseguró es de «lo mejor de la región».

Salomé Simón, parte del elenco de Idiotas contemplando la nieve y con una trayectoria de 18 años en el teatro, contempló la Primer Muestra de Directoras en Centroaméricacomo la evidencia de la labor femenina en este arte escénico. «La escena centroamericana o latinoamericana teatral está dominada por hombres y es raro que una mujer tenga la dirección y que lo hagan en trabajos tan excelentes como los que se muestran hoy día», por su experiencia en el escenario aseguró que en Guatemala por cada diez directores hombres hay tres mujeres directoras de teatro.

Idiotas contemplando la nieve funciona, salvando exageraciones de sus personajes, como un espejo a los actos más deplorables del ser humano. Las risas que produce alivian la incomodidad que generan sus personajes. Entrar a su terreno es despojarse de la seriedad, y, aunque su tono sea adulto y explícito, también deja espacio para comedia más ligera y accesible para todos. Finalmente, el despliegue de su video-escena deja una sensación innovadora para contar su historia.

La segunda semana de la Primer Muestra de Directoras en Centroamérica culminó con la participación de la Compañía Artística Midas,y del 19 al 22 de mayo la Casa del Teatro Memoriastendrá en su escenario a Teatro El Gato con una adaptación de El Quijote de la Mancha, dirigida y escrita por Mónica Ocampo. El escenario del «Memorias» sigue hospedando las propuestas teatrales de Centroamérica.

El jueves 12 de mayo la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) nombró a su nuevo director ejecutivo, el doctor Gaspar Rodríguez. Esto tras la destitución de la doctora Adriana Zúniga, quien había prometido un cambio estructural en una institución que ha sido saqueada por uno de los actos de corrupción más grandes de la última década. Previo a su destitución, Zúniga denunció amenazas por parte de empresas de seguridad privada que buscaban ganar procesos de licitación.

Texto: Fernando Silva
Fotos: Fernando Destephen
Reportes: Celeste Maradiaga

Después de estar al frente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) apenas tres meses, la doctora Adriana Zúniga fue destituida. Es la primera mujer destituida en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.e Antes de su despido, Zúniga había denunciado amenazas y presiones externas.

La doctora Zúniga apuntó que su oposición a la ampliación de presupuestos de alimentación para la Junta Directiva del IHSS fue parte de un conflicto que concluyó en su destitución, mientras que la Junta asegura que siguió las órdenes de la presidenta Castro y votó de forma unánime para removerla.

Dicha Junta –integrada por representantes del Colegio Médico de Honduras, centrales obreras, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y representantes de la empresa privada– señaló a la exdirectora del IHSS por supuesto incumplimiento de procesos administrativos para la adjudicación de contratos, publicación de licitaciones y firma de acuerdos; sin embargo, hasta el momento no han presentado pruebas de las supuestas faltas.

Tras la destitución el pasado 12 de mayo, la dirección del IHSS fue asumida por el doctor Gaspar Rodríguez, quien enfrenta el reto de transparentar la gestión de una institución en la que muchos sectores tienen intereses y que hace unos años sufrió el desfalco más mediático en la historia del país.

«Desde que asumí este cargo he sido objeto de acoso permanente, fui amenazada por el dueño de una empresa de seguridad por negarme a intervenir en un proceso de licitación», dijo la doctora Zúniga en una conferencia de prensa que ella misma convocó vía redes sociales tras su destitución el pasado 5 de mayo. Un grupo de personas la acompañaron condenando su remoción del cargo, sin embargo nada de esto pudo revertir el voto unánime de su destitución que incluyó el del ministro Manuel Matheu, de la Secretaría de Salud, y el de la ministra Sarahí Ramos, de la Secretaría del Trabajo.

Zúniga dijo en la conferencia que ella asumió el cargo en el IHSS en un contexto «altamente clasista», apuntando que la Junta Directiva no quería a una mujer obrera y feminista al mando de una institución que maneja miles de millones de lempiras.

Las modificaciones al Presupuesto General de la República realizadas en abril de este año por el Congreso Nacional definieron justamente un aumento en el presupuesto del IHSS pasando de 14,774 millones de lempiras a más de 20,719 millones de lempiras.

Zúniga también apuntó que a pesar de que recibió amenazas de empresas y las denunció ante los operadores de justicia correspondientes «en ningún momento la Junta Directiva se pronunció al respecto o se refirió públicamente para solicitar apoyo o para brindarme protección», al tiempo que señaló que su integridad física y familiar corrían riesgo por hacer su trabajo con «honestidad y transparencia».

La galena explicó que la Junta Directiva incluso realizó una sesión en la que decidieron solicitar a la presidenta su destitución, y también tomar decisiones sobre el proceso de licitación por el que fue amenazada.

Sersel y ESPA: las empresas irregulares en una licitación del IHSS

«Mi vida corre peligro, no voy a profundizar en eso porque ante todo está mi vida y la de mi familia, pero invito a los órganos de veeduría e investigación para que pongan el ojo en este tema y, sobre todo, llamo a organismos de derechos humanos para que me brinden protección, y también hago un enérgico llamado al CNA, Ministerio Público, Secretaría de transparencia y a la próxima CICIH que se va a implementar en el país para que presionen y vigilen esas sesiones de Junta directiva y que no sean a escondidas como pretenden», denunció Zúniga.

En la página de transparencia del IHSS se puede ver la única adjudicación de contratos de seguridad que se realizó en el periodo en el que Adriana Zúniga encabezó la institución; en dicho proceso participaron cinco empresas y al menos dos cuentan con antecedentes conflictivos.

La licitación pública nacional 022-2021 para la contratación del «servicio de seguridad privada para las regiones centro, sur, oriente, región noroccidental y litoral atlántico del Instituto Hondureño de Seguridad Social» inició el proceso de recepción de ofertas en diciembre de 2021; en el mismo participaron las empresas Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) S. de. R.L. y la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA) S. De. R.L.

Sersel ha sido señalada por sus vínculos con el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. El medio digital Expediente Público reportó en mayo de 2019 que esta empresa desde 2006 había sido beneficiada con 38 contratos valorados en un total de 311 millones de lempiras; además, el medio apunta que las relaciones entre Sersel y Hernández se remontan a 1991, cuando el exmandatario, junto a José Adrián Pinto y Juan Pablo Hernández constituyeron la empresa de seguridad ante el registro de propiedad de Gracias, Lempira.

Expediente Público también explicó que «entre 2017-2019, Sersel ha estado manejando un millonario contrato por 196 millones de lempiras (8 millones de dólares) por brindar los servicios de 149 guardias de seguridad al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)»; además, apuntan que ese proceso se eligió a través de una licitación privada amparados en que la contratación de los servicios era una emergencia.

Por otro lado, ESPA es la empresa que brinda servicios de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que ha sido señalada por violaciones a derechos humanos, negligencias y uso indebido de la fuerza, especialmente durante protestas estudiantiles y la crisis universitaria sucedida en 2019.

Ambas empresas fueron eliminadas del proceso de adjudicación, por lo que el contrato finalmente recayó en la empresa Security Guard Services S.A, que a diferencia del resto de competidores, sí cumplió con todos los requisitos necesarios según la resolución 001-2022/DE/IHSS.

Contracorriente buscó a los representantes de Sersel y Espa para conocer su versión sobre el proceso y las denuncias de la exdirectora, sin embargo, después de aceptar la entrevista no volvieron a responder las comunicaciones de este medio;en el caso de Espa, los representantes no pudieron ser localizados de ninguna forma a través de los números telefónicos proporcionados en su página web y redes sociales.

Sobre las denuncias de la doctora Zúniga, Hector Escoto, presidente del Sindicato de Trabajadores del IHSS, aseguró que la exdirectora nunca les comunicó sobre las amenazas que estaba recibiendo por lo que no tienen información oficial del origen de los amedrentamientos.

Además, Escoto apuntó que el sindicato desconoce la existencia de alguna estructura que realice negocios oscuros en el IHSS.

«Invitamos y exigimos que haya una investigación para saber si hay mafias, la exdirectora Zúniga debería decir dónde están y si existen, para que se eliminen. El Seguro Social es una entidad noble que no se merece esa situación, y claro que hay muchos intereses de compra de medicamentos, de alimentación, de seguridad, y el Seguro se debe cuidar que se hagan las cosas correctas y que no haya más escándalos», explicó Escoto vía teléfono.

Conflicto por dietas y desacato contra la Junta directiva

La resolución V/SOJD-IHSS-2022 de la Junta Directiva del seguro social apunta que la destitución de Adriana Zúniga fue por «no reunir las competencias necesarias para administrar y dirigir el IHSS». Sobre esto, el doctor Samuel Santos, miembro de la Junta Directiva en su condición de presidente del Colegio Médico de Honduras, explica que debido a los problemas de administraciones anteriores todos los contratos tenían que ir sustentados legalmente con el dictamen técnico y financiero, pero la exdirectora no respondió a esas solicitudes y por tanto se le hizo un llamado de atención por escrito.

Santos cuenta que la doctora Zúniga empezó a «responder de manera mediática e hizo acusaciones sobre la aprobación de unas supuestas dietas, que no podía probar», y explica que tras esos conflictos la Junta Directiva acudió de nuevo a la presidenta, que fue quien decidió la destitución. «La presidenta tiene que ponerle orden a su Gobierno», apuntó Santos.

Sobre las acusaciones de Adriana Zúniga por la intención de aprobar presupuesto extra para la Junta Directiva, Carlos Escoto dice que hasta el sindicato llegó la información de que alguien sí propuso el aumento de presupuesto, pero que este finalmente no se aprobó, y explicó que aunque siente que la actual Junta Directiva quiere hacer las cosas de forma transparente, él no puede meter las manos al fuego por su accionar. Escoto repite las razones que explicó la Junta Directiva para la destitución de la doctora, pero asegura que para ellos la exdirectora hizo todo de forma correcta y ágil.

El IHSS fue protagonista del caso más expuesto mediáticamente sobre corrupción en el país por un desfalco de 300 millones de dólares; gran parte de esos fondos llegaron a las cuentas del Partido Nacional para la campaña política que resultó en la elección del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013. La doctora Zúniga aseguraba que su intención era desmontar la estructura que propició dichos actos de corrupción.

«Cuando mi gestión cumplió dos meses, presentamos los hallazgos que encontramos y la situación era altamente preocupante. La deshumanización, el desabastecimiento, la tercerización y enfatizamos que predomina la privatización de servicios de diferente tipo y además que dentro de la institución hay muchas prácticas irregulares que ya están siendo investigadas por los entes responsables», apuntó Zúniga en su última conferencia de prensa.

Durante el periodo en el que Zúniga estuvo al frente del IHSS se declaró inconstitucional la Ley marco de protección social, regulación que vulneraba los aportes de los patronos y empleados otorgando a la banca privada su manejo. Dicha derogación fue celebrada por la ahora exdirectora, trayéndole consecuencias ante la Junta. Zúniga explica que le dijeron que antes de referirse públicamente al tema debía pedir permiso a la Junta, y cuenta que desde ahí el ambiente se volvió más hostil.

«Comenzaron a poner quejas, me hicieron un llamado de atención por escrito con copia a mi expediente administrativo y se comenzaron a enviar dos oficios de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exigiendo informes de empresas prestadoras de servicios tercerizados; pero lo que ocurrió es que se molestaron porque dejamos claro que la Seguridad Social está privatizada y que además hay muchos grupos interesados por continuar haciendo negocio con la institución, y eso es indiscutible e innegociable», apuntó Zúniga.

Ni la Junta Directiva, ni la exdirectora del IHSS presentaron pruebas documentales de las acusaciones referidas. Por otro lado, Contracorriente intentó comunicarse con la doctora Adriana Zúniga, quien nos contestó que no podía dar declaraciones por razones de seguridad.

Tras el nombramiento del doctor Gaspar Rodríguez, profesional de confianza del partido de gobierno, Hector Escoto, del sindicato del IHSS, asegura que esperan una «buena administración de su parte».

Los pasos de Víctor Meza dejaron muchas huellas. Representante crítico y observador de una generación que vivió el autoritarismo de la segunda mitad del siglo XX, los tiempos de Oswaldo López Arellano, los tiempos de los militares administrando al Estado en nombre de la estabilidad, pero con la mentalidad de la contrainsurgencia y la doctrina de la seguridad nacional. Tiempos difíciles para alguien que observó, pensó críticamente y actuó a través de documentar con disciplina y rigurosidad.

Víctor representa la generación de quienes pensaron la democracia desde los retos que supone encontrar las rutas para alcanzarla en países en donde había que construirla desde sus cimientos. También vivió y reflexionó sobre cómo esa democracia–débilmente lograda, pero democracia al fin– fue defenestrada por la corrupción, el autoritarismo y la indiferencia.

Escribió, y mucho. Una tarea que se vuelve escasa. Su obra trasciende un tiempo en que cada vez se escribe y se lee menos, un tiempo en el que, otra vez, pensar críticamente, fiscalizar las acciones de los gobiernos y demostrar sus contradicciones arrincona contra las cuerdas a las mentes libres. Un tiempo en el que las decisiones se basan en frases de 160 caracteres.

Fundó junto con otras mentes lúcidas y comprometidas de su tiempo el centro de documentación más importante de Honduras, el CEDOH, que desde 1980 se dedicó a la publicación de libros, estudios y boletines. Todos ellos contados en decenas y cientos. Hizo la memoria política y social del país pensada desde las ciencias sociales y, sobre todo, desde la democracia.

Sus libros y su experiencia como funcionario y analista son referencia obligada para entender el país. En una etapa convulsa, años después del golpe de Estado, impulsó un proceso de reforma para la seguridad pública en el Gobierno de Porfirio Lobo en donde propuso, entre otras cosas, desmilitarizar la Policía; propuestas que no fueron atendidas por Juan Orlando Hernández, quien posteriormente inició un proceso para militarizar la Policía Nacional. Víctor entendió y analizó la historia del movimiento obrero hondureño, la política y la sociedad, las elecciones y los partidos políticos, la posición de Honduras en la geopolítica y en el área de intereses e influencia de Estados Unidos en la región, la democracia y su relación con los medios de comunicación, la reforma al sector seguridad, el diario devenir de la política durante el régimen del Partido Nacional de Juan Orlando, entre tantos otros temas más. Fue un pensador del país, de su gente, de sus procesos y sus necesidades. No hay un tema relevante para la democracia y el desarrollo de Honduras que no esté catalogado en CEDOH. Ahí está el pensamiento del país, desde el país y para el país. Referente también para quienes piensan Centroamérica, porque su comprensión de Honduras, si bien específica, no fue autorreferencial, ese vicio de horizontes miopes.

En Contracorriente lamentamos su partida, pero recordaremos su calidad humana, pensamiento crítico y su apertura a ser una fuente rigurosa para los esfuerzos del periodismo de investigación.

El portal web de CEDOH dice «El CEDOH nació en diciembre de 1980, como una respuesta a la creciente demanda de información que había entonces en torno a la difícil situación centroamericana y, específicamente, la de Honduras». Hoy más que nunca esas palabras fundacionales tienen vigencia porque Víctor fue consciente de que una sociedad informada es una sociedad libre; y la pluralidad y libertad de esa información hace que las sociedades sean, además, democráticas.

Transmitimos nuestras más sinceras condolencias a Leticia Salomón, referente también de esa generación que sigue pensando críticamente la forma de construir una sociedad más democrática. A su equipo de investigación y a todas las personas que tuvimos la suerte de conversar y aprender de Víctor.

Nuestra mejor muestra de respeto, agradecimiento y honra por la vida de este pensador es que, como sociedad, cumplamos el deseo que personas como él tienen: que el esfuerzo de una vida continúe replicado en muchas más que valoran la importancia de la memoria, la reflexión y la libertad del pensamiento.

Por: Consejo Editorial de Contracorriente

Los dirigentes obreros han celebrado la derogación de la Ley de Empleo por Hora el pasado 28 de abril en el Congreso Nacional; que había sido una de las promesas de campaña del actual Gobierno. Los empresarios, por su lado, creen que esta abolición generará más desempleo. Mientras el decreto todavía no entra en vigencia, siguen las negociaciones y desencuentros.

Texto: Allan Bu
Foto: Antonio Gutiérrez/ Fernando Destephen

Desde hace ocho meses Marisol se levanta a las 4:30 a. m. para ir a trabajar. Lo hace de lunes a viernes y, a veces, los sábados. Labora entre 8 y 12 horas diarias. Aunque cumple todas las funciones de un empleado permanente, ella tiene que renovar su contrato con la empresa donde trabaja cada dos o tres meses.

Al finalizar estos contratos–cuatro hasta el momento–, Marisol viaja a su pueblo en el occidente de Honduras para esperar la llamada de una nueva renovación. El 10 de junio próximo terminará su vínculo laboral, pero esta vez ella no sabe si continuará en la empresa luego de que el 28 de abril del 2022 el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo derogara la Ley de Empleo por Hora, aprobada en marzo de 2014, en el inicio del primer mandato de Juan Orlando Hernández, ahora extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

El 28 de abril, 83 de los 128 diputados que integran el Congreso Nacional votaron a favor de la derogación de la mencionada ley, cuya eliminación fue una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Los congresistas acordaron una vacatio legis de 60 días para buscar una salida a los empleados que están trabajando bajo la modalidad. El decreto, cabe mencionar, prohíbe a las empresas despedir a las personas que actualmente trabajan por hora.

La Ley de Empleo por Horaestaba vigente desde 2014, pero el empleo por hora era una brecha abierta desde el 4 de noviembre de 2010, cuando en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa se aprobó el Programa Nacional de Empleo por Hora. En aquel entonces se dijo que era una forma de fomentar la economía, afectada por el aislamiento de la comunidad internacional tras el golpe de Estado en contra del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Ahora, justamente un gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por el expresidente, sepultó esa ley.

La derogación ha provocado diversas reacciones. El sector empresarial se ha manifestado en contra de la medida, mientras que las centrales obreras han celebrado la eliminación de una norma que a su juicio cercena todas las conquistas laborales contempladas en el Código del Trabajo.

En medio de estos dos extremos, están todas las personas que han sido empleadas bajo esa modalidad.

«Talvez me dan la permanencia», nos dice Marisol, quien pese a ser directamente afectada o talvez beneficiada, no estaba enterada de la derogación de dicha ley. Comentó que en la empresa donde labora hay empleados con cinco años de trabajar como personal temporal. La ley contemplaba en su artículo 12 que después de tres años contratando a empleados por hora, la empresa estaba obligada a contratar de forma permanente al 25 % de obreros bajo la modalidad.

En su artículo 1 la ley menciona que tiene por objeto fomentar un empleo digno, mantener los puestos de trabajo y evitar el crecimiento del desempleo. Esto último es uno de los grandes problemas de Honduras, convertido en una bola de nieve en los últimos años, pero acrecentado por el confinamiento a raíz de la pandemia por COVID-19 y la devastación provocada por los huracanes Eta y Iota a finales del año 2020.

De acuerdo con cifras brindadas por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 la Tasa de Desempleo alcanzó el 10 %, el subempleo visible (que trabaja menos horas) alcanzó un 27 % y el subempleo invisible (bajos ingresos que perciben los trabajadores) cerró en ese año en un 43 %.

Antes de que Marisol fuera contratada, tenía dos años sin empleo. Entonces viajó a en agosto del 2021 desde Ocotepeque para enrolarse con un contrato de dos meses. Después otro igual. Y después más similares. No goza de los derechos irrenunciables que contempla el Código del Trabajo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, asegura que se está buscando «un proyecto de ley que sea consensuado entre las partes para encontrar un mecanismo aceptable, que cumpla con la flexibilidad que necesitan muchas personas que quieren compartir su trabajo con el estudio».

Tras la derogación de la ley, en una conferencia de prensa el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Mateo Yibrín, calificó la medida como un «error» y aseguró que se debió reformar en lugar de eliminarla.

«No voy a mencionar el nombre de las empresas, pero ya nos notificaron al Cohep que algunas empresas están eliminando alrededor de la mitad de los empleados que estaban por hora a nivel nacional; entonces es preocupante. Le quiero preguntar a los diputados que votaron por la derogación y a los dirigentes sindicales: ¿qué le decimos a una persona que tenía la oportunidad de estudiar, de trabajar o de tener varios empleos trabajando por hora? ¿qué le decimos?», declaró Yibrín en esa ocasión.

Desde el movimiento sindical, la acción del Congreso se tomó con alegría. El secretario de Finanzas de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Armando Villatoro, manifestóque la CUTH estuvo en desacuerdo cuando se aprobó esa ley «porque los trabajadores que están en ese régimen no tienen derechos laborales, no es posible eso en Honduras, por eso hemos venido luchando para que se derogue», dijo.

Agregó que la lucha no ha sido a nivel del país, pues también hicieron denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Este tipo de leyes solo viene a cercenar derechos, en tal sentido estamos muy agradecidos con el presidente del Congreso Luis Redondo y con la presidenta Xiomara Castro, porque escucharon el clamor de la clase trabajadora».

“Este tipo de leyes solo viene a cercenar derechos, agradecemos al Congreso y a la presidenta Xiomara Castro porque escucharon el clamor de la clase trabajadora”, Armando Villatoro, dirigente sindical.

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María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) y luchadora por los derechos de la clase obrera, mencionó que la derogación de la ley es «excelente» porque –escudados en esa norma– los empleadores cometieron muchos abusos. «Esta ley daba lugar a los empresarios a que hicieran cualquier contrato con los y las trabajadoras y sin pagar ningún derecho. Las mujeres perdían hasta los derechos de maternidad, entonces es excelente la derogación de esa ley», manifestó.

En el artículo 7 de la Ley de Empleo por Hora rezaba que los trabajadores bajo esta modalidad tenían derecho a gozar de los «derechos fundamentales» contemplados en el Código del Trabajo y los 8 convenios fundamentales de la OIT, en donde entre otras cosas, se garantiza la libertad sindical, la protección al derecho de sindicalización y el derecho a la negociación colectiva.

La ley otorgaba al trabajador el derecho a disfrutar de un día de vacaciones remuneradas por mes trabajado. Además, estipulaba que el salario base cuando no es mano de obra calificada no puede ser inferior al salario mínimo por hora del sector y que los empleadores deben pagar derechos adquiridos como aguinaldo y decimocuarto mes.

En una conversación con este medio en el 2020, la abogada laborista María Elena Sabillón manifestó que en Honduras el problema no radica en el «tipo de leyes que tenemos, sino que es la aplicabilidad»”. En esa entrevista, Sabillón externó que hubo un retroceso con la creación de normas como la Ley de Empleo por Hora«que ha permitido una gran flexibilización al derecho laboral».

No obstante, mencionó que en marzo de 2017 se aprobó la Ley de Inspección al Trabajo que ella califica como una «ley bastante buena e imparcial, que busca resarcir las violaciones que hay contra los trabajadores en las empresas. Es novedosa, sin embargo el gran problema que tiene es la aplicabilidad», sostuvo.

Julio Raudales, economista y catedrático universitario, dice que desde el punto de vista económico el empleo por hora ha existido siempre. «Eso se dio antes de la ley, con la ley, y se dará ahora que fue derogada. El mercado siempre está requiriendo este tipo de persona que está dispuesto a trabajar por una determinada fracción de tiempo», explicó.

Agregó que en el mismo Gobierno hay trabajos por jornadas de medio tiempo y que se les paga en base a hora, pues hay profesores y médicos que son contratados por hora. «Lo que pretendía hacer esta ley era darle una señal a cierto tipo de inversiones especiales que podían hacer este tipo de contrataciones, me refiero a los Call Center, que son nueva modalidad en el siglo XXI y comenzó a tratar de atraerse desde el año 2010. La ley en el 2014 vino a tratar de regular este tipo de actividades especiales», aseguró.

Pérdida de empleos

Cuando el 8 de febrero de 2022 el diputado de Libre Juan Barahona presentó en el Congreso Nacional el proyecto de ley para derogar la Ley de Empleo por Hora, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, afirmó que la eliminación de esta ley ponía en peligro casi 700 mil empleos que estaban bajo esa modalidad. «Creemos que es preocupante aprobar un decreto que va a dejar en la calle a 699, 414 personas», dijo el representante del gremio empresarial.

Tres meses después de esa afirmación, las estimaciones sobre las pérdida de empleos han bajado drásticamente. De acuerdo con declaraciones de Mateo Yibrín (Cohep) y Eduardo Facussé (CCIC), los empleos registrados en el Ministerio del Trabajo bajo esta modalidad son alrededor de 40,000.

En declaraciones después de la derogación de la ley, Yibrín afirmó que se habían creado 200 mil empleos desde que se creó la ley, pero que actualmente solamente una quinta parte de esa cifra estaban trabajando bajo la modalidad. También criticó el enfoque del Gobierno.

“Si los políticos y el Gobierno no entienden que su mejor socio para hallar soluciones en cuanto al desarrollo del país es el sector privado no saldrán adelante, somos sus mejores socios. Le pedimos al Congreso que genere y cree, no solo se encargue de derogar”, dijo Mateo Yibrín del Cohep.

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Eduardo Facussé, presidente de la CCIC, espera que el Gobierno encuentre una «salida salomónica, que sea consensuada y así encontrar un mecanismo para que estos empleos se puedan mantener. Me dicen que son unas cuarenta mil personas, no deja de ser un número importante, tampoco se pueden descuidar y hay que darles el marco jurídico», manifestó.

Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (ANMPIH), manifestó que el sector empresarial necesita generar empleo a través de un programa diferenciado. Por eso los pequeños y medianos como asociación se reunieron con la bancada del Partido Liberal antes de la derogación y propusieron reformar la norma, no eliminarla. «Esperemos que haya tomado la mejor decisión y que no vayan a poner en riesgo la estabilidad laboral (de los empleados bajo la modalidad). No podemos decir cifras, pero a medida que vayan pasando los meses iremos viendo lo que puede afectar la derogación de esta ley».

«Esperemos que la derogación no venga a aumentar la falta de empleo en el país, que más jóvenes no tengan que seguir sumándose a los migrantes. Son valiosos y están muy capacitados, pero tienen que migrar a otro país por la falta de oportunidades», señaló Rodríguez.

En el sector sindical no creen que haya pérdida de empleos. El dirigente obrero Armando Villatoro sostiene que desde el gremio empresarial se han dado mensajes similares antes: «Cuando se va a negociar el salario mínimo dicen que se perderán empleos. Ahora que les tocará pagar derechos dicen lo mismo. Deben pasar esos trabajadores informales a personal con derechos, eso les pide el sector trabajador». La directora de Codemuh, María Luisa Regalado manifestó «que ellos (los empresarios) están inventando miles de empleos, cuando no es verdad. Ellos dicen cualquier cosa, cuando otra es la realidad».

El catedrático universitario Julio Raudales expuso que a su juicio la derogación de esta modalidad «tendrá poco efecto económico porque siempre se van a seguir dando contrataciones», aunque reconoció que algunas empresas acogidas al programa no podrán sostener los empleos y harán despidos. Además, señaló que para resolver el problema de desempleo en el país no basta con una ley. «Evidentemente un mercado laboral más flexible hace que haya más posibilidades de empleo, pero también se requieren otras cosas como mejorar la productividad, que haya un mejoramiento de la inversión y la seguridad jurídica».

En el Congreso

La Ley de Empleo por Hora fue derogada por el Congreso el 28 de abril de 2022, pero entrará en vigencia tras una vacatio legis de dos meses. En este tiempo, las partes interesadas están buscando acuerdos, como lo demuestra un tuit del presidente del Cohep, Mateo Yibrín, quien después de haber mostrado su descontento por la derogación de la ley, escribió que había sostenido una comunicación con la presidenta Castro. «Acaba de terminar una excelente llamada con la presidenta Xiomara Castro sobre el tema energía y empleo. Vamos a encontrar soluciones por el bien de Honduras», dijo.

Eduardo Facussé afirmó que desde el gremio empresarial ha percibido disposición en el Congreso Nacional, que están «prestos para recibir los proyectos de ley que den solución a esta situación y creo que la vacatio legis es precisamente para dar espacio y que se presenten estas iniciativas».

Desde la clase trabajadora no se ve con buenos ojos la posibilidad de otras opciones para regular el empleo por clase trabajadora. «Sería contradictorio (aceptarlo), porque la posición de la CUTH fue y es que no pueden haber empleos sin derechos laborales en el país. Buscar una reforma a esa ley sería estar de acuerdo que se sigan violentando derechos. Fue derogada y nos complace que el Congreso Nacional lo haya hecho. No estamos dando ventanas para reformar», sentenció el dirigente obrero Armando Villatoro.

Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, señaló que el trabajo tanto en la modalidad por hora y temporal ya está regulado en el Código del Trabajo; por lo que la Ley de Empleo por Hora vino a crear un mecanismo alterno: «Entonces, desde el Congreso estamos volviendo al origen, rescatando el Código y las principales conquistas sociales».

Sin embargo, no descartó dar paso a otras opciones para el trabajo por hora aparte de lo contemplado en el Código del Trabajo: «Hay una comisión especial que trabaja de la mano con el Poder Ejecutivo para ver de qué forma se mejoran estas leyes (como la Ley de Empleo por Hora) para asegurar que puedan funcionar siempre respetando los derechos y garantías de los y las trabajadoras del país. Esas conversaciones se están llevando a cabo», dijo.

Finalmente mencionó que el derecho evoluciona conforme la realidad de los tiempos, pero que reprocha que con esta evolución se pretenda «perjudicar a la clase trabajadora. El desarrollo del país no puede seguir descansando en que el más sacrificado sea el trabajador. Si hay un mecanismo que venga a mejorar las condiciones de ellos, pues por supuesto que es algo que se puede discutir», manifestó.

“Si hay un mecanismo que venga a mejorar las condiciones de ellos (los trabajadores), pues por supuesto que es algo que se puede discutir”. Fátima Mena, diputada de Congreso Nacional

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En la caminata del Primero de Mayo de 2022, encontramos a Kedit López, un joven recién graduado de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que espera incorporarse al mercado laboral. Aún no ha trabajado, pero por testimonios de sus amigos asegura que hubo mucho abuso con la ley. «Mirá —dice lleno de confianza— están trabajando (sus amigos) bajo un contrato de ocho horas, maquillados como si fueran permanentes, pero te renuevan contrato cada dos meses y encima tenés esa agonía de que puedes quedar sin trabajo».

Además, agregó que con la derogación de la Ley de Empleo por Hora puede que haya gente despedida y que incluso él tenga dificultad para encontrar trabajo: «No obstante sería mejor que haya personas trabajando con todos sus derechos, a que mantengamos los que han estado y que vemos que (aun así) sigue el desempleo, sigue la pobreza, siguen las caravanas; salís de la Universidad y no encuentras trabajo».

Kedit, envuelto en una bandera del Partido Libertad y Refundación, agregó que «los jóvenes queremos trabajar pero no que nos sigan explotando de la manera que lo están haciendo».

No obstante, en un país como Honduras la vida admite muchos matices, y Marisol, la mujer que se levanta muy temprano y ha firmado cuatro contratos en menos de un año, espera seguir trabajando sin importar la modalidad de su vínculo laboral.

El autoritarismo se ha sumado a la precariedad económica, el cambio climático y la violencia para convertir Centroamérica en una maquinaria todavía más precisa de expulsar gente: los centroamericanos refugiados y los que solicitan asilo han aumentado un 70% en los últimos años. La represión de Ortega en Nicaragua ha mandado al exilio a más de 200,000 personas, Bukele amenaza a cualquier voz crítica y Giammattei persigue a los fiscales que buscan destapar la corrupción en Guatemala. En medio de esta diáspora masiva, Estados Unidos ha endurecido las leyes para impedir que los migrantes crucen sus fronteras. México, el tercer país con más solicitudes de refugio en el mundo, es cada vez más el final del trayecto para muchos.

(((Créditos)))
Por Jorge Varela
Diseño de portada: @donmarcial

En su primera noche en Ciudad de México, Bertha María Deleón encontró techo para ella y su hija de seis años en la casa provisional de otro salvadoreño que también ha sufrido la persecución de Nayib Bukele. Unas horas antes habían aterrizado en el aeropuerto de la capital mexicana rodeadas de agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para enfrentar un juicio en el que estaba en juego que su hija regresara con su padre a El Salvador. “Tengo mi propia amenaza personal combinada con la amenaza política”, dice en otro departamento tres días después de que la jueza le diera la razón. A Bertha María Deleón se le quiebra la voz recordando cómo en los últimos años pasó se de ser una abogada de éxito que tenía entre sus clientes a Bukele —y que estuvo en las quinielas para convertirse en su ministra de Seguridad—, a una refugiada que se pregunta cuántas veces más tendrá que buscar una ciudad para empezar de nuevo; una casa para vivir. Cuándo encontrará una escuela para su hija, a la que le tiene que explicar por qué no regresarán a su país, y cuándo verá de nuevo a su otro hijo, de 17 años, que está en El Salvador y hace tiempo que no le contesta los mensajes. Cómo a sus 43 años podrá conseguir trabajo defendiendo a otros si es una abogada que pasa el tiempo escondiéndose y defendiéndose a sí misma. Hasta dónde llegará el acoso del presidente de El Salvador y otros miembros del gobierno. Y cuántas veces puede volver a levantarse.

“Bukele no ignora que soy mamá, sabe de mis hijos. Él es responsable del 80% de lo que me pasa. Eso es lo más doloroso, yo creo que no podemos llegar hasta tanto, a tocar niños, ser capaces de que vale todo por una venganza política”, dice.

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Deleón fue detenida por la Interpol el 4 de mayo pasado en Monterrey, una ciudad al noroeste de México, muy lejos de Islandia, su meta cuando huyó de El Salvador.

En sus últimos meses en su país dice que la pusieron en un “jaque mental”. Un día, denuncia, dejó a su hija en la clase de gimnasia y cuando regresó al coche le habían robado la computadora “para decirme que estaban encima”. Está convencida de que sus teléfonos estaban intervenidos con el programa de espionaje Pegasus. Dice que tres veces por semana un dron volaba encima del patio de su casa y cuando iba a correr a la universidad de la UCA, el dron también estaba ahí. Las motos persiguiéndola eran una constante cada vez que salía de casa. “Yo sola me puse a investigar los países que me podían dar asilo, los requisitos. Hacerme mi mapa. Así comencé yo a despedirme de la gente, sin decirles, pues. Los invitaba a mi casa, hacíamos una comida y ya”.

Su último intento por incidir en El Salvador fue presentar su candidatura como diputada de un partido de oposición en las elecciones legislativas de febrero de 2021. Pero tres meses después de haber perdido, ya tenía cuatro investigaciones abiertas por la Fiscalía oficialista. “Ese día tiré la toalla. ¿Qué vas a hacer? Yo dije, no hay garantías judiciales… ¿voy a ir a denunciar con el fiscal que él impuso? Los juzgados ya están cooptados”.

Hoy enfrenta otras dos causas porque el padre de sus hijos la denunció por emprender el exilio con su hija. Consultado sobre el procedimiento de Interpol en México, Roberto Carlos Navas, padre de los hijos de la abogada, dice que no dará declaraciones. “Se supone que los casos que involucran niños tienen reserva, y no debo hablar de detalles”.

Cuando Deleón salió de El Salvador, su primera parada fue Disney. Quería darle a su hija un poco de magia antes de los tiempos duros que sabía que vendrían. El plan era estar unos días con una amiga en San Francisco, de ahí volar a Nuevo York y llegar a Islandia. Finalmente, las redes de apoyo le consiguieron un alojamiento en Oaxaca, en el suroeste de México. Ahí guardó cinco meses silencio. Luego llegó a Monterrey, a casa de otra amiga, donde tenía una oportunidad laboral y se puso a buscar escuelas para su hija. La semana pasada, cuenta, una agente de la INTERPOL llamó a la puerta de la casa donde se hospedaba presentándose como una niñera que buscaba trabajo.

“Para entrar en el fraccionamiento los agentes de INTERPOL le dijeron a la junta directiva que me estaban buscando por pornografía infantil”, denuncia. “Luego cómo vas a creer que lo que se supone que quieren es que la niña tenga comunicación con su papá y te van a atravesar el carro en una carretera donde cualquier cosa puede pasar. Pudimos haber tenido un choque con el que venía atrás”, dice sobre el momento de su detención. “Mi hija gritaba. Gritaba como loca: ¡No, no me lleven! ¡Por favor, mamá! Fue una cosa espantosa… me ha costado. Y me va a costar que se recupere. La está marcando también”.

Deleón está convencida de que el operativo de los policías solo se entiende por la influencia política de Bukele. La convencen las palabras que, denuncia, le dijo una oficial de Interpol, mientras ella y su hija estaban en custodia. “Cuando nos escoltaron al baño, ella me dijo: ‘tranquilícese. ¿Qué problema tiene usted con el presidente? Porque usted le quedó mal’. ‘¿Cuál presidente?’. Entonces me dice: ‘el de El Salvador. Los de Relaciones Exteriores han estado pendiente. Porque están súper al pendiente de que ejecutáramos esto. Arregle usted sus problemas porque, si no, no va a parar todo esto’”.

La Redacción Regional se puso en contacto con la Agencia de Investigación Criminal (ACI), la institución mexicana dependiente de la Fiscalía General de la República que trabaja con la INTERPOL en el país, para conocer su postura. En la primera llamada, después de que el autor de este artículo se identificara como periodista, el hombre que contestó dijo que “no estoy autorizado para hablar con civiles” y que llamara en una hora porque sus supervisores iban a decidir si daban una postura. No volvieron a contestar las sucesivas llamadas.

También se buscó una postura de la Cancillería salvadoreña, pero tampoco hubo respuesta. Según Deleón, el cónsul general de El Salvador y oficiales de Relaciones Exteriores acudieron a su audiencia en México, pero ni siquiera se acercaron a consultarle si estaban bien. “Es obvio que tengo a mi propio Estado en mi contra”, dice.

Sobre el caso para el que se pidió la búsqueda de DeLeón y su hija a la Interpol, la Fiscalía de El Salvador señaló que “hay menores involucrados por lo que el proceso tiene reserva”. Sobre las investigaciones abiertas contra la abogada, respondió que “no puede sentar postura sobre ninguna investigación o proceso que no esté judicializado”.

“Lo peor es que ya estoy en un segundo país y me siguen persiguiendo”, agrega Bertha María de León en el departamento de Ciudad de México, “decime qué opción. Puta, ¿y qué queda? Si tengo a la niña tengo que seguir”.

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El 9 de febrero de 2021 Bertha María Deleón dice que llamó por última vez a Nayib Bukele. El presidente no respondió, así que decidió enviarle un WhatsApp: “Puta, le dije, te pelaste. ¿Qué onda? ¿A dónde piensas llevar esto? Él, obviamente, me dejó en visto”.

Pasadas las 5 de la tarde, Deleón ocupó Twitter, la red favorita de Bukele, para cuestionarlo en público. “Pura manipulación de masas. Esto solo es una muestra de lo que nos espera cuando tenga la mayoría en la @AsambleaSV. Todo pasa, todo acaba. La paciencia la tenemos q tener nosotros para aguantar cuatro años de berrinches y desmanes del presidente más cool @nayibbukele”, escribió. El mensaje iba acompañado con una imagen en la que Bukele aparece sentado en el puesto que le correspondía al entonces presidente del poder legislativo, Mario Ponce. Tiene las manos en el rostro. Hace como que ora.

Luego, asegura, le escribió Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, “hermano del alma” de Bukele. Le pedía que bajara el tuit. Ella asegura que Castro le dijo: “ey, puta, sí se encabronó”. Seis horas más tarde, Deleón compartió otra imagen en la que Twitter le confirmaba que la cuenta oficial de Nayib Bukele la había bloqueado.

Aquel domingo, Bukele había irrumpido en la Asamblea rodeado de militares. Deleón, que fue parte de su equipo de abogados, que era escuchada por Nayib, dice que no se lo podía dejar pasar. Dos años después, ella asegura que tras ese tuit arrancó una campaña de amenazas y desprestigios en su contra en redes sociales de parte de figuras cercanas a Bukele; y a la postre fue la base para que prosperaran en 2021 las persecuciones del Estado en su contra.

Aquel día El Salvador formalizó su incorporación a la ola autoritaria, y Deleón, reflexiona ahora, comenzó a comprender que eventualmente sería una persona que buscaría refugio fuera de su país, como lo han hecho miles de centroamericanos en los últimos años.

En la región, las represiones y las persecuciones políticas ahora se han sumado al cambio climático, la violencia y la precariedad económica. Centroamérica es ahora una maquinaria más precisa para expulsar gente que hace seis años: de 2016 a 2021, los centroamericanos refugiados y los que solicitan asilo pasaron de 41,851 en 2016 a 296,863 en 2021. Un incremento del 70 %. Para junio de 2021, 1.06 millones de personas se encontraban desplazadas en y desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Más de 200,000 personas han huido de la represión de Daniel Ortega en Nicaragua. Alrededor de 150 mil buscaron refugio en Costa Rica, pero ahora también marchan hacia México, que ha alcanzado el tercer podio de los países que más solicitudes de asilo reciben en el mundo.

“El deterioro de la situación de seguridad en cualquier país puede agravar las vulnerabilidades y situaciones de desplazamiento forzado existente”, dice Sibylla Brodzinsky, vocera regional del ACNUR. “México se ha convertido, más allá de los números, en un país de destino para personas refugiadas en la región”. Y añade: “Hay muchas personas que no se reconocen como refugiados a pesar de que pueden serlo. Y no saben que pueden solicitar asilo. Es imposible contar esas personas porque no quedan registrados. Si hablás de un incremento de persecución, hay muchas personas que sencillamente no quieren estar en el radar o sencillamente no se reconocen como perseguidos”.

Bertha María Deleón agradece la hospitalidad mexicana. Después de un tuit en el que denunció la detención por parte de INTERPOL, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) hizo llegar a su abogado los papeles que la acreditan como refugiada y, por tanto, la imposibilidad de que pudiera regresar a El Salvador. Pero, en el departamento de Ciudad de México, dice que en este país todavía se siente demasiado “amenazada” por el pasado. “Ahora puede ser que me tilden de pendeja o que me tilden de que yo quería poder y… no, simplemente a mí [Bukele] me hizo clic”, dice. “Pero para él simplemente es un tema de poder. Ahí se sumó toda la podredumbre que siempre ha existido en El Salvador: los empresarios millonarios que siempre han vivido de corrupción, de no pagar, de no seguir los procesos”.

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El viernes 6 de mayo, una valla gigante en Tegucigalpa, la capital de Honduras, la daba la bienvenida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: ‘Bienvenido amigo Andrés Manuel, Honduras te agradece Sembrando Vida’. La presidenta, Xiomara Castro, cumplía un día después cien días de gobierno. “Los gobiernos de Honduras y de México cumplen las visiones y propuestas para dejar atrás el ave del neoliberalismo, un modelo que trae corrupción y la descomposición social”, dijo en su discurso López Obrador. Para él era la última parada en una gira centroamericana que lo había llevado a la Guatemala de Alejandro Giammattei, donde los fiscales son perseguidos por perseguir la corrupción, y a El Salvador de Nayib Bukele, que hoy todavía vive bajo un estado de excepción.

Bukele aprovechó su encuentro con López para remarcar que la migración es un tema por resolver y que su Gobierno busca que la gente se quede en El Salvador. “No queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera”, dijo. La invitación excluye a figuras como Bertha María Deleón o defensores de derechos humanos y periodistas incómodos al oficialismo. Hace unas semanas, Ernesto Castro, el amigo de Bukele y presidente de la Asamblea dijo: “Que les den asilo [a los periodistas] y que se vayan”.

López Obrador también habló de un plan regional para detener la migración y demandó a Estados Unidos hacer su parte para resolver el problema, aunque cerró los ojos a las derivas autoritarias que atraviesan sus vecinos del sur.

En 2021, la patrulla fronteriza realizó 1.66 millones de detenciones de migrantes, algunos de ellos fueron detenidos más de una vez. Este es el número más alto registrado en la historia de Estados Unidos. Dos tercios de los migrantes que fueron detenidos también fueron expulsados.

Con el Título 42 vigente, y bajo la excusa de proteger la salud de los ciudadanos americanos en medio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos expulsó a 1.8 millones de migrantes entre abril de 2020 y marzo de 2022.

Entre muro y muro (el de Estados Unidos, y el creado por AMLO con militares en la frontera con Guatemala), lo que queda en México es un limbo para los desplazados de siempre y para los nuevos refugiados.

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Dónovan Mendoza despertó una noche en Monterrey, una ciudad al noroeste de México, para explicarle a un grupo de hombres armados y encapuchados qué hacía durmiendo en una casa abandonada. “¿Cómo voy a estar vendiendo droga?”, dijo, “si no tengo ni para comer”. Mendoza les resumió su historia: la de un chico de 17 años que había huido de Ciudad de Guatemala por la violencia de las pandillas. Antes de marcharse, uno de los hombres se quitó la capucha y le preguntó si tenía familia: “Yo voy solo”. Poco después, recuerda Dónovan, el grupo volvió para dejar una bolsa en la fachada de aquel “basurero sin ventanas ni puertas”. Eran tacos, una Coca-Cola y una naranja. “Fue muy confuso. Te los pintan como malas personas, que sí son, pero hicieron algo bueno. Como las leyes mexicanas. Un dilema”.

Suerte. Es la palabra que más repite Dónovan Mendoza, cabello negro, voz dulce pero firme, para explicar que seis años después de despertar rodeado de armas siga viviendo en México como residente permanente gracias a su hijo de dos años.

Aquella noche de 2016 en Monterrey, Dónovan dormía solo, pero un año antes había cruzado el Suchiate junto con su madre y sus dos hermanos de cinco y seis años para llegar a Estados Unidos porque las extorsiones de una pandilla habían hecho imposible sobrevivir con la dulcería familiar. Después siguió su camino a Ciudad de México en una caravana migrante liderada por el padre Alejandro Solalinde, el sacerdote mexicano que se desvivía por los derechos de quienes cruzaban México pero hoy apoya la militarización de las fronteras; e Irineo Mujica, líder mexicano de múltiples caravanas y dirigente de la organización Pueblos Unidos Migrantes que ha sido acusado de mentir y manipular a migrantes. Aquella caravana, una especie de avanzadilla de los ríos de gente que a partir de noviembre de 2018 decidieron caminar la ruta de la migración juntos para protegerse.

El año en que Dónovan llegó a México huyendo con su familia, las peticiones de refugio, según los datos oficiales de la COMAR, iban en aumento: 3,423, la gran mayoría de personas centroamericanas que huían de la recurrente violencia, hambre y exclusión del Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras—. El año en que Dónovan dormía solo en la casa abandonada, el número ya había subido hasta 8,796.

Dónovan decidió quedarse en México porque para cuando su novia le dijo que el hijo que esperaba no era suyo, su madre y los dos hermanos pequeños ya habían cruzado hacia Estados Unidos. Cuando venció la visa humanitaria que había logrado gracias a una abogada —las autoridades no le informaron de ese derecho—, intentó renovarla. Pero, asegura, un oficial del Instituto Nacional de Migración rechazó ampliarla sin ninguna explicación y le dijo que la única manera de quedarse en México era casándose o teniendo un hijo mexicano. Sin poder entrar a Estados Unidos y con trámites largos o estancados en México, muchos migrantes son condenados al trabajo informal y a la sombra del Estado donde son más vulnerables ante los abusos de autoridad o el crimen organizado que ha aprendido a monetizar el abandono. En Monterrey dejó de estar solo gracias, primero, a una comunidad cristiana y luego a un grupo de break dance, que incluso lo llevó a salir en medios de comunicación y videos musicales. Hace años, trabajó durante un periodo en una platanera en Chiapas y conoció a su actual esposa: “Me encontré con una buena persona que tiene la misma visión que yo”. Ahora tienen un niño de dos años y gracias a ello una residencia permanente. En un momento de la conversación, dice que piensa muchas veces en quienes no han tenido tanta suerte como él: los que, escapando del infierno centroamericano en busca del sueño americano, todavía deambulan sin rumbo en el limbo mexicano. “A veces quisiera ser rico para poder ayudar a mucha gente. Son papás, mamás, abuelos, hijos y buscan lo que todo el mundo quiere: estabilidad”.

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Sólo en 2021, México deportó a 114,366 personas, y en ocho años, entre 2013 y 2021, reconoció a 63,290 como refugiados. Además, en el país hay sólo 9 oficinas de la COMAR, una de las dependencias públicas con menor presupuesto, y alrededor de 400 funcionarios para procesar las solicitudes de refugio (casi 11,000 al mes el año pasado).

Andrés Alfonso Ramírez Silva, Coordinador General de la COMAR , dice que el presupuesto no se ha ajustado al alza estrepitosa de solicitudes y que no se comprende la importancia de fortalecer su capacidad operativa. “¿Qué tienes que hacer cuando eres pobre? Ser creativo y buscar otra manera. Lo que no podemos hacer es estar lloriqueando en una piedra picuda porque no nos dan dinero. Nosotros siempre vemos la forma de sacar las cosas adelante con lo que tenemos”, cuenta. A veces, como en el caso de Bertha María de León, la reacción inmediata funciona. Pero las cifras y los reclamos muestran que hace falta mucho más.

En contraste, existen alrededor de 30 estaciones migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) donde los migrantes capturados son llevados a esperar la deportación. Guillermo Yrizar, especialista en migración internacional y profesor investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, calcula que al menos el 60% de las personas detenidas en estos centros no reciben ningún tipo de información sobre el proceso de refugio. En 2021, más de 300,000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos por el INM —un récord histórico—, de los cuales poco más de 187,000 fueron enviados a una de estas estaciones migratorias.

México cuenta con leyes vigentes que en teoría garantizan y respetan los derechos humanos de los migrantes. Por ejemplo, la Ley de Migración vigente, publicada en 2011, declara que no se le puede negar acceso a la salud a ninguna persona, sin importar cuál sea su estatus migratorio. Pero la realidad contradice al papel.

A Flor, una salvadoreña de 49 años refugiada en México, se le negó acceso en todos los hospitales públicos cuando necesitaba tratar complicaciones ligadas a su cáncer de mama. No tenía papeles y tuvo que gastar los ahorros que tenía en clínicas privadas. La atención médica es rutinariamente negada a los migrantes y se suma a la constante violación de sus derechos: en el 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos compilo 558 quejas luego de visitar 1,017 estaciones migratorias y atender a 715,101 personas. Incluso en la misma solicitud de refugio hay carencias. Wilber, refugiado hondureño que llegó en 2018, denuncia que funcionarios del INM y la COMAR le pidieron alrededor de 30,000 pesos mexicanos para los trámites de su hijo. Esto a pesar de que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que el trámite es gratuito.

México no cuenta con un programa o presupuesto federal para asegurar que las personas migrantes se integren a sus sistemas de salud y educación o que tengan acceso a vivienda. Elena Sánchez Montijano, Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), piensa que este es uno de los principales retos que enfrentan los extranjeros en México: integrarse a un Estado que tiene enormes carencias en cuanto al estado de bienestar hasta para sus propios ciudadanos. En México hay 33 millones de personas sin acceso a servicios de salud público o privado. En educación, el grado de escolaridad promedio en todo el país es poco más de la secundaria.

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Sara y su esposo, Joaquín, dormían con pistolas en lugar de lámparas en la mesa de noche al lado de la cama. No para usarlas contra un intruso, sino para quitarse la vida si veían que podían ser capturados por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La pareja sabía que su trabajo como defensores de derechos humanos y comunicadores sociales los había puesto en la mira de un régimen que encarcela, mata y tortura a quienes considera de oposición. Sara trabajó y renunció debido a diferencias con el Ministerio de Gobernación, y sus propios compañeros comenzaron a amenazarla por sus críticas al Gobierno. Pero fue cuando un contacto suyo le confirmó que las fuerzas policiales los iban a buscar que no tuvieron de otra más que dejar Nicaragua. Sara y Joaquín se convirtieron en parte de las más de 200,000 personas que abandonaron ese país centroamericano a raíz de la represión de las protestas en 2018 y que dejaron alrededor de 300 muertos y más de 500 encarcelados. El éxodo nicaragüense salió masivamente hacia la vecina Costa Rica, pero también llegó a México para sumarse al de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Cuando llegaron a México por avión en octubre de 2018, Sara cuenta que pasó dos semanas durmiendo por el cansancio y el estrés. Desde entonces han luchado para no ser vistos solo como refugiados. Sara dice que para ella ha sido importante no darle el gusto a la dictadura de verla tirada en el piso. Desde que llegó a México se dedicó a estudiar, llevó cursos y diplomados que ofrecían las organizaciones civiles que la acompañaron e incluso consiguió una beca para cursar una nueva licenciatura sobre derechos humanos y construcción de paz. Participó como voluntaria en distintas organizaciones hasta que logró conseguir un trabajo fijo en una organización de la sociedad civil que acompaña a solicitantes de refugio en México con asesoría legal y psicológica. “Mi condición de refugiada no demerita mi condición de ser humano ni de mujer. Entonces me comencé a meter en causas”, cuenta.

“Es un México que viene arrastrando heridas muy fuertes. Pero es un México que, uf, tiene de todo: desde lo más lindo a lo más feo. Y todo lo feo que pasa no depende de una nacionalidad, depende de que estamos en el mismo barco”, dice Sara.

Wilber, quien llegó a México en una caravana migrante que partió de San Pedro Sula, Honduras, fue parte de un grupo de migrantes que presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2021 por corrupción y abusos por parte de las autoridades de migración en Tapachula, Chiapas. Denunciaron que las autoridades les querían cobrar los papeles y también los espacios para ser atendidos. Denunciaron que se tardaban mucho más de los 45 días hábiles estipulados en la ley y que no los dejaban salir de Tapachula, aunque, también por ley, tenían derecho a moverse por Chiapas en lo que esperaban los resultados de la solicitud de refugio. Wilber estaba ahí porque su hijo estaba viviendo esos abusos, pero alrededor de 40 personas participaron, en su mayoría hondureños, pero también guatemaltecos, salvadoreños, cubanos y haitianos.

Funcionó. Las personas que presentaron la queja empezaron a recibir llamadas de la CNDH y les ayudaron a que sus trámites fueran atendidos. Wilber regresó al estado del norte donde reside junto con su hijo. Cuenta que la intención es seguir organizándose para sensibilizar sobre lo que está pasando en Piedras Negras, en Tijuana, en Ciudad Acuña. “Si ya nos metimos a ayudar en Tapachula, pues, sigamos ayudando”, dice.

Pero Wilber, al igual que el resto de personas con las que conversé para este reportaje (excepto Bertha María y Dónovan), me pide que mantenga su nombre en secreto: “Porque tampoco le podemos dar publicidad. No nos podemos dar a conocer para no causar problemas tampoco, ni con el Gobierno ni con Migración, porque sabemos que somos personas residentes y estamos en un país ajeno”.

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*Ni Nayib Bukele ni Ernesto Castro respondieron a las peticiones de entrevista para este reportaje, realizadas a través de las oficinas de prensa de la Presidencia y la Asamblea Legislativa.

*Con información de Alejandra S. Inzunza, Jennifer Ávila, Jaime Quintanilla y Daniel Valencia

Foto y Texto: Jorge Cabrera

Jesús Morán ha viajado miles de kilómetros junto a su pequeña hija y un grupo de migrantes desde su natal Venezuela. Al igual que miles de migrantes centroamericanos, se aferran a la esperanza de una mejor vida en Estados Unidos. Una vez llegaron a suelo hondureño, lo primero que recuerda este padre de familia es la travesía por la selva colombiana. Morán dice que estuvo varias veces a punto de «tirar la toalla», pero que fue su hija, a quien llevaba colgada en su espalda, la que le dio el ánimo para seguir adelante.

«Yo a ella la traía en un canguro, y mira como ando todo esto pelado (muestra su espalda). ¿Tú sabes qué es eso? Es donde van los bebés. En la selva hay precipicios de siete u ocho pisos, me imagino yo, uno mira hacia abajo y eso es feo. A veces buscaba de dónde agarrarme, ¿me entiendes? Yo tenía que confiar en el canguro donde llevaba a mi bebé, porque tenía que tener las manos sueltas para poder sujetarme; si yo soltaba alguna de mis manos para agarrar a la bebé, nos caeríamos los dos. Así que me sujetaba fuerte de algunas raíces y tenía que confiar en el canguro, de que eso mantendría en mi espalda a mi bebé», dice Morán.

Este padre venezolano hace referencia a lo que sufren los migrantes en la región selvática y pantanosa del Darién, que se ubica entre la parte sur de Panamá y Colombia, y donde deben atravesar 575,000 hectáreas. «Hubo un momento en que dije: “No puedo, me voy a quedar, váyanse ustedes porque no puedo más”, pero yo miré para atrás y eso era pura selva, y entonces me dije: “Está bien, no me puedo quedar aquí, tengo que seguir para adelante”. Y dale y dale, pero después hubo otro momento en la que esa vez sí, ahí sí dije: “Hoy sí, ya no puedo más”. Y me tiré al piso. Fue ahí cuando la bebé me dijo: “Papá, papá, papi te amo, te amo”, y eso me dio más fuerza», relata este hombre que ahora se encuentra en Honduras, donde se registran 37 crímenes por cada 100.000 habitantes, una tasa que sigue siendo muy alta para una nación que no vive una guerra interna.

Morán pensaba que el viaje por el Tapón de Darién sería más fácil. Ahora no le recomienda a nadie hacer ese viaje tan peligroso. «Yo antes decía, yo me voy, paso la selva, y después le cuento mi experiencia a mis hermanos y a mis primos para que también vengan por ahí. Pero no, no soy capaz de mandar por esa selva a nadie. A nadie. Ni por esa selva, ni emigrar así; porque esto es duro, y uno lo hace por un bien: por los niños. Allá (en Venezuela) ellos no estaban estudiando, comían solo dos comidas; me partía el lomo para buscar la comida, pero hasta ahí me alcanzaba, no me alcanzaba para más nada. Hoy ya estamos en Honduras esperando en este albergue mientras nos dan el salvoconducto para seguir nuestro camino», cuenta.

Atendiendo al grupo con el que se encontraba Morán había hondureñas como Mabel Castillo, que vive frente a la oficina de Migración en Danlí, y que junto a otros hondureños se han convertido en un apoyo para los migrantes que pasan por el país.

«Ha sido un poco difícil, humanamente difícil, económicamente se les ha apoyado en lo que se ha podido. Nos desvelamos porque los buses vienen en la madrugada; ellos (los migrantes) duermen en las aceras, platican toda la noche y nosotros nos dormimos escuchando sus historias: casos terribles», dice Castillo.

En su búsqueda del «sueño americano» se les observa una mezcla de melancolía y esperanza. Melancolía por lo que han dejado atrás (familias, amistades, una faceta de su vida) y la esperanza de tener en el mediano plazo un futuro prometedor. En cada rostro se refleja cansancio; desánimo en ciertos momentos, sobre todo cuando han sido víctimas del maltrato de hondureños que, más allá de brindarles ayuda, buscan aprovecharse de la necesidad y falta de conocimiento que tienen de las ciudades que deben transitar para continuar su camino.

El día que Jesús Morán llegó a Honduras, las autoridades reportaron más de 300 migrantes que ingresaron al territorio hondureño; en su mayoría de Cuba, Venezuela y Haití.

Según cifras oficiales de Migración de Honduras, desde que inició el año 2022 hasta el 26 de abril habían ingresado a territorio hondureño un total de 24,230 migrantes irregulares; de los cuales 17,274 son de nacionalidad cubana; 2,474 vienen de Venezuela; 885 de Ecuador; 862 de Haití; y el resto de Angola, Senegal, Nicaragua, Brasil y Ghana. Abril ha sido el mes en el que más se ha incrementado la migración irregular por la frontera del oriente de Honduras: 11,113 migrantes han entrado en tan solo 26 días, según Ricardo Centeno, delegado de Migración en Danlí, El Paraíso,

Gran parte de los migrantes que pasan por Honduras y cuentan sus historias, no solo señalan a la selva del Darién como uno de los pasos más difíciles del camino migrante, también identifican a Nicaragua por la situación política y el trato «inhumano» de las autoridades y coyotes.

Ronaldo Barreto, otro migrante venezolano que llegó a Honduras, dice que «lo que es Panamá y Costa Rica no hay problema, el problema empieza desde Nicaragua, que la policía es un poco estricta y si no pagas el salvoconducto, te maltratan, te pegan, pero si tú pagas no tienes ningún problema, pero vale 5,250 córdobas (150 dólares), ¿me entiendes?».

Ya en Honduras Barreto dice que tiene que pagar 5,412 lempiras (220 dólares) por un salvoconducto, después de haber recorrido alrededor de 20 días para acercarse a la frontera con México.

El pasado 03 de mayo 2022, el Congreso Nacional Aprobó una amnistía luego de que migrantes de Venezuela, Cuba, Haití se la solicitarán a la presidenta de Honduras Xiomara Castro para seguir su caminoeximiéndolos del pago de multas por infracciones a la ley de Migración y Extranjería.

Stanly Italian, un migrante que llegó de Haití, asegura que en cada país el tratamiento a los migrantes al final –aunque parece diferente– es igual: «No fue tan fácil, yo pensaba que aquí en Honduras sería diferente de los otros lugares, por ejemplo Nicaragua, pero es la misma cosa siempre: duro, porque la ruta migratoria no es una cosa tan fácil».

Diego Sánchez, quien salió el pasado 19 de enero 2022 de Colombia, coincide con Stanly. Sánchez dejó atrás a su hijo de cuatro años y a su madre con la promesa de mejorar sus vidas al llegar a Estados Unidos; sin embargo, asegura que el camino no ha sido nada fácil para él.

Al llegar a Honduras, casi sin nada de recursos, tuvo que trabajar unos días recogiendo arena para pagar el salvoconducto de 5,412 lempiras (220 dólares) y poder seguir su travesía por Centroamérica. «Sí, pues estoy trabajando para poder seguir adelante reuniendo dinero; la meta es llegar a los Estados Unidos si Dios nos lo permite, y bueno, para ayudar a mi familia y trabajar fuertemente», cuenta.

Pero el cansancio de Sánchez no lo hace desmayar y sabe que tiene un propósito por el cual salió de su país: «Bueno, hay muchas situaciones en Colombia que lo ameritan a uno salir; ayudar a la familia porque somos de bajos recursos, entonces ese es el propósito: salir para poder ayudar a mi familia».

migrantes haitianos — Migrantes de diversas nacionalidades mandan un claro mensaje a nivel mundial sobre la situación de cada país en el que viven. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

El cansancio de los pasos que siguen en la ruta del migrante no quita la felicidad de seguir a un padre y su hija. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Junto a la gran cantidad de adultos migrando también van pequeños niños. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

En años anteriores los migrantes haitianos y africanos fueran la mayoría, hoy se le suman países como Venezuela y Cuba, quienes huyen de la pobreza de sus países. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Se les ve decaídos en las llamadas que reciben y que los hace recordar sus países, pero saben que es un viaje sin voltear atrás. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Los niños también son registrados en el centro de Migración. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

La cantidad de migrantes es alarmante. Honduras actualmente cobra 5,412 lempiras (220 dólares) para poder obtener un salvoconducto de cinco días. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Diego Alejandro, de nacionalidad colombiano, trabaja en una casa recogiendo arena donde gana 200 lempiras (8 dólares) diarios para poder recoger el pago del salvoconducto y poder seguir su camino hasta EE. UU. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Una pequeña juega en el Albergue Jesús Está Vivo. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

La falta de espacios ha hecho que todos los migrantes se acinen en los albergues, utilizando los mismos lugares para asearse. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

El miedo de retornar a sus países es evidente al escuchar sus historias que relatan el camino del migrante. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Aunque falte mucho por recorrer, es tranquilizante un colchón en el suelo y la compañía de sus hijos luego de haber pasado el tapón del Darién y Nicaragua. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Los venezolanos, alegres, caminan gritando que no olvidaran Venezuela y que ya pueden seguir su camino con el salvoconducto. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Migrantes de diversas nacionalidades mandan un claro mensaje a nivel mundial sobre la situación de cada país en el que viven. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Con un alcance de 65 personas por bus, desde Trojes son trasladados a Danlí donde descansan y solicitan su salvoconducto para poder seguir su camino. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Jesús Morán y su familia bajan del bus que los llevó a Danlí, donde toman un respiro para seguir su camino luego de obtener su salvoconducto. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Zuley Moreno guía la silla de ruedas de su hijo Juan Moreno, quien tuvo un accidente en Nicaragua mientras cruzaban la frontera. Danlí, Honduras 28 abril 2022 Foto CC/ Jorge Cabrera

Texto y fotografías: Fernando Destephen

En el sector de la Rivera Hernández, en San Pedro Sula, los esfuerzos de jóvenes como Gabriel Umanzor suelen ser invisibles. Gabriel, de 22 años, es un apasionado entrenador de taekwondo en su comunidad. Habla con ilusión de sus estudiantes, de lo que ha logrado en una zona considerada hostil, y de que, a pesar de no contar con apoyo de ninguna federación deportiva del país, entrena con la convicción de ser un punto de bien dentro de una extensión de males.

El enfoque de las artes marciales en general es la disciplina, el autocontrol, no buscar o incentivar la violencia, sino encontrar la paz espiritual mediante el entrenamiento del cuerpo físico, algo que Gabriel intenta inculcar en los 40 niños y niñas que entrena.

A medida se avanza dentro del sector de la Rivera Hernández, las calles de tierra se estrechan hasta llegar a «La Frontera», ahí donde está la cancha de fútbol en la que Gabriel Umanzor entrena.

Aunque hay otras canchas, también en zonas difíciles y en abandono, esta cuenta con instalación eléctrica. En el lateral del campo hay un perro sentado en lo que parece la espera infinita de alguien para jugar, o correr, o acompañar.

Este proyecto de alumbrado y «mejoramiento» con el que esta cancha fue beneficiada es parte de un fideicomiso para promover y fortalecer el deporte a nivel nacional, y del cual entre 2016 y 2021 se ejecutaron 493 millones de lempiras sin que mejoraran las condiciones del deporte en general. El dinero no llegó a dónde tenía que llegar, que era a las federaciones de otros deportes distintos al fútbol. En lugar de ello, se desvió en pagos a empresas constructoras, diputados y a la selección mayor de fútbol de Honduras, recién eliminada de la clasificación al mundial de fútbol en Qatar.

Los muros que rodean la cancha, los postes nuevos, las lámparas nuevas, no calzan con las calles de tierra que mantienen agua estancada, ni con el panorama completo de la zona en la que aún se siente el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Pareciera que sí hay apoyo al deporte; aunque Gabriel Umanzor, como instructor de Taekwondo, no sabe qué es eso. Cada vez que ha pedido apoyo, cuenta, recibe el mismo «no» de una maquinaria burocrática que le pide padrinos para obtener ayuda.

«Esa es mi casa, se inundó con Eta e Iota», dice cuando pasamos por la colonia Asentamientos Humanos, dentro de la Rivera Hernández. «En ese tiempo tenía un trabajo y pensé que me iban a despedir, pero no, me ayudaron», continúa contando mientras revisa el teléfono porque se ha retrasado para la clase de las 11:00 a. m., donde entrena de gratis, ganando únicamente el respeto de una comunidad que vive al borde de la violencia.

deporte en Honduras noticias karate fideicomiso deportes rivera hernandez taekwondo corrupción 2022 juventud de la en sps noticias hoy violencia juventud — Dos estudiantes de Taekwondo calientan antes del entrenamiento con su entrenador, Gabriel Umanzor, un joven de 22 años que dedica su tiempo libre a entrenar niños y niñas del sector Rivera Hernández. FotoCC/Fernando Destephen

Los grupos teatrales La Cachada, de El Salvador; Midas Arte, de Guatemala; y El Gato, de Nicaragua, llegan a la Casa del Teatro Memorias para dar vida a la Muestra de Directoras en Centroamérica. Dirigidas por Egly Larreynaga, Emy Coyoy, Mónica Ocampo e Inma López, Honduras recibe una diversa propuesta de historias del arte escénico dirigidas por mujeres.

Texto y fotografías: Persy Cabrera

Si vos no hubieras nacido, del grupo teatral La Cachada de El Salvador,dio inicio a la Muestra de Directoras en Centroamérica, actividad organizada por la Casa del Teatro Memorias, que durante cada fin de semana de mayo brindará la experiencia de vivir la dramaturgia centroamericana. Esta actividad reúne a El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras.

La oferta de historias para vivir junto a sus actores y actrices inició con esta obra del grupo de teatro salvadoreño La Cachada, que a través del bioteatro (una técnica teatral que junta las vivencias de sus actrices y las interpretan en el escenario) cuenta la historia de cinco mujeres que sobrevivieron a la violencia sufrida durante su infancia, adolescencia y maternidad.

Egly Larreynaga, su directora, la definió como «la síntesis de 3 años en los que yo trabajé con mujeres del sector informal que representan a muchísimas mujeres y cuentan cómo hay un ciclo de violencia en las relaciones entre madres-hijas, violencia del estado; violencia institucional que hay desde un hospital, por ejemplo; y cómo ese ciclo sí se puede romper, como ellas lo hicieron». Violencia obstétrica, doméstica, maltrato infantil y el embarazo de menores de edad son parte de la problemática que evidenció Si vos no hubieras nacido en el escenario de la Casa del Teatro Memoriasen Tegucigalpa.

La directora del grupo La Cachada, que tiene una década de impactar a través de esta arte escénica, cuenta que este es una especie de experimento por el casi nulo contacto de las actrices con el teatro al momento de iniciar con el colectivo. «En este caso ellas (las actrices) no tenían contacto con el teatro, sin embargo hubo todo un proceso de formación como cualquier persona. No nacemos sabiendo teatro», contó Larreynaga al hablar sobre la formación profesional de este grupo teatral. También señala que en El Salvador fue difícil que se les reconociera como actrices debido a «su origen», pero que con el tiempo se evidenció su talento y valentía.

Al contar sus historias pusieron a disposición del público de la Casa del Teatro Memorias un acto de temple, mostrando sus heridas, secretos e intimidad. Larreynaga agregó que el viaje que inició hace 10 años en los orígenes de La Cachadalogró inspirar a otras mujeres. Después de que sus actrices fueron beneficiarias de un taller con el que arrancaron en el teatro, el año pasado ellas dirigieron a 19 mujeres de 3 municipios de El Salvador y crearon una muestra titulada Yo estoy aquí. Para ella es satisfactorio ver cómo se cierra el círculo de «yo recibo y ahora doy también».

A través de sus actuaciones Wendy Hernández, Evelyn Chileno, Magaly Lemus, Mariam Santa María y Magdalena Henríquez brindaron a la audiencia risas, pero también silencio y lágrimas cuando se evidenció la dureza de ser madres en países como El Salvador y Honduras.

Magdalena Henríquez, actriz de La Cachada, definió Si vos no hubieras nacido como «el proceso más sanador, con el que más nos hemos entendido y descubierto. Descubrimos que habíamos sido víctimas de mucha violencia que –como era lo normal y lo único que conocíamos– no la identificamos como tal». Para Henríquez, al sumar este autoconocimiento a ayuda profesional como la psicológica es algo que ayudó a romper el círculo de violencia hacia sus hijos e hijas. «Ser mamá no es ser perfecta. Entender eso nos baja la presión social que está sobre el hecho de ser mamá y que, al convertirse en mamá, uno tiene que olvidarse de ser mujer o cualquier otro rol».

El rompimiento del círculo de violencia de estas madres se presenta en el escenario con rupturas de la cuarta pared, salirse del personaje y testimonios que impactan con historias que no son ajenas a la población hondureña. La visita de La Cachadacon Si vos no hubieras nacido significa para la población hondureña «verse en un espejo», según Egly Larreynaga, por las realidades tan similares que hay en Honduras y El Salvador.

Este fue el inicio de un mes lleno de teatro en la Casa del Teatro Memorias. Después de la propuesta teatral de La Cachada, el grupo Midas Artepresentará del 12 al 15 de mayo Idiotas contemplando la nieve, escrita por Alejandro Ricaño y dirigida por Emy Coyoy.

Posteriormente, del 19 al 22 de mayo será el turno del Teatro El Gato de Nicaraguapara presentar El Quijote de la Mancha, adaptada al teatro y dirigida por Mónica Ocampo. Esta adaptación del texto original de Miguel de Cervantes se alza como la propuesta apta para toda la familia de toda la muestra.

Para dar cierre a la Muestra de Directoras en Centroamérica, del 26 al 29 de mayo estará en función la pieza teatral hondureña Lo que ocurre dentro, del dramaturgo Sergio Rubio y dirigida por Inma López, actriz, productora, directora y quien junto a Tito Ochoa fundó la Casa del Teatro Memorias en el 2013. «Nosotros traemos un teatro contemporáneo con humor negro, ácido, que es un retrato de lo que ha sido vivir en Honduras en estos últimos años con el narcotráfico e inseguridad», agregó López en una entrevista brindada a Contracorriente antes de la función del grupo La Cachada. Esta será la quinta muestra centroamericana en este teatro, pero será la primera en la que todas las obras son dirigidas por mujeres.

Las funciones de todas las piezas teatrales inician a las 7:30 p. m. de jueves a sábado, y los domingos a las 4:00 p. m.

Inma López define esta actividad como un «gran regalo» y un esfuerzo importante de la Casa del Teatro Memorias y de los grupos teatrales para brindar una abanico de historias y estilos de dramaturgia distintos. En ese sentido, Inma resalta que el tener directoras centroamericanas que cuentan en sus países de origen con un espacio cultural y teatral alimenta al público con una pluralidad de estilos e inspiraciones en el arte escénico. «Todas somos muy diferentes, muy diversas en nuestros procesos de trabajo y en lo que contamos y cómo lo contamos», finalizó López.

Ubicado en el barrio La Plazuela del centro de Tegucigalpa, con 90 asientos disponibles y un escenario de 7 metros de frente y 6 de largo, la Casa del Teatro Memoriasda el espacio a Centroamérica para que embarquen al público hondureño en sus historias.

Daniel Valencia es editor jefe de ‘La Prensa Gráfica’ en El Salvador y coordinador del proyecto La Redacción Regional. Jennifer Ávila Reyes es directora del sitio ‘Contracorriente’ en Honduras. José Luis Pardo Veiras es director editorial de la productora periodística Dromómanos en México.

La semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tomó a contravía la ruta de la migración en una gira de cuatro días por América Central.

En ella visitó la Guatemala de su homólogo Alejandro Giammattei, donde la justicia se ha desmantelado en los últimos años hasta el punto de que hoy se vive una persecución sistemática de fiscales; El Salvador de Nayib Bukele, que sigue con poderes absolutos después de extender un estado de excepción en el país; la Honduras de Xiomara Castro, que ha cumplido 100 días como presidenta con la promesa de sacar al país de la gobernanza criminal al tiempo que su familia ha intervenido en los poderes legislativo y judicial y ha promovido perdones para exfuncionarios de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, acusados de corrupción. Y, aunque se saltó la Nicaragua reprimida por Daniel Ortega, la última parada de la gira fue Cuba, la dictadura más antigua de América.

AMLO llegó a la región con el objetivo de crear acuerdos que ralenticen el enorme éxodo migrante de los últimos años con un mensaje simple: aumentar la inversión y mejorar las condiciones de vida en los países de origen. Pero lo hizo estrechando las manos de varios de los representantes de un autoritarismo que ha obligado a muchas personas al exilio. Sobre eso guardó un silencio absoluto.

También decidió cerrar los ojos ante los ataques y amenazas que ocurren cotidianamente contra periodistas o fiscales en El Salvador, Guatemala, Cuba y Honduras. En su gira, pidió junto con los demás mandatarios a Estados Unidos inversiones para fortalecer la región. Pero para que eso suceda, su vecino del norte exige a cambio que los países den verdaderos pasos contra la corrupción, el respeto al Estado de derecho y a la independencia judicial y fiscal.

La mirada al sur de López Obrador está llena de contradicciones, como lo ha estado su política migratoria. Su gobierno empezó prometiendo independencia ante Estados Unidos, dio la bienvenida a la primera caravana masiva migrante de su gobierno e incluso anuncio visas de trabajo. Después convirtió las fronteras de México en muros llenos de soldados: el año pasado más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas se apostaron en las fronteras norte y sur para “salvaguardar” la niñez centroamericana.

En su gira presumió la exportación de dos de sus programas sociales estrella: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En Tegucigalpa, la capital de Honduras, lo recibió una gran pancarta: “Bienvenido amigo Andrés Manuel, Honduras te agradece Sembrando Vida”. Pero en México estos programas han dejado muchas más sombras que luces.

El primero, el programa de “reforestación más importante que se está aplicando en el mundo”, según el propio gobierno, busca el desarrollo rural, pero ha provocado una enorme deforestación. El segundo está diseñado para conectar jóvenes desempleados con empleos a través de becas. Varios municipios han registrado más becarios que jóvenes desempleados, el programa no ha llegado muchos de los lugares con mayor desempleo, y algunos beneficiarios han suplido puestos de tiempo completo.

Además, estos programas llegan a países donde las mismas autoridades buscan que sus ciudadanos se vayan, como El Salvador. “Sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestro país, no queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera”, dijo Bukele a AMLO. Hace unas semanas, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea de ese país y una persona muy cercana a Bukele dijo: “Que les den asilo (a los periodistas) y que se vayan”.

La ola autoritaria se ha sumado en los últimos años al cambio climático, la violencia y la precariedad económica para convertir a América Central en una maquinaria todavía más precisa para expulsar gente: ha aumentado 70% los centroamericanos refugiados y los que han solicitan asilo, al pasar de 41,851 en 2016 a 296,863 en 2021. Más de 200,000 personas han huido de la represión de Daniel Ortega en Nicaragua.

Además, al menos desde 2014, Estados Unidos ha ensayado con México que se convierta en su muro de contención. Ese año, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Barack Obama negociaron el Plan Frontera Sur, que causó que las detenciones de migrantes en Méxicose duplicaran en sólo un año. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, el sentimiento antiinmigrante se intensificó. Durante su gobierno implementó los Protocolos de Protección a Migrantes y Título 42, que dificultaron el ingreso y permanencia en Estados Unidos.

Con más gente huyendo de sus países y el destino predilecto poniendo cada vez más candados a sus puertas, México ha pasado de ser una ruta a la parada final de muchos. El año pasado las solicitudes de refugio marcaron un récord en la historia reciente con 131,000, 220% más que 2020, lo cual lo convierte en el tercer país del mundo en recibir más solicitudes de refugio, solo por debajo de Estados Unidos y Alemania.

Con la presión migratoria desbordando la capacidad de los gobiernos y de los refugios, y con la justicia estadounidense bloqueando la derogación del Título 42 a pesar de las intenciones del presidente, Joe Biden, es una buena idea que México mire al sur. Pero exportar programas sociales ineficaces e impulsar una alianza con gobiernos que atacan la democracia y a sus ciudadanos, no va a frenar el enorme éxodo centroamericano.

Días después de la gira, AMLO aseguró que, si Estados Unidos veta la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas, él no acudirá como protesta. Tiene razón corresponsabilizar al vecino del norte de la crisis migratoria, pero eso no debería ser un motivo para obviar los males de sus vecinos del sur. Muchos de los que huyen, lo hacen por la represión de los presidentes a quienes les ha estrechado la mano.

Texto y fotografía: Antonio Gutiérrez

En una de las 96 esquinas que componen la red de semáforos en San Pedro Sula, se encuentra Evelyn Sosa, de 22 años de edad, quien desde hace tres años se dedica a limpiar vidrios de carros cada vez que la luz roja del semáforo se lo permite. «Empiezo desde las 6:00 de la mañana y me voy hasta las 3:00 de la tarde», dice.

Evelyn no está sola. Desde hace meses, está embarazada, y de hecho le quedan pocos días para la fecha aproximada de su parto. «Me ha ido muy bien aquí en esta esquina, la gente que pasa por aquí ha sido muy amable y me ha ayudado bastante», cuenta, y añade que durante su estado de gravidez nunca ha parado de trabajar a pesar de que esto podría afectarla a ella y a su bebé: «Yo de aquí he podido sacar para mis exámenes y medicamentos que me receta el doctor», dice, añadiendo que se siente agradecida por las personas que le dan unos billetes por su servicio de limpieza.

En Honduras, un proceso seguro y deseado de maternidad sigue siendo una utopía para las mujeres. Actualmente, los índices de mortalidad materna están en alza y la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos sigue pendiente a pesar de que la presidenta Xiomara Castro se ha comprometido públicamente con responder a las demandas de las mujeres hondureñas. Datos entregados por una solicitud de transparencia a la Secretaría de Salud (Sesal) detallan que en 2019 Honduras tenía una tasa de 53 muertes maternas, pero en 2020 con la pandemia, esta cifra aumentó a 58.

La madre de Evelyn, María Mejía, le ayuda en el trabajo, ya que le preocupa lo arriesgado que es para su hija estar en mitad de la calle corriendo la suerte de ser atropellada o sufrir otro tipo de accidente. Sin embargo la situación de desempleo en Honduras las orilla a buscar el sustento de esta manera.

Evelyn será madre soltera, el padre de su hijo no se hizo cargo y la abandonó. Pese a ello, y en medio de tantas dificultades y oscuridad, ella y su madre dicen estar felices de la llegada a este mundo de un miembro más a la familia.

Texto: Claudia López
Ilustración: Freepiks

Parece que el tema del trabajo del hogar es recurrente en mis relatos. Y es que recién se conmemoró el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y pensé otra vez en esta labor, tan invaluable, pero tan invisibilizada desde la óptica capitalista y patriarcal.

En la actualidad, se encuentra tan infravalorada que las trabajadoras organizadas y remuneradas del hogar siguen luchando por los derechos más básicos en nuestro país. La lucha se antoja enorme. Para empezar, luchan porque se legisle a su favor como un derecho humano con fundamento en los principios de igualdad y no discriminación. A esta altura del siglo XXI, sus derechos se encuentran contenidos en un pequeño apartado del Código del Trabajo que, en lugar de agenciarles protección, secundariza esa labor. Por tanto, conmemorando ese día tan importante, veo necesario referirme a algunas inquietudes desde mi propia mirada como mujer, pero reconociéndome privilegiada. Quiero, pues, intentar aplicar un enfoque de género y de interseccionalidad a este sentir.

Hace poco, la actriz Melanye Lynskey, al ser premiada en los Critics Choice Awards 2022, dijo: «La persona más importante que creo que tengo que agradecer antes de terminar es mi niñera, Sally. La amo (…). Ella es un ángel absoluto. Ella está con mi hijo, y mi hijo está seguro y cuidado, y me permite ir a hacer mi trabajo. Gracias, Sally. Te amo tanto». El discurso fue elogiado en redes sociales y catalogado como enternecedor. Yo quiero intentar ir un poco más allá y entender la dimensión real de esa labor de cuidado.

Cuando hablamos del trabajo de cuidados lamentamos la feminización del mismo, pues la labor de cuidados la trasladamos siempre a otra mujer aunque reciba un salario por ello. No deja de ser el traslado de una opresión patriarcal de una mujer a otra mujer. Los hombres nunca o casi nunca «están disponibles» para esta labor; de manera connatural, el sistema patriarcal se encarga de posicionar en el imaginario colectivo que esa labor debe ser ejercida por una mujer, sea esta una tía, abuela, hermana, suegra o amiga. En fin, ellas: esas redes de apoyo que siempre están con nosotras (aun y cuando no sea fácil traslapar generaciones, coincidir en costumbres, etc., pero ese es otro tema). Ellas siempre están cuando nos quedamos sin el apoyo de una trabajadora del hogar.

Y ahora es cuando quiero referirme a lo que me ocurrió cuando la trabajadora doméstica empleada en casa (un ángel en nuestras vidas) cambió de rumbo y se fue. Aquella decisión me hizo valorar aún más el trabajo de cuidado. Sobre todo porque no contamos con otras opciones, pues tenemos una criatura que depende absolutamente de ese cuidado. Por razones de trabajo, mi compañero de hogar no reside permanentemente con nosotros, así que nos es imprescindible contar con una trabajadora del hogar; pues además de ser mamá y todas sus implicaciones, yo también trabajo fuera de casa. Cuando la trabajadora del hogar se fue por razones familiares, decidí llevar a mi hijo a una guardería, sin embargo, casi de inmediato enfermó y no era posible por recomendaciones médicas –al menos por un buen tiempo– llevarlo a ese cuidado. Así que, casi contra mi voluntad –pues me niego a que las abuelas deban ejercer ese cuidado–, organizamos que las abuelas apoyaran en ese momento. Esta decisión me ha cargado de manera interminable, pues no acepto aún la idea de irrumpir en la jubilación de alguien y depender de ese apoyo para solucionar una emergencia de este tipo.

Pasaron ya casi tres eternos meses entre tratamientos médicos a mi pequeño, una mudanza necesaria, mil horas de estrés, dolor por la partida, la separación y la nostalgia del sitio construido como hogar para reiniciarlo en otro sitio. Y es hasta ahora que llegó un nuevo apoyo, una nueva empleada del hogar que sin duda me saca una enorme carga, me llena de esperanza y me hace valorar más esa dedicación practicada por quienes ejercen esa labor. Una labor que, en la mayoría de los casos, practican obligadas por el hecho que en este país no haya más opciones por razones de corrupción, impunidad y décadas de saqueo de los recursos para educación y derechos básicos de la población más postergada, dejándoles sin más opciones de sobrevivencia.

Aunque aclaro, y sin perjuicio de que la feminización del trabajo de cuidado debe ser motivo de cuestionamiento permanente, el trabajo de cuidados y del hogar no debería ser visto como un infortunio si se dieran las condiciones adecuadas para esa labor y se garantizaran altos estándares de cumplimiento a derechos laborales. Esta debe ser justamente la lucha. Y si bien desde los espacios académicos lo he venido haciendo, ahora me comprometo más a visibilizar y acompañar desde mi trinchera el reconocimiento legal en toda su expresión del trabajo doméstico remunerado; no únicamente desde una «visión romántica» del tremendo apoyo que significa tener a alguien que cuide de mi hijo, sino también de la necesidad de exigir que se legisle a favor de los derechos de las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas remuneradas.

Ahora, que por primera vez una mujer es presidenta del país, es cuando más deberíamos demandar un enfoque de género e interseccionalidad en todas las decisiones. Este tema, por ejemplo, debería iniciarse con la adopción y ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 189), que será la sombrilla que ampare y garantice las medidas positivas a fin de hacer realidad los derechos del trabajo que sostienen la vida desde la invisibilidad.

Porque no basta con agradecer que cuento de nuevo con el apoyo de alguien en casa, sino también exigir que ese trabajo se dignifique; lo que se debe traducir en salarios dignos, en seguridad social para las trabajadoras, en proveerles espacios cómodos y adecuados de descanso. En fin, los mismos derechos que la legislación reconoce a todos.

Y si bien el discurso de agradecimiento de la actriz Melanye Lisnkey a la niñera antes referido al menos posicionó el tema de cuidado en el imaginario público, las acciones deben ser más contundentes como sociedad, pues, como he dicho, reconociéndome mujer privilegiada, el avance de los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas no será posible sin la demanda permanente de todas y todos. Es un tema de justicia colectiva; de no hacerlo, las vidas de estas mujeres y de quienes dependen de ellas no podrán mejorar en términos de derechos fundamentales, como apuntaba Kimberle Williams Crenshaw: «Si no somos interseccionales, algunos de nosotros, los más vulnerables, caerán entre las grietas».

Texto y Fotografía: Jorge Cabrera

Nora Padilla,de 55 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en enero de 2019. Después de largos tratamientos, problemas económicos y mucho miedo, hoy ha decidido tatuarse un pezón en el lugar de su cicatriz. «Luego de seis quimioterapias y veinticinco radiaciones con el acompañamiento del Centro Contra el Cáncer Emma Romero de Callejas, hoy estoy viva», dice, mientras se dispone a comenzar el proceso de su tatuaje, que ella ve como un agradecimiento a la vida.

Durante dos días, un grupo de mujeres que vencieron al cáncer se realizaron tatuajes en el Centro Contra el Cáncer Emma Romero de Callejas. Los tatuajes son obra de Diego Staropoli, un trotamundo argentino que viaja en una casa rodante junto con su familia. «Hemos realizado, hasta el día de hoy, 1,890 tatuajes a mujeres que quieren reencontrarse con su cuerpo», cuenta. Honduras es su décimo país, después seguirá por Guatemala y México, donde intenta fomentar a los tatuadores a que se sumen a su proyecto y que «brinden un poco de amor con su tinta». Staropoli tatúa mujeres sobrevivientes del cáncer, pero también sobrevivientes de violencia que quieren transformar sus cicatrices en algo nuevo, en la transición a una nueva vida.

Nora cuenta que cuando estuvo más desamparada y vulnerable, en el Centro Contra el Cáncer le abrieron las puertas y le dieron «armas para seguir luchando». Sobre su tatuaje, explica que «esta cicatriz es recordatorio de lo que pasamos, y hacer esto es el resurgimiento a una nueva etapa, mentalmente me motiva, es algo positivo», dice.

Hoy, además de Nora, Laura Pacheco sonríe al saber que, después de dos años buscando un tatuador, tiene la oportunidad de rehacer sus dos pezones gracias al tatuaje. «Mi mamá pasó por el proceso y es sobreviviente de cáncer también; yo desde hace 4 años estoy limpia de la enfermedad», cuenta Laura, y asegura que la visita de Diego ha sido oportuna ya que «Honduras actualmente no cuenta con tatuadores que se especialicen como Diego, el acabado es realista».

La doctora Flora Duarte, directora del Centro, dice que «el evento es muy especial para Honduras y cambiará la idea sobre los tatuajes que han sido vinculados solo al crimen organizado; y hoy, con la visita de Diego, queremos cambiar la mentalidad y que nuestras pacientes tengan un poco de alegría al ver su nuevo pezón».

Honduras reporta aproximadamente 10,628 casos nuevos de cáncer cada año y 6,378 personas fallecidas por la enfermedad; el cáncer de mama representa la neoplasia más común en las mujeres, con estimaciones de 1,285 nuevos casos diagnosticados en el 2020, según Globocan, y 508 fallecimientos debido a esta misma patología para el mismo año.

Nora Padilla sufrió de cáncer y tuvo que pasar por una mastectomía; hoy decidió tatuarse para sentirse más segura consigo misma. Foto CC/Jorge Cabrera

Diego Staropoli,tatuador argentino con 30 años de experiencia, ha trabajado en diversos tatuajes con mujeres sobrevivientes. Hoy se encuentra en Honduras tatuando a las sobrevivientes de cáncer. Foto CC/Jorge Cabrera

Nora dice que su familia siempre la ha apoyado y que hoy decidió tatuarse para seguir su lucha. Foto CC/Jorge Cabrera

El cáncer de mama es el más común en las mujeres. Foto CC/Jorge Cabrera

Tatuadores de Honduras hicieron parte del momento de aprendizaje para seguir el proyecto del tatuador argentino. Foto CC/Jorge Cabrera

Laura Padilla fue una de las sobrevivientes que se tatuó pezones en sus implantes después de sobrevivir al cáncer. Foto CC/Jorge Cabrera

La tinta hoy le dio un nuevo significado a la lucha de las sobrevivientes de cáncer. Foto CC/Jorge Cabrera

Diego recorrió desde Argentina varios países, en los cuales intenta darles dignidad con su arte a cada sobreviviente de cáncer y también a sobrevivientes de violencia. Foto CC/ Jorge Cabrera

«Esto no es un negocio, mi familia sufrió las consecuencias del cáncer y hoy visito cada rincón que pueda para servir de alivio», dice Diego, el tatuador. Foto CC / Jorge cabrera

De acuerdo a estimaciones de Globocan, hubo aproximadamente 2.26 millones de casos nuevos de cáncer de mama recientemente diagnosticados en 2020, lo que representa casi 1 de cada 4 casos de cáncer entre las mujeres . Foto CC/Jorge Cabrera

Los primeros cien días de un gobierno demuestran las prioridades y la ruta de transición trazada por los nuevos gobernantes. Demuestran también el estilo de gobierno, el tono de su retórica y la composición de su liderazgo político. También es el período en que las expectativas suben, se mantienen o bajan, como la confianza ciudadana depositada a través del voto.

Antes de que ese período se le cumpliera al nuevo gobierno de Honduras, encabezado por Xiomara Castro, las redes sociales oficiales hicieron propaganda de una encuesta publicada en abril de 2022 por Mitofsky en conjunto con TResearch en la que Castro sale en quinto lugar en el ranking de presidentes mejor evaluados del mundo. El listado lo encabeza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero ahora, distintos analistas y funcionarios dicen que cien días no son suficientes para evaluar a la presidenta, al menos no para apuntar sus desaciertos.

Castro pidió cien días a diferentes sectores, incluyendo a la empresa privada, para presentar una ruta clara para el rescate del país, después de doce años de una autocracia sostenida por redes criminales.

En Honduras, después de toda la esperanza que la ciudadanía depositó en las urnas para que ganara la presidencia Xiomara Castro, se espera conocer el nivel de cumplimiento de sus promesas y saber si el gobierno va por buen camino o es más de lo mismo con diferente envoltorio. Es evidente que después de doce años de un régimen autoritario, después de un golpe de Estado y de ser catalogado como un Narco-Estado, Honduras incrementó la pobreza, el desempleo y la crisis social, su expresión más grande fueron las multitudinarias caravanas migrantes y sus miles de ciudadanos que huyen del país de manera visible o invisible. Honduras camina este 2022 con una cifra alarmante: 73.6 % de la población vive en pobreza y 53.7% en la extrema pobreza. Castro, con su gobierno de unidad partidaria, se encuentra frente a un Estado saqueado y debe responder a una población empobrecida y golpeada.

Llevamos cien días escuchando al nuevo gobierno culpar a los anteriores de haber dejado el país en «jirones» pero al mismo tiempo lo hemos visto comenzar con paso firme su agenda. La primera acción, apenas un día antes de tomar posesión, fue asegurar el control de la presidencia del Congreso Nacional a través del partido en gobierno. Desde allí, desde ese control, podemos contar lo que ha pasado estos cien días.

Todo inició con la alianza política por la cual el gobierno de Xiomara Castro está condicionado. Los nombramientos en las secretarías, los presupuestos, las líneas políticas con respecto a temas económicos, de salud, de mujeres, de lucha anticorrupción, se trazan a dos manos en esta alianza partidaria. En una conferencia de prensa el pasado febrero en Casa Presidencial, Manuel «Mel» Zelaya, asesor presidencial, esposo de la presidenta y expresidente de Honduras dijo que «Dios escribía líneas rectas en renglones torcidos, algo incomprensible» pero según él una perfecta analogía sobre lo que pasa con este gobierno nuevo, el gobierno del Poder Ciudadano 2.0.

La primera línea que trazó el nuevo gobierno tachó varias promesas controversiales que había hecho la ahora presidenta en su campaña: abrir relaciones con China Continental, vender el avión presidencial y vehículos de lujo, cancelar los monopolios y oligopolios del país, aprobar un ingreso universal para familias pobres financiado por los programas anticorrupción y la cereza del pastel: el llamado a una asamblea nacional constituyente.

La segunda línea definió el poder sobre el Congreso Nacional. La cabeza visible, el presidente, la acordaron entre los dos partidos de la alianza: el diputado Luis Redondo, ya conocido por su lucha anticorrupción en el gobierno anterior pero no uno de los más populares en las urnas. Este compromiso cumplido y con una junta directiva del Congreso Nacional en la que el hermano de Mel, Carlos Zelaya, le habla al oído al presidente de ese poder, dio paso al cumplimiento de varias acciones prometidas.

Por ejemplo, las dos primeras leyes aprobadas en el Congreso por iniciativa de la presidenta fueron la ley que permitió el subsidio energético para familias pobres y la ley que condena el golpe de Estado y aprueba una amnistía para presos políticos. La primera es una medida económica que aun no se sabe cómo impacta, sobre todo a la delgada y vulnerable clase media del país, pero que fue criticada por algunos sectores por ser una medida populista y poco realista ya que el país está en bancarrota. La segunda, la de la amnistía, fue aun más controversial. Aunque el gobierno ha dicho que esta ley beneficiaría a más de 7.000 personas criminalizadas durante y después del golpe, esta ley ha sido criticada por ser utilizada para dar cartas de libertad a personajes como Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia del expresidente Mel Zelaya, Marcelo Chimirri condenado por un caso previo al golpe de Estado y también familiar de la actual presidenta, y al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, en ese momento del mismo partido que Mel Zelaya. La inclusión de exfuncionarios cuestionados o procesados por corrupción durante el gobierno del expresidente Zelaya ha abierto una puerta que podría ser contraproducente para la lucha contra la corrupción en Honduras, pero es, sin duda confusa o incoherente con la promesa de erradicar la corrupción.

Otra línea trazada con contundencia en los renglones torcidos de Honduras fue la del nuevo presupuesto general de la república, que fue aumentado en un 16.9% con respecto del presupuesto que dejó aprobado el gobierno de Juan Orlando Hernández y que fue duramente criticado por el actual gobierno de ser «una fuente de corrupción» por ser tan elevado e inapropiadamente distribuido. El Poder Ejecutivo actual envió el nuevo presupuesto al Congreso el cual asigna más recursos a la generación de empleo, a la educación, salud, preservación del medioambiente y protección a los Derechos Humanos. Sin embargo, en materia de seguridad y defensa, el nuevo presupuesto sigue mostrando una inclinación hacia la militarización al darle a la secretaría de defensa más presupuesto que a la de seguridad, a pesar de que de acuerdo al proceso de desmilitarización implementado, algunas funciones clave —y onerosas— ahora las tiene que asumir la Policía Nacional con el mismo famélico presupuesto de años anteriores.

Por otro lado, algunos presupuestos aumentados muestran la tendencia presidencialista del actual gobierno al no desaparecer la Partida 449 (una partida discrecional de Casa Presidencial) y al aumentar el presupuesto del Congreso Nacional y el del Consejo Nacional Electoral. El artículo 287 de la reestructuración presupuestaria indica que a través de la 449 se busca « proyectos de generación de empleo para jóvenes de entre 18 y 30 años incluidos en el Plan de Gobierno para el Reintegro de Honduras, excepto los asignados a las Secretarías de Estado en materia de Seguridad y Defensa». Por otro lado, para justificar el aumento del presupuesto en el CNE, el asesor Mel ha dicho que este será un gobierno lleno de consultas ciudadanas para la construcción de un Estado socialista.

La reestructuración del Estado es otra de las líneas para la valoración de estos primeros cien días. El 6 de abril de 2021, en el Consejo de Secretarios de Estado, la presidenta Xiomara Castro también reestructuró la administración pública suprimiendo 17 secretarías de estado y programas del antiguo gobierno.

Se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, la Secretaría de Estado en el Despacho de la Mujer; la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de los Pueblos de Honduras; cambiaron de nombre la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social.

Esta reestructuración también nos ha mostrado cómo el círculo más cercano a Mel Zelaya ha cerrado sus filas. Si ya es cuestionado que Mel sea asesor presidencial, cuando se hizo la reestructuración, la presidenta creó una Secretaría para su hijo mayor, Héctor Manuel Zelaya, su secretario privado. En pocas horas Hector Manuel pidió a su madre revertir esa decisión aunque se quedara siempre como secretario privado. Lo vemos seguido en reuniones de alto nivel en representación de la presidenta pero sin tener una secretaría y sin que esté claro cuál es su potestad ante grandes decisiones. También vemos en este tipo de acciones al hijo menor, José Manuel, quien se autodenomina asesor presidencial «ad honorem». Pero no son los únicos familiares, está José Manuel Zelaya, el hijo del secretario del Congreso y sobrino de Mel quien ahora es el ministro de Defensa. Además es importante contar a los exfuncionarios que acompañaron en su gobierno a Mel y los vemos de regreso con mucho poder en el gobierno de Xiomara Castro: el actual canciller, Enrique Reina, la actual ministra de finanzas Rixi Moncada, la presidenta del Banco Central de Honduras Rebeca Santos, el actual ministro de Transparencia Edmundo Orellana, Fredis Cerrato el nuevo director del INFOP, Tomás Vaquero de Gobernación y Justicia y Marco Sierra de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros.

En el Congreso, los Zelaya tienen su voz de mando también con la hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortensia, quien es diputada y Carlos Zelaya quien es el secretario del Congreso. Desde allí, las reformas y leyes más populares, prometidas por la nueva administración, pasaron sin problema, como la derogación de la ley de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) y de la llamada «Ley de secretos». Castro también salió el Día del Trabajo para hacer propaganda sobre otra promesa cumplida: la derogación de la Ley de Empleo por horas. Su narrativa triunfalista choca con las condiciones reales que vive el país y las demandas que siguen sin ser escuchadas.

A pesar de que a nivel de imagen se le ha sacado mucho provecho al hecho de que Xiomara es la primera presidenta mujer en Honduras, los temas que siguen siendo una deuda tienen que ver con las demandas de las mujeres, sobre todo en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y el fin de la violencia contra las mujeres. Todavía no hay garantías de que tener una Secretaría de Estado de Asuntos de la Mujer responda a los reclamos de las mujeres, sobre derechos sexuales, la participación activa de las mujeres en temas políticos, el acceso a préstamos para negocios o el acceso a la tierra y también la justicia para las sobrevivientes de violencia. Hasta el momento, una de las demandas más fuertes del movimiento feminista, la aprobación de la píldora anticonceptiva de emergencia —prohibida durante el golpe de Estado— no ha sido resuelta, además aún no hay señales de cambio en el tema de la investigación penal de los feminicidios. La bandera feminista que Castro ha levantado, poco a poco se ha ido bajando.

En cien días, con estas acciones y discursos, con estas líneas trazadas los renglones torcidos heredados difícilmente se enderezan, Castro no ha podido controlar la crisis del país y el descontento y cuestionamiento no solo de la ciudadanía sino también de sectores como el sector privado, organizaciones de mujeres, indígenas y de defensa territorial, incluso su propia militancia, no se hacen esperar. Para un país como Honduras, cien días son suficiente espera cuando las expectativas son tan altas y la esperanza tan baja.

Los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro han expuesto un panorama complejo para Honduras. Los conflictos internos del partido y de la alianza política que llegó al poder complican cada escenario y, aunque Castro ha cumplido con algunas de sus promesas, los problemas estructurales del país parecen rebasar cualquier esfuerzo. También hay deudas importantes que siguen pendientes, la primera presidenta de Honduras no le ha cumplido a las mujeres.

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

Durante la toma de posesión, la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió cumplir con 21 acciones urgentes en los primeros cien días de su gobierno. Hoy se cumplió ese plazo pero según el análisis de Contracorriente, la presidenta no cumplió con siete de esas medidas, cinco sí las cumplió y en siete lo hizo a medias, dos se excluyeron del análisis: la potestad de las Fuerzas Armadas para la protección del medio ambiente que ya existía y la libertad de los presos de Guapinol, que se dio sin necesidad de una amnistía.

Entre las promesas pendientes están las demandas de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, la soberanía alimentaria también ligada a la promesa de disminuir los intereses bancarios para la producción y la protección del medio ambiente.

Para Lester Ramírez, director de Transparencia y Gobernanza de la ASJ, hay mucha improvisación en la administración del Estado, algo que considera normal viniendo de un gobierno de transición, pero este año ya deben entender completamente cómo se administra. Destacó que aún queda el gran reto que prometió en campaña: la reconciliación.

«La presidenta incluso lo dijo en sus primeras palabras cuando ganó y la reconciliación no se ha dado. Estamos viviendo una situación de alta polarización, vemos que los jóvenes y las mujeres, que fueron quiénes le dieron la victoria a este gobierno, ahora se sienten muy decepcionados, muy defraudados, porque nos les están cumpliendo con lo que esperaban», explicó.

Por otra parte, Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dijo que «estos primeros 100 días permiten encontrar por lo menos cuáles pueden ser prioridades del gobierno y se pueden encontrar aspectos relacionados sobre el ímpetu para enfrentar otras cosas».

Para Castañeda, es importante que, aunque los gobiernos se pongan ese límite de 100 días, también le digan a la ciudadanía que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana. «El actual gobierno tiene altos niveles de legitimidad y de capital político que debe aprovechar porque muchas veces, como muestra la experiencia de otros países, ese capital político y esta legitimidad se va perdiendo bastante rápido. Entonces es importante impulsar esas grandes reformas acompañadas siempre de estudios técnicos y de diálogos con los diversos actores de la sociedad», dijo.

Promesas cumplidas 100 días
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100 días sin la PAE y sin acciones concretas para las mujeres

«Sabemos que la presidenta en algún momento dijo que este es el siglo de las mujeres, pero no sé cuándo va a empezar. No tenemos luces, no tenemos un respaldo de nuestra presidenta» dijo Jinna Rosales, integrante del Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (GE-PAE).

Rosales explicó con detalles lo cansada que se siente de tener que seguir contando la importancia de la derogación del acuerdo ministerial que prohibió la PAE en 2009. «Hemos estado en reunión con otras instancias, pero nadie quiere abordar el tema de la PAE, hay como un temor». Además dijo que tras el recibimiento que tuvieron las organizaciones feministas el 8 de marzo en Casa Presidencial, del que salieron con muchas esperanzas, ahora ven un panorama muy difícil para que el gobierno cumpla con una de las promesas incluidas en el Plan de Gobierno con el que ganó la presidencia Castro.

También Ana Ruth García, pastora y coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, explicó que tras esa reunión con la presidenta fue designado el ministro de Salud, José Matheu del Partido Salvador de Honduras, para que recibiera sus propuestas. «Nos reunimos en su casa ya que no nos quiso recibir en su despacho para que los medios no se dieran cuenta […] Nos dio argumentos antiguos como que no fuera alguien basado en ciencia, que la PAE sólo se ha aprobado en ratas y en monos, que no está científicamente probada en humanos, cosa que desvirtuamos» explicó la pastora.

Información a la que Contracorriente tuvo acceso señala que en esa reunión también se encontraba la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque. Según varias fuentes que se encontraban en el lugar, la ministra —reconocida dentro del Partido Libre por su trayectoria feminista— apoyó al ministro Matheu en algunos de sus argumentos sobre lo «dañina que es la píldora» y dijo a las mujeres que no era el tiempo para que la presidenta entrara con un tema así.

Contracorriente abordó a la ministra Roque, quién confirmó haber estado en la reunión como mediadora, pero negó haber tomado esa postura «el derecho a la anticoncepción de emergencia es un derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en ese sentido tenemos una responsabilidad como Estado» dijo y aseguró haber instado al ministro de salud para que no exista ninguna limitación en el uso de la PAE.

«En esa reunión se plantearon varias cosas, una de ellas es una preocupación que existe y que también es válida de que, en ciertos sectores y ciertas mujeres jóvenes de las zonas más urbanas, utilizan la PAE como si fuese un método anticonceptivo rutinario y eso tiene graves consecuencias de salud» añadió la ministra Roque.

Esto lo dijo a pesar de que las organizaciones de mujeres presentaron estudios donde la Organización Mundial de la Salud asegura que el uso repetido de la píldora de emergencia no plantea riesgos conocidos para la salud, pero que es mejor encontrar un método más efectivo.

Sobre sus declaraciones dadas recientemente al New York Times en donde dice que el gobierno «no está en las condiciones de abrir otro frente con un enemigo tan poderoso como la Iglesia» y que legalizar la píldora ahora sería «meramente echarle más leña a la hoguera», la ministra aseguró que esa no es su postura personal sino la que le ha expresado el ministro de Salud. «Jamás voy a decir que las mujeres, sobre todo las víctimas de violencia, deban esperar aún más. Lo que les dije es que en este momento el gobierno está sufriendo diversos ataques y se está utilizando la agenda de las mujeres y la salud sexual y reproductiva como una forma de atacar al gobierno».

Xiomara Castro, cuando era candidata presidencial en junio de 2021, se reunió con organizaciones feministas con quienesfirmó un pacto de compromiso con algunas de sus demandas, entre ellas, facilitar a las mujeres el ejercicio de su derecho a una salud sexual y reproductiva, «plena, libre de fundamentalismo religioso, comprometiéndome para ello, desde el inicio de mi mandato, a la derogación del acuerdo que prohíbe la PAE y aprobando el Protocolo de atención de sobrevivientes de violencia sexual» dice el pacto.

Mi compromiso por la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres de Honduras. La agenda política de mujeres y feministas será mi prioridad. No más violencia contra las mujeres y femicidios, salud sexual y reproductiva, participación política de las mujeres. pic.twitter.com/cu79nNupUe
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) August 19, 2021

Por su parte, Jinna Rosales piensa que la razón detrás de que aun no se apruebe la PAE son los hombres que rodean a la presidenta, «os machos que están como funcionarios públicos son como la voz cantante que dice: no, presidenta ¿Quién es la traba? Toda esta cúpula de funcionarios públicos, ministros, directores, que expresan que el tema de las mujeres no es prioridad».

Jessica Sánchez, analista feminista, dijo que además Castro tiene una gran deuda con las mujeres porque utilizó el tema durante su campaña. «Ella utilizó mucho del movimiento feminista, utilizó mucho de los esloganes, de las luchas, para posicionar su campaña. Ahora la siento cautiva de un montón de gente que no sabe qué hacer, que la tiene como cooptada y que no puede ponerle un alto sin que digan que están peleando y que eso ponga en peligro todo el tema de la gobernabilidad» explicó Sánchez.

Castro también hizo promesas con respecto a la reducción de violencia contra las mujeres y femicidios, sin embargo, los casos de violencia siguen ocurriendo en el país con nula atención a las mujeres. El 3 de febrero de 2022, Rosaura sobrevivió al ataque de un hombre que la acosaba y hostigaba desde hacía tiempo en Choluteca, al sur de Honduras. Después de tres meses, Rosaura aún no tiene justicia y su agresor está prófugo.

Leer más:Las secuelas de Rosaura, sobreviviente de un intento de femicidio

Las cifras de femicidios en Honduras no han disminuido. El observatorio de Ecuménicas por el Derecho a Decidir registró, hasta abril de 2022, un total de 100 femicidios en Honduras, la misma cantidad registrada para ese período en el 2021

Jinna Rosales se exaspera cuando recuerda las cifras. «Son datos alarmantes, es como ver que las mujeres estamos en un estado de emergencia. Cuando asesinaron a tres policías, inmediatamente el gobierno actuó y decretó estado de sitio en Colón. Al día siguiente mataron a cuatro mujeres en Yoro y para el gobierno esa situación pasó desapercibida» señaló.

Promesas no cumplidas 100 días
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Con el cambio de gobierno hubo una reestructuración en la Policía Nacional para otorgarles el 40% de las jefaturas policiales a oficiales mujeres. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad no ha presentado un plan orientado a reducir los índices de femicidios, «no logramos desmontar años y años de pensamientos y prácticas machistas y patriarcales, vamos a seguir enfrentando altos niveles de violencia contra las mujeres y la Secretaría de Seguridad pues sus prioridades en este momento han sido otras» explica Gilda Rivera, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer (CDM).

El gobierno ha tenido algunas acciones en temas de género, entre ellas, el 8 de marzo, Castro envió al Congreso Nacional la propuesta de distintas organizaciones de elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y la propuesta de Ley Integral contra la Violencia de Género, un proyecto de distintas organizaciones de sociedad civil.

Rivera dijo haber sentido apertura de la Secretaría de la Presidencia y del Instituto Nacional de la Mujer. Con la primera y con la comisión de género del Congreso Nacional, lograron discutir la propuesta de ley. «Posiblemente será un proceso más lento del que esperábamos, especialmente por las observaciones que puedan haber y la idea es que se cree un comité técnico de seguimiento al debate» explicó Rivera.

Otra de las demandas pendientes para las mujeres es laLey de Casas Refugio, un proyecto muy distinto al de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que busca la aprobación de 10 millones de lempiras para que las únicas diez casas refugio existentes en el país tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional.

Jinna Rosales añade que las organizaciones comienzan a perder la paciencia, “no nos vamos a prestar para que nos instrumentalicen en el sentido de que le digan a la cooperación que están en diálogo con las organizaciones, pero al final solo es dilatar los temas y no llegar a nunca a nada” declara.

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Las crisis internas del gobierno que desnudan el machismo

Las crisis del gobierno se han resuelto con un evidente silencio por parte de la presidenta. Por ejemplo, la crisis del Congreso Nacional en la que dos juntas directivas se propusieron y aprobaron respectivamente, ambas con muchas irregularidades.

La resolución de esas crisis se dio entre el expresidente Zelaya, coordinador del Partido Libre, y Jorge Calix, en las instalaciones y con los recursos de Casa Presidencial. Esta situación destapó que, aunque Honduras tenga el gobierno de la primera mujer presidenta, son los hombres quienes están detrás de las crisis, las negociaciones y la violencia política.

Leer más: Acuerdos hechos por hombres retratan la exclusión de mujeres y violencia política

De igual manera, esta semana hubo un ataque a las instalaciones de Ciudad Mujer por parte del diputado Mauricio Rivera del Partido LIBRE en contra de la funcionaria Tatiana Lara, nombrada en ese cargo por la presidenta. Aunque activistas feministas de Libre y funcionarias del gobierno salieron a respaldar a Lara, la presidenta no hizo declaraciones al respecto, ni siquiera por Twitter. Esto a pesar de que se ha pronunciado a través de esa red social en casos como el uso de imágenes desde Casa Presidencial sobre la extradición del expresidente Hernández opidiendo la libertad del periodista Cesar Silva después de que este fuera capturado por un caso de difamación.

«Nos preocupa un poco la ausencia de la presidenta, últimamente no se visibiliza y cuando lo hace habla de temas sociales y económicos o de aprobación de algunas leyes, pero en torno a los derechos de las mujeres hay un silencio» dijo Jinna Rosales al respecto.

Rosales también explicó que el contexto será difícil para las organizaciones de mujeres ya que muchas activistas ahora son funcionarias públicas y eso ha debilitado el movimiento, «no sé si esto a la larga nos va a traer cosas que no serán positivas, por ejemplo desmovilizar nuestras agendas y nuestras luchas, ocupamos respuestas contundentes. Es cierto que las compañeras que están de funcionarias van con toda la voluntad, el espíritu de lucha, pero la toma de decisiones radica en estos actores».

Por su parte, Jessica Sánchez dijo que «ella [la presidenta] tiene que salir de su propia espiral de violencia porque es una violencia asfixiante, es un tipo de violencia que de repente no hemos identificado en política, ella tiene que salir de eso, asumir ella las acciones en el país y las dirigidas al empoderamiento de las mujeres y la reducción de la violencia» afirmó.

La deuda sobre transparencia

El 1 de marzo de 2022, el Congreso Nacional derogó la Ley Para la Clasificación de Documento Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa. La disposición fue celebrada por muchas personas, pero en la práctica, esto no ha significado mucho para el acceso a la información pública en Honduras.

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, presentó el 2 de marzo un informe en el que detalló que la administración anterior desvió 168 millones en corrupción. También señaló que hubo 10 empresas que fueron las más beneficiadas con exoneraciones y exenciones fiscales en los últimos 12 años.

Contracorriente solicitó la información de los nombres de estas 10 empresas a la Secretaría de Finanzas. En su respuesta, para negar el acceso a esa información, mencionaron que el Código Tributario tiene reservas para los servidores públicos y otros colaboradores sobre lo «concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los obligados tributarios o por terceros, así como de la información obtenida en el ejercicio de las facultades de fiscalización».

Promesas a medias 100 días
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Además de esto, el portal de transparencia de Casa Presidencial no se ha actualizado desde la administración anterior. Contracorriente solicitó las planillas de pago a empleados de Casa Presidencial y la información sobre asesores y misiones designadas por la presidenta a ellos. Sin embargo, esa petición tiene un recurso de revisión después de que Casa Presidencial no respondió con la información en uno de los casos y en otro respondió con información errónea.

En la experiencia que este medio ha tenido pidiendo acceso a la información pública en gobiernos anteriores, rara vez negaron información aduciendo la Ley de Secretos, sino que las instituciones siempre se respaldaron en normativas internas, reglamentos o códigos, para no permitir ese acceso. También las instituciones suelen no responder, para que los peticionarios tengan que hacer un recurso de revisión y seguir un proceso largo que puede llevar muchos meses, en el que muchos peticionarios declinan seguir el proceso.

Lester Ramírez indica que la ASJ le pidió a la comisión del Congreso Nacional revisar la derogación de la Ley de Secretos. «Se lo dijimos a ellos, antes de la aprobación de la derogación de la Ley de secretos, que tenía que haber una manera para asegurar que toda la información que estaba en el pasado tenía que abrirse. Yo personalmente hablé con Ramón Barrios, Fátima Mena y Jari Dixon (diputados). Esos son los problemas de cuándo no escuchamos, por ejemplo, a los medios de comunicación que son los que hacen esa labor de investigación y no les damos esas herramientas para hacer su trabajo”» señaló.

Las deudas al medio ambiente y a los productores del campo

Una de las 21 acciones para los primeros 100 días era no otorgar más permisos de explotación de cuencas de los ríos, minas a cielo abierto, permisos y concesiones y vedas forestales así como proteger parques nacionales y respetar las zonas protegidas. El 1 de marzo, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente se declaró al país libre minería, pero tras las presiones de muchas empresas, el 21 de marzo el ministro de esa secretaría explicó que su cancelación tendrá que esperar, esto en vista de que se harán operativos para mejorar los ecosistemas alrededor de las mineras y no afectar a las comunidades aledañas.

Para la analista Jessica Sánchez, este contexto está generando un ambiente de ingobernabilidad, «están lanzando comunicados, pero un comunicado es un comunicado, no es PCM, no tiene carácter vinculante, no pasa al Congreso Nacional. Entonces se está creando un tema de ingobernabilidad sobre todo con la junta directiva del Congreso Nacional. Entonces no la siento segura en esos temas de gobernabilidad que ella debe decir: esto se aprueba y punto», señaló Sánchez.

Sumado a esto, el 20 de abril se derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados lo cual fue sancionado por la presidenta Castro. Sin embargo, las empresas localizadas en las ZEDE deberán inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo.

César Benedith, presidente del patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, que vive en los primeros espacios que buscaron las Zede para instalarse y que ha tenido conflictos con proyectos turísticos, explica que la derogación de las Zede para ellos no resuelve problemas de fondo. «Además de derogarlas necesitamos un poco de acceso financiero que prepare a las comunidades ¿por qué? Las Zede vinieron porque vieron esos espacios vacíos, entonces tenemos que llenar esos espacios. Sino mañana viene otro gobierno y aprueba otra ley.»

César dijo haber apoyado mucho el cambio de gobierno, pero que es desalentador ver que no hay muchos garífunas ocupando puestos en el gobierno. «Siempre he soñado que los nueve pueblos que existimos en Honduras, podamos pedir cosas y que tengamos verdaderos representantes» y explicó que, aunque a veces hay garífunas en algún puesto o en el Congreso Nacional, no se siente representado en ellos porque «piensan como ladinos.»

«Yo en lo particular estoy esperando un gobierno más social y democrático donde no solamente el corbatudo tenga acceso a Casa Presidencial, donde realmente si queremos un proyecto seamos consultados» explicó César.

Otras dos promesas pendientes es la de concentrarse en el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria y la de ordenar al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas crear mecanismos legales de mercado para la disminución de los intereses bancarios para la producción.

Gustavo Rosa, presidente de la Asociación de los Ganaderos de Catacamas y ex alcalde de esa ciudad que fue la cuna de la familia Zelaya-Castro, dijo que hay que reactivar el campo, pero realmente hacerlo con políticas de Estado. «Existen problemas, por ejemplo de financiamiento, el país está pasando una situación grave de falta de generación de empleo y ¿cuál es uno de los rubros que puede generar empleo de manera inmediata? la ganadería y la agricultura», dijo Rosa en entrevista con este medio en la que además denunció que los financiamientos otorgados a esos rubros se van para otros porque se aprovechan de los bajos intereses y la falta de supervisión del gobierno.

Lester Ramírez añadió que, hasta el momento, el gobierno solo ha hecho reformas para reducir las comisiones de los bancos, «pero esa es una reforma al consumidor, nosotros que usamos tarjetas de crédito, pero de lo que hablaban era de reducir los intereses para los que producen, personas del área agrícola».

Por su parte, Ricardo Castañeda del ICEFI dijo que tocar intereses de empresarios poderosos siempre será difícil. «Un gobierno que llega con un discurso de cambio obviamente va a encontrar dificultades, va a encontrar oposición de sectores que históricamente han tenido privilegios y que no están dispuestos a perderlos. Es ahí la habilidad de un gobierno democrático de abrir espacios de diálogo con los diversos sectores de la población» dijo.

Castañeda destacó que cualquier decisión debe tomarse no en base en qué tan popular o impopular es, sino que se base en elementos técnicos que permitan asegurarle que esas decisiones van a mejorar el bienestar de las personas.

Texto: Persy Cabrera
Ilustración: @anniechromes

El título de este texto es una dedicatoria mía, lectores y admiradores de Kentaro Miura. La cita está tomada de uno de los diálogos de su obra maestra, un manga titulado Berserk. En el primer aniversario de la muerte de Kentaro Miura, dibujante y guionista, quisiera recordar qué hace a Berserk tan especial, única y por qué resuena en el corazón del que está dispuesto a luchar a pesar de las adversidades.

La historia de Guts, personaje de Kentaro Miura y protagonista de Berserk, es la de un niño nacido en la miseria después de una guerra que se busca la vida como mercenario. Su único talento y forma de sobrevivir es empuñando una espada. Pareciera que el destino (configurado por su autor) estaba empeñado en ponerle obstáculos y adversarios más fuertes a cada paso.

Por recomendación de un amigo inicié este viaje, su historia me envolvió y no podía dejar de leerla. Entendí lo que se hablaba de Berserk, había algo diferente en sus personajes y en medio de la fantasía sentía su compleja humanidad. Ver crecer a Guts es una odisea; pero con cada capítulo, yo deseaba cada vez más poder verlo feliz, reencontrarse con el amor de su vida y cerrar el ciclo de dolor y tristeza que se encontraba donde sea que iba.

Esta pieza de arte es un manga, que no es más que la palabra japonesa para referirnos a los cómics o historietas y que, a diferencia de los cómics estadounidenses, sus dibujos se presentan en blanco y negro. También, aunque no sea una regla general, en el manga no hay separación de autores en la línea estética y la de guion. Aunque hay casos en los que sí, dibujo y guion fueron, en su mayoría, autoría de la imaginación de Miura para Berserk.

A pesar de haber iniciado en 1989 y tras 364 capítulos, recopilados en más o menos 40 volúmenes, la historia de Guts quedó huérfana tras el deceso de su autor. Su repentina muerte también dejó huérfanos de un final a miles de lectores alrededor del mundo que, en muchos casos, siguieron una historia por más de veinte años, por más de la mitad de su vida. La muerte de Miura un 6 de mayo de 2021 fue una noticia que impactó al mundo entero, tanto por su calidad artística como por su influencia en otros autores. Pero también por lo que significó para sus lectores, para mí, que no decae por quedar inconclusa. Quisiera un final, me gustaría ver una viñeta de Guts en la que alcance la felicidad absoluta –si esa utopía existe–. No importa, podemos imaginarlo. Puedo. Pues lo que quedó en su obra seguirá inspirándome a mí y a otros.

Los fanáticos de Berserk recibimos mucho, una trama con corazón. Es por eso que cuando se supo la noticia de Miura, los mensajes de tristeza no faltaron. Aunque no los tenga a mano, recuerdo leer testimonios de personas que sobrevivieron a la depresión u otros problemas gracias a Berserk, que fue más que una historieta. Por eso sus admiradores son tan pasionales. Por eso, aunque sea una obra escrita por alguien que no logremos conocer, su obra habla de una forma íntima. Regaló sufrimiento y dolor, sí, pero también un mensaje que da fuerzas al que cree que no merece vivir y ser feliz.

Mangas como Dragon Ball o Caballeros del Zodíaco, reconocidos por la generación pasada y parte de la actual en nuestro país, tienen como atractivo la acción, enfrentarse a los villanos y salvar el día. Son grandísimas obras. Visto de forma superficial, Berserk hace lo mismo pero lo lleva a la agonía, es morir poco a poco junto a Guts. Miura plantea sus batallas con el sufrimiento más doloroso, y aunque el protagonista no tenga razones para levantarse y empuñar la «plancha de hierro» que tiene por espada, lo vi dejar hasta lo último por seguir atado a este mundo y recuperar lo que perdió.

No se le podría tildar de motivador, inspirador, romántico o ser catalogado únicamente como una historia sobre no rendirnos. Es un mensaje que se puede intuir, pero que nunca se lanza a la cara, no hay un discurso de Guts sobre la vida, siempre nos habla a través de sus acciones. Sumado a su espíritu de lucha, Berserk no sólo pone a sus personajes detrás de una espada y entretiene con sus batallas, lleva todo a un plano filosófico y cuestiona la razón de ser de los individuos de su historia: les pregunta por qué luchan, por qué están ahí, y qué buscan en sus lúgubres paisajes.

Berserk pertenece al subgénero demográfico seinen, uno que aborda temas orientados a una población adulta y por lo que generalmente se ve encasillado a tener desnudos explícitos, violencia y gore en su dibujado. En Berserk hay eso, pero no la define, ni mucho menos la resume. Su autor la utiliza para sentar el tono de su mundo, lo duro y cruel que es, y por eso al colocar a Guts en su trama es casi imposible no simpatizar con él.

Por otra parte, la parte estética, Berserk brilló por la calidad artística en su dibujo. Miura construyó un mundo de fantasía oscura que moldeó el imaginario creativo de otros autores del manga y que trascendió a otros medios como el videojuego. Títulos como Demon Slayer, Black Clover o Vagabond en el anime/manga o la saga «Souls» de Fromsoftware, Final Fantasy o Devil May Cry en los videojuegos continuaron el legado artístico de Miura y celebraron el mundo que creó.

Lo que llamamos anime se refiere a la adaptación animada de un manga; si este es lo suficientemente popular, los estudios animadores se proponen amoldar la historia del manga en un formato televisivo. Berserk no tuvo mucha suerte con sus adaptaciones, pero si pudiera recomendar una sería la de 1997;es imperfecta, no cubre en totalidad la historia y se salta algunos eventos del manga; sumado a esto, los elementos sexuales y de violencia explícita fueron censurados. Aún así, con todo esto que la restringe, lo que construyó Miura esplende y te atrapa lo suficiente para decidir saltar al manga y seguir disfrutando.

Debido al fallecimiento de Miura, Guts y Berserk no pudieron tener una conclusión al viaje que inició en 1989. Pero elijo quedarme con el viaje y no con el destino. Me quedo con la fortaleza de Guts para continuar, hecho pedazos, traumado hasta la médula, perseguido pero con la capacidad de disfrutar el silencio, de encontrar nuevas amistades y luchar por el amor.

En 2015 el Congreso Nacional de Honduras ordenó a la Secretaría de Finanzas la firma de un fideicomiso con la intención de mejorar las condiciones de los atletas hondureños. Sin embargo, tras ejecutarse más de 493 millones de lempiras (20 millones de dólares), entre 2016 y 2021, los principales beneficiarios resultaron ser empresas de construcción, diputados y la selección masculina de fútbol, convirtiéndose en un proyecto con múltiples irregularidades que dejó a los atletas de disciplinas diferentes al fútbol en la desesperanza que sufrían previo al proyecto. El artífice de convertir el dinero que serviría para cumplir los sueños de los atletas de más alto nivel en proyectos para favorecer a empresarios y diputados fue Gerardo Fajardo Fernández, hasta hace muy poco presidente de la Confederación Deportiva de Honduras y, como él mismo se define, mano derecha de Nasry «Tito» Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y excandidato presidencial del Partido Nacional de Honduras.

Texto: Fernando Silva
Fotos: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

***

Entre 2016 y 2021, el Gobierno de Honduras desembolsó más de 493 millones de lempiras (20 millones de dólares) en el Fideicomiso para promover y fortalecer el deporte a nivel nacional (Finaprode). Se aprobó por una orden del Congreso Nacional en el artículo 220 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del 2016, en la que instruyeron a la Secretaría de Finanzas para constituir el fideicomiso que nació como una una propuesta de la exdiputada y atleta de natación Ana Joselina Fortín, entonces integrante del Partido Anticorrupción (PAC).

El contrato del fideicomiso se firmó en septiembre de 2016 e inició con un presupuesto de 50 millones de lempiras (un poco más de 2 millones de dólares) con el objetivo de promover y fortalecer el deporte nacional a través del beneficio de atletas de las 38 federaciones deportivas existentes en el país.

El reglamento para el uso del Finaprode, publicado en 2016, especifica que con el fideicomiso se debía promover el entrenamiento dentro o fuera del país de atletas que representarán a Honduras en eventos regionales o internacionales, otorgar becas o patrocinios a los atletas, cubrir gastos de organización para realización de competencias deportivas nacionales o internacionales y fortalecer las federaciones o asociaciones deportivas con equipos e insumos.

Después de seis años desde el inicio del fideicomiso, Ana Joselina Fortín remarcó que el objetivo que soñó eran los atletas, considerando las dificultades a las que se enfrentan para desarrollar sus diferentes disciplinas y los bajos presupuestos recibidos por las federaciones.

Fortín dijo que pensó este proyecto por la «pérdida de atletas talentosos por los presupuestos que no ajustan para poder seguir apoyándolos» y contó que, ante la falta de apoyo, llega un momento en la vida de los deportistas en el que tienen que decidir si seguir estudiando, trabajar o entrenar.

«Muchas veces no se puede hacer todo porque uno tiene que estar dedicado 100 % a entrenarse para llegar en las mejores condiciones a las competencias más importantes», explicó.

Ana Joselina Fortín es presidenta de la federación hondureña de natación, practica el deporte desde los 7 años de edad y representó al país en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y de Barcelona en 1992. Es parte de la historia de la natación en Honduras con más de 500 medallas a lo largo de su carrera. Como muchos deportistas destacados, Fortín aprovechó su popularidad para lanzarse a la política, y en 2013 resultó electa como diputada del Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción.

Tras la aprobación del proyecto a finales de 2015, la entonces diputada Fortín pasó a representar al Congreso Nacional en el Comité Técnico del fideicomiso que se integró con el objetivo de aprobar el financiamiento de los proyectos y el destino de los fondos. Esa misma instancia fue complementada con la participación de un representante de la Secretaría de Finanzas, un representante del banco fiduciario Banhprovi y el presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (Condepah), Gerardo Fajardo Fernández, presidente de la Federación de Racquetball, empresario y amigo cercano del entonces alcalde del Distrito Central y líder del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura.

Fajardo es parte de un círculo de personas que se consideran íntimos amigos del excandidato presidencial Nasry Asfura, relación de amistad que les ha llevado a compartir incluso un accidente automovilístico en enero de 2021.

Cuando se le pregunta a Gerardo sobre su participación en la campaña política que intentó llevar a Nasry Asfura a la presidencia asegura que «trabajaba con él, pero no fui asesor, siempre trabajo con él. Sí formaba parte de su campaña pero porque es mi amigo, somos amigos. Mano derecha, punto».

El reglamento del Finaprode, firmado en noviembre de 2016 por el mismo Gerardo Fajardo y la diputada Fortín, definió que justamente sería la Condepah la encargada de asesorar en materia deportiva al Comité Técnico ante cualquier solicitud de apoyo que se le hiciera. Es decir, las solicitudes de proyectos, becas, patrocinios, o estímulos económicos debían tener el visto bueno de Gerardo Fajardo Fernández como presidente de la Condepah para luego ser recibidas en el Comité Técnico.

En ese momento, Fajardo Fernández, quien también ocupaba el cargo de gerente de deportes de la Alcaldía del Distrito Central –la que estaba bajo la gestión de Nasry Asfura–, al mismo tiempo pasó a ser la figura central del Fideicomiso que debía garantizar el apoyo a los atletas hondureños en distintas disciplinas. Fernández autorizó entre 2016 y 2017 desembolsos a 30 de las 40 federaciones adscritas a la Condepah.

En 2019, tras la salida de Ana Joselina Fortín del Congreso Nacional y por consiguiente del Comité Técnico, los fondos del fideicomiso tomaron un rumbo diferente al que se planeó inicialmente: el Congreso Nacional –mediante el decreto que definía las disposiciones generales del presupuesto general en 2017– ordenó modificar el reglamento del fideicomiso. En dicho decreto, en el artículo 228, incluyeron como competencia del fideicomiso «el mantenimiento, reparación, remodelación y construcción de instalaciones deportivas públicas».

La información a la que Contracorriente tuvo acceso no deja claro si la modificación al reglamento se concretó, pero los proyectos departamentales fueron justificados a partir de dicha reforma ordenada por el Congreso.

Sin el personal técnico adecuado, la Condepah otorgó entre 2019 y 2021 un total de 159 contratos de construcción, reparación, e iluminación de campos, canchas y estadios de fútbol a un grupo de empresas que resultaron ser las mayores beneficiarias del fideicomiso.Se les desembolsó un total de 288,855,330.24 lempiras (más de 11 millones de dólares), según la información obtenida por este medio.

Puedes ver aquí el destino total de los fondos del fideicomiso.

Estos llamados «proyectos departamentales» fueron solicitados por diputados del Congreso Nacional que utilizaron las obras financiadas por el fideicomiso –que debía ser dedicado a los atletas– para hacer proselitismo político, todo un esquema facilitado por un solo enlace: Gerardo Fajardo Fernández. Fajardo recibió las solicitudes de los funcionarios, omitió sus nombres y las presentó al Comité Técnico como si fueran proyectos de la Condepah. Luego, él mismo y un auditor de la institución, adjudicaron los contratos de construcción al grupo de empresas. Una vez finalizadas las obras, diputados y otros funcionarios que aspiraban a participar en las elecciones de 2021 las inauguraron como parte de los proyectos que impulsaron sus campañas políticas.

Contracorriente realizó más de diez solicitudes de información a las diversas instancias involucradas en el fideicomiso para esclarecer el destino del fondo que tenía como objetivo apoyar a los atletas de disciplinas distintas al fútbol, como lo pensó en su momento la exnadadora olímpica Ana Joselina Fortín. Las respuestas de dichas solicitudes de información demuestran que el destino del dinero del fideicomiso fue otro.

Lo cierto es que entre 2016 y 2021, deportistas ganadores de medallas a nivel internacional enfrentaron serias dificultades o abandonaron su carrera por la falta de apoyo económico, mientras que las empresas elegidas por Gerardo Fajardo construían proyectos de infraestructura beneficiándose a sí mismas y a los candidatos en campaña para optar a un cargo de elección popular.

Las empresas se llevaron el primer lugar

–¿Cómo garantizaban que no había sobrevaloración en las propuestas de los proyectos y que las empresas no les estaban estafando?

La pregunta deja frío a Gerardo Fajardo Fernández, que apenas logra balbucear.

–Eh, sí, no…

Después se mantiene en silencio durante unos segundos y, finalmente, responde:

–Había que confiar.

Las capacidades de la Condepah se orientan a «ser el órgano técnico del Estado de Honduras en materia deportiva, correspondiéndole la dirección superior del deporte extraescolar o federado en todo el país». En su misión no se encuentra la construcción o mantenimiento de instalaciones deportivas, por lo que no cuenta con el personal técnico adecuado para ejecutar un proyecto multimillonario de infraestructura. Por esa razón tenían que «confiar» en que las empresas no les estaban estafando con los presupuestos que presentaban para los proyectos, ya que, según el mismo Fajardo Fernández, eran las mismas empresas las que realizaban las estimaciones financieras de los proyectos.

Hace sesenta y cuatro días, poco más de dos meses, que Fajardo Fernández dejó la presidencia de la Condepah. A pesar de eso, tuvo la confianza necesaria para solicitar una de las oficinas de la institución deportiva para atender la entrevista con este medio. Ocho años de poder en la institución y reconocerse a sí mismo como la mano derecha del excandidato presidencial Nasry Asfura se lo permiten.

«Cada empresa invertía en cotejar qué es lo que había que hacer, cuanto costaba y en base a eso tomábamos la mejor decisión», explica Fajardo Fernández. Para adjudicar los contratos en el marco del proyecto, Gerardo Fajardo solamente tuvo como obstáculo (o apoyo) a Alexandro Cáceres, auditor interno de la Condepah. No se integró ningún tipo de comisión evaluadora para conceder los contratos que, juntos, sumaron más de 11 millones de dólares, es decir, más de la mitad del total del fideicomiso.

Entre 2019 y 2021, se ejecutaron 159 proyectos departamentales de infraestructura deportiva con un costo de más de 288 millones de lempiras (alrededor de 12 millones de dólares). Eso representó más del 50 % de los fondos del fideicomiso que, además, fueenfocado en un solo rubro y un solo deporte: el fútbol aficionado. Contracorriente tuvo acceso a la documentación de 87 de estos proyectos de infraestructura ejecutados entre 2019 y 2020, que representaron un costo de más de 142 millones de lempiras (5.8 millones de dólares) entre las obras de construcción y la supervisión de los proyectos.

Para estos 87 proyectos de infraestructura, el presidente de la Condepah contrató a 13 empresas. Sin embargo, según el portal de transparencia de contrataciones del Gobierno «Honducompras» y la documentación recibida vía acceso a la información pública por parte de Banhprovi, en muchos casos no se realizaron los procesos de licitación pública o privada requeridos. En los proyectos en los que sí se cumplieron, el análisis de las ofertas era realizado solo bajo el criterio de Fajardo Fernández —quien, lejos de ser ingeniero, es bachiller en administración de empresas y pasante de derecho— y de Alexandro Cáceres, auditor interno de la misma institución.

La empresa que obtuvo el mayor beneficio por la construcción de instalaciones deportivas departamentales fue RCN Ingeniería S. de R.L. de C.V. con la adjudicación de 13 proyectos de infraestructura en el periodo comprendido entre 2019 y 2020 con un costo total de 32.5 millones de lempiras (1.3 millones de dólares). En comparación, la federación distinta al fútbol que mayor apoyo económico obtuvo con el fideicomiso fue la federación de béisbol aficionado que, según los informes de Banhprovi, apenas llegó a los 6.1 millones de lempiras (248 mil dólares).

En ese sentido, aunque la Condepah no contaba con personal técnico para saber si los proyectos que les presentaban estaban o no sobrevalorados, Fajardo Fernández aseguró que se apoyaban en «el sentido común» para saber que una bolsa de cemento tenía cierto valor, y asegura que «eran empresas que no se conocían entre sí, por lo que los costos tenían que ser similares».

Fajardo Fernández explicó que «cuando todo mundo se dio cuenta que había un fideicomiso, aquí llovían empresas para querer participar. Y a todas se les abrió la puerta. No conocíamos a nadie. En el camino sí fuimos conociendo y les pedíamos que volvieran a cotizar».

La falta de control técnico en la adjudicación de los proyectos ensanchó el espacio para que se pasaran por alto irregularidades relacionadas con el valor de los contratos adjudicados.

Por ejemplo, Contracorriente identificó inconsistencias en dos contratos adjudicados a la empresa RCN Ingeniería para la iluminación de dos campos ubicados en el sector de la Rivera Hernández en San Pedro Sula, uno en el campo de fútbol de la colonia Alfonso Lacayo y otro en residencial La Frontera.

Estos campos de fútbol están ubicados en una zona conflictiva de la ciudad industrial de Honduras, una zona controlada por las pandillas. Cuando el equipo de Contracorriente los visitó, aunque era fin de semana, los campos de fútbol permanecían completamente vacíos a pesar de contar con la lejana vigilancia de algunos elementos policiales.

Los contratos para la iluminación de esos campos fueron adjudicados con valores que rondan el millón de lempiras. El del campo de fútbol en la colonia Alfonso Lacayo fue valorado en 999,162.59 lempiras y el de la residencial La Frontera en 998,361.43 lempiras; sin embargo, el informe de liquidación de ambos proyectos y las visitas a las canchas que realizó este medio demuestran que los costos reales debieron ser diferentes.

Puedes ver aquí ambos contratos y comparar:
Liquidación cancha La Frontera
Liquidación campo en la Alfonso Lacayo

Los contratos firmados entre la Condepah y RCN Ingeniería presentan en sus presupuestos las cantidades y valores unitarios de los materiales a utilizar en los proyectos. Sin embargo, la iluminación del campo en la residencial La Frontera requería menos materia prima en comparación con la necesaria para la iluminación del campo en la colonia Alfonso Lacayo, lo cual es evidente dadas las dimensiones de ambos campos de fútbol.

A pesar de eso, y con el aval de los encargados de la Condepah, la empresa aumentó los costos de los materiales para igualar el monto total de ambos contratos. Por ejemplo: en el apartado de suministro e instalación de cable para los circuitos ramales que alimentan los reflectores, el metro lineal de cable tenía un valor de 343.73 lempiras. Para los 339.2 metros lineales requeridos para su instalación, da un total de 116,594 lempiras en el caso del campo de la Alfonso Lacayo. El costo del mismo material aumentó a 451.47 lempiras en el proyecto de la residencial La Frontera, para el que se requirieron solamente 274 metros lineales, es decir, un costo mayor en los materiales a pesar de ser menos metros de instalación; dando un resultado adulterado de 123,882 lempiras, cuando el costo real –según el costo del material en el otro proyecto– debió estar cerca de los 94,000 lempiras. Ambos contratos se firmaron con dos meses de diferencia y el mecanismo utilizado para alterar los costos de los materiales aparece en todos los apartados del material requerido para el proyecto de la residencial La Frontera.

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La modificación de estos costos, hecha con el aval de Gerardo Fajardo –que revisó y firmó los contratos–, siembra dudas sobre el resto de los proyectos departamentales realizados en el marco del fideicomiso.

Contracorriente buscó una entrevista con el ingeniero Rudy Montalvan, gerente general de RCN Ingeniería y firmante de los contratos con Condepah, quien en primera instancia dijo que tenía que consultar a la institución con la que ejecutó los proyectos para acceder a contestar las preguntas de este periódico. Finalmente notificó que no daría la entrevista «por respeto a los funcionarios de estas instituciones».

Por su parte, Fajardo Fernández dijo que los cuestionamientos sobre la transparencia en la ejecución de los fondos del fideicomiso no son nuevos y asegura que en 2019 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó la documentación del proyecto para una investigación que aparentemente no obtuvo resultados.

El expresidente de la Condepah aseguró que, aunque no podían protegerse de la sobrevaloración debido a la falta de personal técnico, no hubo ninguna irregularidad porque, de haberlas, «las auditorías habrían dicho algo», refiriéndose a las evaluaciones externas del proyecto que realizó Banhprovi. Contracorriente solicitó una copia de los informes de auditoría a la oficina de información de la Condepah, pero no hubo respuesta.

Además, Fajardo aseguró que el personal técnico de la Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (Conapid) apoyó los procesos de contratación, sin embargo, los documentos de adjudicación de los proyectos no reflejan ningún tipo de acompañamiento por parte de Conapid.

Contracorriente buscó a Mario Moncada, presidente ejecutivo de esa institución desde febrero de este año y recién nombrado comisionado nacional del deporte por la presidenta Xiomara Castro, para indagar sobre esa supuesta asesoría. Sin embargo, el funcionario evitó la entrevista a pesar de haberla aceptado previamente.

Justamente es la Conapid, con personal técnico especializado en obras de infraestructura, la que, según su propio mandato gubernamental –que es el manejo, construcción, conservación y mejoramiento de instalaciones deportivas–, debió encargarse de este aspecto en los proyectos.

Fajardo dijo que a los deportistas y a las federaciones no les importa quién ejecute los proyectos, sino que «se ejecuten, y fue lo que se hizo, porque me imagino que si se hubiese querido involucrar a Conapid tenía que someterse a aprobación en el Congreso y era otro proceso que más bien iba a entorpecer todo».

Ana Joselina Fortín recuerda que en 2017, cuando se cambió el reglamento del fideicomiso para poder ejecutar obras de infraestructura y se dobló el presupuesto de 50 millones a 100 millones de lempiras, el objetivo siempre fue beneficiar a los atletas de alto rendimiento para que pudieran entrenarse y competir. Una meta que se fue degenerando con el tiempo hasta abarcar campos de fútbol; que en la mayoría de los casos solo son utilizados de forma recreativa o, con suerte, para el desarrollo de ligas burocráticas, como es el caso de los campos de fútbol en la Rivera Hernández y el resto de los 157 proyectos que se ejecutaron mayoritariamente en barrios, colonias y comunidades pobres o conflictivas.

«Entre 2016 y 2017, cuando estuve involucrada, la creación del proyecto era 100 % que fuera dedicado y le diera más fortaleza al atleta. Claro, con la idea de tener buenas instalaciones deportivas, eso significa una instalación deportiva donde los atletas de competencia puedan ir. Cuando yo estuve, estaban los proyectos de remodelación de los gimnasios de la Villa Olímpica y la piscina olímpica, que tenían 40 años sin mejoras», explicó Fortín.

Fortín remarcó que no podía opinar sobre los proyectos realizados tras su salida del Comité técnico a finales de 2017, pero aseguró que con 2 millones de lempiras, como los que se destinaron a la remodelación de cientos de campos de fútbol, la federación de natación habría logrado realizar varios eventos competitivos con solvencia, considerando que su presupuesto anual ronda los 600,000 lempiras, que apenas les alcanza para seguir compitiendo.

El primer proyecto de infraestructura que se agregó en el fideicomiso fue justamente la remodelación de la piscina olímpica. El costo final del proyecto, según información del fideicomiso, fue de 15.4 millones de lempiras, y en ese caso sí se contó con el apoyo de la Conapid para realizar todo el proceso de contratación y ejecución de la obra.

Tras la renovación de la piscina olímpica siguieron las restauraciones en los tres gimnasios principales en la Villa Olímpica valorados en un total de 14.9 millones de lempiras y que benefician a largo plazo a más de 10 disciplinas deportivas que practican en esas instalaciones. Fajardo Fernández destaca esas reformas con orgullo y las muestra con el objetivo de evidenciar la efectividad del fideicomiso, pero quedan cortas en comparación con el gran presupuesto que obtuvieron los proyectos departamentales de iluminación, instalación de grama sintética y reparación en canchas, campos y estadios de fútbol.

Las 30 federaciones que fueron beneficiadas directamente con estos fondos recibieron alrededor de un 13 % de lo invertido en los proyectos departamentales, o sea, un total de 39.5 millones de lempiras en todo el periodo de vigencia entre 2016 y 2021. Algunas ni siquiera lograron recibir más de 120,000 lempiras –como ocurrió con las federaciones de balonmano, ajedrez, fútbol americano, deporte para ciegos, ciclismo, entre otras.

La desigualdad entre los presupuestos del fútbol en comparación a otras disciplinas ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los dirigentes de otros deportes federados. Calixto Sierra, presidente de la federación de atletismo, ha sido uno de los más insistentes, sumando a sus denuncias señalamientos en contra de Fajardo Fernández por abuso de autoridad y corrupción que incluyen el manejo del fideicomiso.

Calixto Sierra considera que «ese dinero era para apoyo al deporte federado, que es el que representa este país».Sobre la construcción y reparación de instalaciones deportivas que se hizo, explicó que «una cosa es que usted haga deporte los domingos yendo a una liga burocrática y otra cosa es un atleta profesional, porque muchos [atletas] de eso viven, muchos de eso comen, muchos de esos estudian porque son becados en universidades, para esos tipos no entrenar es como que no trabajen. Y lamentablemente el dinero del fideicomiso nunca les llegó».

Según la información brindada por Banhprovi, la federación de atletismo que dirige Calixto Sierra recibió una sola ayuda en 2016 por más de 700,000 lempiras. Sin embargo, el dirigente deportivo apuntó que no fue suficiente y dijo que entre 2020 y 2021, con la pandemia, muchos atletas tuvieron que retirarse de la disciplina en alta competencia. Algunos eran –a su criterio– los mejores atletas que ha tenido el país, pero se les suspendieron las becas por falta de recursos en la federación.

«Teníamos dos atletas que tuvimos que retirarlos porque ya no podían estar con la beca que tenían en Tegucigalpa; regresaron a La Ceiba y Tela a vender en las calles. Eran 3,000 lempiras (alrededor de 120 dólares) mensuales los que se les daban para que enviaran a sus familias y ellos poder mantenerse estudiando en Tegucigalpa, pero tuvieron que irse; también perdimos entrenadores y perdimos demandas porque no podíamos pagar a nuestro personal», apuntó Sierra.

Fajardo Fernández se excusó y dijo que las federaciones tenían que solicitar el dinero, pero la mayoría no lo hicieron o fueron sancionadas sin la posibilidad de administrar recursos dados por el Estado, como es el caso de la federación de atletismo que dirige Calixto Sierra. Fajardo señaló que a Calixto se le ha acusado de un supuesto mal manejo de los fondos del fideicomiso. Además, Fajardo remarcó que el aporte del fideicomiso no podía agregarse al presupuesto anual con el que cuentan porque es un fondo extra con el que no iban a contar siempre.

Contracorriente solicitó al Tribunal Superior de Cuentas –ente estatal encargado del sistema de control de los recursos públicos– informes de investigaciones o auditorías relacionados con el Finaprode, y la respuesta fue que el Tribunal no había realizado ningún tipo de investigación sobre el tema.

Por último, Fajardo Fernández enfatizó que la inversión se hizo exclusivamente en espacios públicos. Sin embargo, la investigación de este periodico demuestra que esa afirmación también es parte de una gran mentira.

Un golazo de los diputados

El fideicomiso se aprobó en 2016 con un monto de 50 millones de lempiras que luego incrementó en 2017 a 100 millones y, finalmente, en 2018 alcanzó los 150 millones de lempiras. Pero el aumento del fondo no se concretó con la intención de aumentar el apoyo a las federaciones. El Congreso Nacional aprobó la ampliación del presupuesto para beneficiar campañas políticas de los diputados con lo que a partir de ese año llamarían «proyectos departamentales», que se solicitarían a la Condepah controlada por Gerardo Fajardo Fernández.

Félix Sabio, actual presidente de Condepah, fue suplente ante el Comité del Fideicomiso en su condición de vicepresidente y, aunque dijo que el resto de la junta directiva de la Condepah no se enteraba de los proyectos que se realizaban con esos fondos, aseguró que una de las condicionantes para aumentar el presupuesto fue entregar 100 millones de lempiras en proyectos de infraestructura a los 128 diputados del Congreso Nacional. Sabio incluso aseguró que se le hizo transferencias a los parlamentarios para ejecutar los fondos. Sin embargo, esta investigación encontró que el mecanismo no implicaba el uso directo del dinero por parte de los diputados.

Sabio, quien también es presidente de la Federación de Vóleibol, remarca que, aunque se suponía que el destino de esos fondos tenía que llegar a todo el deporte, la totalidad de los recursos utilizados por los diputados fue orientada al fútbol en canchas de grama sintética, así como a la iluminación de estadios, graderías, camerinos, entre otros.

«Dentro del Congreso esa fue una de las condicionantes para aumentar, que se les permitiera desarrollar actividades de infraestructura de donde eran oriundos estos diputados. Todos estos proyectos tuvieron como responsable de la ejecución a la Condepah, porque era la que entregaba el recurso, la finalidad de esto era mejorar la infraestructura de canchas que existían en el país. En el perfil del proyecto salía que el responsable de la ejecución era la compañía y el dueño del proyecto era Condepah», apuntó Sabio.

Además, el dirigente de vóleibol cree que esos fondos sí pudieron ser utilizados para proselitismo político de forma indirecta: «Si pongo un alumbrado en una cancha es seguro que me estoy promoviendo políticamente» aseguró, pero destacó que al menos todos los proyectos se plantearon para hacerse en canchas públicas.

Entre 2019 y 2020, se adjudicó un total de 87 proyectos departamentales, con un costo total de 142 millones de lempiras; y en 2021, en pleno año electoral, se ejecutaron 72 proyectos y se pagó a las empresas un total de 146 millones de lempiras. En un solo año, en el más importante para las campañas políticas de los diputados, el fideicomiso completó más del 50 % de lo ejecutado en el proyecto.

La cantidad de diputados que hicieron uso de estos recursos es hasta el momento desconocida. Contracorriente solicitó a Banhprovi vía acceso a la información pública una copia íntegra del listado de solicitudes que se realizaron en el contexto del fideicomiso por federaciones, personas particulares, funcionarios, entre otros. Sin embargo, la respuesta del banco no especificó los nombres, por lo que la identidad de todos los diputados que hicieron las solicitudes queda en suspenso.

Entre 2018 y 2022, seis diputados eran personalidades ligadas al deporte: Osman Danilo Chávez, Jaime Enrique Villegas, Gilberto Yearwood, Alberto Chedrani y Wilmer Velásquez. Ricardo Elencoff es el actual presidente del equipo de fútbol Real Sociedad de Tocoa.

Ubicación de proyectos departamentales en 2019:

El exdiputado y exfutbolista Jaime Villegas, quien tras la salida de Ana Joselina Fortín pasó a representar al Congreso Nacional ante el Comité Técnico del fideicomiso, reconoció el uso de los fondos para hacer campaña política.

Villegas fue parte de la selección nacional que en 1982 participó por primera vez en un mundial de fútbol (España 82). Desde ese momento ha sido considerado por muchos como héroe naciona, y su popularidad se evidenció cuando participó en las elecciones de 2013 y resultó ser el diputado más votado de todo el departamento de Cortés, superando a políticos históricos en la zona e incluso a Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional.

Villegas, que además fue presidente interino de Fenafuth entre enero y marzo de 2019, en una entrevista con este medio contó que quienes le pidieron formar parte del Comité Técnico del fideicomiso fueron Mauricio Oliva, en ese entonces presidente del Congreso Nacional, y Tomás Zambrano, líder nacionalista y actual jefe de bancada en el hemiciclo legislativo.

«Nadie del fideicomiso ni las personas que presentaban los proyectos tocaban un centavo, si usted cree que hubo ahí algún asunto de corrupción es casi imposible porque nadie tocó un centavo», aseguró Villegas sobre las sospechas de corrupción en el manejo del proyecto, y recuerda que el CNA les solicitó los documentos para investigar la ejecución y, hasta el momento, no les han comunicado algún hallazgo.

Siguiendo una lógica clientelar y populista, muchos de estos proyectos departamentales eran ejecutados en barrios conflictivos o en comunidades pobres. Villegas dijo que él mismo solicitó un proyecto para mejorar una cancha en el sector de Cofradía en Cortés y dice que «normalmente buscábamos realizar los proyectos en barrios marginales, que era donde se necesitaba realmente».

Aunque fue miembro del Comité Técnico, Villegas reconoció no saber si los proyectos se sometían a un proceso de licitación y confirmó que no había forma de saber si los costos estaban sobrevalorados ya que ninguno de ellos era ingeniero.

«A través de Condepah los diputados presentaban los proyectos, Gerardo Fajardo solo era el presidente y se le presentaban los proyectos que iban a esa institución. Si hubiera sido a través del Congreso yo los hubiese tenido que llevar», explicó el exmundialista sobre la figura de Fajardo en la adjudicación de los proyectos que gestionaban los diputados.

Villegas, que también ha sido dirigente deportivo en la Selección Nacional y el Real España de la primera división de fútbol en Honduras, no escondió que él y los demás diputados eran conscientes de que esos recursos y la gestión de los proyectos eran una forma de hacer campaña política:

«De alguna manera son campaña política, yo le mentiría si le dijera que no, le mentiría si le dijera que no sirve para eso, claro que sirve para campaña política, es más, hay gente que todavía me llama agradeciendo por los proyectos y me invitan. Eso siempre fue así, no me lo inventé yo, había varios diputados en Cortés que gestionaban, creo que Gilberto Yerwood presentó algunos proyectos…, Chedrani, no fueron muchos en el norte», concluyó Villegas. En total, fueron 14 proyectos los que se ejecutaron en el departamento de Cortés.

Por su parte, y contradiciendo a Villegas, Gerardo Fajardo negó rotundamente que los diputados hayan solicitado los proyectos departamentales y aseguró que quienes hacían las gestiones eran las municipalidades, patronatos y otras fuerzas vivas de las comunidades:

«Ningún diputado me iba a venir a decir a mí, “mire necesito que me haga esto”, al momento de inaugurar cada quién podía ir a sacar pecho, yo no le puedo decir a alguien que no vaya», explica Fajardo Fernández.

Además, Fajardo Fernández aseguró que Villegas miente y explicó que lo que sí pasó es que todos los partidos políticos se aprovecharon de los proyectos para poder figurar en sus comunidades para la campaña política.

«Los diputados nunca me solicitaron proyectos, ni al Comité Técnico. Jaime Villegas pudo llevar proyectos, pero no en su condición de diputado. Será que él se aprovechó para hacer campaña, pero que yo lo haya hecho no, y ninguna solicitud dice que tal diputado solicitó algo, eran municipalidades, patronatos, fuerzas vivas», concluye.

Sin embargo, Contracorriente encontró una prueba documental que indica que los diputados sí solicitaban a Fajardo Fernández los proyectos departamentales del Finaprode.

El 26 de noviembre de 2019, los diputados Ricardo Elencoff,del Partido Liberal, y Ariana Banegas, del Partido Nacional, ambos representantes del departamento de Colón en el Congreso, remitieron una carta dirigida a Gerardo Fajardo Fernández como presidente de Condepah en la que le solicitaron que realizara una orden de cambio del proyecto Mejoras al estadio municipal Francisco Martínez Durón ubicado en el municipio de Tocoa, Colón. En el documento se refieren a un cambio en el presupuesto del proyecto que previamente habían solicitado «basado en los últimos requerimientos emitidos por la FIFA para el licenciamiento de clubes».

En contraste con lo dicho por Fajardo Fernández sobre los proyectos ejecutados exclusivamente en infraestructura pública, el estadio Francisco Martínez, a pesar de ser propiedad municipal, es administrado y aprovechado financieramente por el club deportivo Real Sociedad, club del que Ricardo Elencoff es presidente. Y justamente en diciembre de 2021 los dirigentes del Real Sociedad y la municipalidad se enfrentaron en un conflicto mediático por el control del recinto.

Puedes ver aquí el contrato del proyecto Mejoras al estadio municipal Francisco Martínez Durón ubicado en el municipio de Tocoa, Colón.

El equipo Real Sociedad podría ser catalogado como uno más entre la pobre oferta futbolística de la Liga Nacional en Honduras, pero lo cierto es que no solo han sido relevantes por su fútbol, sino que también investigaciones internacionales les han vinculado con empresas propiedad del cartel de Los Cachiros, quienes se enfrentaron a la justicia de Estados Unidos por acusaciones relacionadas con el narcotráfico. La vinculación viene de que el zoológico Joya Grande, propiedad de la organización criminal, patrocinó al equipo y figuró como imagen en el centro de su camiseta.

Ricardo Elencoff, quien resultó reelecto como diputado del Congreso Nacional, aseguró que no sabe por qué Gerardo Fajardo dice que los diputados nunca solicitaron proyectos al fideicomiso, y niega que el acuerdo para ampliar el presupuesto del fideicomiso haya sido otorgarles proyectos a los diputados. Además, aclara que todo el presupuesto fue manejado por la Condepah y él no recibió ningún contrato o beneficio económico con el proyecto.

Sobre lo dicho por Jaime Villegas acerca del uso de los proyectos para fines proselitistas, Elencoff aseguró que es algo normal que los diputados se acerquen a todas las secretarías de Estado o instituciones de gobierno para solicitar proyectos, pero aclara que «en ningún momento he hecho proselitismo político». Incluso aclara que en su caso no administró ningún fondo o siguió a las empresas contratadas para recibir algún beneficio.

«Claro que cuando uno logra gestionar algo y presenta un proyecto la imagen pública se potencia porque la gente mira que estamos tratando de lograr algún proyecto, alguna ley en beneficio de sus comunidades o del país. Esta es mi labor y mi trabajo como diputado, gestionar y buscar ayudas para mi departamento y crear leyes que puedan potenciar algunos temas de interés nuestro», concluyó Elencoff.

En diciembre de 2019, cuando la Condepah firmó el contrato con la empresa Inversiones Rodríguez, directivos del Real Sociedad declararon a la prensa que la renovación del Estadio se realizaría gracias a «un desembolso que fue gestión del presidente Ricardo Elencoff, que es diputado del Partido Liberal, y la diputada Ariana Banegas», y cuando el proyecto de renovación se completó junto a otro proyecto de iluminación del estadio, Elencoff apareció en un video en redes sociales asegurando «que los hechos hablan más que las palabras» al presentar ese proyecto como un resultado de su gestión.

Finalmente, el proyecto costó 4.9 millones de lempiras distribuidos entre la construcción y la supervisión de la obra, que se enfocó principalmente en un área climatizada VIP para periodistas y el desarrollo de las conferencias de prensa, valorado en más de 439 mil lempiras; una caseta arbitral valorada en más 213 mil lempiras; una gradería valorada en más de 2.3 millones de lempiras, entre otras mejoras.

Sobre el hecho que diputados gestionan proyectos en sus departamentos, Lucia Vijil, investigadora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), aseguró que el primer problema es que ellos no deberían gestionar o utilizar fondos públicos ya que para eso existen otras instancias estatales.

«Hay una lógica de atención de necesidades, pero la manera en que se hace política en este país nos ha dado la línea histórica de que este tipo de fondos se utilizan para clientelismo político y asumir responsabilidades que no van de acuerdo con los diputados y diputadas; no es su función gestionar fondos para proyectos, su función es legislar, por lo tanto no tendrían que preocuparse por estar haciendo eso», explica Vijil.

Además, la investigadora argumentó que la mayoría de estos proyectos departamentales que se gestionan en el Congreso Nacional son «cortoplacistas» y están hechos solo para asegurar su elección por otros cuatro años. «Los cacicazgos en los departamentos se hacen así, y hemos visto a diputados que han permanecido por muchos años utilizando este tipo de proyectos dizque para beneficiar, pero que no son un factor realmente de cambio, son políticas asistencialistas», explicó.

Vijil reiteró que quienes deberían gestionar proyectos para sus departamentos son las municipalidades y gobernadores.

Ante los cuestionamientos por haberse beneficiado políticamente con los fondos del fideicomiso de promoción y apoyo al deporte, Ricardo Elencoff –en tono molesto– hizo un recuento de sus «posiciones en el Congreso» referentes a temas relacionados con la corrupción:

«Yo no sé si usted ha seguido mis posiciones en el Congreso. Yo voté en contra de la mayoría de los temas que el gobierno tenía interés, yo voté contra la elección del fiscal general, yo voté a favor del juicio político contra el expresidente, yo voté a favor del juicio político de los que aparecieron en la lista Engel, a favor de la abrogación del nuevo Código Penal», concluyó.

Ricardo Elencoff es la punta del iceberg de los diputados que utilizaron los fondos del fideicomiso para sus campañas políticas. Entre ellos también se encuentra el exdiputado y excandidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez.

Durante la campaña política, David Chávez, quien también es presidente del Consejo Central del Partido Nacional, inauguró proyectos de remodelación de canchas públicas en las colonias Los Pinos,Kennedy y La Alemán, valorados en

Puedes ver aquí los contratos de las canchas de las que se benefició David Chávez Madisson.

Vivir para el deporte, cobrar por el deporte

Antes de cumplir 15 años, Kendy Marissela Rosales ya entrenaba para convertirse en una atleta profesional, pero, tras un tiempo entrenando, tuvo que abandonar su pasión para dedicarse a los estudios. Se graduó de licenciada en administración de empresas y, luego, ingresó en la academia naval. Fue ahí donde redescubrió su pasión por el atletismo, donde sintió que había nacido para correr y competir.

En los primeros juegos centroamericanos en los que participó ganó medallas, y, con los años, se convirtió en la velocista más importante del país –con múltiples logros en competencias nacionales e internacionales–. Pero en Honduras, con tan poco apoyo a otros deportes que no sean el fútbol, no ha sido suficiente para mantenerse viviendo del deporte.

Kendy cuenta que su entrenador trabajaba en el Instituto Municipal del Deporte en San Pedro Sula, una instancia aparte de las federaciones deportivas, que les apoyaban con los viajes a competiciones. Explica que ante los pocos recursos económicos para el atletismo, en muchas ocasiones tenían que decidir quién iba a ser parte de las delegaciones para competir en otros países, según los puestos en el ránking local, y que, en la mayoría de los casos, los primeros puestos eran ocupados por hombres; por lo que las mujeres quedaban sin poder competir a nivel internacional.

«La federación intentaba alcanzar los patrocinios, pero no dependía de ellos. Hubo una vez que sí fue una decepción. En 2015 nos preparábamos para unos juegos centroamericanos, y un día antes nos dijeron que no íbamos porque no había dinero», contó Kendy, quien hace unos meses también ganó un reconocimiento de la Condepah como la mejor atleta del año.

Desde 2016, Kendy empezó a trabajar en el mismo Instituto Municipal que le apoyó en su desarrollo como deportista. Allí se dedicó a enseñar atletismo a niños y adultos; muchos de ellos vienen de contextos de pobreza y violencia, considerando que la ciudad en la que intentan desarrollar el deporte es una de las más peligrosas del país.

«Todavía falta mucho para que el atletismo sea sostenible, pero lo más importante es que al atleta se le tiene que inspirar. Si tuviéramos un apoyo de una beca, como en otros países que tienen un incentivo, podría ser por lo menos para la gasolina que gastan los papás y piensen en seguir apoyando a sus hijos, que puedan verlo como una inversión».

Kendy tiene entre sus palmares alrededor de 10 medallas entre bronce, plata y oro, y aseguró que, a pesar de esos logros, el Gobierno nunca le ha ayudado económicamente; pero explica que ella ya no lo necesita tanto como los niños a los que se dedica a entrenar: «Se necesitan personas capacitadas para que formen a los campeones, se necesita un buen entrenador, se necesita el apoyo del Gobierno, se necesita patrocinio, se necesitan médicos y se necesita educación», aseguró.

La desigualdad en la distribución de los recursos de los deportes en comparación al fútbol también es un aspecto en el que piensa Kendy. Aunque el atletismo constantemente gana medallas a nivel internacional, nunca han recibido el soporte económico que el Gobierno sí otorga a la selección nacional de fútbol.

Esa es una desigualdad que Kendy enfrentó cara a cara cuando el 20 de marzo de 2019 ella y sus alumnos entrenaban para el torneo centroamericano U-13 y U-15, en la única pista olímpica de tartán de acceso público en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Era la última semana previa a la competencia y no podían perder ni un solo día de entrenamiento. Habían iniciado a las 12:30 a. m. y unas horas después llegaron los jugadores de fútbol de la selección nacional y el entonces director técnico, el uruguayo Fabián Coito, quien apenas iniciaba su camino como entrenador de la selección. Al observar a los niños que entrenaban en los alrededores de la cancha, Coito ordenó a la administración del recinto que los retirara del lugar.

Kendy intentó razonar con el entrenador y explicarle la urgencia que tenían de entrenar en un espacio en el que, además, no iban a tener ningún contacto con los jugadores, pero Fabián Coito se negó a escuchar y los sacó del estadio.

A Kendy le basta con contar este episodio para que la amargura de aquel momento vuelva: «Me da rabia todavía de solo recordar, estaba muriéndome del enojo y llorando –dice, otra vez llorando–. Íbamos a ese centroamericano con los niños que ganamos medallas y que me saquen a mí y que saquen a los niños, no me parecía justo. No les estorbábamos. Mi entrenador nos enseñó que cuando llegaba la selección nadie tenía que dirigirles la palabra, nadie les tenía que voltear a ver, si llegaba una pelota ni tocar esa pelota, ellos tenían que recogerla, y todo mundo silencioso porque ellos estaban ahí».

Finalmente, Kendy y los niños y niñas que entrenaban tuvieron que salir a prepararse en los alrededores del Estadio Olímpico, en la tierra y bajo el sol, básicamente a la intemperie. Días después, a pesar de esto, ganaron medallas en las competencias de heptatlón, vallas, salto triple e incluso ganaron medalla de oro en lanzamiento de jabalina.

Por su parte, la selección nacional de fútbol, unos meses después de ese entrenamiento en el que Fabian Coito sacó al equipo infantil de atletismo, firmó una de sus peores participaciones en el torneo regional Copa Oro de La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). No pasó de la fase de grupos, perdiendo contra dos selecciones que parecían muy inferiores a Honduras: Jamaica y Curazao.

Ese mismo año, ningún deportista de atletismo recibió alguna ayuda proveniente del Finaprode, mientras que la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) recibió 10 millones de lempiras del fideicomiso para financiar partidos de fogueo de la selección y alojar a los futbolistas en hoteles de lujo.

En noviembre de 2019, con motivo de un partido internacional de la Liga de Naciones de Concacaf, el equipo de fútbol hondureño viajó a Martinica para enfrentarse a la selección nacional de ese país. La Fenafuth solicitó al Comité Técnico del Fideicomiso un total de 5.5 millones de lempiras, de los cuales recibieron 4.5 millones que se utilizaron para pagar alrededor de 600,000 lempiras en boletos aéreos de futbolistas que juegan en otros países y llevarlos hasta Honduras; 2.3 millones de lempiras en un vuelo privado desde Honduras hasta Martinica; 600,000 lempiras en viáticos de la comitiva internacional y 634,000 lempiras en alojamiento de jugadores y cuerpo técnico (integrado por casi 30 personas).

Puedes ver aquí la solicitud y liquidación de Fenafuth.

El hotel en el que se hospedaron es el hotel La Bateliere, un alojamiento de lujo en la orilla del mar que cuenta con centro de masajes y casino.

Luego, en noviembre de 2020, a Fabian Coito se le pagó del fondo del fideicomiso 1.3 millones de lempiras (53 mil dólares) que representan sus honorarios por los meses de octubre a noviembre como director técnico de la selección –mensualmente el uruguayo cobraba 441,375 lempiras–. Coito resultó uno de los directores técnicos con peores resultados en la historia del fútbol hondureño.

El fideicomiso para atletas que se gastó en fútbol

—¿Por qué darle prioridad al fútbol?

«Porque es el deporte rey», responde el exdiputado y miembro del Comité técnico del fideicomiso, Jaime Villegas.

Villegas se molestó cuando se cuestionó la inequidad en la distribución de los fondos del fideicomiso entre el fútbol y otros deportes y aseguró que las personas no entienden lo costoso que es patrocinar ese deporte a nivel mundial. Además, dijo que el dinero de este proyecto se dirigió hacia el «fútbol que verdaderamente lo necesita», refiriéndose a las construcciones en barrios y comunidades empobrecidas.

«Al fútbol hay que apoyarlo siempre, no solo al fútbol sino a todos los deportes, pero especialmente al fútbol porque es el deporte de la gente pobre. Nosotros iniciamos jugando descalzos y tuvimos la ilusión de llegar al fútbol profesional y es lo que le gusta al pueblo», explicó el exmundialista hondureño y aseguró que no se arrepiente del dinero que se le otorgó a Fenafuth ni siquiera considerando el mal desempeño de la selección en la última eliminatoria.

En el caso de los proyectos departamentales, Villegas aseguró que en esa misma modalidad se apoyó a otros deportes en todo el país. Sin embargo, en el periodo 2018 y 2021, en el que él fue parte del Comité Técnico, apenas en dos ocasiones gastaron en proyectos para otros deportes.

En contraste, además de los proyectos departamentales, la Fenafuth resultó ser la federación deportiva que obtuvo mayor beneficio del fideicomiso, con un total de 17 millones de lempiras que se otorgaron en 4 desembolsos distribuidos entre 2016 y 2021. Después, la Liga Nacional de fútbol recibió 10 millones de lempiras en apoyo. Solo la federación de fútbol recibió más del triple de lo que recibieron otras federaciones que quedaron en tercero y cuarto lugar como la Federación Hondureña de Béisbol Aficionado (6.1 millones de lempiras) y la Federación Hondureña de Natación (4.4 millones de lempiras).

Otros deportes quedaron relegados a pesar de que el objetivo principal planteado en un inicio era dirigirse principalmente a ellos, considerando las mejores posibilidades que tiene el fútbol de conseguir patrocinios y las relaciones con políticos y dueños de grandes empresas en el país en su junta directiva. La emoción que surgió de obtener un fideicomiso para que las federaciones deportivas y el deporte en general crecieran se diluyó con el tiempo.

El fideicomiso respondió principalmente a las solicitudes de Fenafuth, que en notas dirigidas al Comité Técnico manifestaban que con la aprobación de los fondos solicitados aseguraban un beneficio deportivo que ayudaría a la clasificación al próximo mundial (Catar 2022), del que Honduras quedó finalmente fuera y que resultó en la peor participación del país en una eliminatoria mundialista.

Por ejemplo, en diciembre de 2020 el comité técnico del Finaprode autorizó el desembolso de 4 millones de lempiras (200 mil dólares) para el pago de salarios del cuerpo técnico de la selección nacional de fútbol, asegurando que el dinero serviría para mantener a los jugadores concentrados y ayudar a la clasificación al mundial. Pagaron pruebas para detectar el COVID-19 y más de 600,000 lempiras (25 mil dólares) en un vuelo privado entre Tegucigalpa y Guatemala.

Puedes ver aquí la liquidación de la solicitud realizada por Fenafuth en diciembre de 2020.

Félix Sabio, nuevo presidente de Condepah que anteriormente había conformado la junta directiva de esa institución y que sustituyó a Fajardo, contó a Contracorriente que algunas de las decisiones tomadas en el comité técnico eran órdenes directas de la Casa Presidencial, presidida en ese entonces por Juan Orlando Hernández (extraditado en febrero de 2022 a EE. UU. por acusaciones de narcotráfico), como es el caso de los apoyos a la Fenafuth. El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, no respondió a nuestras solicitudes de entrevista hasta el momento de la publicación de este reportaje.

Por otro lado, Ana Joselina Fortín contó que, a diferencia de los futbolistas de alto nivel, los atletas de otras disciplinas que compiten y ganan en los torneos más importantes de la región siguen sufriendo por la falta de presupuesto, y aseguró que «el deporte ha llegado hasta donde ha llegado por el apoyo de los padres de familia, sin ellos no habríamos podido por la falta de dinero».

Además, Fortín cree que se tiene que invertir en otros deportes que no sean el fútbol y recordó que, en contextos de pobreza y violencia como el hondureño, el deporte puede ser clave. Incluso apuntó que la natación, el boxeo y las artes marciales con la enseñanza del autocontrol pueden ser sumamente importantes en barrios y comunidades problemáticas.

«Creo que se tiene que invertir más en otros deportes, porque el fútbol ha tenido los espacios para poder reaccionar y las otras disciplinas deportivas no han tenido esa ayuda, entonces tiene que ser equitativo. Lastimosamente han pasado muchos proyectos que no prosperan porque no le han dado la importancia al deporte que debe tener. El deporte es una herramienta que se debe utilizar en la lucha contra la violencia, contra la corrupción, contra las drogas, como apoyo a la salud de la gente», dijo Fortín.

La exdiputada dijo que como maestra de natación intenta fomentar valores, respeto y trabajo en equipo, pero que hay muchos deportes que siguen esa misma línea. Ahora, como presidenta de la federación de natación y dueña de un gimnasio, trabaja para lograr parte de lo que el fideicomiso que llevó al Congreso no logró y desarrollar así el deporte en Honduras.

Sin presupuesto, pero con ilusiones muy parecidas a las de Fortín, este mismo trabajo lo hace Gabriel Umanzor, de 22 años, habitante de la colonia Asentamientos Humanos del sector de la Rivera Hernández, uno de los lugares más violentos y conflictivos de San Pedro Sula, en el norte del país.

Gabriel, a su corta edad, es maestro de taekwondo de niños y niñas del mismo sector en el que vive. Desde hace cinco años reúne a sus alumnos en un centro comunitario que queda aproximadamente a 10 minutos de distancia de su casa. Allí, sin casi ningún apoyo económico, busca fomentar disciplina y salud en menores expuestos a los mismos riesgos que él mismo enfrentó.

Antes de la pandemia, Gabriel y sus alumnos entrenaban en un lugar afuera de la Rivera Hernández, pero tras la llegada del COVID-19 perdieron el apoyo de las organizaciones que les ayudaban a pagar el local y los instrumentos, y ahora están permanentemente en ese sector.

«Aquí, debido al estigma de la zona por la violencia, muchos niños no pudieron continuar porque los padres tuvieron mucho temor de que vinieran aquí, por el tema de las barreras invisibles», explicó Gabriel, refiriéndose a las fronteras invisibles que han establecido las maras y pandillas que controlan el sector.

El Fideicomiso de Apoyo al deporte no llegó a Gabriel, así como cualquier fondo proveniente de la federación de taekwondo, ya que la organización a la que él pertenece no se encuentra afiliada al ente rector de la disciplina, pero para el joven maestro eso no es un obstáculo:

«Nuestro único apoyo es a través de la misión internacional de taekwondo. Somos una organización que utiliza este deporte como una herramienta de prevención de violencia», cuenta orgulloso.

Gabriel vive con su mamá y su abuela, quienes lo perdieron todo con las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020 y tuvieron que levantarse desde cero. Gabriel, quien ahora está en edad de trabajar, sale ocasionalmente a buscar suerte. Pero sin importar si encuentra o no trabajo, él quiere seguir fortaleciendo su proyecto, pues entiende que este deporte puede salvar a otros niños como lo salvó a él.

«Nunca ningún político se ha acercado a intentar ayudarnos, no hemos sido muy visibles, yo creo que si fuéramos más visibles y pudiéramos comprobar el trabajo que estamos haciendo y el éxito que tenemos con los alumnos, se darían cuenta del impacto que un deporte como el taekwondo tiene en los jóvenes», afirmó Gabriel, mientras algunos de sus alumnos en fila se alistaban para iniciar el calentamiento previo a las enseñanzas de su maestro.

Gabriel ha fomentado el liderazgo en sus alumnos, tanto que ahora tienen clases en otros sectores de la comunidad con maestros adolescentes que él ha formado. Y es que en la clase todos y todas le observan con admiración, desde las madres que llevan a sus hijos hasta los pequeños de menos de 6 años que vienen comenzando en el deporte.

Cerca del centro de enseñanza donde se imparten sus clases también se construyeron canchas con el fideicomiso que iba a sostener, desarrollar e impulsar los sueños de atletas como Kendy, Gabriel y los niños que estos entrenan, canchas que, ahora, se encuentran semiabandonadas y que beneficiaron a una empresa con contratos en el proyecto por cifras que alcanzaban los 2 millones de lempiras (más de 80,000 dólares). Todo esto mientras Gabriel esperaba recibir 500 lempiras (22 dólares) a final de mes, que es lo que la organización con la que trabaja puede pagarle.

Este reportaje fue editado por Jennifer Avila.

El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Ahora, luego de que la presidenta Xiomara Castro sancionara estos decretos, las empresas localizadas en las ZEDE deberán de inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo, y, además, las distintas Secretarías de Estado deberán desclasificar toda la información sobre las mismas después de haber sido derogada la Ley de Secretos.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

«Con la voluntad del pueblo estamos recuperando nuestra soberanía, no es una campaña de organizaciones no gubernamentales, es un pueblo que se manifestó durante todos estos años para derogar esta Ley. Para mí este es el momento más especial que hemos tenido en estos 85 días de gobierno», manifestó la presidenta Xiomara Castro después de sancionar el decreto que deroga la Ley Orgánica de las ZEDE.

Xiomara Castro se refirió a las declaraciones de Massimo Mazzone, empresario italiano radicado en Honduras y fundador de la ZEDE Ciudad Morazán en el municipio de Choloma, Cortés. En su cuenta de Twitter, Mazzone se refirió a las personas y organizaciones en contra de las Zonas Especiales como «parásitos», y dijo que estos eran beneficiados por políticos y organizaciones no gubernamentales de Europa.

Mi Twitter se calentó después que dije que las ONGs que se oponen a las Zedes, como a cualquier otra inversión, son parásitos, porque todas viven de dinero que le pasan los gobiernos. Si vives del trabajo de otros, eres un parásito, cualquier sea tu nacionalidad, HN, IT o EEUU. pic.twitter.com/51sbAfQdwu
— Massimo Mazzone (@MassimoMazzone4) April 24, 2022

Según la página de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone figura como uno de los inversionistas junto a Guillermo Aguilar; de este modo, ambos son fundadores y directores de Centro American Consulting & Capital (3C), un holding hondureño que entre sus activos tiene a Farmacias del Ahorro, Proconsumo en Honduras y Farma Value. La página web indica que este grupo emplea a 4,000 personas en Centroamérica y sus ingresos son de aproximadamente 800 millones de dólares anuales.

Contracorriente solicitó una entrevista al empresario Massimo Mazzone, quien en un principio accedió. Sin embargo, minutos después rechazó la entrevista por medio de su asistente.

Previo a la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, Mazzone felicitó a Grupo Próspera por la inversión de 60 millones de dólares en este proyecto también localizado en una ZEDE, catalogando como «La inversión extranjera directa más importante en Honduras en lo que va del 2022».

El 18 de abril de 2022, Honduras Próspera Inc (HPI) anunció por medio de un comunicado que invertiría 60 millones de dólares adicionales en esta ZEDE, ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, y que en su momento tuvo la intención de expandirse a La Ceiba, Atlántida. La finalidad de esta inversión, explica el comunicado, es crear fuentes de empleo adicionales en distintos sectores para así cumplir con la expectativa de transformar la economía de Roatán en una zona internacional para la innovación, las finanzas y el emprendimiento.

¿Un vacío legal?

El Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) por unanimidad de votos el pasado 20 de abril, esto aún con el respaldo de las y los diputados del Partido Nacional, quienes anteriormente expresaron la necesidad de consultar a los inversionistas de las ZEDE y proponer una estrategia para la generación de empleo previo a la derogación de esta Ley, ya que, de lo contrario, el país podría enfrentar serias demandas por parte de los empresarios.

Nelson Márquez, diputado por el Partido Nacional, asegura entender el disgusto de gran parte de la población conforme a las ZEDE, pero señala que es importante hacer las consultas previas a los inversionistas que ya están en el país y que se han amparado en el régimen de las ZEDE. «Hacer algo distinto y dañar a los inversionistas provocará, primero, una demanda que probablemente ellos ganen, y dos, que la credibilidad del país a nivel internacional baje aún más», indicó el congresista previo a la derogatoria de esta ley.

La diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Comisión Especial contra las ZEDE, Silvia Ayala, asegura que las posibles demandas en contra del Estado hondureño no procederán debido a que «Las ZEDE fueron aprobadas al margen de la ley, y los inversionistas y el capital trasnacional que vino a pretender comprar nuestro territorio no desconocían la ilegalidad de estos decretos, es por eso que al realizar estas inversiones ellos no pueden reclamar algún tipo de resarcimiento, restitución o indemnización».

Silvia Ayala agrega que la instalación de las ZEDE atenta contra la soberanía del pueblo hondureño, y, además, es un acto de traición a la patria cometido en el Congreso Nacional –presidido en ese entonces por miembros del Partido Nacional.

Posteriormente, el 25 de abril, la presidenta Xiomara Castro también sancionó la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE que hizo el Congreso Nacional, y, además, sancionó otros dos decretos. El primero deroga el nombramiento de 21 miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP); el segundo, una normativa que establecía un programa de promoción de las ZEDE en coordinación con la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), conformando así un gobierno paralelo.

En el Congreso Nacional se derogaron dos decretos más, promulgados el año pasado, uno de estos relacionado con el impuesto sobre la venta para las mercaderías, bienes y servicios que las ZEDE compraron en el mercado hondureño gozando de su extraterritorialidad por las reformas a la Constitución de la República y lo estipulado en la Ley Orgánica de las ZEDE. Del mismo modo, se echó atrás una reforma mediante la cual las empresas establecidas en el resto del territorio hondureño podían registrarse en el registro que llevaran las ZEDE, y de este modo dejar de pagar impuestos al no ser contribuyentes del Sistema de Administración de Rentas (SAR).

Bitcoin no podrá implementarse como forma de pago en Próspera

A principios de abril de 2022, Próspera anunció que el Bitcoin ya funcionaba como moneda de pago para individuos y empresas en las ZEDE al norte del país. Además, en su comunicado explicaron que, contrario a otras jurisdicciones, las transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas no estaban sujetas a impuestos sobre ganancias del capital y que mediante Bitcoin Bonds (bonos) expendidos por municipalidades y el Gobierno local, las comunidades de estos lugares podrían tener acceso a un mercado de criptomonedas que actualmente es de 2 trillones de dólares a nivel mundial y que, según el comunicado, aspira a ser de 30 trillones de dólares en 2027.

Previo a esto, el Banco Central de Honduras (BCH) anunció por medio de un comunicado que el Bitcoin es un activo financiero que por los momentos no está regulado en el país, y que, conforme a lo establecido por el artículo 342 de la Constitución de la República, artículo 5 de la Ley Monetaria y el Artículo 26 de la Ley del Banco Central de Honduras, el Banco Central es el único emisor de billetes y monedas de curso legal en el territorio nacional.

«Es importante recordar que el BCH no supervisa ni garantiza las operaciones efectuadas con criptomonedas como medios de pago en el territorio nacional, por lo que cualquier transacción efectuada con este tipo de activos virtuales es bajo responsabilidad y riesgo de quienes lo realicen», expresa el BCH en su comunicado en marzo de 2022.

Según el artículo 30 de la Ley Orgánica de las ZEDE, en estas no se aplicaran políticas de cambio dentro de ellas, y los medios de pago que circulen dentro de ellas deben ser libremente convertibles. Además, el mismo artículo establece que «Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico están autorizadas a establecer controles que limiten el uso de medios de pago físicos dentro de su ámbito espacial de competencia y a tener una política monetaria interna».

Marco Amaya, CEO de Tradecorp Capital Latam, una escuela financiera en temas criptográficos y mercados financieros, señala que es importante saber que el Bitcoin, al ser una moneda descentralizada, no pasa por ningún ente financiero y, al tener la característica en su movimiento del capital, este podría acumular más capital que un banco. Ahí es cuando, sumando la característica de movimientos bancarios anónimos, debe entrar la regulación estatal para evitar la edificación de un paraíso fiscal.

El experto en criptomonedas explica que en Honduras actualmente existe el comercio de criptomonedas, y dentro de él existen muchos compradores, pero que, como explica el comunicado del BCH, ningún banco se ha añadido a las plataformas de transferencia debido a que esto no es regulado por el Banco Central. Lo anterior indica que el Bitcoin podría prevalecer en el comercio de criptomonedas, pero ya no sería una moneda de curso legal en Próspera por la derogatoria a la Ley Orgánica de las ZEDE.

«En este momento hay mucho más interés en sacar al país adelante, así que una vez solucionados estos aspectos existirán más oportunidades relacionadas a estos temas. Honduras debe de abrir sus puertas a un futuro con mayor comercio a nivel mundial, tomando en cuenta que el país necesita de este tipo de inversiones para crecer financieramente, pero se tiene que empezar por el tema de educación y, sobre todo, saber en qué se pueden implementar y en qué no las criptomonedas», manifiesta Marco Amaya.

De ZEDE a un régimen especial ya existente

Fernando García, comisionado presidencial en contra de las ZEDE, explicó que están preparando un decreto ejecutivo en el cual la Secretaría de Desarrollo Económico y las distintas secretarías de Estado e independencias públicas deberán de, en el ámbito de sus atribuciones, proceder a ver –según la naturaleza, características y condiciones de las empresas establecidas en la ZEDE– en cuál de los regímenes especiales vigentes se pueden acoger estas empresas, y que, de esta manera, las empresas puedan continuar trabajando en el país con total apego a la normativa jurídica y a la Constitución de la República.

Fernando García, comisionado presidencial contra las ZEDE, explica que las empresas establecidas en las ZEDE deberán de inscribirse en una de los regímenes especiales ya existentes en Honduras.

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«Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tendrá que proceder a revisar qué contratos de trabajo están suscritos; la Secretaría de MiAmbiente deberá revisar si existen las licencias ambientales correspondientes; el Sistema de Administración de Rentas, ver cuáles impuestos han pagado y cuáles no. A pesar de que ellos han irrespetado el Estado de derecho en Honduras, nosotros no actuaremos de la misma manera, somos superiores como Estado, como soberano, y como Gobierno, y vamos a darles la posibilidad de que se establezcan conforme a esos regímenes jurídicos ya existentes en el país», argumentó el comisionado presidencial contra las ZEDE.

Actualmente existen tres regímenes especiales: Las Zonas Libres (ZOLI), las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), y el Régimen de Importación Temporal (RIT). Las ZOLI son las que más se apegan a la normativa de las ZEDE. Para que una empresa opere bajo este régimen, esta debe tener el permiso de la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Sistema de Administración de Rentas (SAR), y pagar una tarifa anual al Estado hondureño como comprobante de permiso de operación. Las ZOLI otorgan el impuesto sobre la renta e impuestos municipales por tiempo indefinido.

Contactamos a Pedro Barquero, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, sin embargo no respondió las solicitudes de entrevista de Contracorriente.

El abogado Oscar Hendrix explica que los inversionistas en la ZEDE podrían no interesarse en incluirse en uno de estos regímenes debido a los beneficios que la Ley Orgánica de las ZEDE ya les proporcionaba, pero para esto el abogado considera pertinente conocer la información y los contratos bajo los cuales cada una de las ZEDE opera.

«Nosotros como no tenemos el conocimiento del contenido de los contratos entre Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea con el Gobierno, no sabemos en realidad qué cláusulas hay ahí. Sabemos que estos acuerdos son inconstitucionales y que igual no tienen efecto, pero creo que nos daría muchas luces saber el contenido de todo esto», manifiesta Oscar Hendrix, quien añade que el Gobierno debe hacer pública esta información, ya que actualmente se conoce más información de las ZEDE por ellas mismas que por el Estado hondureño.

Fernando García se refirió a esto diciendo que cada una de las secretarías de Estado, actuando en respeto a la soberanía nacional, al territorio, a la forma de gobierno, a los derechos humanos, y al pueblo que es soberano, deberán proceder a desclasificar toda la información que se encontraba bajo el régimen de clasificación de documentos públicos, en virtud de que la Ley de Secretos ya fue derogada. Esto, agrega García, permitirá levantar cargos contra aquellos que han actuado violentando la Constitución de la República y la legislación secundaria.

Oscar Hendrix agrega que, en un principio, la información sobre los contratos de las ZEDE no tendría que haber estado clasificada, pero es probable que la administración anterior haya tratado de clasificarla bajo la Ley de secretos; sin embargo, ahora con la derogación de esta Ley, ya es posible que se publiquen estos contratos y así realizar los análisis pertinentes respecto a los demás beneficios que podrían haber obtenido los empresarios e inversionistas en las distintas ZEDE.

Oscar Hendrix considera primordial la desclasificación de los contratos entre el Estado hondureño y las ZEDE, información colocada bajo la Ley de Secretos por el Gobierno.

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Comunicado de Honduras Próspera Inc.

Horas después de la derogatoria de las ZEDE, Honduras Próspera Inc. emitió un comunicado exigiendo respeto a la estabilidad jurídica de las ZEDE, argumentando que, de negar los derechos adquiridos a los inversores bajo del régimen de las Zonas Especiales, el Estado de Honduras estaría violando sus obligaciones «Bajo el derecho internacional y nacional, de conformidad con principios legales ya bien establecidos», y que estaría obligado por el derecho internacional, constitucional y ordinario a«Brindar un trato justo y equitativo, así como a garantizar la plena protección y seguridad de los inversionistas e inversiones en las ZEDE».

Grupo Próspera detalla en el comunicado que la derogación del régimen de las ZEDE no afecta los derechos de los inversores, en vista de que Próspera está protegido por un contrato de estabilidad jurídica por 50 años, y el artículo 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE establece que los derechos y privilegios de los inversionistas permanecerán mientras duren sus contratos. Además, se menciona que Honduras Próspera Inc., promotor y organizador de la ZEDE Próspera, es una empresa protegida por el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA-DR) y el Tratado Bilateral de Inversión EE. UU.-HN al ser una empresa estadounidense.

«Próspera vino a Honduras con las mejores intenciones de invertir y generar oportunidades, basándonos en compromisos legales adquiridos por cada parte, y está intención y compromisos se mantienen. Respetamos la soberanía de Honduras, y tenemos una tremenda apreciación por el pueblo Hondureño y su potencial. Buscamos desatar este potencial con esquemas de inversión sostenibles que generen oportunidades a una escala que catalice prosperidad generalizada, con un enfoque en resolver de raíz fricciones que limitan el desarrollo socioeconómico en el país. Queremos ser parte de la solución y construcción de un futuro mejor, trabajando con todas las partes para llegar ahí», manifestó Erick Brimen, fundador de la ZEDE Próspera en Roatán.

Más allá de esta declaración que dio a Contracorriente, Brimen decidió no responder el resto de las preguntas que le formulamos.

Además, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, publicó un tuit en el cual la delegación de Honduras Próspera Inc. junto al CEO de la misma, Erick Brimen, se aproximaron al Congreso Nacional expresando que se someterán a la legislación nacional. Sin embargo, Tomé indica en el mismo tuit que ellos deberán acudir al Poder Ejecutivo para establecer el debido proceso administrativo.

Representantes de la derogada PROSPERA, de Roatan, Erick Bremen (CEO) vinieron a manifestar que se somenten a las leyes del Estado de Honduras, al Poder Legislativo y a la Presidencia de la República, les indicamos que deben acudir al Poder Ejc a establecer los procesos administ pic.twitter.com/m5XMFn3H5L
— Rasel Tome (@raseltome) May 4, 2022

El abogado Oscar Hendrix asegura que la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE y los tratados internacionales bajo los cuales se están amparando los inversionistas de Próspera traen todo un enjambre de interpretaciones jurídicas y constitucionales. «Todas esas concesiones se hicieron sin seguir el procedimiento mínimo que el mismo CAMP había establecido, ya que en este grupo de poder estaban los mismos diputados y funcionarios, de esta manera, se saltaron todos los procedimientos que decía la ley. Esto es realmente fraudulento ya sea que lo veamos desde la Constitución o desde el punto de vista del Cohep», indica.

Dentro de las figuras hondureñas que pertenecen al Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) están: Ricardo Maduro, expresidente de Honduras en el periodo 2002-2006; Ebal Díaz, secretario de la presidencia en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, quien ahora está próximo a enfrentar un proceso de juicio en los Estados Unidos por narcotráfico; y Octavio Rubén Sánchez Barrientos, exministro de equipo de la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Recomendamos leer: ¿Quiénes deben regular los proyectos ZEDE en Honduras?

Hendrix considera importante el análisis jurídico de las ZEDE en Honduras realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en junio de 2021. En este análisis, el Cohep explicó que las inversiones en las ZEDE localizadas en Honduras estaban en riesgo debido a que estas revisten legalidad, pero carecen de legitimidad al no haber sido aprobadas mediante amplios procesos de consulta a la población hondureña y sus distintos sectores.

Además, el análisis jurídico del Cohep menciona que el Estado de Honduras «Podría enfrentar acciones legales exigiendo el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a inversionistas nacionales y extranjeros».

Para Oscar Hendrix las demandas de carácter internacional mencionadas por el Grupo Próspera en su comunicado no procederán, y será mayor el peso de la inconstitucionalidad, el que no haya existido consulta previa, y los daños ambientales que las ZEDE han dejado –según los habitantes de las distintas comunidades–. En ese sentido, el abogado apunta que los beneficios de las ZEDE podrían ser el motivo por el cual la empresa privada se posicionó en contra de estas Zonas Especiales, desencadenando esto en la unión de la empresa privada con la ciudadanía para exigir la derogación de las ZEDE en Honduras.

Cinco policías fueron asesinados entre el 23 de abril y el 2 de mayo, con lo que suman 15 los policías muertos en enfrentamientos en lo que va del 2022, según datos brindados a Contracorriente por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. Por otro lado, esta institución armada anunció el 4 de mayo el inicio del proceso para reintegrar a policías depurados en aras de «aumentar el número de policías», pero no solo eso, también incorporarán a militares que fueron dados de baja.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

En la tarde del domingo 23 de abril, en la comunidad de Agua Amarilla del municipio de Trujillo, departamento de Colón, tres policías fueron asesinados a disparos en una solitaria carretera de tierra rodeada de palma africana.

Los agentes asesinados fueron identificados como Jairo Posadas (37 años), Juan Murillo (37 años) y Jonathan Ramos (27 años). El primero, Posadas, era originario del departamento de Valle (zona sur); Murillo, originario del departamento de Olancho (oriente) y Ramos, residente en el departamento de Francisco Morazán (centro).

Ante el asesinato de los policías, la respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través de Twitter, declaró estado de excepción por 10 días en todo ese departamento.

Siguiendo esa orden, la Secretaría de Seguridad ejecutó la operación Posmura-Guaimoreto y se ofrecieron 500 mil lempiras de recompensa para quien diera información sobre los sospechosos del asesinato de los agentes. No obstante, el período determinado para el estado de excepción se cumplió y las medidas implementadas todavía no han dado los resultados esperados.

¡Declaro estado de excepción en Colón a partir de las 9:00 pm! A @SSEGURIDADHN y @PoliciaHonduras, les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales.Nuestra solidaridad con familiares y Policía. https://t.co/sTeXNfMfYR
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) April 25, 2022

El titular de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Comisionado de Policía Miguel Martínez Madrid, expuso a este medio que hay dos hipótesis, pero que el avance de las investigaciones está en poder de la Unidad de Homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). «Tenemos avances técnicos, pero todavía no pueden darse a conocer públicamente», sostuvo.

«Hay dos hipótesis. Una indica que ellos murieron porque estaban en el lugar erróneo, en el lugar menos indicado y a la hora equivocada y, la otra, que posiblemente debieron estar ahí, pero tenían que haber tenido más apoyo policial. Son hipótesis reservadas y estamos esperando el momento para que sean detenidas las personas responsables y sometidas a las autoridades judiciales», dijo Martínez Madrid.

El comisionado Martínez Madrid informó que la operación Posmura-Guaimoreto se va a extender durante 90 días más a partir del 4 de mayo, después del vencimiento del estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro el 23 de abril.

El exdiputado nacionalista y cacique político de ese departamento, Óscar Nájera, dijo a Contracorriente que conoce a la perfección la comunidad de Agua Amarilla, el lugar en donde asesinaron a los policías, y además reivindica ser él el primer «desarrollador» de esa localidad.

Nájera –incluido en las listas Engels, Magnitsky y del Departamento del Tesoro por supuesta corrupción pública y nexos con el narcotráfico– describió a esta comunidad como un «emporio de desarrollo económico» en donde conviven la droga, el alcoholismo, la extorsión, el asalto, el secuestro y el robo de fruta de palma africana. «Realmente la (sic) margen izquierda se está convirtiendo en un corredor de la muerte».

«Estos eran muchachos jóvenes, que seguramente andaban haciendo rondines, se encontraron con delincuentes que por mala suerte eran gatilleros del crimen organizado», agregó Óscar Nájera.

Nájera dijo que los policías asesinados en Colón estaban en una zona en donde existe una asociación compleja, bien estructurada, de sectores económicos organizados alrededor de lo que él llama «corredor de la muerte», que abarca a los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Colón y Yoro.

Van 15 policías asesinados durante el 2022

Mientras la Secretaría de Seguridad buscaba capturar a los hechores del asesinato de tres agentes en el departamento de Colón, otros dos policías fueron asesinados el lunes 2 de mayo en lugares diferentes durante enfrentamientos con presuntos delincuentes, que también resultaron abatidos.

Uno de los agentes fue asesinado en el municipio de Masaguara, Intibucá, zona occidente de Honduras, mientras que el otro agente murió en un enfrentamiento contra supuestos miembros de una banda criminal en el municipio de Guayape, Olancho.

Según datos de la Policía Nacional proporcionados por el Comisionado Martínez Madrid, 15 policías han muerto en combate en lo que va del 2022, pero son 24 los policías activos que han fallecido en total si se tiene en cuenta otras causas de muerte.

Sobre la cantidad de policías asesinados este 2022, Martínez Madrid dijo que «vamos dentro del mismo rango del 2021, lo que ha bajado son los homicidios a nivel general».

Durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), los agentes policiales se quejaban del protagonismo que el Gobierno le daba a las Fuerzas Armadas de Honduras, mientras que los agentes policiales ejercían sus labores, en muchos casos, sin la logística necesaria.

En la reestructuración del presupuesto nacional que hizo el mes anterior el Congreso Nacional, la Secretaría de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas, continuarán administrando 9,336 millones de lempiras. Frente a eso, la Secretaría de Seguridad, de la cual depende la Policía Nacional entre otras instituciones, apenas le fueron asignados 7,850 millones de lempiras. Adicionalmente, como parte del proceso de desmilitarización anunciado por el nuevo gobierno, la Policía Nacional tendrá que asumir tareas que le habían sido atribuidas a los militares durante la gestión de Juan Orlando Hernández.

En ese sentido, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, le dijo a Contracorriente que la Secretaría de Seguridad ha tenido un presupuesto diseñado para atender diferentes aspectos, pero ahora se deben encontrar alternativas financieras porque están retomando tareas que le habían sido atribuidas a los militares, como la administración de los centros penales, tareas en el agro y el manejo total de la seguridad pública.

«Hemos retomado el control de algunas áreas que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y que, mediante un retiro gradual, se está haciendo la transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, como debe de ser. La seguridad del Estado misma ahora es tema de la Policía», dijo Ramón Sabillón.

En Colón se cultiva coca y se trasiega cocaína

Honduras ya no solo es un país de tránsito para la droga, sino también de cultivo y procesamiento de cocaína, y eso lo demuestran los últimos informes de la Secretaría de Seguridad.

El pasado 2 de mayo, las autoridades del medio estatal Canal 8 informaron que la Policía Nacional ubicó y destruyó una plantación de coca en el municipio de Limón, departamento de Colón, que contenía un total de 17 mil plantas y 2 mil pequeños semilleros de coca. Asimismo, señalaron que en lo que va del año, la Policía Nacional ha destruido cerca de 550 mil arbustos de coca en los departamentos de Colón, Atlántida, Olancho y El Paraíso.

#OperaciónPosmuraGuaimoreto 🚨 | Policía Nacional ubicó y erradicó 17 mil plantas de presunta hoja de coca y dos viveros en Colón

➡️ https://t.co/sYK3ru1K7h pic.twitter.com/otVvLAJddU
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) May 2, 2022

Uno de los carteles más organizados y notorios de Honduras creció y se fortaleció en el departamento de Colón: el cartel de Los Cachiros, liderado por la familia Rivera Maradiaga. Pero a pesar de que los miembros de este cartel se entregaron a la justicia de EE.UU., han surgido más bandas de narcotraficantes en la zona.

El comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro, Henry Osorto Canales, quien también es oriundo de ese departamento, es de la opinión de que tomando en cuenta cómo murieron los policías, es evidente que detrás de ello se encuentra el crimen organizado.

«Viendo el escenario de qué pasó con la muerte de esos tres policías, podemos entender y darnos cuenta que estamos ante un crimen organizado, donde hay un mensaje claro de estos criminales al gobierno de que aún se mantienen vivos, vigentes, y que de esta manera quieren desestabilizar las fuerzas del orden, porque fue un hecho dirigido a policías que trabajan para la seguridad del Estado», expresó Osorto.

Aunque dijo desconocer qué pasó con los tres policías asesinados en Colón, Henry Osorto manifestó que por lo general una patrulla está conformada por tres miembros policiales. «Se ve claro que andaban tres policías, andaban un automotor, no sé el tipo de denuncias que recibieron, porque es el 911 que envía las patrullas, hay que ver cómo está el asunto ahí, porque hay que tener mucho cuidado si fue una entrega (traición)».

¿Por qué el departamento de Colón es tan violento?

El departamento de Colón tiene una historia singular, cargada de violencia, armas y actualmente cuenta con un sinfín de problemas, algunos derivados del conflicto por la tenencia de la tierra, otros de la minería inconsulta y, por supuesto, del narcotráfico, que ha cooptado a algunos policías y militares.

En algunos juicios por narcotráfico en Nueva York, los fiscales estadounidenses han afirmado que Honduras se convirtió en un narcoestado de la mano del expresidente Juan Orlando Hernández, que utilizó a policías y militares para ese fin. Por ese clima hostil y de exceso de gente armada, en Colón, en el 2012, entró en vigencia una prohibición para portar armas.

A pesar de esta problemática, Adán Funes, alcalde del partido Libre en el municipio de Tocoa, la ciudad más importante de Colón, propuso públicamente levantar la prohibición de portar armas en esa zona, lo que le generó un aluvión de críticas.

El alcalde Adán Funes fue designado por el gobierno de Xiomara Castro como gobernador político de Colón, lo que generó el reclamo de algunos sectores defensores del ambiente que fueron encarcelados por oponerse a proyectos de extracción minera que Funes apoyaba durante el régimen autocrático del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. por delitos de narcotráfico.

#DENUNCIAMOS nombramiento de Adán Funes, principal aliado y promotor de Pinares/Emco/L. Perez-A.Facusse, detrás de destrucción del Parque Nacional Escaleras y de campañas de difamación y criminalización de quienes defienden ríos Guapinol y Sn Pedro de actividades mineras ilegales pic.twitter.com/krWQLeZ2ys
— Libertad para el río Guapinol (@guapinolre) March 10, 2022

Por otro lado, Óscar Nájera, acusado por EE. UU por corrupción, expresó que se ha reunido con algunos miembros del gabinete del nuevo gobierno. «He estado trabajando fuertemente con las autoridades del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para ayudar con mi experiencia y con todos los bagajes que yo manejo, económicos, en donde todos tenemos que estar», indicó.

«He platicado con ciertos miembros del gobierno, con ciertos ministros del gobierno, les he dado mis puntos de vista, mis consejos, inclusive con ciertos personeros de la Embajada Americana, he platicado con ellos, con muchos amigos de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, con muchos coroneles, comisionados y subcomisionados», apuntó Nájera.

Óscar Nájera criticó al alcalde de Tocoa y gobernador de Colón por intentar que se permita nuevamente la portación de armas. «Las intenciones de Adán Funes pregúnteselas a él. Pero podrían ser factores que vayan en beneficio de grupos».

El comisionado en condición de retiro Henry Osorto explicó que la problemática de violencia en la zona tiene que ver con que este territorio es ampliamente usado por narcotraficantes, ya que es un paso obligado de la droga que viene de Colombia hacia el interior del país y que posteriormente los fardos de coca van a parar a Estados Unidos.

«Operan desde Gracias a Dios, La Mosquita, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Copán, Ocotepeque, que son las rutas de frontera a frontera, desde que caen a Honduras hasta salir con la frontera con Guatemala, rumbo a México y de ahí a EEUU», dijo Osorto.

Henry Osorto afirmó que la violencia se ha incrementado a raíz de que «algunos cabecillas o jefes de cartelitos han sido detenidos y puestos a los órdenes de la justicia norteamericana, por eso se convierte en un departamento bastante violento».

La Policía reintegrará a agentes depurados

Con la toma del poder por parte del Partido Libertad y Refundación (Libre), el Ejecutivo ha prometido que la seguridad pública -delegada en gran medida a los militares durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional- pasará totalmente a manos de la Policía Nacional, que ahora tendrá la tarea de trabajar con un enfoque más comunitario.

En un comunicado de siete puntos, la Policía Nacional informó que ha iniciado el proceso para el reingreso de «ex funcionarios de la carrera policial, el que se amplía a ex miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras». Se indica además que «la incorporación de ex funcionarios policiales y ex personal de las Fuerzas Armadas, se hace en el marco de la política del Gobierno Central que impulsa una policía preventiva, humana y fraterna».

🚨#COMUNICADO🚨

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, a la opinión pública nacional e internacional informa: pic.twitter.com/V0kWjql1OJ
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) May 4, 2022

Leandro Osorio, excomisionado en condición de retiro, dijo a medios de comunicación a mediados de febrero que cerca del 85 % de los agentes policiales que fueron depurados tendrían que ser reintegrados al cuerpo policial, tras ser favorecidos administrativamente tras un reclamo laboral. Entre el 2016 y 2019, aproximadamente 6,000 policías fueron separados de sus cargos por la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.

Uno de los policías que fue reintegrado recientemente a la Policía Nacional es el comisionado Leonel Sauceda, quien fue absuelto de la imputación que se le hizo por el delito de lavado de activos.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien emprendió una lucha para que se investigara el asesinato de su hijo a manos de agentes de la Policía, envió una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro y al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, en la que les reclama por la reintegración de los policías depurados en su «condición de víctima de una Policía penetrada por el crimen».

«Su gobierno Sra. Presidenta ha decidido reintegrar a los policías separados en el último proceso de depuración, justificados en la necesidad de aumentar el número de policías para enfrentar el delito y el crimen… Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la historia reciente», escribió la exrectora de la UNAH.

#RCVNoticias 🚨ATENCIÓN🚨

Exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) , Julieta Castellanos envía carta a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, "en mi condición de víctima de una Policía penetrada por el crimen"... comienza diciendo el escrito pic.twitter.com/YTE4FVTCdK
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) April 28, 2022

Leonel Sauceda no pudo justificar los 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias entre 2006 y 2017. Según un comunicado emitido por el Poder Judicial, el Ministerio Público fue incapaz de comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, que era un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que se determinó absolver a Leonel Sauceda también del delito de lavado de activos.

Leonel Sauceda también ha sido mencionado en juicios en Nueva York. En una acusación que hicieron fiscales estadounidenses para llevar a cabo el juicio del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, este confesó haber tenido relaciones con varios agentes de policía, entre ellos los «Saucedas». Agregó que uno de estos estaba particularmente cerca de él.

🔴URGENTE🔴

1-El Comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda Guifarro, alias CC-9 en el caso de Geovanny Fuentes socio de @JuanOrlandoH, fue reincorporado a la @PoliciaHonduras, gracias a la debilidad de las instituciones que imparten justicia. pic.twitter.com/wTlrTu7xmw
— Pro Honduras Network (@Prohn_Honduras) May 2, 2022

Sobre los policías que exigen ser reintegrados a su trabajo, Henry Osorto le dijo a Contracorriente que «ellos están en su pleno derecho. Es legal. Porque la cancelación de los acuerdos de los diferentes policías fue de una forma improcedente, ilegal, violentando todos sus derechos, así que tienen que ser restituidos para que de esa manera el Estado evite demandas millonarias. Fue una línea de trabajo por parte de los narcotraficantes para sacar a los policías que les estorbaban a ellos en la institución».

Osorto agregó que el procedimiento para la separación de policías no se hizo con apego a la ley. «Abusaron del mismo [del procedimiento], están sujetos de ser acusados administrativamente por los diferentes policías que fueron afectados directa e indirectamente, así que esta novela apenas comienza. Creo que hay que hacerlo para sentar un precedente, todos los policías que fueron despedidos tienen que ser reintegrados y pagarles sus derechos».

El pasado viernes 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición del Comisionado General de la Policía, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, quien será extraditado a Estados Unidos que lo reclama por delitos de narcotráfico, posesión de armas y artefactos destructivos.

La captura y eventual extradición de El Tigre es una muestra de cómo el crimen organizado y el narcotráfico penetró en la institución armada. El comisionado Bonilla formó parte de la Policía Nacional durante más de 30 años y entre 2012 y 2013 fue director de la Policía Nacional. Antes de eso había sido el jefe regional en occidente, en la frontera con Guatemala, una zona estratégica en el paso de la droga en Honduras.

El 3 de febrero de 2022, Rosaura sobrevivió al ataque de un hombre que la acosaba y hostigaba desde hacía tiempo. Con un machete, cercenó sus manos mientras ella estaba en la orilla de un río cerca de su hogar, en Choluteca, al sur de Honduras. Después de tres meses, Rosaura aún no tiene justicia y su agresor está prófugo. A pesar de las promesas del nuevo Gobierno de frenar los femicidios y la violencia contra las mujeres, sobrevivientes como ella siguen enfrentándose a la desidia estatal.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

El 3 de febrero de 2022, Rosaura se levantó a la una de la madrugada a preparar suficientes tortillas para ir a vender a la iglesia. Aquel día se llevaría a cabo la celebración al Día de la Virgen de Suyapa, una festividad católica celebrada en Honduras. «Prendí el fuego, me puse a moler, y, una vez terminé, me fui con mis hijas para una alborada de la iglesia a las cuatro de la mañana», cuenta, recordando ese día.

Rosaura Herrera López, de 35 años, es originaria de Santa Teresa, una aldea perteneciente al municipio de El Triunfo, Choluteca, zona sur de Honduras. Ella vive en un caserío conocido como «El Marañonal», llamado así por la abundancia de esta fruta astringente que se cosecha, sobre todo, en tiempo de verano. Su casa está en las cercanías de un río en donde acostumbraba a desgranar maíz, prepararlo para su cocción y amasar tortillas.

En ese mismo lugar, Rosaura fue atacada a machetazos por un hombre que identifica como un vecino, y que usualmente la invitaba a salir. Explica que nunca cedió a las citas e insinuaciones del agresor y que este, enfurecido, intentó matarla.

Transcurrió una hora en la alborada, cuando Rosaura se despidió de sus hijas y les dijo que tenía que quebrar el maíz de ella y de una vecina. A las cinco de la mañana llegó al río, pero al querer avanzar al otro lado, alguien impidió su camino. «De aquí no vas a pasar, no nos vamos a tardar mucho», cuenta Rosaura que le dijo un hombre, a quien en ese entonces no reconoció.

Antes de siquiera cuestionarlo, Rosaura sintió la primera herida de machete en su cabeza y por poco cayó desmayada, pero siguió soportando las heridas posteriores. Sus hijas la encontraron tendida a la orilla del río después de escuchar su grito de auxilio.

Para este momento el agresor ya había huido del lugar, y actualmente continúa prófugo de la justicia.

Rosaura llegó en ambulancia al Hospital Regional del Sur, inconsciente debido a lo profundo de sus heridas. Después de estar hospitalizada cinco días en ese hospital, fue remitida al Hospital Escuela Universitario en Tegucigalpa, capital del país, a más de 184 kilómetros de distancia de su casa.

El caso de Rosaura se volvió mediático tras su llegada a la capital; pero después de su hospitalización por unos días, no volvieron a saberse más noticias sobre ella.

Los servicios médicos detallaron que sufrió cuatro machetazos en su espalda, cuatro más en su cabeza y, en el esfuerzo de protegerse del ataque, el agresor cercenó por completo su mano derecha y cuatro dedos de su mano izquierda. Los médicos tuvieron que colocar un injerto en su cabeza utilizando piel de una pierna.

«Se había enamorado de mí. Ya me había propuesto cuatro citas y me insistía con que saliéramos a comer, él teniendo su esposa e hijos y sabiendo que yo tengo a mi marido. Me dejó muerta en vida», cuenta Rosaura.

Solo en tres meses de 2022, el Observatorio del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) ha registrado 82 muertes violentas de mujeres, siendo el mes de marzo el que más contabiliza muertes, comparado al 2021 en el cual se registraron 86 muertes en enero, febrero y marzo. El arma blanca continúa siendo el tercer tipo de arma más utilizado en los casos de femicidio, luego del arma de fuego y de objetos no identificados.

Sumado a esto, el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH (OV-UNAH), detalla en su infográfico «Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios», con datos de enero a diciembre de 2021, que cada 27 horas con 33 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras, y que es entre las edades de 30 a 59 años dentro de las cuales las mujeres son más violentadas y asesinadas.

Según el OV-UNAH, cada 27 horas con 33 minutos muere una mujer de manera homicida en Honduras.

Tuit

Sandra Herrera es hermana de Rosaura y ha sido parte fundamental en su proceso de recuperación, aunque afirma que no tiene la disponibilidad económica de comprar todos los medicamentos y cubrir todas las necesidades que requiere el tratamiento médico.

Cuando llegamos a casa de Sandra, nos manifestó que solo quedaba un cartucho de pastillas disponibles para aliviar los dolores de Rosaura, que estas fueron «fiadas» y que estaba empezando a buscar medicamentos alternativos debido a que los dolores de su hermana son cada vez más insoportables.

«Soy una madre soltera, tengo seis hijos, pago casa, luz, agua, el colegio de mis dos hijos menores, entre otros gastos. No me ajusta (el dinero), tengo tres meses de alquiler de casa encima porque el dinero que tenía para pagar lo gasté en el proceso de Rosaura», explica. Sandra vive con recursos financieros limitados, pero es la única que se ha encargado de atender a su hermana, junto a otra hermana solo de madre de Rosaura.

En Choluteca, Rosaura no recibe apoyo financiero y vive en situación de pobreza. Su pareja no tiene la mano derecha y no puede utilizar la izquierda, por lo que él tampoco puede aportar con el sustento de su hogar, ya que no puede trabajar en el campo. A Rosaura solamente le ha quedado la solidaridad de su hermana, quien, además de asistir a Rosaura también se encarga de sus dos hijas de 17 y 13 años, y su hijo de 5 años.

La importancia de un proceso investigativo con enfoque de género

Rosaura interpuso la denuncia al mismo tiempo que estaba hospitalizada en el hospital Regional del Sur, en Choluteca. Su caso lo está llevando la Asociación Calidad de Vida, sin embargo, hasta el momento las autoridades le han informado que continúan en investigaciones y no saben nada de su agresor. Ana Cruz, directora de Asociación Calidad de Vida (ACV), asegura que los operadores de justicia hicieron su trabajo al tomar la denuncia, pero que es lamentable la poca agilidad en la investigación de estos casos.

La abogada Ana Cruz también explica que en la asociación procuran ir más allá en la atención a mujeres víctimas de violencia, incluyendo esto el seguimiento de los distintos casos y ejercer presión sobre los operadores de justicia para que estos realicen las respectivas investigaciones con la celeridad establecida en las leyes.

En el caso de Rosaura, la abogada expone que no ha sido fácil, pues las autoridades le han dicho que su denuncia está apenas en la etapa del libramiento de requerimiento fiscal y que no se ha registrado avances en la investigación. Tampoco han detenido al agresor.

«Solo sabemos que ya hay una orden de captura girada para la persona que le hizo esto a Rosaura», señala Ana Cruz, quien a su vez explica que en casos como estos es muy difícil dar más información porque esto puede obstaculizar las investigaciones.

La directora de ACV indica que la investigación de estos casos tiene que ir más allá por parte de las autoridades, en vista de ser una tentativa de femicidio. Además, desde la Asociación están abogando para que el Estado se haga cargo de todas las niñas y niños huérfanos a causa de femicidio, que este tiene la obligación de protegerlos.

El cuadernillo «Prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de las mujeres por parte del sistema operativo de justicia en los casos de violencia contra las mujeres y los femicidios en Honduras», de la Asociación Calidad de Vida, explica que el Estado debería de ser responsable y estar comprometido en dar una respuesta oportuna y eficaz a la probematica de violencia que sufren las mujeres y las niñas en Honduras.

Del mismo modo, el cuadernillo señala que la violencia contra la mujer no es un asunto privado y que «Si el Estado no asume dicha responsabilidad y no actúa con la debida diligencia, está incurriendo en una violación a los derechos humanos de las mujeres». De esta manera, los entes estatales están reproduciendo la violencia contra las mujeres a través de la violencia intitucional que se traduce en la inacción de los agentes estatales, indica el material.

«El problema en la Policía Nacional es que ellos no están utilizando un protocolo con enfoque de género, están utilizando un manual único de investigación, utilizándose las mismas hipótesis en las investigaciones de hombres y mujeres. Si se aplicara un protocolo de género en las investigaciones, su planteamiento cambiaría», indica Ana Cruz.

Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, asegura que la Policía Nacional debería de utilizar un protocolo de enfoque de género en la investigación de muertes violentas de mujeres.

Tuit

Ley de Casas refugio aún sin aprobación

Ana Cruz explica que previo al 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer en el que Asociación Calidad de Vida salió a las calles a pedir la aprobación de la Ley de Casas Refugio, se tuvo una reunión con 27 diputadas del Congreso Nacional, mismas que se comprometieron con la aprobación de la Ley, sin embargo, esto ha pasado a segundo plano en el Legislativo.

«Básicamente la ley está parada actualmente», manifiesta Ana Cruz, quien a su vez señala que en vez de politizarse la aprobación de la misma, las mujeres en el Congreso deberían de pensar que esto será algo que beneficia a todas las mujeres del país.

Cruz explica que en el caso de Rosaura esta Ley sería importante debido a que su agresor aún no ha sido capturado por la Policía y ella podría estar en peligro en todo momento. Una Casa Refugio podría ser un lugar en el que ella se sintiera a salvo, y, además, en sitio en donde se le pueda dar el seguimiento en cuanto a talleres o charlas para brindarle alternativas de trabajo condicionadas a la discapacidad que adquirió. Además, a sus hijos se les brindaría la atención psicológica y educativa que necesitan.

La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, asegura que esta ley aún continúa en etapa de análisis presupuestario debido a la reformulación del Presupuesto General de la República, y agregó que por parte de la presidenta Xiomara Castro sí hay un interés claro en la aprobación de esta ley y de mejorar las acciones de protección hacia la mujer.

«Estoy segura que la Ley de Casas Refugio, que me parece es un proyecto de verdadera urgencia en el país, va a ser apoyado por parte del presidente del Congreso y por todas las bancadas. Creo que en el Legislativo todos nos identificamos con la necesidad que tienen las mujeres que son abusadas y violentadas», afirma la congresista.

El informe sobre la situación de los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) menciona a los sevicios como Ciudad Mujer, el Sistema de Emergencia 911 y a la Dirección de la Policía de Investigaciones como la respuesta del Estado a los casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, advierten que se requiere de una mayor articulación entre estas antidades, ampliar su cobertura geográfica y los horarios de atención, así como incrementar los recursos para brindar una atención integral a las víctimas.

El 8 de marzo de 2022, la presidenta Xiomara Castro envió al Congreso Nacional la Ley Integral contra la Violencia de Género y la propuesta de distintas organizaciones de elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer (INAM). Sin embargo, Ana Cruz, directora de ACV, asegura que la Ley Integral contra la Violencia de Género no debe de confundirse con la Ley de Casas Refugio, pues estas son solamente complementarias.

«La Ley de Casas Refugio lo que hace es regular todo lo que es una casa, como los ingresos, egresos, que tipos de violencia se atienden, la forma en la que se van a atender, los presupuestos para garantizar la sostenibilidad de que al menos haya una en cada departamento, entre otras cosas. Así que las diputadas del Congreso Nacional están confundidas si creen que se trata de lo mismo, pues en la Ley Integral contra la Violencia de Género el tema de las casas refugio no se habla tan ampliamente», manifiesta la directora de ACV.

Según esta organización, actualmente existen 10 casas refugio, de las cuales Asociación Calidad de Vida tiene tres, sin embargo, la abogada indicó que esto puede cambiar para peor debido al nuevo Gobierno y al cambio de autoridades municipales en donde existen casas refugio. «Empezaré una etapa de búsqueda de las nuevas autoridades municipales, porque si el nuevo alcalde –que generalmente son hombres– no tiene la sensibilidad ni conocimientos, a lo mejor y estas casas refugio están cerradas», sostiene.

El Decreto Legislativo PCM 05-2022 decreta que el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) pasará a denominarse Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, como lo prometió Xiomara Castro el pasado 8 de marzo. A esta Secretaría se adscribe el Programa Ciudad Mujer como ente desconcentrado de esta Secretaría.

En la reasignación del Presupuesto General de la República, se otorgaron 53,388,673 de lempiras a la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer; a la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (PCM) se le asignaron 117,688,346 de lempiras.

Contracorriente contactó a Doris García, ministra de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, sin embargo, no accedió a brindar entrevistas al cierre de esta nota.

Tatiana Lara, delegada presidencial del programa Ciudad Mujer, no respondió a los intentos de entrevista de Contracorriente.

Rosaura ha obtenido atención legal y ayuda humanitaria por parte de ACV, pero algo que la abogada Cruz considera urgente es la ayuda psicológica para ella y diseñarle un plan de vida para que pueda adaptarse a vivir con su nueva condición.

«No es que solamente ella diga “Ya me voy”, una vez que termine su tratamiento en Tegucigalpa, sino que hay que preguntarse: ¿De qué va a vivir? ¿Cómo se le puede ayudar para que ella sobreviva?», cuestiona la abogada Ana Cruz.

Amara Aguilar, presidenta de la Colectiva de Mujeres con Discapacidad, explica que actualmente en Honduras no existen datos que calculen cuántas mujeres con discapacidad adquirida hay en Honduras, y menos cuántas mujeres tienen esta discapacidad adquirida a raíz de un hecho violento.

La presidenta de la Colectiva de Mujeres con Discapacidad señala que es de mucho interés para la Colectiva informar acerca de estos casos y conocer a detalle cuántas mujeres hondureñas viven esta realidad, sin embargo, no está en las capacidades económicas de esta organización levantar una data conforme a esto. «Se debe visibilizar la falta de interés por parte de las autoridades competentes al encargarse de estos temas, sobre todo, por parte de la Policía, institución que debe de diferenciar el proceso de investigación cuando se trata de violencia hacia las mujeres», manifiesta Amara Aguilar.

El único dato que existe en Honduras sobre personas con discapacidad adquirida es del informe «Identificación y caracterización de las personas con discapacidad en Francisco Morazán», en 2017. Este informe detalla que de 15,680 personas encuestadas desde agosto de 2016 a marzo de 2017, 4 de cada 10 mil habitantes adquirieron una discapacidad debido a un hecho violento.

La investigación indica que la variable «actos de violencia» generó un sesgo de información y de selección, debido a que solo las personas sobrevivientes a un acto de violencia pueden formar parte de este grupo, quedando las personas que no reportaron el acto de violencia como una limitación físico-mental, sin ser tomadas en cuenta. Además, la investigación no detalla el sexo, edad, ni escenario en donde se dieron los hechos violentos de las personas que reportaron esto en la encuesta.

En otro apartado, el informe sugiere una campaña de paz y resolución de conflictos a los entes gubernamentales para evitar las discapacidades adquiridas. «Mediante una estrategia de mercadeo social de mensajes orientados a la sensibilización acerca de cultura de la paz y resolución de conflictos, seguridad vial, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entre otros que también influyen en la disminución de la prevalencia de discapacidad en este grupo», subraya el informe.

Sandra, la hermana de Rosaura, no quiere que ella se exponga al peligro regresando al lugar en donde fue atacada, y más sin conocer aún el proceso de investigación del agresor de su hermana. Además, tiene miedo de que en cualquier momento este regrese para atentar de nuevo contra la vida de su hermana y de sus hijos.

«Mi marido me dice que no quiere que lo deje solo, él quiere que esté allá en mi casa, aunque ya no voy a servir para lo que hacía, pero él dice que allá me quiere tener», dice Rosaura, quien espera recuperarse pronto para regresar a su lugar de origen, la misma comunidad donde fue agredida.

«Allá yo molía tortillas, le molía mensual a una señora por 500 lempiras. Y ahora, ¿cómo voy a moler? Ni siquiera puedo hacer tortillas para mí», dice, mientras espera poder regresar pronto a su comunidad, junto a su esposo y sus tres hijos.

Créditos: Sergio Ramírez | Ilustración: @donmarcial*

La historia de la Fundación Luisa Mercado que fundamos en Masatepe en el año 2006, es en muchos sentidos la historia de mi familia. Mi madre, en cuyo homenaje bautizamos la fundación, se graduó en 1936 en el Instituto Bautista de Managua, donde mi abuelo Teófilo Mercado la mandó interna, y fue la primera bachillera en la historia de Masatepe, toda una hazaña en aquel entonces para una mujer. Trabajó recién diplomada como docente al lado de doña Chepita Toledo de Aguerri, la prócer de la educación en Nicaragua, y luego, en 1952, fue nombrada directora del Instituto Nacional de Masatepe, donde fue a la vez profesora de lengua y literatura. Mi profesora de literatura. Ya pasaba de los sesenta años cuando se matriculó en los cursos por encuentro de la UCA, donde sacó una maestría en administración escolar.

Y creamos en la fundación la escuela de música “Lisandro Ramírez Velásquez”, en homenaje a mi abuelo paterno que fue compositor y ejecutante de violín, maestro de capilla de la iglesia parroquial de Masatepe, y director de la Orquesta Ramírez, que formó junto con todos sus hijos, músicos también. Decena de niños de ambos sexos, de Masatepe y de los pueblos aledaños, pasaron por las aulas de esa escuela, donde aprendieron a tocar el piano, guitarra, violín, flauta, y participaban en conciertos para enseñar lo que habían aprendido.

Tuvimos con la Fundación Luisa Mercado un centro cultural como pocos, que cambió el perfil de Masatepe. Una biblioteca de 6 mil volúmenes, con parte de mis propios libros y los de la poeta Vidaluz Meneses, cuyos herederos nos donaron su biblioteca personal; miles de estudiantes, y de vecinos, tuvieron acceso gratuito a sus fondos, y uno de sus programas más atrayentes fue el rincón de libros infantiles.

Realizamos también exposiciones de arte sacro, de fotografías familiares del pueblo, y de pintura y escultura; conferencias, presentaciones de libros, amparamos círculos literarios de jóvenes creadores, y realizamos talleres de formación literaria. El día que me concedieron el premio Cervantes en 2017, después de recibir la noticia me trasladé a Masatepe donde tenía que dar en la fundación un taller de escritura a unos veinte jóvenes llegados de todo el país.

Cuento todo esto para que a través de un árbol podamos apreciar enseguida todo el bosque. El bosque de fundaciones, asociaciones civiles y cívicas, organizaciones no gubernamentales, que han sido talados por el hacha de la represión. La Fundación Luisa Mercado cayó derribada junto con 24 organizaciones más, mediante un decreto de la Asamblea Nacional este mes de abril, aprobado apenas fue presentado, igual que en los últimos meses se ha venido talando ese bosque hasta que ya no quede en pie ninguno de esos árboles. Ya suman 164, ilegalizadas a partir de noviembre de 2018.

Entre ellas se encuentran universidades privadas, cuyos bienes e instalaciones han sido confiscados; colegios de secundaria; gremios de médicos e ingenieros, asociaciones de desarrollo municipal y comunal, organizaciones no gubernamentales con representación legal en el país; organizaciones de interés ecológico y protección del medio ambiente; organismos de derechos humanos, de promoción del periodismo libre y la comunicación social; institutos de investigación económica, de promoción de la salud, de educación y cultura; entidades de formación democrática, y hasta asilos de ancianos. Es decir, todo el tejido vivo de la sociedad civil.

El pretexto es peregrino: no haber puesto al día ante el ministerio de Gobernación la documentación legal, incluidos los registros contables, cuando, y eso me consta, esos documentos fueron devueltos cada vez que eran presentados, bajo el alegato de que faltaba una firma, un dato, una fecha, un punto o una coma, porque la orden política, recibida desde la presidencia bicéfala, era no aceptarlos bajo ninguna circunstancia, a fin de allanar el camino para la anulación posterior.

O, más de fondo aún, no haberse inscrito como “agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior”, pues esta es otra de las leyes represivas, destinadas a liquidar todo vestigio de libertad en Nicaragua.

Pero hay un andamiaje legal, creado exprofeso, para seguir talando el bosque. Se alega, además, el incumplimiento de la ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua; y de la ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Pero, sobre todo, está la Ley sobre Organizaciones sin fines de lucro, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo de este año, la cual, además de legalizar la confiscación de los bienes de las organizaciones despojadas de su personería jurídica, reduce el ámbito en que las asociaciones privadas pueden actuar. Nada de derechos humanos, ni desarrollo democrático, ni libertades públicas, ni promoción del periodismo libre, medio ambiente o pueblos indígenas, ni feminismo, ni diversidad sexual.

En adelante, organismos no gubernamentales solo podrán existir cuando sean de carácter religioso, benéfico o caritativo; o sociales, culturales, o de educación, dice esa ley. Lo cual no es sino otra falacia, pues a esto último es a lo que se dedicaba la Fundación Luisa Mercado. Y en cuanto a la promoción religiosa, no hay duda que quedarán excluidas todas aquellas que el régimen considere subversivas, ya que los sacerdotes han sido repetidos veces calificados en el discurso oficial como hijos del demonio.

Y en cuanto a las organizaciones caritativas, la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, que regentaba en Managua el asilo de ancianos “Sor María Romero”, al ser ilegalizada tuvo que cerrar las puertas del asilo, y en un comunicado dramático pedir a los familiares que llegaran a recoger a sus deudos; u Operación Sonrisa, que se dedicaba a operar niños con paladar hendido de manera gratuita, ilegalizada también.

Las intenciones políticas son muy claras con estas supresiones masivas: por un lado, impedir que la sociedad civil promueva la democracia, la libre información, los derechos humanos, el pensamiento crítico, la cultura transformadora, y que busque espacios de acción para grupos vulnerables, como son las comunidades indígenas, o el empoderamiento civil, como son los movimientos de mujeres. Es decir, congelar a la sociedad, y someterla a las reglas del silencio sepulcral.

Y, por el otro lado, asegurar el monopolio del estado en cuanto a cualquier tipo de acción social, municipal o comunal. No se trata sólo de sustituir a la sociedad civil en esos emprendimientos, sino no dejarlos hacer, aunque el estado no los sustituya. Otra manera de congelar las acciones libres de la sociedad, y sus iniciativas.

Pero si ampliamos aún más el panorama, y conectamos la embestida contra la sociedad civil al suprimir e ilegalizar sus organizaciones, con otras medidas del régimen, vamos a descubrir que se trata de un plan global, que ya está en marcha:

Sumemos la supresión de los partidos políticos, de los que ya no queda uno solo independiente, y la condena a prisión de líderes políticos y candidatos presidenciales.

Sumemos la embestida contra los medios libres de comunicación, como puede verse con la confiscación del canal de televisión 100% noticias, de los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana, y del semanario Confidencial; de la desaparición de los canales independientes, puesto a al servicio del aparato oficial por compra; de la ocupación militar del diario La Prensa.

Sumemos la práctica desaparición de las entidades gremiales empresariales, con sus dirigentes presos, y sometidas ahora al silencio, y la pretensión de sustituirlas por otros gremios fieles a la dictadura.

Sumemos el exilio forzado de obispos y sacerdotes, las amenazas constantes contra otros obispos y sacerdotes que permanecen en Nicaragua, la agresión contra los templos, y la propaganda que coloca a la iglesia católica como enemiga del régimen.

Sumemos la anulación de la autonomía de las universidades, cooptadas unas, confiscadas otras, privadas del derecho de aprobar por ellas mismas sus planes de estudio y de emitir títulos académicos.

Sumemos la persecución contra escritores, periodistas, académicos, artistas, compositores, cantantes, obligados al exilio.

Y sumemos las declaraciones desde el poder, que arguyen las bondades del sistema del partido único, y entonces completaremos el panorama.

Nada es casual, ni caprichoso, ni gratuito. Todo responde a un solo diseño maestro.

*Sergio Ramírez es escritor nicaragüense. Premio Carlos Fuentes, Premio Alfaguara de Novela y Premio Miguel de Cervantes.

*Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente.

La clase obrera marchó el pasado Primero de Mayo para exigir la derogación de leyes nocivas para el país, como la Ley Marco del Agua y la Ley General de la Industria Eléctrica. En San Pedro Sula, la manifestación terminó con un discurso de la presidenta Xiomara Castro; y en Tegucigalpa, el evento lo cerró el expresidente Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial.

Texto: María Celeste Maradiaga y Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez y Jorge Cabrera

En tranquilidad transcurrieron las manifestaciones por el Día del Trabajador en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras. No faltaron las consignas clásicas, como el «el pueblo unido, jamás será vencido», pero además sonó con insistencia en los altoparlantes la canción «Juanchi va para Nueva York», dedicada al expresidente Juan Orlando Hernández. En ambas marchas hubo una fuerte presencia de simpatizantes del Partido Libre y de funcionarios del Gobierno.

En Tegucigalpa, la marcha tuvo la presencia del exmandatario y actual asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, quien llegó al Parque Central y, una vez instalado en el escenario en compañía de distintos dirigentes sindicales, expresó que participaba en la manifestación del Día del Trabajador como coordinador del Partido Libre, al que calificó de democrático y de izquierda radical.

«Llegó la hora de organizarnos, de acumular fuerza, y de defendernos frente a quienes no quieren que salga el cartel y la dictadura de Honduras. Hoy ustedes tienen una gran misión, que es entender que solo organizados y acumulando fuerza democrática, pacífica y revolucionaria podemos reclamar nuestros derechos y cambiar la dictadura que está presente en el modelo de explotación neoliberal. ¡Viva el trabajador hondureño, viva la clase obrera, vivan los campesinos, vivan las mujeres! ¡Hasta la victoria, siempre!», finalizó diciendo Zelaya Rosales.

Mientras, la presidenta Xiomara Castro se desplazó a San Pedro Sula –la capital industrial–, donde su discurso terminó igualmente con la frase «Hasta la victoria, siempre», misma que utilizó tantas veces en la campaña presidencial. Ahí, a punto de cumplir sus primeros cien días como presidenta, la mandataria anunció el envío de una nueva ley para el sector energía, a la vez que prometió a las mujeres luchar por sus derechos.

Izquierda Radical, una organización política, marchó ese día en Tegucigalpa exigiendo pensamientos ideológicos definidos en el Gobierno de Xiomara Castro. «Actualmente estamos integrados como funcionarias y funcionarios de distintas secretarías de Estado, secretarías centralizadas y entes desconcentrados a nivel nacional. Lo que queremos es que haya un gobierno socialista, democratico y solidario, por eso nos hemos organizado y como funcionarios desde las distintas instituciones promovemos el socialismo y la solidaridad», explicó Miroslava Cerpas, vocera de la organización.

En la capital industrial la jornada comenzó muy temprano. Unos 50 sindicatos se reunieron en el bulevar que conduce a La Lima. A las 8:00 a. m. iniciaron la nutrida caminata en la que se exigía, entre otras cosas, respetar los derechos del trabajador y un alto al incremento de la canasta básica y de los combustibles. Había música de los Guaraguao de Venezuela y de algún grupo hondureño. Por supuesto, a cada momento sonaba «Juanchi va pa Nueva York», en alusión a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Esta música se escuchaba mientras avanzaban los grupos con gigantescas pancartas llevadas por sindicatos. En la marcha apareció una avioneta de papel con las siglas de la DEA y la leyenda «pronto regresará».

En el camino a la Plaza de Las Banderas, donde se había preparado el escenario para los discursos, conversamos con Armando Villatoro, secretario de Finanzas de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). «Aquí no celebramos, nosotros el Primero de Mayo protestamos por los derechos legítimos que le corresponden a los trabajadores y a los más pobres de Honduras», nos comenzó diciendo.

Cuando le preguntamos qué le exigían al Gobierno de Xiomara Castro, manifestó que apenas tenía tres meses en el poder: «No tiene una varita mágica para cambiar (la situación del país), tiene que ser un período largo. La problemática sigue siendo la misma, ahorita no va a cambiar. La canasta básica arriba; energía, cara… Este es un proceso duro que le toca a la presidenta Xiomara Castro resolver poco a poco, porque este país lo dejaron saqueado y endeudado».

Más adelante, caminaba Juan Carlos Aguilar, un comerciante informal, quien nos dijo que el Primero de Mayo no es una fecha para festejar: «Como lo han venido manejado los grandes empresarios, que (dicen que) salimos a celebrar, cuando nosotros salimos a exponer todos aquellos desacuerdos y descontentos que a veces no podemos expresar».

La caminata siguió su rumbo hasta llegar a la Plaza Banderas, ubicada a un costado del Estadio Morazán. Ahí tomó el control el Gobierno desde un púlpito donde hablarían los oradores y en el que decía «Casa Presidencial». La maestra de ceremonia arengó al público a gritar el nombre de la presidenta, «vamos a ver esas bases», les dijo a los colectivos de Libre que participaron en la marcha.

En la tarima estaban la presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. «Me siento honrado de estar aquí y recordarles que la razón por la que yo soy presidente del Congreso es por un acuerdo histórico que se suscribió con la primera mujer presidente de Honduras, que ha demostrado el valor de la palabra», les dijo Redondo a los asistentes.

Los trabajadores presentaron su pliego de peticiones mediante un discurso del dirigente magisterial Joel Navarrete, quien en un fragmento de su participación homenaje insistió en desmontar «el sistema capitalista y su modelo oprobioso».

Pidió también la derogación inmediata de la Ley Marco del Agua y eliminación de la Ley General de la Industria Eléctrica. Minutos después, la presidenta Castro dijo que enviaría al hemiciclo un proyecto para una nueva ley en el sector de energía.

Navarrete, como voz de la clase obrera, exigió un verdadero proceso de cambio del modelo educativo, el respeto al Estatuto del Docente, un decreto que le devuelva a los derechos a los compañeros despedidos y suspendidos durante el Gobierno anterior, y la aprobación del Código Procesal Laboral.

Entre la algarabía de los presentes y el calor del mediodía en San Pedro Sula, Xiomara Castro comenzó diciendo: «Me inclino ante ustedes, la clase trabajadora de Honduras, generadores de la riqueza nacional. Quiero felicitarles por su dedicación y empeño con la que día a día construimos la refundación de la patria».

Después pidió a los trabajadores y empresa privada trabajar por el crecimiento solidario y un desarrollo equitativo. «Quiero que nos acompañen en este esfuerzo. Luchar contra la pobreza extrema y que todas y todos tengan acceso a vivir con dignidad». También aprovechó para anunciar la propuesta de una nueva ley de energía y la llegada de representantes de las Naciones Unidas para iniciar el proceso de la instalación de una comisión contra la corrupción y la impunidad.

«A las mujeres de Honduras les digo, voy a defender sus derechos. Confíen en mí. Viva la clase trabajadora de Honduras, viva la clase trabajadora del mundo», cerró diciendo en su participación.

“A las mujeres de Honduras, les digo. Voy a defender sus derechos. Confíen en mí”. Xiomara Castro

Tuit

En Tegucigalpa, en la manifestación también participaron colectivos de Libre. Uno de los militantes presentes fue Florentino Argueta, líder de base en la colonia Japón en Tegucigalpa. Este grupo forma parte de la coordinadora Eduardo Lanza Becerra, la cual aglutina a barrios y colonias como el Picachito, el Japón, el Bosque, Buenos Aires, La Vuelta del Perro Ahorcado, entre otros. Tiene 60 años y se denomina como uno de los fundadores de Libre desde 2012, pero ha marchado en las calles desde 2009.

«Nosotros como fundadores de Libertad y Refundación andamos en la movilización de hoy porque le pedimos al Gobierno de doña Xiomara que nos dé trabajo», manifestó, y explicó que en los barrios y colonias las bases de Libre urgen oportunidades de empleo.

Florentino asegura que el pueblo decidió votar por Xiomara por la promesa de que este sería un gobierno humano, y que al ser una mujer la que gobierna, ella conoce de primera mano las necesidades en los hogares de las familias hondureñas y la situación de pobreza que viven los niños y niñas. Florentino también afirma que, por la situación en la que dejó el país Juan Orlando Hernández, es necesario que se instale una asamblea constituyente para reformar el país y que así se construya una mejor Honduras para todos los hondureños.

Carlos Reyes, líder sindical quien también asistió a las manifestaciones, dijo que los trabajadores hondureños salieron a las calles a celebrar la derogación de la Ley del Empleo por Hora, la cual sustituye el trabajo permanente por el temporal. «Hemos escuchado las voces de muchos empresarios que ahora aparecen como defensores de los trabajadores diciendo que están luchando para que no haya despidos, y quienes despiden son ellos. Esto es el puro cinismo y es condenable lo que pasa en el país», asegura.

Además, Reyes afirma que es mentira que la derogación de la Ley del empleo por hora, la Ley marco de protección social y la derogación de las ZEDE serán un inconveniente para las inversiones que vengan al país, y que si una persona invierte en un país donde hay dictadura, golpes de Estado y reelección ilegal, sabe a lo que se atiene.

Por otro lado, Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, marchó junto a la coalición de organizaciones sociales en defensa del agua exigiendo la derogación de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2003, la cual, según él, permite la privatización de los servicios de agua.

«Nos sentimos motivados a participar en la marcha para exigir respeto al agua y denunciar las amenazas que recibimos por parte del alcalde. Al pueblo les estamos diciendo que se unan a esa lucha, porque el agua es un derecho humano y el servicio del agua no puede ser privatizado», indicó Manuel Amador, quien aseguró que en esto hay grandes intereses de por medio por parte del alcalde.

Por otra parte, Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, manifestó a Contracorriente que la privatización del sistema de acueductos no es algo cierto, y que solamente se le está dando el respectivo seguimiento a la Ley marco del agua. Aldana explica que, mediante los estudios que han hecho, han comprobado que la municipalidad tiene la capacidad de administrar el acueducto y proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.

«Nuestro reto es convertir a la UMAPS (Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento) en una empresa pública que sea totalmente rentable, fuerte y que resuelva los problemas de capitalinos. El agua no se va a privatizar porque es un bien común y es un derecho humano», finalizó diciendo el alcalde.

Las mujeres también salieron a protestar este Día de los Trabajadores. Alba Leticia Ochoa, quien forma parte del Grupo Mujeres Socialistas, expresa que las mujeres hondureñas se sienten motivadas a marchar este Primero de Mayo al ser una mujer la que gobierna por primera vez el país, y esto representa la esperanza de que los reclamos de las mujeres sean atendidos.

«Tenemos esperanzas plenas de que este Gobierno va a lograr grandes conquistas del pueblo hondureño y de las mujeres, pero sabemos que existen muchas brechas que hay que llenar, por ejemplo: la falta de participación de las mujeres en cargos de dirección del Gobierno, falta de igualdad en los salarios, y en otras cosas como la aprobación de la PAE y el aborto por las tres causales», argumenta Alba Leticia.

Ante esto, la designada presidencial Doris Gutiérrez manifiesta que el modelo neoliberal instalado en el país ha colocado a las mujeres en un segundo plano, y que aunque existan leyes que exijan el pago de salarios igual entre mujeres y hombres, en la realidad esto no es así. Gutiérrez indicó que esto, sumado a la violencia que enfrentan las mujeres día a día en Honduras, son las principales luchas que tiene Xiomara Castro, y que será por medio de su administración que se logrará una situación diferente para las mujeres hondureñas.

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