Comisión de diputados detecta extravío de información en solicitudes de extradición

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Maribel Espinoza, congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), denunció que el Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las solicitudes de extradición. Además, hay incongruencia entre la información en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Jorge Cabrera

La comisión nombrada por el Congreso Nacional para investigar el papel de los operadores de justicia en el cumplimiento de los tratados de extradición detectó extravío de documentación en el proceso de solicitudes de extradición, le dijo a Contracorriente la diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la Comisión Especial de Extradición, también integrada por Ramón Barrios (presidente), Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Netzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza. 

La diputada Espinoza mencionó que en la gestión del Gobierno anterior desapareció documentación relacionada a las órdenes de captura y que el nuevo secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, tuvo que reconstruir los expedientes. Agregó que en la Cancillería de la República también tuvo problemas porque los expedientes estaban desaparecidos. 

«El Gobierno anterior hizo desaparecer en la Policía las órdenes de captura. La mayoría (de expedientes) fueron desaparecidos de los archivos», denunció Espinoza. 

«Ante la declaración del Secretario de Seguridad y la confirmación del canciller, indudablemente desapareció mucha documentación y el informe que nos mandó la Corte Suprema de Justicia (CJS) no fue exhaustivo», agregó. 

Maribel Espinoza asegura que en la Comisión no tienen claro por qué hay retraso en algunas órdenes de captura. En el caso del excomisionado de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, la orden de captura estaba vigente desde mayo de 2021 y no había sido ejecutada. En Choluteca fue capturado el extraditable Tokiro Rodas, sobre quien pendía una orden de captura por extradición desde el 2014. 

Respecto a las extradiciones, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró a medios de comunicación que al conocerse los detalles de la sentencia contra el exdiputado del Partido Liberal Fredy Nájera surgirían muchos nombres de posibles extraditables. «Pongan atención a la sentencia que se dará (en Estados Unidos) contra Fredy Nájera, cuando escuchen el resumen y nombres de personas que movieron dinero ustedes claramente van a conocer quiénes van a ser los próximos que van a ser extraditados. Hay diputados y funcionarios del Gobierno de Juan Orlando Hernández», expuso el titular del Legislativo. 

Nájera se entregó a la justicia norteamericana en 2018 y se declaró culpable por tráfico de drogas en 2020, sin embargo no aceptó los cargos por posesión de armas de fuego y aparatos de destrucción. Nájera fue electo diputado por Olancho en el 2006 y lo siguió siendo hasta que se entregó a la justicia estadounidense. 

La congresista Maribel Espinoza manifestó que la labor de la Comisión de Extradición no es revisar las actuaciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia o la Secretaría de Seguridad «porque eso rompe la independencia de los poderes del Estado. Nuestra investigación es eminentemente administrativa», afirmó. 

También reveló que tras pesquisar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Cancillería de la República y Secretaría de Seguridad, la Comisión encontró incongruencias en la cantidad de órdenes de captura pendientes por el tratado de extradición. Conforme a lo informado por la CSJ, hasta el momento son 98 solicitudes de extradición y están pendientes de ejecución 32. Esto difiere de lo manejado por la Secretaría de Seguridad, donde los registros apuntan que los pendientes de captura por el tratado son 41. 

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El 21 de abril de 2022 el expresidente Juan Orlando Hernández apareció ante decenas de cámaras esposado de manos y ataviado con una chaqueta azul. Luego caminó custodiado por fuerzas de Seguridad hacia donde los esperaba un avión de la DEA para trasladarlo a Nueva York, Estados Unidos, donde la Fiscalía del Distrito Sur lo acusa de haber participado en una conspiración que introdujo a ese país unos 500 mil kilos de cocaína. 

Meses antes, el 28 de noviembre de 2021, cuando el Partido Nacional perdió las elecciones, miles de ciudadanos celebraron su derrota. El día que extraditaron al exmandatario también hubo algarabía, especialmente en redes sociales. Muchos mostraron su alegría o complacencia por la partida de JOH, acusado de haber entregado el Estado al crimen organizado. 

Sin embargo, aunque la captura y enjuiciamiento de Hernández podrá ser un castigo ejemplar si es encontrado culpable, no significa la derrota de las estructuras corruptas que han permeado y debilitado la institucionalidad, consideran analistas. El abogado y exdiputado nacionalista Raúl Pineda Alvarado dijo a Contracorriente que «hay que ser despiadadamente ingenuos para pensar que el crimen organizado solo contaminó al Poder Ejecutivo». 

«Ellos controlaron la Fiscalía, la Policía Nacional y controlaron gente del Poder Judicial, porque todo el sistema diseñado para combatirlos tenía que ser cooptado, dejarlo incapacitado sin poder ejercer cualquier acción en contra de los criminales», añadió el abogado, exdiputado al Congreso por el Partido Nacional. 

Maribel Espinoza, hablando sobre lo dicho por el presidente del Congreso Nacional acerca de diputados en la lista de extraditables, apuntó que «es posible (que hayan parlamentarios), yo no conozco la lista, pero sí puedo decirle que Juan Orlando Hernández garantizó a un sector del crimen organizado su impunidad y eso solo lo podía hacer mediante el Congreso, mediante la CSJ y la Fiscalía General. Estamos viendo una estructura de poder fracasada, que se coludió con el crimen y que precisamente esa es la labor (del actual Gobierno), de reconstruir el país y si hay diputados que tienen que ir a Estados Unidos a rendir cuentas, pues deben de hacerlo». 

A Raúl Pineda Alvarado no le asombra lo dicho por el titular del Poder Legislativo, a su juicio es «el reconocimiento de una verdad evidente. Honduras por su débil institucionalidad, por su ubicación geográfica, la corrupción y la misma pobreza se convirtió en un paraíso para bodegaje, tránsito y lavado para el tráfico de drogas».

Lo dicho por Pineda Alvarado se puede sustentar en algunos hechos, uno de ellos es que varios políticos hondureños guardan prisión, esperan sentencia o han sido mencionados en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Entre ellos están Tony Hernández, exdiputado al Congreso Nacional y hermano de Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua; Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quien guarda prisión; y el excongresista Fredy Najera, del Partido Liberal, quien fue encontrado culpable y se encuentra a la espera de su sentencia. 

También han sido mencionados en juicios en Nueva York: Ricardo Álvarez, Reynaldo Ekonomo, Óscar Nájera, Porfirio Lobo y Manuel Zelaya Rosales, estos dos últimos expresidentes de la República. Además, ya cumplieron condena Yankel Rosenthal exfuncionario en el primer período de Juan Orlando Hernández y Yani Rosenthal, excandidato presidencial del Partido Liberal en las últimas elecciones en noviembre de 2022. 

Otro nombre mencionado en Nueva York es el del exministro de seguridad Julián Pacheco Tinoco, quien apareció en el testimonio de Devis Leonel Maradiaga, líder del cartel Los Cachiros. El 10 de mayo de 2022, el exdirector de la Policía Juan Carlos Bonilla fue extraditado a Estados Unidos. 

Quizás el hecho más significativo es que el 21 de abril de 2022 el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado para responder en Nueva York por delitos asociados con el narcotráfico. Hernández se declaró no culpable y espera por juicio. 

Raúl Pineda Alvarado recordó que «en los récords de la Corte de Nueva York aparecen por lo menos tres expresidentes salpicados por haber recibido dineros del líderes del narcotráfico, lo cual nos hace concluir que si se hizo eso con altísimos funcionarios qué no se pudo haber hecho con algunos diputados del Congreso, que por razón de los departamentos que representan geográficamente tenían que ser objetivos del crimen organizado para asegurar la cómoda e impune transportación de droga».

La diputada Fátima Mena sostiene que las «élites antidemocráticas del país han venido trabajando con operadores que han socavado la institucionalidad y lo han hecho precisamente desde el poder: Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, operadores dentro del Ministerio Público y Secretaría de Seguridad». 

Mena dio a entender que desde el Congreso está abierto a las investigaciones, aunque esta no es una tarea legislativa: «Hoy es importante resaltar que el presidente Redondo ha abierto las puertas y no se trata de ninguna cacería, simple y sencillamente que aquellas personas que tengan algún tipo de responsabilidad serán llamados por la justicia».

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Diputados rodean al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, durante una sesión en el parlamento hondureño. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

En declaraciones recogidas por diversos medios, el diputado nacionalista Mario Pérez manifestó que es irresponsable decir que entre los solicitudes para extradición hay diputados: «¿Por qué no los vienen a capturar?», se preguntó Pérez, quien también pidió revelar los nombres y manifestó que «se dicen muchas mentiras, son lenguas desaforadas». 

Después el diputado por el departamento de Santa Bárbara manifestó que estaría de acuerdo con la finalización del tratado de extradición con Estados Unidos, aunque no lo mencionó explícitamente: «Lo ideal y correcto sería que los ciudadanos que cometieron delitos sean sometidos a procesos de investigación y enjuiciamiento en el país. Aspiremos a que esas personas sean juzgadas en Honduras», dijo. 

Al ser preguntado si siente algún temor de ser solicitado en extradición, el congresista respondió: «No, ninguno, ese es un tema de conciencia, cuando se tiene la conciencia tranquila se duerme y come tranquilo y nada preocupa. A mí ese tema no me quita un minuto de sueño, cada quien responde por sus actos. Hay cosas que el tiempo las irá respondiendo», declaró en plan profético.

Males de raíces profundas y juicio político

El 21 de abril del 2022, Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, habló de los cargos en contra de Juan Orlando Hernández y aseguró que el exmandatario hondureño (2014-2022) «abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado». 

En la acusación de los fiscales de Nueva York se menciona que el expresidente corrompió las instituciones legítimas de Honduras, incluidas la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional; también señala que el país se convirtió en uno de los mayores puntos de envío de cocaína a Estados Unidos en el mundo. 

Edmundo Orellana, analista y político, ahora nombrado como ministro de transparencia del Gobierno de Xiomara Castro, le dijo a Contracorriente que la debilidad institucionalidad “va más allá» de los alcances de Juan Orlando Hernández. «Las personas piensan que al llevarse al exgobernante y porque van a llevarse unos cuantos más, ya se saneó a Honduras, pero el problema va más allá. El problema de Honduras es que está colonizada, tiene un colonialismo financiero, es víctima de la deuda externa, de la deuda con los bancos y es víctima de la deuda con los concesionarios en este caso con las térmicas, peajes y aeropuerto».

Orellana piensa que hay una colusión entre las estructuras de poder, exfuncionarios y algunos políticos que se conoce como red de corrupción: «Esa gente está ahí y es poderosísima económicamente. Es más allá de JOH y los exfuncionarios de JOH, el problema es la red de corrupción, si no tenemos claro eso nunca vamos a superar ese colonialismo», mencionó Orellana. 

El analista político Raúl Pineda Alvarado sostuvo que JOHh no inventó el narcotráfico en Honduras y que la narcoactividad no es patrimonio de un partido o característica de una clase política determinada: «Ellos están en todos lados, con una organización mucho más eficiente que la que puede tener el Gobierno de la República, así que no tenga la más mínima duda que mientras no tomen medidas de amplio espectro el sistema continuará funcionando muy aceitado», apuntó.

Consideró que ni este Gobierno ni los que vengan estarán libres de la contaminación que generó el tráfico de drogas. Desde su perspectiva el trabajo en contra de este delito tendrá que hacerlo Estados Unidos bajo un esquema de responsabilidad compartida, aunque consideró que no es que desaparecerá la corrupción derivada del narcotráfico, pero se puede reducir a una mínima expresión, «mientras haya demanda, habrá tráfico», dice. 

Mientras se menciona que las estructuras asociadas con el expresidente Juan Orlando Hernández siguen incrustadas en el Gobierno, desde las bancadas de Libre y PSH se han propuesto juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, y el Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla.

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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos acusado de tres delitos vinculados al narcotráfico. Foto Archivo CC/ Jorge Cabrera

Maribel Espinoza, congresista por Yoro, es integrante de la Comisión Especial de Extradiciones que propuso el juicio político contra el presidente de la CSJ, Rolando Argueta Pérez, y para el Fiscal General. Ella sostiene que Argueta llegó a la posición que ostenta gracias a Juan Orlando Hernández. 

Para realizar el juicio político, los proponentes necesitan mayoría calificada, o sea 86 votos: «Ahí cada diputado probará si queremos el cambio y si queremos romper con ese círculo perverso que dejó Juan Orlando, pero obviamente sí hay diputados que desean preservar (actual) al fiscal y al presidente de la Corte, sencillamente quieren mantener las estructuras que dejó Juan Orlando», aseguró Espinoza. 

Desde la bancada del Partido Nacional se han manifestado en contra de la moción. El diputado Tomás Zambrano declaró que no apoyarán el juicio político contra Argueta y Chinchilla. Cuando este medio intentó comunicarse con él no respondió mensajes. Tampoco atendió la comunicación el congresista del mismo partido, Antonio Rivera Callejas.

El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, se defendió a través de una publicación en las redes sociales asegurando que cada señalamiento necesita la presentación de «pruebas suficientes y contundentes sobre las supuestas acciones irregulares, de lo contrario solo tienen el peso de actos difamatorios, lo que implica responsabilidad». 

Añadió que en su cargo ha «actuado con absoluta responsabilidad en la ejecución de mis actos. En el manejo de casos de extradición, específicamente, no existe prueba alguna de acciones irregulares o manipulación. En lo que atañe al Poder Judicial de Honduras en este tema (extradiciones): cero mora, 100 % de expedientes evacuados».

Edmundo Orellana, ministro de transparencia del actual Gobierno, ponderó que un juicio político es un proceso largo, que consta de varias etapas y en cada una de ellas se necesita mayoría calificada. «Eso no es tan fácil de lograr así como están las fuerzas dentro del Congreso Nacional, creo que lo que debemos garantizar es que la próxima CSJ y el próximo fiscal sean radicalmente diferentes a lo que tenemos» dijo. 

Orellana menciona que, a su juicio, el país no necesita individuos con 20 títulos para la CSJ y la Fiscalía, en cambio necesitamos hombres y mujeres que demuestren con su conducta histórica que están comprometidos con la justicia. «Si tenemos personas con esas cualidades, es seguro que el sistema de justicia en Honduras proveerá seguridad jurídica y no impunidad como hasta ahora», aseguró. 

En declaraciones que recoge La Prensa, el diputado Ramón Barrios admitió que no cuentan con los 86 votos de diputados para iniciar el juicio político contra Argueta y Chinchilla. Aseguró que el Partido Nacional ha pedido tiempo para analizarlo. 

Raúl Pineda Alvarado consideró que en la CSJ hay gente «buena», pero el presidente es el líder y cara visible, y sobre él cae la percepción que «fue elegido por sectores oscuros de la política hondureña». En el caso de la Fiscalía, piensa que hay un hecho que nadie puede controvertir, pues hay 33 casos de alto impacto que están siendo juzgados en los Estados Unidos y la Fiscalía no tiene ningún proceso de investigación para ellos. «Solo con este hecho ese fiscal ya debería estar en su casa o debería haber renunciado», mencionó. 

Agregó que en el momento que la solicitud sea acompañada por la mayoría calificada, los funcionarios en cuestión «van a renunciar», y con lo que se «podrá iniciar un proceso de transición y depuración que nos permitirá tener funcionarios competentes, honestos e independientes».

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