Cinco policías fueron asesinados entre el 23 de abril y el 2 de mayo, con lo que suman 15 los policías muertos en enfrentamientos en lo que va del 2022, según datos brindados a Contracorriente por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. Por otro lado, esta institución armada anunció el 4 de mayo el inicio del proceso para reintegrar a policías depurados en aras de «aumentar el número de policías», pero no solo eso, también incorporarán a militares que fueron dados de baja.
Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
En la tarde del domingo 23 de abril, en la comunidad de Agua Amarilla del municipio de Trujillo, departamento de Colón, tres policías fueron asesinados a disparos en una solitaria carretera de tierra rodeada de palma africana.
Los agentes asesinados fueron identificados como Jairo Posadas (37 años), Juan Murillo (37 años) y Jonathan Ramos (27 años). El primero, Posadas, era originario del departamento de Valle (zona sur); Murillo, originario del departamento de Olancho (oriente) y Ramos, residente en el departamento de Francisco Morazán (centro).
Ante el asesinato de los policías, la respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a través de Twitter, declaró estado de excepción por 10 días en todo ese departamento.
Siguiendo esa orden, la Secretaría de Seguridad ejecutó la operación Posmura-Guaimoreto y se ofrecieron 500 mil lempiras de recompensa para quien diera información sobre los sospechosos del asesinato de los agentes. No obstante, el período determinado para el estado de excepción se cumplió y las medidas implementadas todavía no han dado los resultados esperados.
¡Declaro estado de excepción en Colón a partir de las 9:00 pm! A @SSEGURIDADHN y @PoliciaHonduras, les instruyo restringir circulación y fronteras de Colón, estableciendo retenes en todo el país hasta capturar a despiadados criminales.Nuestra solidaridad con familiares y Policía. https://t.co/sTeXNfMfYR
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) April 25, 2022
El titular de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Comisionado de Policía Miguel Martínez Madrid, expuso a este medio que hay dos hipótesis, pero que el avance de las investigaciones está en poder de la Unidad de Homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). «Tenemos avances técnicos, pero todavía no pueden darse a conocer públicamente», sostuvo.
«Hay dos hipótesis. Una indica que ellos murieron porque estaban en el lugar erróneo, en el lugar menos indicado y a la hora equivocada y, la otra, que posiblemente debieron estar ahí, pero tenían que haber tenido más apoyo policial. Son hipótesis reservadas y estamos esperando el momento para que sean detenidas las personas responsables y sometidas a las autoridades judiciales», dijo Martínez Madrid.
El comisionado Martínez Madrid informó que la operación Posmura-Guaimoreto se va a extender durante 90 días más a partir del 4 de mayo, después del vencimiento del estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro el 23 de abril.
El exdiputado nacionalista y cacique político de ese departamento, Óscar Nájera, dijo a Contracorriente que conoce a la perfección la comunidad de Agua Amarilla, el lugar en donde asesinaron a los policías, y además reivindica ser él el primer «desarrollador» de esa localidad.
Nájera –incluido en las listas Engels, Magnitsky y del Departamento del Tesoro por supuesta corrupción pública y nexos con el narcotráfico– describió a esta comunidad como un «emporio de desarrollo económico» en donde conviven la droga, el alcoholismo, la extorsión, el asalto, el secuestro y el robo de fruta de palma africana. «Realmente la (sic) margen izquierda se está convirtiendo en un corredor de la muerte».
«Estos eran muchachos jóvenes, que seguramente andaban haciendo rondines, se encontraron con delincuentes que por mala suerte eran gatilleros del crimen organizado», agregó Óscar Nájera.
Nájera dijo que los policías asesinados en Colón estaban en una zona en donde existe una asociación compleja, bien estructurada, de sectores económicos organizados alrededor de lo que él llama «corredor de la muerte», que abarca a los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Colón y Yoro.
Van 15 policías asesinados durante el 2022
Mientras la Secretaría de Seguridad buscaba capturar a los hechores del asesinato de tres agentes en el departamento de Colón, otros dos policías fueron asesinados el lunes 2 de mayo en lugares diferentes durante enfrentamientos con presuntos delincuentes, que también resultaron abatidos.
Uno de los agentes fue asesinado en el municipio de Masaguara, Intibucá, zona occidente de Honduras, mientras que el otro agente murió en un enfrentamiento contra supuestos miembros de una banda criminal en el municipio de Guayape, Olancho.
Según datos de la Policía Nacional proporcionados por el Comisionado Martínez Madrid, 15 policías han muerto en combate en lo que va del 2022, pero son 24 los policías activos que han fallecido en total si se tiene en cuenta otras causas de muerte.
Sobre la cantidad de policías asesinados este 2022, Martínez Madrid dijo que «vamos dentro del mismo rango del 2021, lo que ha bajado son los homicidios a nivel general».
Durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), los agentes policiales se quejaban del protagonismo que el Gobierno le daba a las Fuerzas Armadas de Honduras, mientras que los agentes policiales ejercían sus labores, en muchos casos, sin la logística necesaria.
En la reestructuración del presupuesto nacional que hizo el mes anterior el Congreso Nacional, la Secretaría de Defensa, es decir, las Fuerzas Armadas, continuarán administrando 9,336 millones de lempiras. Frente a eso, la Secretaría de Seguridad, de la cual depende la Policía Nacional entre otras instituciones, apenas le fueron asignados 7,850 millones de lempiras. Adicionalmente, como parte del proceso de desmilitarización anunciado por el nuevo gobierno, la Policía Nacional tendrá que asumir tareas que le habían sido atribuidas a los militares durante la gestión de Juan Orlando Hernández.
En ese sentido, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, le dijo a Contracorriente que la Secretaría de Seguridad ha tenido un presupuesto diseñado para atender diferentes aspectos, pero ahora se deben encontrar alternativas financieras porque están retomando tareas que le habían sido atribuidas a los militares, como la administración de los centros penales, tareas en el agro y el manejo total de la seguridad pública.
«Hemos retomado el control de algunas áreas que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y que, mediante un retiro gradual, se está haciendo la transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, como debe de ser. La seguridad del Estado misma ahora es tema de la Policía», dijo Ramón Sabillón.
En Colón se cultiva coca y se trasiega cocaína
Honduras ya no solo es un país de tránsito para la droga, sino también de cultivo y procesamiento de cocaína, y eso lo demuestran los últimos informes de la Secretaría de Seguridad.
El pasado 2 de mayo, las autoridades del medio estatal Canal 8 informaron que la Policía Nacional ubicó y destruyó una plantación de coca en el municipio de Limón, departamento de Colón, que contenía un total de 17 mil plantas y 2 mil pequeños semilleros de coca. Asimismo, señalaron que en lo que va del año, la Policía Nacional ha destruido cerca de 550 mil arbustos de coca en los departamentos de Colón, Atlántida, Olancho y El Paraíso.
#OperaciónPosmuraGuaimoreto 🚨 | Policía Nacional ubicó y erradicó 17 mil plantas de presunta hoja de coca y dos viveros en Colón
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) May 2, 2022
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Uno de los carteles más organizados y notorios de Honduras creció y se fortaleció en el departamento de Colón: el cartel de Los Cachiros, liderado por la familia Rivera Maradiaga. Pero a pesar de que los miembros de este cartel se entregaron a la justicia de EE.UU., han surgido más bandas de narcotraficantes en la zona.
El comisionado de la Policía Nacional en condición de retiro, Henry Osorto Canales, quien también es oriundo de ese departamento, es de la opinión de que tomando en cuenta cómo murieron los policías, es evidente que detrás de ello se encuentra el crimen organizado.
«Viendo el escenario de qué pasó con la muerte de esos tres policías, podemos entender y darnos cuenta que estamos ante un crimen organizado, donde hay un mensaje claro de estos criminales al gobierno de que aún se mantienen vivos, vigentes, y que de esta manera quieren desestabilizar las fuerzas del orden, porque fue un hecho dirigido a policías que trabajan para la seguridad del Estado», expresó Osorto.
Aunque dijo desconocer qué pasó con los tres policías asesinados en Colón, Henry Osorto manifestó que por lo general una patrulla está conformada por tres miembros policiales. «Se ve claro que andaban tres policías, andaban un automotor, no sé el tipo de denuncias que recibieron, porque es el 911 que envía las patrullas, hay que ver cómo está el asunto ahí, porque hay que tener mucho cuidado si fue una entrega (traición)».
¿Por qué el departamento de Colón es tan violento?
El departamento de Colón tiene una historia singular, cargada de violencia, armas y actualmente cuenta con un sinfín de problemas, algunos derivados del conflicto por la tenencia de la tierra, otros de la minería inconsulta y, por supuesto, del narcotráfico, que ha cooptado a algunos policías y militares.
En algunos juicios por narcotráfico en Nueva York, los fiscales estadounidenses han afirmado que Honduras se convirtió en un narcoestado de la mano del expresidente Juan Orlando Hernández, que utilizó a policías y militares para ese fin. Por ese clima hostil y de exceso de gente armada, en Colón, en el 2012, entró en vigencia una prohibición para portar armas.
A pesar de esta problemática, Adán Funes, alcalde del partido Libre en el municipio de Tocoa, la ciudad más importante de Colón, propuso públicamente levantar la prohibición de portar armas en esa zona, lo que le generó un aluvión de críticas.
El alcalde Adán Funes fue designado por el gobierno de Xiomara Castro como gobernador político de Colón, lo que generó el reclamo de algunos sectores defensores del ambiente que fueron encarcelados por oponerse a proyectos de extracción minera que Funes apoyaba durante el régimen autocrático del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a EE.UU. por delitos de narcotráfico.
#DENUNCIAMOS nombramiento de Adán Funes, principal aliado y promotor de Pinares/Emco/L. Perez-A.Facusse, detrás de destrucción del Parque Nacional Escaleras y de campañas de difamación y criminalización de quienes defienden ríos Guapinol y Sn Pedro de actividades mineras ilegales pic.twitter.com/krWQLeZ2ys
— Libertad para el río Guapinol (@guapinolre) March 10, 2022
Por otro lado, Óscar Nájera, acusado por EE. UU por corrupción, expresó que se ha reunido con algunos miembros del gabinete del nuevo gobierno. «He estado trabajando fuertemente con las autoridades del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para ayudar con mi experiencia y con todos los bagajes que yo manejo, económicos, en donde todos tenemos que estar», indicó.
«He platicado con ciertos miembros del gobierno, con ciertos ministros del gobierno, les he dado mis puntos de vista, mis consejos, inclusive con ciertos personeros de la Embajada Americana, he platicado con ellos, con muchos amigos de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional, con muchos coroneles, comisionados y subcomisionados», apuntó Nájera.
Óscar Nájera criticó al alcalde de Tocoa y gobernador de Colón por intentar que se permita nuevamente la portación de armas. «Las intenciones de Adán Funes pregúnteselas a él. Pero podrían ser factores que vayan en beneficio de grupos».
El comisionado en condición de retiro Henry Osorto explicó que la problemática de violencia en la zona tiene que ver con que este territorio es ampliamente usado por narcotraficantes, ya que es un paso obligado de la droga que viene de Colombia hacia el interior del país y que posteriormente los fardos de coca van a parar a Estados Unidos.
«Operan desde Gracias a Dios, La Mosquita, Colón, Atlántida, Yoro, Cortés, Copán, Ocotepeque, que son las rutas de frontera a frontera, desde que caen a Honduras hasta salir con la frontera con Guatemala, rumbo a México y de ahí a EEUU», dijo Osorto.
Henry Osorto afirmó que la violencia se ha incrementado a raíz de que «algunos cabecillas o jefes de cartelitos han sido detenidos y puestos a los órdenes de la justicia norteamericana, por eso se convierte en un departamento bastante violento».
La Policía reintegrará a agentes depurados
Con la toma del poder por parte del Partido Libertad y Refundación (Libre), el Ejecutivo ha prometido que la seguridad pública -delegada en gran medida a los militares durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional- pasará totalmente a manos de la Policía Nacional, que ahora tendrá la tarea de trabajar con un enfoque más comunitario.
En un comunicado de siete puntos, la Policía Nacional informó que ha iniciado el proceso para el reingreso de «ex funcionarios de la carrera policial, el que se amplía a ex miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras». Se indica además que «la incorporación de ex funcionarios policiales y ex personal de las Fuerzas Armadas, se hace en el marco de la política del Gobierno Central que impulsa una policía preventiva, humana y fraterna».
🚨#COMUNICADO🚨
— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) May 4, 2022
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, a la opinión pública nacional e internacional informa: pic.twitter.com/V0kWjql1OJ
Leandro Osorio, excomisionado en condición de retiro, dijo a medios de comunicación a mediados de febrero que cerca del 85 % de los agentes policiales que fueron depurados tendrían que ser reintegrados al cuerpo policial, tras ser favorecidos administrativamente tras un reclamo laboral. Entre el 2016 y 2019, aproximadamente 6,000 policías fueron separados de sus cargos por la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
Uno de los policías que fue reintegrado recientemente a la Policía Nacional es el comisionado Leonel Sauceda, quien fue absuelto de la imputación que se le hizo por el delito de lavado de activos.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, quien emprendió una lucha para que se investigara el asesinato de su hijo a manos de agentes de la Policía, envió una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro y al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, en la que les reclama por la reintegración de los policías depurados en su «condición de víctima de una Policía penetrada por el crimen».
«Su gobierno Sra. Presidenta ha decidido reintegrar a los policías separados en el último proceso de depuración, justificados en la necesidad de aumentar el número de policías para enfrentar el delito y el crimen… Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la historia reciente», escribió la exrectora de la UNAH.
#RCVNoticias 🚨ATENCIÓN🚨
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) April 28, 2022
Exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) , Julieta Castellanos envía carta a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, "en mi condición de víctima de una Policía penetrada por el crimen"... comienza diciendo el escrito pic.twitter.com/YTE4FVTCdK
Leonel Sauceda no pudo justificar los 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias entre 2006 y 2017. Según un comunicado emitido por el Poder Judicial, el Ministerio Público fue incapaz de comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, que era un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que se determinó absolver a Leonel Sauceda también del delito de lavado de activos.
Leonel Sauceda también ha sido mencionado en juicios en Nueva York. En una acusación que hicieron fiscales estadounidenses para llevar a cabo el juicio del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, este confesó haber tenido relaciones con varios agentes de policía, entre ellos los «Saucedas». Agregó que uno de estos estaba particularmente cerca de él.
🔴URGENTE🔴
— Pro Honduras Network (@Prohn_Honduras) May 2, 2022
1-El Comisionado de la Policía Nacional, Leonel Sauceda Guifarro, alias CC-9 en el caso de Geovanny Fuentes socio de @JuanOrlandoH, fue reincorporado a la @PoliciaHonduras, gracias a la debilidad de las instituciones que imparten justicia. pic.twitter.com/wTlrTu7xmw
Sobre los policías que exigen ser reintegrados a su trabajo, Henry Osorto le dijo a Contracorriente que «ellos están en su pleno derecho. Es legal. Porque la cancelación de los acuerdos de los diferentes policías fue de una forma improcedente, ilegal, violentando todos sus derechos, así que tienen que ser restituidos para que de esa manera el Estado evite demandas millonarias. Fue una línea de trabajo por parte de los narcotraficantes para sacar a los policías que les estorbaban a ellos en la institución».
Osorto agregó que el procedimiento para la separación de policías no se hizo con apego a la ley. «Abusaron del mismo [del procedimiento], están sujetos de ser acusados administrativamente por los diferentes policías que fueron afectados directa e indirectamente, así que esta novela apenas comienza. Creo que hay que hacerlo para sentar un precedente, todos los policías que fueron despedidos tienen que ser reintegrados y pagarles sus derechos».
El pasado viernes 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición del Comisionado General de la Policía, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, quien será extraditado a Estados Unidos que lo reclama por delitos de narcotráfico, posesión de armas y artefactos destructivos.
La captura y eventual extradición de El Tigre es una muestra de cómo el crimen organizado y el narcotráfico penetró en la institución armada. El comisionado Bonilla formó parte de la Policía Nacional durante más de 30 años y entre 2012 y 2013 fue director de la Policía Nacional. Antes de eso había sido el jefe regional en occidente, en la frontera con Guatemala, una zona estratégica en el paso de la droga en Honduras.
