Por Otto Argueta
¿Quién en su sano juicio democrático se opondría a aumentar la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar la seguridad ciudadana, promover el desarrollo y el crecimiento económico inclusivos? Todo esto para evitar que más personas del Triángulo Norte centroamericano migren irregularmente a los Estados Unidos: nadie. Pero cuando se dice que esos son, entre otros, los objetivos de la ley de los Estados Unidos para el triángulo norte que le da la bienvenida al presidente Joe Biden, entonces los ceños se fruncen en muchos rostros, y en otros, se levantan para insinuar, tímidamente, cierta satisfacción o esperanza.
La ley H.R. 2615, nombrada como United States-Northen Triangle Enhanced Engagement Act (en español Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos) fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 2020 que se ha popularizado como la Lista Engel, por referencia al representante Eliot L. Engel, miembro presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos y autor de la ley ahora aprobada.
La Lista Engel deberá ser presentada públicamente por el presidente Biden al Congreso. Esto sucederá ciento ochenta días después de aprobada la ley y al menos cada año en adelante. La lista identificará a cada persona que el presidente Biden determine que ha tenido un involucramiento conocido en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas o que hayan participado en actos graves de corrupción o de obstrucción a la investigación en El Salvador, Honduras y Guatemala. A las personas identificadas en esa lista, se les impondrán sanciones que incluyen el retiro de la visa o el ser declarado no elegible para obtenerla así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio.
El retiro de la visa o no ser elegible para recibirla, despierta gran preocupación en la mayoría de los centroamericanos. Pero en el caso de un político, empresario corrupto o un narcotraficante, perder el acceso a los Estados Unidos es un gran problema para los negocios.
Es en ese país en donde se lava mucho del dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico y además es ahí donde están las empresas con las que se desea hacer alianzas para negocios en la región. También es, por supuesto, un problema de estatus, sobre todo si se hace público el estar en una lista de este tipo.
La principal diferencia con la Lista Magnitsky es que esta se centra en funcionarios que hayan sido parte de violaciones a derechos humanos. A pesar de haber incluido a algunos por su participación en corrupción, la Lista Magnitsky no fue originalmente diseñada para ese fin y por eso presenta limitaciones. La Lista Engel es innovadora en el sentido de que se enfoca en la corrupción y en acciones antidemocráticas dentro y fuera de los Estados Unidos y está dedicada específicamente a los tres países del Triángulo Norte centroamericano.
La Lista Engel ha sido lo más conocida en la región y forma parte de uno de los múltiples informes que la ley ordena al presidente presentar al Congreso. Sin embargo, no es la única acción que la ley H.R. 2615 contiene.
La ley de compromiso mejorado tiene catorce secciones, de las cuales, diez dictan los componentes y acciones que la nueva administración deberá implementar como parte de su política hacia el Triángulo Norte. Se delega al Departamento de Estado en coordinación con las autoridades de Usaid y otras agencias federales la provisión de todos los insumos necesarios a las comisiones respectivas del Congreso. Estos insumos serán reportes sobre diagnósticos de la situación y avances en la implementación de la ley. Los primeros insumos en la mayoría de las acciones deberán ser presentados ciento ochenta días después de que la ley fue aprobada.
Migración, crecimiento y desarrollo inclusivo
La sección dos de la ley estipula la entrega de un reporte, que deberá ser público, sobre los principales factores que producen la migración hacia los Estados Unidos. Los requisitos del reporte son detallados en relación con datos desagregados a nivel municipal sobre todas las dimensiones conocidas del fenómeno migratorio. Sin embargo, se hace énfasis en los aspectos relacionados con violencia basada en género así como abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y detención arbitraria supuestamente cometida por miembros de las fuerzas de seguridad o en complicidad con estas, además de lo que ya se conoce es cometido por organizaciones criminales.
En esta sección se requiere información sobre la efectividad de las estrategias anticorrupción, a través de la asistencia bilateral y multilateral. Se incluye también una estimación del impacto de la corrupción en la migración, incluido lo relativo al narcotráfico y el financiamiento ilegal de campañas, así como una lista de funcionarios que son conocidos por estar involucrados en la corrupción o en facilitarla.
El hecho de incluir la corrupción en los factores que producen la migración es una innovación respecto de la percepción generalizada de que son la pobreza y la violencia los únicos detonadores del fenómeno. Si bien el efecto de la corrupción en la migración no es directo, sí lo es la degradación de las condiciones de vida que ésta produce en la mayoría de las personas. Servicios públicos e infraestructura precaria, bloqueos a la movilidad social, impunidad, competencia desleal, pérdida de legitimidad y confianza en las instituciones, perversión de los procesos democráticos, son, entre muchos otros, problemas que se han hecho estructurales gracias a que benefician a unos pocos en detrimento de muchos más. Esto lleva, finalmente, a poner la atención en las élites políticas y empresariales corruptas, y su responsabilidad frente al deseo de miles de personas de huir de estos países, ya que aquí en la región esas élites son responsables no solo de la corrupción, sino también del sistema de impunidad que los protege.
La sección tres de la ley requiere al secretario de Estado priorizar acciones para promover el crecimiento económico y el desarrollo inclusivos en la región. Nadie puede negar que todo lo requerido por la ley es necesario para superar el subdesarrollo. Sin embargo, así como en la sección de migración, aquí habría sido necesario incluir también el efecto que tiene la corrupción en la perpetuación de instituciones económicas y políticas excluyentes que han permitido a generaciones de redes corruptas nutrirse del subdesarrollo. Es una expectativa problemática, dado que las élites económicas tradicionales de estos países han sido socios comerciales de los Estados Unidos.
Muchos funcionarios del gobierno de ese país saben que prominentes miembros de las élites —no todos por supuesto— han sido responsables directos de la perpetuación de un modelo económico que da como resultado un capitalismo precario y provincial, cerrado a la libre competencia y dependiente de instituciones creadas y controladas para beneficiar a esas grandes familias en esta región.
Muchos de ellos fueron aliados fundamentales en el anticomunismo y contrainsurgencia de la segunda mitad del siglo pasado. Muchos de ellos son elegantes accionistas del negocio de la droga y del lavado de activos. Pero tienen poder económico y político en estos países y en aspectos específicos de los intereses de Estados Unidos, son también aliados. No es fácil, se entiende, y tampoco es que haya muchas alternativas viables en estos países para transformar el modelo económico sin que eso signifique el absoluto derrumbe nacional.
Corrupción, democracia y seguridad
La sección cuatro de la ley presenta las acciones para el combate a la corrupción en el Triángulo Norte. Se ordena al secretario de Estado priorizar el fortalecimiento del sistema judicial y de los ministerios públicos o fiscalías a través de asistencia técnica y el apoyo a procedimientos de transparencia y protección de funcionarios. Se incluye el apoyo a las instituciones financieras para identificar el lavado de dinero y romper los holdings financieros que utilizan funcionarios y empresarios corruptos o el crimen organizado. El secretario de Estado deberá presentar luego de ciento ochenta días de promulgada la ley una estrategia de cinco años para combatir la corrupción en la región.
En el Triángulo Norte hay antecedentes de fiscalías especializadas, la FECI en Guatemala y la ahora Uferco —antes Ufecic— en Honduras, que surgieron de esfuerzos internacionales por mejorar las capacidades de las instituciones de investigación. Actualmente, esas fiscalías urgen de apoyo dado que en sus propios países están siendo desmantelados, los avances logrados y sus funcionarios están siendo seriamente atacados. La Maccih y la Cicig contribuyeron a la creación de esas fiscalías y ahora, luego de que el Gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras y Jimmy Morales en Guatemala lograron frenar el trabajo de esas comisiones, estas instituciones especiales quedaron sin la protección política que daba el apoyo internacional. Hay que reconocer que en estos países el perro no puede cuidar la carne, es decir, lo único que ha logrado hacer que la lucha contra la corrupción avance ha sido el apoyo internacional. Hinchar la soberanía y el orgullo nacional en este tema es inútil y hasta contraproducente.
También se incluye el nombrar a un asesor experimentado en Estado de derecho para el Triángulo Norte asignado a la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales, que tendrá la responsabilidad de liderar el «compromiso diplomático» (entiéndase por esto torcer el brazo) con los países del Triángulo Norte e impulsar las acciones y la estrategia que la ley ordena.
En momentos pasados de la historia de la relación entre Estados Unidos y la región, una figura como esta dictó el rumbo de, por ejemplo, la contrainsurgencia y empoderó o limitó a gobernantes militares en la época más cruenta de los conflictos armados. Una figura igual también promovió la transición a la democracia y luego la guerra contra las drogas.
La corrupción tiene la ventaja de no ser un problema ideológico, gobiernos de izquierda y de derecha en Centroamérica se inclinan igualmente a esta práctica. Era lógico que eso no sucediera durante el Gobierno de Trump, dado que, como se espera sea demostrado, habría sido otra vez el perro cuidando la carne. No es cosa de que no haya gobiernos demócratas tan corruptos como los republicanos. Es que se trataba de Trump, la encarnación del ideal del hombre del dinero fácil, sin escrúpulos ni consideraciones pero buen cristiano y patriota.
Tal vez ahora, con la justificación de que la corrupción es un detonador de la migración, este asesor tenga más herramientas para lidiar con lo que queda de Juan Orlando Hernández, prominente autócrata señalado en los casos en Nueva York; con Nayib Bukele, que ha mostrado su desprecio por la democracia y con Alejandro Giammattei, que es un eslabón más de la fuerte cadena que ancla el barco de las mafias en el Estado de Guatemala.
Con ellos y con sus fiscales generales —que como se sabe, actualmente carecen de independencia y han sido cómplices de la reproducción de la impunidad— y con los demás (los operadores) que facilitan la corrupción sin ser figuras públicas, pero bien conocidas en el medio, intocables y con habilidad para entrar y salir a conveniencia por la puerta giratoria de lo público y lo privado, lo nacional y lo internacional.
La sección cinco de la ley presenta acciones para fortalecer las instituciones democráticas en el Triángulo Norte. Este es un reto de gran envergadura en la actualidad dado que la democracia ha sido degrada al nivel de su sobrevivencia formal. Honduras es una autocracia y en El Salvador Nayib Bukele socava las bases de una democracia frágil pero estable en la región. Su discurso ego maníaco, populista y degradante de cualquier forma de oposición ha profundizado la polarización heredada del conflicto armado interno. Recientemente, Bukele despreció la conmemoración de la firma de la paz manipulando el discurso oficial e incentivando el odio. Un retroceso a una reconciliación que ha sido lenta y complicada. En Guatemala, Giammattei demuestra ser un actor incapaz frente a los poderes mafiosos del país representados en el Congreso de la República. Su opacidad se traduce en complicidad en la práctica.
La ayuda internacional en materia de fortalecimiento de la democracia enfrenta una peligrosa paradoja: fortalecer instituciones que a la vez son la causa del debilitamiento de la democracia. En estos tres países, la democracia no supera la formalidad, la apariencia y el procedimiento, por fallas o defectos en el diseño institucional, sino por la existencia de poderosas redes políticas y empresariales que han sabido reproducir sus indebidos e ilegales beneficios, a través de una simbiosis que amalgama la formalidad de las instituciones democráticas con prácticas patrimonialistas antidemocráticas.
La sección anterior, de lucha contra la corrupción, debería tener como resultado una mejor democracia, sabiendo que no basta con extirpar a los corruptos del sistema, sino que es necesario transformar ese sistema para que se proteja de la llegada de los corruptos. Eso es democracia, un sistema que democráticamente se protege a sí mismo de quienes lo degradan. Es limitado lo que Estados Unidos puede hacer en ese sentido cuando las mismas élites políticas y económicas de un país son las más antidemocráticas y con una población que nunca ha vivido y por lo tanto apropiado del beneficio de vivir en una democracia que no sea solo electoral.
La sección seis de la ley presenta acciones para mejorar la seguridad en el Triángulo Norte. Es larga y tortuosa la historia de ayuda de ese país para este objetivo. La ley dicta como prioridades el entrenamiento y el apoyo técnico a las fuerzas de seguridad tal como se ha hecho en el pasado. Se debe presentar también una estrategia sobre el tema ciento ochenta días después de promulgada la ley.
Llama la atención que la ley establece como una prioridad para el secretario de Estado implementar la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (Carsi). Entre 2008 y 2011, se destinaron USD 361.5 millones y otros 105 millones para el año 2012. Poco se supo de los logros de la Carsi y algunos estudios demostraron la falta de evaluaciones de impacto de los programas y proyectos que se implementaron con esos fondos. Una de las grandes falencias fue producida por la incapacidad de las instituciones para la coordinación regional. La coordinación centroamericana estuvo a cargo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el cual también fue responsable de ejecutar proyectos de la CARSI. El SICA carece de capacidades de implementación y ejecución, y su labor de coordinación es limitada, debido, entre otras razones de orden técnico, a la falta de voluntad de las autoridades políticas nacionales. El Departamento de Estado tiene el doble reto de actualizar la Carsi y buscar mejores operadores.
Aquí un cambio de paradigma es necesario. Al igual que lo que sucede con el fortalecimiento de la democracia, las instituciones de seguridad, especialmente la policía, dependen al final de cuentas del liderazgo político y cuando este se inclina hacia la represión, el nexo criminal y la corrupción, no hay apoyo internacional que logre frenar su denigración y efectos negativos frente a la población.
La balanza del apoyo de Estados Unidos poco se ha inclinado hacia un enfoque social y político del problema. Social porque la violencia aquí es la expresión de carencias, no de pobreza, sino de desigualdad. Esto incluye a la extorsión y las pandillas que hasta el cansancio han evidenciado que el enfoque represivo no funciona. El enfoque político del problema de seguridad radica en aceptar que esos grupos criminales tienen un estrecho vínculo con el sistema político. Se ha demostrado en El Salvador cómo los partidos y el actual presidente Bukele negocian con las pandillas. En Honduras se ha demostrado cómo el narcotráfico está presente en el núcleo del partido de gobierno con el presidente a la cabeza y muchos diputados son caciques en territorios controlados por el narcotráfico y las industrias extractivas. No hay forma de mejorar la seguridad si no se rompe el nexo político-criminal. Estados Unidos lo debe saber, pero, nuevamente, las limitaciones son muchas para actuar desde afuera sin que luego se proteste por excesivo intervencionismo.
Los fondos y las condiciones para su desembolso
La sección siete de la ley autoriza al presidente Biden el uso de USD 577 millones del año fiscal 2020 para la implementación de las estrategias que la ley dicta. Además establece que de esos fondos, USD 490 millones se destinarán para los países del Triángulo Norte, USD 10 millones para la Inter American Foundation para enfrentar las causas de la migración y USD 20 millones para el componente específico de mujeres, niños y niñas en relación con la migración.
La sección ocho establece las condiciones que la ley impone a los países del Triángulo Norte para recibir el apoyo. Esto recuerda las condiciones, incumplidas por los países, que se impusieron con la Alianza para la Prosperidad del Gobierno de Obama. En esta ley se establecen catorce condiciones:
- Informar a sus ciudadanos de los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de Estados Unidos.
- Combatir todas las formas de tráfico y trata de personas.
- Contrarrestar el tráfico ilícito de drogas, armas de fuego, vida silvestre, recursos naturales y otras formas de contrabando.
- Combatir la corrupción, incluida la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores presuntamente corruptos.
- Implementar reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas y el Estado de derecho.
- Contrarrestar las actividades de bandas criminales, narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales.
- Asegurar que las fuerzas de seguridad nacionales respeten los derechos humanos.
- Investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil al personal gubernamental que presuntamente haya violado los derechos humanos.
- Cooperar con las comisiones contra la corrupción y la impunidad y con las entidades regionales de derechos humanos.
- Apoyar programas para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional para jóvenes en riesgo, crear empleos y promover un crecimiento económico equitativo, particularmente en áreas que contribuyen a un gran número de migrantes.
- Crear una fuerza policial civil profesional y responsable y poner fin al papel de los militares en la vigilancia interna.
- Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición y otros miembros de la sociedad civil a operar sin injerencias.
- Implementar reformas fiscales, garantizar los derechos de propiedad y respaldar una mayor inversión privada en la región.
- Resolver disputas comerciales.
Como se dijo antes, nadie, en su sano juicio democrático, se opondría a que los presidentes cumplan esas catorce condiciones. Actualmente, se falla en todas o se cumple solo para la foto y la publicidad oficial. En muchas de esas condiciones el problema es que se pone en juego el vínculo político-criminal o el modelo patrimonial que sostiene el sistema político y económico de los países.
La ley establece que 50 % de los fondos están condicionados a que el secretario de Estado certifique que los países cumplen con esas condiciones. En qué grado se cumplen, cuántas de las condiciones se cumplen y, sobre todo, cómo se cumplen es algo que la ley no establece. Y allí está el problema.
Los gobiernos centroamericanos han sido muy hábiles en «quedar bien» con Estados Unidos, en ser aliados estratégicos, una buena forma de decir «pésimos en casi todo, menos en lo que te interesa».
Juan Orlando Hernández es un autócrata señalado de estar vinculado al narcotráfico —por los mismos Estados Unidos— pero estableció una alianza con el presidente Trump a través de iglesias evangélicas y empresas afines a dicho presidente. Jimmy Morales frenó el avance de la lucha contra la corrupción, pero también fue parte de la alianza político-evangélica de Trump y aceptó que Guatemala fuera, junto con El Salvador y Honduras, un «tercer país seguro» frente a la migración. Esto lo hicieron a pesar de que Trump redujo sustancialmente los fondos de USAID para la región.
Los países del Triángulo Norte necesitan el dinero de la ayuda de Estados Unidos. Eso es sumamente evidente por ejemplo en El Salvador que presenta los problemas económicos más grandes de la región. Quedar bien con Estados Unidos y a la vez ser autócratas, antidemocráticos, corruptos e incluso narcotraficantes es ya una tradición en la historia de relaciones con Estados Unidos.
La sección nueve de la ley ordena mejorar el compromiso del Gobierno de México con el Triángulo Norte en lo relativo a la cooperación para la seguridad en la frontera de México, Guatemala y Belice. Otro reto en materia de migración que deberá ser rigurosamente observado desde la perspectiva de derechos humanos.
La sección diez de la ley se refiere a la entrega de reportes sobre los resultados alcanzados por el Departamento de Estado y Usaid en materia de migración.
La sección once tiene especial importancia porque define la naturaleza de las sanciones para luchar contra la corrupción en el Triángulo Norte. La ley aclara que el Congreso entiende que la corrupción en esta región por parte de personas privadas y oficiales del gobierno produce un daño significativo a las economías de esos países y priva a la ciudadanía de oportunidades. La corrupción en estos países es facilitada y realizada no solo por personas privadas y oficiales del gobierno de estos países sino también en muchas instancias por individuos de países terceros y que imponer sanciones a individuos en otras partes del mundo, especialmente en el hemisferio occidental, que participan de actos de corrupción que impactan los países del Triángulo Norte será de beneficio para los ciudadanos y gobiernos de esos países.
Es cierto, pero no es nuevo. La corrupción es uno de los factores que sostiene un modelo económico y político democrático que perpetúa el subdesarrollo como su principal fuente de réditos.
La corrupción no es sólo local, es regional y transnacional y en eso muchas empresas y bancos estadounidenses tienen una enorme responsabilidad. Las sanciones entonces, deberían ser para todos si es que se quiere honestamente contribuir a la reducción de los problemas que le interesan a Estados Unidos: la migración y el narcotráfico.
Se destaca la mención de tres formas de participación en la corrupción, ya que demuestran una ampliación del concepto que se adecúa con la naturaleza del fenómeno en el Triángulo Norte. En primer lugar, la corrupción relacionada con contratos con el Estado. Ese es el tipo de corrupción que la Cicig y la Maccih tuvieron como principal objetivo. Además, es esa corrupción la que se realiza a través de redes de políticos y empresarios nacionales e internacionales que constituyen las élites de toma de decisiones en los países. Los recursos defraudados al Estado retornan al sistema político a través del financiamiento ilícito de campañas electorales y determinan la naturaleza de las decisiones políticas. Esa corrupción también distorsiona la economía y afecta a una parte del sector privado, ya que permite una competencia desleal que desestimula a empresarios en todos los niveles. Si el objetivo es fortalecer la democracia, esa es la corrupción que se debe combatir, dado que es la que justifica la perpetuación del patrimonialismo y del autoritarismo.
El segundo ámbito de corrupción que será sujeto de sanciones es el soborno y la extorsión. El soborno es el aceite del motor de la corrupción, lo que la hace funcionar y produce un severo impacto en la eficiencia de las instituciones. Ser beneficiario de un contrato anómalo con el Estado implica haber gestionado varios sobornos. Para todos es conocido aquí en la región que muchos diputados se enriquecen a través de sobornos por parte de otros políticos o grupos de presión para manipular las agendas legislativas.
La extorsión en este contexto no es la misma que cobran las pandillas. Hay también extorsión de alto nivel político y esa ha pasado desapercibida gracias a la impunidad. Contextualizar el tipo de extorsión al cual se refiere la ley es algo necesario para evitar la desinformación y manipulación.
El tercer ámbito es la facilitación o la transferencia de procedimientos para la corrupción, incluyendo el lavado de dinero. Si bien esto no está del todo claro en la ley, se puede argumentar que muchas de las acciones necesarias para hacer posible la corrupción no son delitos o faltas en sí. Son más bien distorsiones o «transferencias» de los procedimientos burocráticos. Estas acciones son difíciles de evidenciar en la persecución penal y administrativa y son las que realizan los operadores de las redes de corrupción, que son personas con grandes habilidades de gestión y protección, son perfiles bajos, discretos, pero constantes a lo largo de los gobiernos. Identificar a esos personajes para combatir la corrupción es fundamental.
Las secciones doce, trece y catorce son ya procedimientos legales y no refieren a los temas centrales anteriormente descritos.
El problema no es el «qué» sino el «cómo»
Nadie en su sano juicio democrático se opondría a que las metas propuestas en la ley se cumplan. Como en otras experiencias con la ayuda internacional, no solamente de los Estados Unidos, el reto más grande es la forma en que las acciones se implementan en la región.
Uno de los primeros retos es navegar con el compromiso de los mandatarios de la región y de los funcionarios encargados de las instituciones clave, como las fiscalías. Sabiendo que el compromiso de esos funcionarios es doble, quedar bien con Estados Unidos y con las redes corruptas, el mensaje para hacer posible un cambio necesita ser contundente, eso significa algo más que quitar visas.
Otro tiene que ver con la gestión de los programas y proyectos. La forma de implementación de Usaid es a través de empresas implementadoras. Hay de todo en ese abanico, pero es palpable la necesidad de contextualizar mejor, monitorear más y evaluar tomando en consideración la opinión de actores locales no condicionados por el beneficio de los fondos recibidos.
La democracia en el Triángulo Norte no es viable en las condiciones actuales. La vida no lo es. Aproximadamente siete mil migrantes hondureños salieron en enero en otra caravana disuelta por las Fuerzas Armadas de Guatemala, aunque es más difícil ahora salir de Centroamérica, eso no descarta que cada vez más personas intenten salir de la región. La migración tiene causas económicas y sociales condicionadas por la situación política de los países.
Es acertado que la ley integre la lucha contra la corrupción para reducir la migración, para mejorar la democracia, la seguridad y la economía. Pero la corrupción es un problema político, no de ingeniería institucional y ese es el reto más grande que viene con la ley para los Estados Unidos. Se es político o empresario corrupto no solo por el dinero, sino también por el poder y por la posibilidad de permanecer en él y salir impune de todo eso.
Este año, el del bicentenario de la independencia centroamericana de España, nos hace pensar en una paradoja. Por un lado se celebra una independencia que otros niegan exigiendo una nueva soberanía descolonizadora, que incluye en la retórica liberarse del yugo imperialista norteamericano. Pero por otro lado, hay una expectativa fuerte y silenciosa de que sean los Estados Unidos los que acaben con la clase política corrupta que condena a estos países al subdesarrollo y la violencia. También a la migración.
Como sea que se tome la celebración/conmemoración/negación del bicentenario, los países del Triángulo Norte de Centroamérica inician un año que revela las consecuencias de la pandemia en países subdesarrollados, dos huracanes, polémicas elecciones, masivas caravanas de migrantes y un nuevo presidente en Estados Unidos.
La elección de Joe Biden fue para muchas personas el desahogo de la ansiedad producida por su antecesor: Donald Trump. Sus frases incendiarias indignaron a muchas personas y empoderaron a otras tantas. También Biden representa expectativas democráticas para algunas personas, pero para otras es la pérdida de los valores morales que Trump tanto vociferó —y también traicionó—.
Esas expectativas y decepciones, ese amor-odio, se traducen aquí en la región en un antimperialismo revolucionario de la unidad latinoamericana, pero también en el deseo de que sean ellos (los gringos) quienes le pongan fin a muchos de los problemas que sabemos que aquí ya no hay mucha esperanza para resolverlos.
«Si somos un protectorado gringo, es mejor aceptarlo ya y que ellos asuman su responsabilidad», dice sin ningún empacho una defensora de los derechos humanos en la región. Sin «patrioterismos» ni corrección política, hay expectativa en que este nuevo gobierno en los Estados Unidos haga una significativa diferencia respecto de lo hecho por su antecesor Trump. Centroamérica importa por la migración y el narcotráfico y Estados Unidos tiene muchos problemas que resolver luego de que Trump dejó la presidencia. ¿Hasta qué punto esta ley permitirá evitar que el Triángulo Norte se pierda en la oscuridad del autoritarismo y las mafias políticas? No se sabe aún. Mientras tanto, al menos que el temor a perder la posibilidad de ir de shopping a Miami les quite un poco de sueño a los políticos y empresarios corruptos de estos países.
4 comentarios en “Algo más que la lista Engel: una ley para limar las esquinas rotas del triángulo norte”
Un excelente artículo describe con precisión y objetividad la verdadera realidad de los países del Triángulo Norte, y en el caso de Guatemala no es la excepción. Valioso para el estudio y la investigación mayor, principalmente cuando habla de los tres tipos o formas de vincularse a la corrupción. Muchas gracias.
Amplio y desgarrador panorama de la realidad de esta región. Espero que el nuevo gobierno del Norte, que conoce a fondo estos países, ahora sí se decida a transformar estos remedios de democracias
Excelente artículo, muy interesante todo lo que en él se describe. Ojalá que pronto se pueda hacer algo en nuestros países en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que no sea demasiado tarde porque los ciudadanos deseamos un verdadero cambio. No puede ser posible que los políticos mafiosos sigan haciendo lo que quieren, y, que con el poyo de la administración Biden haya un verdadero cambio.
Es un estudio y tu opinión. Decir que en El Salvador Bukele socaba a la débil democracia es dramático y falso. Es ignorar que la medicina a veces es amarga pero necesaria. Que un padre para proteger a un hijo drogadicto le violenta sus derechos cuando lo encierra en un centro de rehabilitación. Dramático y malintencionado.