Víctimas apuntan a la familia Atala como siguiente eslabón del crimen en contra de Berta Cáceres

David Castillo, ingeniero y exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por la coautoría intelectual del asesinato de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres. Familiares y compañeros de lucha de Cáceres exigen ahora que la estructura empresarial liderada por miembros de la familia Atala sea la siguiente en ser llevada ante la justicia hondureña.


Texto: Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen
Con reportes de Celeste Maradiaga

Las víctimas del crimen en contra de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres no abandonan sus exigencias tras dos juicios que han resultado en ocho sentencias condenatorias. La pena más reciente –emitida este lunes 20 de junio– fue contra David Castillo, quien guardará prisión por 22 años y 6 meses; o sea, siete años y medio menos que la pena máxima para el delito de asesinato. David Castillo fue encontrado culpable de la coautoría intelectual en el asesinato de Berta Cáceres, cuya lucha ambientalista fue conocida en todo el mundo tras ganar el Premio Goldman por su activismo.

La mañana del 21 de junio, después de conocer esta sentencia, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que Berta fundó, marcharon por las calles de Tegucigalpa exigiendo la investigación y judicialización de los miembros de la familia Atala Zablahuno de los conglomerados familiares más poderosos del paísque eran parte de la junta directiva de DESA, la empresa que desarrollaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres junto al Copinh y parte de las comunidades afectadas se opusieron.

Un grupo de miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se cubren del sol en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el lunes por la tarde mientras esperan la sentencia de Roberto David Castillo Mejía. Tegucigalpa, Honduras Foto CC / Fernando Destephen.

El Copinh, ahora dirigido por Berta Zúniga, hija de Berta Cáceres, también exige la derogación de la concesión sobre el río Gualcarque que sigue activa a pesar de que el desarrollo de la hidroeléctrica está detenido. El proyecto podría reanudarse mientras David Castillo cumple su condena, ya que aún sigue vigente un permiso de explotación otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales en Honduras en el 2010y que les permite el aprovechamiento de las aguas durante 50 años.

Por su lado, la defensa de Castillo apunta que la pena se reduciría ante diversos factores contemplados en la jurisdicción vigente del país, y califican el juicio que perdieron como «manipulado e influenciado por presiones internacionales». 

El juicio de David Castillo y los Atala

En junio de 2021, el exgerente financiero de DESA, Daniel Atala Midence, fue llamado a declarar en el juicio oral y público del caso en contra de David Castillo, pero finalmente no testificó ya que el Ministerio Público informó sobre una investigación en curso que le involucra con el crimen, resultado de las pruebas que arrojó el juicio contra Castillo.

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La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, por eso son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y José Atala Zablah, todos ellos parte de la junta directiva de DESA.

Es por esto que, tras la sentencia contra Castillo, miembros del Copinh decidieron manifestarse en el parqueo de una de las instituciones financieras a las que se señala como parte del entramado criminal. Allí pegaron carteles con los nombres y rostros de cada uno de los miembros de esa familia, señalándoles por el asesinato de Cáceres. También mostraron una manta gigante que citaba: «Familia Atala asesinos, Berta Cáceres vive».

Víctor Fernández, abogado que representa a la familia Cáceres, aseguró tras la pena aplicada por el tribunal que David Castillo no es el autor intelectual del crimen, sino que sería un autor intermedio de una estructura mucho más grande constituida justamente por la familia Atala.

«Esta sentencia es un precedente muy importante –aseguró Fernández– porque es el primer empresario sentenciado por el asesinato de una lideresa social y ambientalista en Honduras. Quedó probada la vinculación de una red criminal de la que es parte David Castillo, y que se confirma con la prueba científica que son los vaciados telefónicos. Él fue un instrumento de una estructura que está constituida al menos por los dueños de DESA, que son la familia Atala Zablah».

Tanto en este juicio como en el de 2018, que se desarrolló en contra de los siete autores materiales del crimen, se han mostrado las conexiones y coordinación entre directivos de la empresa y los sicarios encargados de la ejecución del crimen que pretendía terminar con el liderazgo de Cáceres, según las resoluciones.

En 2018, por el crimen fueron condenadas siete personas que recibieron penas de hasta 50 años de reclusión. Elvin Rápalo, Henry Hernández, Edilson Duarte y Óscar Torres Velásquez fueron condenados a 34 años por el crimen y 16 años por intento de asesinato en contra de la persona que acompañaba a Cáceres la noche del asesinato.

En el caso de Mariano Díaz Chávez, fue encontrado culpable como autor por omisión responsable de un delito de asesinato consumado, y recibió una pena de 30 años; el exmilitar Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, coautores de asesinato, recibieron una sentencia de 30 años y seis meses respectivamente.

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Ahora el abogado Fernández apunta que la causa por la justicia sigue abierta porque faltan «los autores intelectuales, porque hay una concesión que es lesiva a los intereses del Estado y los intereses del pueblo lenca y está vigente, y ahora tiene que revocarse. La causa también tiene procesos abiertos en contra de exfuncionarios que habrían contribuido al crimen y está abierta ante el sistema financiero que puso dinero para este proyecto a sabiendas que violaba los derechos humanos y atenta en contra de una comunidad indígena».

La hija de la líder indígena víctima del crimen, Berta Zúniga Cáceres, tras la individualización de la pena aseguró que se sentían «decepcionadas» porque no se le dio la pena máxima a David Castillo, que era de 30 años, considerando que es un crimen de alto impacto.

«Un crimen como este merece que todas las personas que han sido parte en esta estructura criminal sean llevadas ante la justicia», apuntó Zúniga, refiriéndose a la familia Atala. También aseguró que aunque el Ministerio Público ha dejado entrever que existen otras investigaciones en el caso, hasta el momento no hay información concreta ni acusaciones.

«Hoy empezamos la lucha más importante para nosotros como organización, que es de ir hacia la autoría intelectual de este crimen y que es la que hasta ahora se ha mantenido impune», concluyó.

Miembros del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) se manifiestan en el estacionamiento de una agencia bancaria en Tegucigalpa y pintan consignas. El Copinh aún exige justicia en contra de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista, Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016 y culpan a banqueros. Foto CC / Fernando Destephen.

Del otro lado, el abogado Juan Carlos Sánchez, defensor de Castillo, dijo a Contracorriente que la pena había sido aplicada dentro de los parámetros de la ley –que es un rango de entre 20 y 30 años–, y aseguró que «dadas las circunstancias, tanto a favor como en contra, le dieron una pena de 22 años y seis meses, no veo cuál sería la razón desde el punto de vista procesal para aplicarle otra pena».

Sánchez aseguró a este medio que una pena como la que se le aplicó a Castillo podría reducirse, además que se tiene que considerar que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva. Sin embargo, asegura que «esto no es un tema de libertad, es un tema de dignidad», y apunta que en su experiencia como abogado nunca había visto «un proceso en el que existan tantas irregularidades y delitos cometidos por el ente de investigación en contra de un ciudadano».

«El tribunal de sentencia representaba una justicia que se encontraba con una bota puesta en el cuello –que era la presión internacional de organismos de derechos humanos–, si usted ve de un millón de organismos de derechos humanos tal vez ninguno estaba a favor de David Castillo, porque esto implica política, dinero e ideología», aseguró Sánchez.

Sobre la inclusión de la familia Atala en el caso, el abogado calificó a los empresarios de «pobre gente que se ha visto involucrada en este proceso por culpa de los liderazgos del Copinh, que través de las redes sociales, a través de mentiras, tergiversando la verdad y mintiendo al pueblo lenca para poder movilizarse hasta la ciudad y en nombre de ellos, sacar dinero».

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Atala se ha manifestado sobre el caso y las acusaciones en su contra; sin embargo, en noviembre de 2017 María Luisa Borjas, en ese entonces diputada y comisionada de la Policía en condición de retiro, aseguró tener en su poder un informe de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad en el que supuestamente se refería a Camilo Atala y la familia Atala Zablah como los que proporcionaron los medios económicos para la ejecución del crimen.

Posteriormente, la diputada fue acusada por abogados de Camilo Atala por los delitos de difamación y calumnia, resultando culpable según el tribunal y recayendo sobre ella una pena de dos años y ocho meses de prisión, condena por la que un juzgado emitió una orden de captura en contra de Borjas y se le deshabilitó para participar en cargos de elección popular.

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¿Qué puede hacer el nuevo Gobierno con la concesión del Gualcarque?

En su discurso inicial al tomar el poder el pasado 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro pidió «Justicia para Berta Cáceres», y, al terminar la ceremonia, Berta Zúniga Cáceres entregó la «Vara Alta Lenca» a la presidenta electa como acto final de la toma de posesión. Esta vara es un elemento importante en la cosmovisión lenca, simboliza respeto y autoridad, y desde ese entonces se asumió el acompañamiento del nuevo Gobierno a la causa del Copinh.

Sumado a este acto, desde el Congreso Nacional el diputado y presidente de la comisión de justicia y derechos humanos, Jari Dixon, impulsó a finales de mayo una propuesta para declarar a la lideresa indígena como heroína nacional y poner su rostro en el billete de 200 lempiras. Este «homenaje» fue ampliamente discutido en redes sociales, y una de las hijas de Berta, Laura Zúniga, se manifestó al respecto apuntando que «dolería ver el rostro de mi madre siendo guardado en los bancos de sus asesinos, que ese rostro rebelde sea la representación de su enriquecimiento ¿Ellos pagarán en billetes de 200 su próximo asesinato? Después de todo, están en la impunidad».

Laura finalmente apuntó en una serie de tuits que el hecho de que «el río Gualcarque esté concesionado es un peligro latente para quienes defendemos la vida, solucionar esto es responsabilidad del Estado».

Apenas unos días después de oficializar la aparición del rostro de Cáceres en la moneda nacional, circuló en redes sociales una fotografía tomada tras la final del fútbol profesional en Honduras en la que aparecían juntos Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta; Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa y miembro de Libertad y Refundación (Libre); y Pedro Atala, presidente del Club Deportivo Motagua y uno de los señalados por el Copinh como parte de la estructura que cometió el crimen.

Sobre estas relaciones, el diputado de Libre Ramón Barrios aseguró que desde su punto de vista no tiene mucha importancia, y que aunque «uno debe cuidarse de esas cosas, ya es una cuestión del poder ejecutivo»; además, como integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, aseguró que piensa emitir un pronunciamiento sobre la sentencia.

«Este caso es emblemático –apuntó Barrios–, porque aquí hay autores intelectuales que pertenecen a la más alta oligarquía del país y me preocupa que quede impune el castigo de los autores intelectuales. El Estado puede intervenir para que, además del castigo de los autores, se cierre la operación y se le de marcha atrás a la autorización de la concesión para la construcción de la represa en Agua Zarca».

Barrios explica que en el pleno del Congreso Nacional él emitirá una exhortación para que desde la Procuraduría General de la República se revierta la concesión que se le ha otorgado a Agua Zarca, en función de la condena a David Castillo.

Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras protestan minutos antes de que el tribunal de sentencia sentenciará a Roberto David Castillo Mejía a 22 años de cárcel por el crimen contra la ambientalista y cofundadora del Copinh, Berta Cáceres en marzo de 2016. Foto CC / Fernando Destephen.

Por otro lado, la ministra de derechos humanos, Natalie Roque, dijo a Contracorriente que en este caso es importante tomar en cuenta las denuncias de la familia de la líder indígena, quienes consideran que la sentencia no llena las expectativas ya que para los autores intelectuales todavía no ha habido un proceso.

«Desde la Secretaría de Derechos Humanos nos inquieta y hacemos un llamado a que se profundicen las denuncias de la familia, conocemos que el grupo de expertos y la misma familia durante años ha ido recabando información que ha puesto a disposición del Ministerio Público y que, al parecer, no se ha llegado hasta el final de la maraña de ese hilo que contuvo el asesinato de la compañera Berta Cáceres», explicó Roque.

La ministra dice que el acompañamiento que le ha dado el Gobierno a la familia no solo ha sido discursivo, y apunta que se les ha protegido según lo establecido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado de Honduras para garantizar la protección de la familia y su seguridad.

Uno de los mecanismos que las organizaciones indígenas y defensoras del territorio y el ambiente han propuesto para que no se vuelva a cometer un crimen como el de Berta Cáceres es la reglamentación del proceso de consulta previa, libre e informada. Un proyecto que durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández tuvo diversos obstáculos, desde la invisibilización de los pueblos indígenas para su construcción hasta intereses empresariales.

Sobre esto, Roque explica que «desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos impulsando un espacio interinstitucional para retomar el proyecto de consulta previa libre e informada; pero lo más importante es escuchar a los pueblos indígenas y que sean ellas y ellos, a través de sus procesos, quienes determinen, y acompañarlos en cuáles son los mecanismos idóneos para poder garantizar que la consulta previa libre e informada sea una opción y sea una realidad para las poblaciones indígenas en nuestro país».

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