Texto y fotos: Jorge Cabrera

Cansado de las extorsiones de parte de bandas criminales, Franklin Chacón, de oficio taxista, armó su maleta y se marchó de su aldea Zicatacare –ubicada en el municipio Santa Ana, departamento de Francisco Morazán– rumbo a EE. UU. El ruletero, como se le conoce a los taxistas que no tienen una ruta fija, se fue del país el 15 de mayo de 2021, pero en el desierto de Arizona, tras una intensa lucha por sobrevivir, falleció.

Vilma López, madre de Franklin, recuerda las últimas palabras que ella dirigió a su hijo de 26 años: «Le dije, no te vayas, mirá que ese camino no me gusta. “Mamá, si es que aquí no se hace nada, aquí no vamos a salir adelante”, me respondió».

Pero nada hizo desistir a Franklin, quien constantemente le manifestó estar cansado de trabajar acosado por las bandas criminales organizadas en el punto de taxis de la Villa Olímpica en Tegucigalpa. En Honduras, se estima que 3,000 operarios de transporte público han sido asesinados en los últimos diez años por parte de grupos criminales, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Durante el 2021, fueron asesinados 214 transportistas. Un informe de la RED-LAC, donde se realizó encuestas a familiares de migrantes deportados, indica que la extorsión ha sido identificada como la principal causa del desplazamiento forzado en Honduras.

Franklin huyó de esta realidad con un amigo, quien después fue quien avisó a doña Vilma López y a su familia que Franklin Chacón, de oficio taxista y quien un 15 de mayo de 2021 armó su maleta y se marchó de la aldea Zicatacare, había muerto deshidratado en el desierto de Arizona. Su cuerpo fue llevado a McAllen, en el sur de Texas.

Después de cuatro meses, el cadáver de Franklin, quien murió en noviembre de 2021, fue repatriado a Honduras en el avión presidencial el pasado 24 de abril. La familia tenía tres meses solicitando ayuda al Gobierno, pero nadie escuchaba sus ruegos.

La presidenta Xiomara Castro, quien tomó posesión el pasado 27 de enero de 2022, ordenó utilizar el avión presidencial para repatriar los restos de hondureños que han muerto en la ruta migratoria y que –entre enero y marzo del 2022– ya suman 65, según informó a Contracorriente Wilson Paz, Director General de Protección al Hondureño Migrante.

La deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) alcanza unos 75,000 millones de lempiras. Desde 2016, con la llegada de la Empresa Energía Honduras (EEH), surgió una división en el sindicato de la empresa. A pesar de esto las dos facciones coinciden en que la estatal puede rescatarse.

Texto: Allan Bu
Fotos: Jorge Cabrera

Los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) parecen interminables. Hoy padece de una división de su sindicato de trabajadores, una deuda que asciende a más de 90 mil millones de lempiras y una demanda millonaria interpuesta por la empresa Empresa Energía Honduras (EEH), de capital colombiano, que firmó un acuerdo cuyo objetivo principal era reducir las pérdidas de la estatal eléctrica, pero estas han aumentado. Además, la empresa se encuentra agobiada por los contratos de generación de energía, que cubren el 75% de la demanda del país. 

En un pequeño búnker de las oficinas de la ENEE en San Pedro Sula, norte de Honduras, conversamos con cuatro hombres. Son empleados de la estatal eléctrica. Recién han regresado de trabajar. Hay una mesa con semitas y café. Durante la próxima hora, estos hombres hablarán alrededor de esta mesa de un sinfín de problemas que tiene la ENEE y también de la disputa de los trabajadores de la misma, en la que se han formado dos sindicatos.

Esta disyuntiva sindical comenzó en el 2016, justamente cuando a Honduras llegaba la Empresa Energía Honduras (EEH), que se encargaría del área de distribución de la empresa estatal. Antes que la nueva empresa vendiera sus servicios a la ENEE, esta ya había despedido a cientos de empleados del área que operaría la EEH. 

De acuerdo con lo dicho por Hever, uno de los empleados con los que conversamos, ahí inició la disputa contra Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee (Stenee), pues a juicio de Hever no defendió a los trabajadores que fueron despedidos.

«Se le hizo un reclamo fuerte en esa asamblea a Miguel por lo que estaba pasando, por los despidos; y él, en esa asamblea, dijo que el sindicato nos iba defender nuestros derechos, pero que lastimosamente la distribución se iba a tener que ir a la nueva empresa EEH», nos dice Hever. 

Después comenzó la historia de los dos sindicatos. Miguel Aguilar y los que lo respaldaban celebraron una asamblea en junio de 2016; mientras, sus adversarios lo hicieron en agosto del mismo año, quedando electa como presidenta Angela Reyes, quien fue despedida de la ENEE dos meses después. Las dos juntas directivas fueron inscritas ante el Ministerio del Trabajo y las dos recibieron certificación.

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Tegucigalpa, capital de Honduras, en una vista nocturna. En la capital está el poder político que puede determinar la suerte de la ENEE. Foto Archivo CC/ Jorge Cabrera.

Hever asegura que, después de haber iniciado esta lucha, unos 200 de los compañeros contrarios a la facción de Aguilar fueron despedidos selectivamente por el entonces gerente de la ENEE, el nacionalista Jesús Mejía. «Miguel se eligió solo, sin el apoyo de la mayoría», manifestó Hever. 

Mientras el café y las semitas se consumen, Hever y los otros tres acompañantes coinciden que los despidos y el «apoyo» que Aguilar recibió de parte del Gobierno de Juan Orlando Hernández es debido a que ellos, contrario a Aguilar, se oponían a la entrada en operaciones de la EEH, un consorcio cuyo dueño es el colombiano William Vélez Sierra, quien invirtió en la estatal hondureña a través de su empresa en Colombia, Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios, S. A. (Edemsa). 

Edemsa es la dueña del 51 % de EHH. En la sociedad también participa el Stenee, que invirtió aproximadamente 2.2 millones de dólares para tener el 8 % de las acciones. El grupo de sindicalistas que adversa a Aguilar denuncia que no hay ningún papel que demuestre de dónde le prestaron a Aguilar el dinero de todo el sindicato para invertirlo en la nueva empresa. 

No obstante, Alexander Godoy, directivo del sindicato que preside Aguilar, le expresó a Contracorriente que el dinero aportado por los trabajadores lo prestó la colombiana Edemsa. Y, a su vez, confirmó que hasta el momento, seis años después de haber comenzado a operar la EHH, no han recibido ningún beneficio por la participación en la misma.

«El Gobierno nos dijo “ustedes se suben a este barco o desaparece la ENEE. porque no hay otra salida”. Nosotros entramos no por plata, sino por mantener la vigencia de la empresa, pero, ¿qué pasa? Que después de cinco años la EEH no le ha pasado ni un peso a los trabajadores», confiesa Godoy.

Godoy también comentó que la EEH contrató a algunos de los compañeros despedidos, pero no fue lo que esperaban: «Nos ayudó con trabajo para alguna de la gente que despidieron–unos 650 trabajadores–, pero al año los despacharon. En aquel momento el Gobierno nos metió en ese combo y los trabajadores no estábamos preparados».

Desde 2016 a la fecha, la pelea de los sindicatos se ha mantenido. En 2019, hubo nuevas elecciones. José Luis Matamoros fue postulado por una facción, y Miguel Aguilar por la otra. Igual pasó en 2021, cuando ambos fueron electos en asambleas diferentes.

Alexander Godoy sostiene que la mayoría de seccionales y afiliados, que son unos 1500, apoyan a Aguilar, y que si bien hay gente que lo adversa, son los menos. Hever y sus muchachos dicen lo contrario. 

«En 2021 hicimos otra vez elecciones y es la que tenemos ahora en discordia en el Ministerio del Trabajo. Ninguna junta directiva tiene la certificación. A Miguel le dieron algo, una certificación provisional, que es ilegal porque no existe en el Código», cuenta Hever. 

«Ellos conformaron un congreso con suplentes y conla mayoría de gente de aquí, de la capital, no hay representatividad sindical. Nosotros resolvemos la problemática de todos, no importa que estén con ellos. Hay un punto importante: que 49 de los muchachos que conforman ese movimiento están expulsados del sindicato», explicó Alexander Godoy, secretario de asuntos laborales en la Junta Directiva de Aguilar. 

Esta lucha fue llevada a los tribunales en 2018, cuando Miguel Aguilar fue acusado de estafa continuada por un grupo de miembros del Stenee. El 26 de enero de 2022, antes de la asunción del nuevo Gobierno, Aguilar fue condenado a 11 años de prisión por la jueza Karla Romero.Su defensa interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta acción aún no ha sido resuelta.

Hever y sus compañeros sostienen que al estar acusado y ya sentenciado en una primera instancia, Aguilar no puede seguir como presidente del Stenee, pero que, pese a ello, fue apoyado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández.

En el artículo 510, inciso F, del Código del Trabajo se menciona entre los requisitos para ser miembro de la directiva de un sindicato que el individuo no puede haber «sido condenado a sufrir pena aflictiva; –a menos que haya sido rehabilitado–, ni estar llamado a juicio por delitos comunes en el momento de la elección». En la última elección en 2021, Aguilar ya estaba querellado cuando fue elegido nuevamente presidente. 

La jueza Karla Romero reconoce con la sentencia que Miguel Aguilar no era el presidente del Stenee en los años 2016 y 2017. «Utilizó fondos de los afiliados del sindicato no estando acreditado como presidente del sindicato. A él lo sostuvo el Ministerio del Trabajo y la gerencia de la ENEE», nos dice Hever. 

Hever sostiene que Aguilar no tiene el apoyo de la base, pero hay un grupo de personas que lo sostiene por cuestiones de dinero. Uno de los cuatro hombres con que conversamos, quien apenas había hablado hasta entonces, menciona que durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa se dijo que había acuerdo para que entrara un socio externo (EEH) y la figura utilizada para esta validación fue Miguel Aguilar. 

Godoy afirma todo lo contrario y señalando que en el 2016, «“Se crearon estos grupos(el sindicato que apoya Hever) a lo interno para tratar de acabar con el sindicato y que este se quedará acéfalo sin la representación de los trabajadores y así que no hubiese un brazo fuerte que defendiera hasta la misma institución»”. 

Este medio intentó contactar al señor Miguel Aguilar, pero no respondió más a nuestros mensajes una vez le expusimos el motivo de la entrevista. Ese mismo día, el nuevo presidente del Stenee había estado hablando en el canal Televicentro sobre el rescate de la ENEE y las medidas que se deben tomar para lograrlo. 

La diputada Ligia Ramos, integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, le dijo a Contracorriente que aunque desconoce la profundidad del problema sindical, tiene una opinión particular. «Lo que puedo decir es que si dirigentes sindicales están en negociaciones o son beneficiarios y son parte de estos contrato leoninos, es totalmente ilegal», sostuvo, y agregó que el gerente provisional de la ENEE, Erick Tejeda, tendrá la claridad para ayudar en una solución a este conflicto.«Creo que el secretario de Energía es una persona muy clara en las cosas que tiene que hacer y creo que tiene la capacidad de sentarse a hablar con los trabajadores y resolver estos problemas. Ahora lo que es delito, es delito; ahí no es cuestión de negociar. Si los dirigentes sindicales han estado involucrados en actos de corrupción, tienen que rendir cuentas ante la justicia”».

EEH

El 20 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley General de la Industria Eléctrica, que permitió la inversión privada en la ENEE y dividió las operaciones de la estatal en generación, transmisión, distribución y comercialización. Dos años después, empezó a operar la EEH. 

El convenio entre la EEH y el Gobierno de Honduras tiene por propósito mejorar la eficiencia de las actividades operativas y comerciales que «Lleve a cabo la ENEE en el área de distribución, la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas», reza el contrato firmado.

«Lo único que cambió es que el servicio se lo venden más ineficiente y más caro”» nos dice Rosales, un sindicalista. Para él, en casi seis años de operar el consorcio colombiano, no hay beneficios.

Además, nos ofrece un dato interesante: «En 2016, antes de tomar EEH el control comercial de distribución de energía, el kilovatio usted lo pagaba a 3.30 lempiras, y ahora cuenta 5.60». Agrega que ahora un cambio de medidor puede costar 2,300 lempiras, cuando antes costaba 700. 

Cuando la EEH tomó el control comercial de la distribución de energía, las pérdidas de la estatal estaban en un 27 %;el consorcio colombiano se comprometió a reducir esa brecha a un 17 %. «Esto ha sido un fracaso completo para el pueblo, para el país y para la ENEE, porque ahorita las pérdidas andan en un 38 %», nos dice uno de los trabajadores.

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Un trabajador de la Empresa Energía Honduras realiza labores de mantenimiento en la red de distribución que maneja la empresa de capital colombiano. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Según los cálculos que manejan los técnicos en la estatal eléctrica, cada punto porcentual significa 14.5 millones de dólares mensuales en pérdidas para Honduras. Y cada mes la ENEE debe transferir a las cuentas de la EHH 10.5 millones de dólares,unos 260 millones de lempiras. A partir de 2017, el pago debería haber aumentado a 15 millones de dólares, pero la estatal no ha cumplido. «Todo esto para operar una red que la tienen totalmente descuidada y destruida»,dice Hever.

En 2020, la EEH demandó a la ENEE y al Banco Ficohsa–que maneja el fideicomiso de la estatal–. La acción reclama más de 4,000 mil millones de lempiras por incumplimiento de contrato. Maribel Espinoza, abogada y también diputada, representó a Banco Ficohsa en la demanda, y nos explicó un poco de este proceso en el que, a su juicio. hay irregularidades: «Hay dos juicios. Una demanda arbitral en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Tegucigalpa, y, a la vez –que es inaudito–, también hay acciones judiciales, cuando debe ser lo uno o lo otro», comenzó diciendo.

«En los dos lados está reclamando lo mismo. No es posible que usen, a la vez, el arbitraje y el procedimiento judicial, la Corte y los juzgados sabían que había un arbitraje y debía resolverse por ahí, y aún así le dieron trámite a todo lo que pidió la EEH», denunció la abogada Espinoza.

Los problemas de la ENEE no se limitan a los servicios prestados por la EEH. «Eso es minúsculo comparado con el tema de las generación térmica, por la cual la se tiene que pagar entre 60 y 70 millones de dólares mensuales –menciona Hever, y luego agrega que en proyectos de generación de energía–: Hubo casos que se firmaban contratos y sin haber puesto una piedra o bloque ya habían empezado a ganar. Son contratos de maletín».

La diputada Ligia Ramos, de la Comisión de Energía del Congreso, mencionó que el 20 de enero de 2014 se aprobaron contratos de energía renovable cuando el hemiciclo –dirigido en ese entonces por Juan Orlando Hernández– ya había cesado en sus funciones.«Todos estos contratos son totalmente inconstitucionales porque se aprobaron cuando ese Congreso ya no estaba en funciones . Ahí dejaron 99 contratos de energía renovables, exagerados en cuanto a lo que cobran, dieron fideicomisos y se aprobó lo de la EEH».

Ramos agregó que «Es un contubernio desde 1994 hasta la actualidad, en la que han saqueado la ENEE y la han querido privatizar. La empresa privada se ha lucrado de la necesidad de la población y de la ENEE; prácticamente la han quebrado».

En el comienzo de la nueva administración, la deuda de la ENEE con los generadores térmicos era de aproximadamente 10 mil millones de lempiras; la deuda acumulada, según el último balance de la estatal, está arriba de los 91 mil millones de lempiras. De acuerdo con la información colgada en el portal de transparencia de la institución, de febrero 2021 a febrero 2022 el pasivo aumentó en 11 mil millones.

La cuenta de Facebook de la estatal publicó el viernes 22 de abril una entrevista del nuevo gerente Erick Tejada donde asegura que la situación de la empresa es peor de lo que imaginaba y que la deuda son 75 mil millones de lempiras.La asistente del señor Tejada no respondió a nuestras solicitudes de entrevista.

Para conocer más del contrato de la EEH y la situación de la ENEE, Contracorriente también intentó contactar a miembros de la Comisión de Energía en el Congreso Nacional, pero Hugo Noé Pino, presidente de dicha comisión, no respondió los mensajes y tampoco atendió el vicepresidente, Rafael Sarmiento.

«La ENEE necesita inversión. La dejaron resquebrajada porque su misión era venderla, y querían llevarla a ese lado porque usted sabe que un cascajo es más fácil de comprar bajo el dicho “eso no vale nada”», nos dice Hever.

El rescate

 

La única coincidencia entre las dos facciones sindicales de la ENEE es que la empresa estatal puede ser rescatada pese al oscuro panorama que le pintan las deudas con sus acreedores y las pocas acciones de los gobiernos para salvarla.

Alexander Godoy afirma que «Los activos de la empresa son fuertes;si hay un reordenamiento es rescatable 100 %». También añadió que la facturación mensual de la estatal ronda los 2.000 millones de lempiras (80 millones de dólares). 

Hever también coincide en que la empresa pública puede recuperar la sanidad de sus finanzas, y hasta mencionó algunas pequeñas cosas que no se hacen con los activos de la ENEE: «Cuente usted los postes donde hay cables de televisión; ahora calcule que todas esas compañía de cable por usar esos postes deben pagar un alquiler, pero algunas tienen tres conexiones y solo pagan por una y con un valor ínfimo. ¿Por qué no se puede revalorizar eso y cobrar lo que es justo?», dice.

Además, recomienda que la ENEE recupere el cobro que ahora está en manos de la EEH. No obstante, el contrato con la empresa colombiana concluye en 2023, después de siete años. En 2020, cuando se mencionó la posibilidad de cancelar el trabajo, la EEH amenazó con demandar al país con más de 400 millones de dólares; en agosto de 2021, la advertencia se transformó en una demanda por unos 500 millones de dólares. 

La doctora Ligia Ramos considera posible el rescate de la estatal. Sobre los contratos que ahogan las finanzas de la empresa dijo:«En primer lugar esos contratos no está escritos en piedra porque son anticonstitucionales. De los mismos, solo el 50 % están realmente funcionando, la otra mitad no, los que no están funcionando simplemente hay que anularlos; y con el otro 50 % si hay que ver si se puede negociar. Esos contratos de energía renovable son más caros que los térmicos. Totalmente dañinos para la población, sin ninguna lógica. Todo eso se hizo de forma amañada. Es demasiado lo que ganan». 

Para la diputada, la renegociación es un proceso en cual se deben encontrar proveedores mientras se recupera la capacidad de generación de la ENEE, pues considera que en la la generación de energía es donde se pierde,« Pues se tiene que pagar por ella». 

La congresista agregó que el Congreso Nacional está dando un lapso al Poder Ejecutivo para que se dialogue sobre la renegociación de todos los contratos con proveedores que cubren el 75 % de la producción de energía de la ENEE: «Se pueden renegociar algunos precios, porque el kilowatt que paga Honduras es inmenso comparado con la región, son cifras irreales que van en contra del beneficio de la sociedad», dijo. 

Datos que se desprenden del sitio Global Petrol Prices reflejan los siguientes precios por kilowatt en Centroamérica basados en el dólar: Costa Rica, 0.114; Panamá, 0.154; Nicaragua, 0,174; Honduras, 0.180; El Salvador, 0.199; y Guatemala, 0.261.

Erick Tejada, ministro de Energía y quien funge temporalmente como gerente de la ENEE, mencionó en las redes sociales de la estatal que ha intentado “segmentar el problema y atacarlo desde diferentes aristas para poco a poco encaminar a la empresa hacia el saneamiento”.

Estas declaraciones, la realizó antes de la empresa generadora de energía térmica Lufussa, advirtiera que parará su producción de 70 megavatios a partir del 1 de mayo si no hay una negociación para el pago de unos 60 millones de dólares, que son adeudados a este generadora. “No vamos a negociar con la pistola en la cabeza”, afirmó el ministro Tejada en conferencia de prensa. 

En el Presupuesto General 2022, la ENEE aparece con una partida de más de 40 mil millones de lempiras; hubo un aumento de cinco mil millones de lempiras con respecto a los valores dejados por el Gobierno anterior. El Gobierno de Xiomara Castro pretende impulsar proyectos hidroeléctricos de Jicatuyo, El Tablón y Los Llanitos en un intento de rescatar de la crisis mayúscula en la que se encuentra la empresa estatal.

(El pueblo de Guatemala donde la corrupción mata)

Hace ocho años el gobierno prometió construir el primer hospital de la historia de Ixcán, un municipio en el oeste de Guatemala marcado por las masacres en la guerra civil y el abandono del Estado en la democracia, pero cuando llegó la pandemia la corrupción ya lo había convertido en ruina.

Por Jody García | Fotos: Oliver de Ros | Diseño @donmarcial

El hospital prometido estaba a diez minutos a pie de la casa de Daniel Cuyuch, pero cuando se contagió de covid-19 la promesa ya se había convertido en una estructura de block abandonada. Cuyuch, el primer muerto por la pandemia en el pueblo guatemalteco de Ixcán, murió en la carretera, a cuatro horas de su casa, en busca de un hospital real.

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La primera piedra fue colocada en abril de 2014 por la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ixcán, una comunidad en el oeste de Guatemala afectada por la desnutrición crónica y las muertes maternas, tendría en menos de dos años un hospital de 10 millones de dólares con servicios de cirugía, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia. En un país con una media de una cama de hospital por cada 200,000 habitantes, las 100,000 personas del pueblo contarían con 48. Ocho años después el monte crece y el agua de la lluvia se acumula en un elefante blanco compuesto de amasijos de hierro y cuartos carcomidos por la humedad. Un camino de terracería por donde deambulan perros y circulan tuc-tucs que conectan el centro de Ixcán con otras aldeas rurales escondidas entre montañas lleva hasta este terreno rodeado de láminas. Los camiones que durante algunos meses de 2014 transportaron el material de construcción de una de las obras más ambiciosas jamás conocidas en el pueblo, ahora están oxidados y semienterrados entre el polvo. Aquí, en el lugar llamado a simbolizar el progreso de una región que había sufrido masacres en la guerra civil y abandono en la democracia, solo queda la obra de una red de sobornos.

Vista panorámica del hospital de Ixcán parcialmente construido.

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Sin hospital, los habitantes de Ixcán tienen tres opciones para enfrentar la mayor crisis sanitaria mundial del último siglo: viajar cuatro horas hasta el hospital más cercano, ingresar en un centro de salud materno-infantil o pagar una clínica privada, en una comunidad donde más del 74% de la gente vive en pobreza. Daniel Cuyuch intentó las tres vías antes de morir.

Cuyuch, de 76 años, era conocido en Ixcán por atender la tienda El Almendro, ubicada bajo la sombra de un árbol del mismo nombre en una calle empedrada, y porque en 2003, junto a un grupo de vecinos, le dio a la comunidad uno de los primeros centros de educación media: el Instituto Normal Mixto Ciencia y Arte, en el que hoy estudian alrededor de 300 jóvenes. Cuando inició la pandemia, este hombre activo y amigable, permaneció detrás del mostrador de su negocio, que también era su casa, situado frente a una clínica privada de tres niveles. Hasta que en julio de 2020 se infectó.

Aquel mes en Guatemala los casos de covid-19 iban en aumento y los hospitales empezaban a colapsar. El estigma y la histeria colectiva también crecían: en otra zona del país un alcalde encerró con candado a una familia entera que estaba en cuarentena preventiva. Con ese contexto, cuentan sus sobrinas, sólo el círculo cercano de Daniel sabía que había enfermado.

Un camión cisterna, parcialmente enterrado y oxidado por el paso del tiempo, es uno de los tantos camiones que permanecen en el interior de la construcción del hospital.

En los primeros días con síntomas fue tratado en su casa con remedios naturales. Cuando su salud empeoró la familia cruzó la calle con él a cuestas para que fuera atendido en la clínica privada de enfrente. Daniel estuvo internado dos días hasta que los médicos reconocieron que no tenían el material necesario para estabilizarlo. Salió de allí más enfermo y con una deuda de más de 1,000 dólares — el salario mínimo mensual en Guatemala es de 383 dólares. Sus familiares lo llevaron entonces al Caimi, el único centro de salud pública del pueblo, donde se había habilitado un ala para atender pacientes de covid-19 que no contaba con una separación entre casos positivos y sospechosos; donde no había papel para secarse las manos y se utilizaban toallas de tela; en el que las camillas no podían ser desinfectadas porque eran de algodón. El edificio tenía tantas grietas que durante la época de lluvias se infiltró el agua y provocó cortocircuitos. En el centro tampoco había ni medicinas ni oxígeno suficiente para atender a Daniel.

El mes en el que Daniel Cuyuch ingresó en el Caimi, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, visitó Ixcán para inaugurar los trabajos de reparación de un puente. La población aprovechó para manifestarse y exigir que continuara la construcción del hospital, algo que el mandatario había prometido durante su campaña electoral. El presidente se volvió a comprometer: dijo que esa era una de las metas de su gobierno y que se estaban agilizando las gestiones para retomar la obra. Sin embargo, no pasó nada. Un mes antes el personal médico del centro había firmado un comunicado pidiendo al Ministerio de Salud mascarillas KN95, más médicos y enfermeros, y una ambulancia exclusiva para trasladar a los pacientes graves. No les hicieron caso. En septiembre de 2021, la Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán viajó a la Ciudad de Guatemala a pedirle al Congreso que intermediara para que el Ministerio de Salud continuara con el proyecto. Ni en el Congreso ni el gobierno atendieron sus peticiones.

Tuc-tucs circulan frente a la tienda “El Almendro”, la cual queda frente a una clínica médica privada.

Ante el olvido del Estado, la última opción para Daniel Cuyuch era ingresar en el hospital más cercano, en Cobán, Alta Verapaz. Daniel fue trasladado en una de las tres “ambulancias” de Ixcán, vehículos tipo pickup que fueron adaptados con un techo, cuatro paredes y pintura blanca para que parezcan una. Estas unidades no cuentan con los insumos necesarios para atender una emergencia, mucho menos de covid-19. Cuando están ocupadas, los vecinos se organizan para ayudarse entre ellos. La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó que la Dirección de Área de Salud de Ixcán solo cuenta con un “listado de personas particulares que prestan el servicio de traslado de pacientes” bajo un costo. En las supuestas ambulancias, los pacientes son trasladados en la palangana del pickup porque tampoco hay camillas. “Adentro ni siquiera cabe un tanque de oxígeno”, cuenta Mildred Diéguez, una bombero voluntaria que viaja junto a un piloto en uno de los tres vehículos.

Así recorrió Daniel 158 kilómetros de un camino por partes deshecho por baches y agujeros en los que se forman lagunas de agua sucia. Cuando puso la primera piedra del que sería el hospital del municipio, Baldetti habló de ese camino que separa a la comunidad de los servicios de salud y prometió que la situación iba a cambiar. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta este año la pandemia se había cobrado 39 víctimas en Ixcán. En un pueblo donde mucha gente se trató en casa y con un solo centro público de salud colapsado y sin capacidad para atender la pandemia, la cifra oficial no parece del todo confiable (en Guatemala varios estudios han señalado un subregistro de hasta 30,000 muertes por la covid-19). El hecho es que Daniel Cuyuch fue el primer muerto registrado. Murió momentos antes de ser ingresado al hospital de Cobán.

Mildred Diéguez abre la puerta del pickup de bomberos tras realizar una diligencia en el hospital CAIMI.

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Cada vez que sale de su casa Ángela González se topa con las ruinas del hospital prometido. Ella vive en la zona 2 del municipio, en un área con caminos de tierra y monte, a unos metros de la reja de láminas que rodea la estructura de block, cemento y hierros salidos que quedó de la construcción. “Ya son muchos años que el hospital está ahí varado y el pueblo de Ixcán necesita ese servicio. Es lamentable”, dice esta mujer de 47 años que preside la Red de Mujeres de Ixcán. “Eso ha cobrado la vida de muchas personas”.

Ella es hija de una comadrona y creció cuando eran las mujeres como su madre las únicas que atendían las necesidades de salud en el pueblo, un municipio compuesto por 198 aldeas. “Ahora de cada 10 mujeres que dan a luz, cinco son atendidas por comadronas”, dice para mostrar que el sistema de salud no ha cambiado demasiado desde su infancia, cuando el pueblo era una zona de enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Las comadronas son las únicas que pueden atravesar los caminos sin asfaltar de las aldeas más alejadas del centro de Ixcán, las que llegan donde no pueden los pick-up disfrazados de ambulancias.

Ángela posa para un retrato en su casa en Playa Grande, Ixcán.

Ángela fue testigo del día en el que la exvicepresidenta Baldetti colocó la primera piedra y también de cómo la construcción del hospital se frenó en septiembre de ese año cuando estaba en un 35%. La empresa responsable, Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales, Sociedad Anónima (Sercco), que había recibido adelantos por 4.1 millones de dólares, dejó la obra por “inconsistencias administrativas” y pidió una prórroga del contrato. Un mes después la comunidad se organizó pacíficamente para bloquear la salida de los camiones y tractores y exigir que el proyecto continuase. Desde entonces, la maquinaria continúa en el mismo lugar, como recordatorio del abandono de las autoridades.

La historia del hospital de nunca jamás había comenzado en 2013 cuando después de las exigencias de la población, el entonces gobernador de Quiché, Herber Cabrera, y el diputado de la región Estuardo Galdámez presentaron una propuesta para construirlo. El contrato fue lanzado al público y la adjudicada fue Sercco, una empresa con experiencia en puentes y asfaltos, pero que no había construido antes un hospital. En 2018, una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), una unidad dentro del Ministerio Público que indagaba en casos de corrupción de alto nivel, descubrió que tras la promesa incumplida había una red de funcionarios y operadores privados que pactaban sobornos por adjudicaciones de obras públicas. Según la Feci, los propios Galdámez y Cabrera intermediaron para que Sercco fuera la ganadora y a cambio recibieron una comisión del 10% del valor total de la obra, es decir 1.03 millones de dólares (7 millones 963 mil quetzales). Seis personas más involucradas en la contratación se habrían repartido otros 1.2 millones de dólares (9 millones 555 mil quetzales).

En aquel momento los pobladores, recuerda Ángela, tenían la esperanza de que el caso por los supuestos sobornos tuviera una sentencia pronta y que con ello se retomara la construcción. Ocho años después el tiempo parece haberse detenido: el proceso penal avanza a paso lento en los Tribunales. Estuardo Galdámez, el exdiputado que habría concentrado las negociaciones de sobornos, se encuentra en prisión preventiva. La Feci fue desmantelada por la fiscal general, Consuelo Porras, y ahora es dirigida por Rafael Curruchiche, un fiscal señalado de beneficiar a empresarios acusados de corrupción. El expediente también cambió de juez; desde que salió a la luz estuvo en manos de Erika Aifán, quien en marzo de 2022 renunció al cargo y salió al exilio debido a amenazas a su trabajo. Ahora la trama será conocida por Edwin Ramírez, un juez de paz al que la Corte Suprema de Justicia le dio un ascenso meteórico y lo nombró sustituto en el Juzgado que dirigió Aifán. Ramírez no tiene experiencia en casos complejos de corrupción, ya que en su anterior juzgado solo conocía delitos menores con la prioridad de resolver a través de conciliaciones.

En el Ministerio de Salud tampoco se ha integrado una junta que liquide el trabajo de la constructora para que se pueda lanzar un nuevo concurso público. Tres gobiernos nacionales después la fecha de la supuesta inauguración, el 12 de septiembre de 2015, sigue grabada en un rótulo empolvado frente al terreno donde la obra quedó abandonada.

Los vecinos que viven frente al hospital en construcción se han aclimatado a la escena y utilizan las láminas metálicas que rodean la obra para secar su ropa.

“Nosotros siempre decimos que pague quien tenga que pagar por el acto de corrupción, pero que a la par de eso prioricen dar el presupuesto para terminar el hospital”, reclama Ángela. “Si no se mueren por la enfermedad, lo matan los somatones que le da la ambulancia allí”, dice al hablar del camino que recorrió Daniel en busca de un hospital real.

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El 14 de marzo de 1982 era día de mercado en la comunidad Cuarto Pueblo, en el municipio de Ixcán. Cientos de personas estaban en la plaza central cuando el ejército los rodeó, disparó y arrojó bombas. Los supervivientes fueron encerrados en la iglesia durante tres días: los hombres fueron torturados, las mujeres violadas. Según el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), 400 personas —incluidos niños, niñas, mujeres y ancianos— fueron asesinadas; las casas fueron saqueadas, los animales sacrificados, los cultivos arrasados. Ixcán quedó bajo control militar directo hasta la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. Esta fue una de las al menos 200 masacres más que ocurrieron en esta región durante la guerra civil de Guatemala.

Los que se salvaron huyeron a las montañas, a otras zonas de Guatemala y a la selva fronteriza con México. Durante la década de los 80, ese fue el destino de unas 50 mil personas, según cálculos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los sobrevivientes se organizaron y se autonombraron Comunidades de Población en Resistencia. En la selva no tenían nada, pero la organización y ayudas internacionales les permitieron autoabastecerse con servicios de salud y educación organizados y apoyados por las propias comunidades. Vivieron aislados, perseguidos y violentados por militares hasta 1994, cuando en la recta final de las negociaciones de paz en Guatemala, estos desplazados se aventuraron para comenzar a repoblar el Ixcán. Desde entonces el Estado se comprometió a coordinar con las comunidades el apoyo para que contaran con servicios de educación y salud. Tres décadas después, sigue sin honrar su propia palabra.

Una mujer embarazada habla con su pareja tras una cortina traslúcida que separa el área de maternidad con el resto del CAIMI.

La historia reciente de Ixcán se puede contar entre la represión y la corrupción. “Ese es el pan nuestro de cada día”, dice Génaro Fabián, concejal de la municipalidad. “Aquí lo que más se da son las componendas del tipo ‘me das el proyecto y yo te doy una comisión’”.

Un ejemplo: en 1999, cuando se cumplían tres años de la firma de la paz en Guatemala e Ixcán dejó de ser una zona de guerra, uno de los proyectos de desarrollo más grande fue la construcción de una represa y un tanque de agua que abastecería a 18 aldeas. Aunque inició y se instalaron las tuberías, la obra fue abandonada, la cañería se oxidó y el recurso nunca llegó a las familias. Génaro dice que se invirtieron alrededor de US$12 millones y que no hubo consecuencias penales para los funcionarios públicos involucrados. Estas aldeas ahora se abastecen de agua de un riachuelo que el Área de Salud de Ixcán ha dicho que está contaminada. 

Otro ejemplo: Ixcán tiene más de 1,500 km de carreteras propias, construidas con fondos municipales, que requieren mantenimiento constante. Una de las carreteras que conecta el pueblo con otras áreas de Quiché, debido a lo pedregoso del camino, es intransitable hasta para los caballos, pero la obra ha sido inaugurada en cuatro ocasiones por distintos gobiernos que prometen restaurarla y que terminan por abandonarla aún cuando ya se hicieron desembolsos de dinero público.

En 2018, el mismo año en que la Feci destapó la red de sobornos alrededor del hospital, el entonces alcalde, Raúl Gutiérrez, dijo haber encontrado la solución para frenar la corrupción: subirse a él mismo el sueldo. Cuando los miembros del Consejo Municipal lo denunciaron por aumentarse el salario mensual de US$2 mil 362 a US$4 mil 647, Gutiérrez respondió que “la única manera de no caer en actos de corrupción, es a través de un salario digno”.

Vilma Paulina le da leche a su hija en uno de los módulos de maternidad del CAIMI.

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Con el hospital prometido en ruinas, todos los problemas de salud en Ixcán conducen al mismo lugar: el Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi). Las víctimas de homicidio y los lesionados en accidentes de tránsito comparten este espacio que cuenta solo con los recursos para tratar a madres y sus hijos menores de cinco años.

El Caimi parece lo que es: un centro asistencial de tiempos de la guerra construido en un terreno que ejército cedió al Ministerio de Salud como parte de los Acuerdos de Paz.

Es una construcción de un solo nivel. El área para atender emergencias es un cuarto pequeño con una camilla oxidada. El área de maternidad es un espacio con 14 camas que no se da abasto para atender a todas las pacientes y algunas que recién dieron a luz se recuperan en colchones tirados en el suelo. Miembros el personal médico cuentan que se han enfrentado en varias ocasiones a este dilema: arriesgar la vida de sus pacientes o inventar mezclas de medicamentos para salvarlos ante la falta del equipo y el insumo necesario para curarlos. No es de extrañar en un municipio que, según in informe de la Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud, en 2020 contaba con un médico y un enfermero por cada 2 mil habitantes. “No tenemos ni sábanas suficientes”, se queja una de las enfermeras. En septiembre de 2020 el Área de Salud del municipio llegó a hacer una campaña para recolectar sábanas, toallas y telas para elaborar batas para las pacientes.

Soldados del ejército caminan frente a las instalaciones del CAIMI, dentro del destacamento militar de Ixcán.]

El 28 de noviembre de 2021, Vilma Paulina, de 22 años, dio a luz a una bebé que pesó 2 libras y 6 onzas. La niña nació de seis meses y para sobrevivir necesitó pasar 60 días en una incubadora, la única con la que cuenta este centro. “Aquí hacemos hasta lo imposible, pero vaya que no nació otro bebé prematuro porque no sé qué hubiéramos hecho”, dice la enfermera Dorotea Ajualip.

Si aquella primera piedra del hospital colocada por la vicepresidenta Baldetti preconizaba el progreso y el futuro, el Caimi encarna el inmovilismo. Un cuarto de siglo después de que acabara la guerra donde la zona de Ixcán sufrió centenares de masacres, los habitantes tienen que pedirle permiso a un soldado para ir al médico. “En esta área militar a cada poco cambian los jefes y los nuevos restringen la entrada a los pacientes. A mí me ha tocado que el soldadito me pregunta a dónde voy y yo le digo, ‘mire, ¿que hay ahí adentro’ y me responde, ‘un hospital’, y yo le digo ‘entonces para qué me pregunta’”, denuncia Ángela González, la presidenta de la Red de Mujeres de Ixcán.

La comunidad está tan harta que ya no exige justicia contra los culpables de robar el dinero del hospital, lo que quiere es que el gobierno cumpla la promesa y el Ministerio de Salud termine la construcción. Para eso han enviado cartas hasta al presidente, Alejandro Giammattei, pero este nunca les responde. Por ahora sobreviven solo con lo que tienen, un pequeño centro asistencial dentro de un destacamento militar.

Francisco López muestra una fotografía en la que aparece él conectado a un tubo de oxígeno cuando estuvo enfermo por covid.

Francisco López, de 59 años, periodista y locutor, sobrevivió a la covid luego de 19 días ingresado en el Caimi gracias a que pudo sacar un préstamo de casi 4,000 dólares para pagar medicamentos, oxígeno y un transporte privado que sirvió de ambulancia. Si las personas no tienen los recursos económicos o un terreno que vender, ¿cuáles son sus opciones?, se le pregunta.

“Morir”, responde.

Los que necesitan un hospital real siguen yendo a cuatro horas de distancia por un camino con tramos casi intransitables. De allí, dice Ángela, la gente regresa al pueblo “ya fallecida”, como Daniel Cuyuch.

Después de la extradición de Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos en un avión de la DEA, la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó el oficio «United States of America vs. Juan Orlando Hernández a.k.a. “JOH”», el cual detalla que, además de participar en actividades del narcotráfico y poseer armas de fuego, el exmandatario también recibió sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Gúzman, cometió fraude en las elecciones del 2013 y 2017, y obtuvo el apoyo de otros expresidentes para realizar actividades del narcotráfico en Honduras. Un juez del Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó en detención al expresidente a la espera de su audiencia el próximo 10 de mayo.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

El 6 de abril de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto la última instancia que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández para evitar su extradición declarando inadmisible el recurso de amparo interpuesto por la defensa. Desde esa resolución, el país vivió un clima de incertidumbre al saber que en cualquier momento Hernández Álvarado sería llevado ante los tribunales estadounidenses. Después de 15 días, finalmente, el exmandatario hondureño fue extraditado hacia Estados Unidos.

El jueves 21 de abril de 2022, Juan Orlando Hernández fue escoltado desde el Comando de Operaciones Especiales (Cobras) por un grupo de agentes de la Policía Nacional y por el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, hasta un helicóptero que lo transportaría a la base aérea Hernán Acosta Mejía, ubicada en Tegucigalpa, capital de Honduras. Mientras esto se desarrollaba, su esposa, Ana García Carías, publicó en sus redes un vídeo en el que Juan Orlando Hernández manifestó: «Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a este proceso de manera injusta».

Actualmente, el expresidente Hernández deberá presentarse en un tribunal federal de Nueva York el próximo 10 de mayo, 11:00 a. m. hora de Nueva York, en donde deberá declarar su inocencia o culpabilidad. Además, uno de los abogados defensores de Juan Orlando Hernández, Raymón Colón, expresó que Juan Antonio «Tony» Hernandez podría ser testigo de la fiscalía de Estados Unidos y así atestiguar en contra de su hermano.

El avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés) fue identificado como N430JT y arribó a la base aérea Hernán Acosta Mejía alrededor de las 1:20 p. m. A las afueras del Aeropuerto Internacional Toncontín un grupo de hondureños celebraba mientras el avión partía con dirección hacia los Estados Unidos aproximadamente una hora después. «¡Fuera Joh! ¡Sí se pudo! ¡Para afuera Juanchi!», gritaban mientras se abrazaban unos a otros.

«Esto es un espejo para los demás gobernantes y funcionarios de gobierno, para que actúen con manos limpias y sepan que están siendo observados por la población», manifestó Rody Medina, un ciudadano que esperó más de una hora para ver partir el avión que llevó extraditado a Juan Orlando Hernández.

Otros recordaron a los que ya no están aquí para contar su historia. Jessica Castillo pidió justicia por los mártires y personas que han sido víctimas del régimen de Hernández Álvarado. Jessica sostenía un rótulo con el nombre de su hermano, Tomás Enrique García Castillo, quien fue asesinado en las protestas del golpe de Estado en 2009. «¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!», exclamaba por medio de un megáfono.

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Ciudadanos celebran la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en las afueras del Aeropuerto Internacional Toncontín. Foto CC/Jorge Cabrera

El abogado Joaquín Mejía Rivera, doctor en derechos humanos, manifestó que durante estos 12 años Juan Orlando Hernández acumuló un poder que hizo que Honduras no solo se convirtiera en una narcodictadura sino que también en una autocracia, en donde controlaba todas las instituciones. «Esto se vio reflejado en un deterioro alarmante de la situación de derechos humanos en Honduras, existiendo dos situaciones: la impunidad estructural y corrupción generalizada, y la existencia de una justicia selectiva que actúa de manera tardía cuando se trata de violaciones a derechos humanos y favoreciendo aquellas personas que tienen vínculos con el poder político, económico y empresarial del país», dijo.

Mejía destacó el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el cual explica que durante el 2021 en Honduras «No hubo avances significativos en las investigaciones con relación a las alegaciones de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado de 2009 y en el contexto postelectoral de 2017». 

Además, la OACNUDH observó con preocupación el sobreseimiento de dos casos por muertes violentas ocurridas durante las manifestaciones contra el fraude electoral de 2017.

Una vez que el avión que transportaba a Juan Orlando Hernández salió de Honduras, el Departamento de Justicia de Estados Unidos convocó a una conferencia de prensa en Washington D.C. a las 6 p. m. (3 p. m. de Honduras), en la cual el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que el exmandatario abusó de su autoridad para convertir a Honduras en un «narcoestado», utilizó dinero del narcotráfico para financiar sus campañas electorales y para comprar votos, y traficó 500 mil kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos

El fiscal agregó que Hernández Alvarado vició instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Las acciones en contra del narcotráfico por parte del Estado de EE. UU., explica el fiscal Garland, son para desmantelar las redes de tráfico de droga que dañan al pueblo estadounidense y, además, proteger a las comunidades y al país norteamericano de delitos violentos.

Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, expuso que Juan Orlando Hernández utilizó sus poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de carteles para poder advertirles de posibles sanciones y permitir a las Fuerzas Armadas apoyar el tráfico de drogas.

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Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, aborda el helicóptero que lo transportaría a la base aérea Hernán Acosta Mejía antes de ser enviado hacía los Estados Unidos a través de un avión de la DEA. Foto CC/Jorge Cabrera

Según el analista político Josué Murillo, la extradición de Juan Orlando Hernández y la postura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han marcado un antes y un después en la historia de Honduras, en donde se ha dejado en claro que el caso de Hernández Álvarado sirve como ejemplo para el resto de liderazgos de la región. «Esto es una carta en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos y particularmente en su combate contra la corrupción, contra las redes del narcotráfico y el crimen organizado», asegura Murillo.

Josué Murillo afirma que los partidos políticos deben reformularse, renovarse y revitalizarse para que sus intenciones sean compatibles con las necesidades del pueblo. Asimismo explica que existe ahora la necesidad de rescatar el sistema de justicia que no operó contra los actos que ejecutaba Juan Orlando Hernández. «No lo investigó y tampoco lo sancionó, inclusive cuando su hermano fue sentenciado en los Estados Unidos, esto refleja la subordinación de la justicia hondureña a los intereses particulares de esa familia», manifiesta el analista político.

Murillo también menciona que en el caso del expresidente es importante señalar que no fue solamente él quien operó en actos delictivos durante todos estos años, sino que una parte de la clase empresarial, una fracción de sociedad civil y muchos líderes religiosos también fueron cómplices de alguna manera del régimen de Hernández.

Las acusaciones

Según el oficio publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el primer contacto del expresidente hondureño con el narcotráfico se remonta a aproximadamente 2005 cuando aceptó, mientras era diputado del Congreso Nacional, aproximadamente 40 mil dólares por parte del narcotraficante Victor Hugo Díaz Morales, conocido como «El Rojo». Posteriormente, se afirma que en 2009 Hernández Alvarado recibió por parte de «El Rojo» 100 mil dólares mientras postulaba su campaña para reelegirse como diputado del Congreso Nacional. Esto lo ayudaría a obtener la presidencia del Legislativo.

Entre 2004 y 2016, según el documento, «El Rojo» recibió información confidencial acerca de las actividades de oficiales y militares que podrían resultar una amenaza para su negocio con el narcotráfico. Esa información incluía datos sobre las operaciones de la Fuerza Naval hondureña, asimismo tuvo acceso a información sobre los esfuerzos de Estados Unidos para entrenar a pilotos de aeronaves militares en operaciones antinarcóticos y acerca del radar militar para que sus envíos de droga no fueran rastreados. Durante ese tiempo, Díaz Morales y «Tony» Hernandez trabajaron juntos en el transporte de aproximadamente 140 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras.

En 2009, indica la acusación, tiempo en el que el expresidente Porfirio Lobo Sosa inició su campaña para ser electo como presidente de Honduras, él junto a Juan Orlando Hernández obtuvieron alrededor de 2 millones de dólares por parte de Amilcar Alexander Ardon Soriano, más conocido como «Chande», un narcotraficante y luego alcalde proveniente de El Paraíso, departamento de Copán. A cambio de esto, Lobo Sosa y Juan Orlando Hernpandez le ofrecieron a Ardón no ser extraditado a los Estados Unidos.

En 2013, se señala que Juan Orlando Hernández aceptó 1 millón de dólares por parte de Joaquín Guzman Loera, alias «El Chapo», narcotraficante méxicano. En ese tiempo, se explica en el documento, el expresidente Hernández estaba postulando como presidente de la república y prometió continuar protegiendo las actividades del Cártel de Sinaloa en Honduras, comandado en ese entonces por Luis Valle y Miguel Valle, formando el cartel de los Valle Valle, organización con la cual estuvo en constante comunicación «Tony» Hernández y «Chande» Ardón.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ex mandatario Juan Orlando Hernández es acusado de fabricar, distribuir y poseer, con fines de distribución, cocaína hacia los Estados Unidos. Foto CC/Jorge Cabrera

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que en las elecciones de ese mismo año, oficiales de distintos centros de votación fueron sobornados para manipular los votos a favor de Juan Orlando Hernández.

Según el oficio publicado, Juan Orlando Hernández no es acusado solamente de transportar cocaína hacía los Estados Unidos sino de fabricarla y de verse interesado en acceder a uno de los narcolaboratorios que tenía en Geovanny Fuentes Ramirez cerca de un puerto en Honduras. En esta misma conversación –indica el documento– Juan Orlando Hernández le manifestó a Fuentes Ramirez que iba a «meter la droga en las narices de los gringos».

Lo anterior también fue mencionado en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez en 2021, quien en febrero de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por la importación de cocaína y a 30 años por delitos relacionados con armas. En el juicio, Ramírez Fuentes aseguró que Juan Orlando Hernández tuvo acceso a su narcolaboratorio en el departamento de Cortés y que el expresidente le entregó maletas llenas de dinero.

Lo mismo que en 2013 sucedió en 2017, cuando el exmandatario se reeligió como presidente inconstitucionalmente. Aquí Juan Orlando Hernández –inseguro de obtener los votos suficientes para ganar la presidencia– le solicitó a Ardon Soriano que financiara sus actividades de campaña electoral en los departamentos de Copán y Lempira, a cambio de obtener protección y que no fuera extraditado. Ardón accedió, y le proporcionó 1 millón y medio de dólares a Juan Orlando Hernández.

En la acusación contra Juan Orlando Hernández se menciona explícitamente que Geovanny Fuentes le entregó aproximadamente 25,000 dólares al exmandatario a cambio de que sus negocios en el narcotráfico no fueran investigados por la justicia hondureña. Además, el oficio detalla que mientras el juicio de su hermano Antonio «Tony» Hernández estaba pendiente, Juan Orlando Hernández –señalado como uno de los coconspiradores para el tráfico de droga hacía los Estados Unidos en el juicio de «Tony»– continuó reuniéndose con narcotraficantes en Honduras, entre ellos Fuentes Ramirez, con quien se reunió el 29 de mayo de 2019 en Casa Presidencial.

Al finalizar el documento, la Fiscalía de Estados Unidos solicita a Hernández que entregue todas las propiedades que hayan sido adquiridas como resultado de los delitos cometidos previamente mencionados. De ser vendidos o transferidos estos bienes, Estados Unidos podrá tomar cualquier otro bien de valor que posea el expresidente hondureño.

De ser encontrado culpable por los crímenes que se le señalan, Juan Orlando Hernández podría enfrentar tres cadenas perpetuas en una prisión estadounidense.

El papel del Gobierno actual después de la extradición de JOH

Joaquín Mejía, abogado defensor de DD. HH.hh, asegura que a Honduras le queda un gran desafío luego de la extradición de Juan Orlando Hernández, esto debido a que el expresidente solo representa la cabeza visible de una gran estructura criminal que ha convertido al país en una dictadura. 

«Luego de la extradición, la estructura criminal quedó intacta y en ella está incrustada la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, la participación de estos entes en esa estructura es el gran desafío que enfrentamos como país», indica Mejía.

Mejía señala como preocupante la asignación de recursos para las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa en el nuevo Presupuesto General de la República.

«El presupuesto otorgado para el desarrollo social por parte del Gobierno de la República ha sido muy bueno y positivo, pero no es bueno otorgar tanto dinero a las Fuerzas Armadas sin que exista un proceso de rendición de cuentas. Según el juez Kevin Castel, las FF. AA. le dieron seguridad a los narcotraficantes y permitieron el tráfico de cocaína por el territorio hondureño. Creo que es tiempo de que la sociedad hondureña exija al nuevo Gobierno un diálogo social para reflexionar sobre el papel que deben jugar las FF. AA., porque, citando al analista Víctor Meza: “Las Fuerzas Armadas son la principal pesadilla para la democracia en Honduras”», argumenta Joaquín Mejía.

Por su parte, Josué Murillo expresa que si Juan Orlando Hernández o el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, quien está en proceso de extradición, deciden confesar y brindar información en sus respectivos juicio, se develarán redes de corrupción en la empresa privada, sociedad civil, en los distintos gremios y en la institucionalidad.

«Es importante que nos mantengamos pendientes de los resultados de este juicio, ya que esto le puede dar mucha luz a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), que está próxima a instalarse en Honduras. Además, los nuevos jueces y fiscales deberán actuar a favor de nuestros intereses como pueblo hondureño», puntualiza Josué Murillo.

Texto: Sergio Ramírez
Ilustración: Candy Carvajal 

Qué es lo que pasa, pasa que lo venció su ciego empeño de conocer en persona a la cantante Shakira, no creerán esa pasión de un niño de apenas doce años que ayer nomás gateaba, irse sin un centavo en la bolsa tras un amor que le quita el sueño, solamente con la mudada que andaba puesta agarró camino solito con la finalidad, me dejó dicho en su carta, de llegar a Miami donde la cantante Shakira como si ella estuviera aguardándolo en la puerta misma de su palacio de artista, vuelvan a ver qué desmesura, querida mamá te aviso te anuncio me voy lejos no me busques que voy para donde Shakira, muy atentamente tu hijo La Mosca, sí, ése es el apodo que le decían en la escuela y él le agarró gusto, La Mosca, Las autoridades mexicanas repatriaron al menor Raymundo Mario Calderón López, quien salió de Nicaragua el año recién pasado sin autorización de su madre y sin ninguna documentación legal hacia los Estados Unidos con la intención de conocer a la renombrada cantante colombiana Shakira, qué susto el mío cuando en la mañana lo llamo, ya me estoy yo bañando y desde la caseta del baño le grito que se levante, si viera, haragán para levantarse siempre, haragán en sus tareas de la escuela, pero eso sí, veloz para poner en su boca el nombre de Shakira, dónde no lo conocían gracias a Shakira, Shakira su eterna conversación, pobres que somos, el niño dormía en una hamaquita en el mismo bajareque donde se guarda la leña, un día me lo picó un alacrán gracias a esa carencia de no tener cuarto donde meterlo, pues lo llamo como siempre para que se levante, no contesta, muchacho de porra, pienso, y luego vengo y vuelvo a gritarle, ideay, que sos acaso sordo, tenés que ir a traer la leche mientras yo me baño, agarrá la porrita, el dinero está al lado, sobre la mesa, pero algo me extrañó, mal pálpito, el corazón de una madre siempre va adelante, a esa hora en su radio de pilas ya estaba cantando siempre Shakira, bruñó y bruñó para que le comprara el tal radio, peso a peso se lo fui abonando al turco Salim, mamá mi vida no es nada sin la compañía de su voz, un niño, ay, decía yo, será normal que un niño desvaríe de esa manera por amor de mujer, por eso mismo qué extraño aquel silencio, medio mojada me puse encima la bata, me metí las chinelas, nada, la hamaquita vacía y el viento va de mecerla, el radio no estaba tampoco, Jesús, yo allí parada sin hallar qué hacer y qué veo entonces, un papel prensado con una piedra en el suelo debajo de la hamaquita, me voy lejos no me busques es en vano es mi destino me voy para donde Shakira, El niño, de once años de edad, logró atravesar la frontera de cuatro países valiéndose de distintos medios de transporte, hasta llegar a la ciudad de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, y ahí las autoridades de migración lo detuvieron y lo llevaron a un centro de atención de menores donde estuvo recluido por casi tres meses, salgo entonces como una desesperada, ni siquiera tranco la puerta, corro, para dónde correr, Virgen pura, Chicho, el de la pulpería de la esquina, uno que le vaciaron un ojo en una trifulca de gallera, me avisa que por allí pasó muy al alba cuando él estaba abriendo el negocio, qué rumbo, pregunto, el rumbo de la carretera, me dice, llevaba el radio puesto en el oído oyendo una canción de Shakira, qué novedad una canción de Shakira en su oído, digo yo para los adentros de mi alma angustiada, llego a la carretera, enfrente la estación de buses, cruzo, ya está por dicha mi comadre Susana en su puesto de venta del portón, ella ofrece pan francés con mantequilla y café negro con leche a los pasajeros que vienen y van, fíjese lo que me pasa, comadre, que no amaneció en su cama La Mosca, ah, dice ella, aquí a la estación entró tempranito, bueno, bueno, le dije, qué andás haciendo tan oscuro, algún mandado de tu mamá, no, me dijo, voy a agarrar el bus para Honduras, Honduras, le dije yo, como bromeando, y qué vas a hacer a Honduras, pues a buscar cómo agarrar otro bus que me lleve hasta Miami, ajá, entonces es largo tu viaje, sí, es largo, porque voy para donde Shakira, ah, entonces que te vaya bien, nada, locuras del muchachito, no se preocupe comadre que por allí adentro debe andar, cómo no iba a preocuparme si yo sé lo que tengo por hijo, un niño empecinado en un amor de adulto, me metí a la estación, no me entretuve, fui directo a preguntar si el bus para Honduras ya había salido, salen dos, me dijo un chequeador, uno que va para Choluteca por el rumbo de El Espino, y otro que va para Tegu por el rumbo de Las Manos y los dos ya se fueron, dígame, le dije mientras las canillas me temblaban, no vio si algún niño que andaba solo se subió en alguno de esos dos buses, claro, me dijo, La Mosca, el enamorado ardiente de Shakira, en cuál de ellos, le pregunté, el corazón golpeándome en la boca, agarró el que iba para Choluteca, y cómo es que lo montaron si no anda para el pasaje, porque el chofer que se llama Fernando también es admirador de Shakira y los dos guardan retratos de ella y están pendientes de sus canciones, qué es usted de La Mosca, señora, soy su madre, Funcionarios del Ministerio de la Familia, al conocer la situación del niño, se comunicaron con sus homólogos del Gobierno azteca a fin de concretar las debidas coordinaciones en vistas de lograr su viaje de regreso, el que tras múltiples atrasos debido a trámites consulares, se realizó ayer por la vía aérea, habiendo arribado al país en el vuelo vespertino de la línea Taca, me fui de allí directo a la policía, llamaron por teléfono a la frontera de El Espino pero el bus ya había pasado, no se preocupe madre, me dijo la mujer policía que me atendió, muy lejos no ha de llegar sin comida y sin reales y sobre todo sin papeles porque pasaporte no tiene, con qué alma pasaporte si a duras penas tenemos para llevarnos el bocado a la boca, dígame si va a presentar cargos contra ese chofer Fernando por secuestro de un menor, dice la mujer policía y al mismo tiempo ya está metiendo la hoja de papel en el carro de la máquina, yo vacilo, déjeme primero hablar con él porque el chequeador me dijo que hoy mismo en la noche está de vuelta y quién quita mi niño se arrepiente de su aventura y así como se fue vuelve en el mismo bus, como usted quiera madre, dijo la mujer policía, volví a la casa y cogiendo una escoba me puse a barrer por hacer algo, almorzar, no almorcé, el pensamiento de la comida me repugnaba, una dejadez del estómago hasta no tener ganas ni de agua, y ya desde las siete de la noche estaba yo en la estación de buses esperando al tal Fernando y fue hasta como a las nueve que apareció el bus, usted es Fernando, qué se le ofrece, dijo él, un chaparro embutido, cara picoteada, con la camisa por fuera larga como un balandrán, que se balanceaba al caminar igual a un muñeco porfiado, deme cuenta de mi hijo al que le dicen La Mosca, pues figúrese que me solicitó que lo llevara a pasear a Choluteca y puestos allá se me desapareció, hombre bandido, la cara socarrona le vi, una risita lépera que ya hubiera querido apeársela de una trompada, pues se ha equivocado si piensa que va a jugar conmigo y si no me dice la verdad vamos a arreglar esto en la policía, no me diga señora que usted me va a meter pleito como si no supiera cuánto cuesta un pleito, afrentándome con mi pobreza el muy bayunco, sólo quiero saber la verdad, le dije, ya le dije que se me desapareció en Choluteca, pues yo tengo informes de que usted también es fanático de esa mujer Shakira y cuando se ve con mi hijo sólo hablan de ella, fanático no soy pero me gusta cómo canta Shakira y así también me gusta Selena y eso no significa que alzaría mi pie para ir en peregrinación hasta su tumba, pues mi hijo va a estas horas en peregrinación a buscar a Shakira y usted es culpable, y enojada di la vuelta, pero él al final se habrá apiadado porque me alcanzó, no debería usted señora preocuparse tanto ya que si cruzó la frontera sin papeles es porque iba conmigo pero tenga seguro que de Honduras no pasa y allí va a ver que pronto se lo devuelven, El menor de once años es originario de la comunidad de San Luis de los Andes, municipio de San Juan de Limay, hijo de una maestra rural que se trasladó a Estelí cuando su marido la abandonó por otra, y como no halló plaza escolar, se gana la vida vendiendo por las calles cigarrillos, chicles y otras golosinas, dónde más iba yo a ir, volví a la policía, la oficiala me habló de un exhorto pero advirtiéndome que esos trámites tardaban, me preguntó si tenía una foto del desaparecido para ponerla en el exhorto, no, nunca se ha tomado una foto, y al decírselo me puse a llorar, ni una foto para recordarlo, entonces, madre, vaya por favor a la delegación departamental del Ministerio de la Familia, y fui, esto toma tiempo, dijeron también, hay que escribir cartas a las respectivas autoridades de todos aquellos países por donde pueda ir pasando, y al salir de allí, ya puesta en la calle, con el sol picándome en la cabeza, acaté que aunque me acabara de dolor no podía solazarme en sentarme a esperar porque quién iba a proveer mi vida, así que otra vez a la calle con mi bandeja, La licenciada Martha Emilce Castillo, delegada del Ministerio de la Familia en la ciudad de Estelí, dijo por la línea telefónica que el menor tiene antecedentes de vagancia reiterada, y que de acuerdo a la opinión que sus profesores tienen de él en la escuela donde se halla matriculado, su aplicación deja mucho que desear, y en las noches sólo me quedaba consolarme viendo las cositas que él había dejado, un trompo con su cuerda de manila, un bolero, una caja de fósforos rellena de arena que le servía de taba, botones de camisa para apostar a la taba, sus útiles escolares, los cuadernos bien forrados por mí, cada uno con su rótulo, gramática, aritmética, geografía, y qué me encuentro dentro del cuaderno de geografía, el mapa de Colombia bien dibujado con lápices de colores, tarea puesta por la maestra, pensé, pero no, una gran estrella amarilla aparecía pintada en el punto donde el mapa decía: Barranquilla, y en su letra de molde las palabras: aquí viste la luz del mundo, las cosas de este niño, de dónde toda esa imprudencia, y en el cuaderno de tareas de historia, bajo el título Gloriosa Batalla de San Jacinto y la pedrada de Andrés Castro, pegado con almidón un retrato de Shakira recortado de alguna revista, y abajo, con la misma letra: dónde estás corazón título de una canción tuya amor, en cada cuaderno nada más que Shakira, cuaderno de aritmética, el triángulo escaleno sé que olvidarte no es asunto sencillo te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo, el triángulo isósceles pero todo lo que entra ha de salir, qué lenguaje de maldades era ése, el cuadrado de la hipotenusa miénteme abofetéame al menos improvisa haz algo original que me haga odiar tu nombre para siempre, niño obstinado, cuaderno de geografía patria, los ríos de Nicaragua son a saber: debajo de tu ropa hay una historia sin fin, tan desprovista la criatura y ansiando desnudeces, Mientras estuvo en el centro de detención de menores sólo comida de restaurante le daban, según declaró en la terminal misma del aeropuerto. “No conoció a Shakira pero aquí en esta valija trae según me cuenta ropa nueva y zapatos que le obsequiaron y se engordó por lo menos”, dijo su madre, que logró costear el viaje desde Estelí para recibirlo.


Este cuento forma parte de
Antología personal. Cincuenta años de cuentos (1963-2013), Océano, 2017, y se reproduce con la autorización y gentileza de su autor.

Por Cristian Villalta*

Y no tiene que ver si algunos son más pueriles que otros, si la insulsez de un dictadorcillo centroamericano es más o menos estrafalaria que los excesos babilónicos de un caudillo petrolero. Tampoco se supedita a qué tan benévolo es el relator, de suyo una condición del alma de los novelistas y cuentistas latinoamericanos más exitosos. Es que al final, por más galones y charreteras de mariscal que José Arcadio le puso a su uniforme, por más frases en latín del Primer Magistrado y por más vaguedades acerca de los apetitos y aficiones del Señor Presidente, ni García Márquez ni Carpentier ni Asturias elevaron de su miseria moral a esas y a ninguna otra de sus aproximaciones a la figura del tirano.

Aunque la psicología del poder y sus devastadores efectos en la naturaleza humana son motivo literario desde hace milenios -el bíblico rey Saúl, Hun-Camé y Vucub-Camé del Popol Vuh o el Gunter del Cantar de los Nibelungos para más referencias- estas cavilaciones están circunscritas a los últimos 75 años de narrativa latinoamericana contemporánea sobre la dictadura.

O quizá es más preciso decir que desde Miguel Ángel Asturias y su El Señor Presidente, publicada hace siete décadas y media, hubo una profusión de trabajos sobre el autoritarismo en la región, originalmente ni siquiera como una denuncia ni como una reflexión sino como un estudio sin pretensiones sobre ese rasgo que parecía tan inherente y connatural a América Latina en aquel momento. Mientras al otro lado del Atlántico los tiranos fascistas se suicidaban en un búnker o eran apaleados en Piazzale Loreto, las repúblicas del subcontinente celebraban el triunfo de los Aliados pero no comulgaban con las reivindicaciones democráticas occidentales ni con la Declaración de los Derechos Humanos.

Para un escritor guatemalteco de los años 20, que es cuando Asturias comenzó a escribir su ópera prima, la idea de un dictador omnipresente, controlador social efectivo, con un influjo tal sobre la convivencia social que podía llevarla del horror a la simpatía en un parpadeo, no suponía mayor imaginación sino básicamente disciplina descriptiva. Es que así como la consolidación del Estado nacional llevó a algunos países sudamericanos a un predominio oligárquico blando y a ejercicios de liberalismo conservador sustentados en una democracia formal de participación restringida, en América Central este proceso devino en dictaduras no por civiles menos precoces como la del nefasto Manuel Estrada Cabrera, que gobernó Guatemala durante 22 años.

Estrada fue un adelantado: intrigó para modificar leyes, suspendió garantías constitucionales, eliminó la libertad de prensa y la libre asociación y controló los poderes legislativo y judicial, instalando en esas posiciones a peleles cuya único mérito era que le adulaban. Pero permaneció tanto tiempo en el poder -después suyo sólo Alfredo Stroessner en Paraguay y Fidel Castro en Cuba detentaron gobierno más tiempo que él- que su permanencia en la silla fue la condición cuasinatural para dos generaciones de guatemaltecos. No importaba cuándo ni dónde, si naciste durante las primeras dos décadas del siglo XX, él ya estaba ahí.

Así como Asturias escribió sobre la pesadilla, más preocupado por los hombres y mujeres que la padecen que sobre el camino que llevó a una nación hasta ese horror, treinta años después los genios del boom latinoamericano se referirán al oprobio autoritario empecinados en subrayar que el poder omnívoro y totalitario lleva asociada una decadencia y en hacerlo como una reflexión universal, desinteresados en recrear cómo las repúblicas se transforman en esperpento.

Por eso aunque se trate del déspota ilustrado de Carpentier en El recurso del método, del general de pistola en mano y fusta caliente como el despiadado Chivo de Vargas Llosa, de dictadores tan a secas como el de Yo, el Supremo de Roa Bastos o «el Macho» de El Otoño del Patriarca, o incluso del cacique de Comala de Juan Rulfo, las líneas que explican cómo la comunidad llegó hasta ese derrotero y esa derrota son pocas o ninguna. Es que la transición del predominio oligárquico a dictaduras que de venales pasaron a represivas y homicidas fue acelerada en la medida que las masas obrera y campesina comenzaron a adquirir más conciencia política. La primavera de los dictadores fue tal que simultáneamente, en los 50, Nicaragua tuvo a Somoza, Dominicana a Trujillo, Cuba a Batista, Paraguay a Stroessner y Colombia a Rojas Pinilla. Antes de que Estados Unidos entrenara al primero de sus estudiantes en la Escuela de las Américas, la democracia ya enfrentaba terreno hostil para florecer en el subcontinente.

Por lo mismo, ese tránsito político no era motivo de interés literario, porque no hubo una sensación de agravio sino más bien de agravamiento.

La precarización de garantías y derechos ciudadanos que se aceleró con el anticomunismo sesentero y llevó a los sistemas políticos continentales hacia 1977 a una relación de 16-4 entre regímenes autoritarios y democráticos (y eso incluyendo a México entre los segundos por pura indecencia metodológica) equivalió a subir la grada siguiente en la tensión entre Estado y poder económico con las masas trabajadoras. En ese trayecto, sólo un sector burgués de la sociedad latinoamericana tuvo una sensación de pérdida, capas medias que gozaron de la concentración del ingreso pero que luego vieron amenazada su estabilidad por las exacerbadas contradicciones sociales y la radicalización política.

Los personajes de esa época, López Arellano, Bánzer, Torrijos, Pinochet, Videla, Arturo Molina o Carlos Romero, ya no fueron ficcionables. Del horror de esos años sólo se nutrieron los documentalistas y los investigadores forenses mucho tiempo después, cuando el final de la pesadilla y un incierto florecimiento democrático visitaron la región. Y a la vista de los pétalos que emergieron de entre las cenizas de esos órdenes criminales, se creyó con justa razón que la semilla de los dictadores había finalmente muerto, que el autoritarismo ya no sería ni epidémico ni endémico, que con la libertad de la conciencia política esas visiones despóticas quedaban condenadas por anacronismo y desafuero.

No era el triunfo de la utopía, en muchos estados latinoamericanos lo que ocurrió en el último cuarto de siglo fue que la hegemonía de las élites se impuso de tal modo que contó a la vez con consenso para gobernar, legitimidad para desarrollar sus proyectos y con la participación electoral como una sofisticación narrativa. Pero eso no desmerita el valor práctico de la democracia política, aún cuando sean muy pocos los casos en que los consensos fundacionales de la ciudadanía hayan dominado la agenda mayoritaria. Lamentablemente, duró poco.

La regresión autoritaria ha sido oprobiosa, más insidiosa que la nueva ola populista, y con pasaporte centroamericano desde Huehuetenango hasta el final del cauce del río San Juan. Y aunque a fuerza de la penetración de sus discursos, nunca sesudos pero lo suficientemente primitivos para repicar en las conciencias más sencillas por repetición, vena y agotamiento, los Giammattei, Bukele, Ortegas y Juanes Orlandos se han hecho ver muy lejos de sus fronteras, el cultivo a su personalidad cabe como hábito propagandístico pero no como ejercicio literario ni contenido de reflexión.

A diferencia del ciclo centenario que llevó de la fundación de la identidad nacional al republicanismo y de ahí a la represión y terrorismo de Estado a muchos países latinoamericanos, lo que ocurre con estos regímenes del istmo no es sistémico sino efecto de la operación de fuerzas de otro calado, desnaturalizando cualquier lógica histórica.

En un principio, pareció que el ascenso de figuras antisistema y antipolítica era consecuencia de la erosión de la partidocracia tradicional, de la incapacidad estatal para satisfacer los estadios mínimos de desarrollo, especialmente en el Triángulo Norte. Sin embargo, en cada caso la velocidad con que se arremetió contra la capacidad social y gubernamental de fiscalización reveló que la agenda de esas iniciativas no era ni democrática ni contestaria. Lo que se aprecia es una reconfección del poder al estilo autoritario, bajo una fachada ideológica tan ecléctica como chapucera, y una gestión del aparato del Estado para vaciar las estructuras de corrupción, preservarlas, blindarlas y llenarlas con otro contenido.

Por eso, aunque ellos clamen por evangelistas prepago que cuenten su historia y se resignan a que sólo el periodismo les garantice alguna posteridad incluso cuando les acusa de corrupción y narcotráfico, estos personajes son una anécdota. El interés de ciertos actores internacionales en desmontar la institucionalidad en estos países, corromper a los policías, transformar a la milicia en brazo armado de una facción y castrar al ministerio público sólo necesitaba de un medio, entre más legítimo mejor. Y si te tocó en un sorteo, ciertamente la historia está en otra parte.

Los nuevos tiranos no caben en la ficción; si la región goza de alguna fortuna, alguno de ellos figurará como inspiración pero de género policial. Porque aunque según el Primer Magistrado de Carpentier “la guerra es al hombre lo que el parto a la mujer”, “para que haya guerra, es preciso saber dónde están los enemigos” y los tiranos latinos de la nueva ola, centroamericanos básicamente, mantienen su trinchera en los campos de la propaganda, donde no hay gloria que perdure.


*Periodista de La Prensa Gráfica.

*Este artículo forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional , una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos (Nombre del medio).

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) realizaron por primera vez desde 2004 elecciones para escoger a sus representantes ante los diferentes organismos que gobiernan la universidad. Sin embargo, aunque existe un clima de optimismo tanto entre la comunidad estudiantil como entre las autoridades, los conflictos que llevaron a la alma mater a una crisis de gobernabilidad aún están lejos de resolverse.

 

Texto: Daniel Fonseca
Fotografías: Fernando Destephen

Luego de 18 años, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó el 6 de abril de 2022 unas elecciones que tanto los sectores estudiantiles como las autoridades universitarias consideran exitosas. Los estudiantes electos para el gobierno universitario y el autogobierno tendrán la responsabilidad de representar a 81 mil alumnos de todo el país que, en gran medida, consideran que sus necesidades no han sido escuchadas por las autoridades, mismas autoridades que han sido señaladas por criminalizar estudiantes y mantenerse en sus cargos por más tiempo del que estipula la ley. 

Las elecciones —realizadas de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19— contaron con la participación de 31,803 estudiantes; es decir, el 39.11 % de la comunidad universitaria, según informó la Junta Electoral Nacional (JEN). Aún no hay resultados oficiales sobre los candidatos electos a nivel nacional. Sin embargo, los resultados preliminares de los comicios ya han sido publicados tanto a nivel de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH) como de los representantes ante el Consejo Universitario obtenidos solo en Ciudad Universitaria. La declaratoria final de las elecciones será leída públicamente 15 días hábiles después de concluido el proceso electoral.

La FEUH, que es el organismo más importante del autogobierno estudiantil, será presidido por Luis Sandoval, estudiante de economía y candidato por la Gran Alianza Nacional Estudiantil (GANE). El comité ejecutivo de la FEUH estará compuesto por cinco integrantes del movimiento Poder Estudiantil (PODES), dos representantes del Movimiento Universitario Soberanista Unificador (MUSU) y un representante de Generación Unida por la Democracia (GUD).

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Las elecciones estudiantiles de la UNAH fueron realizadas de manera virtual debido a que la mayoría de estudiantes aún no se presenta de manera presencial a clases. Según la Junta Electoral Nacional estos comicios tuvieron una afluencia de 31,803 votantes. FotoCC/ Fernando Destephen

El historial de confrontaciones en las elecciones estudiantiles

En los últimos años la máxima casa de estudios se ha encontrado en constantes crisis de gobernabilidad debido a la falta de representación estudiantil en los órganos del gobierno universitario. Luego de que el Congreso Nacional reformara la Ley Orgánica de la UNAH en 2004, el Consejo Universitario, la máxima autoridad de esta institución, pasó de un modelo bipartito, –regido por docentes y autoridades– a uno tripartito, en el que los estudiantes tendrían una representación en igualdadal del resto de los integrantes.

En 2012 hubo un intento de elecciones que no se logró concretar. «La gente del FUUD (Frente Unido Universitario Democrático), que ha estado ligado siempre con el Partido Nacional, se robó las urnas y no hubo proceso electoral» relata el presidente electo de la FEUH, Luis Sandoval. Más tarde, la entonces rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, nombró a representantes estudiantiles frente al Consejo Universitario sin haber sido electos por la comunidad estudiantil. Entre estos estudiantes se encontraba el actual ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), José Carlos Cardona. Este Consejo Universitario promovió las reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma, permitiendo la reelección de Castellanos y desatadando un conflicto que terminó en la criminalización de decenas de estudiantes tras protestas en las instalaciones universitarias. 

Para el rector de la UNAH, el doctor Francisco Herrera, dichas confrontaciones son la causa del vacío de autoridad en el gobierno universitario, lo que permitió que las actuales autoridades fueran puestas en sus cargos de forma interina desde 2017. «Las elecciones se convertían en batallas campales. (Los estudiantes) no eran capaces de poder llegar a tener elecciones que les permitieran llegar a los organismos del gobierno universitario, esa fue la génesis por la cual luego hubo ese vacío dentro de las autoridades universitarias», expresa.

Esta crisis desembocó en toma de edificios de la universidad por parte de movimientos estudiantiles, la cancelación de dos periodos académicos, la criminalización de las protestas estudiantiles y, finalmente, el ingreso de agentes de la Policía Militar al campus de Ciudad Universitaria en donde abrieron fuego contra el alumnado en junio de 2019.

Las elecciones estudiantiles de 2022 se realizan de forma virtual y pacífica

A pesar de este historial de conflicto y violencia, las elecciones de 2022 se desarrollaron en un ambiente pacífico, tanto entre los diversos movimientos estudiantiles como con las autoridades, que aseguran que el éxito del proceso electoral es gracias a los estudiantes. 

Scarlet Zoé Hernández, candidata a la Secretaría de Relaciones para la Asociación de Estudiantes de Derecho, explica que estas elecciones estudiantiles fueron realizadas virtualmente a través de una plataforma de votaciones gestionada por la Universidad Nacional Autónoma de México; por lo que existía un alto nivel de confianza en que los resultados no iban a ser alterados.

Además, los movimientos —GANE, PODES, GUD y MUSU— abogaron por una campaña de política limpia y coincidían en temas de importancia para los estudiantes, como ser la descentralización de los procesos académicos y la atención a los Centros Regionales, históricamente olvidados por las autoridades universitarias. «La lucha estudiantil por la representación ha sido multigeneracional y lo sigue siendo. Aunque hay diferentes alianzas, creo que todos estamos conscientes de que se necesita un cambio», expresa Hernández.

Por su parte, el doctor Herrera opina que hubo un cambio en la mentalidad de los estudiantes, quienes dejaron de interesarse por participar en las elecciones como una forma de acceder al poder, y lo tomaron más bien como la oportunidad de autoorganizarse en los espacios estudiantiles. «Si retrocedemos en el tiempo, las elecciones estudiantiles despertaban interés, pero un interés completamente diferente a este. Eran una pugna por el poder de una forma bastante confrontativa en la cual prácticamente todos los frentes combatían de forma abierta». 

Elecciones en la UNAH impactan a todo el país

En los comicios de la UNAH se escogen a los representantes estudiantiles frente al autogobierno universitario, que determina la forma en que los estudiantes se organizan autónomamente a nivel de facultad, centro regional y de todo el país.s Además, también se escogen a los actores estudiantiles que serán miembros del Consejo Universitario.

El Consejo Universitario es la máxima autoridad dentro de la UNAH, conformado de forma tripartita entre estudiantes, autoridades y docentes. Dentro de las funciones del Consejo Universitario se encuentra el nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad, presidida por la rectoría y que se encarga de aprobar, reformar y derogar las distintas normativas que rigen la UNAH . 

El rector o rectora electa por el Consejo Universitario tendrá la responsabilidad de convocar a todos los rectores de las universidades del país que poseen Facultad de Ciencias Jurídicas para elegir a la Junta Nominadora de candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). «Cuando sea el momento de la elección de la CSJ, la Universidad participará con la mayor responsabilidad para poder realmente elegir a los miembros de esa Corte por criterios de capacidad y honradez, no por criterios políticos», asegura el rector interino Francisco Herrera.

De esta manera, la representación de los estudiantes dentro del gobierno de la Universidad podría determinar el futuro de la máxima casa de estudios e influenciar importantes decisiones políticas en el país.

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La Universidad Nacional de México brindó asistencia técnica para que la comunidad universitaria ejerciera el sufragio a través de la plataforma electoral de la universidad mexicana. El Frente Nacional para Elecciones Limpias (Frenael), observador nacional de las elecciones estudiantiles, reportó que el 84.4 % de los estudiantes encuestados se mostraron satisfechos con el proceso. FotoCC/ Fernando Destephen

Postura de la UNAH ante temas de relevancia nacional

Por su parte, la rectoría es responsable de participar en comisiones educativas del Congreso Nacional para asistir al Legislativo en la toma de decisiones respecto al desarrollo académico del país. En este escenario, uno de los temas que se han discutido tanto dentro del Congreso Nacional como en la UNAH es la derogación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), un examen de admisión para determinar si los postulantes cuentan con los conocimientos básicos en lógica matemática y lenguaje que requieren estudiar una carrera universitaria.

Rasél Tomé, diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) , catalogó de «excluyente» la PAA; opinión que diversos sectores estudiantiles comparten. Susan Dubón, candidata a la presidencia de la FEUH por PODES, asegura que su propósito es «replantear el quehacer universitario y encaminar la enseñanza superior a una academia que se aleje a las formas de discriminación. Lo que pretendemos es que la PAA ya no sea un examen de admisión que determine en entrar o no la Universidad, sino que te den otras opciones». Sin embargo, el rector interino Francisco Herrera expresa que no van a permitir que el Congreso Nacional derogue la PAA y que esa es una conversación que se tendrá a nivel interno de la Universidad.

Según datos publicados por la UNAH, de las 500 mil pruebas que se han realizado en los últimos 15 años, solamente el 2.5 % de los postulantes no ha sido capaz de aprobar el examen en alguno de los tres intentos. Áyax Irías, vicerrector de asuntos académicos de la UNAH, opina que los beneficios que la PAA aporta a la calidad educativa de esta institución supera a los problemas que pudiese generar. «No queremos volver a como estaba la universidad antes de 2005. Sería terrible para la Universidad volver a tener un 47 % de índice académico global, estábamos aplazados como institución», dice.

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un papel importante al momento de apoyar o criticar las decisiones tomadas por los poderes del Estado que afectan al país. Por ejemplo, en julio de 2021 la UNAH interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 34 del Decreto Legislativo No. 120-2013, contentivo de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), con efectos derogatorios.

Además, el rector interino Francisco Herrera criticó la crisis legislativa que se dio en el Congreso Nacional ante la formación de dos Juntas Directivas paralelas, una presidida por Luis Redondo y otra por Jorge Calix, ambas directivas con vicios de origen que, según expertos, le restan legitimidad. «A la vista está que en algún momento alguien pueda venir a impugnar las decisiones que el Congreso está tomando por no haber tenido el procedimiento correcto. Esto ocurrió por una falta de diálogo, por una falta de madurez de nuestros políticos», comentó el rector.

De la misma manera, la «Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de Derecho y para que los Hechos no se repitan», contenida en decreto 04-2022, ha sido objeto de críticas al ser considerada un «acto de impunidad» que blinda a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) de enfrentar consecuencias penales por delitos contra la administración pública. El rector de la UNAH considera que «Este tipo de amnistías no contribuye en nada a la credibilidad que el Gobierno entrante puede tener y darle confianza a la población de que va a tomar decisiones que realmente guíen al país en una dirección correcta. Estamos en contra de ese tipo de leyes que generan impunidad».

Sin embargo, los defensores de esta ley aseguran que existe para proteger los derechos de estudiantes criminalizados, defensores del medioambiente y presos políticos. El diputado del partido de gobierno Gilberto Ríos aseguró que la amnistía beneficiaría a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 oponentes políticos.

Aunque aún no hay datos oficiales sobre el número de activistas, defensores del medioambiente y presos políticos que han sido beneficiados por la amnistía, este recurso ha sido utilizado para extinguir procesos penales contra estudiantes criminalizados. Entre ellos destaca el caso de Eduardo Urbina, acusado de incendio agravado, uso de armas de guerra y atentado en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) presentó ante la fiscalía pruebas de que el estudiante no se encontraba en el país cuando los supuestos delitos fueron cometidos, sin embargo, las pruebas no fueron aceptadas. Gracias al decreto de amnistía, Urbina recibió sobreseimiento definitivo del Juzgado de Letras de lo Penal. Al menos otros cinco estudiantes criminalizados por protestar esperan ser beneficiados por esta ley.

Entre los exfuncionarios del Gobierno de Zelaya que se han beneficiado se encuentran Marcelo Chimirri —sobrino de la presidenta hondureña Xiomara Castro—, Enrique Flores Lanza y el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, prófugo desde 2017 y acusado de malversación de fondos públicos, delito que presuntamente cometió antes del golpe de Estado. 

Debido a la importancia de la UNAH en diversos temas de relevancia para el país, las elecciones estudiantiles han sido, hasta ahora, muy controvertidas. A pesar de que los comicios de este 6 de abril se desarrollaron de forma pacífica y democrática según los actores involucrados, los temas pendientes en la Universidad siguen siendo muchos y todavía no está claro si las autoridades podrán resolverlos todos. Luego de casi dos décadas sin representación estudiantil, los nuevos integrantes del gobierno universitario tendrán la responsabilidad de tomar decisiones que afectan no solo la vida académica de 81 mil estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino también el destino político y social de todo el país.

Nuevas Ideas está por cumplir un año al frente del Legislativo, diseñado para darle a Nayib Bukele todo lo que este pide, constitucional o no. Pero no siempre fue el partido del presidente: fue creado por la diáspora en Estados Unidos para incidir en la política de El Salvador. La Prensa Gráfica y la Redacción Regional reconstruyen cómo miembros fundadores le ofrecieron a Bukele un vehículo para llegar a la presidencia y acabaron expulsados de su partido por Nayib y su círculo cercano.

 

Créditos: Carmen Rodríguez y Jaime Quintanilla | Ilustración: @donmarcial

Nayib Bukele tenía algunos días de haber sido expulsado del FMLN cuando recibió a un empresario salvadoreño radicado en Washington, D. C. que quería hacerle una propuesta electoral. Luis Reyes voló hacia su país de origen en octubre de 2017 porque leía señales inequívocas de que había llegado el momento que por años habían estado esperando él y algunos grupos de compatriotas organizados en Estados Unidos. La expulsión del partido de izquierdas del joven alcalde capitalino — y su inmediata declaración de independencia a través de un tuit— abría camino para la construcción de un vehículo que la diáspora venía diseñando para tener voz y voto en las decisiones trascendentales de El Salvador. Reyes llegó hasta la casa de Nayib Bukele con las bases del partido Nuevas Ideas bajo el brazo.

“Desde la diáspora te queremos ayudar a crear un partido de la diáspora”, le dijo Reyes, y le explicó que, tras varios meses de intercambios sobre el presente desalentador del país y sobre el incierto futuro, estaban dispuestos a prestarle su proyecto partidario para que le sirviera como vehículo hacia la presidencia de la República.

Durante ocho meses, La Prensa Gráfica y la Redacción Regional reconstruyeron la historia detrás del verdadero origen de Nuevas Ideas, el partido que hoy controla el poder Legislativo. Los testimonios de una treintena de fuentes que participaron en su génesis, y la revisión de documentos oficiales inscritos en Estados Unidos y El Salvador, correos, mensajes de texto y documentos contables confirman que fueron migrantes salvadoreños los impulsores del partido que terminó en manos de Bukele, su familia y amigos.

“Queremos que seas el candidato de la diáspora. La gente está entusiasmada”, añadió Reyes en aquella reunión. Faltaban solo 15 meses para la elección presidencial de 2019 y había que apurarse.

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Luego de empaparse del plan de la diáspora, Bukele tomó el teléfono y marcó a dos políticos formados en el partido de derechas, Arena, para que le ayudaran con esta pregunta: ¿cuánto dinero podría requerir crear un nuevo partido político e inscribirlo y que le permitiera competir en 2019?

Uno de los convocados era un conocido en común. Su nombre es Walter Araujo, discípulo del fundador de Arena, el mayor Roberto d’Aubuisson. A inicios de siglo llegó a presidir el partido y en su última etapa dirigió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en nombre de Arena, tras el triunfo electoral del último presidente tricolor, Antonio Saca, en 2004. Para finales de 2017, presuntamente jubilado de la política, Araujo sorteaba los dardos que le enviaban sus detractores, quienes le señalaban de ser “asesor” de Nayib. “No soy asesor, no soy organizador, soy un salvadoreño que públicamente llevo dos años cantándoles lo que se venía y no entendieron; dos años de brindarle apoyo a un alcalde que ha hecho cosas importantísimas en la transformación (de San Salvador)”, se defendió en la transmisión número 18 del programa ‘Toda la verdad’ que promueve en Youtube. En aquella transmisión, subida a la red el 17 de octubre, Araujo agradeció a un amigo por un apoyo puntual: “Mis queridos amigos, aquí con este live streaming de transmisión nuevo, esta cámara muy buena que nos ha colaborado Luis Reyes…”.

Walter no llegó solo a la casa del alcalde. Lo acompañaba su hermano, Carlos, con quien todavía mantenía cercanías y, de hecho, era un invitado regular en los inicios de ‘Toda la verdad’. Sin producción, los hermanos le hablaban a una cámara y acercaban papeles con gráficas estadísticas a un lente que perdía enfoque mientras ellos comentaban la política nacional. Eran inseparables. Durante años Carlos fue pieza clave de Arena en la Junta de Vigilancia Electoral, al punto que cuando su hermano Walter llegó a presidir al Tribunal, en 2004, entre los magistrados bromeaban que el TSE era controlado por la “dinastía Araujo”. Pero el acercamiento total de Walter con Nayib y el alejamiento de Carlos hacia Arena los distanció.

Ante la pregunta de Nayib, los hermanos respondieron que para hacer un partido como el que se proponía se necesitaban unos 250 mil dólares. Luis Reyes hizo cálculos rápidos en su mente y pensó que si 100 personas de la diáspora aportaban cada una 2,500 dólares, tendrían la solución. El empresario restaurantero volvió a la capital estadounidense con la propuesta de juntar el capital semilla para el nacimiento del nuevo partido. Un partido propio, controlado por la comunidad y al que invitarían a otros a subirse. El primer invitado, entonces, sería Bukele. Nunca cruzó por su mente que los primeros en ser bajados de él serían los fundadores.

Un contacto en Lauriol Plaza

Cuando Reyes visitó a Bukele, el encuentro era seguimiento de una reunión que habían tenido dos meses antes, el 9 de septiembre de 2017, en el Lauriol Plaza, el restaurante de Washington, D. C. que el empresario fundó en 1983, apenas cinco años después de llegar a Estados Unidos como indocumentado.

Hizo de todo para triunfar Luis Reyes, en una clásica historia de superación en la que de lavar platos en un ‘steakhouse’ escaló puestos hasta que logró asociarse, invertir, ganar. Su trayectoria es reconocida en la capital estadounidense, y él se jacta de que el Lauriol sea un punto de encuentro para la clase política nacional, pero también estadounidense. En un perfil publicado en la revista Inc., se reseña que entre sus comensales están la expareja presidencial Laura y George Bush, pero también Al Gore y Michelle Obama… El 14 de febrero de 2019, 11 días después del triunfo presidencial de Bukele, Reyes fue homenajeado con el Premio Frederick Douglass que se entrega a ‘líderes’ destacados en el marco del bicentenario en honor a al líder antiesclavitud. En la gala también fueron honrados Barack Obama, Oprah Winfrey, Noam Chomsky y Alexandra Ocasio-Cortez, entre otros.

Para la clase política salvadoreña de los últimos 20 años, el Lauriol Plaza es una parada obligatoria para acercarse a un empresario con contactos, capacidad de movilización y de obtención de recursos. El mismo Reyes ya ha confirmado que sirvió de enlace para la campaña presidencial de Arena (la de Tony Saca, en 2003); para la de Mauricio Funes (2008) y para la de Salvador Sánchez Cerén (2013). Es con el FMLN, de hecho, con el partido que más simpatizaba hasta que apareció Nayib.

Su peso como interlocutor para mediar entre partidos, políticos en campaña y la diáspora es reconocida incluso por el expresidente Funes, hoy con asilo político en Nicaragua mientras en El Salvador se le persigue por delitos de corrupción, entre estos el desvío de más de $351 millones de su presidencia.

“En varias visitas que hice como candidato a Washington le vi, me reuní con él y hasta cenaba en su restaurante. Tenía cierto liderazgo entre la diáspora. De hecho, en su restaurante se organizaron varias reuniones cuando fui candidato presidencial, y conocía a varios de los que integraron el Movimiento Amigos de Mauricio en Washington”, cuenta Funes, haciendo alusión al movimiento cívico político que impulsó su candidatura.

El Lauriol Plaza era un paso imprescindible para Bukele. Lo supo desde septiembre de 2016, cuando conoció a Reyes. Para entonces, el empresario ya estaba encantado con el slogan del “Team Nayib” que le presentaron emisarios del alcalde. Justo un año después, invitó a Nayib a compartir con él y los suyos en su restaurante.

Aquel 9 de septiembre de 2017, reunido con un puñado compatriotas preocupados por el rumbo del país, el alcalde confirmó la enorme simpatía que levantaba entre sus anfitriones, que desde febrero de 2017 ya hablaban de impulsar su candidatura en el FMLN. Pero Nayib en ese encuentro estaba inquieto por un proceso disciplinario que derivaría en su expulsión justo un mes después. Por otro lado, se enteraba de que en la capital estadounidense y en Nueva Jersey, entre sus anfitriones había quienes se autodenominaban como el movimiento ciudadano ‘Nuevas Ideas USA’, en alusión al nombre con el que Bukele había bautizado su plan de gobierno municipal 2015-2018. Otros grupos querían llamar al partido ‘Buenas Ideas’ o ‘Nueva Nación’ o ‘Nuestra Nación’. No se decidían.

Después de esta reunión en el restaurante, todo se precipitó: en una semana, el grupo organizado en Washington, D. C. con miembros de Virginia y Maryland, alarmados por la posibilidad de que el FMLN se deshiciera de Bukele, consensuaron unificarse y dar vida a un solo proyecto con un propósito partidario.

Luego se sumaron más salvadoreñas y salvadoreños de la diáspora de otras ciudades de la unión americana como Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York y Nueva Jersey; y se pusieron a cruzar las palabras “Nueva”, “Nación”, “Buenas” e “Ideas”. Según algunos, ante la sugerencia “del propio Nayib” se decantaron por Nuevas Ideas para aglutinar en público, aunque la organización madre inscrita ante un registro federal por sus padres y madres en Estados Unidos se quedaría con uno de los nombres iniciales: ‘Buenas Ideas USA-NY, INC’.

Salvar a un náufrago

La expulsión de Bukele se concretó el 10 de octubre siguiente, cuando el partido hizo el anuncio. En los días previos, Nuevas Ideas USA publicó una carta abierta a la dirección efemelenista en la que le advertía que castigar al alcalde desterrándolo sería “un error histórico”. El movimiento reconocía que el partido y el Gobierno no habían hecho todo bien, y que Bukele se había excedido en algunas de sus críticas, pero les pedía recapacitar, por el bien del país. Luis Reyes también había enviado una carta al presidente Sánchez Cerén para pedirle que intercediera y buscara la conciliación, porque de no hacerlo, se arriesgaba todos los avances que, según él, había experimentado El Salvador en los últimos años. Eso sí, Nuevas Ideas USA y Reyes coincidían en que, si les forzaban a decidirse por alguna de las partes en pugna, no dudarían en darle la espalda al FMLN.

Cuando se oficializó la expulsión, la versión más extendida sobre la causa fue una supuesta agresión de Bukele contra la síndica de la alcaldía capitalina, Xochitl Marchelli. Ella denunciaba que en medio de discrepancias en el concejo municipal por la legalidad de algunas decisiones del alcalde, este había perdido el control, le había llamado bruja y le había lanzado una manzana. Sin embargo, las causas se habían originado tiempo atrás, cuando en la cúpula se plantó la perturbadora idea de que quizás había una incompatibilidad irreparable con Nayib.

Un juego a dos bandas


Hoy, en el FMLN dicen tener claro que Bukele calculó todo. Que premeditó usar al partido como una escalera porque ya desde 2013 se dedicaba a criticar en público al Gobierno y a la organización mientras él se pintaba como la encarnación del cambio.

El 9 de febrero de 2013, Bukele lanzó una de las primeras críticas abiertas al FMLN y a su bancada legislativa. El Frente estaba intentando quitarle fuerza a la Ley de Acceso a la Información Pública, algo que a la postre el mismo concretaría en 2021 ya como presidente. “¿Por qué ahora nos echamos para atrás? ¿Acaso ya no creemos en la transparencia? ¿Por qué le damos armas a Arena?”, cuestionó el alcalde.

Tres meses más tarde, invitado a dar una charla motivacional al Centro Universitario de Oriente, en San Miguel, bosquejó un anhelo de que El Salvador llegara un día a ser gobernado por un populista. El video de aquel encuentro todavía sobrevive en internet. “¿Ustedes quisieran un presidente populista?”, preguntó a los centenares de jóvenes que le escuchaban. La respuesta masiva fue un profundo silencio. “¿Nadie?”, insistió Bukele, contrariado. “Pues yo sí», añadió. Y luego se explicó: según dijo, cuando iba de camino a la universidad, había tomado el Diccionario Larousse y buscó la palabra populismo y encontró esta definición. “Es la doctrina política que profesa la defensa de los intereses del pueblo”. Así que él adoptaba esa acepción e invitó a los estudiantes a hacer un esfuerzo por cambiar sus paradigmas y tratar de superar todas aquellas ideas equivocadas que el sistema les había vendido para garantizar, precisamente, que las cosas no cambien. En medio de su charla no perdió oportunidad de aclarar que no le gustaba del todo el primer gobierno del FMLN, aunque no precisó qué objetaba.

Más tarde, en octubre, llegó a acusar de corrupción en público al entonces presidente de la Administración Nacional de Acueductos (ANDA), Marco Fortín, por un supuesto mal manejo en un proyecto de agua que impedía acceso al recurso a comunidades de su pequeño municipio.

“DENUNCIA PÚBLICA: Marco Fortín, Presidente de @anda_sv, ha malversado parte de los $9 millones de dólares del proyecto FIHIDRO”, tuiteó el 16 de octubre ese año y agregó: “Marco Fortín, de @anda_sv, también malversó $200,000 asignados por la Asamblea para la construcción del sistema de aguas negras en NC (Nuevo Cuscatlán)”.

La confrontación tocó al partido y a la Presidencia Funes. Bukele declaró a su biógrafo y asesor, el escritor Giovanni Galeas, que dirigentes le habían solicitado desistir, señalando que Fortín respondía a Funes y no al FMLN. El expresidente, sobre este incidente, dice desconocer si el partido intervino, pero acepta que él se reunió con Fortín a petición de parte. “Marcos sí me solicitó una reunión para tratar este tema, pues le parecía que era una acusación sin fundamento y que quería ver si procedía legalmente. Le dije: ‘Esa es decisión tuya’”, dice Funes. “Nunca me reuní con él (Bukele) para tratar este tema. Nunca me solicitó audiencia. Cómo se resolvió este tema, lo desconozco”, añade.

Aquella denuncia y una posible demanda se silenciaron, pero vinieron más: Bukele criticó una de las obras insignia del FMLN: el Sitramss, y después criticó la postura tibia del partido ante las denuncias de corrupción del entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes.

En retrospectiva, altos mandos en el FMLN concluyen ahora que el proyecto personalista de Bukele comenzó desde cuando el partido lo reclutó para la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, arropado de la influencia de su padre, Armando Bukele, un antiguo amigo de dirigentes del partido y especialmente de Schafik Jorge Hándal. Según algunos excomandantes y confirmado por el mismo Bukele, fue el dirigente Roberto Lorenzana quien se reunió con él para que ingresara y se postulara como candidato a alcalde. Tras ganar la comuna, en la presentación de su equipo de transición, a la derecha de Nayib se sentó Lorenzana; a su izquierda, José Luis Merino, uno de los hombres más poderosos del FMLN.

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Cuando Bukele ganó sus primeros comicios, en su equipo de transición figuraron dos pesos fuertes del FMLN: Roberto Lorenzan (a su derecha) y José Luis Merino (izquierda). También estuvieron el hoy presidente del congreso Ernesto Castro, su hermano Karim y sus primos Francisco y Xavier Zablah Bukele. Este último (cuarto de izquierda a derecha) es el actual presidente de Nuevas Ideas

Merino es un excomandante del PC y cabeza de las empresas Alba Petróleos de El Salvador, una compañía investigada por lavado de dinero. Según investigaciones de los medios El Faro y Factum, Merino fue clave para que una empresa respaldada por Bukele fundara un canal de televisión en 2012, con una inyección de $467 mil provenientes de la sociedad Inverval, una de las principales empresas fondeadas por Alba. Casi al mismo tiempo, y mientras gestionaba permisos para desarrollar proyectos urbanísticos en Nuevo Cuscatlán, Inverval prestó $1.9 millones a Bukele. Entre 2013 y 2015, la sociedad también inyectó $11 millones a la compañía Las Vistas, que construyó 38 casas en la residencial Garden Hills del municipio, según reveló LA PRENSA GRÁFICA en 2017.

Desde sus inicios en Nuevo Cuscatlán, Bukele tuvo claro que crear una estructura paralela al partido con personas de su confianza era clave para su carrera. “Él jamás se apoyó en las estructuras del Frente, nunca, sino que siempre creó su propio equipos de trabajo de manera paralela, creó su propio comando de campaña, gestionó su propio recurso, el padre lo apoyó con recursos”, recuerda Eugenio Chicas, exdirigente efemelenista.

En vez de usar el rojo del FMLN, adoptó el cian; en lugar de apoyarse en el partido, tomó decisiones inconsultas; en lugar de dirimir las diferencias en privado, las aireaba en redes sociales. Hasta los enlaces del FMLN en La Libertad comenzaron a reclamarle a la dirigencia su actitud, pero no hicieron caso. La popularidad del joven alcalde fue más importante.

A pesar de los desencuentros reiterados, el FMLN volvió a apostar por él en 2015 para la Alcaldía de San Salvador. “El partido cayó en una visión electorera, no electoral, de ganar por ganar. Lo que predominó fue que con Bukele le quitábamos la alcaldía de San Salvador a Arena”, dice Chicas. Él y otras personas de la Comisión Política (CP) advertían que con Bukele no sería el partido el que gobernaría la capital, pero al final Medardo González, como secretario general, terminó decantándose por el grupo que veía en Nayib el caballo ganador. Años más tarde, el propio González ha reconocido que fue un error potenciarlo tanto.

Pero en 2015 Bukele terminó ganando por con un margen ajustado, y usando sus colores y haciendo campaña a su modo. El trabajo territorial lo hizo, en alguna medida, su propio equipo proselitista, el Team Nayib.

Durante su primer año en San Salvador, continuó con los choques con su partido, pero el discurso que más encendería las alarmas no ocurrió en El Salvador, sino en EUA.

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Bukele y su esposa en el Festival Salvadoreñísimo realizado en septiembre de 2016.

Desconfianza total

La ciudad de Gaithersburg dio las llaves de la ciudad a Nayib el 11 de septiembre de 2016, gracias a las gestiones que hicieron miembros de la diáspora. En un evento diseñado para recordar la identidad salvadoreña al son de las cumbias famosas de los 80, el alcalde aprovechó la tarima para lanzar críticas hacia su partido y hacia el Gobierno, como lo venía haciendo desde 2013, pero esta vez a la dirección efemelenista le parecieron excesivas. Bukele señaló que El Salvador iba por mal rumbo y que el presidente Sánchez Cerén ponía en riesgo la relación con Estados Unidos. “Ya teníamos señales del trabajo que él venía haciendo para atacar lo que era la vieja guardia del partido, o sea él ya estaba planteando una especie de renovación del proyecto”, recuerda Eugenio Chicas.

Otra persona que integraba la dirección del partido en aquellos días concuerda: “Ese año en San Miguel había andado haciendo serrucho contra el partido… y luego vimos lo que fue a decir a Washington…”, recuerda. En la siguiente reunión de la CP discutieron la situación y, desde entonces, hubo quienes plantearon la posibilidad de considerar un proceso de expulsión si aquello se agudizaba. A Bukele no le bastaron sus críticas a viva voz en el festival, sino que en redes sociales también sugirió que el Gobierno era incapaz de generar condiciones para que la población no tuviera razones para largarse. “Ojalá algún día nuestro país les dé las oportunidades para que regresen”, publicó en sus cuentas.

Aquellas palabras en Gaithersburg sonaban a futuro para líderes de la diáspora como Luis Reyes, que en ese evento tendría el primero de muchos encuentros con aquel al que llegaría a tratar como un “amigo”.

Para entonces, en el partido ya habían entendido que el alcalde pretendía la postulación presidencial. Pero sus anhelos no concordaban con los planes del Frente, y a finales de 2016 hubo consenso en la CP en que él no sería candidato. Sin embargo, no había nada oficial en la carrera por la candidatura, así que no hubo comunicación oficial de nada. No todavía.

Desde entonces, a medida que se deterioraba su relación con el partido, la semilla que dejó sembrada en Washington, D. C. germinó. Todas las condiciones le favorecían: un mes antes de esta primera visita, El Salvador se estremecía con la huida del expresidente Funes a Nicaragua, acusado de corrupción. Y el segundo presidente efemelenista, Salvador Sánchez Cerén, había hecho todo lo posible por encubrir las irregularidades achacadas a Funes. A eso se sumaban niveles de violencia de cifras récord desde cuando en 2015 Sánchez Cerén declarara la guerra a las pandillas, apenas transcurridos tres años de que el Gobierno Funes pactara con esas organizaciones criminales. El Salvador no iba a ningún lado, y eso era lo que Bukele pregonaba y lo la diáspora le aplaudía.

La moneda estaba en el aire y la erosión de la relación con Bukele era una cara de esa moneda; la construcción de una relación fuerte con la diáspora la otra.

El 2 de abril de 2017, a través de un Facebook Live, Bukele anunció que había aceptado la oferta del FMLN para buscar un segundo mandato como alcalde de San Salvador. Ese anuncio hizo rabiar más a algunas personas de la dirección, porque Bukele añadía críticas que no tenían nada de indirectas. “Cansa la política sucia, cansa la política asquerosa del país, una política que ha mantenido en el subdesarrollo al país durante mucho tiempo, y ojo que no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de todo el sistema político”, dijo.

En esos 11:30 minutos en los que comunicó su futuro y atacó a la política tradicional, añadió: “Lo que se ve desde adentro es todavía más asqueroso que lo que se ve desde afuera. A veces uno quiere salir y alejarse de eso. Pero, ¿a quiénes vamos a dejar? ¿A los mismos de siempre? ¿Que gane Arena y destruya todo lo que hicimos? ¿Que el Frente siga yéndose al camino de parecerse a Arena o de convertirse en Arena 2.0 quitando subsidio a la gente pobre, poniendo impuestos, no persiguiendo la elusión fiscal, dejando todos los privilegios de las clases poderosas, manteniendo todos los poderes fácticos intactos y haciendo todo lo que el pueblo esperaba que no hicieran?”, agregó.

Aun con esas palabras el entonces secretario general, Medardo González, le respaldó. “La dirección del partido quiere que él sea nuestro candidato, pero él va a decidir y va a notificar”, dijo González y advirtió que, si Bukele desistía de la reelección, tenían otras opciones. Pero desde antes de ese anuncio, la CP lo tenía claro: Bukele no figuraba como presidenciable por más que lo insinuara en sus círculos cercanos.

En sus giras por Estados Unidos, Bukele lograba, con apoyo de la diáspora, encuentros clave con autoridades estadounidenses. nayib bukele estados unidos nuevas ideas partido de Bukele El Salvador Honduras hoy 2022 nayib bukele nuevas ideas izquierda o derecha
En sus giras por Estados Unidos, Bukele lograba, con apoyo de la diáspora, encuentros clave con autoridades estadounidenses.

Una ruptura. Un plan b

Para el primer trimestre de 2017, enrumbado a la reelección como alcalde, Bukele se trabó en un enfrentamiento por diferencias sobre cómo conciliar las obras de renovación del centro histórico de la capital con las obras de protección del patrimonio que defendía la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Acusó al presidente Sánchez Cerén de sabotear sus proyectos y hasta tuiteó: “Definitivamente, hay quienes quieren convertir al FMLN en Arena 2.0”.

Eugenio Chicas y dos fuentes de la pasada dirección del FMLN coincidieron en entrevistas por separado en que fue durante el primer trimestre de 2017 cuando el secretario Medardo González se reunió con Bukele en el local central del partido, conocido como “1316”, para dejarle clara la decisión: “No vas a ser candidato presidencial”.

La reunión fue tensa, según narran las fuentes que participaron del encuentro. Bukele respondió que él no había pedido la candidatura presidencial. “Está claro que vos nunca la has pedido, pero yo sé que vos querés ser candidato, así que no, del FMLN no vas a ser candidato”, le subrayó González.

“Nayib se airó, se molestó, se levantó y se fue. A partir de ahí se conflictuó más una relación en el concejo municipal”, relata Chicas.

El FMLN había decidido que ya no correría riesgos con un político rebelde, un “outsider” como Nayib, a pesar de que en 2017 las encuestas mostraban una caída sostenida del partido en las simpatías entre la población desde 2014, cuando ganó el segundo mandato presidencial. Para 2017, solo un 20 % de las personas mayores de 18 años decían simpatizar con el FMLN, y Arena era, de nuevo, el partido favorito, aunque por muy poca diferencia.

La relación se vino a pique a alta velocidad. En el concejo municipal, Bukele comenzó a impulsar proyectos apresuradamente y sin pasar por todos los procesos. Y llegó septiembre, cuando la síndica Xochitl Marchelli intentaba poner freno a lo que le parecían potenciales ilegalidades, y los encontronazos terminaron con supuestas agresiones verbales del alcalde hacia la concejal a inicios de ese mes. Después, viajó a Estados Unidos para reunirse de nuevo con la diáspora, y el día 11 hizo suyas las críticas que la derecha salvadoreña lanzaba al presidente Sánchez Cerén: “El Salvador no tiene presidente, cuando estaba Mauricio Funes teníamos un mal presidente, pero había uno, ahora no hay”, señaló.

Las cartas ya estaban echadas. Eran dos causas las que movían los ánimos de la dirigencia del FMLN: esas críticas contra el partido y contra el gobierno, y la ‘agresión’ a la síndica Marchelli. Por las primeras, la CP discutió que debía considerarse arrojarlo del partido, y por la segunda, ya el sector femenino efemelenista había promovido un proceso disciplinario ante el tribunal de ética del partido, que terminó en la expulsión.

Aunque lo que trascendió en público fue que el ‘ataque’ a Marchelli había sido el motivo de que le echaran, dos personas que participaron en reuniones de la CP aseguran que pesó, sobre todo, su campaña de hostilización permanente. “Su expulsión se debía a razones de irreverencia, de rebeldía, de intenciones claras de dañar al partido y al gobierno”, dijo.

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Juramentación de los fundadores del partido Nuevas Ideas en El Salvador. Destacan en la imagen rostros de un puñado de actuales funcionarios. Al fondo, con traje negro, Luis Reyes, quien fuera “coordinador de Nuevas Ideas USA”.

Excursionistas timados

Cuando Luis Reyes retornó a Washington, D. C. tras reunirse con Bukele y los hermanos Araujo, se puso a trabajar por conseguir el dinero para crear el nuevo partido. La meta era un cuarto de millón de dólares, pero solo recogieron unos 89 mil dólares, después de que en el proceso hubo quienes vieron razones para la suspicacia, y después de que uno de los dos grupos principales que impulsaron la creación del nuevo partido, el de Nueva York, se frenara casi en seco. Aun así, el respaldo económico en realidad fue muy superior a los 89 mil dólares. Un dirigente de California asegura que solo ahí recolectaron 75 mil más, y en todas las ciudades costearon viajes, viáticos, estadías de Bukele y sus acompañantes y organizaron cenas de recaudación de fondos.

Luego todo se aceleró. Una semana después de la reunión del 9 de septiembre de 2017 en el Lauriol Plaza, la ruta ya estaba trazada a la espera de lo que ocurriera con Bukele. Expulsado del FMLN, Reyes viajó con la propuesta y el 25 de octubre el mismo Nayib anunciaba que ese día se fundaba el ‘Movimiento Nuevas Ideas’ en El Salvador. No hizo alusión a la diáspora, que al día siguiente recibió la notificación de que la organización BUENAS IDEAS USA-NY, INC. ya tenía permisos para operar y captar fondos.

Entusiasmados por el maridaje, nadie vio extraño que no fueran mencionados. El entusiasmo era desbordante. Decenas de inmigrantes residentes en algunas de las principales ciudades habían accedido a aportar la cuota de 2,500 dólares. Y coordinando el trabajo con personas del círculo cercano a Bukele en El Salvador, programaron la fecha en que se constituiría, en acta notarial, el nacimiento del partido Nuevas Ideas en El Salvador: el 11 de marzo de 2018. Después de eso todos simularon que había opción de inscribirse para la presidencial, aunque en realidad había claridad de que Nuevas Ideas no llegaba a tiempo para los comicios.

Entre la diáspora, el mecanismo de recaudación de fondos se diseñó así: quien aportara los 2,500 dólares tendría derecho a figurar en el acta de constitución del partido como miembro fundador. Decenas compraron boletos para volar a El Salvador. “Nos fuimos unos 69 miembros de la diáspora”, recuerda una dirigente de la comunidad en Boston, que pidió que no se le identifique con nombre y apellido por temor a represalias. “Ese día de la constitución nos empezamos a sentar en las sillas de la primera fila. Después empezaron a poner otras líneas de sillas enfrente de nosotros y apareció el familión del presidente… la mamá, los primos… y resultó que ellos firmaron como fundadores y aunque nosotros también firmamos, después nos dijeron que quedábamos afuera y que el grupo que habíamos formado ya no valía”, dice otro líder de la diáspora.

Quienes sí lograron que sus nombres se incorporaran a la escritura de constitución vieron cómo la autoridad interina fue tomada por hombres y mujeres claves en el entorno de Nayib. Como secretario nacional asumió Federico Anliker, uno de los amigos de infancia y hoy presidente de la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria. En esa dirección transitoria también figuraron el hoy ministro de Hacienda, la primera vicepresidenta y exministra de Cultura, la secretaria de Comunicaciones, el ministro de Turismo, un tío de Nayib… Con cargo en el partido y representante de la diáspora solo figuró Roy García, que renunció en 2018 porque asegura que detectó que Bukele les había mentido desde cuando se firmó el acta de fundación. Según García, en una cena celebrada a inicios de ese año en San Salvador, Bukele les había prometido que su familia y su grupo no se vaciarían en el partido, que “el 20% sería para ellos, y el 80% para la diáspora”. Fuera de Nuevas Ideas, García figuró en las primeras marchas masivas contra Bukele de 2021. Luego, en octubre pasado, fue acusado de urdir una conspiración para dividir a la fracción legislativa con apoyos de Estados Unidos. La embajada en El Salvador niega los señalamientos.

En el nacimiento del partido ante notario, entre los fundadores estuvo Luis Reyes, pero también destacaron los primos, un tío, los hermanos y hasta la madre del presidente. Un mes después de la juramentación, en una entrevista radial, ya como secretario general, Federico Anliker habló de los líderes de la diáspora como un grupo de invitados y no como socios. “Nunca han sido tomados en cuenta, nosotros incluso los hemos tomado en cuenta para el acta de fundación del partido”, dijo. De 257 fundadores, los líderes de la diáspora alcanzaron solo el 16 % de representatividad.

Pero Nuevas Ideas no podría competir en las presidenciales debido a que el 3 de abril de 2018 vencía el plazo para la inscripción de los partidos contendientes legalmente inscritos ante el TSE, y este apenas era un partido en formación. Esto hizo que Bukele buscara otras vías y a, finalmente, incumplir una promesa que le había hecho a Luis Reyes y a otros líderes en el Lauriol Plaza. En la reunión celebrada un mes antes de su expulsión, algunas de esas personas sostienen que tras haber recibido una llamada telefónica en la que le comunicaron la inminente ruptura, Bukele comenzó a escribir en el papel blanco colocado a modo de mantel sobre la mesa las posibles opciones que le quedaban. Aseguran que le prometieron tratar de interceder ante la dirección efemelenista y que, antes de retirarse, les prometió que, sucediera lo que sucediera, nunca sería candidato de Gana, el partido de disidentes de Arena.

Les incumplió. De hecho, solo unos días antes de inscribirse en Gana, Bukele tuiteó que, por principios, no sería candidato de ese partido de derechas al que su mismo candidato a vicepresidente, Félix Ulloa, había caracterizado como “lo más podrido de la política salvadoreña”.

Más tarde, para explicar su incorporación, Bukele creó la narrativa de que el sistema político tradicional había impedido la inscripción de Nuevas Ideas para bloquear su candidatura; había desaparecido a un partido de centro izquierda con quien ya había entablado negociaciones y le había dejado contra la espada y la pared con Gana. Consultados sobre si la diáspora era consciente de que Nuevas Ideas no iba a poder competir, Reyes y otros líderes responden que sabían que no llegaban a tiempo, que el objetivo era crearlo para acompañar la candidatura y buscar espacios de participación para las legislativas y municipales de 2021.

Por eso, aunque quedar fuera del acta de nacimiento de Nuevas Ideas fue un golpe, siguieron con entusiasmo trabajando por la candidatura y por la legalización del partido. La idea de tener un partido propio era más fuerte que la promesa incumplida.

La ruptura de Nuevas Ideas USA

Entre marzo y julio de 2020, el partido eligió a sus autoridades definitivas y a sus candidaturas para alcaldías y Asamblea Legislativa. Luis Reyes compitió sin éxito en las internas por la Secretaría de Salvadoreños en el Exterior de Nuevas Ideas. Debido a una campaña de desacreditación en su contra, decidió renunciar a la contienda. Al frente del partido, fue electo Xavi Zablah, primo hermano de Bukele.

Antes de las elecciones internas, varias de las personas que se involucraron para darle a Bukele un partido con el cual competir, habían decidido también alejarse, decepcionadas porque habían observado cómo las personas más cercanas a aquel personaje que les había cautivado con su discurso fueron cobrando protagonismo y tomando decisiones sobre Nuevas Ideas.

Ya en 2018, antes de que el TSE inscribiera al partido, había denuncias entre la diáspora de que personas como Arena Ortega, hermana de la esposa de Bukele, sembraba discordias dando declaraciones en las que dejaba entrever que el nuevo partido debía ser manejado por el círculo más próximo a Bukele porque la clave del éxito estaba en su carisma. En la diáspora hoy dicen que Ortega y “otros personajes oscuros” hicieron una labor para dividir a la diáspora organizada y, de hecho, después del surgimiento de Nuevas Ideas USA y sus filiales, un grupo se escindió y formó su propio movimiento Nuevas Ideas América, respaldado por la argolla bukeleana.

Hoy, en estos grupos descontentos de la diáspora dicen tener claro que Bukele calculó todo. Que premeditó usarles como escalera porque, aunque desde cuando lo conocieron exhibía el discurso que añoraban, nunca tuvo más intenciones que -literalmente- sacarle partido a la relación: el partido Nuevas Ideas.

Hoy, los grupos organizados que especialmente desde Washington, D. C., Nueva Jersey, Nueva York, Boston y California visualizaron la constitución de un partido propio, concluyen que Bukele y su gente ni siquiera les robaron el partido, sino que ellos mismos se lo entregaron. No todos pudieron convertirse en miembros fundadores, carecen de peso alguno en su dirección, y siguen sin tener posibilidades de incidir en el rumbo del país.

Cinco años más tarde, algunos de los personajes principales de aquel esfuerzo se sienten utilizados. Engañados. “Fue algo que empezó con algarabía, esperanzado en el cambio. Yo lo hice por eso, pues Bukele nos dijo lo que queríamos oír y pensamos que era el momento de la diáspora porque el partido se formó aquí entre la diáspora”, dice ahora Merlin Serrano, una de las lideresas de la comunidad salvadoreña en Boston, Massachussets.

Las conclusiones de Sixto Álvarez, residente de Nueva Jersey, uno de los que habían trabajado en la creación de Nuestra Nación y exmiembro de Nuevas Ideas, son idénticas a las de Serrano: “El muchacho encontró tierra fértil aquí, por la incapacidad y por la inexperiencia de los líderes que teníamos aquí. Cuando vino a Washington y a Nueva York, vino a decir lo que muchos queríamos escuchar”.

Otro de los entusiastas que ahora se sienten burlados es Fredy Romero, youtuber del área de Washington, D. C. Él recuerda cómo con motivo del Festival Salvadoreñísimo de 2016, en las redes sociales en El Salvador y en Estados Unidos circulaban posts en los que se aseguraba que miles de salvadoreños se habían reunido para recibir a Bukele, cuando en realidad estaban más por el festival musical que por el alcalde. De hecho, hay un video que sobrevive en redes sociales en el que se aprecia a un Bukele que es entrevistado en medio del público y pasa desapercibido, mientras en la tarima el show lo roban los Hermanos Flores, una de las bandas ochenteras más queridas por los migrantes.

“El tipo es experto en marketing, ya tenía planeado que se iba a agarrar de la diáspora. Para nosotros fue lo que estábamos buscando y ahora muchos creemos que todo esto estaba planeado. Cuando se presentó en el festival de Gaithersburg se presentó como ese personaje que pensamos que necesitábamos y le funcionó”, dijo Romero, que también se retiró del partido cian.

Luis Reyes, el restaurantero que promovió la idea de un partido y un Bukele para todos pasó de ser la mano derecha de Nayib en las giras de presentación de Nuevas Ideas a ser un ‘traidor’. Hoy es un crítico acérrimo. Tanto que protagonizó reuniones con otros líderes junto al enviado especial de EUA para la región, Ricardo Zúñiga, en la que expuso sus preocupaciones por la deriva autoritaria tras el golpe a la Sala de mayo de 2021. Un golpe liderado por los diputados del partido que ayudó a crear.

“Soy uno de los artífices de Nuevas Ideas. Mi apoyo encendió esa llama de esperanza para miles tanto en El Salvador como afuera de sus fronteras”, dice Reyes, sin tono de jactancia. “Nos vendieron humo, nos engañaron, nos usaron y nos hicieron creer que la diáspora iba a tener un papel importante en el proceso”, se lamenta.

Si a inicios de 2018 lideró mítines codo a codo con Nayib en tres cabeceras departamentales claves para la diáspora (San Francisco Gotera en Morazán, San Miguel y Chalatenango), ahora los separan millas de distancia. Es tan grande la ruptura que en la cuenta oficial de Bukele en Twitter, el principal canal por el cual se comunica al mundo, su nombre y el rastro de su protagonismo en la campaña electoral han sido borrados por completo.

En la celebración del triunfo en las presidenciales de 2019, los ausentes en la imagen oficial fueron Reyes y los líderes de la diáspora que ayudaron a crear Nuevas Ideas. nuevas ideas partido de Bukele El Salvador Honduras hoy 2022 nayib bukele nuevas ideas izquierda o derecha
En la celebración del triunfo en las presidenciales de 2019, los ausentes en la imagen oficial fueron Reyes y los líderes de la diáspora que ayudaron a crear Nuevas Ideas.

*Ni Xavi Zablah, ni Nayib Bukele, ni los hermanos, ni Arena Ortega ni Federico Anliker respondieron las peticiones de entrevistas para este reportaje. Walter Araujo contestó que no dará declaraciones.

*Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente.

A pesar de que el actual Gobierno denunció que la administración de Juan Orlando Hernández dejó un Estado en quiebra tras 12 años de autocracia, el Congreso Nacional aumentó desmesuradamente la semana pasada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2022. Además, esta semana surgieron denuncias de que los diputados no solamente legislarán, sino que «serán gestores» de proyectos con fondos del Ejecutivo, lo que en gobiernos anteriores abrió las puertas para el clientelismo político y la corrupción.


Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

En el Presupuesto General de la República 2022, el Congreso Nacional recibió una asignación presupuestaria de 1,448 millones de lempiras, aumentando 200 millones de lempiras con respecto al presupuesto de 2021. Sin embargo, el martes de esta semana se conoció que los 128 congresistas propietarios y sus respectivos suplentes no solo se dedicarán a legislar, sino que actuarán como «gestores de proyectos» con fondos administrados por el Ejecutivo, lo que inmediatamente generó dudas y polémica.

Que los diputados se conviertan en «gestores» de proyectos abre la posibilidad de activar una red clientelista a favor de los congresistas y también es una eventual fuente de corrupción pública. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializó 13 casos y procesó a 113 personas durante el período 2016-2020, muchos de los cuales fueron diputados que «gestionaron proyectos». 

Entre los casos conocidos por la Maccih, figuró el caso «Red de Diputados», que implicó a más 60 congresistas acusados de malversación de fondos públicos, transferidos del poder Ejecutivo a organizaciones no gubernamentales ligadas a ellos. El dinero, asignado para ser utilizado en proyectos sociales, terminó en las cuentas bancarias de casi la mitad de los congresistas de ese período, incluyendo al entonces presidente del Congreso Nacional, el nacionalista Mauricio Oliva.

Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional, prometió en conferencia de prensa que eliminarán el Fondo Departamental —que dio lugar al caso denominado «Red de Diputados»—, pero agregó que en su lugar crearán el «Fondo Social», una iniciativa presentada el pasado 23 de diciembre con el nombre de Ley Especial para el Desarrollo de Proyectos Solidarios de las Comunidades, en la cual los diputados actuarán como «gestores de proyectos».

Redondo puso como ejemplo la propuesta de una diputada que está buscando que se construya un muelle en Trujillo, en la zona del Caribe de Honduras. El presidente del Congreso explicó que ese proyecto se hará en coordinación con el Poder Ejecutivo y servirá para promover otros proyectos «en representación del pueblo».

La designada presidencial, Doris Gutiérrez —quien fue diputada durante los períodos 2006-2009 y 2014-2022— habló con Contracorriente y criticó duramente este anuncio del Congreso Nacional, afirmando que es exactamente lo mismo que hacía el Partido Nacional. «En realidad es la misma mica, pero en diferente palo, porque la Constitución de la República no establece que los diputados sean ejecutores ni gestores de fondos».

La Designada Presidencial agregó que los diputados ni siquiera se rebajaron los salarios y reveló que estos conservaron el privilegio de recibir fondos para gastos de viaje, violentando una disposición de la presidenta Xiomara Castro, que pidió reducir los salarios ostentosos.

«Es una doble moral. En un tiempo pregonaron una cosa y ahora están diciendo otra, queriendo darnos atol con el dedo», dice Doris Gutiérrez.

Gutiérrez afirma que «el dinero para el Fondo Social saldrá del Presupuesto General de la República, es decir de los recursos del mismo pueblo».

Sobre el incremento de 200 millones al presupuesto del Congreso, Doris Gutiérrez dice que se desconoce en qué será usado ese dinero extra. «Nunca se ha dado rendición de cuentas de cómo el Congreso administra esos fondos. Hace poco dijeron que iban a dar un informe de cómo encontraron el Congreso, pero ahora dicen que no hallaron documentos».

Sobre la posibilidad de que esos 200 millones sean «gestionados» por diputados para proyectos, Doris Gutiérrez dice que dicha cantidad es muy pequeña para lo que se espera que gestionen los congresistas, ya que cada uno de los 128 diputados propietarios gestionará un millón de lempiras, mientras que cada uno de los 128 suplentes gestionarán 500 mil lempiras; lo que, sumado, supera los 200 millones de lempiras, afirma. 

«No les ajustará esos 200 millones. Los fondos saldrán entonces del Presupuesto General de la República. Por donde le vea es una actitud poco congruente entre lo que quieren aparentar y lo que son los hechos», explica Doris Gutiérrez.

Salvador Nasralla, también designado presidencial, dijo a Contracorriente que, en realidad, los diputados se deben dedicar solamente a legislar. «Si hay un fondo social, este debe ser administrado por el Gobierno. Los diputados quizá pueden manifestar dónde se ocupa hacer inversiones».

Sin embargo, Nasralla explica que lo que ha sucedido es que esos fondos se han usado para campañas políticas. «Por eso los diputados y alcaldes se reeligen, porque con el dinero que les dan, con los fondos departamentales, se dedican a hacer campaña, entregan bolsas solidarias y la gente trabaja para reelegirlos. Lo que hacen es fomentar la dependencia y pobreza de la gente».

El jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Mario Segura, dijo a Contracorriente que, aunque no ha habido ninguna comunicación oficial en el Congreso Nacional sobre el retorno de los fondos departamentales —ahora «fondo social»—, a lo interno de su bancada ven muy bien poder «gestionar proyectos sin tocar fondos».

La «partida confidencial del Poder Ejecutivo» no fue eliminada, sino más bien fortalecida

El artículo 287 de la reestructuración del presupuesto autoriza a la Secretaría de Finanzas a reorientar fondos de la Tasa de Seguridad que deberán ser trasladados a la cuenta 449 Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), más conocida como «partida confidencial del Poder Ejecutivo».

Casos de corrupción como la Red de Diputados y Arca Abierta, surgieron tras la obtención de fondos a los que diputados del Congreso Nacional accedían a través de la cuenta llamada 449 SFAC, que concentró en una sola cuenta los sobrantes de todas las instituciones, algunos fideicomisos, acceso al Fondo de Protección y Seguridad Poblacional y al Fondo para la Reducción de la Pobreza.

Hay datos de que esa partida fue utilizada en el presupuesto de 2007 durante el Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro. Para ese período la cuenta 449 SFAC apenas tenía un presupuesto de 501 millones de lempiras; tras una reforma en el año 2011, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional, se autorizó a Finanzas transferir a la SFAC el 25 % de los valores no ejecutados de los fondos nacionales. Fue así que dicha cuenta comenzó a captar muchos más fondos, hasta llegar a tener un presupuesto de 5,034 millones de lempiras, que fueron aprobados en diciembre de 2021.

Una nota de Diario La Prensa, publicada en marzo de 2022, indicó que Xiomara Castro buscaba eliminar la SFAC, sin embargo, en esta restructuración de presupuesto, en lugar de eliminarla, se incrementó su presupuesto a 15,399 millones de lempiras, representando un aumento de 10,365 millones de lempiras.

El artículo 287 de la restructuración del presupuesto indica que por medio de la SFAC se busca «financiar proyectos de generación de empleo para jóvenes entre 18 y 30 años incluidos en el Plan de Gobierno para Refundar Honduras, excepto los asignados a las Secretarías de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa».

El mismo artículo autoriza a Finanzas para que del Presupuesto General de la República destinados al Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema, se reasigne el 100 % a la SFAC.

El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, le dijo a Contracorriente que no están de acuerdo con ese aumento para la SFAC. «No estamos de acuerdo en 10 mil millones que se le está dando a Casa Presidencial, que era lo que se le estaba dando antes. Y criticamos que la información (el dictamen de la reestructuración) no llegó con anterioridad para hacer el análisis, solo tuvimos prácticamente seis horas para pronunciarnos sobre el presupuesto», explicó el congresista.

Sobre los fondos que maneja Casa Presidencial, Mario Segura explica que «ojalá que no signifique un lugar para albergar más paracaidistas o un clientelismo político».

Restructuración del presupuesto

La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, durante una reunión del Consejo de Secretarios de Estado en Casa de Gobierno. Foto archivo CC/Jorge Cabrera

El pasado viernes 8 de abril, con la secretaria de Finanzas Rixi Moncada sentada en la primera fila, el Congreso Nacional modificó el Presupuesto General de la República 2022 pasando por alto dos debates e incrementando el mismo de 308 mil millones a 360 mil millones de lempiras, lo que causó sorpresa en algunos economistas por significar un alza del 16.9 %, es decir, 52 mil millones de lempiras más que en 2021.

El Presupuesto para el 2022 ya se había incrementado de 288 mil millones a 308 mil millones de lempiras en diciembre de 2021 por el Congreso Nacional anterior, cuando este era dominado por el Partido Nacional. Ese incremento fue repudiado por el actual Gobierno.

Cuando asumió la Secretaría de Finanzas, la ministra Rixi Moncada dijo que el Estado estaba quebrado y calificó el presupuesto aprobado el año anterior como «falso» y «fuente de corrupción»; no obstante, el pasado viernes, Moncada dio vuelta a su discurso y dijo que ahora era necesario incrementar el presupuesto para el «arranque» y «construcción de un Estado socialista democrático».

El proyecto de reestructuración del Presupuesto General establece que se destinarán más recursos a la generación de empleo, educación, salud, seguridad, preservación del ambiente y la promoción de los derechos humanos.

Para el economista Ismael Zepeda, miembro del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), si antes el presupuesto era inconsistente con la realidad económica, el de ahora posiblemente sea más inconsistente e incoherente con la realidad. «Ellos mismos mencionaron que hay un estado en quiebra», dijo.

El secretario de Desarrollo Económico del Ejecutivo, Pedro Barquero, explicó que una parte del incremento del presupuesto será financiado con mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras (BCH). «Con una tasa bajísima y con condiciones que no se van a poder conseguir en ninguna otra parte», sostuvo.

Pero las dudas no tardaron en llegar. El gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, explicó que esta restructuración presupuestaria «implica un incremento sustancial de la deuda» y «si la va a financiar el BCH, existe el riesgo de que el financiamiento sea inorgánico y que vaya a presionar más los precios, o sea, la inflación».

En la reestructuración que hizo el Congreso se incrementó sustancialmente el presupuesto a los sectores de Salud, Educación y Seguridad, lo cual ha sido bien visto por algunos sectores. En el caso de Salud, el incremento fue de 2,483 millones; en Educación, de 1,959 millones; y en Seguridad, de 995 millones de lempiras extras.

En ese sentido, a la Secretaría de Educación se le asignó un presupuesto de 35,512 millones; a Salud, un presupuesto de 24,735 millones; a Energía, un presupuesto de 19,217 millones; a Seguridad, un presupuesto de 7,850 millones; a Defensa, un presupuesto de 9,336 millones; a Gobernación y Justicia, un presupuesto de 6,516 millones; a Finanzas, un presupuesto de 2,729 millones; y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), un presupuesto de 3,502 millones.

A pesar de esto, Ismael Zepeda expone que el incremento en el presupuesto fue desmesurado, ya que al hacerse por encima del 16 % existen peligros al tocar los recursos del BCH.

Zepeda explica que cuando se sustraen grandes cantidades de recursos de la política monetaria lo que se genera es inflación. «Es crear la ilusión de que no hay déficit, pero en realidad lo que tenemos es una gran cantidad de recursos inorgánicos. Los recursos inorgánicos se dan cuando no hay un respaldo productivo en la masa monetaria, es decir, en los billetes, como ha sucedido en otros países, se comienzan a emitir billetes y monedas, y eso dispara la inflación», explica.

Falta de transparencia

El diputado Mario Segura, jefe de bancada del Partido Liberal, aseguró a Contracorriente que el día de la reestructuración del presupuesto advirtieron que «habría un mayor endeudamiento y que este subiría del 42 % al 58 %».

«Tenemos el mayor presupuesto a nivel de Centroamérica, a pesar de que hay países con economías más fuertes como el caso de Guatemala y El Salvador, pero estos países no tienen un nivel de endeudamiento en relación con el PIB tan alto como el de Honduras», explicó Mario Segura.

Ismael Zepeda explica que hay cosas que no han sido explicadas en este presupuesto y que todo eso está ligado al tema de transparencia. 

«Ni siquiera subieron el anteproyecto resumen del presupuesto, cuando en años anteriores se subía el detalle de cada institución, el plan operativo, asignación de recursos, el plan estratégico y hoy no tenemos eso; es más, ni siquiera sabemos el presupuesto por objeto de gastos, es decir, no sabemos si se incrementan sueldos y salarios, no sabemos si hay incrementos en bienes capitalizables», afirma.

Presupuesto para las secretarías de Seguridad y Defensa

Dos policías en motocicleta patrullan en una de las calles más transitadas en la residencial Plaza de Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto Archivo CC/ Fernando Destephen

Una de las promesas de la presidenta Xiomara Castro es la formación de una Policía Comunitaria, más cercana a la gente y comenzar con el desmantelamiento de la militarización de la sociedad que dejó el expresidente Juan Orlando Hernández.

Actualmente Honduras es de los países de Centroamérica que más gasta en militares, sin embargo, en la última reestructuración, no se le redujo ni un centavo a la Secretaría de Defensa (dirigida por José Manuel Zelaya, sobrino político de Xiomara Castro).

La Secretaría de Defensa continuará administrando 9,336 millones de lempiras;más presupuesto que el asignado a la Secretaría de Seguridad, que cuenta con un presupuesto de 7,850 millones de lempiras.

Ismael Zepeda establece que existe una contradicción ideológica en la política del actual Gobierno, porque en campaña criticaron la militarización excesiva de la sociedad, pero en la práctica no redujeron el presupuesto en el gasto militar.

«Están aceptando de una u otra forma que esa gran cantidad de miles de millones de lempiras que maneja la Secretaría de Defensa ahora sí son necesarios. Contradicen su discurso ideológico, durante años han dicho que los militares eran una fuerza armada de la dictadura».

Zepeda va más allá y establece que el actual Gobierno no quiso siquiera recortar los recursos que fueron asignados a las Fuerzas Armadas para que trabajen en agricultura, algo que constitucionalmente no les compete. «Ni siquiera eso les quieren tocar, entonces ellos (los militares) siempre manejarán los 9 mil millones».

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, le dijo a Contracorriente que debido a la crisis económica mundial «existe una baja (en el rendimiento del presupuesto), recuerde usted que la inflación a usted le hace tener menor cantidad de presupuesto». Agrega que la Secretaría de Seguridad ha tenido un presupuesto diseñado para atender diferentes aspectos de la Policía Nacional, pero ahora se deben encontrar propuestas porque están retomando tareas que le habían sido atribuidas a los militares, como la administración de los centros penales, tareas en el agro y el manejo total de la seguridad pública.

«Ahora hemos explorado otras áreas y aceptado algunos retos, como el de las personas privadas de libertad, los centro penales, el área del agro. También estamos atendiendo el tema que se ha puesto de moda, que son las extradiciones, y todo eso implica recursos», explica Sabillón.

El secretario de Seguridad explica que han «retomado el control de algunas áreas que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y que, mediante un retiro gradual, se está haciendo la transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, como debe de ser. La seguridad del Estado misma ahora es tema de la Policía».

Inversión social y en el sector energía

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Diputados discuten un proyecto de decreto durante una sesión en el Congreso Nacional. Foto Archivo/ Fernando Destephen.

El economista Claudio Salgado le dijo a Contracorriente que el incremento en el presupuesto es positivo porque «con los fondos del BCH se va a promover la inversión pública, tratando de reactivar los proyectos hidroeléctricos de Jicatuyo, El Tablón y los Llanitos, igualmente se le va a dar mayor énfasis al gasto social, sobre todo en salud y educación».

«Este presupuesto tiene una misión, no como el Gobierno anterior, que le daba mayor énfasis a la parte militar, entonces a mí me parece que es adecuado», sostiene Salgado.

Salgado afirma que está consciente de que tomar recursos del BCH puede ser arriesgado, aunque se muestra optimista. «Podría haber un riesgo inflacionario si el BCH estuviese emitiendo dinero sin respaldo, pero en esta ocasión el dinero va a estar respaldado en las reservas internacionales, y en los Derechos Especiales de Giro, que fue un préstamo que les dio el Fondo Monetario Internacional (FMI)».

«No va a haber el efecto inflacionario que está señalando la empresa privada», expresa el economista Claudio Salgado.

No obstante, Ismael Zepeda establece que la inversión en los sectores de Salud y Educación será importante si el Gobierno cuenta con una estrategia de reactivación clara para la restauración de escuelas destruidas y la construcción de más hospitales.

«La mayoría de recursos se los lleva la Secretaría de Energía, y posiblemente van a recuperar la empresa estatal, pero una cosa es tener una gran cantidad de recursos y otra es tener una gran estrategia, ¿dónde van a ser utilizados y cómo van a ser utilizados esos recursos?, ¿quiénes van a ejecutar estos proyectos?», se cuestiona Zepeda.

Nuevas Secretarías:

El 6 de abril de 2021, en Consejo de Secretarios de Estado, la presidenta Xiomara Castro reestructuró también la administración pública dejando en 24 las secretarías de Estado.

Se creó la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (Stlcc), la Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica, la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer; la Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras; la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia; la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social.

Para el economista Claudio Salgado, en la reestructuración presupuestaria se le está dando énfasis a la mujer hondureña. «Algunas unidades ahora se convirtieron en secretarías, como la Secretaría de Asuntos de la Mujer y como también lo es la Secretaría de Transparencia, eso significa que este Gobierno le está dando mayor énfasis a la mujer y a la transparencia de las finanzas públicas».

Las nuevas secretarías recibieron los siguientes presupuestos en lempiras: la SIT, 6,489 millones; Desarrollo Social recibió 2,830 millones; la STLCC, 150.9 millones; Planificación y estrategia, 220 millones; Asuntos de la Mujer, 53 millones; Cultura Artes y Patrimonio, 336 millones; Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia, 25 millones.

Se indicó que la SIT contará con dos Subsecretarías: la Subsecretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Transporte. Asimismo, se informó que las atribuciones y competencias de la Inversión Estratégica/MCC-Honduras (INVEST-H), así como los programas y proyectos, pasarán a formar parte de la SIT, con excepción de los relacionados al sector salud y el sector agro.

Las secretarías quedaron agrupadas en el siguiente orden jerárquico:

  1. Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.

  2. Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social.

  3. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

  4. Secretaría de Estado en los Despachos de Justicia, Gobernación y Descentralización.

  5. Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

  6. Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

  7. Secretaría de Estado en el Despacho de Planificación Estratégica.

  8. Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.

  9. Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer.

  10. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

  11. Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.

  12. Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.

  13. Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente.

  14. Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.

  15. Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos.

  16. Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería.

  17. Secretaría de Estado en el Despacho de Energía.

  18. Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte.

  19. Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.

  20. Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo.

  21. Secretaría de Estado en los Despachos de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras.

  22. Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).

  23. Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

  24. Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia.

Además, se ordenó suprimir las Secretarías de Estado y Programas de Gabinetes Especiales y Gabinetes Sectoriales siguientes:

1) Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación de Gobierno.

2) Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia.

3) Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales y la Dirección Nacional de Intervención Social, ambos organismos adscritos a la Secretaría de la Presidencia.

4) Subsecretaría II, Subsecretaría III, Unidad de Apoyo Técnico Presidencial, Programa Honduras, Programa de Viviendas y Obras Sociales, todos dependientes de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.

5) Proyecto Especial Economía Naranja.

6) Escuela de Alta Gerencia Pública.

7) Consejo Presidencial de Economía Verde.

8) Sistema Presidencial de Gestión por Resultados (SPGR),

9) Despacho de Prioridades Presidenciales e Innovación Pública dependiente de la Presidencia de la República.

10) Gabinete Técnico para la Formulación de la Estrategia de Simplificación Administrativa.

11) Dirección de Transformación Digital, como un órgano permanente al interior de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin).

12) Inversiones Estratégicas/MCC-Honduras (INVEST-H).

13) Programa Vida Mejor.

14) Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).

15) Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.

16) Gabinete Especial para la reactivación Económica y Social.

17) Los cinco Gabinetes Sectoriales.

Desde el día en que la presidenta Xiomara Castro asumió el poder, aseguró recibir un Estado totalmente en quiebra. Sin embargo, el incremento en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022 es una apuesta que, según los economistas, es arriesgada y podría derivar en inflación. Además, hay serias incongruencias en funcionarios, entre estos diputados, que continúan ganando ostentosos salarios y ahora se aprestan para gestionar proyectos que ponen, como mínimo, el clientelismo político en el tapete de la discusión.

En marzo de 2020, tiempo en el que se declaró emergencia sanitaria en Honduras por la llegada de la COVID-19, el Poder Ejecutivo emitió un decreto para otorgar nombramientos al personal de primera línea frente a la pandemia. Actualmente, no se han otorgado más plazas a trabajadores del área de Salud, algunos han sido despedidos y a otros se les adeuda el pago correspondiente de tres meses de trabajo.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

Desde hace dos semanas que el personal de primera línea no obtiene respuestas conforme al pago de su salario adeudado durante tres meses. Y esto es en el mejor de los casos, para los que todavía tienen un contrato; porque varias de estos trabajadores, entre enfermeras, doctores, microbiólogos o personal de limpieza, han sido despedidas por medio de notificaciones que detallan que sus contratos vencieron a finales de diciembre de 2021.

La Dirección General del Servicio Civil, perteneciente a la Secretaría de Gobernación y Justicia, denunció el pasado 7 de abril más de 10 mil nombramientos irregulares a finales de 2021 e inicios de 2022; entre estos, 8,444 son pertenecientes a la Secretaría de Salud (Sesal). 

En la reestructuración del Presupuesto de la República 2022 se asignaron 24, 735 millones de lempiras para la Secretaría de Salud, lo que representa 2,483 millones de lempiras más que el presupuesto aprobado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández a finales de 2021.

Añadido a esto, César Chirinos, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), denunció que, en lo que va del Gobierno de Xiomamra Castro, 17 mil empleados públicos han sido despedidos, figurando la Sesal como una de las secretarías en las que más despidos se registran.

Despedir a empleados del sector público que muestran una militancia política partidaria distinta a la de gobierno entrantes una práctica acostumbrada en Honduras. A estas acciones se les conoce como «barrida de empleados», en referencia a los despidos masivos. No obstante, lo que agudiza la crisis es que por primera vez en la historia democrática de Honduras, después del golpe de Estado de 2009, un solo instituto político, el Partido Nacional, gobernó durante doce años consecutivosMiles de empleados permanecieron trabajando en el Gobierno nacionalista durante todo ese tiempo, adquiriendo cierta percepción de permanencia laboral, que ahora fue interrumpida abruptamente por el Gobierno de Xiomara Castro, que se enfrenta a una enorme estructura clientelista que está siendo sustituida por personal de su confianza y militantes del partido Libertad y Refundación.

«Sí, ha habido despidos, y unos hasta indirectos, que es cuando a una compañera (enfermera) la descienden del cargo donde está o la trasladan de un lugar a otro sin previo aviso. A veces las compañeras no están listas para trasladarse, ya que esto implica irse a otra comunidad, lo que resulta en un impacto presupuestario al dejar a sus hijos en casa o llevarlos a otra escuela, entre otras cosas», detalla Natalia Chavarría, presidenta de la Asociación de Profesionales de Enfermería del Hospital Escuela (Apehe).

Natalia también informa que las quejas de sus compañeras enfermeras han sido a nivel nacional y que viven en la incertidumbre de saber si serán despedidas o no, aun cuando el ministro de la Secretaría de Salud, el doctor José Manuel Matheu, aseguró que los despidos del personal de primera línea no procederían. 

La presidenta de la Apehe indica que los despidos al personal de salud no ocurren de una sola vez, sino que un día despiden a cinco personas y otro día a solo una. Además, explica que es del conocimiento de las enfermeras que los nombramientos iban a ser progresivos, pero que han sido las revisiones de las nuevas autoridades a los nombramientos las que han atrasado en el otorgamiento de las plazas del personal de primera línea contra el COVID-19.

Suyapa Figueroa, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), asegura que ha recibido muchas cartas de personal sanitario en las cuales les expresan que su contrato por servicios profesionales cesó desde finales de diciembre. Ante esto, la diputada indica que, si bien fue una irresponsabilidad del Gobierno de Hernández nombrar a personal sanitario por medio de decretos sin tener el sustento presupuestario, el actual Gobierno debe revisar estos nombramientos del personal sanitario antes de ser cancelados.

«Yo entiendo que lo heredado es una situación caótica y que es difícil poner orden, aunque hayan pasado más de dos meses de gobierno, pero es indudable que hay que darle celeridad al análisis de esto y ver qué podemos hacer para mejorar», indica la doctora Suyapa Figueroa, quien agrega que los derecho trascienden los gobiernos, y es por esta razón que el Gobierno actual debe respetar los derechos adquiridos del personal de salud.

En esto coincide Ligia Ramos, diputada por el mismo partido. Ramos afirma que en la derogación del PCM emitido a finales del 2021, los diputados del Partido Libre y del PSH aplicaron una salvaguarda para que esta derogación no afectara al personal de primera línea. «Se que la postura del secretario de Salud es darles nombramiento y acuerdo al personal sanitario, entonces no sabemos qué es lo que está pasando con los despidos al personal de salud. Puede ser que hayan personas en los mandos intermedios que están tomando esas decisiones para hacer quedar mal al Gobierno», indica Ramos.

Ligia Ramos, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), asegura que desde el Congreso Nacional se han realizado acciones para nombrar a personal de primera línea contra la covid19 lo antes posible
Ligia Ramos, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), asegura que desde el Congreso Nacional se han realizado acciones para nombrar a personal de primera línea contra la covid19 lo antes posible. Foto CC/Fernando Destephen.

Por otra parte, Johanna Bermúdez, diputada por el Partido Nacional, asegura que el Gobierno de Xiomara Castro tiene la autoridad para poder mapear qué personas han estado efectivamente en primera línea y quiénes no. Además, denunció que, antes de sus acciones, el ministro José Matheu tuvo que conocer la problemática y llevar una propuesta real para solventar la situación actual que tiene el sistema de salud hondureño.

Solo se han otorgado un 18 % de plazas al personal de primera línea desde 2020

Los reclamos han trascendido estas semanas debido a la falta de pago por tres meses y por los despidos al personal de primera línea, pero el otorgamiento de plazas al personal de salud se remonta a marzo de 2020, cuando inició la emergencia sanitaria por COvid-19 en Honduras.

En abril de 2020, un mes después de que se registrara el primer caso de contagio por COVID-19 en Honduras, se aprobó la Ley de Permanencia Laboral, misma que beneficiaría aproximadamente a 10 mil empleados de primera línea durante la pandemia en hospitales y centros de salud, entre ellos médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, microbiólogos, técnicos en radiología, técnicos anestesistas, odontólogos, personal administrativo y personal de aseo, estando incluido el personal contratado bajo el mecanismo de Código Verde. Este acuerdo fue aprobado en el Congreso Nacional en un solo debate.

Sin embargo, a finales de 2021, distintos trabajadores del sector salud —contratados a inicios de la pandemia bajo la modalidad de contrato— salieron a protestar a las calles exigiendo su nombramiento tal como lo decretaba el Acuerdo Ejecutivo 003-2020. Ante la solicitud, el expresidente Juan Orlando Hernández anunció, a finales de ese año, el nombramiento a solo 1, 800 empleados del sector salud.

En la sesión legislativa del 15 de marzo de 2022, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Fabricio Sandoval presentó un proyecto de decreto para derogar las leyes que otorgaban los acuerdos de permanencia al personal de primera línea. Esto desencadenó protestas del personal de salud y que, posteriormente, el diputado fuera encerrado en una de las oficinas de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.

Al día siguiente, el Congreso Nacional aprobó la desarticulación de esta ley siempre y cuando se respetaran los nombramientos al personal de primera la línea y solamente se hiciera una revisión al otorgamiento de plazas para no incurrir en abusos a contrataciones a empleados públicos; entre estos, al personal administrativo. Según Natalia Chavarría, presidenta de la Apehe, la revisión de estos nombramientos ha atrasado el otorgamiento de plazas.

«Algunas acciones de nombramiento quedaron firmadas por la ministra de salud del Gobierno anterior, otras quedaron en Recursos Humanos y otras en Servicio Civil, pero resulta que la mayoría de estas plazas no fueron entregadas. El grupo que está revisando estos nombramientos dice que ha encontrado anormalidades como sueldos exorbitantes en estos nombramientos y que por eso los ha detenido, pero nosotros como Colegio de Enfermeras Profesionales hemos exigido ver qué enfermeras tienen esos sueldos para aclarar eso e iniciar a laborar, pero no nos han querido atender», manifiesta Natalia Chavarría.

La presidenta de la Apehe señala que el salario base de las enfermeras profesionales incrementa en base al índice del precio del consumidor, y que en este año tendría que ser de 25, 000 lempiras, sin embargo, el contrato de estas enfermeras es por 23, 031 lempiras.

«Queremos que el ministro (José Matheu) nos demuestre cuáles son las enfermeras nombradas que tienen salarios altos como él lo expresa. A nosotros como Colegio de Enfermeras Profesionales no nos ha querido recibir, se le han hecho cuatro solicitudes para que nos atienda, pero no hay respuestas», indica la presidenta de la Apehe.

Las solicitudes de entrevista de Contracorriente al ministro de Salud, el doctor José Manuel Matheu, tampoco fueron atendidas.

Las bases de Libre exigen participación de su militancia

«Nos ha costado 12 años estar luchando, y no es posible que quieran seguir con lo mismo», manifiesta Juan Gabriel Velásquez, trabajador de servicios generales del Hospital Escuela Universitario (HEU) y perteneciente al Colectivo de Libertad y Refundación del HEU.

El pasado 6 de abril de 2022, el Colectivo de Libertad y Refundación del Hospital Escuela Universitario realizó un plantón dentro del hospital para exigir la renuncia de Osmín Tovar, director del HEU, así como la asignación de plazas para militantes de Libre que trabajan en dicho hospital. Entre los reclamos al director del hospital están su mala gestión como director, el maltrato a pacientes y también lo señalan de ser simpatizante del Partido Nacional; por su parte, Tovar desmintió esta información. Además, el colectivo de Libre pidió la sustitución de Osmín Tovar por alguien perteneciente al Partido Libre, alegando que esta es la única manera de evitar más corrupción dentro del Hospital Escuela, en donde el director ha otorgado plazas con salarios de 50 mil a 60 mil lempiras.

«Es lamentable que en este momento en el que mucha gente votó por la esperanza creamos que el personal que está en primera línea sea activista de un partido político», indica la diputada por el Partido Nacional, Johanna Bermúdez, ante los supuestos nombramientos a personal de primera línea perteneciente a las filas del Partido Nacional.

Johanna Bermudez, diputada por el Partido Nacional, 2022
Johanna Bermudez, diputada por el Partido Nacional, asegura que es responsabilidad del nuevo Gobierno que se garantice el goce de las plazas para el personal de salud hondureño. Foto CC/Fernando Destephen.

Además, Bermúdez asegura que, de haber tenido una mala gestión en el Gobierno anterior, es tiempo de que la administración actual tome las mejores decisiones. «No dudo que hay cosas que nosotros hicimos mal, pero el pueblo nos mandó a decir que ellos eran mejores administradores que nosotros, así que lo menos que pueden hacer es hacer las cosas bien y diferentes», afirma.

Natalia Chavarría, presidenta de la Apehe, sostiene que la lucha del sector salud por sus nombramientos de alguna manera se ha politizado, algo que no debería de suceder, ya que es una realidad que afecta a todo el personal salud que ha estado luchando contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

«Al personal de salud no se le debe de tratar por politica, el profesional de la salud puede ser nacionalista, liberal, libre o cualquier partido, lo que importa es que preste sus servicios a la población que tanto lo necesita. Si llega un paciente, no solo las enfermeras de Libre van a atender, ni tampoco solamente las liberales. Todo el personal de salud está capacitado para atender a la población sin necesidad de presentarse militante de un partido político, lo mismo debería de suceder con nuestros nombramientos», indica Chavarría.

El Club Águilas del Norte es uno de los clubes más fuertes en el atletismo de Honduras. También es el proyecto de vida de Margoth Andino, entrenadora de atletismo en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula. «El club se llama Águilas del Norte basados en la cita bíblica de Isaías 40:31, que dice: “Pero los que esperan en el señor renovarán fuerzas; se remontarán como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán”, de allí viene águilas, y norte, porque somos del norte del país», nos cuenta.

Margoth ha dedicado 25 años de su vida como entrenadora en el Instituto Público Dr. Modesto Rodas Alvarado. A pesar de las carencias del instituto, ella utiliza tubos de metal, trozos de madera, cuerdas, llantas y otros implementos reciclados para entrenar a decenas de jóvenes. Ahora, después de decidir retirarse, Margoth cuenta su historia, una que está atada a la del Club Águilas del Norte y a las generaciones que, contra muchas dificultades, ha entrenado; y de donde han surgido campeones nacionales y centroamericanos. 

Con orgullo suele contar que dos de sus alumnos representaron a Honduras en los mundiales de atletismo en Colombia y Kenia, en el 2015 y 2021 respectivamente. Pero esos logros, se lamenta Margoth, se nublan por la falta de interés que hay por parte del Estado.

Chamelecón suele ser noticia por su violencia y no por sus atletas. Este sector es uno de los más violentos de San Pedro Sula; sus jóvenes han sido estigmatizados por el control de maras y pandillas que hay en los barrios y colonias.

A pesar de esto y de la invisibilización hacia los atletas, Margoth cree que el fin de su carrera no puede ser el fin de la semilla que ya sembró y que ella describe como la esperanza de que puede haber un futuro diferente para los jóvenes de Chamelecón. 

Por eso, ahora, busca dejar un relevo. Con paciencia, en los días que le quedan, Margoth instruye a sus exalumnos ya adultos para que sigan enseñando atletismo a los más pequeños. «Yo he recibido muy poca ayuda de la institución y de la Federación de Atletismo; me ha tocado sacar dinero de mi bolsillo para poder comprarles sus cositas y que puedan tener instrumentos de trabajo. Muchas veces hacemos actividades para poder sacar un dinerito con la ayuda de los padres y madres de los alumnos; también he recibido apoyo de exalumnos que han visto cómo se lucha para poder entrenar», dice Margoth, sin poder evitar las lágrimas.

David Hepburn, uno de los atletas del Club Águilas del Norte de Chamelecón, fue medallista en repetidas ocasiones en las disciplinas de heptatlón y decatlón. David cuenta que ha sido una muy bonita experiencia vivir al lado de Margoth todos sus logros, desde primeros, segundos y terceros lugares hasta las derrotas en las competencias. Hoy, David cuenta con siete años de pertenecer al club que dirige Margoth. Y, para él, tanto ella como el atletismo le salvaron la vida.

«El Atletismo me salvó, la profe ha sido de gran ayuda hacia mi persona; porque si ella no hubiese estado con el club de atletas en la institución no sé que sería de mi vida. Tal vez me hubiese perdido en las pandillas, ya que años atrás es lo que más se escuchaba y no había algo que le ayudara a uno a despejar la mente y poder hacer otro tipo de actividades. Yo nunca imaginé que iba a salir de mi país y viajar a otros como representante de Honduras. Es una sensación inexplicable llegar a un país desconocido, que mencionen tu nombre, luego el país donde uno vive, y llevarse la medalla de oro. Son cosas que jamás hubiera imaginado, y todo gracias a ella y su experiencia», cuenta emocionado. 

Carlos Heburn, papá de David relata que fue una alegría que su hijo se interesara en el deporte. «Es bueno, más en el sector donde vivimos, ya que los jóvenes están muy expuestos a la violencia y malos caminos que a uno como padre pues no le gustaría que los tomaran. El sector Chamelecón ha reportado una baja considerable en los últimos años, pero eso no significa que ya esté cien por ciento sano». 

En 2011, Honduras llegó a tener la tasa de homicidios más grande del mundo con un 93,2 de asesinatos por cada 100 mil habitantes, según datos de Naciones Unidas; la Universidad Nacional Autónoma tenía otro dato, también desalentador: 86,5 por cada 100 mil habitantes. Diez años años después, Honduras cerró el 2021 con una tasa de 38,6 homicidios cada 100 mil habitantes, según la Polícia Nacional; según la Universidad Autónoma, era de 40,0 por cada 100 mil. En ambas estadísticas, los homicidios se redujeron en más de un 50 % en una década. 

El reto que la licenciada Margoth se propuso con los jóvenes del sector era que no se perdieran en las maras y pandillas. La pelea por el territorio ha sido la lucha del día a día entre estas dos organizaciones, y por ello muchos de los jóvenes de estos sectores deciden formar parte de estas estructuras criminales, muchos de ellos aún sin terminar la escuela primaria. Margoth cree que muchos jóvenes han podido salvarse de estas pandillas por el Club Águilas del Norte, y que esto solo ya ha hecho que valiera la pena. «Espero que esto no quede en vano, poner el nombre de Chamelecón en alto, ya que está lleno de muy buenos atletas, músicos, abogados, licenciados, ingenieros, fotógrafos, creadores de contenido, entre muchas cosas más», dice y señala que, aunque ya piensa en su retiro, «la lucha sigue hasta mis últimos días».

Luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara la desmilitarización de los centros penitenciarios en todo Honduras, la Policía Nacional tomó el mando del sistema penitenciario y tendrá 10 meses para reordenar a las autoridades de las distintas cárceles con la finalidad de frenar la violencia y mejorar las condiciones de los privados de libertad. Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que esto no se podrá garantizar a menos de que sean civiles los que estén al mando del Sistema Penitenciario.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

En marzo de 2022, la presidenta Xiomara Castro ordenó la desmilitarización de los centros penales; para lo que dio un plazo estimado de 10 meses con la finalidad de trasladar el control de las cárceles y del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a la Policía Nacional.

La militarización de los centros penales fue la respuesta del expresidente Juan Orlando Hernández a los hechos violentos que con frecuencia ocurrían en algunas prisiones del país durante su mandato; el ministro de la presidencia en ese entonces, Ebal Díaz, fue quien anunció la intervención militar, así como la suspensión de las autoridades del INP de sus cargos en diciembre de 2019.

La Ley del Sistema Penitenciario Nacional —creada en el 2011 y aprobada en el 2012— señala que el INP debe ser un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, con jurisdicción nacional; entre sus funciones tiene la organización, administración y el funcionamiento del sistema penitenciario nacional. Sin embargo, luego de que destituyeran a las autoridades anteriores del INP, en el año 2020 se reformaron varios artículos del Reglamento de la Ley del Sistema Penitenciario.

Por órdenes del expresidente Hernández, el 17 de diciembre de 2019, 1,200 militares tomaron el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y del Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (Inami). La comisión asignada para intervenir el sistema penitenciario fue integrada por militares de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Honduras cuenta con 30 centros penitenciarios, según cifras del INP; de estos, tres son de máxima seguridad. La cárcel del Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán; «La Tolva», ubicada en El Paraíso; y la cárcel de «El Pozo», ubicada en el departamento de Santa Bárbara. Estas dos últimas son las más recientes, creadas en 2016.

En 2019, en la cárcel de máxima seguridad conocida como «El Pozo», fue asesinado Magdaleno Meza, presunto narcotraficante acusado por los delitos de lavado de activos, uso indebido de nombre, almacenamiento ilegal de armas de fuego de uso prohibido, y quien se presume era miembro del cartel de los Valle Valle en el occidente del país. . Meza fue detenido en 2018 en posesión de las denominadas «narcolibretas», en donde había información de Antonio «Tony» Hernandez, hermano del expresidente Hernández. En sus libretas, Magdaleno Meza detalló los envíos de droga recibidos por Tony Hernández y su hermano, el expresidente Juan Orlando Hernández. 

Mientras esperaba su audiencia de evacuación de pruebas, prevista para inicios del 2020, Meza fue ultimado por 20 disparos y 21 puñaladas en el centro penitenciario en donde se encontraba recluido. El director de «El Pozo», Pedro Ildefonso Armas, fue suspendido de su cargo luego de ese incidente y, un mes después, fue acribillado.

El proceso de traspaso de mando del Sistema Penitenciario a la Policía Nacional, anunciado por Xiomara Castro el pasado 25 de febrero, consta de seis fases; siendo la primera un proceso de análisis de cada centro penitenciario en específico y sus necesidades. La presidenta Xiomara Castro afirmó que este proceso busca concluir en la formación de una Policía Penitenciaria independiente de las FF. AA. y de la Policía Nacional, apoyándose en una Policía Comunitaria; esta última es una de las promesas de su administración.

Poco después del anuncio de Xiomara Castro, cuatro personas murieron ahorcadas en una reyerta en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva», ubicada en Morocelí, zona oriental de Honduras. Previo a esto, en enero de 2022, cuatro prisioneros fueron encontrados muertos y 11 resultaron heridos en una riña al interior de una cárcel ubicada en El Porvenir, Atlántida, al norte de Honduras. Delma Ordoñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, aseguró que el amotinamiento suscitado en la cárcel de El Porvenir fue provocado por pandillas contrarias dentro del centro penitenciario.

Durante el 2021, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentó seis reyertas en centros de máxima seguridad del país, que resultaron en ocho privados de libertad muertos y más de 55 heridos. En su informe, la Oacnudh también menciona el ingreso ilegal de armas de fuego a los centros penitenciarios como algo «particularmente preocupante».

El informe de la Oacnudh sobre la situación de derechos humanos en Honduras 2021, indica que, aparte del hacinamiento, todas las personas privadas de libertad a nivel nacional carecen de acceso a atención médica; así como su comunicación con sus representantes legales y familiares es limitada, y están expuestos a altos niveles de violencia. Del mismo modo, la oficina expresó en su informe que es preocupante «que no exista un plan claro de traspaso progresivo de la administración penitenciaria a las autoridades civiles».

Ante los hechos violentos y los señalamientos, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el comisionado Otoniel Castillo Lemus, explicó que el Directorio Estratégico del INP se encuentra en una etapa de análisis; es decir, en la fase 1, que incluye visitar cada centro penitenciario, hacer un estudio de sus necesidades y estudiar las maneras en las cuales se pueda asegurar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad.

«Como Instituto Nacional Penitenciario estamos enfocados en la rehabilitación, la reeducación, la reinserción y el respeto a los Derechos Humanos de los privados de libertad y de todos los actores que están involucrados en el sistema penitenciario», dijo el comisionado Castillo Lemus, quien agregó que esto no será fácil debido a las precarias condiciones de los centros penitenciarios a nivel nacional y a las deficiencias del INP dejadas por la administración anterior.

Glenda Ayala, directora del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev), afirmó que la desmilitarización de los centros penitenciarios en Honduras no garantiza que cese la violencia dentro de los mismos y que solo por medio del control de civiles egresados de la Academia Penitenciaria se podrá asegurar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.

Prision Tamara Honduras 2022 Desmilitarización en cárceles comienza a paso lento y sin garantías de detener violencia desmilitarización en cárceles de Honduras 2022
El pasado 10 de marzo la presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, ordenó la salida de la Policía Militar de los centros penitenciarios en todo el país. La Policía Nacional será quien esté al mando del Sistema Penitenciario en Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

«Mientras las mismas personas estén al frente de las instituciones, con las mismas líneas y con los mismos vicios de trabajo, difícilmente se podrá lograr este avance en el sistema penitenciario, y lo que seguiremos viendo son muertes bajo custodia del Estado. Estamos conscientes de que la violencia no la podemos erradicar con violencia, y los militares y policías no han sido formados para lidiar con el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad, por eso hemos visto un ambiente de represión en las cárceles», señala la directora del Conaprev.

El Sistema Penitenciario hondureño, según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP) contabiliza a 20,687 personas adultas privadas de libertad, dentro de las cuales 1,219 son mujeres;sin embargo, las cárceles a nivel nacional solo tienen la capacidad para albergar a 14,780 personas. «El uso excesivo de la prisión preventiva, a pesar de su carácter excepcional según la ley, continúa siendo un gran desafío para el descongestionamiento del sistema penitenciario», indica el informe de la Oacnudh.

En el Consejo de Ministros de la semana anterior, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) quedó en 1,979,838,991.00 lempiras; aumentando 741,308,98.00 lempiras conforme al anterior (1,238,530,010.00 lempiras). Las secretarías de Seguridad y de Defensa también gozaron de un aumento considerable en la reasignación del nuevo presupuesto, en donde esta última tiene 1,485,897,621.00 de lempiras más que la secretaría de Seguridad, aun cuando la Policía Nacional está adquiriendo cada vez más responsabilidad en la presente administración.

Mujeres privadas de libertad: más invisibilizadas que nunca en el Sistema Penitenciario

Glenda Ayala manifiesta que desde el Conaprev han visto con mucha preocupación el trato discriminatorio que se les da a las mujeres en los centros penitenciarios. Ante esto, la abogada menciona que en una de sus visitas a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), encontraron a un oficial hombre de la Policía Nacional encargado y responsable de la seguridad de las privadas de libertad dentro del establecimiento.

«¿En verdad queremos avanzar en el reconocimiento de la dignidad de las personas y, sobre todo, de las mujeres privadas de libertad o solo queremos apantallar algo que no es? Nunca un centro de privación de libertad de mujeres puede estar siendo dirigido por miembros masculinos, tienen que ser agentes penitenciarias, hay muchas que han sido formadas en la academia penitenciaria para regir y para ser las responsables de la seguridad de las mujeres», indicó la directora del Conaprev.

Según la Ley del Sistema Penitenciario en su artículo 30, «todos los establecimientos, así como los pabellones y secciones para mujeres en establecimientos mixtos serán dirigidos y estarán exclusivamente a cargo de personal femenino, sin perjuicio de que los servicios religiosos, médicos, educativos y de seguridad exterior sean desempeñados por hombres».

La directora del Conaprev dio como ejemplo el caso de ocho mujeres privadas de libertad originarias de Trujillo, a quienes se les trasladó el 17 de diciembre de 2021 a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas) sin seguir las Reglas de Bangkok, las cuales establecen que estas mujeres deben de estar lo más cerca de su domicilio. Por este traslado, las mujeres pasaron de tener una cama en el centro penitenciario de Trujillo a dormir en el suelo en situación de hacinamiento en el Pnfas.

«Este es un acto deliberado, desproporcionado, inhumano y degradante en contra de las mujeres privadas de libertad. ¿Por qué razón a los hombres no se les trasladó y se les dejó allá bien tranquilitos cerca de sus hogares cometiendo delitos más abominables que las mujeres? Nosotros lo denunciamos, ya mandamos la recomendación y no hemos tenido respuesta. Estas mujeres son cabezas de hogar, porque en nuestra sociedad la mujer es el sustento del hogar, la que está al frente de los hijos y la que, muchas veces, por la situación de pobreza, es la que cae privada de libertad. Queremos que se retome de verdad la legalidad para que a las víctimas de estas decisiones arbitrarias se les restituyan sus derechos y que cese esa persecución hacia las mujeres en los centros penales», explicó la abogada Glenda Ayala.

Actualmente son 1,184 las mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario hondureño. De estas, el 58 % ya están judicializadas y el 52 % condenadas. Glenda Ayala agrega que algunas de estas mujeres han sido obligadas por hombres para meter drogas en cárceles. Del mismo modo, más de 256 presidiarias tienen enfermedades crónicas que no han sido atendidas, y al menos 26 de ellas están con sus hijos menores de cuatro años dentro de las instalaciones.

Jenny Almendares, asesora legal del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (Cptrt), considera que a las mujeres privadas de libertad se les debe proporcionar información en materia de salud sexual y reproductiva de la mujer, y, sobretodo, garantizar la civilidad en los centros penales para que tengan una mejor condición de vida.

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Miembros de la Policía Militar hacen guardia en la cárcel de máxima seguridad de Támara en las afueras de Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

En cuanto a las acciones de la nueva dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el director de esta institución, Otoniel Castillo Lemus, asegura que se tomarán acciones inmediatas al respecto dentro del Pnfas, y que son conscientes de la situación de las mujeres y la falta de atención a esto de la administración anterior.

«Con el comisionado Robert Naín Nuñez, subdirector de Desarrollo Institucional, tenemos grandes proyectos a inicios del mes de abril. Se les impartirá a las mujeres cursos de belleza y se les brindará la debida educación. Además, se les acercaran a las reclusas a sus lugares de origen, porque sabemos que se han traído a algunas reclusas al Pnfas para tenerlas centralizadas. Esto sucederá después de hacer los debidos análisis», manifiesta el comisionado director del INP, Otoniel Castillo Lemus.

Propuestas a soluciones no atendidas

El comisionado Castillo Lemus, asegura que la situación en la que encontraron el sistema penitenciario es deplorable y que no cuentan con los recursos para crear más centros penitenciarios; tampoco hay ninguna propiedad a nombre del Instituto Nacional Penitenciario ni carros asignados a la institución. El comisionado manifiesta que solo hay recursos económicos para pagar salarios al personal administrativo del INP y para la alimentación de los privados de libertad.

«Debemos trabajar con la empresa privada para que, cuando estas personas salgan de prisión, tengan una oportunidad de empleo, ya que los proyectos que trabajan en los distintos centros penitenciarios deben seguir caminando afuera. Ahora estamos teniendo mucha actividad agrícola en los centros penales del occidente del país, por ejemplo», indica el comisionado, quien agrega que en las cárceles está la debida capacitación formal en educación primaria y secundaria, así como distintos talleres en donde los privados de libertad aprenden a hacer hamacas, trabajan madera y otros oficios.

Glenda Ayala asegura que la intervención en el INP continúa debido a que los órganos de control no funcionan en el marco de lo prescrito en la ley, la cual establece que se debe seguir una cadena penitenciaria conformada por personas egresadas de la Academia Penitenciaria. Ante esto, la solución es que civiles egresados de esta academia tomen el mando del sistema penitenciario hondureño. Ayala contabiliza a más de mil personas egresadas de la academia hasta el momento; entre ellas, licenciados y licenciadas en derecho y psicología.

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Miembro del Ejército hondureño vigila la distribución de mascarillas y gel antibacterial a privados de libertad en la cárcel de Támara en Tegucigalpa, capital de Honduras .Foto CC/Jorge Cabrera

«Ya dejemos de introducir miembros del orden en temas penitenciarios porque hay una incompatibilidad terrible; el que detiene no puede ser el mismo que rehabilita. Los resultados de eso han sido violaciones a los derechos humanos de personas que están en las cárceles», asegura Glenda Ayala. La directora del Conaprev también reconoce que se les ha tomado en cuenta en reuniones con el INP, pero advierte que esto no asegura que sus propuestas sean escuchadas.

Jenny Almendares, del Cptrt, concuerda con que se debe de seguir un sistema progresivo que oriente a civiles al mando del sistema penitenciario, esto para que la persona privada de libertad pueda irse rehabilitando progresivamente.

«Es muy importante tomar en cuenta que quienes están en centros penitenciarios son personas que no necesariamente son peligrosas; para eso hay estudios y consejos que estudian la peligrosidad de las personas. Lo que deben existir son cárceles que atiendan las condiciones de cada persona, porque son seres humanos, son hombres y mujeres que se encuentran en una condición de sus vidas. Privados de libertad, sí, pero que deben ser tratados como seres humanos y no vistos como un peligro», asegura Jenny Almendares, asesora legal del Cptrt.

En lo que va del año, ocho personas privadas de libertad han muerto en hechos violentos dentro de centros penitenciarios, y once han resultado heridas luego de riñas entre reclusos pertenecientes a pandillas contrarias. Aún con el anuncio de la desmilitarización de los centros penitenciarios y su avance progresivo hacia una Policía Penitenciaria, la presidenta Xiomara Castro no ha anunciado reformas a la Ley del Sistema Penitenciario hondureño.

Texto: Leticia de Oyuela
Ilustración: Pixabay

Parada en la popa de la pequeña goleta Camille, Ángela Ardón miraba la espuma blanca de la quilla que partía el agua en dos, como haciendo un surco profundo. Sentía que su corazón también estaba partido por el surco de la desesperanza y, sobre todo, por lo que ella creía que era el desamor. Era el tercer día de viaje desde el puerto de San José de Guatemala y, prácticamente, no habían visto tierra hasta esa mañana en que el Golfo abrió sus puertas, mostrando aquel esplendor de islas pequeñas cubiertas por una vegetación abundante, que daban la impresión de no ser habitadas más que por bandadas de pájaros que trinaban y piaban alternativamente, desmemoriados, asustados por el cruce de la goleta.

El piloto dejó escapar el vapor y el vigía gritó: «Tierra a la vista». El elegante gringo, comandante de la nave, dijo por el altavoz en inglés y en español: «Señores, bienvenidos al Puerto de Amapala». Ángela vio con deleite la pequeña población, limpia como una taza de plata en medio de una eclosión de palmeras, cuyos penachos danzaban al ritmo de un acompasado vientecillo que, como un gran abanico, trasladaba la brisa marina hasta el cálido interior de las casas.

Desembarcaron —ella y sus dos tías— y al momento estaban en la guardatura marítima, un edificio con evocación del neoclásico. Ostentaba, orgulloso, en su frontispicio triangular, el escudo de armas de Honduras realizado primorosamente en yesería. Le sorprendió la cantidad de europeos, en su mayoría residentes en la isla, más otra cantidad que desembarcaban en ella como destino final. Ellas pernoctarían en la casa de una antigua amiga, doña Rosa de Abadie. Estaban un poco desconcertadas, cuando un joven de unos treinta y cinco años, enfundado en una pulcra camisa blanca y con ligueros en los brazos, visera verde y un lápiz detrás de la oreja (el aspecto típico del oficinista), las saludó presentándose como el contador vista de la aduana. Les explicó que ya había desembarcado su equipaje y que aprovecharan la carreta que las conduciría a la casa de doña Rosa, que estaba bastante lejos de la guardatura.

Así fue como conoció a Matías López. Era prematuramente viudo, oriundo de Choluteca y daba el aspecto de ser persona seria y sumamente razonable, simpático y respetuoso. En los tres días transcurridos en la isla, le hizo a Ángela la corte con total claridad y decoro. El fin de semana fueron al baile, que ofrecía el capitán de la Camille, donde disfrutó con extrañeza el volver a vivir un cortejo amoroso, después de los cinco años vividos en Guatemala, en el recuerdo perpetuo de aquel gran amor. Ella lo consideraba ingrato, por el desmemoriado aquel que, después de los conflictos habidos con su familia, parecía no haber tenido interés en comunicarse con ella. Ni una carta, ni una letra, ni un mensaje.

Mientras danzaba en los brazos del joven Matías, ella se entregaba a sus recuerdos y a la nostalgia aromada de aquello que pudo ser y nunca fue. Recordaba con un dolor interno la rebelión que le provocaron tantos problemas con sus tías, cuando las desafió, negándose a realizar la boda que ellas le habían negociado con aquel rico olanchano. En su alma, aún quedaba la herida del desprecio y la prepotencia de la familia cuando, sin pensarlo, la obligaron a llegar hasta el altar con aquel doctor olanchano, que la obligó al pie del altar y delante de lo mejor de la sociedad tegucigalpense, a decir en voz alta y clara: «No acepto», ante el requerimiento del sacerdote que le pedía la aceptación matrimonial.

El escándalo subsiguiente que destruyó la ceremonia -tan perfectamente planificada por las tías-, el susto del sacrilegio cometido con esa negativa directa, pero ya anunciada, dejaron en su alma aquel recuerdo confuso en el que meditó durante años. Creía haber visto rotos los floreros de cristal y las flores desparramadas mezcladas con el agua ya siendo marchitas, en el suelo. Ese vago recuerdo había dejado en ella y, sobre todo, en su espíritu, una sensación destructiva en la que pervivía el atropellamiento y la confusión de los invitados, que salían de una boda que no se había realizado.

Un fuerte escalofrío le recorría la espalda con ese recuerdo terrible: la rabia y la indignación del potentado olanchano, que acusaba en voz alta a las tías de no sé cuántas cosas. El desmayo de Mamachús (así llamaba ella a la tía mayor], la cantidad de damas y damiselas que se agruparon en torno a ella ofreciéndole las sales para revivirla. Vagamente, recordó en ese momento que la mejor forma de revivir a Mamachús era aflojándole el corsé, pero ella estaba petrificada, asombrada de su propia acción y, aunque hubiera querido, no habría podido articular palabra alguna.

Su amor por Rafael había nacido con ímpetu en su corazón virgen, desde el día que lo conoció, cuando llegó como maestro suplente de Matemática al colegio de las tías donde ella, además de ser alumna, pagaba su beca como maestra de kínder. Fue lo que la gente llama «amor a primera vista». Por razón de sus obligaciones, generalmente ella llegaba tarde a clases y se sentaba al final del salón. Ese día Rafael estaba al lado del pizarrón y posiblemente ya se había presentado, pero se calló cuando ella entró. Estaba acostumbrada a que siempre le llamaran la atención por ser la última en entrar; se hizo un minuto de silencio, en el que él la quedó viendo con aquellos grandes ojos, apasionados, fogosos, que relumbraban como estrellas fijas. Ella sintió esa mirada envolvente y empezó a notar que la conducta de ambos no era normal; que a partir de los cruces de miradas, había surgido una especie de complicidad, por algo que estaba pasando y aún no estaba dicho.

Para colmo de males, Rafael empezó a hacer cierto alarde del privilegio que le tenía. La llamaba más veces al pizarrón a desarrollar teoremas que le causaban problemas, lo que la obligaba a estudiar más. Ello significaba dormir menos, porque su jornada en el colegio era polivalente. Además de dar clases a los párvulos, tocar el piano, cantar con ellos y entretenerlos, por las noches hacía la inspección en el internado. Lo hacía con gusto, porque su presencia rompía la terrible austeridad impuesta por las tías. Ella, por su edad, conversaba con las chicas e, inclusive, les recomendaba uno que otro libro. Ellas a su vez, le contaban lo que habían hecho los fines de semana con sus padres, le daban las crónicas de los paseos, descargaban sus ilusiones informando, además, de lo que transcurría en los bandos políticos. Recibía de ellas las noticias de los jóvenes de buenas familias que regresaban de Europa o de los Estados Unidos y que eran los buenos partidos que se ofertaban para los círculos en que ellas se movían. Recordaba con ternura a todas aquellas niñas adolescentes, hijas de los poderosos o ricos de la época, a quienes consoló y a quienes escuchó sus cuitas de amor, las frustraciones continuadas por amores fallidos, los pétreos tabúes que la sociedad había elaborado como autodefensa.

Su amor por Rafael se convirtió en un amor epistolar. Ella colocaba bajo la mesa de la cátedra todos los días una carta de amor y él le dejaba una bajo el secante de su pupitre. Era toda una ceremonia de complicidad mutua, que llegaba al borde de lo cultual. Ella ocultaba la carta de amor en el pecho, donde dormía algunas horas, palpitante, quemante, calorizadora, hasta encontrar el momento perfecto de soledad para leerla con avidez, con deleite. Aquellas palabras de amor se fueron convirtiendo en el punto central de su vida, en algo propio, en lo exclusivo, en lo no compartido, en lo que es solo un secreto de dos.

Hasta que llegó el día de la definición, cuando sus tías la llamaron al salón para presentarle al doctor Díaz, como el pretendiente escogido y seleccionado para ella. El sermón de Mamachús que la china y la rechina, que recuerde que ella es una «protegida», huérfana sin fortuna. Le explicaron que el Dr. Díaz es un hombre de inmensa fortuna, que desgraciadamente se tendría que ir a vivir a Juticalpa, pero que si ella quería podrían abrir una casa en Tegucigalpa para pasar temporadas, a fin de que pudiera continuar su vida social. En aquel discurso contradictorio, Mamachús se dirigió al Dr. Díaz y le explicó: «La niña ha sido formada por esta casa, casa ejemplar, como usted ya sabe; además de graduarse el próximo año como maestra auxiliar, sabe perfectamente manejar un hogar». Y después enfatizó: «Ahora bien, ella no es cocinera, pero sabe mandar a una cocinera y preparar un menú a la altura de las circunstancias».

Allí fue donde Ángela destapó su amor por Rafael; entre llanto e hipos, contó el año y medio transcurrido en la esperanza de concretar ese amor y, naturalmente, Mamachús se desmayó. Después se enteró de que Rafael había sido despedido del colegio y no lo vio más. Gracias a un amigo supo de él; recibió una carta que, desgraciadamente, fue interceptada por Mamachús, quien la obligó a aguantar un «consejo de familia», donde estuvieron los viejos tíos don Salustio y don Ponciano y su hermano mayor, Chico María (a quien escuchó con sorna su posición moralista porque nadie, mejor que ella, sabía de la «queridita» que tenía en el barrio La Fuente, de cuya casa salía directamente en la mañana para ir a la primera misa).

La decisión de la familia fue inapelable. Todos decretaron que habría boda. El tiempo que transcurrió para la fecha fijada la pasó encerrada en su habitación, mientras recibía las visitas de la modista que preparó el ajuar, el vestido de novia, los vestidos de las damas de honor que las tías eligieron, y toda esa visión ritual de una boda digna de una hija de familia. Nadie escuchó ni quiso escuchar la promesa interna que se había hecho: que en el altar, frente al cura, diría que no aceptaba como esposo al Dr. Díaz.

Un día antes de la boda, llevaron a monseñor Vigil para que la confesara y a quien no le confesó nada, pero le advirtió que iba a decir «no» en la iglesia. Escuchó en el pasillo cuando Monseñor explicó a las tías: «La niña está en plena etapa de rebeldía… pero como es inteligente, se plegará a las circunstancias».

Después del escándalo de la boda fracasada por su negativa, caminó y descaminó la calle de la amargura. Tres meses de absoluto encierro e incomunicación, en medio de una fuerte crisis política que trajo consigo el cierre del colegio. Por esa razón le ordenaron que acompañara a Mamachús, que se iba a vivir a Guatemala. Era la forma en que la familia, «generosamente», le ofrendaba su perdón, a cambio de que cuidara a la pobre vieja, tan enferma y disminuida a raíz del escándalo que ella había protagonizado. Había puesto en evidencia a toda la familia y, sobre todo, en la mira de la venganza del Dr. Díaz, que si bien es cierto nunca se dio, reposaba como una amenaza, como una espada de Damocles en la conciencia de las tías, líderes de la familia.

Guatemala se apoderó de ella. Fueron cinco años en los que vio otro aspecto de la vida, centrada en la realización profesional. Gracias a un sistema social más ideologizado, Guatemala era más proclive a una convivencia verdaderamente liberal, buscando un clima de orden y progreso, ya que aún resonaba la herencia de los reformadores. Ayudaba a la tía con un pequeño colegio de señoritas, muy exclusivo. Ella ya estaba vieja y la sociedad que fundaron incluía una maestra francesa, madame Claire Leroux, que instruía en cursos de refinamiento. Es decir, maneras, protocolos y trato social. Era interesante ver cómo las mujeres guatemaltecas eran más evolucionadas que las hondureñas, pero al mismo tiempo, más frívolas en ver el mundo. Eran muy superficiales y muy pagadas de su clase y, sobre todo, muy apegadas al poder.

A pesar de su circulación social y su éxito, en el que no le faltaron pretendientes, seguía pensando en Rafael, hasta que su recuerdo se convirtió en una cicatriz, de vez en cuando dolorosa, porque la hizo pensar y repensar en las virtudes del desengaño. Porque el desengaño como el dolor, es una escuela capaz de enseñar cómo se debe vivir y cómo se marcan los caminos para aprender a vivir. Aunque nunca lamentó haberle dicho «no» al Dr. Díaz, ahora lo consideraba como una rebelión solitaria e inútil porque, en el tras-fondo de esto, estaba el desapego y olvido en el que Rafael la había dejado.

Y luego adquirió el vicio de caminar a pie, solitaria, por la Avenida Reforma. Disfrutaba de su soledad porque había descubierto que esta es una gran compañera, que hay momentos en la vida que es mejor cultivar la soledad y no tenerla como enemiga, porque como enemiga es mala consejera. Cuidada con ternura es cariñosa, generosa y maestra que enseña lo importante que es hablar con uno mismo.

Ahora se veía bailando como si nada con este hombre, bastante maduro, muy solitario en la ingrimitud de su temprana viudez, ofreciéndole ese cariño suave, lleno de ternura, sin estridencias ni complicaciones. Lo miraba con ojo crítico cuando él, entusiasmado, hablaba de sus proyectos futuros, que incluían dejar la aduana de Amapala para dedicarse al comercio, como administrador de la Casa Siercke y de trabajar una hacienda que había heredado de su madre en Choluteca. Le brillaban los ojos y ese brillo se extendía hacia una que otra hebra plateada que le daba interesantes tonos a su cabello, rigurosamente cortado a la manera alemana. Siempre pulcro, su presencia era un desafío al calor del ambiente. Sintió que le gustaba ese aroma que exhalaba, mezcla de lavanda y tabaco, aquella serena tranquilidad en el habla y, sobre todo, la sensación protectora que le brindaba en el momento del acercamiento.

Las tías y sus amigas, las Abadie, se emocionaron cuando se enteraron de que ella le había dado a Matías un apresurado sí y soltaron la veta casamentera que, para ellas, era una excitante visión de la vida. Entonces se dedicaron a preparar la boda. Nunca pensaron en la existencia de la vieja cicatriz y contaron a Matías todo el embrollo. Entre todas decidieron que no se casaría en Tegucigalpa para no recordarle al público la vieja afrenta social. Ellas aducían que toda la ciudad recordaba el escándalo de la boda fallida, razón por la cual decidieron realizarla en Pespire, en casa de la familia Molina, y en una pequeña iglesia que acababan de remozar, con cúpula herreriana. Era una época en la que todo pueblo que se respetara, debía tener una iglesia con cúpula, que era un indicativo de categoría social. Así fue cómo, el 12 de mayo de 1905, Ángela estuvo nuevamente frente al altar en circunstancias diferentes.

Sintió en la iglesia un cariño que se reflejaba en los detalles; las rosas blancas que la adornaban, proclamaban en su aroma una especie de devota tranquilidad. Sentía que todo era como el espíritu de Matías, que se derramaba allí con su sereno afecto y su tranquilidad. El séquito incluía a algunos de los alemanes y de los amigos residentes en Amapala. La pequeña ciudad era limpia y organizada. Las tías, exultantes, le pidieron, no sin demostrar cierto temor, que esta vez hiciera una confesión verdadera y que, sobre todo, le explicara a su novio todo su pasado, jurándole, además, amor «para que no hubiera una nube en la futura relación». Dentro de ella pensaba qué más podía contarle a Matías de lo que ellas ya le habían contado previamente.

Llegó por fin el día de la boda. Por la mañana, las tías le entregaron un paquete en un sobre cerrado. Al palparlo sintió que eran papeles y, en el fondo, pensó que podía ser el famoso testamento perdido de su padre, razón por la cual no lo abrió. Pensó entregárselo a Matías, en la idea de que, desde entonces, él fuera su administrador y albacea.

Ese día, la pequeña población amaneció como lavada por la lluvia de la noche anterior; parecía que la lluvia había sido benefactora, rompiendo con su frescor el temperamento histérico del verano. Pensó, agradecida con la vida, que es posible que el sermón de la montaña haya sido pronunciado después de una lluvia, como ejemplo paradigmático de cómo la calma retorna después de la tempestad. En su caso, la tempestad era la de su alma que, por fin, encontraría en Matías, su esposo, la ambición de toda mujer: tener el derecho a ser ella misma, a tener una familia y un hogar en el espacio del respeto mutuo.

Sintiéndose bella como nunca y ligera de espíritu, escuchó con mucha atención la ceremonia religiosa. Todo le pareció grato y emocionante; una gran ternura la embargaba de solo pensar que ella iba derecho a ese oasis de paz, que ya nunca su alma se turbaría. Los azahares puestos en su cabello, por las amigas de la maestra Soledad, derramaban sobre su rostro cierta ternura nostálgica.

Salió de la iglesia como nimbada del brazo de Matías y el órgano, con sus notas, parecía acompañar dulcemente esa emoción. Al pisar el empedrado de la calle y sentir a todas las jóvenes que lanzaban pétalos de rosa sobre ambos, escuchó el ruido de un cohete lanzado al aire y el apresurado trote de un caballo sobre el pavimento. Alzó la vista y vio frente a ella un jinete, cuyo caballo se detuvo en seco alzando las patas delanteras. Sintió que un rayo había caído a sus pies al reconocer que el jinete era Rafael, el mismo Rafael, cuyo rostro tenía impreso en el fragmento de su memoria indeleble y aún vivo.

Hizo pucheros, sintió una extraña vibración en su rostro y se puso a llorar. Mientras tanto, el jinete dio vuelta en redondo y volvió a tomar el camino a galope abierto hacia la calle que conduce al mar. Todo mundo la abrazó en silencio y la maestra Sole se acercó al oído y musitó: «Calla, calla, no seas novia llorona, que eso trae mala suerte».

Después de la boda, al día siguiente y cumplidas las velaciones mandadas por la Santa Madre Iglesia, Ángela cabalgó al lado de su marido por la vía que conduce hacia Choluteca. Embargada en la profundidad de tratar de descifrar cuáles eran los signos que marcaban su destino, recordó una frase de un sereno que abría la puerta de su casa en Guatemala y que decía: «No llores por aquello que no tiene remedio».

Tres días más tarde abrió el sobre que le habían entregado las tías y descubrió, amarradas, con una cinta azul, las ochenta cartas de amor que Rafael le había escrito en todo el tiempo que ella permaneció en Guatemala y que, en su contexto, eran la prueba permanente de su amor y de su fidelidad. Las leyó y las releyó en la primera semana de su luna de miel, ya dedicada, con voluntad férrea, a tener un hogar. Ese día las introdujo en el fuego, inmóvil sin moverse, hasta que se convirtieron en cenizas blanquecinas. Suspirando, secó sus lágrimas y exclamó: «Nunca me moriré de amor».



Este cuento forma parte del libro Cuentos Hondureños (Editorial Popular, 2005).

Texto: Teddy Baca
Ilustración: El libre pensador

Ha transcurrido más de un año desde que no he podido conseguir un empleo. En un par de casos, tuve conocimiento de que fui descartado de procesos de selección por mi pensamiento progresista y por pertenecer al colectivo LGTBIQ+.

Esto me llevó a reflexionar un poco sobre la mentira que muchos dicen en redes sociales con relación a la educación que promueve el respeto e inclusión LGTBIQ+, diciendo «que respetan pero quieren que los menores crezcan libres de influencias».

¿Por qué es mentira? Esto radica en otra pregunta: ¿acaso los medios de comunicación, iglesias tradicionales y la cultura no imponen la visión de la heterosexualidad como la sexualidad preferida o única válida? La libertad que tanto exigen los conservadores no es libertad, sino mantener un status quo en donde los heterosexuales crezcan con privilegios, mientras que los que no lo seamos nos mantengamos callados o,de preferencia, «cambiemos». Si a eso le sumamos la discriminación en salud, educación, seguridad y trabajo, tenemos una sociedad que te da dos opciones: sos heterosexual o te jodés.

La defensa de la familia es otra estrategia falaz para aplastar los derechos humanos de la diversidad sexual: para estos defensores, la familia es un derecho heterosexual que se ha idealizado como célula de la sociedad, por lo que la diversidad supone una amenaza a estas bases.

Por ejemplo, en Guatemala recientemente el Congreso aprobó una ley que supuestamente protege a la familia a partir de la censura de la diversidad sexual en escuelas y colegios, la prohibición del matrimonio igualitario y la censura a toda persona que defiende la validez de la diversidad sexual; por lo que, de forma implícita, se pide que haya silencio o se condene a la sexualidad diversa en estos espacios.

Esta ley fue vetada por el presidente, pero no significa que a futuro no cambie de opinión o sea tomada por el sucesor. En Costa Rica se percibe un ambiente similar, ya que el presidente electo, Rodrigo Chavez, prometió en campaña adoptar una ley similar.

¿En que defiende a la familia estas medidas? Las personas LGTBIQ+ no elegimos serlo, ni se puede modificar; sí, algunos se ocultan, reprimen o viven en negación, pero no dejan de serlo. Los políticos que la aprobaron ignoran a los sectores diversos como a los académicos, e impusieron su visión cristiana fundamentalista por encima del Estado laico y de derecho del que supuestamente parten. Por otro lado, lejos de proteger, esto significa que habrá más violencia en los hogares, puesto que los menores sexodiversos podrían enfrentar mayor maltrato de padres conservadores, además de acoso por parte de autoridades educativas.

La libertad de expresión no supone ninguna amenaza hacia la juventud, la orientación sexual e identidad de género no se «adquieren» socialmente, y cabe recalcar que, aunque lo fuesen, la diversidad es inherente al ser humano;tachar como inmoral el que una persona se enamore de otra solo porque tengan el mismo sexo o género es absurdo. Tan absurdo como llamar inmoral a un gusto gastronómico, musical,una identidad étnica o ser partidario de una fe.

Pero estas y otras mentiras han sido tan bien disfrazadas y globalizadas que el estado de Florida, en Estados Unidos, incluso aprobó una ley muy similar no hace mucho tiempo atrás, en donde incluso le dan poder a las escuelas para expulsar a alumnos/as que hablen del tema.

Estas y más prohibiciones también existen en Haití, Rusia, Hungría, Paraguay y Polonia, a menudo usando el término de «propaganda gay» al referirse a la libertad de expresión que respete a la diversidad. Parece que la libertad que tanto exigen estos grupos que fomentan el odio solo aplica para defender sus acciones excluyentes; porque de lo contrario toda libertad —de expresión, de género, de asociación—es tachada de inmoral o de ser mera propaganda.

Mi búsqueda de empleo, de poder casarme, entre otras luchas, todavía están vigentes. Esta búsqueda requiere de mucha energía, pero es el precio que pagamos por ser nosotros mismos en una sociedad construida en el egoísmo y la doble moral sexual.

Pero, con todo, creo que hay un rayo de esperanza en Honduras, y nos compete a todos y todas hacerlo brillar con su fuerza de forma que pueda hacer reflexionar a los demás para que logremos progresar y no volver a caer en estos errores.

Espero que en la próxima nota que escriba en este medio haya logrado mi primera meta: conseguir un trabajo donde mi diversidad no sea motivo de exclusión.

El 3 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que la lucha contra la corrupción sería un objetivo fundamental de su gobierno. Por esto, los departamentos y agencias gubernamentales comenzaron a acelerar y ampliar sus esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción doméstica y también fuera de sus fronteras. La relación con el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras y que éste país se convierta en el socio estratégico de EEUU en la región, podrían ser temas condicionados por esta estrategia anticorrupción que Biden pretende exportar al mundo.

Por: Jennifer Avila Reyes


En la Cumbre por la Democracia liderada por Estados Unidos el pasado diciembre, Joe Biden presentó una estrategia basada en un enfoque integral para abordar la corrupción a nivel nacional e internacional con socios gubernamentales y no gubernamentales para prevenir, limitar y responder a ésta y sus delitos conexos. En esta cumbre no estuvo invitado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue solicitado en extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico el mismo día que dejó el cargo de presidente el 28 de enero de este año. Para ese entonces, la relación de Estados Unidos con Guatemala y El Salvador ya estaba deteriorada y, en ese contexto, el nuevo gobierno de Honduras con Xiomara Castro y su familia a la cabeza se perfiló como la única oportunidad de Estados Unidos para preservar su influencia en esta convulsa región.

La estrategia del gobierno de Biden se enfoca en las dimensiones transnacionales que plantea la corrupción, incluso reconociendo las formas en que los actores corruptos han utilizado el sistema financiero de EE. UU. y la institucionalidad del estado para lavar sus ganancias provenientes de la corrupción. Para un país como Honduras, en donde según cifras del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pierden alrededor de 3,000 millones de dólares por corrupción cada año, y donde el sistema de justicia es tan cuestionado hasta el nivel de que se espera que los criminales de alto nivel político sean condenados en una Corte de Estados Unidos, esta estrategia podría empalmar con la bandera anticorrupción que el nuevo gobierno de Xiomara ha ondeado.

Pero el lastre que Honduras arrastra es grande y su relación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y frenar la migración no ha sido del todo positiva. Después de un golpe de Estado en 2009, después de la fallida Misión de Apoyo a la Corrupción e Impunidad que instaló la OEA y que el gobierno de Juan Orlando Hernández minó desde el primer día, y después de años de apoyo a la autocracia de Hernández quien terminó siendo acusado por narcotráfico, la lucha anticorrupción se vuelve una tarea diplomática con muchos riesgos.

En un tour virtual del departamento de Estado al que este medio fue invitado, el profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, Mathew C. Stephenson, dijo que puede ser contraproducente poner todas las esperanzas en un tipo de Deus Ex Machina, un elemento que llega de afuera a resolver los problemas de un contexto específico, refiriéndose así a las comisiones internacionales que se han vuelto parte del clamor popular en Centroamérica -y ahora particularmente en Honduras- debido a la desconfianza en los sistemas de justicia locales.

«Creo que la experiencia de la Comisión de Guatemala (CICIG) muestra que [esas comisiones] pueden ser muy útiles en algunos contextos pero no son mágicas balas de plata porque cuando el apoyo político se erosiona, pueden cerrarse con bastante rapidez. Ese es uno de los problemas que vimos en El Salvador y en la Comisión hondureña original (la Maccih), deduzco que hay discusión y Honduras lo está haciendo nuevamente pero de una forma diferente, pero si no están bien diseñadas para tener los poderes que necesitan, pueden terminar siendo una especie de escaparate. Si se cuidan los detalles, creo que este tipo de organismos internacionales pueden tener la libertad de hacer investigaciones que simplemente no son políticamente viables internamente», dijo al respondernos sobre qué sería lo necesario para la instalación de una nueva comisión anticorrupción en Honduras.

Stephenson disertó además sobre las aristas de la corrupción y el papel que juegan la sociedad civil, la academia y el periodismo independiente en investigar y develar las redes de corrupción y sobre la colaboración entre Estados Unidos y los demás países. «Si los oligarcas o los cleptócratas tienen activos en los Estados Unidos y si las autoridades estadounidenses pueden probar que estos activos son probablemente el producto del crimen, entonces pueden congelarlos e incautarlos. Hay una unidad especial en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llamada Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia, que se dedica a este trabajo. También podría ser posible enjuiciar a algunas de estas personas por lavado de dinero, pero probar los elementos de un delito de lavado de dinero puede ser muy difícil», dijo.

Un ejemplo de esto es que a casi siete años de que se supo del caso del desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Unidad Internacional de Lavado de Activos y la sección de recuperación de bienes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está preparando el retorno al Estado de Honduras de 1.3 millones de dólares provenientes del desfalco millonario contra esa institución. Los bienes en cuestión fueron comprados en Nueva Orleans por el hermano del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, con dinero proveniente de la corrupción . Esto se está haciendo con la colaboración entre ambos países para que este dinero retorne a esta institución.

Estados Unidos ha confiscado a través de esta unidad más de USD 1700 millones en activos en todo el mundo y ha apoyado la devolución de más de USD 1600 millones a los países víctimas.

En 2015, masivas protestas en las calles de Honduras exigieron la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la instalación de una comisión internacional anticorrupción siguiendo el ejemplo de la CICIG en Guatemala, que para ese entonces había hecho caer a un binomio presidencial. Algunos medios catalogaron este momento centroamericano como «la primavera» que traía vientos de cambio para las débiles democracias de estos países. Lo que sucedió después terminó en lo que ahora tenemos en la región: autocracias, narcoestados y sistemas anticorrupción desarticulados. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) colaboró con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) para presentar 13 casos ante la justicia local, de estos, solamente uno obtuvo sentencia condenatoria, aún hay dos en proceso y todos los acusados de los siete casos restantes —la mayoría de ellos funcionarios de gobierno— obtuvo sobreseimientos y absoluciones. Además, los retrocesos institucionales en la lucha anticorrupción fueron enormes, ante esto, el debate público sobre la corrupción se ha centrado en buscar la solución afuera, solamente.

El profesor Stephenson dijo que «aunque creo que es genial aprender de modelos extranjeros, uno siempre debe tener cuidado de no asumir que va a funcionar de la misma manera precisamente porque los malos han aprendido las mismas lecciones de una experiencia extranjera que los chicos buenos. En cierto sentido, se necesita adaptar y actualizar constantemente nuestras estrategias para hacer frente a esto».

Una de las primeras acciones de Xiomara Castro como presidenta fue entregar una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitando la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) cumpliendo una de sus más importantes promesas de campaña. Hasta el cierre de esta nota, la ONU aún no había dado el primer paso para comenzar el proceso que es el envío de una misión técnica para obtener insumos del país y analizar los alcances y viabilidad de una comisión.

Edmundo Orellana, ministro de la Secretaría de Transparencia, una secretaría que creó Juan Orlando Hernández casi al finalizar su gobierno y que fue muy criticada por la sociedad civil por quitarle potestades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), asegura que durante su mandato esta secretaría liderará la estrategia anticorrupción del gobierno de Castro con apoyo de agencias internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos.

«En el tema de transparencia y rendición de cuentas, nosotros estamos por instalar el Consejo Nacional de Transparencia y Anticorrupción, ese consejo que está presidido e instalado por la presidenta de la república, estará conformado por el gobierno, la sociedad civil y la academia con el propósito de discutir y proponer para su respectiva aprobación una estrategia de transparencia nacional para dar una respuesta a la necesidad de atacar la corrupción con la contribución de todos. Esto es parte de las medidas preventivas. En el mecanismo vamos a tener apoyo internacional, por ejemplo UNODC está trabajando en la preparación de esta estrategia, esto lo llevaremos al consejo de ministros», explicó Orellana.

La Estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción

La estrategia del gobierno de Biden tiene cinco pilares: modernizar, coordinar y dotar de recursos los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. para prevenir la corrupción; frenar las finanzas ilícitas; responsabilizar a los actores corruptos; preservar y fortalecer la arquitectura multilateral anticorrupción; mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para lograr los objetivos de la política anticorrupción.

Chandana T. Ravindranath, directora de Anticorrupción en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó que la estrategia prioriza comprender mejor y responder a la dimensión transnacional y la naturaleza transfronteriza de la corrupción con socios internacionales.

«Para eso, estamos subsanando las deficiencias de nuestro propio sistema y haciendo más difícil ocultar el producto de la riqueza mal habida en Estados Unidos. Por ejemplo, estamos aumentando la transparencia en las transacciones de bienes raíces para que sea más difícil que los actores corruptos laven sus fondos y estaremos implementando de manera efectiva la ley federal que requiere que las empresas estadounidenses informen a su beneficiario final, o al verdadero propietario de la empresa, haciendo más difícil para los actores corruptos esconderse detrás de estructuras corporativas opacas. La estrategia también busca defender y reforzar los medios independientes, la sociedad civil y otros actores anticorrupción, así como promover el trabajo con el sector privado, incluso a través de alianzas público-privadas», dijo.

La modalidad de esconder dinero en corporaciones opacas ha sido revelada y explicada ampliamente por periodistas de investigación de todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) ha liberado millones de documentos, desde losPanama Papers hasta losPandora Papers que ya incluían corporaciones en Estados Unidos, para mostrar estas deficiencias en el sistema financiero que se convierten en oportunidades para los actores corruptos.

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Ravindranath agregó que pondrán énfasis en sectores de riesgo como la construcción, el transporte y la extracción natural, y la financiación de capacidades de respuesta rápida que permitirán a los asesores expertos consultar, asesorar y ayudar a los socios anticorrupción extranjeros en todo el mundo. «Entendemos que el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción es fundamental para abordar el problema a nivel mundial», dijo.

En Honduras, varios funcionarios han sido sancionados por la Ley Global Magnitsky, que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos y violaciones de derechos humanos a partir de julio de 2020 por la Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos más conocida por la «Lista Engel». Estas leyes permiten retirar la visa a los sancionados En Honduras,algunos de ellos, como el ex diputado Oscar Nájera o el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, han minimizado el alcance de esas sanciones y no han tenido consecuencias mayores.

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«Nuestras autoridades se enfocan en los EE. UU., pero hay herramientas actualizadas para responsabilizar a los actores corruptos tanto aquí como en el extranjero. Y mucho de eso está funcionando: si observa, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por ejemplo, está vinculada a los Estados Unidos, pero trabajamos con nuestros socios y aliados para que responsabilicen a los actores en sus propios países.

Pero una vez más, esa es realmente la razón por la que se hace hincapié, y el Presidente lo ha hecho una y otra vez, en que trabajar de manera multilateral y conjunta es la forma más eficaz de llevar a cabo esta actividad para que utilicemos todas las herramientas y autoridades que todos los países tienen que conseguir después de este problema», agregó Ravindranath.

Por su parte, James Walsh, Subsecretario Adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. explicó que actualmente están mejorando las estructuras de coordinación dentro del gobierno de EEUU.

«Por ejemplo, en diciembre de 2021, el Secretario de Estado anunció un nuevo cargo, el Coordinador de Anticorrupción Global, y este coordinador integrará y elevará la lucha contra la corrupción en todos los aspectos de la diplomacia estadounidense y la asistencia exterior, trabajando en estrecha colaboración con las agencias y socios internacionales», dijo y agregó que están trabajando con socios externos como la academia, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación.

«El departamento también continúa apoyando reformas para hacer que la información sobre la verdadera propiedad de las personas jurídicas sea más transparente y accesible para las fuerzas del orden, así como otras medidas preventivas contra el lavado de dinero, en línea con la Tarea de Acción Financiera», concluyó.

La mayoría de los actores criminales están interconectados y sus operaciones ilegales cruzan las fronteras con bastante facilidad. Jeffrey Coleman, agente especial supervisor en la Unidad de Corrupción Internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y, a partir de mayo 2022 representante del FBI en el Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción (IACCC) en Londres, asegura que para abordar esto es necesario «construir relaciones con las fuerzas del orden en otros países. El FBI tiene, creo que tenemos 70 u 80 oficinas de agregados legales en todo el mundo que cubren todos los países del mundo. Algunas de esas oficinas cubren un país, otras cubren muchos más, pero al menos tenemos algo de presencia del FBI en cada país con la esperanza de que haya oportunidades para que colaboremos con personas en investigaciones, eso es lo que tratamos de hacer».

El mensaje de la extradición de JOH

La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, marca un hito en la historia de Honduras, sobre todo en materia de justicia. Hernández gobernó por ocho años consecutivos y diseñó una autocracia que lo mantuvo impune dentro de Honduras. Ahora, el gobierno de Xiomara Castro, a través de su Secretaría de Seguridad al mando del general de policía Ramón Sabillón, se ha comprometido a ejecutar más de 30 órdenes de captura de solicitudes de extradición que no se procesaron durante el gobierno anterior demostrando así la voluntad política de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en su estrategia de rendición de cuentas.

En un Twitter Space conducido por Contracorriente, el director para asuntos centroamericanos de la Seattle International Foundation (SIF), Eric Olson manifestó que las cortes y las fiscalías de Honduras han sido tan debilitadas que procesar localmente al expresidente, aun con todas las evidencias existentes, era algo imposible.

«En general, el control que ellos ejercieron en la Corte Suprema desde que él [Juan Orlando Hernández] fue presidente del Congreso hasta que fue presidente [del Ejecutivo] aseguró de alguna forma que la justicia hondureña no funcionara en este caso y por eso creo que es sumamente importante no sólo enfocarse en buscar la justicia en el caso de Juan Orlando, sino la reconstrucción de esos mecanismos de control del Estado, de peso y contrapeso que son vitales para toda democracia y que han sido debilitados, porque no hay estos mecanismos constitucionales democráticos que puedan controlar este tipo de poder ilícito.»

El ex presidente Juan Orlando Hernandez es presentado ante los medios luego de su captura en Tegucigalpa, Honduras.
El ex presidente Juan Orlando Hernandez es presentado ante los medios luego de su captura en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

Olson argumenta que los errores en la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Hernández terminaron en esto, «cayeron en la equivocación histórica de Estados Unidos, donde se reconoce que si los presidentes no son perfectos, pero son aliados nuestros, los vamos a proteger o los vamos a apoyar, en este caso es claro que esa esa decisión fue equivocada», dijo.

Para Olson, con el nuevo gobierno de Biden es importante que se reconozca ese error y que tomen las decisiones necesarias para asegurar que no sólo van tras Juan Orlando Hernández sino también tras sus aliados. «Que esto dé una señal, por ahora hay un deseo del nuevo gobierno [de EEUU] de combatir la corrupción», agregó.

El gobierno de Xiomara Castro cumplirá 100 días en mayo en medio de una crisis social y económica que ha llevado a despidos masivos y protestas de sectores como el de salud y transporte. El sistema clientelar continúa intacto, en las afueras de Casa Presidencial se ve cada día decenas de personas de todas partes del país esperando que el esposo de la presidenta, Manuel Zelaya Rosales, les firme una carta de recomendación para obtener un trabajo en el Estado justificando su lealtad y activismo afín al partido en gobierno, a pesar de que el mismo gobierno ha declarado que el Estado está en calamidad y que no se puede aumentar la burocracia.

El abogado y analista hondureño Rafael Jerez, dijo en nuestro espacio de diálogo que para abordar el tema de la corrupción se debe reformar el sistema de partidos políticos que actualmente funciona sobre la base del clientelismo que produce un alto riesgo de que se produzca la corrupción.

«El fenómeno Juan Orlando, si lo podemos llamar así, es importante, pero no es lo único que nos debe preocupar. O sea, en realidad, las instituciones, muchas de ellas siguen compuestas por 2 o 3 representantes de los partidos. Y, mientras no superemos esa cultura clientelar, creo que realmente va a ser muy difícil que podamos dar ese paso a combatir la corrupción en la característica más importante que tiene, que es estructural. Y en la estructura de la administración pública que es donde están los partidos políticos en este momento», explicó.

La mayoría de comunidades garífunas ubicadas a lo largo de la costa del Mar Caribe denuncian que están siendo despojados de sus tierras ancestrales. El Estado de Honduras ha hecho muy poco por proteger a este pueblo. Ahora, su problema fue escuchado por congresistas de Estados Unidos, que les dijeron «su lucha es nuestra lucha».

Texto: Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez


El calor aún es soportable. El centro comunal de la aldea San Juan en Tela, norte de Honduras, está inundado por humo de hojas de tabaco que emana de recipientes colocados estratégicamente en las esquinas del amplio salón. 

Don Wilfredo avanzó lento hacia la tarima. Estaba listo para hablar frente a un nutrido público, cuando le entregaron el micrófono y recordó un  episodio triste del año 1937, ese en que decenas de garífunas fueron asesinados en esa comunidad por una revancha política. Sucedió durante el régimen del nacionalista Tiburcio Carías Andino. «En estos años sigue la misma cosa… nos están masacrando, quitando las tierras y haciendo proyectos turísticos dentro de la comunidades», dice el hombre de cabello blanco, considerado uno de los líderes comunitarios de San Juan. 

Don Wilfredo es escuchado por unas 100 personas, la mayoría líderes garífunas de comunidades diseminadas en toda la costa del Mar Caribe. Pero entre la audiencia hay tres congresistas estadounidenses: Ilhan Omar, Cory Bush y Jamaal Bowman, quienes antes de llegar al Congreso fueron defensores de derechos humanos. 

Cori Anika Bush es una política estadounidense, demócrata, enfermera graduada, pastora y activista, electa representante a la Cámara por el primer distrito Misouri. Es la primera mujer afroamericana en servir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Misouri, ella y dos congresistas estadounidenses visitaron la comunidad garífuna de San Juan, ubicada en Tela, Atlántida, para escuchar sobre sus luchas por el territorio. Foto CC/Antonio Gutiérrez

Después de haber escuchado al menos unas dos horas de testimonios garífunas, la congresista Ilhan Omar les dijo a los asistentes que ella sabía lo que estaban sintiendo. «Lo que están experimentado las comunidades aquí no es tan diferente a la violencia que hemos sentido en nuestras comunidades de parte del Estado», afirmó Omar, quien es representante del quinto Distrito de Minnesota en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2019.

«Como activistas estamos acostumbrados a denunciar a los gobiernos y corporaciones por las violaciones a los derechos humanos», agregó la mujer nacida en Somalia, África, donde también recordó haber vivido una guerra.

El representante del distrito 16 de Nueva York por el Partido Demócrata, Jamaal Bowman, manifestó el compromiso con los testimonios escuchados: «El trabajo de nosotros comienza con la comunidad y termina en la comunidad, no nos importa los intereses corporativos ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo», afirmó.

Además, reconoció estar consciente de que su Gobierno, el de los Estados Unidos, sigue invirtiendo en militarización de las sociedades, pero destina muy pocos recursos en las cosas que las comunidades necesitan como justicia climática, educación o servicios. 

Para Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), la visita de los congresistas se realiza  en un contexto de oportunidad para que se puedan escuchar las demandas del pueblo garífuna, entendiendo que «ellos no son congresistas cualquiera, son activistas».  

«Ellos y ellas vienen más como activistas a respaldar la vida del pueblo garífuna y pueblo lenca, es una oportunidad para afianzar lo que hemos venido demandando, y es una oportunidad para que hagan un trabajo de cabildeo en Estados Unidos sobre nuestras demandas», dice Miranda. 

«Hay que entender ese papel (de cabildeo), es lo más importante, porque al final de cuentas, muchas de las cosas que pasan en este país se definen allá (en Estados Unidos), mira qué desgracia la nuestra», agrega.

Lo que escucharon los congresistas

Los congresistas estadounidenses escucharon múltiples voces garífunas hablando de las batallas que se libran a diario, desde diferentes puntos del país y bajo algunos matices distintos, pero con un factor común: defender las tierras ancestrales. 

En San Juan, don Wilfredo asegura que la Municipalidad de Tela sigue entregando dominio pleno sobre la tierra a personas ajenas a la comunidad. «Se nos amenaza por nuestra tierra. No puede ser que el Gobierno de Honduras sea nuestro peor enemigo», nos dice. 

En la comunidad de San Juan hay 1,770 hectáreas de terreno en disputa. «Nosotros peleamos por un bien común, esto no es personal. Estamos peleando las tierras ancestrales.  Y aquí ha habido cinco personas muertas, siempre por el problema de la comunidad. No hallamos dónde ir a quejarnos», mencionó. 

Los vecinos de San Juan ya demandaron al Estado de Honduras ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH), y en el mes de abril de 2022 tendrán la primera audiencia virtual por el caso. La comunidad tenía medidas cautelares precisamente dictadas por la Corte IDH, pero «al gobierno de Honduras le importó un bledo y siguió extendiendo dominios plenos, por eso le pedimos a los congresistas que nos acompañen en este proceso para acompañar nuestras tierras», dice don Wilfredo.

El Estado de Honduras ya perdió dos demandas ante la Corte IDH por casos de comunidades garífunas. En octubre de 2015, las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra ganaron dos casos al Estado de Honduras, al que habían demandado por violaciones a sus derechos, especialmente a los derechos territoriales y ancestrales. Esta decisión obliga a Honduras a ejecutar reparaciones en favor de las comunidades mencionadas e incluso a devolver terrenos que están ocupados. En seis años, el Gobierno de Juan Orlando Hernández no hizo prácticamente nada para cumplir la sentencia. 

Jeni Herrera es parte del Patronato del Triunfo de La Cruz. Ella recuerda los momentos duros que pasó la comunidad cuando el líder comunitario Snaider Centeno y otros tres miembros de la comunidad fueron secuestrados el sábado 18 de julio del 2020. Herrera nos cuenta que las amenazas persisten para los líderes comunitarios: «Ahorita en Triunfo de la Cruz hay compañeros que están amenazados de muerte. Estamos resistiendo, estamos en pie de guerra porque de qué nos sirve salir huyendo, es una lucha que no es por nosotros, sino por los que vienen detrás de nosotros», nos dice. 

En esta comunidad hay 2,480 hectáreas en disputa. Pese a la sentencia, Herrera denuncia que la Municipalidad de Tela sigue entregando tierra que les pertenece: «El Estado de Honduras no tiene ninguna intención de cumplir la sentencia», y luego agregó, «enfrente de unas de las recuperaciones de tierra, están haciendo una residencial. La Municipalidad de Tela junto con el registro de la propiedad (extendió permisos), sigue violentando los derechos que nos corresponden bajo nuestras costumbres».

Refirió que después de seis años de tener una sentencia favorable, están esperando la conformación de una nueva Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de la Sentencias (Cicsi), pues con el cambio de gobierno se incorporarán nuevos ministros: «Hemos exigido que sean personas que tengan capacidad de tomar decisiones, porque de lo contrario vamos a estar seis años más y se van a estar tirando la pelota».

Mientras esperan, en el Triunfo siguen resistiendo, sostiene Jeni, porque las amenazas no han cesado. «Todos los líderes de las comunidades están en peligro, están bajo un permanente ataque, siempre vamos a tener en la memoria lo que pasó en Triunfo de La Cruz con nuestro compañero Snaider», dice.

En una entrevista para Contracorriente en2020, César Benedith, miembro de Ofraneh y habitante del Triunfo de la Cruz, dijo que el problema esencial que tenían era la pelea por sus tierras, y que ellos creían que eso por habían desaparecido Snaider Centeno. En esa ocasión, Benedith no mencionó quienes disputaban la tierra, pero los desarrollos Playa Escondida, Proyecto Marbella y Laguna Negra se desarrollaron en territorios ancestrales de la comunidad.

La comunidad garífuna celebra durante la visita de los congresistas Estadounidenses en San Juan, ubicada en Tela, Atlántida, la comunidad exige al gobierno local respeto a sus territorios. Foto CC/Antonio Gutiérrez

En Trujillo, Colón, las cosas no cambian para los garífunas en esencia, solo en actores. Allá un grupo de «inversionistas» canadienses con la complicidad de las autoridades locales se han apropiado de los territorios ancestrales de la etnia garífuna. Los defensores de estas tierras han encontrado como escudo el sistema judicial, pues solo en Trujillo, la segunda ciudad de Colón, hay 35 órdenes de captura en contra de afrodescendientes. 

Una de ellas es Marianela Mejía, detenida frente a su hijo de ocho años y quien no pudo asistir a un evento en Estados Unidos al que fue invitada por ser defensora de los derechos humanos porque tiene medidas sustitutivas a la prisión, mismas que no le permiten salir del país;pero ella no se rinde, «seguiré luchando, porque sin tierra no hay alimento, sin territorio no hay vida», dice. 

Además de luchar por la tierra, Marianela también es parte de la plataforma de lucha por la diversidad sexual en la Ofraneh.«Estamos en un país que es difícil para los defensores de derechos humanos y los defensores de la comunidad Lgbtqi+», nos dice, señalando otro frente igual de complicado en una sociedad conservadora como Honduras. 

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, confirmó a Contracorriente que hay más de 400 denuncias en los tribunales de justicia en contra de miembros de la comunidad garífuna por defender la tierra.  «Yo tengo tres juicios pendientes. Hasta por impulsar la radio comunitaria, hasta por eso me tienen demandada.  Solo en Trujillo hay 35 órdenes de captura contra compañeros,  tuvimos que hacer una pelea enorme para que no los metieran presos, pero ahí están firmando. Es horrible», sostiene.

Las agresiones van desde criminalización hasta el asesinato. De acuerdo con la Ofraneh, desde el 2018 hasta la fecha del 2022, unos 40 garífunas han sido asesinados a nivel nacional.  «Nunca habíamos sentido ese ataque tan terrible hacia la comunidad garífuna», manifestó Miranda.

Pero también está el otro extremo, en el que la justicia que los oprime también los ignora:  los garífunas han interpuesto antes los entes correspondientes más de mil denuncias por abusos en contra de la propiedad colectiva sin recibir respuesta.  «Le voy a decir categóricamente que la Fiscalía de Etnias fue creada para retrasar los procesos de los pueblos indígenas del país. El Ministerio Público hay que cambiarlo porque los fiscales son los que nos persiguen», agregó la líder garífuna. 

Los congresistas

El Congreso en Estados Unidos tiene como misión aprobar leyes y ejercer mecanismos de control a la gestión del presidente y del Gobierno en general. Esta representación del pueblo se encuentra dividida en la Cámara de Representantes y el Senado. En este último, cada uno de los 50 estados del país tiene dos representantes que son elegidos por seis años. 

En la Cámara de Representantes,  hay 435 miembros. Aquí cada estado es representado según su población. Cada dos años hay elecciones en la que se denomina la Cámara Baja. Las próximas son el 8 de noviembre del 2022.  Este parlamento es el que integran los visitantes a los territorios garífunas.

La representante Ilhan Omar dijo que ellos como miembros del Parlamento estadounidense podían hacer tres cosas. La primera, mostrar preocupación hacia su Gobierno y al de otros países y «presionar a hacer las cosas correctas». Lo segundo ,   «levantar una nueva legislación. Y lo hemos hecho, como en el caso de la Ley Berta Cáceres». Por último, dijo que desde su posición ellos pueden supervisar e investigar hechos. 

En 2021, un grupo de congresistas demócratas, incluidos los tres que visitaron las tierras garífunas, introdujeron la Ley Berta Cáceres, que pretendía suspender la ayuda militar de Estados Unidos al Gobierno hondureño hasta que se investiguen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. 

«Quiero que sepan que (ustedes) tienen socios en su lucha, que estamos aquí en solidaridad con ustedes», dijo la congresista.

Jamaal Bowman mencionó que pretenden utilizar sus puestos de poder «para llamar la atención y confrontar estos problemas. (Vamos) a pedir cambios para nuestros hogares y comunidades en todo el mundo. Son historias muy similares a las de nuestras comunidades, su lucha es nuestra lucha y vamos a ganar esta lucha», dijo.

Cory Bush, también luchadora social, impulsora de la Ley Berta Cáceres y representante de Misouri, afirmó que ella quiso ser congresista en una afán de conseguir la «desmilitarización de nuestras comunidades y evitar la matanza desproporcionada de nuestros pueblos negros con impunidad completa dentro de Estados Unidos». 

«Ahora que hemos escuchado de ustedes un poco de lo que necesitan, vamos a luchar por sus necesidades también desde el Congreso. Vamos a llevar esta voz allá (a Estados Unidos). Estamos aquí en solidaridad», finalizó. 

Posteriormente a esta visita, los congresistas estadounidenses también se reunieron con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para hablar esencialmente de la agenda anticorrupción y las medidas para contener la migración irregular. 

La lideresa 

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, mencionó que después del golpe de Estado del 2009,   Honduras «no solo se convirtió en el país más inseguro y violento para los defensores y defensoras del ambiente, sino que también nos convertimos en un narcoestado». 

Las palabras de Miranda apunta al expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, y quien ha sido pedido en extradición por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York por delitos asociados al narcotráfico. Tony Hernández, hermano del exgobernante y excongresista, fue condenado a cadena perpetua por delitos similares en Estados Unidos. 

Miranda sostiene que el sistema de aplicación de justicia hay que cambiarlo radicalmente porque «este sistema desprecia la vida de los pueblos indígenas y del pueblo garífuna,  por eso tenemos que luchar 20 veces más que cualquier otra gente que llega a los juzgados».

La líder garífuna insiste que tanto Honduras como los países cooperantes deben replantear el financiamiento de la lucha contra el narcotráfico. Afirmó que en el caso de los garífunas, sus territorios están en permanente disputa con el crimen organizado, «ya no podemos vivir como vivíamos antes y eso es grave», advierte. 

Las comunidades garífunas se encuentran a lo largo de la Costa Atlántica centroamericana, que es el corredor por excelencia de la droga que pasa por Honduras. Ahí se formó el poderoso cártel de Los Cachiros, que llegó a controlar el 90 % del paso de cocaína por Honduras. Sus líderes, Javier y Leonel Maradiaga, se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense y confesaron haber ordenado 78 asesinatos para «defender» su negocio.  Ahí también operaba Wilter Blanco, otro  capo ahora en manos de la justicia norteamericana. Los capos cayeron, pero la droga sigue pasando por la costa atlántica.

Un informe de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre el narcotráfico marítimo  dedica un capítulo a Honduras y la menciona como un «paso estratégico y un escenario ideal». En el documento se menciona que las áreas con mayor influencia de grupo criminales son Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. Justamente los departamentos donde están los garífunas. 

Miranda también consideró que la presencia de los congresistas es oportuna para exigir cambios en las políticas de contención de la migración. A su juicio, tiene que haber un cambio y generar condiciones para que la gente se quede. «Si van a dar dinero, que sea invertido en el pueblo para que la gente pueda quedarse, sino la gente se seguirá yendo», manifestó. 

La última gran caravana migrante se formó en enero del 2021, cuando unos siete mil hondureños se reunieron para avanzar hacia Estados Unidos, pero la mayoría fueron golpeados en Guatemala y tuvieron que regresar. En el mismo mes de 2022, se formó otra pequeña caravana de unas 600 personas, pero gran parte de estas eran nicaragüenses. No obstante, según organizaciones que trabajan con migrantes, diariamente salen entre 300 y 500 hondureños hacia Estados Unidos. 

Respecto al nuevo Gobierno y sus primeros meses en el poder, afirmó que hay una esperanza o respiro  del pueblo, «al menos ahora reciben a la gente. Con la narcodictadura no se recibía a nadie. Al menos que haya esa apertura, que reciban a la gente, que hayan recibido propuestas, eso es importante». 

Agregó que si bien es importante que reciban las propuestas, también lo es que las cosas se ejecuten. «Hay que actuar para que la gente sienta que sí se le están resolviendo los problemas, no queremos solo simulación. Estoy clara que el Gobierno no podrá resolver todas las cosas que tenemos en el país, pero que los pasos que se den sean firmes para resolver los problemas. Eso es indispensable».

La líder de la Ofraneh espera que se siga fortaleciendo la gobernabilidad y que se desmantele, «todo el sistema corrupto e impune. Si no se hace eso, no pasa nada. Mire lo que pasa con el presidente de la Corte (Rolando Argueta), es una vergüenza que haya sentado en su silla a un expresidente que está enjuiciado por narcotráfico ¿Qué señal está dando con eso?». 

Miranda también espera que el nuevo Gobierno cambie la perspectiva con la que ha tratado la problemática garífuna, que se avance en el cumplimiento de las sentencias a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de La Cruz, y que, además, se respeten sus territorios. «No estamos pidiendo que nos den, estamos pidiendo que se respeten nuestros derechos ancestrales», finalizó.

Un juez autorizó asegurar 33 inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, los bienes de Hernández, valorados en 7.8 millones de dólares, en realidad doblan esa cantidad. Hace algunos días, se denunció que la ex primera dama buscó resguardar algunos de estos, al transferir bienes valorados en 60 millones de lempiras a un banco local en concepto de dación, supuestamente para honrar una deuda lo cual imposibilita por ahora al Ministerio Público el aseguramiento de esos bienes, mientras los fiscales investigan si el banco y Ana García actuaron de buena fe para que quedar exentos de culpa.


Texto: Leonardo Aguilar
Fotos: Archivo CC/ Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Una resolución de un juez de privación de dominio prohibió este viernes cualquier acción registral de celebración de actos y contratos sobre los bienes incautados al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. Además, se explicó que la operación de aseguramiento incluye bienes y productos financieros.

El juez ordenó asegurar la totalidad de los bienes solicitados por el Ministerio Público, que actuó tardíamente ya que el juez natural había autorizado la extradición de Juan Orlando Hernández desde el 16 de marzo.

Para el abogado Juan Carlos Aguilar, esa tardanza tiene una explicación: «La Corte y el Ministerio Público siguen siendo parte de la estructura institucional cooptada por Juan Orlando Hernández, por eso fue que sí actuaron rápido en el caso de los Rosenthal».

A Juan Orlando Hernández le aseguraron este viernes 33 inmuebles ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.

En marzo de 2021, EE. UU condenó a cadena perpetua al exdiputado nacionalista Antonio Hernández, mejor conocido como Tony –quien es hermano de Juan Orlando Hernández-. Sin embargo, pasó mucho tiempo para que se le incautaran bienes casi insignificantes, a pesar de que en el juicio de Nueva York fue considerado un narcotraficante a gran escala.

La CSJ y el Fiscal General, trabajaron de la mano con Juan Orlando Hernández. Estos terminan sus funciones el próximo año, pues son designados en sus cargos por un período de siete años. Actualmente, hay intenciones del Congreso Nacional de realizarles un juicio político, señalando existir una confabulación con el expresidente Hernández.

El rol de Ana García de Hernández

Former first lady Ana García de Hernández joins her husband’s supporters in a vigil outside the Special Forces facility where her husband is being held pending his extradition to the United States. ana garcia hernandez esposa de juan orlando hernandez honduras 2022 extradición
La ex primera dama Ana García participa de una vigilia a las afueras de las instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales, en donde guarda prisión el ex presidente Juan Orlando Hernandez a la espera de su extradición a EE.UU. Foto CC/ Fernando Desthephen

En la noche del pasado miércoles, Ana García de Hernández, la ex primera dama, fue vista en las afueras de la Dirección de Fuerzas Especiales en una vigilia en favor del expresidente, su esposo, capturado el 15 de febrero y quien está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el máximo órgano jurisdiccional en Honduras, autorizó enviarlo a EE. UU. para que responda por tres delitos relacionados con el narcotráfico.

Pero Ana García no solo se ha movido durante la noche. Una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló que ella, en los últimos días, resguardó algunos bienes de la familia, obviamente, antes de que el Estado ordenara a través de un juez la incautación de bienes.

«La ex primera dama, aparte de estar rezando, también estaba negociando, es decir, negociando cómo protegía sus bienes y cómo cancelaba deudas», dijo a Contracorriente el economista José Luis Moncada, expresidente de la CNBS.

Y es que el CNA denunció una transferencia que puso en el foco de atención al sistema financiero nacional, al Poder Judicial, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Ministerio Público, quienes han tenido el reto de asegurar, incautar y, de comprobarse el orígen ilícito, privar de estos bienes a la familia Hernández García. En ese caso, los bienes deberán pasar a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Una investigación del sitio digital Criterio.hn indicó que la familia Hernández García registró cerca de 60 bienes inmuebles y siete empresas, con un valor cercano a 7.8 millones de dólares, en las ciudades de Tegucigalpa, Lempira y Olancho, ubicados en la zona central y oriental. La investigación encontró registros desde el 2010, año en que Hernández asumió la presidencia del Congreso Nacional. 

El Ministerio Público explicó en un comunicado que los bienes otorgados en dación de pago por Ana García a una institución financiera no fueron objeto de aseguramiento, porque «se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa, mientras que sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el periodo de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales».

Para el abogado Juan Carlos Aguilar, lo que debería de hacer el Ministerio Público es «una investigación financiera orientada a dar cuenta de si existía una obligación [de la familia Hernández García] o de si el banco se está prestando para el ocultamiento de esos bienes».

El expresidente de la CNBS, José Luis Moncada, explicó que la dación de pago es una figura que normalmente es bastante transparente. «La persona que tiene un crédito, aunque tenga una hipoteca y no puede pagarla, entonces entrega ese bien en dación de pago por todo el crédito».

Moncada piensa que cuando Ana García realizó el movimiento «todavía no había una resolución de la CSJ que indicara una extradición del expresidente, es decir, que todavía no se reconocía de parte del Estado de Honduras que existían suficientes pruebas para que este fuera enjuiciado en EE.UU.»

Moncada agregó que la actividad se hizo sin llamar la atención porque se entiende que es un expresidente, pero «el banco no tiene ninguna limitación legal en ese momento».

El doctor en economía Nelson Ávila expone que, en cuanto a la operación de Ana García, cuando ocurre la dación en pago tiene que haber una operación histórica de préstamo de la entidad con estos bienes. Tenía que «existir un compromiso previo y al mismo tiempo una gestión de recuperaciones de la entidad», explica.

«Si no ocurre eso, no es más que un acuerdo entre partes para proteger o protegerse. Pero en todo caso, eso tiene la clásica actitud, sobre todo cuando se da después de que es evidente de que se va a dar un proceso de aseguramiento de bienes de algunas personas, si lo hace una entidad financiera entonces ahí hay confabulación de parte del mismo grupo que pretende en consecuencia generar un lavado de activos de bienes que a todas luces saben que provienen de personas que tienen conflictos con la justicia y que después recuperarán esos recursos. ¿A quién dañan?, bueno, dañan a la nación porque la nación debía asegurar eso. En cierta medida se le está quitando parte de la riqueza a la nación», afirma Nelson Ávila.

Sobre los bancos que acceden a otorgar hipotecas a personas ligadas con el narcotráfico, Nelson Ávila establece que «tiene que procederse conforme a ley y considerar que esas operaciones, si se hacen antes de la decisión de aseguramiento, hay que considerarlas como parte de un acto criminal».

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El economista hondureño Claudio Salgado establece que, si usted da en dación de pago un bien inmueble, entonces la institución financiera debe evaluar si ese bien inmueble está debidamente registrado, investigar la procedencia del bien, no solamente el aspecto legal, hay que ir más allá y determinar si el inmueble procede de una situación normal o atípica. «Obviamente cuando el banco ya evalúa todos los riesgos posibles, decide si acepta o no acepta».

José Luis Moncada afirmó que la CNBS es una institución adscrita a la presidencia de la República, desconcentrada, con presupuesto propio y en su creación se buscó que fuera un ente eminentemente técnico, similar al BCH, pero su período coincide con el periodo presidencial, lo que facilita su politización. «Porque tiene que tener una objetividad y un manejo totalmente independiente y sobre todo con profesionales que conozcan la materia», explica Moncada.

Moncada sugiere que la ley de la CNBS se reforme y se establezca un requisito más estricto para asegurar la independencia de la comisión en temas de subordinación política.

«El narcotráfico no solo utiliza al sector financiero para su lavado, utiliza a otros sectores, puede haber construcciones de edificios, puede haber comercios, tiendas, ganadería, hay una gran cantidad de otras actividades en donde el narcotráfico hace lo que corresponde al lavado de esos ingresos ilegales que tiene», asegura Moncada.

El sistema financiero y su rol en el narcotráfico

Fachada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC/ Jorge Cabrera

En octubre de 2015, el Departamento del Tesoro inició un proceso para limitar las transacciones y actividades del Banco Continental. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos indicó que todas las actividades y transacciones para liquidación y cierre de la familia Rosenthal estaban permitidas hasta las 12:01 am del 12 de diciembre, horario estadounidense. 

Casi de inmediato, las autoridades hondureñas incautaron cerca de 20 empresas y viviendas del grupo financiero Continental. Días más tarde, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) inició un proceso para cerrar el Banco Continental, afirmando obedecer una orden del Departamento del Tesoro después de que se dijera que en el banco se facilitaron sus instalaciones para lavar dinero del narcotráfico.

En agosto de 2020, Yani Rosenthal, uno de los miembros de la familia Rosenthal regresó al país para postularse como candidato a la presidencia. Venía de cumplir una pena de 3 años en los Estados Unidos por participar en un esquema derivado del lavado de dinero procedente del narcotráfico, específicamente del cártel de los Cachiros, quienes lograron realizar varios contratos con el Estado de Honduras. 

En marzo de 2022, la OFAC retiró a Yani Rosenthal de su lista negra después de más de cuatro años de haber cumplido su condena, según informó a los medios de comunicación su equipo legal.

El economista Claudio Salgado dice que en el caso de la familia Rosenthal, EE. UU. se señaló que el Banco Continental había facilitado el lavado de activos, no que ellos lavaran activos directamente. «Facilitaron estos establecimientos para el lavado de activos, conociendo la procedencia de los recursos que se plantaban. De eso fue lo que la OFAC acusó a la institución bancaria».

Claudio Salgado dijo que cuando ya entra la OFAC, se procede a que se haga una revisión de todas las operaciones de Banco Continental y, en este caso, lo que hizo la CNBS fue suspender las operaciones de ese banco y proceder a su liquidación.

«Cuando usted entra a la OFAC prácticamente usted es un muerto en vida financieramente», expuso Salgado, quien afirmó que el Banco Continental estaba en un lugar muy bajo en el índice de capital, en el que un banco debería estar por encima del 10 %. «Si no mal recuerdo, el banco, al quitarle los activos, caía en este índice. Entonces, la ley establece que cuando usted tiene un nivel más bajo de lo recomendado por la CNBS, entonces se procede a la liquidación».

Salgado dice que un grupo de personas hicieron operaciones irregulares en Banco Continental. «Recibían pagos en cheques, entonces esto lo depositaban en una institución financiera y esta institución financiera sabía de la procedencia de los recursos de esos cheques. Y sabían quiénes eran los depositantes», explicó Salgado.

Sin embargo, Claudio Salgado explicó también que existe una diferencia entre lavar activos o facilitar un banco para lavar activos. «No se puede hablar directamente de lavado de activos [en el caso de los Rosenthal], porque el lavado de activos es cuando usted recibe dinero de fuentes dudosas, pero en ese caso no se puede decir que el Estado era una fuente dudosa».

Sobre si el desmantelamiento de una red financiera ligada al narcotráfico puede ayudar al Estado mismo a mejorar las finanzas o si, por el contrario, genera consecuencias catastróficas, Salgado argumentó que esa es una discusión que siempre se ha tenido, pero la verdad es que el narcotráfico trae acciones no deseables para ninguna sociedad. «Si se tiene una gran presencia del narcotráfico dentro de un Estado, los principales puestos públicos son ocupados por estas personas y escalan en tribunales, policías, militares y la justicia. Y hasta pueden llegar a la presidencia, lo cual es peor porque desde el mismo Estado se promueve esta actividad ilícita».

Una investigación del Centro de Estudios para la Democracia en Honduras (CESPAD) titulada El silencio del Sistema Bancario sobre el dinero que los corruptos depositan en los bancos del país, indica que durante el periodo de vigencia de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se documentaron más de 10 casos, entre estos el de narcopolítica, en donde persiste un denominador común: en todos se utilizó el sistema bancario en el cual se depositó un mínimo de 350 millones de lempiras.

El doctor en economía, Nelson Ávila, dijo a Contracorriente que la CNBS está obligada a dar un informe de cómo se encuentra el sistema financiero hondureño y acerca de las operaciones que se consideran ilegales para proceder a actuar contra todos los que actúan criminalmente y que están violentando las disposiciones de confianza establecidas, implícitamente, en la creación de los bancos.

«Aquí cierran instrumentos de cualquier naturaleza financiera o llegan a obstaculizar a todas aquellas personas que son adversarios políticos, y a los demás, a sus amigos, para ellos si no existe la ley», manifestó Ávila en referencia a las disparidades en las actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Sobre la posibilidad de que el sistema financiero hondureño haya sido totalmente cooptado por el narcotráfico al tener un presidente que, según los fiscales estadounidenses, convirtió a Honduras en un narcoestado, Nelson Ávila dijo que los «fiscales estadounidenses lo investigaron desde el 2004 y llegaron a esa conclusión sobre todo desde el 2013 y ya sabían de la construcción de este narcoestado”.

Pero no solo el sistema financiero debe ser objeto de análisis. Nelson Ávila dijo que también deben serlo las actuaciones del Instituto de la Propiedad.

El asesor en materia de comunicaciones de Casa Presidencial, Milton Benítez, denunció en su cuenta de Twitter que en estos días el núcleo de los Hernández hizo movimientos en el Instituto de la Propiedad.

Nelson Ávila dijo que hay que identificar a través del mismo Instituto de la Propiedad si se han traspasado bienes inmuebles de forma irregular, porque no por casualidad fue intervenido por parte del «narcoestado», en ese caso por el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz. 

«Ebal Díez estuvo ahí, en el Instituto de la Propiedad, y debe hacerse una investigación forense de lo que ha ocurrido con todas las transacciones de tierras ejidales, nacionales, porque de ahí fue donde sacaron toda la información para la creación de las ZEDES, que eran estructuras que estaban siendo creadas, de un estado dentro de otro estado, para operar el narcoestado, con apoyo de otros sectores del exterior», manifestó Nelson Ávila.

Ávila también opinó que es imperativo que se ofrezca una investigación completa de todas estas transacciones, porque en algunas de ellas «se trasladaron propiedades del Estado, tierras nacionales, en manos de personas (particulares)», dice.

El sistema financiero, manifestó Nelson Ávila, es fundamental para que exista la concreción o la materialización de los «beneficios» que les genera a los narcotraficantes su actividad ilícita «porque necesitan legalizar sus actividades ilegales.

¿Y cómo lo hacen? Ávila explicó que aquello que se conoce como lavado de activos o blanqueo de activos, es la acción de hacer ver lo que fue obtenido por la vía ilegal como algo obtenido por la vía legal y ahí, sostiene, «evidentemente entra en juego el sistema bancario».

Nelson Ávila subrayó que eso lo logran «captando préstamos» que finalmente benefician a los bancos porque «las instituciones (bancarias que) se prestan para ello, cobran la comisión correspondiente y reciben los recursos sin hacer investigaciones del origen de los fondos».

«De forma tal que los sistemas financieros corruptos son fundamentales para que opere sin problemas el proceso de legalización o de lavado de activos, y eso ocurre en infinidad de países y Honduras no es la excepción», agregó Nelson Ávila.

Nelson Ávila estuvo de acuerdo con que es imposible gestionar los millonarios beneficios del narcotráfico sin que exista la complicidad de los bancos: «Es casi imposible. Porque todas las transacciones en primera y en última instancia se hacen por la vía de pagos mediante cheques o transferencias bancarias».

«Algunas personas lo que hacen es que utilizan el sistema de pago directo en efectivo en algunas transacciones, pero la persona que recibe ese recurso en realidad sabe que está siendo expuesta a esas posibilidades», agrega.

A la pregunta de si el dinero del narcotráfico pudo haber llegado incluso de forma derivada al Banco Central de Honduras, Nelson Ávila dijo que sí. «Puede derivar porque sería parte de los depósitos. Le adelanto, en la historia, muchísimas ciudades muy importantes en estos momentos, le puedo mencionar, Miami, Ciudad de Panamá, Las Bahamas, muchas de esas ciudades se erigieron sobre la base del lavado de activos».

Para el expresidente de la CNBS, José Luis Moncada, la banca nacional tiene vías de prevención para no ser utilizada en lavado de activos, ya sea por los distintos orígenes que tenga, sea narcotráfico o cualquier otra fuente. 

Agregó que existe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la CNB, que «trabaja muy de cerca con el Ministerio Público y otras unidades de investigación, también con la CSJ y los juzgados en esta temática».

Sobre el caso de la familia Rosenthal, José Luis Moncada dijo que la justicia se ensañó con la familia Rosenthal: «Recordamos que en casos anteriores se operaba con anticipación, incluso faltaron a los derechos y a los principios de la familia Rosenthal, donde los expropiaron sin haber sido sentenciados. Entendería que la OFAC y el gobierno de Estados Unidos nunca solicitaron el cierre de Banco Continental, más allá de afectar a los dueños propietarios afectaron a la banca, a los depositantes y demás», explica.

Para Juan Carlos Aguilar, se desconoce qué ha pasado con los bienes del narcotráfico incautados anteriormente porque «hemos estado con un velo de opacidad a través de la Ley de Secretos, con el ocultamiento de información y la no publicación de información pública».

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía: Cortesía Organización de las Naciones Unidas

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) aprobó un mecanismo que permitirá investigar y promover la rendición de cuentas del Estado de Nicaragua. El mecanismo se llevará a cabo por expertos a nivel internacional después de un monitoreo exhaustivo a la condición de crisis en la que vive el país centroamericano estos últimos tres años. Honduras, país limítrofe con Nicaragua, votó en contra de la aprobación de este instrumento.

La resolución —presentada por Chile— fue respaldada por Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, Francia y Reino Unido; pero fue votada en contra por Bolivia, Cuba, China, Honduras, Eritrea, Venezuela y la Federación Rusa, denominados como aliados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resolución quedó aprobada con 20 votos a favor, 20 abstenciones y 7 votos en contra, indicó el medio de comunicación nicaragüense Confidencial.

La crisis en materia de derechos humanos en Nicaragua se remonta a 2018, año en el que 300 personas fueron asesinadas y 2,000 más heridas en las manifestaciones masivas en contra del régimen de Daniel Ortega A su vez, cientos de personas fueron detenidas y torturadas. Según un informe presentado por la organización Human Rights Watch, la represión en Nicaragua continúa, y conforme ha pasado el tiempo y más países se agregan a la lista de aliados del Gobierno de Ortega, este se ha encargado de disolver organizaciones, cerrar medios de comunicación, perseguir periodistas y expulsar a observadores internacionales.

«En primer plano parece una decisión lamentable por parte de Honduras, sobre todo porque refleja el doble discurso del Gobierno (de Xiomara Castro) alrededor del tema de derechos humanos. Por un lado,cuestionan al régimen de Juan Orlando Hernandez por las violaciones de derechos humanos que cometió en su administración; pero al mismo tiempo no condenan y se oponen ante las Naciones Unidas para que se cree una comisión internacional de investigación de los crímenes de Daniel Ortega. Yo creo que esta decisión no se puede justificar de ninguna manera», manifiesta Joaquin Mejía Rivera, abogado defensor de derechos humanos en Honduras.

Mejía también comparte que,previo a esta decisión, un grupo de organizaciones nacionales e internacionales enviaron una carta al actual vicecanciller de la República, Gerardo Torres, para solicitar que en esta reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se votara a favor de este mecanismo. «Se pidió votar en apoyo al pueblo nicaragüense, sin embargo, parece que ni siquiera lo que planteamos las organizaciones es escuchado por el Gobierno; es decir, que no puede alegar ignorancia», manifestó el abogado.

Tanto el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, como el canciller Enrique Reina. no atendieron las solicitudes de entrevista de Contracorriente conrespecto a este tema.

Arístides Mejía, excanciller hondureño y analista político, asegura que un Estado que se presume democrático y abanderado de los derechos humanos debería de votar bajo estas reglas y no conforme a las reglas que le puedan simpatizar a otros Estados considerados «aliados». «Podría decirse que Honduras tiene un gobierno respetuoso de los derechos humanos pues hasta el momento no hay denuncias que señalan al Gobierno de represivo, sin embargo, siendo un Gobierno cuyo partido procede de vivir múltiples violaciones a los derechos democráticos y a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado en 2009, debería de recoger esa tradición y ser totalmente celoso de que en ningún otro lugar del mundo se viva esa represión», indica.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el 2021, hasta octubre de ese año, el Ministerio Público recibió 49 denuncias por tortura, 70 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 34 por desaparición forzada. Además, la Oacnudh documentó casos de posibles violaciones de derechos humanos donde habrían participado miembros de las fuerzas de seguridad, particularmente en el contexto de retenes y detenciones, incluida la muerte de tres personas.

También, según información recopilada por la Oficina, en 2021 al menos 302 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos. De estas personas, 119 pertenecen a pueblos indígenas o afrohondureños y 169 se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. De las 302 víctimas, diez fueron asesinadas y al menos siete personas habían sufrido incidentes previos. Dos de ellas incluso eran beneficiarias de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Protección desde 2014 y 2018, respectivamente.

Durante el golpe de Estado en el año 2009 en Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató graves violaciones a los derechos humanos de habitantes, incluyendo muertes, declaraciones arbitrarias del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. Además, la CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos en Honduras.

«Está claro de que el régimen Ortega-Murillo es un régimen represivo que ha cerrado universidades, organizaciones de sociedad civil, asesinado a más de 300 personas que protestaban en la calle; ha realizado juicios sin las debidas garantías y sin el debido proceso y ha condenado a mucha gente, y también ha provocado el exilio de muchos. Todo eso ha sido comentado por las propias Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, no se puede justificar esta posición de Honduras con relación a Nicaragua. A mí me da vergüenza y pena que este Gobierno hable de hacer las cosas de manera diferente cuando está haciendo exactamente lo mismo del régimen de Hernandez Alvarado», agregó por su parte Joaquín Mejía Rivera.

¿Afectará esto las relaciones del nuevo Gobierno con Estados Unidos?

El Gobierno de Xiomara Castro ha entablado buenas relaciones con el Gobierno estadounidense desde el inicio. En la toma de posesión de su mandato, el pasado 27 de enero, la mandataria recibió a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien expresó su inminente apoyo a Honduras a través de distintos programas. Esta visita resultó en una reunión de Castro con el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, José W. Fernández, en el marco del programa Call to Action, el cual forma parte de la Alianza para América Central (Partnership for America), programa coordinado por Kamala Harris. Este programa pretende reunir al Estado y la empresa privada hondureña junto con Estados Unidos y una delegación empresarial estadounidense que invierte en temas de cambio climático, educación y salud en Centroamérica.

En esta reunión,hace unas semanas, se presentaron: Pedro Barquero, actual ministro de Desarrollo Económico; el doctor José Matheu, ministro de Salud; y Miguel Medina, ministro de Inversión. Por el lado de Estados Unidos, ejecutivos de empresas como Microsoft, CARE, Mastercard, Weber Shandwick, entre otras.

El vicecanciller Gerardo Torres dijo hace unos días en una entrevista con Contracorriente que,a nivel de Estado, este programa pretende obtener distintos resultados a través de la inversión y el crecimiento económico en el país, como ser la reducción de migración, la lucha en contra de la pobreza y en contra del hambre, y tener un Estado que pueda garantizar el verdadero cumplimiento de los derechos de la población.

El analista político Arístides Mejía asegura que la decisión de Honduras en apoyo a Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas puede ser mal vista por Estados Unidos considerando las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Ortega. 

Visitas de distintos gobernantes al país

Hace unos días, la administración actual dio la bienvenida a Rafael Correa, expresidente de Ecuador. En su visita, Correa analizó la situación financiera del país, dio recomendaciones con respecto a ello en el Congreso Nacional, y, en materia financiera, se reunió con autoridades del Banco Central de Honduras (BCH), Secretaría de Finanzas, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Secretaría de Desarrollo.

La llegada del exmandatario ecuatoriano fue aplaudida por políticos y figuras importantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), pero fue criticada y señalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, el cual envió una carta a la embajada de Honduras en señal de protesta por la visita del expresidente a tierras hondureñas. A esto Correa respondió en Twitter tildando de «sinvergüenzas» al Gobierno ecuatoriano.

En 2020, el expresidente Rafael Correa fue declarado culpable por el delito de corrupción, siendo condenado a 8 años de cárcel. Correa fue considerado culpable por ser instigador de un delito de cohecho pasivo agravado en el caso denominado «aso Sobornos 2012-2016», una red de sobornos dentro del cual el exmandatario ecuatoriano recibió aportes para la financiación de su movimiento político Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas; entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

Otra de las visitas esperadas por el Gobierno hondureño ha sido la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien se entregarían las llaves de la ciudad en su visita; sin embargo, esta no se concretó.

Las tensiones entre El Salvador y Estados Unidos aumentaron cuando una investigación de El Faro señaló que el Gobierno de Nayib Bykele habría negociado con maras y pandillas salvadoreñas para bajar la tasa de homicidios en el país en 2020. Siguiendo con esto, Bukele cuestionó el señalamiento de Estados Unidos a dos de sus funcionarios por formar parte de negociaciones con grupos del crimen organizado. «Estados Unidos no quiere cooperación, sino sumisión», manifestó el presidente de El Salvador.

Por otra parte, la relación con Honduras ha sido distinta. Después de la legalización del bitcoin en El Salvador —primer país del mundo en oficializar la criptomoneda como medio de pago oficial— y de la cercanía de Bukele con personas de la familia presidencial, la llegada del Bitcoin parecía ser una realidad hace unos días, sin embargo, el Banco Central de Honduras (BCH) desmintió cualquier relación con la llegada de la criptomoneda al país.

El pasado 26 de marzo Nayib Bukele ordenó decretar al poder legislativo de El Salvador entrar en régimen de excepción debido a que solo en el día anterior, 25 de marzo, se registraron 14 homicidios. Sin embargo, periodistas salvadoreños y organizaciones de ese país atribuyen a las fallidas negociaciones de Bukele con los grupos criminales esta ola de violencia, además, indican que cercenan el goce de los derechos de la población del país Centroamericano.

Desde hace 30 años, José Sánchez (60) se dedica al negocio que él denomina como Pajaritos australianos de la suerte, que es similar al juego de la galleta de la fortuna, pero con pericos de colores. El juego consiste en comprar los papeles doblados, luego él abre la jaula, sale un perico que busca y selecciona hojas dobladas con mensajes de superación, buena fortuna o algo muy general que aplica a mucho, las entrega y vuelve a su encierro. Este capitalino es de los pocos que todavía sigue en este negocio, ubicado en uno de los puentes que une a las ciudades gemelas de Comayagüela y Tegucigalpa, que conforman el Distrito Central. Dado que buena parte de la población de Honduras es supersticiosa, el miedo al castigo divino lleva a algunos a practicar dudosos métodos que buscan acortar distancias espirituales u obtener ventaja frente a sus pares. En un país donde la incertidumbre reina, las consultas del tarot, té y todo lo que le ofrezca un porvenir «más seguro» son servicios que se continúan consumiendo. 

—¿Cuánto cuesta el juego? — le consulto a José quien antes de contestar recorre con su mirada de desconfianza el puente que une Comayagüela con Tegucigalpa. El puente Mallol, un punto de comercio sobre el contaminado río Choluteca.

—Diez Lempiras el papelito, de los que sacan los periquitos — me responde

—Deme uno — le pido.

—Por veinte le doy tres — me contesta.

—Deme los tres — respondo y acepto el trato.

Las manos de José abren la puerta de una pequeña jaula de metal que todavía tiene restos de pintura blanca en sus varillas, uno de los pericos sale, se dirige a un plato hondo de metal que guarda papelitos blancos y bien doblados que, según don José, adivinan la suerte. Con una de sus patitas saca tres papelitos y los pone en la mano de José, quien luego los entrega al cliente. Don José dice que los pericos están entrenados para salir de la jaula, escoger la suerte y volver al encierro y que le costaron a él 1,300 lempiras. Añade que los compró ya entrenados. Al explicar su rol, José cuenta que son las ferias los eventos que sostienen este tipo de negocio folclórico que se va perdiendo en un mundo cada vez más globalizado. José ahora es de los últimos —sino el último—en este negocio que se va perdiendo. 

La Ley de Protección y Bienestar Animal indica que los animales de trabajo pueden ser domesticados, pero se trata de animales que milenariamente han sido utilizados para la tracción, el transporte, la carga o el trabajo. Los pericos australianos de la suerte no se consideran como animales de trabajo ni están incluidos. A pesar de eso, desde hace 30 años don José mantiene a su familia con los ingresos de la venta de la suerte que le generan los periquitos, así como de la venta de cadenas doradas y plateadas que cuelgan en una tabla de madera a la par de la mesa delgada que sostiene la jaula. Ninguna autoridad lo molesta, la gente pasa cerca de la jaula, ve los pericos y continúan su camino, diez o veinte lempiras no siempre están en el presupuesto para adivinar la suerte en Honduras.

Este reportaje fue publicado originalmente en Insight Crime y La Prensa Gráfica, este medio lo reproduce íntegro en acuerdo con sus autores.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha certificado que 14 influyentes jefes de la Mara Salvatrucha cometieron actos de terrorismo en su país al influir en los miembros de la estructura a cometer delitos graves.

Cuatro de los 14 jefes pandilleriles salvadoreños a los que Estados Unidos ha solicitado extraditar fueron excarcelados entre julio de 2021 y enero de este año, según una investigación periodística. Centros Penales no proporcionó información para precisar si regresaron a prisión.

Por Insigth Crime
Con aportes de La Prensa Gráfica

Cuatro cabecillas de la Mara Salvatrucha con solicitudes de extradición firmadas por fiscales federales de Estados Unidos gozaron de días fuera de prisión entre julio del 2021 y enero del 2022, de acuerdo con documentos penitenciarios y judiciales a los que esta investigación tuvo acceso.

A pesar de contar con cargos pendientes, Elmer Canales Rivera, alias “Crook”; Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho”; y Efraín Cortez, alias “Tigre”, se encontraron “inactivos por libertad” en diversos periodos de esos ocho meses, según constó en sus fichas en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) de El Salvador.

Fuentes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) consultadas para esta investigación aseguraron que Hugo Armando Quinteros Mineros, alias “Flaco”, también se encuentra “inactivo por libertad” en los registros penitenciarios.

Los documentos que respaldan esta investigación, así como el relato de funcionarios de Gobierno y testigos que conocieron del estatus de libertad que gozaron estos pandilleros, ubican las salidas entre el segundo semestre de 2021 y hasta finales de enero pasado. LA PRENSA GRÁFICA ya había revelado en diciembre pasado el caso de “Crook”.

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Fichas del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) de El Salvador de “Crook” y “Colocho”, ambos cabecillas de la Mara Salvatrucha, donde se lee que el estado del interno en es “inactivo por libertad”.

A la fecha es imposible determinar si estos pandilleros siguen en libertad o si reingresaron a las cárceles ya que las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron a dar información sobre el estado de estos cabecillas a pesar de haberla prometido vía transparencia en enero pasado.

Estos pandilleros considerados de suma peligrosidad dentro de su organización pertenecen a la primera línea de mando de la MS-13 conocida como “Ranfla”, afincada en su mayoría en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Los cuatro forman parte de un listado de 14 influyentes cabecillas reclamados por terrorismo desde el 16 de diciembre de 2020, cuando fiscales estadounidenses presentaron el requerimiento CR 20577 en el Distrito Este de Nueva York.

Según dijo el fiscal general estadounidense Jeffrey A. Rosen en enero de 2021, este requerimiento es la “acusación más amplia y de mayor alcance que se ha hecho en la historia de los EU contra la MS-13 y su estructura de mando y control”.

Según los documentos del SIPE, estos cuatro cabecillas reclamados por Estados Unidos y con órdenes de captura de Interpol salieron de presidio en el periodo apuntado a pesar de que dos de ellos tienen penas pendientes con la justicia salvadoreña que van de 30 a 40 años de prisión.

El 6 de febrero de 2020, “Crook” y “Colocho” recibieron respectivamente una sentencia de 60 años por dos homicidios agravados; mientras que “Tigre” fue condenado a 14 años por agrupaciones ilícitas, derivadas del llamado Caso Cuscatlán o causa penal 54/63-A-2019.

En el caso de “Flaco”, quien el 2 de marzo del año pasado fue capturado en el departamento de Usulután, con apoyo del FBI, cuenta al igual con una orden de detención de la Interpol para ser extraditado. Además, está acusado de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, según una ficha de la PNC de los 100 más buscados.

De acuerdo con los oficios N° 24 y N° 705 con referencia 54/63-A-2019 (V) emitidos por el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador y obtenidos vía transparencia, “Crook”, “Colocho” y “Tigre” interpusieron un recurso de apelación para reducir sus condenas.

El 26 de abril del 2021, después de realizarse la primera solicitud de extradición en contra de “Flaco”, la Cámara Primera Especializada de lo Penal recalificó las sentencias de estos tres y les redujo las penas impuestas.

A “Crook” le modificó la calificación jurídica de uno de los dos delitos de “homicidio agravado” a “proposición y conspiración de homicidio agravado” aminorando su pena de 60 a 40 años. “Colocho” recibió la revocación de un “homicidio agravado” ratificándosele 30 años de prisión por el otro asesinato; al tiempo que “Tigre” fue absuelto por el crimen de “agrupaciones ilícitas”, dejándolo sin cargos.

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Fichas del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) de El Salvador de “Crook” y “Colocho”, ambos cabecillas de la Mara Salvatrucha, donde se lee que el estado del interno en es “inactivo por libertad”.

Los defensores de “Crook” y “Colocho” apelaron nuevamente el 21 de julio de 2021, interponiendo un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para reducir aún más las nuevas penas. Hasta el momento la Sala no ha dado su veredicto y “se ignora si estas personas están siendo procesadas o a la orden de otras sedes judiciales”, como acusa el Juzgado de Sentencia “A”.

Eso quiere decir que la sentencia de estos dos pandilleros no se encuentra firme, y que de acuerdo con el artículo 8 del Código Procesal Penal, “Crook” y “Colocho” no están en condiciones de apelar su caso en libertad por contar con un trámite de extradición.

De acuerdo con sus fichas del Sistema de Información Penitenciaria, a estos cabecillas de la MS-13 tampoco se les ha atribuido ninguna pena comprendida en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, que desde el 24 de agosto de 2015 consigna a la Mara Salvatrucha como “grupo terrorista”. El artículo 13 de esta ley determina que “los organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas, serán sancionados con prisión de diez a quince años”, pero ninguno cuenta con una sanción derivada de esta legislación.

Para sumar más elementos en el caso de “Crook”, dentro de su historial judicial aún cuenta con dos casos sin una sentencia definitiva por encontrarse también en apelación. Las causas penales son la 41-A-2020 por “extorsión agravada y agrupaciones ilícitas” y 1-C-2018-6 por “organizaciones terroristas”.

“Crook” salió de máxima seguridad entre el 18 y el 19 de noviembre pasado.

La embajada estadounidense en El Salvador ha demostrado preocupación por la situación del cabecilla de la Hollywood Locos. De acuerdo con un reportaje de El Faro, el año pasado el consulado envió una nota diplomática pidiendo se aclare si este cabecilla se encuentra en libertad y de ser así, bajo “qué circunstancias se llevó a cabo su liberación y en el caso de ser afirmativo proporcionar certificación de la orden judicial”.

Ocho días antes de su salida, una ola de asesinatos que cobró la vida de 46 personas entre el martes 9 y jueves 11 de noviembre. Dadas esas jornadas violentas, noviembre se volvió el mes más sangriento de 2021 alcanzando un promedio diario de 4.1 homicidios según cifras de la Mesa Técnica. La cantidad se redujo drásticamente al mes siguiente a un promedio de 3.1 homicidios diarios.

En la calle

“Trauma” no es el verdadero apodo de este viejo pandillero, pero así lo vamos a nombrar para no revelar su identidad. Desde hace años “Trauma” conoce bien las entrañas de la Ranfla y cuando se enteró de la liberación de “Crook” se sorprendió. Semanas después, confirmó para esta investigación que “Crook” apareció por los calles de El Salvador y que acostumbró llegar a una casa en el municipio de Ciudad Barrios en una camioneta blanca, acompañado por dos hombres que “no se miraban como pandilleros”.

Aseguró que lo dejaban en dicha vivienda y desde ahí una mujer realizaba llamadas en su nombre para que compañeros lo recogieran en ese sitio y lo trasladaran a otro lado. “La orden era que no tuviera celular”, apuntó.

“Trauma” describió que en una ocasión, antes de que “Crook” fuese llevado a ese domicilio, una patrulla de la policía recorrió la zona. Desaparecida la patrulla, varios “postes” o vigías afines a la MS-13 se apostaron alrededor de la casa. Dice que en una ocasión lo trasladaron a un territorio de la Dieciocho en Zacatecoluca y desconoce de dónde es que llegaba esa camioneta que transportaba a “Crook”.

Entre diciembre y febrero, a efectos de esta investigación también se entrevistó a un pandillero retirado que durante cinco años sirvió como testigo al ministerio público. A finales de febrero, la fuente señaló que “Colocho” se estaba proclamando cristiano ante sus compañeros mientras gozaba de libertad en el periodo apuntado.

Opacidad

 

El 22 de diciembre de 2021, a efectos de esta investigación se solicitó vía transparencia a la Dirección de Centros Penales una postura oficial sobre los registros de libertad que consigna el SIPE sobre los cuatro cabecillas. La oficial de información Iris Yanet Valle de Funes acusó de recibido la solicitud enviada a su correo institucional y contestó que la información se entregaría el 10 de enero de 2022. 

La oficina no mandó la información obligada por ley en esa fecha y la dirección institucional dejó de recibir correos asegurando que su dirección pudiera estar “mal escrita o que ya no existiera”.

Nuevamente se envió la petición el 24 de febrero de 2022, pero esta vez la respuesta de la Unidad de Acceso a la Información Pública fue que para poder entregar la información se requería de la presentación de un “representante legal debidamente acreditado” de cada uno de los pandilleros.

También se pudo constatar que el acceso al SIPE ha quedado restringido bajo el mando y supervisión del director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, impidiendo que actualmente se pueda consultar la información de los privados de libertad desde centros penales, juzgados y edificios administrativos.

Otro cabecilla libre

A finales del 2021 quedó en libertad Moisés Humberto Rivera Luna, alias “Viejo Santos”, también perseguido por las autoridades estadounidenses y considerado el mandamás de la clica Normandie Locos en varios países del hemisferio, según se lo confirmaron a efectos de esta investigación cinco pandilleros que han hablado con él desde su liberación.

Se trata de un veterano de 52 años de un perfil poco mediático pero de un extenso poderío e influencia. La corte del Distrito de Columbia lo acusó en noviembre de 2011 bajo la Ley Rico de dirigir operaciones desde el penal de Chalatenango y ordenar al menos dos homicidios.

Al igual que “Crook” y “Colocho”, el “Viejo Santos” cuenta en su contra con la Orden Ejecutiva número 13581 del Departamento del Tesoro que congela sus bienes en suelo estadounidense.

Influyentes


“Crook”, “Colocho”, “Tigre” y “Flaco” guardan varias cosas en común: su iniciación en Los Ángeles, Estados Unidos, su larga carrera delictiva en El Salvador, su transnacionalidad y sus operaciones desde las cárceles.

“Crook” y “Colocho” ingresaron en prisión en diciembre de 2001 por el secuestro de un matrimonio. “Tigre” lo hizo en 2005 por homicidio y portación de armas de fuego, entretanto “Flaco” en 1999 por homicidio. Este último fue el único que cumplió condena quedando libre a inicios de 2014 para después expandir los alcances de la pandilla en México.

Todos ganaron su liderazgo desde principios de la década pasada al pelear espacios exclusivos para la Mara Salvatrucha en el sistema penitenciario. Ahí junto con Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito”, también acusado en Nueva York por ser el máximo jefe de la MS-13, y otros conformaron lo que se conoce como la “Ranfla”.

El gobierno estadounidense acusa a estos cabecillas “de dirigir la violencia y actividad delictiva de la MS-13 en todo el mundo por casi dos décadas”, sosteniendo que desde los penales se encargaron de gestionar asuntos de la pandilla tanto en las calles como en ciudades de Estados Unidos.

Con los años la Ranfla se sofisticó y la mayoría de sus miembros fueron removidos al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. En marzo de 2012, “Crook”, “Colocho” y “Tigre” fueron trasladados de ese penal a la cárcel de Ciudad Barrios como parte de la llamada tregua, para ordenar a sus compañeros reducir los homicidios en las calles.

En Ciudad Barrios se reencontraron con “Flaco” para reorganizar los liderazgos en todos los penales con presencia de la MS13. Estos cuatro personajes, junto con otros más de la lista de extradición, serían los interlocutores con los mediadores y autoridades del entonces gobierno del FMLN para reducir los homicidios en El Salvador.

Para lograr esa paz, en 2012 y 2013 cometieron al menos dos homicidios al interior de Ciudad Barrios en contra de compañeros que no acataron la orden de suspender los asesinatos, Kember Méndez Gámez y Manuel Eduardo Pineda Santamaría. Eso lo reveló un ex miembro de la Ranfla convertido en testigo criteriado durante el llamado Caso Cuscatlán. 

Entre febrero y abril de 2015, “Crook”, “Colocho” y “Tigre” regresaron a Zacatraz por medidas de excepción implementadas por los crecientes enfrentamientos entre pandilleros y elementos de seguridad que ellos mismos habían apoyado.

Extradición truncada

La primera petición de extradición contra estos pandilleros fue recibida el 26 de marzo de 2021 en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador para exigir a “Flaco”, veinticuatro días después de ser capturado. El 16 de mayo de 2021, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador recibió la petición de “Tigre” y diecinueve días más tarde, el 4 de junio, los juzgados Cuarto y Catorce de Paz hicieron lo mismo con las solicitudes de “Colocho” y “Crook”.

El expediente de extradición de “Colocho”, al que se tuvo acceso, consigna que el pandillero fue capturado por agentes de la Interpol a las 6:50 de la tarde del 3 de junio de 2021 en el portón principal del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Así quedó plasmado en el oficio de Interpol que fue remitido un día después, el 4 de junio de 2021, al Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, encargado del proceso de “Colocho”.

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El registro penitenciario de “Tigre”, influyente cabecilla de la MS-13, da cuenta que ha permanecido fuera del sistema de prisiones.

“Mediante resolución proveída a las 10:35 a. m. del 4 de junio de 2021 se decretó detención provisional con fines de extradición en atención al oficio PNC/DG/OCN/DEC/233/2021 suscrito por Manuel Ulises Garay Cotto, jefe de la oficina Interpol El Salvador, por la orden de difusión roja con la referencia #A-526/2-2021, publicada por Interpol Francia el 22 de febrero de 2021, a solicitud de Interpol Estados Unidos de conformidad con la captura CR 20577 del 16 de diciembre de 2020, firmada por el juez Steven L. Tiscione”, se lee en el expediente de “Colocho”.

El acta de captura de “Colocho”, además, enlista los cargos por los que es requerido en Estados Unidos: Conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material y recursos a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales y conspiración para el narcoterrorismo, mismos por los cuales debería pagar en la Unión Americana.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha anunciado sus intenciones de revisar el tratado de extradición entre El Salvador y Estados Unidos, vigente desde 1911, postura que complica la autorización para que estos cabecillas sean trasladados a Nueva York. Algunos especialistas ponen en entredicho esa posición considerando que en 2020 hubo dos extradiciones contra miembros de la Mara Salvatrucha, Eduardo Portillo “Firuli” y Adonay Polanco Cabrera, “Rayo”.

La hipótesis principal de los magistrados del Supremo es que las leyes estadounidenses son mucho más severas a la legislación salvadoreña, por lo que no hay garantías de que los jefes pandilleros no vayan a ser condenados a una cadena perpetua. Sin embargo, Estados Unidos ya se ha comprometido por escrito con que eso no ocurrirá en los casos de “Crook”, “Colocho”, “Tigre” y “Flaco”.

La Corte Suprema de Justicia también estudia desde septiembre de 2021 si negar o no la extradición a Estados Unidos de Armando Eliú Melgar Díaz, alias “Blue”, el primer pandillero salvadoreño que enfrenta un proceso federal por terrorismo ante la justicia estadounidense.

Olivia Aurora fue despedida en septiembre del 2016 y desde entonces inició una batalla legal contra el Grupo Karims, el conglomerado que pertenece a Yusuf Amdani, un paquistaní con nacionalidad hondureña dueño del centro comercial Altara, Altia Business Park, Merendón Hills y el gigantesco parque maquilero Green Valley.

Texto: Allan Bu
Fotos: Antonio Gutiérrez

A veces, por la madrugada, Olivia Aurora no puede dormir por fuertes dolores en los hombros y en el hueso cervical. Entonces, mientras su familia descansa, ella escribe en Facebook: «no puedo dormir» y en algún lugar del norte de Honduras, otra mujer, presa de los mismos dolores le contesta: «estamos en las mismas». 

Hace unos 14 años, Olivia llegó a San Pedro Sula desde Choluteca, en el sur de Honduras. Recuerda que su plan principal era trabajar duro y hacer posible que su hijo estudiara y tuviera más oportunidades que ella. El sueño de casi todos los padres, también era el de Olivia.

Y trabajó mucho durante 10 años en la empresa maquilera Pride Manufacturing, que pertenecía al Grupo Karims, conglomerado propiedad del paquistaní Yusuf Amdani, considerado uno de los hombres más ricos de Honduras, dueño también del centro comercial Altara, Altia Business Park, Merendón Hills y el gigantesco parque maquilero Green Valley en el norte de este país. Un empresario incluido en la lista de Forbes de los hombres más ricos en Centroamérica.

«Soñaba con tantas cosas, darle la educación a mi hijo, que lo que yo pasé en la vida no lo pasara él y fueron sueños que se quedaron ahí. Gracias a Dios , él consiguió trabajo y está culminando sus estudios en la Universidad porque por mis problemas de salud los sueños se quedaron estancados», nos dice Olivia, que viste una camisa morada y una pañoleta roja en la cabeza.

Ahora la ex trabajadora de Pride Manufacturing prácticamente no realiza ninguna labor, incluso, para beber agua, prefiere que sea en un recipiente plástico, que tiene menos peso. «Dependo de mi familia. Si voy a un lugar tengo que llegar un vaso y encontrar agua, porque no puedo abrir un bote. No tengo fuerza», nos dice. 

Olivia trabajó durante 10 años en Pride Manufacturing, donde realizaba operaciones como cerrar mangas de camisas, que requiere mucho movimiento repetitivo. Eso le fue afectando su salud. Ella agrega otro elemento, «eso [la repetición de movimientos] junto a las altas metas de producción lo terminan dañando a uno».

Para Olivia y otros cientos de trabajadores que sufren dolores y molestias provocadas por las enfermedades profesionales, solo queda aprender a vivir con ellos. Son males irreversibles. En los centros asistenciales reciben medicinas que calman un poco el dolor, pero la realidad es que tendrán que lidiar con sus males el resto de la vida. Olivia casi no duerme. A veces solo dos horas. Y cuando está agobiada, escribe sobre sus dolores en las redes sociales y casi siempre hay una ex compañera que le responde en la misma situación.

El 26 de septiembre de 2016, Olivia fue despedida por la maquiladora mencionada, que producía diferentes prendas de vestir. Tras 10 años trabajando en la fábrica, tenía daños en los hombros, la muñeca del brazo derecho y la vértebra cervical. La empresa la despidió argumentando una rebaja de personal, pero en la misma fecha que despidieron a Olivia también despidieron a otras personas con problemas de salud provocados por el trabajo en la maquila: «En la planta, después de los despidos, decían que habían sacado el hospital», recuerda Olivia, a quien entrevistamos en la oficina de la Colectiva de Mujeres de Honduras (Codemuh)

 «Así se refieren la mayoría de los empleadores; después que nosotras producimos en la maquila, nos tiran como platos desechables. Cuando tenemos problemas de salud laboral, lo que hacen es dejarnos sin atención médica sabiendo que se sufre cada día», agregó.

Cuando ella recibió la notificación de despido por rebaja de personal no aceptó las prestaciones. Quería seguir gozando de la seguridad social. Ya tenía enfermedades profesionales no calificadas, así que decidió iniciar una lucha en la que ha chocado con la indolencia estatal y contra un imperio económico. Cuando ella fue despedida ya pertenecía a la Codemuh, que es una organización que trabaja por los derechos de la población maquiladora desde 1990. Ahí comenzó una lucha que lleva más de cinco años.

«Ella es una de las trabajadores que decidió llegar al final», nos dice la directora y fundadora de Codemuh, María Luisa Regalado, una mujer con más de 30 años de lucha por los derechos de las mujeres. «Nosotras apoyamos hasta el final, siempre y cuando haya posibilidades», agregó.

Dos batallas ganadas

Una vez evaluadas las posibilidades del caso, el equipo legal de Codemuh interpuso la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo en Choloma en octubre del 2016. Olivia pidió el reintegro a sus labores en igual o mejores condiciones más los salarios dejados de percibir durante la demanda y también todos los derechos perdidos en ese tiempo. 

El 12 de febrero del 2020, el juez que llevaba el caso falló a favor de Olivia. Ordenó a la empresa a reintegrar a Olivia y a pagar los salarios caídos y los derechos no percibidos, pero Pride Manufacturing interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones en Cortés. De igual forma en esa instancia, el 20 de octubre del 2020 se ratificó el fallo del juez de letras.

Después de eso, la directora de Codemuh, María Luisa Regalado, denunció que la empresa Pride Manufacturing cerró operaciones en Choloma, pero que las reinició bajo otra razón social en Green Valley, parque industrial ubicado en Naco, Cortés. «Sabemos que no cerró operaciones, y tenemos entendido que están reabriendo en Green Valley. Eso fue una farsa y una cuestión perversa para la población trabajadora. Lo que querían era deshacerse de las personas con problemas de salud, porque saben que la gente que tiene muchos años de trabajar está con serios problemas de salud». 

Regalado sostiene que la empresa Pride Manufacturing, «maliciosamente no aceptó el fallo [a Favor de Olivia] y posteriormente cierra operaciones y deja a la gente sin derechos y sin seguridad social. Entre esos empleados está Olivia, sin embargo, ella tiene resoluciones judiciales a favor para que la empresa le reintegre y pague salarios caídos».

En el Registro Mercantil de Cortés, Pride Manufacturing aparece como una empresa constituida en 1998, pero en estado de formación. El socio mayoritario es Mohamed Yusuf Amdani y tiene como socios a Bessy Fletes, Rafael Silva, José Roberto Ramírez y Luis Edmundo Mejía. Su razón social es la manufactura y confección de todo tipo de ropa. 

Para conocer la posición de la empresa, Contracorriente visitó las oficinas de Grupo Karims en Altia Business Park, pero la guardia no permitió la entrada. En cambio, nos brindaron un número de teléfono que no fue atendido y tampoco contestaron los correos enviados a dos direcciones de email diferentes. 

El viernes 25 de marzo, una ejecutiva de Grupo Karims se comunicó vía teléfono con este medio para explicar que estaba informándose del caso de Olivia y de esta forma brindar la posición de la empresa al respecto. Manifestó que la intención de Grupo Karims era ser respetuoso de los derechos de las personas. No obstante, no hubo más comunicación de parte del conglomerado al cierre de este reportaje. Intentamos contactar a la empresa al mismo número telefónico desde que se originó la llamada, pero no hubo respuesta.

El 6 de noviembre del 2021, Olivia y un grupo de sus compañeras de la Codemuh, realizaron un plantón frente a las oficinas de Altia, lugar donde están los call center más grandes de Honduras. La exigencia fue que le cumplieran a Olivia la sentencia que ya le había sido otorgada en dos instancias diferentes. No levantaron el plantón hasta que un grupo fue recibido y ahí se inició un proceso negociación. Sí, negociación pese a que la trabajadora había recibido la razón de la justicia de Honduras en dos ocasiones. «No fue fácil, terminamos la negociación en enero del 2022 y aceptaron pagarle», nos explicó María Luisa Regalado.

Grupo Karims no aceptó reintegrarla en otra de sus empresas, pero prometió que reconocerá los salarios caídos desde 2016 así como prestaciones sociales y se acordó que pagarán los estudios médicos que Olivia necesita por sus enfermedades y una cirugía en su mano derecha, pero para esto, solicitaron que la obrera presente un dictamen brindado por el Ministerio de Trabajo en el que se certifique que los padecimientos que tiene son provocados por su labor en la maquila. 

Aquí, la lucha por la justicia que libró Olivia choca contra el muro de la indolente burocracia estatal. Cuando la despidieron, ella aún no tenía una dictamen de calificación de enfermedad profesional por los dolores en sus hombros, el problema cervical o el dolor en su mano. No obstante, en enero del presente año, ella presentó todos los estudios que se ha realizado a la oficina del Ministerio de Trabajo en San Pedro Sula para que le den calificación a su daño y porcentaje de discapacidad que tiene. Después de realizar varias visitas, le dijeron que sus papeles serían enviados en febrero a Tegucigalpa porque se necesita una firma de la oficina central de esa secretaría. A principios de marzo, personal de la Codemuh se enteró que la documentación de Olivia no estaba en Tegucigalpa. Seguía en San Pedro Sula. 

No le han pagado. La negociación, casi cerrada, no ha continuado porque la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula no ha agilizado el trámite. Sin esas calificaciones, Olivia sigue esperando, no puede concretarse el pago. «Desde que me despidió Pride Manufacturing no tengo empleo. Son cinco años de estar esperando salario y recibir atención médica, pero pues esta empresa cerró», nos dice Olivia.

«Aquí tiene que ver con la negligencia o complicidad de las autoridades del Ministerio de Trabajo, eso lo denuncio porque estamos iniciando el año con nuevas autoridades y esperamos que estas van a corregir todo esto que estaba pasando con la anterior administración, no puede continuar esto porque están terminando con la vida y salud de las trabajadoras», nos dice María Luisa Regalado.

Contracorriente visitó en dos ocasiones la oficina del Ministerio de Trabajo en San Pedro Sula para conocer la posición institucional sobre el caso y los señalamientos realizados por María Luisa Regalado.

explotación laboral en honduras 2022 Un grupo de personas esperan en las afueras de las instalaciones del Ministerio del Trabajo, San Pedro Sula 2022
Un grupo de personas esperan en las afueras de las instalaciones del Ministerio del Trabajo. Foto CC/Antonio Gutiérrez.

La directora regional, Julieta Ulloa, manifestó a Contracorriente que ella —con apenas un mes en el cargo— desconoce las condiciones en las que se desarrolló el caso de Olivia, pero dijo «puedo asegurar que mi plan es, siguiendo instrucciones de la Presidencia y la ministra del trabajo (Sarahí Cerna), trabajar en conjunto todos y que nuestra labor se haga con transparencia y rapidez». 

De los retrasos y largas esperas que deben hacer los y las trabajadores, manifestó que están «tratando de cumplir con lo que tenemos, nos faltan muchos recursos en este momento. Acuérdese que en San Pedro Sula es donde se concentra una gran masa de trabajadores y ahorita actualmente hay 33 inspectores, que cumplen con varias actividades. No se da abasto, pero estamos identificando para que al trabajador no se le dilate al momento de una denuncia”. 

Entre los trabajadores y defensores de sus derechos es común escuchar que en el Ministerio de Trabajo se decantan por el lado empresarial. La abogada Ulloa responde lo siguiente: «A veces es por falta de conocimiento de la parte interesada. Si usted habla con la parte de los trabajadores dirán que los inspectores se vendieron, pero sin ninguna base. Y si es por parte del patrono dicen que nos parcializamos con el trabajador. Recuerde, somos una balanza, un garante de que se cumpla lo que establece el Código del Trabajo». 

Ulloa agregó que su intención es cubrir la mayor cantidad posible de demandas de los trabajadores: «Esperemos que se pueda ayudar en mayor volumen, pero al que la ley respalde ese será el beneficiado. Le pedimos a la población que crea, que las cosas se están tratando de hacer bien».

María Luisa Regalado dice que los entes estatales se vuelven una telaraña para los trabajadores y trabajadoras que deciden reclamar un derecho. Sostiene que el Instituto Hondureño de Seguridad Social debería emitir dictámenes de calificación por enfermedad profesional en 90 días hábiles. Sin embargo, la Codemuh está apoyando casos de trabajadoras que llevan hasta tres años esperando por un dictamen. 

«El problema es que se convierte en un calvario para las trabajadoras. En el caso de Olivia, comenzó en el IHSS [Instituto Hondureño de Seguridad Social], como tortugas nunca le agilizaron el proceso, la despide Grupo Karims y no tiene los dictámenes de reubicación laboral, ni siquiera eso», afirmó.

Relata que la Secretaría de Trabajo se tarda años para hacer la evaluación y el proceso para una reubicación laboral. «Si las trabajadoras son despedidas y deciden demandar, pasan tres, cuatro años o más en el sistema judicial y administrativo. Está diseñado para cansar a las trabajadoras. Saben que no tienen [las obreras] posibilidades económicas para sobrevivir y al hacer ese camino tan largo y lleno de obstáculos, las trabajadoras terminan renunciando», dice.

Las luchas de Olivia

 

«Tomé la decisión de exigir el reintegro para tener el derecho a la salud, más que todo por eso, porque tengo daño en la muñeca de mi mano izquierda, en la cervical y en los hombros. Todos son daños irreversibles en los que uno necesita tener atención médica», dice Olivia, quien cree además que haber solicitado una reubicación laboral fue el origen de su despido, pues, a su juicio, cuando un empleador se entera de que una obrera está haciendo este trámite «lo que hacen es despedir, esa es la solución. Sabiendo que somos mujeres que sufrimos, tener un problema de enfermedad profesional es terrible, nos da estrés y esto nos provoca presión alta, no solo es la enfermedad, también nos provoca otros daños». 

Para Olivia la lucha comenzó hace cinco años y medio y, pese a dos sentencias a favor, aún no goza de la seguridad social. No ha vuelto a trabajar. «Es injusto lo que hacen con las obreras de maquila, el empleador no respeta los fallos. No solo es mi caso, hay varias demandas de compañeros que ellos ganan, pero los dueños van en apelación, por ser mujeres nos violentan nuestros derechos y eso no puede ser, hay que exigir derechos humanos y laborales», añadió la obrera. 

Como muestra de la queja de Olivia, en la Codemuh hay registro de unas 70 personas en espera de un dictamen para la reubicación laboral, algunas esperan hasta tres años. 

Además, hay 23 demandas de trabajadoras y trabajadores por violación de derechos humanos pero, hasta el momento, no tienen respuesta. Incluso, hay un caso de 24 obreras que demandaron a la empresa Delta Apparel y la justicia falló en contra de ellas: «Fue una sentencia política, ni siquiera condenaron a la empresa a pagar derechos adquiridos y lo hizo el pleno de la Corte Suprema de Justicia», nos dice María Luisa Regalado. 

«Hay que luchar, hay obstáculos, pero hay que vencerlos», se alienta Olivia, que recibe ayuda psicoterapéutica de la Codemuh para poder sobrellevar los dolores en los hombros y en la cervical. Esta organización es una de las que trabaja con las enfermedades profesionales que son provocadas por la actividad laboral. 

La lucha no es solo en los tribunales de justicia del país para Olivia. Sus problemas de salud se mantienen o han empeorado: «A mí me despidieron el 26 de septiembre de 2016, tengo el mismo dolor desde ese día, dependo de mi esposo y mi hijo para hacer varias cosas porque yo no puedo, no tengo fuerzas, se me caen mis cosas de las manos e incluso no puedo abrir una puerta. Así nos está dejando la maquila en Honduras» cuenta Olivia.

El ortopeda Gustavo Hernández, especialista en trastornos musculoesqueléticos, dice que «el área laboral es una zona que tiene que ser modificada para el ser humano ¿qué significa esto? que en un trabajo tiene que modificarse el mecanismo para que sea adaptable al ser humano. El problema en todo el mundo, pero más en nuestro país, es que el trabajo no se adapta al ser humano, entonces es la persona la que tiene que adaptarse al trabajo». 

Grupo Karims

Grupo Karims aglutina los negocios del multimillonario Mohamaad Yusuf Amdani, un paquistaní que se naturalizó como hondureño y ha realizado fuertes inversiones en el sector inmobiliario y manufacturero del país. Este conglomerado tiene su casa matriz en Pakistán, pero posee inversiones en Emiratos Árabes, Estados Unidos, México, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Honduras. 

Este grupo comenzó a invertir en Honduras en 1991, según información que aparece en el portal en español del grupo. El portal detalla las grandes inversiones que el grupo tiene en Honduras: en el sector maquilador tiene Spinnig Mills (textilera), Pride Yarn (producción hilo), Pride Chemicals (producción de químicos) y todavía aparece Pride Manufacturing, a pesar de haber cerrado operaciones en Choloma.

El conglomerado ha invertido también en el sector inmobiliario. El complejo Altia Smart City, que ha sido descrito como una ciudad inteligente y está formada por Altia Business Center, es un parque de negocios donde funcionan los principales call center que se encuentran en el país. Además, hay una serie de oficinas corporativas. También hay un centro de recreaciones llamado Rec-Zen y el centro comercial Altara, todo ubicado en San Pedro Sula. En Tegucigalpa, también se encuentra un complejo comercial con similar nombre.

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En la imagen se observa Altia Business Park un centro de negocios de alta tecnología situado en San Pedro Sula, Honduras. Foto CC / Antonio Gutierrez

En la segunda ciudad más grande de Honduras, San Pedro Sula, Grupo Karims desarrolló el lujoso complejo habitacional Merendón Hills, donde una vivienda puede costar hasta 16 millones de lempiras (USD 675 000). Las viviendas fueron construidas en las faldas de la cordillera El Merendón, principal pulmón en el norte del país. En su página web, Karims destaca su voluntad de proteger el equilibrio ambiental. En 2015, la cadena estadounidense Univisión lo colocaba en una lista de los hombres más ricos de Centroamérica. El reportaje estima sus ingresos anuales en 5,500 millones dólares. 

Grupo Karims también es propietario del Parque Industrial Green Valley, uno de los más grandes de Centroamérica. Está ubicado en la comunidad de Naco, Cortés. Más de 10 mil personas están empleadas en el gigantesco parque. A su lado, hay una residencial llamada también Green Valley en la que, contrario a los precios en Merendon Hills, en ella se pueden comprar viviendas con cuotas de 1,908 lempiras mensuales. En este tipo de proyectos, el gobierno de Honduras entrega un subsidio a quienes compran una vivienda. 

En la costa norte del país la maquila abrió oportunidades laborales para las mujeres, pues según un estudio de la antropóloga Adrianne Pine, “Tu eres gallo… pero la de los huevos soy yo”: Producción y género en las maquiladoras de Honduras publicado por la Redalyc.org en el 2003, el 70 % de los puestos en las maquilas eran ocupados por mujeres. No obstante, en el mismo documento se relata que «muchas mujeres hondureñas maquiladoras son acosadas sexualmente por sus jefes, sufren efectos dañinos en su salud física y emocional y se les niegan sus derechos laborales básicos cuando denuncian dichas afrentas».

María Luisa Regalado, directora de la Codemuh, espera que la atención a los problemas de la población trabajadora cambie para bien en el nuevo gobierno: «Esperamos que estando al frente del gobierno la presidente Xiomara Castro, que prometió estar con las mujeres y atender los problemas de las mujeres, creo que todavía no podemos calificar, pero podemos decir que estamos pendientes de su respuesta hacia las y los trabajadores de la maquila».

En Choloma, Cortés, el enclave maquilero del país, Olivia sigue esperando que el proceso concluya. No le regresarán su trabajo como ella solicitó allá por 2016 cuando inició su lucha, pero está cerca de vencer pese a la indolencia estatal y a la resistencia de uno de los grupos empresariales más poderosos de Centroamérica. Mientras espera, depende prácticamente del apoyo de la familia. «Ya no tengo fuerza en las manos. Le entregué prácticamente todo a la maquila», nos dice.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no ha lugar la apelación de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernandez luego de que el juez natural concediera su extradición el pasado 16 de marzo. Hernández Alvarado continúa en el país esperando ser extraditado a Estados Unidos; ayer, sus abogados defensores interpusieron un recurso de amparo ante la secretaría de la Sala Constitucional de la CSJ, el cual debe ser resuelto en las próximas horas.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen


Aun sin conocer la decisión del pleno de magistrados, la ex primera dama Ana García, en compañía de dos de sus hijas, Ana Daniela e Isabela ─custodiadas por simpatizantes del Partido Nacional─ se apostaron el lunes en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lucía resguardada por decenas de policías. Estando ahí, Ana García y sus hijas oraron junto a varios activistas del Partido Nacional que habían llegado desde temprano al lugar. Algunos de los simpatizantes del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) se arrodillaron, y entre lágrimas, alzaban la voz pidiendo un milagro para su liberación.

La Policía Militar, impulsada por el propio mandatario Hernández, se limitó a resguardar la entrada principal de la CSJ mientras los activistas nacionalistas esperaban la decisión del pleno de magistrados. 

Los delitos por los cuales la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicita a Juan Orlando Hernandez en extradición son tres: conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo; usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar el uso, porte y la posesión de armas de fuego, a saber: ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con poseer armas de fuego; y por conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos al territorio de los Estados Unidos.

Desde el 2012, cuando se modificó la Constitución de Honduras para permitir la extradición de hondureños, la CSJ nunca ha negado la extradición de un nacional a EE.UU., pero en el caso de Hernández ─aunque la mayoría de juristas coincidieron en que era imposible una decisión favorable al expresidente─ aún había una pequeña duda instalada en la sociedad porque Hernández, catalogado como un poderoso autócrata cuando dirigió el Ejecutivo, venía de controlar durante 8 años consecutivos al Poder Judicial, no obstante, esas pequeñas dudas se disiparon rápidamente cuando el pleno de los 15 magistrados votó por unanimidad a favor de conceder la extradición de Hernández Alvarado por el delito de narcotráfico, y por abrumadora mayoría (12 de los 15) a favor de la extraditarlo por los delitos de uso y portación de armas de fuego y por conspiración para el uso y portación de armas de fuego.

El recurso de apelación había sido interpuesto el 19 de marzo después de que el juez de primera instancia, Edwin Francisco Ortez, autorizó extraditarlo a los EE.UU. La solicitud de extradición de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos de narcotráfico en contra del exmandatario, se conoció públicamente hasta el pasado 14 de febrero.

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Imagen de la diosa de la justicia Themis en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC / Fernando Destephen

«A Juan Orlando lo pueden venir a traer mañana sin incurrir en ninguna falta»: abogado constitucionalista Raúl Pineda

El martes de esta semana, los abogados defensores del expresidente interpusieron un recurso de amparo contra la resolución del pleno de la CSJ, alegando que el fallo viola derechos reconocidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos suscritos por Honduras.

Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que una sala ad hoc conocerá el amparo presentado ante la secretaría de la Sala Constitucional por la defensa de Hernandez Alvarado.

El abogado constitucionalista Raul Pineda Alvarado, exdiputado nacionalista y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández, le explica a Contracorriente que este recurso de amparo es inadmisible por dos razones: la primera, porque el tratado y auto acordado de extradición establece que aparte de la apelación no procede otro recurso, y, segundo, porque la resolución admitida por la Corte Suprema de Justicia -siendo el más alto tribunal de justicia del país-, no puede ser revocada por una instancia inferior. «No hay dentro de esa pirámide ningún escalón de mayor perfil que el de la propia Corte», indica Pineda.

Raul Pineda asegura que, de lo único que se está a la espera en este momento es de que el expediente del caso lo devuelvan al juez de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia. De ahí, este juez está obligado a ordenar poner a disposición de la Secretaría de Seguridad y Secretaría de Relaciones Exteriores al extraditable.

«En términos muy prácticos, a Juan Orlando Hernandez lo pueden mandar mañana a Estados Unidos sin incurrir en ninguna falta a la legislación nacional», indica el abogado Raul Pineda.

Juan Orlando Hernández, más solo que nunca

A medida que se agotan los recursos judiciales para dilatar la extradición, la cantidad de simpatizantes nacionalistas que respaldan públicamente a Juan Orlando Hernández se reduce considerablemente, pues anteriormente, cuando inició el proceso de extradición del expresidente, un buen grupo de nacionalistas, entre estos el exalcalde capitalino David Chávez, mostraron su apoyo público y alegaron que el exmandatario es inocente. 

Ante los ojos de sus seguidores, Juan Orlando Hernández ─que construyó una estructura clientelista gigantesca como gobernante─, ha pasado de ser «inocente» a «un hondureño con el derecho de defender su libertad en su país», sin la necesidad de que sea extraditado. Esa nueva narrativa, instaurada por su equipo legal, ha sido repetida por activistas del PN y por su esposa, Ana García.

Algunos de los nacionalistas que se apostaron en las afueras de la Corte el pasado lunes, confesaron haber recibido beneficios especiales durante la administración de Hernández.

«Yo estoy agradecida por la chambita que me dieron estos 4 años, con eso puse a estudiar a una de mis hijas, pero no hay que desconocer que si el hombre es culpable debe de pagar por lo que hizo, y, además, ¿qué culpa tiene uno de eso?», manifestó una activista del Partido Nacional, quien decidió quedar en el anonimato.


En la mañana del lunes, antes de que el pleno de magistrados se reuniera para conocer del recurso de apelación, Ana García, esposa del expresidente, publicó en su cuenta de twitter una carta abierta escrita con el puño y letra de Juan Orlando Hernandez en donde manifestaba que enfrentar cargos de tres cadenas perpetuas podría llegar a convertirlo «en un muerto en vida».

«Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia», se aprecia también en la carta del exmandatario, quien en distintos puntos de la misma se refiere a su condena como el resultado de una «venganza y trama orquestada por los carteles» y como «campañas de odio y desinformación» a las acusaciones que distintos extraditados han emitido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en relación a él.

Roy Santos, uno de los pastores evangélicos más cercanos a la familia Hernandez, continúa defendiendo al exmandatario. Este publicó en twitter que Hernández fue «un presidente atacó el narcotráfico, la ideología de género, el aborto y su premio fue la cárcel». Roy Santos había indicado a sus feligreses que en el 2018 Dios le había mostrado «una visión» en la cual Estados Unidos armaba un plan en contra de Juan Orlando y de toda su familia. 

Hasta el momento, el expresidente Hernández sigue guardando detención provisional en el Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional (Cobras). El expediente de su caso fue remitido al magistrado Edwin Francisco Ortez, quien deberá coordinar la entrega de Hernandez Alvarado a las autoridades estadounidenses, auxiliándose en la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa y Secretaría de Relaciones Exteriores. 

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció esta semana que Ana García de Hernández trasladó bienes valorados en aproximadamente L 60 millones a un banco hondureño en concepto de dación en pago, pocos días después de iniciado el proceso de extradición al expresidente de Honduras. Hasta el momento se desconoce qué banco hondureño autorizó dicha transacción.


El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también se pronunció respecto a la investigación del CNA. En su cuenta de twitter advirtió que hay instituciones bancarias que están «incurriendo en varios delitos» al mover propiedades del expresidente Hernández en este momento. A esto se añadió la presidenta Xiomara Castro, quien citó su tweet y dijo: «Presidente Luis Redondo, cuente con nuestro apoyo en el combate a la corrupción, para lograr transparencia».

Lucia Vijil, investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), dijo a Contracorriente que el proceso de extradición del expresidente ha sido dilatado debido a que las estructuras judiciales del país, a pesar de que hay un nuevo Gobierno, siguen estando «blindadas y cooptadas por el narcotráfico», y también porque durante 12 años el exmandatario tuvo las estructuras militares y el poder judicial a su favor.

Otro aspecto al que Vijil le atribuye la espera y defensa incansable por parte de los abogados de Hernández Alvarado es que el exmandatario podría estar terminando de arreglar sus finanzas y «deudas pendientes con el narcotráfico».

«Otra cosa es el papel de los bancos en todo este proceso. ¿En qué bancos están haciéndose transferencias millonarias en este momento? No hay ni siquiera controles de seguridad para entender qué dinero es del lavado o qué dinero es del narcotráfico. Hay que ir develando un poco los poderes que se cruzan entre el narcotráfico e ir sacando a todos los que son protagonistas en esta sociedad», manifiesta Vijil.

Vijil añade que es complicado pedir una privación de dominio para los bienes del exmandatario cuando el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, nunca se ha pronunciado en casos de corrupción de alto impacto relacionados a los derechos humanos, tales como el caso pandora y otros. Del mismo modo, Vijil añade que es difícil que él y otros actores hagan algo si «han sido parte claves en todo el andamiaje del narcotráfico y política en Honduras».

El general Ramón Sabillon, Ministro de la Secretaría de seguridad, manifestó que, una vez emitida la orden de extradición a Juan Orlando Hernández, puede existir un transcurso de dos días correspondientes a papeleo antes de que el exmandatario sea entregado a las autoridades de la DEA en el aeropuerto y luego esta entidad sea la encargada de su traslado aéreo. 

El comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, explica que: «se están realizando todas las diligencias administrativas en la sala de operaciones de la Policía Nacional para determinar cuál será el instructivo a seguir para hacer entrega a las autoridades estadounidenses del ciudadano Juan Orlando Hernandez».

Lucia Vigil del CESPAD indica que la participación de la Policía Nacional en todo este proceso envía un mensaje claro: la policía asumirá un papel más relevante y pondrá orden luego de que la estructura militar fuera usada para el tráfico de drogas, estructura dentro de la cual tanto exmilitares como militares en funciones fueron partícipes de las actividades ilícitas del expresidente Juan Orlando Hernandez, y de su hermano, quien ya guarda prisión y fue condenado a cadena perpetua, «Tony» Hernandez.

En cuanto a lo que sigue después de la extradición del expresidente de la República, Lucia Vijil menciona que es del conocimiento de Hernandez Álvarado que por el tipo de droga y por la cantidad por la cual está siendo acusado su condena no va a disminuir en ningún momento, y la Corte de Estados Unidos no le va a perdonar nada aunque coopere. Sin embargo, Vijil menciona que hay otros actores importantes en la escena como el Tigre Bonilla. «Estoy segura que él (Tigre Bonilla) va a dar nombres de las estructuras criminales en el país y no se va a ir solo. Lo ha mencionado en la mayoría de entrevistas que ha dado a los medios de comunicación», señala.

«Así como “Tony” no habló y no dijo que su hermano estaba involucrado en ese cartel también, Juan Orlando Hernandez va a hacer exactamente lo mismo. Él no puede quemar a su estructura porque esta tiene que seguir operando y sabe que aunque diga algo eso no va a reducir su condena, entonces, a menos que la fiscalía le ofrezca una buena reducción de penas, no hablará», asegura la investigadora.

Texto: Elizabeth Gutiérrez 
Ilustración: Pixabay

Me llamo Elizabeth Gutiérrez y tengo 23 años. El 22 de diciembre de 2020 interpuse una denuncia en contra de mi hermano mayor, quien abusó de mí tanto física, psicológica y sexualmente desde mis ocho años, siendo desde entonces él un mayor de edad. 

Mi mamá es maestra y mi papá doctor, así que ambos pasaban todo el día fuera de casa y me dejaban al «cuidado» de él. Yo siempre me oponía y les suplicaba que no, pero creían que solo era rabieta mía. A eso de los 9 años comencé a tener pesadillas nocturnas y gritos a medio de la noche; me autolastimaba tirándome contra la pared, me jalaba el cabello hasta arrancarlo; y lloraba. Lloraba sin cesar. 

Pasé de ser una niña dulce y sociable a ser una niña con mal temperamento y aislada. Era la mejor de la clase y me mantenía todos los años en excelencia académica —incluso fui a competir en la primera olimpiada en español a nivel departamental, obteniendo el primer lugar—, pero de un momento a otro mi maestra notó mi bajo rendimiento y se los informó a mis padres, quienes acudieron a un psicólogo. 

Me llevaban muy seguido e incluso me aplicaron pruebas (que nunca arrojaron nada de lo que estaba pasando), así que decidieron llevarme al psiquiatra, ya que seguía teniendo todos mis ataques anteriormente mencionados y la terapia no estaba funcionando. Comencé a medicarme desde los 10 años. 

Me cambiaron de una psicóloga a otra, pero ellas no eran el problema, yo era la que estaba encerrada en mi trauma y no decía palabra alguna. 

Los abusos se daban casi todos los días. Primero lo hacía solamente en el día, cuando mis padres no estaban, y cuando creí que ese era el infierno, realmente comenzó el de verdad.

Ya no solo era en el día cuando mamá y papá no estaban, ahora eran de noche mientras ellos dormían en la habitación de al lado. 

Conforme pasó el tiempo, las violaciones fueron hasta 5 o 7 veces al día. Eso más los golpes cuando yo ponía resistencia a no seguir una orden sexual que me daba. Incluso solo por quedarme paralizada (como normalmente me quedaba siempre). 

Frente a mi familia se presentaba como hermano protector primero, pero al pasar de los años fue sacando su mal carácter frente a mis padres agrendiéndome verbalmente. Una vez por poco me mata a golpes. Esa vez le dije que hablaría. Como pude me encerré en un cuarto y tranqué, llamé a mi papá y le dije que me quería matar a golpes. Cuando llegó él, mi hermano minimizó las cosas diciendo que solo estaba haciendo rabieta, que estaba de rebelde porque no me quería hacer caso. Así que eso murió ahí. 

Yo ya no podía más con tanto. A tan poca edad, a mis 12 años, comenzaron mis múltiples intentos de suicidio. 

Todos estos abusos terminaron hasta mis 15 años, cuando mi mamá encontró un cuaderno donde yo escribía todo lo que me pasaba. No tenía a nadie, estaba completamente sola en todo eso, esas páginas eran mi refugio, mi desahogo. Mi mamá me enfrentó y me dijo que le dijera que eso era mentira. Yo me quedé callada, completamente paralizada y las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas; me lo preguntó muchas veces hasta que pude hablar y le dije que era un cuento que estaba escribiendo. Nada más. 

Pero ella me dijo que todo lo que decía era describiendo a mi hermano, entonces fue cuando rompí y lo acepté. Ella se levantó, fue al cuarto de él y lo corrió de la casa; le dijo que se disculpara conmigo, pero él se fue diciendo que yo estaba loca. 

Los abusos pararon a esa edad, pero todo lo que eso provocó en mí quedó por siempre. En ese entonces mi madre me dijo que si quería denunciar me apoyaría, pero yo no estaba lista ni sabía cómo enfrentar que ella ya supiera lo que él me hacía, así que no denuncié. 

He crecido con muchísimas cicatrices tanto psicológicas como físicas. Años después comencé a estudiar psicología, ya que quiero con todas mis fuerzas ayudar a todas las personas que pueda e incluso mi sueño y meta es poner una ONG para mujeres abusadas. A mitad de mi carrera, con 30 clases sacadas, comencé a llevar Psicometría y fue ahí cuando encontré unos dibujos que mi sobrina —hija de mi hermano, Ali— había dejado en mi cuaderno, donde ella solía dibujar cuando me visitaba. Muchos —no solo uno— tenían rasgos de agresividad, violencia, miedo, ansiedad, estrés, desconfianza y, por último, el dibujo más aterrador: el que tenía tres «piernas». 

Acudí con diferentes psicólogas —unas de mi universidad, otra particular— para que también diera su punto de vista y efectivamente concordaban conmigo. Eso fue lo que me impulsó a denunciar a mi agresor luego de tantos años. 

Le dije a mi mamá que ya estaba lista para hacerlo (esperando que me apoyara como lo dijo años atrás), pero para mi sorpresa y desgracia su reacción fue hacerme dudar y meterme miedo. Me dijo solo todo lo negativo que esto traería, todo dirigido hacia mí; así que, decepcionada y con un nudo en la garganta, le dije: «Está bien, olvidalo, no lo haré». 

Desde ese momento estuve más sola que nunca. Siempre hice la denuncia, pero todo a escondidas de mi familia. Me escapaba de casa para poder ir a las citaciones que me hacían referente al caso, también a escondidas me movilizaba para pelear por mi caso, ya que me lo archivaron e incluso me cambiaron de agente 4 veces. La mayoría de ellos no me informaban y yo tenía que andar «del tingo al tango» averiguando. Tuve problemas con una abogada de una organización de La Ceiba, porque en una llamada que me hizo me dijo que no sabía cómo decírmelo, pero que mi caso no procedía. 

Me volví completamente loca, estallé en llanto y me comuniqué con otras abogadas de Tegucigalpa que también me han estado apoyando en todo este proceso. Ellas averiguaron y me dijeron que no sabían por qué ella me había dicho eso, que no era cierto, y desde 2020 a día de hoy estoy luchando porque mi agresor se quede tras las rejas y no pueda dañar a más niñas. 

La denuncia la hice por mi sobrina, para que la evalúen y la alejen. Pero hice público mi caso en todas mis redes sociales para que aparezcan esas otras niñas que también han sido víctimas de él, porque hay que ponerle un punto final a este cuento de terror. Solo habían pasado dos días de mis publicaciones —que se viralizaron— cuando se comunicaron conmigo 10 niñas que han sido acosadas sexualmente por él; otras incluso han sido tocadas y tratadas de la peor forma. 

Lamentablemente solo una de ellas está dispuesta a denunciarlo. Tuve que irme de casa, porque mi familia se volteó cuando lo detuvieron y se enteraron de la denuncia. 

Estando en prisión, me llamó a mi número para decirme que quitara la denuncia; e incluso me mandó mensajes después de que le corté la llamada. En uno de ellos amenazó a su manera, en un lenguaje que no pueda ser usado en su contra; pero lo conozco y sé que fue una amenaza. 

Mi mamá me quiso obligar a contestar la llamada de la pareja de él, queriéndome coaccionar, pero no acepté. A los días, para mi sorpresa, me enteré que andaban donde él, viendo cómo ayudarle a salir de esto. 

He perdido tantas cosas, hasta personas, que no pienso retractarme. No pienso dejarlo ganar.

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Texto: Alejandro Carrasco

La casa del salón de los pilares y otros cuentos (Mimalapalabra 2022), primer libro de Dago Aspra, se compone de 17 relatos cortos, en su mayoría fantásticos. En este mundo acelerado, llama la atención cómo la novela sigue teniendo más demanda cuando existen cuentos, como los de esta ópera prima, que podrías terminarlos antes de que el segundero del semáforo acabe con su cuenta regresiva, como en «Semáforo de las seis», una narración de suspense que resultará significativa para cualquier capitalino que haya manejado por Tegucigalpa en horas pico.

El primer cuento, homónimo del libro, también funciona como introducción. El narrador te invita a pasar a una casa donde los cuartos se mueven al estilo de la Mansión Winchester. Da la impresión de que los cuentos siguientes bien pueden ocurrir dentro de la casa, o al menos en el «salón de los pilares». Los inquilinos vienen y van, como en un hotel, pero hay otros que nunca podrán salir. Y el lector puede ser uno de ellos.

Varios de los elementos fantásticos que Aspra emplea los hemos visto antes. Pero es cómo los emplea lo que te atrapa. Por ejemplo, la figura del espejo en «Escondite». En uno de sus cuentos, Borges se refiere al espejo como algo abominable porque multiplica a los hombres. En «Escondite», hace algo más que multiplicarnos. No diré el qué, pero sí diré que los espejos ocultan facultades siniestras, y todos lo hemos intuido. Si no me creés, te reto a dormir frente a uno. Y tiene que ser grande, no hagás trampa.

«Usted vivirá cosas increíbles» es el más extenso de la primera parte. Es un agradable paseo por la vida de un hombre que cuenta con habilidades sobrenaturales, como hablar con los animales o asfixiar desde lejos a una persona como Darth Vader lo hace con sus pobres subalternos. Pero la magia del cuento no está tanto en lo fantástico, sino en las vicisitudes de la vida, que van desde conocer a nuestra alma gemela en un café hasta lidiar con las furias, los lutos y la soledad.

Hablemos de «Alas», el último de la primera parte y, casi con seguridad, mi favorito. Es un cuento sobrio, con un desarrollo bien pulimentado y un final que te deja paralizado por varios minutos. Me atrevo a decir que la virtud del cuento es la sencillez con la que describe el cambio que sufre el protagonista, y cómo lo combina con la cotidianidad de su entorno. A un adolescente le salen alas, conoce a su vecina, y ninguno de los escenarios que nos podamos imaginar a partir de esa premisa llega a suceder. El final no solo es adecuado: es el único, no podía ser otro.

La segunda parte es de cuentos más extensos y de temáticas más profundas. Se aprecia la evolución de Aspra en relación a la primera parte, donde incluyó cuentos como «Cena de Navidad», premiado con mención honorífica en el certámen de Cuentos Cortos de El Heraldo.

Pero volvamos a «La casa» y a los «Zorzales» que vuelan en su jardín. Es otro de mis favoritos. A diferencia de «Cena de Navidad», en «Zorzales» el protagonista tiene la oportunidad de ayudar y sacrificarse por su hermano, cuya mente pierde facultades mientras observa a esos pájaros, a esos animales en apariencia amables e inofensivos. Me recordó a «Nuestros amigos los pájaros» de Phillip MacDonald; ambos relatos tienen en común el cómo esas «criaturas de la naturaleza» se vuelven seres desconcertantes y aterradores.

Otro elemento fantástico que se explora es la figura del doble en «La otra». Hace mucho dejé de interpretar los cuentos, pero con este me atreveré a decir que habla sobre la bipolaridad. Si es así, es una estupenda forma de plantearlo. El personaje se da cuenta que la persona con la que vive tiene un doble. Y cuando está en compañía de esa persona nunca consigue saber si es la original o la otra. Esa duda lo llevará a cometer actos terribles.

Al principio hablé de «Semáforo de las seis» y justo después de ese viene uno similar: «La fe mientras llueve». Los dos narran tráficos en horas pico y lo azarosa que puede ser la vida en esas circunstancias. En «La fe mientras llueve», vemos al protagonista dejarse llevar hacia una reconciliación con Dios, y justo cuando uno sospecha de un final tan optimista, aparece eso que llaman el azar.

La casa cierra su excursión con dos relatos sobre triángulos amorosos. «Fantasmas» y «Premoniciones» (que se puede leer completo en Contracorriente). El primero es otro de los cuentos que más destaco. Una llamada de una persona que hace nueve años no ves puede abrir una caja de pandora que habrías preferido mantener encerrada para siempre. «Premoniciones» se vale de un recurso similar al del bucle en «Huida», donde terminás el cuento, pero en tu mente continúa narrándose.

Ese también es el encanto general de La casa del salón de los pilares y otros cuentos: concluís la lectura de los cuentos, pero muchos de ellos quedan en vos. Por eso animo a los lectores a adentrarse en esta casa. Aspra sabrá mostrarles los secretos que aguardan ahí, en el salón de los pilares, entre espejos y entre bestias, entre fantasmas y ángeles.

Para entender el éxodo hondureño hay que revisar la historia de la última década de este país: un golpe de Estado, un país saqueado y pobre y un narcoestado. En Lucerna, un pequeño pueblo fronterizo en el occidente de Honduras, un obrero puede ganar 36 dólares a la semana, pero en Estados Unidos puede conseguir hasta 22 veces más en ese mismo tiempo. Esta es una historia que se repite en el pueblo y en el país entero: ser secuestrado, golpeado, abandonado en el desierto para lograr el sueño de salir de Honduras y vivir dignamente en un país ajeno. No hay miedo que valga con esos cálculos de sobrevivencia.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Jorge Cabrera
@ContraC_HN

1. Lucerna

 

Lucerna es un pequeño pueblo de Ocotepeque, ubicado en el occidente de Honduras, en la frontera con El Salvador y con Guatemala. Con polvorientas calles y modestas viviendas, esta localidad ha experimentado una migración inusual en los últimos cuatro años que ya muestra cambios en el pueblo: ahora contrastan con las casas antiguas campesinas unas viviendas grandes, con modernos diseños en los techos, amplios ventanales y fachadas parecidas a modelos construidos en suburbios estadounidenses.

La mayoría de estas viviendas fueron levantadas con dinero enviado por migrantes que dejaron su pueblo ante la falta de oportunidades para vivir dignamente. En ese pueblo, un jornalero que trabaja en la agricultura gana apenas unos 150 lempiras diarios (USD 7.00). Si trabaja toda la semana sumaría 900 lempiras (USD 36.00), pero en Estados Unidos podría ganar entre 700 y 800 dólares en el mismo período. Por eso se van.

Solamente en 2021, al menos unos 30 jóvenes de Lucerna emprendieron viaje rumbo a Estados Unidos, según los lugareños, y siete de esos migrantes fueron secuestrados en el norte de México. Uno de los secuestrados fue Manuel, quien en enero del 2021 decidió hacer una maleta y buscar una nueva vida en el país del norte. En la aventura lo acompañaba su hijo de 17 años. «A veces, uno por la falta de trabajo es que agarra esos caminos. Es complicado, uno quiere ver si hay algo allá», dice. 

Con la llegada de la pandemia y la destrucción provocada por las tormentas tropicales Eta y Iota, el país perdió alrededor de medio millón de empleos, según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2020 la Tasa de Desempleo Abierto alcanzó un 10.9%, el subempleo visible 27.3% y el empleo invisible 43%. 

Un hombre camina por una siembra de papaya luego del paso de dos huracanes ETA y IOTA en Progreso; Honduras. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

El 2020 fue un año fatídico para las Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Mipymes). Al menos 10% de estas tuvieron que cerrar operaciones indefinidamente por el confinamiento decretado por el gobierno para la contención del Covid-19. Las Mipymes antes de la pandemia generaban hasta el 70% de los empleos en el país. 

Para Honduras, el 2020 representó un 10.9% de retroceso en su economía, según estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH). En el 2019, el INE estableció que el porcentaje de pobreza en el país era de 59%, en el año 2020 esta institución gubernamental no proveyó información al respecto. Pero para el 2021, la encuesta aplicada por el INE informó que la pobreza alcanzó el 73.6% de los hogares hondureños.

Manuel salió del país por esa pobreza, y con esfuerzo logró pagar 8 mil dólares a un coyote (traficante de personas) que los cruzaría a él y a su hijo por la frontera de Estados Unidos y México. Manuel cuenta que en el camino el coyote les aconsejó entregarse a la Patrulla Fronteriza para hacer una solicitud de asilo, pero al pasar no tuvieron oportunidad de nada, casi inmediatamente fueron retornados a la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

Quería cruzar nuevamente a Estados Unidos. Cuando ya estaba en México recibió una llamada del coyote, quien le dijo que lo iba a recoger en el puente de Reynosa que cruza el río Bravo, según recuerda, pero instantes después, cuando él y su hijo salieron del sitio donde estaban resguardados, fueron secuestrados.

«Los secuestradores tienen bien vigilados esos cruces de la frontera, están aliados los taxistas y hasta la misma policía», asegura Manuel, quien tuvo que pagar otros cuatro mil dólares para obtener su libertad y la de su hijo. 

Reynosa es la tercera ciudad en México donde más se registraron secuestros de migrantes, según estadísticas de la organización sin fines de lucro Alto al Secuestro. Entre diciembre de 2018 y julio del 2021, se reportaron 49 secuestros, pero esta cifra no cuenta a los migrantes que no denunciaron ante las autoridades o que no contaron su historia a un medio de comunicación. En el año 2021, la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General de Tamaulipas reportó que habían liberado a 235 migrantes que se encontraban retenidos contra su voluntad en las localidades de Tamaulipas y Miguel Camargo.

A caravan of migrants in January 2022, in San Pedro Sula, Honduras.
Migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos, en su mayoría hondureños y nicaragüenses, en una caravana que pretendía llegar a Estados Unidos el 15 de enero de 2022. San Pedro Sula, Honduras. Aproximadamente 500 migrantes de Honduras y Nicaragua se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, para formar una caravana con destino a Estados Unidos. Los migrantes huyen de la inseguridad y la falta de oportunidades de empleo en sus países. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Manuel estuvo secuestrado durante tres días. Quienes lo privaron de libertad se hacían llamar «Los Mañas», según lo que él escuchó. El hondureño logró contar que en ese momento había más de 60 migrantes en la bodega donde los tenían encerrados. Esa cifra de un solo día supera el regtro de denuncias que tiene la organización Alto al Secuestro en casi tres años. 

Para pagar la suma que le pidieron llamó a su esposa en Honduras, pero ella no pudo enviar el dinero que tenía que llegar por partes a México, debido a las restricciones bancarias en ese país. Un amigo que vive en Estados Unidos le prestó cuatro mil dólares, dinero que Manuel tuvo que pagar una vez estuvo de regreso en Honduras. 

Recuerda que quienes lo raptaron no eran tipos tan violentos, pero estaban bien armados. «No golpearon a nadie, pero tampoco nos dejaban salir. Nos tenían en un potrero y los oficiales de migración llegaron a rescatarnos cuando ya casi todos habíamos pagado», cuenta Manuel.

Después de la experiencia, él desconfía del coyote que lo llevó hasta la frontera. «Es que me llamó que me venía a recoger para llevarme a una bodega y solo caminamos un poquito y nos entregó a otros jodidos. En ese México hay de todo», dice Manuel desde su casa en Lucerna, la que construyó con adobe, un material muy utilizado en la zona rural del occidente de Honduras. Después de lo ocurrido en México, Manuel volvió a trabajar en la agricultura.

«Escuché historias que la policía detenía a gente que los coyotes tenían escondidos esperando para cruzar, pero en lugar de deportarlos se los entregaban a los delincuentes. Es una sola mafia. La pasada de México tal vez antes era más fácil, pero ahora está vergueado», dice Manuel. A pesar de saber esto y del miedo, en septiembre de 2021 su hijo tomó nuevamente el camino rumbo a Estados Unidos. Esta vez logró llegar y ya encontró trabajo. «Casi lo secuestran otra vez, se salvó porque el coyote dividió el grupo», cuenta.

2. Del campo bananero

Los hijos de don Filiberto, un hombre de 57 años, salieron del norte de Honduras el 9 de septiembre del 2021 con rumbo a Estados Unidos. Igual que a miles de sus compatriotas los sedujo la idea de un trabajo con mejores ingresos en aras del bienestar familiar, pero el sueño de los dos muchachos solo tardó un día en convertirse en pesadilla. El 10 de septiembre, los dos fueron secuestrados en el estado mexicano de Tabasco.

Ese día, caminaban por una carretera estatal cuando elementos de la policía mexicana que se conducían en una patrulla se detuvieron y les dijeron que si no se apartaban del camino tendrían que detenerlos, según el relato del padre de los muchachos. Los asustados jóvenes siguieron el consejo de la autoridad y cuando tomaron una vereda, esta los llevó directo al grupo criminal –no identificado– que los secuestró. 

El 11 de septiembre, después de 24 horas de estar secuestrados, los delincuentes llamaron a don Filiberto para solicitar el rescate que rondaba los 200 mil lempiras ($10,000). Él recuerda muy bien aquella llamada: «Yo les dije: ´pisto no tengo´», cuenta. Los secuestradores enviaron un video en el cual los dos muchachos eran brutalmente golpeados. «Ahora terminalos», le dijo el padre a un hombre que lo llamó para preguntar por el rescate. «¿Eso querés?, pues mañana los matamos», le respondieron.

En los primeros seis meses del 2020, al menos 3, 250 personas migrantes sufrieron agresiones como secuestros, violaciones, asalto a mano armada y trata de blancas mientras esperaban que se resuelvan las solicitudes de asilo en la frontera de México con Estados Unidos, de acuerdo con información recolectada por la organización internacional Human Rights First (HRF).

La organización Al Otro Lado, que trabaja con migrantes en la ciudad de Tijuana en México, fue consultada en esta investigación sobre el registro de secuestros en la frontera. Vía email respondieron que no tenían una cifra específica de hondureños que habían sido raptados, pero que el 83 % de 20,000 migrantes de diferente nacionalidad encuestados reportó haber sido víctima de alguna forma de violencia.

Los migrantes sufren diversas agresiones en su ruta al norte, la más visible y mediática de todas es el secuestro, que se ha convertido en un negocio que genera miles de millones de dólares, según Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

Para Figueroa, el fenómeno no se puede entender sin la colaboración de las autoridades. «No solamente hablamos de soborno, sino de una participación directa en tráfico de personas», afirma. Esta consideración coincide con el testimonio de migrantes secuestrados que fueron consultados para esta investigación.

En el 2015,un informe de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho  (FJEDD) logró precisar la nacionalidad de 552 víctimas de secuestro: 372 hondureños, 101 salvadoreños, 74 guatemaltecos y 5 nicaragüenses. Hubo otros 609 de los que solo se pudo constatar que eran centroamericanos. Entre los secuestrados también había ecuatorianos, brasileños y peruanos. Ese mismo informe sostiene que el 55% de los migrantes fueron secuestrados en el sur de México, un 11% en el norte, 1.2% en el centro y un 32% que no fue posible precisar en qué lugar fueron apresados. 

El problema no es nuevo y tampoco desconocido. En agosto del 2010, la noticia del asesinato de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, puso en las primeras planas el secuestro de indocumentados y, de acuerdo con un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), este hecho obligó al gobierno de México «a reconocer la magnitud de la problemática del secuestro a migrantes».

La masacre fue atribuida al Cártel de Los Zetas, uno de los más sanguinarios del territorio azteca que se dedicaba al tráfico de drogas, robo de combustible y extorsión, entre otros delitos. Actualmente quedan pequeñas células por todo el país, que secuestran y arrancan miles de dólares a migrantes, que en su mayoría son pobres. 

Don Filiberto cuenta que vio con impotencia cómo sus hijos eran golpeados brutalmente en un video que se viralizó en las redes. Después de ver la publicación, él discutió con los secuestradores y la última frase que escuchó fue: «Hoy te los matamos». 

«A ellos Dios los libró», dice don Filiberto. Sus hijos le cuentan que fueron golpeados durante 10 horas y cuando se desmayaron, los secuestradores pretendieron desaparecer los cuerpos. «Ellos no perdieron el conocimiento y escucharon a los delincuentes decir: ´vamos a traer unas palas para enterrar estos perros. Ya no mandaron el pisto (dinero)´», relata el padre. Sus hijos le contaron que se levantaron y huyeron luego de que desaparecieron sus captores. Después de caminar durante tres días, lograron llegar a una vivienda donde les brindaron ayuda, pero ese día un grupo de hombres llegó preguntando por dos jóvenes inmigrantes. La señora que los ayudó dijo no haberlos visto y después envió a los muchachos en taxi a la ciudad de Palenque, siempre en Tabasco, donde fueron atendidos en un centro médico y estuvieron recuperándose durante 15 días en un lugar seguro. 

A migrant and her child travel to the Honduran border with a caravan of fellow migrants in January 2022.
Una migrante camina con su hija en los hombros hacia la frontera hondureña en medio de una caravana que pretende llegar a Estados Unidos el 15 de enero de 2022. San Pedro Sula, Honduras. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Don Filiberto considera que a sus hijos no los secuestró ningún cartel, sino ladrones de México y Guatemala que se han reunido para delinquir: «Lo perro es que aunque manden el pisto, siempre los matan. Mis hijos cuentan que miraron en una ocasión que mandaron el pisto y mataron a la gente», dice. 

La Comisión Nacional de Búsqueda en México, que tiene datos desde 1964, registra que en ese país hay casi 100 mil personas desaparecidas. Entre septiembre de 2020 y julio de 2021, ese organismoindica que se denunciaron 6,453 casos. México es un país azotado por la violencia, que ha emprendido una guerra contra el narcotráfico que, según recoge el medio Animal Político, deja unos 30 mil muertos al año. 

Para los hijos de don Filiberto, la pesadilla continuó. Al retomar fuerzas, volvieron al camino hacia Estados Unidos y lograron cruzar la frontera, pero fueron detenidos por la migración estadounidense, que tenían un pedido de la fiscalía mexicana para regresar a los dos hondureños a ese país. «Fueron golpeados otra vez porque los oficiales les preguntaban qué habían hecho para que los anduvieran buscando», asegura don Filiberto. 

Al trascender el caso en redes sociales, la fiscalía mexicana actuó de oficio. Por eso fueron detenidos en la frontera y deportados a México, no a Honduras. A los dos hermanos se les extendió la visa humanitaria e iniciaron el proceso de petición de asilo en Estados Unidos. 

Javier Martínez, trabajador de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, afirma que la respuesta de las autoridades mexicanas en los delitos contra migrantes es muy mala y que, según sus cálculos, el 99% de estos casos queda impune. «En el trabajo que hacemos sí tenemos acceso a poner las denuncias y quejas de violación a los derechos humanos, el problema es que nunca se aterriza, las denuncias nunca llegan a manos de un juez», dice. 

 Cree que los casos prosperan solo cuando la situación se ha vuelto mediática. «Tendría que ser un caso muy mediático en el cual las autoridades están siendo observadas por medios de comunicación o sociedad civil pero, de lo contrario, las cosas se quedan en investigación», refiere Martínez.

Don Filiberto cuenta su historia y la de sus hijos desde su casa ubicada en uno de los ex campos bananeros en El Progreso, Yoro, en el norte de Honduras, el lugar que una vez fue el centro de operaciones de la «banana republic», un término utilizado para describir a un país pobre, corrupto, poco democrático, con exportaciones de bajo valor y que se mueve al ritmo de intereses extranjeros. Ahí, donde crecieron sus hijos, permanece la nostalgia de la bananera y, aunque ya no es igual, abundan todavía las plantaciones de banano para exportación acompañados del nuevo monocultivo predominante: la palma africana. Abundan allí también las historias de los jóvenes que se fueron porque no hubo desarrollo gracias a esas plantaciones. 

3. Migración: noticia de televisión

Al hijo de la profesora Aminta lo secuestraron Los Zetas. Eso cuenta ella. A este joven le tocó salir huyendo de Honduras luego de recibir una amenaza por parte de los pandilleros del barrio donde vivía en San Pedro Sula, principal ciudad del norte del país. En la búsqueda por salvar su vida, casi la pierde. Alejandro —así llamaremos al hijo de la profesora— estuvo dos veces secuestrado, pero antes de que esto pasara estuvo a punto de morir en un contenedor que transportaba casi 200 migrantes. 

Como si fuese una película, la profesora pudo ver por la señal de un canal estadounidense el momento en que la policía abría el contenedor y algunos de los indocumentados caían casi desmayados, pero su hijo saltaba hacia un matorral y huía de la autoridad. Ese escape fue el comienzo de la pesadilla. «Ahí supe que estaba vivo», cuenta la profesora

Al avanzar sin la compañía de un coyote, casi de inmediato Alejandro cayó en manos de los Zetas. La profesora, mientras estaba en la escuela impartiendo clases a sus alumnos, recibió una llamada en la que le solicitaron aproximadamente 4,000 dólares. «Tiene que darme tiempo», dijo ella y, según recuerda, le contestaron: «Tiempo no tiene, muévase y cuidado habla con la policía porque todo eso lo manejamos nosotros». 

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, analiza que actualmente los grupos delictivos están secuestrando sin discriminación: «se secuestra parejo, pero mucho más a los más pobres», dice. Figueroa hace referencia a que antes a los secuestrados se les hacía una especie de investigación y, si tenían familiares en Estados Unidos, les exigían dinero. «A los migrantes que no tenían familiares en Estados Unidos se les liberaba después de torturas y maltratos.  Hoy los criminales intentan sacar agua hasta de una piedra», sostiene. El activista promigrantes señala que los más vulnerables son los indocumentados que no han pagado a un coyote. 

Los migrantes hacen una cola para recibir comida y ropa, mientras esperan formar una caravana que pretende llegar a Estados Unidos el 15 de enero de 2022. San Pedro Sula, Honduras. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Claudia Pinto, coordinadora de la oficina de la FJEDD en Honduras, sostiene que desde que se empezaron a documentar los secuestros de migrantes en 2009, no han dejado de suceder, pero ahora son mucho más visibles. Añade que gran parte de las personas que se están saliendo del país no tienen para pagar un traficante y esto los vuelve más vulnerables. «Suena feo decirlo, pero las personas que pagan un coyote están pagando cierta seguridad que no tienen las personas que van solas», señala. 

En los últimos cuatro años, Honduras ha registrado un flujo migratorio sin precedentes, que tuvo su máxima expresión en las caravanas organizadas en 2018, en las que se reunieron hasta 15 mil hondureños que caminaron juntos hasta la frontera sur de Estados Unidos. El último antecedente fue en enero 2021,cuando unos siete mil hondureños quisieron cruzar territorio guatemalteco, pero fueron apaleados en ese país. No obstante, ese es el flujo visible y extraordinario, lo cierto es que diariamente salen entre 300 y 500 hondureños por puntos fronterizos del país, lo hacen sin registro y sin dejar huella. 

No hay una cifra exacta del éxodo, pero según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el 2020 detuvieron a 40,091 hondureños intentando entrar de forma irregular a Estados Unidos y a septiembre del 2021, la cifra ascendía a 98,554 detenciones de hondureños, más del doble que el año anterior. 

Aminta, la profesora, explica que tuvo que agotar los ahorros que tenía en el banco para pagar el rescate solicitado por los secuestradores de su hijo. El dinero fue enviado en cinco partes porque el banco no le permitió enviarlo en una sola transacción. Después de pagar, el mismo grupo delictivo se encargó de que Alejandro y otros migrantes secuestrados llegaran a la frontera. Cuando le prestaban el teléfono al joven, para comunicarse con ella, este le contaba algunos detalles. En una ocasión le contó que los secuestradores lo pusieron a él y a otros migrantes que permanecían cautivos, a cavar un enorme agujero sin saber para qué. «Aquí no se pregunta, mamá. Los que pagamos estamos tranquilos, a quienes no lo hicieron no los hemos visto», recuerda la profesora que le dijo su hijo.

Una vez en la frontera de México y Estados Unidos, Alejandro cayó en manos de otro grupo criminal que se hacía llamar los «Escorpiones Negros». Solo había pasado poco más de un mes del secuestro anterior. Ahora el rescate costaba 5,000 mil dólares. 

La profesora tuvo que solicitar varios préstamos y no pudo conseguir la suma solicitada de inmediato. Tardó unos doce días y en ese lapso su hijo fue torturado. Le hicieron una videollamada que mostraba a su hijo amarrado y a sus captores asando carne. Los delincuentes torturaron a Alejandro colocándole el asador caliente. 

Tras pagar el rescate, el hijo de la profesora fue encontrado en territorio estadounidense y fue auxiliado por miembros de la patrulla fronteriza. Estaba gravemente golpeado, tenía muy dañados los riñones por las golpizas recibidas y fue trasladado a Houston, donde estuvo en un hospital casi dos meses. Al mejorar su condición de salud fue deportado. En Honduras necesitó un psicólogo para recuperar su salud mental.

«En ese camino todo es dinero. Los carteles piensan que los migrantes llevan dinero y no les importa si llevan o no. Usted tiene que buscarlo», dice la profesora.

La desesperanza se impone. Tras el terror vivido luego de pasar por dos secuestros y muchos días llorando por los recuerdos, Alejandro, el hijo de la profesora, decidió emprender nuevamente el camino a Estados Unidos. Esta vez lo logró y se encuentra trabajando.

Las noticias sobre el secuestro de migrantes abundan en los medios de comunicación, pero parece que para los gobiernos involucrados este delito queda invisibilizado. Claudia Pinto, coordinadora en Honduras de la Fundación para la Justicia, señala que ella ha escuchado decir al presidente mexicano Manuel López Obrador que en «México no ha pasado nada». Agrega que «eso es muy grave porque es evadir su responsabilidad como estado y también es grave el abandono de nuestras autoridades [en Honduras] porque no hacen nada por buscar la coordinación entre países. Son estados con estructura y podrían coordinar acciones de búsqueda y rescate, pero no sucede». 

En Honduras también este delito está invisibilizado. Para esta investigación se realizó una solicitud a la Cancillería de la República mediante la Ley de Acceso de Información Pública para conocer las cifras de migrantes que han denunciado secuestros, pero como respuesta se recibió que este registro estaba en la Secretaría de Seguridad, que coordina con la Interpol. Se realizó otra solicitud de información, que tampoco fue resuelta. 

Además, se intentó contactar a la vicecanciller del gobierno anterior, Nelly Jerez, pero no respondió a los mensajes que se le enviaron. Por último, se solicitó información de secuestros a hondureños en el Consulado de Honduras en Saltillo, México. Desde esta oficina se limitaron a decir que tenían prohibido dar cualquier información o entrevista.

4. ¿Se quedarán a ver un cambio en Honduras?

El éxodo no se detiene. Organizaciones como la Pastoral de Movilidad Humana calculan que diariamente salen entre 300 y 500 hondureños, quienes prefieren irse de un país sometido por la violencia, el crimen organizado, la corrupción y hasta el cambio climático. Honduras tiene un promedio de 40 muertes por cada 100 mil habitantes asociadas a la violencia común, al crimen organizado y al narcotráfico. Una tasa alta para un país que no está en guerra. Muchos barrios de las principales ciudades siguen bajo el dominio de maras y pandillas, aunque el gobierno anterior se ufanaba de su política de seguridad.

Pero el narcotráfico ha estado ligado a los últimos dos presidentes de Honduras. Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fueron condenados por narcotráfico por la justicia estadounidense. El exmandatario Hernández fue señalado de tener nexos con el narcotráfico en los juicios contra su hermano y Giovanni Fuentes Ramírez y ahora fue solicitado en extradición por Estados Unidos y está detenido en las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras. Un juez de sentencia ya concedió la extradición, pero la defensa apeló ante la Corte Suprema de Justicia. 

El ex presidente Juan Orlando Hernandez es presentado ante los medios luego de su captura en Tegucigalpa, Honduras.
El ex presidente Juan Orlando Hernandez es presentado ante los medios luego de su captura en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

Los escenarios trágicos no terminan ahí. En junio del 2021, Ricardo Zúniga, funcionario principal del gobierno de Joe Biden para las relaciones con Guatemala, El Salvador y Honduras, afirmó que en Honduras la corrupción drena del Estado unos 3000 millones de dólares al año. Lo dijo después de que el anterior gobierno realizó una cuestionada compra de siete hospitales móviles por 47 millones de dólares. A consideración del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, hubo una sobrevaloración de 31 millones de dólares en dicha compra.

En las elecciones de noviembre de 2021, el Partido Nacional perdió las elecciones después de 12 años en el gobierno y Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se convirtió, el 27 de enero del 2022, en la primera mujer en ostentar la presidencia de Honduras. Su triunfo fue celebrado por multitudes en las calles y llenó de esperanza a gran parte de la población. En su primer discurso, luego de conocer el primer conteo de los votos el 28 de noviembre, Castro dijo que en su gobierno trabajarían para que ningún joven tenga que migrar más para sobrevivir. A pesar de las esperanzas que levanta su discurso en algunas personas, el éxodo continúa.

A pocos días de la toma de posesión de Castro, el 15 de enero del 2022, se organizó una nueva caravana en la Gran Terminal de San Pedro Sula. Unas 600 personas caminaron hasta la frontera de Corinto, entre Guatemala y Honduras, la mayoría eran hondureños, pero también iba un grueso grupo de nicaragüenses. En esa caravana iba Javier, un hondureño que tiene cuatro años desempleado y es padre de dos hijas. «Sabemos que hubo cambio de gobierno, pero el país está enfermo y su recuperación será lenta», dijo.

En Lucerna, el pueblo donde siete de los jóvenes que migraron en 2021 fueron secuestrados, Fredy, un hombre de 42 años, planifica salir rumbo a Estados Unidos. Lo hará este año. Él, al igual que los hijos de don Filiberto, Alejandro y Manuel, está dispuesto a atravesar un camino asolado por la muerte para dejar atrás las penurias de un país atormentado.

Este trabajo es parte del especial Los nuevos caminos de la migración centroamericana realizado por los siguientes medios que somos parte de la alianza Otras Miradas: Divergentes, Revista Factum, Contracorriente, Agencia Ocote y La Voz de Guanacaste. Y contó con el apoyo del Fondo Canadá para Iniciativas Locales.

El pasado 16 de marzo, mientras un magistrado autorizaba la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández —reclamado por cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas— el exmandatario se sentó a grabar un video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este incidente no sentó nada bien en la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, que un día antes se había reunido en esa misma sala con varios de los magistrados de la CSJ, incluyendo al propio presidente Rolando Argueta Pérez. 

Texto Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera

Aquella noche del 16 de marzo, el expresidente Juan Orlando Hernández —solicitado en extradición por narcotráfico y uso ilegal de armas— acababa de enterarse de que un juez había autorizado su extradición a Estados Unidos, país que lo considera un narcotraficante a gran escala al igual que su hermano Antonio Hernández, más conocido como “Tony”, quien fue encarcelado y cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel neoyorquina. Pero en lugar de mostrar un rostro desencajado o de preocupación, en un acto inverosímil, el expresidente hondureño se grabó en un video sentado en la silla presidencial del Poder Judicial, con el rostro tranquilo, vestido de saco y corbata, afeitado y mostrando buen ánimo.

Esa mañana, Juan Orlando Hernández tuvo un día agitado, a última hora los agentes que lo cuidaban decidieron subirlo a un helicóptero para presentarlo a la audiencia programada para las 9:00 a.m. afirmando que existía un plan para obstaculizar su traslado vía terrestre. El comisionado Miguel Pérez Suazo, jefe de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Tigres), indicó que en las instalaciones de la CSJ había 280 efectivos que lo estaban custodiando y en la sala de audiencia alrededor de 50 más.

Juez concede extradición de Juan Orlando Hernández mientras él grababa video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia Honduras 2022 noticias hoy extraditan
El expresidente Juan Orlando Hernández es custodiado por un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales en la mañana del 16 de marzo a su llegada a la Corte Suprema de Justicia con sede en Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto CC/Jorge Cabrera

Extendiendo los brazos Juan Orlando Hernández agradeció a los que habían orado por él y procedió a hacer una lista de cosas que no le habían gustado: se quejó de la forma cómo la policía lo capturó, de que su abuela murió mientras él estaba en prisión, de las limitaciones para acceder a un teléfono y denunció que no se le habían respetado sus garantías constitucionales.

«Estamos a minutos de entrar en la parte final de esta audiencia, en donde el juez va a dar a conocer algo que ya aparentemente los medios saben y [que] yo no sé, pero cualquier decisión, como le he pedido a Dios, que sea su voluntad», dijo Hernández en el inicio de ese inesperado discurso que grabó, un mes después de haber sido capturado en su casa de habitación el martes 15 de febrero y llevado esposado de pies y manos a una celda.

Hernández, que pidió que su caso sea estudiado por estudiantes y académicos para que «el mundo sepa lo que pasó», aprovechó incluso el momento para decir que su captura se debió a una «venganza», que estaba orgulloso de dejar un país «más seguro» y hasta agradeció a los «miles» que habían orado por él en las afueras del batallón de Fuerzas Especiales, en donde permanece preso.

Luego habló de él mismo en tercera persona. «Se ha planteado ante el juez, de parte de mis abogados, argumentos de mucho peso, no lo digo como Juan Orlando Hernández, que es una persona que está siendo defendida por ellos, sino como abogado».

La silla de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde estaba sentado Juan Orlando Hernández, es actualmente ocupada por Rolando Argueta Pérez, quien antes de presidir ese poder del Estado fue director de fiscales del Ministerio Público. 

Actualmente, Rolando Argueta es criticado por su tibio papel en contra de la corrupción y el narcotráfico en Honduras. Incluso, los actuales diputados han hecho pública la intención de hacerle un juicio político. Tanto Argueta Pérez como Juan Orlando Hernández han hecho pública su amistad, al ser ambos originarios de Gracias, Lempira y militantes del Partido Nacional.

Contracorriente conversó con la abogada Silvia Ayala, una de las siete personas que integran la Comisión Especial para Extradición, designada por el Congreso Nacional para elaborar un informe que rinda cuentas sobre papel jugado por la CSJ, el Fiscal General, la Secretaría de Seguridad y la Cancillería de la República. El informe se presentará al pleno del Congreso Nacional para que este último tome decisiones.

La diputada Silvia Ayala comentó que un día antes de que el juez natural autorizara la extradición de Juan Orlando Hernández, ellos estuvieron en la misma sala en la que Hernández grabó el video el pasado 16 de marzo, escuchando a los magistrados rendir su informe sobre los procesos de extradición.

La diputada hondureña afirma que el Congreso Nacional nombró a dicha comisión especial porque ya se conocía que a no todos los extraditables se les da el mismo trato. Y explicó que el evento del video de Hernández será incluido en el informe. 

«Hemos visto cómo a otras personas en cuestión de horas o de días se les realizan sus audiencias, se aprueba la solicitud y son entregadas a las autoridades del país requirente», expone la congresista.

Ayala agrega que con el caso de Juan Orlando Hernández ha existido favoritismo: «Hemos visto también y eso nos lo confirmó la CSJ, que en algunos casos las personas son remitidas a los centros penitenciarios, a las cárceles de máxima seguridad, pero en otros casos, las personas son remitidas a un batallón o, como en el caso de Juan Orlando Hernández, que estaba detenido en la habitación de un oficial de la Policía en condiciones preferenciales».

 «Nos llamó la atención que en la misma sala en donde nos recibió el presidente de la Corte, en esa misma sala se permitió al extraditable Juan Orlando Hernández que grabara un video y que estuviera transmitiendo desde ese poder del Estado, cuando esa sala es de uso exclusivo para magistrados y magistradas», sostuvo Ayala, sorprendida por lo sucedido durante la etapa final de la audiencia.

Al consultarle si la comisión piensa incluir este hecho como propuesta para deducir algún tipo de responsabilidad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ayala responde que «ese análisis se va a realizar en conjunto por los siete integrantes de esta comisión especial, porque el informe que presentaremos va a ser elaborado de manera colegiada. Por eso le digo que una vez recabada toda la información, se elaborará un informe en donde se va a incluir la respuesta a esta pregunta».

La diputada sostiene que, al estar detenido, Juan Orlando Hernández nunca debió contar ni con un aparato celular ni con otros dispositivos el día de su segunda audiencia, ni mucho menos estar realizando ese tipo de transmisiones.

«Se pudo ver que en la Corte Suprema de Justicia le brindaron todas las facilidades para que Juan Orlando Hernández realizara esa transmisión», argumenta la congresista.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través del Procurador General, instó el 17 de marzo al Ministerio Público a proceder de manera inmediata a solicitar ante el órgano jurisdiccional competente, medidas de aseguramientos e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández.

No obstante, un día después, la PGR emitió otro comunicado en donde daba marcha atrás a la petición, argumentando «respeto al debido proceso y legalidad, en vista del recurso de impugnación presentado por el ciudadano Juan Orlando Hernández». 

¿Se le han violentado garantías constitucionales a Juan Orlando Hernández?

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Seguidores del expresidente Juan Orlando Hernández oran en las afueras de la Corte Suprema de Justicia durante la etapa final de la audiencia de presentación y evacuación de medios de pruebas. Foto CC/Jorge Cabrera.

Contracorriente consultó al doctor en derechos humanos y derecho internacional, Joaquín Mejía Rivera, quien considera que a Juan Orlando Hernández no se le han violentado garantías.

«¿Requisitos como cuáles?. Que exista una relación jurídica entre Estados Unidos y Honduras a través de un tratado de extradición, que exista una petición formal y que también exista una denuncia de parte del estado requirente, en este caso EEUU, en contra de personas que estén en el Estado hondureño», expone.

Joaquín Mejía establece que no solamente se ha garantizado el debido proceso de Juan Orlando Hernández, sino que incluso tuvo la posibilidad en estos tres días de apelar la decisión del juez natural de la extradición.

La defensa de Juan Orlando Hernández, compuesta por 12 abogados, apeló la decisión del juez natural. Dicho recurso tendrá que ser resuelto por el pleno de magistrados de la CSJ, exceptuando al magistrado que conoció el caso en primera instancia.

El abogado constitucionalista, exdiputado y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado, dijo a Contracorriente que Honduras no es un paraíso de paz y seguridad como lo afirmó Hernández en el video.

«La oportunidad de demostrar si se trata o no de una venganza de narcotraficantes, la tendrá en el juicio. Este proceso de extradición es administrativo en sede judicial, aquí solo se va a ver la formalidad de la solicitud», explica.

El informe de la Comisión Especial para Extradición podría derivar en un juicio político al fiscal General y a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia


Contracorriente
conversó también con el abogado Ramón Enrique Barrios, quien preside la Comisión Especial para Extradición, que tiene como misión brindar un informe luego de que se reúnan con la CSJ, Fiscalía General, Secretaría de Seguridad, Embajada Americana y Cancillería de la República.

Tanto la diputada Silvia Ayala como Ramón Enrique Barrios, entrevistados por separado, brindaron detalles sobre el contenido de los informes presentados por el Fiscal General y por los magistrados de la Corte, las dos instancias con las que ya se han reunido. Los informes recabados tienen que ver sobre las actuaciones de los magistrados y fiscales en torno a las órdenes de extradición.

Ayala agregó que en el informe presentado por la Corte se explica que, hasta el momento, existen 97 personas que han sido pedidas en extradición y que de estas hay todavía 32 órdenes de captura pendientes de ejecutar.

La congresista hondureña afirmó que desde el Poder Judicial, los magistrados sostuvieron que varios extraditables no fueron capturados porque la Secretaría de Seguridad no procedió mientras estuvo administrada por el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

En cuanto a la reunión que sostuvieron con el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, la diputada Silvia Ayala indica que el Ministerio Público argumentó no tener un papel determinante en el proceso de extradiciones, en el sentido de que «es otro Estado el que pide en extradición a un ciudadano hondureño».

Sin embargo, según explica Ayala, el Ministerio Público, en dos oportunidades, ha participado en algunos operativos para dar captura a algunos extraditables.

«En la Fiscalía General nos expresaron que algunas de las personas que se encuentran condenadas en EEUU se les había presentado requerimiento fiscal en nuestro país, pero que la justicia hondureña los había absuelto», explica la congresista, y agrega que una vez extraditados a EE. UU. «estas personas admitieron culpabilidad de los hechos por los que la justicia de nuestro país los declaró inocentes».

Honduras reformó su Constitución en el año 2012 para permitir la extradición de hondureños vinculados con el narcotráfico, terrorismo y criminalidad organizada. Sin embargo, los crímenes que cometen dentro del territorio hondureño los extraditables —si el Ministerio Público no realiza diligencias— por lo general quedan en la impunidad.

Estados Unidos solicita a ciudadanos que se encuentran en Honduras cuando considera que estos han cometido o conspirado para cometer delitos en territorio estadounidense.

Ayala también dice que la Fiscalía intentó justificar su falta de eficacia aduciendo que no querían interferir en el proceso de extradiciones. Y es que, en Honduras, no se puede extraditar a un ciudadano mientras tenga un proceso judicial pendiente dentro del territorio nacional.

«Había otros casos en que las personas que estaban pedidas en extradición, pero aducen [en la Fiscalía General] que no presentaron requerimientos para que esto no sirviera de obstáculo para que el pedido de extradición fuera concluido”, expresa.

Silvia Ayala reveló que para esta semana están programadas otras reuniones, entre estas con la Embajada Americana, Secretaría de Seguridad y una tercera con la Cancillería de la República.

¿Hay alguna solicitud formal o algún anteproyecto de juicio político para el Fiscal General o CSJ?


Silvia Ayala dice que no existe todavía en el Congreso Nacional una petición oficial o algún anteproyecto de juicio político contra los magistrados o contra el Fiscal General.

«Todavía no se habla de juicio político, porque la comisión no puede adelantar el resultado ni los efectos de este informe. Porque, en todo caso, eso lo decidirá el pleno del Congreso Nacional. Puede ser una propuesta de la comisión, pero [es] una decisión del pleno”, afirma Ayala.

El diputado Ramón Enrique Barrios, quien preside esta comisión, dijo a Contracorriente que la comisión especial busca establecer una línea en el tiempo de cómo han ido los procesos de extradición, qué actores, qué agencias y qué instituciones del gobierno son las encargadas de tramitar las solicitudes de extradición, comenzando desde el ministerio de Relaciones Exteriores, que es a donde llega la solicitud de parte del Departamento de Estado, hasta terminar con la resolución de la CSJ, en la que se ordena la extradición y entrega de la persona solicitada al país requirente, como ha ocurrido en el 90 % de los casos.

Barrios dijo también están analizando por qué a algunos extraditables se les incautan los bienes y por qué a otros no. 

«Para eso hemos tenido conversaciones con la CSJ, Fiscal General del Estado y por eso nos reuniremos con el Departamento de justicia de EEUU en la Embajada Americana, con el secretario de Seguridad y el de Relaciones Exteriores», subraya Barrios.

Ramón Barrios establece que el objetivo de esta comisión es elaborar un informe para «deslindar responsabilidades, encontrar falencias y crear oportunidades para que los procesos de extradición sean más expeditos y en igualdad de condiciones para todos, para que no se les incaute bienes a unos y a otros no, para que no se engavete en favor de unos, y se actúe en contra de otros».

¿Es Juan Orlando Hernández un capo de la droga de la misma talla del Chapo Guzmán o Pablo Escobar?


En una consulta hecha por este medio, Raúl Pineda Alvarado argumentó tajantemente que no está de acuerdo con lo que han dicho algunos sociólogos sobre que Juan Orlando Hernández llegó a ser un narcotraficante comparable con Pablo Escobar o con El Chapo Guzmán.

Raúl Pineda explica que Juan Orlando se equivocó porque fue un hombre que venía de las provincias. «En la malicia y el conocimiento que dan las grandes ciudades, de repente lo tocaron para meterse en un lío del que muy difícilmente va a poder salir. Convirtiéndolo en un hombre que defraudó a su país, a su partido, a su familia y a la patria».

Sobre el papel jugado por la ex primera dama, Ana García, quien ha encabezado una lucha argumentando que su esposo es víctima de una venganza, Raúl Pineda dice que «doña Ana es la otra cara de la moneda de lo que en un momento fue doña Xiomara Castro, que en su momento defendió también a [el expresidente José] Manuel Zelaya, cuando la crisis política. [Pero] lo de Juan Orlando es una reiteración de mentiras».

Juez concede extradición de Juan Orlando Hernández mientras él grababa video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia Honduras 2022 noticias hoy extraditan Ana García Hernández esposa de Juan Orlando Hernández JOH
La ex primera dama Ana García se dirige a los seguidores de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia el pasado 16 de marzo. Foto CC/Jorge Cabrera

Joaquín Mejía, por su parte, dijo que Juan Orlando Hernández no es cualquier extraditable. «Estamos hablando de un expresidente de la República que se reeligió de manera ilegal y que estuvo ocho años como presidente del Ejecutivo y además cuatro años como presidente del Congreso Nacional».

Joaquín Mejía Rivera agregó que Juan Orlando Hernández necesitaba poner una pieza clave y la puso en esa corte. «Rolando Argueta no fue elegido ahí por sus méritos, fue elegido porque era una pieza que Juan Orlando tenía que tener. Ocupaba a alguien que garantizara sus intereses y los intereses de las estructuras a las que representa Juan Orlando Hernández».

Joaquín Mejía sostuvo que Juan Orlando solo representa la cara visible de esta estructura criminal, pero que hay que poner atencióna lo que dice Kevin Castel, que Honduras es un narcoestado.

«Y un narcoestado implica que hay una institucionalidad al servicio del narcotráfico y Juan Orlando Hernández no hizo las cosas solas. Hay jueces, hay empresarios que lavaron el dinero, ¿dónde fue a parar el dinero del narcotráfico?, está en el sistema financiero nacional. Hemos visto una complicidad del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia».

El narcotráfico en Honduras no se detendrá y la violencia aumentará, dice Raúl Pineda 


Raúl Pineda dijo que la peor corrupción es la que viene del narco. Es un negocio ilícito que genera un 2000 % de utilidad, desde que se compra la droga hasta que llega al gran mercado de EEUU.

Pineda aseguró que con la captura de Juan Orlando Hernández el narcotráfico en Honduras no se va a detener.

Pineda manifestó que ahora Honduras ha evolucionado en el trasiego de la droga y dijo que Honduras es también productor de clorhidrato de cocaína y también productor de drogas sintéticas y hasta posee laboratorios de cocaína.

«El problema antes es que las plantas de [coca con las que se produce la] cocaína en Honduras no se desarrollaban arriba del metro y medio, pero en Colón ahora hay plantas hasta de dos metros como en los mejores territorios de Bolivia, Perú y Colombia».

Pineda sostiene que Colón es un departamento muy apto para las plantaciones de coca y que el país se va a seguir comprometiendo más, por lo menos en el cultivo de la planta para producir la cocaína. «Es un problema serio que debe ser estudiado por las universidades», expuso.

Sobre el papel de Estados Unidos en todo esto, Raúl Pineda Alvarado sostiene que el proceso de extradición de Juan Orlando Hernández «es su mecanismo de defensa, [pero] tampoco en este tema [los Estados Unidos] son niños de doctrina”.

Texto: Jorge Medina
Ilustración: Pixabay

El hombre recobró la energía de sus músculos y se levantó de la cama. Su mujer había encendido el fuego y un reciente olor a café llenaba el cuadrilátero de adobe. Él se calzó los zapatos sin introducir los talones y, usándolos como si fuesen pantuflas, salió a un patio enlodado.

Retazos de neblina impedían el paso de los primeros rayos de sol y ocultaban a trechos las otras casitas de adobe, lata y madera que cercaban la pila y el grifo solitarios. Se acercó allí y, despojándose de los zapatos aplastados y de la cobija que lo cubría, se quedó en calzoncillos.

Se bañó con urgencia, echándose cubetazos de agua helada sobre la milagrosa espuma que logró producir sobre su erizado pellejo una laminilla de jabón que moría sobre el lavadero. El sujeto expulsaba bocanadas de aire caliente, como si fuera un fuelle.

Después del baño se envolvió de nuevo en la cobija, metió sus pies mojados dentro de los zapatos y reapareció en la estancia, tiritando de frío.

Un plato con frijoles y huevos fritos, custodiado por tortillas y café caliente, lo esperaba sobre la mesa del lugar. Comió con avidez, menos por hambre que por prisa, y su oído trató de escuchar las noticias de la radio que desde un cuarto contiguo sonaba con las primeras noticias, buscando averiguar la exactitud del momento.

La mujer adivinó su intención y le dijo:

–Acaban de decir que son las cuatro y media. Come tranquilo.

Al beberse el último sorbo de café, siempre envuelto en la sábana, volvió a la pila. Se lavó los dientes y retornó para vestirse el uniforme, un pantalón de gruesa tela azul oscuro, camisa blanca de mangas cortas, tosca corbata negra y un logotipo en el hombro con una L, una S y una M doradas.

Mostrando un calcetín de punta agujereada que cubría su pie derecho, se acomodó mejor que los zapatos aún enfangados y los limpió con un pedazo de periódico.

Abría la puerta para marcharse, cuando escuchó la voz infantil que brotaba desde un bulto de trapos en la cama:

–¿Ya te vas, papi?

Él regresó y se sentó a un lado del lecho. Se inclinó sobre una carita ansiosa que alzaba los brazos.

–Sí –le susurró.–Pero te voy a traer alguna cosita –añadió más alto, mientras besaba las pálidas mejillas de la criatura. Luego, desprendiéndose suavemente de los bracitos, se levantó y se fue con un simple nos vemos.

–Vaya, Pluto, nos vemos –le respondió la mujer, que ahora lavaba los platos dentro de una tina de plástico.

Al bajarse del autobús, el hombre vio que uno de sus compañeros de trabajo, también uniformado, lo esperaba. Juntos se encaminaron a la sucursal del banco que custodiaban unos pocos metros más adelante.

–Buenas –saludaron al individuo que les franqueó el paso y agitaba un reloj de mesa ante uno de sus oídos.

–Buenas –les respondió éste, con idéntica displicencia.

En una habitación encontraron a otro guardia que bebía café de un termo chorreado con andaduras del líquido. Hubo un intercambio de armas y los dos hombres que estaban en el lugar se marcharon.

–Nos vemos en la tarde –dijeron.

Los recién llegados comprobaron la carga de las pistolas y de las escopetas, contaron las municiones sobrantes e hicieron la rutina de la inspección. Después se dirigieron uno hacia una puerta trasera a esperar el ingreso de los empleados y el otro a vigilar la fachada del edificio.

Pluto, que había quedado en la parte interior, abrió la puerta translúcida, primero a tres cajeros que llegaron simultáneamente, luego a una aseadora urgida y preocupada y, más tarde, a dos contadores y a las secretarias.

Todos llegaban húmedos y taciturnos, como si aún anduvieran circulando dentro de sus sueños.

Encendieron el aparato de aire acondicionado y de nuevo Pluto sintió frío. Vio sus zapatos y los percibió opacos y mojados, tristemente expuestos a la certera reprimenda del gerente, quien pulsaba cualquier pretexto para exhibir su autoridad de un modo oprobioso.

–Otra puteada segura –pensó sin disgusto.

Inusitadamente, desde afuera, su compañero empujó la puerta con excitación y él estuvo a punto de protestar. Se contuvo cuando vio al gerente que venía detrás, precediendo a un hombre desconocido y mal encarado.

Pluto creyó que algo estaba sucediendo, pero se hizo a un lado con respeto y dejó pasar sin trabas a los visitantes. Agradecía el hecho de que el jefe no pareciera interesado en buscar defectos a su vestuario como en otras ocasiones, cuando sintió el empuje feroz de un objeto duro en sus costillas, junto a unas palabras altaneras:

–Esto es un asalto, hijos de puta. Al perro que se atreva a moverse, me lo quiebro.

Pluto tenía la escopeta en su diestra. Recibió un brutal empujón y estuvo a punto de caerse. Le ordenaron a gritos que la soltara.

El hombre que le apuntaba con un revólver no estaba ahora a más de cuatro metros de su cuerpo y desde afuera se acercaban otros dos sujetos, con sendas pistolas enfiladas hacia el grupo. Vio que el otro vigilante estaba desarmado y levantaba las manos, sin que nadie se lo pidiera.

Escuchó lamentos, oyó sollozos y descifró el lloriqueo del jefe, que decía:

–No me vayan a matar, por favor.

Nadie lo esperaba. Ni siquiera él mismo. Pero Pluto creyó que había llegado el momento de ganarse su sueldo. Se lanzó a un lado para eludir la línea del arma que apuntaba a su costado y metió, con un rapidísimo correr de su mano izquierda, el primer cartucho en la recámara de la escopeta.

Escuchó una explosión y agredió su cintura una mordida de fuego, el primer bombazo que hizo le llevó parte de la cabeza al sujeto que lo hería y al garrafón de agua que descansaba sobre una máquina enfriadora.

El segundo estruendo mandó de culo contra la puerta, que se desmigajó en cristales, a uno de los tipos que se aproximaba amenazadoramente. Sin embargo, no pudo evitar que el otro disparara.

Aunque sintió la conmoción en el pecho, jaló el gatillo una tercera vez. Un televisor explotó y el último ladrón perdió su hombro izquierdo. Entre quejidos, cayó revolcándose en su sangre, sobre la ávida alfombra.

Con la mirada vidriosa y el uniforme empapado, Pluto dio unos pasos vacilantes en derredor buscando nuevos enemigos. Quedaba un paisaje de sangre y catástrofe. Vio a los empleados presas de sus nervios, pero ya no distinguió nada amenazante.

Se sintió débil y fatigado y se sentó muy cuidadosamente sobre el piso, deslizando la espalda contra una pared. Aún conservaba, olorosa a pólvora, el arma entre sus manos.

Alcanzó a ver al otro vigilante que aún mantenía los brazos suspendidos y al gerente, cerca de sus pies, que permanecía ovillado en el suelo y temblaba convulsivamente, bogaba en un mar de llanto, sin que pareciera estar interesado en reprender a nadie.

Entonces Pluto cerró los ojos.

Comenzaba a pensar en su familia cuando le llegó la oscuridad.





Este cuento forma parte del libro de cuentos La dignidad de los escombros, publicado en 2002.

En el Día Internacional de la Mujer distintas organizaciones feministas exigieron el reconocimiento de los derechos de la mujer hondureña. A esto se sumó la presidenta Xiomara Castro, quien presentó ante el Legislativo —liderado ese día por diputadas— la Ley Integral Contra La Violencia de Género. Sin embargo, la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la despenalizcion del aborto por las tres causales son temas aún no abordados por la presente administración; ni por el Congreso Nacional, órgano gubernamental dominado por hombres. 


Texto: María Celeste Maradiaga

Fotografías: Fernando Destephen y Antonio Gutiérrez

Justina Osorto salió de su casa en el barrio Ciudad de España en el Valle de Amarateca a 33 kilómetros de la capital de Honduras, Tegucigalpa, a marchar el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

«Solo tengo hijos varones, pero les digo que deben de respetar los derechos de nosotras (las mujeres), y a mis sobrinas y hermanas les inculco que hay que exigir que estos se respeten», manifiesta, mientras avanza por el Paseo República de Panamá en la movilización convocada desde las 8 a.m. con dirección al Congreso Nacional.

La Asociación Calidad de Vida, con sede en Tegucigalpa y especializada en la atención integral para el mejoramiento y calidad de vida de la mujer y la niñez, convocó a esta movilización para exigir la aprobación de la Ley de Casas Refugio, que pretende responsabilizar al Estado de brindar un hogar a mujeres que sufren violencia en sus casas, trabajo que ya realiza dicha asociación. Este proyecto de Ley ha permanecido engavetado en el Congreso Nacional por más de 3 años.

Este es un espacio pagado

Muchas mujeres depositan la esperanza de que su situación cambie con el mandato de la presidenta Xiomara Castro. Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz «Visitación Padilla», asegura que están esperando que su agenda, que incluye la despenalización de la PAE y la aprobación de la Ley de Casa Refugio, sea una prioridad para la presidenta Xiomara Castro.

Una mujer participa en la movilización convocada por la Asociación Calidad de Vida exigiendo aprobar la Ley de Casas Refugio.
Una mujer participa en la movilización convocada por la Asociación Calidad de Vida exigiendo aprobar la Ley de Casas Refugio. Foto CC/Fernando Destephen

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«Eso significaría que la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) sea puesta a disposición de mujeres que lo requieran, y significaría también que la violencia contra las mujeres sea una prioridad, que se reduzca la impunidad en temas de femicidios y violencia contra las mujeres», expresa. 

Cifras del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) indican que en lo que va del 2022 se han registrado 61 muertes violentas de mujeres, siendo Francisco Morazán el departamento con más incidencia y el arma de fuego el tipo de arma que más se utiliza en los femicidios. Además, al finalizar enero de este año, el Sistema Nacional de Emergencias (911) contabilizó 3,216 denuncias de violencia doméstica y 4,965 denuncias de violencia intrafamiliar en todo Honduras.

El acuerdo entre Xiomara y las distintas organizaciones feministas


«Tenemos muchas expectativas, se nota que este Gobierno ha apoyado a las mujeres de los distintos colectivos», asegura Amara Aguilar, directora de comunicaciones de Nosotras La Preferimos Sencilla, un colectivo de mujeres jóvenes que visibiliza la educación y salud menstrual, la sexualidad y el placer desde una perspectiva feminista. «Los derechos no se debaten, como Gobierno nos tienen que cumplir nuestros derechos, y nosotras como mujeres debemos seguir exigiéndolos hasta que se cumplan. El aborto es el derecho a decidir por nuestros cuerpos, no importa por cuál causa sea, toda la decisión que tome una mujer es válida», agrega.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, la presidenta Xiomara Castro en compañía de la designada presidencial Doris Gutiérrez, se reunió con la Plataforma 25 de noviembre, conformada por distintas organizaciones feministas, entre las que destacaron: Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Red de Trabajadoras Domésticas, Red Nacional de Defensoras, entre otras. La finalidad del Ejecutivo fue escuchar las demandas de estas organizaciones en materia de derechos de la mujer, violencia de género y educación sexual.

La mandataria recibió ese día la iniciativa de elevar a rango ministerial el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la conformación de una Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, y, además, algunas de las organizaciones feministas exigieron que las Secretarías de Estado compren el 35 % de lo que producen las mujeres organizadas. Ese mismo día, Xiomara Castro anunció que enviaría al Congreso Nacional la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Mujeres exigen en los bajos del Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Casas Refugio en el Día Internacional de la Mujer. Foto CC/ Fernando Destephen

«Hoy es el turno de nosotras, las que pregonamos y aprendimos a luchar desde las calles para estar en primera línea. Los antivalores sociales, culturales, raciales y patriarcales que vencimos en las urnas deben de ser parte del pasado», expresó Xiomara Castro en un video conmemorativo al Día Internacional de la Mujer.

En la presentación de su plan de gobierno en septiembre del año anterior, previo a las elecciones generales de noviembre de 2021, Castro prometió el «fin del patriarcado y de los femicidios». Ese mismo día, también prometio despenalizar el aborto por las tres causales, y, además, facilitar la distribución, venta y uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE). La prohibición de la PAE se remonta al Gobierno de facto de Micheletti Baín en 2009. En ese año, el ministro de Salud de ese entonces, Mario Noé Villafranca, prohibió el uso, venta y la comercialización de la pastilla.

La prohibición de esta pastilla está respaldada por un acuerdo ministerial, no por un decreto legislativo, por lo que bastaría con que este acuerdo sea eliminado por orden del actual Ministro de Salud, el doctor José Manuel Matheu, quien también fue electo diputado por Francisco Morazán en la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) en las últimas elecciones. Sin embargo, el doctor Matheu no se ha referido al tema de la PAE ni al del aborto por las tres causales. En su visita al Congreso Nacional el pasado 23 de febrero, el ministro de Salud se limitó a denunciar que en las bodegas de la Secretaría de Salud (Sesal) se almacenan medicamentos vencidos; que se desviaban fondos para reprimir protestas del sector Salud en la administración anterior; y, además, que se aprobaron acuerdos y plazas con fondos descentralizados. 

«Estos temas son de interés de las mujeres y las únicas que los impulsamos somos las mujeres, entonces no me extraña que hasta ahora él (ministro José Matheu) no se haya pronunciado. Sin embargo, sabemos que este Gobierno se está instalando y queremos tener esperanza de que este tema va a ser una realidad pronto», señala Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz «Visitación Padilla».

La presidenta Xiomara Castro tampoco se refirió a la PAE ni a la despenalización del aborto por las tres causales en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. «Este es el siglo de las mujeres. Soy la presidenta de Honduras y prometí crear un gobierno justo, progresista y democratico, y voy a cumplir. La mujer será desde hoy y para siempre el factor más importante para alcanzar la justicia, la igualdad y el desarrollo de nuestra patria», finalizó diciendo en su video conmemorativo al 8 de marzo. 

«Ya estamos cansadas de solo la representatividad, necesitamos a mujeres en puestos de poder que tomen decisiones y que tomen acciones para poder hacer mejor la realidad de las mujeres y niñas en Honduras. Desde nuestro movimiento nosotras no nos reivindicamos con un partido politico, porque estamos en la linea de la lucha contra el abuso sexual y sabemos que el abuso traspasa todos los esquemas de poder que existen en la vida», explica Iliana Aguilar, activista de No Quiero Ser Violada, un colectivo feminista que nace en 2018 y que lucha en contra del abuso sexual e invita a mujeres a formar parte del nuevo feminismo.

Mural alusivo a la lucha feminista en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, realizado por Fernanda Bentancourth y Samuel Erazo, artistas del Colectivo Culturas Vivas. Foto CC/Fernando Destephen

Hasta el momento, cinco mujeres han sido nombradas en las distintas secretarías de Estado e instituciones: Rixi Moncada,en la Secretaría de Finanzas; Rebeca Santos,como presidenta del Banco Central de Honduras (BCH); Laura Santos,como Ministra de Agricultura y Ganadería; Sarahí Cerna, en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social: y Yadira Gómez, como secretaria de Turismo. En el Congreso Nacional, 34 de 128 curules pertenecen a mujeres.

Uno de los nombramientos que no ha sido bien visto por la sociedad hondureña ha sido el del escritor Roberto Quesada como embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre los pronunciamientos en contra de este, está el de Claudia Mendoza, periodista de Univisión y editora del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad). Mendoza se refirió a él como «un patán» y denuncia que el escritor se encarga de humillar e insultar a mujeres en los distintos espacios.

«Su nombramiento, en el Día internacional de la mujer, nos cae como balde de agua fría a la comunidad internacional, porque él ha actuado como verdugo para las mujeres, para la comunidad lésbico-gay, la comunidad migrante y las defensoras de derechos humanos», cuenta uno de los testimonios recopilados por Claudia Mendoza publicados en Facebook.

Mujeres de la plataforma Somos Muchas preguntan a peatones en el Parque Central de San Pedro Sula, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, por qué la maternidad debe ser deseada. Foto CC/ Antonio Gutiérrez

Iliana asegura que aunque haya una figura femenina en el poder, en este caso la presidenta Xiomara Castro, no significa que las mujeres feministas en Honduras van a dejar de luchar. «Seguimos trabajando porque sabemos que tenemos mucho trabajo por delante», afirma, y explica que aunque el Gobierno se haga llamar de izquierda democrática, las mujeres hondureñas necesitan acciones que deben ser construidas desde el poder popular y desde las bases en los movimientos feministas.

«Debemos de unirnos porque a todas nos afectan las violencias. Esperamos que este Gobierno haya más raciocinio y lógica con respecto a los derechos de las mujeres y hacia nuestros territorios. También esperamos que el Ministerio Público deje esa cuota del 93 % – 97 % de impunidad que hay en la mayoría de casos de violaciones de mujeres que han sido sometidas por violencia doméstica, intrafamiliar y psicológica», expresa la activista por los derechos de la mujer.

Un Congreso liderado por mujeres


Terminando la jornada del #8M, el Congreso Nacional estuvo al mando de mujeres de los distintos partidos políticos y sus respectivas bancadas. Entre los proyectos presentados están la reforma al Código del Trabajo en el artículo 135, que pretende ampliar el tiempo de las mujeres en periodo de embarazo; la presentación de la Ley Contra La Violencia de Mujeres en política, presentada por la vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, y por la diputada Johana Bermúdez; y, además, elevar a la categoría de heroína a Berta Caceres. También se incluyeron las leyes y modificaciones de ley propuestas por la presidenta Xiomara Castro: la iniciativa de elevar a rango ministerial el INAM, la conformación de una Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, y la propuesta de que las Secretarías de Estado compren el 35% de lo que producen las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer.

«Hace 20 años mujeres del Partidos Liberal, Nacional, UD (Unificación Democrática) y PINU (Partido Innovación y Unidad), nos tomamos este Congreso Nacional junto a las mujeres de las organizaciones feministas. Recuerdo que esa vez fuimos objeto de insultos, pero finalmente logramos el objetivo de que se aprobara la primera Ley de cuotas en el año 2002, hace 20 años. Esa primera conquista no la hubiéramos logrado si no nos hubiéramos unido todas las mujeres de todos los partidos, de la sociedad civil, y de las organizaciones feministas», manifestó la designada presidencial Doris Gutierrez en su discurso.

La Junta Directiva del Congreso Nacional estuvo integrada solo por mujeres este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Foto CC/Fernando Destephen

Según el Barómetro de la participación de grupos subrepresentados en la política electoral de Honduras 2017-2021 del Instituto Holandes para la Democracia Multipartidaria (NIMD en inglés), se incrementó en un 36.7 % la inscripción de mujeres en planillas a cargo de elección popular a nivel de diputación el año 2021 en comparación al año 2017;sin embargo, esta mejora puede verse influida por el incremento de partidos políticos en contienda. Es decir, esto no indica una mayor inclusión de mujeres precisamente.

Además, el informe detalla que solo incrementó en un 0.3 % la elección de mujeres inscritas en planillas de diputación, desde el 2017 al 2021, demostrando esto un estancamiento. Otro dato importante es que el año pasado se redujo en un 21.7 % la cantidad de alcaldías ganadas por una mujer en comparación a 2017.

Celeste Guardiola, quien pertenece a la red de Mujeres con Discapacidad, manifestó que las mujeres en el Congreso tienen una gran responsabilidad con las demás mujeres hondureñas. «No solamente hablo por las mujeres con discapacidad con lesión medular —que es el caso de Celeste—, sino dentro de todo el sector de discapacidad, en donde hay personas ciegas, sordas, o con discapacidad intelectual. Muchas de ellas han sido víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica, y muchas han quedado en mi situación, entonces no hay una estadística sobre la violencia hacia nosotras», manifiesta.

Amara Aguilar, quien además de ser comunicadora del colectivo Nosotras La Preferimos Sencilla apoya a la Red Nacional de Mujeres con Discapacidad, expresa que, aunque sea un año histórico en donde se tiene a una presidenta mujer en Honduras, las organizaciones de mujeres quieren que continúe siendo histórico con la gestión de mujeres en distintos espacios de poder en Honduras.

Lissi Cano, diputada de la bancada del Partido Nacional, exigió en el hemiciclo legislativo la aprobación de la Ley de Casa Refugio. Foto CC/Fernando Destephen

«Mis expectativas del nuevo Gobierno es ser incluida en todos los ámbitos. Necesitamos empleo, salud, y,además, un protocolo de atención para nosotras las mujeres que quizás ni siquiera podemos ir a un médico porque no tenemos el dinero. Yo creo que partiendo de ahí debemos fomentar y hacer esta lucha junto con todos los sectores organizados para visibilizarnos y que sepan que también estamos luchando por nuestros derechos», asegura Celeste Guardiola, de 52 años, quien también pertenece a la Organización de Personas con Lesión Medular.

En el hemiciclo legislativo tampoco fue discutido el tema de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) ni la despenalización del aborto por las tres causales. De cierta forma, estos temas son contrarios a la agenda que llevan muchos funcionarios dentro del Legislativo.

Prevalece el fantasma del conservadurismo


En el año 2020, a dos semanas de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el entonces y aún diputado Mario Pérez del Partido Nacional presentó el proyecto de Ley «escudo contra el aborto», con la intención de convertir los artículos constitucionales que penalizan el aborto en artículos pétreos que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional. Luis Redondo, quien ese entonces era diputado de la bancada del PINU y ahora es presidente del Congreso Nacional, dijo estar de acuerdo con esta iniciativa.

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Actualmente, y en una administración liderada por una mujer que sostiene pláticas y buenas relaciones con las organizaciones feministas, los parlamentarios conservadores continúan moviendose en espacios provida y en negociaciones para no asegurar a las mujeres hondureñas el goce de sus derechos sexuales y reproductivos.

El mismo Día Internacional de la Mujer, el Congreso Nacional de Guatemala aprobó una Ley que eleva las penas de cárcel para los abortos en el país y, además, combate a «grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana». 

Posterior a esto, el congresista hondureño por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, asistió al Foro Internacional Parlamentario por la vida y la familia en Guatemala. Zambrano expresó su negativa respecto a la despenalización del aborto, asegurando que «el Partido Nacional le dice a Honduras que vamos a seguir velando por las familias». 

Conforme a esto, Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz «Visitación Padilla», manifestó: «si fueran mujeres y se embarazaran, ya el aborto sería posible».

En San Pedro Sula la tasa de homicidios se ha reducido en los últimos ocho años, pero recientemente la extorsión al transporte ha paralizado la Gran Terminal de Buses. Este ha sido uno de los grandes «negocios» para los grupos criminales. En el comienzo del año 2022, con un nuevo gobierno en Honduras, las amenazas han subido de tono en esta y muchas otras ciudades del país.

Texto: Allan Bu
Colaboración: María Celeste Maradiaga


El taxista conducía hacia la colonia Flor de Cuba ubicada en el sector Rivera Hernández, uno de los más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula en el norte de Honduras. Ese martes, el Ministerio Público anunció en la Flor de Cuba el posible hallazgo de un cementerio clandestino. Mientras el taxista maniobra para evitar los hoyos de una polvorienta calle, no habla de ese hecho sino sobre algo que le afecta directamente: la extorsión. 

«Todos [los grupos criminales] le quieren cobrar impuesto al transporte. Agarran un motorista, le dan un teléfono para que se lo lleve al dueño y después llaman: si no me pagas esta semana, se muere un chófer y un ayudante», me dice el conductor sin revelar su identidad.

«Hay rutas de buses que por cada carro operando pagan 350 lempiras al día, los motoristas ya no quieren trabajar ahí porque prácticamente no van a ganar nada», dice y luego explica que cuando los autobuses pasan por los territorios de hasta tres grupos criminales diferentes, «ahí es donde los joden, porque todos esos grupos quieren dinero y si no pagan hay muertos. Ellos matan al azar. Por eso uno cuando sale a trabajar, tiene que encomendarse a Dios porque en este país ya no se sabe».

En lo que va del año, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) ha recibido 460 denuncias a nivel nacional, la mayoría son por el delito de extorsión, según confirmó a Contracorriente el vocero de la institución, Mario Fú. 

Sobre la violencia contra trabajadores del transporte, el dirigente de este rubro, Wilmer Cálix, declaró en el medio de comunicación Hoy Mismo que en lo que va del año han muerto 25 personas, todos motoristas y ayudantes. «Ahora trabajar en una unidad de transporte es una de las profesiones más inseguras a nivel nacional», declaró el dirigente. La Policía Nacional no respondió a nuestras consultas para corroborar este dato. 

El riesgo para los trabajadores del transporte viene desde hace algunos años, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) en 2019 colocaba a este oficio como una labor de alto riesgo, en ese entonces se presentaban un promedio de 16 muertes mensuales de obreros del transporte público.

Hablando con el taxista de cómo operan las redes de extorsión , llegamos al sector Rivera Hernández, conformado por 55 colonias, territorio donde operan la MS-13, la Pandilla 18 y la Banda de los Olanchanos, que se disputan el control de esos barrios por la venta de droga y la extorsión . Muy cerca de la Rivera Hernández, en la Colonia Lomas del Carmen opera la Banda de Los Aguacates. Los cuatro grupos criminales son los principales que operan en la ciudad, según la Policía Nacional. 

Luego de pasar un pequeño puente, le preguntamos a un vendedor de naranjas por la mejor vía para llegar a la colonia Flor de Cuba, «váyanse por el otro lado», nos dijo. El vendedor, que se encontraba en la colonia Larios Silva agregó, «les voy a dar un consejo de amigo, mejor bajen los vidrios [del carro]». La recomendación es entendible, estamos en una colonia conflictiva de San Pedro Sula que entre 2012 y 2013 alcanzó el nada codiciado título de la ciudad más violenta del mundo. En esos años, la tasa de asesinatos en San Pedro Sula alcanzó hasta los 187 homicidios por cada 100 mil habitantes, ahora se redujo a 42, pero la recomendación que hizo el vendedor de naranjas dejó claro que grandes sectores de la ciudad siguen controlados por grupo criminales, especialmente la Pandilla 18 y la Mara MS-13.

Las dos ciudades más importantes siguen figurando en listas donde se enumeran las 50 ciudades más violentas del mundo. En la clasificación publicada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, San Pedro Sula aparece en el escalón 32 y Tegucigalpa en el 39. 

Finalmente, aquella mañana de un martes 8 de marzo, llegamos a Flor de Cuba. Había 10 vehículos del Estado, entre unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía. Al final, las sospechas de las autoridades fueron descartadas. Pero, aunque el índice de homicidios haya bajado, en Honduras y en especial en San Pedro Sula es fácil creer que en una colonia de la periferia haya un cementerio clandestino.

Un oficial resguarda una escena del crimen luego de una masacre en el barrio Villa Nueva de Tegucigalpa.
Un oficial resguarda una escena del crimen luego de una masacre en el barrio Villa Nueva de Tegucigalpa. Foto Archivo CC/ Jorge Cabrera

La noticia del supuesto cementerio clandestino, surgió después de que San Pedro Sula fue escenario de algunos hechos delictivos de alto impacto. El lunes 28 de febrero, todas las unidades de transporte que operan rutas detuvieron el servicio durante cuatro horas en la Gran Terminal de Buses . Entre los motoristas de la ruta Cotasyl que cubre San Pedro Sula y Yoro comenzó a circular un audio en el que un grupo llamado «Los Iluminatis» solicitaban el pago del «impuesto» (extorsión) a los dueños de la empresa. 

Pero el paro de transporte en la Gran Terminal no fue precisamente por ese audio o por decisión de los dueños, fue una orden del alto mando de la MS13, en un afán de aclarar que ellos no han cobrado el impuesto de guerra desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 en el 2020. «Nosotros apoyamos ese paro porque ellos [la MS-13] nos lo pidieron», nos dice un trabajador de la terminal.

El hombre asegura que como la MS-13 —que controla ese sector de la Gran Terminal— no está cobrando, la Pandilla 18 quiere apoderarse del impuesto de guerra en ese lugar, donde operan 120 rutas urbanas e interurbanas. El trabajador, que prefiere el anonimato, cree que la Pandilla 18 es más violenta: «Yo creo que me voy si ellos entran», nos dice.

Antes de la pandemia, prácticamente todas las rutas que operan en la Gran Terminal pagaban extorsión a la MS-13. Esta estructura criminal establecía el pago de acuerdo con el recorrido del transporte. Algunas empresas pagaban hasta cinco mil lempiras semanales por bus. Todos los lunes, puntualmente a una hora determinada de la mañana, uno de los integrantes de la MS-13 pasaba por las oficinas de cada ruta recogiendo el dinero de la mara.

Y ahora ese negocio, aparentemente dejado por la MS-13 a raíz de la pandemia, es objetivo de otros grupos. Hay tres empresas que cubren la ruta hacia el departamento de Yoro que dejaron de operar porque le estaban cobrando 200 mil lempiras en «impuesto de guerra». El grupo extorsionador se autodenomina «Los Iluminati», pero las autoridades aseguran que no tienen mayores detalles sobre ese grupo. 

Las amenazas de extorsión pululan por todos lados. Dos rutas de San Pedro Sula a Puerto Cortés, detuvieron operaciones el lunes por nuevas amenazas de extorsión después que el viernes 11 de marzo a uno de sus motoristas le quisieron entregar un teléfono, que luego los delincuentes utilizan para hacer llamadas amenazantes y extorsivas. En Yoro, cabecera del departamento del mismo nombre, fue enviado un audio que prohíbe a los taxistas circular mientras no se negocie el pago de extorsión con la Pandilla 18.

Existen audios en donde supuestamente la Pandilla 18 se atribuye estar detrás del asesinato de dos taxistas, uno registrado en la cabecera departamental de Yoro y el otro en la ciudad de El Progreso, también de ese departamento en el norte de Honduras.

«Este mensaje va para todos los taxistas de Yoro de parte de la Pandilla 18, ustedes no van a circular hasta que lleguemos a un acuerdo, el próximo que se mueva se va a morir. Ya les pegamos [matamos] uno la vez pasada y les acabamos de pegar otro. Ya les dejamos el mensaje, espero que ustedes lo acaten», dice el mensaje atribuido a la pandilla 18. En ese mensaje, el hombre que habla dice que los taxistas pagarán 1,000 lempiras de «afiliación» y 300 lempiras de cuota semanal. 

En la ciudad de Yoro, a 151 kilómetros de la terminal de buses de San Pedro Sula, el pasado 12 de marzo, un taxista fue asesinado en pleno centro de esa ciudad. Yoro fue gobernada por 12 años por la familia Urbina. Los primeros dos períodos, gobernó Arnaldo, sobre quien pende una orden de extradición a Estados Unidos, pero tiene que cumplir una pena por lavado de activos, delito por el que actualmente está preso en Honduras. En 2017, Diana Urbina, que había sido diputada en el Congreso Nacional ganó la alcaldía de Yoro, pero en las elecciones de noviembre del 2021, perdieron la hegemonía.

En la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a 25 kilómetros de San Pedro Sula, un taxista fue asesinado el 7 de marzo. En la escena del crimen dejaron un rótulo con la leyenda: «Esto le va a pasar a todos los que colaboran con banda u organización para el cobro de extorsión, sea rubro urbano o negocio particular. Esto les va a pasar. Atentamente, La Dieciocho». 

Mario Fú, vocero de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), manifestó que hasta el momento ellos no tienen una denuncia en contra de un nuevo grupo criminal y dice que solamente conocen lo que se ha evidenciado a través de los medios de comunicación.

«En este tema de la aparición de nuevas bandas criminales que están haciendo el cobro de extorsión, únicamente se ha logrado percibir a través de los medios de comunicación, no existe ninguna denuncia formal de los afectados que hayan manifestado que tienen que paralizar labores o cerrar sus rutas debido a la amenazas», aseguró Fu a Contracorriente.

El funcionario aseguró que la FNAMP ha desarrollado algunas investigaciones de oficio y que hace unos diez días dieron captura a un individuo que, según las pesquisas en poder de los agentes, es miembro activo de una nueva estructura criminal denominada M1 en el Valle de Sula : «Esta captura hace constatar que, en efecto, están surgiendo nuevos grupos y bandas criminales que intentan ejercer esa actividad ilícita», dijo.

Sobre el origen de estos nuevos grupos, Fu explicó que los expertos de la FNAMP argumentan que se podría tratar de miembros activos de las organizaciones criminales tradicionales (Pandilla 18 y Mara MS-13), quienes están desertando y formando sus propias bandas para delinquir, «sin embargo, eso es una hipótesis, pues todavía no se ha logrado constatar y continúa el proceso de investigación», sopesó. 

La FNAMP, que ahora es una dependencia de las Fuerzas Armadas, pasaría a control de la Policía Nacional con el nuevo gobierno, no obstante, Fú dijo a Contracorriente que desconoce las decisiones administrativas pero él ha escuchado de las nuevas autoridades que se fortalecerá toda la seguridad. «En ningún momento hemos escuchado de las autoridades que la Fuerza va a desaparecer, pero este es un comentario particular», dijo. 

Esta institución nació en el 2013 con el nombre de Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y en el 2018 durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández recibió su nombre actual. Su objetivo principal es combatir los diversos delitos que se originan por el accionar de bandas criminales como la Pandilla 18 y la MS-13 y está enmarcada en la militarización de la seguridad pública que impulsó Hernández. 

El crimen de un Padre y los muertos en un baúl


En el norte del país, marzo comenzó con dos noticias de impacto. En el primer hecho, tres pandilleros del Barrio 18 fueron detenidos con tres cadáveres en el baúl de un carro tipo turismo. Este vehículo tenía reporte de robo y fue localizado a través de las cámaras de la línea de emergencia 911. Cuando los jóvenes fueron requeridos por las autoridades, estas se encontraron con que el menor de ellos, un joven de 16 años, llevaba un arma. Al revisar el baúl, encontraron a dos jóvenes y una mujer muertos.

Belkis Valladares, vocera de la Policía Nacional en el norte del país, atribuye este dantesco hecho a un pelea por territorio entre la Pandilla 18 y la MS-13, a la que supuestamente pertenecían los muertos. 

Al siguiente día, el 2 de marzo, el padre Enrique Vásquez, quien dirigía la Parroquia San José en el barrio Medina, uno de los más conflictivos de San Pedro Sula, fue reconocido en la morgue sampedrana por el obispo Ángel Garachana. El cadáver del padre Vásquez había ingresado como desconocido la noche anterior. El nuevo director de la Policía Nacional, Comisionado Gustavo Sánchez, manifestó en conferencia a los medios de comunicación que el robo es la principal hipótesis que se maneja sobre el crimen del Padre. 

La subcomisario Valladares comenta que también comenzaron las investigaciones sobre la desaparición del Padre por los mensajes en redes sociales, pues tampoco hubo una denuncia del hecho. Por eso Medicina Forense ya había hecho el levantamiento del cuerpo en un puente ubicado en Morazán, Yoro, pero fue ingresado a la morgue como desconocido, pues no tenía documentos de identificación.

Transeúntes caminan frente a una estación de buses en San Pedro Sula, Honduras. El sector transporte sampedrano se ha paralizado en varias ocasiones debido a la violencia ligada a la extorsión. Foto CC/Antonio Gutiérrez

Tras la identificación del cadáver, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las indagaciones sobre este crimen de alto impacto, pero finalmente el Ministerio Público traspasó el caso a la Agencia Técnico de Investigaciones (ATIC). En ese momento habían dos indicios fuertes acerca de la muerte del padre, según aseguró la subcomisario Valladares. 

En la Secretaría de Seguridad no gustó la decisión del Ministerio Público, pues a través de la red social Twitter, la doctora Julissa Villanueva, viceministra de esa cartera, manifestó «cómo vamos a avanzar en la investigación de casos si cuando la DPI va avanzando en la desaparición inicial y asesinato del padre Vásquez, la Fiscalía quita el caso y da orden a la Atic para que se encargue del mismo. ¿Caso de impacto? ¿Qué hay detrás?», se preguntó.

Tanto el caso de los jóvenes hallados asesinados en el baúl, como el homicidio del padre Vázquez tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación, por lo que han dejado una percepción de un comienzo muy violento en este 2022, año en el que asumió Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras.

Según el Sistema Estadístico Policial en Línea, Sepol, en enero de 2021 a nivel nacional se reportaron 288 muertes y en el mismo mes del presente año, 351. Hubo un incremento de 63 homicidios. No obstante, en febrero del año pasado murieron de forma violenta 279 personas y este año, en el mismo mes, se registraron 234, lo que representa una reducción de 45. Al 13 de marzo, en la tabla comparativa a la misma fecha del año anterior, hay 6 muertes menos. 

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (OV-UNAH), manifestó a Contracorriente que el repunte de violencia en enero de este año es un comportamiento reincidente en el país: «En el mes de enero siempre hay pico de criminalidad. Es uno de los meses más violentos. Especialmente el primero de enero, cuando ocurren entre 30 y 40 homicidios en un solo día». 

El vocero de la FNAMP, Mario Fú, coincide con la posición de Ayestas, apuntando que todos los inicios de año en el país se experimenta un repunte en los hechos delictivos y violentos, pero que en este momento se ha hecho más evidente por cuestiones como las amenazas e intimidaciones al sector del transporte.

Familiares lloran frente al cuerpo de una de las siete víctimas de la masacre ocurrida en el barrio Villa Nueva de Tegucigalpa. Según información de la Policía, integrantes de diferentes bandas extorsionadores se enfrentaron por peleas de territorio. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Para Migdonia Ayestas, dentro de las causas que podrían explicar estos picos de violencia están la delincuencia organizada y las maras y pandillas que pelean por el control de territorios. De ahí se derivan el narcotráfico, la extorsión y el narcomenudeo. Pero la especialista señala que aproximadamente un 25 % de los homicidios tiene que ver con la cultura ciudadana: «Ahí hay que incluir femicidios y riñas personales. Beben, discuten y se matan, ahí hay un gran porcentaje de muertes violentas», dijo. 

Nueva operatividad de la policía 

La llegada de nuevas autoridades a la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional ha traído cambios en el componente de seguridad en San Pedro Sula. Uno de los principales es que ahora la ciudad ha sido dividida en cuatro grandes sectores, cada uno bajo el cargo de un subcomisionado de la Policía Nacional. 

«Esto ha mejorado la operatividad. Ahora hay detenidos todos los días, solo el 9 de marzo se detuvieron 12 personas por delitos violación especial, violacion agravada y seis detenidos por tráfico de drogas», nos dice la vocera de la Policía, Belkis Valladares. 

Los fines de semana, en San Pedro Sula se realizan operativos en las principales salidas desde las 6 p.m. en adelante, «a veces es incómodo para la ciudadanía, pero los resultados son efectivos», dice Valladares. Tras levantar los operativos de control en las salidas de la ciudad, se realizan acciones en los sectores conflictivos de la ciudad como la Rivera Hernández y en Chamelecón, Los Cármenes y barrios como Sunseri. Todos son sectores como la Flor de Cuba, donde el vendedor callejero sugirió bajar los vidrios porque son territorios que grupos criminales controlan, especialmente la Pandilla 18 y la MS-13. 

En estos sectores se requisa o registra a cualquier persona que anda en la calle después de las 10 de la noche, también se hace revisión de bares, billares y cualquier otro negocio que a esa hora tenga esté abierto. Estos operativos también son trasladados a zonas más privilegiadas como los barrios Río de Piedras y Jardines del Valle, donde algunos negocios operan después de las horas permitidas. 

El excomisionado de la Policía Nacional, Jaime Flores, quien ahora está a cargo de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana de la alcaldía sampedrana manifestó que ahora hay una relación muy estrecha entre la policías Municipal y Nacional para mantener el orden público y preservar la vida y los bienes. 

«Nosotros somos apéndice de la Policía Nacional de Honduras, por lo tanto dependemos de su cobertura y de los otros funcionarios públicos encargados de cumplir la ley para poder proceder, pero el trabajo de la Policía Municipal es muy efectivo para la ciudadanía», aseguró Flores. 

El excomisionado policial dijo sobre las políticas que se deben aplicar en materia de seguridad que es una tarea muy complicada sin la colaboración de la gente: «Si la ciudadanía no contribuye con su comportamiento individual y colectivo al mejoramiento de la calidad de vida, si no hay conciencia ciudadana de respetar las normas establecidas, será difícil para cualquier institución». 

El 11 de marzo del 2022, el ministro de seguridad, Ramón Sabillón, visitó la alcaldía de San Pedro Sula, por invitación del alcalde Roberto Contreras. Tras reunirse con el edil, el alto funcionario manifestó que «el objetivo toral es el abordaje de las necesidades públicas de seguridad. Con el señor alcalde lo hemos focalizado y habrá acciones inmediatas, a mediano y largo plazo. Estamos en el esfuerzo con todo el Gobierno apoyando iniciativas, pero pretendemos tener un enfoque integral para resolver los diferentes problemas que adolece nuestra comunidad», prometió Sabillón. 

Roberto Contreras le ganó la alcaldía en las pasadas elecciones al nacionalista Armando Calidonio, quien ahora funge como regidor en la alcaldía sampedrana. Calidonio ha sido ligado a estructuras criminales y de narcotráfico. La comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, denunció que cuando fue jefa de asuntos internos de la Policía Nacional investigó casos de oficiales involucrados en narcoactividad, pero estos «fueron protegidos por Óscar Álvarez y Armando Calidonio pese a que eran claramente señalados por narcotráfico».

La promesa del ministro Sabillón choca con una tarea enorme en materia de seguridad. Para poner un ejemplo, Migdona Ayestas, especialista en este tema, menciona que el Talón de Aquiles en este momento, dejado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, es la investigación criminal, pues en la mayoría de casos no existe. 

Belkis Valladares, vocera de la Policía Nacional en el norte del país, advierte que la DPI tiene un «gran reto» en el tema de la investigación pues para evitar la impunidad se tiene que dar respuesta a los casos de homicidios, cuya tasa en el país el año pasado alcanzó 40 por cada 100 mil habitantes, según el OV-UNAH.

Mientras las nuevas autoridades se acomodan, los que delinquen no paran. «La criminalidad se pelea entre sí, pero también manda mensajes a las autoridades que, a pesar de todas las estrategias que puedan desarrollar, ellos [los criminales] van a seguir operando. Ahí es donde es importante demostrar esos resultados certeros», señala Migdonia Ayestas.

Y en algún punto de la ciudad anda un taxista preocupado, que después de salir de la Flor de Cuba —una de las decenas de colonias donde hay que bajar los vidrios— nos dijo: «Algo tiene que hacer el Estado, sino aquí nadie podrá trabajar, que se dediquen ellos, los mareros, a andar los buses».

El decreto que deroga la normativa conocida como «Ley de Secretos» está en proceso de ser sancionado por el Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tienen un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debe ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera, Fernando Destephan


En julio de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el expresidente Juan Orlando Hernández, emitió la resolución CNDS 069/2014 —conocida como la resolución 69— que autorizó a varias instituciones del Estado a declarar como reservada cierta información, apoyándose en la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional —también conocida como la Ley de Secretos—. No obstante, el pasado 1 de marzo, el Congreso Nacional, tras una petición expresa de la presidenta Xiomara Castro, derogó esta ley.

Con esta ley —aprobada el 24 de enero de 2014 en una jornada catalogada como «hemorragia legislativa»— se hizo posible ocultar información sobre el manejo de fondos públicos. Esta fue la última acción de Juan Orlando Hernández (actualmente solicitado en extradición por acusaciones de narcotráfico) como presidente del Congreso Nacional (2010-2014).

Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien fue convocada por el Congreso para exponer sobre la importancia de la derogación de la Ley de Secretos, dijo a Contracorriente que para que la información sea desclasificada, solo falta que la presidenta Xiomara Castro sancione el decreto que fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 1 de marzo.

La comisionada del IAIP agregó que la resolución 69, emitida por el Consejo de Defensa y Seguridad, facultó a 20 instituciones para que reservaran información aduciendo que eran temas de seguridad nacional. Sin embargo, explica que no tienen certeza de sí las 20 instituciones reservaron o no información ni tampoco conocen qué clase de información es la que se clasificó como reservada.

«Tampoco podemos confirmar qué tipo de información fue la que reservaron porque esto nunca fue reportado ante el instituto», sostiene Ardón.

La Ley de Secretos, en su artículo 7, clasificaba la información como «reservada» hasta por un período de 5 años; la información “confidencial” por 10 años; la “secreta” por 15 años y la “ultrasecreta” por 25 años. El mismo artículo facultaba la desclasificación de dicha información solamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el titular del Ejecutivo (en ese momento Juan Orlando Hernández), a petición exclusiva del Fiscal General de la República,Óscar Fernando Chinchilla.

La Ley de Secretos creó un paralelismo normativo frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LTAIP, e institucional frente al IAIP. Debido a presiones, esa ley fue declarada inconstitucional de forma parcial por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 5 de noviembre de 2019.

El 27 de enero de este año, el día de su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro mostró su apoyo público hacia el actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Además, dijo que allanaría el camino para la eventual llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

No obstante, el gobierno de Castro ha sido cuestionado en los últimos días porque el Congreso Nacional, al que ella respalda, aprobó un decreto de amnistía que, a pesar de que beneficia a defensores del ambiente y luchadores sociales, absuelve de responsabilidad penal a exfuncionarios acusados por corrupción que formaron parte del gabinete de gobierno que presidió su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009).

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Aunque la derogación de la Ley de Secretos constituye un avance sustancial, aún existen artículos contenidos en algunas normas que pueden ser utilizados para restringir el derecho a la información pública, entre estos, el 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, en vigencia desde enero de 2013.

También hacen posible restringir información los artículos del 17 al 21 de la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, existen algunas disposiciones generales que han sido declaradas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República en las que se reserva información.

Otra forma de ocultar información ha sido a través de las compras directas que ha realizado la Secretaría de Defensa, un ejemplo de esto fueron una serie de compras para equipar el Hospital Militar que se hicieron durante la pandemia, gastos con dinero público que no tenían nada que ver con equipo bélico. En 2011, Juan Orlando Hernández autorizó a la Secretaría de Defensa realizar compras directas y además estableció que existía dentro de las Fuerzas Armadas equipo que se consideraba de seguridad nacional, por lo que la adquisición del mismo, así como materiales, partes y repuestos se debían catalogar como «secretas».

La Bandera Nacional de Honduras ondea frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa, Honduras. Foto Archivo CC/Fernando Destephen

También restringe información el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, en la que se prohíbe a los miembros, funcionarios y empleados del Tribunal divulgar y suministrar el contenido de las declaraciones, informaciones y documentos, así como de las investigaciones y demás actuaciones de esa institución.

La comisionada Ardón dice que le explicaron al Congreso Nacional cuáles deben ser los procedimientos a seguir por las instituciones para reservar la información que en realidad necesita permanecer bajo reserva.

Ardón reconoce que los artículos que van del 17 hasta el 21 de la LTAIP, restringen determinada información e indica que en dichos artículos se establecen los mecanismos para poder reservarla. «Estamos claros que debe de haber excepciones al acceso a la información en ciertos temas y en ciertos casos», establece.

Ardón argumenta que existen otras leyes que reservan información tales como el Código del Comercio que contempla el secreto bancario. Este último, expone, solo puede ser suspendido a través de una orden judicial. «Pero igual, el secreto bancario, como lo es el patrimonio [personal], se considera un dato confidencial y por lo tanto esa información no puede ser publicada de manera oficiosa por las instituciones del Estado».

Ardón también cita el artículo 267 del Código Penal, que establece que mientras el Ministerio Público esté en proceso de investigación, la información debe mantenerse en calidad de reserva. «Esta [clasificación] sí está alineada con la ley de transparencia», comenta y agrega que hay otras leyes que restringen información, como «la ley de propiedad intelectual y la ley de inteligencia».

Al ser consultada sobre cómo será el proceso de desclasificación de información, Ardón dijo a Contracorriente que la información va a ser publicada por cada institución en el portal de transparencia. Agrega que el proceso de desclasificación de esa información se hará «supervisado y vigilado» por el IAIP.

Sobre la tardanza en la publicación de la derogación en el Diario Oficial La Gaceta, Ardón dijo: «Recuerde que una vez que se derogó, esto tiene que pasar a una comisión de estilo para que le dé la última revisada, para que la redacción vaya correcta y habría que hacerle algunas incorporaciones [de cómo debe hacerse la desclasificación] de lo que surgió de la discusión en el pleno», explica.

Ardón, por otro lado, dice que hay información que no debe revelarse, por ejemplo, no puede ser público dónde están ubicados los satélites para monitorear las aeronaves que pueden ser utilizadas para el tráfico de drogas, así como los planes estratégicos para luchar contra el crimen organizado. 

«Esos planes se mantienen en reserva, pero ya la propia ley dice que cuando estos planes se dejan de utilizar, se tornan públicos. Existe una periodicidad que le va a permitir a las instituciones analizar qué sí y qué no debe de ser público. Pero todo lo que tiene que ver con gasto debe de ser público, eso no es discutible ni negociable con ninguna institución», explica.

La comisionada de policía en condición de retiro y exdiputada María Luisa Borjas le dijo a Contracorriente que en todos los países hay secretividad en asuntos que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero en Honduras, se abusó de ese principio y se utilizó la ley de secretos para aplicarlo en todas las instituciones.

«Con esto lo que pretendían era tapar todos los actos de corrupción que se han venido dando en el gobierno anterior, porque el pueblo tiene derecho de conocer en qué se están invirtiendo los fondos del Estado», dice Borjas.

«La implementación de la tasa de seguridad fue impuesta a todos los hondureños que manejamos nuestras cuentas de ahorro, desde ahí viene un abuso de autoridad, pero fue superlativo el hecho de no dar cuenta de un dinero que ni siquiera provenía del presupuesto del Estado sino de los bolsillos de los hondureños», agrega la comisionada.

Un primer paso para el combate contra la corrupción

La vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, junto al presidente del Legislativo, Luis Redondo, participan de una sesión en Tegucigalpa, Honduras. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, quien presidió la comisión de dictamen para derogar la Ley de Secretos, dijo a Contracorriente que esta era un obstáculo para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Añade que fue por eso que en la discusión para derogar esta normativa estuvieron actores como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la coalición contra la corrupción, la coalición contra la impunidad, el fiscal Luis Javier Santos, entre otros.

Fátima Mena expone que la Ley de Secretos no solamente ocultaba información a la ciudadanía, sino que además era imposible que la misma institucionalidad pública pudiera acceder a ella, incluyendo al propio Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas, entre otros órganos contralores del Estado.

Además, Fátima Mena confirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recibió presiones para no derogar esa ley. «Luis Redondo manifestó que hubo presiones para que no se derogara la ley o para que solo le hicieran modificaciones». No obstante, ni Fátima Mena ni Luis Redondo dieron a conocer de dónde provenían estas presiones.

Como uno de los obstáculos para judicializar casos de corrupción ha sido que el Ministerio Público no puede acceder a información pública clasificada, la vicepresidenta del Congreso sostuvo que durante el gobierno de Xiomara Castro se dejarán claras las funciones que tendrán las instituciones que combatan la corrupción y, por otro lado, las atribuciones que tendrá el IAIP, esto para evitar que nuevamente se oculte información a los fiscales hondureños.

Mena asegura que la semana anterior presentó ante la Junta Directiva del Congreso Nacional un proyecto para realizar una reforma constitucional para garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y además para elevar a rango constitucional al IAIP.

El ejemplo de la anterior Casa Presidencial 


Esta semana, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declararon sin lugar una petición que fue realizada en mayo de 2021 por el excoordinador general de Gobierno, Carlos Madero, quien pidió mantener bajo secreto los gastos de la familia presidencial, en este caso, los gastos personales del núcleo familiar de Juan Orlando Hernández.

El IAIP explica que le pidieron a la Coordinación de Gobierno ser más explícitos sobre qué información pedían declarar en reserva. Ante el silencio, en noviembre pasado el IAIP declaró sin lugar la petición de reservar la información en vista de que la Coordinación de Gobierno no pudo argumentar a qué gastos se referían y nunca aclaró si los gastos que pedían ocultar eran cubiertos con el presupuesto general de la República o si eran gastos cubiertos con fondos privados. Es decir, con el dinero del expresidente Juan Orlando Hernández y de su núcleo familiar o con fondos del Estado de Honduras.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) protege los datos sobre el patrimonio personal, sin embargo, establece que los funcionarios públicos están en la obligación de reportar los gastos que hagan con recursos del Estado.

El Director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis Daniel León, expone que cuando se aprobó la ley de secretos, esta tenía dentro de sus características la obligatoriedad de que la ley de transparencia y el mismo IAIP debían aprobar lo que se iba a clasificar, pero explica que, al momento de ejecutar esa ley se produjo la arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos que declararon la información como seguridad nacional y la ocultaron.

«Ahora con la derogación se da la oportunidad de conocer cuál es esa información que se ocultó, ¿qué fue lo que se escondió? Es evidente que esta ley lo que buscaba es blindar las posibles acciones de corrupción que se daban en el gobierno, vetándolas hasta [por] 20 y 30 años de secretividad», argumentó León.

«La Policía Nacional argumentaba seguridad nacional para no decir en qué gastaban los combustibles y la alimentación para operativos, porque decían que los delincuentes no podían saber dónde iban a ejecutar el operativo, pero una vez ejecutado el operativo ya no había necesidad de ocultarlo, sin embargo, lo ocultaban. Lo que se hizo fue un uso excesivo para cubrir las malas acciones que se hacían en el gobierno», sostiene León.

León dice que de nada sirve si la derogación de la Ley de Secretos solo queda en opiniones. «Ahora el asunto no solo pasa por conocer lo que pasó, sino por ver la capacidad de investigación, requerimiento fiscal y judicialización».

Por: Antonio Gutiérrez

Héctor Rodríguez, de 50 años de edad, comenzó a tomar fotografías en 1990. Desde entonces se ha dedicado a ganarse la vida capturando momentos en el centro de San Pedro Sula. Todos los días viaja desde la colonia Nuevo San Juan, ubicada en la ciudad de La Lima, Cortés, en donde las tormentas tropicales Eta y Iota dejaron bajo el agua a toda la ciudad en noviembre de 2020. «Treinta años de mi vida se me fueron en tres días. Cuando se terminaron las tormentas, al llegar a mi casa y ver que no había nada que rescatar más que unas sillas de plástico, me senté a llorar porque lo perdí todo». 

Héctor toma fotografías instantáneas en el Parque Central de San Pedro Sula. Dice que gracias a su oficio pudo construir su hogar y criar a sus hijos, quienes ahora son mayores de edad. Añade que para los inicios de la pandemia en Honduras, en marzo de 2020, fue complicado llevar el sustento a su hogar. Por la cuarentena y el cierre del comercio, no hubo flujo de personas en las calles, los centros de educación cerraron y no había viajeros que quisieran fotos de recuerdo. 

Su herramienta de trabajo es una cámara Nikon D7000, con la que hace fotos en el parque sampedrano, así como en bodas, cumpleaños y hasta en carnavales. Siempre imprime las fotos inmediatamente después de tomarlas, de esa forma ofrece un resultado rápido a sus clientes. 

Héctor ha sentido una disminución en sus ingresos desde el apogeo de la tecnología, que evidentemente ha cambiado el rumbo de su oficio. Afirma que muchas personas prefieren hacerse sus fotografías con el móvil, aunque estas no tengan la misma calidad. Dice que ha notado mucho interés en la juventud por aprender fotografía, lo cual él ve positivo aunque lo afecta en sus ingresos. 

En el Parque Central sampedrano también hay otros que se ganan la vida como Héctor. Esperan pacientemente que alguien quiera sacarse una foto. «Hay que estar al tiro», dice Héctor, quien ve en ellos la competencia cada vez que ve pasar a un potencial cliente al que intenta ofrecer sus servicios: 70 lempiras por un paquete de 6 fotografías (2.85 dólares). Aunque no da una cifra de cuánto gana mensualmente, él dice que le va muy bien, ya que su trabajo depende del flujo de personas que por fin vuelve a incrementarse mientras bajan los casos de COVID-19 en la zona norte. A más de un año de las inundaciones, dice haberse recuperado de la pérdida de casi todas sus pertenencias.

Texto: Nelson Camilo Sánchez
Fotografía: CC/Archivo

«Logramos la liberación de nuestros compañeros, nos falta ahora liberar el río». Con estas palabras respondió una habitante de Guapinol en una entrevista realizada por un medio de comunicación comunitario el día de la liberación de seis pobladores de la zona, quienes habían sido detenidos por más de 29 meses en el centro penal de Olanchito, en el norte de Honduras. 

El jolgorio que vivía la comunidad no era exagerado. Después de casi tres años de un carrusel de decisiones judiciales —en las que se negaron sistemáticamente todos los argumentos de la defensa de los ambientalistas—, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había no solo ordenado su liberación, sino que el caso se cerraba definitivamente. 

Como expuso la CONADEH, la liberación de los ambientalistas es «una conquista justa, aunque tardía, que deja en evidencia como la lucha por la preservación del medio ambiente es y seguirá siendo una causa legítima». Una conquista que se logró gracias al trabajo sin descanso de la comunidad, los abogados de la defensa, y un grupo muy activo de organizaciones de derechos humanos en Honduras y fuera de ella. Pero no es una victoria completa. No solo porque estas tardías decisiones no podrán borrar del todo el padecimiento de quienes injustamente estuvieron privados de su libertad y el dolor de sus familias; sino por que, además, los orígenes del conflicto y las afectaciones subsecuentes ocurridas en Guapinol son solo una muestra de patrones comunes en Honduras y en Centroamérica. 

El caso Guapinol puede ser usado como un lente para ver las falencias de la institucionalidad democrática de Honduras en al menos cuatro aspectos. 

El primero es el de la torpe gestión de los conflictos socioambientales en el país. Conflictos que se han generado a partir de políticas que privilegian proyectos extractivos a costa de los derechos de los pueblos y de los recursos ambientales. Conflictos que, luego, se transforman en confrontaciones violentas debido a la falta de transparencia de la administración, al actuar de funcionarios corruptos que, en lugar de hacer cumplir las leyes, se convierten en administradores de negocios privados y del uso de la fuerza pública contra las comunidades que protestan de manera pacífica y organizada. 

El segundo patrón que se desvela de este caso es el uso del aparato criminal del Estado para perseguir a quienes defienden sus derechos y los recursos ambientales. Las irregularidades del proceso fueron tantas que tendría que convertirme en columnista regular de este espacio para contarlas todas. Un Estado debe ejercer la acción penal para propender por la verdad y reducir el daño que hubiera podido causarse con un delito. Pero en este caso se vio todo lo contrario: un proceso penal iniciado para causar daño y con ningún interés en investigar los hechos y llegar a la verdad. Trágicamente en este caso la Fiscalía y el poder Judicial siguieron la máxima de la injusticia que dice «se detiene para investigar», en lugar de investigar para detener. 

En tercer lugar, los distintos poderes del Estado ni supieron —o no quisieron— usar las herramientas que les facilitó la comunidad internacional para solucionar el problema que ellos mismos habían creado. Expertas y expertos internacionales de los más variados temas formularon recomendaciones precisas y ejecutables que le daban una guía al Estado hondureño para salir del embrollo. Sin embargo, durante todo el caso, el poder Judicial —y el poder Ejecutivo durante el Gobierno anterior— tomaron la ayuda técnica internacional como un insulto. La ignorancia del derecho internacional fue casi tan grande como el cinismo de muchos funcionarios. Recuerdo, por ejemplo, una funcionaria de Gobierno que dijo en una reunión que no podía hacer nada para implementar la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias porque eso sería violar la independencia del poder Judicial. 

Finalmente, las últimas dos semanas del proceso penal son la viva muestra de lo que sucede cuando la resistencia a la justicia se aprovecha de las marañas de una burocracia judicial que no acostumbra a rendirle cuentas a la sociedad. Los funcionarios judiciales lograron extender el castigo de los ambientalistas mediante una suerte de paseo judicial del expediente por dos semanas. De tribunal en tribunal, de corte en corte, tuvo que viajar el expediente recolectando sellos y firmas innecesarias. Si se le comparara con la agilidad mental del poder Judicial hondureño para inventar trámites innecesarios y trabas burocráticas, el novelista Franz Kafka —célebre por sus novelas donde muestra el absurdo de la burocracia judicial— si acaso alcanzase a ser un practicante.

Esto no significa que no haya que celebrar la tremenda victoria de la comunidad de los ríos de Guapinol y San Pedro. Por el contrario, le da más mérito al tremendo trabajo del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y del Bufete Jurídico de los Pueblos de Honduras. Fue una lucha de David contra un Goliat asistido por un nutrido ejército de minions burocráticos. 

Pero aquí es donde volvemos a las sabias palabras de la lideresa comunitaria. La tarea está lejos de ser completada. Y no es solo la liberación del río lo que urgentemente hace falta. Este nuevo Gobierno de Xiomara Castro, que ha iniciado labores con pasos muy importantes, no solo en el caso de Guapinol, sino por ejemplo con la declaración de moratoria de la minería a cielo abierto, debería tomar nota de la historia de Guapinol. Retroceder la película y ver con detalle estos últimos tres años podría ser muy útil para quienes quieren ejercer un poder público que sirva a la gente y no a los intereses privados.

La exrepresentante del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, ahora titular de la Secretaría de Finanzas, reveló que el presupuesto aprobado por el Gobierno de Juan Orlando Hernández es falso y ha sido fuente de corrupción para el pago de funcionarios. En contraposición al informe del gobierno actual, Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) y exsecretario de Finanzas en administraciones anteriores, asegura que la emergencia fiscal, declarada hace unos días, no tiene sustento ya que aún existe dinero de préstamos solicitados previamente.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

«Este presupuesto es falso, no refleja la verdad y es fuente de corrupción», manifestó la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, en una conferencia de prensa el pasado 23 de febrero, en la que presentó la primera parte de un informe que revela la situación financiera de Honduras después de la administración de ocho años del expresidente Juan Orlando Hernández.

Uno de los puntos que se destaca en este informe financiero es el supuesto desvío de L 168 mil millones (6,888 millones de dólares) cuyo paradero se desconoce. 

Adicionalmente, la ministra agregó que L 400 millones (aproximadamente 16 millones de dólares), se extrajeron de la Tesorería General de la República (TGR) un día antes de la toma de posesión de la actual presidenta Xiomara Castro para beneficiar a 60 funcionarios de la administración anterior con el pago de prestaciones laborales realizadas de forma arbitraria, y, además, mencionó que 10 empresas —no mencionadas hasta el momento— recibieron más de mil millones de lempiras en exoneraciones en el año 2020. Solo una de estas empresas fue beneficiada con la exoneración de L 360 millones ese mismo año.

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el año 2009 fue de L 64 mil 290 millones. Para el año 2021, el último año de Juan Orlando Hernández, el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue de L 228 mil 871 millones.

«El presupuesto para el 2022 es de L 308 mil millones , o sea, más de 12 mil millones de dólares, fue formulado y aprobado por el régimen de Juan Orlando Hernández en diciembre del año pasado después de perder las elecciones. La administración pasada maquilló cifras, incluyó programas y proyectos sin estudios de endeudamiento y no cabe duda de que fue elaborado de manera impúdica y descarada con conocimiento de que a partir del 27 de enero iniciaba la nueva administración que requería de su propio presupuesto para cumplir el proyecto por el cual el pueblo votó», manifestó la ministra de Finanzas.

Por otra parte, Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central (BCH) quien también fue nombrado ministro de Finanzas el año 2012 durante el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y permaneció en ese puesto hasta el 2018, aseguró que el informe presentado por Rixi Moncada tiene inconsistencias sustanciales.

Cerrato aseguró que en ese informe no están detallados los desembolsos procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) depositados en la TGR durante los años 2020 y 2021. El expresidente del BCH detalla, respaldándose en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que en las arcas del Estado quedaron L 10, 650 600 millones hasta el 30 de diciembre del año 2021, contrario a lo publicado en el informe de la ministra de Finanzas, según el cual solo quedaron L 800 millones en caja.

Wilfredo Cerrato indicó que las cifras contenidas en el informe de Moncada no son reales debido a que, un día después de la conferencia de prensa del 24 de febrero, a la cuenta de la Tesorería General de la República (TGR) entraron L 616.4 millones para el uso de la administración central. Con esto el exfuncionario explicó que, de tomarse en cuenta ese día, en la cuenta de la TGR habría más dinero que el detallado por Rixi Moncada.

«El 24 de febrero, día después de la conferencia de prensa, ya habían L 11, 209 millones, es decir, L 559 millones más de lo que había el 30 de diciembre del año pasado», aseguró Wilfredo Cerrato. Además, el exministro manifestó no saber nada sobre las 10 empresas beneficiadas con la entrega de exoneraciones por la administración anterior, tampoco sobre los funcionarios favorecidos con este presupuesto.

El economista Claudio Salgado destacó que la administración anterior no entregó ningún informe financiero por escrito. «Según me confiaron algunos miembros de la Comisión de Transición, lo expuesto por la administración anterior en materia financiera solo fueron presentaciones, nunca un documento oficial», indica el analista.

Salgado añade que es importante saber que en los informes financieros las cifras van y vienen y que los estados contables dependen de la fecha en que son emitidos. «Esto es lo que sucede a la hora de rendir cuentas sobre el estado financiero de la Tesorería General de la República (TGR). El verdadero estado de las cuentas de la TGR solo lo podrá determinar una auditoría forense», añadió Claudio Salgado.

El expresidente del BCH, Wilfredo Cerrato, tampoco se refirió a la deuda flotante no incluida en el presupuesto de la República, aprobado antes de que tomara posesión la presidenta Xiomara Castro. En ese sentido, Claudio Salgado recalca que el endeudamiento mencionado por Wilfredo Cerrato, no incluye la alta tarifa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), deuda que ronda los L 60 mil millones.

«Después de 12 años de desastre, hay que comenzar por algo, y obviamente lo que ella señala [Rixi Moncada] y las acciones que se van a tomar a mí me parecen correctas, ya que el gobierno está en muchas dificultades financieras. Sin embargo, de la noche a la mañana no se va a resolver todo lo que la ministra señala, ya que es un periodo [de gobierno] para revisar todos los fideicomisos. Además, se debe tomar en cuenta si la información de la administración previa aun existe o si pudo haber sido eliminada», expresa el economista Claudio Salgado.

Kilvett Bertrand, líder del Partido Nacional, dijo que no se debería adjudicar al Partido Nacional el que haya funcionarios pertenecientes a ese partido entre los 60 beneficiados con el pago arbitrario de prestaciones laborales, tal como lo señaló el informe presentado por la ministra de Finanzas. «El partido es una institución de personalidad jurídica, no es una persona natural y no puede responder por las acciones individuales. Al final del día lo que se tiene que hacer es investigar este tema y que se deduzcan las responsabilidades, pero si esta tambien votado en el Congreso Nacional en el que hubo una representación de todos los partidos politicos tambien creo que hay mucha tela que cortar por ahí», agregó Bertrand.

Además, el nacionalista expresó que Wilfredo Cerrato «dejó muy en claro que lo dicho por Rixi Moncada recientemente carece de verdad y carece de terner un verdadero conocimeinto de lo que es el area financiera de un pais. Nos preocupa mucho porque el riesgo de país subió casi un 80% cuando estamos viendo que esto le va a costar miles y millones de lempiras a hondureñas y hondureños, no al Estado, no al Gobierno, sino que a los hondureños y hondureñas».

Emergencia fiscal: única alternativa para rescatar el país asegura el Gobierno actual

La declaratoria de emergencia fiscal, aprobada el pasado 15 de febrero por el Congreso Nacional, fue una de las primeras iniciativas de ley enviadas desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a través de la secretaría de Finanzas al mando de la abogada Rixi Moncada.

A través de esta emergencia fiscal se pretende recuperar las finanzas del Estado de Honduras y así poder solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta iniciativa de ley, argumenta el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, es necesaria debido al estado financiero del país y porque no se tiene el dinero para que las instituciones del Estado operen debidamente.

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«El déficit nos obliga a acudir a la banca para que nos financie préstamos hasta por 2 mil 600 millones de dólares», manifestó la ministra de Finanzas, refiriéndose a la necesidad de declarar en emergencia fiscal y financiera al Estado hondureño. Además, mencionó que la Secretaría de Finanzas no tiene el registro del gasto de salarios, viáticos, consumos, transferencias del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo de la presidencia pasada, así como del Ministerio Público y de otras instituciones.

«Por eso, Ministro de Salud y Ministro de Educación, por más llamadas que me hagan, no tengo dinero de donde pagar los empleados, no hay para pagar las planillas», indicó Rixi Moncada, ante las manifestaciones del personal magisterial y de la salud, exigiendo el pago de planillas y plazas otorgadas por el Gobierno anterior. A esto se refirió el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, en una entrevista previa para Contracorriente, en la que explicó que su equipo trabajaba ad honorem, debido a que en estos momentos «es imposible el pago de prestaciones a empleados de la administración anterior y el pago de salarios a trabajadores del Gobierno actual».

Ante esto, la ministra de Finanzas asegura que la situación financiera es un desafío para la administración actual, pero es superable, siempre y cuando se adopten las medidas y los distintos sectores de la sociedad entiendan el momento que se vive como país y se encuentren las soluciones al respecto. «Ayer entraron a caja L 9 millones, los requerimientos solo para pago de salarios en Educación andan L 140 millones y en Salud, hasta el día de ayer, estaba cargado por L 40 millones», puntualizó la ministra.

Del mismo modo, Rixi Moncada explicó que en el presupuesto aprobado para el presente año se contemplan L 2, 300 millones en transferencias a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y a entes beneficiarios, y que en el mismo presupuesto no se contempla cómo cubrir el pago de prestaciones ni derechos laborales de los trabajadores, ni tampoco desastres naturales ni epidemias.

«Hoy, el Banco Central, dirigido por la licenciada Rebeca Santos en el directorio y gracias al decreto de emergencia financiera que aprobó el Congreso, ha aprobado por unanimidad los fondos por casi L 19 mil millones para poder inyectar la caja, no para derrocharlos sino para empezar a cumplir de forma ordenada las obligaciones», aseguró en la conferencia de prensa la ministra.

Rixi Moncada detalló que, entre el 3 y el 26 de enero de este año, la Tesorería General de la República (TGR), «violentando todas las normas legales y el orden de prelación», realizó pagos por L 6, 976 millones a programas proveedores seleccionados políticamente, entre ellos, los de la Vida Mejor, dejando deudas de pagos por más de 45 días que superan los L 3 mil millones y dejando también una deuda flotante de L 12 mil millones.

Además, agregó que la Tesorería General de la República es una caja vacía en este momento, en vista de que pagó alrededor del 54% del total de la deuda flotante acumulada en 2021, lo cual dejó a la secretaría de Finanzas sin fondos para pagar el mes que se vence por los salarios a los maestros y al personal de salud en primera línea. «No hay de dónde, hay que recoger diario, pagar a diario y por partes», indicó.

Wilfredo Cerrato durante una conferencia ante los medios de comunicación negando las acusaciones de Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas.
Wilfredo Cerrato durante una conferencia ante los medios de comunicación negando las acusaciones de Rixi Moncada, actual ministra de Finanzas. Foto CC/Fernando Destephen

Contrario a esto, Wilfredo Cerrato aseguró que declarar en emergencia fiscal al país le costará L 1, 428 millones anuales a los hondureños, y que, además, luego de la declaratoria de emergencia fiscal y después de las declaraciones de Rixi Moncada, la prima de riesgo de Honduras pasó de 3.24% en diciembre de 2021 a 5.42% actualmente (febrero 2022).

«Después de la declaración de emergencia fiscal, la prima creció a 3.87%, y después de la conferencia de ministra ascendió a 5.42%. Así identificaron los mercados locales e internacionales el cierre de la conferencia. Esto le va a salir caro a cada ciudadano, esas declaraciones que no han sido correctas y la declaratoria de emergencia sin necesidad», manifiesta el expresidente del BCH.

Además, Cerrato afirmó que esta declaratoria de emergencia fiscal traerá más endeudamiento al país, ya que los L 25 mil millones (aproximadamente 2 mil millones de dólares) se aprobaron sin haber utilizado el endeudamiento que ya estaba autorizado en el presupuesto de la República, que son L 51 mil millones. «Declaramos emergencia fiscal habiendo dinero en la caja», sostiene el exministro de Finanzas, quien señala que la deuda actual, luego de la declaratoria de emergencia fiscal, aumentó a L 100, 443 millones.

Conforme a lo anterior, el economista Claudio Salgado aseguró que las aproximaciones de Wilfredo Cerrato no son más que una presunción, debido a que, para saber si los hondureños pagarán más debido a este endeudamiento, se tiene que corroborar si los valores se mantienen o cambian una vez se tenga que pagar.

Fideicomisos, Alianzas Público Privadas y nuevas medidas en las finanzas del país

Otro de los puntos que más se destacaron durante la presentación del informe financiero fue el de los fideicomisos. La funcionaria Moncada detalló que en diciembre de 2021, después de las elecciones, la TGR transfirió a los bancos fiduciarios un monto de L 2, 200 millones conforme a las actas de los comités técnicos. Entre ellos están los fideicomisos pagados para infraestructura vial, para promover y fortalecer el deporte, para la comisión administradora de la zona libre turística de Islas de la Bahía, para la conversión del sistema de carburación y uso de combustibles, para construcciones y fideicomisos para otros servicios.

Además, manifestó Moncada, el dinero de estos fideicomisos no entra a la caja de la cuenta única del tesoro y algunos de los mencionados anteriormente pasan solo dejando la huella que evidencia la descapitalización de la cuenta única, disminuida en su capacidad para enfrentar los compromisos del Estado. «Entre ellos está el fideicomiso en BAC Credomatic y los hospitales móviles, un contrato para infraestructura vial que vence en el año 2045 y está constituido como garantía de un préstamo sindicado con participación de varios bancos en la adjudicación. El comité lo integra INVEST-H, la Secretaría de Coordinación de Gobierno (que lo preside), Finanzas, Desarrollo Económico, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Comité Hondureño de la Empresa Privada (Cohep)», puntualizó la ministra.

«Para esto, el 19 de marzo y el 2 de abril del año anterior se ordenaron los F01 de los hospitales móviles, pero el pago de los L 100 millones no lo hizo ni pasó por Banco BAC, lo hizo la Secretaría de Finanzas (Sefin) directamente al beneficiario en Estados Unidos a través del Banco Central en dólares. Aunque esta operación la pagó la Sefin, presupuestariamente está registrada como inversión en fideicomiso y no como hospitales móviles, la responsable de este pago fue la Sefin directamente, ningún tesorero va a hacer el pago sin orden del ministro, máxime por L 1,100 millones de lempiras», explicó la ministra, quien agregó que cada uno de estos fideicomisos serían revisados para determinar si cumplen con la responsabilidad civil, administrativa y penal.

En el caso de las Alianzas Público Privada (APP), la ministra de finanzas las calificó como una «desgracia de este país» y aseguró que forman parte del modelo de corrupción de Honduras. «Las APP recaudaron más de L 40 mil millones bajo este esquema evasor de la Ley de Contratación del Estado. Sefin no quiere ese pozo de corrupción, Sefin tiene otra finalidad desde el punto de vista constitucional y no administrar la corrupción dejada por las APP», indicó. También agregó que los contratos de APP ahora deberán ser revisados y auditados para determinar responsabilidades y demandas y reclamos administrativos, ya que las demandas y reclamos contra el Estado deben trasladarse a la Procuraduría General de la República (PGR).

Señaló que 11 proyectos fueron adjudicados, pero que estos conllevan concesiones por más de 30 años. En estos proyectos está incluido el fideicomiso de la Empresa Energía Honduras (EHH) y el del Aeropuerto Palmerola. Con los 11 proyectos mencionados al principio, el Estado recibió reclamos por 630 millones de dólares, los cuales hasta el momento se han tramitado, de acuerdo a sus contratos, en espacios relativos a la justicia, mismos que ya fueron pagados a través de la transferencia de más de 2 mil 200 millones de dólares al Poder Judicial. «No tenemos ninguna duda que los proyectos APP son fuente de corrupción y fueron diseñados para eludir las restricciones presupuestarias y posponer el registro de los costos fiscales exponiendo a las finanzas públicas a riesgos excesivos», puntualizó la ministra.

A ninguno de estos temas se refirió el expresidente del Banco central, Wilfredo Cerrato, en su conferencia de prensa.

La promesa de declarar a la ENEE patrimonio nacional

El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también salió a relucir en la conferencia de prensa de la ministra de Finanzas. La ministra reveló que la deuda de la ENEE supera los L 76 mil millones y que tiene una pérdida del 33%. «Es importante que el pueblo sepa que cuando se habla de pérdidas de la ENEE se habla de pérdidas del pueblo, el 15% de esas pérdidas lo pagamos todos por disposición de la ley y el resto lo pierde directamente la ENEE y equivale a L 6 mil millones anuales», indicó.

«La ENEE ha sido destrozada y está en la peor de sus crisis, pagando 88 contratos de generación de energía con los precios más caros de la región avalados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) con concesiones sobre el aire, el sol y el agua por 10, 12 y 20 años, y que el 57% de estas concesiones vence en 2037 y el resto en 2046. A lo anterior se suman los beneficios otorgados a través de exoneraciones. Es probable que muchos no estemos en esa fecha, pero toca ahora tomar decisiones como que vamos a estar», puntualizó la abogada Rixi Moncada.

Además de declarar a la ENEE «patrimonio nacional propiedad del pueblo hondureño», la ministra declaró como «lesivo para el Estado de Honduras» el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH), el cual establece reducir las pérdidas de la ENEE en un 15%, las que ya rondan un 38%. También exigió a la estatal energética presentar un plan para reducir las pérdidas en el sector energético y reformar la ley de industria eléctrica para construir la represa Jicatuyo y los Llanitos.

Entre otras medidas que tomará el Gobierno en materia financiera que fueron mencionadas por la ministra Moncada está la reformulación del presupuesto, planteado por los ministros de varias secretarías y dentro del cual estará la merienda escolar, un bono tecnológico, matrícula gratis, reparación de centros de educación y la reconstrucción de la infraestructura dañada por ETA e IOTA.

Además, entre las medidas mencionadas, la abogada Rixi Moncada hizo hincapié en que se deberá presentar un plan de pago de la deuda pública ante la banca privada y los organismos financieros internacionales, eliminar el monto de salario que exceda lo asignado en el presupuesto para el salario de la presidenta que nominalmente es de L 137, 600 quedando en L 95,750 lempiras por las deducciones, así como subastar, junto a otros bienes públicos fuera de uso, el avión presidencial. 

Luego de revelar el estado financiero de Honduras —cosa que no se hacía en 12 años— el siguiente paso para la administración actual es sentar las bases de la transparencia y rendición de cuentas, señalar a los culpables por el manejo de fondos estatales y lograr un consenso entre la parte empresarial y el Estado, pensando más allá de 4 años.

Texto: Juan Ramón Molina
Ilustración: Candy Carvajal

Cuando ella le llevó el almuerzo —un plato de cocido hecho de prisa— aguardaba él a la reja, agarradas las manos a los barrotes. Era un mocetón membrudo, tirando a rojo, de mandíbulas fuertes, velloso como un perro de aguas, de barba viril. Un macho como pocos.

La hembra se acercó, rimando con las caderas, de amplio paréntesis, la estrofa del amor carnal. Era de mediana estatura, trigueña, rica de carnes, fresca como una sandía. Terciado el pañolón café, haciendo chillar los botines, pasó entre los soldados, despidiendo de su enagua una brisa ardiente y perturbadora, impregnada de perfumes baratos.

–Chico –dijo ronroneando la voz como gata–, aquí está el almuerzo.

–¿Por qué has venido tan tarde? –replicó el reo con una voz entre áspera y dulzona.

–No pude estar antes. Tengo mucho que hacer.

–¡Mentiras! Es que vivís entretenida con ese tinterillo. Ya sé que me seguís engañando. Pero ve, por Dios –e hizo una cruz con la diestra y la besó– que te doy una lección cuando salga de este enchute. Y lo que es a él…

Aquí la cara del Chele hizo un gesto feroz, enarcándose las pobladas cejas de sus ojos atigrados.

–A él –siguió iracundo– lo degüello con éste–. Y a hurtadillas de los soldados sacó un cuchillo, no se sabe de dónde, terriblemente afilado –. Lo degüello, ya lo sabés.

En la faz de la mujer se pintó una mezcla de miedo y de odio. Ésta, de repente, tiró al suelo el almuerzo, alejándose de la reja.

–Oíme, Negra –gimió él, arañando los barrotes–; oíme un momento.

Mas ella, caminando precipitadamente, como a pequeños saltos, ganó la entrada de la guardia.

–Oíme, Negra, oíme, te lo suplico. Parate un poco.

Ella iba a desaparecer, zangoloteando la pulpa de las redondas posaderas; mas de pronto se volvió, gritando con voz irritada, escupiendo las palabras.

–¡No, no vuelvo, entendelo! Quedate en la jeruza para siempre. Ya no quiero más guazangas con reos… ¿Lo oís? Con reos, porque tengo hombre que me dé. Y me da aritos: ¡Velos! Y pañolón: ¡Velo! –y descubrió el busto, agitando al aire el trapo, mientras sus ubres, sudorosas por la emoción, temblaban en la camisa como si fuesen de gelatina–. Y botines… ¡Miralos! –y enseñó el calzado amarillo, sobre el que caía la media azul, mostrando al mismo tiempo algo de la carnosa pantorrilla, con una suave vellosidad de durazno. Luego, volviéndose el fuste desdeñosamente, desapareció.

–¡Templada la Negra! –dijo el cabo cuando se fue, entre las carcajadas de los soldados.– Y qué… –e hizo una seña de masonería indecente, que produjo otra explosión de risas.

Chico Ramírez, alias El Chele, volvióse más taciturno desde entonces. Arregló su manutención con la mujer de otro presidiario, pasándose las horas fumando cigarrillos de tusa, o viendo obstinadamente al suelo. No pensaba más que en Tomasa, en La Negra, acordándose del día en que se la trajo robada, como dicen, de Cedros.

La muchacha, que era más ardiente que una cabra, cedió a sus primeras proposiciones, viniéndose a Tegucigalpa con él, donde sentó plaza de inspector de policía. Luego lo echaron del puesto, porque un día que estaba de malas pulgas, con la clava le abrió la cabeza a un borracho que le echaba mueras al gobierno, sin querer caminar. Así se encontró sin empleo, viviendo con la amasia en un cuartucho de La Plazuela.

Pero la quería, a pesar de las sopapinas que le daba en sus jumas, antes de sumergirse en sus letargos comatosos, y concibió el plan de llevársela a la Costa Norte, a probar fortuna. Ella, al saberlo, dijo que no, que no y que no.

–¡Ah! –exclamó Chico, furioso–; es que estás emberrinchada con ese maldito estudiante. Pues sabé una cosa: si los hallo juntos, por estas cruces, que los mato a los dos: por éstas. Y me largo en seguida a rodar tierra, mientras te podrís.

Y un día les halló, en el quicio de una puerta, sobiqueándose y besuqueándose. Sacó el cuchillo, echando más jotas que un carretero; pero solo logró darle al mozalbete un rasguño, así de un jeme, porque el tal huyó con piernas de venado. Capturó la policía al Chele, y como el otro sabía de intríngulis de Derecho, dio con él en la penitenciaría, condenado a dos años y meses de cárcel. Más de un año no supo de la Tomasa, de La Negra.

–Ya se endamó con otro– decían los reos, hurgándole, sin que dijese nada, porque sabía que era ciertísimo. –Las mujeres así, Chele, no pueden vivir sin hombre– le soltaba un veterano del crimen, encanecido en la cárcel, que tenía un rayón desde un ojo hasta el hocico, donde no faltaba la magalla apestosa.

–No pensés en esa gallina –seguía mansamente–; no pensés y consolate. Por cada peso falso, hay cien mujeres que solo falta que les digás: «¡Adiós, cosita!», para llevárselas uno.

Pero el Chele, ni por esas. La amada de un modo animal, a lo bestia en celo, aumentando su pasión la forzosa castidad de la cárcel. La quería siempre, acordándose de todo lo que le había hecho sufrir y gozar. Cuando cumpliese su condena iría a verla, perdonándola. ¿Cómo perder aquel cuerpo que le había hecho vibrar como una guitarra? «Mía o de nadie», pensaba Chico, contando los reales ahorrados.

El día en que cumplió su condena, lloró de gozo. Diéronle la libertad a otros dos reos, y celebraron el acontecimiento en un estanco de La Ronda, bebiéndose la cuarta parte de un garrafón. Iba a salir, dando traspiés, cuando pasó frente a él un joven, en el que reconoció a la luz del farol, a su odiado rival.

¿A dónde iba? A verla, seguramente. Pidió una botella de aguardiente, bebiósela en seis tragos, y, haciendo eses, golpeándose contra las paredes, trató de dar alcance al muchacho. Caminaba frenético, embrutecido. Le alcanzó a los pocos minutos. Sí, era él. ¿Conque la Tomasa –iba pensando, en su cabeza sudorosa, llena de alcohol– prefiere a este tipo amujerado, a este chancletudo sinvergüenza, y desprecia a un hombre como el Chele? Ya vería esta tal; ya vería. Los mato, por Dios que los mato. No lo despacho ya, porque quiero acabar con los dos. Sí, con los dos.

Diluviaba ligeramente. El estudiante, sintiéndose seguido, apresuró el paso; mas El Chele, aunque completamente beodo, le seguía a grandes zancadas. El otro echó a correr, ganando media cuadra, y se metió al cuarto de la Tomasa, de la Negra, que aplanchaba una camisa.

–¿Qué es?– dijo ella con susto.

–Un hombre me viene siguiendo: está bien bolo. Cerrá. (La puerta cerrose violentamente, en los momentos en que llegaba Chico).

–Abran –rugió empujando–. Abrí, maldita, ya te voy a enseñar. Decile a ese maricón que salga, si es hombre. ¡Abrí! ¡Aquí estoy, sinvergüenza! –y vociferaba insultos horribles.

La puerta, débil y carcomida, estaba para ceder a los esfuerzos del borracho, cuando éste, perdiendo la cabeza, rodó pesadamente sobre el empedrado, resbaloso a causa de la lluvia. A la media noche pasó una ronda, y el oficial, viendo aquel hombre tendido, encendió un fósforo. Tenía el rostro horriblemente desencajado, las uñas clavadas en las palmas de las manos, y en la boca medio oculta en la maleza de su barba rojiza, un copo de espuma sanguinolenta. Lo movió enérgicamente. ¡Estaba muerto!

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2022,busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Dos de los primeros beneficiados han sido el sobrino de la presidenta Xiomara Castro, Marcelo Chimirri, y el exministro Enrique Flores Lanza, ambos señalados por delitos de corrupción contra la administración pública. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, dos diputados del Legislativo debatieron con una exjueza de sentencia hondureña.


Texto: Daniel Fonseca

Fotografía: Fernando Destephan

El pasado 3 de marzo, Marcelo Chimirri —sobrino de la presidenta hondureña Xiomara Castro— fue librado de responsabilidad penal luego de guardar prisión desde 2018 después de ser acusado de tres delitos contra la administración pública cuando fue gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Al día siguiente, Enrique Flores Lanza, también ministro de dicha administración, recibió una carta de libertad en virtud de haber cesado la acción penal en su contra tras ser procesado por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude. En ambos casos, los órganos del Poder Judicial se apegaron a la Ley de Amnistía, aprobada a inicios de febrero de 2022 por el Congreso Nacional, como causa para extinguir los procesos contra estos dos exfuncionarios.

Esta amnistía aprobada por el Legislativo es parte de la «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan», contenida en decreto 04-2022 que tiene como objetivo condenar el golpe de Estado de 2009 y eliminar los procesos judiciales contra presos políticos, defensores del territorio y medio ambiente, así como a protestantes criminalizados durante las crisis políticas que ha experimentado el país en los últimos 12 años.

Sin embargo, dicha normativa también brinda una amnistía «amplia, absoluta e incondicional» a funcionarios del Gobierno de Zelaya que han sido señalados por actos de corrupción y crímenes comunes. Algunos expertos han catalogado esta ley como un «Pacto de Impunidad».

Los beneficiados

El ministro de la presidencia del Gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, se encontraba en Nicaragua, prófugo de la justicia, cuando la Ley de Amnistía se aprobó. Este exministro fue señalado por el Ministerio Público (PM) por los delitos de falsificación de documentos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude. Flores Lanza fue el protagonista del episodio conocido como «El Carretillazo», en el cual sustrajo 50 millones de lempiras en efectivo del Banco Central de Honduras para financiar el proyecto de la «Cuarta urna».

La denuncia fue realizada por el entonces ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero, y la fiscalía inició el proceso en su contra una semana después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Según declaró Flores Lanza, él no se quedó con este dinero, sino que lo distribuyó entre servidores públicos del Gobierno de Zelaya para la implementación de la Cuarta Urna. Entre ellos estaban Rixi Moncada, actual ministra de Finanza y Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, según declaraciones que Flores Lanza hizo en 2018.

Aparte de este evento, Flores Lanza fue señalado por el desfalco de más de 30 millones de lempiras al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Un juez de letras de lo penal le entregó una Carta de Libertad Definitiva de acuerdo al decreto 04-20022, extinguiendo la responsabilidad penal al exministro.

Marcelo Chimirri también es uno de los beneficiados por la amnistía. El exgerente de Hondutel fungió en este puesto durante el Gobierno de Zelaya, y en el 2017 fue condenado a nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, sumado a otros ocho años por abuso de autoridad y fraude. Tal como reveló un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSE), Chimirri no pudo justificar 16 millones de lempiras que obtuvo mientras era titular de Hondutel.

Entre los bienes que el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito le incautó se encontraron una mansión en Valle de Ángeles, siete cuentas bancarias, una hacienda en Santa Bárbara, una casa en el Distrito Central y dos vehículos de lujo.

Algunos jueces han interpretado el decreto de amnistía y han evaluado la solicitud, negando la aplicación de la misma para algunos casos concretos. Por ejemplo, este beneficio le fue negado a otras figuras señaladas por corrupción como el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, prófugo desde 2017 y acusado de malversación de fondos públicos, delito que presuntamente cometió antes del golpe de Estado.

A pesar de esto, algunos políticos consideran que la amnistía beneficia principalmente a la ciudadanía y víctimas de persecución política. El diputado del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos, aseguró que la amnistía beneficiaría a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 oponentes políticos; sin embargo, aún no hay datos oficiales respecto a protestantes y defensores del territorio cuyos procesos penales se hayan extinguido o se encuentren en proceso de extinción gracias a esta legislación.

Ley de amnistía causa incomodidad en el Legislativo y entre la ciudadanía

En un espacio de Twitter organizado por Contracorriente, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), doctora Ligia Ramos; el diputado por el partido Libre, abogado Ramón Barrios y la exjueza de sentencias, Gracia Bertrand, debatieron las diversas posturas que hay alrededor de la amnistía, su aplicación y alcance.

Según detalló la abogada Gracia Bertrand, la amnistía es un beneficio que se otorga a procesos abiertos —es decir, sin sentencia firme—;también señaló que la única figura jurídica que anula una sentencia condenatoria como la de Marcelo Chimirri o Rodolfo Padilla Sunseri es el indulto, brindado exclusivamente por el titular del Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro. «Este decreto de amnistía fue promulgado y sancionado inconstitucionalmente porque está violando el principio de independencia judicial y porque no se puede decretar amnistía en delitos en los cuales ya recayó sentencia condenatoria firme», mencionó durante el Twitter Space.

Además de ser considerados «cosa juzgada», los crímenes por los que son señalados los exfuncionarios de la administración de Zelaya no son delitos políticos, sino delitos comunes contra la administración pública, por lo que no podrían ser elegibles para una amnistía.

Por su parte, la diputada Ligia Ramos señaló una «falta de claridad» en el alcance de la legislación debido a que muchos términos jurídicos no están apropiadamente definidos tanto en el decreto, en el Código Penal ni en la Constitución. Ramos, quien fue parte de la Comisión de Dictamen, catalogó de «ensalada» la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, ya que incluía cuatros temas diferentes que debían valorar en sólo 24 horas.

«No puedo decir que estaba en contra del decreto, pero no estaba cómoda en la forma en que se aprobó», relató. La diputada, quien ha fungido como defensora de los derechos humanos, manifestó que sí existía una urgencia de aprobar la amnistía para estudiantes, activistas y ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta que han sido criminalizados y perseguidos políticamente como lo fue Rommel Valdemar, quien estuvo privado de libertad dos años por el delito de incendio agravado a título de cómplice en perjuicio de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa durante una manifestación en 2019. Valdemar fue puesto en libertad antes de recibir la amnistía.

A pesar de esta premura, Valdemar no es el único activista cuyo proceso termina antes de gozar de este beneficio. Los ocho defensores del río Guapinol, quienes estuvieron 29 meses en prisión preventiva por supuestos crímenes cometidos en la defensa de su territorio, fueron puestos en libertad gracias a un amparo que su defensa solicitó hace más de un año a la CSJ y que fue resuelto luego de que el tribunal de sentencia de Colón los encontrara culpables.

Según la doctora Ramos, existía confianza en que la ley no sería usada para darle impunidad a funcionarios corruptos de la administración de Zelaya debido a que iba a haber un acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), sin embargo, esta institución aseguró que ni Cofadeh ni SEDH certifican o extienden constancias a miembros de la administración 2006-2009 y que esa es responsabilidad directa de los tribunales.

A pesar de considerar urgente la aprobación de una amnistía, asegura que se le ha dado un mal uso al liberar a Flores Lanza y Chimirri de sus procesos. «No esperaba que los jueces la aplicaran en personas que ya estaban sentenciadas. Este decreto no es aplicable a esas personas»,apuntó.

Ramón Barrios, diputado de Libre, no comparte su opinión. «El decreto de amnistía favorece a personas que han ejercido el derecho a la protesta y a los defensores de recursos naturales. Yo creo que el gran problema ha sido las personas que sirvieron durante la administración del expresidente Zelaya Rosales», comentó durante el Twitter Space.

Contrario a lo que dice la diputada Ligia Ramos y la exjueza Gracia Bertrand, el abogado Barrios considera que la figura de la amnistía sí beneficia a personas con sentencias firmes por delitos comunes ya que estos crímenes pudieron ser imputados por una fiscalía y juzgado políticamente motivado contra los exfuncionarios.

Un ejemplo de ello es la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, considera el diputado. La Fiscalía contra la corrupción acusó en julio de 2009 a Moncada por abuso de autoridad y fraude mientras era gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cargos desestimados por falta de pruebas.

«Aprobamos la amnistía pensando en las víctimas que están en el país o que han tenido que irse», mencionó Ramón Barrios. Sin embargo, a la diputada Ligia Ramos le preocupa que la CSJ —la cual fue colocada durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández— está brindando amnistía de forma rápida a figuras como Marcelo Chimirri mientras que otros posibles beneficiarios están quedando rezagados.

El designado presidencial, Salvador Nasralla, planteó la posibilidad de parte del PSH de introducir una reforma a este decreto para delimitar el alcance y objetivo de la amnistía y evitar su abuso. Por su parte, algunos diputados de Libertad y Refundación han mencionado estar dispuestos a escuchar estas propuestas y hacer un acompañamiento si consideran que es en beneficio de la población.

A más de un mes de que la primera mujer llegó a la presidencia en Honduras, poco se ha hablado de género desde el Ejecutivo. El gobierno de Xiomara Castro, con un gabinete mayoritariamente de hombres, se enfrenta a sus propias promesas de campaña hacia las mujeres: la reducción de los femicidios, la despenalización del aborto por 3 causales y la aprobación de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, prohibida desde el golpe de Estado de 2009. 


Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Jorge Cabrera, Ezequiel Sánchez y Nahún Rodríguez


«Mujeres hondureñas no les voy a fallar, voy a defender sus derechos» prometió Xiomara Castro cuando finalizó su discurso durante la toma de posesión el pasado 27 de enero. Ese día, el Estadio Nacional no solo se llenó de personas que ondeaban banderas azul turquesa, como símbolo del «retorno a la democracia» sino también muchas mujeres asistentes, llevaron sus pañuelos verdes representativos de la despenalización del aborto. Desde sus lugares vieron ansiosas la llegada de la primera mujer a la presidencia de Honduras, una mujer que ganó las elecciones con la promesa de mejorar las condiciones para las mujeres en un país con altos índices de violencia de género. 

A pesar de que el plan de gobierno de Castro menciona que buscaría «introducir la perspectiva de equidad de género mediante la participación paritaria en todo proceso político», cuando Castro anunció su gabinete, horas antes de la toma de posesión, la realidad distaba de esa promesa. De 35 funcionarios de su gabinete, sólo 8 eran mujeres, es decir un 22%. 

Este número no es muy diferente al del gobierno anterior. En el último periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández, de 17 secretarías de Estado que integraron su gabinete principal, cinco fueron lideradas por mujeres, un 29% del total.

Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derecho de Mujeres (CDM) explica que los derechos políticos de las mujeres no se están manifestando con los nombramientos de mujeres en el Poder Ejecutivo, «por ahora, lo que más se escucha es la voz de los hombres y los temas de las mujeres todavía no levantan, no se sienten en el debate público».

Bella Carrillo, subcoordinadora de la organización política Luchemos, dice no sentirse asombrada por el resultado de los nombramientos, «el gabinete se ha quedado corto con las mujeres, vemos que, aunque haya una mujer en el gobierno, eso no garantiza la participación política de las mujeres». 

Xiomara Castro women of Honduras gender issues from hondurans 2022 La presidenta Xiomara y su esposo Manuel Zelaya abordan su vehículo y a su paso se despiden del pueblo que felizmente los acompañó en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la Ermita de Suyapa. Foto Archivo CC/Nahún Rodríguez.
La presidenta Xiomara y su esposo Manuel Zelaya abordan su vehículo y a su paso se despiden del pueblo que felizmente los acompañó en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la Ermita de Suyapa. Foto Archivo CC/Nahún Rodríguez.

Los pactos entre hombres que dificultan la paridad de género 

Merary Ávila, excandidata a diputada por el partido de gobierno Libertad y Refundación, perdió un espacio en la alcaldía de San Pedro Sula cuando la facción interna del partido llamada «La revuelta feminista de Libre» hizo una campaña por Twitter para apoyarla a obtener un cargo. «Al final, son los compañeros los que deciden quienes van a asumir una vez que se ganan las elecciones y eso fue lo que pude experimentar, lo que sucedió con las redes, aceleró a que se decidiera nombrar a otra persona», cuenta Merary. 

Merary dice que en la Alcaldía de SPS la mayoría de los puestos los ocupan hombres, aunque en un inicio la candidatura de esa alcaldía llevaba a Alexa Solorzano como vicealcaldesa y esta dejó su cargo para formar parte de una alianza con el ahora alcalde, Roberto Contreras, quien iba en una candidatura independiente.

Solorzano al final quedó como gobernadora de Cortés, pero su nombramiento ocurrió hace apenas dos semanas. Merary explicó que hubo mucho retraso en ese nombramiento, por razones que aún no conoce a fondo.

Bella Carillo de Luchemos, explica que conseguir esos espacios de gobernación es complicado, apenas 23 de los 298 municipios les pertenecen a mujeres en Honduras, «Alexa iba de la mano con Omar Menjívar que quedó como vicealcalde y ella como una acción política, cede esa candidatura, pero luego vemos que aunque las mujeres tienen esas acciones estratégicas, a las compañeras les toca exigir desde otros espacios porque no se han visto respaldadas y es un hecho que no aceptamos, lo condenamos, porque no son espacios que estamos pidiendo, sino que nos pertenecen».

Bella Carillo añade que las alcaldías son clave para el desarrollo local, «en temas de mujeres cuando sabemos que hay muchas problemáticas locales para las mujeres, necesitamos que estén mujeres conscientes, que manejen el tema de género y es a ellas a las que les niegan espacio».

En ese sentido, Alexa Solorzano le dijo a Contracorriente que si la presidenta Castro habla de que es el tiempo de las mujeres eso se consigue «colocando a las mujeres en lugares estratégicos con perfiles estratégicos, no solo por el hecho que sean mujeres, sino mujeres formadas en ese espacio para que puedan incidir, en que los proyectos de doña Xiomara puedan ejecutarse».

Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras, durante un evento de presentación del Observatorio Político, le pidió a otras diputadas y mujeres que conformaban diferentes alcaldías, «que no nos dejemos instrumentalizar por hombres, se los pido por favor, ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni en corporaciones municipales. Si ustedes se fijan lo que estamos viviendo son pactos de hombres que nos llevan de encuentro a las mujeres, creo que tenemos mucha fortaleza para venir a decir basta».

Ramos hacía referencia a lo ocurrido el 7 de febrero, después de 19 días de una crisis en el poder legislativo cuando 17 diputados disidentes se fueron en contra del acuerdo de Partido Libre para votar a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como presidente del Congreso y en su lugar apoyaron a Jorge Cálix, el diputado más votado de Libre. 

Leer más en: Acuerdos en el Congreso hechos por hombres retratan la exclusión de mujeres y violencia política

La crisis se anunció resuelta cuando Cálix y el expresidente Zelaya dieron una conferencia de prensa en Casa Presidencial -en ausencia de la presidenta Xiomara Castro- para avisar que los diputados apoyarían a Redondo. La justificación para que esa conferencia se diera en Casa Presidencial fue que Zelaya es ahora asesor de Xiomara Castro y se encontraba representándola mientras ella estaba en reposo por dar positivo de COVID-19. Esto se hizo sin la presencia de los designados presidenciales Salvador Nasralla y Doris Gutiérrez por ser un asunto del Partido Libre.

Xiomara Castro women of Honduras gender issues from hondurans 2022 Jorge Calix 2022 aborto en honduras 2022 PAE pastilla de emergencia anticonceptiva
Expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, junto al diputado Jorge Cálix, mostrando los documentos firmados de un convenio para sanear el conflicto de tener dos juntas directivas del Congreso Nacional. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

Zelaya incluso dijo durante esa conferencia que Calix y él se habían reunido para conversar, cuando Xiomara pasó por la sala, vio a Calix y le ofreció ser jefe de su gabinete para resolver la crisis. 

Para la analista feminista Jessica Sánchez, esa acción demuestra que Xiomara debe salir de lo doméstico, «siempre cuando las mujeres hacemos política es como lo doméstico porque en esa escena, casi pareciera que llegó el hombre y ella le ofreció cafecito, aunque ella sea la presidenta».

Sánchez añade que la presidenta Castro debe definir claramente cuál es el ámbito público y el privado de su esposo Zelaya. «Mel está haciendo el rol de primera dama prácticamente, pero ¿qué primera dama tiene ese cargo honorífico, pero además es asesor presidencial, por qué sí se les permite a los hombres? Ella había definido muy bien su papel cuando ocurrió la crisis del Congreso Nacional en un inicio porque ella fue la que sacó su voz».

La designada presidencial, Doris Gutiérrez, explica que Castro decidió quiénes serían sus asesores y a los demás les toca respetar esa decisión, «Pero sí, nuestra presidenta tiene que llevar el papel protagónico en la toma de decisiones como lo hizo en el congreso de la AMONH (Asociación de Municipios de Honduras) y en otros eventos en donde ella ha jugado un papel sumamente importante» explica Gutiérrez. 

Gilda Rivera también concuerda en que, aunque reconoce que la presidenta ya está siendo atacada por muchas cosas y apenas lleva un mes, «en cargos importantísimos están mayoría hombres, es lo que más miramos. No digamos el presidente Zelaya que siendo el esposo pues debería estar haciéndose al lado y jugando otras funciones» explica.

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Comerciantes con sus negocios abiertos en los alrededores de la Ermita, después de la llegada de la presidenta Xiomara Castro Foto Archivo CC/Nahún Rodríguez.

La violencia hacia las mujeres que no se detiene

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) contabilizó hasta el 8 de marzo de 2022 un total de 61 muertes violentas de mujeres en Honduras. La cifra parece mantenerse en relación con el año anterior, entre enero y febrero de 2021 el observatorio registró 58 femicidios.

La designada presidencial, Doris Gutiérrez, dijo a este medio que desde su despacho se encuentra sumamente preocupada por la ola creciente de violencia hacia las mujeres este año, «hemos escrito algunas peticiones al ministro de seguridad porque se le debe dar prioridad a la vida de las mujeres, niñas y adultas mayores. Como gobierno tenemos que proteger a las víctimas de estos tipos de violencias que se han generalizado en el país” señaló.

Por su parte, Gilda Rivera explicó que la presidenta «ha mostrado interés en una propuesta de Ley Integral contra las violencias hacia las mujeres que venimos trabajando desde 2015 diversas organizaciones feministas, no solo de Tegucigalpa, sino que ha sido un proceso súper consensuado con mujeres de distintos colectivos e incluso con gobiernos anteriores».

El observatorio del CDM también señaló que para finales del mes de enero de 2022 el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 3,216 denuncias de violencia doméstica, en 2021 la cifra rondaba las 5200 denuncias en el mismo periodo de tiempo. A pesar de que los hombres acusados en el Poder Judicial por femicidio presentan también cargos por otros delitos como portación ilegal de armas, asociación ilícita, amenaza o robo agravado, en ningún registro aparecen cargos por violencia doméstica. Sin embargo, analistas opinan que la violencia doméstica que no ha sido atendida está directamente relacionada a los femicidios.

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La integración de más mujeres en la policía

La presidenta Castro dijo en campaña que durante los primeros 100 días de su gobierno combatiría los femicidios y que pondría fin al patriarcado. En ese sentido, uno de los cambios más importantes en materia de género que ha tenido el nuevo gobierno es el nombramiento de mujeres en altos mandos de la Policía Nacional.

Xiomara Castro women of Honduras gender issues from hondurans 2022
Cadetes realizan un pasillo de bienvenida en Casa de Gobierno para recibir visitas diplomáticas. De forma atípica, el actual Gobierno utiliza únicamente mujeres en los eventos que realiza. Tegucigalpa, Honduras. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

En un evento en el que la presidenta Castro felicitó a las mujeres policías, el jefe de la Policía Nacional (PNH), Héctor Sánchez, señaló que, desde esa institución, «se está construyendo una nueva etapa de enfoque de género en la cual la política de inclusión de la mujer en puestos de toma de decisión juega un papel trascendental».

Sánchez agregó que la PNH trabajaría como una policía comunitaria y buscarían desmilitarizar la sociedad, «Vamos a contribuir a la reducción de la violencia hacia las mujeres y demás grupos vulnerables que presentan un porcentaje elevado de violencia en la que toda la PNH debe capacitarse y tomar conciencia» explicó.

Contracorriente contactó a la doctora Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, pero ésta no tuvo espacio para agendar una entrevista. A través de las redes sociales, Villanueva dio a conocer que presentó hace dos semanas un protocolo de seguridad para atender a mujeres víctimas de violencia, en el que explicó cómo se manejarán los casos en que las mujeres denuncian violencia doméstica o intrafamiliar. 

Villanueva también anunció que va a desengavetar casos que han sido mediáticos, pero no han tenido la respuesta deseada, como el de Angie Peña, una joven que desapareció en Islas de la Bahía y el de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que fue asesinada dentro de una estación policial después de una detención por miembros de esa institución durante un toque de queda y que solo existe una persona procesada por este hecho, pero que la familia de Keyla cree que puede incluir al jefe de la departamental de La Esperanza, Intibucá, una posta policial que ya había sido denunciada por violación a los derechos humanos y agresiones sexuales. Esa departamental ahora se encuentra liderada por una mujer.

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Villanueva advirtió que también investigará el caso de Sherill Hernández, una agente de la Agencia Técnica de Investigación cuya muerte oficialmente fue declarada como un suicidio, pero que Villanueva, en aquel momento jefa de Medicina Forense, denunció que se trataba de un homicidio de agentes de la misma agencia y que sostiene que haber denunciador ese hecho le costó su cargo en Medicina Forense. 

Las demandas en salud sexual y reproductiva

«Xiomara ha ido cumpliendo algunas cosas, pero con las mujeresnos quedamos en ascuas. Sé que son los primeros días, pero es cuando se toman decisiones de poder y no he visto una agenda muy orientada a la equidad», dice Jessica Sánchez.

Durante la campaña electoral de la presidenta Castro, el Partido Nacional, opositor a Castro, atacó con una campaña de odio su propuesta de despenalizar el aborto por 3 causales, incluso circuló la imagen de una pancarta en la que aparece un dibujo de Castro apuñalando a una mujer embarzada en la que la acusaban de «querer matar bebés». Al final, el coordinador de campaña del PN, Luis Duque, dijo que el odio era una emoción que genera la mayor reacción del ser humano «desde la estrategia no se logró contrarrestar ese sentimiento». 

La plataforma Somos Muchas denunció al Partido Nacional ante el Consejo Nacional Electoral por la campaña de odio «al referirse a mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados y utilizar su dolor como herramienta en esta campaña política. Estas acciones aumentan el estigma hacia las mujeres en general y en particular a las mujeres que han interrumpido su embarazo».

Castro puso en el punto cuatro de su propuesta en materia de género la despenalización del aborto cuando la vida de la madre corre peligro, el feto es inviable y en casos de violación. Pero ese plan de gobierno fue presentado antes de hacer una alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH), un partido conservador cuyos representantes le han asegurado a este medio en varias ocasiones, que esa propuesta no será implementada en el gobierno.

Xiomara Castro women of Honduras gender issues from hondurans 2022 | 8M 8 de Marzo | dia de la mujer hondureña
Dos mujeres comerciantes portan camisetas con el rostro de la presidenta Xiomara Castro el día de la toma de posesión. Foto Archivo CC/Nahún Rodríguez.

El PSH tiene en su poder la Secretaría de Salud a través del ministro José Manuel Matheu quien, al momento de su nombramiento, dijo que recibiría periodistas a diario en su oficina, pero cuándo este medio lo buscó para una entrevista en la que se pudiera abordar el tema de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), prohibida por un acuerdo ministerial de esa secretaría, dijo a través de su asistente que todo el mes estará ocupado y no podrá atender la entrevista solicitada. 

Bella Carillo, de Luchemos, explica que su organización formó parte de las mesas de transición de gobierno en la que se trabajó una propuesta para los primeros 100 días que incluía la PAE, «el decreto ya está redactado, sólo es cuestión de que se lleve a un punto de discusión desde el Ejecutivo al Legislativo, la presidenta le da el mandato al Secretario de Salud y él tiene que ver esto desde un enfoque de salud pública».

Sin embargo, Gilda Rivera del CDM, piensa que esa discusión con el ministro será difícil. «El Dr. Matheu es bastante conservador en lo que tiene que ver con derechos de las mujeres a nivel sexual y reproductivo, él seguro que se va a oponer a la anticoncepción de emergencia, que [la orden]puede darse desde la presidenta, pero se necesita la venia de la Secretaría de Salud para la implementación» señala.

Rivera añade que Xiomara Castro está rodeada de mucha gente de grupos religiosos, «incluso el presidente del Congreso Nacional, otro que nos ha atacado a las mujeres. El panorama que tenemos no es el mismo que el que tuvimos con el gobierno de Juan Orlando Hernández, tampoco creemos que se nos abrieron las puertas al cielo para nada, pero creemos que nunca la hemos tenido fácil, ha sido parte de nuestra lucha y así hemos avanzado» dice. 

Bella Carillo de Luchemos señala que «no por tener una mujer en la presidencia se van a dar las cosas porque, aunque ella quisiera, va a tener presión de muchos sectores conservadores, incluso del mismo sector salud. Ahí es necesario que las mujeres sostengamos los procesos organizativos y de bases» explica.


Para Jessica Sánchez, la explicación de por qué no han surgido los temas de género en el Ejecutivo es que «primero tiene que ver con que [Xiomara Castro] está rodeada de hombres y de asesores hombres; y, en segundo lugar, falta capacidad técnica política en temas de género y eso solo lo puede lograr alguien con esa visión de qué necesitan las mujeres» finaliza.

Director, actor y dramaturgo, Rafael Murillo Selva fue echado de al menos tres países: Colombia, Honduras y Sri Lanka. Fue líder estudiantil, protegido por el cura y guerrillero Camilo Torres; embajador de Honduras en Colombia y Ecuador; profesor universitario, asesor presidencial de Manuel Zelaya y subdirector de la Unesco, donde renunció a una pensión vitalicia. Durante más de 35 años, su obra Louvabagu se montó en América, Europa y Asia, y sigue siendo objeto de estudio en universidades y teatros en Latinoamérica. 

Texto: Luis Lezama
Fotografías: Fernando Destephen


–¿Cómo está?
–Pues estudiando. Estudiando a Morazán. 

***

Rafael Murillo Selva tiene 88 años, aunque él ya no lleva el registro. De su cara aguileña, cervantina, sobresalen sus lentes, dándole el aspecto justo entre bohemio y académico. Lleva suéter, bufanda y sombrero; como si lo que estuviera a punto de presentarnos —su vida— fuera una obra que conlleva un viaje en el tiempo. Uno en el que se puede llegar a soportar mucho frío y mucho sol. 

–¿Usted tiene 86 años? 

–No sé –responde. 

No es un problema de memoria, parece más bien un desinterés muy genuino.

–Contemos. Nació en 1934 dice acá. 

La cuenta sale rápido:

–88 tiene. 

–¿88? 

–Sí. 

–Bueno –dice, resignado–. Puta, cómo es la vida, parece un minuto. 

Pero hay que verlo, habría que grabarlo, como él mismo dice, cuando las muchachas del restaurante Crisol —cómplices suyas— lanzan un anzuelo disfrazado de una salsa. Una de Jerry Rivera, una de Héctor Lavoe, una de Gilberto Santa Rosa, y entonces Rafael, quien seguramente triplica en edad a los presentes, se para. 

–Disculpe –dice–. Tengo un problema: no puedo escuchar esta música sin bailar. Es que no puedo. 

Las muchachas se ríen detrás de la barra, saben lo que está a punto de suceder. Y no hace falta pareja, solo volumen, que le suban el volumen, pide, cuando mucho antes de que la voz adolescente de Jerry Rivera comience a resonar por todo el restaurante, él ya está dando vueltas. 

–Yo no sé bailar –dice bailando–, es mi cuerpo que sabe; yo solo lo dejo. 

La escena se repite cada vez que viene, según me cuentan después. Alza los hombros con fuerza, como si tirara de ellos un ventrílocuo; da dos pasos para atrás y dos de regreso para adelante; cierra los ojos y se gira como si fuera el mismo Johnny Pacheco en un escenario. Disfruta. Goza. Baila. 

Después vuelve a sentarse, se excusa, como si fuera impropio que a su edad hiciera eso.

–Yo les digo que tendrían que cobrar. Grabarme al menos y vender mis videos. 

Las muchachas se ríen detrás suyo; no son aplausos, pero se les parecen.

–Podría venir uno o dos días a la semana y ellas anunciarme así: En San Juancito, Honduras, hay un señor muy viejito que baila salsa como si tuviera veinte.

Y es verdad, si Rafael Murillo Selva tiene 88 años es por una convención nuestra, pero una convención con la que, como en tantas otras cosas, él no está de acuerdo. Porque si algo lo define, más que la salsa, es el no estar de acuerdo. Es el haber sido y ser, todavía, un rebelde. 

–¿Usted es el más grande director de teatro hondureño?

–No. Yo soy bailarín y actor. Lo de director y dramaturgo lo hice pero a la fuerza. 

***

Para llegar al teatro, hay que llegar antes a San Juancito. Un antiguo pueblo minero al que uno podría llegar sin toparse con un solo carro en los 45 minutos de carretera que toma llegar hasta su entrada. En su esplendor, a mitad del siglo XX, San Juancito llegó a tener más de 30,000 habitantes; entonces más que la capital, Tegucigalpa. Manejado por la Rosario Mining Company durante más de cincuenta años —según se cuenta, en sus oficinas se escogía hasta los alcaldes—, el pueblo tuvo luz eléctrica, agua potable, cine y telégrafo antes que cualquier ciudad del país; así como la primera embotelladora de Pepsi en Centroamérica y la primera embajada de Estados Unidos en Honduras. Pero eso ya solo existe en los libros de Historia. En el renglón del presente, acá no llegan ni los autobuses interurbanos; las minas, la embotelladora, el cine y la embajada hoy son solo museos del olvido; a día de hoy, el pueblo apenas roza los 1,500 habitantes. Todavía ostenta, eso sí, la relevancia de ser la imagen que figura en la parte de atrás del billete hondureño de mayor denominación, el billete de quinientos lempiras. 

–Pregunte por mí o por el restaurante, aquí todos nos conocemos –dice Rafael Murillo Selva por teléfono para dar la dirección. 

Al apenas llegar, se ve el puente y el restaurante Crisol. También se le puede ver a él, que, aunque no constata la hora y no lleva reloj, está parado en la puerta como esperando. 

Como si se tratara de su Ítaca personal, desde hace doce años vive aquí, en San Juancito; después de Bogotá, Quito, París, Nepal y cien ciudades más. Aunque no es una escena teatral ni es el dueño del restaurante, él da instrucciones a las tres muchachas que buscan dónde poder sentarnos. Dirige, siempre dirige. Las meseras que siguen sus instrucciones le llaman «Don Rafaelito». 

–Se ve que aquí lo consienten. 

–Con dinero todo mundo es consentido –dice don Rafaelito. 

***

Para llegar al teatro, Rafael Murillo tuvo que estar antes en el Colegio Salesiano San Miguel, donde lo expulsaron por hacerle una pregunta al Padre Ruíz, un filósofo de la orden de San Juan Bosco. 

–¿Cuál era esa pregunta?

–Yo rezaba a diario, me confesaba. Pero un día tuve una duda y le pregunté: «Padre, ¿quién creó a Dios?» 

Después de esa irreverencia, ingresó al Instituto Central Vicente Cáceres, que entonces también era internado y de donde se fugaba por las noches para ir a los bares y prostíbulos de Comayagüela. De ahí también lo echaron. 

–Si me salía del Central, mi vida estaba acabada. Yo lo sabía. Entonces me le hinqué por primera vez a un ser humano en mi vida, me le hinqué a don Abelardo, el director, para suplicarle. Y él me dijo que si accedía a no volver a salir en todo el año del colegio, me podía dejar. Y accedí. Eso me salvó. Ahí descubrí el teatro. 

Cuenta que fue el compositor hondureño Horacio Pérez Cadalso, entonces un adolescente compañero de Rafael, quien le propuso dirigir juntos la obra «Bataclán», una especie de vodevil que era tradición montar en las fiestas del Central. Pero solo fue eso, porque después de graduarse del colegio, volvió a embarcarse en una parranda que parecía interminable.

Eran principios de los años cincuenta, por las noches dormía en el Parque Central o en prostíbulos cuyos nombres aún resuenan en su memoria, así como era común verlo involucrado en peleas callejeras en el Barrio Abajo de la capital. «Flores de Navidad, ese era uno de los prostíbulos. El otro se llamaba El Íntimo», dice. 

–Maravillosa vida. Ni un puto centavo tenía. 

En medio de aquella ofuscación, como él la llama, y en desacuerdo consigo mismo, en 1955 se fue a buscar a Esteban Mendoza, un diplomático hondureño. 

–Me le pegué como una chinche a don Esteban y le pedí que me sacara del país, que me mandara donde fuera. 

Mendoza le dio tres opciones: Chile, México y Colombia. Rafael descartó Chile por desinterés, y dice que esquivó México para evitar caer en las garras del tequila y de las rancheras. Colombia le parecía un país clerical, casi un convento, donde seguro lograría corregir la vida. Don Esteban le consiguió un puesto como mecanógrafo de la embajada hondureña en Bogotá. Apenas llegó, y decidió matricularse en la facultad de Leyes de la Universidad Nacional en el año 1956.

–Cuál convento. Qué va a ser convento. Encima me pagaban doscientos dólares, que entonces era lo que ganaba un ministro en Colombia. ¿Se imagina lo que gastaba en póker, mujeres y alcohol?

Fue entonces, viviendo con el sueldo de un ministro, trabajando de dos a cinco de la tarde con permiso del embajador para estudiar por las mañanas, que, además, lo nombran agregado cultural y adquiere, por primera vez, rango diplomático. 

–Yo era el niño bonito de la embajada; declamaba en los actos. Una especie de charlatán. 

Por entonces, tras varios años de conflictos, en 1960 el estudiantado de la Universidad Nacional de Colombia hizo uso de un nuevo medio de expresión política: la huelga. Lo utilizaron para presionar la salida del rector y lograr una reunión con el presidente de la República y la conformación de una comisión de reforma universitaria. Rafael era un estudiante de tercer año de Derecho, que nunca antes se había involucrado en la política estudiantil. 

–Yo caí como de accidente –dice–. Iba pasando y vi que estaban reunidos los estudiantes, entonces intervine con unas palabras. 

Fue después de esas palabras dirigidas a todo el grupo de estudiantes, que uno de ellos gritó: 

–«¡Este! Este es el líder. Nombrémoslo». 

Rafael se ríe, pero asegura que la historia es cierta: 

–Me escogieron líder y me nombraron presidente del Comité de Huelga de la universidad; así, de un día para otro. 

La respuesta de la embajada, que vio como su agregado cultural era el dirigente estudiantil más importante de Colombia, no se hizo esperar. 

–La huelga fue adquiriendo una fuerza enorme, hasta casi paralizar el país –dice–. Al embajador no le gustó. 

Miralda Santos, embajador, olanchano y odontólogo, lo llamó a su oficina. Le puso quinientos dólares en la mano, entonces más del doble del sueldo que ostentaba, y le exigió regresar a Honduras. 

–¿Cómo iba a traicionar la confianza de los estudiantes? –se pregunta–. Lo pensé, la verdad que lo pensé. Y decidí asumir la huelga. 

En Colombia, y también en Honduras, los diarios comenzaron a acusarlo de ser un agente de Fidel Castro. 

–Yo he recibido muchos honores en mi trayectoria. Pero entonces me hicieron el honor más grande que he recibido en mi vida, del que más orgulloso me siento: el Gobierno de Colombia me declaró «non-grato». 

Después se defiende:

–Lo peor es que yo eso de lo social, lo de servir, a mí eso me lo inculcó la Iglesia, en el San Miguel. 

 ***

Mientras hablamos, un hombre junto con su hijo se acercan a la mesa del Crisol y le piden una foto a Rafael Murillo Selva. 

–Usted es un maestro, doctor –argumentó el hombre. 

–Cuál doctor. No me diga doctor, mire que a Ramos Soto (el exdiputado nacionalista) también le dicen así. 

Se sienta, dice que en San Juancito le piden fotografiarse a cada rato, lo que le hace creer que su trabajo no ha sido en vano: «He pensando en actuar como los indígenas guatemaltecos, que extienden la mano pidiendo un dólar antes de cada foto. Son las exigencias del mercado», dice. 

Mientras come la comida especial que le preparan en Crisol, donde almuerza todos los días, Rafael retoma el cuento de su vida. 

Después de alcanzar con la huelga los objetivos de los estudiantes, continuó sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional. Esto a pesar de que Ramón Villeda Morales le había decomisado su pasaporte y lo había expulsado de la embajada, «con justicia y con razón», dice él. 

Básicamente un indocumentado, resolvió conseguir un salvoconducto gracias a su amigo Camilo Torres Restrepo, entonces capellán de la Universidad Nacional, pionero de la Teología de la Liberación y miembro fundador del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia. 

Un día de esos se acordó de aquello que se llamaba teatro, algo que lo había sacudido en su juventud, antes de la huelga y de la embajada, y decidió actuar en la universidad para una directora francesa que viajaba de visita por Colombia. Lo hizo, dice, con el propósito de demostrarle a los estudiantes que eso del teatro «no era cosa de maricas». 

–Y de ahí ya nunca solté más el teatro. 

En 1966, junto a otros estudiantes de la Universidad Nacional, fundaron el Teatro La Candelaria, uno de los teatros históricos de Latinoamérica; también actuó en películas como El Río de las Tumbas, de Julio Luzardo, y siguió haciendo teatro hasta que su vida, otra vez, se vio amenazada. 

–Perdí a dos íntimos amigos míos –dice–. Pero prefiero no hablar de esto. Es una historia muy desgarradora para mí. El caso es que yo también fui amenazado por miembros de las fuerzas policiales. Me dijeron que no respondían por mi vida si seguía en Colombia. Entonces me fui. 

–¿Hacia dónde?

–Pues a Cuba. Allá, a cortar caña con el Che.

Rafael Murillo Selva, dramaturgo, actor y director teatral hondureño, a sus 88 años es dinámico y su mente fluye aún cuestionando el arte desde su cosmovisión. San Juancito, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

 ***

Al fondo suena La Flaca, de Jarabe de Palo, cuando vuelve a asegurar que nunca fue infiltrado de Fidel y que no lo conoció. Pero sí admite que fue en 1967 que llegó a la isla, cuando Fidel, estaba entusiasmado con la idea de que Cuba fuera la «azucarera del mundo». Las fotos de Fidel y del Che Guevara arremangados con un machete cortando caña lograron su propósito de atraer a voluntarios para la misión imposible de Castro; muchos eran intelectuales atraídos por la utopía revolucionaria de América. Rafael, que entonces ya era reconocido por algunas de sus obras, fue uno de ellos.

–¿Cómo fue eso de cortar caña en Cuba?

–Bello –dice, viendo hacia el horizonte como si estuviéramos frente a un cañaveral –. Ahí tengo fotos. Yo llegué por recomendación de Marta Traba (crítica de arte argentina, considerada una de las figuras de vanguardia de los años setenta), pero me quedé cortando caña más de la cuenta –dice, y levanta el puño como en señal de victoria–. Las pláticas después de la jornada eran magníficas, con intelectuales marxistas del más alto nivel. Había uno al que le llamábamos «El Dialéctico»; agarraba el machete y decía «esta es la tesis», cortaba la caña y decía «esta es la antítesis», y después tiraba la caña y exclamaba: «Fin. Esa es la Revolución».

Pero la aventura cubana no duró mucho, apenas seis meses. Regresó a Colombia a graduarse en Derecho, de ahí voló a Praga y después a París.

Eran principios de los setentas cuando conoció a Miguel Ángel Asturias y a Pablo Neruda, entonces embajadores de Guatemala y Chile respectivamente, de quienes guarda un grato recuerdo y libros autografiados por ambos en las conversaciones que tuvieron.

–Hay anécdotas tan importantes en la vida –dice, recordando–. Para mí las cosas que le cuento son una revelación.

En París siguió haciendo teatro con Roger Planchon —entonces considerado uno de los mejores directores de teatro en Europa—, a la vez que se ganó una beca del Gobierno Francés para estudiar una maestría en Historia Económica en la Universidad de la Sorbona. Pero eso no le impidió dejar su lado más rebelde y se embarcó en otras aventuras subversivas, como la Revolución de los Claveles, en Portugal.

–Ahí nació Sara, mi primera hija. Sara es sobrina de quien después fue el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien. Pero eso a mí no me importaba… —remarca.

Después de muchas horas conversando, don Rafael parece preocupado, como si una amenaza invisible volviera a rondarlo. Entonces cuenta que en aquellos años estuvo preso. Fue por un malentendido en un pequeño pueblo en la frontera de España, dice, y donde recuerda haberse hecho amigo del carcelero y su familia. Aunque él no descarta que aquella fuera una trampa que le habían tendido por su pasado como líder estudiantil.

–Hacía mucho frío en la celda –dice, tomándose el cuello como si volviera a estar allí–, yo la llamaba «mi oficina». Y el director del centro penitenciario y hasta su familia se hicieron mis amigos a pura conversación. Es que yo platico mucho. Él era franquista, imagínese, pero buena persona. Por eso no hay que crearse opiniones absolutas de nadie.

Todavía conserva su absolución del caso. Y cuenta que más de treinta años después, en una cita en la embajada de Estados Unidos, le preguntaron por aquello:

–Imagínese, treinta años después. ¿Qué hubiera pasado si no guardo ese papel? La vida se puede salvar por una coincidencia.

En 1971 viajó a la India y cruzó Nepal a pie por «el gusto de caminar», dice él, hasta finalmente llegar a Sri Lanka, donde dirigió Sebastián sale de compras (del dramaturgo guatemalteco Manuel José Arce) junto con actores de la isla asiática.

–Era como estar en una Torre de Babel –dice–. Yo dirigía en francés, mi traductora pasaba del francés al inglés, y del inglés pasaba al cingalés.

Después relata que fue expulsado del país por quien entonces fue la primera mujer en llegar a ser primer ministra en el mundo.

–Fue maravilloso, tanto que hasta me echó del país Madame Bandaranaike (primer ministra) porque adujo que yo estaba haciendo cosas indebidas con la ética budista. Pero no era así, no era así.

Aunque es difícil de comprobar si realmente lo echó del país la primer ministra, Rafael guarda fotografías de aquella época.

–Por esos días me dije: «¿A dónde quiere vivir, señor Murillo? No joda, decídase».

Entonces dice que lo pensó hasta que, con pena, como si fuera alguien que le teme a la persona con la que habla, se respondió:

–«Pues… en Honduras».

Así decide volver a Honduras y fundar el Teatro Experimental Universitario La Merced (TEUM).

–Vine e hice mi teatro… Bueno, hicimos –se corrige–: El teatro siempre se hace entre varios.

Y es que el TEUM fue el lugar donde se reunían, entre otros, los pintores Ezequiel Padilla, Aníbal Cruz, Gustavo Armijo; los escritores Rigoberto Paredes, José Luis Quesada, Eduardo Bähr; el ballet garífuna y muchos otros artistas que rescataron el edificio y lo volvieron uno de los teatros más emblemáticos de Tegucigalpa a mitad de los setenta.

–Nosotros lo encontramos lleno de mierda. Lo pintamos, lo arreglamos, lo bañamos –dice, como si el edificio fuera una persona.

Ahí, en el escenario del TEUM, fue donde Murillo Selva desarrolló algunas de sus más emblemáticas obras, muchas de las cuales no guarda registros.

–Yo, como le dije, no soy dramaturgo. El teatro no es papel, el teatro es cuerpo. Yo escribía mis obras por necesidad, porque se necesitaban textos y no había, pero esos papeles se perdieron.

Pero, más allá de las obras, aquel teatro experimental fue el caldo de cultivo de muchos artistas de toda índole, que veían en ese espacio un refugio para desarrollar las aventuras de su imaginación. Una de las locuras más grandes que ahí sucedieron resulta casi imposible de creer, pero se hizo: Rafael Murillo Selva casó a dos personas en una obra de teatro, legalmente y sin que el público supiera de antemano que se trataba de un auténtico matrimonio. En la colección de historias Una serie de eventos desafortunados del estadounidense Lemony Snicket, sucede algo extraordinariamente parecido. El malvado Conde Olaf, un actor de teatro, monta una falsa obra con el fin de casarse con su sobrina para poder heredar así la fortuna que le habían dejado sus padres. La serie de Snicket ha recaudado millones como libro, como película y ahora como serie de Netflix. Snicket publicó su primera historia en 1999, más de veinte años después de que Rafael Murillo Selva casara frente a un público a una pareja de amigos.

–El TEUM era un emporio de ebriedad y lucidez –dice, y se ríe.

***

El colombiano Ramiro Osorio, quien después llegó a ser ministro de Cultura de su país, cruzaba por Honduras junto con su pareja, una mexicana de apellido Cepeda, cuando le pidió a Rafael Murillo Selva, a quien había conocido en Colombia y era un viejo amigo, ser su padrino de bodas. Era cerca de 1975, según recuerda Rafael.

–Pero, ¿cómo se van a casar?, les preguntó; no, pues lo normal, dicen. No… No…, les digo. No puede ser normal. Hay que ver cómo hacemos un matrimonio especial.

Tanto Osorio como Cepeda actuaban en El Burgués gentilhombre, una obra de Moliére, que se presentaba por esos días en el TEUM.

–La obra se prestaba para el jazz –explica Rafael–. Como eso de cambiar escenas sin perder el hilo general. Y me voy a convencer a mi primo, José Selva, que era secretario del distrito donde se casaban las parejas en la Alcaldía.

José Selva le dijo que aquello era una barbaridad, que el matrimonio era una cosa muy seria.

–Es que va a ser serio.

–Es que no se puede. Hay que casarlos aquí, en la Alcaldía; a lo civil es aquí –sentenció José, que era conocido por su responsabilidad.

Dice que fue una de las pocas veces que haber estudiado Derecho le sirvió para algo.

–Yo conocía el Código Civil y recordaba una parte donde decía que los cónyuges, en circunstancias especiales, podían contraer nupcias en sus lugares de trabajo. ¿Ajá, y cuál es el lugar de trabajo de unos cómicos? ¡El teatro!

José, fiel a sus principios, no pudo hacer otra cosa que ceder a los argumentos enmarcados en la ley que le daba su primo.

–Lo convencí a José, un gran hombre –dice–, que encima fue secretario municipal como veinte años y era muy respetado.

Había alrededor de 150 personas reunidas esa noche en el Teatro Experimental Universitario La Merced, cuando en una escena amorosa un estudiante (interpretado por Ramiro Osorio) pide la mano de la hija (interpretada por Cristina Cepeda) de un hombre adinerado, quien era interpretado por el mismo Rafael Murillo Selva.

–Qué va, mi hija se va a casar con un míster. No con un pobre –replicó el padre a la petición, y salió de la escena.

El estudiante, entonces, se giró al público y exclamó:

–Ya ven ustedes los que son los prejuicios. Y, sin embargo, nos vamos a casar. ¿Quién de ustedes aquí quiere casarnos?.

José Selva, instruido por su primo Rafael, esperaba en la primera fila del teatro para intervenir.

–José estaba ahí con el notario –cuenta Rafael, entre risas, cuarenta años después–, y entró con el Código Civil a la escena.

Unos tambores garífunas bajaron desde el techo y Eduardo Bähr, el escritor hondureño, apareció para servir como testigo, así como el mismo Murillo Selva; pero el público todavía no entendía, seguía confundido, cuando una señora del público, en un acto totalmente espontáneo, se paró y casi al borde del escándalo, dijo:

–¡Pero sí es cierto que se están casando! Yo conozco a don José Selva, trabaja en la Alcaldía hace años, y don José no puede prestarse a un juego como este.

–Sí. Este matrimonio es real –contestó José Selva–, porque estas personas pagaron los impuestos municipales hoy por la mañana.

La gente comenzó a subirse al escenario a abrazar a la pareja, Ramiro y Cristina, y José consumó el acto. Se sirvió trago, se bailó, se llevaron flores y se volvió una fiesta abierta que terminó a las tres de la mañana.

La historia resulta difícil de creer, supera la realidad en maneras que harían dudar a cualquiera, pero hasta para el más real maravilloso de los momentos existen las pruebas y las referencias. En una entrevista, Osorio cuenta haberse casado en Tegucigalpa con Cristina Cepeda; así como la redacción del Diario El Tiempo de Bogotá cuenta el suceso de «la boda en un teatro» en una publicación de 1996. De ese matrimonio «especial» nació Amaranta Osorio, actriz mexicana.

–Y así era el TEUM –dice Rafael–: completamente libre.

–¿Por qué cerró el TEUM y por qué se fue otra vez?

Él mira hacia otro lado, sin dar explicaciones, después dice:

–Le voy a decir algo que me dijo un taxista: «En Honduras somos como los cangrejos del mercado. ¿Los ha visto? Está uno de ellos por salir del barril donde esperan ser comidos, cuando el resto, que lo ve a punto de salir, lo jala».

Después dice:

–Eso mismo me decía Medardo Mejía, pero, en otras palabras: «Es que, aquí, así somos». Claro que el taxista lo decía mejor.

***

Banners y afiches de las obras se muestran en las paredes de la casa de Rafael Murillo Selva, dramaturgo, actor y director teatral hondureño. Murillo Selva, de 88 años, habla durante una entrevista con Contracorriente en San Juancito, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

–No regresé con amor, sino como un deber. Claro que, después, el deber y el amor se parecen. Lo que pensé es que yo era el del problema, no la gente. Usted es el del problema, dije, usted es el que tiene que aprender a vivir en este lodazal si quiere hacer algo. En Honduras tiene que hacer su batalla. Entonces volví, volví con Loubavagu

Después de cerrar el TEUM y haber regresado por un tiempo a París, Rafael volvió a Honduras a «descubrir el mundo garífuna». En un pueblo del departamento de Colón, andando de «patechucho» (caminante), como dice él, presenció un velorio de este pueblo afrocaribeño. 

–Por Dios, esto es lo que ando buscando. Fue una revelación para mí –dice que pensó.

Ahí decidió emprender, junto con los garífunas y el apoyo de la Inter American Foundation, su obra más ambiciosa, la que lo terminó de afianzar como el director y dramaturgo más importante de Honduras y, sin duda, uno de los más originales del continente. Se titula Loubavagu en garífuna; en español se conoce como El otro lado lejano. Una obra que comenzó en 1979, cuando escuchó a Rosa Arzú, una garífuna de Santa Fe, declamando un poema. 

–Esta mujer sabe actuar, pero no sabe que lo sabe –se dijo Rafael. Y decidió que ella fuera la primera actriz en incorporarse a su proyecto. 

Juntos viajaron a la aldea de Santa Fe, donde no encontraron entusiasmo por más que trataron de convencer a un grupo de garífunas de actuar una obra que fuera representativa de la cultura garinagu, como le llaman ellos mismos. 

Fue en el departamento de Colón, comunidad de Guadalupe, donde sus anhelos pudieron afianzarse; ahí encontró un grupo que primero fue solo de mujeres, pero en el que después se incorporaron los hombres e incluso los jóvenes de la comunidad.

–Actúe una flor –les pedía Murillo Selva, ante la mirada incrédula de los garífunas, que solo conocían el azadón y la pesca. 

–¿Cómo voy a actuar una flor, doctor? –preguntaban. 

Pero lo lograron, dice él. Lo lograron. Hoy han pasado más de cuarenta años de aquel día, y de la obra incluso se han hecho dos tesis de doctorado, una en Francia y otra en Costa Rica.

–Ahora se habla de ese teatro en todo el mundo, pero eso aquí surgió, es una propuesta hondureña –dice. 

«Teatro comunitario» lo llamaron los académicos, y es un tipo de comedia que busca empoderar a poblaciones vulnerables; pero para Rafael es el único teatro que conoce. En 1975 él ya había montado El Bolívar descalzo junto con los campesinos boyacenses de Colombia, una obra que buscaba representar la Guerra Libertadora de Simón Bolívar a través de la tradición oral de los boyacenses, actuada por ellos mismos y en plazas públicas de Bogotá. La obra mostraba a un Bolívar distinto: mujeriego, bebedor y humano, muy distinto al de los libros de los historiadores, narrada por don Jesús Barrera, una suerte de Homero boyacense que hablaba de Bolívar como de un tío lejano, contando a toda velocidad y con detalle las batallas que Bolívar libró en tierras colombianas. La obra fue una novedad en Bogotá; la Plaza de Bolívar, en el centro histórico, se llenaba a diario de espectadores ansiosos por presenciarla. El trabajo le llevó meses. 

Para Loubavagu, dice, fueron casi dos años instalado en la aldea de Guadalupe, desarrollando junto con el grupo —que se llamó a sí mismo «Superación Garífuna»— ejercicios para desinhibir el cuerpo, para soltar la rigidez de sus músculos acostumbrados a la dureza del azadón y el mortero; para hacer, con el cuerpo, el teatro que Rafael buscaba desarrollar. En un extenso y valioso documental, Hasta que el teatro nos hizo ver, de René Pauck, se documenta aquel épico montaje. 

–Haber hecho la obra, ver la lucha de nuestros antepasados, me ayudó a mí a seguir mis estudios –dice en el documental Rosa Arzú, entonces actriz y hoy enfermera por más de treinta años del IHSS en Tegucigalpa. 

Durante 35 años, la obra se presentó en América, Asia y Europa, fueron más de mil funciones, llegando a ganar concursos y cambiando la vida de estos actores y actrices, incluso de la misma aldea de Guadalupe, donde el grupo de teatro Superación Garífuna logró, gracias a los ingresos de la obra, poner alumbrado eléctrico y agua potable a la aldea. En 1988 se hizo un proyecto habitacional, donde se construyeron 17 casas para los participantes del proyecto. 

–Se hicieron para que las compañeras garífunas supieran que el teatro no ha sido en vano –dice Rafael–, que quedaron con algo concreto, con una casita decente.

–En España, en Panamá, la gente se desesperaba por vernos –dice un garífuna en el documental de René Pauck, que está completo en YouTube–. No creo que nos mintieran cuando se subían al escenario para felicitarnos. 

–Uno de los objetivos de mi teatro es que la gente se independice de mí, darles alas –dice Rafael Murillo, sentado en el restaurante Crisol de San Juancito, casi medio siglo después de haber montado aquella historia. 

La mayoría de los garífunas que actuaron en el primer montaje de Loubavagu ya fallecieron, pero la obra se ha seguido presentando con sus hijos y nietos. Artistas como Pilo Tejeda admiten que fue gracias a esa obra que nació el baile de la Punta como un baile popular, bien orquestado. 

–Es mucho lo que ha hecho usted por los garífunas, ¿usted entiende la lengua garífuna?

–Cuando me insultan, sí. 

***

Los años siguientes fue subdirector de la Unesco para América Latina, embajador de Honduras en Colombia y Ecuador, y asesor presidencial de Manuel Zelaya Rosales. 

Al puesto de subdirector de la Unesco renunció a pesar de que, de permanecer en el cargo un par de años, habría obtenido una pensión vitalicia de más de dos mil dólares. 

–Ni un día de mi vida vale ese dinero –contestó cuando el director le pidió que reconsiderara su renuncia. 

Al ser consultado sobre su trabajo junto con Manuel Zelaya, responde:

–Creí que en Mel Zelaya se podía encontrar un político distinto. Nunca le cobré un peso por mi asesoría. Un asesor al que le pagan ya no puede decir lo que piensa. Lo más importante, en toda mi vida, es la libertad. 

Después de asesorar durante su primera campaña a Manuel Zelaya, en 2007 fue nombrado embajador en Colombia por Honduras, donde trabajó junto con la primera dama Lina María Moreno, esposa de Álvaro Uribe: 

–Con la primera dama trabajé montando una obra con niños con síndrome de down –dice, y se pregunta a sí mismo–: «¿Cómo? Imposible», pues, lo hicimos. Un milagro. Después comencé a oler cosas raras de Uribe, entonces pedí traslado a Ecuador, donde me agarró el golpe (golpe de Estado de 2009 a Manuel Zelaya). 

Después del golpe de Estado, siguió en la embajada en Ecuador (que no era reconocida por el Gobierno de Rafael Correa) hasta diciembre de 2009. Y entonces, como con un viejo amor, regresó a Honduras. Regresó para volver a montar Loubavagu y otras obras que nunca escribió. 

Yo nunca escribí mis textos porque, para mí, la vida es la escena y la escena es la vida. Y la vida no hay que encarcelarla entre palabras–dice Rafael en una entrevista de hace unos años–. Sin embargo, fue un error –dice discutiendo consigo mismo–, porque se perdieron cinco o seis obras del teatro nacional, que ya es escaso. 

***

Después de almorzar en el Crisol, donde las muchachas lo despiden diciéndole que lo esperan «mañana», Rafael camina hasta su casa, una pequeña y agradable casa rústica al final de una empinada colina que él sube casi a diario y sin problemas. Al entrar, destacan las máscaras, vestimentas, sombreros y regalos de todos los países. 

–Se ve que ha viajado.

–Sí, he viajado mucho.

Ahí, después del pueblo y del restaurante, dentro de su casa, están los teatros. Uno es físico: un pequeño anfiteatro, que mandó a construir para poder ensayar junto con los niños del pueblo de San Juancito, con quienes ha montado obras como Historia de una Ceiba, la que le llevó «7 largos meses para que un grupo de niños y niñas oriundos del pueblo minero de San Juancito culminaran uno de sus sueños infantiles: protagonizar una obra de teatro que cuenta la historia minera de Honduras, combinando humor, talento, sarcasmo y esperanza», reza una nota del 2002 publicada en el diario La Tribuna. Pero en su casa también está el otro teatro: el de los afiches de todas sus obras, pinturas, retratos; el teatro de la vida que ha llevado; el teatro de más de 65 años de carrera. En fin: el teatro hondureño. 

Arriba, en la mesa de su sala de estar, hay varios libros sobre Francisco Morazán, a quien estudia sin cesar.

–Me he encontrado un libro sobre Morazán escrito por Ramón Rosa que es una maravilla –dice, y se lamenta–. ¿Le dije que estoy estudiándolo? Es una lástima que en este país no se enseñe, no se hable de esta gente. Imagínese que todavía no existe una cátedra Roberto Sosa (poeta hondureño, único ganador del Premio Casa de las Américas). 

Después abre el libro de Rosa y muestra algunos fragmentos. Hay uno, subrayado por Rafael, en el que se lee: «Más de una vez le vimos verter (a Morazán) lágrimas de dolor cuando marchaba a una Campaña, pero se conformaba con decir: Sufro, pero primero tuve patria que familia». 

***

En «Ítaca», del poeta griego Kavafis, se lee:

Cuando emprendas tu viaje a Itaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

A esas palabras parece haberse atenido Rafael, quien, ahora, después de tantos años se detiene frente al anfiteatro construido en su hogar. Aunque está vacío, a él le basta un minuto para llenarlo de recuerdos, y de la forma más natural actúa una despedida a un público imaginario. 

–Adiós. Gracias, gracias… –dice alzando su mano–. Solo un loco hace un teatro en su casa.

Después se acerca a uno de los afiches de una obra montada en San Juancito hace más de veinte años y señala la imagen de un joven actor. 

–Este era un niño de acá, del pueblo –cuenta–. Cuando vino por primera vez, las niñas me decían que no lo dejara actuar por juco (sucio). Pero yo lo quise meter igual, fue extraordinario. Hoy, es gerente de un banco en Tegucigalpa. Eso lo hizo el teatro.

Después observa otra vez a su alrededor: los afiches, los recortes de periódicos de muchos países —Colombia, Italia, España— y, por último, el anfiteatro donde solo quedan las macetas con plantas que él se dedica a cuidar. 

–Debería escribir sus memorias. 

–¿Para qué? –responde–. Es más importante estudiar a Morazán.

Rafael Murillo Selva, dramaturgo, actor y director teatral hondureño, a sus 88 interpreta durante una entrevista con Contracorriente en San Juancito, Honduras. Foto CC/Fernando Destephen

La barbería Marielos tiene ese nombre oficial pero todos la conocen como «El Llavero», y se ha convertido en un referente en el centro de Tegucigalpa.

Don José Miguel, el dueño, cuenta que la extorsión, un enorme problema para muchos negocios capitalinos, no lo ha afectado a él y que incluso la barbería sirve como centro de discusión política y religiosa entre los visitantes que llegan al centro. Hay algunos debates que se tornan acalorados, cuenta, pero siempre prima la madurez de saber que están entre amigos. 

José Miguel tiene 53 años de cortar cabello, pero en los últimos 18 los ha combinado con la agustidofilia, una afición por coleccionar llaveros de todo tipo. La mayor parte de su colección, que se puede ver en la barbería, se debe a regalos que le hacen sus propios clientes y otros, explica, fueron comprados durante el transcurso de los años. 

El primer llavero que tuvo en sus manos y con el que inició esta gran colección se lo dio su hijo, días después de entrar en el Ejército. «No sé cuántos llaveros tengo al día de hoy, pero esto no solo es mi colección, es de cada cliente que me regala uno», menciona Ramírez. La atención que brinda, la amistad que ofrece y los llaveros que rodean el establecimiento, son la identidad de su negocio que ha logrado sobrevivir en un país con altos índices de violencia, costos elevados en la facturación energética y también tras el cierre del comercio que se dio durante la pandemia del COVID-19. 

Don José Miguel recuerda que con la pandemia tuvo que cortar cabello a domicilio de manera privada, regresar a su barbería con todos sus llaveros era algo que él y sus clientes extrañaban. «Invito a mis clientes a ser parte de la colección «trayendo un llavero»; haremos el espacio para colocarlos», dice con una sonrisa.

Cortés fue el epicentro de la pandemia en el 2020, pero ahora tiene un respiro. El hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula ya no atiende pacientes por coronavirus. Dos de tres triajes han cerrado. De marzo de 2020 a diciembre de 2021, Honduras reportó la muerte de 10, 434 hondureños a causa del COVID, en contraste, de enero al 2 marzo de este año, las autoridades reportan 351 muertes, 48 de estas se han registrado en el departamento de Cortés.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez


Los hermanos Ordóñez aguardan por noticias afuera del hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, su padre está internado en el único centro asistencial de salud pública que atiende casos de Covid-19 en esa ciudad al norte de Honduras. Una mochila acompaña a los hermanos bajo la sombra de un árbol. Hace una semana viajan todos los días desde Puerto Cortés para mantenerse al tanto de la salud de su progenitor. 

El padre de los Ordóñez, un hombre de 73 años, quien se aplicó dos vacunas, llegó al hospital de área en Puerto Cortés hace aproximadamente una semana. Quería tratarse un problema producido por la diabetes. La prueba realizada en el lugar determinó que se había contagiado por tercera vez de COVID-19. Fue trasladado a San Pedro Sula y, desde hace siete días, al menos uno de sus hijos espera noticias en las afueras del hospital móvil. 

En San Pedro Sula está en funcionamiento el único de los siete hospitales móviles que fueron comprados para tratar pacientes de COVID-19 en 2020. Esta compra sacudió al gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció que los hospitales móviles —sin las condiciones para atender a pacientes COVID-19— tenían un valor aproximado de 16 millones de dólares, pero el gobierno había pagado un sobrevalorado precio de 47 millones de dólares. 

Uno de los taxistas que espera por clientes fuera del centro asistencial nos dice que para la época navideña del 2021 ese lugar «parecía feria», evidentemente por el tumulto de gente, pues hay angustia mientras se espera por la recuperación de un familiar. 

El miércoles 2 de marzo, los únicos familiares que permanecían ahí eran los hermanos Ordóñez, quienes todavía esperaban que su padre fuera trasladado a otra sala del Catarino Rivas para tratar su problema diabético porque los médicos les habían informado que ya estaba fuera de peligro por COVID-19. 

San Pedro Sula y el departamento de Cortés, fueron el epicentro de la pandemia en Honduras, algunos pacientes no encontraron cupo en los principales centros hospitalarios y murieron en los portones de los hospitales por falta de oxígeno, pero en las últimas semanas se ha vivido un respiro, según indican los reportes de las hospitalizaciones. Información obtenida por Contracorriente indica que el martes 1 de febrero había 18 personas hospitalizadas por Covid 19 en el Mario Rivas y 12 en en la regional del norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En agosto de 2021, la capacidad hospitalaria del país para atender Covid-19 se encontraba en su capacidad máxima. En el Leonardo Martínez, que ahora ha cerrado la sala dedicada a esta enfermedad, había 90 pacientes. El doctor Marco Tulio Medina, coordinador del Comité Covid de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), le dijo en ese momento a Contracorriente que Honduras se enfrentaba a una tercera ola de coronavirus. 

Durante el 2021, Honduras reportó la muerte de 7, 200 personas. Del 1 de enero al 2 de marzo del presente año, la Secretaría de Salud registra 351 muertes por la pandemia, 48 de ellas en Cortés. El último dato oficial, del 2 de marzo, indica que 10, 785 personas han fallecido por Covid-19. El 22 % pertenece al departamento de Cortés. 

En lo que va del 2022, se han presentado 48 muertes en el departamento de Cortés, de estas, 26 fueron en San Pedro Sula y 22 en otros municipios del departamento. En la semana epidemiológica 7 (21 al 27 de febrero), únicamente fallecieron dos personas en San Pedro Sula y cinco en el resto de Cortés. 

En la actualidad solo existen dos salas para tratar enfermos por la pandemia en San Pedro Sula, pues el hospital Leonardo Martínez, donde se acondicionaron salas con 80 camillas para COVID-19 en los momentos más críticos, ha cerrado estos espacios y se prepara para volver a operar como un hospital de especialidades. Así funcionaba antes de que se reportara el primer caso de COVID en marzo del 2020. 

En San Pedro Sula también se cerraron los triajes que funcionaban en el Colegio de Ingenieros Civiles y en la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), también la unidad estabilizadora que operaba en el Gimnasio Municipal. En el resto del departamento de Cortés operaban 16 centros de triaje, pero 8 de los cuales fueron cerrados. 

Yojan, unos de los hermanos Ordóñez, recuerda que en el inicio de la pandemia, cuando alguien salía positivo, en Puerto Cortés las calles estaban totalmente cerradas y los vecinos caminaban con miedo, pero eso ya no pasa. «La cuadra donde vivo la cerraron cuatro veces», recordó. 

El doctor Julio Rodríguez es el nuevo director de la Región Departamental de Salud en Cortés y sostiene que hubo una rebaja sustancial en la positividad de la semana epidemiológica 6 (14 al 20 de febrero del 2022), cuando se registró un 69%, a la 7, donde las prueba positivas alcanzaron el 50%. 

Reconoce que hay una rebaja, pero también sostiene que el coronavirus es todavía una «enfermedad impredecible para los científicos» así que, aunque ahora hay una baja en los contagios y hospitalizaciones, puede venir una nueva ola. 

«Ha bajado un poco, en los triajes ha disminuido la asistencia, pero esto es cambiante, de repente hay una disminución de cosas y después viene un rebrote por una variante nueva», aseguró el doctor Rodríguez.

Carlos Umaña, médico del Ihss y diputado del Congreso Nacional por Cortés, coincidió en la baja en los contagios pues dijo que el lunes 28 de febrero solamente hubo 12 ingresos en la sala Covid del IHSS, pero de estos ninguno estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). No obstante, el galeno manifestó que el país no debe bajar la guardia porque en Panamá ya se encuentra la variante de Omicron BA-2, que a juicio de Umaña puede ser hasta tres veces más contagiosa que el Omicron, que entre diciembre y enero, llenó las salas Covid en San Pedro Sula.

La BBCMundo informa que el gobierno de Dinamarca, país que se propone levantar las restricciones por Covid-19, realizó un estudio entre unas 18 mil personas y encontró que la BA.2 es «sustancialmente» más transmisible que la Omicron. 

En el mismo artículo, el medio británico cita a Boris Pavlin, miembro del Equipo de Respuesta Covid-19 de la OMS: «Mirando a otros países donde la BA.2 está ahora superando (a la BA.1), no estamos viendo mayores aumentos en las hospitalizaciones de lo esperado. Es poco probable que su impacto sea sustancial, aunque se necesitan más datos», afirmó.

Para Umaña, el BA-2 es uno de los virus más contagiosos que ha conocido la humanidad y hace una crítica al Gobierno Central. «Ahora acaban de cometer una torpeza, que es abrir los aeropuertos para todo el mundo. Eso es un error, ahora que esta nueva variante ya está en Panamá. En este momento tenemos un respiro pero este tipo de aglomeraciones nos va a resultar en un problema», dijo. 

«Omicron tuvo la capacidad de infectar hasta dos mil casos diarios, este BA2 puede llegar a un poquito más porque le dará a gente que ya está vacunada. Tendremos un repunte en los casos si nos descuidamos”, dijo Umaña.

Los datos 

Al miércoles 2 de marzo del 2022, solo habían 17 pacientes internados, según el boletín de la Secretaría de Salud. En el hospital de Área de Puerto Cortés solo había dos pacientes y en El Progreso 10. Ese día se reportaron 207 hospitalizados en todo el país, 17 de ellos en las UCI. Honduras actualmente tiene 738 camas para atender enfermos de Covid, de esas 190 (26%) están ocupadas. 

En el mismo boletín, la Secretaría de Salud informó que seis personas fallecieron por la infección de Covid-19, solo una de las muertes fue reportada en Cortés. En septiembre de 2021, este departamento registraba 2,830 fallecidos, que según cifras oficiales en ese entonces representaban el 25% de las muertes por pandemia en el país.

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Una enfermera camina a un lado de los hospitales móviles ubicados en los predios del Hospital Catarino Rivas en San Pedro Sula, Honduras. Foto CC/ Antonio Gutiérrez

En datos ofrecidos por la oficina de epidemiología de la Región Metropolitana de Salud aparece que la positividad de las pruebas en San Pedro Sula alcanza un 18%. Para esta misma época en el 2021, la misma era de 38%. En los picos de la pandemia, en esta ciudad la positividad estuvo arriba del 80%. En Región Departamental, la positividad alcanzó un 50% en la semana epidemiológica número 8 ( 21 al 27 de febrero). 

En San Pedro Sula se cerraron los centros de triaje ubicados en el Colegio de Ingenieros y en la Cámara de Comercio, únicamente funciona el que se encuentra en el Instituto de Formación Profesional (INFOP), que en la última semana de febrero atendió a 393 pacientes. Actualmente, la Región Metropolitana de Salud se encuentra sin director, pues la persona que estaba encargada dejó su cargo y la persona que lo sustituirá todavía no ha sido nombrada por la nueva administración. 

La vacunación

Las cifras oficiales indican que al 2 de marzo del 2022, Honduras tenía registrados 413, 699 contagios y 10, 785 muertes, esta cifra está lejos de los más de 20 mil fallecidos que la asociación de funerarias del país atribuye al Covid-19. 

En el país, la vacunación comenzó como un proceso muy lento, con donaciones de países afines como Israel, pero al 28 de febrero del 2022, la Secretaría de Salud informó en su portal que 11, 271, 356 de dosis habían sido aplicadas a los grupos aptos para recibir la inmunización. De ese total, 5, 220, 537 son primeras dosis; 4, 470, 287 son segundas dosis y un poco más de millón y medio son dosis de refuerzo.

El doctor Julio Rodríguez, director de la Región Departamental, consideró que el porcentaje de vacunación sigue siendo bajo, pues en el caso de Cortés, el porcentaje de personas que recibido la primera dosis sobrepasa el 80%, pero cuando se pasa al esquema completo el porcentaje se desploma y es incluso menor si se toma en cuenta la dosis de refuerzo. «En las primeras dosis se anda bastante bien, arriba del 80%, pero baja con la segunda dosis y mucho menos con la tercera. Ese es el llamado que se les hace, porque eso es lo que nos protege de una infección grave», aconsejó el doctor. 

Con el inició de la vacunación pediátrica, que abarca los niños de entre 5 y 11 años, el doctor Rodríguez sostiene que planean vacunar unos 140 mil niños. Esta meta no incluye San Pedro Sula, que es la Región Metropolitana. «Algunos niños de esta edad ya habían sido vacunados por su condición de salud, unos 17 mil niños que ya estaban vacunados», afirmó.

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Padres de familia llevan a sus hijos a los centros de atención y vacunación contra el COVID-19 en San Pedro Sula, Honduras. Foto CC/ Antonio Gutiérrez

Según el doctor Carlos Umaña, hay 1.5 millones de hondureños que no han recibido ninguna vacuna. Agrega que las personas que solamente tienen una dosis prácticamente no tienen protección para evitar la gravedad por la enfermedad de Covid. 

El galeno y diputado sostiene que se están haciendo pocas pruebas PCR, pero que la cantidad de hospitalizaciones es una buena señal. No obstante, sigue llamando a no bajar el rigor en la bioseguridad y continuar vacunándose. Nadie quiere ser el familiar como al que los hermanos Ordóñez esperan afuera de un hospital.

Por Persy Cabrera

Foto portada: UNAH Foto CC/Jorge Cabrera


Diecisiete años es una edad complicada para tomar decisiones. La adolescencia resume un tiempo en el que intentamos saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir; sumado a eso, tenemos la tarea de conocer qué profesión vamos a tener el resto de nuestras vidas. Algunos elegimos la carrera «lógica» y, quizá, no para la que tenemos vocación. A veces, apenas meses después de recibirnos del colegio, nos embarcamos en estudios para realizar el examen que va a decidir si somos capaces de estudiar la carrera que escogimos: la Prueba de Aptitud Académica (PAA). 

Después de cursar en el colegio un bachillerato técnico en electricidad, el paso lógico para mí era estudiar Ingeniería Eléctrica. Digo lógico porque sería una especie de seguimiento a mis estudios de secundaria, donde tenía un buen desempeño en matemáticas. Sobre todo, significaba estar en una carrera difícil y bien remunerada. Dos cosas importantes, porque ya todos sabemos lo bajos que son los sueldos en Honduras.

Había pensado en el periodismo como una opción, pero siempre hubo algo que me detenía, ya fuera las expectativas sobre mi futuro o la visión que a veces hay de las carreras sociales, subestimadas frente a ser un ingeniero, médico o abogado. Al final, decidí no emprender mi sueño, decidí no atenerme a las consecuencias de probablemente no ser tan bueno abrazando una decisión que fuera mía.

Tres años pasé en la ingeniería y yo pensaba que todo iba bien. En medio de conflictos del estudiantado con las autoridades, clases que se me hicieron difíciles y las que pasaba con relativa facilidad, llegué a la mitad de la carrera. Sin embargo, que todo vaya bien no es sinónimo de que estemos bien y es difícil enfrentarnos a la idea de hacer algo que cambie todo.

Recuerdo estar un viernes en el edificio de la escuela de Física, había pocos estudiantes. Hacía días tenía la idea de que quizá no era feliz y estaba esforzándome por algo que no me llenaba. Y finalmente llegó el día en el que todo simplemente se acumuló en mi cabeza y me sentí vacío.

En mi mente reaparecieron todas esas escenas en las que algún amigo me preguntó qué hubiera estudiado de no estar en ingeniería, escenas donde siempre respondía: «Periodismo». Me llenó la angustia y la preocupación de saber que si quería hacer lo que tenía en mente, tenía que planteárselo a mis papás, iniciar de nuevo y, sobre todo, pensar si la decisión de cambiarme de carrera era más una corazonada que una decisión racional que llegaría a buen puerto.

Dos días después, un lunes por la mañana, como si se tratara de una intervención divina, me encontré con la respuesta que esperaba. El licenciado de una clase de matemáticas comenzó a platicarnos acerca de sus horarios, lo apretada que era su agenda y sus deseos de seguir estudiando. Su reflexión final fue que, aunque era un ritmo de vida cansado, le apasionaba la idea de seguirlo haciendo por una carrera que le gustaba. Estuvo toda la hora clase dando la clase que necesitaba escuchar: una que no era de matemáticas, una que era sobre la vida. 

Tres años y meses después, estoy aquí, a pocos meses de recibirme como periodista. Y me sorprende cómo el cambio de carrera es algo más usual de lo que se esperaría en la vida del estudiante universitario. En mi círculo cercano, hay más de una persona que decidió darle una vuelta a su futuro. Aunque la PAA determine la aptitud de una persona para una carrera, hay un profundo desconocimiento del aspirante universitario sobre algo todavía más crucial: su vocación.

Tras la propuesta del Congreso Nacional de eliminar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), creo que se debería aprovechar la ocasión para hacer ver las notables falencias del sistema educativo y no para polarizar una discusión que compete al estudiantado, junto con expertos y autoridades universitarias. Más que eso, quiero enfatizar en la necesidad primordial de una orientación a los aspirantes a una carrera universitaria.

No considero que el tiempo en la carrera anterior fue perdido, pero en una edad en la que necesitaba saber si tenía vocación para la carrera que admiraba, llené mi cabeza con un solo pensamiento: en ese examen tenía que sacar 1100 puntos.

Por Arturo Martínez Galindo 
Ilustración: Pixabay

 

A pesar de su magno nombre, Romana siempre fue una chiquilla frágil. Pudo creérsela víctima de algún extraño morbo al ver sus mejillas pálidas, su frente pálida y sus labios exangües y secos, como cansados de besar. Pero no. Su palidez era como un gran temor ante su tardía nubilidad. Las tocas conventuales hubiéranle venido de maravilla para crear una suerte de abadesa ambarina, atormentada por las tentaciones y los cilicios, como aquellas monjas pálidas que se durmieron en el seno del Señor en los atardeceres desmayados, con las manos como lirios marchitos, cruzadas santamente sobre el busto tácito. 

Romana era una poquita cosa; una de esas virginidades inofensivas que no son apropiadas para encender la sangre de los hombres. Tenía los cabellos rubios, de un rubio desteñido y simplón; los ojos claros y fríos como los de ciertas muñecas que se aburren en los bazares, y la voz, un hilo tenue en que se adelgazaba el sonido. 

Vivía en una pequeña quinta suburbana, que se recataba tras las frondas de un huerto. Hija única, era ella sola para cosechar las blanduras maternales de doña Leonor. Esta mujer había tenido una historia galante de placer y de pecado. Corrió mucho mundo. Fue amada por magnates porque ella sabía mantener siempre rebosante la copa de las tentaciones, y más de alguno perdió su cordura en el abismo de los ojos verdes de doña Leonor. Había sido una de esas hembras envenedadoras que parecen llevar el sexo difundido en todo su ser: sexuales la risa y la sonrisa, el andar perezoso y la voz, la mirada de incendio y el gesto sabio, la curva de escándalo y la leyenda equívoca. 

Pero… quedábale algún resquicio de vulgaridad cuando, al doblar la cuarentena, tuvo el cuidado burgués de concebir a Romana. Y no fue menor su espíritu de defensa cuando pudo, entre mimos y lágrimas, atar la vida de su hija a la opulencia de don Gil. 

Don Gil, su último amante, se dejó convencer fácilmente —y qué aire triunfador se gastaba por aquellos días—, halagados sus sesenta años por aquella abertura de consecuencias. 

Asegurado un porvenir tranquilo, doña Leonor empezó a ser realmente doña Leonor. Olvidó su nombre cortesano —tal vez Zazá, quizá Manón—, porque quería, en el olvido de su casita blanca, al margen de la ciudad bullanguera, contar sus primeras canas, observar sus primeras arrugas y captar las caricias dulzonas e inofensivas de don Gil, cuyas manos sabían escribir, de fecha en fecha, cheques bancarios consoladores. 

Cierto es que don Gil era gordo, que usaba mostachos anticuados, que se reía a carcajadas y que tenía los dientes postizos, pero… doña Leonor no era ya la cortesana elástica, la varona encendida de juventud y de pecado. Todo su antiguo encanto, primaveral y perverso, se había mustiado; el soplo del tiempo la había desnudado, así como el soplo del huracán desnuda al árbol; al igual que las hojas viajeras, sus galas volaron una a una en el ala del tiempo. 

Aquella noche… don Gil, arrellanado en la muelle butaca, fumaba plácidamente; doña Leonor, inmóvil frente a él, ligeramente recostada en un diván, parecía hundida en evocaciones; los párpados caídos y las pestañas largas sombreando los ojos verdes. Romana tocaba al violín una serenata melancólica de Moskowsky; la silueta de la nena se idealizaba en el vano del balcón, rebosante de luz lunar; una pantalla inmensa velaba la bombilla eléctrica. Las notas se elevaban del cordaje, limpias, una a una, como las cuentas fúlgidas de un rosario fantástico; lentamente, como las arenas mudas de algún reloj milenario. De pronto cesó bruscamente la música en un desacorde doloroso y desconsolado. Romana, como una gata friolenta, vino a esconderse en el regazo de doña Leonor. 

–No puedo más –musitó–, no puedo más… 

Había en su voz cierta inflexión, atormentada, como si quisiera sollozar. Don Gil, los ojos fijos en las espiras de humo azul de su cigarro, como si siguiera un pensamiento íntimo, preguntó: 

–Leonor, ¿te acuerdas de Vladimir, el violinista ruso? 

–¿Por qué? –interrogó a su vez la voz exaltada de doña Leonor. 

–Por nada, mujer. Se me vino el recuerdo. Era un gran artista. 

–Era un gran artista… –repitió la voz calmada de doña Leonor. 

–Le conocimos en Viena, ¿recuerdas? Fue el mismo año en que nació nuestra Romana. Estaba un poco tísico, el pobre. Paréceme que murió poco después. 

Doña Leonor, pálida y muda, oprimió contra su pecho la cabeza rubia de Romana, y sus brazos robustos apretaron el cuerpo frágil de aquella muñeca, como si quisiera librarla de una amenaza invisible. 

Si don GIl no hubiese sido corto de vista, habría podido advertir en los ojos verdes y en las pestañas largas de doña Leonor, unas gotitas claras que se parecían mucho a las lágrimas. 

La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado 161 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales que tenían distintos proyectos activos en Nicaragua. Los grandes perdedores con esta decisión son las poblaciones de escasos recursos ubicadas en su mayoría en zonas rurales. Pese a que el régimen sandinista alega que estas organizaciones promueven “el golpismo” y la “financiación del terrorismo”, apenas 21 corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que el sandinismo le declaró animadversión desde su retorno al poder. El grueso de proyectos afectados iban para salud, educación y seguridad alimentaria de los más vulnerables. Este es el golpe que sufren los ciudadanos, incluyendo estudiantes universitarios.

Divergentes | Managua, León y Jalapa
Preámbulo

La persecución de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el poeta Ernesto Cardenal no da tregua, incluso después de muerto el sacerdote icono de la Teología de la Liberación. La mañana del 20 de abril de 2022, mientras la Nicaragua que resiste conmemoraba cuatro años de las masivas protestas sociales que fueron reprimidas con brutalidad por el gobierno sandinista, los diputados leales a Ortega llegaron con una hacha al hemiciclo: descabezaron de un tajo a 25 organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como oenegés. Son las que faltaban, las últimas de un total de 161 clausuradas desde 2018 hasta la fecha. La del religioso trapense se llamaba Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 en un archipiélago enclavado en el Gran Lago Cocibolca. 

En Solentiname, una isla rodeada de tupidos árboles centenarios cuyas raíces se hunden en el manso oleaje y el fango del Cocibolca, funciona la utopía social de Cardenal: una comunidad de pintores primitivistas y artesanos que viven en comunión con este paraje tropical. Aunque Cardenal murió en marzo de 2020 y su sepelio fue profanado por hordas del régimen Ortega-Murillo, la asociación siguió funcionando, reivindicando el legado del poeta. Un desafío en un país donde el gobierno apresa, exilia, destierra y asfixia las voces críticas. Un oasis que comenzó a secarse el 20 de abril, con la clausura de la organización que en parte sostiene esa utopía. 

El orteguismo también cerró la Fundación Luisa Mercado, dirigida por el escritor Sergio Ramírez, y con sede en la ciudad de Masatepe. La de Ramírez es un centro cultural como pocos en Nicaragua: por sus aulas han pasado miles de jóvenes que aprendieron música, tomaron talleres literarios –algunos impartidos por el mismo escritor, Premio Cervantes–, exposiciones de pintura, arte sacro y niños atraídos por el rincón de lectura infantil. En Solentiname, en Masatepe,los Ortega-Murillo han cercenado dos criaderos de cultura.

“Suprimir estas organizaciones y confiscar sus bienes no significa sino la pretensión de silenciar a la sociedad civil y terminar con todas las expresiones de libertad y democracia que este tipo de organizaciones han llevado adelante”, protestó Ramírez desde España, donde se encuentra exiliado. “Estos son los delitos por los cuales se castiga a la Fundación, como se castiga a las demás organizaciones cuyos derechos han sido conculcados el día de hoy por razones similares”, agregó el escritor.

I. Un albergue cerrado

Marbellí Espinoza, con el corazón latiendo a mil por el susto, corrió al único lugar donde sabía que podía estar segura: el refugio de Oyanka, una asociación de mujeres contra la violencia de género ubicada en Jalapa, un municipio norteño de Nicaragua, cercano a la frontera con Honduras. La mujer había sido golpeada por un sobrino. Con moretones en los brazos, el miedo de Marbellí se volvió terror cuando llegó al albergue y se encontró con el edificio cerrado y vigilado por simpatizantes sandinistas. “Ahora no sé qué voy a hacer”, se dijo a sí misma. “No tengo a dónde ir”, pensó.

Oyanka era la única oenegé dedicada a auxiliar a mujeres violentadas en esta zona del país, en el departamento de Nueva Segovia, donde el machismo provoca al año más de 500 casos de violencia de género y hasta tres femicidios. El refugio era una de las insignias de esta organización que nació en 1993 como un programa de género para acompañar a las mujeres de la zona y que en 1998 se constituyó ante el Ministerio de Gobernación. Atendía entre dos y ocho mujeres violentadas a diario. “Siempre había mujeres en el refugio y las recibíamos con sus hijos”, dice Idanil Peralta, una mujer de piel morena, estatura media, risueña y con un tono de voz alegre. Pero ahora no hay espacio ni para Marbellí ni para nadie más. En agosto de 2021, cinco meses antes de que Marbellí fuese agredida, el gobierno canceló la personería jurídica de Oyanka. La clausuró. El refugio, que hoy está vacío, permanece rodeado de paramilitares sandinistas que lo vigilan.

Sin ninguna otra salida, mujeres como Marbellí siguen buscando a las defensoras de Oyanka. Idanil, por ejemplo, reconoce que ahora le toca maniobrar casi en la clandestinidad. A su lado, Marbellí, madre soltera de 44 años, trata inútilmente de esconder los moretones de los brazos. “Lo único que puedo hacer por ahora es aconsejar, porque ya no trabajamos como antes. El Gobierno nos persigue y no entendemos por qué”, dice la defensora con desazón.

Cristhian Manzanares era una de las beneficiadas en el proyecto de transformación de mejoramiento de viviendas en el departamento de León. Divergentes..

Oyanka fue tan solo una de las organizaciones clausuradas en una de las últimas tandas del decapitamiento masivo de oenegés impulsado desde abril de 2018, tras las protestas que fueron reprimidas con balas letales por policías y paramilitares. El objetivo del régimen, similar al que comienza a perfilarse en otros países de la región como Guatemala o El Salvador, es acallar las voces críticas. Pero lo que desde esos gobiernos todavía es una amenaza, Ortega lo ha materializado en hechos concretos; y la guadaña se ha extendido hasta las universidades. A finales de abril de 2022, la cuenta de organizaciones canceladas ya llega a 161. Y el régimen incluso anunció que la cacería estaba lejos de terminar.

Ese mismo mes, el gobierno presentó un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Según ese documento, hasta 2019 existían 1,797 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) nicaragüenses consideradas como “vulnerables al financiamiento al terrorismo (FT)”. La invocación del terrorismo, y en otros casos de lavado de dinero, ha sido la principal arma oficial para decir que las organizaciones serán “revisadas” o silenciadas. Con la nueva ley aprobada en marzo, el régimen tiene el control para cerrar organizaciones sin que existan chances para una legítima defensa.

II. Legalizar la cacería

En Nicaragua, ser parte de una organización que visibiliza los principales problemas del país es una actividad prescrita, pero la cacería final arrancó en octubre de 2020, cuando se creó la Ley de Agentes Extranjeros que criminaliza la financiación internacional. 

Dicha ley nació sin espacio de discusión con los afectados. En agosto de 2020, el Secretariado de ONG Internacionales, una entidad que aglutinaba a buena parte de las oenegés que se verían afectadas, informó que estas gestionaban cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria en Nicaragua. Más de 550 mil personas en las comunidades más remotas del país eran los beneficiados, según el Secretariado. 

En un intento por frenar la nueva ley, el Secretariado expuso al régimen que las organizaciones firmantes (32 en aquel momento) habían cumplido las obligaciones legales y fiscales, contenidas en los marcos regulatorios existentes, reportando sus fondos, donaciones, actividades y obligaciones a Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Ingresos, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Instituto Nacional Tecnológico, ministerios y alcaldías.

A través de una carta, solicitaron a Ortega “analizar” nuevos mecanismos que no provocaran una “situación de paralización” de las actividades. “Dicha propuesta de Ley crea un mecanismo de registro y reportes mensuales que podrían ser imposibles de manejar, dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece”, cuestionaban.

Pero los Ortega Murillo no cederían y, en octubre, se aprobó la ley y decidieron cancelar las personerías jurídicas de las organizaciones mientras, en paralelo, confiscaron sus bienes. En el papel, la ley obliga a toda organización o ciudadano nicaragüense que trabaje para “gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras” a registrarse, informar de sus gastos e ingresos, y avisar en qué gastarán los fondos extranjeros. En la práctica, la cacería y el cierre de las organizaciones se legalizó.

La condena internacional no tardó en llegar. 

“Bajo la excusa de calificación de ‘agente extranjero’ a cualquier entidad física o jurídica que sea beneficiaria o mantenga vínculos de cooperación internacional, dicha ley pretende silenciar a las personas y organizaciones identificadas como opositoras y evitar cualquier ejercicio de libertades públicas, como la de expresión, asociación, la de participar en la dirección de los asuntos públicos, derecho de protesta y derecho a defender derechos”, cuestionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El golpe ha sido letal, sobre todo para los más vulnerables que se beneficiaban de los programas de estas organizaciones, como Marbellí en Jalapa.

Junto a “Agentes Extranjeros”, a finales de 2020 también fueron creadas otras tres leyes encaminadas a acallar las voces críticas: la “Ley de Ciberdelitos”, con la que el gobierno puede imponer hasta ocho años de prisión si considera que un periodista o un ciudadano publica algo en su contra en redes sociales. La “Ley del Pueblo”, o mejor conocida de “traición a la patria”, usada contra opositores que supuestamente promueven sanciones internacionales contra el régimen. Y, por último, la Ley de Cadena Perpetua que todavía no ha sido aplicada. 

Todas las anteriores solo son nuevos instrumentos para legalizar una persecución que tiene rastros desde el tercer gobierno de Ortega. Oyanka, por ejemplo, dejó de trabajar en paz en 2015. Entonces, el gobierno acosaba a la institución: las defensoras recibieron amenazas de autoridades municipales y policiales porque, cuando no eran escuchadas en las instancias correspondientes, denunciaban los casos a través de Radio Voz de Mujer. La emisora les fue donada por organismos internacionales y se escuchaba en varias comunidades de Jalapa, pero, en 2015, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), suspendió la licencia y confiscó los equipos que tenían para transmitir las denuncias. El primer zarpazo fue precisamente una mordaza contra la voz de las mujeres. 

El segundo golpe fue el boleo institucional que impidió que Oyanka tuviera la certificación para continuar operando en el país. El tercero y definitivo fue la cancelación de la personería jurídica.

El día que la Asamblea Nacional canceló a Oyanka, Idanil sintió que todos sus derechos, por los que había luchado, fueron quebrantados. “Me sentí débil, con miedo y tuve muchas ganas de llorar”, relató. “Yo quisiera hacer algo por las mujeres, pero es que no puedo. No hay en qué movernos, no tenemos abogados… Yo respondo por ellas pero a veces es complicado”, dice.

III. Asfixiar a los que ayudan

El albergue de Oyanka fue confiscado por el gobierno Ortega-Murillo. La propiedad fue adjudicada al Ministerio de la Familia. Divergentes.

Nicaragua es el eterno país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Una nación en la que el Estado no logra suplir todas las necesidades de la población y son, precisamente, estas organizaciones auspiciadas en su mayoría por la comunidad internacional las que históricamente alivian el déficit. 

Con las 161 oenegés canceladas hasta ahora, los sectores más afectados son salud y educación. Dos ámbitos con carencias estructurales en Nicaragua. Y aunque “Agentes Extranjeros” está diseñada para atacar a las oenegés críticas, la data recabada por DIVERGENTES y la Redacción Regional revela que solo siete organizaciones de índole extranjera clausuradas hasta ahora se la han aplicado. En cambio, el gobierno ha echado mano a otras normativas preexistentes como la Ley 147, “Ley General de Personas Jurídicas sin fines de Lucro” y la “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Ahora también cuenta con una ley de confiscaciones que se usa, se vio ya en Solentiname y Masatepe, de manera arbitraria. 

Una base de datos elaborada a partir de los decretos aprobados por la Asamblea Nacional y las publicaciones del Ministerio de Gobernación en el diario La Gaceta sobre las cancelaciones de organizaciones, ya sean de organismos sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones y clubes. Todas fueron clasificadas según el sector de apoyo que ejercían. En esta lista se excluyen los tres partidos políticos cancelados por el gobierno. Existe un grupo de nueve oenegés que pidieron la cancelación de su personería jurídica por falta de recursos financieros entre diciembre del 2018 y septiembre del 2020.

Pese a que el gobierno alega en su discurso que estas organizaciones promueven la “desestabilización”, “el golpismo”, y la “financiación del terrorismo”, apenas 21 corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que Ortega le declaró animadversión desde su retorno al poder en 2007, pues criticaban su deriva autoritaria. 

Otras nueve son oenegés relacionadas con la defensa de los derechos humanos. La del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fue una de las primeras lápidas que Ortega plantó en su cementerio de oenegés en diciembre de 2018, sacando de en medio a una de las organizaciones más rigurosas y aguerridas que denunciaba los atropellos en el país. 

Sin embargo, el grueso de las afectadas trabaja en el ámbito del desarrollo humano, y particularmente salud y educación. En el sector salud son 19 las clausuradas y en el educativo son 29. Estas 29 incluyen las ocho universidades privadas que fueron canceladas y confiscadas a finales de 2021 e inicios de 2022. Entre ellas está la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuna de la rebelión estudiantil en 2018. 

Entender la magnitud de la afectación en la población es complicado, sobre todo porque los funcionarios y exdirectores de las oenegés tienen miedo de hablar con la prensa. Sin embargo, hay ejemplos que dimensionan el problema: al menos 18 mil estudiantes han quedado en el limbo después de la confiscación de los ocho centros de estudio superiores privados. 

Lisseth Escalante es vicepresidente de la Cooperativa de Mujeres en acción, ella junto a otras socias se encargan del cuido de las cosechas en un pequeño terreno adquirido con el apoyo económico de OXFAM. Divergentes.

O como este otro: en la comunidad San Juan de la Penca en Chinandega, occidente de Nicaragua, Blanca Azucena Centeno perdió el sueño de por fin hacerse de una manzana de tierra para poder sembrar maíz y venderlo en el mercado local. “Ya tenía las semillas mejoradas, la capacitación y las ganas ni se diga. Solo esperábamos echar a andar el proyecto”, cuenta esta mujer de 62 años de edad, madre de cinco hijos y abuela de seis niños.

Blanca era socia de Mujeres en Acción, una cooperativa auspiciada por la Fundación Oxfam Intermón. Uno de los principales proyectos que se fue por el caño, después que Ortega canceló a Oxfam, fue el otorgamiento de créditos a mujeres sin acceso a tierra a través de la Coordinadora de Mujeres Rurales.

 “Todas estábamos alegres porque por fin íbamos a tener esa independencia por la que siempre hemos luchado. Creímos que podía hacerse realidad”, dice Lisseth Escalante Zavala, vicepresidenta de la cooperativa. El proyecto empezaría a andar a finales de 2021 e inicios de 2022. Sin embargo, el 16 de agosto de 2021, el régimen canceló la personería jurídica de Oxfam alegando incumplimiento en sus obligaciones legales y obstaculización en “el control y vigilancia” ante el Ministerio de Gobernación “respecto a sus estados financieros y la recepción origen y beneficiarios de sus donaciones”. Señalamientos que las organizaciones han negado en todo momento. De hecho, han denunciado que Gobernación impone una serie de trabas o no les recibe los documentos aludidos. 

En las zonas rurales del país es complicado que las mujeres puedan tener acceso a créditos para comprar tierras. Las casas financieras piden garantías sobre sus casas. Sin embargo, en las zonas atendidas por la cooperativa, al menos el 80 por ciento de los dueños de las viviendas son hombres. Por eso el proyecto era importante para ellas, porque con esta organización no iban a tener el obstáculo que les han puesto toda la vida por el hecho de ser mujeres. “Nosotras no nos metimos en nada político. Al final de cuentas Nicaragua necesita el apoyo de estos organismos para cambiar la visión y defender los derechos humanos”, dice Lisseth Escalante, que todavía no logra entender por qué el gobierno cerró Oxfam. 

 “Las que perdimos fuimos las mujeres de la cooperativa que nos beneficiábamos del desarrollo de los proyectos. Ahora ya no vamos a tener ese apoyo que teníamos antes. Estamos como a la intemperie”, se lamenta Blanca.

Pero hay más. Entre las organizaciones canceladas hay una docena que brindaban programas de seguridad alimentaria, atención para el desarrollo, pobreza, nutrición, gestión ambiental, agricultura familiar y vivienda; 16 de ellas eran organismos internacionales. 

IV. “El comandante nos quitó el apoyo y todo ha empeorado”

El cierre del albergue de Oyanka también da perspectiva: está en abandono. Las paredes están polvosas. La pintura morada que las feministas usan como color de lucha está opaca y faltan varios barrotes de las ventanas. Ya nadie entra al recinto. En la cuadra, los vecinos advierten que es riesgoso estar ahí, tomar fotografías o videos. “En la otra esquina está un paramilitar que anda en una moto y está atento por si alguien quiere llegar al lugar”, expresó una ciudadana que pidió el anonimato por seguridad. Al recorrer la zona es notable la seguridad de la que habló el vecino. Todas las fotografías se hicieron a bordo de un vehículo. Esta se ha vuelto la única manera de hacer periodismo con relativa seguridad en Nicaragua. 

Idanil, la fundadora de Oyanka, se siente desarmada ante Marbellí y su sufrimiento. No hay albergue ni recursos para ayudar a esta víctima de violencia de género. Es una situación pareja: Oyanka dejó de atender a más de 200 mujeres que sufren violencia doméstica, psicológica y que tienen demandas para recibir pensión alimenticia de parte de sus exparejas. Sin contar las capacitaciones sobre los derechos que las mujeres tienen en la sociedad.

— ¿Quiénes son los más afectados con el cierre de Oyanka?
— Las mujeres. Ellas ahora quedan desamparadas — responde con rabia. 

El acceso a la tierra para las mujeres, ha sido el principal foco de lucha de organizaciones como la Coordinadora de Mujeres Rurales, quienes a falta de financiamiento dejan a cientos de mujeres sin esta oportunidad. Divergentes.

Wendy Lisseth Centeno también siente rabia porque no puede librarse de su agresor. Rabia y miedo a decir verdad. Un sentimiento que no la paraliza. En San Fernando, un municipio colindante a Jalapa, ha denunciado las amenazas que un vecino le ha proferido de manera constante. Las últimas semanas ha bregado entre la Policía y la Fiscalía, pero no ha encontrado respuesta. Un silencio institucional que realza la importancia del acompañamiento de Oyanka. 

El agresor de Wendy no solo la acosa cuando la encuentra en la calle: también llegó hasta su casa con un machete para amenazarla a ella y a sus hijas. “Tengo miedo, pero si no llevo el caso, todo se va a quedar así como si nada y yo debo cuidar a mis hijas”, dice la mujer de 32 años. 

“Yo sé que con Oyanka acompañándome ya esto hubiera terminado. Pero desde que el comandante (Daniel Ortega) nos quitó el apoyo de ellas, esto ha empeorado. Los hombres no nos respetan, se sienten con mayor derecho sobre uno y nuestras denuncias ahí están engavetadas. Ahora estamos solas. ¿Quién nos va a defender? La ley en San Fernando no funciona”, dice Wendy. 

Idanil lamenta que la situación de Wendy y sus hijas esté siendo ignorada por las autoridades municipales. Pero no puede hacer mucho porque ni siquiera cuentan con aquellas voluntarias que estaban prestas al llamado para acompañar a las mujeres a interponer la denuncia. La persecución ha limitado sus acciones y el exilio de algunas integrantes del equipo ha debilitado el trabajo de campo.

Aunque Idanil no tiene el dato exacto de cuántas mujeres ha acompañado Oyanka en los últimos años, porque las oficinas fueron confiscadas con todas las pertenencias y archivos dentro, sostiene que la violencia machista disminuyó hasta en “un 90 por ciento en Jalapa”. 

V. El laberinto de los “Agentes extranjeros”

La violencia de género se ha convertido en un verdadero drama para las mujeres del norte de Nicaragua. Divergentes.

Lucrecia y Abigail observan desde adentro de una camioneta con vidrios oscuros las oficinas de Oyanka en Jalapa. Están atónitas, comentan entre ellas el cambio que han ejecutado las autoridades del Ministerio de Educación en el local. 

“Mirá, le quitaron el cuadro que estaba de frente”, dice asombrada Lucrecia. “Ahí en esa silla estaban unos papeles. Me da una rabia, se quedaron con todo”, responde Abigail. Ambas mujeres formaban parte de la clausurada directiva de Oyanka.

La organización no solo perdió su personería. El régimen sandinista, tal y como ha hecho con otras organizaciones y medios de comunicación, le confiscó sus propiedades: las oficinas donde llegaban a analizar los casos de las mujeres que denunciaron violencia intrafamiliar y el albergue para las mujeres violentadas o en riesgo de muerte.

“El primer golpe de la dictadura es la cancelación”, explica un abogado que habla desde el anonimato por seguridad. “Con esto logra paralizar las actividades de la organización y no les permite que continúen operando”.

Para que una organización sea cancelada y confiscada hay dos caminos: que se niegue a someterse a la “Ley de Agentes extranjeros” o que no pueda sortear el laberinto burocrático impuesto por el régimen. Aunque no hay un dato exacto, hay varias oenegés que cerraron para no someterse a la normativa. Entre las primeras que se negaron está Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que durante más de 25 años trabajó en la capacitación de periodistas en Nicaragua; y PEN Nicaragua, un grupo de escritores, poetas y periodistas que promueven la libertad de la palabra. 

“Se trata de una clara manipulación que persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el Gobierno considera contrarios a sus lineamientos, en evidente violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y de difusión, la democracia y el Estado de Derecho”, declaró hace un año la organización, fundada por Cristiana Chamorro, excandidata presidencial para los comicios de 2021 y hoy presa política de Ortega por un supuesto caso de lavado de dinero. 

En el otro extremo, aquellas que intentaron cumplir con la ley rápido se dieron cuenta cómo funciona la trampa legal. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) decidió registrarse, pero denunciaron que cada vez que llegaban a la ventanilla de inscripción les exigían nuevos requisitos, lo que imposibilitaba finalizar el trámite. La CPDH sorteó estos obstáculos, pero a finales de febrero de 2022 han denunciado que el Ministerio de Gobernación la ha situado al margen de la legalidad al no recibir sus estados de cuenta financieros. “Presentamos nuestros estados financieros ante el Ministerio de Gobernación y fueron rechazados. No entendemos las razones, no hay ninguna razón válida”, dijo en una conferencia de prensa el vicepresidente de la junta directiva de la CPDH, Denis García.

En lo que denuncia la CPDH está la daga de la “Ley de Agentes Extranjeros”. Las oenegés deben cumplir una serie de requisitos tortuosos que torpedean el funcionamiento diario. Para entenderlo, DIVERGENTES habló con tres directores de oenegés que siguen en funcionamiento en Nicaragua. Algunos, por obvias razones de seguridad y evitar represalias, accedieron a conversar sin ser identificados. “Es un burocratismo que mata”, advierte una de las fuentes. 

En principio, para poder inscribirse como “Agente Extranjero” ante el Ministerio de Gobernación, las organizaciones deben tener una “constancia de cumplimiento” que emite la oficina de Control de los Organismos sin fines de lucro de dicha cartera. Y en ese trámite hay quienes se quejan de recibir indicaciones solo de forma verbal; o por la no recepción de la información que acredita los registros de juntas directivas o estados financieros. Esto se aplica mayormente a organismos más dados a la denuncia pública, explica desde el exilio Haydée Castillo, exdirectora del Instituto de Liderazgo de la Segovias (ILLS), oenegé clausurada en 2018 por “desestabilizar al país y formar parte del intento de golpe de Estado”. 

Aquellas que logran inscribirse, se enfrentan a laberintos kafkianos definidos al arbitrio de los funcionarios de Gobernación. Por ejemplo, explica uno de los directores consultados, les llegan a exigir reportes presenciales y semanales para dar cuenta de todos los movimientos de la organización. “Es absurdo porque hay que pedir permiso hasta para comprar una escoba”, ejemplifica. “Nos ha tocado contratar un contador exclusivo para que pueda cumplir con los interminables requisitos que imponen. Siempre falta un requisito, lo subsanas, pero ya sabés que surge otro. Y en ese ir y venir, se van venciendo algunos documentos que te permiten operar”, dice otro director. 

Cada donación que las oenegés reciben deben ser reportadas hasta tres veces antes de ser recibidas, y también cuando caen a la cuenta bancaria. Al final del año, todo se repite. “El nivel de escrutinio ha llegado a absurdos como el de exigir hojas de ruta de los vehículos para justificar gastos de combustibles. El gran problema es que el reglamento está redactado de forma tan abierta que queda sujeto a la interpretación del funcionario”, se queja otra directora de una oenegé que intenta sobrevivir en los laberintos de Gobernación. 

El Ministerio también produce “demoras administrativas” en la aprobación; y eso causa que las organizaciones paguen tarde otras obligaciones con el Estado, como la seguridad social, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Trabajo. Luego, esas otras instituciones aplican multas aunque la tardanza fue responsabilidad del mismo Estado.

Y a todo esto hay que sumar las multas discrecionales que impone Gobernación por incumplir requisitos. La ley establece que quienes operen al margen de la normativa pueden ser multados hasta con medio millón de dólares. “Hay demasiados absurdos, como que no te aceptan una reunión de junta directiva si uno de los miembros participó de manera virtual. Otras veces tenés que viajar de madrugada a Managua,porque imponen horas específicas para entregar los informes”, se queja una de las directoras consultadas.

Haydée Castillo sostiene que si bien no han invocado de manera masiva “Agentes Extranjeros” para cancelar oenegés, eso no implica que no esté cumpliendo su cometido de asfixia. “Me parece que la ley fue creada como una manera de auto aniquilamiento. Ni siquiera tenés que intentar el proceso, porque es casi imposible cumplirlo”, dice. 

“En Nicaragua hay aproximadamente 4 mil organizaciones registradas y te puedo decir que un aproximado de 100 organizaciones fuimos objeto directo por parte del régimen, porque estamos más vinculadas a la denuncia de las violaciones a derechos humanos”, sostiene Castillo. “Pero luego hay una gran cantidad de carácter social que prácticamente y progresivamente son aniquiladas con la Ley de Agentes Extranjeros”. 

Oyanka es una de estas. El abogado consultado por DIVERGENTES lo resume con claridad: el segundo golpe, al confiscar sus propiedades, “lo que consigue es no solo intervenir, sino garantizar que no van a poder levantarse del primer impacto y que al no tener nada con qué sobrevivir, cerrar definitivamente en el país”.

Tras la cancelación de la personería jurídica, en agosto de 2021, las mujeres que conformaban la junta directiva de Oyanka decidieron ocupar las oficinas y el refugio para evitar que las autoridades confiscaran ambos edificios.

Aguantaron hasta las irregulares elecciones sin competencia del siete de noviembre. “Después de las elecciones la Policía llegó al lugar y no nos dejaron entrar nunca más”, recuerda Idanil. Las últimas confiscaciones contra las otras organizaciones ocurrieron a finales de febrero 2022, luego de que el régimen eliminara las personerías jurídicas de ocho universidades privadas del país. La Asamblea, después de la cancelación, aprobó de manera urgente e irregular, tres leyes para hacer parecer como lícito un nuevo atropello.

Fachada del Ministerio de Gobernación en Managua. Divergentes

Yader Morazán, abogado experto en la administración de justicia nicaragüense, señala que la creación de las tres leyes y los nuevos centros de educación superior, en la misma infraestructura de ocho universidades cerradas, es un acto de confiscación, cuya figura está prohibida en la Constitución de Nicaragua. Morazán explica que la Carta Magna es clara cuando estipula que las universidades y “sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación, ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales”.

El Consejo Nacional de Universidades (CNU), al apoderarse de las instalaciones universitarias, transgrede el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe las confiscaciones. “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, señala la Constitución.

Pero nada de esos atropellos le ha importado al gobierno y sus simpatizantes. La celebración de la confiscación de la Upoli es el mejor reflejo de esta política avasalladora: estudiantes que se identifican como simpatizantes del Gobierno de Ortega bailaron el martes ocho de febrero en el recinto privado convertido en estatal. 

“¡Aunque te duela! ¡Aunque te duela! El comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él”, cantaban y bailaban un grupo de la Upoli. “Aquí estamos en rectoría, donde tuvimos un montón de reuniones discutiendo y peleando por los estudiantes. Ahora ya no es necesario eso, porque la universidad es pública”, dijo Verónica Gutiérrez, integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), ligada al sandinismo.

Tres días más tarde, en otro intento de confiscación, un pueblo alejado 248 kilómetros de Managua dio un nuevo ejemplo de resistencia.

VI. El levantamiento  de los ‘Fabrettistas’

Una de las entradas de la UPOLI, centro superior confiscado por el gobierno de Daniel Ortega. Divergentes

El jueves 10 de febrero de 2022, en el contexto de la antepenúltima cacería contra las oenegés, en el poblado de San José de Cusmapa, en el departamento de Madriz, un grupo de padres de familia se tomó una escuela. Los pobladores se habían enterado de que el Ministerio de Educación, en la campaña anti ‘agentes extranjeros’, ordenó confiscar una de las escuelas rurales patrocinada por la Fundación Fabretto, una organización religiosa con sedes en Estados Unidos, España y Reino Unido. El Mined se lo había hecho saber a través de una llamada telefónica al director de la escuela de Cusmapa.

La información se regó como pólvora en el pueblo. Los padres de familia decidieron reunirse ese mismo día y quedaron de acuerdo que al sonido de las campanas de la Iglesia todos marcharían hacia el oratorio. 

“Al ver lo que estaba pasando decidimos que no íbamos a quedarnos en el ‘si hubiéramos hecho esto’. Por eso nos organizamos, para evitar que ocurriera lo mismo con nosotros”, relata Carlos, un padre de familia que participó en la defensa del centro escolar.

Al día siguiente, viernes, algunos pobladores no esperaron a las campanas. A eso de las 6:30 a.m. llegaron al centro para resguardarlo. Tres horas después, cuando las campanas por fin repiquetearon, unas doscientas personas caminaron hasta el colegio y se sumaron al grupo de avanzada. Para cuando llegó la Policía a ejecutar la orden, el pueblo entero estaba dentro de Fabretto. 

En San José de Cusmapa está enterrado el cura de origen italiano y mecenas de la fundación. Solo el agradecimiento que la gente de este municipio le guarda al religioso puede explicar la osadía que tuvieron los padres de familias al tomarse la escuela y evitar que funcionarios sandinistas confiscaran el inmueble. Hombres y mujeres se atrincheraron en el colegio sin importarles que la Policía los rodeara. Más llamativo aún, muchos de esos ciudadanos, entre ellos maestros, son simpatizantes sandinistas. 

A diferencia de otros municipios, San José de Cusmapa no está “atiborrado” de banderas del FSLN. Hay que recorrer todas las calles para encontrar una que otra colgada en alguna casa o en el tiangue. “Aquí es mitad y mitad. El alcalde es sandinista pero ganó porque es popular y porque es fabrettista”, cuenta Indira, una madre de familia que aceptó hablar bajo la condición de identificarla con un nombre ficticio. La Fundación Fabretto ha formado en Cusmapa a alrededor de 60 maestros de preescolar y 27 profesores de primaria. Al menos 150 estudiantes de 23 comunidades periféricas están apoyadas indirectamente por el centro con los almuerzos, formación de maestros y materiales didácticos.

Indira tiene 42 años, está casada y tiene dos hijos. Participó en el resguardo del centro. Esta mujer fue una de las más sorprendidas por la decisión del Gobierno de eliminar la personería jurídica de la Fundación. “Fabretto nunca se metió en esos temas espinosos de política. Siempre obedeció su misión”, justifica. “Es que Fabretto es el corazón de Cusmapa”, añade Indira. “Es nuestra identidad”, repite. “En San José de Cusmapa somos fabrettistas”.

Las familias que se opusieron a la confiscación de la escuela Fabretto aún siguen en pugnas con el gobierno, y como medida no están enviando a sus hijos a clases. Divergentes

La misión de Fundación Fabretto era lograr que los niños, niñas, familias y comunidades de las áreas más desfavorecidas de Nicaragua, “alcanzaran su máximo potencial y mejoraran sus oportunidades de futuro mediante programas de educación”. Hasta la cancelación de su personería, la organización atendió a más de 40 mil niños, niñas y jóvenes en nueve centros educativos y más de 440 escuelas públicas. 

Durante más de 60 años, Fabretto ha trabajado en las comunidades rurales y urbanas más vulnerables de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), ofreciendo alternativas para mejorar el futuro de los beneficiados para romper el círculo de la pobreza en el que vivían.

Karla, una mujer de verbo encendido que participó de la protesta, considera que el tema político no tiene nada que ver con el levantamiento del pueblo para resguardar las instalaciones del centro. Considera que si se percibe así, es porque en el contexto actual cualquier persona que va en contra del régimen, es tachada como traidora por el partido. “Y no necesariamente tiene que ser así. Yo toda mi vida he sido sandinista, mis abuelos lo fueron, mis padres lo son, yo lo soy, soy sandinista, pero tengo clara mi vista y puedo ver lo que está ocurriendo. El Gobierno ha hecho cosas buenas, pero no todo lo que hace es bueno”, sostiene Karla.

En este pueblo entre montañas ni Karla ni sus vecinos creen en la cacería de los Ortega-Murillo contra las oenegés. El pueblo de San José de Cusmapa asegura que mantendrá la lucha. 

“Es que todos hemos sido beneficiados directa o indirectamente por Fabretto. Y no vamos a permitir que nos quiten el centro. Fabretto es el corazón de Cusmapa”, dice Karla. 

Más de dos meses después, el régimen se tomó las instalaciones de los fabrettistas.

*Este reportaje forma parte de República Finquera, un proyecto de cobertura del autoritarismo en Centroamérica y México de la Redacción Regional, una alianza entre medios y periodistas de la región, entre ellos Contracorriente Honduras.

Académicos, expertos en calidad educativa, dirigentes y exdirigentes estudiantiles de la UNAH, están de acuerdo en que la Prueba de Aptitud Académica (PAA) sí genera exclusión; no obstante, hay quienes sostienen que el Congreso Nacional no tiene la facultad de eliminarla y, por otro lado, el debate de la PAA desnuda otros aspectos, como el de la oferta y demanda en el nivel superior, así como la exclusión y privatización educativa que nace desde primaria y secundaria.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera


A mediados del mes de febrero, el diputado de Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé presentó una propuesta en el hemiciclo legislativo para eliminar la Prueba de Aptitud Académica (PAA), principal requisito para que los estudiantes egresados de secundaria puedan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Rasel Tomé indicó en sus redes sociales que la PAA es excluyente y catalogó que sería «un acto de justicia» la supresión de la misma. «Cortando esos nudos de exclusión vamos al fortalecimiento de la educación pública», sostuvo.

La UNAH respondió con un comunicado a la propuesta de Rasel Tomé —misma que se está socializando con distintos sectores en el Congreso Nacional— en donde argumentan que tres años antes de la aplicación de la PAA, implementada desde el año 2007, el índice académico promedio en la UNAH era del 47 %.

De acuerdo con los datos brindados por la UNAH, desde el 2007 se han aplicado 428 mil pruebas de aptitud académica, con un porcentaje de admisión del 80 %. Es evidente, por lo tanto, que existe un 20 % de reprobación. Las autoridades detallan que un 2.5 % intentó aprobar la PAA hasta en tres ocasiones, sin éxito.

De acuerdo con el doctor Denis Cáceres, profesor de psicometría, coordinador de estudios internacionales de medición educativa y experto en análisis de datos de evaluación y educación, quitar la PAA no resuelve el problema de exclusión masiva de los estudiantes en educación superior y que por lo tanto se debe de buscar otro tipo de mecanismo.

«Lo que está ocurriendo es que la UNAH está defendiendo su prueba, desconociendo que existe una exclusión estructurada en la educación superior y los políticos defendiendo su postura de que van a eliminar la prueba, argumentando que eso va a eliminar la exclusión», indica el doctor Cáceres, quien desde hace un año es el director de educación de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).

Para Cáceres ambas partes están en posiciones equivocadas. Afirma que los políticos tienen que ceder y que «esa prueba no se puede quitar», aunque la universidad tiene que ceder también en «otorgar más cupos para educación superior».

Para el doctor en economía Nelson Ávila, la prueba PAA no es dañina en sí sino en función de cómo la instrumentalizan. «Si es excluyente es obvio que debe eliminarse, pero si la PAA se utiliza como un instrumento inductor de habilidades, destrezas, aptitudes, para que la persona oriente de mejor forma su conocimiento, su formación profesional de cualquier naturaleza que sea, sí es importante».

No obstante, Nelson Ávila sostiene que la UNAH ha utilizado la PAA como un instrumento de exclusión a los efectos de obstaculizar el acceso a la educación pública y en consecuencia las personas están forzadas a irse a una educación privada que cuesta mucho más en la sociedad hondureña, que de por sí es tan desigual.

Para el doctor Ávila las autoridades de la UNAH no tienen moral para hablar de autonomía. «Ellos han permitido que militares y policías entren a las instalaciones a reprimir a los estudiantes». Nelson Ávila sostiene que en cierta ocasión, el actual rector Francisco Herrera, cuando era el director de la UNAH en el Valle de Sula, participó de ese mismo proceso de violación realizado por los militares.

«El poder Legislativo es la fuente de la ley orgánica de la universidad. La UNAH funciona a través de una ley específica que es aprobada por el Congreso. Yo sí creo que las autoridades de la universidad utilizan la PAA como un instrumento de exclusión, entonces sí había necesidad de que se regulase por otras instancias», expone Ávila.

Para Nelson Ávila la PAA solo puede quedarse si esta es utilizada para darle inducción a la persona, pero reafirma que la UNAH simple y sencillamente no lo ha hecho así. 

La socióloga Lucía Vijil, investigadora del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), indica que le parece un poco aberrante que las autoridades del Congreso debatan la eliminación de la PAA aislándola del proceso de la cuarta reforma universitaria, que efectivamente no trajo ningún tipo de proceso de inclusión para los sectores estudiantiles que históricamente han sido excluidos

Vijil establece que el sector estudiantil de la UNAH, del que ella fue parte, viene exigiendo respuestas a las carencias del sector educativo primario y medio. «Cuando estuvimos en el movimiento estudiantil, demandamos que se reconociera la crisis que hay en el sistema primario y el sistema medio. Los estudiantes (de secundaria) van a pegar de narices al sistema universitario».

Angie Díaz Hernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH en Tegucigalpa y militante del Movimiento Estudiantil Participativo (MEP), coincide con Lucía Vijil en que es positivo que el debate se haya puesto sobre la mesa, pero indica que no es tarea del Congreso Nacional tomar una decisión final. «Le corresponde a la universidad por su identidad autónoma. Deberá ser una decisión de estudiantes universitarios y de la institucionalidad de la universidad», explica.

Propuestas: ¿Crear otra universidad pública controlada desde el Estado de Honduras? ¿Fortalecer la UNAH y abrir más carreras para no rechazar estudiantes?

El Congreso Nacional sesiona a mediados del mes de febrero de 2021. Fotografía archivo: Jorge Cabrera.

El diputado de LIBRE Sergio Castellanos —quien a inicios de año se rebeló contra las autoridades de su partido, pero más tarde regresó, según sus propias palabras «arrepentido»—, amenazó a las autoridades de la UNAH con crear otra universidad desde el Congreso si no cumplían con la petición del Legislativo.

«O se quita ese examen de admisión o desde este Congreso Nacional se va a proponer un proyecto de ley para que se cree la Universidad Estatal de Honduras», dijo el pasado 18 de febrero el diputado Sergio Castellanos, en una sesión que se transmitió en televisión abierta.

Las opiniones sobre la creación de una universidad estatal están divididas. Desde que es una buena opción para ofrecer a los excluidos en un país con niveles bajísimos de calidad educativa en nivel secundario, hasta el rechazo rotundo afirmando que lo que debe hacerse es fortalecer a la UNAH.

Nelson Ávila no está de acuerdo en crear otra universidad nacional porque en realidad lo que podemos hacer, expone, es fortalecer la existente, pero con autoridades realmente académicas. «En realidad la UNAH ha sido objeto de abusos, infinidad de personas ocupando los cargos de rectores, vicerrectores y decanos, sin la formación académica para esos cargos».

Angie Hernández tampoco cree que deba crearse otra universidad estatal. «Viendo los números mostrados por Rixi Moncada (secretaría de Finanzas) sabemos que el Estado no está en capacidad de crear otra institución de profesionales».

No obstante, el doctor Denis Cáceres indica que si el Congreso Nacional quiere fundar una nueva universidad, que se haga con el apoyo de la UNAH. Sostiene que hay estudiantes que no aprueban este tipo de test ni en el tercer intento, y estos estudiantes sí quedan excluidos de la educación superior sin ningún tipo de alternativas.

«En educación media se gradúan (cada año) 75 mil estudiantes de bachiller o perito mercantil, pero todo el sistema de educación superior apenas ajusta para recibir a 15 mil o 18 mil estudiantes más, ¿qué quiere decir eso?, que hay 50 mil estudiantes que si demandaran un espacio no lo tienen, entonces es momento de pensar en otra universidad estatal, otra universidad pública, sin pasar por encima de la autónoma, sin pasar por encima del Consejo de Educación Superior», expone Dennis Cáceres.

Cáceres dice que la idea de una universidad estatal es positiva si lo que se quiere es que la UNAH preserve y busque continuar con estándares altos. «La UNAH tiene unos rankings internacionales que va a ser imposible que se baje para poder atender a estudiantes que no pasan el examen, entonces sí es momento de replantearse que en Honduras se necesita otra universidad».

Pero la dirigente estudiantil Angie Díaz Hernández expone que la idea de crear otra universidad es una cortina de humo sabiendo que la UNAH tiene serias deficiencias. 

«Hay estudiantes que tienen que migrar a Ciudad Universitaria porque no existe una redistribución correcta para los centros regionales y me parece un tipo de desvío de atención de crear una universidad estatal que en realidad no sé qué tan fortalecida vaya a estar cuando tienen a la universidad del pueblo en abandono», expone Angie.

Lucía VIjil piensa que es interesante la propuesta de una universidad estatal. «Creo que no seríamos el primer país con una universidad pública estatal, creo que sería parte de un proceso que debería de apuntar a tener más espacios educativos. Pero no como venganza, de que, ¡ah, la universidad no nos quiere hacer caso, entonces vamos a crear otra universidad!, no, ese tema se tiene que plantear desde el Consejo de Educación Superior», expone.

Propuesta para reforzar a estudiantes de secundaria

El doctor Nelson Ávila reconoce que miles de estudiantes de secundaria llegan procedentes de un sistema educativo que no los ha formado bien. «Entonces hay que dar estas estructuras de nivelación que pueden durar seis meses o un año, un poco más o un poco menos; en el pasado existía el Centro Universitario de Estudios Generales que me parecía fabuloso. Había formación en Filosofía, en Letras y Lenguas, Sociología, Ciencias Políticas y Matemáticas. Hay que estructurar sin duda alguna eso», expone Nelson Ávila.

Nelson Ávila también está de acuerdo con crear carreras técnicas. «Hay que articular la necesidad de profesionalizar y convertir al Instituto de Formación Profesional (Infop) que también esté en todos los departamentos de Honduras. A efectos de que una persona, que quiere tener educación técnica de un siguiente nivel, lo tenga».

La universitaria Angie Díaz Hernández establece que una de las propuestas de los espacios organizados estudiantiles es la creación de un examen vocacional, para poder orientar a los estudiantes sobre la carrera que está abierta para sus capacidades. «La PAA mide la capacidad académica, pero sabemos y estamos conscientes de que vivimos en un país que lo han empobrecido por años y que muy difícilmente la población de media va a poder cumplir con esta capacidad académica», afirma.

«Realmente vemos a la rectoría con un rector invisible. No ha respondido a los intereses de los estudiantes, más que en sus primeros días de populismo, cuando llegaba a los diferentes edificios a saludar de la mano a los estudiantes y más allá de eso ha sido poca la exigencia y la empatía que ha generad», dice Angie Hernández.

El doctor Denis Cáceres establece que, tomando en cuenta las serias deficiencias con que egresan los estudiantes de media, debe existir una herramienta para saber quién tiene aptitud o potencial para determinadas carreras, como Medicina, Arquitectura o Medicina, que duran más de 5 años.

«Otra solución es crear más centros regionales en la UNAH y aquí sería el compromiso que el Congreso Nacional ponga la plata y que la UNAH se comprometa a no excluir a nadie. Que la prueba solo sirva para identificar quién va a cada carrera», sostiene.

Denis Cáceres establece que, desde principios del año 2000, hay una demanda exhaustiva por la educación superior y una oferta restringida.

Ejemplo y contraste con las universidades de la región

Denis Cáceres establece que existen países en que la educación superior no tiene mucha rigurosidad científica, que es el caso de Nicaragua. Costa Rica, sostiene el experto, tiene una legislación más flexible en el caso de la educación superior, mientras que en el caso de Honduras, a la UNAH se le ha dado mediante ley que sea la que dirija el tema de la educación superior pero eso también ha contribuido de que no se desarrolle totalmente el sector de educación superior. «La UNAH pone orden y pone nivel, pero también eso juega lo contrario y no deja que todo el sector de educación se desarrolle completamente», afirma.

«Los países sudamericanos tienen una legislación más flexible, hay más universidades públicas, hay más cobertura para educación superior y algo que existe en América del Sur, aquí se toma mal pero realmente hay que tomarlo como una buena práctica, en Suramérica existen los sistemas de baucher, donde estudiantes de colegios públicos de excelencia académica desean ir a universidades privadas, entonces el Estado les otorga una beca a través de un baucher y los estudiantes van a estudiar a la universidad privada que quieren, siempre que sean de escasos recursos y que sean de excelencia académica», expone.

Agrega Denis Cáceres que el Estado los financia para que se vayan a graduar a una universidad privada o que se vayan a graduar al extranjero. Ese sistema, argumenta el doctor, lo tienen Ecuador y Chile. «Aquí en Honduras sería posible que 10 estudiantes del Central Vicente Cáceres con excelencia académica, de escasos recursos, le pidan una beca al Estado para estudiar en Unitec, en estos momentos todos van a decir que eso es privatizar, pero eso en realidad eso es subvencionar a las clases más pobres para que ingresen a las mejores universidades del país, es una forma también de palear la situación, sin embargo en el país todavía no estamos listos todavía para ese debate, pero es lo que se hace a nivel internacional y hay que ponerlo a discusión».

¿Cómo podemos catalogar la PAA de la UNAH?

Una mujer pasa frente a una de las plazas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ubicada en Tegucigalpa el 25 de febrero de 2022. Fotografía: Jorge Cabrera.

Denis Cáceres establece que las pruebas no discriminan por sí solas, esto qué quiere decir, que las pruebas son instrumentales, se puede utilizar con alta implicancia, que es, decidir quién entra o no entra a la universidad, o baja implicancia, que es decidir quién entra a una carrera, pero de manera condicionada o entra a otra carrera porque no tiene las competencias para lograrlo. “Pero hay que dejar algo muy claro, la PAA lo que mide es el potencial científico, el potencial matemático, de comprensión lectora de una persona. Establece si va a tener o no éxito en una carrera que quiere estudiar”.

«La PAA es español, comprensión lectora, lógica-matemática, pensamiento matemático, pensamiento científico, eso no es vocación sino potencial del ser humano, que está más orientado hacia el coeficiente de la persona, podríamos decir que es una medida correlacional de manera directa con el coeficiente intelectual de la persona con las competencias cristalizadas en matemática o en lectura, entonces acá lo que vemos es que los que tienen mayor puntaje en las pruebas están listos para las carreras más difíciles, los que tienen menor puntaje tienen que irse a las carreras más fáciles, porque lo que existe ahí son diferentes tipos de potencial, entonces si la prueba se pone para orientación vocacional no tiene que ser la misma prueba de la PAA, porque las pruebas vocacionales lo que miden es, tengo aptitud para medicina o tengo aptitud para ingeniería, en contraste, definen, tengo aptitud para ser profesor», explica el experto.

Esta prueba lo que mide es el potencial de cada persona para entrar a unas carreras que son más difíciles que otras, sostiene Cáceres, quien agrega que «si usted es malo en matemáticas y quiere ser ingeniero, estamos en un enorme problema; si no le gusta leer ni los números, y son ocho años de medicina, pero quiere ser doctor en medicina, ¿cómo lo van a aceptar para ser doctor?», explica Denis Cáceres.

Denis Cáceres establece que desde el Congreso están pidiendo que se aplique una prueba de vocación, que no necesariamente está relacionada con el coeficiente intelectual de una persona, pero expone que las pruebas vocacionales son diferentes a las pruebas de conocimiento.

«Las pruebas vocacionales tienen un margen de error mayor porque las personas dicen, voy a parecer que quiero ser médico, ingeniero, entonces las pruebas de vocación tienen un nivel de error muy alto porque las personas quieren demostrar algo que no son. Por eso en algunos lugares se aplican las dos, la de potencial y las de vocación para saber para qué está lista la persona. La universidad sí tiene la capacidad de aplicar ambas», continúa manifestando el experto.

Un problema de oferta y demanda en el nivel superior

Denis Cáceres asegura que existe un problema de oferta y demanda. Propone analizar los 15 mil estudiantes que acceden a educación superior cada año en Honduras e imaginarse que 5 mil de ellos quieran ser médicos y que el examen de vocación los acepte a los 5 mil. «¿De dónde saca más maestros o edificios para 5 mil estudiantes de medicina?, ¿de dónde va a sacar hospitales y donde va a emplear a esos 5 mil nuevos médicos? El problema de fondo no es la PAA, no es tampoco la instrumentalización técnica, el problema en este país es la relación entre la oferta y la demanda en la educación superior».

Denis Cáceres está de acuerdo con el rector Francisco Herrera, en los datos de que la PAA vino a mejorar las cosas en la UNAH, no obstante lo critica por no dar una solución al evidente problema de la exclusión estudiantil.

«Antes de la PAA algunos estudiantes duraban de 10 a 15 años en la universidad y había unos que no llegaban realmente a estudiar, sino que le quitaban el cupo a otro. La eficiencia era baja y había un desorden antes de la aplicación de la PAA, esta prueba llegó a resolver todo ese tipo de problemas, por eso es que no se puede quitar la PAA; pero hay que ser objetivos, la UNAH está obligada a brindar salidas a la oferta y demanda, abrir más cupos para los estudiantes que no logran pasar la prueba aunque sea en otro tipo de carreras», sostiene.

Cobertura y calidad de la educación.

Para Denis Cáceres la calidad educativa inicia con el kínder. Según él, la cobertura de la población preescolar oscila entre el 30 % o 35 %. «¿Qué quiere decir?, que hay 7 niños (de cada 10) que no van a educación preescolar en este país y lo que nos dan los informes internacionales, es que el éxito de la educación superior está en el kínder. Los que van al kínder tienen arriba del 90 % garantizado en la educación superior. Esto está probado, ¿quiere tener un buen alumno universitario?, póngalo al kínder».

Cáceres establece que a primer grado entran cada año cerca de 250 mil estudiantes, pero que de secundaria solo se gradúan 75 mil. Establece que hay un nivel de baja cobertura en el nivel secundario. «6 de cada 10 jóvenes, de 15 a 19 años, no van al colegio. Esto representa apenas un 40 % de cobertura en educación media, entonces, duele decirlo, los estudiantes que llegan a educación superior no son los estudiantes más pobres, son los de clase media o clase media alta, los estudiantes más pobres se quedaron botados en el camino de primero a sexto grado o en el colegio».

Educación superior: un tema de clase social

Imagen de la fachada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tomada el 25 de febrero de 2022. Fue fundada en septiembre de 1847. Fotografía: Jorge Cabrera.

Lucía Vijil sostiene que existe evidentemente un tema de debate de clases. “Es lamentable que los estudiantes del sistema privado tengan mayores oportunidades que quienes van del sistema público. Y eso pasa precisamente por la mercantilización y la privatización de la educación; la educación en Honduras no es un derecho, es un servicio”.

“Recordemos que quienes llegan a la universidad son apenas el 1 % de la población. Es decir, el sistema desde primaria y media desde ya es excluyente, por muchas cosas, y porque no han existido las políticas estatales”, expone Vijil.

En pleno siglo XXI en Honduras —expresa la socióloga Vijil— todavía hay escuelas unidocentes. «Estamos trabajando con currículos desfasados, todavía hay temas en donde los sistemas sanitarios son letrinas, no hay infraestructuras, no hay una avanzada en tecnología. Estas gentes quieren poner tablets, y esta gente apenas puede leer».

«Para mí el debate de la PAA debe darse, lo planteamos desde que estábamos en el movimiento estudiantil; la PAA no es elaborada en Honduras, para empezar, hay que avanzar en otros métodos. En otros países, cuando el estudiante no pasa, el sistema universitario cuenta con diferentes institutos de formación técnica para ofrecer opciones. Acá le dicen que tiene dos intentos más. Ignoran temas como nivelarlo», argumenta Vijil.

«El 80 % de los estudiantes que están en educación superior no pertenecen a la clase más pobre, ¿por qué?, porque los pobres ni tan siquiera pasaron sexto grado y no llegaron al colegio. El Estado está financiando una educación superior bastante cara en relación con que no puede financiar la educación de los niños de 5 a 7 años», expone Denis Cáceres.

El experto agrega que apenas el 15 % de los estudiantes egresados de educación media en Honduras tiene competencias en matemáticas para ir a la universidad, «¿qué quiere decir eso?, que el 85 % de los jóvenes de educación media no están listos para ir a la universidad a estudiar carreras como medicina, arquitectura o ingenierías».

Denis Cáceres sostiene que un 30 % de los egresados de secundaria tienen competencias en lectura. «Este grupo puede optar a carreras relacionadas con las letras o con las ciencias sociales».

«La calidad de educación media en Honduras está en los últimos lugares en el mundo, aproximadamente, en una lista de 64 países Honduras ocupa el lugar 54, o sea que estamos en los últimos lugares en el mundo en educación media», expone.

¿Universidades privadas se benefician de la aplicación de la PAA?

Denis Cáceres no cree que las universidades privadas se beneficien de la aplicación de la PAA. Indica que, por el contrario, el surgimiento de universidades privadas de bajo costo le ha quitado la presión al gobierno de financiar una educación pública y de calidad.

«El surgimiento de universidades de bajo costo resolvió el problema de la exclusión que muchos estudiantes de clase media que no pasan el examen o no quieren intentarlo, y prefieren hacer un esfuerzo por pagar una educación privada, pero eso ocurre también en educación media», expone.

Denis Cáceres expone que la oferta de la educación media está privatizada. «Entonces, definitivamente el problema no inicia en la educación superior, en este país hay más escuelas privadas en educación media que quizá públicas».

«Honduras no se ha hecho cargo de la educación media, sino que es el sector privado el que está financiando la educación media. Es lógico, en la educación superior, la UNAH no va a ajustar nunca a recibir ese montón de estudiantes», expone.

Denis Cáceres afirma que el problema de la privatización de media debe atajarse desde la raíz. «Una buena reforma sería fundar nuevos colegios públicos, en cabeceras departamentales, de alta calidad, y en relación con la universidad, fundar más universidades, ahí están los edificios en donde funcionaban las escuelas normales, que son de 13 a 15 edificios. Ahí tendría usted de entre 13 a 15 universidades para quitarle presión a la UNAH».

Nelson Ávila dice que las actuales autoridades universitarias de la UNAH son ilegales, ya que están en un proceso de interinato que venció hace cuatro años. «Venció desde el 2018. Tiene que haber coherencia entre lo que se dice y se hace».

El doctor Nelson Ávila asegura que el 6 % del presupuesto para la UNAH parecería adecuado en la medida de que se pague, pero reconoce que desde el Estado en muchos casos no se ha cumplido con esta obligación. «El uso que se ha hecho del presupuesto en la UNAH no ha sido lo más transparente, ni lo más ético ni lo más eficiente, porque el porcentaje de costo administrativo es exageradamente elevado en relación con el costo académico».

Nelson Ávila explica que internacionalmente es admitido que el costo administrativo no deba exceder al 5 % en los gastos de la universidad. «Pero en la UNAH el costo administrativo llega al 15 % y 20 %. Tres veces más. Eso hace que exista burocracia».

Para Nelson Ávila durante los últimos años la investigación ha sido marginada en la universidad. Precisamente porque los profesionales no tienen formación académica elevada.

«Deberían renunciar todos los que están como rectores, vicerrectores y decanos, que han estado en interinato aprobado por el Congreso, ¿cómo es que ahí sí fue bueno que el Congreso Nacional les aprobara ese interinato de 2017 a 2018? Esas son autoridades ilegales y sus actos son nulos», expone Nelson Ávila.

Después de anunciar el inicio del año lectivo en Honduras, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación acordaron agilizar el proceso de vacunación pediátrica y así hacer posible el retorno semipresencial a clases de los niños en edades de entre 5 a 11 años. Sin embargo, para la niñez que habita en los barrios más pobres y marginales de Honduras, el regreso a clases no es tan sencillo.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

Para los habitantes del barrio La Isla, ubicado en Comayagüela en la capital de Honduras, no es tema de debate — o prioritario — el salario de los diputados, ni las relaciones diplomáticas de Honduras con otros países, ni mucho menos la extradición de un expresidente acusado de narcotráfico, como es el caso de Juan Orlando Hernández, también señalado de actos de corrupción antes y durante su mandato.

En este barrio de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa y muy cercano al mercado La Isla, vive Reina Isabel Alonzo, una mujer de aproximadamente 43 años, de mediana estatura y risueña. Ella es madre de siete niños, de los cuales cinco están en la escuela y su mayor preocupación ahora es el retorno de sus hijos a clases presenciales después de dos años de pandemia. 

«Están Cristian, Francisco, José, Eimy, Dana, Junior y Evelyn», dice Reina, enumerando uno a uno a sus hijos y mencionando que, de no haber tenido dos abortos espontáneos, tendría nueve y que de los siete, Cristian y Francisco, los mayores, decidieron no continuar los estudios. Su casa está construida con madera y lámina, dentro de ella hay dos camas y pequeños armarios, y afuera, en el patio, está el fogón donde ella cocina. En una de las paredes de su casa cuelga un pez raya disecado, ella cuenta que es decorativo. Agrega que su esposo es originario de San Lorenzo, Valle, y que de ahí viene el negocio familiar de venta de mariscos.

Reina Isabel Alonzo ordena los cuadernos de sus hijos mientras es entrevistada por Contracorriente en el barrio La Isla en Comayagüela, Honduras. El Gobierno aprobó el comienzo de clases semipresenciales. Foto CC/ Jorge Cabrera

Reina Isabel y su esposo, Mauricio Arias Rivas, tienen su negocio en el Mercado La Isla. «Estos pescados vienen de Amapala», cuenta Mauricio, y explica que él atiende el negocio a tiempo completo, que en ocasiones su esposa se suma a la tarea y a veces sus hijos se incorporan a ayudar. Los hijos mayores de la pareja decidieron dejar de estudiar, cuenta Reina. «Yo tenía intenciones de matricular al mayor en el Infop, pero en eso me dijo que eso del estudio era muy aburrido», explica. Sus dos hijos mayores trabajan en negocios distintos, siempre en el Mercado La isla.

Antes de la entrevista, Reina atendió una reunión de padres en la escuela de sus hijos. La madre de familia asegura que, aun teniendo la posibilidad de estar al tanto de la educación de sus hijos, es consciente de la falta de oportunidades para los niños del barrio. 

Vacunas y agua potable: requisitos indispensables pero inalcanzables para muchos

Tras la declaración de la emergencia nacional por COVID-19 en marzo del 2020, la Secretaría de Educación suspendió las clases presenciales a nivel nacional, lo que obligó a los niños a recibir clases virtuales en uno de los países con menor conectividad a internet de la región Centroamericana (19.3%), según el Banco Mundial.

En el presente año, la nueva administración autorizó iniciar en el país de forma presencial y semi presencial las clases, siempre y cuando haya agua potable en los centros educativos y que los niños y docentes estén vacunados contra la COVID-19.

El Centro de Desarrollo San José La Isla es una escuela de la localidad orientada a dar refuerzos educativos. Aquí las docentes brindan atención especial a niños que tienen dificultad en el aprendizaje de distintas materias, además ellas realizan actividades recreativas como juegos y brindan alimentos a los niños que visitan el Centro de Desarrollo. «Aquí hay necesidad, mucha necesidad», manifiesta Ninfa Izaguirre, trabajadora social y educadora del lugar.

Al Centro San José La Isla, expone Ninfa Izaguirre, asisten niños que no tienen acceso a la educación virtual desde sus hogares y necesitan conexión a internet. «No solo se les da reforzamiento escolar, sino que a ellos se les dan clases de valores, se les enseñan las virtudes, tenemos la oración del día y tienen una merienda a las 10 de la mañana y a las 12 un almuerzo, se trata de atender a todos los niños que vienen», indica.

El Centro de Desarrollo actualmente recibe a entre 60 y 69 niños. Sin embargo, no todos acuden con regularidad al centro de refuerzo. La maestra señala que la mayoría de los niños trabajan, y si atienden sus trabajos en la mañana vienen a estudiar por las tarde, o viceversa.

Una niña resuelve sus tareas en el Centro de Desarrollo San José La Isla, en Comayagüela, Distrito Central, Honduras. El Gobierno aprobó el comienzo de clases semipresenciales. Foto CC/ Jorge Cabrera

Según el informe «Análisis de la deserción escolar y el Gasto Público en Seguridad y Defensa» del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), en el 2020, año en el que inició la crisis sanitaria por la covid19, se estima que un 40% de los niños y jóvenes en Honduras abandonó el ciclo escolar.

Además, la pobreza aumentó al 70%, de acuerdo a datos del Observatorio Demográfico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) publicados en abril del año pasado. El factor principal de este incremento en la pobreza es el desempleo dejado por la pandemia del Covid-19 y los huracanes Eta e Iota al norte de Honduras, asegura el estudio.

Ninfa Izaguirre explica que el centro de refuerzo educativo fue creado hace aproximadamente 15 años por el Padre Patricio, de origen español, a causa de la gran necesidad que vivían los niños en ese tiempo y que persiste en la actualidad. El centro es financiado por la Cooperación Española y cuenta que «Se les entrega una merienda por la mañana y un almuerzo por la tarde, lo que se pretende es que ellos tengan una segunda casa para aprender cosas buenas».

«No les interesa tener un pueblo educado, les interesa tener a un pueblo tonto para que no hable, no piense, no cuestione y no critique. Hay que frenar la corrupción e impunidad para que pueda existir más educación, porque al final este es el futuro de Honduras, y para ello hay que prepararse y ser críticos, venimos de una situación de país difícil», manifiesta la educadora cuando se le pregunta acerca de las razones por las cuales el sistema educativo hondureño le falla a los niños.

Además, ella explica que en esta zona de Comayagüela no hay acceso a servicios sanitarios en muchos hogares y que debido a eso hay mucha contaminación en el lugar. «En La Isla no hay acceso a agua potable y no hay acceso a servicios públicos en algunos hogares», explica.

Desde 1993 no se construye una nueva represa en la capital de Honduras para abastecer de agua a 1.2 millones de habitantes, según indica el último registro del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2015. Solo en algunas casas del barrio La Isla llega el agua proporcionada por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

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Los tres hijos menores de Reina asisten a este Centro de Desarrollo, José, Junior y Evelyn. La madre de familia asegura que el apoyo brindado por la «escuelita de reforzamiento» es invaluable para sus hijos.

Autoridades le apuestan a la vacunación pediátrica

Reina Alonzo, madre de familia, espera que, una vez completado su esquema de vacunación, sus niños puedan regresar a las aulas de clases sin arriesgarse a incrementar los contagios por Covid-19. Ella cuenta que el último de sus hijos en ser vacunado fue Joshe, de 5 años, quien se aplicó la primer dosis anticovid el pasado 21 de febrero, de ahí, los mayores de 11, Cristian, Francisco, y Eimy, ya tienen su esquema de vacunación completo.

«Por los oficios de nosotros no podemos desarrollar bien los temas de los niños en la escuela», argumenta, respecto a la educación virtual. Sin embargo, es consciente de que no en todos los hogares hondureños está la posibilidad de enviar a los niños a clases con sus debidos útiles y uniforme.

Harry Book, jefe de la Región Metropolitana de Salud de Francisco Morazán, detalla que la meta de los nuevos lineamientos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es vacunar a 160 mil niños de cinco a once años en la región Metropolitana de Tegucigalpa y que para lograrlo se han entregado hasta el momento 140 mil dosis pediátricas.

«Hemos aplicado desde el 26 de enero hasta el 20 de febrero aproximadamente 70 mil dosis, es decir, llevamos el 50% de la meta», asegura el doctor Book. Agrega que están en reuniones con el Ministerio de Educación para que el proceso de vacunación pediátrica se agilice.

El Director de la Región Metropolitana de Salud asegura que la actitud de los padres ha sido positiva frente a la vacunación de los niños, pero que aún falta gran parte de la población infantil por vacunarse. Por otro lado, en datos generales de la región metropolitana de Francisco Morazán, Book indica que en la capital se han aplicado un total de 2 millones 400 mil dosis, de estas, el 79% corresponde a la población que tiene dos dosis en su esquema de vacunación y el 14.6% de estas dosis a personas que ya tienen su dosis de refuerzo.

Honduras inició su jornada de vacunación a menores de edad luego que el Gobierno aprobó el comienzo de clases semipresenciales. Foto CC/ Fernando Destephen.

El viceministro de la Secretaría de Educación y expresidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Edwin Hernández, señala que el regreso a clases presenciales está íntimamente ligado a la vacunación pediátrica y a que haya agua potable en los centros educativos. Del mismo modo, depende de contar con las medidas de bioseguridad correspondientes.

«Estamos esperando los reportes de los distintos directores de los centros educativos en relación a los censos de vacunas a niños, el censo del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) en torno a la vacunación a docentes y el censo de infraestructura escolar, para conocer en qué condiciones están los centros educativos para recibir a los niños», manifiesta el viceministro.

Además, el viceministro subraya el acuerdo que hay entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para agilizar la vacunación en cada nivel educativo y así poder llevar a cabo un retorno semipresencial de las clases. «Estamos esperando que todos los padres de familia tomen conciencia yendo a vacunar a sus hijos y que al mismo tiempo los matriculen en las escuelas para empezar con buen pie el año escolar, aprovechando el interés que tiene la presidenta Xiomara Castro en mejorar la educación del país», agrega.

Niños en situación de riesgo

La psicóloga del Centro de Desarrollo San José La Isla, Alicia Amador, expone el asunto de los niños en barrios muy pobres como algo de muchísima preocupación y de lo cual se debe ver el trasfondo de su situación. Por ello, buscan poner en marcha una escuela para padres que sirva para exponer las dificultades de los niños y fomentar un ambiente sano en los hogares.

«Existen niños que vienen cabizbajos y tristes por distintas situaciones que se dan en sus hogares. Nosotros estamos pendiente de ellos, hablamos con ellos, los abrazamos, les decimos que los queremos y que son bienvenidos. No ponemos apodos. Usualmente en las escuelas les dicen “burros” o cosas así a los niños, ignorando que esto les puede marcar la vida de una manera inimaginable. Esa es nuestra tarea, que ellos se sientan importantes, especiales y que no importa si su aprendizaje es más lento que el de otro, solo importa que esté aprendiendo», indica la psicóloga.

Nancy Hernández es pastora del Ministerio Pentecostés «Poder, Unción y Gloria» ubicado en el mismo barrio. Ella explica que aquí los niños viven en una situación compleja por crecer en hogares disfuncionales.

«Nosotros hemos escuchado cuando nos menosprecian y nos dicen que acá solo delincuentes viven. Procuramos que la población se de cuenta que somos personas de bien, personas que quisieran vivir en otras condiciones, pero tampoco tenemos que renegar de lo que tenemos en nombre de Dios», asegura.

Niños corren en el barrio la Isla en Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno aprobó el comienzo de clases semipresenciales. Foto CC/ Jorge Cabrera

La pastora afirma que el barrio es un lugar tranquilo, en donde no existen pandillas ni delincuencia, pero que en ocasiones vienen de otros lugares a «asaltar», es decir, vienen de barrios aledaños a escabullirse mientras son perseguidos por la policía. «No porque vengan de otros lados a asaltar quiere decir que nosotros seamos los culpables. Nos menosprecian por esto. Este barrio es tranquilo, puede venir en la noche y no pasará nada”, sostiene.

La pastora Nancy asegura que la intención del Ministerio Pentecostés es enseñarle a los niños a apartarse de todo lo malo, en este caso, de la delincuencia, venta o consumo de drogas y de la prostitución, problemas que existen en la comunidad. «Aquí en el barrio hay tres señoras que fuman resistol y tienen 5 nietos. Entonces, esos niños son los que más llamamos y son los que vienen y no fallan en el culto».

«En el barrio hay madres que son drogadictas, y en el caso de otras, se prostituyen. Algo que yo le digo a los niños es que deben orar para que la vida de sus madres cambie, para que la vida de todos ellos mejore y que no se limiten a solo lo que ven en sus hogares, en los cuales hay drogadicción, abuso sexual y otras cosas malas», manifiesta Nacy Hernández.

Reina — la madre de siete hijos— asegura mientras da un recorrido por el barrio, que este es de lo más tranquilo, contrario a lo que dicen otras personas. Además, comenta que entre las cosas que quieren ser sus hijos están: policía, bombero, profesora, doctora, y uno de sus hijos, de los más pequeños, quiere vender pescado en el mercado como su padre.

«A más de alguno tengo que sacar graduado», asegura esta madre de familia.

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Un grupo de amigos y familiares del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández — a quien el Gobierno estadounidense acaba de pedir en extradición para enfrentar juicio en Nueva York acusado por tres delitos de narcotráfico — han sido socios desde hace una década en un enjambre de empresas con y sin ánimo de lucro en Honduras y en Florida, Estados Unidos, muchas de ellas sin actividad aparente. Los rastros también llevan a Panamá. Eso dicen los documentos. Los socios, entre los que figuran los embajadores actuales en México y República Dominicana, un sobrino del expresidente y un exconsultor financiero del Congreso Nacional, explican que el escándalo de la ONG Fundecima les arruinó sus sueños de emprender juntos y que por eso la mayoría de las empresas no funcionaron. 

Por Jennifer Ávila, Danielle Mackey y María Teresa Ronderos para Contracorriente y CLIP
Ilustración: Candy Carvajal


Claudia Simón de Figueroa, reconocida como organizadora de eventos y fiestas privadas, fue nombrada embajadora de Honduras ante la República Dominicana por el entonces presidente Juan Orlando Hernández, en 2016. Simón cuenta que trabajó de manera voluntaria, alrededor de 2010, con la primera dama Ana Rosalinda García Carías en la creación del programa Criando con amor, de la Secretaría de Inclusión Social (Sedis) que se materializó en 2015, cuando Hernández ya era presidente de Honduras. 

Los esposos de ambas también trabajaron juntos por esa misma época, cuando Hernández presidía el Congreso Nacional y Dennis Figueroa era consultor financiero de esa institución, según dijeron los propios Simón y Figueroa en entrevista con este equipo periodístico. Hoy, Figueroa se presenta como consultor financiero independiente.

La pareja dio entrevistas por separado, para responder las preguntas de una investigación de Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que —con el apoyo de otros colegas y medios de la región— le siguió durante meses la pista al escándalo que involucró a Fundecima, una ONG hondureña que dirigía Figueroa en 2012. En un retén, la Policía Nacional halló un millón de lempiras en efectivo (unos 40,000 dólares de la época) en una camioneta que la ONG que dirigía Figueroa, Fundecima, estaba vendiendo al entonces ministro de finanzas hondureño, Héctor «Tito» Guillén. Debido a la investidura de los involucrados, el caso fue ampliamente comentado en el país centroamericano, levantando preguntas sobre el origen del dinero y las relaciones entre la ONG y el Gobierno. La Fiscalía hondureña abrió una investigación que hoy, al cabo de diez años, como pudo comprobar esta colaboración periodística, dejó cabos sueltos.

Al seguirle los hilos a ese hecho, este equipo encontró documentos que revelan que la fundación fue creada en Honduras en 2006 por la ex primera dama Ana García Carías como apoderada de Figueroa. Fundecima fue retirada finalmente del caso, a pesar de no haber presentado sus estados financieros al Estado. Esta alianza periodística también encontró que los hermanos Simón (la embajadora Claudia y Gerardo, también embajador nombrado por Hernández en México) y los Hernández, que habían sido amigos desde juventud, montaron otra Fundecima en Estados Unidos que no operó como entidad caritativa.

El trabajo periodístico también revela una maraña de otras sociedades en Honduras y Estados Unidos, a veces con los mismos nombres, en las que Figueroa, los Simón o los Hernández figuran como directivos, y cómo algunas veces las sedes empresariales registraban sus direcciones en residencias familiares. La mayoría de estas empresas, al igual que otras seis compañías creadas simultáneamente en Panamá por Figueroa, parecen no haber tenido actividad alguna, según pudo comprobar este equipo periodístico.

Tras ocho años en la presidencia de Honduras, cargo que ocupó hasta el pasado 27 de enero, Juan Orlando Hernández pasó a ser diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen). A comienzos de febrero pasado, menos de dos semanas tras terminar su mandato, el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que había incluido al expresidente en su «Lista Engel» de «actores corruptos y antidemocráticos» que participaron “en actos significativos de corrupción mediante fraude y apropiación indebida de fondos públicos”. El gobierno de Biden lo incluyó en julio de 2021 –aunque no lo había hecho público sino hasta ahora –y le quitó la visa. El pasado 14 de febrero, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la Cancillería hondureña, la extradición de Hernández bajo tres cargos de tráfico de drogas.

Ana García Carías, the former first lady, after she denounced the arrest of her husband to the National Human Rights Commission of Honduras. Photo: Jorge Cabrera | primera dama de Honduras | espora de JOH | Juan Orlando Hernandez | Juanchi
Ana García Carías, ex primera dama y esposa del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández sale de interponer una denuncia en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) por la detención de su esposo en el batallón de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

En ese contexto, los hallazgos de este entramado de empresas y de su círculo de allegados –ligadas a dos embajadores, un ex asesor y, al menos en un caso, a la primera dama Ana García Carías- levantan nuevas preguntas sobre el propósito con el que fueron creadas estas entidades. 

 «Hay muchas compañías que yo he formado: algunas han funcionado, otras no, se hicieron en papeles y nunca operamos. El caso de Fundecima era para obras de beneficencia y al final no se pudo lograr lo que se andaba buscando», aseguró Figueroa. Un argumento similar dieron en sendas entrevistas con los reporteros de esta alianza, los hermanos Simón y Marco Tulio Hernández Matute, sobrino del expresidente y quien figura como socio en algunas de las empresas, incluida Fundecima. 

Dennis Figueroa explicó que decidieron extender la presencia de Fundecima a los Estados Unidos para recaudar fondos allá con fines caritativos. A ese esfuerzo, dijeron, se sumó el hermano de Claudia que vivía en Florida. 

Gerardo Simón estuvo en el servicio diplomático los últimos doce años. Pasó de consejero comercial en Miami en 2010 —a donde llegó nombrado por el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, también integrante del Partido Nacional y antecesor de Juan Orlando Hernández justo después del golpe de Estado— a ser vicecónsul y en 2014 ascendió a cónsul en Miami. Luego de un breve encargo en el consulado de Nueva York, en 2019 fue nombrado ministro en la sede diplomática hondureña en Washington y en abril de 2020 fue nombrado en su puesto actual en México. Mientras era diplomático, Simón fue miembro de la junta directiva de Fundecima en Florida.

Además de su hermana Claudia Simón y el esposo de esta (Dennis Figueroa) estaba en la junta de la Fundecima estadounidense el sobrino del expresidente Hernández, Marco Tulio Hernández Matute, y la madre de éste, la exmagistrada y cuñada del expresidente, María Elena Matute. Los registros públicos de Florida revelan que Fundecima de Florida cambió de dirección coincidiendo con los cambios de residencia de Gerardo Simón. Este aseguró en entrevista con este equipo periodístico que no tenía que ver con esta, ni ninguna empresa, aunque figurara en la junta. Prestó su nombre y la dirección de su casa, dijo, como un favor a Dennis Figueroa.

Nacen las Fundecimas 

Marco Tulio Hernández Matute, el sobrino del expresidente Hernández, se conoció con Claudia Simón y Dennis Figueroa cuando eran jóvenes estudiantes en la Escuela Americana en Tegucigalpa. La confianza entre las familias es de larga data, por lo que no es extraño que hayan intentado emprender negocios juntos. 

Hernández Matute dijo que, tras la muerte en un accidente vial de la hermana de Figueroa, Cynthia Marina, decidieron ponerle su nombre a una ONG hondureña. Así nació en 2006 la Fundación para el Desarrollo Comunitaria Cynthia Marina, Fundecima en nombre abreviado, inscrita por Ana García Carías. Según Hernández Matute, el objetivo de la ONG era promover «el desarrollo del Cerro de Hula a través de financieras para las mujeres». El Cerro de Hula es la zona más elevada en el municipio de Santa Ana, al sur de Honduras a pocos kilómetros de la capital y hoy centro de la producción de energía eólica en el país.

Figueroa y la embajadora Simón explicaron a esta alianza periodística otra razón por la cual crearon la fundación. La pareja explicó que la principal razón social de Fundecima era brindarles a la niñas educación bilingüe, ya que la hermana fallecida, Cynthia Marina, era maestra de una escuela privada en Honduras y había comenzado una labor de beneficencia con su familia para dar becas y apoyar niñas de escasos recursos en zonas rurales del país. La embajadora Simón dijo que Marina también había sido voluntaria apoyando a niñas y que la creación de Fundecima fue para seguir el esfuerzo con este nuevo grupo. 

Reconciliando propósitos tan distintos, Figueroa explicó que la fundación terminó metida en rubros totalmente distintos a la educación, como la producción de energía eólica, porque de esta manera querían recaudar dinero para ayudar a las niñas.

En Honduras, los primeros registros encontrados de la junta directiva de Fundecima datan de 2010, en la que estaban los tres amigos, acompañados por la exmagistrada María Elena Matute, madre de Marco Tulio. También estaba su otro hijo, José Miguel Hernández Matute, además de los padres de Dennis Figueroa. Mientras estuvo activa la fundación hondureña, varias personas rotaron en su junta directiva, entre ellos Saydi Fernández y Andrés Rivera Rosa, quienes no figuran como personas públicas o funcionarios estatales.

También pasó por la junta de Fundecima Karen Najarro, mujer de confianza de la ex primera dama con quien trabajaba en el Programa Vida Mejor. Ella luego pasó a ser funcionaria pública en la Secretaría de Inclusión Social (Sedis) y actualmente es la vicecanciller del país. Este equipo periodístico buscó a Najarro por Whatsapp y llamada telefónica, pero ella no respondió las solicitudes de entrevista. 

En diciembre de 2010, cuatro años después de creada la Fundecima hondureña, el grupo fundó la Fundecima en Florida con una junta directiva que tenía solo un par de diferencias respecto de la primera, siendo la más notable la presencia del embajador Gerardo Simón. Figueroa dijo que fue necesario una sede estadounidense para captar donativos de útiles escolares para las niñas. «Teníamos una oferta de empresas americanas que nos podían donar. Nosotros ya teníamos en la mira donaciones en el orden de hasta 300,000 a 400,000 dólares», dijo.

La primera dirección de la Fundecima estadounidense fue una casa frente a un lago en la calle SW 54th St, en Miramar, Florida, que Gerardo Simón, quien desde hacía seis meses ocupaba el cargo de vicecónsul de Honduras en Miami, y su esposa Ana Hasbun habían comprado por 468,000 dólares. Allí vivieron un año. 

Coincidentemente, ese mismo año, la expareja presidencial de Hernández y García Carías también intentó comprar, con menos éxito, una propiedad en Florida. Según figura en documentos públicos, pagaron a Marriott Resorts la cuota inicial de un apartamento de tiempo compartido en la residencial Villas at Doral, pero no pagaron las demás cuotas y, luego de una demanda de los acreedores, al parecer, perdieron su inversión.

La Fundecima de Florida estuvo inactiva por más de un año, hasta que fue reactivada el 21 de mayo de 2012. Entonces mudó su sede a otra dirección a unas 13 millas de distancia, en la calle 27 de Cooper City (también registrada bajo el nombre de Pembroke Pines), en el condado de Broward, en un conjunto residencial de lujo que se llama «Monterra». Esta dirección coincide con otra residencia familiar que Simón y su esposa habían comprado por 554,000 dólares, unos meses antes, el 30 de diciembre de 2011. 

Embajador y primera dama fueron vecinos

En junio de 2013, García Carías también compró una casa en Monterra. Fue justo antes de la campaña electoral en la que su esposo, Juan Orlando Hernández, salió victorioso como presidente de Honduras por primera vez. Posteriormente se comprobó que esa campaña había recibido una gran cantidad de fondos ilícitos, algunos robados al Estado como parte del desfalco del Instituto de Seguro Social (IHSS), hecho que admitió el propio Hernández. Esa campaña también se financió con dineros provenientes de ganancias del narcotráfico, que totalizaron al menos 2.6 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de los EE. UU, información que fue revelada durante el juicio contra el hermano del expresidente, Juan Antonio «Tony» Hernández. Según las autoridades estadounidenses, 1 millón de los 2.6 millones de dólares fue aportado por el jefe narco mexicano Joaquín el «Chapo» Guzmán.

La casa de García Carías tenía un valor de 804,586 dólares, y estaba solo a un minuto de la casa de los Simón. Durante cuatro años fueron vecinos.

Los Simón vendieron su casa en junio de 2017 por 650,000 dólares, y el registro público de la venta, firmado por ellos, muestra que su nueva dirección sería un apartamento en Miami sobre la calle SW 7, que hoy tiene un valor de 757,000 dólares. En ese momento, el dueño de dicha propiedad era una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, llamada Hacock Invest & Trade Limited.

Un año después, en octubre de 2018, García Carías también vendió su casa en Monterra, por el precio de 880,000 dólares. En el registro público de la venta, firmado por ella misma, declaró como su nueva dirección el mismo apartamento sobre la calle SW 7, propiedad de la empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Hacock, que compró el apartamento en 2016, lo vendió en 2019.

Gerardo Simón dice que es cierto que alquilaba un apartamento en esa zona, pero que nunca ha compartido dirección con Ana García Carías. Dice que tampoco tiene conocimiento de la empresa en las Islas Vírgenes Británicas. Para consultar sobre este tema y su cercanía con los Simón y Fundecima, enviamos a la primera dama, Ana García un cuestionario vía correo electrónico a través de su asistente, sin embargo no obtuvimos respuesta.

El 23 de noviembre de 2018, un mes después de la venta de la casa de la entonces primera dama, su cuñado, Tony, fue arrestado con cargos de tráfico de drogas en el aeropuerto de Miami y se anunció que sería enjuiciado en una Corte Federal de Nueva York.

Unos dos meses después, Simón fue nombrado como encargado del consulado de Nueva York, cargo que tuvo hasta junio de ese año.

La ong de Miami aparentemente sin beneficiarios

Fundecima existió en Florida entre 2010 y 2012. A pesar de que en documentos consta su existencia, activistas hondureños en Miami que siguen de cerca la comunidad de su país, coincidieron en que sus compatriotas nunca habían recibido un servicio de Fundecima ni han visto una actividad de la fundación al servicio de los hondureños en ese país. Uno de ellos dijo a reporteros de este equipo que parecía más bien una empresa de maletín. «Yo doy fe como hondureño en Miami que no existe», dijo otro de ellos.

El propio embajador, Gerardo Simón, lo ratificó: «No hizo ninguna operación», dijo en entrevista con un reportero colaborador de este equipo en México. También aseguró que no tuvo nada que ver con esa entidad. Sin embargo, en la conversación reveló detalles. Dijo que la Fundecima de Florida no tuvo relación alguna con la Fundecima de Honduras, y que la estadounidense tampoco tuvo cuentas bancarias ni era una fundación exonerada de impuestos. Manifestó además que él mismo procesó su cierre. En documentos consta que es una entidad sin ánimo de lucro o 501c3.

«Yo soy una persona que lo último que me llevo a la tumba será mi nombre y no tengo ninguna relación con empresas que han tenido señalamientos», enfatizó al reportero que lo entrevistó vía telefónica. «Eso pasó hace 10 años. Desde ese momento me di cuenta, quizá en ese momento era muy joven, me di cuenta que eso no era para mí».

Tanto el embajador Simón como Figueroa recuerdan que la Fundecima en Florida solo duró seis meses, pero eso no es lo que dicen los archivos de ese estado. Según los registros públicos, esa fundación estuvo activa entre 2010 y 2012. La embajadora Simón, por su parte, asegura que no sabía que Fundecima había sido creada en Miami, a pesar de que figuró en la junta directiva desde el comienzo.

«Ni siquiera sabía que existía una Fundecima en Florida», aseguró. «Aquí sí se fundó en Honduras. Se trató de conseguir ayudas para estas niñas que yo ayudaba desde antes», explicó. Después dudó y dijo que quizá sí lo supo, pero que nunca tuvo algo que ver. «No tuve ninguna relación con esa empresa. Yo me ocupaba de la de aquí (…) de recoger un poco de recursos. Yo era la que prácticamente siempre he puesto de mi persona para poder ayudar a esas niñas pues. Así fue como comenzó Fundecima», dijo Simón.

Los tres amigos insisten en que Gerardo Simón no tuvo ningún papel activo con Fundecima de Florida, y el embajador lo ratifica. «Yo, como era el agente comercial en ese tiempo, mi cuñado me pidió la dirección de mi residencia para que se creara (Fundecima), pero que yo haya creado, operado, conducido la empresa, no, nunca, en ningún momento», dijo. Enfatizó que siempre ha tenido cuidado en no mezclar sus actividades empresariales con su servicio como diplomático.

La dirección de su residencia, además de servir como sede de Fundecima Florida, figura en el registro público como la sede de la empresa con ánimo de lucro Tau Corp, creada por Simón mismo y su esposa en 2007 en Florida, con el propósito de hacer negocios.

Si bien Tau Corp aparece hoy inactiva, presentó reportes a las autoridades desde 2009 hasta el 30 de abril de 2013, dos meses antes que entrara en vigencia la nueva Ley del Servicio Diplomático y Consular que prohibió a los funcionarios diplomáticos «ejercer actividades profesionales o comerciales en beneficio propio en el mismo país a donde representan a Honduras».Gerardo Simón presidió Tau Corp durante por lo menos tres años, pero cuando inició la prohibición en junio de 2013, el hoy embajador en México creó Corporación Tau S. de R. L. en Honduras y cerró la de Miami.

El embajador dijo que este hecho es ejemplo de su respeto por la ley, porque además, desde el Departamento de Estado de EE. UU. le sugirieron cerrar sus operaciones en Miami porque se desempeñaba como cónsul en esa misma ciudad.

Los Simón aseguran que sus riquezas vienen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se puede saber si ellos declararon sus ganancias de esos años al Estado de Honduras mientras eran funcionarios públicos, porque ese tipo de información está catalogada como información reservada por el Tribunal Superior de Cuentas. Este equipo interpuso un recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional ante la reserva de esta información y actualmente sigue en espera de resolución.

Gerardo Simón insistió en que él jamás ha estado involucrado en empresas con problemas de corrupción y que incluso en el caso que llevó a Fundecima de Honduras a los tribunales, él no fue mencionado.

El citado escándalo del millón de lempiras incautados en un carro pickup asociado a la Fundecima, dice Figueroa, fue precisamente lo que hizo que las grandes donaciones que esperaban nunca llegaran. «Solo se gastó en hacer la fundación allá, porque en eso ocurrió el evento», dijo.

Cabos sueltos tras el millón de lempiras

El «evento» al que se refiere sucedió cuando el 31 de julio de 2012 en Honduras, Dinora Suyapa Aramburi López, esposa del político nacionalista Héctor «Tito» Guillén, quien era en ese momento ministro de Finanzas, fue detenida con un poco más de un millón de lempiras en efectivo.

Iba en una camioneta Ford Harley Davidson F-150 Automático, que Fundecima le había vendido al ministro en 1,256,000 lempiras — más de 50,000 dólares —y este estaba en proceso de pagar, según un documento que mostró el apoderado legal de la fundación a medios de comunicación y a la Fiscalía. En ese entonces, Juan Orlando Hernández presidía el Congreso y era candidato a gobernar el país para las elecciones que se celebraron en 2013.

El periodista Ariel Da Vicente, quien ató los cabos entre Fundecima y el lujoso automóvil y reportó el asunto, fue amenazado de muerte junto a su familia y tuvo que exiliarse por un tiempo, según lo confirmó a esta investigación una persona cercana al caso. En diciembre pasado, Da Vicente murió de cáncer. 

El exministro Guillén dijo durante su audiencia como imputado en el caso, que los hallazgos del periodista no eran ciertos y que no efectuó ninguna acción contra el periodista porque «a la basura poco caso se le hace en este país, porque a uno lo difaman y la televisión se presta».Este equipo periodístico buscó al exministro Guillén, pero su número de celular está inactivo.

Luego de la noticia, en 2013, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Contra la Corrupción (Fetcop) acusó al ministro Guillén de fraude y abuso de autoridad. Tuvo que renunciar al cargo pero fue sobreseído en 2014. Guillén desapareció de la vida pública desde ese entonces y la última vez que se le vio en medios de comunicación fue en 2016 cuando asistió a una reunión en la alcaldía de San Pedro Sula. 

Paralelamente, luego del millonario hallazgo, la Fiscalía contra el crimen organizado abrió un expediente por posible lavado de activos. Los fiscales no solo investigaban la procedencia del millón de lempiras en efectivo sino también del costoso vehículo Ford donde encontraron el dinero y que fue vendido por una suma equivalente a unos 50,000 dólares de la época, según dicen los documentos del caso . Y cómo era un automóvil que Fundecima le había vendido al funcionario, también incluyeron a esta entidad en la investigación judicial. 

Dos meses después del ruidoso episodio, el 19 de septiembre de 2012, Dennis Figueroa pidió la disolución de la fundación en Florida. 

En Honduras, las sociedades civiles deben inscribirse en la Dirección de Registro de Sociedades y Asociaciones Civiles de Honduras (DIRRSAC) y presentar allí un informe financiero de sus proyectos. 

La DIRRSAC respondió a dos peticiones de información solicitadas por este equipo periodístico, en 2019 y 2020, con cuatro documentos: el registro de creación de la fundación, los nombres de los miembros de sus juntas directivas desde 2010 hasta 2016, una explicación de un proyecto fallido de 2013 y una solicitud de disolución en 2016. En la respuesta oficial también venía una lista de las personas que habían visto el expediente. El último funcionario que lo tuvo había sido Jorge Montes, entonces director de la DIRRSAC (en aquel momento llamada Ursac). En septiembre de 2020, la DIRRSAC respondió que Jorge Montes pidió ese expediente en préstamo y nunca lo devolvió.Este equipo consultó a Montes al respecto, pero no quiso referirse al tema. 

Sin embargo, medios locales que cubrieron la noticia en 2012 reportaron que la DIRRSAC no tenía los estados financieros de Fundecima, pese a que habrían sido clave para investigar movimientos sospechosos de dinero. En 2013, la Secretaría de Gobernación y Justicia emitió una lista de organizaciones civiles sancionadas por no presentar sus informes financieros en la cual figuraba Fundecima. 

Entretanto, el millón de lempiras y el vehículo de la fundación que conducía la esposa de Guillén fueron decomisados por el Estado, dentro de la mencionada investigación sobre lavado de activos.

Según los documentos del caso, la camioneta pick up fue adquirida originalmente en la agencia Dimasa Ford en abril de 2011 por Figueroa, como director de Fundecima. Según un acta de junta directiva del 28 de febrero de 2011, se aceptó la propuesta de adquirir un vehículo a través de Figueroa, aunque la organización sería la que lo usaría. Un año después, Figueroa le vendió el vehículo a Guillén a través de una promesa de dos pagos, aduciendo que el vehículo había resultado muy costoso para la fundación. Guillén contó en la audiencia que Figueroa le había ofrecido el vehículo en una de las conversaciones frecuentes que tenían en el Congreso Nacional. 

En agosto de 2012, el abogado de la fundación solicitó a la Fiscalía retirar a su cliente de la investigación, ya que se había sustentado debidamente la compra y venta del vehículo requisado. En 2019, el juzgado de privación de dominio determinó que el único bien cuyo origen no se había podido esclarecer era el millón de lempiras. Como consecuencia, el vehículo fue devuelto a sus dueños y Fundecima fue removida de caso. 

Hay preguntas aún sin respuesta. Si Fundecima no tenía estados financieros reportados en la DIRRSAC desde 2012 —y en el artículo 26 de la Ley Especial de Fomento para las ONGs, vigente desde 2010, se establece que el incumplimiento de este requisito deriva en la cancelación de la personería jurídica —¿por qué el Estado hondureño no clausuró esta entidad? Y si la fundación estaba en quiebra, ¿a dónde se fue el dinero de la venta del lujoso Ford al entonces ministro Guillén? 

En 2016, los socios de Fundecima pidieron la disolución de la fundación argumentando que esta perdió aportantes y cooperantes para desarrollar proyectos en el país. También dice el documento que su último proyecto, una consultoría para el «Plan de Desarrollo Urbano de Danlí», en 2013, no se llevó a cabo porque la investigación abierta en contra de Guillén afectó la reputación de la fundación. Sin embargo, Fundecima no figura ni en el registro de postulantes, ni en la lista de consultores subcontratados en los documentos oficiales de este proyecto, que fue financiado por el Banco Mundial a través del Fondo Hondureño de Inversión Social en 2013. Fue la empresa Informes y Proyectos S. A. la acreedora de la consultoría y no tiene relación con Figueroa ni con Fundecima, hasta donde pudo constatar este equipo periodístico.

En el curso de la investigación judicial, Figueroa también fue llamado a declarar. Dijo a la Fiscalía que sus ingresos para vivir provienen de Inversiones de Centroamérica, una empresa de la que es dueño desde 2000. También que, como tiene una maestría en mercadotecnia, vende consultorías privadas. 

Le preguntaron qué exactamente hacía Fundecima, y sus respuestas no fueron muy claras. Dijo que la fundación había obtenido sus fondos de las aportaciones de sus miembros, de entes privados mediante convenios firmados como la Tabacalera Hondureña y de proyectos de energía limpia.

 «Jamás hemos obtenido fondos del Estado» dijo Figueroa a la justicia. «La fundación tiene como principal pilar de trabajo el apoyo a la pequeña, mediana y gran empresa para el mejoramiento de sus capacidades generadoras de empleo, socialización de proyectos, generación de energía limpia, análisis de equidad de género en proyectos comunitarios y, actualmente, buscamos lograr proyectos de exportación de productos agroindustriales y artesanales para pequeños y medianos productores, hasta que nos llega este infortunado hecho que nos vincula a esta investigación». 

Vale la pena recordar aquí que su esposa, la embajadora Simón de Figueroa, insistió en la entrevista para este reportaje que esta ONG solo se dedicaba a la atención de niñas y que Figueroa explicó que Fundecima tenía su razón de ser en ayudar a las niñas.

Dennis Figueroa solicitó el cierre de Fundecima Honduras en 2016, pero hasta la fecha los documentos no indican que esté cerrada.

«Fundecima acababa de empezar cuando esto pasó y nos cerró las puertas», dijo Marco Tulio Hernández Matute en entrevista con este equipo periodístico. «Habíamos conseguido un fondo de una empresa privada transnacional y el carro estaba a nombre de la fundación porque había que capitalizarla y (el ministro) Tito pagó el carro», agregó. 

Para Figueroa, el deterioro de la imagen que sufrió Fundecima afectó el recaudo de fondos y por eso también decidieron cerrar rápidamente la Fundecima en Miami. «Se aclaró en todos los medios. Aclaramos especialmente en la Fiscalía, que era el punto más importante porque era el punto de vista legal, ya después usted puede quedar diciendo una cosa y luego la otra. Pero ya el deterioro de imagen ya no le permite hacer una actividad de ese tipo», explicó. 

Figueroa no es un funcionario público, pero a pesar de eso es bien conocido en los círculos cercanos al Partido Nacional. Tres fuentes de alto nivel le confirmaron a esta alianza periodística que era un hombre cercano del expresidente Hernández, algo parecido a un asesor, y que se involucró en el financiamiento de campañas políticas para este partido. 

Figueroa lo niega tajantemente. «Yo nunca he manejado fondos del Partido Nacional, categóricamente no», explicó. «Lo que sí es que yo por mis actividades de consultorías y actividades empresariales, tengo muy buena relación con empresarios, sí he participado en reuniones en las cuales empresarios han hecho donaciones al partido».

«Después de ese lío con el carro me aparté de todas las actividades en el gobierno», relató. «Mi mamá sufrió mucho debido al deterioro del nombre de mi hermana. Eso me dio un espacio para decir que no quiero estar cerca. Sí he mantenido mi palabra de buscar que las cosas en el país sean de manera más transparente y he hecho sugerencias para que hagan actividades en las que se involucre la sociedad civil y nuevamente no he sido tomado en cuenta». 

Pero Fundecima no es la única empresa ampliamente conocida que tiene detrás a este grupo de personas cercanas al expresidente. Tampoco es la única a la que estos socios le crearon otra con idéntico nombre en Florida. 

Grupo Colibrí

En Honduras, a los Figueroa Simón y los Hernández se les conoce como el grupo empresarial Colibrí por su asociación a Corporación Colibrí Esmeralda S.A. Dicha empresa fue creada en Tegucigalpa en 2004 por Figueroa, representando a su empresa Inversiones CD, y su esposa Claudia Simón, representando al hijo de ambos, que tenía 4 años de edad. Otros socios eran Marco Tulio Hernández Reyes, hermano del presidente, y sus dos hijos José Miguel y Marco Tulio Hernández Matute, así como Andrés Rivera Rosa.

Los directivos de Fundecima Honduras y Miami, y los de Colibrí, son prácticamente los mismos, y todos cercanos al expresidente Hernández.

Marco Tulio Hernández Matute dijo en la entrevista a este equipo periodístico que Colibrí se creó para el desarrollo de proyectos eólicos y, aunque dijo que era diferente a lo que haría Fundecima, afirmó que nunca desarrollaron algo «en el Cerro de Hula» porque priorizaron a otras empresas antes que a ellos. «Ese es un capítulo que pasó en mi vida y me desentendí», dijo. 

Marco Tulio Hernández Matute, sin embargo, también habló de varias empresas en las que se vinculó a los Figueroa Simón, por ejemplo Comunicaciones Allegro, creada en Honduras en 2004 por Inversiones CD, la empresa fundada por el matrimonio en 1997 y que terminó siendo en 2005 accionista de Colibrí, junto con Hernández Matute. Allegro era proveedora de contenidos para empresas de telecomunicaciones como Tigo en un negocio que fracasó, según Hernández Matute, porque la tecnología cambió. 

Según escritura pública, Colibrí tiene la finalidad de desarrollar proyectos de energía renovable, consultorías en ingeniería, arquitectura y desarrollo urbano y la venta y compra de bienes inmuebles, funciones parecidas a las que Hernández Matute dijo que tenía la ONG Fundecima de Honduras. No obstante, según los datos públicos, esta empresa nunca ha tenido contratos con el Estado. Tampoco figura en ningún contrato de los proyectos aprobados en Honduras en el sector de energía renovable. 

Al igual que con las Fundecimas, Figueroa también fundó una segunda Colibrí en Estados Unidos. El 12 de diciembre de 2008, , se registró en Miami la Corp. Colibrí, LLC (sociedad limitada), donde solamente figura Dennis Figueroa como director y presidente y no hay ninguna junta directiva. Colibrí registró su domicilio en Coral Gables, Florida. En 2011, él pidió su disolución. 

Sobre las Colibrí, Figueroa explica que «eran diferentes funciones pero siempre eran consultorías financieras. Pero era para clientes que eran compañías americanas, entonces abrimos estas LLC. Pero no tiene nada que ver con la familia Simón. Yo soy Dennis Figueroa y esas son mis actividades de consultoría financiera» dijo. 

En la investigación de Fundecima, la Fiscalía solicitó la declaración de bienes y antecedentes penales de Fundecima, «Grupo Colibrí de Honduras» y «Fundeciman», sin obtener resultados. Y le preguntó directamente a Figueroa si tenía relación con la empresa «Inversiones Colibrí de Honduras». Figueroa respondió que no. La Fiscalía, en realidad le estaba preguntando por el nombre de otra empresa, pues el nombre exacto de la que se relaciona con él es «Corporación Colibrí Esmeralda». Asimismo, solicitó información del «Grupo Colibrí» y «Fundeciman», nombres ligeramente diferentes a los de las entidades asociadas con Figueroa. La investigación no llevó a más hallazgos. 

Marco Tulio Hernández Matute atribuyó los fracasos empresariales del grupo al escándalo de Fundecima. Sostuvo en la entrevista que el episodio del millón de lempiras en el vehículo Ford fue orquestado para afectar al presidente Juan Orlando Hernández, pues en 2012, éste buscaba una precandidatura a la presidencia con su partido político. Además, aseguró que ser familiares del presidente «nos ha limitado, nos ha perjudicado».

Por su parte, Dennis Figueroa dice que Corporación Colibrí en Honduras sí funcionó en su momento. «Yo realizaba consultorías financieras y era con esa empresa con la que trabajaba yo», explicó. «Pero puede decir usted que es extraño que no se dedicó a lo que decía ser. La influencia de lo que decían que yo podía tener en las personas del Partido Nacional no se ha materializado. Corporación Colibrí nace de un estudio que se hizo para las eólicas en Santa Ana y presentamos la solicitud para que nos dieran la concesión en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), en tiempo y forma y a otra empresa que llegó después de nosotros le otorgaron esa solicitud. No tuvimos éxito con ese emprendimiento, y después, esa empresa estuvo inactiva, pero el nombre a mí me gustaba, entonces la utilicé para hacer consultorías, y la hice levantarse y caminar y crecer», explicó. 

Más allá de Colibrí, Figueroa también ha sido el presidente de otras empresas más en Miami y Panamá.

Figueroa abre varias empresas en Florida y Panamá 

En Miami, Mayan Trade, LLC y Dimond Investments, LLC fueron creadas en 2007 y disueltas en 2008, y ambas tenían a Figueroa como presidente. No tenían ninguna junta directiva ni aparecían los demás del grupo. Pero ambas fueron registradas en una dirección sobre la calle Brickell, en un apartamento que sigue siendo  propiedad de la empresa hondureña de la familia Simón, llamada Central de Inversiones, S. A. Entre los miembros de la junta directiva de Central de Inversiones está el padre difunto de Gerardo y Claudia, Taufick Simón Roman. 

Esta empresa pasó todas sus acciones a la empresa Inversiones El Delfín en 2019, otra empresa de la familia Simón. En ese año, el diplomático Gerardo Simón también figuraba con su hermana, Claudia Simón, ya embajadora, en la empresa hondureña Corporación San Jorge, a la cual Central de Inversiones le traspasó unos bienes y en la cual Figueroa también figura entre los directivos. 

Figueroa asegura que en el caso de la empresa Mayan Trade en Miami, fue creada para «exportar (desde Honduras) productos nostálgicos». Estos son productos tradicionales de un país, especialmente extrañados por su diáspora, como los panes tradicionales, mantequilla, queso o café. Pero esta empresa tampoco tuvo éxito, según Figueroa porque estaba muy ocupado con actividades de sus otras empresas. En el caso de Diamond, ésta iba a ser un holding,«la dueña de todas las demás empresas, pero no se logró, nunca se utilizó», explicó. 

También dice que el hecho de que su cuñado era el cónsul en la ciudad donde él decidió crear varios emprendimientos no le favoreció en lo absoluto. «No tienen ninguna vinculación los hermanos Simón con las empresas», dijo.

Los documentos revelan otras empresas de Figueroa.

En septiembre de 2014, cuando Juan Orlando Hernández llevaba nueve meses en la presidencia, Figueroa creó, como director, la Charity Think Tank en Florida. A pesar de su nombre asociado a la caridad, es una empresa con ánimo de lucro, según consta en el registro público de empresas de Florida. Según este documento, los otros directores, además de Figueroa, eran Andrés Figueroa (su hijo), Juan Camilo Jaramillo y Nicolás Hoyos.

Su dirección es la del Centro de Innovación y Desarrollo Económico, en Gainesville, Florida. Un representante del Centro, ubicado dentro de Santa Fe College y dedicado a proveer información básica de cómo crear una empresa a los emprendedores novatos, le dijo a este equipo de investigación que recordaba haber apoyado a Figueroa para crear esta entidad y que éste le había dicho que tenía una relación cercana con el presidente de Honduras. 

También dijo el representante del Centro que el propósito de la empresa no le quedaba claro: manifestaron que querían crear una red de apoyo para las empresas startup, y dedicarse a administrar concursos, en los cuales los participantes propondrían ideas de iniciativas empresariales ligadas a la caridad. En el proceso de apoyar a Figueroa y su equipo con la fundación de Charity Think Tank, otro trabajador del Centro escribió un correo a un compañero de trabajo diciendo, «Tengo muchas dudas con este, porque aquí no hay ningún elemento de negocio», según un representante del Centro que citó textualmente dicho correo cuando le contactamos. 

«No teníamos un papel muy activo con ellos», nos dijo el funcionario, y nos aseguró que la última vez que tuvieron contacto con Figueroa y su equipo fue en junio de 2015. La Charity Think Tank fue clausurada enseptiembre de 2015.

Figueroa explicó a este equipo periodístico que la idea de Charity Think Tank era apoyar a jóvenes que pudieran presentar proyectos. «Al igual que Fundecima, no tuvo cuentas, no operó, no se realizaron actividades más que con universitarios y universidades para que pudiera promoverse el emprendedurismo entre jóvenes. No tuvieron ninguna actividad económica ni de levantamiento de fondos», dijo. 

Figueroa también intentó incursionar en Panamá. Allí creó seis empresas de vigencia perpetua el mismo día, el 10 de marzo de 2008. Estas eran: Inprema Investments S. A.Nuria Assets S. A.Tela Enterprises S.A.Ceiba Investments S.A.Roatan Investments S. A. y Garifuna Investments S. A. Como directivos, además de Figueroa, aparecían José Anael Reyes, autorizado para actuar como presidente, secretario y tesorero, y Jonathan C. Davis. La dirección de la casa que figura es la misma de Coral Gables donde seis meses después registró la Corp. Colibrí en Miami. 

Todas estas empresas panameñas dejaron de pagar la tasa obligatoria a la entidad impositiva de ese país durante tres años, según consta en el registro público de Panamá, y por ello están suspendidas. Entre fines de mayo y principios de junio del año 2020, el agente residente que las representaba, T&T Asociados, renunció a hacerlo.

Figueroa niega estar asociado con tales compañías. «Hubo una o dos empresas que se fundaron y esas nunca se utilizaron y se cerraron. No tengo empresas en Panamá, ni hubo ninguna junta directiva activa, ni tampoco cuentas, mucho menos», dice, y asegura que la idea era que estas fueran holdings para todas sus empresas, pero que los costos eran muy altos. 

Figueroa, al igual que Marco Tulio Hernández Matute, se lamenta porque todos los problemas que llevaron al cierre de sus emprendimientos nacen del escándalo de Fundecima en Honduras. Un problema que, según ellos, fue políticamente motivado. Además, dice que cuando se dio el escándalo con el vehículo, llevaba alrededor de seis meses de haber terminado su consultoría en el Congreso Nacional. «Gracias a Dios me apartó a mí de tener que estar en la campaña del presidente Juan Orlando Hernández, porque después de eso él ganó las internas, y se fue a las generales, y allí sí hubo mucho ruido. Pero yo allí ya estaba larguísimo, ya estaba lejos del partido, Dios me apartó de eso», dice. 

Ex presidente Juan Orlando Hernández es presentado ante los medios de comunicación luego de ser detenido tras ser solicitado en extradición por los Estados Unidos. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Actualmente, el expresidente Hernández se encuentra en detención preventiva en las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, esperando la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña sobre la solicitud de extradición girada por el gobierno de los Estados Unidos. En las elecciones de noviembre pasado, el Partido Nacional perdió parte de su caudal electoral en medio de los escándalos de Hernández y actualmente están reconfigurando sus fuerzas en el Congreso Nacional.

Mientras tanto, toma las riendas de Honduras Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien rompió con una racha de triunfos del Partido Nacional al ganar las elecciones de noviembre de 2021 en una alianza entre dos partidos, uno de centro derecha y otro de izquierda. 

El 22 de febrero de 2022, el nuevo Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, solicitó a todos los jefes de misión diplomática, embajadores y oficinas consulares a que pongan a disposición su cargo en los próximos tres días. 

*Este reportaje se realizó con la colaboración de Alberto Pradilla de Animal Político en México, de Alicia Ortega y Yanina Estévez de El Informe con Alicia Ortega-Noticias SIN en República Dominicana y el HelpDesk de Occrp. Parte de esta investigación fue financiada por el IWMF. Rigoberto Carvajal, Diego Arce y el equipo de datos de CLIP contribuyeron a la creación de los gráficos de relación y la línea de tiempo. Andrés Bermúdez Liévano de CLIP contribuyó en la edición.

El alcalde Roberto Contreras confirmó que la Municipalidad de San Pedro Sula debe casi 4,000 millones de lempiras a la banca nacional y otros acreedores. No obstante, el jefe edilicio ha realizado varias promesas, como construir un hospital materno, comprar el edificio de un hotel y apoyar a los emprendedores. Los sampedranos ven con esperanza su asunción al poder en una ciudad con altos índices de pobreza; según datos oficiales, en el 2019 esta era del 51 %.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez


«Soy el alcalde de los chuñas», le dijo Roberto Contreras a una multitud en el Parque Central de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, el pasado sábado 12 de febrero. Fue la primera vez que dio un discurso después de ser juramentado como alcalde dos días antes en Tegucigalpa, la ciudad capital. 

Tras ser bloqueado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Contreras no pudo tomar posesión como alcalde el 25 de enero, como lo hicieron los otros 297 alcaldes del país. Esto porque en la papeleta electoral que resultó ganadora el pasado 28 de noviembre, día de las elecciones generales, apareció su hermano, Rolando Contreras, quien después de su victoria tuvo que renunciar a su cargo para que Gobernación y Justicia hiciera la designación especial, la de su hermano Roberto. 

«Soy el alcalde de aquellos que nunca tuvieron voz, hoy son representados por Roberto Contreras, el niño que vendió periódicos y que lustró zapatos; el niño que viene de las entrañas del pueblo y puede sentir su sufrimiento», le dijo a sus seguidores, quienes, en medio de un ruidoso carnaval, ese día comieron tacos, tamales, helados, refrescos y agua por invitación del nuevo alcalde. 

Durante su campaña, antes del 28 de noviembre de 2021, Contreras realizó varias promesas; incluso después de que ganó las elecciones al exalcalde Armando Calidonio, continuó haciendo estos compromisos. Uno de ellos es construir un hospital materno infantil en la ciudad industrial; en este afán, dijo a los medios que no cobrará su sueldo como edil para lograrlo. 

El mismo sábado 12 de febrero, le prometió a los presentes en el Parque Central de San Pedro Sula que el viernes de cada mes, él, como alcalde, junto a regidores, regidoras y los gerentes municipales, atenderán a los sampedranos en el Parque Central sin tener que hacer una cita. «Tendremos la municipalidad pública aquí en el parque, donde los ciudadanos no tendrán que pedir citas para ver un encopetado», dijo el alcalde, quien entonces ya se había quitado los zapatos y se había puesto su delantal de cocinero (Contreras es reconocido por ser el dueño de la cadena de comidas Power Chicken). 

No obstante, Roberto Contreras, explicó que los días sábado ─su día libre─ cobra 5000 lempiras la hora (unos 203 dólares), a los que quieren reunirse con él en su oficina. Dicho dinero, según el alcalde, será destinado para la construcción del Hospital Materno Infantil Municipal de la ciudad de San Pedro Sula. 

«Soy un hombre de sueños y hoy invito a San Pedro Sula a que soñemos, podemos vivir en orden y con justicia para todos; soñemos que nuestros impuestos hoy sí serán utilizados y no se los robará ninguna corporación municipal», manifestó. 

Después del discurso donde recordó su niñez llena de pobreza y carencias, el alcalde manifestó que una de sus prioridades es salvar financieramente a la Municipalidad y establecer un control del personal supernumerario que ha quedado contratado. Son cerca de 3,100 empleados los que están en planilla, cuyo valor alcanza 47 millones de lempiras. «Estamos haciendo auditorías forenses en todos los departamentos», dijo a los medios. 

Durante esa intervención, Contreras reconoció que la actual deuda municipal es de casi 4,000 millones de lempiras, pues se le debe 3,000 millones a la banca nacional, 700 millones a distintos acreedores y 280 millones a la empresa que recoge la basura. Sin embargo, pese al actual escenario, estimó que en los primeros seis meses comenzarán a verse cambios sustanciales en la administración municipal. «El dinero va a rendir porque no existirá la corrupción», manifestó.

El regidor Julio Montessi, excandidato del Partido Salvador de Honduras y que depuso su aspiración para aliarse con Contreras, manifestó que han encontrado muchas situaciones que son incongruentes entre lo físico y lo escrito en inventarios. «Hemos encontrado una municipalidad sin dinero y sin procesos con los cuales se puedan encontrar préstamos a nivel internacional», comentó.

Adelantó que en dos o tres meses esperan cumplir con los requisitos que exigen organismos internacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) y así poder adecuar deudas y «contar con préstamos a intereses muy bajos. El equipo que se ha conformado es muy capaz, hay expertos en cada una de sus áreas», dijo el nuevo regidor. 

Agregó que, desde afuera, ellos sabían algunas de las cosas que sucedían en la Municipalidad, pero las sospechas fueron rebasadas por la realidad. «No es lo mismo verlo desde fuera que el impacto de verlo aquí: hay puestos que no están, montón de deudas, servicios que en el mercado cuestan una cosa y aquí tienen valores triplicados o cuadruplicados, todos esas cosas se están terminando porque estamos poniendo mano dura». 

Desde que asumió el 27 de enero, la nueva administración ha señalado que en la Municipalidad de San Pedro Sula existe una gran cantidad de personas que durante años percibió un salario sin trabajar. Montessi calcula que la planilla fantasma podría llegar hasta 1,200 plazas. 

Carmen Paz, regidora municipal por Libre, dijo a Contracorriente que hasta el viernes 18 de febrero se habían encontrado unas 400 personas que aparecían en planilla pero que no desempeñan ninguna función. Y solo habían revisado las áreas de Seguridad y Salud. En la Policía Municipal, en una revisión realizada por el alcalde, faltaron 58 elementos. 

«En los primeros 100 días tenemos que hacer una revisión exhaustiva de los “fantasmas” que aparecen en planilla, ya se han estado depurando para poder rebajar la planilla, en la que actualmente hay aproximadamente 4000», manifestó Paz. 

A la caótica situación financiera que describen el alcalde y miembros de la corporación municipal, hay que agregarle los problemas endémicos que ha tenido la «Ciudad de los Zorzales». Allá por los años 2013 y 2012 fue considerada la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de más de un centenar de muertes por cada 100 mil habitantes. En el 2013, San Pedro Sula registró 1,407 homicidios según estadísticas de la Policía Nacional y, en el 2021 según la misma fuente, se registraron 341. No obstante, en San Pedro Sula, hay zonas como Chamelecón y el sector Rivera Hernández, entre otras, en donde las maras y pandillas ejercen un gran control y se disputan territorios para la venta de drogas. 

Además, en San Pedro Sula, unas 18,000 familias viven en condiciones de vulnerabilidad en los bordos que rodean la ciudad. Antes de las elecciones, este medio le consultó a Contreras por la reubicación de estas familias y el ahora alcalde contestó: «Creemos que sí lo podemos lograr y eso saldrá cuando eliminemos la corrupción, donde se pierde un 10 % del presupuesto municipal».

En el centro de la principal ciudad del norte de Honduras, caminar se ha vuelto una odisea. Miles de comerciantes informales ofrecen una gran variedad de productos en las calles. Respecto a este tema, a juzgar por su discurso el 12 de febrero, el alcalde tiene muy claro lo que hará: «Reubicaremos ordenadamente a los vendedores ambulantes, porque yo prefiero tener 5,000 emprendedores vendiendo sus productos ordenadamente en el centro de la ciudad a tener cinco mil delincuentes», dijo entre gritos de los asistentes.

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Hondureños caminan por una calle copada de vendedores ambulantes en San Pedro Sula. San Pedro Sula, Honduras. Foto CC/Antonio Gutiérrez

Carmen Paz sostuvo que uno de los principales retos para la corporación entrante es mitigar la falta de empleo que obliga a nuestra gente a salir de San Pedro Sula y del país, «El nivel de vida de la ciudadanía en general es precaria, tenemos sectores que están en un rotundo olvido; San Pedro Sula no solo es la parte donde se está montando el puente al Merendón», sentenció. 

Activistas y trabajo

En una de las esquinas del parque de San Pedro Sula, a metros de la entrada de la Municipalidad, cuatro hombres se encuentran conversando. Todos son activistas de Libre y seguidores del expresidente Manuel Zelaya. Discuten sobre diferentes temas, entre ellos la posibilidad de un empleo en la comuna sampedrana.

«Esos no son melistas, nunca lo fueron, todos andan buscando proyectos y no se los van a dar porque Mel no los ha atendido», le dice un hombre fornido a otro que le llaman «Chino». 

«¿Y usted,¿qué es lo busca aquí (en la Municipalidad)?», le preguntan al fornido.

«Yo busco trabajo», contesta de forma escueta. 

«Está bueno, porque ya no hay que pedir, Mel ya no quiere que le vayan a pedir», replicó el «Chino».

«¿Y don Roberto escuchará si Mel recomienda algo desde allá?», preguntamos.

 «Claro», respondieron al unísono tres de los presentes. 

Después, la discusión tomó otro rumbo, buscaron demostrar a quién de ellos recibió al líder del partido Libre en Tegucigalpa. Cada uno mostró su respectiva foto con Mel Zelaya. Entonces, la importancia radicó en el lugar donde se tomó la instantánea. El Chino mostró la suya. «Ah pero eso no es la Presidencial», le repuso el hombre fornido, y le presumió: «a mí me atendió en Casa Presidencial. Sé honesto Chino, a vos no te atendió ahí». 

El hombre quiso zanjar la discusión con su interlocutor: «Es que el Chino no entiende que él sí se merece (trabajo), pero un montón de gente que anda ahí no, (al Chino) lo andan utilizando. Ahí con él andan un montón de delincuentes». 

Un hombre, que había permanecido en silencio y que estaba acompañado de una niña, intervino con un mensaje de confianza para los activistas de Libre que esperan por una oportunidad: «La otra semana nosotros vamos a estar con él (con Roberto Contreras), dijo que nos íbamos a reunir». Con esta frase el tema se cerró, porque todos estuvieron de acuerdo con la información.

No obstante, el panorama en la comuna sampedrana no es tan claro como lo ven los activistas mencionados. La regidora Carmen Paz, acompañante de la candidatura independiente de Contreras, confió que «la Municipalidad está como se preveía que se iba a encontrar: está totalmente en quiebra, no hay dinero para hacer despidos. La Municipalidad carece de efectivo», sostiene.

La regidora por Libre reconoció que en el proselitismo la gente trabaja por una corriente a la espera de un espacio laboral y más en el país, donde una de las mayores problemáticas es el empleo: «La gente espera ese trabajo, pero no se ha podido estar incorporando porque no se puede despedir porque hay problemas con los sindicatos y no hay para pagar las prestaciones». 

La Municipalidad de San Pedro actualmente cuenta con alrededor de 4,000 empleados, que están distribuidos en 13 gerencias y 89 departamentos. Entre las áreas con más empleados están la policía municipal y los encargados de la limpieza de la ciudad. También se ha mencionado que la alcaldía tiene más de 1,000 empleados que cobraban un sueldo pero no trabajaban. 

Paz fue la coordinadora en la campaña electoral de movimiento independiente de Contreras y luego de la coalición en el sector de Cofradía, y no ocultó que hay insistencia de las bases: «Sí, hay una presión a diario, yo aparte de ser regidora, coordiné varios sectores y la gente espera su fuente de empleo, pero les hemos pedido que tengan paciencia y que se la tengan a Roberto Contreras». 

El regidor Julio Montessi manifestó que están readecuando el personal de la Municipalidad, y el que no cumpla con los requerimientos tendrá que ir saliendo de la planilla: «A veces las bases no comprenden, que no es entrar el 25 de enero y el 26 de enero despedimos a 5,000 mil y al siguiente día entra una cantidad igual. Todo lleva un proceso porque hay que escoger bien a las personas, son cargos en la administración pública».

Montessi agregó que en la Municipalidad hay empleados con mucha experiencia, que pueden quedarse trabajando: «Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando, son muy capaces y son apolíticos, entonces el empleado bueno se tiene que quedar porque está haciendo una buena labor».

Antes que tomara posesión la nueva administración, hubo un cruce de declaraciones entre el alcalde Roberto Contreras y representantes de Libre respecto a cómo iban a repartirse los puestos de trabajo en la alcaldía. Contreras afirmó que esperaba una repartición equitativa entre las tres fuerzas que formaron la coalición: Candidatura independiente, Libre y PSH. Desde el partido Libre le contestaron que el 50 % de su participación en la Municipalidad era innegociable. 

«Es normal que todas las partes quieran el 100 %, pero a todos los que estamos involucrados en esto nos puede más el amor por San Pedro Sula; y a medida que nos vamos adaptando, vamos habilitando plazas de trabajo tanto para la candidatura independiente de Roberto, para el PSH y para Libertad y Refundación», afirmó Montessi. 

La regidora Carmen Paz comentó que a esta altura seis gerencias están en manos de Libre, seis con la candidatura independiente de Contreras y una para el PSH. «Cuando se integra por tres partidos siempre habrá ciertas diferencias, pero al paso de los días ya cada uno está trabajando en sus gerencias con la aprobación de don Roberto, porque a él le corresponde la aprobación de todos los puestos de trabajo». 

Las esperanzas de los sampedranos

Carlos vive en el sector Rivera Hernández, uno de los más grandes y desposeídos de San Pedro Sula. Según Carlos, el exalcalde Armando Calidonio abandonó a este grupo de colonias, especialmente durante la emergencia provocada por los huracanes Eta y Iota, donde miles de hondureños perdieron casas y pertenencias. 

Carlos votó por Roberto Contreras en las elecciones de noviembre del 2021 y ve con esperanza su Gobierno: «Será un buen alcalde, viene de la universidad de la vida y el sufrimiento. Nos dice que soñemos junto con él un nuevo futuro y eso es lo que espera San Pedro Sula, que todo cambie», dice. 

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El alcalde Robeto Contreras saluda a sus seguidores durante un acto simbólico de toma de posesión. San Pedro Sula, Honduras. Foto CC/Antonio Gutiérrez

En su discurso, Contreras recordó que había sido pobre, que vendió periódicos y compró sus primeros zapatos a los 14 años. En un país con el 74 % de pobreza —según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE)—, habrá muchos que se identifiquen con su historia.

Uno de ellos es Carlos. «Se ve que tiene mucha cercanía al pueblo. Transmite alegría y entusiasmo, eso es lo que tiene el alcalde actual. Todos esperamos un cambio, eso anhelamos los sampedranos. Ojalá que cumpla todo lo que se ha prometido».

El profesor Marvin Espinoza trabaja en un colegio del sector Chamelecón, al igual que Carlos espera que haya un cambio en la visión de la Municipalidad. «Se ve de que está anuente a la gente que no ha sido escuchada. Me siento orgulloso de tener un buen alcalde que, en poco tiempo, ha demostrado lo que va a desarrollar él. 

»Le dará otra perspectiva, otra cara a la Municipalidad, y no habrá mucha deuda. Es una persona con experiencia y maneja una empresa, ¿por qué no va a hacer crecer este reto que se ha tomado?», se pregunta el profesor Espinoza. 

El ciudadano también recuerda que Contreras ha prometido bajarse el sueldo a 40,000 lempiras para contribuir a la construcción de un hospital.

La rebaja del salario no es la primera promesa realizada por Contreras una vez ganó las elecciones. Antes de tomar posesión, mencionó la posibilidad de comprar el edificio donde funcionaba el Hotel Sula y también prometió apoyo a los emprendedores. La última semana ha planteado ante los medios la posibilidad de cerrar el asilo de ancianos, al considerar que 3 millones de lempiras en presupuesto es muy oneroso. Dijo que habían más empleados que adultos mayores en el lugar. El alcalde piensa que los habitantes del asilo pueden ser adoptados por familias, que recibirían 25,000 lempiras por cuidarlos. 

En sus primeras acciones como alcalde, Contreras apareció comandando la limpieza del bordo en el Río Bermejo y pasando lista a los policías municipales. Además, las grúas que levantaban a cualquier vehículo mal estacionado en San Pedro Sula ya no están trabajando; pero la regidora Carmen Paz sostuvo que la eliminación de este trabajo debe quedar registrada en un punto de sesión de corporación y eso aún no está hecho. 

«Esta es la ciudad que me vio llegar con los pies descalzos hace 47 años», recordaba Contreras en su primer discurso como alcalde. Mientras hablaba, un joven, de piel trigueña, le gritó con insistencia: «¿Me va a tirar los 500 (lempiras)?». El alcalde no escuchó el pedido del joven —o bien hizo caso omiso— y siguió con la comparecencia en la que ofreció una administración transparente para una ciudad que cuide los ríos y gradúe a sus jóvenes en carreras técnicas. «Una San Pedro Sula inteligente que apoye a los emprendedores y madres solteras», decía, arrancando algunos aplausos. 

La intervención era escuchada con atención por ciudadanos como Carlos o el profesor Marvin, quienes, sin importar la deuda de 4,000 millones, ven con esperanza la asunción al poder de la nueva administración. Ellos son parte del 61 % de los sampedranos que votaron por la coalición que llevó a Contreras a la silla municipal. 

Aproximadamente en un mes se podría conocer el destino del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición para Estados Unidos por tres delitos relacionados al narcotráfico. Mientras, grupos de simpatizantes salen a las calles a orar por él y acompañarlo. Analistas opinan que difícilmente podrá evadir la extradición. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera


Al menos hasta el 16 de marzo y durante lo que dure la audiencia de proposición de pruebas, el expresidente Hernández guardará prisión preventiva en el Comando de Operaciones Especiales (Cobras) mientras se resuelve si se dará a lugar o no la solicitud de extradición hacia Estados Unidos hecha pública el pasado 14 de febrero. 

En Honduras existe un tratado con Estados Unidos desde 1909, pero que cobró fuerza en enero de 2012 cuando el Lesgialtivo aprobó una reforma constitucional que permite la entrega de hondureños por delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Todavía no existe una ley de extradición en Honduras, por lo que la Corte Suprema de Justicia aprobó un auto acordado que regula estos procesos.

Estados Unidos acusa a Hernández por 3 delitos relacionados con el narcotráfico, que se resumen en: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, uso y portación de armas de fuego y conspiración para usar o portar armas de fuego con relación a la importación de narcóticos. 

Un documento filtrado sobre el caso señala que, desde 2004 hasta 2022, Hernández participó en el tráfico de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas. 

Lo último que se conoce del caso es que el Ministerio Público recibió del juez de extradición una solicitud para verificar si existen denuncias, investigaciones o causas pendientes contra el expresidente Hernández, como parte de procedimientos que se han hecho en todos los procesos de extradición anteriormente y que podrían frenar el proceso. 

El abogado constitucionalista y diputado por Libertad y Refundación, Ramón Enrique Barrios, señaló que, aunque existan denuncias contra Hernández en la fiscalía, estas no serían vinculantes porque no hay un proceso penal en curso, «así que no hay argumentos para la defensa, nadie detiene, ni siquiera la Corte, la extradición», explicó. 

Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad Más Justa, señala que hasta la fecha se desconoce que se haya presentado un requerimiento contra él por cualquier ilícito, «por eso creo que no sería obstáculo para poder parar la extradición pero habrá que ver que determina el juez», explica. 

«Si no había ningún procedimiento iniciado al momento de solicitar la extradición, no habría ninguna forma de frenar y la única forma es que tenga una resolución contraria es que la embajada no presentara las pruebas necesarias», asegura Madrid. 

Durante el ingreso al tribunal, el pasado 16 de marzo, un grupo de trabajadores del Poder Judicial recibieron con aplausos y señas de cariño al exmandatario Hernández cuando este pasó por el pasillo camino a iniciar la audiencia de información en la que le explicaron los delitos de los que le acusa Estados Unidos.

El próximo 16 de marzo iniciará la audiencia de proposición y evacuación de pruebas frente a la solicitud de extradición del expresidente. En esa etapa, las partes presentarán sus evidencias y, posteriormente, el juez que conoce de la causa dará un dictamen: si aprueba o no la extradición. El juez tomará un tiempo prudencial y avisará el día que dará su dictamen; en caso de que el juez apruebe la extradición, la defensa podría solicitar una apelación. 

La defensa de Hernández había solicitado que durante este tiempo del proceso cumpliera su arresto preventivo en su domicilio, pero la petición fue negada por el juez debido a que el acuerdo de extradición existente no permite que esté a criterio del juez establecer una medida distinta sustitutiva a la detención provisional, explicó Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia. 

La defensa de Hernández apeló la decisión del juez de la prisión preventiva el 19 de febrero; el 21 de febrero el juez de extradición admitió la apelación y dio a conocer que este recurso debe ser resuelto por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que funge como Tribunal de Alzada en casos de extradición. 

Ramón Sabillón, secretario de Seguridad, explicó en conferencia de prensa que Hernández está en una habitación de la que no se le permite salir, esto para cuidar su integridad personal, «pero se le extiende todo lo que necesita: medicinas, alguna visita. Recuerde que él no es una persona condenada sino como un imputado, sujeto a una extradición, y se le observan todos los derechos que a él le corresponden», explicó. 

Mientras se desarrollaba la audiencia, simpatizantes de Hernández llegaron afuera de la Corte Suprema de Justicia para manifestarle su apoyo al exmandatario, «No está solo», gritaban. En varias ocasiones, oraron pidiendo «que lo juzgara Dios y no el hombre».

Simpatizantes del ex presidente hondureño Juan Orlando gritan consignas frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Honduras, el 16 de febrero de 2022. Hernández fue solicitado en extradición por los Estados Unidos de América, y este día fue llevado a la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de Información. Foto CC/Jorge Cabrera

Dilcia Rodríguez, una de las manifestantes a favor de Hernández, le dijo a Contracorriente: «Me tiene aquí el respeto que alguna vez le tuve al presidente Juan Orlando Hernández, el respaldo del Partido Nacional. Es un hombre que trabajó mucho por el país y por el partido». También señaló que espera que los proyectos como el de la Vida Mejor continúen y lleguen a las personas que de verdad lo necesitan. 

Poco después, personas con las banderas del partido Libertad y Refundación llegaron a las instalaciones y durante varias horas se dedicaron a pelear con los simpatizantes de Hernández; la Policía Nacional se dedicó a separar constantemente a los grupos, que gritaban y tiraban piedras.

El juez que conoce de la causa declaró que tanto él como su familia y sus bienes contarán con protección durante el proceso, esto tras una petición de la defensa enmarcada en la Ley de protección especial a funcionarios y exfuncionarios en riesgo.

Reformas a esta ley fueron aprobadas en diciembre de 2021, poco después de que el Partido Nacional perdiera las elecciones a nivel ejecutivo, para especificar que expresidentes y personas que tuvieron cargos en Seguridad entraban dentro de esa ley. 

La ley dice que el servicio de protección incluye gastos de seguridad y movilización del funcionario o exfuncionario protegido y del personal asignado para su protección cubriendo los gastos y costos operativos necesarios.

«Los recursos para el cumplimento de sus funciones serán asignados de los fondos otorgados a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), también se le asignarán fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional por medio de una subcuenta especial», explica el artículo 10.

Julia García, hermana de Ana García Carías, asistió a una vigilia afuera del lugar donde se encuentra detenido Hernández, y explicó que los bienes familiares se construyeron en patrimonio de familia, «no hay más, a base de trabajo y honestidad», señaló y dijo que no sabe si en algún momento puedan asegurarle sus bienes. Además, aseguró que ya no tenían seguridad.

Simpatizantes del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández participan en una vigilia frente a las instalaciones de las Fuerzas Especiales donde se encuentra detenido en Tegucigalpa Honduras. 17 de febrero de 2022 Foto CC/Jorge Cabrera

Por su parte, el secretario Sabillón explicó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas les están brindando seguridad a sus bienes durante lo que dure el proceso para evitar cualquier daño o agresión a las personas que están en ellos, «es una actividad preventiva para evitar algún saqueo o agresión a personas que laboran o habitan ahí, que son personas inocentes que no vendría bien hacerles un acto malintencionado», explicó Sabillón. 

Mientras tanto, la ex primera dama, Ana García Carías, que también acompañó en la vigilia, emitió un comunicado en el que denunciaba el proceso de detención señalándole como acciones degradantes e inhumanas: «Todas las cámaras de las mismas fuerzas de seguridad filmaban al momento de su detención, a la imposición de cadenas y grilletes, presentándose posteriormente en sede policial a los medios de comunicaciones, en una tarima como un trofeo a exhibir», decía el comunicado.

El martes, Ana García llegó a las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para interponer una denuncia por violaciones a los derechos humanos del expresidente. «Quiero que entiendan lo que sufrí y viví ese día, mi casa rodeada por más de 600 elementos del orden público que llegaron con el deseo de ingresar a mi vivienda y no se les permitió (…) sobrevolaron helicópteros a pesar de que mi esposo dijo que se iba a entregar voluntariamente», dijo a los medios. 

Sobre esto, tanto el secretario de Seguridad, Sabillón, como Manuel Zelaya, expresidente, esposo de Xiomara Castro y actualmente presentado como asesor presidencial, dijeron que en ningún momento se le habían violado sus derechos humanos. 

Zelaya también explicó que el Ejecutivo recibió la solicitud y la procesó en una hora para enviarla a la Corte Suprema de Justicia, quien sería la autoridad que tomaría las decisiones sobre Hernández. «La presidenta Xiomara Castro desde el primer momento en que fue recibida la solicitud, porque es una solicitud, la envió inmediatamente su canciller, Eduardo Enrique Reina, quien hizo el trámite en una hora y, responsablemente, como dice el auto acordado de la CSJ —que debería haber una ley pero aquí lo que hay es un auto acordado—, toma la decisión la CSJ. Se le trasladó inmediatamente el tema a la CSJ», explicó.

Melvin Duarte, vocero de la CSJ, explicó que en todos los casos el proceso ha demorado aproximadamente entre cuatro y cinco meses desde el momento de su captura, la audiencia de proposición de pruebas y las apelaciones que pudiera poner la defensa. Duarte añadió que en ninguno de los 32 procesos anteriores de extradición se dio a conocer el nombre del juez natural. No obstante, se filtró que el magistrado que conoce dicha solicitud es Edwin Francisco Ortez Cruz.

La Policía Nacional custodiando la Corte Suprema de Justicia donde se encuentra el ex presidente hondureño Juan Orlando en Tegucigalpa, Honduras, el 16 de febrero de 2022. Hernández fue solicitado en extradición por los Estados Unidos de América, y este día fue llevado a la Corte Suprema de Justicia para la audiencia de Información. Foto CC/Jorge Cabrera

¿Quién es el juez que conoce el caso de extradición?

El juez Edwin Francisco Ortez Cruz fue elegido como magistrado de la CSJ en 2016, después de seis intentos fallidos para poder elegirlos. Ortez fue electo por el Congreso Nacionalcomo magistrado del Poder Judicial hasta 2023, tras ser propuesto por la Confraternidad Evangélica de Honduras, una publicación de Revistazo además lo identifica como una persona afiliada al Partido Nacional. 

Además de esto, Ortez también conformo el pleno de magistrados de la CSJ en 2021 que conoció de una acusación por supuesto lavado de activos y fraude contra el exdiputado nacionalista, Reynaldo Ekónomo. El caso concluyó con el otorgamiento de un sobreseimiento por el delito de lavado de activos y auto de formal procesamiento por fraude.

Antes de eso, Ortez fue miembro de la Corte de Apelaciones Especiales que conoció el Caso Pandora y que en agosto de 2020 absolvió a 22 imputados, por esto la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) denunció que la comisión de magistrados cometió el delito de prevaricato negligente.

El Caso Pandora explica un entramado de políticos y exfuncionarios que desviaron 282 millones de lempiras desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de campañas políticas del partido Liberal y Nacional. El caso no ha sido el único que investigó la fiscalía hondureña relacionado al financiamiento ilícito para campañas políticas.

La Policía Nacional corre luego de haber capturado al ex presidente hondureño Juan Orlando en Tegucigalpa, Honduras, el 15 de febrero de 2022. Hernández fue solicitado en extradición por los Estados Unidos de América. Foto CC/Jorge Cabrera

Algunos de los casos investigados por la Uferco, como el Caso Hermes, señalaban el pago irregular a periodistas; tras una revisión que hizo Contracorriente sobre qué hacían los periodistas mencionados en ese entonces, encontró que le daban espacio al expresidente para que hablara sobre las acusaciones de su hermano Juan Antonio Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York.

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Estados Unidos acusa a Hernández de haber utilizado dinero del narcotráfico para el financiamiento de sus campañas políticas desde 2004. Este financiamiento incluyó el soborno a funcionarios electorales y a políticos para obtener el apoyo y que Hernández llegara a la presidencia del Congreso Nacional, y luego a la del Ejecutivo, donde —según EE. UU.— también usaría dinero del narcotráfico para reelegirse inconstitucionalmente con el fin de controlar el paso de la droga por Honduras. 

Para Kenneth Madrid el caso de Hernández demuestra que el Estado se encuentra infiltrado por el enriquecimiento ilícito, especialmente para el financiamiento de campañas electorales. «Debemos de partir de reformas integrales y es una nueva oportunidad para el nuevo Gobierno de hacer reformas para blindar, y que todas estas prácticas que se han venido desarrollando en el pasado puedan tener ahora una muralla, que no se realicen», finaliza. 

Por Fernando Destephen


Berta Irias, de 79 años, vende pescados fritos y café de desayuno los domingos en la entrada del mercado San Miguel, ubicado en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa. Los domingos Berta acerca su negocio de comida a la acera para atraer más clientes. A veces se auxilia en algún cliente, en un amigo que desayuna acompañándola o en algún transeúnte para interpretar lo que le dicen, a veces también confiesa que es sorda para que le hablen más fuerte porque padece una sordera parcial que le impide escuchar bien del todo.

Un estudio del Banco Mundial publicado el 17 de febrero de 2020, denominado «Diagnóstico del Trabajo», destaca el desafío de aumentar la participación laboral de las hondureñas, pues solo un 47 % de las mujeres en edad de trabajar tiene un empleo, y un 88 % de las personas que no estudian ni se entrenan ni trabajan son mujeres. Berta Irías es una mujer de la tercera edad afectada por estos indicadores, por su edad y por los créditos para mantener su fuente de ingresos.

El estudio del Banco Mundial explica que el 58 % de los empleos en Honduras todavía son informales y representa uno de los niveles más altos en América Latina y el Caribe. Se detalla que el empleo laboral se encuentra en todos los sectores económicos, entre los cuales están los servicios (28 %), la agricultura (19 %) y la industria (11 %). La investigación del Banco Mundial apunta que la informalidad laboral en Honduras no se limita al empleo por cuenta propia, sino que un 41 % de estos trabajos remunerados todavía son informales.

Berta consigue los pescados a crédito con el plazo de una semana para pagar. Sus proveedores son los vendedores de mariscos del mercado La Isla. Berta se suma a estas cifras que indican que 6 de cada 10 personas en Honduras subsisten gracias a la economía informal.

La opinión de economistas y abogados sobre la derogación de la Ley de empleo por hora está dividida. Hay quienes coinciden en que solo debe revisarse y obligar a la Secretaría del Trabajo a realizar inspecciones para evitar violaciones laborales, y por otro lado están los que sostienen que debe derogarse ante la incapacidad de supervisión estatal. Los que sí muestran una posición clara, aunque antagónica entre sí, son los obreros y los empresarios. Las centrales obreras aseguran que dicha ley debe derogarse porque solo beneficia a los patronos, mientras que los empresarios, por su parte, sostienen que debe mantenerse porque de lo contrario Honduras podría perder más de 350,000 empleos.

Texto: Leonardo Aguilar y Allan Bu
Con colaboración de Laura García
Fotografías: Antonio Gutiérrez


El pasado lunes, el Congreso Nacional incluyó un proyecto de decreto que busca derogar la Ley de Empleo por Hora, aprobada en 2014 y ratificada por el entonces presidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente se encuentra en prisión y solicitado en extradición por EE. UU

Juan Orlando Hernández sostenía en aquel momento que con la Ley de Empleo por hora se fortalecería la economía, aumentaría la inversión extranjera y se reduciría la economía informal. No obstante, la realidad ha sido distante de lo esperado y miles de trabajadores se sienten desamparados laboralmente.

El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos aseguró a este medio que han existido muchos abusos de parte de algunos empresarios que han aprovechado la Ley de Empleo por Hora para no pagar lo convenido, poner a trabajar más horas a sus empleados, no pagar las horas trabajadas, no otorgar el seguro social y no pagar un décimo tercer ni cuarto mes.

No obstante, Juan Carlos Barrientos asegura que «sería una barbaridad que eliminaran esa ley porque se quedaría mucha gente sin empleo». Considera que lo que debe hacerse es «una revisión y tratar de corregir lo que está fallando, implementar mayores medidas de control, que en este caso sería función del Ministerio del Trabajo».

«Usted escucha hablar a líderes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la misma gente de las cámaras de comercio de Tegucigalpa y de Cortés, dicen que esa modalidad ha venido a dar más dinamismo de empleo a gente joven que no podía trabajar a tiempo completo, principalmente en tiendas, restaurantes, cafeterías, call center», sostiene Barrientos.

El miércoles de esta semana, una comisión de dictamen comenzó a socializar la derogación de la Ley de Empleo por Hora con trabajadores, empresarios e inversionistas. Entre los que ya se han sentado están las Centrales Obreras, Central General de Trabajadores (CGT), Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y Centro de Derechos de las Mujeres (CDM).

Algunos de los líderes de estas organizaciones obreras coinciden en que la Ley de empleo por hora es discriminatoria, violenta derechos humanos y tiene su origen en un gobierno dictatorial.

Luego que se hizo pública la propuesta en el Congreso Nacional para derogar la Ley de Empleo por Hora, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armardo Urtecho, manifestó a medios de comunicación que de concretarse la intención podrían perderse hasta la mitad de los 700,000 empleos que se generan bajo esta modalidad. Sin embargo, el economista Claudio Salgado indica que «la ley debe derogarse considerando que la Secretaría de Trabajo no tiene capacidad de supervisión». 

Según las cifras más recientes reportadas por el Banco Mundial, la inversión extranjera directa no ha aumentado desde 2013 (año del decreto). De hecho, ha bajado 2 puntos. La tasa de desempleo ha aumentado aproximadamente 4 puntos en la escala del 2013-2020. 

Según Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, bajo la modalidad del empleo por hora hay 700,000 empleados. Sin embargo, no es una cifra comprobada. Al respecto, Claudio Salgado cree que «las cifras brindadas por el Cohep son fuertes y deberían revisarse».

Yadira Minero, abogada laboralista, argumenta que la Ley de Empleo por Hora violenta el principio de estabilidad laboral. Este principio es la columna vertebral del derecho del trabajo, de él se desprende el goce y disfrute de los demás derechos laborales. La Ley de Empleo por Hora violenta, principalmente, los derechos laborales a un salario digno, a la protección social y de salud, de maternidad, de sindicalización. 

La figura de empleo por «media jornada» ya está en la Constitución. El empleo por hora está legalmente regulado mediante el Decreto Ley 121 de 1974. En este decreto se respetan los derechos laborales, las organizaciones piden que este decreto continúe vigente. Con su aplicación, no habría pérdida de empleos, explicó la abogada Minero.

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Edificio del Ministerio de Trabajo ubicado en las cercanías del parque central en San Pedro Sula. San Pedro Sula, Cortés, 10 de febrero de 2022. Foto CC/ Antonio Gutiérrez.

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, denominado Situación del empleo en Honduras, explica que la tasa de desempleo abierto se define como el cociente de la población desocupada dividido entre la fuerza laboral. En ese sentido, la investigación apunta a que los departamentos que mostraron las tasas de desempleo abierto más altas, registrando dichas tasas en 2009, 2015 y 2019, fueron: Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Francisco Morazán, Olancho y Valle.

Para 2018, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la tasa de desempleo abierta se situaba en 5.7 %. A mediados de 2021, la tasa de desempleo abierto se incrementó a 10.9 %, lo que significa un poco más de 400,000 personas desempleadas, mientras que el número de personas que desistieron de buscar un empleo aumentó en más de 600,000, lo que agravó las condiciones en el mercado laboral hondureño.

La otra cara del empleo por hora

Frente al Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, Mauricio, un extrabajador de la municipalidad sampedrana, quien estuvo trabajando bajo la modalidad de empleo por hora, dice que «tienen que derogar esa ley porque eso no beneficia a nadie. Eso es un atraso para la gente». 

Mauricio cuenta que firmaba un contrato cada dos meses y ahora está buscando que desde la Secretaría de Trabajo se le brinde permanencia. A su criterio, esta ley es nociva: «El trabajador no se beneficia en eso, porque en cualquier rato le dicen a usted que ya no lo ocupan, ¿y bajo qué ley se puede amparar usted?», afirma. 

Mauricio cuenta que él tenía las mismas funciones de los empleados permanentes, pero aparte de gozar del salario mínimo no gozaba de los otros derechos ni estabilidad laboral. «¿Cómo va a reclamar usted? Ese es el único tropiezo que tienen esos contratos, que si ya no lo ocupan pues lo desechan», dijo.

Jesús Méndez, empleado de una ferretería sampedrana, coincide con Mauricio. Asegura que la Ley de Empleo por Hora es «negativa» para el trabajador, pues aunque es «una oportunidad para mucha gente, también se están perdiendo beneficios», argumentó. 

Méndez, que aunque no se encuentra bajo esa la modalidad temporal, dice que no tiene muchas esperanzas de cambio porque al final «mandan los de arriba; para mí esa babosada es negativa para el trabajador. Cuando es por hora (las empresas) te dan lo que quieren. La gente por necesidad lo acepta». 

¿En qué consiste exactamente la Ley de Empleo por hora?

El artículo tres de la Ley del empleo por hora regula las modalidades y formas de contratación. En este apartado se establece que las partes (obrero-patrono) pueden suscribir contratos, sea por horas o medias jornadas ordinarias, diurnas, mixtas o nocturnas. Estas pueden ser por tiempo limitado y para obras o servicios determinados.

El artículo seis, referente a la remuneración, explica que el patrono debe pagarle al trabajador en virtud del contrato de trabajo y, en los casos de mano de obra no calificada, debe hacerse el cálculo tomando como referencia el salario mínimo (que en Honduras es diferente para cada sector). 

En ese sentido, la Ley de Empleo por Hora explica que para calcular el salario mensual de un trabajador, se debe dividir el salario mínimo entre las horas pactadas a trabajar y ese resultado se multiplica por 4.29, que es el promedio de la semana al mes.

La Ley de empleo por hora establece que debe incrementarse un 16 % sobre el salario mensual (que corresponde al 8 % del décimo tercer mes y al 8 % del décimo cuarto mes). Se incluye además un día feriado por cada mes trabajado. 

No obstante, las empresas, que pueden tener hasta 3 años a una persona bajo esta modalidad y una vez culminado este período, pueden despedir a sus empleados sin ningún tipo de prestaciones e indemnizaciones laborales.

«Están haciendo el mismo trabajo todos, pero no están ganando igual ni acumulando los mismos derechos» (conciliador de la Secretaría del Trabajo)

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El Congreso Nacional discute sobre la posible derogación de la Ley de Empleo por Hora. Las micro, pequeñas y medianas empresas podrían ser las más afectadas, según sus representantes. San Pedro Sula, Cortés, 10 de febrero de 2022. Foto CC/ Antonio Gutiérrez.

Uno de los abogados que trabaja como conciliador en la Secretaría del Trabajo, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva, le dijo a Contracorriente que en su ciudad —en donde el número de habitantes sobrepasa el medio millón de personas— los reclamos de los obreros bajo la modalidad de contrato por hora son escasos porque estos asumen que no tienen respaldo legal para demandar a las empresas una vez que son despedidos. 

«Al momento en que un trabajador deja de laborar no hace ningún reclamo porque supuestamente se les explica que en su salario va pagado todo lo que son las prestaciones. Le explican que al momento de dejar de laborar, ya tiene pagados todos sus derechos», revela.

Este servidor público es del criterio que esta normativa beneficia más a la clase empresarial y les quita derechos a los obreros. Explica que si un trabajador bajo la modalidad de contrato por hora, está un año laborando bajo esa modalidad y es despedido, «lo único que le dan como liquidación es un mes de salario». Como contraste, explica que «si usted se va con el contrato tradicional, el que está regulado en el Código del Trabajo, si usted trabajó un año, no le toca un mes de salario de prestaciones, sino muchísimo más. ¡Es una enorme diferencia entre estos dos contratos!».

Finalmente expone que esta Ley no se ocupaba tanto porque ya teníamos un contrato en el Código de Trabajo que regulaba el empleo a medio tiempo. «Si usted mira los recortes de periódico de hace unos 20 años, en la sección de empleo, algunos decían: “se requiere trabajadora a medio tiempo, trabajador a medio tiempo”».

El artículo cuatro de la Ley de Empleo por Hora, indica que se pueden contratar bajo esta ley hasta el 40 % de trabajadores, no obstante, el conciliador de la Secretaría del Trabajo le expone a Contracorriente que «hay empresas que pueden estar contratando hasta un 80 % de su personal bajo esta modalidad. Así que se está perjudicando a la mayoría del empleado. Y si lo ve desde otro punto de vista, aunque todos somos iguales ante la ley, imagínese una empresa que tenga el 40 % bajo el empleo por hora y al 60 % permanente, están haciendo el mismo trabajo todos, pero no están ganando igual ni acumulando los mismos derechos».

Posición de los trabajadores

Para las centrales obreras, no hay otra opción que la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Evangelina Argueta, dirigente obrera en el norte del país de la CGT, manifestó total acuerdo en la derogación de la ley: «Porque ha sido incumplida por el sector empresarial y ellos deben reconocer que es su culpa que ahora exigimos la derogatoria de esa ley», dijo. 

Cuando se aprobó en enero de 2014, Argueta recordó que el movimiento obrero se manifestó en contra de la norma porque suponía una pérdida total de derechos de los trabajadores (seguro social, décimo tercer mes y cuarto mes, indemnizaciones, entre otras) y lo único que hicieron fue otorgar al trabajador un porcentaje arriba del salario mínimo. «Eso no es posible», sostuvo. 

Argueta denunció que en la CGT han recibido denuncias de personas que recibieron empleo bajo esta modalidad y fueron chantajeadas: «Hay compañeros trabajadores que aseguran no les cumplen y son amenazados, que si denuncian, no les vuelven a dar otro contrato y pues la necesidad del empleo hace que mucha gente se someta, pero eso no es lo correcto. Hemos elevado quejas a la Secretaría de Trabajo, que no hay veeduría ni cumplimiento, pero les importó poco o nada». 

Evangelina Argueta dijo que las empresas «se han enriquecido con esta ley». Señaló que hay rubros como las comidas rápidas que tienen exoneraciones de impuestos y son las que hacen más uso de esta ley. «Creo que no pueden seguir enriqueciéndose a costillas del trabajador. Esto (la derogación de la ley) es parte del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro y hay que apoyarlo». 

Sobre la posible pérdida de 700,000 empleos, como lo plantea el Cohep, Argueta argumentó que amenazar es una reacción natural del sector empresarial: «Yo recuerdo que cuando empezamos a presionar por un salario justo en la maquila, nos amenazaron que las empresas se marcharían y ahora hay más. Las amenazas son normales, pero la empresa privada necesita la mano de obra, sino quién les hará el trabajo. No vamos a caer en ese tipo de intimidaciones», dijo. 

Reiteró que en las centrales obreras no se plantean pedir una modificación de la ley como se ha mencionado en círculos empresariales: «Han flexibilizado el empleo y la permanencia, los empresarios han abusado de la ley ¿cuánto se han ahorrado en beneficios porque la mayoría de puestos los convirtieron en empleo por hora y el Ministerio del Trabajo, se volvió cómplice porque el deber de ellos era supervisar».

La micro y pequeña industria ve peligros en eliminar la ley de forma drástica

Para Efraín Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de la Micro, Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), la intención de derogar la ley puede ser buena, procurando mejores condiciones para los trabajadores, «pero tiene que haber un análisis», sopesó. 

Sostuvo que se debe hablar con los trabajadores que han sido contratados bajo este programa, empresarios y con el Ministerio del Trabajo para saber qué reformas se pueden hacer para corregir lo que no está bien pues a su juicio, después de ocho años de vigencia, «eliminar la ley sería traer más desempleo al país. más de 500,000 personas quedarían sin empleo y con la crisis de la pandemia ya habíamos perdido otro medio millón, el país quedaría más miserable».

Ismael Zepeda, economista del Fondo Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), sostiene que cuando existe un régimen como el de la Ley de Empleo por Hora y se quita, «se crea un vacío y este debe llenarse, ¿cuál es la propuesta?», se pregunta y agrega que «las dinámicas económicas van más allá de imponer las leyes o quitar las leyes. Nuestra postura es que es necesario hacer una evaluación y una propuesta si se llega a eliminar la Ley de Empleo por Hora porque se necesita llenar ese vacío».

Zepeda insiste en que la evaluación debe dar la pauta de los pasos a seguir, que las posturas no deben ser extremas y menciona que hubo abuso de la ley, pero que este tiene que ver con la desidia del Estado, que tuvo que haber dado seguimiento y monitoreo a través de la Secretaría de Trabajo. «Por eso es correcta la postura de los trabajadores y sindicalistas que esta ley vino a lacerar enormemente los derechos laborales», dice. 

Desde la Ampih, Rodríguez llama a un diálogo y cree que después de ocho años se pueden evaluar los resultados de este programa, después de eso aprovechar lo positivo y corregir lo que no está bien. «Siempre hay empresarios que quieren abusar de la necesidad de trabajo de una persona, entonces le ponen condiciones con base a su criterio y no con base a ley, eso hay que corregirlo», manifestó. 

Agrega que ve como un error la derogación, pues considera que aumentaría la migración al quedar muchos jóvenes sin trabajo. Por otro lado, advierte que también la actividad económica del país se vería afectada pues los 700,000 empleados bajo el esquema mencionado mueven unos 10,000 millones de lempiras, pues ellos son consumidores de productos y servicios.

Por último, Rodríguez sugiere hacer algunas reformas a la ley. Por ejemplo, habla de que se pudiera legislar para que las Mipymes puedan contratar personal por seis meses, laborando cuatro horas y con la mitad del salario mínimo mientras la persona desarrolla las habilidades técnicas para desempeñar su puesto. 

Evangelina Argueta, de la CGT, consideró que al sector de la pequeña y mediana industria hay que escucharlo, pero también dejó claro que ahí donde más se incumple la ley: «Ni siquiera el salario mínimo le pagan a los trabajadores y ellos lo reconocen. Tampoco es que el trabajador va a regalar su fuerza de trabajo. Creo que al sector Mipyme hay que escucharlo, pero que no se pongan ellos en plan de víctima y que quieren que todos se lo den los trabajadores. No se trata de eso. Promovemos empleo, queremos disminuir el desempleo, pero no en condiciones miserables», manifestó. 

Ismael Zepeda manifestó que, desde el Fosdeh, se propone actualizar el Código del Trabajo porque aunque este data de 1959 y ya contempla el trabajo temporal. «Si realmente los diputados y diputadas quieren refundar el Estado, como han mencionado los representantes de Libre y Partido Salvador de Honduras, tienen que actualizar el Código, que sea más amplio, más innovador y que esté de acuerdo a las realidades de país y a la prospectiva de mejorar las condiciones de los trabajadores», sugirió.

El pasado 15 de febrero el Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto para declarar en estado de emergencia fiscal y financiera a Honduras, ese mismo día fue aprobado. Distintos parlamentarios aseguran que el decreto fue ratificado sin la discusión debida, sin embargo, Pastor de María y Campos, secretario de la Presidencia, indica que esto era necesario debido a que el Estado de Honduras está en quiebra.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera


El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), presentó el pasado martes 15 de febrero, un decreto orientado a declarar estado de emergencia fiscal y financiera del sector público en Honduras para reformar el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, esto publicado en el Diario oficial La Gaceta, el 17 de diciembre de 2021.

El dictamen señala que el presupuesto general aprobado el año anterior carece de legalidad y transparencia y favorece la corrupción, la ineficacia e ineficiencia administrativa del Estado de Honduras. En este presupuesto no está contemplada la deuda a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), los 70 fideicomisos que se han suscrito al Estado hondureño, ni a las 11 asociaciones público-privadas y tampoco la deuda de las municipalidades, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).

El proyecto señala que es por medio de esta emergencia fiscal que el Estado de Honduras podrá acceder a crédito del Banco Central de Honduras (BCH), para que este «nos permita apoyar el financiamiento requerido para cubrir las obligaciones heredadas y el primer trimestre», señala el documento. 

En la sesión legislativa de ese día también estuvo presente la subsecretaria de finanzas y presupuesto, Elizabeth Rivera, quien explicó que este trimestre Honduras ya está en un estado de emergencia, debido a que no existen los recursos suficientes para pagar los gastos que están contemplados en el presupuesto de la República.

«Esta declaratoria de emergencia es importante porque tenemos una insuficiencia de recursos para pagarlo todo, y el objetivo de declarar emergencia es porque esto nos va a permitir obtener préstamos con el BCH, porque en el artículo 40 de su ley, para prestarnos algunos de sus fondos, es necesario declarar la emergencia fiscal y financiera en la que ya estamos y legalizarla», continuó explicando la subsecretaría.

En esto coincide el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, quien también fue presidente del Banco Central y ministro de Finanzas en el país. El congresista puntualizó en la sesión legislativa que en el primer trimestre del presente año, específicamente en el mes de marzo, el Estado de Honduras tendrá que pagar bonos soberanos, los cuales representan una gran cantidad de recursos de la deuda interna.

«Los bonos soberanos vienen del déficit fiscal de 2013, año electoral en donde el Partido Nacional utilizó dos bonos soberanos de 500 millones de dólares a tasas de interés prohibitivas, una a 8.75 %, cuando las tasas de interés estaban bajas en el mercado internacional, y otra a 6.65 %. Lo que está haciendo el Gobierno de Xiomara Castro es pagar esas deudas que nos pusieron sobre la carga», manifestó el economista Hugo Noé Pino.

Además, señaló que en 2008 la deuda pública de Honduras era de 3000 millones de dólares, y que hoy esta cantidad ronda los 16,000 millones de dólares. El secretario de la Presidencia, Pastor de María y Campos, concuerda con estas cifras e indica que se desconoce el paradero de esa suma de dinero, lo que ocasiona que aún no se pueda saber quién podría encargarse de condonar la deuda y tampoco se pueda definir una estrategia para disminuir la misma.

«Aún no sabemos quién condonaría esta deuda y no está planteada una estrategia aún. La última vez que se condonó una deuda fue entre 2005-2006, años en los que teníamos una deuda fuerte e importante. Hubo un proceso complejo para lograr los consensos y que se lograra condonar gran parte de esta deuda, a partir de ahí teníamos una deuda mucho menor, en donde era de 3000 millones de lempiras en 2009, pero en eso dan el golpe (golpe de Estado), y a partir de ahí la deuda se multiplica para terminar actualmente entre unos 13,000 a 17,000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero?», aseguró a este medio el ministro de gabinete.

El economista Julio Raudales, docente universitario, explica que las declaratorias de emergencia fiscal se hacen fundamentalmente cuando el Gobierno no tiene liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos de corto plazo. Es por ello que, dentro de los activos que tiene, siendo préstamos o financiamientos que ya están comprometidos con los distintos organismos, busca el dinero líquido en ellos, y pide a los organismos que le permita utilizar recursos para cumplir con estos organismos. Es por esto que los organismos multilaterales ponen como requisito al Gobierno que someta a discusión una emergencia fiscal, y, de ser aprobada, esta ya está respaldada y se otorgan los recursos para ser utilizados en lo que el Gobierno necesita.

Cambios en la política fiscal del país

En cuanto al rumbo de la política fiscal del país, el secretario de la Presidencia, Pastor de María y Campos aseguró que este es un tema del cual debe encargarse el Servicio de Administración de Rentas (SAR), pero que desde la secretaría de la presidencia están comprometidos con ampliar la base gravable, es decir, que se amplíe la cantidad de personas a las cuales se les va a cobrar algún tipo de impuesto para que se pueda tener impuestos progresivos.

Pastor de María y Campos explicó que con esto se cobrarán más impuestos a quienes más tienen dinero en el país, y menos a quienes tienen menos. «Es cierto que en este país hay una política fiscal regresiva, quiere decir que se cobran menos impuestos a los que más tienen, y más impuestos a los que menos tienen, y por eso hay un serio problema de riqueza y desigualdad económica en el país. Honduras es un país rico en todos los sentidos, sin embargo, esta riqueza se ha concentrado por una política fiscal regresiva. Es por eso que tenemos ese compromiso de crear condiciones más justas para que quienes más se han beneficiado de ese crecimiento también puedan compartir ese beneficio con quienes han sido excluidos y marginados históricamente», añadió el ministro de la presidencia, quien a su vez recordó que la emergencia fiscal también implica subsidiar de manera más focalizada y dar un beneficio a las personas que más lo necesitan.

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El decreto que declara en emergencia al Estado de Honduras fue presentado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, a través de Sefin. Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephen

Pastor de María y Campos también manifestó que el proceso de transformación prometido por la presidenta Xiomara Castro es algo que tomará tiempo y no se podrá realizar de la noche a la mañana. «Se debe ser honesto con el pueblo hondureño y decirles que este descalabro de las distintas instituciones gubernamentales, de los sistemas públicos y de la economía y finanzas del país no es algo que se solucionará inmediatamente. Esto es de tal gravedad que, aquí vamos a poder echar a andar una recuperación, pero esa recuperación total va a tomar varias administraciones y quizás varias generaciones», dijo.

El ministro agrega que la presidenta Xiomara Castro tiene una visión muy clara en cuanto aliviar la emergencia fiscal, y para hacerlo ha controlado los precios del gas licuado, de los de los combustibles y aquí también entra el subsidio a las personas consumen a partir de cierto nivel de energía para que no tengan que pagar energía eléctrica.

«Es una intervención de emergencia y focalizada para apoyar a los sectores más vulnerables en esta economía», indicó Pastor de María y Campos, quien dice que esto representa el inicio de soluciones a mediano y a largo plazo, debido a la magnitud de la crisis que se está heredando del gobierno anterior.

Contrario a esto, Julio Raudales, economista, asegura que esta determinación del Gobierno puede carecer de sentido, debido a que el Estado, por una parte, está dando subsidios que implican gasto público mientras pone más impuestos a la población. «Yo siento que debería de haber una política fiscal un poco más coherente y que no le de tanta incertidumbre a la población», indica Raudales.

Emergencia fiscal provocada por un Estado «en quiebra»

Pastor de María y Campos asegura que previo a presentarse el proyecto de decreto declarando un estado de emergencia fiscal y financiera al Congreso Nacional, el tema del presupuesto y finanzas de Honduras fue debidamente analizado por la abogada Rixi Moncada, Ministra de Finanzas, quien expuso que el país estaba altamente endeudado y en quiebra, y con una deuda de alrededor de 15,000 millones de dólares, la cual representa más del 70 % de nuestro producto interno bruto (PIB), indicó el ministro.

«Si bien hay un presupuesto aprobado por el Congreso anterior, esto no nos garantiza que haya dinero para que las instituciones de Gobierno puedan operar. Cuando alguien toma esa proyección del presupuesto y se investiga dónde están los fondos de ese presupuesto te das cuenta que no están ahí, y que para empezar a pagar la deuda en este primer año, esto va a implicar que el 60 % de ese presupuesto se dedique a ello», explicó  Pastor de María y Campos.

El ministro continuó explicando que es por esta razón que las instituciones gubernamentales en realidad solo cuentan con el 40 % del presupuesto de la República, y que es por esta razón que no pueden operar debidamente. A ello añade el ejemplo de la secretaría que él dirige, en la cual hay personal de la administración anterior a quienes se ha nombrado por acuerdo, pero no se les puede realizar su pago debido a la falta de presupuesto, del mismo modo, es imposible que se agregue personal de confianza del ministro, quienes están trabajando ad honorem.

emergencia fiscal en honduras | 2022 | noticias hoy | Ministro de la Secretaría de la presidencia Rodolfo Maria y Campos durante una entrevista con Contracorriente en su oficina en Tegucigalpa, Honduras.
El secretario de la Presidencia, Pastor de María y Campos, durante una entrevista con Contracorriente en su oficina en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephen

El secretario de la Presidencia sostiene que la emergencia fiscal es para aliviar un problema serio, y que en esta ocasión el Congreso Nacional obedece a declarar una emergencia para reconocer la realidad económica del país, en donde el dinero de la deuda existente no sirvió para cambiar al país, sino para aliviar el estado económico y financiero de algunos individuos, lo cual ha desencadenado en altos grados de pobreza y desigualdad económica, indicó el ministro.

Sin embargo el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, manifestó en la sesión legislativa en donde se aprobó este decreto, que la declaratoria de emergencia fiscal no se discutió debidamente, y que en el artículo 2 de la declaratoria de emergencia fiscal, en donde se contempla la contratación inmediata de préstamos internos o externos por parte de la Sefin hasta por 2000 millones de dólares, tampoco se habla del plazo ni la tasa de interés de este préstamo.

Marco Midence, actual diputado por el partido nacional y exministro de Finanzas, también expresó su descontento con la declaración de emergencia fiscal decretada, y aseguró que la lectura de la misma se dio de manera «fugaz» y que eventualmente afectará a las familias hondureñas.

«A partir de 2016, se maneja en una situación macroeconómica estable en Honduras, con una política fiscal responsable y sustentada en el marco legal y de la ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que es muy importante entender que ni en el momento cúspide de la pandemia y las emergencias ambientales más grandes que tuvimos, el Estado hondureño dejó de cumplir sus obligaciones», manifestó el congresista Marco Midence.

El diputado por el Partido Liberal, Mauricio Villeda, también se sumó a este argumento, y manifestó que dentro de las atribuciones del Congreso Nacional no está declarar una emergencia fiscal y financiera. En cambio el diputado Ramón Barrios del Partido Libre, aseguró que el Congreso Nacional sí está facultado para declarar una emergencia fiscal según el artículo 205 de la Constitución de la República, el cual establece en el numeral 36, que el Congreso Nacional puede aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público. 

Otro tema que ha sido discutido estos últimos días en el Congreso Nacional es el proyecto de ley de supresión a las exoneraciones, que tiene como objetivo la devolución del 8 % del impuesto sobre la venta (ISV) al hacer compras con tarjetas de crédito y débito. 

Además, este decreto, presentado por el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, pretende eliminar las exoneraciones del pago del impuesto sobre la renta (ISR) y retenciones por proyectos sea a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratadas para hacer estudios, ingeniería, construcción, y demás hasta por un periodo de cinco años.

Ante esta discusión el diputado por el Partido Nacional, Tomas Zambrano, aseguró que esto era grave, debido a que «ahora el que utilice tarjetas de crédito y débito tendrá que pagar por esas transacciones el 15 % de impuesto sobre venta», indicó a un medio de comunicación televisivo. Además, el parlamentario manifestó que esta ley pretende aplicar el 15 % de ISV a las remesas.

El doctor Claudio Salgado, economista, asegura que esto no puede ser así, debido a que no se pueden exonerar algo que no está agravado, en este caso, las remesas, y que las declaraciones del diputado Zambrano son más bien para crear una campaña política de la ahora opocisión nacionalista.

El economista Julio Raudales explica que este es otro decreto que la Secretaría de Finanzas presenta debido a que necesita recursos.

«Este tema de las tarjetas de crédito obedece a eliminar algunas de las exoneraciones de las que gozan muchos productores en el país, en algunos casos, la exoneración de la que gozamos los que usamos tarjetas de crédito y de débito, para no pagar parte del ISV, permite a los usuarios de tarjeta gozar de alguna especie de descuento por transacción con las tarjetas de debito y credito», explica el economista.

Raudales agrega que, al eliminarse esta ventaja, esto sí podría impactar en el sector construcción, debido a que también se eliminaría el ISR. «El problema es que el Gobierno necesita los recursos y tiene que echar mano de donde sea para poder conseguirlos», puntualizó.

Por Antonio Gutiérrez 


Después de haber sido deportado de los Estados Unidos (EE. UU.), en donde vivió durante 6 años, Óscar Bernárdez, a sus 38 años de edad, se dedica a lavar y cuidar motos y carros en las cercanías de la municipalidad de San Pedro Sula. «Primero no me gustaba el ambiente de aquí, pero con el tiempo uno se acostumbra, hay que hacerle gancho aunque a uno no le guste», dice Óscar quien se siente un extraño en su propia ciudad. 

Retornar ha sido para Óscar un proceso que no termina. Tiene tres hijos: dos niñas de 10 y 12 años, y el más chico, un varón de 7 años. «Trabajo lavando autos desde hace cuatro años porque tengo que sustentar a mis hijos y a mi esposa, ya que aquí no hay empleo», comenta. Eso no es suficiente, no es la vida que él quiere. Piensa en migrar nuevamente hacia EE. UU., pues con lo que recibe lavando y cuidando vehículos no alcanza para cubrir todas sus necesidades. Oscar gana aproximadamente 200 lempiras diarios (8.13 dólares) y cuando el trabajo «está bueno» logra hasta 400 lempiras (16.25 dólares). 

Actualmente reside en el sector de Chamelecón, en la colonia Chotepe. «Anhelo tener mi trabajo en EE. UU., estar allá máximo dos años, poner un negocio y luego regresar, dependiendo de la situación del país. Si no mejora me voy a llevar a mis hijos y esposa hacia allá», dice Óscar, quien también teme arriesgar a sus hijos en el camino hacia los EE. UU. «Se sufre, pero vale la pena intentarlo, todo sea por el bien de mi familia», cuenta. Por ahora, la esperanza en Honduras no es suficiente para Óscar, tal vez después éste se convierta en el país al cual él sí pueda retornar finalmente.

El 15 de febrero de 2021, aproximadamente a las 2 p. m., en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, fue capturado el expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.). Hernández es señalado por los crímenes de tráfico de drogas, tráfico de armas y asociación ilícita. De ser encontrado culpable podría ser condenado a cadena perpetua. 

Por Daniel Fonseca 


A solo 18 días de dejar su cargo como presidente de Honduras, un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden de arresto provisional contra Juan Orlando Hernández, luego de que el Gobierno de EE. UU. solicitara la extradición del exmandatario para ser juzgado por tres cargos relacionados al narcotráfico.

Esposado de pies y de manos y con un chaleco antibalas, Hernández fue capturado por agentes de la Policía Nacional comandados por el ministro de Seguridad, el general Ramón Sabillón. Posteriormente fue trasladado hacia el Comando de Fuerzas Especiales en un helicóptero en donde guardó prisión hasta su audiencia en la CSJ.

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Estados Unidos y la captura del expresidente Hernández

En un Twitter Space organizado por Contracorriente, expertos en política internacional y derechos humanos discutieron las implicaciones del arresto de Juan Orlando Hernández, la participación de la Policía Nacional y el impacto que EE. UU. tendrá en el desarrollo democrático del país.

Durante su Gobierno, Hernández se refirió a EE.UU. como «un amigo y aliado en la lucha contra el crimen organizado». Las muestras de afecto públicas eran recíprocas: en 2019 el expresidente Donald Trump felicitó a Hernández por el «trabajo fantástico que estaba realizando» en temas de migración, seguridad y lucha contra el narcotráfico. «Lo que más nos pasan diciendo nuestros colaboradores es cuánto amas a tu país», dijo Trump.

Sin embargo, la realidad era diferente. Según comentó el exembajador de EE. UU. en Guatemala, Stephen McFarland, en el Twitter Space, las investigaciones contra actores corruptos de la región centroamericana iniciaron con el Gobierno de Barack Obama, en 2009, y han continuado hasta el día de hoy con Joe Biden.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jacob Gutwillig, aseguró en 2021 que Juan Orlando Hernández había realizado alianzas con el cartel de Los Cachiros y que conspiró para introducir miles de kilos de narcóticos a EE. UU. Además, señaló a Honduras como un narco-Estado.

Según precisó Stephen McFarland, la solicitud de extradición contra Juan Orlando Hernández no tiene carácter político, sino que tiene que ser el producto de investigaciones debidamente autorizadas por un juez.

Para algunos expertos, en un escenario político y social diferente ver arrestado a Hernández hubiera sido impensable. Tal y como destacó el abogado Joaquín Mejía Rivera, «Parece que todos los astros se han alineado, en el sentido que los intereses de EE. UU. coinciden con los intereses del pueblo hondureño y también con los intereses del Gobierno para quitar todo el lodo que ha quedado después de vivir bajo un régimen autoritario».

Ante estas tendencias autoritarias que han surgido en los últimos años en la región Centroamericana, el exembajador McFarland asegura que existe un divorcio entre los intereses de los EE. UU. y los de figuras políticas que quieran perpetuarse en el poder a través del crímen y la corrupción, sin embargo considera que sí se encuentran alineados con los intereses y deseos de la mayoría de la población.

Reforma policial y construcción de la democracia

Durante su juramentación como presidenta de la república, Xiomara Castro le dio especial importancia simbólica a la Policía Nacional, la cual había sido relegada a segundo plano durante mandatos anteriores al priorizar la presencia de las Fuerzas Armadas. El nuevo estatus de las fuerzas militares quedaron en evidencia durante la operación de captura del expresidente. A pesar de ser los primeros en llegar a la casa de habitación de Hernández, la Policía Militar fue retirada poco a poco a más de 200 metros de distancia de la entrada de la residencial.

Para los expertos, esto es resultado de una nueva perspectiva para la Policía Nacional en el Gobierno de Xiomara Castro. Según señaló Stephen McFarland «a EE. UU. le ha interesado desde hace varios años apoyar intentos de reforma de la policía, tanto en Honduras como en Guatemala. Para tener la cooperación para tal reforma tendría que venir del Gobierno de Honduras».

Estos organismos armados del Estado han sido señalados como un agente vital para las narcoactividades de Honduras. Como señala la acusación contra el exmandatario, durante su primer Gobierno, Hernández recibió sobornos del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez a cambio de protección e información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad. Hernández le brindó a Fuentes personal de las Fuerzas Armadas para su uso personal.

Según apuntan los expertos, no solo hace falta la reforma de los organismos de seguridad para la construcción de una democracia ciudadana, sino que un conjunto de reformas integrales con justicia transicional. «Sabemos perfectamente que las figuras individuales en la corrupción y la impunidad son importantes, pero lo son más aún los sistemas corruptos e impunes que de alguna manera hacen posible que estas figuras se reproduzcan una y otra vez», aseguró el doctor en Ciencias Políticas, Otto Argueta, durante el Twitter Space de Contracorriente.

Un paso que se ha hecho en el proceso de restaurar la democracia es la ley de condena al golpe de Estado de 2009 que, en uno de sus apartados, concede amnistía a presos políticos, dirigentes criminalizados y defensores del medio ambiente. Para algunos, este es un ejercicio de memoria histórica que pretende retribuir a las víctimas de persecución política, pero otros creen que responde a un pacto de impunidad para blindar a funcionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

El abogado Joaquín Mejía Rivera considera que no es suficiente aprobar una ley de amnistía de manera aislada, sino que es necesaria una política integral que pueda tener en el centro a las víctimas y que brinde la justicia transicional que necesita la sociedad hondureña para poder avanzar hacia un futuro democrático.

En este contexto, algunos diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros de sus aliados en el Legislativo han propuesto remover de sus cargos y realizar un juicio político contra los magistrados de la CSJ y el fiscal general de la República, Oscar Chinchilla, por su inoperancia y complicidad ante los atropellos a la ley que Hernández cometió durante sus dos mandatos. De llevar a cabo este recurso, Xiomara Castro y el Partido Libre contarían con el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado, lo que algunos analistas temen que se convierta en una autocracia.

El abogado Mejía Rivera realizó un paralelismo entre este escenario y la situación que se vive en El Salvador con Nayib Bukele, y en Nicaragua con Daniel Ortega. «Las dinastías (familiares) le hacen muchísimo daño al fortalecimiento del Estado de derecho. En Honduras estamos ante ese riesgo y es algo que tenemos que tener muy presente», apuntó.

Cabe destacar que actualmente diferentes miembros de la familia Zelaya Castro ocupan un puesto en el Gobierno. Carlos Zelaya (hermano del expresidente) y Xiomara Zelaya (hija de la presidenta), son diputados. Por otra parte, Héctor Zelaya (hijo de la presidenta) y José Zelaya (sobrino del expresidente e hijo del diputado Carlos Zelaya), son miembros del gabinete de Xiomara Castro. El expresidente Manuel Zelaya, coordinador del Partido Libre, ha asumido funciones del Ejecutivo mientras la presidenta Castro se recupera de COVID-19.

Por su parte, el exembajador apunta a que la relación entre el Gobierno de Xiomara Castro y EE. UU. podría brindar la posibilidad «de ver qué se puede hacer para tratar de ofrecer a los hondureños la capacidad de retomar su país de la cleptocracia y de los narcos».

El expresidente Juan Orlando Hernández acudió este miércoles a una audiencia informativa en donde será puesto al tanto de los crímenes contra los que se le acusa. En caso de que el proceso sea expedito, podría ser extraditado en los próximos días. Si, por el contrario, la defensa rechaza los cargos podrían pasar de tres a cuatro meses antes de obtener una resolución. De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Texto: Fernando Silva


En el contexto de la solicitud de extradición y posterior captura del expresidente Juan Orlando Hernández, se filtró un documento que contenía los argumentos de la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) para hacer la solicitud formal de su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico transnacional. En ese documento se menciona la relación política que Hernández mantuvo con el también expresidente Porfirio Lobo Sosa, apuntando que ambos recibieron aproximadamente USD 2 millones del exalcalde de El Paraíso, Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien fue acusado por narcotráfico y extraditado a EE. UU.

Sin embargo, Lobo asegura que durante su periodo como presidente de Honduras nunca se enteró de las actividades de Hernández, a pesar de los altos cargos que ambos ostentaban y cuenta que en varias ocasiones solicitó información a la embajada de EE. UU. sobre actores políticos de su partido involucrados en actividades ilícitas, pero solo en 2013 recibió información no oficial de que Hernández era corrupto.

El expresidente Porfirio Lobo habló con Contracorriente y apuntó que no le teme a una posible solicitud de extradición en su contra y que incluso él solicitó que le investigaran. Además, respondió sobre el futuro del Partido Nacional, señalado y evidenciado como una organización criminal.

Aunque se anunció un acuerdo interno del partido Libertad y Refundación que daría por finalizada la crisis en el Congreso Nacional, sigue sin estar ratificada legalmente la junta directiva y en el hemiciclo ya se encuentran en discusión y en proceso de aprobación algunos proyectos de ley. La crisis en el legislativo también destapó que aunque Honduras tenga el gobierno de la primera mujer presidenta, son los hombres quiénes están detrás de las crisis, las negociaciones y la violencia política. 

Texto: María Celeste Maradiaga y Vienna Herrera
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen


El Congreso Nacional de Honduras, tras 19 días de una crisis en el legislativo originada por la elección de una junta directiva, abrió sus puertas a los diputados que fueron expulsados del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre). Los congresistas disidentes, todos hombres –tras la ausencia de Beatriz Valle, que está incapacitada por Covid-, ingresaron al hemiciclo chocando los puños con los miembros de la junta directiva de Luis Redondo, se abrazaron con los presentes mientras eran acompañados de mariachis que entonaban la famosa canción «el rey» de José Alfredo Jímenez.

Les recibió un Congreso mayoritariamente de hombres, apenas 34 de los 128 curules los ocupan mujeres, después de que el día anterior anunciaron en conferencia de prensa un acuerdo de unidad partidaria entre los diputados que habían sido expulsados y el coordinador del partido Libre, el expresidente Zelaya. 

Zelaya convocó en Casa de Gobierno, aunque oficialmente él no ocupa un puesto dentro del poder ejecutivo se anunció como asesor presidencial ese día. El acuerdo lo anunció junto a Jorge Cálix, diputado que había buscado presidir una junta directiva en contra del acuerdo interno del partido. Dos de los 17 expulsados de Libre eran mujeres, pero no había ninguna presente en ese acuerdo. Beatriz Valle y Margie Dip anunciaron días antes tener covid-19, la presidente Castro también anunció estar positiva. 

Ligia Ramos, diputada del PSH, le dijo a Contracorriente que esa imagen demostró un pacto de hombres, «no hay ninguna mujer, ni siquiera Beatriz Valle, el país sufre por pactos de machos, nosotras no tenemos ningún tipo de injerencia (…) me da pesar porque a las mujeres nos hacen a un lado con estas negociaciones o pactos que hacen, tenemos una presidenta mujer y siempre las negociaciones las hacen los hombres sobre nosotros», explica.

Las diputadas de Libre que apoyaron a Cálix vivieron la violencia política con agresiones hacia su género. La diputada Beatriz Valle denunció por Twitter que la amenazaban con violarla a ella y a su hija. «Si usted nota los ataques hacia mis compañeros son diferentes a los ataques hacia mi, la cantidad de obscenidades y vulgaridades que están guardadas en mi teléfono nunca en mi vida había recibido tanta cantidad de odio, misoginia, y ataques injustificados», le dijo a Contracorriente. 

Valle asegura que sus intenciones de apoyar a Cálix en lugar de a Redondo estaban fundamentadas en que Redondo es una persona anti derechos de las mujeres, misógino y fundamentalista. En ese sentido, Redondo un año atrás cuando se discutía una ley que pretendía blindar la posbilidad de despenalizar el aborto, señaló que preferiría dejar de ser diputado antes de lesgislar «en contra de la vida».

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«Me quieren obligar a votar por una persona que no representa en nada los ideales de Libre, ni los ideales de Beatriz Valle. Los ideales de Beatriz que no son los mismo de Libre, porque en Libre no somos anti patriarcales, no somos anti machistas, somos machistas ahí, yo no soy machista pero mis compañeros ni quiera Dios y la virgen», explicó Valle.

Pero no solo la diputada Beatriz Valle ha sufrido agresiones verbales hacia su integridad. El mismo día que llegó Cálix al Congreso, circularon fotografías de la diputada Melbi Ortíz, perteneciente a la bancada del Partido Libre, llorando a causa de supuestos insultos o agresiones verbales por parte de su compañero de bancada, Bartolo Fuentes. La diputada Ortíz formó parte de los primeros 19 diputados que apoyaron a Cálix, pero se arrepintió, regresó a acompañar la sesión de Redondo y por eso no fue expulsada de Libre.

Aunque la diputada no ha hecho referencias a estas fotos, hizo una denuncia en el Ministerio Público debido a la agresión verbal de Fuentes, quien en su momento continuó llamando «traidora» a la parlamentaria, a pesar del trato firmado por Jorge Cálix y el coordinador del Partido Libre y expresidente, Manuel Zelaya Rosales. Melbi Ortíz explica que todo inició cuando los diputados y diputadas se disponían a elegir al gobernador del departamento de Yoro, ahí fue cuando el diputado de Libre, Bartolo Funes, la agredió verbal y físicamente. 

Ortíz señaló en medios que el diputado llegó a decir que «él dice que las mujeres queremos todo a la fuerza y lo tratan a uno de vieja» señaló, a la vez que denunció que a Fuentes por eso no le gusta que las mujeres participen en política, porque están acostumbrados a que las mujeres se callen.

Por su parte, Fuentes asegura que no agredió a la diputada, pero que en su lugar esta debería de «cambiar su actitud», y agregó que, aún firmado el acuerdo entre el presidente del partido Libre y los disidentes de este partido, «si no quieren que se les siga diciendo traidores, que dejen de actuar como traidores».

Sin embargo, la Asociación de Mujeres en defensa de la participación política emitió un comunicado en el que denunciaron que no es la primera vez que Bartolo Fuentes agrede a mujeres en espacios políticos: en Siguatepeque agredió de forma verbal a una mujer conocida como Rosa dirigente de Libre y luego agredió públicamente a la regidora de El Progreso, Yoro, Araminta Pereira. «Solicitamos a las autoridades de este Congreso Nacional para que todo diputado se someta a exámenes psicológicos para poder ser parte de tan importante poder del Estado», solicitaron.

En la sesión legislativa del 9 de febrero, la diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, se pronunció en contra de estas agresiones, calificando de «bajo, canalla y de poco hombre» la acción del congresista Bartolo Fuentes, «ese es un acto que debemos condenar, y a las honorables diputadas de esta Cámara, al margen de nuestras ideologías y diferencias políticas, las llamo a que juntemos una agenda legislativa de género al unísono. Defendámonos de misóginos como ese, defendámonos y pongamos fin a la violencia de la mujer», instó la parlamentaria nacionalista. Ningún otro diputado o diputada se pronunció al respecto.

El Observatorio Político de Mujeres condenó en un comunicado la violencia política hacia mujeres en las últimas semanas. «Es preocupante que el aumento de la representación política de las mujeres ha ido acompañado de mayores niveles de violencia contra ellas (…) las mujeres políticas continúan recibiendo graves y diversas formas de agresiones, que incluyen violencia verbal, amenazas de muerte y de violencia sexual hasta agresiones físicas», denunciaron, a la vez exigen que exista una tipificación de este tipo de violencia para que existan sanciones a los responsables.

Un Congreso sin ratificar discutiendo proyectos de ley

A pesar de presentar alrededor de 30 proyectos de ley, el Congreso Nacional aún no llega a un acuerdo entre sus distintas bancadas al momento de legislar. La bancada del Partido Nacional tiene como discurso principal la ilegalidad de la junta directiva presidida por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, argumentan que todas las leyes aprobadas serían ilegales al tratarse de una junta directiva que no ha sido ratificada debidamente.

«Estamos solicitando como bancada del Partido Nacional que se legalice la junta directiva del Congreso Nacional. Hoy podría ser histórico, podría existir unanimidad por 128 diputados en el Congreso Nacional votando a favor de esta Junta Directiva, cosa que no se daba en 40 años», argumentó el diputado nacionalista, Tomás Zambrano.

Mientras esto sucedía, otros diputados de la bancada del Partido Nacional desplegaron dos pancartas con las leyendas «ratificar junta directiva» y «exigimos legalidad». A esta solicitud se sumaron otros congresistas de la misma bancada, entre ellos: Antonio Rivera, Nelson Marquez, Lissi Cano, Jorge Zelaya, Francis Argeñal, entre otros.

Diputados nacionalistas protestan durante la sesión legislativa del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Fernando Destephen

Luis Redondo respondió recordando que hace unos años el diputado nacionalista Leonel Ayala le rompió un cartel que el ahora presidente del legislativo sostenía, «la diferencia entre el Congreso que había antes y este es que usted aquí va a poder hacer uso de la palabra sin que nadie lo interrumpa y sin que nadie le apague el micrófono. Pocas veces el Congreso ha estado tan legitimado con la presencia de todos los diputados», manifestó el parlamentario. Después de esto no volvió a referirse al tema de ratificar la junta directiva que preside.

Seguidamente Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, respaldó a Luis Redondo diciendo que la bancada del Partido Nacional debía de «irse acostumbrando» a que la legitimidad del Congreso Nacional recae en la «soberanía del pueblo» y en el acuerdo político público del Partido Libre firmado por la presidenta Xiomara Castro.

Fue en medio del discurso de Rasel Tomé que el diputado del Partido Libre, Jorge Cálix, entró al hemiciclo legislativo seguido por los diputados disidentes de este partido. Rodeados de mariachis, los diputados de Libre extendieron su mano uno a uno a los congresistas miembros de la Junta Directiva del legislativo.

Diputados de la bancada de Libertad y Refundación cantan junto a un grupo de mariachis en el interior del hemiciclo durante la sesión legislativa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Fernando Destephen

La discusión sobre la legalidad de la junta directiva continuó, y a ella se sumó Mauricio Rivera, quien manifestó: «ustedes (los diputados nacionalistas) representan los intereses de la narcodictadura. No vengan a hablar de ilegalidades, porque ustedes fomentaron una dictadura».

Persiste debate acerca de la amnistía

El pasado 2 de febrero se aprobó una ley que condena al golpe de Estado, dentro de la cual se propone un decreto para conceder amnistía para la liberación de presos políticos, personas que tienen procesos judiciales actuales en asuntos políticos y funcionarios públicos del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. En la discusión de esta ley propuesta por el diputado Rasel Tomé, el parlamentario mencionó que él mismo podría aplicar a la ley de amnistía, al ser uno de los políticos perseguidos tras el golpe de Estado.

Ante esto, en la sesión del pasado miércoles 9 de febrero, el diputado Tomás Zambrano manifestó estar de acuerdo en implementar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) por 12 años, siempre y cuando se derogue la amnistía aprobada hace unos días.

«Con la amnistía que se aprobó, yo comprendo lo de los delitos políticos, pero la parte que yo no termino de comprender, y gran parte de la población tampoco, es el listado de delitos que no son políticos, y el temor de un sector importante del pueblo hondureño es que aquí puedan ampararse personas que han cometido actos que van en contra de la ley y que puedan llegar a esconderse en este artículo», argumentó el diputado nacionalista Nelson Marquez.

Entre los delitos mencionados en este artículo, y a los cuales hace referencia el parlamentario, estan: abuso de autoridad, violacion de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.

En este sentido, el diputado nacionalista hizo alusión al delito de abuso de autoridad por el cual fue acusado el actual diputado Rasel Tome en el 2019, junto a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Dicha falta fue cometida en la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

Diputado Rasel Tomé, del Partido Libertad y Refundación, habla a los diputados durante la sesión legislativa del Congreso Nacional en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

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Por otra parte, el presidente del legislativo, Luis Redondo, respondió a Nelson Marquez diciendo que la amnistía no significa un pacto de impunidad, sino que esta pretende resarcir y reconocer los derechos de las personas que han sido afectadas por las estructuras criminales que gobernaron en el periodo del expresidente Juan Orlando Hernández.

Nuevas leyes aprobadas serían ilegales de no ratificarse la Junta Directiva, aseguran congresistas opositores

En las sesiones legislativas del 8 y 9 de febrero, fueron sometidos a discusión al menos 30 proyectos de ley, propuestos en su mayoría por parlamentarios del Partido Libre.

Entre estos está la derogación de la Ley del empleo por hora, propuesta por el diputado del Partido Libre, Juan Barahona. El diputado argumentó que esta ley debe derogarse porque «va en contra de un salario justo, seguridad social e igualdad de salario entre hombres y mujeres».

En contra de este proyecto se pronunció el diputado nacionalista Nelson Márquez, quien agregó que debe de consultarse a las personas empleadas por hora y a los empleadores por el proyecto que derogará esta ley, porque «nosotros nos debemos al pueblo hondureño». A esto respondió el diputado Rasel Tomé diciendo «no sé porqué quieren ser consultados, cuando a los otros nadie nos consultó nada durante todo este tiempo que legislaron».

Otros diputados nacionalistas demostraron estar en contra de esta ley, como es el caso de Tomas Zambrano, quien asegura que,d e aprobarse este proyecto, al menos 700 mil hondureños perderían su trabajo. También el diputado Marco Midence, de esta misma bancada, pidió se revisara con detenimiento este proyecto.

Diputado Nacionalista Tomás Zambrano se dirige al presidente del congreso nacional Luis Redondo durante la sesión legislativa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

Por otra parte, el diputado Jorge Cálix presentó 24 proyectos de ley ese día, dentro de los cuales destaca la reforma al Código penal, a la Ley de secretos y a la tasa de seguridad; prohibir el cobro en dólares en las telecomunicaciones; derogar la Ley del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), entre otras.

Además, la diputada Fátima Mena, del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentó la Ley de colaboración eficaz. Este proyecto serviría como una herramienta para desarticular las redes de corrupción, argumentó la parlamentaria. En ese mismo tema, el diputado del Partido Libre, Jari Dixon, presentó en la sesión legislativa una moción para declarar el día 7 de enero como el Día de la Lucha Anticorrupción en Honduras.

La bancada del Partido Nacional no sometió a discusión ningún proyecto, y continuó argumentando la ilegalidad de la Junta Directiva del legislativo. «Yo creo que no perdemos nada con blindar esta Junta Directiva», manifestó el diputado por el Partido Nacional, Nelson Márquez, exigiendo de nuevo la ratificación de la junta directiva presidida por el diputado Lusi Redondo.

Bartolo Fuentes, sacó un listado de diputados nacionalistas, nombrándolos uno por uno y enumerando los supuestos actos de corrupción cometidos por los parlamentarios, lo que casi desencadena un enfrentamiento entre las distintas bancadas y dio por terminada la sesión de ese día.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), fue capturado este martes en su casa de habitación en Tegucigalpa por un grupo de policías hondureños y llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales, después de que Estados Unidos solicitara su arresto preventivo con fines de extradición por cargos de narcotráfico.

Texto: Leonardo Aguilar, Vienna Herrera, Jennifer Ávila, Fernando Silva, María Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen


El expresidente Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por Estados Unidos (EE. UU.), fue capturado este martes en un operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, comandado por el ministro de Seguridad, el general Ramón Sabillón. Los agentes policiales y militares habían mantenido acordonada la casa de habitación del expresidente desde ayer en horas de la tarde, para evitar una posible fuga. Esto después de que EE. UU. solicitara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país, un formal arresto provisional del exmandatario señalado por tres cargos de narcotráfico.

Esposado de pies y manos, con una gorra negra, mascarilla azul, un chaleco antibalas, el expresidente hondureño fue escoltado por agentes de la Policía Nacional hacia una camioneta y posteriormente llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales en un helicóptero.

En un comunicado, la Policía Nacional de Honduras explicó que la captura del expresidente Juan Orlando Hernández se hizo siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, quien ordenó la estricta aplicación de la ley y en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA). Se indicó que se siguió el protocolo policial para garantizar la seguridad del expresidente.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, detalló que Juan Orlando Hernández quedaría con prisión preventiva en el Comando de Fuerzas Especiales, también agregó que este miércoles a las 10 a. m. será trasladado a la CSJ para su primera audiencia en donde le harán lectura de sus cargos.

El expresidente Juan Orlando Hernández, en un audio de voz que fue publicado en su cuenta de Twitter, dijo en horas de la madrugada que había enviado un mensaje a la Policía Nacional en el que les comunicaba que estaba listo para presentarse voluntariamente una vez que la CSJ hiciera la designación de un juez natural para que conociera su caso.

«Son las 5:45 a. m., les mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones y con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento en el que el juez natural que designe la Corte Suprema de Justicia así lo decida. Para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todos y a todas», manifestó Juan Orlando Hernández.

El general Ramón Sabillón —quien estuvo exiliado durante la administración de Hernández—, explicó más temprano durante una conferencia de prensa que después de ser emitida la orden de captura en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, este deberá ser presentado ante el juez natural correspondiente. También señaló que los delitos por los que se le acusa al expresidente son narcotráfico, tráfico de armas y asociación ilícita.

Sabillón agregó que todo el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo con la ley y que la Policía Nacional tiene un procedimiento normal para estos casos de extradición, y que este proceso contra el exmandatario Hernández no va a ser la excepción. «La instrucción de la presidenta (Xiomara Castro) es que nos apeguemos al estricto cumplimiento de la ley, para que esta se ejecute», explicó.

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Momento de la captura del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en su casa de habitación, ubicada en Tegucigalpa, después de que se emitiera una orden de captura a través del Poder Judicial. 15 de febrero de 2022, Tegucigalpa. Jorge Cabrera.

Honduras y EE. UU. firmaron un tratado bilateral de extradición en enero de 1909 y, además de eso, una convención adicional con fecha de febrero de 1927. No obstante, como la Constitución de la República no permitía la extradición de hondureños, esta fue reformada en 2012 para permitir la entrega de ciudadanos hondureños acusados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. Según esta reforma, le corresponde al Poder Judicial nombrar un juez para revisar la documentación de una extradición y emitir una orden de captura. Es por esto que el pleno de magistrados se reunió esta mañana vía Zoom para nombrarlo. El vocero de la CSJ, Melvin Duarte, confirmó que el pleno de magistrados designó a un juez natural para que conociera la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y este firmó posteriormente la orden de captura, considerando que había un resguardo policial encabezado por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón.

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Duarte aclaró que en ninguno de los 32 procesos anteriores de extradición se dio a conocer el nombre del juez natural. No obstante, se filtró que el magistrado que conoce dicha solicitud es Edwin Francisco Ortez Cruz.

Duarte agregó que la CSJ ha realizado 32 procesos de extradición desde 2014 y que de estos, solo el proceso de un extraditable se ha atrasado por razones extraordinarias. Sin embargo, manifestó que en todos los casos el proceso ha demorado aproximadamente entre cuatro y cinco meses.

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El expresidente Juan Orlando Hernández es presentado en el Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto: Fernando Destephen.

El equipo de defensa legal del expresidente hondureño emitió un comunicado de cuatro puntos: en el primero, reiteraron la disposición de su defendido de presentarse voluntariamente; en el segundo, manifestaron que estaban a la espera del nombramiento de un juez natural tal y como lo manda la Constitución de la República y el tratado de extradición; en el tercero, el cumplimiento a los derechos humanos y en cuarto y último lugar indicaron que esperaban que el proceso a Juan Orlando Hernández se desarrollara de la misma forma en que han seguido 32 procesos de extradición anteriores.

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«Siguiendo lo que establece el auto acordado aprobado por el Poder Judicial, para estos casos, el proceso de extradición se ventila en dos audiencias: en la primera se comunica al pedido en extradición los cargos de los que se le acusa, y un mes después se desarrolla la audiencia de presentación de pruebas. Posteriormente se espera la resolución judicial que puede ser emitida en un período que el juez considere oportuno, que en el pasado ha sido de 2 o 3 meses más. Frente a la resolución cabe un recurso de apelación», indica el comunicado de la defensa del expresidente Hernández.

Un vehículo de las Fuerzas Especiales entra en su plantel en Tegucigalpa, hasta donde fue trasladado el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue capturado tras ser solicitado en extradición por EE. UU. Foto: Fernando Destephen. extradicion de juan orlando hernández | extraditan a juan orlando | narcotraficantes de Honduras | 2021 | 2022 | narcotraficantes hondureños extraditados | hoy | noticias | que pasó con juan orlando hernández | "juan orlando lucha contra el narcotráfico"
Un vehículo de las Fuerzas Especiales entra en su plantel en Tegucigalpa, hasta donde fue trasladado el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue capturado tras ser solicitado en extradición por EE. UU. Foto: Fernando Destephen.

Un mensaje para la clase política hondureña 

El Partido Nacional (partido al que pertenece Hernández), emitió un comunicado en donde se solidarizan con el expresidente y en donde solicitan que se respete el debido proceso, asimismo a las autoridades de seguridad del país «garantizar un trato respetuoso al expresidente de Honduras».

En febrero de 2021, una investigación original de Insight Crime publicada en Contracorriente, titulada Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras, reveló que el Partido Nacional que gobernó a Honduras desde 2010 hasta 2022 se convirtió en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos. 

En los últimos años varios políticos pertenecientes al Partido Nacional han sido sancionados por la Ley Magnitsky e incluidos en la Lista Engel según la Ley H.R 2615 aprobada en el Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Estas leyes sancionan a actores corruptos, antidemocráticos y violadores de derechos humanos y los hace inelegibles para obtener una visa para viajar a los EE. UU. 

Uno de esos políticos sancionados tanto por la Magnisky como incluido en la Lista Engel es el exdiputado Oscar Nájera, quien ocupó un curul en el Congreso Nacional como diputado nacionalista durantre 30 años y perdió su puesto en las pasadas elecciones. En entrevista con este medio aseguró que la solicitud de extradición del expresidente hondureño es «un asunto más que todo mediático, la izquierda internacional tiene una estrategia para la destrucción de la democracia, todo esto sale de Honduras, de estos pícaros que viven de las ONG, eran voceros de Juan Orlando y ahora ni la cabeza sacan».

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El expresidente Juan Orlando Hernández es custodiado por un grupo de agentes del Comando de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en la ciudad de Tegucigalpa, capital de Honduras. Foto: Fernando Destephen.

Nájera y Hernández fueron incluidos al mismo tiempo en la Lista Engel de agentes corruptos y antidemocráticos en Centroamérica emitida por el Departamento de Estado. Sin embargo, en el caso del expresidente fue hasta el pasado 8 de febrero de 2022 que se conoció su estatus. Aunque Najera ha apuntado en el pasado que Honduras efectivamente es un narco-Estado, asegura no tener conocimiento sobre las acusaciones que hacen en contra del exmandatario hondureño.

«Yo estoy solidario con el presidente Hernández Alvarado, si él cometió algún acto irregular sabrá por qué lo hizo y tendrá sus consecuencias, a mí me da pesar por él y más que todo por su madre y sus hijos, la verdad yo nunca me di cuenta del presidente Hernández, yo me di cuenta por los medios de comunicación, yo me considero amigo de su hermano, pero nunca me imaginé», apuntó. Cuando habla de su hermano se refiere a Antonio «Tony» Hernández quien fue condenado a cadena perpetua más 30 años en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de tráfico de drogas y armas.

Najera concluyó asegurando que admira mucho al sistema de justicia en EE. UU. porque exigió que le investigaran y aun así «ninguno de mis enemigos me han logrado destruir».

La cronología de los cargos contra Hernández, según documento filtrado con traducción no oficial

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Efectivos policiales y militares acordonan la residencial donde se encuentra la casa del expresidente Juan Orlando Hernández, mientras esperaban una orden de captura emitida por el Poder Judicial. 14 de febrero de 2022, Tegucigalpa. Jorge Cabrera.

Un documento filtrado desde Cancillería a medios de comunicación (que señalan como una traducción informal), explica que la Embajada de Estados Unidos se puso en contacto con Cancillería para hacer la formal solicitud de extradición a Hernández por los delitos de: 1) conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, fabricar y distribuir esa sustancia y poseer con la intención de distribuir esa sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos; 2) Usar y portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso del porte y posesión de armas de fuego incluídas las ametralladoras y 3) Conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y con relación a la importación de narcóticos. 

El documento señala que, desde 2004 hasta 2022, Hernández participó en el tráfico de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína hasta EE. UU., enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares, por rutas aéreas y marítimas. 

«Hernández recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. A cambio Hernández protegió a los narcotraficantes de la investigación, detención y extradición», cita el documento y añade que para esto utilizó tanto fuerzas policiales como militares de Honduras y permitió que se cometieran actos brutales de violencia.

La información presentada en la filtración explica que en 2005, cuando Hernández era diputado electo por el Partido Nacional y buscaba reelegirse, aceptó USD 40,000 del narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales (alias el Rojo) a través del hermano del expresidente, el sentenciado por narcotráfico a gran escala, Juan Antonio Hernández, conocido como Tony Hernández. El Rojo fue testigo de la Fiscalía de EE. UU. en el juicio contra Tony. 

En 2009 Hernández habría recibido USD 100,000 del Rojo cuando buscaba convertirse en presidente del Congreso Nacional para su campaña y a cambio, Hernández le otorgó información sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad para ayudar al narcotráfico. Solo en ese tiempo que trabajaron juntos, el documento señala que el Rojo y Hernández transportaron 140,000 kilogramos de cocaína a EE. UU. 

También aseguran que en 2009 Hernández trabajó junto al expresidente Porfirio Lobo Sosa y recibió aproximadamente USD 2 millones del también acusado por narcotráfico y extraditado, Amílcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Copán. A cambio, Lobo y Hernández prometieron un puesto en el Gobierno a él y a un primo, con lo que garantizaban protegerlo de una detención y aseguraban contratos a compañías ficticias controladas por el narcotráfico para lavado de dinero.

Para la campaña presidencial de Hernández en 2013, señalan que el expresidente aceptó USD 1 millón provenientes del narcotraficante Joaquín Guzmán a cambio de proteger las actividades del cártel de Sinaloa en Honduras. En ese tiempo, Hernández ordenó a Ardón Soriano para que sobornara a determinados políticos y funcionarios electorales, quién viajó a varios municipios que no apoyaban a Hernández para manipular el recuento de votos a favor de Hernández y así garantizar el triunfo en las elecciones de 2013. 

Durante su primer gobierno, Hernández se asoció con Geovanny Fuentes Ramírez quien le proporcionó USD 25,000 a cambio de protección e información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad. Hernández le dijo a Fuentes que quería tener acceso a uno de sus laboratorios de cocaína debido a su proximidad a un puerto de Honduras y acordó con Fuentes el uso de personal de las Fuerzas Armadas para su uso personal. 

En 2017 cuando el expresidente hacía campaña para su reelección inconstitucional, Hernández le pidió a Ardón Soriano apoyo y este utilizó aproximadamente USD 1,500,000 dólares del narcotráfico para sobornar a funcionarios electorales y políticos para que apoyaran a Hernández, quién fue reelegido como presidente de Honduras.

Mientras se encontraba en proceso el caso en contra de su hermano, el expresidente coordinó con narcotraficantes en Honduras, según asegura el documento. Detallan que el 29 de mayo de 2019 o cerca de esa fecha, Fuentes Ramírez visitó la residencia de Juan Orlando Hernández y a partir de entonces acordó pagarle los sobornos directamente para su protección. 

Aproximadamente una semana después de la condena a Tony Hernández, unos presos armados con machetes y armas de fuego asesinaron a Magdaleno Meza (CC-2) en una prisión hondureña, con el fin de evitar la posible cooperación contra Hernández. 

Sobre las acusaciones apuntadas en el documento de solicitud de extradición filtrado por Cancillería, el expresidente Porfirio Lobo en una entrevista brindada a Contracorriente, justificó que nunca tuvo una relación de amistad con Hernández, pero que en la relación política que tuvieron nunca identificó alguna acción sospechosa que indicara las actividades con el narcotráfico de Hernández, así como tampoco se relacionó con otros políticos acusados como el exalcalde Alexander Ardón.

«Ese señalamiento de que yo estaba metido con Ardón Soriano de El Paraíso no es cierto, yo nunca he estado con él en ninguna sesión particular, jamás. Yo no tengo nada que ver», apuntó el expresidente Lobo.

Lobo asegura que nunca hizo nada en su gobierno para proteger a narcotraficantes, sin embargo, esta no es la primera vez en que se menciona su nombre en señalamientos por actividades ilícitas. El 11 de octubre de 2019, el exjefe del cártel de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga Rivera, declaró en el juicio en contra de Tony Hernández que pagó entre 500,000 y 600,000 dólares al expresidente a cambio de que le protegiera de la extradición a EE. UU., además, en 2016 su hijo Fabio Lobo se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el cargo penal de conspirar, con conocimiento de hecho e intencionalmente, para la importación decocaína a EE. UU.

Sumada a la lista de las menciones por actividades ilícitas en las que ha sido mencionado, Lobo, en julio de 2021 también fue agregado a la Lista Engel de actores corruptos en Centroamérica, y fue mencionado en la investigación Pandora Papers, que hicieron Contracorrienteen Honduras y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)liderados por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que se encontró que Lobo tenía tres empresas de papel en Panamá cuando era presidente, su esposa manejó otra offshore cuando era primera dama y su hijo y su mano derecha buscaron crear sociedades en paraísos fiscales. 

Sobre la posibilidad de que la próxima solicitud de extradición tenga su nombre, Lobo asegura que no tiene temor e incluso está dispuesto a presentarse voluntariamente si se llega a dar el caso.

«Yo no temo nada, no debo nada y aquí cuando fui mencionado en 2017 me personé ante la Fiscalía general del Estado pidiendo que me investigaran, me comunique con la embajada americana para decir que estaba a la orden y el abogado que tenía en ese momento se apersonó en EE. UU. y que no es fácil que lo atiendan ahí (…), incluso ahí en la Lista Engels, que es un copia y pegado de lo que hizo la Maccih, volví a la Fiscalía a pedir que me investigaran y desde 2017 están avisados. Ya que lo requieran a uno pues ni modo, lo que sí le garantizo es que yo voy y vengo», concluyó.

Juan Orlando Hernández no actuó solo

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Efectivos policiales y militares acordonan la residencial donde se encuentra la casa del expresidente Juan Orlando Hernández, mientras esperaban una orden de captura emitida por el Poder Judicial. 14 de febrero de 2022, Tegucigalpa. Jorge Cabrera.

En los casos armados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha quedado claro que Honduras se convirtió en un narco-Estado al patrocinar y permitir, desde las instituciones del Estado, el tráfico de drogas a gran escala. Algunas de esas instituciones fueron la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, encargadas (al contrario), de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, a menos de un mes de la toma de posesión de un nuevo gobierno, se ve una diligencia inmediata de estas instituciones para llevar a cabo una captura ejemplar del expresidente Juan Orlando Hernández. 

En las afueras de la residencial donde se encontraba el expresidente en Tegucigalpa, se desplegó un fuerte operativo de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, Policía de Tránsito, Policía Preventiva y Policía de Frontera. A pesar de que fueron los primeros en acudir a la residencia de Hernández, la Policía Militar (la que él creó e intentó sin éxito elevar a rango constitucional) fue retirada poco a poco a más de 200 metros de distancia de la entrada de la residencial. El nuevo ministro de Seguridad y exdirector de la Policía el general Ramón Sabillón lideró el operativo a la espera de la orden judicial que le permitió capturar al expresidente Hernández con sus propias manos y con el respaldo de una institución que tiene el enorme reto de limpiarse. 

En estos momentos, resuenan las denuncias de Alfredo Landaverde, quien fue el director de la Lucha contra el Narcotráfico y el primero en comenzar a desenredar los hechos que convertirían a Honduras en un narco Estado. Landaverde fue asesinado en 2011 por esas denuncias, Hilda Caldera quien era su esposa habló con nosotros en este momento histórico en el que parece materializarse la extradición contra Hernández y dijo que en este caso existe demasiada gente implicada: «Es un caso de una magnitud muy grande, por lo que evidentemente se necesita un apoyo extra nacional, de Estados Unidos, porque internamente hay mucha gente involucrada con poder e influencia del país».

«La sangre de los mártires reclama justicia. Mi esposo fue el primero en abanderarse, él vislumbró esto que estaba pasando, y estos son los tipos de hechos que le dan honor a él. Por algo él se inmoló y se enfrentó siendo una persona sola, se enfrentó al poder del narcotráfico que es tan grande», dijo. 

«No quiero estar en los pies de la familia del señor Hernández, pero si se ponen a ver la cantidad de muertos y la cantidad de víctimas del narcotráfico, la cantidad de gente que consume droga, esto no tiene perdón. Alfredo me decía: “al narcotráfico no se le puede otorgar perdón porque a quien más afecta es a los jóvenes”. Esta es una rueda de sufrimiento. Yo soy una entre tantas víctimas», agregó.

Hilda Caldera establece que lo importante ahora es que caiga toda la red que estaba con Juan Orlando Hernández. «Porque él estaba en el máximo puesto, en el de mayor poder. Eso quiere decir que había una red muy grande que definitivamente esperamos que sea desmantelada. Habría que ver toda la trama que él montó», dijo.

Por otro lado, el abogado Josué Murillo, analista internacional, dijo a Contracorriente que no es de extrañarse el proceso contra Juan Orlando Hernández porque la congresista estadunidense Norma Torres ya lo había anunciado. «Después de perder su investidura presidencial, Juan Orlando quedó a merced de la justicia no solo nacional sino internacional. Lo que estamos esperando más allá de una exposición pública es que se imparta justicia respetando el debido proceso, pero que se le dé certeza al pueblo hondureño y al pueblo de EE. UU. que se ha visto afectado por las acciones y omisiones de Juan Orlando Hernández a quien se le ha pasado la factura». 

Josué Murillo piensa que ahora la red que rodeaba a Juan Orlando Hernández será objeto de la justicia: «El entorno más cercano tanto político como personal de Juan Orlando Hernández está bajo el escrutinio de la justicia de los EE. UU. y también bajo la lupa del pueblo hondureño y sabemos que no actuó solo. Esa impunidad casi absoluta que tuvo él durante su gobierno estuvo de la mano con varios actores que estuvieron en su gabinete y que también están en las fuerzas de seguridad. Considero que van a ser sujetos también de investigaciones, serán investigados, en su momento y si hay suficientes elementos para ser sometidos a la justicia». 

Juan Orlando Hernández pasó, después de dejar el poder, inmediatamente a ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que en su reglamento estipula inmunidad diplomática para sus miembros, sin embargo, expertos consultados por Contracorriente coincidieron en que dicho privilegio no es ningún obstáculo para evitar una extradición.

Policías rodearon este lunes la casa del expresidente Juan Orlando Hernández después de que la Cancillería de la República informó que EE.UU. solicitó la extradición de “un político hondureño”. Diversas fuentes han confirmado que se trata del expresidente Juan Orlando Hernández. El abogado del exmandatario, Hermes Ramírez, ha confirmado que Juan Orlando Hernández sí se encuentra en su casa y que se pretende darle captura sin la orden de un Juez Natural. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, convocó de emergencia al pleno de magistrados para conocer la solicitud de extradición realizada por EE.UU.

Texto: María Celeste y Leonardo Aguilar
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen


La Policía Nacional y la Policía Militar acordonaron este lunes la casa de habitación del expresidente Juan Orlando Hernández después de que Cancillería de la República, a eso de las 5:00 p.m., divulgó a través de un tuit que la Embajada de los EEUU había remitido la solicitud a la CSJ para proceder a un formal arresto provisional de “un político hondureño” con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América.

La solicitud de arresto preventivo de Hernández con fines de extradición no ha sido oficializada ni por Cancillería ni por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, no obstante, un documento fue filtrado y leído en directo en el programa Conclusiones que dirige el periodista Fernando del Rincón y que se transmite en la cadena de noticias CNN. 

En dicho documento, denominado “Nota verbal No. 005-DSM-2022”, se indica que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional envió una comunicación a la Corte Suprema de Justicia, específicamente la “nota verbal 119 de fecha 14 de febrero de 2022, referente a la solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias Juan Orlando Hernández Alvarado, alias JOH”.

Cabe aclarar que a pesar de la solicitud de arresto de EE.UU, no existe todavía una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, por lo que los uniformados que permanecen en las afueras de su casa aún no pueden entrar. Es facultad de la CSJ proceder a autorizar dicha orden.

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Efectivos policiales y militares acordonan residencial donde se encuentra la casa del expresidente Juan Orlando Hernández mientras se espera una orden de captura emitida por el Poder Judicial. 14 de febrero de 2022, Tegucigalpa. Fernando Destephen.

Tras el anuncio de Cancillería, al menos una veintena de periodistas de medios nacionales e internacionales se presentó a Casa Presidencial esperando una conferencia de prensa para confirmar la noticia, sin embargo, aunque esta estaba anunciada, fue cancelada horas después. Voceros del Poder Ejecutivo manifestaron que no darán más explicaciones respecto a la orden de extradición, y que en su lugar la Corte Suprema de Justicia deberá de emitir un pronunciamiento.

A las 10:39 p.m., el Poder Judicial informó en su cuenta de Twitter que el Presidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, convocó de manera urgente al pleno de magistrados para designar a un Juez Natural para que conozca la solicitud de extradición realizada por Estados Unidos y que fue remitida en primera instancia a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

La Fiscalía de Nueva York, en enero de 2021, indicó en el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, que Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia del país— hizo una alianza con Fuentes Ramírez, a quien prometió proteger a cambio de dinero, además, se indica que hizo partícipe a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se reunió con un empresario de la zona norte —presunto blanqueador de dinero— para financiar su campaña de 2013.

El hermano de Juan Orlando Hernández, el exdiputado nacionalista Juan Antonio Hernández, más conocido como Tony Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión en EE.UU después de haber sido declarado culpable por cuatro delitos y ser considerado un narcotraficante a gran escala.

El abogado de Juan Orlando Hernández, Hermes Ramírez, dijo que Juan Orlando Hernández se encuentra en su domicilio ubicado en la colonia San Ignacio de Tegucigalpa. “He estado con el presidente Hernández estudiando los escenarios de los casos, los cuales obviamente han cambiado, en relación a la información que ha trascendido en redes sociales sin que él (Juan Orlando Hernández) sea notificado de ninguna forma”.

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Efectivos policiales y militares acordonan residencial donde se encuentra la casa del expresidente Juan Orlando Hernández mientras se espera una orden de captura emitida por el Poder Judicial. 14 de febrero de 2022, Tegucigalpa. Jorge Cabrera.

Hermes Ramírez agregó que Juan Orlando Hernéndez debió haber sido notificado por un Juez Natural de la CSJ. “Es un atropello para la condición y el estatus de mi representado, el expresidente Juan Orlando Hernández, sobre la magnitud de querer ejecutar una orden de captura, cuando ese no es el procedimiento y cuando obviamente debemos espera que la CSJ nombre a un Juez Natural”.

Analistas consultados por Contracorriente, entre estos Raúl Pineda Alvarado, establecieron que la inmunidad del Parlacen obtenida por Juan Orlando Hernández no tiene la eficacia suficiente como para frenar una solicitud de extradición, ya que este puede ser desaforado después de una asamblea del Parlacen.

El fiscal Luis Javier Santos, director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), indicó este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández no tienen ninguna inmunidad que emane del Parlacen ya que en nuestro país los diputados no gozan de ninguna inmunidad, por lo que no existe ningún obstáculo para proceder a la extradición.

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Efectivos policiales y militares acordonan residencial donde se encuentra la casa del expresidente Juan Orlando Hernández mientras se espera una orden de captura emitida por el Poder Judicial. 14 de febrero de 2022, Tegucigalpa. Jorge Cabrera.

El 2 de marzo de 2021, los fiscales estadounidenses habían solicitado al juez Kevin Castel admitir en el juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez algunas evidencias y fotografías que muestran al expresidente Juan Orlando Hernández junto a narcotraficantes. Algunas de estas evidencias fueron presentadas el 9 de marzo. Estas fueron extraídas de los celulares de Fuentes Ramírez y su hijo. El jurado pudo ver las fotografías y algunos contactos de oficiales de policía y militares, entre los que resalta el nombre del alto jerarca militar René Orlando Ponce Fonseca.

El pasado jueves 27 de enero, Juan Orlando Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el órgano regional permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), presidido por el nicaragüense Guillermo Daniel Ortega Reyes quien fue electo en ese cargo para el período 2021-2022.

Texto y fotografías: Jorge Cabrera


Manuel Gallardo, también conocido en el mundo del arte callejero como «Tote», amamantado en Venezuela pero sin una nacionalidad en el corazón, asegura que ha recorrido ochenta países. Con 57 años lleva plasmado en su piel la pintura y la vocación humanitaria. 

Tote llegó a Honduras el 28 de enero de 2022, impulsado por conocer Centroamérica y compartir en cada país que visita sus conocimientos a cada niño en riesgo social. Con su capacidad económica limitada descansa en moteles en los sectores de Comayagüela (ciudad gemela de Tegucigalpa), en el Distrito Central. Cada día recorre las calles y con los niños y niñas que encuentra, hace lo que le gusta: la pintura en vidrio. 

Cuenta que vivió en Europa por muchos años, incluyendo la ciudad de Roma, en Italia, y según él, creó la técnica de la «pintura tridimensional en los espejos», que consiste en pintar sobre vidrio. «Allí encontré que esta pasión podía utilizarla para subsistir y tener una vida nómada», manifiesta Tote. Ahora, en Tegucigalpa se mueve entre los semáforos del bulevar Morazán. 

María Anastasia es una niña de 9 años en riesgo social que trabaja limpiando vidrios de los carros que transitan por ese boulevard. Tote la invitó a sentarse a pintar, lo que llamó la atención de otro joven que se encontraba cerca.

De acuerdo con cifras que maneja la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), solo en 2021, unos 400,000 jóvenes abandonaron las escuelas, colegios y universidades. Si antes las calles albergaban a miles de niños sin posibilidad de educarse, ahora nos enfrentamos a un panorama peor, uno que nos arrebata el futuro. 

Según un informe realizado por el Observatorio de Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes en Honduras de Casa Alianza, durante noviembre de 2021 los medios de comunicación escritos del país reportaron la muerte en forma violenta de 101 personas, lo que representa una cifra de 3 muertes violentas por día. De ese total de muertes violentas 28 casos corresponden a niñas, niños y jóvenes menores de 30 años, representando el 27.7 % de las víctimas. En lo que respecta a las edades, el informe detalla que entre los 0 y 17 años de edad, se reportaron 6 víctimas y entre los 18 y 23 años un total de 8 muertes.

Cuando le preguntan a Tote por qué viaja alrededor del mundo sin un destino, él responde «¿Y por qué tú no lo haces?», y agrega que gran parte de su motivación de viajar alrededor del mundo es ayudar a los niños y niñas que viven en situaciones precarias: «Mi mensaje para el mundo entero es que esas personas no son solo vagabundos, sino que son seres que sienten y a los cuales con solo hablarles puedes cambiarles la vida».

Entrevista: Luis Lezama
Fotografías: Fernando Destephen 


Anarella Vélez, quien recién fue nombrada por el Gobierno de Xiomara Castro como titular para Cultura, Arte y Deportes, ha sido docente, escritora y, durante años, ha llevado adelante Ediciones Paradiso y el Café Paradiso, ubicado a metros de la Plazuela (El arbolito) en Tegucigalpa. Ahí es donde habitualmente se reunían y se siguen reuniendo muchos de los artistas de la ciudad, donde se presentan libros y donde funciona un pequeño centro cultural. También, allí fue donde vivió, junto con ella durante muchos años, su esposo, el también poeta Rigoberto Paredes (mención honorífica del Premio Casa de las Américas y fallecido en 2015). 

Ahora Anarella Vélez nos recibe en su despacho en la Dirección de Arte, Cultura y Deportes. Nos ofrece café y después le pide a Patrick, su asistente, que nos obsequie uno de los varios paquetes de libros amarrados con cinta roja que están sobre una mesa en su oficina; dice que los dejaron los de la administración pasada: «Algo había que hacer con ellos, no voy a botar un libro jamás», dice.

 El pasado 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro la nombró como parte de su gabinete para ser la encargada de la Secretaría de Arte, Cultura y Deportes. Una institución que legalmente no existe, aunque Anarella Vélez asista desde ya como una más al consejo de ministros. En el 2014, Juan Orlando Hernández decidió disolver la entonces Secretaría de Estado para incluir sus fines en otros dos nuevos entes ministeriales, dando un golpe más a la cultura del país; y en su último periodo de Gobierno, la disminuyó dándole rango de dirección bajo la Secretaría de Estado de la presidencia. Sin embargo, pese a las limitaciones, Anarella Vélez ya tiene pensado un nombre, un nuevo espacio y objetivos para regresarla a ser una secretaría.

Anarella incluso ha pensado ya en leyes y normativas, algunas que pueden interpretarse contrarias a la libertad de prensa, pero que ella defiende como una abertura y una ventana hacia el futuro de un país que necesita ser más equitativo y diverso en las artes, la cultura y el deporte. Con una voz áspera y dulce, dice estar entusiasmada por la época que está viviendo: «Le hemos hecho una fisura a la cultura patriarcal», dice mientras nos da una entrevista. 

Contracorriente (CC): ¿Qué encuentra Anarella Vélez en la Dirección de Arte, Cultura y Deportes?
Anarella Vélez (AV): Desorden. Desorden en el plano físico y administrativo. Quiero que le hagás una fotografía a ese cuadro de Ezequiel Padilla, ese cuadro está comido por las termitas y tiene —como dice nuestro pueblo— «un chajazo» en la parte de arriba. Tirado en la basura estaba. Este otro cuadro es de una mujer que firmaba Salma, una pintora del siglo XX, y que es la que le sigue en importancia a Teresa Fortín; este otro es de Armando Lara; y ellos los tenían allá, tirados en una bodega. Arrumbados en una oficina. López Rodezno también, tirado. Ustedes pueden revisar: hay sillas en mal estado, cajas de libros en mal estado. Cosas dañadas y dispersas en toda la institución. No hay una telemática actualizada; hay muchos CPU dispersos y sin mantenimiento, que ya cumplieron su vida útil. En estas paredes no solo debería haber colgado más arte, sino que hay espacio para muralismo y muchas otras cosas. Allá arriba hay un espacio que ellos llamaban «la cocina», porque hay una pequeña cocina, pero es un espacio tan grande que ahí podría funcionar un pequeño teatro, un pequeño salón de danza. El espacio no ha sido bien explotado. 

CC: ¿Y en cuanto a lo administrativo? 
AV: El desorden administrativo es que la gente no tiene funciones claras con relación a lo que es la cultura y lo que es el arte. Aquí hay una imprenta, y para tener una imprenta en una institución deberíamos estar imprimiendo por lo menos —digo yo siendo poco ambiciosa— dos títulos mensuales con la cantidad de necesidades que hay de la gente que escribe en Honduras. Nada de eso, eso no existía. La biblioteca se está cayendo. La hemeroteca ya se cae. Una lluvia más, y se cae. Los buenos libros, los históricos de la biblioteca, no tienen condiciones: tienen hongos, bueno. El panorama es desolador. 

CC:¿Cómo están los números? 
AV: Por este edificio el Estado paga 206,000 lempiras (de renta) junto con dos áreas más para guardar automóviles y lo que era un bus, que era una biblioteca móvil y que no funciona. Era, porque está dañado, las llantas pinchadas, etc. Hay otro busito que data del siglo pasado para transportar a la gente de cultura. Y bueno, alguna cosa más. Esos espacios, más la imprenta, forman parte de ese conjunto por el cual pagamos 206,000 lempiras al mes. Eso pasa desde no sé hace cuántos años. Pero ponle tú que en un año son más de un millón de lempiras. Y el presupuesto que le restaba a la dirección se iba absolutamente en salarios. Normalmente salarios de gente activista y paracaidistas. La otra parte del presupuesto se va en hacerle transferencias por 10 millones al Museo del Hombre, que curiosamente se quemó después de que sacaran los cuadros y también curiosamente dejaron las esculturas de Alex Galo, a las que les cayó el techo encima y se dañaron. Bueno, desde entonces (dos años) se les está dando 10 millones sin que rindan cuentas. ¿De quién es esa fundación? De López Contreras (Carlos López Contreras es excanciller de Honduras y miembro del Partido Nacional). 

CC: Eso es Arte y Cultura, ¿cómo son los números con los deportes? 
AV: A Condepah (Confederación Deportiva Autónoma de Honduras) se le transfieren 40 millones de lempiras que no distribuye entre las federaciones que la integran. Y qué pasa, que además deportes tiene un fideicomiso de 150 millones de lempiras en el Congreso, que todavía no he logrado saber qué hacen con esos fondos. Bueno, ya es suficiente. No he terminado, pero eso es para que tengan una idea de lo que hay en esta dirección.

Anarella Vélez denuncia haber encontrado un desorden institucional en la Dirección de Arte, Cultura y Deportes, de la que ahora es titular desde que tomara posesión el Gobierno de Xiomara Castro. Foto CC/Fernando Destephen

CC:¿Seguirá siendo dirección o piensan darle rango de secretaría?
AV: La voy a regresar al rango de secretaría. Esa es la disposición del Gobierno. En este momento yo no puedo firmar nada, yo no tengo firma para autorizar nada: la firma es de la presidencia del Gobierno. Ebal (Díaz) hizo eso. Por eso tienen ese fideicomiso en el Congreso… Nosotras pagamos el edificio donde funciona deportes y los salarios de deportes, pero no nos beneficiamos de ese fideicomiso. 

CC: ¿Sería mejor separar arte y cultura de deportes? 
AV: Yo propongo que sigan juntos. Es que esta debería ser una secretaría lo suficientemente fuerte para hacer que cultura y deportes vayan de la mano. Para mí el deporte es parte de la cultura. De la cultura más viva de nuestros tiempos. Mueve a las masas. Y ojalá, quisiéramos nosotros, que en cada evento deportivo de fútbol hubiese un evento de arte. Y al lado de cada cancha deportiva hubiese instalaciones relacionadas con las actividades artísticas: un teatro, un espacio para talleres de pintura, un espacio para danza. Esa es mi idea, ese es mi concepto de la modernización de esta institución, que sea de arte y cultura, pero una cultura del deporte también. 

CC: ¿Y qué harán con el patrimonio? ¿museos, teatros, bibliotecas?
AV: Actualmente el Instituto de Antropología e Historia está como una entidad descentralizada y hay un desastre. Ni siquiera han sido capaces de arreglar Villa Roy. Esa casa que es tan hermosa y que tiene una historia: esa casa era donde vivía Julio Lozano Díaz y su esposa (Laura Vigil Lozano). Como no tuvieron hijos, donaron esa casa al Estado de Honduras. Y esa mujer (Laura Vigil Lozano) fue la que realmente promovió que Julio Lozano Díaz escuchara a las sufragistas nacionalistas. Era cachureca, pero era sufragista a la vez. 

CC: ¿Qué otros cambios contempla?
AV: Mire, queremos trasladarnos de edificio, al Palacio de Hondutel que está ubicado en el Centro de Tegucigalpa. Rescatar ese edificio y que sea el Palacio de Cultura y de las Artes. Este edificio (donde están actualmente) es anónimo. Parece un edificio para oficinas de abogados o de otra cosa peor. 

CC: ¿Hay alguna buena que haya dejado la administración pasada? ¿Algo que continuar?
AV: Lo que viene desde el siglo XIX. Pero que lo tienen en el abandono. La Banda de los Supremos Poderes, por ejemplo. Los grupos de danza. Pero no danza mal llamada «folklórica», porque detrás no hay una investigación de verdad. El folclore debe de tener una raíz en la historia. Las grandes obras de Mendelssohn, Mozart, tienen sus raíces en el folclore de su pueblo. El gran vuelco que ellos le dieron a su música es por volver a las raíces de sus pueblos. Entonces cuando tú, en vez de ir a vivir con los misquitos, con los garífunas, con los pech, a conocer sus tradiciones, te pones a inventar y darle cualquier contenido a una danza, entonces es algo creado solo para tener una oferta más que nada turística. Turística en el peor de los sentidos. Pero que no rescata nuestras señales de identidad. Por ejemplo: los ladinos nos hemos apropiado de la punta, no les hemos pedido permiso a ellos y hemos irrespetado una danza que es realmente fúnebre. El respeto a las culturas va a ser una práctica de esta dirección, próximamente secretaría. 

CC: ¿Cómo descentralizar el arte y la cultura? ¿Que no solo sea Tegucigalpa quien tenga más apoyo y proyección?
AV: A través de las casas de la cultura. Haremos exposiciones y eventos itinerantes. Una exposición que comienza en Gracias termina en Tegucigalpa, y a la inversa. De forma que cada mes tengamos algo que ofrecer en cada departamento y que sean diferentes. 

CC: En su primer día usted prometió combatir la pobreza y la violencia, ¿cómo hacerlo desde esta dirección? 
AV: Hay que irnos a los barrios marginados históricamente. Llevar talleres. Localizar talentos entre nuestros niños y niñas. Acabo de hacer varios acuerdos con el ministro de Educación, Sponda. Tenemos empatía y pensamos que cultura y educación no pueden ir separados. 

CC: ¿Qué problemas ve para echar a andar todo esto que me cuenta y que suena bien, pero debe haber problemas a la hora de materializarlo?
AV: Necesitamos, para empezar, que nuestra dirección se vuelva secretaría para tener iniciativa de ley. Aunque formo parte del consejo de ministros, no tengo iniciativa de ley. Tengo que ir a buscar al ministro de la presidencia, que es mi amigo, pero de quien no quiero depender porque tiene una agenda ocupada.

Anarella Vélez historiadora y escritora posa para una foto durante una entrevista con Contracorriente en su oficina en Tegucigalpa. Foto CC/ Fernando Destephen

CC: Me ha hablado de la Dirección, pero ¿cómo acompañar todo esto desde lo comercial? La cantidad de librerías es poca, y en ellas apenas se venden libros de literatura hondureña
AV: Lo que encarece los libros —que no pagan impuestos— es el transporte y que se compran en divisas. Lo que estoy contemplando es formar alianzas con editoriales españolas y mexicanas, para abaratar costos. Ya el Fondo de Cultura Económica nos hizo saber que nos hará una gran donación de libros. Este Gobierno ha despertado muchísimas esperanzas. Vamos a potenciar la Feria del Libro de San Pedro Sula que comenzó el año pasado y las distintas editoriales que existen y forman parte de ella. ¿Cómo apoyarlos? Facilitando y asesorándolos para que logren buenos acuerdos nacionales e internacionales, esa es nuestra mejor manera de apoyarles. 

CC: ¿Y las mujeres, qué pueden esperar con usted? 
AV: Yo estoy feliz, a mí me encanta la época que estoy viviendo. El arte y la esperanza van de la mano. Y, diría yo, que la esperanza es una expresión del arte. La participación de las mujeres en política es lo que ha logrado que se quiebre —no que desaparezca, pero que se quiebre— el bipartidismo. Le hemos hecho una fisura a la cultura patriarcal. Doña Xiomara tiene más de cien mujeres en el Gobierno, todo eso me llena de esperanza y creo que el país abre una gran ventana hacia el futuro. 

CC: El Gobierno de Juan Orlando Hernández apoyó bastante el cine. Durante el Gobierno de él logramos ser el país centroamericano que más cine producía. 
AV: Existe una Dirección de Cine, cuyo presupuesto también se los asignamos nosotros. Funciona de manera descentralizada y tiene 40 millones asignados anualmente. Yo quisiera saber un poquito más de ese presupuesto, qué hacen, porque aquí hay directoras de cine como Laura Bermúdez y Katia Lara, que tienen producciones extraordinarias y que le dan un vocabulario muy serio y profundo a la cinematografía, que tienen escuela, y estaría contenta de trabajar junto con ellas. 

CC: Barras y estadios, ¿qué hacer con ello, se piensa meter a buscarle una solución a la violencia? 
AV: El movimiento social del deporte está en las barras. Solo que, claro, las barras han vivido una instrumentalización, verdad. Pero los deportes deberían tener sus barras. Yo no pienso meterme, pienso apoyarles en su evolución y su educación. En este país la educación es lo que menos ha funcionado en todos los ámbitos; en el deporte, más. Y el deporte, así como ha sido instrumentalizado, ha sido fuente de enriquecimiento ílicito, recordemos los casos de Callejas y Hawit. 

CC: ¿Qué hacer con la precarización del arte?
AV: Los artistas necesitan espacios para crear. Hay que convocar a los artistas de la calle, los circenses. Eso debe ser considerado parte de una expresión, porque han jugado un rol fundamental para sacar de la calle a muchachos en riesgo social. Hay que promover a través de los concursos, aunque sea con poco dinero. Tampoco vamos a dar premios para que alguien viva por el resto de su vida. Pero sí para promover la creación y publicación de obras. A todos los niveles, desde primaria. 

CC: ¿Y los periódicos? ¿Le dan suficiente espacio a la cultura nacional?
AV: Hay que crear una normativa para que promuevan la cultura y las artes nacionales. No del modo que lo hacen hasta ahora. 

CC: ¿Cómo lo hacen hasta ahora?
AV: Solo promueven el fútbol. Yo no veo que promuevan el Flag Femenino. ¿Usted ha oído de eso? Aquí existe y han ganado premios a niveles internacionales. Paola Coello acaba de ganar una competición en Estados Unidos, pero nadie habla de eso. ¿Usted había oído hablar del boxeo antes de Teófimo López? Hay que darle espacio a todas las actividades deportivas, equitativamente. Notitas breves para todas las actividades deportivas. Lo que no se ve, no se sabe que existe. Necesitamos una ley que respete la diversidad, la inclusión, el género y la equidad en el deporte y en los medios. Pero para eso, para tener iniciativa de ley, necesito el rango de secretaría. 

Antes de terminar, revela cómo aspira que se llame la próxima secretaría: Seculta (Secretaría de Cultura y Arte). «En femenino», remarca. «Yo soy historiadora, yo he diseñado la narrativa de la presencia femenina en nuestra campaña. Las mujeres que ustedes vieron en el estadio (el día de la toma de posesión), todas, son mi propuesta. Pero hay más mujeres. Hay que rescatarlas. Al lado de cada prócer hay una mujer. A José Cecilio del Valle le leía y corregía sus escritos Josefa Valero, su esposa», dice, mientras Patrick, su asistente, le señala que no hay más tiempo, porque se dirigen al Centro de Tegucigalpa a inspeccionar las condiciones del Palacio de Hondutel junto con un grupo de arquitectos. Ahí espera que funcione Seculta. 

«Siempre he trabajado por las artes. Antes lo hice con mis propios recursos, ahora puedo hacerlo con los recursos del Estado potenciando la capacidad del Estado y de la gente. El arte nos vuelve más humanos. Solo el ser humano se vuelve más humano, un perro no se vuelve más perro. Bueno, algunos sí… Lo que puedo decirle es que es importante para mí. Creo que el orgullo es una pasión y yo solo hago cosas de las que me puedo sentir orgullosa». Después, justo antes de salir de su oficina, se despide observando otra vez el cuadro de Ezequiel Padilla: «Miren lo que hicieron las termitas, miren ese golpe. Mi Ezequiel…».

Anarella Vélez observa el cuadro del pintor hondureño Ezequiel Padilla, que fue encontrado en una bodega de la Dirección de Arte, Cultura y Deportes el día en que llegó a asumir el mando de esta institución. Foto CC/Fernando Destephen

Por Dagoberto Aspra 
Ilustración: Pixabay 


Su sonrisa burlona, su cabello liso, brillante por la cera húmeda que lo sostenía nítidamente peinado, su ropa ajustada y la facilidad con que se conducía, hacían de Fernando el centro de atención. En lo personal, esas características nunca me impresionaron, y las personas que las ostentaban nunca recibieron de mí más que un vistazo desinteresado para luego ser descartados sin mayor dilación de mis pensamientos. Pero todo eso cambió cuando regresé de la cocina con dos cervezas y lo encontré sentado en mi silla, hablando con Camila. 

No estaba entre mis intenciones estallar en exabruptos imprudentes provocados por los celos. Yo no era esa clase de hombre. Siempre dejaba que las cosas tomaran su curso y que cayeran por su propio peso, como una piedra arrojada al mar. Pero muy a pesar de esa filosofía, tan útil en otros momentos de mi vida, era inevitable sentir un punzón en el lado izquierdo del pecho, pero no de esos que causan dolor, sino de esos que incomodan, que ponen a hervir la sangre hasta que se agolpa en la cabeza buscando un escape, un resquicio por dónde liberar la presión. Nunca fui celoso, pero tampoco era un imbécil y no me costaba trabajo detectar un abusivo con solo verlo. Bastaba con notar la forma en que miraba a Camila. Había deseo, planificación y ulteriores intenciones en esos ojos. Seguramente tenía un plan cuya ejecución no contemplaba la derrota como alternativa. Y había una agravante que tornaba toda la situación más incómoda de lo que ya era: Fernando era el exnovio de Camila y estábamos en su casa, por lo que era inevitable asociar lo que ocurría con aquella famosa frase del fuego y la ceniza.

En tres años de relación, Camila nunca me dio motivos para no confiar en ella. Siempre fue muy transparente en todo, especialmente en situaciones que podrían ofrecer alguna incomodidad, y antes de venir patentizó que no había nada de qué preocuparse porque el pasado se queda allí, muy a pesar de que hoy me fuese a exponer a que me lo restregara en el rostro. 

Fue ella la primera en percatarse de mi proximidad. Seguramente estaba pendiente de mi regreso y de las implicaciones de la situación. Buscó mi mirada, y al encontrarla supo que me sentía incómodo. Fernando siguió la mirada de Camila hasta estrellarse con la mía y guardó silencio. Después de unos segundos incómodos, Fernando se puso de pie, disculpándose por haber tomado mi silla. 

Camila nos presentó. Saludé de forma cortés mientras Fernando estrechaba mi mano de forma teatralmente efusiva, contándome lo mucho que Camila le había hablado de mí, mientras yo respondía con sonrisas a sus adulaciones cargadas de hipocresía. Me senté, le di una de las cervezas a Camila y tomé su mano. Camila presionó la mía con fuerza, como si en ese apretón me estuviese diciendo que no tenía de qué preocuparme. 

Luego de un intercambio de cordialidades que no era sino forzado, guardamos silencio, y cuando creí que todo había terminado, Fernando dijo que regresaba enseguida, que iba por un par de sillas para que él y su novia nos acompañaran a la mesa. Cuando se marchó, Camila me abrazó y me besó en la mejilla, prometiéndome que sólo estaríamos un rato y que luego nos marcharíamos. Asentí con una sonrisa: a estas alturas nada podía hacerse. Además, no sería yo el hombre que se lleva a su novia de una fiesta por no poder manejar una situación incómoda.

Minutos después, Fernando regresó acompañado de su novia, que traía una botella de vino y dos copas. Nos acomodamos para hacer espacio en la mesa y nos sentamos. Fernando nos presentó. Su novia se llamaba Karla. Mucho gusto y qué tal todo. Con el paso de los minutos mi deseo de pellizcar la pierna de Camila como señal para marcharnos se incrementó, pero me abstuve. No le entregaría la victoria a Fernando con mi incomodidad. Fui por dos cervezas más mientras Fernando descorchaba la botella de vino y servía dos copas.

El tiempo comenzó a transcurrir en una conversación de cosas triviales, en un intercambio de anécdotas que nadie recordaría al día siguiente y en promesas de nuevas salidas que nunca sucederían. Cuando Karla terminó su segunda copa de vino, Fernando ofreció llenársela. Alcanzó la botella de la mesa y vertió el resto del contenido. Al terminar de servir la copa, puso la botella vacía sobre la mesa y se levantó, preguntándonos si queríamos algo más porque iba a la cocina por otra botella. 

–Te acompaño.

Las palabras salieron de forma involuntaria, y cuando caí en cuenta de lo que había dicho, Camila y Fernando me miraban. Besé la frente de Camila y me levanté de mi silla mientras le avisaba que iba al baño y de paso a la cocina por las últimas dos cervezas. Fernando esbozó una sonrisa nerviosa, pues no esperaba que fuese yo quien lo sacara de su zona de comodidad. 

Caminamos en silencio hasta la puerta del baño que quedaba de camino a la cocina. Seguramente al salir Fernando ya estaría de regreso en la mesa, pero su cara de asombro había sido suficiente victoria para mi. Salí del baño y caminé hasta la cocina. Para mi sorpresa, allí estaba Fernando, descorchando una botella de vino.

–¿Qué tal la has pasado? –preguntó.

–Tranquilo –respondí, mientras abría la refrigeradora.

–Camila es una buena mujer. Se merece lo mejor.

–Ajá.

Busqué el destapador que había dejado en el desayunador en mi visita previa.

–¿El destapador buscás? –preguntó.

–Sí.

– Está en ese mueble, en la segunda gaveta. 

Caminé hacia el mueble y abrí la segunda gaveta. Allí estaba el destapador junto con los cuchillos de cocina. Lo tomé y destapé las dos cervezas.

–¿Te digo algo? –preguntó Fernando, interrumpiendo un precioso silencio.

–¿Qué cosa? –respondí, no sin un poco de cautela.

–Intenté actuar como si nada de esto fuese un problema para mi, pero la verdad sí lo es.

–¿A qué te referís? –pregunté, sospechando hacia donde iba la conversación.

–Decidí organizar esta fiesta como una excusa para volver a ver a Camila. Tenía la intención de acercarme nuevamente. Pero cuando me dijo que vendría con vos, tuve que hacerme de una novia para no quedar en ridículo.

Le di un trago a una de las cervezas, asimilando las palabras de Fernando.

–Pero –continuó– ahora que te veo creo que podemos arreglar esto como caballeros.

–¿Como caballeros? –pregunté, tratando de reprimir una carcajada.

–Sí, hacete a un lado.

El silencio que continuó se antojaba pesado; casi podía sentir el enrarecimiento del aire, su presión nos sometía hasta aplastarnos. Y en esos segundos que duró, comencé a preguntarme cómo era posible que fuese un hombre tan pacífico. ¿Era una virtud o simplemente era un estúpido? Fernando se consideraba tan superior que me dijo sus intenciones a la cara y yo estaba petrificado sin poder responder. ¿Y qué iba a responderle? ¿Que se alejara de ella salvo que quisiera buscarse un problema conmigo? Después de una frase así no queda más remedio que propinar el primer golpe, y no estaba seguro de querer irme a las trompadas. ¿Disuadirlo de forma educada? Fernando parecía un hombre que no podía ser disuadido. Así que, ante la ausencia de alternativas, guardé silencio mientras miraba fijamente a Fernando, quien, sintiéndose victorioso, me sonrío tomando la botella de vino y caminó hacia la puerta de la cocina.

Lo que ocurrió después fue la compensación a esa ausencia de palabras, a ese mutismo provocado por circunstancias que terminan evocando sensaciones indescriptibles donde el lenguaje queda en deuda, generando las condiciones perfectas para otro tipo de reacciones, unas que no vienen de la cabeza, sino del corazón y, en virtud de ellas, con la fluidez y velocidad de quien tiene la certeza de lo que debe hacer en ese instante, tomé uno de los cuchillos de cocina que estaban en el mueble y lo clavé en la espalda de Fernando, quien, presa de la sorpresa y el dolor, gritó. La botella de vino que llevaba en sus manos cayó al suelo, quebrándose contra el piso de la cocina. Extraje el cuchillo de su espalda y Fernando cayó sobre el mueble de cocina, apoyándose en él, seguramente tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo mientras el dolor comenzaba a cegarlo. 

Entonces clavé el cuchillo una segunda vez, en su abdomen.

El segundo grito de Fernando no llevaba sorpresa. Esta vez era dolor en su estado puro. Y pavor. Había pavor en sus ojos mientras su camisa comenzaba a teñirse de rojo. Cayó de rodillas con una mano en la herida de su abdomen que ya sangraba copiosamente. Intentó hablar, pero las palabras nunca abandonaron sus labios, y en su lugar manó su sangre.

Me hinqué frente a él, empuñando el cuchillo ensangrentado. Lo miré a los ojos, alimentándome de su miedo. Sentí como poco a poco algo se gestaba en mi interior. Era algo desconocido para mí hasta ese momento, algo que no sabía que podía sentirse. Me sentí drogado por una felicidad y una euforia que me adormecían y me llevaban por un sendero desconocido que terminó en una tercera puñalada. Y luego una cuarta. Podía sentir como la hoja metálica, resplandeciente con su sangre, se introducía en su pecho; podía sentir como desgarraba a su paso cada fibra de su cuerpo hasta chocar contra sus costillas, y cuando lo retiraba, su sangre tibia y espesa me salpicaba el rostro. 

Apuñalé su pecho, su rostro, sus brazos, su estómago, sus piernas. No podía detenerme. No quería detenerme. Apuñalé sus ojos y el resto de su rostro hasta desfigurarla por completo, hasta transformarlo en una masa deforme y sangrienta. No podía detenerme, podía sentir mi brazo exhausto por el esfuerzo, podía sentir mi mano arder de dolor, pero eso no parecía importarme. 

Sentí como mi mano se movía al vaivén de una melodía que comencé a escuchar en el fondo de mi cabeza. Era una canción donde escuchaba mi nombre una y otra vez, alentándome, incitándome a seguir. Una parte de mi cerebro pareció registrar la melodiosa voz que me cantaba. Era una voz conocida. Era la voz de Camila. En el momento en que la reconocí, la canción comenzó a transformarse en otra cosa, en algo distinto. Poco a poco la voz de Camila parecía no estar cantando, sino gritando. Eran gritos de pánico. Gritaba mi nombre, me preguntaba qué había hecho, me rogaba que me detuviera, me pedía que reaccionara porque me miraba perdido, me preguntaba si quería otra cerveza.

Reaccioné a su llamado y me vi sentado a la mesa, con una mano en la pierna de Camila, quien me sonrío y me besó mientras me decía que me había perdido en mis pensamientos durante un minuto. 

Fernando y Karla rieron. Luego la conversación retomó su camino de anécdotas triviales y preguntas vacías. Karla terminó su segunda copa de vino y Fernando ofreció llenársela. Alcanzó la botella de la mesa y vertió el resto del contenido en la copa. Al terminar de servir, puso la botella vacía sobre la mesa y se levantó, preguntándonos si queríamos algo más porque iba a la cocina por otra botella.

Le di un trago a mi cerveza, tomé la mano de Camila y pensé en el poder del lenguaje, en cómo las palabras precisas son capaces de englobar una infinidad de sensaciones y sentimientos; y mientras mi mente desarrollaba esta reflexión, en lo más recóndito de mi ser comenzó a gestarse un sentimiento nuevo, uno que hacía correr un escalofrío por todo mi cuerpo, como una especie de orgasmo acompañado de un calor abrasador, uno que en cuestión de segundos parecía consumirme entero, que me recorría con una velocidad apabullante y que llegó hasta mi boca, desembocando en una frase casi involuntaria: 

–Te acompaño.

Las comunidades al sur de Honduras que habitan en la franja del Corredor Seco se dedican mayormente al trabajo en las industrias del «Club de Coyolito»: camaroneras, azucareras y meloneras. Estas empresas, que además de ser la única fuente de empleo, enfrentan denuncias por violar derechos humanos y laborales de sus trabajadores, podrían ser las responsables de la agudización de los problemas medioambientales que sufre este territorio abandonado por el Estado. Todos estos factores impulsan la huida de los migrantes. 

Texto: María Celeste Maradiaga y Laura García
Fotografías: Laura García


Adriana Telles y Manuel Lagos viven juntos desde hace 36 años. Ella es de Monjarás, una aldea dentro del municipio de Marcovia, y él es del municipio de Cedeño en Choluteca. Han vivido toda su vida en el llamado Corredor Seco, sur de Honduras, y con los años han visto cómo el mar va comiéndose las comunidades; en Cedeño, la erosión costera se ha convertido en un problema grave para los pobladores.

La recolección de curiles, la pesca y la venta de comida en la playa El Edén en el Pacífico han sido los trabajos que les han permitido sobrevivir todo este tiempo, pero Manuel dejó el oficio de la pesca hace seis años cuando la policía nicaragüense, por conflictos territoriales, le quitó todas sus herramientas de trabajo, incluso su lancha. 

La migración es la segunda opción para sobrevivir. Manuel y Adriana tuvieron tres hijos: Marvin Manuel, José Luis y Walter. Todos intentaron irse del país. Uno incluso lo logró y pasó la frontera de México-Estados Unidos: Marvin Manuel, quien hace cuatro años fue deportado. Antes de migrar, Marvin era pescador —de los mejores según cuentan en su comunidad—, pero para lograr la subsistencia también trabajaba «en lo que saliera»: pintura, construcción o soldadura. No era suficiente.

Una de las técnicas ecológicas de preparación de pescado que utiliza la comunidad es limpiarlos y secarlos al sol. Zacate Grande, Valle, 12 de diciembre de 2021.
Una de las técnicas ecológicas de preparación de pescado que utiliza la comunidad es limpiarlos y secarlos al sol. Zacate Grande, Valle, 12 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

Marvin Manuel y su pareja compraron casa y carro en Estados Unidos, tenían empleos y estaban seguros de que vivirían allí el resto de sus vidas. Después de dos años, «la migra lo capturó», relata su madre. Marvin Manuel tuvo que regresar a Cedeño solo; otra vez se dedica a la pesca, pues no tiene otra opción de trabajo. Los demás pescadores de la comunidad lo siguen buscando para que les ayude a pescar. «A eso se dedica, a andar allí buscando la vida en el mar. A veces trae poco, a veces no trae nada», lamentó Adriana. 

La cabañita que comparte la familia está casi sobre una laguna que desemboca en el Pacífico. Esta laguna cada año parece más un pantano, pues su nivel de agua ha disminuido en niveles alarmantes. El principal problema, según cuentan los miembros de la comunidad, son las camaroneras y los bordos que construyen. Estos bordos obstaculizan el flujo del agua hacia el mar; además, los filtros que utilizan son muy pequeños y bloquean el paso de las larvas hacia el Pacífico.

Adriana Telles, madre de tres, se dedica a la venta de comida para la comunidad y turistas en Playa El Edén. Choluteca, 12 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

Según una investigación realizada por Juan Angel del Cid Gómez y José David Cáceres, investigadores del Departamento de Ciencia y Tecnologías de la Información Geográfica en la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la afectación en la aldea de Cedeño es algo que incrementa año con año debido al cambio climático y los fenómenos hidrometeorológicos que ocurren en estas playas. 

«Retroceso de la línea de costa, inundaciones debido al aumento del océano, pérdida de humedales, intrusión de agua salina, y desplazamiento de personas son algunas de las consecuencias que viven estos pobladores», indica la investigación.

La investigación determina que al menos el 16.18 % del territorio urbanizado de la aldea de Cedeño ha sido inundado por el ascenso del nivel del mar, tomando en cuenta la última marejada del año 2015 en esta zona que causó una intensa erosión costera en las playas de Cedeño, modificando la línea de costa, dañando infraestructuras y ocasionando un desplazamiento de personas hacia sitios más seguros. La situación no es alentadora, los investigadores recomiendan dar seguimiento al monitoreo de la costa debido al comportamiento erosivo de esta playa, la cual muestra un nivel más alto de avance del mar hacia la costa en comparación a playas de aldeas aledañas. 

Walter, el hijo menor de Adriana y Manuel, reconstruye por quinta vez la pequeña cabaña sobre polines donde aún vive con sus padres. Las marejadas ciclónicas cada vez son más intensas en esta zona de la playa, y siempre destruye las casas que están a la orilla del mar. «Todito se lo lleva el mar…aquí solo Dios con uno», dice Walter. 

Impacto ambiental en los cultivos de granos básicos

La región sur de Honduras ha sido afectada por el cambio climático desde hace mucho, los inviernos han cambiado y la cosecha de distintos frutos o granos básicos no es la misma. Los agricultores dejan de cultivar la tierra debido a la sequía que afecta sus cultivos; muchos llegan a endeudarse si continúan «viviendo del maíz» después de sacar préstamos en el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y con malas cosechas como resultados.

La península de Zacate Grande, ubicada en el departamento de Valle, siempre al sur del país, es de las zonas que más sufre estas afectaciones en la costa pacífica. La cosecha de maicillo, una especie de grano, ha desaparecido; la sandía ya no es cultivada debido a que ocupa mucha agua para su desarrollo y es afectada por una plaga que solo puede combatir la lluvia, cosa que no sucede en la zona; y el ajonjolí, una semilla utilizada con distintos fines alimenticios, también escasea.

La introducción a todo esto la da Abel Perez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), quién además señala el aumento de precio en los insumos que tienen que comprar los agricultores debido a las enfermedades que se dan en el cultivo ocasionadas por el cambio climático. 

«Antes era una gran cantidad de sandía la que se sacaba en camiones hacia El Salvador. Ahora no, los compradores de sandía salvadoreños ya no están haciendo nada en Zacate Grande debido a que el tamaño de la sandía ha disminuido por la poca cantidad de agua en el lugar», explica Abel, quién asegura que el problema más grande en la zona es la falta de agua. 

Marcela Isabel Matamoros, bióloga del Colegio de Biólogos de Honduras (CBH), explica que en las comunidades en donde hay sequías es normal que las personas abran pozos.

«Muchas personas en la zona sur manifiestan que sus pozos se han secado, esto se da por una falta de planeación de la extracción del recurso hídrico subterráneo», manifiesta Matamoros, quien añade que debido a la escasez de agua, los habitantes de estos lugares no tienen más remedio que consumir el agua salada en ocasiones, desencadenando esto en problemas de salud, como piedras en los riñones.

El sector pesquero también está en un constante peligro en Zacate Grande, actividad económica que, según Abel, ya no da lo necesario para vivir en el día a día. La contaminación que afecta al Golfo de Fonseca, rincón del océano Pacífico situado entre las Repúblicas de El Salvador, Nicaragua y el sur de Honduras, hace que familias completas queden sin pescar.

Cabañas sobre polines en una de las zonas más afectadas por el cambio climático en la costa del Pacífico. Playa El Edén, Choluteca, 12 de diciembre de 2021.
Cabañas sobre polines en una de las zonas más afectadas por el cambio climático en la costa del Pacífico. Playa El Edén, Choluteca, 12 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

Esto también lo menciona la bióloga Marcela Matamoros, quien expresa que el problema de la contaminación del Golfo de Fonseca y la escasez de agua en las comunidades del sur de Honduras se da por la destrucción de los manglares por parte de la industria camaronera al sur del país.

«Los manglares son una interfase entre el agua salada y el agua dulce. Esa línea o límite entre esos dos tipos de agua es el agente filtrador, pero si lo vamos deforestando se vuelve cada vez más delgado. Entonces, por fuerzas de gravedad y del viento, el agua marina toma más fuerza, y aquí es donde los pozos se vuelven salados», explica la bióloga, quien añade: «en el sur hablar de la agricultura o la industria camaronera y derivados es un tema delicado, pues hablamos de productos de exportación que implican mucho dinero».

Abel asegura que de no poder dedicarse a la pesca, a los cultivos y no obtener un empleo en una melonera o cañera —industrias que, según él, solo emplean a personal durante 6 meses—, la única alternativa de los hondureños que residen en estos lugares es migrar.

El Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) y el Banco Mundial, ha promovido la Alianza para el Corredor Seco (ACS). En ello se han invertido, en 5 años, más de 38 millones de dólares. Este programa se divide en tres proyectos, ACS-USAID, ACS-Prosasur y ACS-Comrural. Cada una debe trabajar en enfoques diferentes. Una se dedica a la reducción de pobreza, la segunda se dedica a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y la última debe incrementar la productividad y rentabilidad de los productores. 

ACS pretende enfocar «esfuerzos en la reducción de la pobreza y la desnutrición a través de inversiones estratégicas en varias comunidades vulnerables del denominado Corredor Seco de Honduras». Sin embargo, además de Abel, otros habitantes de la zona aseguran que estos programas no son de beneficio para ellos realmente.

Contracorriente contactó al ingeniero Francisco Posas, Gerente del proyecto Competitividad Rural (ComRural) implementado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), por medio de su asistente y vía correo electrónico. Sin embargo, los intentos de entrevista para conocer más acerca de este proyecto y otras iniciativas no fueron atendidos.

Industrias que no han traído desarrollo a la zona sur

Blanca Bonilla salió hacia Estados Unidos desde Monjarás con su hijo menor en el 2019. Su hijo para entonces solo tenía 14 años. Mauricio, el esposo de Blanca, es paciente renal y no puede trabajar. Por esto, Blanca y su hijo son quienes deben sostener su hogar. Decidieron salir del país por el mismo motivo que empuja a todos los migrantes de la zona: la falta de empleo. 

Blanca recuerda como un suplicio la travesía desde la Reserva de Monjarás, Choluteca, hasta México, donde fueron capturados por la Policía Federal de México. «Yo no podía ver a mi hijo, le tocaba la mano a través de un plástico», comenta.

Blanca y las otras diez personas con las que viajaba fueron detenidas por la Policía Federal de México mientras tomaban un descanso. Allí fueron separados los niños y adultos, luego los trasladaron a las celdas que el Gobierno mexicano había destinado para los «migrantes irregulares» provenientes de Latinoamérica; «albergues» les llaman los oficiales de migración. «El camino es diferente a lo que uno espera», recordó Blanca. 

«A las 8 se apagan las luces…usted no sabe quién puede pasar por arriba», advirtió. Los barrotes en las celdas no llegan hasta el techo, y en las noches no hay oficiales para supervisar a los migrantes. Blanca contó con mucho terror el riesgo que tienen las mujeres de ser violadas en los «albergues». 

Para los migrantes supone una gran inversión económica salir de Honduras. Algunos venden sus casas, carros o cualquier bien bajo su posesión para costearse el camino hasta Estados Unidos; otros, deben pedir préstamos. Los migrantes salen del país creyendo que lo pueden lograr, pero al ser retornados «el peor sentimiento es la desesperanza, porque uno sale de aquí con metas», concluyó Blanca. 

Según un estudio realizado en 2004, la tasa de desempleo del municipio de Marcovia es del 5.5 %, sin embargo, las mujeres aparecen como desempleadas en una mayor cantidad en el área rural (4.5 %) que en el área urbana (2.3 %). Del mismo modo, el estudio explica que para el análisis de estos porcentajes es necesario tomar en cuenta el lugar de residencia y la rama de actividad en la que está concentrada la población, que en este caso es la agricultura.

También conforme al censo del año 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 58 % de habitantes del municipio de Marcovia se dedican a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, siendo estas actividades las principales del municipio sureño. En este porcentaje están los habitantes que trabajan en las distintas meloneras, camaroneras, y cañeras al sur de Honduras, empleos que son temporales debido a las estaciones de siembra y cosecha.

Suany Arriola de 26 años, se encuentra en una situación similar. Aún recuerda con lágrimas su viaje hacia Estados Unidos con su pequeño de 6 años en el 2019. «Cuesta, porque nos tocaba viajar de noche y de día, y lo poquito que llevábamos no nos ajustaba ni para comer», dice Suany al preguntársele acerca de su travesía hacia los Estados Unidos.

Salió desde Marcovia, municipio de Choluteca al sur del país, y en un mes llegó a la entrada de México, lugar en el que fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración en México y donde tuvo que esperar otro mes a que llegaran suficientes migrantes para llenar dos buses y ser deportados. Suany asegura que al migrar arriesgó su vida, pero que es la única alternativa que hay al no tener apoyo ni un empleo estable.

Suany volvió a migrar hace poco, con 2 meses de embarazo, y su salud se agravó en Chiapas, México, en donde casi pierde a su bebé. «Me dijo el doctor que, si quería continuar (en el camino) iba a ser de mucho riesgo para mi embarazo. Entonces le dije que no, que me iba a regresar», relata. Retornó en compañía de su hermana, quién también tenía como meta llegar a los Estados Unidos. En el camino solo quedó su cuñado, quien también fue deportado a Honduras un tiempo después.

Suani Arriola ha intentado migrar hacia Estados Unidos en dos ocasiones, la última vez fue en septiembre de 2021. La acompañan su madre María y sus 3 hermanas menores en la puerta de su casa. Monjarás, Choluteca, 12 de diciembre de 2021.
Suani Arriola ha intentado migrar hacia Estados Unidos en dos ocasiones, la última vez fue en septiembre de 2021. La acompañan su madre María y sus 3 hermanas menores en la puerta de su casa. Monjarás, Choluteca, 12 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

«Yo le digo a ella, “hoy te quedas vos”, yo voy a hacer el intento. Tengo la fe en Dios de que sí voy a llegar (a Estados Unidos), por ser mayor y más experimentada», interviene la mamá de Suany, María Rosa Ramos, una mujer de 44 años originaria de la ciudad de Choluteca.

María Rosa relata que es originaria de Choluteca, llegó a Marcovia hace 23 años en busca del alquiler de una casa. Explica que Suany es la única hija que se ha quedado con ella de los primeros 6 que tuvo con su primer esposo; en total María Rosa tiene 9 hijos. 

«Yo le digo que no se aflija (a Suany), que no tenemos de donde, pero Dios es el que provee. Ella se pone a llorar porque tiene 2 hijos, proximamente 3, pero a mí el papá me dejó con 6 cuando murió, y ahí están, con una herencia en donde solo pudieron estudiar hasta el sexto grado porque poner a estudiar a los hijos es duro», cuenta María Rosa mientras Suany, su hija, rompe en llanto. 

María Rosa cuenta que fue empleada de una melonera al sur del país, pero por un tiempo muy corto, algo común en estas industrias debido a sus tiempos de cosecha. Cuando se le pregunta acerca de su experiencia siendo empleada en una de estas empresas no se muestra muy cómoda.

Las oportunidades son cada vez más escasas en estas comunidades de la zona sur. En Marcovia las alternativas son trabajar en una melonera, azucarera, camaronera o como ayudante de albañil, las mismas ocupaciones disponibles en todo el sur de Honduras. Sin embargo, son estas industrias las que enfrentan demandas por violaciones a derechos humanos y laborales de sus trabajadores.

Así lo describe Tomas Membreño, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), un sindicato que opera a nivel nacional y ha seguido muy de cerca los casos de explotación laboral y violación a derechos humanos de distintos empleados al sur de Honduras. En esta ocasión, Tomás nos cuenta acerca de la empresa Suragrícola de Honduras (Suragroh), una melonera al sur del país perteneciente a la transnacional Fyffes, una empresa de frutas y productos frescos de propiedad japonesa, con sede en Dublín, Irlanda.

Fyffes es una de las seis fruteras más grandes del mundo. En el caso de Honduras a ella están añadidas las meloneras Suragroh y Melon Export S.A., y es mediante Fyffes, o Sol Group Marketing, que el fruto es comercializado a Estados Unidos, contando con el sello de Comercio Justo (Fair Traid Certified) de EE. UU. Uno de los beneficios de la certificación es que la fruta se vende a mejor precio en el país nortemaericano, sin embargo, esto cambió luego de que se evidenciaran las violaciones a derechos humanos a los trabajadores en Honduras.

Planta de cultivo de melones en Marcovia, Choluteca, 11 de diciembre de 2021.
Planta de cultivo de melones en Marcovia, Choluteca, 11 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

Por esta razón, en el 2016 los trabajadores decidieron organizarse para hacerle frente de manera legal a la empresa, pero esto derivó en una serie de despidos ese mismo año, explica el presidente del sindicato de la agroindustria.

«Existía un grupo de trabajadores que había tomado esa decisión (de denunciar la empresa), eran alrededor de 300 trabajadores. Sin embargo, la transnacional, después del 2016, luego de todas las denuncias que venía enfrentando en donde existían documentaciones de las violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores ya constatadas por el Ministerio del Trabajo, se interpuso una denuncia internacional. Es aquí cuando vienen comisiones internacionales a constatar los hechos y se descubre que esta empresa logró certificarse de manera fraudulenta en Comercio Justo (Fair Trade Certified) a pesar de las denuncias de los trabajadores», expone Tomás Membreño. Esto desencadenó en la desertificación de la empresa transnacional Fyffes.

Pero la lucha de la trasnacional japonesa en su afán de borrar su mala imagen ya a nivel internacional no termina ahí. «Fyffes inició un proceso de organización sindical con dos sindicatos en dos empresas que son Suragroh y Melon Export S.A., todo con la finalidad de limpiar su imagen ante la comunidad internacional, pero con los antecedentes y la documentación que se encontró, eso no les sirvió de nada, prácticamente siguen descertificados por violadores a los derechos humanos y laborales», asegura Tomás Membreño.

Cuando The Fair Trade Certified envió a la comisión evaluadora a realizar auditorías en Honduras, encontró violaciones a salarios, salud, y libertad sindical de los trabajadores de las meloneras. A partir de ahí la certificadora sanciona a las meloneras quitándoles la certificación y también son expulsadas de la iniciativa de comercio ético en Europa (Ethical Traiding Initiative) señalada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Todo esto es explicado en un vídeo de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (Festagro), una federación a nivel nacional a la cual está añadida el STAS. La página web de Festagro es muy activa en cuanto a denuncias presentadas por los trabajadores de las meloneras al sur del país, pronunciamientos de empresas a nivel internacional en cuanto al tema de la certificación de Fyffes y otros contenidos referentes a las luchas sindicales de toda Honduras en el rubro de la agroindustria.

«Uno de los principales problemas que se pueden encontrar aquí es el no derecho a la salud de los trabajadores, ya que en tiempos de cosecha del melón, trabajan alrededor de 7 mil a 10 trabajadores, en donde el 95 % son temporales y, por esta razón, argumentan los patronos, no tienen derecho a seguro social», explica Tomás Membreño, presidente del STAS.

Del mismo modo, continúa explicando que a estos trabajadores tampoco se les otorga una remuneración de ningún tipo luego de trabajar de 5 a 6 meses seguidos, y tampoco, con el argumento de que son temporales, se les protege cuando trabajan aplicando químicos o agroquímicos en las plantaciones de melón. Lo anterior debería de ser una obligación de las empresas, igualmente es un deber que tienen con los mercados internacionales a los que pertenecen.

Suany no considera volver a migrar a los Estados Unidos. Actualmente está a la espera de una niña, no sabe qué nombre le va a poner pero con mucho cariño acaricia con sus manos su barriga. «Le quería poner Evelyn Fabiola, pero a ver si me encuentro uno más bonito», dice riendo después.

Contracorriente intentó contactar a personal administrativo de Suragroh para una entrevista, sin embargo, las solicitudes nunca fueron atendidas.

El presidente del STAS señala que algo similar se da en las cañeras (industrias productoras de azúcar) al sur del país, en las cuales la mayoría del personal es temporal. Una de las industrias cañeras más reconocidas al sur de Honduras es Azucarera La Grecia, la cual pertenece a la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH). Esta azucarera también se encuentra dentro de la queja que interpusieron distintos trabajadores de la agroindustria del sur del país por coacción al derecho de libertad sindical y por los distintos abusos en materia de derechos humanos y derechos laborales.

Tomás indica que esta queja fue interpuesta en el año 2012 y hasta el momento el Estado de Honduras no ha podido resolver ninguno de los casos de abuso a los trabajadores adjuntos en esta denuncia. Sin embargo, para Lorena Rodríguez Rico, Gerente de Asuntos Públicos de Azucarera La Grecia, esto no es así.

Mediante una entrevista respondida vía correo electrónico, la gerente de La Grecia explica que la empresa, la cual emplea alrededor de 5,000 personas y de las cuales 900 son permanentes, es una de las que más genera empleos en la zona sur de Honduras. Del mismo modo, agrega que estos empleos son «fuente de ingresos dignos para miles de familias y adicionalmente representan la posibilidad de encontrar oportunidades en su país y en su comunidad», escribió. No se refirió al tema de las denuncias. 

Al preguntar por las políticas ambientales de la azucarera y el manejo de sus desechos o residuos tóxicos, la gerente de Azucarera La Grecia responde que la cañera se rige por las disposiciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), pero que también están implementando un proyecto de compost que podría reducir el uso de fertilizantes químicos. 


Del mismo modo, manifiesta que la empresa es ambientalmente responsable y que gestiona pertinentemente cada uno de sus residuos y desechos tóxicos «según lo establecido por la ley en Honduras y particular y estrictamente con cada elemento requerido para su disposición final por la Unidad Municipal del Medioambiente (UMA). Para Azucarera La Grecia el compromiso con el medioambiente es un punto fundamental, razón por la cual se trabaja arduamente para cumplir e intentar dejar el planeta un poco mejor de cómo lo encontramos», indicó la responsable de Relaciones Públicas de La Grecia.

Camiones de plantas azucareras trasladan caña de azúcar para ser procesada. Choluteca, 12 de diciembre de 2021.
Camiones de plantas azucareras trasladan caña de azúcar para ser procesada. Choluteca, 12 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

«Los empleados y personas que van a laborar ahí saben que hay contaminación, pero esta es su única fuente de empleo», dice por su parte Abel Perez de ADEPZA y también explica que estas empresas no son supervisadas por ningún ente del Estado, como ser la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), ni el Instituto de Conservación Forestal (ICF). 

«Cuando se dio la contaminación en el Golfo y se dio la muerte de los moluscos, ni MiAmbiente, ni el ICF investigaron o averiguaron cuál fue la causa; es más, nosotros los pobladores no sabemos cuál fue la contaminación que ocasionó la muerte de esta especie y las autoridades no brindan información al respecto, o sea, no les interesa», manifiesta Abel.

La contaminación del Golfo viene desde el río de Nacaome, en el departamento de Valle. Ahí se encuentran distintas industrias importantes para la economía de la zona, como ser meloneras, cultivo de la caña de azúcar y camaroneras. Estas empresas son las que riegan químicos en sus cultivos, contaminan el agua de la costa pacífica y consumen una gran parte del agua en el riego de sus cultivos; sin embargo, son las que mayor empleo proporcionan a las personas del área.

Luego de contactar en distintas ocasiones a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), antes del cambio de autoridades gubernamentales, los intentos de entrevista para Contracorriente fueron negados. No se logró concretar entrevista al cierre de esta investigación.

El control de «El Club de Coyolito» en Zacate Grande

Ethel Verónica Corea de 41 años se dedicaba a la pesca en Zacate Grande, algo inusual ya que, según Abel, las mujeres se dedican más a la recolección del molusco. Además, Ethel pertenece a la lucha en defensa de la comunidad de Zacate Grande con ADEPZA.

«Primero nos organizamos como ADEPZA, y dentro de esta asociación nos hemos organizado como mujeres, ya que somos las pioneras en el hogar y vemos todo lo que sucede en el mismo. También somos madres y quienes están migrando a otros países son nuestros hijos, nuestros jóvenes», manifiesta Ethel.

La migración forzada es uno de los problemas principales por los que fue creada la Red de Mujeres del Municipio de Valle a la que pertenece Ethel, grupo que no solo se reúne, analiza propuestas y presenta soluciones a la comunidad, sino que también es una red de empoderamiento y apoyo entre mujeres locales. «La idea es que este grupo de mujeres que se ha formado esté bien empoderado para la defensa del territorio», manifiesta Ethel.

Ethel estuvo con medidas sustitutivas a la prisión preventiva por ocho años por el delito de usurpación de tierras. Ella asegura que fue criminalizada por Miguel Facussé, hijo de uno de los más grandes empresarios en Honduras, Miguel Facussé Barjúm, padre. Facussé hijo es dueño mayoritario de la península de Zacate Grande, aseguran los pobladores. En ese tiempo, ella cuenta que le tocaba ir a firmar con su esposo, quien también fue apresado. Iban cada día desde el 2007 hasta el 2013, cuando se cansaron de ello. Entre esos años, en el 2010 precisamente, se dio un enfrentamiento entre la policía y los pobladores del lugar, que le dejó una cicatriz un poco arriba de su frente al lado izquierdo.

«Un trabajador de los de Facussé me pegó el “balinazo” (haciendo referencia a una pistola de balín) en la cabeza, porque yo le decía que no estuvieran pateando el maíz, ya que cuesta tener una matita de maíz para el sustento de uno. El que me golpeó a mí también salió golpeado porque todos en la comunidad vieron lo que hizo», relata Ethel.

La intimidación no quedó ahí. Ethel Veronica asegura que, desde entonces, tienen otros sistemas para vigilarla, llegando al punto de entrar a su casa. «Yo luché poniendo este cerco, ya que entraban a la casa de uno dejando las huellas de sus botas marcadas en la tierra que rodea la casa», explica. Cada vez que ella pone una denuncia las autoridades le responden: «por andar peleando tierras que no son de usted».

Ethel Verónica Corea es una dirigente pionera en la comunidad de Zacate Grande, antes se dedicaba a la pesca y recolección de moluscos. Zacate Grande, Valle, 11 de diciembre de 2021.
Ethel Verónica Corea es una dirigente pionera en la comunidad de Zacate Grande, antes se dedicaba a la pesca y recolección de moluscos. Zacate Grande, Valle, 11 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

Pero no solo ella ha sido víctima de intimidación en su familia. Sus dos hijos mayores huyeron del país y emigraron a los Estados Unidos por esto. Inmediatamente al preguntarle de sus hijos y la vida que viven allá, Ethel llora explicando que uno de ellos sufrió un atentado hace poco en el país norteamericano. «¿Qué mara rifas?» fue la única pregunta que le hicieron a uno de sus hijos antes de ser acribillado con 6 disparos, detalla Ethel, mientras llora preocupada por el estado de salud de su hijo, el menor de ambos.

«La desintegración familiar es pésima, yo no hubiese querido que mis hijos se me fueran, pero estaban siendo reprimidos por militares. Ellos se fueron a la “zumba marumba”, así, sin coyote ni nada, y al mes ya estaban allá trabajando», cuenta Ethel, mientras añade que su hija de 20 años está considerando migrar al norte por la falta de oportunidades en la península de Zacate Grande.

Abel y Ethel aseguran que el triunfo de Xiomara Castro en las pasadas elecciones trae esperanza para la comunidad de Zacate Grande, en donde aseguran que ninguno de los proyectos anunciados por la administración de Juan Orlando Hernández se desarrolló para beneficio de ellos. «La Hora del Sur solo fue un dicho, aquí no ha llegado nada de ese programa, solamente se llegaron a poner los rótulos en la carretera», asegura Abel, y agrega que las ayudas anunciadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) tampoco han llegado a la península.

En el sur se encuentran los expulsados de varios países

Karla Escoto es acompañante de migración en el Proyecto Ampliando Oportunidades zona Sur (Pao-Sur) de la Cruz Roja en Choluteca. Antes de este proyecto, funcionaba el Proyecto Mariposa Monarca con un similar propósito. Pao-sur brinda acompañamiento en la zona sur del país a la población migrante, en tránsito o retornada por violencia de cualquier tipo. Escoto comentó que «ahora que se está regularizando el flujo de migrantes, le damos asistencia a 30-50 personas diarias». No hay muchos más programas de asistencia para migrantes en la zona. La Cruz Roja trabaja con el «Hogar de la Esperanza», proyecto de la Iglesia Católica que brinda hospedaje, medicamento y alimentación a migrantes nacionales y extranjeros. 

Los migrantes que ingresan a territorio hondureño por Choluteca deben pagar 200 dólares (4,873 L) a la oficina de migración del Gobierno por concepto de «migración irregular». Por esto, Escoto informó que «los migrantes en tránsito están tomando la ruta de El Paraíso para ingresar a Honduras, porque allí no les cobran multa». 

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Justo por esta multa, Marvin de nacionalidad nicaragüense ha estado en Honduras dos semanas tratando de recolectar el dinero para seguir su camino. Marvin huyó de su país por miedo. Él es enfermero de profesión, y aún siendo personal de salud de primera línea tuvo que salir de Nicaragua a buscar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es, además, uno de los miles de perseguidos políticos. «Salí por pensar diferente que el régimen…en esa democracia uno no puede hacer eso. Solo busco protección», comentó Marvin con un tono de impotencia. 

En 2018, Nicaragua estuvo llena de protestas que exigían la renuncia de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017. El motivo de las protestas se dio por la instalación de una dictadura con cimientos en la corrupción y el nepotismo, aseguraron los manifestantes. Solo en ese año, 328 personas murieron en la represión de las protestas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 100 mil nicaragüenses salieron exiliados.

Actualmente, la crisis continúa, y Marvin está en un territorio de donde también la gente huye. Las condiciones de vida en Honduras no son muy diferentes a las de Nicaragua tomando en cuenta que Honduras también ha vivido una autocracia los últimos 12 años y la pobreza ha aumentado. 

Los informes de la Cruz Roja indican que la migración aumenta en tiempos de sequía en esta zona del país. Los meses cuando aumenta el flujo de migrantes son octubre, noviembre y diciembre. Estas fechas coinciden con los meses cuando las empresas azucareras, meloneras y camaroneras en el sur prescinden de sus empleados de campo. Algunas de las personas que no pueden trabajar en el sur durante estos meses, deciden ir al norte del país a trabajar en maquilas. En caso de no encontrar trabajo en la zona industrial, optan por migrar a Estados Unidos o España. 

***

«Aquí vienen las ayudas pero salteadas (seleccionadas), no vienen parejo, y el pescador necesita de los mariscos, porque todos tenemos hambre», explica Adriana cuando se le pregunta acerca de programas que ayuden a personas en Cedeño. Al mismo tiempo, agrega que los pescadores solo van al mar a «colar agua»; es decir, solo tiran la red de pescar al pacifico y no extraen peces para la venta.

Cuando se le pregunta a ella y a Manuel, su esposo, por qué la situación del Golfo de Fonseca ha empeorado, mencionan que es culpa de los empresarios dueños de las industrias del sur de Honduras, que riegan químicos contaminantes al mar y que, en el caso de las camaroneras específicamente, los cercos de estas impiden el paso de larvas al mar, razón por la que no se encuentran peces.

«Al Golfo lo están matando ellos mismos», manifiesta Adriana, mientras hace tajadas de guineo verde para la venta de comida en la playa. «Al plato de comida a veces lo acompaña un pescado frito, y a veces no», asegura su esposo, Manuel.

Lanchero regresa de pescar mientras cae el atardecer en la Playa El Edén. Choluteca, 12 de diciembre de 2021
Lanchero regresa de pescar mientras cae el atardecer en la Playa El Edén. Choluteca, 12 de diciembre de 2021. Foto: Laura García

El expresidente Manuel Zelaya y la mayoría de los diputados disidentes del Partido Libre firmaron el 7 de febrero de 2022 un compromiso de unidad partidaria para resolver el conflicto interno de su partido que llevó a una crisis legislativa a Honduras. Sin embargo, la incertidumbre en el Congreso Nacional sigue, incluso tras la reincorporación de todos los diputados al hemiciclo, con una junta directiva que no ha sido ratificada legalmente y con los intereses de los actores políticos que han conducido esta crisis.

Texto: Fernando Silva y Leonardo Aguilar
Fotografía: Jorge Cabrera, Fernando Destephen y Antonio Gutierrez


Más de dos semanas después de que Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras, el Congreso Nacional sigue sin una junta directiva legalmente constituida. Esto a pesar de que el 7 de febrero los 17 diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación (Libre) desistieron del apoyo que daban al diputado Jorge Cálix, quien pretendía ser el presidente del legislativo y depuso sus aspiraciones en una manifestación pública firmada con el coordinador del partido, el expresidente Manuel Zelaya, en las instalaciones de Casa Presidencial.

Sin presencia de la presidenta, y sin la diputada Beatriz Valle, una de las protagonistas del conflicto a lo interno del Partido Libre, ambas con resultados positivos de COVID-19. Manuel Zelaya, quien en esa comparecencia se anunció por primera vez como asesor presidencial, firmó el «Compromiso por la unidad partidaria para la refundación de Honduras», que cita que los diputados disidentes respaldan el acuerdo preelectoral entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) que coloca al diputado Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional. A cambio, el expresidente prometió restituirlos en sus derechos como militantes del Partido Libre tras su expulsión el pasado 21 de enero cuando votaron por Cálix para liderar el Congreso

No habían pasado más de cinco minutos desde que se firmó el nuevo compromiso de unidad cuando algunos de los diputados restituidos en Libre garantizaban que depondrán sus aspiraciones, pero nunca apoyarían a Redondo. Entre ellos, el diputado Edgardo Castro, quien aseguró que el acuerdo solo implica respaldar las decisiones de la presidenta, pero que no había consensos en el Congreso.

El diputado Jorge Calix junto al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, se observan a través de un cristal durante una reunión privada en Casa de Gobierno, Tegucigalpa, Honduras.
El diputado Jorge Calix junto al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, se observan a través de un cristal durante una reunión privada en Casa de Gobierno, Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephan

Analistas aseguran que el conflicto no concluye hasta que se legalice la junta directiva presidida por Redondo, y apuntan que el apoyo popular de Xiomara Castro ha sido instrumentalizado para vulnerar el Estado de derecho, y señalan a un beneficiario de todo el conflicto: el expresidente Zelaya, esposo de la presidenta, coordinador del Partido Libre y adorado por las bases de esa institución.

Zelaya lideró la expulsión y reconciliación de los disidentes, pero también es señalado por otros sectores y personas —como la diputada Beatriz Valle— como el artífice de esta crisis.

El regreso del hijo pródigo

El diputado Edgardo Castro, uno de los disidentes que recientemente fue reincorporado a la militancia del Partido Libre, apuntó tras la firma del compromiso: «La conformación de la junta directiva son decisiones que vamos a tomar a medida que nos vayamos reintegrando al Congreso, nosotros tenemos una junta directiva y las dos juntas directivas siguen, yo no puedo mentirle al pueblo. Nosotros volvemos al Congreso y veremos que dicen los juristas en torno a este caso», señaló efusivamente tras la conferencia de prensa del 7 de febrero de 2022.

Edgardo Castro no quiere a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional, esto queda claro tras sus declaraciones. Incluso después de haber firmado un compromiso que ponía como condición su apoyo al diputado del PSH. Castro, que ha sido uno de los más fieles defensores del Partido Libre y del liderazgo del expresidente Zelaya, cuenta que sus acciones —catalogadas en su momento como contrarrevolucionarias por la presidenta Xiomara Castro— se debieron a la intención de querer detener la entrega del poder a un partido que no ha luchado junto a ellos y «al que no le ha costado llegar al poder», refiriéndose al PSH.

Una gran parte de la militancia y autoridades del Partido Libre no vieron las acciones de este grupo como una defensa de los intereses de su misma institución, al aliarse con las bancadas del Partido Nacional y una mayoría del Partido Liberal (los dos partidos tradicionales en Honduras), en cambio fueron apuntados como traidores y acusados de responder a los intereses de grupos empresariales «oscuros y narcopolíticos».

La militancia del partido y sus propios compañeros les insultaron y acusaron en redes sociales, mientras otras personas indignadas a causa de que no siguieron la línea del partido, atacaban de forma violenta sus casas. Tras ocultarse por varias semanas, Edgardo Castro asegura que decidieron llegar a una reconciliación para darle posibilidades a sus bases de colocarles en un empleo en el aparato gubernamental, posibilidad que se les había quitado con la expulsión.

Edgardo Castro también cuenta que Luis Redondo no se contactó con ellos durante los seis días en los que estuvieron negociando con el expresidente Zelaya y prefiere no emitir una opinión sobre la legalidad de la junta que preside, sin embargo, sí asegura que ellos no han llegado a ningún consenso para reconocerle como presidente.

Diputados del Partido Libre se enfrentan durante la elección de la junta directiva del Congreso Nacional en Tegucigalpa, Honduras.
Diputados del Partido Libre se enfrentan durante la elección de la junta directiva del Congreso Nacional en Tegucigalpa, Honduras. Foto Archivo CC.

Este desacuerdo extiende la crisis en el Congreso Nacional y contrasta con el tercer punto del compromiso por la unidad partidaria firmado por Manuel Zelaya y los disidentes que cita: «Aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada, hoy con base en lo expresado en este acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Rolando Redondo Guifarro para presidir la junta directiva del Congreso Nacional, en cumplimiento del mandato del partido y nuestra presidenta».

Posterior a la firma de este compromiso, el 8 y 9 de febrero los 128 diputados de todas las bancadas regresaron a sesiones en el Congreso Nacional, allí los diputados nacionalistas Tomas Zambrano y Nelson Márquez pidieron en reiteradas ocasiones ante el pleno que sometieran a una nueva votación la elección de la junta directiva del Congreso Nacional con el objetivo de ratificar legalmente a la presidida por Luis Redondo. Diputados del partido Libre, de la facción que siempre se mantuvo en favor de Redondo, se manifestaron en contra de una nueva votación y aseguraron que la asistencia de todos los diputados les legitimaba.

En ese tenso contexto, la diputada Ligia Ramos, del PSH, leyó una manifestación pública celebrando «la decisión de respaldar y apoyar la presidencia del diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la junta directiva del Congreso Nacional» refiriéndose a los diputados disidentes de Libre, y comentó que la junta directiva de Redondo es legal porque se eligió dentro del hemiciclo, y aseguró que la ley orgánica del Legislativo les facultaba para sustituir a los diputados en ese entonces ausentes de la votación por acompañar a la junta dirigida por Jorge Cálix.

El artículo al que se refiere la diputada Ligia Ramos, reformado el pasado 20 de enero en la última «diarrea legislativa» aprobada por el Congreso de Mauricio Oliva y Juan Orlando Hernández, cita que «es obligación de los diputados suplentes estar presentes en todas las reuniones del Pleno del Congreso Nacional a efecto de garantizar su disponibilidad en caso de ser requeridos para participar en sustitución de un propietario de su bancada, además deben integrarse como miembros alternos en las comisiones legislativas ordinarias por designación del presidente del Congreso Nacional».

Esta manifestación pública de la diputada Ligia Ramos contradice lo que ella misma explicó a Contracorriente la noche del 7 de febrero cuando aseguró que, en su opinión sí debía hacerse una nueva votación para ratificar a la junta directiva. En una entrevista vía teléfono, Ramos explicó: «Ya teniendo los 50 votos de Libre más los 10 votos de nosotros son 60, más el de los liberales, tenemos los votos para ratificar, pero cualquier cosa puede pasar», señaló.

«Ratificando la junta directiva y estando todos en el pleno vamos a tener que hacer consensos y construir. Si salen nulos los decretos que ya aprobamos pues los tendremos que construir de nuevo, no veo una tragedia», explicó.

Ligia Ramos comentó que aplaude el regreso de los diputados disidentes del Partido Libre al hemiciclo, sin embargo, desconfía por lo capcioso del compromiso firmado y por las condiciones en las que se realizó.

«Es un pacto de hombres, y no hay ninguna mujer, ni siquiera Beatriz Valle, el país sufre por pactos de machos, nosotras no tenemos ningún tipo de injerencia, si estuviera en manos de nosotras lo haríamos de manera diferente», apuntó.

Ramos también recordó que en enero los 20 diputados decidieron no acudir al llamado de la presidenta Xiomara Castro cuando les convocó para reafirmar el apoyo hacia Redondo, pero ahora sí se sentaron a negociar con el expresidente Manuel Zelaya.

«Es una bofetada para nosotras las mujeres, aunque igual sabemos que se tenía que hacer, a mí me da pesar porque a las mujeres nos hacen a un lado con estas negociaciones o pactos que hacen, tenemos una presidenta mujer y siempre las negociaciones las hacen los hombres sobre nosotros», concluye.

Los diputados disidentes rodean al diputado Jorge Calix y al expresidente Manuel Zelaya después de una reunión privada en Casa de Gobierno, Tegucigalpa, Honduras.
Los diputados disidentes rodean al diputado Jorge Calix y al expresidente Manuel Zelaya después de una reunión privada en Casa de Gobierno, Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephan

El 7 de febrero, en la firma del compromiso que concluyó las negociaciones, Manuel Zelaya y Jorge Cálix aparecieron abrazados y sonriendo, tras semanas de descalificaciones de parte de los dos lados, el expresidente recibió a los disidentes como si nada hubiese pasado y ellos expresaron su cariño gritando: «¡Viva Mel!» a todo pulmón.

Manuel Zelaya, asumiendo su posición de patriarca en Libre, recordó la parábola del hijo pródigo escrita en la Biblia y aseguró que «retornan a su casa donde nacieron y donde han dado una lucha de 12 años desde el golpe de Estado».

Zelaya hizo alusión al pasaje bíblico cuando uno de los hijos le reclama a su padre por estar feliz del retorno a casa de su hermano después de muchos años ausente gastando su herencia, «los teníamos perdidos, a nuestros compañeros, nuestros camaradas, y su retorno merece que lo recibamos con fiesta y con un aplauso», concluyó.

Tras innumerables intentos de contactar a la diputada Beatriz Valle, atendió a Contracorriente vía teléfono el pasado martes, y confirmó que sí apoyaba el compromiso firmado con Manuel Zelaya, pero porque —según ella— no es un compromiso para reconocer a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional.

En esta entrevista, la diputada Beatriz Valle aseguró a Contracorriente que esta crisis había sido planificada desde hace meses por el coordinador del Partido Libre y que ellos «se pusieron en medio sin saber lo que se venía». Además, confirmó que uno de los puntos centrales de la negociación para firmar el compromiso de unidad y su reincorporación al partido fue empleo para las bases que les apoyaron en sus candidaturas a diputados.

«Si yo hubiera ido allí no me habría reído tanto ni hubiese gritado viva Mel, la única razón por la que yo podría ir a presidencial es por mi pueblo, y sí efectivamente negociamos empleo para nuestras bases, para que le ayuden a nuestra base, yo no he pedido nada para mí», dijo.

«Yo no puedo reconocer a Luis Redondo porque él es ilegal y seguirá siendo ilegal, no importa que nosotros vayamos a sentarnos ahí. A menos que se repita la elección, es el único camino. Yo no puedo ir a votar por nada ilegal, yo voy a ir a ocupar mi curul porque es mi derecho, pero también voy a ejercer mi derecho de abstenerme de votar en un Congreso que todavía sigue siendo ilegal. Es como que me pidieran reconocer a Micheletti, para mí es exactamente lo mismo, Micheletti fue ilegal y no lo reconocí, ahora Redondo es ilegal entonces no lo reconozco, en el ánimo de ser coherente», apuntó. 

Valle compara a Redondo con Roberto Micheletti, uno de los protagonistas del golpe de Estado en 2009, presidente del Congreso Nacional hasta el 28 de junio de ese año cuando sustituyó ilegalmente al depuesto presidente del ejecutivo Manuel Zelaya.

Beatriz Valle también asegura que personalmente nunca apoyaría a Redondo, ya que según su opinión «es misógino, antiderechos, golpea a la gente, maltrata a la gente, no conoce a la base, hay miles de razones por las cuales no votar por Luis Redondo, pero además ahora junto al grupo que lo acompaña, han comprometido el proyecto de refundación porque no podemos construir un Estado de leyes violando las leyes».

Desde que las dos facciones del Congreso Nacional se reunieron para elegir a dos juntas directivas paralelas, expertos apuntaron vicios de nulidad en ambas elecciones. Por un lado, la facción de los diputados disidentes del Partido Libre, la bancada nacionalista y una mayoría del Partido Liberal convocaron a una sesión en un sitio diferente al hemiciclo legislativo, que, aunque no es ilegal, fue con muy poco tiempo de anticipación. Por otro lado, la facción que lidera Luis Redondo acompañada por menos de la mitad de los diputados propietarios, sin la debida juramentación del exministro de Gobernación, y sin un claro conteo de los votos que eligieron a la junta y los posteriores decretos que aprobaron.

Contracorriente preguntó al diputado Ramón Enrique Barrios si se estaba llevando un conteo de los votos para el accionar de las sesiones en el Congreso lideradas por Luis Redondo, a lo que respondió que se podían solicitar a la Secretaría del Poder Legislativo. Ante esta sugerencia Contracorriente hizo la debida solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (IAIP), obteniendo una respuesta el pasado 8 de febrero donde la dirección de tecnología del Congreso a través del ingeniero Fabricio Flores de la comisión de transición apuntó que no cuentan con los registros solicitados «porque no se está utilizando el sistema de votación electrónica, ya que en esas sesiones se votó levantando la mano», sin más explicaciones.

Escribimos y llamamos en repetidas ocasiones al diputado Luis Redondo para solicitar una entrevista, sin embargo no respondió a nuestras peticiones y en cambio nos envió los comunicados e informaciones que la prensa del Congreso Nacional hace públicos en redes sociales.

Diputado y presidente del Congreso nacional Luis Redondo levanta la mano durante una votación de aprobación de ley en Tegucigalpa, Honduras
Diputado y presidente del Congreso nacional Luis Redondo levanta la mano durante una votación de aprobación de ley en Tegucigalpa, Honduras Foto CC/ Antonio Gutiérrez

Alianza con el bipartidismo

Jorge Cálix, de 36 años, en las elecciones recién pasadas logró ser el diputado más votado en la historia dl país con 229,445 votos, pero desde hace mucho ha sido emisario de Manuel Zelaya dentro del Congreso, allí fue uno de los principales negociadores de las reformas electorales impulsadas desde el 2018 —presidido durante 8 años por el nacionalista Mauricio Oliva Herrera—. Con esos méritos, Cálix llegó a posicionarse dentro de su partido como un posible candidato presidencial, pero un mal paso lo llevó, en menos de 24 horas, a ser el más odiado de su partido, teniendo que huir en su momento en un helicóptero para evitar agresiones.

El nombre de Jorge Cálix, acostumbrado a ser tendencia en Twitter por su labor política, pasó a estar acompañado al adjetivo de «traidor» el 21 de enero pasado cuando fue juramentado como el presidente provisional del Congreso Nacional tras cabildear y conseguir los votos de 44 diputados del Partido Nacional, 18 del Partido Liberal y 20 de los 50 de su mismo partido, de los cuales tres se retractaron en los días siguientes. La decisión de la presidenta Xiomara Castro, que había pedido apoyo para otro candidato, fue tajante: expulsar a los disidentes.

Algunos analistas locales, diputados y dirigentes políticos cerraron la Constitución de la República y comenzaron a buscar salidas políticas que contemplaban una cosa: la consolidación de Luis Redondo, el ungido del Partido Libre a pesar de ser del PSH, quien fue escogido con apenas 49 votos de diputados propietarios, pero con el respaldo de la presidenta Xiomara Castro, que obtuvo 1,7 millones de votos en las pasadas elecciones.

El 28 de enero, un día después de la toma de posesión, mientras se desarrollaba una protesta de al menos 500 empleados en los bajos del Congreso Nacional, todos afines al Partido Nacional, el diputado de Libre Bartolo Fuentes, siempre dispuesto a disputas físicas en el hemiciclo legislativo, dijo a Contracorriente que no compartía la posición conciliadora de Xiomara Castro de recibir en su gobierno nuevamente a Jorge Cálix: «Respeto la propuesta que hizo la compañera Xiomara, ella sabrá por qué lo hizo, pero por lo menos a mí no me parece».

Al ser consultado qué motivó a disidentes de Libre a aliarse con el Partido Liberal y el Partido Nacional, Bartolo Fuentes no buscó eufemismos y dijo: «¡Dinero!, solamente dinero, todo lo demás es excusa. Margie Dip, diputada nacionalista, confesó que Jorge Cálix le había pagado una cuenta de energía de 92,000 lempiras (3707 dólares), pero eso solo es una migaja. Cálix financió a diputados desde las primarias (celebradas en marzo de 2021)».

Margie Dip respondió a los que la señalaron de traidora: «Siempre he estado con Xiomara y Mel. Jamás los traicionaría. Jorge Cálix es más Libre que muchos que ahora ganamos dicen ser de Libre. ¡Qué Dios los perdone por sus expresiones tan crueles!», escribió en su cuenta de Facebook. 

Bartolo, diputado por el departamento de Yoro, fue más allá y expresó que Jorge Cálix lo pretendió sobornar también a él a través de su diputado suplente. «A mi suplente le ofrecieron para que me ofreciera a mí… No le dijeron un monto, pero se sabe que a algunos les dieron 200,000 lempiras, 300,000 lempiras, a otros les dieron medio millón de lempiras. El diputado de Yoro que se vendió, Marco Tinoco, también recibió dinero de Jorge Cálix».

«Uno fácilmente puede deducir que es la misma gente que financió a Juan Orlando Hernández la que financia a Cálix. El mismo grupo Ficohsa y los mismos (empresarios) térmicos. Todo el mundo ha visto a Jorge Cálix en el helicóptero, recorriendo el país, visitando a los diputados, esto no es improvisado. El plan no es de Cálix, el plan es del Partido Nacional que quiere usar el Congreso para protegerse», agregó.

Bartolo Fuentes dijo que estos grupos le tienen miedo a Luis Redondo porque él tiene su manera de ser y es «esencialmente anticorrupción» y que hay 160 personas que son o han sido diputados que están involucrados en el caso Pandora y que no están en la cárcel gracias a las reformas legales aprobadas por el Gobierno pasado. 

Bartolo Fuentes vuelve otra vez a la carga contra Jorge Cálix y lo critica por haber pretendido aprobar una ley de extradición, en la única sesión que su junta directiva sesionó virtualmente el pasado 25 de enero: «Traducido, lo que dijeron fue que no querían que se lleven a Juan Orlando y su pandilla, querían dejarlo en una cárcel aquí en Honduras disfrutando de todo el billete que se hueviaron».

Seguidores de la presidenta Xiomara Castro protestan en los bajos del Congreso en Tegucigalpa, Honduras.
Seguidores de la presidenta Xiomara Castro protestan en los bajos del Congreso en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephan

Gracia María Bertrand, exjueza del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, asegura que la reunión entre Jorge Cálix y Xiomara Castro, un día antes de la toma de posesión y de la llegada de Kamala Harris, fue «una cortina de humo para que la toma de posesión se hiciera en términos pacíficos».

Gracia Bertrand saca a relucir a otro actor clave, que, según ella, estuvo detrás de Jorge Cálix: Yani Rosenthal Hidalgo, excandidato presidencial del Partido Liberal quien estuvo preso en EE. UU. por participar en un esquema derivado de lavado de activos. Además, fue ministro de la presidencia durante el Gobierno del expresidente Zelaya (2006-2009). «Yani hizo negociaciones, ya lo dijo Luis Redondo. Yani buscaba tener el control de la Suprema Corte», recuerda.

Bertrand cree que es posible y a la vez preocupante que Yani Rosenthal y Mel Zelaya pueden llegar a converger en medio de todo este conflicto: «Recordemos que Yani, en su momento, fue su ministro, y pues de alguna manera pueden llegar a alguna negociación bajo la mesa. Por eso no debemos dejar de creer las denuncias de Beatriz Valle, porque estas no dejan de tener una lógica».

Bertrand le dijo a Contracorriente que, a criterio de ella, Jorge Cálix no solo contaba con la venia de Mel Zelaya, sino que fue utilizado para provocar este tipo de anormalidad. Agrega que Jorge Cálix también tenía el respaldo de Yani Rosenthal y el Partido Nacional.

«Estoy más que segura que el señor Manuel Zelaya está apoyando de manera silenciosa este tipo de actitudes de Jorge Cálix, este último fue sacrificado como una especie de soldado en la guerra, que es enviado hasta con la imagen de traidor, pero al mismo tiempo le está entregando en bandeja de plata el Legislativo al mismo Partido Libre del cual él siempre ha sido un gran líder», sostuvo.

El exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) e histórico dirigente del Partido Liberal, Enrique Ortez Sequeira, opositor a Yani Rosenthal, asegura que Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y excandidato presidencial, ganó las elecciones internas en su partido en marzo de 2021 haciendo fraude. Ese fraude, asegura, se fraguó con el apoyo del Partido Nacional y fue parte de la génesis del conflicto en el Congreso Nacional.

Sequeira dice que la crisis en el Congreso Nacional fue orquestada desde las elecciones primarias por el Partido Nacional, quien tenía un plan: ganar las elecciones presidenciales de 2021 a través de un fraude, como sucedió en el 2017. Pero como ese plan no funcionó, hicieron un complot para controlar el Congreso Nacional.

La idea era, dice Sequeira, que, aunque Xiomara Castro ganara la presidencia, perdiera los otros dos poderes del Estado. «En el proceso de las elecciones internas, los nacionalistas infiltraron como candidato a Yani Rosenthal, quien luego logra acaparar unos diputados de Libre para unirlos al Partido Nacional y hacer este complot», sostiene.

El plan era sencillo, agrega Ortez Sequeira: la desestabilización. Primero buscaron asustar a la gente diciendo que Xiomara era la representante del socialismo del Siglo XXI, pero —sostiene— ese plan quedó abortado porque por primera vez después de 12 años el Gobierno de EE. UU. entendió la importancia de Honduras en la geopolítica.

Enrique Ortez Sequeira, después del video en donde los disidentes de Libre saludan a Yani Rosenthal, dice que esas imágenes nos indican que el coordinador de Libre no buscó un conducto directo de coordinación con Yani. «No dudo que Yani las ha de haber buscado», dijo Ortez Sequeira.

Al consultarle a Ortez qué motivó a algunos de los diputados de Libre más radicales dentro de su partido a apoyar sorpresivamente a sus rivales políticos dijo: «Para mí solo hubo tres razones: dinero, ambición y amenazas. A algunos les aplicaron las tres; a unos dos y a otros solo una. No existe otra explicación para analizar la actitud de estos disidentes que habían mostrado una lucha aparentemente sincera».

Sobre las condiciones que implican que el Partido Nacional y 20 diputados de Libre formaran una alianza para poner a Jorge Cálix como presidente del Congreso, María Antonieta Mejía. diputada del Partido Nacional, apunta que ellos como bancada opositora solo apelan a dejar gobernar a la presidenta Xiomara Castro, y asegura que apoyaron específicamente a Cálix porque fue quién los buscó para pedir sus votos.

«Yo creo que debemos darle al pueblo ese beneficio, que Xiomara gobierne con su gente para que miren que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, la situación del país no ha sido fácil, los problemas estructurales no han sido de 12 años», apunta Mejía.

La diputada nacionalista que fue electa por primera vez en las elecciones de noviembre de 2021, cuenta que el proceso de cabildeo que realizó Jorge Cálix para pedir el apoyo de los diputados nacionalistas fue extenso y llevó al diputado de Libre a hablar con cada uno de los parlamentarios y cada uno de sus suplentes de forma individual.

«Uno de ellos se acomodó a un pacto y no buscó los votos, pensó que lo tenía en la bolsa, pero se le olvidó, estando tres periodos en el Congreso, cómo se escogía la junta directiva. Jorge Cálix. Por otro lado, tuvo la osadía de venir a la bancada que tanto ha recriminado, tragó amargo y estableció puentes de comunicación, tuvo el valor de sentarse con cada uno de nosotros», explica Mejía con una sonrisa en el rostro recordando todas las veces que Cálix intentó descalificarles en los medios de comunicación.

Según el relato de la diputada Antonieta Mejía, la bancada del Partido Nacional no pidió nada a cambio por el apoyo dado a Jorge Cálix, ni puestos en la junta directiva del Congreso, ni la titularidad en la Corte Suprema de Justicia cuando llegue el momento de escogerla, aunque sí esperan que se haga una elección equilibrada de los magistrados, incluyendo al Partido Nacional como una de las principales fuerzas políticas.

«La historia nos juzga y creen que nosotros continuamos con las malas prácticas y realmente no es así, nosotros no nos préstamos a hacer pactos por debajo de la mesa, lo único que pedimos es el respeto a la gobernabilidad y que nos dejen hacer oposición constructiva. No pedimos puestos en juntas directivas, la verdad es que si el Partido Nacional hubiese querido seguir en el poder se hubiese aliado al Partido Liberal y automáticamente hacemos más de 65 votos y podríamos haber escogido a alguien como presidente y armar nuestra propia junta», concluye.

El diputado Jorge Calix se observa después de una reunión privada en Casa de Gobierno, Tegucigalpa, Honduras.
El diputado Jorge Calix se observa después de una reunión privada en Casa de Gobierno, Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephan

Beatriz Valle asegura que justamente ese era el plan en un inicio, nombrar a alguien del Partido Liberal o Nacional como presidente del Congreso, pero ellos se metieron en ese camino.

«Todos los gobiernos necesitan tener un enemigo o varios, ellos nos usaron a nosotros porque sabían de nuestro propósito, sobre todo el presidente Zelaya, no es que la candidatura de Jorge Cálix lo agarró por sorpresa. El plan original era que los liberales y nacionalistas se unieran y pusieran a alguien del bipartidismo ahí, ese era el plan, entonces todo les hubiese salido bien, pero nosotros nos metimos en el afán de que liberales y nacionalistas no pusieran a alguien de ellos, porque nosotros somos de Libre y queríamos a alguien de nuestro partido», explica Valle.

Sobre las acusaciones de pago a diputados de Libre y otras bancadas a cambio de apoyarles, Valle asegura que ellos no dieron dinero ni ofrecieron nada, y confirma que una gran parte del apoyo fue porque los diputados nacionalistas y liberales desprecian a Luis Redondo y no lo quieren de presidente del Congreso Nacional.

Entre las acusaciones de financiamiento ilícito y de elites económicas oscuras en favor de Cálix también se dio la denuncia de Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico, empresario de la zona norte del país y coordinador de campaña del PSH, que el 21 de enero tras la juramentación de Cálix como presidente de la junta directiva provisional aseguró en redes sociales que «Todos nos imaginamos que Camilo Átala, gran aportante de la campaña de Jorge Cálix, está abriendo una buena botella de vino», dando a entender que este era el plan de las elites en el país.

Sobre el financiamiento de Camilo Atala, uno de los aliados empresariales del Gobierno anterior, en favor de Jorge Cálix, la diputada Beatriz Valle dice que no tiene información, pero apunta de vuelta a quienes les acusaron de movilizarse en helicópteros pagados por el Partido Nacional y asegura que esos helicópteros alquilados por 2500 dólares la hora son los mismos que utiliza la familia Zelaya.

En la conferencia de prensa del 7 de febrero, Jorge Cálix contestó a Contracorriente que ante la firma del compromiso y deponer sus aspiraciones como presidente del Congreso, tanto el Partido Nacional como el Liberal no le pidieron nada, igual que las otras ocasiones cuando cabildearon para la creación de nuevas leyes como la nueva ley electoral. «En ese entonces muchos de ustedes dijeron que había un acuerdo bajo la mesa, me preguntaron qué le dieron a cambio al Partido Nacional para poder nombrar a Rixi Moncada (en el Consejo Nacional Electoral), Eduardo Enrique Reina (en el Tribunal de Justicia Electoral), o en qué se comprometieron con el Partido Nacional, muchos especularon, pero al final de cuentas el tiempo se encarga de darle la razón a quien la tiene, al final pudimos observar que fuimos a pedirles el voto y no tuvimos que dar absolutamente nada a cambio», dijo Cálix.

Por otro lado, señaló que esas acciones para obtener los votos del Partido Nacional son las que permitieron ganar las elecciones de 2021 y que Xiomara Castro se convirtiera en la primera presidenta de Honduras: «Nadie puede decir que dimos nada a cambio, en esta ocasión no dimos absolutamente nada, fuimos a pedir los votos como en otras ocasiones y los obtuvimos», concluyó Cálix.

El diputado Jorge Calix da la mano al diputado y presidente del Congreso Nacional Luis Redondo. Calix, quien fue parte de una segunda junta directiva del Congreso Nacional, se reúne con su bancada luego de haber sido expulsado durante la sesión legislativa del Congreso Nacional presidida por el diputado y presidente Luis Redondo. En Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephen
El diputado Jorge Calix da la mano al diputado y presidente del Congreso Nacional Luis Redondo. Calix, quien fue parte de una segunda junta directiva del Congreso Nacional, se reúne con su bancada luego de haber sido expulsado durante la sesión legislativa del Congreso Nacional presidida por el diputado y presidente Luis Redondo. En Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephen

Manuel Zelaya, asesor presidencial

En octubre de 2021 Manuel Zelaya y Xiomara Castro por el lado de Libre, firmaron un pacto preelectoral con Salvador Nasralla y Pedro Barquero del PSH para la alianza que logró ganar la presidencia, allí pactaron que sería Nasralla quien definiría al presidente del Congreso.

Tras ganar las elecciones, según relata Beatriz Valle, le comentaron a Zelaya sus aspiraciones por alcanzar la presidencia del legislativo y no se los impidió. Tras la disidencia de los diputados la presidenta Castro y Zelaya firmaron un comunicado que acusaba de traidores y contrarrevolucionarios a los parlamentarios que desafiaron el acuerdo, expulsándoles del Partido Libre.

Zelaya también encabezó las negociaciones para el regreso de los disidentes y anunció su reincorporación a Libre, resultando como el conciliador de esta crisis a lo interno de su partido.

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ Honduras, apunta que a pesar del compromiso firmado a lo interno de Libre quedan muchas debilidades que resolver en el Estado de derecho tras esta crisis.

«El Estado de derecho sigue siendo un instrumento en favor del poder del momento, pero no es algo que se recupera con un acuerdo entre partidos políticos, debe haber un proceso real de aplicación de la ley de manera imparcial, las leyes que se aprobaron tienen que revisarse para adecuarlas a las formalidades de la ley, todos estos decretos que se aprobaron tienen que volver a ingresar al hemiciclo y esa es la preocupación también. Libre tiene temor de que en algunos casos estén afectando la misma constitución», apuntó Ramírez.

Ramírez asegura que se ha generado una narrativa peligrosa en la que queda la percepción de que la mayoría es absoluta, y apunta que eso no puede pasar en un Estado de derecho que tiene que estar diseñado en respetar también a las minorías: «Preocupa que Libre tiene una oportunidad histórica de hacer un cambio con el apoyo popular de diversos sectores, y de alguna manera ya está desperdiciando esta oportunidad», explicó. 

Para el investigador, aunque la crisis institucional dada en el Congreso Nacional inició como un problema interno de un partido político, otros intereses por cuotas de poder en el Partido Nacional y Liberal se involucraron aprovechando la oportunidad.

Ramírez también apunta al expresidente como un beneficiario directo del caos generado las últimas semanas, asegura que «una de las personas que siempre van a salir beneficiadas de un conflicto caótico como este es el expresidente Zelaya y uno lo nota, lo están mencionando como el gran conciliador, y es algo triste porque parte del problema lo tuvo él, pero la base de Libre lo quiere tanto, incondicionalmente, como un padre, entonces él sale siempre beneficiado, demuestra que tiene el control del partido y ahora está evidenciado que también tiene el control del Gobierno».

Lester Ramírez advierte que durante doce años se vivió con la concentración del poder en una sola persona, y lo ocurrido en las últimas semanas da la pauta de que puede volver a pasar.

Gracia María Bertrand coincide con Ramírez y piensa que había algo más político que jurídico en todas esas negociaciones, porque si se repetían las elecciones Jorge Cálix tendría la mayoría calificada y Libre se quedaría sin Congreso.

Para Bertrand, Jorge Cálix fue utilizado sin que él se diera cuenta para generar una crisis, y que el Partido Libre, que no tenía los votos para nombrar a Luis Redondo como presidente, pudiera establecer a su presidente con apoyo popular. «Hay que analizar cuando Beatriz Valle puso en entredicho a Mel Zelaya. Ella dijo que cuando ella y Cálix hablaban con Mel Zelaya, este les decía: «Que Luis Redondo consiga sus votos»».

Para Gracia Bertrand, el expresidente José Manuel Zelaya, coordinador de Libre, es extremadamente estratégico:» A todas luces pareciera que Beatriz está teniendo algo de razón en lo que hace días está denunciando».

Jorge Cálix y 15 de los diputados que firmaron el compromiso de unidad partidaria volvieron al hemiciclo del Congreso Nacional la tarde del 8 de febrero. Entraron acompañados de un conjunto de mariachis tocando una canción de José Alfredo Jiménez. Mientras los disidentes se abrazaban con sus compañeros de Libre y el PSH, sonaba la melodía que dice: «Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey».

El diputado Jorge Calix es recibido por la bancada del Partido Libre. Calix, quien fue parte de una segunda junta directiva del Congreso Nacional, se reúne con su bancada luego de haber sido expulsado durante la sesión legislativa del Congreso Nacional presidida por el diputado y presidente Luis Redondo. En Tegucigalpa, Honduras.
El diputado Jorge Calix es recibido por la bancada del Partido Libre. Calix, quien fue parte de una segunda junta directiva del Congreso Nacional, se reúne con su bancada luego de haber sido expulsado durante la sesión legislativa del Congreso Nacional presidida por el diputado y presidente Luis Redondo. En Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/ Fernando Destephen

Expertos opinaron sobre crisis en el Legislativo.


Texto: Daniel Fonseca
Fotografía: Fernando Destephen


La crisis en el Legislativo inició con la formación de dos juntas directivas paralelas; una liderada por el diputado Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras (PSH), la otra, encabezada por Jorge Cálix, expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre). Después esta crisis se extendió a la aprobación de diversos decretos con vicios de ilegalidad; uno de ellos es un decreto que condena al golpe de Estado, el cual incluye una amnistía para presos políticos y presos de conciencia, entre estos, funcionarios del gobierno del expresidente Zelaya. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, el pasado viernes 4 de febrero, algunos expertos afirmaron que esta ley representa un pacto de impunidad y podría volver más tensa la situación política que vive el país.

Este lunes 7 de febrero se le puso fin a la disputa por la presidencia del CN después de que se firmara un acuerdo entre 17 disidentes de Libre, representados por Jorge Cálix (quien depuso su intención de ser presidente del Legislativo) y las autoridades de ese mismo instituto político, cuyo coordinador es el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), esposo de la presidenta Xiomara Castro. A pesar de esto, la discordia sobre lo aprobado en el periodo en el que aparentemente no hubo quórum en el Congreso Nacional, sigue intacta. 

Las posiciones de algunos de los analistas están en sintonía de lo manifestado por el primer exfiscal en la historia de Honduras, el abogado Edmundo Orellana, quien ahora es asesor en una de las secretarías del gabinete del nuevo gobierno. Orellana catalogó dicho decreto como un Nuevo Pacto de Impunidad y por otro lado, Salvador Nasralla, Designado Presidencial, quien piensa que ese decreto de amnistía debe ser revisado por expertos ya que este solo debe beneficiar a los perseguidos políticos y no a los que cometieron delitos y abusaron del poder.

El Congreso Nacional presidido por Luis Redondo realizó una sesión en las instalaciones del hemiciclo el día 2 de febrero a pesar de no contar con la presencia de 43 diputados propietarios del Partido Nacional, 14 liberales y 17 disidentes de Libre. Sin un listado oficial de los diputados propietarios presentes y sin la certeza de que había quórum se presentaron una serie de proyectos de ley para la aprobación del pleno, dos de ellos enviados por la presidenta Xiomara Castro.

Por su parte, el diputado del partido Libre, Rasel Tomé, propuso una ley en condena al golpe de estado que incluye la derogación del decreto 141-2009 emitido por el Congreso Nacional de aquel entonces que removía al presidente Manuel Zelaya de su cargo y la oficialización de la Plaza Isis Obed Murillo, en honor al primer mártir del golpe.

En esta ley se incluye una amnistía «amplia, absoluta e incondicional» a defensores del territorio y medio ambiente, protestantes criminalizados, presos políticos y a funcionarios del gobierno de Zelaya que han sido señalados por actos de corrupción. Algunos delitos que esta amnistía contempla incluyen el abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, fraude en perjurio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Memoria histórica, persecución política y pactos de impunidad

Según algunos expertos, esta ley es un ejercicio de memoria histórica que busca proteger la integridad de las víctimas de persecución política tras el golpe de estado. Sin embargo, otros afirman que el decreto trasciende su propósito al hacer mención de una serie de crímenes relacionados a la corrupción y que blindarían las malas prácticas de funcionarios de Zelaya cometidas antes de 28 de junio de 2009 y que no guardan relación con el propósito de la ley.

Mario Sorto Gallardo, sociólogo hondureño, opinó en nuestro Space que la actual crisis legislativa y jurídica del país solo puede ser entendida como el resultado de 12 años de gobierno del Partido Nacional y los pactos de impunidad que se realizaron durante su gestión. «Tenemos que entender que venimos de un sistema político y social en el cuál toda la institucionalidad era operada por redes de corrupción», aseguró en el Twitter Space.

Durante este periodo, diversos defensores del medio ambiente, dirigentes estudiantiles y ex funcionarios públicos denunciaron ser víctimas de persecución política. Entre ellos se encuentran los defensores del río Guapinol quienes llevan 29 meses en prisión preventiva acusados por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.

Por su parte, en 2014 la actual secretaria de finanzas, Rixi Moncada, denunció ante la Corte Suprema de Justicia que existía una resolución de las instituciones bancarias para denegarse a abrirle una cuenta con el argumento de aparecer en el sistema con «cargos políticos». Esto luego de que la Fiscalía contra la corrupción la acusara en julio de 2009 por abuso de autoridad y fraude mientras era gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cargos desestimados por falta de pruebas.

El abogado Rafael Jerez durante su intervención en el Twitter Space hizo un paralelismo entre la redacción de la ley de condena al Golpe de Estado y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobada por el Congreso anterior en octubre de 2019, la cual blinda de cualquier repercusión penal, civil o administrativa por las acciones que los diputados hayan realizado en el ejercicio de sus funciones.

Otra legislación que comparte la consideración de Pacto de Impunidad es la Ley Especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programa sociales de octubre de 2019 en el cual el Congreso Nacional le dio potestad al Tribunal Superior de Cuentas para que, en caso de otorgar una constancia que eximía de responsabilidades a un funcionario, el Ministerio Público ya no podría investigarlo.

«Los pactos de impunidad vienen a ser obstáculos para el ejercicio de la acción penal pública, para que se deduzcan responsabilidades administrativas e incluso para que la procuraduría general de la república puede ejercer la representación del estado. Lo que estamos haciendo es desmontar las instituciones del estado», comentó Rafael Jerez.

El diputado de Libre Rasel Tomé, quien propuso esta ley, sería uno de los beneficiados directos de la amnistía ya que asegura que fue uno de los políticos perseguidos tras el Golpe. En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó a Tomé con tres años de prisión e inhabilitación para ser funcionario público al encontrarlo culpable por el delito de abuso de autoridad mientras era comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) durante la administración de Zelaya de 2006-2009.

De la misma forma, tanto Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Xiomara Castro, declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007 como Enrique Flores Lanza, acusado por el delito de malversación de caudales públicos, serían exonerados de estos cargos.

Nombramiento del procurador y subprocurador de la República 

Durante esta sesión los diputados retomaron el nombramiento del nuevo procurador y subprocurador de la República que había sido aplazado en la primera legislatura del 27 de enero. Tradicionalmente, según explicó el abogado Juan Carlos Aguilar, es durante esta primera reunión que se establece el cargo de procurador, el cual es propuesto por el Ejecutivo. Sin embargo, los diputados decidieron posponerlo hasta conocer mejor las hojas de vida de los candidatos.

El 2 de febrero este punto de la agenda fue resuelto en menos de diez minutos, lo que algunos expertos del derecho han catalogado como una «elección exprés» que recuerda a las prácticas utilizadas por el Congreso Nacional anterior controlado por los diputados del Partido Nacional. José Manuel Diaz Galeas y Tomás Emilio Andrade Rodas fueron juramentados como Procurador y Subprocurador de la República para el periodo de 2022-2026. La prontitud con la que se realizó esta acción no es la única polémica alrededor del nombramiento.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que, para ocupar este cargo, solamente hace falta ser hondureño por nacimiento, mayor de 25 años y ser abogado en funciones. Sin embargo, una reforma a la Constitución aprobada en 2013 —mientras Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso—, determinó que para ser nombrado procurador el candidato debe ser notario público, requisito que ni José Manuel Diaz Galeas o Tomás Emilio Andrade Rodas cumplen.

El título de notario es brindado exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, por lo que queda en potestad de este órgano decidir quiénes podrían ser nominados como procurador.

De ser ratificado, Díaz Galeas sustituirá a la procuradora Lidia Estela Cardona que habría dejado su cargo en junio de este año. En 2015, Cardona fue parte de la Sala de lo Constitucional que permitió la reelección presidencial para Juan Orlando Hernández.

Crisis en el Legislativo genera vicios de origen

En el análisis de los expertos que participaron el Twitter Space de Contracorriente, coincidió en que el llamado «Pacto de impunidad» así como el nombramiento del procurador y subprocurador de la república tienen su origen en el nombramiento de dos Juntas Directivas y que, mientras no se resolviera con un acuerdo entre ambas partes, toda resolución que tomen estaría cargada de ilegalidad.

«No se está haciendo el análisis de fondo que estos proyectos necesitan», comentó la ex diputada por el partido Liberal Karla Medal. «Es momento que se tenga como práctica que previo a la aprobación o discusión de cualquier proyecto el mismo sea debidamente socializado con las partes», asegura.

«Todo lo que hagan cualquiera de los dos Congresos va a llevar consigo una cierta duda», dijo el abogado Dennis Hércules, antes de que el conflicto tuviera una salida política. Según su opinión, el oficialismo apostó al desgaste de la Junta Directiva de Jorge Cálix que no tuvo más sesiones y que cada contaba con menos apoyo de diputados propietarios.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia decidió no tomar parte en la disputa del Congreso Nacional ya que consideró que los sendos recursos de inconstitucionalidad, presentados en su momento por las dos juntas directivas, no tenían sustento legal.

El 1 de febrero, el ministro de Educación, Daniel Sponda dio por inaugurado el año escolar 2022. Sin embargo, desde el 31 de enero maestros interinos realizaron protestas en diferentes puntos del país para exigir su contrato permanente y el cumplimiento del decreto 100-2021, que dejó la administración de Juan Orlando Hernández días antes de salir. Asimismo, el magisterio enfrenta otro problema, esta semana se conoció que fondos millonarios del Inprema fueron a dar al proyecto Palmerola, cuestionado incluso por la presidenta Xiomara Castro de constituir un monopolio a favor del empresario Lenir Pérez.

Texto: Francis Cálix
Fotografías: Fernando Destephen


La administración del expresidente Juan Orlando Hernández, un mes antes de salir del poder, tras ocho años consecutivos en el Ejecutivo, emitió el decreto 100-2021, que fue publicado en La Gaceta el 6 de diciembre de 2021, el cual ordena a la Secretaría de Educación (Seduc) el nombramiento permanente al personal del Programa hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) que, hasta 2021, haya laborado para dicho programa y ostente el grado de licenciatura. 

Asimismo, ordena a la Seduc otorgar permanencia a docentes tutores del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y docentes interinos que hayan laborado en el cargo por dos años consecutivos y tengan una licenciatura. 

Este dictamen corresponde a una serie de decretos que dejaron comprometida la administración de la presidenta Xiomara Castro. Por ejemplo, el decreto 107-2021 que establece el pago de prestaciones a secretarios de Estado, directores de instituciones desconcentradas y colaboradores del Poder Ejecutivo, el PCM 130-2021 que ordena otorgar contratos permanentes a todo el personal de Administración Pública Centralizada y el decreto 47-2020 para la contratación de personal médico que cubrió primera línea durante la pandemia por COVID-19. 

Ante esto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció en contra del pago de prestaciones a funcionarios públicos del «servicio excluido» de acuerdo a la Ley de Servicio Civil. Asimismo, el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino comentó a través de su cuenta de Twitter que el anterior Congreso Nacional «hasta el último día continuó haciendo negocios en contra del pueblo hondureño» y que esto afectaría la labor del Gobierno de Xiomara Castro.

En su discurso, durante la toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro afirmó que recibía al Estado de Honduras en bancarrota, con una deuda externa que «aumentó de 37,000 millones a 157,000 millones, 319 %» y que el pago de los intereses y del capital de esta deuda consume el 50 % de los ingresos del presupuesto general de la República. 

No obstante, cuatro días después de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, un grupo de maestros protestó en las afueras de Casa Presidencial en Tegucigalpa, exigiendo contratos permanentes para docentes interinos y del Proheco, de acuerdo al decreto 100-2021.

Ese mismo día, el expresidente Manuel «Mel» Zelaya, quien no ha sido nombrado en ningún puesto en el Gobierno, aduciendo recibir órdenes de la presidenta Xiomara Castro, abrió los portones de Casa Presidencial para dejar ingresar a los maestros y dialogar con ellos. 

Más tarde se anunció que el Gobierno de Castro aprobó más de 6000 plazas permanentes para maestros del Proheco e instruyó el inicio de un diálogo el 10 de febrero para analizar el decreto 100-2021 y vías que permitan el nombramiento.

Hasta el año pasado se registraban 6619 docentes en el Proheco a nivel nacional. Este programa fue implementado en el país en marzo de 1999 «para proveer servicios educativos en las áreas rurales y pobres con la participación directa de los padres y madres de familia en la administración de los servicios educativos», según recoge un portal web del Gobierno. 

Aunque el decreto 100-2021 tomaría vigencia hasta este año, el anterior Congreso Nacional aprobó el 15 de enero del 2022 el nombramiento inmediato de los maestros del Proheco aún cuando las nuevas autoridades de Educación no tomaban posesión de su cargo. 

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El Secretario de Educación, Daniel Sponda –exdirigente magisterial– emitió un comunicado para los directores departamentales de Educación donde solicitaba suspender los procesos de nombramiento «hasta recibir nuevos lineamientos y coordinar las acciones encomendadas por Casa de Gobierno». Esto con el objetivo de nombrar nuevas autoridades departamentales que revisarán los nombramientos de los docentes. 

En ese sentido, el pasado 3 de febrero, Sponda juramentó a los directores departamentales de Educación provisionales. Sin embargo, esta juramentación se hizo sin el previo concurso que establece el Estatuto del Docente para el nombramiento del personal de Educación. Ante esto, mencionó que era la última vez que se nombraría sin previo concurso.

No obstante, la suspensión de los nombramientos provocó que los docentes regresarán a las protestas para exigir sus derechos. 

José Mata, un profesor interino, viajó desde Quimistán, Santa Bárbara, para exigir su plaza permanente en las afueras de Casa Presidencial durante una toma el pasado 2 de febrero. En una entrevista dada a Contracorriente, comentó que lleva 12 años trabajando por contrato de manera interina y que no ha existido voluntad para darle un contrato permanente a pesar de que aprobó cuatro concursos. 

Además contó que en su comunidad han tenido dificultades para dar clases durante la pandemia por COVID-19. A pesar de que las clases presenciales están suspendidas desde el 2020, José comenta que asisten cuatro días a la semana a los centros educativos porque no hay electricidad y no hay señal de teléfono para brindar clases virtuales como se ha hecho en otros sectores del país. 

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decreto 100 de 2021 Maestros Interinos bloquean la calle frente a casa de Gobierno en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Fernando Destephen
Maestros Interinos bloquean la calle frente a casa de Gobierno en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Fernando Destephen

En opinión del profesor José, el ministro de Educación «ha fallado a su palabra» y considera que «parte de la seriedad de un ministro es actuar, sabiendo y entendiendo que está afectando a su mismo gremio. Tarde o temprano va a salir de ser ministro y le tocará regresar a las aulas de clases», comentó. 

Por su parte, don Hernán López de 76 años trabaja como vigilante en un centro educativo de la capital y comentó a este medio que acompañó a los maestros en la protesta porque también busca su permanencia laboral. López tiene más de quince años de trabajar como vigilante por un sueldo de HNL 9600 (USD 392) por lo que ─en su opinión─ no es justo «que en tantos años no se haya podido hacer algo (para darle un contrato permanente) y no porque no lo hemos pedido, nos han engañado», comentó.

Asimismo, afirmó que detrás de los nombramientos pueden existir «intereses políticos porque ellos (las nuevas autoridades) tienen que meter a su gente a trabajar. Tienen compromiso con el pueblo que los apoyó a ellos o al partido». 

Luego de las diferentes protestas, el Partido Nacional emitió un comunicado exigiendo a las nuevas autoridades de Educación y Salud que cumplieran con el decreto 100-2021 y el decreto 47-2020 que ordena a la Secretaría de Salud a contratar de forma permanente a personal sanitario de primera línea contra el COVID-19. 

Asimismo, los dirigentes del Partido Nacional exigieron «el respeto a la Ley y los derechos laborales» del personal al que benefician estos decretos que fueron aprobados durante la presidencia de Juan Orlando Hernández del Partido Nacional.

El Partido Nacional durante estuvo en el poder mantuvo una serie de programas clientelistas  a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) cuestionada por sus nexos con la corrupción y usar los fondos con fines clientelistas. A través del programa «Vida Mejor» guías de familia ─generalmente mujeres─ se encargaban de hacer trabajo comunitario como limpiar escuelas o parques, entre otras labores. A cambio de beneficios sociales debían lealtad al Partido Nacional. 

Conflicto Inprema – Palmerola 

Esta primera semana del año lectivo también se presentó otro conflicto para el sector magisterial, puesto que se autorizó la transferencia de USD 110 millones (HNL 2,697,750,000) del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) a la empresa Palmerola International Airport S. A. 

Este hecho fue denunciado a través de una conferencia de prensa por la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH), el Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), el Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) y el Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh).

El pasado 10 de enero el sector magisterial protestó en varios puntos de la capital en contra de esta inversión en Palmerola. Luego de esto la Junta Interventora del Inprema suspendió la negociación, por lo que las futuras inversiones del Inprema quedarían en manos del nuevo Gobierno y de las nuevas autoridades del Instituto. 

Sin embargo, a través de un comunicado las organizaciones magisteriales denunciaron que en los días 26 y 27 de enero «de forma abusiva e irresponsable» la Junta Interventora ─integrada por Elis Omar Figueroa Maradiaga, Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López─ autorizaron la transferencia de los fondos. Asimismo, solicitaron al Ministerio Público «investigar el trasfondo de la transacción» y la intervención de la presidenta Xiomara Castro en el Instituto. 

Por otro lado, en una conferencia de prensa el director de Palmerola, Peter Fleming afirmó que no pondrán en riesgo el futuro y los ahorros de los maestros y que el Inprema recibiría cuatro veces más de los intereses que recibía. 

Por su parte, el director legal de Grupo EMCO Erick Spears informó que los fondos del Inprema en el sistema bancario recibían un interés del 2 % y que después de la inversión el Inprema tendrá anualmente una retribución de 215 millones de lempiras. 

El ministro de Educación, Daniel Sponda comentó a través de la cuenta de Twitter de la Seduc que «la operación de Palmerola con los recursos del Inprema es la estocada final del Partido Nacional (…) Estamos ante una estrategia para desestabilizar el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro», afirmó. La presidenta ya había anunciado en diciembre de 2021 que «Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra (el aeropuerto) Toncontín» por lo que sería revisado y modificado en ley.

La presidenta Xiomara Castro anunció en su primer día de funciones un subsidio a 1,3 millones de hondureños que consuman menos de 150 kilowatts. Representantes de la clase empresarial manifestaron su acuerdo con la medida, pero piden «formas creativas» para cumplirlo. Hasta ahora la Secretaría de Energía en Honduras permanece acéfala.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Antonio Gutiérrez


En su primer discurso como presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento dijo ante unas 29 mil personas en el estadio Nacional que a partir de su asunción al poder todos los abonados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que consuman menos de 150 kilowatts no pagarán factura de energía. 

A principios de 2020, una comisión interventora encabezada por la abogada Miriam Guzmán, tomó control de la ENEE sin resultados visibles. La empresa estatal sigue en picada, aunque provea un servicio requerido y pagado por millones de usuarios.

El nuevo Gobierno ha anunciado que todas las comisiones interventoras que formó la administración anterior dejarán de funcionar, incluyendo la que se encuentra en la estatal eléctrica. A pesar de esta medida, todavía Xiomara Castro no ha nombrado al nuevo secretario de energía ni al nuevo gerente de la ENEE, siendo estos de los pocos cargos que aún no han sido designados. 

La presidenta hizo públicos 22 compromisos en su primer día de funciones, pero el subsidio a la energía es la promesa que más ha sido escudriñada. Por supuesto entre los beneficiarios ha causado mucha simpatía, pero hay dirigentes empresariales que piensan que la medida debe tomar en cuenta algunos aspectos y no aplicarla a rajatabla, como lo mencionó, para más de 1,3 millones de abonados.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CICC), Eduardo Facussé, consideró que la voluntad de la presidenta para cumplir su promesa es «admirable», pero también se deben cuidar otros aspectos: «No puedo cuestionar el subsidio, pues es una voluntad admirable de querer apoyar a la gente más desposeída. Eso lo apoyo y lo aplaudo, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar que no se pierda la competitividad a nivel nacional y buscar la manera, siendo creativos, para ayudar a la gente más desposeída, pero sin perder la competitividad en el costo energético del país. La empresa privada desea apoyar y buscar la forma creativa para que podamos cumplir con ambas cosas», afirmó. 

De acuerdo con el portal Estrategia y Negocios, en 2019, en Nicaragua se pagaba la energía más cara de Centroamérica al pagar USD 0.24 por cada kilowatt, en Costa Rica y Honduras se pagaba USD 0.22, mientras que el precio más barato de la región se encontraba en Guatemala donde se pagaba USD 0.16 por la misma cantidad. 

El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, manifestó que el subsidio para 1,3 millones de hondureños que consumen menos de 150 kw serán absorbidos a través de las arcas del Gobierno y las tarifas en el área comercial e industrial, es decir, los grandes consumidores.

Manuel Tróchez trabaja en un laboratorio privado y también administra justo a su familia un emprendimiento familiar en San Pedro Sula. A su juicio el subsidio aprobado es positivo y ha dado esperanza a cierta parte de la población, pero también pide analizar la forma cómo se aplicará esta iniciativa: «Se dice que ese cargo será trasladado a la industria y al comercio, habría que analizar a qué parte del comercio se debe de aplicar esto», nos dice. 

Él menciona que a raíz de la pandemia de COVID-19, que llegó a Honduras en marzo de 2020, por la cual se perdieron más de medio millón de empleos, muchas personas decidieron emprender pequeños negocios y de esa forma han sobrevivido. «Sería injusto que esas personas que han empezado con restaurantes, tiendas y otros, se les traslade un alto costo por tener un pequeño negocio», señala Manuel, quien recalcó que a primera vista la ley es positiva, pero hay que ver si realmente se aplica a las personas que lo necesitan. 

Jorge Díaz y su familia son dueños de una fontanería. Él piensa que los costos del negocio no aumentarán a raíz del subsidio anunciado por el Gobierno. «Me imagino que a los grandes contribuyentes si les puede aumentar los costos, pero no significativamente», dice.

No obstante se quejó que durante la pandemia, la micro, pequeña y mediana empresa no han recibido subsidios ni dispensas. «Espero que nos incluya», aseguró Díaz. Las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son el mayor empleador del país, pero durante la pandemia se estima que un 10 % del sector cerró operaciones por el confinamiento. 

El país tiene que buscar recursos para cubrir ese subsidio. Para cubrir esta promesa de campaña del Gobierno de Xiomara Castro se necesitan unos (USD 266 millones) HNL 6500 millones al año. A esto hay que agregarle que en una entrevista para este medio, Pedro Barquero manifestó que la ENEE tiene una deuda acumulada en la última década de unos (USD 2869 millones) HNL 70,000 millones. 

La estatal eléctrica ha llegado a esta crisis que parece interminable por malas administraciones y malos negocios. La ENEE comenzó a derrumbarse desde la época de los apagones en los años 90 que llevaron a la firma de descabellados contratos de generación de energía térmica. Después, a partir de 2007 con la puesta en vigencia de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables se firmaron más de 200 contratos, en cuyo valor, le decía el economista Hugo Noé Pino a Contracorriente en 2020, se explica gran parte de la deuda. 

El economista y empresario sampedrano Carlos Urbizo Solís sostiene que prácticamente todos los Estados del mundo, «incluso el Vaticano» tienen cierta función social que desempeñar porque siempre habrá personas con ingresos muy bajos que no permiten una vida relativamente digna: «Entonces tienen que buscar formas sabias e inteligentes de ayudar a esa gente y eso es bien común, no debemos de asustarnos por eso», señaló.

Manifestó que el subsidio propuesto por la gobernante es una forma de apoyo que él consideró está bien y es más efectivo que dar dinero, aunque también advirtió que la iniciativa «es medio populista, porque ese millón de personas (que recibirán el subsidio) estarán agradecida con el Gobierno, pero dejemos eso a un lado, a mí me parece bien la medida». 

Leer: La gran estafa renovable de la ENEE

En 2014 entró en vigencia la Ley General de la Industria Eléctrica que permitió la escisión de la ENEE en tres sociedades que fueron constituídas con la finalidad de rescatar a la estatal energética: Empresa de Generación y Comercialización de Electricidad (Egeco), Empresa Eléctrica de Transmisión y Operación (Emeto) y Empresa de Comercialización y Distribución de Electricidad (Edco).

No obstante, el desastre ha aumentado bajo este nuevo esquema. En 2016, con la llegada del consorcio Empresa Energía Honduras (EEH), las quejas contra la estatal crecieron. A la EEH se le delegó por siete años la medición, lectura, factura y cobro del servicio cobro del servicio de distribución, la operación y mantenimiento de la red de distribución y la reducción de la pérdidas en 17 %, esto no ha sido cumplido, pero el contrato no puede ser terminado porque el Estado hondureño se expone a una demanda, decía Hugo Noé Pino en 2020. 

La creación de la EEH originó problemas internos en el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), ya que como organización estos tienen una participación del 8% en las acciones de la EEH. En abril del 2021, los trabajadores denunciaron al presidente del sindicato Miguel Aguilar de haberse apropiado de las utilidades de la inversión.

En 2019, Aguilar había sido declarado culpable por el delito de apropiación indebida, pero evitó la cárcel interponiendo un recurso de amparo, con suspensión del acto reclamado, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta acción le fue negada el 6 de enero de 2022. constituídas con la finalidad de rescatar a la estatal energética. constituídas con la finalidad de rescatar a la estatal energética. «La Sala de lo Constitucional ha fallado dictando una sentencia no a favor de esta persona, esperando que el expediente sea remitido al Tribunal de Sentencia», dijo la vocera de la CJS, Lucía Villars. 

Con lo antes dicho, el Congreso Nacional encabezado por Luis Redondo, en medio de una crisis legislativa en la que el disidente de Libertad y Refundación Jorge Cálix, también se ha declarado presidente del hemiciclo, aprobó el subsidió a 1,3 millones de hondureños que consumen menos de 150 kilowatts.

Una de las incógnitas que vienen con el subsidio de la energía eléctrica en el país es cómo se lo tomarán las empresas grandes ya que el secretario de desarrollo económico, Pedro Barquero, dijo en el Congreso Nacional que «ese costo será trasladado a la tarifa industrial y a la tarifa comercial una parte, ninguna parte al resto de los abonados residenciales». Tegucigalpa, 03 de febrero de 2022.
Una de las incógnitas que vienen con el subsidio de la energía eléctrica en el país es cómo se lo tomarán las empresas grandes ya que el secretario de desarrollo económico, Pedro Barquero, dijo en el Congreso Nacional que «ese costo será trasladado a la tarifa industrial y a la tarifa comercial una parte, ninguna parte al resto de los abonados residenciales». Tegucigalpa, 03 de febrero de 2022. Foto: Antonio Gutiérrez.

La bancarrota versus el subsidio

El 27 de enero, día en que tomó posesión, Xiomara Castro, antes de anunciar el subsidio a la energía eléctrica, afirmó que recibía un país en bancarrota. El país heredó una deuda de 17 mil millones de dólares de deuda interna y externa. Hay que preguntarse, si no hay una contradicción intrínseca entre hablar de semejante deuda y luego hacer un anuncio para regalar energía.

Para el economista sampedrano Carlos Urbizo el término bancarrota utilizado por la presidenta es más político que económico. «El Gobierno no está en bancarrota. Los Gobiernos no quiebran, lo que hacen es dejar de pagar, los regañan y les ponen un plan de ajuste estructural y eventualmente les dan un préstamo otra vez. Ni les quitan nada, ¿cuándo han demandado al Gobierno por una deuda multilateral?», nos pregunta. 

Además, asegura que en las arcas del Gobierno siempre reciben miles de millones de lempiras para sostener al Estado. «Nosotros (los contribuyentes) en impuestos vamos a pagar más de HNL 100,000 millones y el Gobierno los va a gastar. Es metafórico eso de la bancarrota. Es como decir aquí han despilfarrado el dinero y ahora tendremos que gastar más para hacer lo que aquellos no hicieron», explicó. 

El presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, expone que aunque haya habido un mal manejo de la administración anterior, se deben buscar otras maneras para apoyar las necesidades de la población. «Es cierto, hubo un muy mal manejo de los últimos Gobiernos, el aparato estatal ha crecido a algo insostenible, pero ella (Xiomara Castro) lo que está tratando de decir es que a pesar de estas dificultades, no vamos a dejar desamparados a la gente más desposeída del país. Es lo que yo interpreto. Creo que en parte tienen razón, porque esas personas nunca han sido parte de las decisiones que se han tomado», dijo Facussé. 

La inversión y los líos del Congreso

Si bien es cierto, los empresarios piden prudencia en el manejo del subsidio a la energía, no provoca tanta preocupación como la crisis en la que se encuentra el Congreso Nacional, donde hay dos directivas. Tanto Jorge Cálix como Luis Redondo (quien tiene el reconocimiento del Poder Ejecutivo), se declaran presidentes del Legislativo. 

El jueves 3 de febrero, 76 diputados se mantenían en apoyo a Jorge Cálix, quien desde el domingo 23 de enero, cuando fue ratificado como presidente por 79 votos en un proceso con vicios de nulidad, no ha vuelto aparecer en el hemiciclo. Redondo, con una minoría de diputados propietarios y con suplentes ocupando curules, han aprobado leyes y decretos, incluido el que permite al Gobierno subsidiar a los que consumen menos de 150 kilowatts. 

Leer: Diputados oficialistas aprueban amnistía que favorece a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya

Eduardo Facussé sostiene que cuando hay incertidumbre jurídica la inversión se aleja: «porque no se sabe realmente cuáles serán las reglas del juego y que será lo que van a proteger. El conflicto en el Congreso ha dividido la legalidad y la legitimidad y estas dos figuras deben estar unificadas».

Comentó que en este momento hay falta de certidumbre de cómo operará el país en la parte económica al no haber un acuerdo político y que ya están sintiendo efectos bastantes grandes por la ausencia de diálogo y entendimiento entre los políticos.

El Congreso Nacional (CN) presidido por el diputado Luis Redondo llevó a cabo la primera reunión del mes de febrero. Sin quórum, se debatieron varias propuestas como la aprobación del subsidio de la energía eléctrica y disminuir un 0.45 centavos de dólar el precio del galón de los combustibles. Congreso Nacional, Tegucigalpa, 02 de febrero de 2022. Foto: Antonio Gutiérrez. | noticias | hoy | legislación 2022 honduras | gobierno de Xiomara Castro
El Congreso Nacional (CN) presidido por el diputado Luis Redondo llevó a cabo la primera reunión del mes de febrero. Sin quórum, se debatieron varias propuestas como la aprobación del subsidio de la energía eléctrica y disminuir un 0.45 centavos de dólar el precio del galón de los combustibles. Congreso Nacional, Tegucigalpa, 02 de febrero de 2022. Foto: Antonio Gutiérrez.

«La inversión genera desarrollo y después progreso, porque el empleo lo que hace es permitir un ingreso para que las personas puedan sostener su familia, dar educación, salud y las otras necesidades, pero si no tenemos inversión y no generamos los empleos. Lo que viene es calamidad, porque no podremos sostenernos sin inversión, que es lo que necesita y lo estamos alejando, estamos en la dirección contraria», lamentó Facussé. 

Carlos Urbizo Solís cree que la crisis en el Poder Legislativo puede tener un efecto momentáneo o generar postergar la decisión de una eventual inversión. «Mire la imagen de Honduras no podría estar más golpeada de lo que está, lo que hace es retrasar muchas decisiones», sostiene.

Pero la crisis legislativa podría no ser la única preocupación de la clase empresarial. Urbizo Solís recuerda que la presidenta ha dicho que quiere un Gobierno socialista y piensa que debe haber claridad en el tema: «¿Qué quiere decir con eso? tiene que definirlo. El socialismo significa en su esencia que el Gobierno es el dueño de los medios de producción. Desde el rojo chino hasta el rosado ¿dónde vamos a estar con este Gobierno?, no lo sé, tiene que explicarse mejor ¿qué quiere decir socialismo?, tienen que definirlo». 

Texto por Vely Zúniga
Fotografía por Jorge Cabrera 

Tras doce años de larga espera, finalmente sentimos que se nos hizo justicia. Estoy muy contenta por el triunfo de la oposición, a pesar de que me tocó estar fuera de Honduras, mi patria, ya que desde hace un tiempo -al igual que otros tantos compatriotas que buscan mejores horizontes- vivo en el extranjero, por tal motivo me perdí la celebración que, por cierto, ya nos habían arrebatado en las fraudulentas elecciones de 2017. Lamentablemente no pude celebrar con mi gente la arrasadora victoria de la alianza.

Amigos y familia me enviaron cientos de mensajes y estuve siguiendo las noticias minuto a minuto. Al inicio se hablaba solo del triunfo de la oposición asegurando la salida del nefasto Partido Nacional (manchado por el narcotráfico y la corrupción), pero poco a poco el discurso comenzó a desviarse hacia otro elemento: ¡Tenemos por primera vez una mujer en la presidencia! Inclusive las noticias internacionales comenzaban a destacar este hecho. En ese sentido yo me sentía algo incómoda y no fue hasta que una amiga de este medio me preguntó si quería escribir algo al respecto. Fue en ese momento cuando le pude poner palabras a ese sentimiento respondiéndole que nunca he sido admiradora de doña Xiomara, pero ante las buenas noticias me sentí motivada a escribir este artículo.

Es muy importante lo que como oposición hemos logrado, pero la emoción no nos debe cegar. Pienso que desde la primera vez que doña Xiomara Castro de Zelaya participó en 2013 fue para ocupar el cargo que su esposo –el expresidente José Manuel Zelaya– no podía desempeñar porque la reelección era y sigue siendo inconstitucional y no lo íbamos a apoyar. Como mujer siempre me incomodó esta postura, porque Xiomara Castro no era una mujer con una carrera extraordinaria y con una trayectoria propia, tampoco era conocida por sus logros sino por los de su esposo. Era una mujer con la que no me sentía identificada.

En días previos a las elecciones, pude ver en el programa de debates del periodista Renato Alvarez en el que se hablaba sobre los candidatos presidenciales que aún no habían presentado su declaración de impuestos, al igual que a muchas otras personas me indignó mucho cuando Yani Rosenthal, el candidato del Partido Liberal, respondió descaradamente que, como él había estado preso no generó ningún ingreso y por eso presentó una declaración por un centavo. Pero nadie mostró indignación cuando dieron a conocer que doña Xiomara no presentó su declaración, porque su esposo la presenta a nombre de los dos, para colmo fue el mismo Mel Zelaya quien dio esta explicación vía telefónica, hablando en nombre de su esposa. ¿Cómo me puedo sentir al respecto? Si lo que añoramos es ver a nuestras mujeres hondureñas económicamente independientes, lo que queremos es que ninguna mujer tenga que vivir a la sombra de su pareja.

Como lo señalaron algunos analistas de la política hondureña, durante la campaña presidencial de 2021, el expresidente Zelaya supo hacerse a un lado y «la dejó brillar», lo que a mi parecer se traduce en que está vez «le permitieron» a doña Xiomara que ella misma demostrara su carisma y dejaron de utilizarla únicamente como portada de la historia que está por escribirse.

Mi expectativa es que la presidenta saque a relucir su poder propio y que, acompañada de buenos asesores, logre hacer el cambio que tanto nos merecemos. Viendo las reuniones de acercamiento que ha tenido con su comisión de transición mi admiración hacia ella va creciendo, presiento que esta vez el país irá por un buen camino.

Lo más positivo en todo esto, es que la presencia de una mujer en el más alto nivel va a servir de ejemplo y va a ser motivo de admiración para muchas mujeres, algo tan necesario en un país donde la mujer tiene una situación tan frágil y vulnerable. Creo firmemente que la presencia de la presidenta va a servir para que las organizaciones que trabajan en defensa de la mujer puedan exigir mayor apoyo de parte de las autoridades. Y que esta presencia sirva sobre todo para empoderarnos a todas y cada una de las hondureñas.

Dejando de lado los verdaderos medios por los que doña Xiomara llegó a la presidencia, no se puede negar que esta figura femenina nos motiva a todas y nos da la esperanza de que la gestión sea mejor que las que hemos tenido en el pasado y que, como ha sucedido en otros países presididos por mujeres, las cosas se harán mejor.

Texto por Verenice Bengtsson
Fotografía por Jorge Cabrera


Honduras tiene presidenta, pero no tiene Congreso Nacional. La crisis se alimenta de los días que transcurren y del vacío institucional que provocan la existencia de dos juntas directivas y la parálisis de los órganos que debieron actuar para resolver esta crisis que si bien es política debió resolverse desde el primer momento de forma jurídica.

Desde la perspectiva de los derechos humanos esta crisis violenta el derecho humano a participar en la dirección de los asuntos públicos, que incluye no solo el derecho de la ciudadanía que votó por quienes hoy son oposición, sino también el derecho de quienes participaron en las elecciones y resultaron electos. La alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre, actualmente está coartando y violentando los derechos humanos de estas personas, quienes no pueden ni siquiera ingresar al Congreso Nacional, ejercer la función pública y representar en la toma de decisiones, a quienes les eligieron mediante su voto.

El resultado de unas elecciones auténticas forma parte del núcleo de los gobiernos democráticos y se fundamenta en la voluntad popular. Por ello, las elecciones auténticas son componentes necesarios y fundamentales en un contexto que promueve y protege los derechos humanos.

Por otro lado es de lamentar los actos de coerción, los ataques violentos, físicos y verbales producidos en la calle, en sus propias casas, en redes sociales y medios de comunicación contra diputados y diputadas que no han aceptado el acuerdo haciendo uso de su legítimo y democrático derecho a discernir y disentir. Es necesario no solo exhortar a la presidenta y su círculo más cercano, sino también a simpatizantes y sobre todo a las autoridades competentes a proteger a los afectados desde un enfoque de derechos humanos, y en el caso de Beatriz Valle desde la perspectiva de género. La crisis ya sobrepasa los límites del diálogo y es urgente que los órganos competentes garanticen la protección de los derechos electorales, a la participación política, así como el derecho al honor y a la integridad personal.

Es un acto de soberbia y de manipulación asumir que la voluntad del pueblo es la reflejada por la victoria de la alianza en el Poder Ejecutivo. Según el resultado electoral publicado en La Gaceta, la ciudadanía –de manera sabia– no dio mayoría a ningún partido político en el Poder Legislativo. Los resultados finales incluyen 50 diputados del Partido Libre, 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 1 del Partido Democracia Cristiana, 1 del Partido Anticorrupción. El Partido Salvador de Honduras al que pertenece el señor Luis Redondo tan solo obtuvo 10 de 128 diputaciones y tiene 0 diputados en 14 de los 18 departamentos de Honduras. Dicho de otra manera, Redondo carece de capital político y representación en casi todo el país.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, antes que el diputado Redondo 10 diputados incluyendo personas de su propio partido aparecen con más votos que él en su propio departamento (Cortés). Desde el punto de vista de la decencia, es totalmente antiético que el señor Redondo quiera asumir una posición de liderazgo que no se le otorgó en las urnas.

Con todo, durante los cabildeos para decidir quién asumiría la presidencia, Redondo tampoco fue capaz de movilizar voluntades. El liderazgo en el Congreso Nacional es necesario para poder crear consensos con otras bancadas y legislar.

Según el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas». Es deber de la presidenta asumir que su autoridad está por debajo de la voluntad del pueblo y debe gobernar con la participación de otros sectores, le guste o no le guste. Así ha sido decidido por la voluntad popular al no haberle otorgado mayoría absoluta a la alianza en el Congreso Nacional. La voluntad popular está sobre cualquier acuerdo, que se haya firmado entre tan solo dos de los seis partidos políticos que tienen representación auténtica en el Congreso Nacional.

La inteligencia colectiva no le pertenece a un solo sector. Quienes condenamos el golpe de Estado y asumimos una posición en favor del respeto a los derechos humanos, celebramos no solo que Honduras tenga su primera presidenta. también celebramos que la voluntad popular haya revertido el secuestro de la Democracia. Pero también esperamos que la presidenta no se convierta en lo que durante 12 años ha combatido, que devuelva a la ciudadanía la confianza en las instituciones, que como gobernante respete a todos los gobernados y que gobierne construyendo un país transparente e inclusivo.

Está demostrado que la diversidad es siempre más eficaz. Es hora de ver más allá de las simpatías y entender que los valores, la decencia y la inteligencia colectiva capaz de reconstruir a Honduras no le pertenecen a un solo sector de la sociedad.

Diputados oficialistas que apoyan a Luis Redondo como presidente del Poder Legislativo sesionaron este miércoles en el Congreso Nacional y aprobaron varios decretos que cumplen con algunas promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. En ese contexto, se aprobó una ley propuesta por el diputado Rasel Tomé, que condena el golpe de Estado, 12 años después de los acontecimientos. Dicha ley incluye un decreto de amnistía que favorece a defensores de la soberanía, tierra y fuentes de agua, pero que también daría impunidad a funcionarios públicos del periodo entre 2006 y 2009, a quienes se les podrían extinguir causas por delitos relacionados con corrupción.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografías: Jorge Cabrera

 

El Congreso Nacional en Honduras sigue sin una junta directiva legal. En ese contexto, los diputados que apoyan la presidencia de Luis Redondo —el candidato que resultó de la alianza entre Libre y el Partido Salvador de Honduras— se reunieron el 1 y 2 de febrero en las instalaciones del hemiciclo, obviando por completo la ausencia de 43 diputados nacionalistas, 14 liberales y 17 del Partido Libre. Allí, sin una cuenta clara de los asistentes y ausentes, iniciaron la sesión con una oración cristiana y discutieron una serie de proyectos, dos de ellos enviados por el Poder Ejecutivo.En la sesión del 2 de febrero donde aprobaron los proyectos presentados, Luis Redondo anunció que se encontraban dos diputados suplentes del Partido Liberal, sustituyendo a sus propietarios: Mauricio Villeda y José Rosario Tejeda.

La primera iniciativa enviada por la presidencia, que finalmente se aprobó en el pleno, fue un proyecto de decreto dirigido a reformar la Ley General de la Industria Eléctrica para que 1,335,000 familias que consumen hasta 150 kilovatios hora no paguen energía. Luego se aprobó una reforma a la Ley de aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio, que permitiría la reducción de 10 lempiras en los precios del combustible a nivel nacional.

Posteriormente se aprobó una ley que condena al golpe de Estado, propuesta por el diputado Rasel Tomé, que incluye la derogación del decreto 141-2009 que emitió el Congreso Nacional en ese entonces para separar del poder a Manuel Zelaya Rosales. Además, oficializar una plaza con el nombre de Isis Obed Murillo —primer mártir del Golpe—, y la autorización para que la presidenta Castro pueda firmar un convenio para crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción.

Honduras dice no a las ZEDE | 2022 | Si a la soberanía | Protesta en el Congreso Nacional | CN | 2022 | bajos del | Tegucigalpa, Honduras
Seguidores de la Presidenta Xiomara Castro, gritan consignas en los bajos del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo. Durante una sesión legislativa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

En esa misma ley, Tomé propuso un decreto para conceder amnistía para la liberación de presos políticos, quienes tienen procesos judiciales vigentes relacionados con motivaciones políticas, y funcionarios públicos del Gobierno del expresidente Zelaya entre 2006 y 2009.

En un principio este decreto no plantea una comisión evaluadora independiente que, en el caso de los funcionarios, defina quiénes pueden calificar para la amnistía y quiénes no.

En ese sentido, Rasel Tomé aseguró la noche del martes, que él mismo podría aplicar a la ley de amnistía pues asegura que es uno de los políticos perseguidos tras el golpe de Estado. En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó con tres años de reclusión a tres excomisionados de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre ellos a Rasel Tomé, quien fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad cometido en la administración de Zelaya de 2006-2009.

Ley de amnistía e impunidad

Al finalizar la sesión del martes, Rasel Tomé atendió a los medios de comunicación sobre la propuesta que había hecho ante el pleno, allí explicó que será el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien definirá a los activistas sociales encarcelados que podrán aplicar a la amnistía,sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos no dejó claro quiénes podrían ser beneficiados y quién analizará los casos.

«En el caso de los funcionarios públicos es evidente a quiénes nos han perseguido, aquí el pueblo sabe quienes hemos pasado 12 años de frente a la dictadura, quienes se tuvieron que ir, yo por ejemplo estuve en el exilio, estuve en República Dominicana», aseguró Tomé.

Rasel Tomé fue entre 2006 y 2008 comisionado de Conatel, nombrado por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, a quién acompañó en el exilio tras el golpe de Estado, y con quién también ha tenido enfrentamientos públicos por el liderazgo del Partido Libre. En junio de 2019 Tomé fue condenado a tres años de prisión por resultar culpable del delito de abuso de autoridad en el ejercicio de ese cargo, una pena conmutable, pero que representa la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia el pasado lunes en un escrito remitido al Poder Legislativo.

Rassel Tome | 2022 | rasel tome y xiomara castro | congreso nacional | noticias hoy | Honduras | 2022
Rasel Tomé Diputado por el partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre) habla ante los medios de comunicación local durante la sesión legislativa del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo. Durante una sesión legislativa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

Sobre esta sentencia, el abogado Obed López —diputado suplente de Tomé– aseguró que la condena no es efectiva en el caso de su compañero, y asegura que «él solo fue inhabilitado para no dirigir otra vez Conatel, además de que no es funcionario público, sino que es diputado electo por el pueblo». El Código de conducta ética del servidor público desmiente a López, y define en su artículo 3 a un servidor público (o funcionario) como cualquiera que labore en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipalidades, entre otros.

Algunos de los delitos que incluye el decreto de amnistía política están relacionados con actos de corrupción como el que suscribe la sentencia en contra de Tomé, por ejemplo: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Contracorriente le consultó a Tomé sobre qué otros funcionarios podrían aplicar esta amnistía, a lo que se limitó a contestar que podrían ser “bastantes funcionarios públicos que están en el exterior exiliados desde el Golpe”.

Entre los funcionarios que han enfrentado acusaciones judiciales por actos de corrupción en el gobierno de Manuel Zelaya se encuentra Marcelo Chimirri, sobrino de la presidenta Xiomara Castro, declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito mientras ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) entre 2006 y 2007, quien guarda prisión actualmente; y el exministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, acusado por el Ministerio Público por el delito de malversación de caudales públicos, quien se encuentra prófugo de la justicia en el extranjero.

Sobre sus compañeros perseguidos tras el Golpe de Estado, Tomé explicó en la sesión del pleno que las víctimas del golpe de Estado “no son sólo los mártires”, agregó que son muchas familias que han sido expatriadas, y recordó que un día después de ser los honorables funcionarios “eran parias, perseguidos, estigmatizados, los cuatreros, los que venían con los maletines, los saqueadores, después de ser los funcionarios del gobierno constitucional, después de estar todos los días con sus actividades cotidianas”.

Tomé también recordó a su compañero funcionario Enrique Flores Lanza, “¿por qué no decir el oprobioso daño que se la hecho a una familia como es el caso del colega y amigo Enrique Flores Lanza, un hombre que ha estado totalmente fragmentada su familia, satanizados, oprimidos, yo conozco el exilio y por eso les hablo de esto”

“Hoy sin temor les decimos que esta amnistía corresponde a restituir el daño que han hecho durante este oprobioso golpe de Estado y que nos arrastró durante 12 años”, concluyó.

Decreto de amnistia | 2022 | Gobierno de Xiomara | "amnistía 2022 honduras"

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ Honduras, en una entrevista con Contracorriente recordó que tras el Golpe de Estado ya se había emitido un decreto de amnistía para los involucrados, beneficiando tanto a Manuel Zelaya, por la supuesta violación a la constitución por buscar realizar una consulta popular que habría allanado el camino a la reelección; y los militares que consumaron el Golpe. Ese decreto al que se refiere Ramírez fue aprobado por el Congreso Nacional el 27 de enero de 2010, y no incluía delitos relacionados con corrupción.

“No sé por qué se debería llamar ley de condena al Golpe de Estado si en aquel momento ya hubo una amnistía para los involucrados”, apunta el experto.

Sobre los otros sujetos de esta amnistía como los defensores de la tierra y manifestantes sociales, Ramírez apunta que son hechos que no surgen en el marco del Golpe de Estado, sino en un contexto de conflictividad social, por lo que explica que, aunque la revisión de los casos de personas criminalizadas es necesaria de analizar, no están relacionados con lo que la ley propone.

Uno de los casos que podría llegar a resolución con esta ley sería el de los defensores del río Guapinol, quienes este martes cumplieron 29 meses de permanecer en prisión preventiva por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de libertad.

Porfirio Cedillo, José Cedillo, Orbin Hernández, Kelvin Romero, Arnold Alemán, Ewer Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez, fueron acusados a raíz de la defensa que ejercían en el parque nacional Carlos Escaleras, donde protestaron contra la empresa minera Inversiones Los Pinares cuyo proyecto en esa área protegida ponía en peligro las fuentes de agua para las comunidades. La etapa de juicio oral y público de esta causa concluye este viernes.

Previo a la aprobación de la amnistía no hubo socialización con los representantes legales de los defensores de Guapinol, en ese sentido el abogado Edy Tabora del bufete que lleva la defensa del caso, apuntó que tendrían que revisar el contenido del decreto ya que hay parámetros que deben cumplirse en el caso de amnistías.

En este contexto, Lester Ramírez apunta que normalmente los procesos de amnistía se dan tras la implementación de una comisión de la verdad, y un proceso de reconciliación que implica justicia restaurativa, por lo que asegura que con esta ley “sólo se está limpiando cualquier tipo de enjuiciamiento penal”.

“Queda corta la amnistía en el sentido de que no hay reconciliación, no hay derecho a la verdad de los sucesos, y no hay proceso de reparación para las víctimas, hay una serie de vacíos en estos procesos. El país no se va a reconciliar, lo que se está dando es un indulto más que una amnistía”, aseguró.

Además, Ramírez apunta un vacío en esta ley, y es justamente la falta de una comisión independiente que analice cada caso de amnistía.

“Lo que se tiene que crear es una comisión de amnistía, esa comisión de amnistía es la que revisa los expedientes y verifica que las personas que tienen una investigación pendiente o un enjuiciamiento penal entran dentro de los beneficios de la amnistía”, apunta Ramírez.

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Diputados del Partido de Izquierda Libertad y Refundación (LIBRE) toman parte en la sesión del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

En el Congreso se dispensaron los debates para la aprobación de esta ley, pero mientras se aprobaba el decreto específico que permite la amnistía, la diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), solicitó justamente la creación de una comisión integrada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para determinar los casos en los que aplicaría esta ley.

Ligia Ramos afirmó en el pleno que apuntaba estas sugerencias porque “el espíritu de este decreto es de sacar a nuestros presos políticos y que puedan regresar las personas exiliadas, en ningún momento este decreto es para darle impunidad a ningún delincuente”.

La diputada Silvia Ayala del Partido Libre y líder de la comisión de dictamen, desestimó la propuesta de la diputada del PSH apuntando que “la instancia estatal será la Secretaría de Derechos Humanos en conjunto con el Cofadeh, considerando lo expedito que se va a requerir”.

Hasta el momento ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre los procesos que tendrían que extinguir a raíz de esta amnistía, en gran parte debido a que el Congreso Nacional presidido por Luis Redondo no ha sido reconocido legalmente por estas instancias. De hecho, el pasado 25 de enero, el Poder Judicial presentó su informe de logros del periodo anterior al Congreso Nacional liderado por Jorge Cálix, también lleno de vicios de nulidad en su elección, según expertos.

La votación para la aprobación de la ley que incluye la amnistía para presos políticos y perseguidos fue a mano alzada y se anunció que había sido aprobada de forma unánime; sin embargo, no hay listados oficiales sobre los diputados propietarios y suplentes que asistieron a esta sesión.

Nombramientos que surgen de un legislativo sin quórum

Tras la aprobación de la Ley de condena al Golpe de Estado que incluye la amnistía, casi a medianoche, los diputados presentes en el hemiciclo cerraron la sesión y propusieron el nombramiento del procurador general de la República y el subprocurador. Las personas propuestas fueron el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, y Tomás Andrade.

Tras 15 minutos de espacio, iniciaron una nueva sesión y aprobaron por unanimidad el nombramiento de ambos funcionarios. En el caso de Díaz Galeas, nombrado procurador, hasta diciembre de 2021 era el secretario general del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y Tomás Andrade, nuevo subprocurador, trabajaba como defensor de derechos humanos.

El pasado 27 de enero fue la primera vez que la junta directiva de ese grupo de diputados quiso nombrar a Galeas y Andrade; sin embargo, el abogado Ramón Enrique Barrios anunció que se abstendría de votar ya que no conocían la carrera profesional de los nominados, esto llevó a que la votación se pospusiera hasta la noche de este miércoles. 

Previo a esta sesión, Barrios dijo a Contracorriente que el nombramiento de estos altos funcionarios no estaba en agenda, y aseguró que él manifestó al resto de los diputados y la opinión pública que debería haber un concurso público para elegirlos.

“Yo quisiera tener 20 o 30 hojas de vida, un procurador del Estado es un funcionario público de primera categoría y me parece que esto no se puede hacer a la ligera”, apuntó Barrios unas horas antes de que se omitiera este procedimiento sugerido.

Tras el nombramiento de los funcionarios, Tomas Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, apuntó en un comunicado que ninguno de los juramentados cumple con la formación profesional que exige la constitución, ya que ninguno es notario; además, denunció que la doctora en derecho y actual procuradora, Lidia Cardona, termina su periodo hasta junio de este año, por lo que no debieron nombrar a los funcionarios.

“Una nueva ilegalidad se suma a las muchas cometidas por este minoritario grupo de diputados que tiene tomado el hemiciclo legislativo”, apunta el comunicado emitido por la bancada del Partido Nacional.

Después de casi dos semanas desde que inició el conflicto en el poder legislativo, Luis Redondo ha tomado todos los recursos administrativos del Congreso Nacional y ha anunciado que el próximo paso del grupo de diputados que le apoyan será la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La creación y derogación de estas leyes seguiría desarrollándose en un contexto en el que se conoce que sólo 53 de los diputados propietarios del Congreso Nacional están asistiendo a las reuniones, 12 menos de lo necesario para que sea considerado un proceso legal.

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Un Seguidor de la Presidenta Xiomara Castro, descansa en los bajos del Congreso Nacional presidido por Luis Redondo. Durante una sesión legislativa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

*Con reportes de Vienna Herrera y Leonardo Aguilar

Esta semana comenzó a funcionar el gabinete de gobierno de Xiomara Castro que, si bien es cierto, no presenta nepotismo desde el punto de vista jurídico, ha abierto el debate sobre la ética de nombrar a familiares en puestos claves. Los secretarios del Ejecutivo navegan en medio de una crisis legislativa que se ha extendido desde el 21 de enero y que tiene al esposo de la presidenta –el expresidente José Manuel «Mel» Zelaya Rosales–, entre los principales negociadores. 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotos: Jorge Cabrera

Apenas ha pasado una semana y algunos secretarios de Estado —entre estos el de salud, educación y desarrollo social— ya han afrontado pequeñas y aisladas protestas, algunas con tomas de carretera, llevadas a cabo por diferentes actores, entre los cuales destacan activistas del Partido Nacional, maestros de primaria, empleados de salud y personal de la empresa estatal de energía.

La presidenta Xiomara Castro, que llegó al poder como candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), anunció, el pasado jueves 27 de enero, el día de su asunción, al «grupo de mujeres y de hombres» que le acompañarán en el proyecto de «refundación de Honduras» durante su cuatrienio.

El Gobierno de Xiomara Castro ha prometido al menos 22 acciones urgentes, que giran en torno a salud, educación, empleo, energía, derechos humanos y seguridad, para cumplirlas durante los primeros cien días de su Gobierno. Sin embargo, estas dependen, en gran medida, de las decisiones que tome el Congreso Nacional, que hasta ahora cuenta con dos juntas directivas carentes de legalidad.

Entre las promesas que más esperanza ha dado a la gente de escasos recursos, está la posibilidad de que más de un millón de personas no paguen energía. El Congreso Nacional, presidido por el diputado Luis Redondo —en una junta directiva elegida con vicios de nulidad y sin quórum—, discutió la aprobación de un subsidio a la energía eléctrica para los abonados que consumen menos de 150 kilowatts.

Pero el gabinete de la mandataria hondureña ha sido objeto de discusión y análisis. Algunos analistas coinciden que, si bien es cierto, al menos jurídicamente, no existe nepotismo en su gobierno, el nombramiento de algunos de sus familiares en puestos claves puede generar suspicacias y problemas de intereses familiares en un futuro cercano. Otros, sin embargo, son del criterio que nombrar familiares sin incurrir en la ilegalidad es totalmente normal y hasta beneficioso.

 

El abogado Edy Tábora, exfiscal y defensor de derechos humanos, dice a Contracorriente que no abona al nuevo Gobierno que el gabinete haya sido nombrado el mismo día de la toma de posesión sin que la ciudadanía haya podido debatir, anticipar y cuestionar a cada una de las personas. «Esa es una falencia muy importante en un proceso de participación ciudadana, porque la gente salió masivamente a votar. Aunque no necesariamente sea un tema que quepa dentro las prohibiciones de secretarios de Estado, son las mismas cosas que hemos venido criticando», expuso Tábora.

El abogado Juan Carlos Barrientos, por su parte, expresa que «en la persona que más usted puede confiar es en su propio familiar. Pero la señora (Xiomara) no ha puesto a nadie de ministro que tenga esa condición, porque este muchacho que está de ministro de defensa no es pariente de ella, es pariente del esposo, y en ese sentido no hay ninguna prohibición».

La Presidenta Xiomara Castro levanta su mano durante el canto del Himno Nacional de Honduras durante su toma de posesión en Tegucigalpa, Honduras, el pasado 27 de enero. Juramentación de Xiomara Castro | toma de posesión 2022 | noticias hoy
La Presidenta Xiomara Castro levanta su mano durante el canto del Himno Nacional de Honduras durante su toma de posesión en Tegucigalpa, Honduras, el pasado 27 de enero. Foto CC/. Jorge Cabrera

El pasado lunes, 31 de enero, el expresidente Zelaya abrió los portones de Casa Presidencial a un grupo conformado por decenas de maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), quienes protestaban exigiendo derechos laborales.

Es preciso señalar que Zelaya, coordinador del Partido Libre, no ha sido nombrado oficialmente en ninguna secretaría de Estado por Xiomara Castro, sin embargo, este dijo a medios durante una conferencia de prensa: «Hablé con la presidenta Xiomara Castro que había una manifestación de maestros Proheco, y ella me dijo: «hazlos pasar”».

Y es que la familia Zelaya ha puesto en debates jurídicos y éticos a los intelectuales en Honduras. En el gabinete de gobierno, muchos han cuestionado la presencia de familiares que fueron nombrados como altos funcionarios que están, evidentemente, en puestos estratégicos.

Xiomara Castro nombró como su secretario privado a su hijo Héctor Zelaya, mientras que a su sobrino político José Manuel Zelaya Rosales –homónimo y sobrino sanguíneo del expresidente Zelaya— lo nombró como secretario de Defensa, es decir, que este joven de 33 años comandará a las Fuerzas Armadas de Honduras.

 

Héctor Manuel Zelaya, secretario privado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, participa de la misa de aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera
Héctor Manuel Zelaya, secretario privado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, participa de la misa de aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Tegucigalpa, Honduras. Foto CC/. Jorge Cabrera

La Constitución de la República de Honduras no prohíbe el nombramiento de José Manuel Zelaya junior, que tiene un tercer grado de afinidad con Xiomara Castro, pues la Constitución solo se opone a los nombramientos de funcionarios hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad de la figura del presidente. En el caso de su hijo Héctor Zelaya, su secretario privado, este puesto no está enmarcado dentro de las secretarías de Estado.

El abogado Joaquín Mejía Rivera, experto en derechos humanos y derecho internacional, no considera, desde el punto de vista jurídico, que exista nepotismo en el gabinete de Xiomara Castro. Asimismo afirma sentirse complacido con algunos nombramientos de profesionales específicos, aunque crítica el poco nombramiento de mujeres. 

Joaquín Mejía dijo a Contracorriente que esperaba más mujeres en la conformación de este gabinete. «Sobre todo uno esperaría que hubiese más mujeres, 50 y 50, no sucedió lo cual es una pena. Sin embargo, creo yo que hay un equilibrio con mucha experiencia y prestigio y gente muy joven, con muchísima capacidad y con gente brillante».

El equipo de funcionarios que acompañará y trabajará junto a Castro está compuesto únicamente por 9 mujeres de un listado de 35 personas.

Honduras recién acaba de salir de la hegemonía de una clase política liderada por una familia: los Hernández. El expresidente Juan Orlando Hernández, catalogado como un autócrata y mencionado como co-conspirador de narcotráfico en varios juicios de EE. UU., colocó a su hermana Hilda Hernández (Q.D.D.G) como ministra de estrategia, un puesto que según él era más simbólico, ya que no manejaba presupuesto, a pesar de esto, ella  fue investigada por la extinta Maccih por liderar redes de corrupción como el caso Hermes

Durante la administración de Hernández su hermano, el exdiputado nacionalista Juan Antonio «Tony» Hernández estuvo protegido hasta que fue condenado a cadena perpetua en EE. UU. por delitos de narcotráfico, en Honduras nunca afrontó la justicia.

Una nota de investigación original de Insight Crime, republicada en Contracorriente, reveló que, según expedientes recolectados por los fiscales estadounidenses, que involucraron a la familia Hernández, el expresidente Juan Orlando Hernández logró acuerdos para no extraditar a algunos criminales a cambio de apoyo financiero para su partido y su familia. 

El sociólogo Juan Pablo Carías establece que existen riesgos que se corren al nombrar familiares en el Gobierno, no porque los que se nombren tengan aspectos éticos a los cuales uno pueda señalar como contrarios a la sana administración, sino por la imagen que se proyecta.

«Aprovechándose de la familiaridad, puede que se abuse del poder y al final no se tengan los buenos resultados que se esperan. Y a un Gobierno le resultará muy difícil, después, tratar de rectificar con el familiar, con el pariente», explica Juan Pablo Carías. 

Aunque los cargos de diputados son de elección popular, es preciso señalar que el secretario del Congreso Nacional, que preside Luis Redondo, es Carlos Zelaya —cuñado de Xiomara Castro y hermano de Mel Zelaya— y, además, en dicho hemiciclo resultó electa como diputada Hortensia Zelaya (hija de la pareja presidencial), más conocida en su entorno político como la «Pichu» .

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Dentro de absolutamente todas las instituciones políticas en Honduras, postular a familiares a cargos de elección popular es un hecho comprobado, aceptado y normalizado. En octubre pasado, a falta de un mes para las elecciones generales de Honduras, ninguno de los candidatos quiso hablar con Contracorriente acerca de sus parientes dentro de la política partidista.

Un gabinete de tres niveles

El director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, divide el gabinete de Xiomara Castro en tres niveles. En el primer nivel considera que están los profesionales de trayectoria, la gente con experiencia mostrada en la administración pública, con mucha honestidad. Agrega que estas personas están ubicadas en algunas áreas relevantes como finanzas, Banco Central de Honduras (BCH), salud, coordinación general de Gobierno, seguridad y Secretaría para la lucha contra la corrupción.

En un segundo nivel, Gustavo Irías, establece que el gabinete está integrado por un sector constituido por familiares de la pareja presidencial. «Si bien es cierto, visto en términos jurídicos pareciera que no hay conflictos de tipo legal, creo que sí los hay en el tema ético. En parte pues se esperaría que lo que prevalezca es la meritocracia y no otros criterios para seleccionar», dijo.

En el tercer nivel, Gustavo Irías, ubica al núcleo de funcionarios que no tienen mayor experiencia. «Pareciera que carecen de los criterios y deben orientar a la selección de un personaje que puede resultar con un desempeño deficiente», sostuvo el analista, al tiempo que indicó que la administración de Xiomara Castro tiene el desafío de desmontar un modelo autoritario.

Edmundo Orellana, Eduardo Reina, Rebeca Santos, Marcio Sierra, Tomás Vaquero y Fredis Cerrato, quienes ocupan puestos claves en el Gobierno de Xiomara, ocuparon puestos durante el período en 2006-2009, cuando Mel Zelaya era presidente de Honduras. 

Un gabinete de Libre y PSH

El Partido Salvador de Honduras (PSH), fundado por el expresidenciable Salvador Nasralla (designado presidencial de Xiomara Castro), firmó una alianza con Libre en las pasadas elecciones para llevar al poder a Xiomara Castro. A cambio hubo acuerdos importantes, como el otorgar al PSH algunos puestos claves una vez llegaran al Gobierno.

El coordinador del PSH, Pedro Barquero —considerado el artífice de la alianza con Libre— fue nombrado como el secretario de Desarrollo Económico, mientras que el doctor José Manuel Matheu, militante del PSH, fue designado como el secretario de Salud. El pacto entre estas dos fuerzas también contempló la presidencia del Congreso Nacional, pero al ser este otro poder del Estado (con 128 diputados) no se ha podido concretar, ya que —antes del fraccionamiento de la bancada de Libre— juntos, el PSH y Libre, apenas sumaban 60 de los 65 votos que se requieren para nombrar a un diputado del PSH como presidente del Legislativo.

Daniel Esponda, exdirigente sindical y activista de Libre, fue nombrado al frente de la Secretaría de Educación, y apenas iniciando su gestión prometió el retorno de la matrícula gratis y anunció que entraría en fases de diálogo con los maestros para un retorno a clases presenciales.

Algunas críticas no tardaron en llegar, le recordaron al ministro la inexistente vacunación en niños y la colapsada infraestructura en el Valle de Sula de Honduras tras el paso, en noviembre de 2020, de dos huracanes. Honduras es el único país de América Latina que aún no retorna a clases presenciales.

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Los secretarios Esponda y Matheu, así como José Cardona de Sedis, vivieron momentos de tensión esta semana después de que centenares de personas protestaron exigiendo puestos permanentes y denunciando que serán despedidos de la administración pública y sustituidos por activistas de Libre o del PSH. Algo que realmente ocurre en cada cambio de gobierno. 

Pero también hay molestias en algunos simpatizantes de Libre que aseguran no podrán obtener un puesto de trabajo. Un grupo de estos lanzó insultos contra del secretario de Salud, el doctor Matheu, quien además se enzarzó en una pelea con reporteros locales de Tegucigalpa, después de decirles: «No esperen que aquí les demos de comer», durante una conferencia de prensa.

Las frases del doctor Matheu opacaron otras cosas importantes dichas durante su conferencia, como que el presupuesto de Salud ronda los 22,000 millones de lempiras, pero de esa cantidad 10,000 millones de lempiras son destinados a sueldos y salarios. Sus palabras causaron tanto revuelo que el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emitió un comunicado, condenando las declaraciones del nuevo ministro de salud.

Cabe señalar que, en la administración anterior, el Ministerio Público descubrió que Casa Presidencial desfalcó más de 122 millones de lempiras en el pago a más de 70 periodistas, boletos de avión, transporte de activistas a eventos de gobierno, alquiler de vehículos blindados y otros beneficios personales.

Funcionarios de confianza de Xiomara

Otros nombramientos destacables del Gobierno de Xiomara Castro son los militantes de Libre, el del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Eduardo Enrique Reina, quien tuvo que renunciar a su cargo para ser nombrado como Canciller de la República; Rixi Moncada, extitular del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo lo mismo y fue nombrada como la secretaria en Finanzas. Por otro lado, Rebeca Santos, nombrada como la titular del Banco Central de Honduras (BCH).

Por su parte, el general Ramón Sabillón, exiliado en la administración de Hernández por capturar a líderes de un cartel de narcotráfico, fue nombrado como el secretario de Seguridad. Una fuente que pidió proteger su identidad dijo a este medio que de Sabillón «ellos conocen solo la gloria no la historia», aduciendo que el general estuvo por muchos años al frente de la Policía de Fronteras cuando Armando Calidonio era el viceministro de seguridad y algunos carteles del narcotráfico del norte del país iban surgiendo sin que este los detuviera. Sabillón ha sido polémico por su exilio tras la captura del cartel de los Valle Valle, pero regresó pocos días tras las elecciones que dieron el triunfo a Xiomara Castro para ofrecerse como funcionario en el nuevo gobierno. 

Por otro lado, el doctor Luter Castillo, con una especialización en la Universidad de Harvard, fue nombrado en la secretaría de Ciencia y Tecnología. El sociólogo Julio Navarro fue nombrado en Gestión por Resultados, mientras que su colega, Eugenio Sosa, fue designado para formar parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El sociólogo Juan Pablo Carías establece que en el gabinete hay personas con muy alta calificación, experiencia y con una tradición ejemplarizante, pero hay otros que no cuentan con experiencia. «Seguramente sea su primer trabajo en su vida. Y uno espera que sea nombrado en un puesto tan importante una persona que haya tenido alguna experiencia laboral», sostiene Juan Pablo Carías.

¿Un gabinete más amplio o funciones duplicadas?

Al consultar si el gabinete se hizo más grande, el economista Efraín Díaz le explica a Contracorriente que lo que pasa es que existen, por un lado, secretarías de Estado, pero que además hay una combinación de otras que lucen como secretarías de Estado, pero funcionan como asesorías en campos específicos.

«Algunas todavía no hay una decisión, por ejemplo, la de Ciencia y Tecnología no sé si eventualmente se convertirá en una secretaría de Estado o tendrá el nivel ministerial sin tener que ser una secretaría de Estado», se cuestiona Efraín Díaz.

El sociólogo Juan Pablo Carías ve esto desde otra óptica. Afirma que hay nombramientos en funciones que aparecen duplicados, con las mismas funciones que ya cumplen las secretarías: «No veo la razón cómo se puede nombrar a un ministro asesor en equis materia cuando es una secretaría la responsable constitucionalmente de dirigir y administrar la política pública en el área correspondiente».

Con amplias expectativas y un Congreso en crisis, la administración de Xiomara Castro busca lograr en sus primeros cien días logros que indiquen un cambio en comparación con el legado corrupto que dejó la administración de doce años de Juan Orlando Hernández. 

 

Por: Leonardo Aguilar
Fotografía: Archivo CC


«Libertad para los presos políticos de Guapinol», proclamó el pasado jueves 27 de enero la presidenta Xiomara Castro, durante la toma de posesión que la convirtió en la primera presidenta en Honduras. La mandataria se refiere a ocho defensores del río Guapinol, acusados por el Ministerio Público por el delito de privación injusta de la libertad en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé, cuyo caso está en la etapa de conclusiones de un juicio oral y público que comenzó desde el 1 de diciembre de 2021 en el tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Colón, zona norte de Honduras. 

El abogado Edy Tábora, director del Bufete de Justicia para los Pueblos y parte del equipo de la defensa en el caso Guapinol, dijo a Contracorriente, que lo primero que hay que entender es que el Estado de Honduras tiene la obligación de responder a la petición del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas.

Edy Tábora dice que el Gobierno de Juan Orlando Hernández omitió durante más de un año esa resolución. Así que el anuncio de parte de la presidenta Xiomara Castro –expone el abogado– viene relacionada en función de cumplir esa resolución. «Más allá de que exista una conciencia de qué significan estas personas privadas de libertad, lo más importante para la gente, es que el Estado debe reparar el daño causado a los defensores y a su familias», explicó. 

El pasado 2 de febrero, la junta directiva del Congreso Nacional presidida por Luis Redondo aprobó un decreto de amnistía. En el artículo 1 de dicho proyecto, entre otras cosas, establece una «amnistía general, amplia e incondicional” en favor de quienes se haya ejercitado una acción penal pública, hayan sido procesadas o, finalmente, que se les haya dictado sentencia firme o esté en ejecución.

El proyecto pone como objetos de amnistía a tres grupos, primero, a los imputados que previamente fungieron como servidores públicos en el período comprendido entre el 2006-2009, es decir, desde el inicio del Gobierno del expresidente José Manuel Zelaya hasta el golpe de Estado que lo depuso; segundo, a personas que han sido criminalizadas por ejercer el derecho a la protesta social, y tercero, a las personas que han desarrollado actos en defensa de la soberanía nacional, democracia, sus tierras y fuentes de agua.

En ese sentido, Edy Tábora expone que la amnistía es una herramienta legislativa establecida en la Constitución, facultad del Congreso Nacional, que se puede convertir en un mecanismo de cierre de todos aquellos procesos arbitrarios e injustos. «Estas amnistías por supuesto no aplican para todos los casos, aplican para determinados casos, debe seguirse una forma para determinar lo que establece el decreto de amnistía con el caso concreto». 

Al final de cuentas, expone Edy Tábora, la persona que está privada de libertad es la que decide si se aplica o no a una amnistía o en algún caso a un indulto, sin embargo, para equipo de defensa, en la etapa en la que se encuentra el caso, no constituye una opción inmediata. «En este momento, en el caso de Guapinol, estamos en la parte final del juicio. Entonces por lo pronto no vamos a hacer uso de ninguna de estas herramientas porque estamos concentrados en la etapa de conclusiones y la etapa del fallo en el juicio. Nosotros durante el juicio hemos logrado establecer, con la misma prueba de la fiscalía, que los defensores de Guapinol, son inocentes», explica Edy Tábora.

Edy Tábora expone que todas las herramientas, como la amnistía, sirven evidentemente para ponerle un alto para poner un alto a formas de detención arbitrarias. «Pues al final de cuentas, el Poder Judicial no ha servido de control efectivo sobre las ilegalidades que comete el Ministerio Público, sino que se ha convertido en parte de los mecanismos de criminalización», expuso.

Este viernes, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Colón, desarrollará las conclusiones del caso Guapinol. Una vez terminadas las conclusiones, el Código Procesal Penal indica que los jueces deben reunirse para deliberar, aunque no establece un plazo fijo de en qué momento.

«Deberíamos de entender que tendría que haber un fallo el mismo viernes, pero los tribunales últimamente necesitan tres o cuatro días posteriores a las conclusiones. Pensamos que el fallo va a ser hasta la otra semana y exigimos que los jueces se tomen el tiempo necesario para evaluar esas pruebas que no reúnen los requisitos necesarios porque son totalmente contradictorias», expuso Tábora.

El pasado lunes 24 de enero, en medio de alertas y denuncias graves sobre irregularidades, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Trujillo, Colón, continuó el desarrollo del juicio oral y público de la causa instruida contra los defensores del río. Defensores de derechos humanos denunciaron ese día que los fiscales del Ministerio Público llegaron acompañados de hombres armados privados, lo que se interpretó como un intento de intimidación durante el proceso judicial.

El 2013, el Congreso Nacional modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, dando lugar a que dicha empresa minera obtuviera licencias para explotación de minería no metálica. Para el 2015, la comunidad organizada en Tocoa denunció que estas licencias se otorgaron de forma inconsulta. En 2018, centenares de agentes se presentaron para desalojar a un grupo de 200 personas que defendían a su comunidad, según datos recogidos en el informe Guapinol Resiste, publicado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (Acafremin).

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A principios de 2019, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra 31 personas acusadas por los delitos de incendio agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad. Algunos de ellos recibieron sobreseimientos definitivos. Tras presentarse de forma voluntaria en plena pandemia, en 2020, la Corte de Apelaciones ratificó las medidas de prisión preventiva para 8 de los defensores acusados, después de revocar sobreseimiento definitivo a 5 de ellos.

Lenir Pérez, el propietario de la empresa Inversiones Los Pinares, es presidente del grupo EMCO, que también es responsable del cuestionado proyecto Palmerola International Airport (PIA).  En enero de este año, mientras se desarrolla este juicio, este grupo empresarial recibió por parte del Congreso Nacional un contrato para brindar servicios de rayos X a la empresa Alutech, parte de este consorcio, por un monto de 25.7 millones de dólares (624 millones de lempiras).

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El abogado Camilo Sánchez, director de la Clínica de Derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, quien ha seguido el caso Guapinol durante 2 años, dijo a Contracorriente que el proceso judicial contra los defensores de Guapinol ha sido bastante accidentado desde sus orígenes, ya que este proceso penal inició con irregularidades desde que se detuvo a los defensores imputados. «Fueron detenidos sin que se les dijera por qué cargos. Se les imputaron delitos que correspondían a unas cortes diseñadas para combatir el crimen organizado y no para lo que presuntamente se les perseguía», sostiene.

Camilo Sánchez agrega que durante el juicio oral y público, que inició en diciembre y en el que hubo que llegar a un receso por las vacaciones, también hubo otros incidentes, por ejemplo, se recusó a los magistrados y se interpuso un recurso de Hábeas Corpus hace más de un mes. Este último —asegura— ya debió haberse resuelto. Además explica que hay otro elemento más grave: «El Ministerio Público solicitó que se incluyera una prueba que la defensa ha considerado que es producto de un seguimiento ilegal y prohibido. Es un reporte que provenía de estos actos ilegítimos e ilegales de investigación», detalló.

De acuerdo con lo que ha podido observar, argumenta el abogado Sánchez, es un reporte realizado por una compañía de seguridad privada, es decir, no por una fuerza o un organismo de seguridad del Estado. «Para construir ese reporte estaban recopilando información sobre personas utilizando estrategias policial-militar, recopilando información de personas que estaban ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, sobre quiénes eran, qué relaciones tenían, cosas de ese tipo». 

El experto asegura que, de acuerdo con un principio internacional de derecho liberal clásico y muy acogido, las pruebas que son ilegales no pueden ser tomadas en cuenta en este proceso y todo tribunal, si ve que existe evidencia de que se ha cometido un delito en la recaudación de esa prueba, la debe poner en conocimiento del Ministerio Público o de quien corresponda y ordenar que se abra una investigación para que se determine qué sucedió y si hay responsabilidades.

La abogada Karol Bobadilla, parte del Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol, explicó a Contracorriente que, en un primer momento, los acusados se venían defendiendo de un delito y que ahora se defienden de cuatro: los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en contra del señor José Santos Corea, que es considerado víctima por el Ministerio Público, y por los delitos de incendio agravado y daños en contra de la empresa Inversiones los Pinares, que —a juicio de Bobadilla— es una empresa que está «instalada de manera ilegal».

«Cuando se reanudó el juicio vimos con preocupación el intento por parte del Ministerio Público de incluir pruebas que no reúnen los requisitos  para ser consideradas como tal en un procedimiento penal ya que en este, primero, la empresa privada hizo una vigilancia ilegal en contra de los defensores de derechos humanos y, por otro lado, este informe estaba construido desde una lógica de inteligencia militar y no de investigación penal», indicó Bobadilla.

Para Bobadilla, la participación del Poder Judicial ha sido muy parcial. «En este caso se han presentado cuatro recursos de Hábeas Corpus, tres de ellos han sido declarados sin lugar. El Poder Judicial ha estado parcializado y el último de estos fue presentado el 15 de diciembre del año pasado y hasta la fecha no existe resolución, aunque la ley establece que esos recursos, por el tipo de temas que tratan, deben ser resueltos en 24 horas», recalcó.

Para Camilo Sánchez, este proceso penal debería detenerse, en primer lugar, en razón de haber iniciado con detenciones ilegales y, en segundo lugar, porque instancias internacionales como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Detenciones Arbitrarias, la Relatora de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el grupo de trabajo sobre derechos Humanos y Negocios han pedido al Estado de Honduras que libere a estas personas porque no existen razones para mantenerlas detenidas. «El incumplimiento de seguir esas recomendaciones muestra que hay una persecución de estas personas», concluye.

La empresa Inversiones los Pinares, publicaron un comunicado de seis puntos, en donde hacen un «llamamiento a la paz, el respeto al debido proceso, derechos humanos de las víctimas y el respeto irrestricto de las víctimas», en donde afirman que son «una empresa responsable, comprometida con el bienestar y desarrollo de Tocoa y de Honduras en general».

Aunque Leonel Sauceda no pudo desvirtuar el delito de lavado de activos —pues estuvo preso desde hace dos años porque no había podido justificar 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias entre 2006 y 2017—, según el Poder Judicial, el Ministerio Público no pudo comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que determinó absolver a Leonel Sauceda también del delito de lavado de activos.

Texto por Leonardo Aguilar


Este miércoles, la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional, por unanimidad, dictó un fallo absolutorio y emitió su respectiva carta de libertad a Leonel Sauceda, esto después de que la parte acusadora (el Ministerio Público) «no presentara medios de prueba suficientes para quebrantar el estado de inocencia del ciudadano», según informó el Poder Judicial a través del departamento de comunicaciones.

Leonel Sauceda se suma a, por lo menos, otros diez imputados por lavado de activos que fueron absueltos. En esta lista figuran dos involucrados en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuatro personas vinculadas al cartel Los Cachiros y el exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto, quienes fueron absueltos gracias a las reformas a la Ley de Lavado de Activos, aprobadas en el Congreso Nacional en octubre de 2021, cuando, en una polémica y apresurada reunión en donde participaron más de 60 congresistas, se reformó los artículos 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. Las reformas a la Ley de Lavado de Activos fueron publicadas el pasado 1 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta.

Leonel Sauceda ingresó a la Policía Nacional en enero de 1992 con el grado de subteniente. En enero de 2020 se convirtió en comisionado general de la Policía Nacional de Honduras cuando fungía como el director de Recursos Humanos de la institución armada. A finales del año pasado, el Ministerio Público presentó una acción de solicitud definitiva de dominio sobre 83 de sus bienes.

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El comisionado en condición de retiro, Leonel Sauceda, fue capturado en febrero de 2020. Su juicio oral y público comenzó el pasado lunes 10 de enero de 2022. Se le procesó por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.

Sauceda permaneció casi dos años encarcelado en un batallón de Tegucigalpa, capital de Honduras, porque no pudo justificar la procedencia de 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias en un periodo comprendido entre 2006 y 2017.

«En este caso, el delito de malversación era precedente al de lavado de activos, al no existir pruebas suficientes para acreditar la comisión del delito de malversación de caudales públicos, también se ha dado un fallo absolutorio por la comisión del delito de lavado de activos. Ya se le ha otorgado una carta de libertad a esta persona», dijo en conferencia de prensa, Lucía Vijil, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.

Lucía Vijil informó que se ha convocado a las partes para que comparezcan el próximo miércoles 9 de febrero y que de esa forma se pueda llevar a cabo la lectura de sentencia, no obstante, confirmó que desde el Poder Judicial se enviará la carta de libertad al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que este proceda a otorgarle la libertad de forma inmediata a Leonel Sauceda.

El abogado Marlon Duarte, defensor del oficial Leonel Sauceda, dijo a medios de comunicación que su cliente «no cometió ningún delito» y que por esa razón resultó absuelto. «Nosotros demostramos que los bienes él los tenía antes del periodo de investigación, que era entre 2016 y 2017, aun así, le aseguraron su casa, sus propiedades (…) Leonel Sauceda tuvo tres ascensos posteriores a que manejara estos fondos», reveló Duarte.

Por su parte, Sauceda, tras conocer su absolución, se dirigió a los medios de comunicación y expresó que esta se derivó de no serle útil al sistema policial en el que se desenvolvía: «¿A quién le incomodaba yo?, ¿no era útil para un sistema?, ¿solo por hacer lo correcto?», dijo.

En una acusación que hicieron fiscales estadounidenses para llevar a cabo el juicio del narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, este confesó haber tenido relaciones con varios agentes de policía, entre ellos los «Saucedas». Agregó que uno de estos estaba particularmente cerca de él.

En este juicio se conoció también que, en 2003, Fuentes Ramírez conoció a un presunto asesino y narcotraficante identificado como Melvin Sandres, más conocido como «Metro», quien era dueño del equipo de fútbol Atlético Choloma. Se conoció que Melvin Sandres y Fuentes Ramírez realizaban fiestas en el estadio y en ocasiones eran vistos con sus socios, entre los cuales estaba el oficial de policía Leonel Sauceda, quien, según unanota de Univisión Noticias, figura como un co conspirador.

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Sauceda fue mano derecha del exministro de seguridad Oscar Álvarez y además se identificó como religioso. Formó parte de organizaciones como la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. 

En una investigación de Contracorriente,publicada en febrero de 2020, la también comisionada en condición de retiro María Luisa Borjas reveló que a Sauceda se le había abierto expediente desde 2002 en la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad por vínculos con el narcotráfico cuando con otros oficiales bajaron una narcoavioneta en Choluteca.

Borjas reveló entonces que la razón por la que durante todos estos años permitieron su ascenso en la institución es justamente porque era la mano derecha del exministro de seguridad y militante del Partido Nacional, Oscar Álvarez.

Por Eduardo Bähr
Ilustración: Candy Carvajal


Un fotógrafo se metió en el peñasco para hacer una foto curiosa.

Había experimentado con tres botellas de cerveza, una sobre el pico de la otra y la última hacia arriba. Pero indefectiblemente el cristal regaba el suelo antes de apretar el botón.

También se había presentado de improviso en el teatro y había sorprendido al divo en el momento de inseguridad en que estaba más sincero; pero la capa de maquillaje se le derretía siempre en el cuarto oscuro.

Los tres jurados de un concurso, después, le salieron con mucosidades en las barbas, y eso era antiestético. Los maricas le salían siempre tristes y las mujeres señalaban siempre, también, en un mapa el río de aceite que no tendrá jamás un pez. Los niños le gastaron rollos de alambres de púas, que, como sabemos, se usa para ordeñarle sangre a las vacas.

Los negros no le dieron nunca un contraste, a pesar de la sangre blanca de arroz que le transparentaba la nariz y el usted tiene un tesoro de folclor de inocente indecencia. Por otra parte, el ser amigo de los negros, por cuestión de un material que le había salido muy pálido, no le servía para encontrar el tema. Así se quedaban ellos incomprensiblemente furibundos y él pensando en las paradojas de la amistad.

Los «gringos» eran un tema apasionante, pero nunca pudo captar —cuestiones de UPI, AP y Astrología— el momento en que uno de ellos, con la firme creencia de la identidad, le llamaba teatralmente a otro «hijo de perra». Además, y esto era la clave del enigma, el otro respondía invariablemente con una pastilla de chocolate.

El fotógrafo estaba cada vez más triste, porque sabía que si retrataba a su pariente iba a salir una declaración en papel sellado en la que se declaraba una transmisión vergonzosa que tendría que reclamarle a él sabía bien quién.

Sorprendió al maestro enseñando los secretos temerosos del coito, pero asociándolos misteriosamente con la teoría de la plusvalía. Y, de paso, no podía trabajar con la tiza en la garganta en una explicación de la propia anhelada creación; además de que no podía soportar tampoco el espectáculo de un señor que no quiere llegar a la superficie porque le faltaría el agua y vénganos con la excusa de que ningún hombre es anfibio.

Había visto al estudiante en el exacto momento de gritar, con irreverente antipatriotismo, que su patria era una mierda; pero no le resultaba genuino que el militar no hubiera respondido con un bayonetazo en honor a la casta y sus honrosas excepciones; aunque le hubiera gustado, eso sí, fotografiar la expresión de ternura del indígena vestido de caqui; mas él y el comercio de fotografías saben que en las novatadas lo pusieron a masturbar a un mono y que, si se hizo el estoico, le grabaron el nombre de su novia en la tetilla izquierda con una yilet y que por eso, y porque su novia no se llamaba Eva, se le había puesto de sal el rostro.

Claro que no estaba dispuesto a gastar esos valiosos pasos que se dan con riesgo de usar en balde su segundo de existir. Esa era la razón fundamental por la que se había sentado en medio de la calle a descansar, aunque estaba consciente de que la catalepsia del reposo también hace avanzar la vida. Sin embargo, la verdad jurada era que ya no encontraba el arquetipo de la actualidad, y esto que había penetrado en un templo estereofónico y fijado, esa vez, en su mente, que la muchedumbre pudo haberle roído los dientes y las uñas de los pies.

Cada vez se iba poniendo más viejo por la falta de risa. Y era sincero: su sueño no se relacionaba, en manera alguna, con la puta ebria que le besaba las llantas al yip, ni con el comunista que dejó olvidado el calzoncillo anónimo y multitudinario en el momento en que la madrugada le pegaba un golpe de noche al sol sifilítico de todos los tiempos.

Sabía también algo acerca de muchos recontra a saber qué que escribían poesía como aquel que vendía crucifijos de lodo a un montón de merecedores y, aunque había auscultado en sus espaldas, no lograba sino retratar una cara de condescendencia y de yo jamás sabré cuan divinamente imbécil soy que no le servía ni para un concurso.

El fotógrafo metido en el peñasco se consumía ya y pensaba para sobrevivir que la razón enajenada está siempre libre en la palabra viva, y así: coturno aveníceo dominguero gabarrero plausiblemente garaje entropillar mayorazgo asedio asesar y un gorgoteo le hacían sentir que todavía estaba vivo.

Pero sentado se consumía.

Y pensando, se consumía.

Y no dormía y se consumía el miserable fotógrafo que creía en la autenticidad se consumía.

Hasta que encontró una dulce somnolencia que lo llevó al dulce mundo de los dulces pájaros, y la dulce luna, y la dulce imagen del hombre eterno de la parra, y la dulce creencia de encontrarse cada vez más libre, y más lejano y más…

Porque en este país tiene todo fotógrafo la obligación de irremediablemente consumirse.

Xiomara Castro asumió el 27 de enero como la primera mujer presidenta de Honduras en un emotivo acto repleto de simbolismos que invocaban el regreso del poder popular tras doce años desde el Golpe de Estado en contra de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya. Castro prometió respeto a los derechos de las mujeres, energía gratis para los pobres, disminución de los costos del combustible, atención a las necesidades de pueblos indígenas y comunidad LGTBI y la instalación de una comisión internacional contra la impunidad en los primeros cien días de su gobierno. Sin embargo, esas promesas se enfrentan a lo que ella apunta como un país quebrado.

Texto: Vienna Herrera y Fernando Silva
Foto: Ezequiel Sánchez y Nahún Rodríguez


Las banderas rojo y negro ondean por todo el Estadio Nacional, el público grita, llora y algunos suspiran un aliento que parece llevar 12 años contenido. Xiomara Castro acaba de ser juramentada como la presidenta de Honduras, es la primera mujer en ocupar ese cargo y llega bajo la promesa de tener un gobierno socialista y feminista. Sus primeras palabras se dirigen a las mujeres: «Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones», les dice.

De pronto, Castro cambia la sonrisa del rostro y comienza a contar las condiciones en que recibe el país, «El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota», dice y explica que la deuda aumentó un 700% y la pobreza se abarca el 74% de la población, y añade que la mayor parte del presupuesto en los últimos años se destinó al pago de los sueldos y salarios de 210 mil empleados públicos y no a mejorar las condiciones del país.

La situación que Castro presenta y que dice presentará a la comunidad internacional en un informe, son legadas por el gobierno saliente de Juan Orlando Hernández, el político del Partido Nacional que en 2017 llegó a la presidencia mediante un fraude electoral frente a la Alianza de Oposición que encabezaba el ahora designado Salvador Nasralla. 

Tras la crisis electoral que dejó más de 20 asesinatos en manos de fuerzas de seguridad del Estado, las cosas no mejoraron para ese gobierno, Hernández fue mencionado en varias ocasiones por sus relaciones con el narcotráfico en juicios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y ahora podría enfrentar la extradición. Además, los casos de corrupción en la administración pública se multiplicaron causando que el Ministerio Público iniciara investigaciones que llevaron a juicio a funcionarios del gobierno.

Hernández no asistió a la toma de posesión, y mientras todos los actos de investidura ocurrían, él se juramentaba como diputado del Parlamento Centroamericano, garantizando así inmunidad que, según analistas, podría garantizar su impunidad

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Un récord de delegaciones internacionales fueron testigos de la jura de Xiomara Castro como presidenta. Entre ellos, el rey de España Felipe VI y la vicepresidenta de estadounidense Kamala Harris. Tegucigalpa
Un récord de delegaciones internacionales fueron testigos de la jura de Xiomara Castro como presidenta. Entre ellos, el rey de España Felipe VI y la vicepresidenta de estadounidense Kamala Harris. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022. Foto: Ezequiel Sánchez.

Quienes sí asistieron al evento de toma de posesión fueron los representantes de 57 delegaciones internacionales, entre ellos diplomáticos y representantes de Estados Unidos, España, Argentina, Taiwán, Panamá, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Belice, Costa Rica, entre otros. Entre los más importantes estaban la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernandez, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado y el rey Felipe VI de España, entre otros.

En todo este contexto, Castro también aseguró que en los primeros 100 días de su gobierno realizará 22 acciones urgentes, entre ellas, el subsidio total de la energía eléctrica para las familias que consumen menos de 150 kilowatts al mes que, según sus cálculos, beneficiará a más de un millón de personas que viven en la pobreza en Honduras.

«Los altos consumidores deberán asumir un precio en su factura para subsidiar la energía que daremos gratis a los pobres de Honduras», expresó Castro. Sin embargo, la promesa es hecha en medio de una crisis financiera en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que tiene una deuda de más de 80 mil millones de lempiras (3.133 millones de dólares) producto de contratos de energía renovable, luego de que la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovable fue aprobada durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.

Pedro Barquero, Ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, dijo después de la toma de posesión que las medidas económicas que planean implementar para cumplir con las promesas sociales serán posibles porque «al combatir la corrupción se van a liberar fondos, se va reperfilar la deuda y con un combate efectivo de la evasión fiscal y el contrabando, ahí vamos a tener más recursos. También con políticas públicas que ayuden a tener un crecimiento económico de donde habrá mejor recaudación tributaria», explicó.

Xiomara Castro recibió la banda presidencial color turquesa de parte de quién ella reconoce como Presidente del Congreso, Luis Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras, mientras la crisis en el poder legislativo. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022. Foto: Ezequiel Sánchez.

La presidenta Castro también prometió en sus 22 acciones urgentes, la reducción de los precios de los hidrocarburos, el cese a los permisos de minería y concesiones hidroeléctricas y la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES).

Además, Castro aseguró que instalará la Comisión Nacional e Internacional para el Combate Frontal a la Corrupción e Impunidad, libertad para los presos políticos de Guapinol criminalizados por su lucha contra una minera del empresario Lenir Pérez, justicia en el caso de Berta Cáceres, una ley que «condene el golpe de Estado de 2009» —de la que no se conocen sus posibles alcances— y la derogación de otras leyes lesivas para la población hondureña.

Para poder aprobar las leyes que promete, Castro necesitará de un Congreso Nacional, que ahora mismo sigue en crisis con un vacío institucional en el que ninguna de las dos juntas que están sesionando de forma paralela se eligió y ratificó con el procedimiento legal correspondiente. Por un lado la de Luis Redondo, apoyado por Castro y el oficialismo del partido Libre y, por otro lado, la de Jorge Cálix, el presidente de la facción del Congreso Nacional que posee al menos unos 76 votos de los 128 de los diputados propietarios, entre ellos, toda la bancada del Partido Nacional.

Castro señaló a Cálix y otros 17 diputados de Libre que le acompañaron en sus aspiraciones, como traidores y contrarrevolucionarios, convocó a sus simpatizantes para tomar el Congreso Nacional y expulsó del Partido a los disidentes. Todo el discurso violento dicho por Castro y respaldado por otros dirigentes llevaron a amenazas de muerte y vandalismo en la casa de los expulsados.

Sin embargo, en un intento por reducir la tensión, la noche antes de la toma de posesión, Cálix recibió una oferta de Castro para que ocupara el puesto de coordinación de su gabinete a cambio de dejar la presidencia del legislativo y concluir la crisis.

Hasta el momento el diputado no ha respondido a la oferta de asumir un cargo dentro del gobierno. No obstante, tras que un ciudadano interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en contra de la junta de Cálix, este publicó en redes que aunque respetaba el procedimiento «creo en el diálogo para buscar una salida política a este conflicto».

Unas horas después, un abogado en representación de Cálix presentó un recurso de amparo, también ante la Sala de lo Constitucional para suspender en sus funciones a Luis Redondo.

Ante la insurrección de los miembros de su mismo partido, Xiomara Castro mencionó en su discurso del 27 de enero que aprobarían una ley de consulta ciudadana. «No podemos estar atados a que tengamos que obtener 86 votos que sustituyan la voz del pueblo», apuntó.

Mientras los diputados de la facción de Cálix sostienen reuniones vía Zoom, el Congreso Nacional presidido por Redondo ha incorporado a diputados suplentes de los mismos diputados propietarios que asisten a la sesión para alcanzar el quórum, un procedimiento irregular que los 44 diputados del Partido Nacional denunciaron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos aprovecharon para brindar su apoyo a Xiomara y a la vez continuar con las demandas de justicia por los asesinados y desaparecidos de ahora y de antes. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022. Foto: Ezequiel Sánchez.

Aún con esta imagen de la crisis legislativa en el país, la gente escucha y apoya el discurso de Castro. Entre ellos, la familia de Isis Obed Murillo, un joven de 19 años asesinado el 5 de julio de 2009 cerca del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa durante una protesta que esperaba el retorno del Presidente Zelaya acompañado de otros presidentes, cuya entrada al país fue frustrada por el ejército. El asesinato de Isis Obed se mantiene en la impunidad. 

Silvia Mencía, madre de Isis Obed, sentada en las primeras filas de la cancha durante la toma de posesión, porta una camiseta que dice «ni olvido ni perdón» y tiene en sus manos la foto su hijo, «él murió por esta causa y eso nos compromete a estar aquí siempre, estamos para mirar esa victoria que él tanto deseo ver», dice con lágrimas en sus ojos.

Silvia condena la violencia que aumentó después del golpe de Estado, «ha habido mucho sufrimiento para todo el pueblo y no digamos para nosotros que perdimos a un ser querido, perder un hijo no es fácil. Creemos en Xiomara porque ella sufrió igual que nosotros en las calles» añade y cuenta que espera justicia para Isis Obed y que se investiguen las muertes ocurridas durante las manifestaciones de estos 12 años. Ahora, el rostro de Isis Obed y otras víctimas de estos conflictos están pintados en murales en las paredes del Estadio Nacional, son héroes para el nuevo gobierno.

Además de estas víctimas directas de la autocracia que estableció Hernández y su partido, la violencia en el país dejó al menos 35 mil homicidios entre 2014 y 2021. Todo esto en un proceso de militarización de la seguridad pública con el supuesto objetivo de reducir la violencia y el narcotráfico que aumentó el presupuesto de las secretarías de seguridad y defensa de 4,805.4 millones de lempiras a 15,125.8 millones de lempiras y que además amplió las funciones de los militares al colocarlos en puestos claves de la administración pública como las comisiones interventoras del Hospital Escuela -el principal centro asistencial de la región central del país- e Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), entidad encargada de comprar equipo hospitalario en la pandemia, intervenida ante fuertes señalamientos de corrupción.

El recién pintado Estadio Nacional de Tegucigalpa abrió sus puertas desde temprano para que la gente fuera ocupando las graderías, que terminarían llenándose de hondureños que llegaron de todas partes del país. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022. Foto: Ezequiel Sánchez.

Una imagen de esperanza

En el programa de juramentación de la presidenta no había invocaciones a dios, ni participación de ministros religiosos. El acto religioso se realizó previo al evento oficial pero no fue ante un pastor evangélico como solía ocurrir en el gobierno de Juan Orlando Hernández. La presidenta Castro visitó la ermita de la virgen de Suyapa, un lugar que, según cuenta la historia, fue el primero donde se adoró a la figura católica, uno mucho menos ostentoso que la basílica de Suyapa al que otros gobernantes solían visitar.

Desde horas antes de su llegada, decenas de sus simpatizantes le esperaban para buscar una fotografía o decirle algunas palabras de apoyo, por eso, cuando llegó al lugar se abalanzaron contra la caravana de vehículos que le acompañaba para saludarle. Castro entró acompañada de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, a la misa dirigida por el obispo católico Ángel Garachana, miembro de la Conferencia Episcopal y obispo de San Pedro Sula, reconocido por sus posturas en contra del gobierno anterior dirigido por Hernández.

Garachana no dudó en dar la bendición a la nueva presidenta, que al final de la misa salió en caravana rumbo al Estadio Nacional para atender los actos oficiales de juramentación. Con su salida de la ermita, sus simpatizantes y medios de comunicación corrieron para lograr grabar al menos un saludo y allí, entre todos los empujones alcanzar a ver a la presidenta, las dueñas de puestos en los alrededores del templo religioso buscaban proteger las velas e imágenes de santos y vírgenes que venden a los feligreses que asisten a misa en la ermita. En uno de esos puestos entre la euforia quebraron una vela, una pequeña, que costaba 25 lempiras.

La presidenta Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya salen de la Ermita de Suyapa después del acto religioso llevado a cabo en el recinto.Tegucigalpa, 27 de enero de 2022.

El puesto donde se quebró esa vela pertenece a Doris Patricia Ávila, una madre de familia de 58 años que a diario llega a la zona para vender sus objetos religiosos.

Doris ha sido simpatizante del Partido Liberal toda su vida, pero en las elecciones del 28 de noviembre de 2021 estaba decidida a votar por Xiomara Castro. Sin embargo, sus intenciones fueron obstaculizadas por su trabajo, del que cuenta, salió hasta casi las 5 de la tarde cuando los centros de votación ya estaban cerrando.

Recuerda que ese día logró vender algunas velas e imágenes, no fue mucho dinero, pero ayudó en la situación económica difícil que vive desde que su hijo e hija fueron despedidos de sus respectivos trabajos y justamente cuenta que una de las cosas que más espera del nuevo gobierno es una oportunidad laboral para ellos. Dice que ella no será eterna y algún día tendrá que dejar de vender las imágenes y velas religiosas.

Las personas con subempleo que deja el gobierno de Juan Orlando Hernández llegan hasta los 3.7 millones de habitantes, según cifras del Diagnóstico de Mercado Laboral Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La problemática del subempleo y desempleo, sumada a la pobreza que hasta 2020 llegaba al 70% de la población, han llevado a los hondureños y hondureñas a buscar migrar hacia Estados Unidos, una crisis a la que Castro también tendrá que enfrentarse considerando la presión del país norteamericano para que ese flujo se reduzca, y que justamente fue uno de los temas que trató con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, en la reunión bilateral que mantuvieron en horas de la tarde del jueves tras la toma de posesión.

Según cifras de migración, solo en 2021, cerca de 54.715 migrantes hondureños fueron deportados desde Estados Unidos o México. Una cifra que aparentemente podría ser difícil de disminuir considerando las condiciones de un país en el que entre enero y noviembre de 2021, la deuda externa de Honduras alcanzó los 11.321,9 millones de dólares, según el Banco Central (BCH).

Doris no quiere pensar en que sus hijos pueden migrar, es algo que no se le pasa por la cabeza, y por eso hace el sacrificio de acudir religiosamente a vender en el puesto que le dejó su padre.

«Mel no ha sido un hombre malo, pero se ha dejado llevar por otros intereses, la verdad yo dejé de meterme mucho en la política desde ese tiempo cuando dieron el Golpe de Estado», cuenta Doris quien era una fiel activista de Zelaya cuando era presidente. Ahora, tras casi 13 años de gobiernos nacionalistas, Doris tiene esperanza e ilusión de que la realidad del país y sus propias condiciones puedan cambiar, aunque siempre tiene reservas.

«Yo me siento orgullosa por Xiomara porque también soy mujer, y lo único que espero es que demuestre que nosotras las mujeres podemos llevar la presidencia de un país, ojalá que todo le salga bien, la gente siente esperanza porque es una mujer la que tiene la presidencia y eso nunca lo habíamos visto», explicó Doris.

Doris dice que, aunque su mercadería estaba en juego, le encargó a su hijo, quien le apoyaba en la protección de la venta, que siguiera a Xiomara con su teléfono pues quería guardar para siempre la imagen de la presidenta que le regresó la esperanza.

Los comerciantes siguen con sus negocios abiertos en los alrededores de la Ermita, aún después de la llegada de la presidenta Xiomara Castro.Tegucigalpa, 27 de enero de 2022.

Doris no sabe todavía si el pueblo tendrá el poder como lo prometieron en campaña, pero sí cree que todo el apoyo que la gente le ha dado a Xiomara fortalecerá a su gobierno, al menos, eso es lo que ella ha notado en las últimas semanas con el conflicto que vio en el Congreso y lo que ha hablado con sus amistades que, aunque son de otros partidos políticos, ahora apoyan a la presidenta.

El nuevo gobierno ha insistido en que el aspecto más importante de su llegada al poder es la legitimidad que les dio el pueblo en las urnas y ahora en las protestas contra la instalación del Congreso presidido por Cálix. Pero ayer Castro tomó la promesa de ley a cargo de la jueza Karla Romero, y es que generalmente en Honduras quien juramenta al poder ejecutivo suele ser el presidente del Congreso Nacional, pero debido a la crisis actual en ese poder del Estado, la presidenta optó por recibir simbólicamente la juramentación de la facción que recibe su apoyo, la de Luis Redondo, pero de manera oficial la juramentó la jueza en representación del poder judicial. Si esto no hubiese pasado, el nuevo mandato podría enfrentar serios problemas de legalidad.

Un estadio restaurado, simbólico y abarrotado 

La comisión de traspaso de mando, integrada el diputado Jari Dixón, la empresaria Belinda Martínez y la ahora Ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, decidió realizar la toma de posesión de Xiomara Castro pidiendo apoyo económico a la población para los arreglos en el estadio nacional, donde tradicionalmente se realiza este acto. En ese sentido, la comisión encargada del evento recaudó aproximadamente 16 millones de lempiras y prometió brindar un informe de transparencia que detalle la recaudación y los gastos. 

Las graderías del estadio fueron pintadas de color azul turquesa y blanco, considerando que una de las acciones que el nuevo gobierno ha implementado es la de regresar al color original de la bandera, que según los documentos oficiales debe ser el turquesa. Además, pintaron murales de artistas hondureños que retrataban a personalidades y momentos importantes en la historia de Honduras. Afuera del estadio colgaron pancartas gigantes con el rostro de mujeres reconocidas como las ambientalistas Berta Cáceres y Jeannete Kawas, asesinadas en su defensa de los territorios, la defensora de los derechos de las mujeres Visitación Padilla, las poetas Juana Pavón y Clementina Suarez, entre otras.

Los barrios cercanos al Estadio habían decorado sus calles con los colores rojo y negro. En 2017, esos mismos barrios sufrieron la represión policial tras protestar contra la toma de posesión de Juan Orlando Hernandez. Pero ahora, en el inicio de este nuevo gobierno, la Policía Nacional de Honduras resguardó sin problema el estadio y sus alrededores a través de varios anillos de seguridad, ordenando a las personas en los portones asignados según su acreditación.

Esas filas abarcaron varias cuadras, la gente vestía con camisas, gorras y llevaba banderas del Partido Libre, otros portaban el amarillo de «Honduras Humana», un proyecto político del sociólogo y comunicador social Milton Benítez, que ahora forma parte del gabinete de gobierno como ministro asesor en materia de Comunicaciones del Ejecutivo. De vez en cuando, en las filas para el ingreso, la emoción les invadía y gritaban «Sí se pudo, sí se pudo».

Dentro del Estadio sonaba «Se van» un merengue de Johnny Ventura que se hizo popular después de que Castro y Nasralla se juntaran en una alianza «de hecho» con el propósito de derrocar al Partido Nacional, que ahora será el principal opositor del gobierno.

A pesar de eso, algunos de sus liderazgos felicitaron a Castro por su llegada oficial a la presidencia, como es el caso del ex designado presidencial y ex alcalde del Distrito Central, Ricardo Alvárez. Alvarez comentó en Twitter que espera que el gobierno de Xiomara Castro «marque una era de prosperidad, paz, solidaridad e inclusión para todo nuestro pueblo».

También, hubo un espacio para rendir homenaje a víctimas de las protestas contra el golpe de Estado de 2009 así como de la crisis post electoral de 2017. Sus familiares, organizados por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), levantaron fotografías y desfilaron por el Estadio mientras sonaban canciones alusivas y en la pantalla aparecía el listado de nombres.

Alrededor de las 11 de la mañana, las delegaciones internacionales comenzaron a hacer su entrada al Estadio Nacional pero fue durante la presentación de la delegación de El Salvador cuando el estadio entero empezó a gritar: «Bukele, Bukele», a pesar de que ese mandatario no asistió al evento, por lo que más tarde twitteó al respecto.

A pesar de que en su discurso Castro no mencionó uno de los temas que más interesan a la población, las acciones de lucha contra el narcotráfico que se incrustó en el Estado durante la última década y que salpican al ex presidente Juan Orlando Hernández, la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, despertó en todo el Estadio Nacional un coro de voces que le gritaban «Llévese a JOH».

El día anterior, la congresista estadounidense Norma Torres, señaló en un comunicado que había escrito una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aconsejando acusar y extraditar a Hernández, «El daño que le hizo la administración de Hernández a Honduras es amplio, institucional, y no puede ser reparado de la noche a la mañana.» denunció Torres en su mensaje hacia los hondureños.

En cuanto ingresó la presidenta Xiomara Castro, el público la recibió gritando la consigna «El pueblo unido jamás será vencido». La gente que la observaba se abrazó, la recibieron con lágrimas y con los puños en alto, levantando los cárteles que llevaban las fotos de los mártires.

Xiomara Castro juramentó en su cargo con la jueza Karla Lizeth Romero Dávila, posando su mano izquierda en la Constitución de la República sostenida por su nieta, Irene Zelaya. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022. Foto: Ezequiel Sánchez.
Xiomara Castro juramentó en su cargo con la jueza Karla Lizeth Romero Dávila, posando su mano izquierda en la Constitución de la República sostenida por su nieta, Irene Zelaya. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022. Foto: Ezequiel Sánchez.

«Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes» dijo Castro y posteriormente el diputado Luis Redondo le impuso la banda presidencial ante unas 29 mil personas que presenciaban el evento. La banda también fue cambiada simbólicamente, el expresidente Zelaya mostró una banda azul marino, la banda que le habían puesto cuando lo nombraron y presentó la nueva banda presidencial, ahora azul turquesa.

Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras (COPINH) le entregó a la presidenta Castro la vara alta Lenca, un símbolo sagrado para las autoridades Lencas y de otros pueblos originarios de Honduras que en la punta lleva una mujer guardiana de los ríos que simboliza la resistencia de las mujeres indígenas y negras. «De esta manera los pueblos indígenas y negros le damos el compromiso a la Presidenta Xiomara Castro para que acompañe la lucha histórica por las causas justas y que libre los territorios del saqueo, corrupción y explotación», publicó el COPINH en un comunicado.

La situación de los pueblos originarios y de los defensores del medio ambiente se agudizó en estos últimos 12 años. Información recabada por Contracorriente para el proyecto Tierra de Resistentes, revela que en los últimos 11 años se reportaron al menos 138 asesinatos vinculados a la defensa de la naturaleza además de 685 casos de violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras que incluyen el acoso judicial, amenazas, y agresiones.

Bertha Zúñiga Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hija de Berta Cáceres, le entregó un bastón de mando ancestral que representa un gesto de confianza, pero también una demanda de compromiso por la defensa de los pueblos originarios y del medioambiente

Durante la toma de posesión, Castro además juramentó a su gabinete. integrado por 35 funcionarios de los cuales solo 8 son mujeres. Entre los nuevos ministros se encuentra el canciller Eduardo Enrique Reina y la ministra de finanzas, Rixi Moncada. Castro tendrá como secretario privado a su hijo, Héctor Zelaya y propuso como ministro de defensa a José Manuel Zelaya, sobrino de su esposo.

Sobre esos nombramientos, el nuevo vicecanciller Gerardo Torres justificó que no existe nepotismo en estos nombramientos porque asegura que eso solo es cuando le dan un cargo que no se merece, solo por ser familia.

«En el caso de Héctor Zelaya fue el gerente de una de las campañas más exitosas de este país en su historia política y José Manuel Zelaya es el secretario electoral del Partido, entonces estamos hablando de dos pilares del triunfo, no es que estaban en la casa viendo televisión y Xiomara los puso en el cargo, como sí pasaba en el Partido Nacional», aseguró.

Torres concluyó asegurando que, aunque hay muchas personas que pueden ocupar esos cargos, para evitar los señalamientos la decisión política la tiene la presidenta. 

En el gobierno saliente de Juan Orlando Hernández el nepotismo fue uno de los puntos que más criticó la oposición, empezando por el cargo ostentado por la ahora fallecida hermana del presidente, Hilda Hernández, nombrada como ministra de estrategia y comunicaciones. En su momento, Hernández justificó su nombramiento aclarando que no tenía una «cartera presupuestaría» por lo que no era funcionaría pública.

En 2021, tras la muerte de la ministra, el Ministerio Público inició investigaciones en contra de ella por ser uno de los actores que propiciaron el desfalco de fondos estatales de Casa Presidencial para el pago indebido de periodistas.

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Las expectativas sobre el gobierno de Castro 

En el boulevard Suyapa que conduce al Estadio Nacional, donde Xiomara Castro estaba tomando posesión, había tres estaciones con pantallas gigantes para que la población que no logró entrar al lugar del evento pudiera escuchar y celebrar la juramentación de la nueva presidenta.

En todo ese camino cientos de hombres, mujeres y familias completas transitaban bajo el sol con el simple objetivo de alcanzar a ver cuando Castro prometiera respetar la Constitución y asumir finalmente el liderazgo del país. Querían participar del momento en que Honduras iba a iniciar una nueva etapa de su historia.

En ese camino, bajo el sol, también caminaba Dulce Guifarro, mujer trans de la asociación Kukulcán quien asegura que, como comunidad diversa, tienen esperanza ya que han apoyado el movimiento social desde 2009 y, desde ese entonces, también han exigido justicia en los casos de asesinatos en contra de sus compañeras, como en el caso reciente de Thalia, una defensora de derechos humanos asesinada en su propia casa el pasado 10 de enero.

Retrato de una mujer de la comunidad trans en el boulevard Suyapa. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022.
Retrato de una mujer de la comunidad trans en el boulevard Suyapa. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022.

Los asesinatos en contra de personas de la diversidad sexual en Honduras han aumentado cada año y, desde 2009, se contabilizan 389 crímenes de odio, de los cuales el 90% sigue en impunidad según cifras de la organización lésbica Cattrachas.

En ese sentido, el discurso de Xiomara Castro hizo historia mencionando por primera vez a la comunidad LGTBIQ+ en una investidura presidencial, y asegurando que su gobierno atenderá las necesidades de ese sector de la población.

Dulce contó que solo el hecho de que Xiomara Castro asuma la presidencia del país es un orgullo, pero también les genera muchas esperanzas los cambios que vengan tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, que con el conflicto parlamentario de la última semana sigue en suspenso.

«Nosotras nos hemos reunido con comisiones y les entregamos propuestas como comunidad, esperamos que esas propuestas valgan. Las mujeres trans necesitamos una ley de identidad de género para que se nos respete el derecho a nuestro nombre, esperamos que esas propuestas se cumplan y se ratifiquen en el Congreso Nacional sin importar quién esté ahí.», señalaba Dulce.

Previo a la toma de posesión y después de que Castro se declarara ganadora, la presidenta designó una comisión de transición de gobierno dividida en 10 mesas de trabajo que se dedicaron a reunirse con diversos sectores de la sociedad que les presentaron propuestas para trabajar políticas públicas y les hicieron saber cuáles eran sus necesidades. 

Así como ella, llena de esperanza tras un periodo sombrío de violencia y corrupción, cientos de mujeres y hombres esperaron varias horas bajo el sol, tanto dentro como fuera del Estadio, para escuchar las promesas de Xiomara Castro. Aun con el ardor de los rayos del sol, lloraron, bailaron, se abrazaron y gritaron de felicidad hasta la conclusión del discurso.

El pueblo hondureño frente a uno de los escenarios ubicados en el bulevar Suyapa, viendo en pantalla gigante la juramentación de la presidenta Xiomara Castro. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022.
El pueblo hondureño frente a uno de los escenarios ubicados en el bulevar Suyapa, viendo en pantalla gigante la juramentación de la presidenta Xiomara Castro. Tegucigalpa, 27 de enero de 2022.

Por su parte, Neesa Medina, de la plataforma Somos Muchas, que presenció el evento dentro del Estadio, apuntó que el simbolismo de la lucha histórica de las mujeres por las conquistas políticas en el país es lo que demuestra de dónde viene el triunfo de Xiomara Castro y que deja una promesa latente de avanzar en las deudas pendientes que existen con las niñas y mujeres de Honduras.

Neesa cuenta que presenció la toma de posesión con 4 generaciones de mujeres de su familia, entre ellas, su abuela de 83 años que nació cuando el voto aún no existía para las mujeres hondureñas. «La llegada de una mujer a la presidencia lo cambia todo porque representa también las luchas de las que hemos formado parte de forma activa en nuestra vida, pero también porque nos da ese empujón de alegría que nos había costado tanto y que estos años de dictadura casi nos hacen olvidar que sentir semejante alegría, esperanza, amor, solidaridad, es posible.»

Desde el Golpe de Estado nadie había representado tanta esperanza para la mayoría de la población en Honduras, y eso sólo era posible con el escenario menos pensado: una mujer presidenta electa en comicios sin disturbios, en uno de los países más violentos para las mujeres.

El pasado 9 de enero Pablo Hérnandez, líder indigena y comunicador social, fue asesinado en la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín, Lempira. Hernández denunciaba constantemente los actos de corrupción de las autoridades del municipio; entre ellos, la venta de territorios ancestrales y la complicidad de otros líderes indígenas en esto, según fuentes confidenciales. Las autoridades pertinentes aún no presentan avances en la investigación de los autores criminales e intelectuales de su asesinato.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Nahún Rodríguez

El domingo 9 de enero Pablo Isabel Hernández, líder indigena lenca y comunicador social fue asesinado en plena calle mientras caminaba de su casa hacia la iglesia de la aldea Tierra Colorada.

Pablo Hernández era conocido en su comunidad como un líder indigena lenca, defensor de la tierra y de los derechos humanos, y comunicador social originario de la aldea de Tierra Colorada, municipio de San Marcos de Caiquín en Lempira, al occidente de Honduras. Pablo era muy activo, era el presidente de la Red de Agroecólogos de la Biósfera Cacique Lempira Señor de Las Montañas, coordinador de las comunidades eclesiales de base de la iglesia católica, impulsor de la Universidad Indígena y de los Pueblos, presidente de la Auxiliaría de la Vara Alta de Caiquín y coordinador de la radio comunitaria Radio Tenán.

Su padre, Natividad Henández, un hombre de 62 años, relata que ese día ambos se dirigían al mismo lugar, pero él se detuvo a platicar con otro habitante de la zona, mientras que su hijo, Pablo, de 34 años, el segundo de 8 hermanos, continuó su paso.

«Ese día él iba solamente con las sagradas escrituras en la mochila, un sombrerito, lentes, y documentos en la mochila. No cargaba ni una gilette», detalla el padre de Pablo, coordinador del Consejo comunitario de la iglesia a la que asistía con su hijo. Estaba dos cuadras detrás de Pablo cuando escuchó el sonido de los disparos. En ese momento no se asustó, creyó que eran petardos.Pero pronto, otro de sus hijos, quien también se dirigía a la iglesia, volvió de donde estaba Pablo y lo alertó: «Papi, apúrese, porque chingaron a mi hermano». Cuando don Natividad llegó al lugar en el que estaba Pablo, este ya había muerto. Los asesinos ya no estaban en el sitio.

Mataron a Pablo Hernández de nueve disparos de bala a cinco cuadras de su casa de habitación. Entre su familia, amistades, y habitantes de Tierra Colorada lo velaron y sepultaron. «La fiscalía se lo quería llevar, pero yo quería velar a mi hijo, porque sucede en algunos casos que se los llevan (el cuerpo) y hasta el momento no se sabe nada. Los asesinatos quedan impunes», manifiesta Natividad. El asesinato de Pablo marca el primer homicidio de un líder indígena en Honduras en 2022.

La familia de Pablo recibe a distintas personas de la aldea de Tierra Colorada para celebrar el fin de novenario de quien en vida fue Pablo Hernández. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

Según una proyección del año 2017 del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ON-UNAH), San Marcos de Caiquín, un municipio con un poco más de 5 mil habitantes, presenta una tasa de homicidios mayor a la tasa nacional, que es de 43.6 por cada 100 mil habitantes. Los pobladores del municipio, y de la aldea de Tierra Colorada precisamente, aseguran que hace unos pocos años no era usual que los habitantes anduvieran armados, pero esto ha cambiado, empezando por las autoridades municipales.

Natividad Hernández explica que, desde hace unos años, Pablo era amenazado de muerte por las denuncias que hacía tanto a través de Radio Tenán como en distintas organizaciones y fiscalías, entre ellas, al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural y ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Las denuncias del líder indígena iban desde abuso de poder de las autoridades de San Marcos de Caiquín y otros municipios aledaños, la venta de tierras para la construcción de una represa hidroeléctrica, la instalación de energía eólica en el municipio, hasta un negocio de captura y almacenamiento de carbono en los municipios de la zona.

Natividad Hernández, padre de Pablo Hernández, también ha sido parte de la lucha indígena y es un defensor de las tierras ancestrales al occidente de Honduras. Junto a su hijo, también ha sido víctima de amenazas. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

El municipio de San Marcos de Caiquín está protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por Honduras, al tratarse de un territorio ancestral indígena Lenca. En este sentido, la comunidad tiene que ser previamente consultada antes de construir algún proyecto en su territorio. Sin embargo, además de la intención de edificar distintos proyectos energéticos sin consultar a la comunidad, los habitantes realizaron un cabildo abierto para declarar al municipio libre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ante una posible amenaza en su territorio.

Las amenazas y atentados que rodeaban la vida de Pablo Hernández eran constantes, y su familia y allegados escuchaban cómo él les advertía persistentemente de su posible asesinato. «Él le había dicho a la mamá: Mami, a mí me van a matar, pero no me van a matar por pícaro, me van a matar por decir la verdad y por dar la doctrina de Dios», cuenta su padre.

«Ese día en la mañana yo le dije que no iba a ir a la iglesia, porque me iba a quedar arreglando la casa, cuando de repente me dan la mala noticia. Para mí fue muy triste. Él siempre me alertaba de su muerte, pero yo nunca acepté eso», relata la esposa de Pablo Hernández, María Cortés de 28 años.

María cuenta que aparte de su labor como líder indígena y comunicador social, Pablo se dedicaba a trabajos de albañilería y a la agricultura. Tuvo junto a él 4 hijos, el menor es un bebé de tres meses.

María Cortes, esposa de Pablo Hernández, sostiene a su bebé de tres meses, el último de 4 hijos que tuvo junto al líder indígena y comunicador social. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

Bertha Oliva, fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) cuya sede está en Tegucigalpa, manifiesta que Pablo tenía el convencimiento de que lo iban a asesinar a causa de las denuncias que interponía acerca de las actuaciones irregulares y arbitrarias del alcalde local. El 16 de marzo de 2021, Pablo puso una denuncia en la que dijo ser víctima de hostilidad y amenazas por parte del alcalde de su municipio, indica Oliva.

«Colocamos la denuncia ante la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural y ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en su debido momento. Ahora, después del asesinato de Pablo, exigimos a estas fiscalías los avances investigativos de las denuncias presentadas; sin embargo, se negaron a responder nuestra petición diciéndonos que ya era asunto de la Unidad Especializada para la Investigación de Muertes Violentas», dijo Oliva.

Violencia creciente en las comunidades indígenas al occidente de Honduras

«Aquí, en San Marcos de Caiquín, antes era un lugar sano. Pero una vez, hace 12 años, tuvimos un atentado; yo por ser presidente del Consejo Municipal Indígena Lenca del Municipio de San Marcos de Caiquín, a otro de mis hijos casi lo matan, y a mí me tenían vigilado por 8 días», cuenta Natividad, el padre de Pablo.

En el municipio de San Marcos de Caiquín, a 27 kilómetros de la cabecera departamental de Gracias, Lempira, la mayoría de la población se dedica al cultivo de granos básicos y a la ganadería en las zonas bajas del municipio. Sin embargo, en las zonas altas, extensas cantidades de terreno han sido captadas para el cultivo de café. 

En la comunidad hay temor, por eso quienes hablaron con nosotros prefirieron omitir su nombre al señalar que algunos líderes indígenas se han encargado de extender escrituras de estas tierras a cafetaleros ligados al poder político de la zona.

José Ramón Vasquez, secretario general de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (Anach), un sindicato agrario, detalla que desde antes del asesinato de Pablo Hernández han intentado, a traves de distintos programas, resolver conflictos existentes en la comunidad. No obstante, este último acontecimiento parece ser un retroceso en sus objetivos.

José Ramón Vásquez, secretario general de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), forma parte del proyecto «resolución de conflictos mediante la cultura de paz», iniciativa que busca reducir los índices de violencia en San Marcos de Caiquín y municipios aledaños. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños junto a distintos líderes de las comunidades y con la participación de la organización de la Universidad Indigena y de los Pueblos, se han encargado de trabajar en un proyecto denominado «resolución de conflictos mediante la cultura de paz», el cual han desarrollado desde aproximadamente más de 1 año.

El secretario general de la Anach explica que la violencia en San Marcos de Caiquín no es algo nuevo, pero que ahora con el asesinato de Pablo Hernández se disparan de nuevo las alarmas.

Del mismo modo, explica que Pablo Hernández, junto a líderes de otras comunidades de esta zona al occidente de Honduras, trabajaron en la protección y conservación del bosque, el refugio de vida silvestre y las fuentes de agua. Además, el pasado 30 de mayo realizaron una manifestación en La Campa, municipio aledaño a San Marcos de Caiquín, en donde protestaron en contra de las ZEDE a nivel del departamento de Lempira, y también en contra de la instalación y venta de la captura del dióxido de carbono en el área.

«Se tiene información de que acá han tenido la intención de comprar las tierras a personas con títulos para la captura de carbono. En algunos municipios se dio esto, y a estas personas les dieron dinero a cambio», asegura el secretario del sindicato agrario.

Los bonos de carbono o créditos de carbono son una herramienta creada para reducir las emisiones contaminantes del medio ambiente y es uno de los tres mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto, el cual forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero.​

Esto, continúa explicando José, ha ocasionado conflictos a nivel político en las comunidades, debido a que los alcaldes de los municipios de San Marcos de Caiquín, San Sebastián, San Manuel de Colohete y La Campa, en el departamento de Lempira, han vendido ejidos municipales a personas dentro de sus círculos de poder y dejan a los campesinos despojados de sus tierras.

Los ejidos municipales son terrenos libres y de los cuales nadie tiene escritura privada, parcelas en donde las personas pueden cultivar y son rotativos, es decir, mientras dejan reposar la tierra de una parcela los campesinos cultivan en otro lugar y así sucesivamente.

«La lucha de Pablo en la defensa de estas tierras y su papel como núcleo de las distintas coordinaciones defensoras de la tierra y los derechos humanos viene a crear aún más incertidumbre en torno a su asesinato», asegura el secretario de la Anach, quien a su vez sostiene que los habitantes de las comunidades no confían en la Policía Nacional ni en las Fuerzas Armadas, debido a que ambas fuerzas han sido cómplices de las acciones en contra de la lucha de los consejos indígenas de la zona.

Contracorriente contactó vía telefónica y personalmente en la Alcaldía del Municipio de San Marcos de Caiquin al exalcalde Efraín Guadalupe Múñoz, del Partido Libertad y Refundación (Libre), a pesar de ello, las solicitudes de entrevista nunca fueron atendidas. Actualmente el alcalde electo por el municipio es Jorge Santos Muñoz, del Partido Liberal.

Radio Tenán, una radio comunitaria coordinada por Pablo Hernández, fue uno de los espacios de denuncia del comunicador social, pero también la radio sufrió varios atentados. En el año 2016, indican distintos locutores y voluntarios de Radio Tenán, rompieron una de las ventanas de la radio, y, el año pasado, cortaron todo el sistema de cableado de la emisora.

Radio Tenán, emisora comunitaria coordinada por Pablo Hernández y mediante la cual realizaba distintas denuncias, tiene aproximadamente 7 años al aire y está conformada por voluntarios de la comunidad. San Marcos de Caiquin, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

«Algo que lamentamos es que no haya voluntad política para dar protección a los que enfrentan amenazas. Estos crímenes no pueden seguir quedando impunes, ya que esto no solo afecta a la familia de Pablo y sus allegados, sino a toda la comunidad, a todo el pueblo, es más, a toda Honduras. En este sentido, se necesita que haya voluntad política, autoridades competentes y con voluntad de resolver estas cuestiones», manifiesta José Ramón Vásquez, secretario de Anach.

Una persona pobladora de la comunidad que habló con nosotros con la condición de que se protegiera su identidad, explicó que en el municipio de San Marcos de Caiquín han ocurrido varios asesinatos con características similares, y sus ejecutores son una banda de sicarios que opera en la zona. Por ahora, las personas cercanas a Pablo esperan que su reconocimiento internacional derive en mucha presión para el esclarecimiento de su asesinato.

El Mercado de Carbono: un negocio que opera desde la secretividad en Honduras

Desde la REDD+, un mecanismo internacional creado por la ONU para mitigar el cambio climático y reducir las emisiones globales de Dióxido de Carbono (CO2), los bonos de carbono son una solución para combatir el cambio climático y reducir el CO2 en la atmósfera. Además de contribuir a reducir la cantidad de Dióxido de Carbono que se produce en el medio ambiente, el proyecto de los los Bonos de Carbono permite financiar actividades para reducir las emisiones de CO2 en la atmósfera mientras se generan impactos sociales positivos en las comunidades, explica el portal web de la REDD+.

Este sistema (los bonos de carbono) crea un Mercado de Carbonos que penaliza a empresas e industrias con una gran huella de carbono, es decir, industrias que contaminan el medio ambiente, y, a la vez, ofrecen incentivos económicos a quienes contribuyen a reducir esta huella contaminante en el medioambiente. Dentro de estos proyectos están la generación de energía renovable, la limpieza de lagos y ríos, la reforestación, entre otros, de esta manera, territorios con grandes extensiones de bosque, como los hay en Honduras, son propicios para este mercado. 

En el caso de Honduras es difícil encontrar a las empresas que se dedican a la captura de dióxido de carbono; sin embargo, en una publicación de Diario La Prensa en el año 2013, se anuncia la inversión inicial de 60 millones de dólares en la colocación de bonos de carbono en el país, por parte de la compañía asiática Beijing GED Orient The Development.

El artículo de este medio de comunicación detalla que la compañía asiática y el Gran Investment Group (Grupo GG) de Honduras «desarrollaría el proyecto en un área de 2.7 millones de hectáreas de bosque distribuidas en los departamentos de Olancho, Colón, Yoro, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Copán y la zona de La Mosquitia».

«Hacen contratos con las poblaciones para que den en concesión sus tierras. Es un negocio que están manejando tanto autoridades municipales como líderes indígenas en el país, los cuales promueven la captación de títulos de tierras que pertenecen a campesinos y que quedan en manos de las empresas para la venta de bonos de carbono por años», aseguró a este medio una fuente anónima de la comunidad.

San Marcos de Caiquín es un municipio protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismo que establece que debe haber una consulta previa, libre e informada a las comunidades antes de instalar algún proyecto en su territorio. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

En la legislación hondureña, mediante el Decreto 297-2013 de la Ley de Cambio Climático se denomina al Mercado de Carbono como un «Sistema de comercio en donde se compran y venden emisiones reducidas o absorbidas de Gases de Efecto Invernadero», y se fomenta, mediante la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el proyecto de captura, venta, y desarrollo de carbono para generar ingresos de las comunidades en el marco de esta Ley.

Sin embargo, en esta Ley no se habla acerca de las condiciones y reglamentos dentro de los cuales se puede dar la venta de los bonos de carbono en Honduras, y no hay información existente de alguna empresa que asegure tener venta de bonos de carbono en el país.

«Cuando Pablo empezó a hablar de estos temas en la iglesia y en la radio, creó alergias, y eso llevó a su asesinato», asegura la fuente anonima. Del mismo modo, el padre de Pablo Hernández, Natividad Hernández, manifiesta que a distintos habitantes de la zona se les ha prometido 3,000 lempiras a cambio de sus tierras, pero que no se les da más detalles en cuanto al tiempo que se les estará brindando este dinero.

Los inicios del levantamiento indígena en la zona y el nacimiento de la Universidad Indigena

Habitantes de San Marcos de Caiquín relatan que en la década de los 80, Monseñor Luis Alfonso Santos, un obispo encargado de la diócesis que abarca a los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán, fue uno de los que impulsó la doctrina social de la iglesia, y es a partir de ahí en donde surgieron los distintos movimientos sociales existentes en el occidente de Honduras. Pero es en el 2009, año en el que se da el golpe de Estado en Honduras, cuando nombran a un nuevo obispo, quien desmonta el trabajo de los movimientos sociales de la diócesis anterior.

«De ahí nace la división entre el sector oficialista de la Iglesia convencional y el sector que sigue promoviendo la doctrina socialista de la Iglesia», explican los habitantes. Pablo era uno de los máximos exponentes del movimiento social, en donde existen más liderazgos a nivel de distintos municipios, pero él era quien coordinaba y dirigía el movimiento a nivel de los municipios de San Sebastián, San Manuel Colohete, San Marcos de Caiquín y La Campa.

Natividad Hernández, su padre, explica que aún siendo un miembro activo de la iglesia, su hijo denunció en reiteradas ocasiones irregularidades dentro de la congregación, entre estas, el saqueo de templos. Los templos al occidente de Honduras han sido edificados desde la época colonial, y sus construcciones datan desde el siglo XVIII aproximadamente. Debido a esto, y por ser una voz activa en el movimiento social, no era del agrado de algunas autoridades de la Iglesia.

Pablo también fue uno de los impulsores del proyecto de la Universidad Indígena. La universidad imparte módulos en 6 municipios del departamento de Lempira (San Marcos de Caiquín, La Campa, San Sebastián, San Manuel Colohete, Santa Cruz y Belén) y a ella asisten personas desde los 13 hasta los 76 años de edad; a su vez, no es requisito leer ni escribir para formar parte de la misma y es allí donde se traspasa a través de la tradición oral muchos de los elementos de la cultura lenca.

Habitantes de la aldea de Tierra Colorada, San Marcos de Caiquín, esperan a que inicie la misa después de los nueve días del asesinato de Pablo Hernández. Los habitantes siguen esperando respuestas en torno a la muerte del líder indígena. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

En la comunidad hay miedo y casi nadie quiere hablar de lo que le pasó a Pablo. Una pobladora —quien no quiso brindar su nombre— dijo que lamentan que las organizaciones indígenas no se pronuncien por este asesinato. «Pablo era un tipo honesto, honrado y leal, contrario a muchos liderazgos indígenas que más bien son arribistas y oportunistas», dijo. 

Actualmente el movimiento social integrado por cuatro municipios de Lempira pertenece a la Organización Nacional Indígena Lenca (ONIL); sin embargo, este busca desvincularse a esta organización y añadirse al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), indica Natividad, padre de Pablo Hernández.

Un grupo de mujeres realiza los preparativos para la celebración del fin de novenario de Pablo Hernández en la cocina de lo que fue su casa de habitación. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

***

Mientras se desarrolla el fin de novenario de Pablo Hernández —un rito fúnebre que consiste en despedir al difunto con 9 ceremonias a partir del día de su muerte—, un grupo de compañeros de la iglesia cantan para despedirlo:

Esta gran felicidad
Los ricos también la quieren
Y nos piensan engañar
Con un peso en la cartera
Se van a equivocar
Porque Dios nos da la fuerza

El agua que nos rodea
El aire y la luz del sol
Son cosas maravillosas
Que Dios hizo para todos
Pero si las destruimos
Nos castigaremos solos.

Compañeros de la iglesia de la cual era líder Pablo Hernández, cantan canciones alusivas a su lucha en la celebración de fin de novenario de su compañero. San Marcos de Caiquín, Lempira, 19 de enero de 2022. Foto: Nahún Rodríguez.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández -señalado fuertemente por tener nexos directos con el narcotráfico- fue juramentado este jueves como diputado al Parlacen con lo que obtiene prerrogativa, privilegio e inmunidad. Hernández fue juramentado el día de hoy por el presidente del Parlacen a través de una sesión realizada a través de zoom. Esta semana la congresista estadounidense, Norma Torres, recomendó al Departamento de Justicia de EE.UU. extraditar al ex mandatario por tráfico de drogas.

Texto Leonardo Aguilar
Fotografía: archivo Contracorriente/ Fernando Silva


Este jueves 27 de enero, a las 12 del mediodía, Juan Orlando Hernández dejó de ser el presidente de Honduras tras ser nombrada en ese cargo Xiomara Castro, esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Sin dejar pasar muchas horas, Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que es el órgano regional permanente de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El expresidente Juan Orlando Hernández fue juramentado por el presidente del Parlacen, el nicaragüense Guillermo Daniel Ortega Reyes, quien fue electo en ese cargo para el período 2021-2022, en una sesión que se desarrolló a través de zoom, en la que también juramentaron al exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, cuestionado en Honduras por actos de corrupción, entre estos el proyecto infructuoso conocido como “Trans-450”.

Guillermo Daniel Ortega Reyes es presidente del Partido Unidad Cristiana y también es pastor evangélico, según el diario digital Nicaragua Investiga, en septiembre de 2020, Guillermo Ortega conformó una alianza electoral con el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) que es liderado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Guillermo Daniel Ortega Reyes encabezó este jueves una comitiva del Parlacen para presenciar la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro acompañado del vicepresidente del Parlacen Engels Pineda y de la secretaria Nelsy Mencias.

Esta semana, la congresista estadounidense Norma Torres indicó en un artículo publicado en Contracorriente, que había escrito una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos aconsejando acusar y extraditar de forma inmediata al expresidente Hernández para ser enjuiciado por cargos de tráfico de drogas. 

«Hernández fue identificado como co-conspirador en el caso de su hermano aquí en Estados Unidos y el Departamento de Justicia dijo que el presidente Hernández tuvo un papel de liderazgo en una violenta conspiración para el narcotráfico patrocinado por el Estado. Ahora debemos buscar justicia para todas las personas -americanas, hondureñas y otras- que fueron dañadas por su gobierno», escribió la congresista Norma Torres.

El abogado Raúl Pineda Alvarado, experto en temas constitucionales, dijo a Contracorriente que los diputados del Parlacen tienen una inmunidad fundamentada en el Tratado de Viena y en el Tratado Constitutivo. Esa inmunidad es válida en Centroamérica con excepción de Costa Rica y Panamá. «Es una inmunidad relativa porque la experiencia nos dice que en cuanto un diputado del Parlacen tiene un problema, el pleno rápidamente le quita el fuero y somete a los tribunales.», explica.

Raúl Pineda no está tan de acuerdo de que el Parlacen vaya a proteger totalmente a Juan Orlando Hernández contra una eventual solicitud de extradición. «Eso de que es un refugio para la impunidad es una expresión retórica que no siempre está ajustada a la verdad, todos los diputados al Parlacen que han tenido problemas legales han sido desaforados», sostuvo.

Algunos expresidentes, como el salvadoreño Mauricio Funes, no contaron con la misma suerte de Juan Orlando Hernández pues el Parlacen negó incorporarlo al organismo inmediatamente cesara su mandato, tal y como recoge El Faro en una nota de prensa. Existen precedentes importantes del retiro de la inmunidad otorgada por el Parlacen, como ocurrió en Guatemala en 2004 cuando la Corte Constitucional de dicho país declaró inconstitucional la inmunidad de la que gozaban algunos altos funcionarios. Esa decisión afectó al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo y al exvicepresidente Juan Francisco Reyes, quienes fueron procesados y condenados por casos de corrupción.

En Honduras, son elegidos 20 diputados mediante elección popular en las elecciones generales, pero hay otros dos diputados más: el presidente y vicepresidente saliente o, en su defecto para el caso hondureño, el designado presidencial saliente, quienes pueden pasar a ser diputados del Parlamento Centroamericano si así lo desean.

«El presidente de Honduras, una vez que termina su período, envía una nota manifestando su intención de incorporarse al Parlacen, aunque hay presidentes como Ricardo Maduro que no quisieron incorporarse», expone Raúl Pineda, quien agrega que en el caso de Hernández, una vez ya juramentado pasó a tener las prerrogativas, privilegios e inmunidades que tienen los diputados nacionales.

Juan Orlando Hernández pasa a ser compañero de Mauricio Oliva Herrera y de José Benedicto Santos Castro quienes estarán en el Parlacen después de que fueron inscritos en las elecciones generales, lo cual violentó las prohibiciones contempladas en el artículo 115 de la Ley Electoral de Honduras que indica que no se puede inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular a personas que hayan participado en el mismo período electoral.

Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, administró el hemiciclo legislativo durante dos períodos consecutivos, 8 años, criticado por estar altamente cooptado por el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y haber aprobado leyes como un nuevo Código Penal —que rebajó penas de corrupción y narcotráfico—, ley de secretos, ley orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), entre otras, todas consideradas nocivas.

En la lista de hondureños que integran el Parlacen, se encuentran funcionarios como el exdiputado del Congreso Nacional hondureño Juan Carlos Valenzuela, quien fue mencionado en laLista Engel del Departamento de Estado en la que se señaló a personas de El Salvador, Guatemala y Honduras que participaron en corrupción, acciones que socavan procesos o instituciones democráticas y en el bloqueo de investigaciones. También es parte de ese órgano Nilvia Castillo, una exregidora de Tegucigalpa que enfrentó unproceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras junto al exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura.

¿Puede Juan Orlando Hernández ser extraditado siendo diputado del Parlacen?

Raúl Pineda Alvarado establece que la inmunidad que obtiene Juan Orlando Hernández al ser diputado del Parlacen, no tiene la eficacia que algunos creen hasta el punto de garantizar la impunidad por ciertos años.

«Esta inmunidad solamente funciona cuando [la persona] esté en uno de los países centroamericanos, en tanto no sea desaforado por el Parlacen. Una vez que se recibe una solicitud de extradición, el gobierno que recibe la petición notifica al Parlacen y este hace el procedimiento que está establecido y lo puede desaforar perfectamente. Una vez que le quitan el fuero, el país que integra el sistema de integración centroamericana, en este caso Honduras, pues lo entrega al país donde existe ese requerimiento», explicó Alvarado.

Pineda Alvarado dice que Juan Orlando Hernández tiene dos opciones: «vivir tranquilo su retiro de la política, disfrutando de su capital en Lempira y la otra opción es que los norteamericanos lo sometan a juicio. ¿Qué va a pasar con él?, es difícil saberlo. Aunque sí puedo decirle que antes del mes de junio va a haber una resolución sobre ese tema.».

El experto en derecho internacional, Joaquín Mejía Rivera, dijo a Contracorriente que el Parlacen se ha convertido en un elefante blanco que «no sirve absolutamente para nada». Para lo único que ha servido, expone Mejía, es para «recibir a personas perseguidas por la ley, por narcotráfico y corrupción, y eso es lamentable».

Entre los expresidentes centroamericanos cuestionados por corrupción que ingresaron inmediatamente al Parlacen y lograron inmunidad, figuran el guatemalteco Jimmy Morales, con casos de corrupción aún en investigación; el salvadoreño Norman Quijano a quien ya le retiraron la inmunidad y el panameño Ricardo Martinell quien también se encuentra investigado por diversos casos de corrupción

Joaquín Mejía dice que una de las medidas que debería de asumir la presidenta Xiomara Castro, quien tomó posesión este jueves en horas del mediodía, es repensar el papel de Honduras en el Parlacen, como lo ha hecho Panamá y Costa Rica, en el caso de este último, nunca ha querido pertenecer a ese órgano.

En relación con Juan Orlando Hernández y sus posibles problemas legales por los problemas con Estados Unidos —expone Joaquín Mejía— por sus vínculos con narcotráfico, no le sirve de nada ese tipo de inmunidad porque Estados Unidos respeta lo que tiene que ver con la inmunidad en el ámbito nacional de los países, pero la inmunidad del Parlacen solo sirve para los países de Centroamérica.

«Lo que está claro es el acercamiento de Juan Orlando Hernández desde hace varios años con el régimen de Daniel Ortega y eso posiblemente tenga un fin muy concreto. También recordemos que Nicaragua se ha convertido en un refugio para expresidentes, ex primeros ministros que están siendo acusados de corrupción en sus países, ahí tenemos el expresidente salvadoreño Mauricio Funes, que es un ejemplo claro, y de otros países que están ahí. Hay que comprender que esa relación tan cercana que han tenido en los últimos años y posiblemente tiene que ver con eso», afirmó Joaquín Mejía.

Xiomara Castro se reunió ayer por la noche con Jorge Cálix, quien ha encabezado a un sector del Congreso Nacional opositor integrado por diputados del Partido Nacional, un grupo mayoritario del Partido Liberal y los expulsados del partido Libre, para negociar una salida a la crisis legislativa de la última semana. Dicha negociación implica que Cálix acepte el cargo de coordinador del Gabinete de Gobierno y desista de su aspiración de presidir el Legislativo y dar paso a Luis Redondo -el candidato respaldado por el acuerdo político entre Libre y el PSH-, o incluso a un tercer candidato que empatice con todas las fuerzas políticas.

Por: Leonardo Aguilar y Fernando Silva
Fotografías: Jorge Cabrera

Tras la extensión de la crisis legislativa que resultó en dos sesiones paralelas del Congreso Nacional: una presidida por Luis Redondo, con el respaldo de Xiomara Castro, y otra por Jorge Cálix, expulsado de Libre por desafiar el acuerdo partidario para las elecciones pasadas, ayer por la noche, previo a la toma de posesión, la presidenta electa se reunió con Cálix para ofrecer una salida a la tensión generada desde el pasado 20 de enero.

Carlos Zelaya, diputado de Libre y hermano del expresidente José Manuel Zelaya, anunció desde muy temprano que estaban en pláticas y negociaciones con Cálix, disidente de su partido, quien fue elegido como presidente del Congreso Nacional con apoyo de 79 diputados propietarios distribuidos entre 19 diputados de Libre, 44 del Partido Nacional, 15 del Partido Liberal y uno del Partido Anticorrupción (PAC). No obstante, las autoridades del partido Libre han dado su respaldo a Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras (PSH), el postulante para presidente del Congreso que emana de la promesa de la Alianza entre el PSH y Libre.

Horas más tarde, la presidenta electa Xiomara Castro, quien toma posesión de su cargo este 27 de enero, escribió en su cuenta de Twitter que había puesto sobre la mesa una propuesta a Jorge Cálix.

«He propuesto a Jorge Cálix que se integre a mi gobierno en la posición de Coordinador de Gabinete en aras de unirnos en la Refundación de Honduras», escribió la mandataria. Cálix respondió dos horas después por la misma vía, agradeciendo a la presidenta por haberlo recibido e indicando que pronto recibiría su respuesta.

El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, dijo a Contracorriente que estuvieron en negociaciones este miércoles con un grupo del partido Libre que fue designado por la presidenta Xiomara Castro. «Con ellos hemos estado hablando. Solo han escuchado y no han dicho nada acerca de la propuesta, la cual consiste en una tercería», dijo en referencia a que el presidente del Congreso Nacional sea una persona diferente a Jorge Cálix y a Luis Redondo, ambos juramentados como presidentes del Congreso Nacional en procesos de juramentación cuestionados y carentes de legalidad.

Ante la denuncia hecha por el político Eduardo Martell de que el Partido Liberal estaba pidiendo en la negociación que se le diera una cuota de poder en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Fiscal General y Fiscal Adjunto, Mario Segura contestó: «No, solo estamos viendo el problema del Congreso Nacional. Nada más».

«Tendrían que renunciar los dos que ya están electos y elegir a uno nuevo», explicó Mario Segura, quien expuso que su propuesta, respaldada por 16 de los 22 diputados del Partido Liberal afines al ex presidenciable Yani Rosenthal, no había sido ni descartada ni aceptada por las autoridades del partido Libertad y Refundación (Libre).

Libre obtuvo 50 diputados en las pasadas elecciones, pero se dividió y expulsó a 18 de ellos; el Partido Nacional cuenta con 44 congresistas, el Partido Liberal 22, Partido Salvador de Honduras (PSH) 10, mientras que la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción (PAC) cuentan con uno cada uno.

«Solo 16 liberales apoyamos a la corriente de Jorge Cálix; los otros están con la corriente de Luis Redondo. No hemos dado nombres porque eso le corresponde a Libre», explicó.

Sobre la propuesta de un tercer candidato para la titularidad del Congreso Nacional, Eduardo Martell apuntó que viniendo del sector que controla el diputado Segura -cercano a los intereses de Yani Rosenthal, presidente de esa institución y ex convicto en Estados Unidos- «Lo único que hace es evidenciar mayores dudas sobre la conveniencia de esa propuesta» y aseguró que todas estas negociaciones se han realizado con el objetivo de buscar impunidad por sus actos de corrupción.

Martell también comentó que de las negociaciones que se están realizando para terminar esta crisis, deben excluirse los acuerdos que benefician a ciertos sectores poderosos, ya que apunta que los arreglos tradicionales de la política «lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho.»

Sin embargo, quitando importancia a esos posibles acuerdos, Martell aseguró que «esta crisis se acaba este jueves a las 10 de la mañana cuando Luis Redondo juramente a Xiomara Castro como presidenta de la República».

Es importante recordar que la junta directiva presidida por Redondo no tenía los votos suficientes para ser electa como titular en el poder legislativo, por lo que la juramentación de Castro se daría en condiciones irregulares si no se realiza frente a un juez de letras, aunque simbólicamente sea Redondo quien le coloque la banda presidencial.

Siempre sobre la posibilidad de una tercería, la diputada del Partido Nacional, Johana Bermudez, apuntó que según las consideraciones de su bancada, en el caso de la elección de Jorge Cálix, todo se llevó a cabo en tiempo y forma según la legalidad que exige la constitución, pero aclaró que en este momento lo más importante es solucionar la crisis en lo interno de Libre por lo que se tendrían que considerar los pasos para cumplir legalmente y colocar a una tercer candidato al frente del poder legislativo.

«Habría que ver todo el marco jurídico, pero si el pueblo le dio el mandato al partido Libre, creemos firmemente que quien debe dirigir el poder legislativo deben ser ellos, pero también quien lo dirija tiene que tener esa habilidad para conseguir consensos», explicó.

Las promesas que se incumplirían entre la crisis

El abogado Lester Ramírez, investigador de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), aseguró que la propuesta del Partido Liberal de una tercería no era lo más importante para resolver el conflicto sino la agenda a seguir. «Son los temas en la agenda legislativa el meollo del asunto, los temas que se tienen que aprobar, las leyes que se tienen que derogar. Yo creo que la piedra en el zapato es la agenda y no la persona».

Lester Ramírez cree que la crisis en el Congreso Nacional fue intencional y fue creada para evitar la instalación de un mecanismo anticorrupción internacional. «Esa era parte de la estrategia, sabotear ese proceso de la instalación de una Comisión Internacional contra la corrupción. Era justamente generar inestabilidad en el país y crear dudas de quién es la autoridad competente. Obviamente eso es algo que no le da buena imagen a un cooperante internacional para trabajar en un contexto sumamente volátil.»

El investigador de ASJ explicó que la mejor forma de nombrar a un legítimo presidente del Congreso Nacional es a través de un nuevo proceso. Esto porque han existido tantos vicios y tantas interrogantes, que lo mejor es realizar un proceso, ad hoc, con temas ya de transparencia en donde se tiene que defender y proteger el principio de representación, pero también el de deliberación en el Congreso Nacional, dándole la palabra a todos.

Ramírez opina que el gobierno de Estados Unidos está viendo la situación del Congreso Nacional en Honduras con mucha preocupación. «En lo personal a mí me han consultado, creo que los Estados Unidos tienen mucho que perder también, porque viendo la situación de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, Honduras para ellos en estos últimos meses ha sido considerado como un posible referente de la democracia, pero si estas cosas se dan, Estados Unidos va a estar en aprietos y sabemos que una vez que estas personas llegan al poder, estos autócratas, no les importa la población.»

Lo que le preocupa a Estados Unidos –expone Ramírez- es que más migrantes lleguen a sus fronteras ya que este es un tema que evidentemente tiene una importancia a nivel político. «Es un tema político para ellos también, lo que les preocupa a ellos es que estos países queden en la miseria y empiecen a expulsar personas, no solamente de niveles bajos sino con niveles educativos superiores.»

A pesar de estas preocupaciones, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, será parte de la toma del mandato presidencial de Xiomara Castro este jueves 27 de enero. Según expertos, la presidencia de Castro sería vista como el aliado estratégico del país norteamericano en la región. 

En cuanto a los partidos, de acuerdo a Ramírez, el que siempre va a ganar es el partido Liberal, porque es el partido que sirve de mediador. «Es un partido, no le vamos a llamar bisagra, pero es el primer beneficiado obviamente, el segundo es el Partido Nacional. En Libre, sabemos que los partidos de izquierda son muy emocionales, muy pasionales, de facciones, creo que en Libre hay una visión primero del partido y por otro lado del gobierno, y me parece que Libre debe de aprender a través de esta experiencia, a través del partido, lo que el gobierno ve y quiere.»

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tomará posesión este 27 de enero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, en medio de una crisis en el Congreso Nacional en donde existe una lucha de poder. «El Congreso va a continuar actuando de la misma forma si no hay un bloqueo o una revisión de un sinnúmero de contratos, por ejemplo, Palmerola, Alianzas público-privadas, la CA-5 que es una APP y otros mecanismos como los fideicomisos. Por eso, es necesario que este nuevo Congreso, independientemente de cuál sea la junta directiva, debemos en exigir la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, la evaluación económica antes de aprobar un sinnúmero de contratos», dijo a Contracorriente el economista del Foro Social para la deuda externa y desarrollo en Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.

Zepeda agregó que más allá de lo que ha dejado montado Juan Orlando Hernández, sobre todo lo que tiene que ver con los gabinetes, en Honduras hay un modelo presidencialista que ha estado por décadas basado en asignación presupuestaria, distribución de los impuestos, endeudamiento público, contratos, concesiones, fideicomisos, entre otros. «Este modelo presidencialista y como pasa en la mayoría de los países, coloca a los ministros, a los secretarios, a los directores, y todo va de manera vertical, por ende, la concentración del poder pasa por la concentración de esos recursos y la colocación de los funcionarios y luego va en cascada, pues cada ministro, cada secretario coloca a su personal, por lo tanto, hay una sola dirección.»

Dos frentes entre la niebla de la ilegalidad

Días previos a la sesión en la que se suponía se debía elegir a la junta provisional del Congreso, los simpatizantes del frente oficialista acusaron al grupo contendiente de recibir dinero de grupos empresariales y el narcotráfico. Sin embargo, la presidenta del Partido Anticorrupción (PAC), Marlene Alvarenga, que también integra el Congreso Nacional, asegura que nunca les ofrecieron dinero, pero que como instituto político ellos no estaban dispuestos a entregar su voto -obtenido en las pasadas elecciones- a cambio de nada.

Alvarenga asegura que Jorge Cálix nunca les ofreció dinero, ni ellos lo pidieron, pero que llegaron al acuerdo de que el PAC tendría la vicepresidencia de la Junta Directiva, obtendrían una oficina, asistentes y asesores y todo sería para la diputada electa de esa institución, Karen Martínez, representante del departamento de Cortés.

«El dinero se termina y nosotros lo que andábamos buscando es estabilidad, generar proyectos que sean de impacto, escuchados, y apoyados por las diferentes bancadas», apuntó.

Alvarenga asegura que ante la posibilidad de que Cálix termine sin la presidencia del Congreso Nacional, ellos solo ofrecen el voto de su partido a quién se acerque a negociar, que en ese caso no sería con Luis Redondo, ya que no lo hizo en su momento. 

En el caso de las acusaciones de prebendas económicas, ninguna ha sido oficialmente probada, pero los detractores de Cálix, como el coordinador de campaña del PSH, Pedro Barquero, asegura que su candidatura respondería a grandes intereses económicos que buscan mantenerse en impunidad.

En el caso de Luis Redondo, la violencia con la que se impuso su Junta Directiva en el hemiciclo del Congreso Nacional llevó también a irregularidades que denunciaron los diputados del Partido Nacional, como la ocupación de sus curules por diputados suplentes que no eran de misma afiliación política. 

En ese sentido, Tomas Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, dijo que no permitirán que las 44 curules nacionalistas sean ocupadas por otros suplentes ya que «la fuerza política del partido Nacional la conforman 44 diputados propietarios y suplentes, más de 143 alcaldes y más de un millón 200 mil nacionalistas.»

Sumado a esto, los partidarios de Redondo se tomaron por la fuerza la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) que imprime el diario oficial La Gaceta, en la búsqueda de publicar el Acuerdo sobre la junta directiva y darle así legalidad. Sin embargo, diputados opositores, como Johana Bermudez, apuntan que nunca en la historia ha sido necesario que las juntas elegidas en el Poder Legislativo sean publicadas en el diario oficial para adquirir legalidad, ya que el verdadero requisito es obtener los votos necesarios en las sesiones del Congreso que define la ley.

Entre ambas posiciones, que contienen serias irregularidades, hasta el momento en que se publicó este artículo, la presidencia del Congreso Nacional sigue en suspenso y su elección podría marcar un momento decisivo en el inicio de la gestión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), ganador de las elecciones presidenciales en noviembre de 2021, también se impuso en las alcaldías de San Pedro Sula, Choloma y La Lima, que estaban en manos del Partido Nacional y Partido Liberal. Pero el proceso de transición no ha comenzado fácilmente.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez


San Pedro Sula, Choloma y La Lima, tres ciudades en el norte de Honduras, están ahora bajo un gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre). Antes de las elecciones de noviembre de 2021, San Pedro Sula era gobernada por Armando Calidonio del Partido Nacional; Choloma, por Leopoldo Crivelli del Partido Liberal; y La Lima, por Santiago Motiño, un reconocido nacionalista que llegó a la silla municipal mediante la bandera del Partido Alianza Patriótica.

En las tres ciudades se llevaron a cabo procesos de transición con distintos matices. En Choloma, hubo cordialidad y acceso a casi todo lo solicitado por la Comisión de Transición; en San Pedro Sula, hubo acceso solo dos semanas antes de la toma de posesión de Rolando Contreras, quien renunciará a su cargo para entregarlo a su hermano, Roberto, inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE); el caso más grave está en La Lima, donde el alcalde saliente no permitió la entrada de las nuevas autoridades hasta el 27 de enero, cuando tuvo que entregar el bastón municipal.

En San Pedro Sula la coalición entre el independiente Roberto Contreras, Omar Menjívar (Libre) y Julio Montessi (Partido Salvador de Honduras), logró una contundente victoria con más del 63 % de los votos; pero a dos semanas de la toma del poder, Menjívar y Contreras dieron muestras de desacuerdos sobre cómo se repartirá el poder en la nueva administración y el momento que se debían presentar las renuncias de Rolando Contreras y Menjívar.

La ley electoral indica que si renuncia el alcalde inmediatamente su lugar será ocupado por el vicealcalde, en este caso Omar Menjívar, quien también debe renunciar para que Roberto Contreras ocupe la alcaldía municipal. Este fue uno de los desacuerdos, que ventilaron en los medios de comunicación y resolvieron el viernes 14 de enero, cuando los dos políticos dieron una conferencia en un hotel sampedrano y manifestaron estar de acuerdo para que el proceso de renuncia de Rolando Contreras y Menjívar se haga después de la toma de posesión del nuevo Gobierno. «Nosotros no confiamos en los fallos del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues dicho ente obedece a los intereses económicos y partidistas de algunas personas en Tegucigalpa, por tal razón el pollo no entrará a la cueva del león», dijo Contreras después de la conferencia de prensa.

No obstante, la renuncia de Menjívar no era el único punto de discordia entre la corriente de Contreras y el Partido Libre. En una conversación con este medio, días antes del traspaso de mando, la abogada Alexa Solórzano, integrante de la comisión de transición municipal en San Pedro Sula, aseguró que la participación del 50 % de Libre en la nueva administración es «innegociable».

Contrario a esta idea, Contreras declaró al canal sampedrano Campus TV que no lograba entender por qué no se toma en cuenta al PSH en la participación municipal, si él considera que el arrastre popular en el norte del país de Salvador Nasralla le dio a la coalición al menos el 40 % de los votos que sacó en San Pedro Sula. «Es justo que se considere a Julio Montessi y su equipo. No entiendo por qué ahora me están diciendo que este gobierno tiene que ser 50 % Libre y 50 % los independientes», dijo.

En San Pedro Sula, Armando Calidonio entregó el poder a Roberto Contreras después de ocho años al frente de la comuna sampedrana. San Pedro Sula, Cortés, 25 de enero de 2022. Foto: Cortesía de La Municipalidad de San Pedro Sula.

La abogada Solórzano defiende la posición de Libre respecto a tener un 50 % de la administración municipal. A su juicio, «la fuerza y el músculo lo tiene el Partido Libertad y Refundación. No vas a ganar unas elecciones con intención de voto, si no tenés quién cubra las urnas», afirmó. 

Manifestó que en las elecciones pasadas un 70 % de las urnas fueron defendidas por militancia de Libre, un 25 % por la candidatura independiente de Contreras y el resto por el PSH. En San Pedro Sula se instalaron 1, 475 Juntas Receptoras de Votos. En cada una de ellas debían estar dos representantes de la coalición. 

Solórzano afirmó que el acuerdo bajo el que se firmó la alianza estipula que de las 13 gerencias que funcionan en la alcaldía sampedrana, seis estarían bajo el control de Libre, igual cantidad en manos de los independientes y una para el PSH. 

El martes 25 de enero, en un evento muy privado, la administración de Armando Calidonio realizó el traspaso a la nueva corporación. Contreras y Menjívar hablaron ante una multitud de seguidores que los esperaba afuera de la Municipalidad de San Pedro Sula. 

«Hoy les digo, ustedes querían un alcalde que trabajara por la ciudad, pues les advertimos que vamos a tener que trabajar todos. A partir de este momento todos somos alcaldes de San Pedro Sula, no más abusos por parte de las autoridades municipales, vamos a ordenar la ciudad, será renovada para el bienestar de todo nuestras familias, salud amigos de San Pedro Sula», mencionó a sus seguidores Contreras en improvisado evento en las afueras de la Municipalidad; después, entre vivas para la presidenta Xiomara Castro, entregó el micrófono a Omar Menjívar.

«Hoy se comienza a recuperar la dignidad de los sampedranos. Los invito a todas y todos a que nos unamos. Hoy más que nunca fortalezcamos esta unidad de tres fuerzas políticas pensando en San Pedro Sula. Tenemos el reto de cumplir lo prometido. Todos y todas tendrán la oportunidad, en la medida de lo justo, de aportar para que esta ciudad salga adelante», dijo el abogado Menjívar, quien cedió su candidatura como candidato a alcalde de Libre en favor de Roberto Contreras.

Respecto a la transición, la abogada Solórzano dijo que la nueva administración no tiene claro cómo recibe la Municipalidad. «Una transición como tal no existió. La información es mucha y lo que percibí del informe principal es que no hay datos reales. No tenemos información concreta. Por ejemplo, en la parte legal no sabemos cuántas demandas tiene la alcaldía; no sabemos cuántas personas trabajan en la alcaldía…Hay una información incompleta, lo que anduvimos haciendo era un tour», dijo.

A su juicio fue un proceso que se hizo meramente por protocolo. «Tal vez si hubiésemos tenido con un mes de antelación el informe podríamos tener una visión más amplia», aseguró la activista de los derechos de la mujer.

Después de 16 años, «Polo» entregó el poder

En Choloma se dio una de las grandes sorpresas en las elecciones de noviembre de 2021. Pocos esperaban la derrota de Leopoldo Crivelli, quien bajo la bandera del Partido Liberal buscaba ganar la quinta elección en el enclave maquilero, pero fue derrotado por el profesor Gustavo Mejía de Libre.

Mejía es un reconocido profesor del Instituto Manuel Pagan Lozano de la colonia López Arellano. Miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular. Era la tercera vez que competía con Crivelli por la alcaldía municipal.

Leer: Leopoldo Crivelli, el salpicado alcalde que busca su quinto período al frente de Choloma

En la elección pasada, Crivelli llegó muy debilitado después haber sido capturado en el 2019, acusado por los fiscales por los delitos de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos. Además, fue mencionado por los fiscales de Nueva York como colaborador de Giovanny Fuentes Ramírez, en el juicio donde este fue condenado por narcotráfico. Otro elemento que jugó en contra de «Polo» fue su casi nula oposición a la instalación de las Zedes en Choloma, donde se construye Ciudad Morazán.

El alcalde Gustavo Mejía siendo recibido por una familia al ingresar a las instalaciones del estadio Rubén Deras, donde tomó de posesión de su cargo como alcalde de Choloma. Choloma, Cortés, 25 de enero de 202. Foto Antonio Gutiérrez.

Durante el proceso de transición en la alcaldía cholomeña, Contracorriente conversó con José Luis Aceituno, coordinador de la comisión nombrada por Mejía para esta labor. Afirmó que ellos habían recibido los informes en el debido tiempo. Detalló que la alcaldía dirigida por Crivelli tiene un convenio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en el que se contempla un manual de transición, «es bien difícil no colaborar», sostuvo.

«La colaboración ha sido buena, sin embargo no hemos recibido todo lo que queremos. Hay un manual de transición y este ya establece un cronograma de actividades, entonces no podemos ir más allá de lo que ahí dice. Todo lo que está en el documento ellos lo han hecho, pero cuando miramos en algunas áreas oportunidad de indagar es cuando tenemos limitantes pues ellos se escudan en el manual», nos dijo Aceituno una semana antes de la toma de posesión. 

Manifestó que el plan de la nueva corporación municipal no es iniciar una cacería de brujas contra los funcionarios salientes, pero sí hay una responsabilidad para investigar las fallas y corregirlas. «Si se encuentra algún tipo de situaciones ya son las instituciones competentes que tomarán cartas en el asunto», declaró. 

Aceituno consideró que la administración de Gustavo Mejía tiene una gran oportunidad para demostrarle al pueblo cholomeño que no se equivocó. 

El martes 25, Gustavo Mejía recibió el bastón municipal frente a cientos de cholomeños a quienes prometió organizar y adecentar la administración municipal. «Nuestro compromiso es con Choloma, este proyecto se lo encomendamos a Dios , que nos dará la sabiduría para hacer lo mejor», dijo. 

Anticipó que no espera una labor fácil: «les digo delante de mi familia, el trabajo que viene es duro, lo que tenemos que hacer y organizar por Choloma es duro; pero no imposible, sabemos que en equipo lo vamos lograr».

Mencionó que, a su juicio, el principal reto que tienen como nuevos ediles, es ordenar el municipio y realizar con transparencia a la ejecución de proyectos. Además, revisará la nómina municipal que actualmente se encuentra en 450 empleados más 220 de Aguas de Choloma. «Tenemos que hacer una reducción de empleados porque es una masa muy grande para poderla sostener si queremos hacer los proyectos planificados», dijo.

Motiño cerró las puertas de las municipalidad limeña

La Lima fue otra de las alcaldías que pasó a manos de Libre en el Valle de Sula. El polémico Santiago Motiño perdió una cerrada elección ante el candidato de Libre, Santos Laínez. La diferencia entre el ganador y el vencedor fueron apenas 274 votos. 

Motiño, de filiación nacionalista, había llegado al poder en el 2017 mediante la Alianza Patriótica, pero para el proceso del 2021 regresó a las filas del Partido Nacional. El alcalde saliente fue acusado por pobladores limeños de haberles abandonado durante los huracanes Eta y Iota. En una entrevista para este medio, Motiño se defendió asegurando que él había avisado de la llegada de los fenómenos y arguyendo que si la gente no se había salido no era su responsabilidad.

Santos Laínez es el nuevo alcalde de La Lima, tomó posesión de su cargo en el Parque Central. Santos dijo desconocer las condiciones de la alcaldía ya que el exalcalde Santiago Motiño no recibió a la Comisión de Transición. La Lima, Cortés, 25 de enero de 2022. Foto: Antonio Gutiérrez.

La Lima fue uno de los municipios en Honduras que más votó por Xiomara Castro: siete de cada 10 limeños marcaron bajo la bandera de Libre. La derrota no ha sido bien digerida por el alcalde saliente, quien el día del traspaso declaró a Televicentro que el ganador Laínez lo había vencido con fraude y que no lo reconocía como vencedor. 

Frente a los limeños que lo acompañaban en el Parque Central de ese municipio, Santos Laínez dijo: «Quiero que sepan que el alcalde saliente no nos recibió este día (25 de enero), igual no recibió a nuestra comisión de transición, por lo tanto no sabemos en qué condiciones vamos a tomar la corporación municipal, pero vamos a enfrentar este reto». 

Agregó que en su Gobierno «se terminó la violencia, llegó el momento de unificarnos, en el que todos trabajemos de la mano. Vamos a gobernar para nuestro pueblo y haremos las cosas de la mejor manera». 

Libre también ganó la alcaldía de San Francisco de Yojoa y mantuvo el poder en Santa Cruz y San Manuel. Puerto Cortés y Villanueva siguen en manos del Partido Liberal. En Pimienta, el doctor Raúl Ugarte ganó por séptima vez la alcaldía municipal de ese municipio.

Por: Congresista Norma Torres

Primero quiero felicitar al pueblo de Honduras por el monumental éxito de unas elecciones libres, justas y pacíficas. Sabemos por experiencia -en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos-  que esto no puede darse por hecho. Solamente por ese logro deben estar orgullosos.

La presidenta electa, Xiomara Castro ha prometido revertir el curso de un país plagado por la corrupción bajo el liderazgo del supuesto narcotraficante Juan Orlando Hernández. La promesa de Castro de “sacar a Honduras del abismo en que estamos enterrados” por la administración anterior, claramente resuena en los hondureños que han sufrido por años con un presidente cuyo único compromiso es con sí mismo.

Bajo el gobierno de Hernández, los hondureños se han enfrentado a personas poderosas que han cometido asesinatos, violaciones, y tortura en total libertad e impunidad.  Se estima que una mujer es asesinada cada 16 horas. La violación sexual es generalizada y el 95% de los casos de violencia contra las mujeres no son investigados. Mientras las autoridades del gobierno, incluyendo al hermano del presidente se han enriquecido a través del tráfico de drogas, más del 66% de las familias viven en pobreza, luchando por alimentar a sus hijos.

Como resultado de su fracaso, el año pasado, 32% de todos los menores no acompañados -más de 39,000 niños- que vinieron a Estados Unidos fueron de Honduras. En total, más de 700,000 hondureños han dejado su país para migrar hacia Estados Unidos desde que Hernández tomó posesión. Inmigrantes desesperados por tener una vida mejor enfrentan un camino peligroso y arriesgado hacia nuestra frontera sur y muchos pierden sus vidas a lo largo del camino.

Se de primera mano las consecuencias que dejan en sus ciudadanos los gobiernos corruptos. Fui enviada por mis padres hacia Estados Unidos desde Guatemala durante la guerra civil. Me robaron un futuro en el país donde nací porque no era seguro para mi quedarme allí. Yo quiero que los niños centroamericanos tengan la posibilidad de tener vidas prósperas y prometedoras en sus países de origen, y que los padres no tengan que sentir la necesidad de hacer un viaje peligroso hacia otro país solo para sobrevivir.

El daño que le hizo la administración de Hernández a Honduras es amplio, institucional, y no puede ser reparado de la noche a la mañana. Durante su mandato, las raíces de la corrupción crecieron profundas y fuertes, creando un sistema dirigido por peligrosos criminales.

La elección de la presidenta Castro sugiere una gama de nuevas oportunidades y es razón para renovar la esperanza y el optimismo. Insto al electorado a mantener su determinación pero permanecer pacífico mientras expresa sus preocupaciones.

Pero es importante recordar que los mismos retos se mantienen. La presidenta electa Castro solo es una persona, y un cambio contundente requerirá del compromiso de todo el gobierno. Ella necesitará el apoyo de las autoridades electas en todos los niveles -alcaldes, gobernadores, fiscal general- para ajustar y reparar un sistema que ha estado demoronándose por años, a través de legislación responsable que responda a las personas y mantenga a los líderes electos en constante rendición de cuentas. Estos líderes deben entender que la responsabilidad principal del gobierno es proteger a sus ciudadanos no a los actores corruptos.

Recién escribí una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos aconsejándole acusar y extraditar de forma inmediata al expresidente Hernández para ser enjuiciado por cargos de tráfico de drogas. Hernández fue identificado como co-conspirador en el caso de su hermano aquí en Estados Unidos y el Departamento de Justicia dijo que el presidente Hernández “tuvo un papel de liderazgo en una violenta conspiración para el narcotráfico patrocinado por el Estado”. Ahora debemos buscar justicia para todas las personas -americanas, hondureñas y otras- que fueron dañadas por su gobierno.

He invertido mi tiempo en el Congreso trabajando para mejorar las condiciones de la región. El año pasado luché por más de 45 millones de dólares en fondos de asistencia internacional para combatir la corrupción en Centroamérica, y 30 millones de dólares para programas de protección para las mujeres y los niños. Podemos consagrar estas protecciones como ley a través de la Ley bipartidista para la Protección de las mujeres y los niños, una legislación que yo introduje.

Es también crucial que tengamos una amplia supervisión de nuestra ayuda a Centroamérica, garantizando que nuestros recursos lleguen a las personas a las que se debe ayudar. Lo podemos hacer al condicionar la asistencia internacional adhiriéndola a estándares de anticorrupción y  Estado de Derecho. Continuaré demandando transparencia y rendición de cuentas para asegurar que los dólares bien ganados de los contribuyentes sean utilizados para los propósitos debidos.

Debemos asegurarnos que cuando el gobierno de Estados Unidos tenga información fiable sobre autoridades públicas comprometidas con el narcotráfico y otros crímenes, hagamos esa información pública y se sancionen a esas personas. Seguiré luchando para asegurar que los Estados Unidos ayuden a fortalecer las democracias de Centroamérica, responsabilicen a las personas cuando incumplan la ley, y que estemos comprometidos a trabajar con líderes en la región dedicados a invertir estos recursos limitados en proteger a las familias vulnerables de los aspectos más peligrosos.

Transparencia, rendición de cuentas y libertad son valores básicos en toda democracia – y esta es una emocionante oportunidad para que la nueva administración asuma estos valores y ayude a la reconstrucción de Honduras. Extiendo mis felicitaciones de todo corazón a la presidenta electa Castro. Los Estados Unidos están aquí como un aliado mientras usted se mantenga comprometida en cumplir con las promesas de su campaña y trabajar por el pueblo de Honduras.

Cuando Xiomara Castro ganó las elecciones el pasado 28 de noviembre en el proceso electoral más concurrido de los últimos 12 años, Honduras se fue de fiesta con sobradas razones. Reinaron la euforia y las expectativas de que la llegada de Castro significaría el fin de un gobierno autoritario e ilegítimo, que centralizó el poder del Estado en el Ejecutivo y que construyó una autocracia electoral desde la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2017 quien, además, acumuló múltiples señalamientos como co-conspirador del narcotráfico según los juicios que se llevan a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El regreso a la democracia fue la música de la fiesta ciudadana.

Sin embargo, desmontar la autocracia hondureña no es tarea fácil sobre todo cuando la impunidad cobija a toda la clase política -no solamente a Juan Orlando Hernández- a través de normas formales y arreglos políticos informales entre miembros de todos los partidos y de otros sectores de la sociedad. Los resultados de las elecciones le dieron el triunfo contundente a Xiomara Castro del Partido Libre que, apenas un mes antes de la votación, hizo un pacto político para realizar una alianza «de hecho» en la que Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Salvador de Honduras (PSH), desistió de su aspiración presidencial para unirse a la fórmula de Castro con la condición de que él podía elegir al Presidente del Congreso Nacional. 

El acuerdo entre partidos fue político y con fines electorales, no es ley aunque hayan firmado documentos entre ellos. Es, al final, un acuerdo informal. Al instalarse en el gobierno, los acuerdos políticos siguen siendo informales y se supone que las nuevas autoridades deben tomar sus decisiones de acuerdo a las normas establecidas formalmente. Pueden orientarse por sus acuerdos informales previos, sumar fuerzas o hacer lobby, pero nunca imponerlos sobre el orden legal establecido. De hacerlo así, las decisiones son, entonces, ilegales. 

La estrategia de una alianza política funcionó para que Xiomara Castro ganara la presidencia del Ejecutivo. Sin embargo, en la elección de nivel parlamentario la situación fue otra. Aunque Nasralla tuviera el mandato informal de Libre de elegir al presidente del Legislativo, éste no tenía la potestad para hacerlo, menos aún cuando ha sido nombrado para asumir el puesto de designado presidencial, es decir, una autoridad de alto nivel del Ejecutivo.

Tras quedar electos 50 diputados del Partido Libre, 44 del Partido Nacional, 10 del PSH, 22 del Partido Liberal,  1 del Partido Anticorrupción y 1 del Demócrata Cristiano, la mayoría simple de 65 diputados solo se logra con la negociación interpartidaria y es allí donde el conflicto comenzó. No se podía dar por hecho ni imponer la decisión de que todos los diputados de Libre aceptaran el acuerdo informal de que Nasralla nombrara al presidente del Congreso, sobre todo, cuando el control de este poder del Estado es fundamental tanto para desmontar la autocracia como también para sostenerla.

Los diputados electos  deberán elegir al Fiscal General, Fiscal Adjunto y magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2023. El principio de separación de poderes queda en entredicho cuando esas elecciones garantizan que el Poder Legislativo tome control del Poder Judicial y más aún si hay interferencia del Ejecutivo.

Los diputados del Partido Nacional y los del Partido Liberal bajo la línea de Yani Rosenthal Hidalgo, exconvicto en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos, decidieron apoyar una junta directiva compuesta enteramente por diputados del Partido Libre propuesta –en desobediencia a su propio partido– por  la diputada Beatriz Valle y presidida por el diputado Jorge Cálix. Por otro lado, los diputados que se mantuvieron bajo el acuerdo político de la Alianza  entre el Partido Libre y el PSH decidieron apoyar una junta directiva bajo la presidencia de Luis Redondo, diputado del PSH. La presidenta electa Xiomara Castro tildó de «traidores» a los primeros y llamó a las bases de su partido a tomar el Congreso Nacional para garantizar que Redondo asumiera ese poder del Estado. 

Aunque cuando Xiomara Castro manifestó su apoyo a una de las juntas directivas y lapidó a la otra aun no había tomado posesión del cargo, hubo una línea de partido clara en mostrar el poder acumulado hasta ahora y prometer que el poder será aun más centralizado  después del 27 de enero tras la toma de posesión.

Sin embargo, al ser el Partido Nacional y el Partido Liberal  los aliados de Jorge Cálix con Juan Orlando Hernández buscando impunidad a como dé lugar y Yani Rosenthal limpiando su imagen de exconvicto, esto parece una lucha del bien contra el mal, una batalla que está librando el «gobierno del cambio» contra una estructura criminal ligada a la corrupción y el narcotráfico. Pero en nuestros países nada es monocromático. ¿Se vale hacer una purga usando cualquier mecanismo? ¿Se vale acumular el poder para «eliminar a los malos»? Ese ha sido el argumento histórico que ha llevado a la humanidad a cometer grandes agravios. ¿Se logra construir democracia sobre la base de la imposición de voluntades? Miles de ciudadanos dicen que sí, lo gritan en las afueras del Congreso y lo expresan visceralmente en redes sociales esperando que eso sea solo una etapa para lograr una sociedad democrática, un mal necesario para lograr un bien mayor.

Honduras, como la mayoría de los países latinoamericanos, es un sistema presidencialista, heredado del caudillismo y uno de los factores que explica la larga trayectoria de dictadores y autócratas que caracteriza al país, todos ellos autonombrandose democráticos o prometiendo democracia en un futuro que nunca llegó. Contrario a lo que la democracia requiere y a pesar de estar establecido en la Constitución, la separación de poderes y el equilibrio de poderes es inviable cuando quien dirige el Ejecutivo pone a su servicio a los otros poderes del Estado. 

Dos presidentes del Legislativo en funciones hunden al Estado en la informalidad –su ilegalidad queda pendiente porque el órgano que debería dictarla también tomó partido por una de las juntas– y más si esa pugna es legitimada por el nuevo Ejecutivo que, además, moviliza a la población azuzando sus emociones más que proveyendo certeza jurídica. La comunidad internacional deberá estar vigilante de que esa «batalla» entre «buenos» y «malos» no establezca una nueva autocracia en lugar de construir la democracia que sigue sin existir en Honduras.

Ante la crisis legislativa producida por el nombramiento de dos juntas directivas del Congreso Nacional —una liderada por el diputado Luis Redondo del partido Salvador de Honduras (PSH) y la otra encabezada por Jorge Cálix, expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre)—, analistas señalaron ayer en un Twitter Space organizado por Contracorriente que se debe solventar este problema a través de un pacto político, pues no existen las condiciones apropiadas en el país para plantear una solución a través de los canales jurídicos competentes. 

Por: Daniel Fonseca


El pasado 23 de enero, Jorge Cálix fue nombrado presidente de la Junta Directiva Propietaria en una sesión llevada a cabo en el área social de Bosques de Zambrano, a más de 30 kilómetros del hemiciclo legislativo de Tegucigalpa. Su nombramiento fue respaldado por el voto a favor de 79 diputados propietarios. Al mismo tiempo, en la sede de el Congreso Nacional, sin flujo eléctrico y con la presencia de personas particulares, Luis Redondo fue juramentado en el mismo cargo.  Los miembros de la Junta Directiva presidida por Redondo aseguran contar con 96 votos de diputados propietarios y suplentes. Sin embargo, la lista oficial de votos de esa elección aún no ha sido publicada. 

El debate en redes sociales se concentró ayer en que la elección de juntas directivas paralelas produce un problema de legalidad y legitimidad. Por una parte, el Congreso presidido por Jorge Cálix cuenta con mayoría simple de votos de diputados propietarios tal y como lo estipula el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por otro lado, el nombramiento de Luis Redondo goza del reconocimiento de la presidenta electa, Xiomara Castro, y de un sector de la población que ha manifestado su apoyo en las calles y redes sociales.

Para el abogado Joaquín Mejía Rivera, el establecimiento de dos juntas directivas del Congreso Nacional es una manifestación de la crisis política y jurídica que el país ha experimentado desde el golpe de Estado de 2009. «Creo que no hay que cometer el error de decir que hay una Junta Directiva legal y otra legítima, porque la legalidad y la legitimidad no pueden separarse y son necesarias para que un acto sea válido en derecho», aseguró en el Twitter Space.

Fabio Lara, abogado y politólogo, quien también participó en el debate, opinó que ya existía un problema desde el nombramiento de la Junta Provisional el día 21 de enero, pues no se siguió el debido proceso. «Está en la Constitución la posibilidad de poder interponer un recurso, una acción de inconstitucionalidad frente a los vicios de nulidad que contuvo los actos que se celebraron en el establecimiento de la Junta Directiva Provisional.»

El ente jurídico encargado de conocer y resolver las diferencias en la interpretación de la Constitución es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un organismo que ha sido señalado por la parcialidad de sus fallos y su falta de independencia respecto del Ejecutivo, según apuntó el abogado Joaquín Mejía. En abril de 2015 esta misma Sala permitió la reelección presidencial —prohibida en el artículo pétreo 239 de la Constitución de la República— luego de que cuatro de los cinco magistrados fueron destituidos inconstitucionalmente en 2012.

«Hay un problema de legitimidad institucional y es generalizado ¿Cómo confiar en una Sala de lo Constitucional para dirimir un conflicto como éste cuando sabemos que la Sala de lo Constitucional forma parte del problema y tampoco tiene legitimidad?» cuestionó Mejía Rivera.

Además, algunos expertos en materia constitucional señalan que no es facultad de la Corte Suprema de Justicia fiscalizar los procesos orgánicos por los cuales el Congreso Nacional elige a sus autoridades, pues esto sería ejercer injerencia en otro poder del Estado y violaría el principio de separación de poderes.

Por este motivo, los analistas consideraron que, al no haber un mecanismo jurisdiccional que pueda resolver el conflicto en el Legislativo, el único recurso dentro de las instituciones del Estado es el diálogo entre los diversos actores en búsqueda de un acuerdo político para así retornar a la gobernabilidad a pocos días de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro. 

«En ambos casos los procedimientos institucionales fueron alterados, la pregunta es ¿Cuál es la consecuencia para la democracia en Honduras? Aquí se aplica el principio de que la democracia se construye con más democracia y eso significa no solamente la retórica de que el pueblo es el que decide, sino también significa respetar y fortalecer los procedimientos institucionales», comentó por su parte el politólogo Otto Argueta. 

Hasta el momento, el Partido Liberal de Honduras publicó un comunicado en el que se compromete a colaborar con el Poder Ejecutivo para satisfacer las demandas del pueblo hondureño y llama a los institutos políticos a superar sus diferencias y establecer un diálogo. Sin embargo, ninguno de los miembros de las juntas directivas nombradas ha manifestado muestras de acercamiento. Los analistas coinciden en que, dadas las condiciones de ilegitimidad de las entidades jurídicas por las que se tendría que dirimir el conflicto, el problema debe resolverse de forma política entre las partes para así no profundizar la crisis existente.

Los «Castro» salieron hace un mes de Nicaragua huyendo del Gobierno autoritario de Daniel Ortega, pero el camino hacia un lugar que podría convertirse en su refugio en el norte de América ha comenzado lento y con muchas espinas. 

Texto: Allan Bu
Fotografía: Antonio Gutiérrez


Un pequeño duerme en los brazos de su madre en Corinto, la frontera de Honduras y Guatemala, justo en el puesto de migración donde los viajeros cumplen sus requisitos para cruzar de un país a otro. A su alrededor están sus familiares y varias mochilas. Hay lluvia y con el atardecer llegó un poco de frío. 

Los «Castro» —ese no es su verdadero apellido pero los llamaremos así para no vulnerar su identidad— salieron hace un mes de Nicaragua con la esperanza de llegar a Estados Unidos. No obstante, se encuentran varados en terreno neutro. No pueden avanzar porque no cuentan con una prueba de COVID-19 y tampoco quieren regresar al país del que salieron huyendo. Ahí,el pasado 10 de enero, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo asumieron un cuarto mandato consecutivo después de ganar unas cuestionadas elecciones. Previamente encarcelaron a siete candidatos opositores, algunos de los cuales tenían alguna posibilidad de vencerlos en las urnas.  

Aunque andan todos sus documentos que los identifican como ciudadanos nicaragüenses, los Castro ingresaron por un punto ciego al país. Su aventura comenzó mal: apenas ingresando a territorio hondureño fueron alcanzados por el látigo de la inseguridad  que, desde hace años, azota este país A los Castro les quitaron ropa, celulares y un poco de dinero que llevaban consigo. Desde entonces quedaron a la deriva en un país de migrantes.

Con el nuevo período de gobierno al mando de Ortega, hay señales de que la migración de «nicas» rumbo a Estados Unidos está aumentando. El 15 de enero se organizó la primera caravana migrante del 2022, conformada por unas 500 personas. El dato  revelador es que un buen porcentaje de los caminantes eran nicaragüenses, que se reunieron en la Gran Terminal de San Pedro Sula y de ahí salieron caminando rumbo a la frontera de Corinto. 

Los nicaragüenses habían emigrado tradicionalmente a Costa Rica. De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el año 2000 el 97% de extranjeros en territorio costarricense eran nicaragüenses. En el 2020, según El País de  España, en Costa Rica vivían alrededor de medio millón de nicaragüenses que representan más del 75 % de la población extranjera de ese país. 

 Las cifras de migrantes procedentes de Nicaragua se dispararon a partir de la crisis sociopolítica de 2018 en el país; ahora, este éxodo también tiene como objetivo llegar a los Estados Unidos. El portal Nicaragua Investiga recoge que en julio del 2021 fueron detenidos 13,338 nicaragüenses en la frontera Sur de Estados Unidos; en octubre del 2020 apenas habían detenido 256.

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En el punto fronterizo de Corinto, Contracorriente recibió información de que,entre el domingo 16 y lunes 17 de enero, 100 nicaragüenses cruzaron la  frontera entre Honduras y Guatemala cumpliendo con los requisitos exigidos,que son: documento de identificación, prechequeo en línea, ficha epidemiológica,  carné de vacunación y prueba negativa de COVID-19. 

Pese a las constantes referencias que hace Juan Orlando Hernández de los avances de su Gobierno en el tema de seguridad, Honduras sigue siendo un país violento e inseguro. Según estadísticas de la Policía Nacional, en los dos años anteriores se registraron más de 7,000 homicidios, y al 19 de enero del 2022, ya se habían registrado 186.

Los Castro han avanzado a expensas de la buena voluntad de algunas personas, pidiendo y consiguiendo viajar de gratis. Así lograron llegar a  la frontera de Corinto con la intención de unirse a la caravana que salió el 15 de enero de la Gran Terminal, pero no pudieron. «Iban muy agresivos (los nicaragüenses)», nos  dice un miembro de la familia, un hombre joven, quien prefiere no identificarse. Nos dice que viaja con su madre, su tía, su hermana y primos. En total, nueve personas. 

«Necesitamos ayuda», nos dice con voz suave y cansada. «No tenemos cómo seguir, no tenemos familia que nos ayude, lo que buscamos es un apoyo de cualquier institución. Hace un mes estamos durmiendo donde sea, aguantando frío y aguantando hambre», añadió.

Manifestó que él y su familia no pueden regresar a Nicaragua, pues aparte de que el régimen de Ortega ha amenazado  con cárcel a aquellos que intentan llegar a Estados Unidos y, al no tener éxito, regresan,  el hombre considera que en ese país ya no les queda nada:  «No hay trabajo, no hay nada. Los trabajos que hay solo son para la gente del presidente, para su gente. A  nosotros no nos apoya», reclamó. 

La situación en Nicaragua se ha recrudecido en los últimos cuatro años de mandato de Ortega, especialmente después de las protestas en 2018. Una reforma a la seguridad social provocó que miles de jóvenes salieran a las calles en multitudinarias protestas. El New York Times recogió que de acuerdo a registros de organizaciones de derechos humanos fueron asesinadas decenas de personas. Las protestas rápidamente se extendieron en todo el territorio nicaragüense en un movimiento denominado «Azul y Blanco».

«Mucha gente lo quería sacar del país, un montón de gente. Él se reeligió solo. En Nicaragua hasta la gente que está fallecida vota», nos dice indignado, haciendo referencia a todos los devaneos que Ortega hizo para quedarse en el poder.

Una familia de nacionalidad nicaragüense decidió migrar rumbo hacia los Estados Unidos buscando el sueño americano, ya que en su país no se encuentra trabajo si no tienes el documento de « sandinista» dice uno de los migrantes. Daniel Ortega se ha reelegido por cuarta vez en la presidencia de Nicaragua, el 10 de enero asumió para su quinto periodo presidencial. Frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala. 18 de enero de 2022. Foto: Antonio Gutiérrez.

Miembros de la familia Castro sostienen que Ortega ha utilizado nombres de ciudadanos que ya murieron para aumentar sus votos. Esto no es tan fácil de comprobar;sin embargo, hay otras razones que manchan el triunfo de Ortega. La principal es que encarceló a siete candidatos presidenciales, la mayoría acusados de delitos de traición a la patria. La BBC Mundo recoge que dos meses antes de las elecciones, el mandatario nicaragüense justificó las detenciones afirmando, sin presentar pruebas, que son «criminales» que quieren «derribar al Gobierno».

En la frontera

Para mantenerse en el poder Ortega no solo ha arremetido contra políticos y comunicadores que lo adversan, sino también contra los nicaragüenses que no forman parte de su proyecto sandinista. Por eso esta familia, al igual que todos los nicaragüenses que formaban parte de la caravana del 15 de enero y que hablaron de forma anónima con Contracorriente, tienen claro algo: no pueden regresar a su país. 

Desde que llegaron a Honduras, la familia Castro ha estado en la calle. Durmieron unos días en la terminal de buses; luego, una sampedrana les prestó una casa donde durmieron ocho días; y desde hace seis días se encuentran varados en la frontera, sin dinero, sin pruebas de COVID-19, sin lugar a dónde ir, y, sobre todo, sin posibilidades de regresar seguros a su país. 

«No le voy a mentir que hay gente buena que nos ha ayudado, pero también hay gente mala. Ahí vamos con Dios adelante, él nos ha puesto lindas personas que en el mes que hemos pasado aquí en Honduras, nos han ayudado con comida y otras cosas», nos cuentan. 

Los Castro se encuentran en la frontera desde el sábado 15 de enero. Ellos estaban en una gasolinera del lado guatemalteco, de donde fueron echados el lunes a base de choques eléctricos y hasta fueron amenazados con  pistola por el dueño del establecimiento. No podían avanzar al no contar con una prueba de COVID-19. «Desde el sábado estamos aquí, esperando, aguantando hambre, tenemos niños, una muchacha embarazada y una muchacha que nos convulsiona», nos dicen.

Ya no quieren regresar a Nicaragua por la calamitosa situación del país, pero también porque tienen miedo. Uno de sus miembros apareció en las noticias de la internacional CNN y temen ser reconocidos por sus vecinos o por miembros del partidos sandinista. «Allá nadie puede hablar de Daniel Ortega, si un vecino te escucha y te denuncia, la policía llega inmediatamente para detenerte», nos dicen.

Ellos recibieron promesas para facilitarles el paso a Guatemala por parte de oficiales de  migración, pero finalmente no obtuvieron respuesta; tampoco regresaron algunas oenegés que prometieron colaborar. Los Castro, que ahora están en una zona neutra entre Honduras y Guatemala, temen que al regresar a territorio hondureño sean retornados a Nicaragua. Aparte, para entrar a Honduras les cobran una multa por haber entrado de forma ilegal. «Nos dijeron que no podemos entrar al país, por eso queremos apoyo para continuar. Es que no queremos refugio. Aquí (Honduras) no se hace nada también. Hay gente mala, a nosotros nos robaron. A él (señala un niño de cuatro años) le pusieron una pistola en la cabeza».

Y ciertamente, la migración en Honduras aumentó durante la última década, especialmente a partir de 2018 cuando se organizaron multitudinarias caravanas con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Organizaciones que trabajan con migrantes estiman que entre 300 y 500 hondureños salen del país con la esperanza de llegar indocumentado a Estados Unidos. Datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), registran que 52,968 hondureños fueron retornados al país en el 2021.  En las últimas estimaciones emitidas por el Banco Central de Honduras (BCH), un 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) es resultado de las remesas que envían los hondureños en el extranjero. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estima que después de casi dos años de pandemia y el paso de los huracanes Eta y Iota, la pobreza escaló a un 73 % en el país. Honduras también es un país en crisis.

En Nicaragua, algunos de los miembros de la familia trabajaban en un mercadito de la comunidad  donde residían. No obstante, los Castro cuentan que la situación era insostenible: «Pero es que allá no hay nada. Ahí solo hay trabajo para la gente del presidente», repite.

«Nosotros anduvimos apoyando los del «Azul y Blanco», que es el pueblo de Nicaragua que quiere sacar al presidente; ya no lo aguantamos, anduvimos en protestas y todo», dice unos de los miembros de los Castro, mientras otro agrega que el día de las elecciones generales en el país, partidarios del Gobierno les mancharon su casa.

Las protestas en Nicaragua comenzaron en abril de 2018 en respuesta a una reforma a la seguridad social y se extendieron prácticamente hasta noviembre del mismo año, cuando hubo estabilidad antes de las elecciones de ese año, que  ganó Ortega. 

Hasta noviembre,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, registraba que las víctimas fatales eran al menos 322, en su mayoría víctimas de las acciones de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines al Gobierno.

Algunas oenegés locales, sin embargo, estiman que la cifra era de más de 500;también acusaron las autoridades de graves violaciones a los derechos humanos. 

En Corinto, una mujer mayor, quien había permanecido callada mientras hablaba su familiar,  cuenta que una de las principales razones  por las que salieron de forma irregular de su país fue por el asedio que sufrían los adolescentes al no pertenecer al partido gobernante. «Los agarraban a cada rato como si fueran delincuentes. No queremos que nos pase nada», dice. 

El martes 18 de enero cuando hablaron con Contracorriente habían comido gracias a la buena voluntad de una hondureña que les regaló unas enchiladas (tortilla tostada con carne y repollo). Comieron los pequeños y la mujer embarazada. 

«Sé que cuando uno emigra esto se pasa», nos dice la mujer con la voz quebrada, y agrega: «Sé que el inmigrante pasa todo esto, pero lo que hemos pasado nosotros ha sido muy duro. Queremos ayuda. No queremos estar así por nuestros hijos»,nos dice. 

Ya no tienen ropa, no llevan dinero, tampoco comida y están varados en un lugar del que fueron desalojados después de la conversación con este medio.

Frontera de Corinto es uno de los puntos fronterizos de Honduras, utilizado por cientos de migrantes para cruzar legalmente , aunque muchos cruzan de forma irregula a Guatemala a través de puntos ciego. Frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala. 18 de enero de 2022. Foto: Antonio Gutiérrez.

Con seis días en la frontera siguen clamando por apoyo a las ong y a los Gobiernos de Honduras y Guatemala. No tienen cómo seguir, pues sin la prueba COVID-19 no pueden entrar a Guatemala. Tampoco pueden cruzar por puntos ciegos como lo hace la mayoría de inmigrantes, pues este cruce cuesta 315 lempiras (13 dólares). No tienen nada, pero no se plantean regresar a su país. «Y aquí estamos.  Sí, tenemos miedo de regresar, yo temo por mis hijos, por mis sobrinos y también por los que se quedaron allá», nos dice la mujer.

Dos juntas directivas del Congreso Nacional fueron juramentadas este domingo en Honduras. Una de ellas, elegida por 79 diputados propietarios a más de 30 kilómetros de la sede del Congreso Nacional. La otra fue elegida en la sede del Congreso sin energía eléctrica y con el respaldo de menos de 50 diputados propietarios con presencia de cientos de ciudadanos. Según algunos analistas, la primera tiene el respaldo legal pero la segunda cuenta con la legitimidad que le da la presidenta electa Xiomara Castro. Este conflicto tendría que ser dilucidado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

 Texto: Leonardo Aguilar con reportes de Fernando Silva y Vienna Herrera 

Fotografías: Jorge Cabrera

 
En una sesión atípica desarrollada en el área social de Bosques de Zambrano —a más de 30 kilómetros de la sede del Congreso Nacional ubicado en Tegucigalpa —, se eligió este domingo la Junta Directiva en Propiedad del Congreso Nacional de Honduras en donde se ratificó a Jorge Cálix, diputado expulsado del Partido Libertad y Refundación (Libre), como el Presidente del Legislativo para un período de 4 años, mientras que los demás miembros de la junta directiva permanecerán en sus cargos durante un período de 2 años.

En un escueto mensaje, el departamento de comunicaciones del Congreso Nacional publicó que la elección se llevó a cabo con la firma y voto de 79 diputados propietarios.

Aparte de Jorge Cálix como presidente de la junta del Congreso, se ratificó en la Vicepresidencia a Yahvé Sabillón y a Beatriz Valle, como Secretaria, todos los anteriores expulsados del partido Libre el pasado viernes a través de un comunicado leído por la presidenta electa del Ejecutivo, Xiomara Castro, quien expresó que 18 de los 50 congresistas de Libre estaban expulsados por no apegarse a la línea de partido de apoyar el pacto político de Alianza.

La convocatoria se realizó ayer a través de los canales oficiales y en un principio estaba programada para llevarse a cabo este domingo a partir de las 7:00 a.m. «En el Hemiciclo Legislativo de forma presencial». No obstante, esta misma mañana la sesión fue convocada para ser efectuada en Bosques de Zambrano argumentando la imposibilidad de realiz la sesión debido a riesgos que ponían en peligro la integridad física. 

Desde anoche, la presidenta Xiomara Castro acompañó una vigilia en los bajos del Congreso Nacional en rechazo a la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional presidida por el diputado Jorge Cálix, a quien señalan de «alta traición». «Los traidores no pasarán, y la voluntad del pueblo se tiene que respetar», dijo anoche la presidenta electa Castro.

En la sede del Congreso Nacional, se instaló paralelamente otra junta directiva que tiene a la cabeza al diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Luis Redondo, quien goza del respaldo de las máximas autoridades de Libre, ya que éstas se habían comprometido previamente a cederle la presidencia al PSH a cambio de su apoyo a Xiomara Castro durante las elecciones del 28 de noviembre pasado.

El abogado Dennis Emilio Hércules cree que la juramentación de Jorge Cálix es la que, en base a ley, cumple con la mayor cantidad de requisitos que requiere la Constitución de la República, aunque recalca que la convocatoria fue «antidemocrática».

En las instalaciones del Congreso Nacional en Tegucigalpa, el diputado de Libre y catedrático de Derecho, Ramón Enrique Barrios, le dijo a Contracorriente que hay que tomar en consideración dos elementos: «Primero, existe un reconocimiento político de la persona que tiene legitimidad que es la presidenta de la República (Xiomara Castro). En segundo lugar, la ley establece que cuando hay conflicto entre dos poderes del Estado es a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a la que le toca dilucidar un acto como este. Este acto (investir a Luis Redondo como presidente) es totalmente legal porque nosotros fuimos convocados aquí a este hemiciclo. Y la Constitución de la República establece que donde se debe elegir la Junta Directiva en propiedad es en el hemiciclo del Congreso Nacional», expresó Barrios.

Barrios agregó que «Era materialmente imposible ir a Zambrano cuando nos avisan a las 8 de la mañana. Por lo tanto esa convocatoria es ilegal. La Constitución dice que en ausencia de la Junta Directiva Provisional solo bastaban cinco diputados para que tomaran decisión y establecieran la elección que correspondía». 

Barrios, bajando el tono en medio de un ambiente sombrío y polarizado, expresó que «como clase política tenemos que pedirle disculpas al pueblo hondureño, porque este acudió masivamente a votar. La apuesta es que estos conflictos deben resolverse democráticamente».

A pesar de que la reunión estaba convocada para las 7 de la mañana de este domingo, durante la instalación de la Junta Directiva que pone a Luis Redondo como presidente, los congresistas tuvieron que alumbrarse con las lámparas de sus celulares mientras este era juramentado por el diputado Rassel Tomé quien fue protagonista de una agresión física contra Jorge Calix y Beatriz Valle el día viernes durante la juramentación de la Junta Provisional del Congreso.

El abogado Omar Menjívar, vicealcalde de la ciudad de San Pedro Sula y miembro del Partido Libre, le dijo a Contracorriente que «Aquí objetivamente lo que tenemos es que no hay Congreso, hay dos pedazos, uno tiene una frágil legalidad y el otro pedazo tiene una impresionante legitimidad y la democracia funciona por la legitimidad que la mayoría les reconoce a las instituciones».

A cuatro días de la toma de posesión, Xiomara Castro ha dicho públicamente que no aceptará ser juramentada por Jorge Cálix sino que, haciendo uso de la opción que le da la Constitución, prestará su juramento frente a un juez. Por su parte, Cálix ha dicho en medios de comunicación que él no dará un golpe de Estado al Ejecutivo de no haber un consenso sobre la juramentación en la toma de posesión.

Por otro lado, los diputados que apoyaron a Redondo aseguran tener 96 votos incluyendo en la suma a los suplentes de quienes no asistieron a esta reunión. Sin embargo, a la hora de la votación se observaron activistas del partido Libre que no son diputados y que levantaron la mano para elegir a la nueva junta directiva. El listado oficial de los votos emitidos para esa elección aún no ha sido público.

Sobre esto, el diputado Hugo Noé Pino, elegido en el cargo de vicepresidente del Congreso Nacional en la junta presidida por Redondo, asegura que pudo haber sido una equivocación la votación de algunos simpatizantes de Libre que no son parlamentarios, pero que no fue un escenario que ellos propiciaron.

Sobre esas mismas circunstancias, y aclarando que no sabía de lo ocurrido, el diputado José Alfredo Saavedra del Partido Liberal aseguró a Contracorriente que «es una mala práctica que en el pasado ha ocurrido, y si pasó ahora lo sigue siendo.»

Además, comentó que esta crisis debió haberse evitado ya que la población había hecho su trabajo acudiendo a las urnas masivamente en las pasadas elecciones y que ahora es deber de las fuerzas políticas encontrar puntos de acuerdo.

Saavedra apuntó que la solución puede tener el camino del diálogo que disminuya el conflicto y aseguró que «es un tema político y se puede resolver con acuerdos políticos, esto va a obligar a las distintas fuerzas políticas a llegar a acuerdos y ojalá sea antes del 27 que es la toma de posesión de la presidenta electa.»

Ante la proximidad con la toma de posesión que traerá a líderes de diferentes países, el diputado Jari Dixon opinó que los acontecimientos de violencia en los últimos días no afectarán el desarrollo del evento y apuntó que los conflictos ocurren en todos los países y es normal que también pase en Honduras. Como ejemplo de esos conflictos naturales apuntó la invasión de los simpatizantes de Donald Trump en el capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

«Cuando Donald Trump no quería dejar el poder se metió la gente al capitolio en Estados Unidos, y es así, todos los países tienen conflictos, si usted me nombra un país que no tenga conflictos entonces me voy a preocupar, pero todos los países tienen conflictos, aquí lo estamos resolviendo y el 27 vamos a entrar en un proceso normal de gobernabilidad en el país. Los otros diputados pueden venir acá, están invitados a trabajar porque el 25 comienza ya la legislatura» apuntó.

En ese contexto, al finalizar la sesión presidida por Redondo en el Congreso Nacional, una gran cantidad de personas que esperaban en las afueras del Congreso ingresaron al hemiciclo para tomar posesión de este, un acontecimiento que nunca había ocurrido en la historia política del país.

Hasta el momento ninguna embajada o representación diplomática de otro país en Honduras se ha pronunciado felicitando a alguno de los dos diputados que proclaman su legalidad y legitimidad como presidentes del Congreso Nacional.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera 


Esta noche la presidenta electa Xiomara Castro abrió los bajos del Congreso Nacional a cientos de sus simpatizantes para hacer una vigilia en protesta por la elección de la junta directiva provisional del poder legislativo que preside el diputado Jorge Cálix que hasta la tarde del viernes pertenecía al mismo partido Libertad y Refundación (Libre).

Cálix y otros 17 diputados han sido expulsados de Libre y llamados traidores por haber incumplido el acuerdo político que demandaba la elección de Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras (PSH) como presidente del poder legislativo, y por haber negociado con las bancadas del Partido Nacional y Partido Liberal. La expulsión fue firmada por Manuel Zelaya Rosales y anunciada por la misma presidenta electa en el Poder Ejecutivo, Xiomara Castro.

Ante la expulsión de los parlamentarios y la posibilidad de quedarse sin la presidencia del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo aseguró que no van a negociar ni hablar con ninguno de ellos y que “a quién tienen que rendir cuentas es al pueblo hondureño que votó el 28 de noviembre”.

En 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por US$50 millones para la contención y respuesta de casos de Covid-19 en Honduras. Con este fondo fue contratado personal médico para combatir el virus en primera línea. Sin embargo, de septiembre a noviembre de 2021 más de 5, 000 trabajadores de la salud fueron despedidos, aún cuando existe un decreto para su nombramiento permanente. 


Texto: Francis Cálix
Fotografía: Archivo Contracorriente/ Martín Cálix


«Vimos aquí morir compañeras, familiares de los compañeros que se enfrentaron a la pandemia, que antes eran héroes y ahora son desempleados», lamentó Juana Acosta, presidenta de la Asociación Nacional Unificada de Auxiliares de Enfermería de Honduras (Anuaeh), en una entrevista para
Contracorriente durante un plantón que realizaron en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) el 17 de enero, en el marco de una serie de protestas simultáneas que se desarrollaron en distintos puntos del país. 

Un estudio del Centro de Estudios por la Democracia (Cespad) indica que hasta mayo de 2021 -cuando el personal sanitario trabajó con limitaciones de bioseguridad y carencia de vacunas- se registró la muerte de al menos 170 trabajadores del personal sanitario y 9, 808 casos confirmados de Covid-19. 

De acuerdo con Juana Acosta, solo en su centro de trabajo, al menos 157 personas fueron despedidas de todas las áreas: médicos, microbiólogos, auxiliares de enfermería y personal de apoyo que cubrían la primera línea contra el Covid-19 en el INCP, también conocido como Hospital del Tórax. 

«Nosotras, durante la pandemia, hasta 24 horas estábamos en este hospital porque no había personal, nadie quería arriesgar su vida cuando estas compañeras decidieron hacerlo. Arriesgaron vidas de sus familiares, murieron familiares de ellas. No es justo que las autoridades (de la Secretaría de Salud) quieran deshacerse de este personal», manifestó Acosta. 

En ese sentido, exigieron a las autoridades de Salud el reintegro del personal médico a sus áreas de labores. «Es penoso que estemos en la calle exigiendo un derecho que les corresponde a los compañeros. No debería ser así. Esto lo hacemos porque beneficia al paciente mismo; hay salas de 25 pacientes con dos enfermeras y no es justo», alegó Acosta. 

En el Centro Cívico Gubernamental, que ha servido como triaje en Tegucigalpa, varios trabajadores de la salud también exigieron su reintegro a sus áreas de labores. 

«Este es el personal sanitario que el Gobierno ha despreciado, que ha despedido, que no le han pagado desde el mes de noviembre cuando decidieron que ya no iban a contratarles más. Este es el personal sanitario que con su propia vida ha sostenido a los pilares de un sistema que ellos (autoridades de la Secretaría de Salud) han pretendido eliminar», manifestó la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) y diputada electa por el Partido Salvador de Honduras (PSH). 

De acuerdo con la Revista Médica Hondureña del CMH, desde los primeros casos de COVID-19 en Honduras, reportados en marzo de 2020, han fallecido 166 médicos, incluyendo tres estudiantes del último año de la Carrera de Medicina (médicos en servicio social). En 2020 fallecieron 82 y hasta el 23 de octubre de 2021, fallecieron 84.

Según Figueroa, son más de 5, 000 trabajadores del área de la Salud que están a la deriva a pesar de que se necesitan en los distintos centros hospitalarios del país. Asimismo manifestó que el deterioro a la salud ha sido una constante por la mala gestión del actual Gobierno que «ignora que el personal de salud tienen derechos e ignora que el pueblo hondureño tiene derecho a tener atención médica que no la está recibiendo por la indiferencia, la indolencia que tienen los funcionarios que actualmente dirigen la Secretaría de Salud».

Decreto 47-2020: una promesa sin cumplir

La mayoría de este personal médico despedido ─enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, licenciadas en enfermería, personal de lavandería y de cocina─ fueron contratados a través de un préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en abril de 2020. 

A través de un comunicado de prensa, el BID informó que el Gobierno había solicitado «la reorientación de US$50 millones (HNL 1,223,005,000) provenientes de cuatro préstamos activos al desarrollo e implementación de un nuevo proyecto de salud» que serían utilizados para el Plan de Contención y Respuesta a Casos de Coronavirus en el país así como la contratación de personal médico.

Sin embargo, este mismo personal contratado para combatir la primera línea durante la pandemia por Covid-19 fue despedido entre septiembre y diciembre del año pasado cuando culminó su contrato. Aún cuando el Congreso Nacional aprobó el Decreto 47-2020 para otorgarles plazas permanentes. 

En cambio, el Congreso Nacional aprobó una reforma al Decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Gobierno saliente, violentando procesos administrativos y que costaría a las arcas del Estado entre 300 a 500 millones de Lempiras, según estimaciones del Consejo hondureño de la Empresa Privada (Cohep). 

Juana Acosta comentó que a inicios del mes tuvieron una reunión vía Zoom con la Comisión de Salud del Congreso Nacional, presidida por el doctor Denis Castro Bovadilla, donde se dialogó sobre la aprobación de un supuesto presupuesto de 1,259 millones de lempiras para el reintegro del personal médico. Sin embargo, «hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Lo vemos injusto porque ellos sí se reúnen en dos horas y aprueban grandes sueldos para ellos», dijo.

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En el artículo 1 del Decreto 47-2020, publicado en La Gaceta el 1 de junio de 2020, se instruye a la Secretaría de Salud y demás instituciones del Gobierno de la República prestadoras de servicio de salud o que por otras razones tienen contratado personal de salud, «a emitir los acuerdos de nombramiento permanente del personal médico y sanitario, asistencial y personal de apoyo a los servicios médicos que actualmente labora bajo la modalidad de contrato, incluyendo el contratado a través del Proyecto “Código Verde Más” que haya participado de forma efectiva, en la atención de pacientes infectados por COVID-19 y en acciones preventivas para evitar el contagio del mismo; siempre y cuando no tengan ya una plaza permanente en el Sistema de Salud Pública del país». 

Sin embargo, el cumplimiento de este Decreto continúa siendo una exigencia del personal sanitario. Luego del plantón realizado el 17 enero, la Secretaría de Finanzas informó a través de su cuenta de Twitter que el presidente saliente Juan Orlando Hernández emitió un certificado para la creación de 8,822 plazas para personal de primera línea de la SESAL.

En opinión de la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, «aún contratando todos los médicos que están, todavía le quedan en deuda al pueblo hondureño. Hay un mínimo que se requiere para la atención (médica). Si se contrataran estos 18 mil médicos que hay inscritos en el Colegio Médico, aún así estarían en déficit en cuanto a exigencias de atención en Salud».

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Aneeah), Josué Orellana, comentó en una entrevista con Hoy Mismo que después de una reunión con la Comisión de Presupuesto del Gobierno Nacional, el CMH y la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, no llegaron a ningún acuerdo para solucionar la problemática y que cuando le consultaron a la ministra sobre la contratación del personal médico ella respondió «están despedidos, no muertos». 

Contracorriente intentó contactar a la Ministra de Salud vía teléfono para conocer sus declaraciones, sin embargo cuando respondió la llamada pospuso la entrevista para otro momento y no volvió a contestar. 

Personal médico en un sistema de salud precario

Figueroa comentó a Contracorriente que «con un médico que hubiera muerto hubiera sido suficiente razón para que ellos (autoridades de Salud) hicieran acciones. Lejos de eso compraron mascarillas que no eran autorizadas para atención médica, hicieron desfalco con la compra de mascarillas, con los hospitales móviles, con las contrataciones, o sea que realmente lo único que retrata es la indiferencia que ellos han tenido con la población hondureña».

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El personal médico tuvo que enfrentarse a una pandemia en un sistema de Salud precario y sin presupuesto para afrontar una crisis. Según informó Contracorriente, a pesar de estar viviendo una pandemia y tras el paso de los huracanes Eta y Iota, en 2021 sólo se destinó el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto del sistema de Salud, un 0.2% menos que en 2020. En contrapartida, el Gobierno asignó el 2.4% del PIB a Defensa y Seguridad, un 0.2% más que en 2020.

De acuerdo a datos del Cespad, en Honduras, 9 de cada 10 personas no están cubiertas por ningún tipo de seguro de salud y se estima que el 18% de la población (más de 1.5 millones de hondureños) no tiene acceso a los servicios de salud. 

Asimismo, Honduras es uno de los países con los menores niveles de inversión en salud con US $101 (HNL 2,470) por persona, muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe: US $392 (HNL 9,589) por persona. Sin embargo, la mayor proporción del gasto en salud es costeado por las mismas personas, según registra un artículo del CMH. 

Por otro lado, la corrupción durante la pandemia por Covid-19 también fue un factor influyente para agravar la crisis sanitaria. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un total de 14 informes que identifican irregularidades en la gestión para enfrentar la pandemia, desde sobrevaloraciones de equipo médico, obras inconclusas hasta colusión entre empresas y las empresas mercantiles. 

En ese sentido, Suyapa Figueroa dijo a Contracorriente que uno de los retos del nuevo Gobierno de Xiomara Castro será aprobar «leyes que verdaderamente garanticen el acceso a salud de la población, que garanticen la transparencia en los procesos de compra, las adquisiciones y que garantice que el pueblo hondureño finalmente va a tener un Gobierno consecuente con sus necesidades no con las necesidades de los grupos de poder que son los que han primado en este momento y que siguen primando y seguirán si nosotros no los detenemos». 

Durante 12 años, el Legislativo contó con el apoyo del Ejecutivo y con la protección especial del Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugó un papel notorio al proteger a decenas de diputados que fueron acusados por corrupción, lavado de activos o enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público. Pero antes de marcharse, los diputados salientes aprobaron una decena de contratos y se aseguraron de blindarse lo mejor posible.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografía: Archivo Congreso Nacional

El Congreso Nacional 2018-2022 terminó su período el pasado jueves 20 de enero, marcado por haber violentado el principio de independencia de poderes tras haber permanecido bajo el dominio del expresidente del Ejecutivo Juan Orlando Hernández Alvarado, quien sale del poder este 27 de enero. También fue marcado por haber interferido con los operadores de justicia tras aprobar leyes que bloquean autonomía. 

La junta directiva del Congreso Nacional fue presidida durante los últimos dos períodos por Mauricio Oliva, del Partido Nacional. Los nacionalistas en realidad han liderado durante 12 años consecutivos el hemiciclo Legislativo. Durante el período 2010-2014, el presidente de este poder del Estado fue Juan Orlando Hernández. Desde entonces, múltiples debates se han dado en medio de un rechazo generalizado y reprobación ciudadana por repetitivos actos de corrupción.

Tal y como ocurrió en enero de 2014, con la denominada «hemorragia legislativa», los diputados salientes sesionaron en enero del presente año en horarios extraordinarios para aprobar una decena de contratos a favor de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de esa forma favorecer a grupos empresariales.

Se aprobó un contrato de Rayos X a la empresa ALUTECH, del grupo EMCO, por un monto de 25.7 millones de dólares (624 millones de lempiras). La propia empresa emitió un comunicado afirmando que no tenía la suficiente experiencia en el rubro y que por lo tanto habían subcontratado a una empresa de EE.UU. para que brinde asesoría. 

El grupo EMCO es presidido por el empresario Lenir Pérez quien también es responsable del cuestionado proyecto Palmerola International Airport (PIA) y de la empresa minera Los Pinares que ha generado un conflicto social y ambiental en Tocoa, Colón. Por este conflicto ocho defensores del río Guapinol están encarcelados, a pesar de que decenas de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han exigido una inmediata liberación al considerar que se están violentando derechos fundamentales. 

El proyecto de Palmerola surgió de un contrato firmado en marzo de 2016 entre Lenir Pérez y el expresidente Juan Orlando Hernández con un monto inicial de $163 millones. No obstante, el 29 de mayo de 2019, dicho presupuesto fue modificado  por el Congreso Nacional en medio de protestas de los diputados de oposición.

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Los diputados salientes también pretendieron esta semana —sin éxito— otorgar a la empresa Puente Alto Energy, propiedad del grupo empresarial EMCO de Lenir Pérez, un contrato de energía a base de carbón para ejecutar un proyecto valorado en $654 millones, unos L16,000 millones de lempiras. Este fue engavetado por la presión mediática ya que el proyecto no cumplía con los principios de legalidad ni con normas ambientales.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, dijo en una entrevista al noticiero Hoy Mismo que a pesar que ellos apoyan la inversión privada, el proyecto de la empresa Puente Alto Energy no cumple con los requisitos. 

Algunos proyectos ligados a Lenir Pérez han sido declarados como lesivos no solo por algún sector de la ciudadanía sino por la propia presidenta electa Xiomara Castro. La mandataria prometió que revisará el convenio contractual de Palmerola cuando asuma la presidencia.

Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), dijo a Contracorriente que es preocupante que siempre que van a haber cambios en Honduras se aprueban cosas y se hace a la carrera, sabiendo que están poniendo en riesgo la gobernanza del siguiente Congreso Nacional. Afirma que estas son prácticas que deberían eliminarse y ser más respetuosos con el relevo del poder y la toma de decisiones.

En el Congreso Nacional 2018-2022, el Partido Nacional gobernó con 61 de los 128 diputados electos y además contó casi siempre con el respaldo del Partido Liberal, que permaneció con 26 diputados. En cambio, el opositor Libertad y Refundación (Libre), con sus 30 curules, nunca pudo hacer una oposición sustancial. 

Tanto los congresistas nacionalistas como los liberales fueron más señalados por su corrupción que por su eficacia legislativa. Estas bancadas, siempre que lo quisieron, lograron mayoría simple (65) y calificada (85) para aprobar temas a pesar del amplio rechazo ciudadano como las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), que quitan soberanía territorial o un nuevo Código Penal que rebajó penas por corrupción pública, lavado de activos y narcotráfico.

«El Congreso saliente se fue en contra de lo que la sociedad pedía. Se le pedía que no aprobara el nuevo Código Penal, se aprobó; aquí se pedía que no se aprobaran las ZEDE, se aprobaron; se le pedía al Congreso que aprobara la nueva ley electoral y se tardaron seis meses en aprobarla, después de un proceso de casi dos años», expresó León.

León añade que la adjudicación de contratos como, el de los rayos X, otorgado a la empresa de Lenir Pérez, y otros más, están totalmente fuera de lugar. Primero porque no se sabe lo que la nueva administración quiere hacer y segundo, porque están dejando nombramientos y compromisos a destiempo. Lo único que eso revela, a juicio de León, es una imagen de poca transparencia.

Diputados vitalicios y el legado de impunidad que deja el Congreso 

En enero de este año, el Congreso otorgó la categoría de diputados vitalicios a tres congresistas. Esta categoría, a pesar de no devengar honorarios, les permite inmunidad frente a posibles acusaciones por actos de corrupción pública. 

Uno de los beneficiados es Oswaldo Ramos Soto quien fue rector de la Universidad Autónoma de Honduras, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y se desempeñó como diputado desde enero de 2006 hasta enero de 2022. Durante su etapa como rector universitario se le señaló de haber perseguido a docentes y estudiantes con ideas progresistas. 

También fue declarado como diputado vitalicio el diputado Óscar Nájera, con más de 30 años en el Congreso Nacional. Nájera ha sido confrontado públicamente por el gobierno de EE.UU. por actos de corrupción y presuntos vínculos con el cartel de narcotráfico “los Cachiros”. Su nombre ha sido mencionado en las Cortes de Nueva York durante los juicios por narcotráfico y figura en la lista Engels, la lista Magnitsky y la lista del Departamento del Tesoro de EE.UU.

También se le otorgó la distinción de diputado vitalicio a Carlos Lara Watson, nacido en diciembre de 1952, quien representó al departamento de Choluteca por el Partido Liberal de Honduras. 

En las filas del Congreso Nacional, 2014-2018, estuvo Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua más 30 años de prisión por delitos de narcotráfico a gran escala. Los fiscales que lo acusaron dijeron que no pudo haber actuado solo sino con ayuda de su hermano, el expresidente Hernández

Hernández, antes de ocupar la silla presidencial, presidió el Congreso durante el período 2010-2014. Luego asumió el expresidente Mauricio Oliva Herrera (2014-2018 / 2018-2022) quien quedó fuera del presente Congreso al lanzarse como aspirante presidencial en estas últimas elecciones y no lograr siquiera convertirse en candidato de su partido. Otros renombrados nacionalistas ya no serán más diputados: Rossel Renán Inestroza Martinez, Oswaldo Ramos Soto, David Chávez, Óscar Nájera, entre otros.

El expresidente Mauricio Oliva se convirtió en diputado del Parlamento Centroamericano violentando procedimientos de ley. Con esa investidura, Oliva tendrá cierta inmunidad frente a posibles acusaciones. 

El sociólogo Julio Navarro le dice a Contracorriente que este Congreso Nacional saliente (2018-2022) nunca cumplió con el papel asignado, sino que se convirtió en un «simple tramitador» del Poder Ejecutivo. 

«Sin ningún nivel de discusión o de controversias que se podrían dar, los últimos días los dedicó a cumplir las últimas voluntades del Ejecutivo y todas esas voluntades del poder legislativo giraron en función de mantener, consolidar y garantizar que la corrupción que aplicó este gobierno siga con buena salud y reproduciéndose», explicó Navarro.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) judicializó, durante el período 2016-2020, 13 casos y procesó a 113 personas, muchos de estos diputados. Entre estos figuró el caso «Red de Diputados» que implicó a más 60 diputados acusados de malversación de fondos públicos, supuestamente transferidos del poder Ejecutivo a organizaciones de la sociedad civil ligadas a ellos y luego a las cuentas bancarias de los congresistas.

No obstante, en enero de 2017, el Congreso Nacional aprobó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto en las que le exigió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar auditorías preliminares e investigaciones especiales de todos los casos de malversación de fondos en los que estén implicados miembros del Congreso Nacional. 

Esas modificaciones del Congreso Nacional hicieron que la Corte Suprema suspendiera el proceso y se limitaron las capacidades al Ministerio Público para investigar a diputados señalados de cometer delitos.

«Este congreso se va con una deuda jurídica y una deuda casi delincuencial por la que le deben de ajustar cuentas, porque la mayoría de cosas que ese Congreso ha aprobado en los últimos 12 años ha sido en detrimento de los intereses ciudadanos», sostuvo Navarro.

La designada presidencial Doris Gutiérrez, que fue diputada durante más de una década en el Congreso, denunció esta semana en su cuenta de Twitter que el Congreso saliente amplió el plazo de 3 a 4 años, para que el TSC no pueda auditar el uso de fondos públicos a alcaldes, diputados y demás funcionarios del Estado. 

En ese sentido, el fiscal Luis Javier Santos, beligerante por su actuación como fiscal al frente de la UFECIC cuando tuvo el apoyo la extinta MACCIH, denunció que esto viene a dificultar aún más su trabajo como jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

Congreso 2022-2026 ¿Cómo será?

Este 25 de enero iniciará una nueva etapa en el Congreso Nacional cuando los nuevos congresistas tomen posesión en medio de un ambiente totalmente sombrío y polarizado.

Libre ganó en las elecciones pasadas 50 diputados, pero ahora está dividido tras expulsar a 18 de ellos; el Partido Nacional cuenta con 44 congresistas, el Partido Liberal 22, Partido Salvador de Honduras (PSH) 10, mientras que la Democracia Cristiana y el Partido Anticorrupción (PAC) cuentan con uno cada uno.

Y es que Libre, que llegó como la bancada más robusta a este nuevo Congreso Nacional, arrastrando divisiones internas y luchas de poder, terminó expulsando a 18 de sus diputados tras acusarlos de alta traición, luego que los disidentes decidieron nombrar a su correligionario Jorge Cálix como el presidente provisional del Congreso Nacional, desobedeciendo a una petición de la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro, quien pidió apoyo para el diputado Luis Redondo.

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Jorge Cálix, quien podría ser ratificado como presidente del Congreso Nacional el domingo 23 de enero, comenzó su carrera dentro de Libre y ahora es señalado por miembros de su mismo partido de tener afinidad con el Partido Nacional y con grupos empresariales. Asimismo, es acusado, sin pruebas, de haber repartido dinero para llegar a la presidencia del Congreso.

Todavía está por verse el camino y el papel que jugarán estos 18 diputados que fueron expulsados de Libre, ya que ahora no pertenecen oficialmente a ningún instituto político. Por otro lado, Libre tiene el desafío de lograr acuerdos internos y con otras bancadas sin recurrir a más expulsiones.

El Congreso Nacional (CN) eligió, con 85 votos provenientes de todas las bancadas, a Jorge Cálix del partido Libertad y Refundación (Libre) como presidente de la junta directiva provisional. Sin embargo, la junta fue promovida en contra de los procedimientos de ley y de los consensos de la dirigencia de Libre que apoyaba a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, como parte de los acuerdos previos a la alianza de oposición que ganó las elecciones. Ahora Cálix tiene casi segura la presidencia del CN, un hecho que marca la primera fractura de Libre y un escenario más complejo para el gobierno entrante de Xiomara Castro.


Texto: Vienna Herrera, Leonardo Aguilar, Fernando Silva
Fotos:
Fernando Silva


A pocos minutos de haber iniciado la primera sesión del nuevo Congreso Nacional (2022-2026) esta concluyó con  gritos, golpes y la entrada de simpatizantes de LIBRE en el recinto. Esto ocurrió después de que fue electa la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, que lleva como presidente al diputado Jorge Cálix, uno de los 21 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) que postularon una junta diferente a la acordada la noche del jueves en una reunión con la presidenta electa, Xiomara Castro, y el coordinador del partido, Manuel “Mel” Zelaya. Libre obtuvo una bancada de 50 diputados electos en las pasadas elecciones pero con este hecho la bancada prácticamente se parte a la mitad. 

El resto de la bancada acordó con la presidenta electa Xiomara Castro que apoyarían la candidatura del diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), en cumplimiento de uno de los acuerdos con Salvador Nasralla para lograr que, un mes antes de las elecciones generales, depusiera su aspiración presidencial y participara con Castro en una alianza opositora “de hecho” en buscar de derrotar al candidato nacionalista Nasry “Tito” Asfura.

En el estrado, y en medio de gritos que señalaban como «traidores» a los diputados disidentes, el secretario de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, juramentó a la junta provisional que fue presentada por Beatriz Valle, del partido Libre. Además de Cálix, la junta está integrada por Yahvé Sabillón (Libre), quien figura como Vicepresidente y Beatriz Valle, Secretaria.

Esta junta provisional convocará a una sesión el próximo 23 de enero para hacer la elección oficial de la junta directiva que presidirá el congreso 2022-2026. Se prevé que la junta provisional sea la misma elegida, por la cantidad de votos a su favor, si es que no se llega a un acuerdo diferente. La Secretaría de Gobernación confirmó en un comunicado que la postulación que hizo Valle contaba con firmas en mano que registraba 21 votos del Partido Libre, 44 del Partido Nacional, 18 del Liberal, 1 de la Democracia Cristiana y 1 del Partido Anticorrupción.

Mientras ocurría la juramentación, uno de los diputados que apoyan la candidatura de Redondo, Rassel Tomé, subió a golpear a Jorge Cálix quien fue escoltado por la seguridad del Legislativo. «Estos ya no son militantes del partido revolucionario», dijo Tomé, rodeado de micrófonos, en referencia a sus 21 correligionarios.

Libre llamó a sus diputados electos a una reunión esa misma tarde y dio un límite para que los 21 militantes se retractaran, al final solo 3 negociaron y los 18 diputados restantes fueron expulsados del partido, según anunció Castro en conferencia de prensa por la noche. Castro también llamó a movilización y vigilia a partir del sábado 22, para evitar que la junta provisional de Cálix se oficialice en el CN en la sesión.

«¡Se consumó la traición!», escribió en su cuenta de Twitter la presidenta electa Xiomara Castro, quien había propuesto al diputado Luis Redondo, como presidente; a Hugo Noé Pino como vicepresidente y como secretaria a Angélica Smith.

El expresidente, José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), esposo de la presidenta electa Xiomara Castro, anunció en su cuenta de Twitter que los diputados disidentes serían expulsados este viernes. «Procede expulsión de quienes traicionaron la sangre de nuestros mártires y proyecto de Refundación de la Patria. Es elección de 2do grado, y el Pueblo puede anularla. No le reconocemos. Llamó vía Zoom Coord. Nacional. Diputados(a) Hoy. 21/1/22. 5pm. @XiomaraCastroZ @PartidoLibre».

El sociólogo Julio Navarro dijo a Contracorriente que la dirigencia del partido Libre, cuyo coordinador es el expresidente Zelaya, cometió el error de no dialogar lo suficiente con sus diputados: «o creo que se dejó un margen de tiempo muy grande sin que la dirigencia de Libre pudiera dialogar y pudiera entenderse con los diputados electos, uno debe reconocer que Mel Zelaya ha mantenido un liderazgo fuerte dentro de Libre, pero de Libre como oposición, es decir, de Libre fuera del poder, pero uno no sabe si el mismo estilo lo van a mantener porque ahora Libre ahora sí tiene poder».

Navarro es del criterio que «la estrategia que uno tiene para ganar, no necesariamente es la estrategia que uno tiene para gobernar». Agrega que ya gobernando «hay que lidiar con ambiciones personales y con aspiraciones de grupos que ven la posibilidad de garantizarse liderazgos a futuro».

Xiomara Hortensia Zelaya, diputada electa del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) e hija de la presidenta Xiomara Castro, dando declaraciones a la prensa tras los enfrentamientos que resultaron de la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional. 21 de enero del 2022. Foto: Fernando Silva.

Cronología del pacto que eligió al presidente del Congreso Nacional

El 13 de octubre de 2021, los entonces candidatos presidenciales Xiomara Castro del Libre y Salvador Nasralla del PSH, firmaron el acuerdo político para unir fuerzas y concretar una alianza de hecho para la presidencia de la República, Nasralla renunciaba a la candidatura presidencial a cambio de nombrar un diputado del PSH como presidente del Congreso Nacional.

El 23 de diciembre, tres días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Castro como ganadora oficialmente, Nasralla y su coordinador de campaña, el empresario Pedro Barquero, anunciaron que el elegido para la presidencia del CN era el ingeniero Luis Redondo, un parlamentario electo por tercera ocasión por el departamento de Cortés.

Tras ese anunció y ante la firma del acuerdo que obligaba a la dirigencia de Libre a mostrar su apoyo a Redondo, surgió otro candidato, el diputado más votado a nivel nacional: Jorge Cálix.

Sin anunciarlo públicamente, Cálix inició pláticas con diputados electos de diversos partidos políticos y se apoyó en la promoción de su candidatura por parte de Beatriz Valle, quien también es la mujer diputada más votada a nivel nacional. Contracorriente intentó en diversas ocasiones contactarlos desde que se conocieron los cabildeos hasta después de la sesión parlamentaria que eligió a la junta provisional, pero no hubo respuesta.

Para elegir al presidente del Congreso Nacional eran necesarios 65 votos. Sin embargo, entre los diputados electos de Libre y el PSH solo alcanzaban a 60 votos, por lo que ingresaron otros actores para intentar alcanzar la cantidad necesaria para cumplir el acuerdo, entre ellos el excandidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Liberal, Eduardo Martell, quien se encargó de realizar los acercamientos con diputados electos de su partido y garantizar el apoyo a Redondo.

«Lo que sucedió cuando se supo que la persona designada para ser presidente del Congreso Nacional era Luis Redondo fue que hizo temblar a las estructuras de poder políticas y económicas del país, porque es una persona intachable que tiene muy claro lo que se tiene que hacer en el país y una persona que no tranza en contra de los intereses de Honduras», apuntaba Martell previo a la elección de la junta provisional que finalmente recayó en Cálix.

En ese momento Martell explicaba que no se podía confiar plenamente en que Luis Redondo sería el próximo presidente del Congreso. Explicaba que en Honduras no se puede descartar ninguna posibilidad, aseguró que «aquí se tuerce la ley, entonces no digamos un acuerdo interpartidario, se está trabajando para eso, se está coaccionando, se está ejerciendo una práctica de soborno.»

En el Congreso Nacional se abordará la derogación de las Zede, beneficios a sectores económicos poderosos, la vigencia de la extradición, la elección de la Corte Suprema de Justicia y el nuevo fiscal general de la República, por lo que Martell apuntaba a las intenciones de la «cúpula económica corrupta», incluyendo al excandidato presidencial Yani Rosenthal, de negar la llegada de Luis Redondo a la presidencia del Congreso Nacional.

Sumado a los rumores de soborno también hubo denuncias de amenazas, este es el caso del abogado Ramón Barrios, diputado electo de Libre en el departamento de Cortés, quién aseguró que simpatizantes de Luis Redondo le habían amenazado vía redes sociales diciéndole que lo estaban vigilando ya que su apoyo a Redondo no era tan claro.

Barrios explicó que Redondo nunca les reunió para explicar su agenda legislativa, en particular, él quería preguntar sobre el reglamento interno del Congreso Nacional que a su juicio es «antidemocrático y da mucho poder al presidente del legislativo».

El diputado también comentó que votaría por Redondo exclusivamente por el acuerdo que firmó Xiomara Castro y aseguró que «no es que él sea mi candidato, creo que hay diputados, hombres y mujeres, suficientemente capaces en mi partido. Sin embargo, la palabra de la presidenta la vamos a cumplir».

Redondo es un diputado que inició su periodo en el Congreso Nacional en 2014 y es conocido por ser cercano al ahora designado presidencial Salvador Nasralla, quien fue candidato de la oposición en las elecciones de 2017 cuando se consumó el fraude electoral que arrojó como ganador a Juan Orlando Hernández. Además, Redondo es reconocido por sus posiciones firmes a lo interno del Congreso Nacional, incluyendo sus posturas religiosas que se reflejaron en el voto a favor del blindaje contra el aborto que propuso en enero de 2021 la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional.

Del otro lado, sobre las aspiraciones de Jorge Cálix, el diputado Barrios explicaba que tiene derecho a lanzar una candidatura ya que es «suficientemente capaz y con las suficientes cartas credenciales para presidir el Congreso Nacional».

Jorge Cálix fue diputado suplente de Beatriz Valle, su compañera en la candidatura para la presidencia del Congreso, en el periodo entre 2014 y 2018, y finalmente fue electo diputado propietario desde 2018. Ha sido popular por sus apariciones en televisión enfrentando a funcionarios del actual gobierno nacionalista y en 2019 intentó lanzar una precandidatura presidencial que finalmente no tuvo éxito. Ahora, el oficialismo de Xiomara Castro le señala por supuestamente responder a intereses de élites económicas corruptas y hacer alianzas con el Partido Nacional, señalado por la gestión corrupta y las acusaciones por estar vinculada con el narcotráfico.

La noche del 20 de enero, mientras 30 de los 50 diputados electos del Partido Libre acudieron al llamado de reunión de bancada convocada por el coordinador Manuel Zelaya y la presidenta electa Xiomara Castro, diversas fuentes de Contracorriente informaron que Cálix se reunió con algunos de los máximos dirigentes del Partido Nacional para negociar el apoyo que recibiría en la sesión de esta mañana en la que finalmente fue electo como presidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, una instancia que normalmente termina asumiendo como propietaria.

Libre quiere asegurar unidad del legislativo y ejecutivo

Gerardo Torres, Secretario de Relaciones Internacionales de LIBRE, explicó que la decisión de los 21 diputados de no apoyar la candidatura de Redondo genera un nuevo ambiente de cara al gobierno entrante de Castro. Torres señala que se habían planteado la posibilidad de gobernar con un Congreso Nacional ligado al Partido Nacional, «la idea era tener un mecanismo de gobierno en donde a veces lleguemos a consensos, a veces entrar a resistencia. Pero es que el PN no está manteniendo el Congreso porque hayan ganado sino a través de una traición y ahí sí cambia, nosotros no vamos a negociar con Jorge Cálix porque es un traidor» señaló. 

Policías antimotines tuvieron que resguardar las salidas de vehículos del Congreso Nacional ante las protestas de activistas del partido LIBRE quienes esperaban la salida del recinto de Jorge Cálix y Beatriz Valle con la intención de enfrentarles. 21 de enero del 2022. Foto: Fernando Silva.

Torres agregó que el escenario para el próximo 23 de enero, día en que se discutirá la junta directiva definitiva del CN, el llamado del partido es a evitar que quede la junta provisional «tendrían que ser acciones de presión porque una acción formal es difícil,  pues ellos tienen 84 votos, son fuertes allá adentro, pero débiles acá afuera».

Redondo, por su parte, al salir del hemiciclo legislativo aseguró que el próximo 23 lograrían nombrar la junta directiva que represente al pueblo y no a grupos criminales «cada voto y cada decisión en el Congreso Nacional tiene un precio, ya no pueden haber instituciones bancarias detrás de los votos dentro del Congreso» señaló.

Trascendió en medios de comunicación y redes sociales de políticos, que durante las negociaciones se habían pactado pagos de hasta 100 millones de lempiras (más de 4 millones USD) por apoyar a Cálix en su candidatura. Sobre esos pagos ilícitos a diputados, Redondo mencionó que «por el momento nosotros queremos definir las próximas acciones, más adelante el pueblo hondureño va a conocer las motivaciones que pudieron haber existido, pero en este momento no me puedo pronunciar al respecto».

En ese sentido, el coordinador de campaña del PSH, Pedro Barquero, aseguró vía Twitter que quien se encontraba feliz con la elección de Jorge Cálix era Camilo Atala, presidente del grupo financiero Ficohsa, una de las empresas con mayor poder económico en el país, y aseguró que los votos habían sido financiados por «dinero sucio».

Sobre los rumores de financiamiento para compra de votos en favor de Jorge Cálix también se había pronunciado el diputado de Libre Ramón Barrios, quien aseguró que esas acusaciones «son bastante ofensivas, yo estoy seguro que estas personas no van a poder acreditar, me parece que ese tipo de acusaciones no deberían darse, el compañero Jorge tiene su candidatura y nunca me ha ofrecido dinero».

Xiomara Zelaya, hija de Castro y diputada electa, señaló que detrás de la elección de la junta directiva del CN hay intereses oscuros, «se quiere continuar con un modelo económico y un sistema de opresión (…) Los que votaron son los que sostienen la dictadura desde hace 12 años, son los mismos que votaron un 28 de junio por secuestrar a un presidente y usurpar la voluntad del pueblo».

Beatriz Valle, diputada de Libre, ha dado una sola entrevista en un medio televisivo después de la elección de la junta provisional en la que recalcó que no habían violentado ninguna ley «no hemos sobornado a ningún diputado, no tenemos dinero (…) cuando se hizo el acuerdo pensamos que estaba enmarcado en la separación de poderes, en que se iban a cabildear los votos». Valle se quejó además de que ha tenido que soportar dentro de distintos espacios ha sido señalada, injustamente, de haber sido amante del expresidente Zelaya.

Valle explica que a los diputados nunca se les compartió una copia explícita del acuerdo y que cuando lo obtuvo, se dio cuenta que se había negociado más allá de esa junta directiva y que entre Libre y PSH se están dividiendo las secretarías de Estado y que no estaba dispuesta a darle el CN a un partido que según sus cálculos, solo aportó el 4% de los votos. «Cuando usted (Zelaya) empezó a hablar de todos los proyectos legislativos, dijo que se iba a gobernar con consultas ¿cómo es que no les preguntó a sus diputados sobre sus destinos dentro del CN?» cuestionó Valle.

Valle añadió que el Congreso Nacional no debe ser legislador de un solo partido sino de todas las bancadas que los componen, «Si ustedes le querían dar el congreso a alguien del PSH, que nosotros estuvimos de acuerdo mientras fuera con votos, se hubieran dado cuenta que ni los diputados del Partido Nacional ni del Liberal estaban dispuestos a votar por Luis Redondo» dijo Valle.

La diputada Valle aseguró que el Congreso Nacional que planean dirigir junto a Cálix, derogará las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES) y asumirá el plan de gobierno de Castro, aunque el haber realizado esta acción les implique una expulsión del partido, «la historia nos va a absolver de haber salvado el Congreso Nacional» finalizó.

La noche del 20 de enero Xiomara Castro señaló a los 20 diputados que no atendieron la convocatoria de reunión de bancada como “traidores y contrarrevolucionarios”, y aseguró que no aceptaría ser juramentada por un presidente del Congreso Nacional que salió de la traición. 21 de enero del 2022. Foto: Fernando Silva.

El empresario hondureño Emin Abufele Marcos tiene una concesión sobre el río Jilamito. Un río que parte de la comunidad de Arizona, en el noroeste de Honduras, ve como la última fuente de agua para consumo humano en la zona. Este empresario ha recibido contratos millonarios con el Estado y sus negocios salen de las fronteras hondureñas con offshores para la generación de energía. Ahora se enfrenta a un conflicto socioambiental en el cual ya hay cuatro pobladores y un alcalde criminalizados, una comunidad dividida y diversas irregularidades que podrían generar un impacto negativo en una zona protegida.  

Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
Edición: Valentina Lares, Jennifer Ávila y Andrés Bermúdez


El proyecto hidroeléctrico Jilamito llegó en silencio, dicen los habitantes de Arizona, un rincón al norte de Honduras en el departamento de Atlántida.

Cuando los rumores de que la empresa Inversiones de Generación Eléctrica (Ingelsa) había iniciado la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Jilamito se esparcieron, un grupo de pobladores se organizó para inspeccionar el área. Encontraron una carretera expandida y árboles talados: dos sorpresas para una comunidad que asegura no haber sido consultada. 

En 2017, formaron un campamento en medio de la carretera que había ampliado la empresa. «El logro es que ese mismo día que nos plantamos aquí, la maquinaria bajó», dice Lucila Lemus, habitante de Arizona y parte de esta organización comunitaria. 

El río Jilamito tiene una concesión aprobada por el Gobierno hondureño desde el 31 de diciembre de 2010 a favor de Ingelsa, propiedad del empresario hondureño Emin Jorge Abufele Marcos. La concesión fue otorgada por el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo, en el marco de una ley aprobada en 2008, que buscaba cambiar la matriz energética del país hacia fuentes renovables. La hidroeléctrica está en etapa de construcción desde 2015, una demora que se explica por la oposición de la comunidad aledaña y el retiro de parte del financiamiento que tenía la empresa y que provenía de Estados Unidos. 

Generación de energía en un área protegida 

Un informe del Tribunal Superior de Cuentas señala que, entre 2010 y 2014, Honduras firmó 185 contratos de concesión para proyectos hidroeléctricos, que sumarían una capacidad instalada de 4,022 megavatios de energía eléctrica. Es decir, casi 600 MW más de los que necesitaría el país, según los cálculos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Solo en 2010, primer año de la administración de Lobo, el Gobierno firmó 59 de esos contratos. Uno de ellos fue el de la hidroeléctrica de Jilamito. 

El proyecto de Jilamito se aprobó con una capacidad instalada de apenas 14.85 MW. Eso significa que no aporta una cantidad significativa a las necesidades energéticas de Honduras, que solamente en 2019 produjo 1600 MW de energía. 

A esto se suma que el sitio de presa de la hidroeléctrica se prevé construir dentro de la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre Texiguat, que en lengua tolupán significa «Mujer de distinción». Esta área de 16,000 hectáreas fue declarada protegida en 1987 por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (Sinaph) para conservar sus bosques nublados y especies como el jaguar, que en Honduras solo habita en esa zona y en la Moskitia. 

Su protección también es significativa porque forma parte del Corredor Biológico del Caribe Hondureño, una red de 8 áreas protegidas que viene desde la frontera de Guatemala hasta la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano en el oriente de Honduras —considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—. La zona de interconexión está entre el Parque Nacional Pico Bonito y el refugio Texiguat, un corredor que se nombró como Pibotex y que fue designado como área piloto en 2003.

De acuerdo con la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate), que se encarga de su gestión, en el área protegida de Texiguat existen especies endémicas, que cuentan con pocos estudios científicos, como el colibrí esmeralda. También señalan que en el área conviven los bosques latifoliado y de pino, lo que permite una biodiversidad muy alta de flora y fauna.

Una de las cualidades por las que esta zona es tan importante para las comunidades es que el ecosistema del bosque nublado permite la filtración de agua en el suelo, que se almacena en invierno y garantiza un abastecimiento de agua incluso durante en verano. Es por eso que, tanto la alcaldía actual como los habitantes que están en contra del proyecto hidroeléctrico, han diseñado un proyecto de agua potable sobre el río y lejos del área protegida, pero que no podrá realizarse a menos de que la empresa desista de la construcción. 

Pese al valor biológico de Texiguat, en Honduras la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables en su artículo 17 no prohíbe la construcción de proyectos extractivos al interior de áreas protegidas, siempre que no estén en la zona núcleo. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas indica que se permite la ejecución de proyectos para la generación de energía eléctrica con una capacidad de hasta 15 MW en zonas de amortiguamiento.

Es decir, casi exactamente el potencial que tendrá la hidroeléctrica de Jilamito, que está justamente ubicada en la zona de amortiguamiento de Texiguat.

La hidroeléctrica tendría un costo de USD 75,562 millones (más de 1,800 millones de lempiras) de los cuales el 26.8 % serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través su rama BID Invest y el 25,9 % por el capital de los socios.

Los fondos del BID fueron confirmados el 4 de diciembre de 2020, mientras que el 47.3% restante los iba a otorgar en préstamo la Corporación Internacional de los Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés), pero el 28 de mayo de 2021 se anunció la cancelación del financiamiento. Aunque la DFC no dio razones para su retiro, Ingelsa a través de un comunicado vía email a este equipo periodístico, dijo que el préstamo había sido aprobado con el programa América Crece del gobierno de Donald Trump, que fue descontinuado por la administración de su sucesor Joe Biden.

La criminalización detrás de la defensa del río Jilamito 

Después de que en 2017 la organización comunitaria montara un campamento para detener la construcción de la hidroeléctrica en Arizona, cinco personas que participaron, entre ellas el alcalde de Arizona,  fueron acusadas por el Ministerio Público del delito de tentativa de usurpación de un espacio de suelo público. Actualmente, estas personas tienen medidas sustitutivas y deben movilizarse aproximadamente 35 kilómetros semanalmente para firmar un libro en los juzgados de Tela, la ciudad más cercana en Atlántida, y así comprobar su presencia en el país. 

La denuncia contra Elena Gaitán, Arnoldo Chacón, Tulio Enrique Laínez Gonzales, Julio César Leiva Guzmán y Claudio Ramírez Espinoza fue instaurada por personas de la comunidad agrupadas en el Patronato San Rafael, pero los imputados creen que es la empresa la que está detrás de éste. 

Elena Gaitán, la única mujer criminalizada, se dedica al comercio desde hace muchos años y tiene una tienda de abarrotes en Arizona. Aunque el proceso judicial ha afectado su vida cotidiana, al tener que salir a firmar semanalmente, dice sentirse acompañada y que espera que las demás personas de su comunidad les apoyen si la situación se complica y los envían a la cárcel.

«He entregado mi vida prácticamente, no hemos parado en estos años, en medio del dinero es muy difícil. En la actualidad hemos observado que muchos sumisos han nacido, que a todo le tienen miedo menos a morirse de sed y yo a eso sí le temo»,  señala y cuenta que la elección de quiénes fueron criminalizados es simbólica, pues no son solo cinco quienes se oponen al proyecto.

«Los empresarios son groseros, nunca me imaginé que el ser humano era tan cruel en ofrecer dinero sabiendo lo que es el agua, no entiendo», dice mientras prepara una ración de comida para enviar a las personas que siguen monitoreando  el campamento a diario. 

Poco después, Ibsy Aranda la recibe en el campamento y añade otras raciones de comida que ella cocinó. Cuando se acerca al río Jilamito, se pregunta: «¿Para qué nosotros tenemos hidroeléctricas explotando nuestros ríos si pagamos la luz tan cara? ¿A quiénes les están beneficiando nuestros recursos naturales? ¿Quiénes se están llenando los bolsillos si al pueblo no les están ayudando?».

Ibsy y Elena ahora viven en una comunidad dividida, existe una separación palpable solo con miradas entre los vecinos que están a favor y en contra del proyecto y, aunque la empresa ha realizado algunas actividades de responsabilidad social, para Aranda el proyecto ha traído más problemas que soluciones a su comunidad.

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El refugio de vida silvestre Texiguat fue declarado en 1987, parte del proyecto hidroeléctrico Jilamito, se encuentra en la zona de amortiguamiento de esta reserva. Arizona, 28 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Las irregularidades detrás del proyecto  

Más allá de la preocupación por el impacto ambiental que podría tener la hidroeléctrica en Texiguat y el hostigamiento legal que ya ha significado para varios de sus vecinos, a varias personas cercanas a Jilamito les preocupa que el proyecto energético parece estar nadando también en irregularidades. 

La abogada Koritza Ortez, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) que lleva el caso de las personas criminalizadas en esa comunidad, explica que han denunciado la concesión de Jilamito en el Ministerio Público y en otros espacios de investigación judicial, junto a otro grupo de concesiones otorgadas en 2010, poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.Las señalan de haberse aprobado mediante procesos corruptos.

«Esas concesiones están caracterizadas porque están insertas en procesos de corrupción, que se evidencian en diferentes fases del concesionamiento. Estos actos de corrupción se caracterizan por la ausencia de participación y consulta a las comunidades, así como el otorgamiento que fue realizado sin que se hicieron los estudios y requerimientos que están en la ley», explica la abogada Ortez. 

Dentro de ese paquete, añade Ortez, también está la concesión sobre el Río Gualcarque que fue denunciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (Maccih) creada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que funcionó en Honduras entre 2016 y principios de 2020, cuando fue cerrada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa concesión la denunció en varias ocasiones la líder indígena Berta Cáceres, que se oponía a la hidroeléctrica sobre el río Gualcarque cuando fue asesinada el 3 de marzo de 2016. A la fecha hay 8 personas condenadas por el crimen. 

Una de las irregularidades que denuncia Ortez está ligada al requisito en el contrato firmado entre la empresa Ingelsa y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que da lugar al proyecto hidroeléctrico sobre el río Jilamito de que se firmara un acuerdo de aval solidario entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Finanzas y la propia empresa. Como parte de ese proceso, en noviembre de 2011, la PGR emitió una opinión legal en la que concluyó que no firmaría el acuerdo porque el contrato había sido suscrito por una recomendación de la Comisión de Evaluación de la ENEE creada para la licitación, pero que iba en contravención con las bases de Licitación Pública Internacional y la Ley de Contratación del Estado.

Aunque en ese escrito no detallan las irregularidades, una denuncia del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, interpuesta en el Ministerio Público, señala que en un informe de la ENEE sobre esa licitación internacional recomendaba la inadmisibilidad del contrato con Ingelsa y con Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. (SEMSA), otra empresa de Abufele beneficiada con otra concesión hidroeléctrica en Atlántida, porque se habían otorgado después de que la comisión evaluadora las declarara no factibles. 

El oficio que contempla ese informe fue solicitado por este equipo periodístico, vía solicitud de acceso a la información a la ENEE, pero fue negado porque se encuentra secuestrado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) desde 2018.

La declaración de no factibilidad se dio luego de que ambas empresas presentaran en su propuesta una interconexión a un circuito denominado estación Lean, pero la comisión pidió eliminarlo de la propuesta porque solo era de utilidad para Ingelsa y SEMSA. Por lo tanto, era la empresa la que debía financiarlo. Sin haber resuelto la eliminación de esta solicitud, la ENEE remitió a SERNA los contratos de energía y solicitó su aprobación en el Congreso Nacional.

Como respuesta, la ENEE señaló que la comisión evaluadora tenía todas las potestades para aprobar la licitación y que la empresa Ingelsa había cumplido con todos los requisitos de esa licitación. La PGR finalmente firmó el aval declarando que era responsabilidad directa de las autoridades de la ENEE el efectivo cumplimiento de los requisitos legales para la adjudicación de ese contrato y «que no corresponde a la Señora Procuradora General de la República evaluar dicho proceso». 

El contrato de la hidroeléctrica Jilamito también menciona que cuando se firmó en diciembre de 2010, aún se encontraban en trámite el permiso de operación, la licencia ambiental y la contrata para aprovechamiento de aguas nacionales, todos ellos requisitos que pedía el contrato para que este tuviera valor. Esto significaba que la empresa Ingelsa debía presentar esa documentación en los siguientes seis meses después de la publicación del contrato.

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Lucila Lemus, es defensora del río Jilamito, ella se ha organizado junto a varias mujeres de su comunidad que se han incorporado a la lucha por el medio ambiente contra las empresas extractivas. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Sin embargo, la licencia ambiental para el proyecto Jilamito fue otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) en septiembre de 2013. Es decir, casi tres años después de publicado el contrato. 

Sobre esto, el departamento legal de Ingelsa respondió a este medio de comunicación que la licencia «fue atendida en legal y debida forma según las leyes aplicables y la totalidad de las cláusulas del Contrato en cuestión».

Ese no fue el único problema. La licencia ambiental fue otorgada a pesar de que, dentro del plan de gestión ambiental de Ingelsa presentado a Mi Ambiente en abril de 2013, la empresa había detallado que los impactos ambientales de este proyecto serían severos en el agua, el suelo, y la flora terrestre y acuática. El informe técnico de SERNA 991-2013 señala que «las actividades con mayores efectos adversos serán el agua por incremento en la demanda de agua y retención, el suelo por el cambio en el uso del suelo, flora terrestre por pérdida de cobertura vegetal existente, flora acuática por diseño y pérdida de la flora por destrucción del hábitat y Fauna acuática por la pérdida de alguna especie acuática importante que pudiera encontrarse en el sitio». 

El 13 de agosto de 2013, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) presentó el dictamen técnico DCHA-035-2013 en donde señaló que las obras a construir (presa, tanque de presión, casa de máquinas y líneas de conducción) se encontraban dentro de una microcuenca declarada «Río Jilamito». Sus técnicos aseguraron que no había proyectos que abastecen de agua a alguna comunidad, ¿pero que? la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Jilamito era «FACTIBLE TÉCNICAMENTE, siempre que se respeten los lineamientos ambientales establecidos por la SERNA, siendo la Secretaría General del ICF a través de Asesoría Legal la que determine la factibilidad legal del proyecto». 

El ICF añadió además que «los procesos de socialización son esenciales por lo que es necesario conocer primero la opinión de la municipalidad y de las comunidades en la zona de influencia». Después de esto, el 12 de septiembre de 2013, finalmente Mi Ambiente le otorgó  la licencia ambiental al proyecto a pesar que la socialización aún no se había dado. En el dictamen 1429-2013 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) detalló que le otorgaba la licencia al proyecto a pesar de que la socialización se encontraba en proceso de realización.

Un documento de la Secretaría de Mi Ambiente señala que se debía adjuntar el punto de acta municipal de esa socialización, dada en un cabildo abierto con las comunidades del área de influencia del proyecto.

La empresa dentro del expediente en Mi Ambiente explica que hubo siete reuniones, además de charlas y capacitaciones en las comunidades aledañas. Sin embargo sólo dos de ellas se dieron antes de la fecha en la que se otorgó la licencia ambiental. Ingelsa señaló también que el proceso concluyó con un cabildo abierto el 20 de noviembre de 2015. Es decir, dos años después de que se otorgaron los permisos.

Un proceso de consulta que la comunidad opositora al proyecto desconoce

Arnoldo Chacón, alcalde de Arizona por el Partido Liberal, se sienta tras su escritorio y explica que la lucha contra la empresa Ingelsa comenzó cuando él aún era regidor y que en aquel momento la empresa era apoyada por el alcalde de turno, Adolfo Alfonso Pagoada, también del Partido Liberal.

«Hicieron una caminata y vieron que había maquinaria que había ingresado, sin pedir permiso a la municipalidad, sin pedir permiso en ese momento a la población. Eso encendió las alarmas, en ese momento yo era regidor. Al parecer el alcalde en ese momento sí estaba enterado del asunto», cuenta Chacón, quien junto con cinco personas de la comunidad enfrenta un proceso judicial por el delito de usurpación de un espacio público en la modalidad de tentativa. El objetivo fue haber levantado el campamento en protesta contra la hidroeléctrica en 2017. 

«Lo sorprendente de esto es que, cuando voy a tomar posesión el 25 de enero de 2018, nos llaman diciendo que ya teníamos una denuncia por supuestas usurpaciones de tierra o de tentativa, por una calle», señala Chacón. 

A Ibsy Aranda le indigna la situación de judicialización que viven sus vecinos y el alcalde. «De alguna manera me siento atada de las manos con cuánta corrupción que hay en la justicia porque nuestros compañeros cinco criminalizados por defender los bienes naturales», dice.

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Ibsy Aranda de 39 años, es profesora de primaria y defensora del medio ambiente. En la foto se moja el rostro en el río Jilamito, la principal fuente de agua de su comunidad. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

La abogada Ortez explicó que el proceso judicial fue iniciado por las denuncias de un patronato comunitario. «Están los abogados Jair López y Celeste Cerrato, entrando en representación de una comunidad que realmente es un caserío y que nosotros entendemos que es la empresa que está detrás de estos abogados», explicó.

Al equipo defensor y a la comunidad les llama la atención que los dos abogados, López y Cerrato, también forman parte de la defensa de Sergio Rodríguez, ex gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y sentenciado en 2019 a 50 años de cárcel como autor material del asesinato de la líder ambientalista lenca Berta Cáceres. 

El alcalde Chachón dice que  el juicio por el asesinato de Berta Cáceres «vino a frenar la manera de operar estas empresas. Antes había amenazas a muerte, persecución contra los líderes, mandaban a la policía, mandaban mensajes intimidatorios», señaló.

Sin embargo, el departamento legal de Ingelsa insiste en que la empresa no está detrás de la denuncia penal. «No hay ninguna acción legal por parte de la Empresa contra el alcalde y 4 miembros de la Comunidad, lo cual puede cambiar en cualquier momento», dijeron a Contracorriente.  

«Supuestamente existen demandas en contra de alguna de estas personas y sus empresas en los Juzgados de Tela por parte de varias empresas e instituciones de financiamientos hondureñas por supuestas deudas que tienen con esas empresas e instituciones», agregó en un comunicado escrito enviado por email el 30 de noviembre de 2021.

Encima de la demanda penal, existe una denuncia remitida al Ministerio Público por parte de siete regidores en contra del alcalde Chacón por el delito de sedición. En esa acción, le acusan de haber realizado otro cabildo abierto, en febrero de 2019, para declarar el municipio libre de mineras e hidroeléctricas. La denuncia la interpusieron después de que ocho regidores, durante una sesión municipal, votaran en contra de realizar el cabildo abierto para discutir sobre las hidroeléctricas en Arizona.

Aunque en 2015 se realizó un cabildo abierto para declarar Arizona libre de hidroeléctricas y mineras, el expediente del proyecto detalla que se realizó con 4 regidores (uno de ellos era Chacón) y sin el alcalde en ese momento. La empresa señala que eso invalidaba el proceso porque «además que no se acreditó la personería jurídica, ni libro de actas de la corporación municipal”, requisitos para validar ese proceso. 

El alcalde Arnaldo Chacón dice haber sufrido amenazas para destituirlo de su cargo por su oposición al proyecto, así como presiones desde dentro de su mismo partido y del gobierno actual de Juan Orlando Hernández, y que incluso recibió la visita del Secretario de Gobernación, Leonel Ayala, quien buscaba mediar en la situación. Pero Chacón dice que no va a negociar. «No es que no se haya contribuido con el Gobierno porque ya en gobiernos anteriores se aprobaron 5 concesiones en Atlántida y 3 están en el municipio de Arizona. Entonces no es que no se esté contribuyendo, pero este río es el único que ha quedado para consumo humano», añade.

Arnaldo Chacón, alcalde del municipio de Arizona, retratado en su oficina. El alcalde de Arizona está judicializado junto a cuatro personas más del municipio por la defensa del río Jilamito. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

La empresa, entre tanto, asegura que sí tiene el respaldo de la comunidad. «En cuanto a los temas comunitarios, el Proyecto tiene un amplio apoyo comunitario conforme lo que regula y define las Normas de Desempeño del Banco Mundial y que fue certificado por organismos internacionales de prestigio mundial como parte de su debida diligencia», señaló el departamento legal de Ingelsa en una declaración escrita a Contracorriente.

La comunidad de la que ambos hablan hoy se encuentra dividida. Durante 2017, en plena crisis postelectoral, no sólo se manifestaba contra un fraude en las elecciones generales, sino también contra los proyectos extractivos.

Durante una de esas manifestaciones, resultó muerto Ramón Fiallos, esposo de Magda Díaz y una de las personas que fundó el campamento contra la hidroeléctrica de Jilamito. Ahora en el campamento luce un altar en su honor, con un sombrero, algunas velas, una cruz y una fotografía suya al fondo.

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En el campamento por la dignidad y la justicia de Jilamito, existe un altar en memoria de Ramón Fiallos, quien fue asesinado durante las protestas poselectorales en enero de 2018. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

El empresario detrás de la hidroeléctrica y sus nexos con el gobierno

Emin Abufele Marcos es un empresario de la costa norte que se interesó en la generación de energía eléctrica en la última década —y que ha recurrido a varias sociedades en jurisdicciones opacas para sus negocios.

En febrero de 2014, cuando Abufele Marcos asumió la presidencia de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), creó una sociedad en Islas Vírgenes Británicas llamada Financial Invest Limited, por intermedio de la firma de servicios offshore Trident Trust Company.

Este dato surge de un análisis que hizo Contracorriente de miles de documentos pertenecientes a varias firmas especializadas en gestionar sociedades offshore en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Ese trabajo de investigación se realizó en el marco de de la investigación transfronteriza Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que Contracorriente participó en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Al año siguiente de crear Financial Invest, en 2015, Abufele creó una segunda sociedad offshore llamada Operaciones Hidroeléctricas en Panamá. Es decir, apenas dos años después de que la empresa Ingelsa obtuvo los permisos para la construcción de la hidroeléctrica en Jilamito. La creó la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, más conocida como Alcogal y una de las principales proveedoras de servicios offshore en el centro de los Pandora Papers

Entre la offshore panameña, creada con un capital de 10 mil dólares, y la empresa hondureña Ingelsa hay una similitud importante: en ambas aparecen como socios Emin Abufele Marcos y Carlos René Ávila. 

El departamento legal respondió vía correo electrónico —en representación de Abufele— a este equipo de periodistas que ninguna de las dos empresas en Panamá o las Islas Vírgenes Británicas han tenido relación con sus operaciones hidroeléctricas en Honduras. Además, aseguró que las dos sociedades han cesado sus operaciones. Sin embargo, el registro público de Panamá detalla que la offshore Operaciones Hidroeléctricas se encontraba vigente a enero de 2022.  

El departamento legal de Ingelsa añadió que la legislación hondureña no penaliza la creación de personas jurídicas en países distintos a la residencia de sus socios. «De hecho, es una práctica común entre las empresas internacionales para poder atender de forma eficiente las necesidades de sus clientes en las diferentes jurisdicciones en donde se encuentren. No tiene ni ha tenido relación alguna con operaciones en Honduras», explicaron al responder nuestro cuestionario. No explicaron, sin embargo, a cuál empresa internacional están ligadas dichas sociedades offshore

Consultados si estas operaciones en el extranjero fueron declaradas ante el fisco hondureño, dado el uso que se ha hecho a nivel mundial de esquemas offshores para evadir o eludir impuestos, el departamento legal del grupo respondió que «todas las operaciones mercantiles se declaran ante la SAR (Servicio de Administración de Rentas) y demás entes aplicables en pleno cumplimiento al Código Tributario hondureño, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y demás Leyes y Reglamentos conexos a la Renta indistintamente de que tengan o no conexión con proyectos en Honduras. Así mismo, se declaran ante las autoridades de todos aquellos países en donde operamos».

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El río Jilamito a su paso por la comunidad de Viejo Jilamito, donde las personas cruzan el río por un puente de hamaca. Arizona, Atlántida, 28 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

Los abogados de Ingelsa explicaron también que han realizado numerosas actividades de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, señalaron, tras los daños de los huracanes ETA e IOTA donaron a la Iglesia Católica hondureña y a comunidades «777,000 tortillas de maíz; 23,340 tortillas de harina de trigo y 55,000 raciones de arroz». 

Un dato interesante ya que en el marco de los proyectos asistencialistas en respuesta a las tormentas ETA e IOTA y durante la emergencia por COVID-19, el Gobierno hondureño compró bolsas de arroz, café y harina a la empresa Industrias Molineros, Sociedad Anónima de Capital Variable (IMSA) de la que Emin Abufele Marcos fue gerente por 16 años, y que es propiedad de su padre Emin Abufele Salomón. La empresa recibió más de 42 millones de lempiras (1,708,692 de dólares) por estos alimentos. 

IMSA fue beneficiada entre abril y diciembre de 2020 con dos contratos provenientes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, una entidad cuestionada por sus fines clientelistas y por corrupción. Los contratos se dieron por compra directa, es decir, sin tener que hacer licitación amparados en que las compras se realizaron durante emergencias humanitarias. Es también la empresa que fue denunciada por 43 cargadores por violaciones a sus derechos laborales a mediados de 2021. Además de esto, IMSA ha sido beneficiada durante la última década con el pago arancelario del 0% por la importación de arroz. 

Emin Jorge Abufele Marcos es hijo de Emin Jorge Abufele Salomón, quien fue asesor del presidente nacionalista Rafael Leonardo Callejas durante su gobierno entre 1990 y 1994. A diferencia de su padre, Abufele hijo no se ha ligado tan públicamente al partido de Gobierno. Aunque, cuando fue presidente de la CCIC (2014-2016), acompañó al presidente Hernández en una visita a Washington en 2014 para integrarse en el Plan Alianza para la Prosperidad del gobierno de Estados Unidos para frenar la migración desde Centroamérica. Ese plan, que se financiaba en un 80% por los países del Triángulo Norte, fue calificado por el mismo expresidente Donald Trump como un fracaso en 2019. 

Ante esta relación con el Gobierno nacionalista de Hernández, el departamento legal de Ingelsa respondió que «Industrias Molineras no es parte de Grupo IESA ni está relacionada con proyectos hidroeléctricos».

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Lucila, Ibsy y Magda, conversan a la orilla del río Jilamito, la principal fuente de agua de sus comunidades que han sido invadidas por proyectos extractivos durante décadas. Arizona, Atlántida, 27 de septiembre de 2021. Foto: Martín Cálix.

La crisis energética que no se resuelve 

La crisis energética en Honduras no es un problema nuevo. En 2007, el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales aprobó la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que autorizó la compra directa de energía sin necesidad de licitaciones y la promoción de incentivos hacia las empresas generadoras. Desde entonces los gobiernos de Lobo y Hernández han firmado más de 200 contratos con empresas privadas, de los cuales 90 han entrado en operación y están generando energía. 

Los contratos de energía renovable aprobados en esos gobiernos no pasaron por un proceso de licitación y solo eran ofertados a las empresas ante la junta directiva de la ENEE. Esto produjo para las generadoras de energía un negocio con 0% de riesgos al obtener costos fijos por la potencia instalada, aunque la energía producida no sea constante en el caso de las eólicas, plantas solares e hidroeléctricas. Aun con todo esto, el país vive en una crisis energética que produce racionamientos de energía de más de 12 horas diarias y un aumento en la tarifa que resulta impagable para muchos de sus habitantes.   

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tiene una crisis financiera, ya que carga una deuda acumulada de más 80.000 millones de lempiras (3.313 millones de dólares). Algunos análisis señalan que en parte esto se debe a la compra de energía cara a empresas privadas, que luego la ENEE vende más barata a la población. 

Según Hugo Noé Pino, economista y diputado electo por el partido Refundación y Libertad (Libre): «Parte de la crisis financiera no son únicamente de las pérdidas, sino que viene de los contratos sobrevalorados o los que están ahí pendientes de ejecución que van a representar una carga para el gobierno».  

Pino señala que los empresarios de la energía ganan al obtener ganancias extraordinarias, ya que —en sus palabras— «Ellos le venden a la ENEE a un precio mayor al de mercado como se ha mostrado en otros sectores, el kilovatio en otros países de Centroamérica está a 8 o 9 centavos la hora». 

El contrato de la hidroeléctrica de Jilamito se encuentra firmado por 30 años a partir de la fecha de inicio de operaciones, que comenzaría una vez finalice la construcción hasta ahora detenida, con un precio base de la venta de energía de 10.175 centavos de dólar el KW hora y una venta adicional en horas punta de 7.52 dólares. Actualmente, la población hondureña paga alrededor de 0.21 dólares el KWH consumido por hora, una tarifa que aumentó el doble en solo cinco años.

Pino añade que la crisis de la ENEE no solo afecta en los costos tangibles para la población. «La energía no solo se convierte en tarifas más altas a los consumidores, sino que es un elemento fundamental en que los inversionistas nacionales y extranjeros se fijan para invertir en nuestro país. Con el desastre de la ENEE es menos competitivo el país», señala.

Magda Díaz, habitante de Arizona, dice que no puede creer cuánto tiene que pagar ella y sus vecinos en los recibos de luz eléctrica mensualmente. Según ella, entre mil y cinco mil lempiras (40-200 dólares) en hogares que apenas tienen una refrigeradora y un par de ventiladores y focos. «Con estas hidros uno pensaría que al menos pagaríamos la luz a un precio justo porque nosotros somos los dueños de estos ríos, de nuestra naturaleza y nos han venido a robar. Esa luz se la llevan», dice con amargura.

La presidenta electa Xiomara Castro, que iniciará sus funciones el 27 de enero de 2022, ha planteado que dentro de los primeros 100 días revisarán los contratos que mantienen endeudada a la ENEE, una situación que está siendo evaluada por la Comisión de Transición de Gobierno.

Ibsy Aranda explica que la luz les llegó a sus comunidades apenas unos años antes de que las hidroeléctricas buscaran sus ríos y que, por lo tanto, esos proyectos no son los que les han favorecido. «Extraen luz, generan y se la llevan a vender a otro lugar, pero aquí no nos la regalan ni nos la pagan», dice y asegura que no se detendrá hasta que ella y su comunidad sean escuchados.

Mientras aún no se define la suerte del proyecto de Ingelsa sobre el Jilamito, la comunidad aledaña al río se encuentra dividida, y la Reserva Texiguat, como muchas áreas naturales protegidas en el país, se encuentra desatendida. 

«Hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que cuando nos asesinan a un compañero, nos criminalizan, nos meten presos, más rebeldes nos ponemos. Nosotros no tenemos miedo», dice Ibsy.

*Este texto fue producido con el apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) aportó acompañamiento editorial.

Por Yeye Balam

Fotografía de Archivo Contracorriente/Martín Cálix


En el programa
Frente a Frente del 14 de octubre de 2021, Pedro Barquero contaba que, por iniciativa de ellos (el propio Barquero y Salvador Nasralla), decidieron acercarse a las autoridades del Partido Libertad y Refundación (Libre) para acordar una alianza de hecho en la que Nasralla renunció a su candidatura presidencial y pasó a apoyar la candidatura de Xiomara Castro; quien, a la postre, resultó electa como la primer mujer presidenta de Honduras.

Aquella decisión se tomó de forma apresurada y con los tiempos en contra, sin consultar a las bases partidarias que, principalmente en el caso del Partido Salvador de Honduras (PSH), dejó un notable disgusto en algunos candidatos y candidatas al Congreso Nacional.

Como parte de los acuerdos se redactó un inciso que reza: «(…) quien ocupe la presidencia del congreso será designado por Salvador Nasralla (…)» y en aquel momento, con las atenciones principalmente volcadas en el Ejecutivo, la sentencia de que Salvador designaría a dedo la persona para ocupar la presidencia del Legislativo sonó sin retumbar demasiado.

Pasadas las elecciones, a medida que se resolvía el escrutinio de las diputaciones y se consolidaba que la bancada del PSH se establecía en diez escaños como cuarta fuerza política, y la bancada de Libre con cincuenta como la primera, se empezó a especular cuál sería aquella persona ungida por el «Señor de la televisión» (como se le conoce a Salvador Nasralla) para ocupar la presidencia del Congreso y desatar las tormentas. Finalmente un nombre fue dado: Luis Redondo. Y las tormentas fueron desatadas.

Contra el espíritu de las leyes

La moderna división de poderes de las repúblicas representativas fue propuesta por el filósofo francés Charles Louis de Secondat, conocido como Montesquieu, en su obra de 1748 El espíritu de las leyes, basándose en la tesis presentada por John Locke en el Segundo tratado sobre el Gobierno civil. La tesis fundamental de Montesquieu es contra el despotismo, donde el déspota gobierna solo, según su voluntad y sus caprichos, a partir de ostentar en sí mismo los tres poderes del Estado. Así, como mecanismo de contrapesos para evitar el despotismo, Montesquieu sostiene que es necesario que los tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— sean independientes uno del otro; es decir, que en principio un poder no intervenga sobre otro. Es claro que la tesis de Montesquieu presenta sus limitaciones; por aquel entonces no existían ni las instituciones ni los partidos con la forma actual. Pero el principio de «separación de poderes» se ha tratado de hacer encajar en la medida que la estructura de los Estados ha venido evolucionando, particularmente desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados hispanoamericanos y muy marcadamente después de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, dicho encaje se ha logrado más en la teoría que en la práctica, pues «un poder que nombra ostenta el poder de revocar». Este principio de la «separación de poderes» ha sido esgrimido constantemente por Nasralla y Barquero como sustento legitimador del inciso (G) del Acuerdo Político entre Libre, PSH y PINU, pero pronto se vislumbra la contradicción de lo acordado: a un integrante del Poder Ejecutivo (Salvador Nasralla) se le ha otorgado el poder de una injerencia directa en el Poder Legislativo.

Otro problema que presenta el inciso (G), ante las y los disidentes, es que no establece que el presidente del Congreso tenga que ser necesariamente de la bancada del PSH. Literalmente comienza diciendo: «El Partido Salvador de Honduras, sin considerar el número de sus diputados que resulten electos, designará los diputados que integran la junta directiva del Congreso Nacional en conjunto con el Partido Libre». La redacción no es limpia, pero deja claro que la junta directiva sería configurada en conjunto entre Libre y PSH, y que, de dicha configuración, Salvador Nasralla designaría quien sería la o el presidente, independientemente de la bancada. No obstante lo sostenido en medios por Salvador es que él designaría a un o una integrante del PSH para la presidencia del Congreso, siendo ese discurso, y no lo literalmente establecido en el inciso (G), lo que se ha difundido a la población.

Ahora, no es de extrañar este tipo de contradicciones. El Estado de Honduras, a pesar de haber conmemorado su Bicentenario de Independencia, no acumula esos doscientos años en tradición republicana. La independencia de la Capitanía General de Guatemala presidida por Gabino Gaínza, que es la del 15 de septiembre de 1821, no se consolidó, sino que las provincias centroamericanas pasaron a formar parte del Imperio Mexicano de Iturbide. Esto significó que las estructuras feudales heredadas de la Colonia se mantuvieran. Y luego esas mismas estructuras feudales llevarían al fracaso a la República Federal y a la Reforma Liberal. Estos doscientos años no han bastado para sacudirse tales estructuras, y eso explica esa afinidad hondureña por el caudillismo a pesar de la forma republicana del Estado. De allí que todavía se acuerden designaciones «a dedo», se hable de «pacto de caballeros» y la primera respuesta legítimamente republicana sea «palabra de mujer».

Dicho lo cual, quizás la mejor forma de avanzar en la construcción republicana sea yendo contra el espíritu de las leyes, pero de las leyes feudales y tácitas que tras doscientos años de «republicanismo» no han terminado de morir.

El perfil del candidato

Pero la manzana de la discordia no es tanto la contradicción tácita del inciso (G) como la persona propuesta para el cargo. El Partido Libre se define constitutivamente como un partido revolucionario, socialista y feminista, y ahora sus cincuenta diputados y diputadas están llamadas a prestar sus votos para investir presidente a un candidato ultraconservador, abiertamente machista y en contra de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos civiles de las personas Lgtbiq+.

En la sesión legislativa del 21 de enero de 2021, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley que modificó los artículos 67 y 112 de la Constitución de la República para prohibir de manera absoluta cualquier forma de aborto, incluyendo el aborto terapéutico, en detrimento de la salud, derechos reproductivos y vida de las mujeres hondureñas, así como la forma del matrimonio para prohibir toda posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. A la hora y veintitrés minutos de dicha sesión legislativa, intervino Luis Redondo, diciendo: «(…) yo siempre, en todo sentido, en todo momento de mi vida siempre voy a ser provida», y como colofón fue él mismo quien propuso que los artículos reformados solo pudieran reformarse con mayoría de tres cuartas partes del Congreso; es decir, noventa y seis votos; y enfatizando que si por él fuera, tales artículos deberían reformarse solo por unanimidad del pleno del Congreso Nacional.

La intervención de Redondo se enmarca en las falacias de la derecha ultraconservadora que considera a la mujer como una nave reproductiva sin posibilidad de derechos sobre su propio cuerpo. Ni los criterios médicos de inviabilidad o de salud mental, ni los de violencia, ni los económicos de sostenibilidad familiar, ni los civiles de voluntad ciudadana tienen validez alguna para Redondo. Honduras presenta la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en América Latina, muchos de los cuales «son el resultado de delitos de violación sexual e incesto», y aún ante estas cifras, a las que todo legislador tiene acceso y, por su cargo, debe estudiar, prestar atención y considerar, resultó que Redondo no las consideró, sino que primó sus creencias subjetivas particulares y se manifestó claramente en contra de atender cualquier tipo de propuesta que se planteen en contra de tales creencias. Luis Redondo, en contra de la representación parlamentaria del pueblo, se representa antes a sí mismo y se niega a atender al pueblo representado si las opiniones de dicho pueblo no coinciden con sus creencias particulares.

Otro ejemplo del perfil ultraconservador y antidemocrático de Luis Redondo se presentó en 2015, cuando en detrimento de la laicidad constitucional del Estado, que es la garantía de la libertad de culto para la ciudadanía de la República, proponía como proyecto de ley «reconocer la existencia de Dios en la Constitución» y para que en el cono monetario vigente se imprimiera el mensaje: «EN DIOS CONFIAMOS».

Ante tales precedentes (entre otros) no es de extrañar la resistencia de sectores de Libre, organizaciones feministas y sectores académicos a la propuesta de Redondo como presidente al Poder Legislativo, muy a pesar del visto bueno por parte de las autoridades de Libre para apoyar la candidatura de Redondo, que se encuentra en las antípodas del proyecto político impulsado por el partido de izquierda.

Esto deja dos escenarios posibles: a) La bancada de Libre cede sus votos a un candidato ultraconservador, a riesgo de que proyectos de ley progresistas sean engavetados; o  bien, b) que el candidato ultraconservador se desdiga y ceda postura para reubicarse en una línea más progresista. Pero en todo caso la candidatura de la presidencia del Congreso sigue estando sujeta a contradicciones fundamentales e ideológicas de arduo sorteo.

Los límites aritméticos y liberales

El politólogo y exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, suele repetir que «la política es cabalgar contradicciones». Hay que reconocer que tanto Libre como PSH están haciendo un esfuerzo en cabalgar las contradicciones citadas y que tienen suficientes herramientas y legitimidad para sortearlas y resolverlas, o acarrearlas de una u otra manera. No obstante, 50 más 10 solo suman 60, y para lograr la elección presidencial se necesitan 65 votos. Conseguir esos cinco votos es una tarea parlamentaria.

Desde los tiempos de la democracia arcaica de la Atenas clásica, la gracia de las asambleas parlamentarias es la deliberación. De allí que para aquel pueblo griego la retórica resultara tan fundamental como la oratoria para los romanos. De allí que un filósofo griego como Aristóteles escribiera un tratado de retórica y un filósofo romano como Cicerón, uno de oratoria. Tanto en la democracia ateniense como en la aristocracia romana, la deliberación parlamentaria fue fundamental para sus historias políticas. 

Pero, si prestamos atención a la historia, notaremos que no toda la deliberación se hizo ni se hace desde la tribuna parlamentaria, sino que también es necesaria antes del tiempo de palabra de sesión ordinaria. El nombre de «parlamento» no es gratuito, su razón de ser se manifiesta en la propia palabra. Por eso conseguir los votos de fuerzas políticas ajenas, estén coaliadas o no, es parte fundamental del trabajo de todo y toda congresista. Resulta una aberración política (por el ya citado principio de «separación de poderes») esperar que toda una bancada de un poder del Estado se comporte como un monolito en función de los designios de una persona de otro poder del Estado; o todavía más, de lo que dictamine una autoridad partidaria externa a los poderes constituidos. En política la disciplina partidaria no está en conflicto con el disenso.

Sorteadas las contradicciones, Redondo no puede esperar a que los cinco o tres votos faltantes (dependiendo de la posición del diputado de la DC y la diputada del PAC) le sean cedidos por el Partido Liberal de buenas a primeras. Y no es responsabilidad ni de Libre ni de sus compañeros y compañeras del PSH cabildear esos votos. Cuando Nasralla asegura en una conferencia de prensa que están garantizados diez votos del Partido Liberal, en realidad está especulando. Para empezar porque la línea afín a Luis Zelaya es de seis curules, y ello no es razón suficiente para asumir que seguirán a rajatabla las disposiciones de Luis Zelaya. El Congreso Nacional atiende a dinámicas propias, y si el propio Redondo no está dispuesto a ceder postura en función de «sus principios», asumir que los demás sí que lo harán manifiesta una ingenuidad de cómo funciona una correlación de fuerzas en un parlamento. 

Ya el Partido Liberal ha manifestado su intención de apoyar una candidatura de Libre por ser esta la bancada mayoritaria, en un intento de desmarcarse del Partido Nacional con el que ha colaborado en los pasados doce años. Las autoridades del Partido Liberal son más conscientes que nunca de que su institución ha venido perdiendo fuerza elección tras elección. Para que el Partido Liberal no desaparezca le es necesario desmarcarse del Partido Nacional, pero su competidor en el espectro político no es tanto el Partido Libre como sí lo es el PSH.

La legitimidad de la cuarta fuerza

Los sondeos preelectorales elaborados por Cespad hasta octubre de 2021 sugerían una intención de voto del 14 % para Salvador Nasralla, pero solo un 5 % de simpatía por el PSH. Si se toma dicho 14 % y se realiza una proyección de marcas se obtiene una horquilla de 16 a 20 curules. A principios de noviembre de 2021 realicé dicha proyección y publiqué tres gráficos para cada una de las hipótesis de la horquilla. Sin embargo, es un error proyectar con ese 14 %; lo correcto era emplear el 5 % que sugerían las encuestas. Si se toma el 5 % para realizar la proyección, la horquilla ronda entre los 9 y 12 curules. Lejos del discurso reiterado de Salvador, la ciencia de datos nos demuestra que el resultado final ha estado dentro de ese margen y no ha existido ningún fraude ni bancadas infladas. El PSH tiene la legitimidad de ser la cuarta fuerza política, concentrada en Francisco Morazán y Cortés, mientras que el Partido Liberal se hunde en estos departamentos —algo que ya se vislumbraba desde un estudio anterior sobre los resultados de 2017— y logra resistir la debacle como un partido rural.

Además de lo anterior, el Partido Liberal dobla en escaños al PSH. Esto acarrea una carga simbólica respecto a la presidencia del Congreso Nacional. La legitimidad de la posible presidencia de Redondo recae precisamente en Libre y no en la pequeña bancada del PSH, que entera es insuficiente incluso para cubrir todos los puestos de la junta directiva; además, la tradición parlamentaria reclama que la presidencia recaiga en la bancada mayoritaria. Estas circunstancias prestan al Partido Liberal la posibilidad de perfilarse como un partido bisagra y su bancada puede enrocarse para negarle la presidencia a Redondo e impulsar a alguien de Libre. Y no porque desde el Partido Liberal quisieran apoyar una candidatura de Libre, sino para demarcar la magnitud de su influencia en la próxima legislatura y así legitimar su peso como tercera fuerza política. Esto último es algo que conviene a las dos alas liberales que, si bien están enfrentadas, su futuro político depende de la sobrevivencia del Partido Liberal.

Conclusiones

La coyuntura política impulsó un acuerdo de última hora que permitió la garantía de victoria de Xiomara Castro en la presidencia del Ejecutivo; sin embargo, en dicho acuerdo se reflejan todavía las estructuras feudales arrastradas desde los tiempos coloniales, manifestándose principalmente en contradicciones alrededor del «principio de separación de poderes». Además de ello, la propuesta del PSH, Luis Redondo, representa una candidatura ultraconservadora en las antípodas del proyecto político sostenido por el Partido Libre. No obstante, se tiene la confianza de sortear tales contradicciones para mantener la propuesta de Redondo a la presidencia del Congreso; pero, para ello, Redondo debe conseguir el apoyo del Partido Liberal, el cual para evitar su desaparición por activa y por pasiva debe proyectarse como una fuerza política influyente, pero desmarcada del Partido Nacional. Guste más o guste menos, la última palabra y el último voto que definirá quien presidirá el Poder Legislativo de la República descansa silenciosamente en el Partido Liberal. Con ello se jugarán no solo la presidencia de la próxima legislatura, sino también todo el futuro del partido. La Junta Directiva que sea electa determinará la dinámica de la agenda legislativa para los próximos cuatro años, y a unos cuantos días de su elección definitiva por ley, quienes estamos atentos y atentas a la resolución de este primer episodio político, expectantes como César antes de cruzar el Rubicón, le acompañamos en la locución alea iacta est (la suerte está echada).

«Pero Antonio insiste. Sabe que entre el espíritu y el poder hay una rivalidad eterna, y que nadie puede ser más peligroso para la dictadura que el maestro de la palabra». Con esto, Octavio cedió frente Antonio en el debate para decidir la ejecución de Cicerón en el año 43 a. C. Así lo narra Stefan Zweig en su libro Momentos estelares de la humanidad. Catorce miniaturas históricas (Acantilado, 2002). Zweig asegura que Antonio sabe eso, no porque sus pensamientos en ese preciso momento hayan quedado escritos —menos grabados— en ningún lugar. Nos dice que Antonio lo sabe porque en su narrativa de un hecho incuestionable (la ejecución de Cicerón) se concentran rasgos de la condición humana y del poder que en ese momento, y ahora mismo, más de dos mil años después, están presentes en nuestra cotidianidad. Zweig recorre hechos de la historia narrados desde la ficción, porque esta ilumina en el espíritu y en la historia aquello que la razón prefiere ver como sombras proyectadas en el fondo de una caverna.

Con Tongolele no sabía bailar (Alfaguara, 2021) Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, recorrió el mismo camino en una Nicaragua sin tiempo, que bien podría ser la de hoy o la de Somoza. También podría ser Honduras, Guatemala, El Salvador o cualquier país, latinoamericano o no, en el que individuos se aferran al poder arrasando con todo lo que hay en su camino, especialmente la vida y la esperanza.

Esta no es una reseña literaria. No hay términos complejos que requieran un diccionario especializado para describir una obra de narrativa. Es la reflexión de un lector con diversidad de intereses. Uno de ellos, y tal vez el más importante, es la condición humana, eso que sin lugar ni tiempo nos define y recorre como virtud y miseria. Y nada mejor para hacer el viaje interior en la búsqueda de su comprensión que la literatura. No toda, por supuesto, sino aquella que magistralmente nos brinda la ficción como lo que es, una realidad verosímil.

Y eso es con lo que uno se encuentra en Togolele no sabía bailar. Con esta obra se cierra la trilogía del personaje de ficción el inspector Dolores Morales, que tuvo sus antecedentes en El cielo llora por mí (2008) y Ya nadie llora por mí (2017). La novela está dividida en dos partes que a su vez están subdivididas en nueve apartados cada una más un epílogo. Una novela policial con tensiones dramáticas que van desde la risa hasta el horror.

Sabedor de que domina la errónea idea de que la realidad supera la ficción, Ramírez nos recuerda que la obra es de ficción y que se toman en cuenta los hechos sucedidos a partir de 2018 en Nicaragua, cuando una ola de protestas fue brutalmente reprimida por el régimen de Daniel Ortega dejando más de cuatrocientas personas asesinadas, centenares de personas heridas, encarceladas y desaparecidas, miles desplazadas y exiliadas y una sociedad quebrada, aislada y enjaulada en las rejas de la dictadura. No es una novela política, con programa propagandístico, sino un látigo que golpea la memoria.

No hay tal dicotomía entre realidad y ficción. Cuando tenemos en las manos una obra como la de Ramírez, sabemos que los personajes son creación del autor, sus pensamientos, diálogos, sentimientos y emociones. Pero en la narrativa son tan verosímiles y coherentes que dudamos y nos vemos enfrentados a recurrir a la memoria y la experiencia vital como ejercicio reflexivo resultado de que la novela, como arañón de gato, abrió una herida que expone nuestro lugar en la condición humana. Entonces, la magia ocurrió.

No dudo que muchas personas, como lo hice yo, han caído en la tentación de buscar en Wikipedia el texto que Ramírez presenta al inicio del libro para describir al inspector Morales. Porque eso hacemos hoy, buscar en Google aquello que nos produce curiosidad. Y porque la novela desarrolla una trama de engaños, traiciones, complots y argucias que hoy encuentran en las redes sociales su mejor canal. Mientras cientos de personas perdían la vida en las calles de Nicaragua, otras vivieron los hechos desde las redes sociales. Unos cegados con armas de guerra, otros con cortinas de humo digitales; unos perdiendo la voz con gritos de auxilio en barricadas improvisadas y otros buscando en el internet el único medio para que el mundo, mayormente indiferente, volteara la vista al derramamiento de sangre sobre el que la pareja presidencial Ortega-Murillo acaba de ser nuevamente electa.

A través de sus personajes principales, el inspector Dolores Morales y Anastasio Prado, alias Tongolele, «jefe de los servicios secretos, y un personaje ubicuo que prefería mantenerse en el anonimato; una biela maestra, pero silenciosa, de la máquina de poder», Ramírez hunde la mano en el absurdo, ese que nos hace reír pero que en nuestros contextos centroamericanos nos saca una sonrisa postiza de triste sarcasmo. Hijos ambos de la revolución, combatientes que transitaron de las fuerzas de seguridad del sandinismo a las de la democracia de los años noventa. Ambos defendiendo una revolución transmutada en mil rostros de individuos interesados en escalar el poder o en defenestrarlo. Como los cubanos residentes en Cuba y en Miami que interpretan en sus respectivas conveniencias las frases de José Martí alegando ambos ser dueños de su verdad. O el Bolívar de Chávez y el de los colombianos o el Jesucristo de evangélicos y católicos. Todos, al final, reunidos en el mismo salón, el de la fiesta del poder.

Cada personaje tiene su cohorte. Personajes también extraídos de la herida de la revolución y la contrarrevolución nicaragüense, cada uno guiado por la lealtad a su compañero de armas o bien usando esa mentira para ser parte de juegos de los servicios inteligencia que buscan, en medio de las crisis y el caos social y político, preservar su lugar como engranajes en la siguiente vuelta de tuerca del régimen. «Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail and never get to try again. The fall breaks them. And some, are given a chance to climb. They refuse, they cling to the realm or the gods or love. Illusions. Only the ladder is real. The climb is all there is».1 Dijo Petyr «Littlefinger» Baelish en uno de los capítulos de Juego de Tronos, otro personaje de ficción que revela algo constante de la condición humana.

Podríamos hacer una larga lista de esos personajes en la historia de los países centroamericanos que se han caracterizado por resistir la democracia y perpetuar el autoritarismo a través de la manipulación, la desinformación, el espionaje, el complot, la represión y la muerte. Los vamos conociendo por el polvo que levanta su caída porque mientras mueven las palancas más sucias del poder son anónimos o disfrazados como ciudadanos piadosos, exitosos, patriotas y fieles defensores de valores extremos, sea cual sea su tinte ideológico.

«Conozco el cebo de mi ganado —dijo el inspector Morales—. El fanatismo a muerte y el oportunismo a muerte son dos enfermedades gemelas». Y vaya si no. Ramírez, a través del inspector Morales, nos confronta y desnuda la verdad de que en estas sociedades la democracia nació muerta porque las heridas que le dan forma a estos países supuran intolerancia. 

Hordas de salvadoreños idolatran a un dictador millenial que espía, persigue y hostiga a periodistas; los cultos evangélicos y las iglesias católicas tiemblan con los estruendos de líderes que ungen a políticos corruptos; discursos de ortodoxia políticamente correcta descartan cualquier argumento razonable para imponer una retórica cerrada en sí misma. En medio de eso y mucho más, siempre hay quien encuentra la oportunidad de abanderar la gesta, decapitar a otros y reinar, al menos por un tiempo antes de que la rueda gire nuevamente y otros reclamen su turno.

Yo también busqué en internet los videos de las barricadas, la iglesia hostigada por paramilitares de camisas de un color específico por sector, con armas de guerra, rostros cubiertos y envalentonados por el apoyo dado por la policía y las caras rabiosas de fanáticos defendiendo al régimen en contra de los «terroristas subversivos enemigos de la revolución». También los jóvenes asesinados por francotiradores, con fusiles Dragunov y con los Catatumbo, regalados por el presidente venezolano Maduro con su firma estampada en la culata, y los pick-ups con hombres armados de M-16, Ak 47 y pistolas Jericó. Cada arma cuenta una historia de relaciones políticas entre gobernantes que defienden la paz con balas, su paz o la de los cementerios como se decía en tiempos de los dictadores de la primera mitad del siglo veinte.

Y entonces el dolor asoma. Porque literatura como la de Ramírez no cuenta una historia, abre la herida de la memoria. Esos jóvenes muertos, las estudiantes violadas y asesinadas por esbirros al servicio del poder, los periodistas desterrados, los líderes perseguidos, encarcelados y difamados y la población nicaragüense dispersa entre el miedo, el fanatismo y la sobrevivencia parecen el guión de una trama que solo cambia de escenario y de tiempo. Así murieron estudiantes de secundaria en Guatemala en marzo y abril de 1962; decenas de personas durante la misa en la catedral de San Salvador durante el funeral de Moseñor Oscar Romero, asesinado en 1980 o los jóvenes asesinados durante las protestas en Honduras en 2017 por militares y policías luego de la fraudulenta reelección de Juan Orlando Hernández.

«—Mi abuela Catalina tenía un burro que pasó toda su vida dando vueltas, enyugado a una muela de piedra que molía coyol de palma para sacar aceite. ¿Será, doña Sofía, que este país es como aquel burro, que sólo puede dar vueltas y vueltas, uncido a una piedra?», dice el inspector Morales para luego continuar: «—Lo más triste del caso es que el burro de tiempo en tiempo se rebela, revienta el mecate y cree que es libre; mas no sabe que lo volverán a pegar a la piedra de molino los mismos que lo ayudaron a zafarse». El poder de una metáfora es volver transparente cualquier resistencia del entendimiento, cualquier complejidad innecesaria. Ramírez narra con la sabiduría que a veces encontramos en las conversaciones con aquellas personas que han visto el horror y lo saben expresar en lenguaje simple, llano, que retumba en todos los rincones del subconciente sacudiendo los hombros de la razón a veces resistente a entender.

Por algo los que escribieron los evangelios pusieron en boca de Jesucristo una colección de metáforas, para que fueran válidas sin tiempo ni lugar. Y por eso también fueron cuidadosos en borrar el rastro revolucionario de Jesús de Nazaret, porque las historias y sus narraciones penetran directo en el espíritu. Eso es literatura y por eso Togolele no sabía bailar fue la gota que derramó la intolerancia y el odio del régimen Ortega-Murillo y le hizo ganar a Sergio Ramírez una denuncia por incitación al odio y el consecuente exilio.

Como pasó con la Biblia, la literatura se convierte en una voz que resuena más allá del tiempo y el lugar, como las voces de los muertos, la ánimas, Dios o la simple conciencia personificada en alguien perdido, alguien que ya no está o que nunca estuvo pero a quien, por alguna razón, le creemos. En los diálogos del inspector Morales y su asistente interviene criticonamente la voz de Lord Dixon, compañero de armas e investigaciones muerto trágicamente en un atentado del cual el inspector sobrevivió pero ante cuya pérdida nunca se recuperó. O también las voces de los asesores espirituales de Rosario Murillo como los de muchos gobernantes más que desde sus alucinaciones dictan el destino político de los países. Voces que increpan o lavan la conciencia y las decisiones. De eso tenemos mucho en nuestros países, que no es magia ni acto divino, sino la recurrencia a nuestras propias ficciones para poder sobrellevar la realidad que nos atraviesa. Al final, como Yuval Noah Harari implacablemente lo argumenta, el rasgo distintivo de nosotros como homo sapiens es nuestra poderosa capacidad de crear y necesitar ficciones para poder convivir y sobrevivir.

Tiempo habrá de pasar y Tongolele no sabía bailar será leído tal como otros buenos libros centroamericanos para disfrutar de buena literatura y para abrirnos la memoria de la forma como el río Cahabón violentamente rompe la piedra, se hace subterráneo y la vuelve a romper formando una catarata que desde tiempos inmemoriables llena pozas que reflejan la noche y el día en Semuc Champey, Cobán, Guatemala. Así, la literatura nos rompe, atraviesa y hace reflejar los claroscuros de la condición humana. 

Como a Ciceron, el libro de Sergio Ramírez fue sentenciado a la muerte y su autor a la cárcel y al exilio. Pero también, como Antonio lo sabía, Togolele no sabía bailar seguirá afrontando con valentía la eterna rivalidad entre el espíritu y el poder, sabiendo que es palabra peligrosa a la dictadura.


1 «El caos no es una fosa. El caos es una escalera. Muchos de los que intentan escalarla fracasan y nunca vuelven a intentarlo. La caída los rompe. Y a algunos, se les da la oportunidad de escalar. Se niegan, se aferran al reino o a los dioses o al amor. Ilusiones. Sólo la escalera es real. La subida es todo lo que hay».

Luego de que el sector magisterial se pronunciara en contra de la inversión de 110 millones de dólares del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) en el proyecto del Aeropuerto Internacional Palmerola ahora pone en manos del nuevo Gobierno de Xiomara Castro definir una nueva ruta para el Inprema.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografía de Archivo Contracorriente/Martín Cálix


El pasado lunes 10 de enero el sector magisterial realizó una toma de las instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y, posteriormente, cortó el paso en el bulevar Centroamérica de la capital, dos días después de que la Comisión Especial de Transición y Normalización del Inprema —integrada por Elis Omar Figueroa Maradiaga, Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López— notificara por medio de un comunicado una eventual inversión que generaría «más ganancias por intereses al banco a sus agremiados, pasando de 11 millones de lempiras a 154 millones de lempiras anuales», aseguran las autoridades del instituto de previsión.

En el comunicado, la Comisión Interventora del Inprema no establece de cuánto se trata la inversión que se pretende hacer en Palmerola, únicamente se refieren a la misma como «cantidades de dinero» y que «está en la Junta Interventora actuar bajo absoluta responsabilidad, transparencia y en pro de mejorar los beneficios de los docentes». 

Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), y otros dirigentes magisteriales, aseguran que la inversión se trata de 110 millones de dólares (2,697,750,000 de lempiras), y que de este dinero 90 millones son para que Palmerola pague las deudas que tiene con la Banca Nacional.

Los fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio provienen de los docentes afiliados, entre estos están los docentes en servicio activo, los jubilados y pensionados, el propio Estado hondureño, y las instituciones privadas del sistema educativo escolar.

El Aeropuerto Internacional de Palmerola ha sido un proyecto altamente cuestionado, debido a que el contrato de este aeropuerto fue constituido a través de un decreto ejecutivo por orden del presidente saliente Juan Orlando Hernández, quedando así sin ser discutido por el Congreso Nacional. Además, el proyecto fue concesionado a Lenir Perez, un empresario privado y también ha contado con el apoyo e inversión estatal.

El año anterior, el Aeropuerto Internacional Palmerola recibió USD 2.2 millones aprobados vía decreto ejecutivo por el Consejo de Ministros, debido al retraso en su inauguración, y con el objetivo de acelerar las obras que debieron de haber concluido. Este incremento presupuestario se sumó al monto final de USD 209.3 millones (HNL 5000 millones), con casi USD 50 millones más de lo inicialmente pactado que el Estado aportaría al proyecto de Palmerola.

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Sin embargo, una de las promesas del Gobierno de Xiomara Castro, y así lo manifestó la presidenta electa en su cuenta de Twitter, es revisar el contrato de Palmerola con el Estado hondureño.

«La presión que tienen las autoridades del Inprema en este momento no es por parte del Gobierno ni de la concesionaria de Palmerola, sino que es por parte de los bancos que le están exigiendo a sus cuadros al interior del Inprema que les desembolsen ese dinero porque este Gobierno ya se va y las autoridades del Inprema igual se van», manifiesta Edwin Hernández, presidente del Colpedagogosh.

Edwin Hernández afirma que el sector magisterial no tiene voz ni voto en las asambleas que sostienen con la Comisión de Transición y Normalización del Inprema. «A la Asamblea de Aportantes y Participantes del Inprema solo llegamos a recibir información de la Comisión de Transición, nosotros no tenemos derecho a la toma de decisiones, es por eso que nos podemos reunir un millón de veces pero no vamos a resolver nada», explica el dirigente magisterial.

Los intentos de entrevista al abogado Mauricio Aguilar, miembro de la Comisión de Transición y Normalización del Inprema, fueron aplazados o ignorados, tanto directamente (vía telefónica) como por medio de su asistente.

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), explica que el tema de inversiones del Inprema y el manejo de sus propios fondos es crucial, debido a que evidentemente sí es importante que los institutos de previsión inviertan bien los recursos de sus afiliados, para así darles la certeza a los jubilados y pensionados de que en un futuro van a tener recursos suficientes para su pago.

«Como hay que asegurar las pensiones, el crédito y la sostenibilidad de un futuro para Inprema, se necesitan hacer inversiones. Aquí es donde los maestros dicen “se nos está poniendo en riesgo o en peligro la jubilación” ya que el dinero tiene que moverse, es decir, se debe invertir sabiamente, porque eventualmente (el dinero) en el futuro pierde valor», explica Ismael Zepeda.

El dirigente magisterial Luis Sosa, afirma que esta negociación -ahora suspendida- representa un atraco para la institución, algo que debe de poner en alerta al sector magisterial debido a que no es la primera vez que se presentan estas iniciativas y no se obtienen las ganancias prometidas desde el inicio. Tal es el caso del Centro Cívico Gubernamental, en el cual «se invirtieron 20 millones de dólares para apoyar la construcción de este edificio y hasta el momento no se ha percibido ningún dividendo en intereses ni en capital del Inprema», señala.

«Estos interventores nos han dicho que la institución está en quiebra, entonces, ¿cómo es que de esta manera le quieren sacar tres mil millones de lempiras al Inprema?, no tiene lógica. La institución está fortalecida económicamente, la Comisión Interventora ha venido a jugar con los recursos del Magisterio, desviando fondos y trasladarlos a otros sectores. Es ahí en donde, nosotros los profesores, decimos no estar de acuerdo con estas decisiones», sostiene el dirigente magisterial.

Hugo Noé Pino, economista y actual diputado electo por el Partido Libertad y Refundación (Libre) explicó a Contracorriente que no es posible saber qué tan viable sería una inversión del Inprema en Palmerola debido a que los cálculos y la información a detalle de esta inversión se desconoce. Tampoco se puede tener certeza del futuro acerca de esta y otras inversiones, ya que serían las nuevas autoridades del Inprema las que estarán a cargo de estas decisiones de ahora en adelante.

Fracaso en la inversiones del Inprema se debe a falta de transparencia

«Para este tema es necesario separar dos aspectos, el primero son las alianzas público-privadas , específicamente, el tema de Palmerola; y el segundo es el tema de inversiones del Inprema y el manejo de sus propios fondos, porque de una u otra forma es importante que los institutos de previsión inviertan bien los recursos», expone Ismael Zepeda, economista del Fosdeh.

Una supuesta inversión del Inprema en Palmerola es un tema algo complejo, explica el economista, debido a que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Palmerola está inconcluso y no desarrollado en un cien por ciento, por esta razón necesita más dinero y no es la primera vez que el Inprema invertiría en una alianza público-privada. Un ejemplo de ello es la inversión en la construcción del Centro Cívico Gubernamental, en donde se aseguró iba a generar un retorno del 10%, explica.

Ismael Zepeda expresa que las alianzas público-privadas no terminan de concretarse, es decir, de ser solventes en el desarrollo de sus proyectos o en la prestación de sus servicios, debido a que no se respetan sus contratos, y por esta razón siempre buscan a los institutos de previsión con grandes cantidades de recursos que necesitan ser colocados para generar ganancias. Este es el caso de los ejecutivos de Palmerola con el Inprema.

«Por esta razón es el poder ejecutivo quien pone a la cabeza a estos directores o interventores», manifiesta el economista, mientras explica que por esta razón no se discute la rentabilidad de invertir en una alianza público-privada y se termina invirtiendo en proyectos inconclusos que buscan más recursos para su desarrollo.

«Palmerola debería de manejar todos sus datos y que estos estén disponibles, por ejemplo, cuántas aerolíneas manejan, cuanto se genera con esto, cuántos recursos se gastan. Sólo esto garantiza el pago de ese crédito, no solo es prometer el 10% de interés. Se trata de un instituto de previsión (Inprema) y de una inversión seria, por esta razón si se trata de una millonada Palmerola debe de tener al menos todos esos elementos», sostiene el economista del Fosdeh.

Es por esta razón que, explica Zepeda, el magisterio no confía en las iniciativas de inversión por parte de la Comisión Interventora del Inprema. «Se necesitan estudios serios acerca de los proyectos en los que invertirá Inprema, pero también hay un actor que muy poco se menciona, que es la Comisión de Bancas y Seguros, misma que es la encargada de velar por un sistema financiero justo y donde están incluidos los institutos de previsión», agrega.

Los ejecutivos de Palmerola no respondieron las solicitudes de entrevista ni preguntas puntuales de Contracorriente.

Nueva estructura de gobernanza para el Inprema

Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) asegura que el desvío de fondos del Inprema, a distintos proyectos sin éxito, se debe a la estructura de gobernanza del fondo de previsión en la cual los maestros no tienen una participación directa en la toma de decisiones.

«Para que la situación del Inprema no sea la misma se tiene que reformular la Ley que actualmente tiene Inprema, dando oportunidad a una estructura que le permita tomar decisiones en base a los intereses de sus agremiados», señala Pino, quien resultó como diputado electo por Francisco Morazán y asumirá su curul el próximo 25 de enero. 

En esto coincide Ismael Zepeda, quien a su vez indica que una administración más transparente en sus procesos y con un diálogo participativo en donde forme parte el magisterio nacional es clave.

«Poner el estado de resultados o el balance general de 50 páginas, en el que, si no se tiene la formación de un contador no se puede entender, no es transparencia. Se deben proporcionar los datos y el estado financiero del Inprema de una manera digerible y al alcance de todos los maestros», asegura Zepeda.

Mientras tanto, miles de docentes hondureños están a la expectativa de qué inversiones puedan realizarse con sus fondos de pensiones. Edwin Hernández, por ejemplo, manifiesta que están expectantes acerca de las nuevas acciones que puede tomar el Gobierno de Xiomara Castro con el Inprema.

«A nivel de discurso y promesa electoral todo va bien con el nuevo Gobierno, pero nosotros somos trabajadores de la educación, ellos son el patrón, nosotros los trabajadores, y va a haber una relación obrero-patronal, en la cual va a haber momentos de diálogo, de desarrollo, y de discusión, pero no nos perdemos de vista, son el patrón, y el patrón siempre va a cuidar los intereses de su empresa, y los obreros vamos a cuidar los intereses maestros», manifiesta Edwin Hernández.

Luis Sosa, quien fue candidato a diputado por el Partido Libre en las pasadas elecciones, asegura que, de no cambiar la situación del Inprema con el nuevo Gobierno de Xiomara Castro, los maestros serán los primeros en protestar en las calles exigiendo la modificación de leyes que afectan al magisterio en materia de pensiones y en materia educativa.

«Le hemos dado el apoyo a Xiomara, sin embargo, nuestros derechos como dueños de una institución poderosa como Inprema están por encima de los intereses de un Gobierno, porque nosotros somos dueños de un fuerte capital de dinero que es poderoso a nivel del país, y que la Comisión de Bancas y Seguros ha utilizado, ha regulado, y nos ha dejado mal parados en el desarrollo de la institución», asevera Luis Sosa.

Han pasado casi dos años desde que la Secretaría de Educación suspendió las actividades académicas tras confirmar los primeros casos de Covid-19 en marzo de 2020. La pandemia obligó al sistema educativo a desarrollarse en la virtualidad en un país con alarmantes índices de pobreza y estancamiento tecnológico; actualmente Honduras figura como el único país en Latinoamérica que aún no retorna a clases presenciales. 

Texto: Francis Cálix
Fotografía de Archivo Contracorriente/Martín Cálix


«Honduras es el único país de América Latina que aún no ha abierto su sistema educativo» dijo este viernes a
Contracorriente el Especialista en Comunicación, Héctor Espinal, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Y es que desde el 13 de marzo de 2020 la Secretaría de Educación (Seduc) suspendió las clases presenciales por 14 días para los niveles de educación prebásica, básica y media; no obstante, este período de suspensión de clases se prolongó hasta casi dos años, en donde los escolares han adoptado el sistema virtual. 

Este 2022, el año lectivo iniciará a partir del primero de febrero con el proceso de matrícula en los centros educativos públicos del país, cuyas clases continuarán de forma virtual, según informó en un artículo de la Secretaría de Educación (Seduc) la viceministra de Educación, Gloria Menjívar. 

Países vecinos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua retornaron a clases presenciales desde el año pasado. En el caso de Honduras aún no existe una declaración oficial sobre el retorno. A través de una nota informativa de la Seduc, se informó que el «retorno a clases presenciales o semipresenciales será una decisión que estará en manos de las nuevas autoridades» y que el Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, «dejaría a la próxima administración información base para realizar decisiones acertadas». 

Para Daniel Sponda, dirigente magisterial del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), el retorno a clases presenciales necesita tener las condiciones que el gremio magisterial ha planteado desde el inicio de la pandemia y, aunque tienen altas expectativas con el nuevo Gobierno, seguirán siendo «consecuentes» con sus demandas.

Sponda dijo a Contracorriente que son tres requisitos principales que se deben cumplir para el retorno a clases presenciales: «El tema de la vacunación, garantizar las condiciones hidrosanitarias de los centros educativos y definir un protocolo de bioseguridad que nos permita minimizar lo máximo las posibilidades de contagio del Covid-19».

Bajo esas tres condicionantes, dice Sponda, hay que ir abriendo los centros educativos. Sostiene que las instalaciones educativas que no  tengan condiciones tendrán que ser reparadas y mientras tanto, en esos lugares, las clases deben continuar de manera virtual.

Según datos de la Secretaría de Educación,  un total de 534 centros educativos resultaron dañados tras el paso de los huracanes Eta y Iota en 2020 y se identificaron 9.666  educandos de 14 departamentos del país afectados por los fenómenos naturales. Según un informe de situación de Unicef, los daños en las escuelas fueron de un 80.9 %. 

Sponda espera que al cierre de los primeros 100 días del próximo Gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro se puedan reiniciar las clases presenciales en la mayor parte de las escuelas y al cierre del año 2022 tener las escuelas reparadas. 

De acuerdo con la agenda prioritaria del Plan de Gobierno de Xiomara Castro para los primeros cien días en materia de educación, se desarrollarán 6 puntos de partida: vacunación, inicio del año lectivo, programas sociales, campañas masivas de comunicación, diálogo y república digital. 

En el mismo documento se detalla que 2.3 millones de niñas y niños se encuentran en edad escolar, 1.3 millones de niñas y niños entre las edades de 5 a 11 años no están vacunados y 435, 927 en edad de 12 a 17 años ya están vacunados. 

En contraste, las cifras de la Secretaría de Salud (Sesal), enviadas a Contracorriente, indican que hasta el 30 de diciembre de 2021 al menos 528, 463 estudiantes entre las edades de 12 a 17 años estaban vacunados con la primera dosis y 337, 458 con segunda dosis en las principales regiones sanitarias del país. De igual forma, la población de 5 a 11 años aún no se encuentra vacunada. 

De acuerdo al Fortalecimiento Educativo por Honduras (Foreduh), en 2021 se registró una matrícula de 1, 676, 006 lo que representó una pérdida del 17 % de la población estudiantil. 

Héctor Espinal, por su parte, sostiene que el sistema educativo hondureño ha tenido históricamente una gran dificultad desde hace décadas y que la pandemia por Covid-19 solo vino a empeorar la situación.  El experto de Unicef considera que el Estado hondureño debe ser responsable del mantenimiento de la infraestructura escolar, de las medidas de bioseguridad y acceso a la vacuna contra la Covid-19 para los escolares y docentes. «Es el Estado hondureño que debe garantizar que esto esté presente en cada municipio y aldea del país para retornar a clases presenciales», comentó.

A través de su cuenta de Twitter la Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, informó el 18 de diciembre de 2021 que había firmado un contrato con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 2 millones de vacunas pediátricas contra la Covid-19 para los niños y niñas del país y que esto «garantiza» el retorno a clases. Más tarde se anunció que estas vacunas estarán llegando a finales de enero.

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Por otro lado, según los datos estadísticos de la Sesal recabados hasta diciembre de 2021, un total de 28, 924 docentes estaban vacunados con la primera dosis, 26, 798 con segunda dosis y apenas 20 docentes con dosis de refuerzo en las principales regiones sanitarias del país, de acuerdo a la base de datos enviada por la Sesal. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), hay un total de 65, 715 docentes en servicio activo. 

Sponda considera que es necesario que la primera semana de febrero se deben realizar inspecciones en  los centros educativos, hacer una jornada nacional de limpieza, realizar el proceso de matrícula, hacer levantamiento estadístico de cuántos docentes están vacunados. «En función de esos datos se debe decidir si los centros vuelven o no vuelven puesto que se tiene una cifra de vacunados pero no se sabe dónde están», dijo. 

Además, Sponda afirmó que se tendrá «una apertura escalonada, algunas escuelas van abrir con estudiantes otros van a continuar de manera virtual (puesto que no todos están vacunados). Lo que sí debemos tener muy claro es que el sistema educativo debe desarrollarse entre lo virtual y lo presencial. No tenemos ninguna otra alternativa», dijo. 

El fallo de las clases virtuales

A pesar de que el sistema educativo se ha desarrollado de forma virtual desde el año 2020, este no ha sido un método exitoso en el país.  «Datos de Unicef revelan que un tercio de todos los niños, niñas y adolescentes de la región aún no recibe educación de calidad a distancia. Los métodos de aprendizaje a través de Internet, la televisión, la radio, los teléfonos inteligentes y SMS requieren acceso a tecnología que no está disponible en todos los hogares» según el informe «Educación en Pausa: Una generación de niños y niñas en América Latina y el Caribe está perdiendo la escolarización debido al Covid-19» de Unicef. 

En Honduras, el 98.9 % de los hogares tienen acceso a teléfono celular (móvil) y apenas el 16.8 % a computadora, según los resultados de julio de 2021 de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Asimismo, el 70.6% de Personas que tuvieron acceso a Internet residen en el área urbana y el 29.4% en el área rural. Además, según datos del Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), muchos estudiantes abandonaron sus clases por la inseguridad en el país y por la falta de recursos económicos que muchas veces obligan a familias enteras a migrar. 

En ese sentido, Unicef considera que «los más afectados son los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad: incluidos las niñas, los indígenas, niños y niñas con discapacidad, refugiados y migrantes y quienes viven en zonas rurales». 

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Héctor Espinal estima que una población de 2.8 millones de niñas y niños desde pre básica hasta décimo grado están excluidos del sistema educativo del  país. 

En opinión de Tomás Andino, Especialista en investigación social, derechos de la niñez y juventud, violencia juvenil y políticas públicas, la exclusión es una consecuencia social de las clases virtuales. «El sistema educativo tiene un problema y es que para poder brindar clases a través de internet, de manera selectiva implicaría dejar por fuera a muchos niños que no tienen acceso a internet y por otro lado los padres deben erogar recursos que no tienen y que no disponen para hacer compras de paquetes de internet para poder asistir a clases virtuales».

Andino comentó a Contracorriente que no asistir a clases presenciales puede tener consecuencias pedagógicas porque los niños tienen una edad para adquirir ciertas habilidades y destrezas, y, si pasa esa ventana de esa edad, en su desarrollo posterior, van a tener dificultades de aprendizaje y de relacionamiento. De igual forma, explicó que el encierro y el aislamiento puede dificultar la socialización y la construcción de una imagen sana en las niñas y los niños. Además, el analista considera que estas circunstancias  los expone a consecuencias como el abuso infantil y maltratos. 

De acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), hasta el 31 de octubre el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 38,988 denuncias de violencia doméstica y 51,053 denuncias de violencia intrafamiliar en el país.

En opinión de Andino, se deben poner en la balanza los efectos de retornar o no a clases presenciales y decidir por el mal menor porque ambos tienen efectos adversos y algunos son más graves que otros. «Los efectos de ir a clases presenciales en estos momentos cuando no hay condiciones todavía, los niños no están vacunados, muchos docentes y padres de familia tampoco están vacunados o no están con los refuerzos necesarios es riesgoso porque volvería a las escuelas un foco de contagio constante y por consecuencia un agravamiento masivo de la enfermedad», comentó.

Andino considera que la problemática se puede abordar de una manera transitoria y con una estrategia adecuada pero que para eso el Gobierno de Xiomara Castro deberá realmente interesarse. «No como lo que ha ocurrido con el reciente Gobierno que no cumplió ninguno de los compromisos que había hecho y que fue un desastre».

El 15 de enero, desde la terminal de buses de San Pedro Sula en Honduras, salió la primera caravana migrante de 2022 . Es un grupo de 600 migrantes. Casi la mitad son nicaragüenses huyendo del régimen de Daniel Ortega.

Texto: Allan Bu
Fotografías: Antonio Gutiérrez


Es viernes y son más de las 10:00 p.m. Están acostados en el pasto de la Gran Terminal de Buses en San Pedro Sula, norte de Honduras. Parecen cómodos, pero cuando nos acercamos a preguntar a qué hora tiene planeado salir la caravana, inmediatamente se activa el instinto de supervivencia y preguntan: «¿Dónde está su credencial de medios?». 

Son ciudadanos nicaragüenses huyendo del Gobierno autoritario de Daniel Ortega. Ayer por la noche se unieron a la primera Caravana Migrante de 2022, que está conformada por un grupo de al menos 600 personas y que partió este sábado 15 de enero en horas de la madrugada hacia Corinto, frontera con Guatemala.

«Nosotros sabemos que si te damos una declaración tenemos menos oportunidades de regresar si no logramos pasar», nos dice un hombre fornido, quien parece ser la voz del éxodo nicaragüense. Pero no son solo nicaragüenses, aunque son la mayoría: el viaje cuenta con migrantes haitianos, hondureños, venezolanos y hasta africanos.

Esta caravana se registra cinco días después de que Daniel Ortega tomase posesión como presidente de Nicaragua después de reelegirse por cuarta vez consecutiva en unas cuestionadas elecciones desarrolladas en noviembre pasado. A dicho acto únicamente acudieron tres presidentes: el de Honduras, Juan Orlando Hernández; el de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

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«A quienes están en contra del Gobierno (de Daniel Ortega) los están secuestrando o metiendo a la cárcel», dice otro hombre, quien agrega una frase que deja claro el miedo al régimen nicaragüense: «No podemos dar nuestros nombres porque nuestras familias están allá, nos pueden fregar. Estamos con un gobierno que es capaz de todo».

Este otro hombre cuenta que él y sus dos hijos estuvieron presos y que está viajando con ellos rumbo a Estados Unidos porque en Nicaragua, quienes protestan, son perseguidos. Interviene un tercer hombre, alto y de camisa roja, que dice huir porque su padre fue detenido y ejecutado de un balazo en la cabeza y que él, también, estuvo detenido en una cárcel de Nicaragua.

Nicaragua fue escenario de protestas en 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega. Se reportaron fuertes manifestaciones y actos de violencia que iniciaron en abril de 2018 por iniciativas de reformas al sistema de seguro social de ese país. Hubo centenares de muertes durante dicho periodo. Según El País de España, a julio de 2018 se contabilizaban más de 300 muertos.

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Este 2022, para salir de Nicaragua, los migrantes tuvieron que utilizar puntos ciegos e incluso pagar para que los cruzaran de la frontera centroamericana. Uno de ellos explica: «Por la frontera no puede salir nadie. Tiene (Daniel Ortega) el ejército por todos lados. Pagamos para que nos pasaran».

También nos cuenta que hay mucha gente saliendo en excursiones desde el vecino país, pagando 250 dólares (6,131 L) para llegar a Guatemala donde, según él, hay muchos compatriotas suyos esperando el paso de la caravana.

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Muchas de las familias migrantes que planeaban salir del país junto con sus hijos menores de edad, no pudieron cruzar la frontera de forma regular al no contar con el pasaporte de los niños. La mayoría avanzaron por puntos ciegos. Frontera de Corinto entre Honduras y Guatemala. 15 de enero de 2022. Foto: Antonio Gutierrez.

Según referencia de algunos migrantes que han pagado, para cruzar hasta Estados Unidos, la mafia de la trata de personas cobra entre 7,000 y 11,000 dólares por persona; pero la mayoría de los integrantes de la caravana viajan con lo que llevan puesto, acompañados de su fe y la esperanza de un futuro mejor.

«Hay que pedirle a Dios que la caravana avance.  Mire si usted presenta opciones como las que estamos pasando en Nicaragua, no creo que no nos dejen pasar, explicando que no podemos regresarnos a Nicaragua», nos dice uno de ellos.

En territorio hondureño, el grupo de nicaragüenses fue retenido por varios minutos, pero, aunque no les permitieron cruzar la frontera de forma oficial porque estos no presentaron la documentación requerida, no se les impidió que cruzaran la frontera por puntos ciegos. Incluso, más de algún oficial les señaló por dónde podían cruzar. 

La mayoría de nicaragüenses en la caravana vio la convocatoria a través de las redes sociales. Muchos piensan que en Nicaragua puede presentarse un éxodo masivo. «Nicaragua, se va a volver como Maduro en Venezuela, que todo mundo emigró», nos dice una voz de entre el grupo.

«En Nicaragua usted ve esos reportajes que no pasa nada, pero la mayoría de personas que trabajan son personas que están agarrando de la teta (trabajan con el gobierno) y están amenazados».

¿Qué posibilidades tiene de pasar esta caravana?

En la caravana, que la conforman unas 600 personas, también viajan hondureños como Nery Paz. Es un hombre de 51 años, un jornalero que pretende llegar a Estados Unidos. Es oriundo de San Marcos,  Santa Bárbara, zona occidente de Honduras. Este es su segundo intento.

«Me voy con la caravana. Aquí se trabaja y no le pagan a uno. Si el Señor permite que yo llegue, quiero mejorar», nos dice. 

Más adelante nos encontramos a Javier. Hará su cuarto intento de llegar a Estados Unidos. Nos dice que tiene cuatro años sin un trabajo formal. Es padre de dos hijos y necesita ver por su futuro.

La mayoría de personas en la caravana provienen de Nicaragua y Honduras. Alrededor de unas 600 personas caminaron a la frontera, la mayoría ingresó a territorio guatemalteco. Corinto entre Honduras y Guatemala. 15 de enero de 2022. Foto: Antonio Gutierrez.

«Aquí no hay nada. Quizás el país mejore, pero eso no será inmediato. Cuando alguien está bien enfermo mejora lentamente. Y Honduras está enfermo», sostiene.

En enero de 2021, un grupo de más de 7,000 hondureños salió de la misma forma desde San Pedro Sula en la primera caravana migrante de ese año. Los migrantes pretendían llegar a Estados Unidos, pero en Guatemala fueron rodeados y después dispersados con gases y garrotazos.

Según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), 52,968 hondureños fueron retornados desde enero a diciembre de 2021. La mayoría, desde la frontera sur de Estados Unidos con México. Y otros, desde el territorio estadounidense.

Por Manuel Ayes
Ilustración: Pixabay


Hoy en el parque, aunque César me había prometido ya no hacerlo, volvió a referirse a vos como Chicharrón, ese apodo horrible que te inventamos. 

–Roberto –le dije–. Ro-ber-to.

La verdad fui yo quien inventó el apodo, lo confieso. Te lo puse un día en que comíamos de esos churros en las bancas de la pulpe de doña Vivi. Y yo agarré el más grande de la bolsa, y dije que era igualito a vos.

Enseguida me fui del parque, me había enojado con César. Yendo calle abajo, recordé que estuviste varios días intentando decirnos no sé qué cosa, y que, por más que insististe, nosotros no te dejamos. Y también pensé en que no logro recordar cuándo llegaste a la colonia. 

Lo que sí recuerdo es la primera vez que te vi.

Fue en el feriado de Independencia, después de una potra en la cancha del parque. Habías estado espiándonos desde la banca, sonriendo con la ilusión del niño que eras, y ahora bajabas la vista. César, Miguel y yo recién habíamos terminado de jugar y nos alistábamos para ir a la pulpe a comprar una Coca-Cola dos litros y chucherías. Esa vez, antes de nuestro ritual, César se te quedó viendo y te gritó para que te acercaras. Primero te silbó porque vos, en ese tiempo, todavía no eras ni Chicharrón ni Roberto. Estabas ido mirando la tierra pelada de la cancha; después gritó y te llamó con la mano:

–¡Ey, gordito, vení! 

Así te dijo. Y nos susurró: 

–Ya tenemos mandadero.

Vos pegaste un brinco y corriste hacia nosotros anadeando como pingüino. Cuando llegaste, Miguel te dijo que corrías como pendejo. Nos morimos de risa en tu propia cara, pero solo evitaste el contacto visual, y te dirigiste a César con la cabeza agachada:

–Hola, qué se le ofrece. 

Sonabas parecido a Gohan, de Dragon Ball. A veces hablabas con palabras raras, nos tratabas de usted, y eras estorbosamente cortés. Yo te calculaba unos diez años, cuatro o cinco menos que nosotros. 

–Andá compranos chicles y unos cirios –te dijo César.

Preguntaste qué eran cirios, y nosotros nos cagamos de risa. 

Yo te expliqué. 

–Ah, cigarrillos –dijiste–. Mi madre fuma Camel. El problema es que soy muy chico para comprar cigar… Digo, cirios.

Te dijimos que los compraras donde doña Vivi: la vieja le vendería tabaco negro incluso a un bebé de una semana. Parecías nervioso, pero obedeciste como soldado. Entre los tres ajustamos cuarenta pesos. Cuando te los dimos y cruzaste la calle, vigilaste que ningún carro se asomara, y hasta que ninguno se asomó te disparaste hecho un cuete. Al rato volviste con el encargo. 

–Traigo lo que me solicitó –le dijiste a César, y le entregaste una bolsita gris– y quedo a sus órdenes.

Te quedábamos viendo raro siempre que hablabas así. César se te acercó caminando erguido y sacando pecho. Primero, te quedó viendo hacia abajo, como si fueras un sapo, o un gusano. Después amagó con pegarte —vos cerraste los ojos y escondiste la cara–—, pero César simplemente te sobó la cabeza igual que a un perrito bien portado. 

Así te conocimos. Y entonces comenzaste a seguirnos a todas partes, y durante esos tres meses te usábamos siempre de payaso y de mandadero. Incluso Miguel te usaba, que es también un gordito bastante gracioso, con lentes de lupa. Pero a él nadie lo molesta. Nos reíamos de tu ropa, de tu peinado, de tu forma de hablar, de que usaras casco cuando salías en bici, de cómo te rebotaba la panza al correr. Mientras, vos nos traías agua, ibas por la pelota a la quebrada, nos amarrabas los zapatos, nos «prestabas» dinero.

No parecía importarte. Eras ajeno a lo que te rodeaba, como si la humillación fuera mejor que el anonimato. 

Y te mantuviste así, siendo un fantasma, hasta la última semana en que empezaste a intentar decirnos aquello. Eso que querías decir y que no te dejamos. Se te notaba lo nervioso, me acuerdo bien, y te costaba mucho decidirte a hablar. Para ese tiempo, tus respuestas eran puros monosílabos o risitas imbéciles, o repetías algo que te habíamos dicho, como para que pensáramos que vos eras uno de nosotros. Lo intentabas con las mismas frases de siempre:

–Les quiero decir algo, muchachos.

Lo soltabas generalmente después de hacernos un favor. Pero a la mínima broma te detenías, como si te fuera imposible continuar después de que alguno de nosotros te interrumpiera.

–¿Por qué estás tan gordo y feo?

–¿No te compran ropa tus papás, gordita?

–¿Ya te hacés la paja, maricón? 

–Olés a puerco sudado. 

–A Chicharrón le gusta Miguel.

Con esas y otras respuestas te bombardeábamos. Y alguna vez, me acuerdo, nos rogaste que te pusiéramos atención, que era algo importante. Pero no lo hicimos. El cuello se te encogía cuando te frustrabas. Todo vos te hacías más chiquito. En momentos así, te metías las manos en el pantalón, y las movías dentro de una forma rara, como si te estuvieras arañando. 

Así fue todos los días, hasta que llegó la Nochebuena. 

Estábamos tirando cuetes en la casa de Mari. Vos apareciste de la nada:

–Hola, mis amigos –dijiste. Y como hablabas bajo no te oímos, y alzaste la voz–: ¡Hola! –Cuando todos te volteamos a ver, seguiste la cantinela–: Quisiera decirles algo. Como ya sabrán, mañana…

–Mañana nada –dijo César.

Y ahí murió tu esfuerzo. Nosotros solo hicimos como que no existías. Prendimos unas luces de bengala, y cuando se acabaron nos sentamos en la acera a comer los confites que nos regaló el papá de Mari. Te sentaste como a un metro de la mara: un perrito. Al rato yo te quedé viendo, y te dije:

–Me gustan tus shorts, Chicharrón. 

Vos agachaste la cabeza, como si esperaras que rematara con algo porque no podías creerte el halago. Pobrecito. Te levantaste de la acera y te quedaste parado, reacción que me ha hecho pensar en que tal vez estar de pie te hizo sentir menos diminuto.

En eso se me ocurrió jugarte una broma. Fingí que me iba a mi casa, me alejé un poco y me oculté detrás de vos. Con gestos le pedí a Mari que te distrajera. Ella te habló de algo, y supongo que eso te agradó y no te dio chance para fijarte en nada más. Yo medí bien para que la luz del poste no delatara mi sombra. Vestías una camisa de botones cuadriculada y unos shorts de elástico. Me acerqué y te bajé el short con tanta fuerza que me llevé de paso tus calzoncillos. Te subiste la ropa volando, pero alcanzamos a verte todo —la verga minúscula, el culo de piedra pómez—, y nos cagamos de risa.

Fue cuando oí el grito de mamá: me había cachado.

En la casa me soltó un sermón bíblico que ni quiera Dios. Me obligó a disculparme con vos frente a todos. Accedí, solo porque me amenazó con quitarme la Play y regalarla.

Salí a buscarte, pero ya no te encontré. César me dijo que te habías ido corriendo, seguía burlándose de vos cuando lo dijo.

–El marica… –añadió al final.

Bajé la cuadra para ir a traerte. Y entonces vi el tumulto frente a la pulpe. Y unos carros estacionados al lado. Rodeaban algo. Les grité a los demás, y salí corriendo para ver qué sucedía. Y ahí estaba doña Vivi, y también la señora del salón de la otra cuadra, y estaban otros vecinos, y otra señora a quien yo no había visto nunca –después supe que era tu mamá–, llorando desconsolada a tu lado. Trataban de que no viéramos, pero nos las ingeniamos igual. Y no sé qué tanto tiempo pasó, no recuerdo si fue poco o mucho, pero llegó la ambulancia. 

Más tarde una vecina le dio la noticia a mamá.

Al día siguiente, después del almuerzo navideño, nos reunimos con la mara en el parque.  

–Iba llorando –dijo Mari.

Ninguno respondió gran cosa. Yo necesitaba hacerlo, pero las palabras no me salían. Me despedí, y fui para tu casa. Estuve viendo una ventana del segundo piso, preguntándome si ese era tu cuarto, o si dormías abajo. Si tenías hermanos, si tenías papá. Si te gustaban los videojuegos, o si hasta en eso eras distinto.

Al rato salió tu mamá a fumar un cigarro. Casi me voy, pero agarré valor para acercarme.

–Hola –le dije–. ¿Es usted la mamá de…? 

Se me trabó tu apodo en la garganta. Ni siquiera sabía tu nombre, y mejor me callé.

–¿Vos eras amigo de Robertito? 

De esa manera tan amarga lo supe. 

–Con lo entusiasmado que estaba –dijo–. Nunca lo había visto así.

Y me contó el resto.

Después se me acercó, me dio un abrazo incómodo que no pude regresarle, como si me hubiera petrificado en su pecho, y agradeció y volvió a entrar.

Sin decirle a los «muchachos», me fui para el parque. Estuve apoyado en la baranda del puente, viendo correr el agua sucia de la quebrada. Te imaginé ahí. Vi tus mocasines horrendos y tu pinta de nerd a paso torpe de pingüino.

Quisiera bajar y ayudarte, para que no te resbalés como siempre y se te mojen los zapatos. Quisiera haber llegado antes de aquello. Quisiera borrar de mi mente la cara de tu mamá y sus palabras. Todo el tiempo se me vienen: ella parada frente a mí, hablándome como si me conociera de años. Me dice que la última semana te la habías pasado feliz, porque íbamos a llegar el Veinticinco. Dice que no te aguantabas la emoción de llevar amigos a la casa por primera vez. Lo dice sonriendo.

Texto por Teddy Baca
Pintura por Fran Jerez

Independientemente de los avances que se han hecho en la última década en materia de derechos humanos sobre la condición de vida de personas Lgtbiq+, el concepto de heterosexualidad obligatoria se ha mantenido vigente hoy más que nunca, es decir, aquellas normas que coaccionan a los hombres a buscar exclusivamente mujeres, tanto sentimental como sexualmente y visceversa continúan presentes.

Estas normas van desde limitaciones a la libertad de expresión —tal como sucede en Rusia, Polonia y Hungría— hasta sanciones expresas hacia las relaciones homosexuales, ya sea cárcel, tortura física en público o la muerte, específicamente en más de sesenta países, incluyendo Jamaica, Túnez, Kenia y Brunei.

Honduras no tiene sanciones expresas hacia las relaciones homosexuales, pero sí se prohíbe a los hombres gays sexualmente activos donar sangre, se prohíbe el matrimonio igualitario y la conformación de familias por adopción. Estas limitantes son sanciones indirectas, pues parten con el fin de «llamarnos a actuar de acuerdo a las normas morales».

Siempre se ha hablado que la homofobia, bifobia y transfobia tienen un origen fundamentalmente religioso. Personalmente creo que es el factor más fuerte, tal como sugiere Herek en sus estudios de actitudes que realizó entre 2000 y 2002, en los que comparaba actitudes entre religiosos y seculares, encontrando que los primeros eran más prejuiciosos. También considero a la masculinidad otro aspecto a tomar en cuenta.

Las normas que dictan cómo se deben comportar los hombres se han fundamentado en tres miedos que desde pequeños se imponen en los varones al crecer: 1) No ser mujer o femenino, ya que se considera esto como lo contrario, 2) no ser niño. Se espera que los varones crezcan y se conviertan en líderes y no dependientes. 3) no ser homosexual o bisexual, ya que esto se considera como algo femenino o antivaronil, así que para «asegurarse» el afecto entre hombres se prohibe o limita. Ninguna de estas tres tesis tiene sentido alguno, pero se han hecho para sostener un sistema que prioriza la reproducción sexual, el dominio y la división sexual del trabajo.

Soy escritor desde hace algunos años, especialmente sobre temática Lgtbiq+, lo que me ha obligado a informarme continuamente sobre el estudio de las orientaciones sexuales entre muchos otros conceptos y hasta la fecha no existe (al menos yo no he encontrado) ningún indicio científico que establezca a la heterosexualidad como predeterminada o como parte de la hombría, es más, la diversidad sexual es un hecho en cientos de especies, hay factores epigenéticos que juegan un papel importante en la orientación sexual de todos y todas, además de hormonas y el medio ambiente, es un proceso al azar y tampoco es prevenible.

Desde muy pequeños, a los infantes varones se les socializa la idea de odiar o huir de la homosexualidad, incluso hombres autodenominados progresistas pueden tener incomodidades cuando se cuestiona la heterosexualidad.

Un ejemplo personal es el de un amante que tuve hace años, en los medios se proclamaba a sí mismo como heterosexual, sin embargo en algunos espacios que compartíamos, mencionó el interés por el contacto con otro hombre, él ya había tenido sexo gay, pero la idea de reconocer que quizás fuera gay o bisexual le aterraba y a menudo reaccionaba con agresividad.

También hay hombres heterosexuales (partiendo de la idea de que la sexualidad es un continuo y no algo rígido siempre) que tienen fantasías homosexuales, tuvieron alguna experiencia homoerótica o desean probar un trío que involucra interacción con un hombre y se sienten presionados a callarlo porque el mandato de heterosexualidad obligatoria les impide expresarlo, al punto que se reprime.

Para los hombres gays y bisexuales, el trato es peor, porque a menudo deben ocultarse para sobrevivir, y en caso de salir del clóset, la gente puede dejar de considerarlos como sujetos con principios, confiables o tal como mencionaba anteriormente «hombres de verdad», al final esto se manifiesta en marginamiento o censura.

Las representaciones de los medios tampoco ayudan, la burla con estereotipos exagerados, la plumofobia u odio hacia la feminidad en hombres y la exagerada cantidad de crímenes de odio hacia hombres gays son otros ejemplos de heterosexualidad obligatoria, la cultura está mandando un mensaje claro, quieren el silencio a toda costa.

La encuesta IMAGES realizada en Chile en 2015, reveló que nueve de cada diez hombres consideran que los «hombres de verdad» solo salen con mujeres. Desde luego es una mentira, el género y la orientación sexual son temas aparte, pero este discurso de odio no ha dejado de tener vigencia en el coloquio.

Conozco, aproximadamente, ciento cincuenta hombres bisexuales y de alguna forma los he descubierto o me lo han contado, pero apenas ocho están fuera del clóset, si eso no es un indicador de que se está imponiendo la heterosexualidad, no sé lo que será.

Por otro lado, se que hay hombres y mujeres auténticamente heterosexuales, sean respetuosos o no de la diversidad sexual el sistema les dió un privilegio, porque no tienen que fingir para vivir en paz con ellos mismos, nadie les demerita por eso, ni tienen que hacer demasiado esfuerzo en tener un esquema de vida. Pero quienes no encajamos en este mandato, a menudo, si queremos lo mismo que los heterosexuales nos toca «conformarnos», algunos emigran a países con mayor igualdad, otros tienen dobles vidas, incluso hay quienes se suicidan, hechos lamentables que en Honduras y el resto del mundo son una realidad.

La solución no es fácil ni rápida, si queremos una sociedad que deje de pensar en la masculinidad como un estándar, incluyendo la heterosexualidad obligatoria, las personas Lgtbiq+ debemos contar con más espacios, contar con leyes que no limiten nuestra libertad de asociación y expresión. Y en cuanto a cultura, que los medios dejen de reproducir estos discursos o burlas, que aquellos que tienen influencia o poder, hablen de igualdad y llamado al respeto genuino.

La homofobia y bifobia contra hombres generalmente es ejercida por otros hombres, tal como lo sugiere Herek al comparar actitudes de los géneros. Tenemos el caso de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil que en una ocasión dijo: «Si veo gays besándose en la calle, los voy a golpear» y también considera que es necesario dar palizas a los hijos gays. Pero también hay mujeres con muchos prejuicios, por ejemplo, Anita Bryant es una activista homófoba de Estados Unidos que equiparaba los derechos de la comunidad Lgtbiq+ a crímenes, incluso en el feminismo existe homofobia, para el caso, en Guadalajara un grupo de mujeres separatistas de la Colectiva Raíces Violetas, agredieron verbalmente a un hombre trans que marchaba cerca, con insultos homófobos.

No es de extrañar que de los cuatrocientos casos de crímenes de odio que registra el observatorio de la Red Cattrachas, más de la mitad sean contra hombres gay. Ser hombre no requiere de un manual ni una tablilla de mandamientos, ser hombre es una realidad de género, que es diversa, de la misma forma que ser mujer, con diferentes matices y expresiones.

No quiero seguir viendo a más jóvenes y adultos en el clóset, yo estuve en él clóset hasta los 16 años y antes de eso, solía sentir una carga cada vez más pesada que me quitaba el gozo por la vida, me duele que esto siga pasando con otros, pienso que ya es hora de que nuestro colectivo tenga la libertad que no ha podido tener durante siglos. Mientras exista la heterosexualidad obligatoria, no habrá igualdad de derechos.

El pasado 10 de enero, Daniel Ortega tomó posesión como presidente de Nicaragua después de reelegirse por cuarta vez de forma consecutiva en unas cuestionadas elecciones desarrolladas en noviembre pasado. La toma de posesión contó solamente con la presencia de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de un puñado de representantes de países aliados, entre ellos Rusia y China.

 Texto: Leonardo Aguilar


En el acto de toma de posesión del recientemente reelecto presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue notable la presencia de Juan Orlando Hernández, su homólogo hondureño, quien se reeligió de forma inconstitucional en noviembre de 2017 y que, tras numerosos señalamientos, dejará el cargo el próximo 27 de enero, fecha en que asumirá la presidenta electa de Honduras:
Xiomara Castro

El presidente Hernández, aunque sin una acusación formal en su contra, ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en juicios a narcotraficantes procesados en EE. UU. Uno de esos juicios fue contra su hermano, Antonio «Tony» Hernández, quien fue condenado a «cadena perpetua más 30 años de prisión» por cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala. El otro juicio donde el presidente Hernández también fue mencionado, y el que quizá más lo ha preocupado, fue contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, donde los fiscales lanzaron severos juicios de valor contra el presidente hondureño.

«Me sumo a las teorías que indican que Juan Orlando Hernández está buscando un refugio en Nicaragua ante su inminente proceso o una petición de extradición en su contra después de todos los señalamientos que se han dado en el tema del narcotráfico», dijo a Contracorriente Lucía Vijil, analista del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

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Vijil, quien se muestra crítica contra la administración de Hernández, afirma que el acuerdo Bicentenario firmado entre Honduras y Nicaragua muestra una especie de complicidad entre Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. «No es un tema ideológico lo que los mueve, sino la astucia y la estrategia. Para mí Juan Orlando está buscando una salida a posibles juicios», expresó Vijil.

El gobierno de Nicaragua se ha caracterizado por brindar refugio a los cuestionados expresidentes del área centroamericana. Está el caso de los expresidentes salvadoreños, Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, ambos acusados por corrupción y refugiados en este país. El exmandatario Funes incluso ejerció el voto en las pasadas elecciones de Nicaragua, después de haber obtenido la nacionalidad nicaragüense.

Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, dijo a Contracorriente que hay dos elementos a tomar en cuenta en la relación Hernández-Ortega. El primero, sostiene, es la reciprocidad entre ambos presidentes. «Ortega fue el primer presidente Centroamericano que felicitó a Hernández cuando éste se reeligió en 2017. Por lo tanto, hubo un elemento de reciprocidad por parte de Hernández en presenciar el acto en la toma de posesión de Daniel Ortega», afirmó. El segundo elemento, según Breda, y al que se refiere como «el más especulativo», es el posible escenario de un refugio a favor de Hernández ante una eventual persecución judicial en los Estados Unidos. 

Y es que, de acuerdo con Breda, la relación entre Hernández y Ortega ha sido bastante positiva. Hernández, por ejemplo, siempre se mantuvo al margen de la situación en Nicaragua, sobre todo con lo ocurrido en 2018, cuando una parte del pueblo nicaragüense se manifestó con fuertes tomas y protestas en todo el país. Además, el analista hace hincapié en que ambos países han cooperado en temas económicos, de seguridad y, en los últimos días, en lo que concierne a lo territorial. 

«Ortega está en su punto más bajo en cuanto a su reconocimiento internacional. Solamente tres jefes de Estado, de los cuales uno es saliente, se presentaron a la toma de posesión. En 2007, cuando regresó al poder, fueron 14 los jefes de Estado (los que acudieron a la toma de posesión). Ahora empieza este mandato con el resultado de una elección que ha sido considerada ilegítima y en un punto de no reconocimiento bastante amplio», añadió Breda.

El analista del International Crisis Group expresó que Nicaragua todavía tiene el apoyo de algunos socios estratégicos sociales, particularmente en la región, como también de Rusia, Irán y, ahora de manera más abierta, de China, esto después de que Nicaragua rompiera las relaciones con Taiwán.

¿Cómo será la relación de Xiomara Castro con Nicaragua?

Tiziano Breda cree que en el peor de los escenarios la relación entre el Gobierno de Xiomara Castro y Nicaragua va a ser parecida a la que ha tenido Juan Orlando Hernández con el Gobierno de Ortega. «Lo que sí puede pasar es que continúe la política de no interferencia, de abstención, por miedo a las represalias políticas y comerciales de países tan importantes para Honduras. Pero tampoco va a haber un apoyo abierto al gobierno de Ortega».

Breda pone como ejemplo el saludo de Nicolás Maduro felicitando la victoria de Xiomara Castro tras la elección. «Xiomara públicamente le agradeció al presidente de Venezuela; pero lo mismo ha hecho el presidente Daniel Ortega (felicitar públicamente a la presidenta de Honduras), pero a eso Xiomara Castro no contestó. En resumen, la posición más probable de Xiomara va a ser la de no confrontación abierta, pero probablemente tampoco de apoyo».

En Centroamérica, Breda establece que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha querido mantenerse al margen y no involucrarse en los asuntos limítrofes que involucran a El Salvador, Nicaragua y Honduras. «Al hacerlo, Bukele tendrá que lidiar con dos presidentes, uno de los cuales es saliente, que son muy criticados y que él mismo ha criticado de manera contundente por su ilegitimidad en las elecciones de ambos».

Por su parte, la analista Lucía Vijil considera que Xiomara Castro tendrá relaciones cordiales con todos los países de Centroamérica.  «Hasta ahora ha mostrado una actitud más conciliadora, todos esperaban que de entrada se moviera con los países de ideologías de izquierda. Ese fue un discurso que utilizaron para atacar a Xiomara y atemorizar a la población durante la campaña». 

Vijil establece que, en cambio, Xiomara ha sido vista recibiendo gobiernos y asumiendo «posturas coherentes» y abiertas a la democracia. «En tanto ella se mantenga en los principios básicos de la democracia, podría ser una pieza clave para restablecer relaciones en la región centroamericana», dijo.

Al menos una decena de presidentes ha confirmado que estarán en la toma de posesión de Xiomara Castro el próximo 27 de enero en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Hasta ahora se desconoce si, entre ellos, estará Daniel Ortega.

El pasado 5 de enero trascendió en medios nacionales e internacionales un comunicado de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno que afirmaba: «Las cuatro barras históricas (del fútbol hondureño) firmaron un compromiso de paz y de trabajo conjunto en la mejora de las relaciones de la juventud fanática del deporte en el país». Sin embargo, tres de los cuatro líderes de estas barras confirmaron a Contracorriente que lo que se logró fue un acuerdo de no agresión para asistir a una reunión en la que expondrían sus necesidades al nuevo Gobierno. 

 Por: Jennifer Ávila
Fotografía de Archivo Contracorriente/Martín Cálix

«Un acuerdo de paz es un proceso», explica Melbin Servellón, coordinador nacional de la barra Ultrafiel del Club Deportivo Olimpia, la más grande y antigua del país. Servellón asegura que el 5 de enero —apenas una semana después del altercado entre barras en la final de la Liga Nacional que dejó 12 heridos y una persona muerta— no se firmó una «tregua» o una «paz entre barras», sino un pacto de no agresión entre los representantes de las cuatro barras específico para asistir a una reunión en la Universidad Autónoma de Honduras el pasado 8 de enero, donde la comisión encargada del tema de juventudes escucharía las necesidades de los jóvenes que pertenecen a estos grupos.

El líder de la Barra Revolucionarios del Club Deportivo Motagua, Jairo Martínez, escribió vía whatsapp que «hay que hacer una aclaración» sobre el tema de la tregua. Por otro lado, el líder de la Mega Barra del Club Deportivo Real España, Melvin Morales —quién ni siquiera estuvo presente en la firma de la supuesta tregua—, aseguró que lo que existe es una intención del nuevo Gobierno de escuchar a las barras y, a partir de allí, generar un acuerdo de paz. 

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Diversos medios de comunicación —entre ellos La Prensa y Diario Diez, y los internacionales El Mundo e Infobae— replicaron el mismo texto que iniciaba: «Las violentas barras de los equipos de fútbol de Honduras firmaron este miércoles por primera vez un pacto de paz en los estadios, con la mediación de una comisión del futuro Gobierno de Xiomara Castro, anunció la comisión de traspaso presidencial». Al cierre de esta nota, ni el ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial del nuevo Gobierno, ni el ingeniero Pedro Barquero, cocoordinador de la Comisión de Transición, respondieron a nuestros mensajes preguntando sobre lo expuesto por los líderes barristas. 

Las barras Ultra fiel y Revolucionarios llevan varios años trabajando en un proceso de conciliación y propuesta a los gobiernos para crear políticas públicas de prevención de violencia en los estadios. 

Servellón, líder de la Ultrafiel, asegura que «nunca dijimos de firmar un acuerdo porque esos son procesos y los procesos no pueden iniciar así. Es cierto que han habido trabajos anteriores, hay plataformas de varios años, pero no las cuatro barras en conjunto. Hemos trabajado con la barra Revolucionarios en temas de las políticas de prevención de violencia, pero nunca hemos estado sentados con la Mega Barra ni con la Furia Verde». 

Además, Servellón agregó que para los líderes de barras fue una sorpresa que les pidieran firmar un documento, cuando lo que habían acordado era entregar sus propuestas para el nuevo Gobierno. 

El documento mencionado por Servellón establece «una alianza de paz» entre las cuatro barras más numerosas del país, que será parte de la entrega de propuestas al nuevo Gobierno. Este documento no pudo ser firmado por el representante de la Mega Barra, quien estuvo vía Zoom en la primera reunión y quien no pudo ni presencial ni virtualmente asistir a la segunda. 

«Nosotros dijimos también que no podíamos firmar un acuerdo con un gobierno que aún no está en funciones. Aceptamos entrar en un proceso, y en eso estamos, y trabajamos en buscar los mecanismos para encaminarnos no solo en 100 días, sino en más tiempo, porque no queremos violencia en los estadios ni que suceda lo que sucedió en la final en SPS; no queremos acciones donde hemos tenido a nuestros hinchas presos o muertos, ninguna barra diría que no le importa eso. Pero eso se llama proceso», agregó Servellón. Entre las propuestas de las barras entregadas a la Comisión de Transición está la revisión de la ley de prevención de violencia en los estadios (conocida como «ley anti barras»), oportunidades laborales para los barristas y la inclusión de estos jóvenes en programas de becas y emprendedurismo. 

Por su parte, el líder de la Mega Barra dijo a este medio que hay muchas expectativas puestas en el nuevo Gobierno: «Todas las barras sabemos que el Gobierno actual decía que quería que se erradicara la violencia, pero nunca hicieron nada para que los jóvenes entendieran la situación que no vale la pena matarse por un partido de fútbol. Tenemos que educar a los integrantes, mantener su mente ocupada, hacer talleres que aprendan un oficio, porque la violencia no es de barras, sino de sociedad, y esto no va a ser de la noche a la mañana, es un trabajo arduo y largo, esto es un proceso que va a llevar tiempo para decir que ya hay paz en los estadios».

El pasado 23 de diciembre, en la final del torneo de la Liga Nacional entre Olimpia y Real España, hubo un enfrentamiento entre miembros de la Barra Ultrafiel y la Mega Barra que dejó 12 heridos y un joven muerto en el fuego cruzado. Según Servellón, la Policía Nacional no realizó un operativo eficaz para evitar el enfrentamiento entre las barras, esta respondió tardíamente con gases lacrimógenos en las afueras del estadio. 

«Nosotros sin que los gobiernos nos digan que hay que firmar documentos o que viene un decreto para cortar la situación de violencia lo hemos hecho, yo diría que hemos pasado hasta dos o tres años sin eventos de violencia porque las barras son conscientes, los liderazgos son conscientes que no hay que provocar la violencia. También ha habido personas, no entidades de gobierno, interesadas en el tema y esas personas han sido claves para —por ejemplo— que un operativo de seguridad en el estadio funcione y se disminuya la violencia. Cuando no sucede eso hay problemáticas que se dan como lo que sucedió en la final. Las barras tienen disposición, si la Furia Verde se movió de San Pedro Sula a Tegucigalpa para venir a dar sus propuestas es porque tiene ganas de entrar a un proceso de pacificación. Y, al final, un acuerdo no es tan importante», concluyó Servellón.

Un golpe de Estado nos puso en la cara quiénes mandaban en Honduras, cuando las élites económicas de origen extranjero fueron señaladas como las que movieron las piezas para no perder sus beneficios. Doce años han pasado desde esa ruptura y en este tiempo, en que un régimen autoritario se instauró, se volvió más evidente la vinculación entre élites económicas, políticos y grupos criminales. Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno de corte izquierdista, no solamente está la expectativa de que la autocracia se desmonte, sino también de que se acaben los privilegios de una élite que colaboró en el saqueo del Estado.

Texto: Jennifer Ávila Reyes

Nota publicada originalmente en Élite Sin Destino y publicada con su autorización en este medio.

Hay una imagen en la ciudad de San Pedro Sula que muestra la caída de la burguesía local y el empoderamiento de una élite económica extranjera, me dice el escritor e historiador Julio Escoto. Estamos en el estudio de su familia, donde él se reúne con una élite intelectual bien reducida de San Pedro Sula y su esposa da clases de ballet a niñas en edad escolar. Escoto es un observador, se ha dedicado toda su vida a escribir novelas históricas, por eso me dice que, desde su perspectiva, el edificio del Casino Sampedrano, totalmente en ruinas en pleno bulevar principal de la ciudad, es un símbolo.

El Casino Sampedrano era el escenario donde la burguesía local del siglo XX, terratenientes herederos de la precaria administración colonial, presumía de sus excesos. Y eran excluyentes, los nuevos comerciantes árabes y judíos, recién emigrados huyendo de la pobreza en sus países, no podían entrar al casino. En ese momento, San Pedro Sula y toda la zona norte del país estaba sumida en las plantaciones de las compañías bananeras y el abandono del precario estado nacional; el escenario de la verdadera Banana Republic. El progreso que trajo la compañía frutera a esa región olvidada alcanzaba también para nutrir la riqueza de esa poco educada burguesía local.

Escoto, así como otros historiadores, argumenta que la burguesía nacional de Honduras era la más pobre de la región y por eso rápidamente sucumbió al tiempo que las familias de origen palestino fueron acumulando riquezas en la ciudad desde 1939. También construyeron sus propios símbolos de poder, el Club Árabe Hondureño. Del Casino —y de esa burguesía local— solo quedaron ruinas que, siguiendo con las metáforas, algunos indigentes de la ciudad ahora han tomado como hogar. Pero una nueva élite terminó erigiéndose y colocó a sus familias en las listas de la revista Forbes por ser poderosos dueños de medios de comunicación y actores importantes de la política hondureña.

La desigualdad económica en Honduras es la cuarta más alta de América Latina. Según el reporte del Bertelsmann Tranformation Index de 2020, el 20% más rico de la sociedad recibió el 55% del ingreso total del país, mientras que el 20% más pobre recibió solo el 3,2% del ingreso agregado, una desproporción que poco ha cambiado desde 1999. Honduras es un país eminentemente rural, solo tiene dos ciudades con algunos servicios públicos mínimos: San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ambas también son las ciudades más violentas del país. San Pedro Sula es una de las ciudades que mejor retrata esa desigualdad reportada en los índices de transformación o desarrollo. Allí donde los cinturones de pobreza han desencadenado además una crisis de violencia muy grave, también radica el hombre más rico del país, el pakistaní Yusuf Amdani. Y de esa ciudad es la familia Rosenthal, de origen judío, que se convirtió en grupo económico en los años 90 y desarrolló un imperio que la colocó como la familia más rica del país. El patriarca, Jaime Rosenthal Oliva, ya de la segunda generación, intentó ser presidente en dos ocasiones sin éxito, aunque logró ser vicepresidente y diputado. Su hijo, Yani Rosenthal Oliva, es quien le ha seguido los pasos en la política, en las pasadas elecciones generales fue uno de los candidatos más controversiales, ya que cumplió una pena de 36 meses de cárcel en EE.UU. por delitos relacionados al lavado de activos. Su pasado se reflejó en las urnas ya que solamente el 9% de los hondureños votó por él para presidente. A pesar de eso, tiene un poder simbólico aplastante.

Pero de Yani Rosenthal hablaremos después. Por ahora, Escoto sigue contando cómo con la llegada de los migrantes desde Palestina y Rumanía y su nacionalización en 1937, la zona norte despegó de la mano de ellos. «En ese contexto entra una población con ciertas características étnicas, que es la árabe, a principios del siglo XX en Honduras, muchos de ellos venían de Palestina con pasaporte turco. Se dedicaban a recoger el banano que se tiraba al lado de las líneas férreas y lo iban a vender a los barrios, era gente que producía camisas, pantalones y los iba vender al crédito a veces a cinco lempiras por semana y comenzaron poco a poco a adquirir capital, muy trabajadores, y fueron constituyendo sobre todo acá en el Valle de Sula la fuerza económica que mantiene a sus hijos», cuenta, mientras se hidrata con un vaso de agua; la temperatura está quizá a unos 40 grados centígrados, hay una humedad que noquea y zancudos que desangran.

Un golpe de élites

Durante el golpe de Estado de 2009 se veían pintas en los muros de Tegucigalpa: «Turcos fuera». En Honduras se les dice despectivamente «turcos» a los descendientes de los árabes que llegaron en los años 30 y se nacionalizaron hondureños; muchas de estas familias conforman la élite hondureña. Varios estudiosos les han llamado «familias o poderes fácticos», ya que han acumulado capital financiero pero además poder simbólico a través de sus inversiones en medios de comunicación y su inclusión en la política hondureña. Varios incluso les llamaron «la oligarquía», una «élite golpista» por la cual el golpe de Estado se materializó. Sin embargo, el historiador que más objetivamente ha abordado el papel de las familias ricas desde un punto etnoracial, Darío Euraque, difiere de colocarles esa descripción.

En un documento publicado en el Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 45, de la Universidad de Costa Rica en 2019, Euraque argumenta que las «élites», «oligarquías» y «burguesías» en Honduras aún carecen de estudios históricos sistemáticos. Apunta en su ensayo que: «En este vacío historiográfico es difícil caracterizar el accionar y motivación de las «10 familias» que supuestamente financiaron el golpe de Estado del 2009, aunque aun así continúan publicaciones con superficiales referencias a la «oligarquía hondureña» (Shipley). Tampoco es fácil determinar claramente el accionar de las élites en su conjunto, en sus segmentos, fracciones y personajes más conspicuos, ante la disyuntiva que presenta la ilegitimidad que sufre el sistema político hondureño, y los partidos políticos, sobre todo con el hecho de que durante la década posterior al golpe de Estado parece ser que el peso de los segmentos tradicionales más poderosos y su influencia sobre el Estado concesionario lo asumieron más bien clanes de narcotraficantes transnacionales, quienes invirtieron en los mecanismos políticos partidarios clientelistas de antaño (Chayes, 2017)».

Las élites económicas hondureñas son un conglomerado heterogéneo que se enriquece de los vacíos del Estado y de la defraudación oportunista de la poca institucionalidad existente.

Después de las elecciones de 2010 (un año después del golpe), tomó posesión el Partido Nacional bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, quien desde la presidencia del Congreso Nacional se encargó de consolidar su poder y concentrar los tres poderes del Estado. Desde ese entonces, Hernández gobernó en una clara autocracia electoral, pero es desde ese entonces también que nuevos actores económicos se involucraron en el financiamiento de su gobierno y en las redes de corrupción. Ya no son solamente esas familias que han tenido su cuota de poder y su margen de negociación gracias a su capital, ahora hablamos también de narcotraficantes, algo ya mundialmente conocido por los juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sobre todo el de Antonio Hernández, hermano del presidente. También hablamos de una élite política que gracias a estos nuevos ingresos comenzó a tener más capital y más poder a la hora de negociar con los empresarios tradicionales. También son clanes familiares como el de Hernández o como el de Porfirio Lobo Sosa, el expresidente de 2010. Y también surge una nueva generación de empresarios beneficiados con concesiones millonarias del Estado y con gran influencia en los poderes del Estado como es el caso de Lenir Pérez, esposo de una de las hijas de Miguel Facussé.

El historiador Escoto cuenta que su grupo de amigos de «élite intelectual» se rompió para el golpe de Estado porque cinco de ellos se sintieron acusados de ser «oligarquía», algo que ellos aseguraban no era su culpa.

«Una de las interpretaciones que tuvimos inmediatamente es que ellos no eran oligarquía. Oligarquía es un estamento mayormente económico que ejerce grandes influencias políticas y que usualmente no es conocido o es muy discreto, casi lo que conocemos como grupos fácticos, y caen más bien dentro de un rango moral negativo»; de esos no eran sus amigos, dice Escoto. 

«Hay fotografías simbólicas, una por ejemplo, cuando Michelleti (el presidente de facto de 2009) vino a San Pedro Sula después del golpe más o menos al mes y fue recibido en Expocentro en un salón enorme por todo Arabia Saudita o Arabia Sulita, diría yo. Todos los árabes alabando, aplaudiendo al hombre todo por miedo de que efectivamente iba a entrar a Honduras un gobierno de izquierda aliado con Chávez y que les podía reducir sus ingresos, ponerles más impuestos, quitarles propiedades aunque yo creo que más bien fue porque de pronto se dieron cuenta que se podían repartir el Estado entre ellos mismos», explica Escoto. Y la repartición se dio.

Independientemente de la precisión del concepto de oligarquía con que Escoto analiza a su grupo de amigos intelectuales, tal como él mismo lo señala, élites, burguesías y oligarquías se plegaron totalmente al golpe de Estado.

Un modelo económico y unas élites que se nutren de la corrupción

Uno de los apellidos árabes más comunes y controversiales en Honduras es el Facussé, sobre todo por Miguel Facussé, ya de segunda generación, quien murió en 2015, después de crear un imperio con la industria de la palma aceitera. Fue el protagonista de una cruenta guerra por la tierra en el valle más productivo del país, el Valle del Aguán al norte de Honduras. Cuando entró el modelo neoliberal a Honduras en 1990 de la mano del presidente del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas (quien murió preso en Estados Unidos por el escándalo del Fifagate), se echó para atrás la reforma agraria para dar paso a una Ley de Modernización Agrícola que permitía la acumulación de tierras en pocas manos y la venta de tierras que habían sido entregadas a campesinos durante la reforma. La mayoría de tierras en el valle del Aguán, que hasta este momento suman 12.000 hectáreas, cayeron en manos de Facussé con su empresa Dinant. Entre 2008 y 2012 murieron 128 personas, mayormente campesinos y varios guardias de seguridad en medio de un conflicto en el que los campesinos buscaron recuperar tierras enfrentándose al empresario.

Todo esto sucedió en la zona atlántica de Honduras, donde en esos años floreció el cártel de tráfico de drogas más grande que ha habido en el país, el cártel de los Cachiros, llamados así porque el patriarca de esa familia se llama Isidro y todos ellos son fieles a San Isidro Labrador. A Facussé se le señaló de colaborar con el aterrizaje de avionetas con drogas en sus propiedades. Una ciudadana de Tocoa, la ciudad central del valle del Aguán donde vivían los Cachiros y donde está la empresa de Facussé, me dijo una vez que entre más droga circulaba por el Aguán, más palma africana iba a inundar el territorio. La palma es la materia prima del imperio de Facussé y la cocaína el motor de la economía en un sector olvidado por el Estado. El modelo económico propuesto por la reforma agraria, la distribución de tierras a cooperativas para diversificar la producción agrícola y con ello activar el campo en el norte, fue sustituido por la concentración de grandes extensiones de tierra para el cultivo extensivo de la palma, dejando fuera a las cooperativas campesinas y abriendo la costa caribe de Honduras al narcotráfico.

Ese cambio de modelo económico en los 90 es el punto de partida para lo que tenemos ahora y para entender el poder de las élites, me explica Eduardo Facussé, quien a pesar de su apellido, se desliga de Miguel Facussé. Eduardo es actualmente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, su padre fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) antes del golpe de Estado, pero aunque en ese momento no tenía una posición beligerante, ahora es un crítico del gobierno nacionalista. Ahora su hijo es una voz crítica que se desvincula de las élites empresariales más poderosas.

Como en otros países de Latinoamérica, las políticas neoliberales no produjeron economías abiertas y competitivas, con burocracias estatales reducidas y eficientes. Al contrario, los precarios activos del Estado fueron depredados por élites económicas tradicionales, la burocracia estatal creció como forma de garantizar el clientelismo y la clase política se independizó económicamente gracias a la corrupción convirtiéndose en la principal fuente de financiamiento mafioso del sistema político. El neoliberalismo no hizo un mejor capitalismo, porque aquí en Honduras eso no existía ni aún en sus formas más incipientes.

Eduardo Facussé dice que en los años de la entrada del neoliberalismo, la relación entre élites económicas y políticas fue simbiótica, ahora más bien parece una relación competitiva. «Los grupos económicos financiaban la parte política y solicitaban los cambios para tratar de hacer progreso en Honduras o para agenciar negocios o intereses particulares Hoy en día el incremento de la corrupción ha causado que la clase política se ha vuelto más independiente, tiene su propia oligarquía y ellos también están demandando su propio espacio, entonces están amarrados los dos de manera de que no dejan al país progresar», dice este empresario radicado en San Pedro Sula.

Facussé se considera un empresario en la lucha anticorrupción, algo impopular en estos tiempos. «Ahora lo que mantiene unida a la oligarquía económica con la oligarquía política es la corrupción, ese es el vehículo.»

Y hay varios ejemplos que ilustran que la corrupción no puede ser posible sin la participación de los dos actores, empresarios y políticos. En octubre de 2021, el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación) reveló el leak más grande en la historia del periodismo, más de 11 millones de archivos de 14 empresas facilitadoras de servicios offshore en el mundo que vinculaban a empresarios y políticos de alto nivel en inversiones cuestionables y poco transparentes. En Honduras, desde el medio que dirijo investigamos cinco casos, entre los cuales estaba el expresidente Porfirio Lobo Sosa, el actual contendiente por el mismo partido que Lobo para la presidencia, el empresario de la construcción de origen palestino Nasry Asfura y un diputado del mismo partido y también de origen árabe, Yaudet Burbara. Pero también hubo dos empresarios, uno de ellos Yankel Rosenthal, de origen judío, quien estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos y primo del presidenciable Yani Rosenthal, y el empresario Fauzi Rishmawi de origen árabe.

En el caso de Yankel Rosenthal, quien se declaró culpable de realizar transacciones con bienes ilícitos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se reveló cómo también servía de enlace entre la élite, los narcotraficantes y el gobierno. Los Rosenthal han sido miembros del Partido Liberal desde siempre, y han tenido su cuota de poder también con el Partido Nacional. Yankel, por ejemplo, incluso fue ministro del actual presidente Juan Orlando Hernández y tuvo pláticas con narcotraficantes para financiar su campaña.

Yankel manejó empresas offshore que pueden dar pistas de más delitos relacionados al lavado de activos, pero después de que cumplió su pena de 36 meses en EE.UU., pareciera que ya nadie lo busca más. Las veces que intenté contactarlo me dijeron que pasaba viajando entre México y Portugal y que regresaba a Honduras solo cuando jugaba el equipo de fútbol del que aún es presidente en San Pedro Sula. Su primo Yani, el candidato a presidente, se negó a hablar conmigo; después de un mes de espera accedió a darme una entrevista que canceló el día que habíamos pactado. La última vez que lo vi e intenté hablar con él, daba una conferencia de prensa como coordinador del Partido Liberal de Honduras tras su apabullante derrota en las elecciones, jugaba la última carta que le queda en la política hondureña: la negociación con el Partido Libre de la ganadora Xiomara Castro para controlar el Congreso Nacional.

Por otro lado, Fauzi Rishmawy representa la figura del «cómplice necesario» para la corrupción. Rishmawy fue procesado judicialmente por fraude en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un caso que levantó la indignación del pueblo hondureño que pedía una lucha anticorrupción independiente. El padre de Rishmawi llegó a Honduras desde Chile, se casó con una hondureña en el norte del país y consolidó su familia aquí. Ahora los Rishmawi son un grupo empresarial de la construcción y la energía que se ha expandido por Centroamérica. Rishmawy fue acusado por sobrevalorar por más o menos un millón de dólares unas calderas que vendió al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, y por transferir dinero a funcionarios públicos. Rishmawy me dijo que por un millón de dólares él no pondría en riesgo el trabajo de más de 40 años, el nombre de su familia y sus relaciones con comerciantes internacionales. Y seguramente es cierto; lo que no dijo Rishmawy es que esa sobrevaloración, ese millón, no es para ser más millonario sino para garantizarse ser proveedor del Estado, que es uno de sus clientes más grandes.

La sobrevaloración no es la ganancia de los empresarios, sino que es lo necesario para poder seguir en el juego como proveedores exclusivos y así asegurar la renovación continua de contratos con el Estado. Esa es la relación simbiótica de la que habló Facussé.

Estamos en la Cámara de Comercio que lidera Facussé en San Pedro Sula y ese día llegará Nasry Asfura a presentar su plan de gobierno a los empresarios. Facussé dice que Asfura es una buena persona pero que carga una pesada mochila, todos los crímenes de su partido, el Partido Nacional, el mismo de Juan Orlando Hernández.

En el momento que vive Honduras, con la salida del presidente Hernández tras 8 años en el poder, Facussé reconoce que las élites cometieron un error apoyando el golpe de Estado de 2009, pero también apoyando la misma reelección de Juan Orlando Hernández en 2017. «Ese suceso no podía llevarse a cabo si no era con el apoyo de la oligarquía económica, esa es tal vez la prueba más fehaciente de que había una simbiosis ahí ya creándose y creo que ya los últimos años han sido desastrosos en términos de esa relación, se ha degenerado, hemos visto el incremento en los niveles de corrupción y en la deformación de las leyes, no hay reglas justas en el juego y ese es el deterioro que vemos de 2014 a este año. Creo que en el 2014 al país le entraban 1.600 millones de dólares de inversiones extranjeras directas y hoy en día estamos debajo de 400, lo han aniquilado realmente», explica.

A diferencia de lo que dice Facussé de que el país está quebrado y que no hay ni negocios nuevos, a pesar de la devastación de dos tormentas tropicales y la pandemia por COVID-19, se ven en San Pedro Sula grandes y nuevas edificaciones de condominios, muchas de ellas vacías, el lujo de una ciudad que no puede dárselo. Dice Facussé que esos excesos que se ven no son reales y que ese es el gran daño que hace el narco a la economía de este país, que convierte todo en un espejismo y profundiza la desigualdad.

«Declaraban en New York que han financiado campañas políticas (los narcos). Bueno, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los políticos habrán aceptado eso? Porque querían tener mayor independencia de la élite económica para decidir más ellos y que no les dijeran qué hacer. Aunque la mayoría de la economía es real, no es que vamos a decir que hay una gran parte de la economía que se mueve por estos dineros ilícitos, lo que pasa es que distorsiona la realidad, porque tienes ingresos que no son reales. Entonces muchas veces estamos viviendo hasta cierto punto en una falacia de dinero que realmente no se produce localmente. En la medida que se formalizan las transacciones, se formalicen los empleos, se formalicen los comerciantes, eso creo yo que va a ir desapareciendo», dice Facussé desde la oficina del empresariado, muy lejos del centro de la ciudad, inundada por comerciantes informales que sobreviven día a día.

Dice Facussé que son al menos unas cincuenta personas las que deciden por el país ahora, la élite económica, que no se puede ver uniforme, que ahora incluye algunos políticos o familiares lejanos que han agarrado poder gracias a la corrupción. Y también las históricas, las que negocian con quien sea: «las grandes familias».

«Tradicionalmente en este país los negocios han sido familiares, o sea, Honduras no ha pasado a negocios donde salimos a una bolsa, bolsa donde hay una inversión pública, estamos todavía bajo un esquema bien tradicional. Entonces lógicamente los patrimonios son familiares no porque así lo escogieron, si no porque sencillamente el medio es lo único que permite. Nuestra economía no ha dado ese avance cualitativo como lo ha dado la élite en Guatemala, por ejemplo», dice.

La economía hondureña no se diversificó lo suficiente para que las nueva generaciones de élites económicas pudieran seguir multiplicando su riqueza. A eso se sumó que el modelo extractivo de recursos naturales produjo una sociedad convulsionada por conflictos sociales. Entonces fue la corrupción y el narcotráfico lo que vino a renovar las fuentes de enriquecimiento para unas élites y a crear otras nuevas élites cuya única virtud productiva es controlar la política de forma mafiosa. Lo desleal de esta competencia entre élites es que ahora, las nuevas surgidas de la política ya no tienen que negociar con las tradicionales el financiamiento de los partidos. Ahora, esas nuevas élites se financian solas y los beneficios del gran productor de riqueza, el Estado, los monopolizan poniendo muy difícil la sobrevivencia a unas élites tradicionales que deben enfrentar conflictos sociales producidos por su fuente de riqueza, los recursos naturales. Así las cosas, la corrupción sí es un problema, aunque no lo fue antes, cuando la política estuvo subordinada a las «oligarquías».

De narcos, políticos y empresarios

«Yo no soy de élite, no soy de andar en clubes, asociaciones, yo soy de andar en la iglesia… paso trabajando todo el día en la política, en la noche en los Emiratos… Yo no soy hombre de pistolas, nunca he querido andar armado, allí tengo una AK (47) que me regalaron y ni la he tocado. No soy un hombre tufoso ,como dicen en mi pueblo», responde el diputado Óscar Nájera cuando le pregunto si él se considera un hombre de élite. No es «tufoso»; en el argot popular hondureño eso quiere decir engreído. No es como las élites, dice.

Nájera fue diputado desde 1987, y antes de perder su curul en estas elecciones me dijo que para la próxima contienda electoral en 2026 él aspiraría por la presidencia desde su partido, el Partido Nacional. Pero ahora está derrotado y en el fin de su carrera política como diputado porque en las elecciones de noviembre de 2021 le pasaron factura los muchos señalamientos y sanciones internacionales, como haber sido enlistado en las sanciones de la Ley Magnitsky en Estados Unidos y en la Lista Engel. A pesar de esto, Nájera sigue siendo un hombre popular y siempre atribuyó los señalamientos a «la envidia» de algunos de sus amigos e incluso de algunos de sus compañeros de partido.

Nájera es de Colón, en el valle del Aguán, allí mismo donde Miguel Facussé hizo su imperio de palma africana. «Territorio najerista», decía un rótulo en la entrada de Tocoa. El poder simbólico de este diputado eterno no se acaba con haber perdido las elecciones esta vez, él también es un reconocido empresario palmero, por eso dice que por las noches trabaja en los Emiratos Árabes o en Malasia, porque tiene que ver con sus inversiones en ese rubro. A veces se filma llegando a Colón en su helicóptero después de recorrer sus fincas de palma. Nájera no niega que fue amigo de los Cachiros, quienes en los juicios de Nueva York lo han mencionado como el enlace entre narcos y políticos para garantizar protección. Pero dice que aunque fueron amigos jamás hizo negocios con ellos porque es cristiano. «Uno no escoge su familia pero sí sus amigos, si tengo amigos buenos es el 99,9%, que uno que otro se me haya colado, igual los quiero porque todos somos hijos de Dios», asegura.

Este diputado representa lo que Eduardo Facussé hablaba antes, esa élite política que se independizó, que con recursos frescos, muchas veces ilícitos, no quería recibir instrucciones de ningún «tufoso» y que desde su finca (llámese así también el departamento que controla) hace y deshace además con los fondos del Estado. 

«Yo soy un diputado de pueblo, beligerante, miedo a nadie, solo temor a Dios, he sido diputado, nunca he peleado con nadie. El voto del millonario y el del pobre son iguales, no soy un diputado de élite, de andar en embajadas, en fiestas, soy normal», aduce. 

Nájera nació en el territorio bananero y aunque salió a estudiar a la ciudad, su pensamiento se quedó como el de un capataz. El historiador Julio Escoto dice que así era la burguesía local hondureña a inicios del siglo XX, «regresaba de sus asuntos políticos al campo, a su casa, a vivir como un campesino sin servicios ni educación».

Antes de las elecciones del 2021 yo pensaba que no era descabellado que Honduras diera la oportunidad a Nájera de ser presidente. El país ha tenido solamente cuatro presidentes empresarios o intelectuales: el presidente Callejas, heredero de una burguesía local en 1990; en 1994 el presidente Carlos Roberto Reina del Partido Liberal, un intelectual, abogado y diplomático; en 1998 el presidente Carlos Flores Facussé, empresario también del Partido Liberal y en 2002 el presidente nacionalista Ricardo Maduro, reconocido empresario de origen panameño. Después de Maduro los presidentes han sido populistas rurales, hablan y se comportan como finqueros. 

Por otro lado, en la misma jungla electoral pero desde su posición de élite judía está Yani Rosenthal Hidalgo. Yani es ya de la tercera generación de la familia Rosenthal, cuyo grupo económico fue golpeado con las acusaciones contra él, su padre Jaime Rosenthal Oliva y su primo Yankel Rosenthal. Los tres reconocidos empresarios y políticos del Partido Liberal fueron investigados por la DEA y acusados por la Fiscalía del Distrito Sur por lavado de activos provenientes del narcotráfico. No fue una sorpresa en Honduras que los Cachiros revelaran que esta familia era su socio comercial más importante. Se veían rótulos en todas las construcciones de los Cachiros que decían que eran financiados por Banco Continental, el corazón del grupo económico de los Rosenthal. 

Ya en Nueva York después de su entrega, los Rosenthal —a excepción del padre, don Jaime, quien se quedó en Honduras enfrentando un cargo por evasión fiscal— se declararon culpables de un delito menor y la negociación con la fiscalía nos quitó la oportunidad de conocer los indicios de una red de lavado de activos que al final no se pudo comprobar. Mientras tanto, en Honduras, el gobierno de Juan Orlando Hernández incautó las empresas más importantes de la familia y repartió la cartera de Banco Continental a diversos bancos; el más beneficiado fue el banco guatemalteco Banrural.

Ahora Yani, que regresó para recuperar poder, hizo una campaña de victimización con su historia y llama a sus años de cárcel un exilio, así como a las incautaciones como un ataque político. «Yo he sufrido como ustedes», le decía a la población hondureña que ha sufrido por la pobreza y la violencia por décadas, y sobre todo por la impunidad que ha cobijado a la clase política y que le permitió al mismo Yani ser candidato presidencial.

Antes de las elecciones, decía Eduardo Facussé que Yani es «de los candidatos, el más estructurado mentalmente, tiene tal vez el mejor plan de gobierno, pero la mochila que anda atrás es bien pesada». Y admite que el caso de los Rosenthal le dio una gran lección a la élite.

«Que tenemos que tener más cuidado de cómo hacemos la operación, fue un llamado de atención a la clase empresarial para recordarle que tiene que tener cuidado con quién hace negocio y de qué manera», dice. 

En Honduras tener dinero y poder es equivalente a ser oligarquía. Curiosamente, ninguno de los que poseen esos dos recursos se asume como parte de las élites, con las responsabilidades de liderazgo e influencia que también se espera de ellas y que inevitablemente tienen. Las élites, para bien o para mal, son parte fundamental del proceso de formación de los Estados, al menos así lo han sido en la historia de los países. Las élites se integran en cámaras, grupos de influencia, tanques de pensamiento y hasta en partidos políticos. En Honduras parece que esa influencia se hace pero no se asume, se opta por lo oculto, lo indirecto, por un sistema de relaciones que no dejan de ser familiares, locales y carentes de perspectiva de futuro más allá de sus intereses inmediatos. Esa corta visión ha hecho que la corrupción y otras fuente ilegales de enriquecimiento sean el principal campo de la competencia entre élites nuevas, principalmente surgidas de unos partidos políticos tradicionales y desgastados, y las nuevas generaciones de las viejas élites, que aún buscan distanciarse de los otros, aunque cada vez sea más difícil establecer la diferencia entre ambos. Oligarcas al estilo hondureños todos, algo que dudosamente cambiará con el nuevo gobierno de la primera mujer en la presidencia de Honduras, la ex primera dama Xiomara Castro, esposa del presidente depuesto por un golpe de Estado, Manuel Zelaya Rosales.

Salvador Nasralla, —actualmente Designado Presidencial de la presidenta electa Xiomara Castro— no se postuló como diputado en las pasadas elecciones, no obstante Cárlenton Dávila, vice alcalde electo del Distrito Central,  dijo en una entrevista con medios nacionales que la dirigencia del Partido Salvador de Honduras había tenido una reunión en la que discutieron pedirle a Nasralla que acepte seguir un proceso para terminar como presidente del Congreso Nacional. Analistas concluyen que esto sería antidemocrático. 

Texto: Francis Cálix
Fotografía: Laura García 


Salvador Nasralla, ¿puede presidir el Congreso Nacional? Aunque en días recientes se mencionó esa posibilidad, expertos consultados mencionaron que por ley debe  descartarse esa nominación. 

El analista político Ernesto Paz dijo a Contracorriente que Nasralla no podría ocupar ese puesto en el Congreso porque «ya está electo como vicepresidente y la ley le prohíbe ocupar dos cargos».

Incluso si  renuncia a su cargo de vicepresidente para presidir el Legislativo, en opinión de Paz, esto podría considerarse como «delito de suplantación de soberanía popular», porque no fue electo como diputado en las pasadas elecciones generales. 

El vice alcalde electo del Distrito Central, Cárlenton Dávila,  dijo en una entrevista con medios nacionales que el mecanismo para que Salvador Nasralla pueda postularse a la presidencia del Congreso es mediante la renuncia de una diputada o diputado electo del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Esto de acuerdo a las reformas de la Ley Electoral mediante Decreto 35-2021, Artículo 309, que dice: «En caso de renuncia, inhabilitación o muerte de un diputado al Congreso Nacional, miembro de la corporación municipal o diputado al parlamento centroamericano, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente». 

Sin embargo, para el analista político Ernesto Paz, este Artículo no podría utilizarse para este caso porque «él (Salvador Nasralla) ya participó y fue electo. No fue electo como diputado. Él corrió en la casilla de Libre para ser electo» como designado presidencial, dijo.

Por otro lado, el ex diputado por el Partido Nacional y analista político, Raúl Pineda, explicó a Contracorriente que según la Constitución de la República «ante la falta absoluta de un diputado se le sustituirá con el suplente que llame el Congreso, no necesariamente con el suplente del Partido al que pertenece el diputado que falte. En el Congreso hay un orden de prelación: primer diputado, segundo diputado, porque se trata de dos momentos: antes de la elección donde el diputado representa el Partido y después de la elección donde ya tiene una dimensión y una representación de carácter nacional». 

Sin embargo, no existe ninguna ley que se pronuncie sobre esta materia o que permita a los designados presidenciales la facultad de ser diputados, comentó Raúl Pineda a este medio. En ese sentido, «caben varias interpretaciones inclusive la de conveniencia política. Pero no resulta viable que presida el Congreso una persona que no ha sido electo como diputado», enfatizó. 

Asimismo, planteó que en este caso «juega un papel importante el Consejo Supremo Electoral (ahora Tribunal de Justicia Electoral) que es quien debe entregar las credenciales, pero en términos generales no es admisible que alguien que no haya participado en la elección vaya a asumir la presidencia de un poder del Estado porque carece de la investidura que le da el respaldo popular expresado en una urna. Sin embargo, no descarto que en Honduras haya dos formas de hacer las cosas: una conforme a la ley y la otra conforme a las conveniencias políticas», manifestó. 

De acuerdo a la Constitución de la República en su Artículo 205, «Cuando un mismo ciudadano resulte elegido para diversos cargos, será declarado electo para uno solo de ellos, de acuerdo al siguiente orden de preferencia: a) Presidente de la República; b) Vicepresidente de la República (…)». El lunes 20 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente a Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre), como presidenta Constitucional de la República y junto a ella, Salvador Nasralla como uno de los tres designados presidenciales. 

El Partido Libre y el PSH firmaron un acuerdo político en el que Salvador Nasralla deberá designar el próximo presidente del Congreso Nacional. Ante esto, han especulado nombres de candidatos y candidatas para la presidencia del Legislativo, incluyendo al mismo Nasralla, propuesto por Cárlenton Dávila ante medios nacionales. 

Ante esto, el PSH emitió un comunicado de prensa donde aclaró que «el diputado propuesto (para la presidencia del Congreso) se conocerá de manera oficial al tener certeza de los nombres y cantidad de diputados del partido Salvador de Honduras electos para el nuevo Congreso».

Asimismo, se enfatizó que la alianza entre Libre y el PSH «sigue fuerte y firme» así como la posición de Salvador Nasralla como primer designado presidencial en la que se mantendrá independientemente del agradecimiento que tiene por las personas que lo proponen para un puesto que la ley no le permite ocupar».

Durante un informe  del gabinete de seguridad el presidente Juan Orlando Hernández manifestó que en San Pedro Sula se ha duplicado la apertura de empresas y negocios por la inversión en aras de erradicar la violencia, pero datos e informes ponen en duda sus dichos. 

Por: Allan Bu

Fotografía: Archivo de Contracorriente/ Martín Cálix

 

Durante la rendición de cuentas del gabinete de Prevención y Seguridad en el período 2014-2021, el mandatario saliente Juan Orlando Hernández se jactó de que la ciudad de San Pedro Sula, el principal polo de desarrollo industrial en Honduras, ha duplicado la apertura de negocios gracias a la inversión en seguridad. 

No obstante, su dicho es engañoso. Una verificación de Contracorriente establece que San Pedro Sula cerró los años 2019 y 2020 —este último a pesar del confinamiento— como una de las ciudades más violentas de Centroamérica.

En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100 000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés (donde está San Pedro Sula), Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho.

“En estos últimos años, la Municipalidad de San Pedro Sula duplicó la cifra de apertura de empresas y negocios, lo que demuestra que invertir en seguridad trae al mismo tiempo confianza en los empresarios nacionales e internacionales», dijo el presidente Juan Orlando Hernández el martes 23 de noviembre.

Aunque el presidente Hernández expuso que en San Pedro Sula se ha duplicado la apertura de negocios y empresas en los últimos años debido a que hay más seguridad, también pasó por alto que en el año 2020 cientos de micros, pequeños y medianos negocios cerraron operaciones por el confinamiento obligatorio para contener la pandemia.  

Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) indica que un 33 % de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) cerró operaciones como resultado del confinamiento por la pandemia. Este sector genera hasta el 70 % de los empleos en el país.

De acuerdo con Efraín Rodríguez, dirigente de la Asociación Nacional de la Micro, Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), “apenas la mitad de esos negocios han vuelto a operar”

Por otro lado, Rodríguez manifestó a Contracorriente que es difícil establecer un dato real de quienes han podido formalizar su negocio pero que en los últimos cuatro años podrían ser unas 20 mil micros y pequeñas empresas. “Han sido más si incluimos los del sector informal, pero es difícil tener datos porque algunos (negocios) solo duran unos meses”. 

Rodríguez explica que lo que sí ha crecido es el sector informal, es decir los vendedores ambulantes, lo que muestra la crisis de supervivencia que vive la población sampedrana. 

El dirigente de la Anmpih sostiene que después de 21 meses de pandemia y el paso de dos tormentas tropicales el pasado noviembre de 2020, el desempleo aumentó y con esto se ha dado que gran cantidad de personas han iniciado pequeños negocios de subsistencia. “Muchos se ven obligados a tomar un emprendimiento,  algunos lo hacen de forma temporal y otros se quedan permanentes”, explicó.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en junio de 2021, medio millón de personas durante la pandemia perdió su empleo en Honduras.

Según el Cohep, había en Honduras un 59 % de pobreza cuando llegó la pandemia, pero actualmente, según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la pobreza ha alcanzado hasta el 70 %. 

Julio Raudales, economista hondureño, manifestó a Contracorriente que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan que en el año de pandemia la pobreza saltó de un 60 % hasta el 75%. 

Datos del Registro Mercantil indican que durante los últimos cinco años se han registrado 24 690 negocios en San Pedro Sula distribuidos así: 2017 (4960), 2018 (4911), 2019 (5811), 2020 (3653) y 2021(5 674).  En el 2015, la cantidad de Mipymes eran 20 979 en la Ciudad Industrial. 

En los datos anteriormente estudiados, se puede notar un leve crecimiento, no obstante, hay que tomar algunos detalles, por ejemplo, que muchas de las empresas que se registraron el 2020 como empresas ya existían en 2017 como comerciantes individuales, según recoge Diario La Prensa. 

Analistas indican que un buen porcentaje de negocios cierran operaciones después de funcionar unos meses o años pero continúan en el sistema como activos. Las estimaciones señalan que en el mundo solo un 40% de las empresas sobreviven después de los cinco años. 

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística, INE, la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) en el año 2020 alcanzó el 10.9%, mientras que el subempleo visible (trabajan menos horas y reciben menos pago) llegó al 27%. En el 2019 la TDA era del 5.7%, mientras que el subempleo visible fue del 10.6%, según la misma fuente. 

Seguridad

Otro de los graves problemas en Honduras, es que muchos negocios cierran por extorsión. 

El presidente Hernández, sin embargo, dijo que también lograron “sacar a San Pedro Sula de la lista de las ciudades más violentas del mundo”, algo que según él se ha traducido en un repunte económico. 

Pero lo dicho por Juan Orlando Hernández en materia de seguridad contrasta con lo señalado por distintas fuentes. Una nota publicada por Contracorriente a finales de 2020  constató que Honduras cerró el año como el más violento de Centroamérica, a pesar del confinamiento y los desastres naturales

Al referirse a la mejora en seguridad pregonada por el presidente saliente, Rodríguez sostiene que esto depende de la ubicación del negocio: “Hay sectores en donde la delincuencia está más marcada y hay mayor riesgo. Así como hay otros que no generan problemas”, manifestó. 

Recalcó que en San Pedro Sula hay colonias o barrios  que son más problemáticos que otros, pero que en el centro hay poco riesgo. “Es frecuente (mayor riesgo) en las colonias marginales, sobre todo en algunos rubros como el transporte y negocios nocturnos”. 

San Pedro Sula llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo cuando alcanzó, en el 2011, la media de 159 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En el 2018, la Policía Nacional registraba que la tasa de homicidios en la Ciudad del Adelantado eran 45 personas por cada 100 mil habitantes.

Ahora el país tiene un promedio de 37 asesinatos, según cifras oficiales, pero en el primer trimestre del 2021 en el país hubo 258 homicidios más con respecto al 2020. 

Es que las cifras recopiladas por el gobierno muestran una mejoría en la seguridad, pero los síntomas reflejan que la enfermedad no ha sido curada tal y como presumió el presidente Hernández en su informe sobre seguridad. 

Por ejemplo, el 30 de mayo del 2021, unidades del transporte interurbano que cubren la ruta San Pedro Sula-Puerto Cortés paralizaron operaciones exigiendo protección a una serie de asaltos que estaban sufriendo los autobuses. Los pasajeros en varias unidades fueron despojados de sus pertenencias sin respuesta policial.

Pero lo más grave, es que en el sector del transporte público, especialmente en San Pedro Sula y Tegucigalpa, cientos de conductores y ayudantes han perdido la vida en una cruel represalia de grupos criminales que no reciben el pago de extorsión a tiempo.

En febrero del 2020, antes de la llegada de la pandemia, unas 80 unidades de rapiditos que conducen del centro de San Pedro Sula a la Gran Terminal se paralizaron por dos días reclamando protección por los cobros de extorsión que sufrían. Los trabajadores del transporte indicaron que ya pagaban “impuesto de guerra” a la Pandilla 18, Mara MS y ahora la Banda de los Aguacates también estaba exigiendo pago. 

Al 6 de noviembre del 2021,  Honduras registraba 3 305 homicidios. Se encontraba solamente a 100 de superar el registro del 2020, año en el que San Pedro Sula tuvo 330 homicidios, solo detrás de Tegucigalpa donde fueron asesinadas 569 personas. 

El 23 de noviembre pasado, el presidente Hernández habló de una lucha férrea contra la maras y pandilla, la cual no parece haber llegado al sector de Chamelecón, donde en una calle de la colonia 15 de septiembre están los números 13 y 18, que identifican  a la MS y la Pandilla 18. En ese punto hay una frontera invisible, que los habitantes que viven de uno y otro lado no pueden cruzar sin consecuencias. Es una zona de guerra. 

Durante los gobiernos de Hernández, Honduras ha realizado una fuerte inversión en seguridad. Para el año fiscal 2021, la Secretaría de Seguridad tuvo una asignación de 6,970,580,428 y la Secretaría de Defensa 8 464,949,206.

Además, el gobernante tiene a disposición miles de millones de lempiras del Tasón de Seguridad, de los cuales no hay rendición de cuentas. Toda esta inversión todavía no crea el clima de inversión en San Pedro Sula que describió el presidente Hernández.

El actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Tito Livio Moreno, concluye este martes su periodo al frente de la institución castrense, por lo que ha anunciado al comandante José Fortín Aguilar como su sustituto. Moreno deja la institución tras dos años en los que incrementaron los señalamientos por el involucramiento de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos en el narcotráfico. Ahora, se tienen las promesas de Xiomara Castro de quitar protagonismo a las FF.AA. en la seguridad pública

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Archivo de Contracorriente/ Martín Cálix

En 2013, cuando Xiomara Castro lanzó su primera candidatura presidencial por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), repetía en sus discursos que al llegar al poder regresaría a los militares a sus cuarteles, refiriéndose a que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) atenderían estrictamente sus labores constitucionales, entre ellas, la defensa del territorio, garantizar la alternabilidad en el poder y el apoyo en caso de emergencias nacionales. No se supo si Castro se refería a las tareas de las FF.AA. en el área de la seguridad pública o si se reformaría la Constitución de la República donde también se le asignan otras tareas civiles que no deberían estar bajo la tutela militar.

La familia de Castro venía de enfrentar un Golpe de Estado donde la institución castrense tuvo un papel protagónico al capturar al depuesto presidente Manuel Zelaya enviándolo en un avión militar a Costa Rica. Posteriormente, las FF.AA. junto con la Policía Nacional estuvieron involucradas en «la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y agresiones a periodistas», según un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El discurso de Castro en 2013 respondía al repudio que se ganaron las FF. AA. por parte de la ciudadanía.

Desde ese entonces, y con el impulso de la administración autoritaria de Juan Orlando Hernández, miembros de las FF. AA. avanzaron considerablemente en la influencia gubernamental, llegando a ostentar cargos como directores, ministros, interventores y consejeros de instituciones civiles. Sin embargo, ahora se enfrentan a la victoria de quien quería regresarles a sus cuarteles, aunque mantenga esa promesa de forma menos confrontativa. Castro ahora promete en su plan de gobierno «asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana».

El periodo turbulento de Tito Livio Moreno

Previo a la llegada del nuevo gobierno, Tito Livio Moreno concluyó su período como jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., una institución señalada de ser parte de la estructura criminal que le dio poder al narcotráfico en Honduras en las últimas décadas, según menciones de testigos y fiscales en juicios contra narcotraficantes hondureños en Estados Unidos.

Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras | 2021
Tito Livio Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, durante un acto oficial con el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tegucigalpa, 23 de noviembre de 2021. Foto: Archivo Contracorriente/ Martín Cálix.

En marzo de este año se llevó a cabo el juicio en contra de Geovanny Fuentes, un capo del narcotráfico en Honduras al que los fiscales señalaron como socio del presidente Juan Orlando Hernández. Ese juicio salpicaba a un alto oficial del Ejército y a un ex comisionado de la Policía Nacional, demostrando que Fuentes Ramírez recibió apoyo y asistencia de miembros de las FF. AA. y del gobierno para proteger sus cargamentos de droga.

Previo a ese juicio y que se declarara culpable a Fuentes, ante los señalamientos en contra del actual presidente y la institución castrense, Tito Livio Moreno aseguró que eran interpretaciones de medios de comunicación y que los entes legales en Estados Unidos hacían las menciones sin ser específicos. Además, recalcó el supuesto trabajo del actual presidente en la lucha contra el narcotráfico.

En reiteradas ocasiones, Moreno ha evitado pronunciarse sobre el conocimiento que tenían las FF. AA. acerca de las actividades de estos narcotraficantes. Esto incluye al excongresista Juan Antonio Hernández, hermano del presidente y declarado culpable el pasado 30 de marzo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cuatro cargos que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionados con el narcotráfico, incluyendo el envío de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

«Yo no quiero ser irresponsable y opinar en temas que no me compete, yo solo puedo decir sobre el gran trabajo que ha hecho el Estado contra el narcotráfico, hay que ser objetivos y lo que queremos es que se valoren los esfuerzos que se han hecho, no hay que seguir denigrando ni difamando, no somos los peores del mundo», apuntó en marzo el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto.

Pero las FF. AA. sí han sido recompensadas y no solamente desde el golpe de Estado. El gobierno de Manuel Zelaya fue el que inició el proceso de dar más protagonismo a esta institución con la instalación de una junta interventora militar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en 2007.

Sin embargo, fue desde la llegada de Porfirio Lobo a la presidencia en 2010 y con el liderazgo actual de Tito Moreno, que la institución castrense ha tenido un papel rescatista en todas las instituciones con sospechas de corrupción o mala administración. Ese ha sido el caso del Hospital Escuela Universitario, uno de los principales centros asistenciales del país; el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) y quizá la institución de gobierno más importante en los últimos dos años de pandemia: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H),  que carga con los señalamientos de corrupción por compras sobrevaloradas y el fracaso en la puesta en marcha de Hospitales Móviles (valorados en 47 millones de dólares) destinados a atender a pacientes graves de COVID-19.

Durante la emergencia por la pandemia, vimos a las FF. AA. en programas que van desde el asistencialismo hasta la administración de hospitales; sin embargo, la Secretaría de Finanzas omitió en la rendición de cuentas de la pandemia el presupuesto que ejecutaron y pasaron desapercibidas la mayoría de las compras de insumos y medicamentos para sus unidades.

Contralmirante José Jorge Fortín asumirá como jefe del Estado Mayor Conjunto | ¿Quién es José Jorge Fortín? nuevo jefe de las FF. AA |
Formación de un pelotón del Ejército hondureño que participaron de las brigadas médicas contra la Covid-19 de la Secretaría de Salud donde las Fuerzas Armadas se sumaron para garantizar la seguridad del personal médico en barrios y colonias. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Archivo Contracorriente/ Martín Cálix.

Además, el presupuesto de la Secretaría de Defensa, al igual que el de salud, educación, energía y seguridad, no fue parte de la reducción del 2 % establecido a través del decreto ejecutivo PCM 020-2020 para todas las instituciones del sector público no financiero para atender la emergencia.

Celeste Espinoza, coordinadora de la Comisión Técnica de Transición del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, explica que las FF. AA. están adscritas a ese gabinete que tiene las facultades para ocultar información del presupuesto ejecutado, por lo que con la transición del nuevo gobierno se plantea derogar la Ley de Secretos y abrir la información del gasto público. La comisión del próximo gobierno recopila información que aclare el estado económico de las instituciones, incluyendo a las FF. AA. lideradas por Moreno.

«Hemos encontrado unidades y direcciones que no sabemos exactamente cómo operan internamente y eso tiene que ver con la naturaleza del gabinete y todo el régimen de secretos establecido en los últimos 12 años», apunta Espinoza.

Espinoza también explica que hay partidas presupuestarias que no tienen un destino rastreable, y que el resultado de los programas no corresponde al enorme recurso que se les asigna. Además, cuenta que más del 90% de los recursos de las secretarías de seguridad y defensa se gasta en pagar salarios a militares y policías, un fondo que no sale de recursos propios ni del tesoro nacional, sino que se suma al endeudamiento público.

Un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), apuntó que, a pesar del incremento de su presupuesto, las Fuerzas Armadas siguen sin rendir cuentas ante los mecanismos civiles de control. Entre 2014 y 2022, el presupuesto de la Secretaría de Defensa aumentó de aproximadamente 5 mil millones de lempiras a más de 9 mil millones de lempiras.

«La falta de transparencia en la ejecución de su presupuesto se ampara en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, al considerar que el manejo de sus fondos es un secreto de Estado», denunció el informe.

Sobre la situación en la que dejan a este sector las autoridades actuales, Celeste Espinoza concluye que «tenemos un gabinete que depende del endeudamiento público y con muy pocos resultados a nivel programático».

Antes de las elecciones del 28 de noviembre, Contra Corriente consultó a través de una encuesta para el sitio “A quién elijo” a los candidatos de Libre a diputados y alcaldes su opinión sobre algunos temas relacionados con las FF.AA. De un total de 89 candidatos que respondieron la encuesta, 84 dijeron no estar de acuerdo con las funciones actuales de la Policía Militar y 65 dijeron estar de acuerdo con una reforma de las Fuerzas Armadas con observación internacional. De los restantes partidos que integran la alianza «de hecho» que posibilitó el triunfo de Xiomara Castro, respondieron a esas preguntas 38 candidatos. De ellos, 29 dijeron estar de acuerdo con una reforma de las Fuerzas Armadas con observación internacional y todos (38) dijeron estar en desacuerdo con las funciones de la Policía Militar.

Una reforma de las Fuerzas Armadas con observación internacional no ha ocurrido en Honduras y es una condición necesaria para definir con transparencia el rol de los ejércitos en las democracias, sobre todo cuando éstas -como fue el caso de Honduras en los años noventa- fueron instauradas luego de largos períodos autoritario militares o bien sufrieron quiebre institucionales con participación directa de los militares -como fue el caso del golpe de Estado de 2009-.

La urgencia de la desmilitarización

El informe de WOLA apunta que «la creación de unidades como la Policía Militar del Orden Público (PMOP), de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y de la unidad policial militarizada TIGRES, ha institucionalizado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en las tareas policiales y, por ende, debilitado la institucionalidad civil en materia de seguridad».

Esta organización es uno de los múltiples denunciantes que han advertido el impacto de la militarización de la seguridad sobre los derechos humanos. En el mismo informe apuntan que «se evidencia que el involucramiento de algunos militares en tareas de seguridad pública ha implicado abuso y uso excesivo o ilegítimo de la fuerza».

Ahora, ante las promesas del nuevo gobierno de desmilitarizar el Estado, diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su esperanza en que la nueva administración detenga la represión y criminalización de líderes sociales por parte de operadores de justicia y de las fuerzas de seguridad.

Sobre esto, Edy Tabora, del Bufete para la Justicia de los Pueblos, apunta que dicho proceso no será sencillo ni en un futuro inmediato. Explica que hay que considerar que las FF. AA. han evolucionado desde 2009, por lo que tienen muchas herramientas de presión hacia el nuevo gobierno.

«Ni siquiera sabemos con exactitud cuántos elementos tienen, sumado al armamento que han obtenido, los mecanismos de inteligencia; dependerá mucho de las exigencias sociales sobre ellos, por mientras, se pueden recuperar espacios en las instituciones públicas y en la rendición de cuentas que deberían enfrentar por las graves violaciones a derechos humanos producidas en los últimos años», señala.

Contralmirante José Jorge Fortín asumirá como jefe del Estado Mayor Conjunto | ¿Quién es José Jorge Fortín? nuevo jefe de las FF. AA | Juan Orlando Hernández junto a Mauricio Oliva, presidente del congreso Nacional | 2021 | 2022
El presidente Juan Orlando Hernández junto Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, durante los actos de protocolo para el día nacional del soldado. Tegucigalpa, 19 de octubre de 2019. Foto: Archivo Contracorriente/ Martín Cálix.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, reveló que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales de 2017 dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido apuntaron que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes.

Puntualmente, señalan que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía y que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños. Ninguno de esos casos ha obtenido una resolución.

Sobre el proceso de desmilitarizar la seguridad pública, Víctor Meza, analista del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), apunta que se tendrá que establecer la línea divisoria entre la defensa externa del territorio y su integridad plena, como tarea de los militares y la defensa del orden público interno, como tarea de la policía.

Celeste Espinoza, quien además pertenece a la militancia del partido LIBRE, asegura que la promesa de desmilitarizar la administración pública se mantiene, pero depende de otros factores, principalmente de «la apertura que tengan las Fuerzas Armadas a reconsiderar y renegociar su papel en la sociedad».

«Sería muy juicioso de su parte considerar que al renunciar a estás funciones y dárselas a quienes verdaderamente tienen el mandato para eso, significa reducir su carga y que ellos puedan finalmente dedicarse a lo que deberían que es defender la soberanía nacional», concluye Espinoza.

En ese sentido, Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Eric-sj), recuerda que incluso con el actual gobierno hubo promesas de desmilitarizar la seguridad pública y que no se cumplieron por lo que este ámbito representa un reto para el nuevo gobierno.

Mejía señala que en 2016, el estado de Honduras, a través de la exministra Carla Cueva como representante, se comprometió a iniciar el proceso de desmilitarización ante el Comité contra la Tortura de Ginebra y que «obviamente fue toda una mentira porque a las dos semanas de regresar de Ginebra se estaba inaugurando un batallón de la Policía Militar».

«Que no pase lo que pasó en otros gobiernos en la década de los noventa, que se comenzó el mismo proceso, pero quedó inconcluso», apunta.

Jefe de las FF. AA. en suspenso

Según la Constitución de la República el jefe del Estado Mayor Conjunto debe ser nombrado por el presidente de la República, por lo que la asignación del comandante José Fortín Aguilar tendría que ser provisional.

Sin embargo, Víctor Meza apunta que «si la intención fue nombrar una nueva Junta de comandantes como un acto de desafío al nuevo gobierno, las cosas pueden resultar complicadas», pero también señala que puede ser un acto administrativo normal con el objetivo de llenar el vacío entre el 21 de diciembre que termina el periodo de la actual junta y el 27 de enero que toma posesión el nuevo gobierno.

«La ley establece claramente que la nueva presidenta debe nombrar al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Lo mejor es que lo escoja en base a méritos y respetando el escalafón profesional», concluye Meza.

El comandante José Fortín Aguilar fué nombrado como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Foto: Fuerzas Armadas de Honduras. 2021
El comandante José Fortín Aguilar fue nombrado como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Foto: Fuerzas Armadas de Honduras.

Cuando se anunció que Xiomara Castro era la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Tito Livio Moreno apuntó que estaban listos para trabajar con la nueva autoridad y se mencionaba que podría extender su mandato hasta el traspaso de mando, hecho que no ocurrió.

Joaquín Mejía apunta que los cambios en la actitud de las FF. AA. ante el nuevo gobierno y el nombramiento de una junta provisional podrían tener otra lógica. Según esa fuente, esto tiene que ver con la caída del poder que ha sostenido al régimen autocrático de Juan Orlando Hernández.

«Las fuerzas armadas han actuado todo este tiempo como sicarios con uniforme que se venden al mejor postor y ahora que están viendo que el barco se hunde, simplemente lo que hacen es mantener una posición de consentimiento frente a la nueva realidad que se les viene, pero el nuevo gobierno tiene un desafío grande ante uno de los logros del régimen que es establecer las Fuerzas Armadas como la única institución capaz de salvar la democracia de nuestros enemigos: los narcos, los mareros, los sicarios y extorsionadores. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa, realmente la Fuerza Armada han servido para proteger el narcotráfico y para proteger narcotraficantes», concluye Joaquín.

El próximo 27 de enero tomará posesión en la presidencia de la república Xiomara Castro quien ha prometido un Gobierno de unidad y reconciliación. Pero esto dependerá de qué tanto la alianza «de hecho» que firmaron Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) se mantenga después de definir quién presidirá el Congreso Nacional, si se cumple la promesa de que Salvador Nasralla elija al presidente de ese poder a pesar de que su partido no está logrando una bancada numerosa. Entrevistamos a Pedro Barquero, co-coordinador de la comisión de transición nombrada por la presidenta electa para saber el futuro cercano de esta alianza y sus planes para los primeros cien días de gobierno.

Por Jennifer Avila
Fotografías: Archivo Contracorriente /Martín Cálix


Un día después de las elecciones, después de una noche de fiesta en la sede de Libre por los resultados preliminares que daban a Xiomara Castro un triunfo que no se logró revertir posteriormente, Castro convocó a una comisión de transición y nombró a su hijo Héctor Manuel Zelaya quien coordinó su campaña política y a Pedro Barquero gerente de campaña del Partido Salvador de Honduras (PSH) para ser coordinadores con la responsabilidad de conformar equipos para diseñar la estrategia de la alianza para responder a las demandas inmediatas en los primeros cien días de gobierno.

Los últimos días hemos visto tensiones en la alianza debido a las irregularidades demostradas en el nivel electivo de diputaciones donde Libre a pesar de ir conformando una bancada numerosa sigue sin llegar a la mayoría y el PSH apenas llega a diez diputados. Antes de las elecciones, Manuel Zelaya Rosales, presidente del Partido Libre hizo un acuerdo con Salvador Nasralla del PSH en el que se haría una alianza política para que Xiomara Castro ganara la presidencia y Nasralla eligiera la presidencia del Congreso Nacional. En la última semana se han hecho públicas declaraciones tanto de miembros del PSH como del Partido Libre postulando diputados de ambos partidos para ocupar la presidencia de la junta directiva del Congreso Nacional. Algunos nombres que suenan son Jorge Cálix de Partido Libre y Luis Redondo del PSH, pero también se ha dicho que el propio Salvador Nasralla podría autonombrarse. Todas estas especulaciones han aumentado un clima de tensión en una alianza que tiene el reto de mantenerse unida antes de tomar posesión.

El empresario Pedro Barquero (PB), conocido antes de tomar las riendas del PSH por ser el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y por su compromiso por la lucha anticorrupción parece ser la pieza clave para mantener esta alianza unida y para generar un balance en los planes de gobierno de ambos partidos y definir prioridades para los primeros cien días. Barquero asegura que la alianza es «inseparable» y que ya están trabajando en las prioridades para responder a las demandas del pueblo hondureño, pero también de otros actores como la empresa privada y organizaciones de sociedad civil en temas de lucha anticorrupción. Barquero asegura que como comisión de transición están asegurando «arrancar con temas que unan al pueblo hondureño y no que lo dividan».

CC. Esperamos los resultados más concretos para conocer la conformación del nuevo Congreso Nacional después de unas elecciones históricas por el nivel de participación, pero esa parte de la elección también reveló irregularidades y problemas del sistema, ante esa incertidumbre y la promesa de que Salvador Nasralla elegirá la presidencia del Congreso, ¿hay un riesgo de ruptura de la alianza?

PB. No hay ningún riesgo de que se rompa la alianza, nosotros tenemos una relación sólida y más que una alianza lo que tenemos es una hermandad entre el Partido Libre y el PSH, ambos hemos sido víctimas de esa manipulación a nivel de diputados, a Libre le han quitado diputados y al PSH también. Desde el inicio, dos o tres días después de las elecciones que se comenzó a ver esas inconsistencias en las actas comenzamos a reunirnos a diario con el coordinador del Partido Libre (José Manuel Zelaya) y el presidente del PSH (Salvador Nasralla) y los abogados de ambos partidos para diseñar estrategias legales que son precisamente las que dieron como resultado el conteo voto por voto de las urnas que fueron sujetas de reclamo. Hay muchos intentos de separarnos, a veces personas hacen comentarios para ponernos a pelear, algunos medios de comunicación tiran unas noticias para generar esto, pero nosotros estamos firmes y nada de esto nos va a separar porque al final de cuentas tenemos el objetivo común de mejorar Honduras desde la presidencia de Xiomara Castro y a través de la unidad en el Congreso entre Libre y el PSH.


CC. ¿Hay un plan de gobierno de la alianza como tal?

PB. No solo al momento de hacer la alianza, las circunstancias cambian. Ahorita lo que estamos haciendo es cumpliendo la promesa de campaña de hacer un gobierno de integración, de unidad y democrático, escuchando al pueblo, escuchando a la gente, escuchando a los sectores. Estamos haciendo unos equipos de trabajo para coordinar las acciones entre sociedad civil y el pueblo hondureño y el Gobierno electo para definir las políticas públicas que se van a implementar en los primeros cien días, y el trabajo comenzó el 29 de noviembre en la madrugada cuando tuvimos la primera reunión con la presidenta electa y en la mañana comenzamos a tener los primeros acercamientos con los sectores de sociedad civil. Específicamente al equipo del cual yo formo parte nos asignaron siete temas: la generación de empleo, la reactivación económica, la parte de la deuda del Gobierno, la parte fiscal, el presupuesto general de la república, el tema de la ENEE y el tema anticorrupción. Se están conformando otros equipos de trabajo para ver temas sociales importantísimos como la salud, la educación y la seguridad. Del tema económico depende todo, del dinero depende la generación de empleo, depende la reducción de la pobreza, depende que el Gobierno tenga incluso para hacer la inversión social. Este Gobierno estará muy enfocado en los temas sociales, pero para que eso pueda ser una realidad tenes que tener una economía fuerte, creciente, dinámica y generando empleo.


CC. 
¿Cómo van a recibir el Estado? ¿Cómo van a garantizar una transición transparente con el Gobierno saliente?

PB. El tema de la corrupción es bastante complicado, este Gobierno fue altamente corrupto, retrocedimos alrededor de 49 posiciones en el índice de transparencia internacional, el índice de percepción de corrupción y eso se ve reflejado en otros indicadores, estos últimos días están pasando un montón de decretos y contrataciones que son poco éticas porque lo que están haciendo es quedar bien con su gente, beneficiando por su afiliación partidaria y dejándonos a nosotros con presupuestos comprometidos para el otro año que nosotros los necesitaríamos para responder a las demandas sociales del país, entonces seguimos con la corrupción de este Gobierno. Es lamentable cómo a pesar de ver la manera contundente en que el pueblo hondureño les dijo que no quiere más corrupción continúan actuando de manera poco ética en los últimos cincuenta días de este Gobierno.

Por otro lado ya hemos tenido acercamiento con autoridades del Gobierno actual para poder avanzar en el periodo de transición y nuestro objetivo es llegar y ser productivos desde el día uno, por eso estamos desde el 29 de noviembre diseñando políticas públicas y haciendo estas reuniones para poder recibir una información básica de parte del Gobierno para comenzar a trabajar desde el 27 de enero. Hay un proyecto que lo empezó a hacer el PNUD desde hace varios meses que era precisamente para la transición y es un sistema que se ha implementado en muchos países del mundo con un sistema informático en el que se sube la información y luego el nuevo Gobierno electo tiene acceso al sistema y allí tenemos acceso a alguna información, obviamente no está toda y no está el nivel de detalle, pero sí te formas una idea más formal.


CC. ¿Qué tanta confianza tienen en el TSC que será fundamental en este momento para conocer la situación administrativa del Estado?

PB. Nosotros vamos a trabajar con todos los operadores de justicia, pero también con organizaciones independientes, por ejemplo, ya hicimos los acercamientos con el CNA y ya llegamos un acuerdo de que ellos tendrán las puertas abiertas en todas las instituciones del nuevo Gobierno, ellos nos van a ayudar a hacer auditorías forenses en muchas de las instituciones y también porque el tema no es solo combatir la corrupción sino prevenirla, entonces nos ayudarán a tener mecanismos de prevención de la corrupción. Va en dos vías, establecer los controles y tener la veeduría social del CNA y otras organizaciones para prevenir que haya corrupción de ahora en adelante y el otro tema son las auditorías de lo que ha pasado de aquí para atrás para que haya una consecuencia para las personas que tomaron dinero de forma ilícita para que no vayan a quedar en la impunidad. Obviamente para tener una lucha efectiva contra la corrupción es necesario hacer un montón de cambios en el Congreso, derogar la Ley de Secretos, el Código Penal de la impunidad, la ley de ZEDE, para que los operadores de justicia puedan tener herramientas para combatir la corrupción y la impunidad. Estas leyes aprobadas fueron producto de una colusión perversa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que se dedicaron a cambiar el estamento legal para beneficiar la corrupción y el narcotráfico en el país entonces nos toca darle vuelta a eso.


CC. Regresando al Congreso que tendrá la tarea de elegir fiscal, magistrados de la Corte, ¿va a depender mucho de esa elección qué tanto se pueden judicializar los casos? ¿Qué papel va a jugar el Partido Liberal que tiene una bancada grande y definitiva para las negociaciones en el Congreso?

PB. Hay diputados electos del Partido Liberal que son personas que a lo largo de su vida han demostrado que tienen un compromiso con el país, hay otros que han sido señalados por temas ilícitos y eso es lamentable. Dentro del Partido Liberal hay varios diputados que seguramente se nos van a unir para combatir la corrupción e impunidad.


CC. ¿Yani Rosenthal qué papel jugará?

PB. No sé, no sé cómo está la conformación del poder en el Partido Liberal, pero él es presidente de su partido y fue el candidato presidencial así que algún nivel de influencia debe tener sobre la bancada.

CC. ¿No han tenido acercamientos como comisión de transición con Yani Rosenthal?

PB. Como comisión de transición no.

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El empresario sampedrano, Pedro Barquero, director de campaña del Partido Salvador de Honduras, durante el anuncio de la alianza entre los partidos Libre y PSH para la prensa nacional. Esta alianza conservó como candidata presidencial a Xiomara Castro y Salvador Nasralla como primer designado presidencial. Tegucigalpa, 13 de octubre de 2021. Foto: Martín Cálix.

CC. El Gobierno de Xiomara ha levantado altas expectativas y eso se convierte en presiones, sobre todo en los primeros cien días ¿Cómo van a responder a las presiones sobre todo del sector privado en estos primeros cien días?

PB. Las presiones más importantes son las demandas sociales, las del pueblo hondureño, por salud y educación y para eso ya estamos trabajando en el retorno a clases y es importantísimo que nuestros niños regresen a clases y no sigan perdiendo. Otra es la salud, necesitamos asegurarnos de tener atención primaria en el interior del país porque lo que tenemos ahora es que los hospitales de las ciudades están completamente congestionados porque no hay una debida atención en otros lugares del país, el abastecimiento de medicinas, equipamiento, infraestructura hospitalaria… Otra prioridad es el tema anticorrupción que estamos moviendo, la presidenta Xiomara Castro ya le hizo una solicitud informal a Naciones Unidas para comenzar el trámite de traer la Cicih al país, pero la solicitud formal no la puede hacer hasta el 27 de enero que ella entre en funciones. También ya hicimos acercamientos con el CNA para tener avances desde el día uno y también hicimos acercamientos con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) que hizo un proyecto financiado por Usaid para evitar la corrupción en los procesos de contratación del Estado, hemos hecho un montón de contactos y hemos avanzado en ese tema. El tema de economía es importante para tener los recursos que nos van a ayudar a financiar todo lo demás, allí la idea es poder ser facilitadores de la inversión que podamos traer capitales nacionales y extranjeros para invertir en el país y generar empleo que tanto necesitamos y eso nos va a ayudar a reducir la pobreza y a tener un crecimiento económico que va a contribuir con la recaudación tributaria para poder hacer frente a las necesidades sociales del pueblo hondureño.


CC. Xiomara Castro ha dicho a través de Twitter que va a revisar ciertos contratos y ustedes se han expresado públicamente con respecto al tema de la ENEE, al concesionamiento del aeropuerto de Palmerola, cosas muy críticas, ¿está preparado el Gobierno para enfrentar esto, cortar contratos que pueden generar demandas o para enfrentarse a estos empresarios que han tenido herramientas para garantizarse los beneficios con el Estado?

PB. Nosotros no haremos nada que ponga en riesgo de que nos demanden y que vayamos a perder, vamos a tener el cuidado de hacer las cosas bien, de escudriñar bien los contratos, los procesos y asegurarnos de tener los elementos para poder sentar a los contratistas y renegociar los contratos en beneficio del pueblo hondureño sin necesidad de ir a un juicio, por otro lado estamos listos para hacerle frente a cualquiera que atropelle los intereses del pueblo hondureño. Ese es uno de los cambios más grandes que vamos a generar en el país.


CC. ¿Con el tema de la energía se ha pensado en revisar las contrataciones de generación de energía no solamente el contrato con la EEH o el debilitamiento de la ENEE?

PB. Todo se va a revisar, en la ENEE se va a hacer una auditoría forense para revisar qué es lo que ha estado pasando y por qué se han perdido más de 70,000 millones de lempiras en la última década, es una pérdida enorme, eso ha representado en los últimos años prácticamente la mitad de todo el déficit fiscal y allí desde sociedad civil antes de estar en política, muchas organizaciones exigíamos esa auditoría forense al Gobierno actual y ahora se va a hacer y se va a deducir responsabilidades a las personas que se encargaron de debilitar la estatal.


CC. En estas contrataciones de generación de energía está la gran mayoría de la élite hondureña ¿qué reacciones esperan ante la revisión de esto?

PB. Lo que esperamos es que colaboren porque el país no puede seguir de esta manera, hemos tenido acceso a la información de que hay empresas que tienen contratos de generacion de energia que se les paga 10 centavos y a otras con la misma generación se les paga 20, y eso no es posible esa diferencia es enorme, hay que meter mano allí y hay que renegociar los que están demasiado caros.


CC. Con el tema de las demandas sociales, sabemos que los movimientos sociales que han estado por muchos años oponiéndose a proyectos extractivos tienen demandas muy claras para este Gobierno que entra y se contraponen a los intereses de la empresa privada ¿cómo van a manejar esto?

PB. Lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio entre el respeto al medioambiente, el respeto a los pueblos originarios y el desarrollo económico, el problema es que esto ha estado desbalanceado aquí, el reto de este Gobierno es precisamente encontrar un equilibrio, asegurarnos que se respete el medioambiente, los pueblos originarios, que al mismo tiempo tengamos inversión y se genere desarrollo y oportunidades para el pueblo hondureño. Hay países que lo han logrado con enormes inversiones en todas las industrias y tienen un éxito rotundo en el cuidado del medioambiente y los demás aspectos sociales y esas experiencias habría que adaptarlas a nuestra realidad con el objetivo de crear este equilibrio y podamos coexistir.


CC. ¿Ya se han reunido con los empresarios de la ZEDE que son los que se han sentido más amenazados con la llegada del nuevo Gobierno?

PB. No, todavía no nos hemos reunido con ningún empresario que tenga ZEDE, pero el mensaje desde la campaña ha sido claro, la ley de las ZEDE se va a eliminar y las personas que han venido a invertir al país son bienvenidas a quedarse siempre y cuando sea en el marco legal y el respeto a nuestro constitución y nuestra soberanía y no bajo el marco ilegal e inconstitucional.


CC. Otra de las demandas fuertes son las de las mujeres sobre todo en el tema de derechos sexuales y reproductivos como la aprobación de la pastilla anticonceptiva de emergencia y la aprobación del aborto por las tres causales, ¿esto se va a mantener en un plan de gobierno de la alianza o es algo que se va a posponer?

Ahorita estamos arrancando con los temas anteriormente mencionados y lo que nos estamos asegurando es arrancar con temas que unan al pueblo hondureño y no que lo dividan, este posiblemente no sea el momento de tocar temas que van a generar división en el pueblo hondureño cuando lo que quiere la presidenta electa es unir en los temas que nos interesan a todos como la anticorrupción, la generación de empleo, el cuidado del medioambiente y esas son las prioridades para arrancar el nuevo Gobierno.


CC. ¿De qué depende y de quién depende que esta alianza tenga éxito y que pueda mantenerse este Gobierno como uno de reconciliación y unidad?

PB. Depende de que todos pongamos al país antes que nosotros mismos, en el momento que comencemos a pensar en intereses particulares en ese momento ponemos en riesgo el camino que debe tomar el país, debemos anteponer la colectividad si eso es así todos vamos a crecer y a estar mejor, pero si caemos en el egoísmo que ha primado en los últimos años vamos a tener pequeñas clases privilegiadas a costa del incremento de la pobreza de la gran mayoría.

Aclaración: La reunión para la conformación de la comisión de transición se realizó tras la conferencia de prensa realizada la noche del 28 de noviembre en la sede del Partido Libre mientras la militancia de este partido celebraba el triunfo de Xiomara Castro, presidenta electa.

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