La impunidad que rodea estos casos es grande. Entre 2010 y 2019 apenas 35 % de los casos de muertes violentas que recibió el Ministerio Público ingresaron a la Corte Suprema de Justicia. Muchos de estos crímenes no pasan la cortina de hierro de un Ministerio Público que no prioriza esta emergencia.

Hay fallas en el sistema, y uno de los problemas más graves es la tipificación errónea de los delitos. Por ejemplo, a pesar de que el artículo 208 del Código Penal describe como femicidio agravado que el victimario «haya sido o fuera pareja de la víctima», entre enero de 2015 y agosto de 2023 el Ministerio Público ingresó a sus bases de datos 21 casos tipificados de parricidio (de los 100 casos ocurridos en ese período de tiempo) en los que el denunciado tenía o había tenido una relación de pareja con las mujeres.

Pero la justicia no solo les queda debiendo a las mujeres; también las agrede. En Honduras hay casos de mujeres procesadas injustamente por el delito de aborto tras sufrir emergencias obstétricas mal atendidas en el sistema de salud. Con pruebas inconclusas y afectadas por estereotipos de género, las mujeres son sometidas a largos procesos judiciales, re victimizantes y agotadores; el papel del Ministerio Público es usualmente el que menos las favorece.