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Castor Energy: la continuidad del asesinato de Berta Cáceres

La tarde del 20 de febrero de 2016 en la Plaza Cívica del municipio de San Francisco de Ojuera, Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista, encabezaba su última gran movilización en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En un comunicado emitido ese mismo día a través de la organización que lideraba: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), denunciaba a quienes apoyaban este proyecto que buscaba explotar  —para la producción de energía— el río Gualcarque (sagrado para el pueblo lenca). Doce días después de esa movilización, fue asesinada en su casa en el municipio de La Esperanza, Intibucá. Entre las instituciones y empresas que denunció estaba Castillo Torres Energy (Castor Energy), empresa que cuatro años después se encuentra en negociaciones para concretar la instalación de una hidroeléctrica en el río Güince, perteneciente al municipio de San Francisco de Ojuera y afluente con el río Gualcarque.

Ante la amenaza que representa la instalación de este proyecto extractivo, unos pocos pobladores de esa comunidad dicen extrañar el liderazgo de Berta Cáceres, sobre todo en estos momentos que se enfrentan no solo a la venta de sus recursos, sino que además tienen que sobreponerse al miedo que generó su asesinato. Aún el eco de su voz es escuchado por algunos que la recuerdan como una de las líderes indígenas más importantes de Latinoamérica. 

La lucha inaccesible en San Francisco de Ojuera

Para llegar al casco urbano de San Francisco de Ojuera, los pobladores que regresan de sus trabajos, en municipios aledaños, tienen que esperar un aventón. Los cinco buses de entrada al municipio solo pasan dos veces al día y la llegada a pie desde el desvío de la carretera principal puede llevar horas sobre un camino de tierra. Algunos pobladores tienen motos y animales de carga, pero —ante la falta de oportunidades económicas— son una minoría. Después de adentrarse en la montaña y sortear todas las curvas del camino, se llega a San Francisco de Ojuera. La belleza del pueblo es notable, sus casas mantienen el estilo colonial, a pesar de la llegada aparente de las remesas desde Estados Unidos. Es un pueblo en el que sus habitantes sobreviven principalmente del cultivo de arroz, frijoles y maíz.

«San Francisco está rodeada de agua. Güince, Ulúa y Gualcarque redondean San Francisco con agua», señala Menchita, una mujer de 48 años que tiene una pequeña abarrotería y pertenece al pequeño grupo de personas que han decidido oponerse, de manera pública a la explotación de los ríos que le pertenecen a la comunidad. Menchita estuvo en 2016 cuando Berta se paró frente a la Alcaldía Municipal para explicar las consecuencias ambientales de la instalación de un proyecto hidroeléctrico; también escuchó cuando Plutarco Mejía, entonces vicealcalde del municipio, amenazó a la líder del COPINH. «Es triste que otras personas vengan a querer enriquecerse con lo poquito que tenemos y que vengan a destruirlo», dijo Menchita.

A pesar de que en 2017 se oficializó la suspensión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, los problemas para los habitantes de la comunidad, que se oponían a la venta de los ríos, no terminaron. La central hidroeléctrica El Molo, que pertenecía a la empresa Castor Energy, continuó trabajando —con el apoyo del alcalde Raúl Pineda— para cumplir con el contrato de producción de energía renovable que firmaron con la ENEE en 2012. Según dicho contrato, se tendrá una potencia de producción de energía instalada de 3.9 megavatios, considerablemente menor que los 21 megavatios de energía que se esperaban producir en el Gualcarque con la represa Agua Zarca de DESA. El proyecto hidroeléctrico El Molo aún espera ser instalado en el río Güince, que desemboca en el Gualcarque. El caudal del río Güince es bajo durante el verano, pero sigue siendo suficiente para los pobladores de la aldea Molo que se encuentra justo al lado y que lo utilizan para bañarse, lavar ropa y hacer algunos lempiras en Semana Santa, ya que lo adaptan para usarlo como balneario. 

Un hombre camina junto a la Plaza Cívica Prof. Raúl Pineda P., nombrada así en honor al ex alcalde Raúl Pineda, San Francisco de Ojuera, 4 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Menchita recuerda que dos meses después que el alcalde Fredy Cabrera asumiera la dirección del municipio, convocaron a la comunidad a un cabildo abierto al que también asistieron representantes de Castor Energy. El grupo de defensores y defensoras del ambiente se quería quedar fuera del salón donde se llevaba a cabo el evento, pero funcionarios de la municipalidad les obligaron a entrar y firmar una lista de asistencia. Desde esa ocasión, Menchita, no volvió a asistir a una reunión convocada por la municipalidad. «Aquí, en este pueblo, han aprobado proyectos de mala manera y han agarrado la costumbre que con base en las firmas de asistencia aprueban los proyectos. Un representante de la empresa comenzó el cabildo y dijo: “creo que con esto es suficiente para aprobar el proyecto, suficientes firmas”», comenta, y mientras manifiesta su enojo le pide a su hija menor que atienda al cliente que ha llegado a comprar un refresco ante el fuerte calor.

La  maquinaria  de la planta hidroeléctrica El Molo, abrió caminos e instaló un plantel inicial donde guardaban sus equipo. No hubo proceso de consulta previa, libre e informada para la comunidad. La aprobación del proyecto de ley de Consulta Previa e Informada se encuentra en discusión después de que en 2018 el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) entregó a Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, la iniciativa de anteproyecto. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el COPINH ya habían hecho un anteproyecto de este tipo, sin embargo no se tomó en cuenta a la hora de constituir el actual, por lo que se oponen a la regulación que intenta aprobarse desde el Congreso.

Instalaciones de una bodega en abandono de la empresa Castor Energy en la comunidad de Molo, San Francisco de Ojuera, 5 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Desde 2014 la corporación municipal de San Francisco de Ojuera tenía un opositor en su propia mesa: el regidor José Hernández. Chechito, como le dicen en la comunidad, cuenta que después de oponerse a la «corrupción» de Raúl Pineda, también confrontó al actual alcalde: «le dije: usted es bruto, mire el problema con el que viene Pineda por permitir esa represa de Agua Zarca y usted viene a vendernos el otro río, ¿es bruto o qué pasa?». Chechito, quien además es un empresario de la construcción, ganó popularidad entre los pobladores del municipio al oponerse al proyecto, que bajo falsos argumentos, pretendió engañar a una gran mayoría asegurando que llevaría empleo y proyectos sociales a esa lejana y olvidada comunidad. «No nos van a quitar lo que es de nosotros, no nos trae beneficio real en la parte económica y además nos deja daños ambientales», aseguró. José Hernández dijo no tener miedo y estar dispuesto a «rajarse la madre» con quien sea por defender el río Güince.

Según el testimonio de los pobladores de la comunidad, la construcción de la hidroeléctrica se paralizó a inicios de 2018. Los ingenieros a cargo del proyecto, dijeron que la causa era la falta de financiamiento ya que los bancos no querían meterse en problemas después del asesinato de Berta Cáceres.

Cuando en las oficinas de la Alcaldía Municipal se solicita información sobre el proyecto, todos parecen ponerse nerviosos. Dicen que no pueden dar declaraciones sin la autorización del alcalde que, justo en ese momento, se encuentra en Tegucigalpa realizando trámites de la municipalidad. En una llamada, el alcalde Fredy Cabrera le prohíbe a la secretaria dar información sobre la hidroeléctrica que, por cierto, desde hace unos meses ha prometido regresar pronto a la comunidad. La única dispuesta a dar una opinión sobre el proyecto es Eny Pineda, vicealcaldesa del mismo partido político del alcalde, quien manifiesta no estar a favor de la instalación de un proyecto que afecta los ríos y que rompe con la tradición en favor de los proyectos de energía renovable que lleva su partido. Como vicealcaldesa no tiene voto en las decisiones de la corporación municipal, por lo que su oposición se vuelve un asunto de convicciones: «Yo no quisiera que un río se tocara, yo lo que quisiera es que todos colaboráramos, reforestáramos y cuidáramos las cuencas. Yo no estoy de acuerdo ni en minería ni en hidroeléctrica ni nada de eso». Sin embargo, asegura que el proyecto ha cumplido con todo el proceso y documentación para volver a instalarse.

Para Menchita el retorno de Castor Energy, más allá de los empleos temporales que generará para unos cuantos hombres de la comunidad, es un engaño. «Ahorita disfrutamos bañando pero si logran privatizar ya no vamos a poder. Me duele en mi corazón saber que existan personas sin conciencia. ¿Quiénes van a sufrir? nosotros, ¿y quiénes van a beneficiarse? los dueños de la represa», concluye Menchita.

Las conexiones de Castor

Lorena Cálix, subjefa de relaciones públicas en el Ministerio Público, dice que Berta Cáceres hizo más de 40 denuncias en esa instancia. Una fue en contra de la empresa Castillo Torres Energy S.A, la cual, según Cálix, ha desembocado en una investigación de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público, que, cuatro años después del asesinato de la líder indígena, estaría por concluirse.

Castor Energy es una empresa constituida en San Pedro Sula en 2007. Su representante legal es Oscar Rene Castillo Torres, quien a su vez es el presidente de la junta directiva, de la que también son miembros sus hijos Daniel Castillo Sánchez y Oscar Castillo Sánchez. Según el registro Mercantil de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Castillo Torres también funge como gerente general de Suministros Eléctricos S.A de C.V (SEL) constituida en 1983. Según su página web ha estado involucrada en la comercialización de productos eléctricos en proyectos públicos y privados, para el caso, el proyecto hidroeléctrico Patuca III y las operaciones de Minerales de Occidente S.A (MINOSA), en el municipio de Azacualpa, Copán, donde se ha desarrollado un conflicto por las intenciones de explotación minera en un cementerio de la comunidad.

Lea más en el reportaje Éxodo desde el espejismo minero

En términos de contratos con el Estado, solo en julio de 2015 Suministros Eléctricos recibió un pago por más de 2 millones de lempiras de la ENEE. Además, esta empresa ha sido patrocinadora del Club Deportivo Real España, uno de los equipos de fútbol más importantes del país. De esa empresa también se desprende en 2013 la constitución de SEL STORE S.A de C.V por parte de los hijos Óscar y Daniel. Según el portal Estrategia y Negocios, esta sociedad se especializa en la comercialización de equipo eléctrico, atención industrial de motores eléctricos y suplidora de materiales y equipos para proyectos de energía renovable. Han establecido tres tiendas a nivel nacional desde donde coordinan las ventas del equipo eléctrico.

En el contexto de las inversiones del Grupo SEL, en 2017 se generó una alianza con la multinacional alemana Siemens para la mejora y automatización de procesos industriales, así traería equipo de última generación para ofertar a los proyectos de energía renovable con los que ya trabajaban. En 2016 líderes del COPINH señalaron a Siemens como cómplice del asesinato de Berta Cáceres al participar como accionistas en el consorcio Voith Hydro que, según información del medio alemán Deutsche Welle, firmó en 2013 un contrato de suministro de turbinas, generadores y tecnología de automatización con DESA por un valor de 8 millones de euros.

En 2007 gobierno de Manuel Zelaya Rosales, aprobó la Ley de promoción a la generación de energía eléctrica con recursos renovables. Desde entonces los conflictos en las comunidades, ante la falta de consulta y violaciones de derechos humanos, han dejado criminalización y muerte. Según la organización Global Witness, hasta 2017 más de 120 personas habían sido asesinadas por enfrentarse a empresas que acaparan la tierra y destruyen los bienes naturales. A pesar de todos los conflictos, organismos de financiamiento internacional siguen apoyando estos proyectos que tienen como premisa principal el desarrollo y trabajo que pueden llevar a comunidades olvidadas por el mismo gobierno.

Elsia Paz, presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, declaró a un medio nacional que la puesta en marcha de proyectos de energía son necesarios porque «necesitamos generar no solamente empleo urgente, sino empleo sostenible, y es donde nosotros venimos a aportar algo muy importante que es el empleo en las zonas remotas y rurales». En febrero de este año el Poder Judicial dictó sobreseimiento definitivo en favor de Paz, después de que la Fiscalía de Etnias del Ministerio Público la acusó del delito de discriminación en contra del pueblo Lenca. La consultora en proyectos de energía renovable dijo en un foro de televisión que la gente de las comunidades no piensa bien porque no come los tres tiempos. En Contracorriente solicitamos una entrevista a Paz pero no obtuvimos respuesta a las solicitudes.

En la aldea Molo, justo en la orilla del río Güince, las familias que fueron beneficiadas por la llegada de Castor Energy ahora añoran que el proyecto hidroeléctrico se reanude para que los hombres puedan regresar a sus trabajos temporales como guardias y las mujeres vender comida a los ingenieros, maquinistas y otros empleados. A corto plazo las comunidades cercanas a los proyectos son beneficiadas con las prebendas que las empresas otorgan a cambio de los recursos. Por ejemplo, Maynor Ordoñez y su familia solicitaron transporte para que los niños de la comunidad viajaran a la escuela, a cambio de dar permiso sobre una parte de su tierra para que la maquinaria de Castor Energy transite hacia la montaña.

Doña Doris limpia una mesa en su pequeña pulpería instalada en la sala de su casa, en la comunidad de Molo, una pequeña comunidad junto al río Güince, San Francisco de Ojuera, 5 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

Sentado en la sombra de una casa que vende golosinas y refrescos, Maynor dice que las personas de la comunidad que se oponen a la continuación del proyecto es porque seguramente tienen alguna forma de subsistir, pero para las familias de esa aldea los pocos lempiras que se ganan, a cambio de muchas horas bajo el sol trabajando en los potreros aledaños, no son suficientes. «Hay una esperanza de que ellos vuelvan, hace unos ochos días anduvieron los ingenieros inspeccionando», cuenta.

Mientras el río sigue fluyendo sin turbinas ni en función de la producción de energía, algunos jóvenes nadan en el río y una mujer se acerca para lavar ropa. El río es importante, sin duda, pero la necesidad de un empleo hace que para Maynor y su familia valga la pena arriesgar el recurso con el que siempre han convivido. «Hay cosas que afectan en lo ambiental y la libertad, pero también que nos benefician por el trabajo. No estoy de acuerdo con que se privatice el río, aquí somos libres, nadie nos prohíbe nada y nadie anda con temor», concluye.

Temor y memoria

La noche del 2 de marzo de este año en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, más de un centenar de indígenas lencas liderados por el COPINH, junto a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, marcharon con antorchas encendidas para exigir justicia en el caso de Berta Cáceres. Pararon frente a la Jefatura Departamental de la Policía Nacional y repitieron que Berta no murió, recordaron que se hizo millones.

Laura Zuniga Cáceres, hija menor de Berta, tenía 23 años cuando le avisaron que varios hombres armados habían llegado a casa de su madre para disparar y cambiar la vida de su familia para siempre. Cuatro años y muchos reclamos de justicia después, dice que «al hacer un repaso de este tiempo nos damos cuenta que se ha logrado mantener la lucha dentro de los territorios y dentro del Copinh. Hemos visto persecución, estigmatización y criminalización de los compañeros y compañeras pero la valentía y decisión de multiplicar a Berta ha persistido, entonces eso le da alegría a una, que en el momento de su asesinato lo que quiso es que el ejemplo de mi mami sirviera a otras luchas».

Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres, posa junto al altar hecho en memoria de su madre en el 4to año de su muerte, lo que el COPINH resignificó como «La siembra de Berta» tras su entierro, La Esperanza, 3 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

En San Francisco de Ojuera su ejemplo sigue vigente. Un ejemplo es el pequeño grupo que, de manera pública, se opone a la construcción de la planta hidroeléctrica El Molo, a pesar de que la municipalidad emprendió una campaña de desprestigio en contra de la figura de la líder lenca.

Por otro lado, Menchita dice que apenas es una decena de personas la que en ocasiones se reúne para capacitarse en temas de defensa de derechos humanos y del ambiente. Asegura que muchos más son los que se oponen a la construcción del proyecto que podría tomar los recursos de uno de sus ríos, pero que no se atreven a manifestarse por el miedo que generó el asesinato de Cáceres. Para Menchita el ejemplo de Berta Cáceres ha pasado más allá de lo terrenal. «El corazón de Berta, el espíritu de Berta que vive en nosotros es como el poder de Dios», dice mientras mira una imagen de la virgen que tiene en la sala de su casa sobre el equipo de sonido en el que escucha la radio comunitaria. Ese espíritu es el que les ha dado fuerza después del 2 de marzo de 2016 cuando les quedó claro que todo aquel que se dedique a proteger el ambiente será perseguido y posiblemente asesinado. «Yo siento que me pueden venir a matar aquí a la casa», concluye.

“Menchita”, retratada en su casa, es líder en la defensa del medio ambiente, San Francisco de Ojuera, 4 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

La defensa del río Güince no está siendo liderada por organizaciones, sino por miembros de la comunidad que temen que ellos y sus hijos no vuelvan a disfrutar de las aguas que le pertenecen al pueblo. La única organización que se ha acercado en este proceso es el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) liderado por la ambientalista Betty Vásquez. «En las comunidades que están al margen del río Gualcarque en San Francisco de Ojuera, se ha tenido poca incidencia porque hay miedo a que pase lo que pasó con la compañera. Si mataron a una líder con perfil tan alto como el de ella, qué no pueden hacer», dice Betty, quien acompañó a Berta como amiga y compañera en múltiples luchas. Sobre El Molo, comenta que es un proyecto que han formulado muy bien en favor de los interesados, ya que la corporación municipal no ha divulgado información oficial sobre el proyecto: «Como organización eso nos limita a hacer un trabajo porque no tenemos la suficiente información que nos de la capacidad de divulgar, además ese es uno de los territorios más peligrosos para hacer resistencia porque no se sabe con quién se está hablando. El ejemplo es que a Berta Cáceres la criminalizaron el 20 de febrero y lo hicieron aunque ella había movido a gente de otros municipios», concluye.

La líder espiritual del COPINH, Pascualita, durante la ceremonia en honor a la vida de Berta Cáceres, La Esperanza, 3 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

A pesar de la fuerza que la memoria de Berta Cáceres genera en los defensores de San Francisco de Ojuera, el miedo, la falta de acceso a la información y las limitantes de las organizaciones para hacer incidencia siguen provocando que la instalación del proyecto hidroeléctrico se vuelva casi inevitable. A pesar de que la promesa en San Francisco de Ojuera es el desarrollo, Betty Vázquez apunta que este tipo de proyectos terminan sin cumplir las expectativas, ya que no generan la cantidad de empleo que prometen porque la mayoría de la gente que contratan es de afuera del municipio: «La gente se queda sin acceso al río, porque terminan poniendo mallas para cortar el paso. Las más afectadas son las mujeres, ya que para ellas no hay empleo temporal ni nada, y si se escasea el agua de las comunidades, ellas son las que tienen que conseguirla».

Maynor y su familia, en su casa en la orilla del río, siguen contando los días para el regreso de algo que para ellos representa empleo temporal. Sin embargo para Menchita y el pequeño grupo de pobladores que se oponen, sería una prueba de que en un país como Honduras se puede seguir construyendo un proyecto a pesar del asesinato de la líder indígena más reconocida del país.

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