La opacidad que persiste en el IHSS

El jueves 12 de mayo la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) nombró a su nuevo director ejecutivo, el doctor Gaspar Rodríguez. Esto tras la destitución de la doctora Adriana Zúniga, quien había prometido un cambio estructural en una institución que ha sido saqueada por uno de los actos de corrupción más grandes de la última década. Previo a su destitución, Zúniga denunció amenazas por parte de empresas de seguridad privada que buscaban ganar procesos de licitación.


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exto: Fernando Silva
Fotos: Fernando Destephen
Reportes: Celeste Maradiaga

Después de estar al frente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) apenas tres meses, la doctora Adriana Zúniga fue destituida. Es la primera mujer destituida en el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.e Antes de su despido, Zúniga había denunciado amenazas y presiones externas.

La doctora Zúniga apuntó que su oposición a la ampliación de presupuestos de alimentación para la Junta Directiva del IHSS fue parte de un conflicto que concluyó en su destitución, mientras que la Junta asegura que siguió las órdenes de la presidenta Castro y votó de forma unánime para removerla.

Dicha Junta –integrada por representantes del Colegio Médico de Honduras, centrales obreras, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y representantes de la empresa privada– señaló a la exdirectora del IHSS por supuesto incumplimiento de procesos administrativos para la adjudicación de contratos, publicación de licitaciones y firma de acuerdos; sin embargo, hasta el momento no han presentado pruebas de las supuestas faltas.

Tras la destitución el pasado 12 de mayo, la dirección del IHSS fue asumida por el doctor Gaspar Rodríguez, quien enfrenta el reto de transparentar la gestión de una institución en la que muchos sectores tienen intereses y que hace unos años sufrió el desfalco más mediático en la historia del país.

«Desde que asumí este cargo he sido objeto de acoso permanente, fui amenazada por el dueño de una empresa de seguridad por negarme a intervenir en un proceso de licitación», dijo la doctora Zúniga en una conferencia de prensa que ella misma convocó vía redes sociales tras su destitución el pasado 5 de mayo. Un grupo de personas la acompañaron condenando su remoción del cargo, sin embargo nada de esto pudo revertir el voto unánime de su destitución que incluyó el del ministro Manuel Matheu, de la Secretaría de Salud, y el de la ministra Sarahí Ramos, de la Secretaría del Trabajo.

Zúniga dijo en la conferencia que ella asumió el cargo en el IHSS en un contexto «altamente clasista», apuntando que la Junta Directiva no quería a una mujer obrera y feminista al mando de una institución que maneja miles de millones de lempiras.

Las modificaciones al Presupuesto General de la República realizadas en abril de este año por el Congreso Nacional definieron justamente un aumento en el presupuesto del IHSS pasando de 14,774 millones de lempiras a más de 20,719 millones de lempiras.

Zúniga también apuntó que a pesar de que recibió amenazas de empresas y las denunció ante los operadores de justicia correspondientes «en ningún momento la Junta Directiva se pronunció al respecto o se refirió públicamente para solicitar apoyo o para brindarme protección», al tiempo que señaló que su integridad física y familiar corrían riesgo por hacer su trabajo con «honestidad y transparencia».

La galena explicó que la Junta Directiva incluso realizó una sesión en la que decidieron solicitar a la presidenta su destitución, y también tomar decisiones sobre el proceso de licitación por el que fue amenazada.

La exdirectora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Adriana Zúniga, habla ante los medios de comunicación denunciando que su salida no fue por decisión propia, sino por la exigencia de los grupos de poder. Tegucigalpa, Honduras. Foto Archivo CC/Fernando Destephen

Sersel y ESPA: las empresas irregulares en una licitación del IHSS

«Mi vida corre peligro, no voy a profundizar en eso porque ante todo está mi vida y la de mi familia, pero invito a los órganos de veeduría e investigación para que pongan el ojo en este tema y, sobre todo, llamo a organismos de derechos humanos para que me brinden protección, y también hago un enérgico llamado al CNA, Ministerio Público, Secretaría de transparencia y a la próxima CICIH que se va a implementar en el país para que presionen y vigilen esas sesiones de Junta directiva y que no sean a escondidas como pretenden», denunció Zúniga.

En la página de transparencia del IHSS se puede ver la única adjudicación de contratos de seguridad que se realizó en el periodo en el que Adriana Zúniga encabezó la institución; en dicho proceso participaron cinco empresas y al menos dos cuentan con antecedentes conflictivos.

La licitación pública nacional 022-2021 para la contratación del «servicio de seguridad privada para las regiones centro, sur, oriente, región noroccidental y litoral atlántico del Instituto Hondureño de Seguridad Social» inició el proceso de recepción de ofertas en diciembre de 2021; en el mismo participaron las empresas Servicios de Seguridad Lempira (Sersel) S. de. R.L. y la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA) S. De. R.L.

Sersel ha sido señalada por sus vínculos con el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. El medio digital Expediente Público reportó en mayo de 2019 que esta empresa desde 2006 había sido beneficiada con 38 contratos valorados en un total de 311 millones de lempiras; además, el medio apunta que las relaciones entre Sersel y Hernández se remontan a 1991, cuando el exmandatario, junto a José Adrián Pinto y Juan Pablo Hernández constituyeron la empresa de seguridad ante el registro de propiedad de Gracias, Lempira.

Expediente Público también explicó que «entre 2017-2019, Sersel ha estado manejando un millonario contrato por 196 millones de lempiras (8 millones de dólares) por brindar los servicios de 149 guardias de seguridad al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)»; además, apuntan que ese proceso se eligió a través de una licitación privada amparados en que la contratación de los servicios era una emergencia.

Por otro lado, ESPA es la empresa que brinda servicios de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y que ha sido señalada por violaciones a derechos humanos, negligencias y uso indebido de la fuerza, especialmente durante protestas estudiantiles y la crisis universitaria sucedida en 2019.

Ambas empresas fueron eliminadas del proceso de adjudicación, por lo que el contrato finalmente recayó en la empresa Security Guard Services S.A, que a diferencia del resto de competidores, sí cumplió con todos los requisitos necesarios según la resolución 001-2022/DE/IHSS.

Contracorriente buscó a los representantes de Sersel y Espa para conocer su versión sobre el proceso y las denuncias de la exdirectora, sin embargo, después de aceptar la entrevista no volvieron a responder las comunicaciones de este medio;en el caso de Espa, los representantes no pudieron ser localizados de ninguna forma a través de los números telefónicos proporcionados en su página web y redes sociales.

Trabajadores del sector Salud se manifiestan en la afueras de la Secretaría de Salud exigiendo sus pagos y las plazas laborales prometidas. Tegucigalpa, Honduras. Foto Archivo/ Fernando Destephen.

Sobre las denuncias de la doctora Zúniga, Hector Escoto, presidente del Sindicato de Trabajadores del IHSS, aseguró que la exdirectora nunca les comunicó sobre las amenazas que estaba recibiendo por lo que no tienen información oficial del origen de los amedrentamientos.

Además, Escoto apuntó que el sindicato desconoce la existencia de alguna estructura que realice negocios oscuros en el IHSS.

«Invitamos y exigimos que haya una investigación para saber si hay mafias, la exdirectora Zúniga debería decir dónde están y si existen, para que se eliminen. El Seguro Social es una entidad noble que no se merece esa situación, y claro que hay muchos intereses de compra de medicamentos, de alimentación, de seguridad, y el Seguro se debe cuidar que se hagan las cosas correctas y que no haya más escándalos», explicó Escoto vía teléfono.

Conflicto por dietas y desacato contra la Junta directiva

La resolución V/SOJD-IHSS-2022 de la Junta Directiva del seguro social apunta que la destitución de Adriana Zúniga fue por «no reunir las competencias necesarias para administrar y dirigir el IHSS». Sobre esto, el doctor Samuel Santos, miembro de la Junta Directiva en su condición de presidente del Colegio Médico de Honduras, explica que debido a los problemas de administraciones anteriores todos los contratos tenían que ir sustentados legalmente con el dictamen técnico y financiero, pero la exdirectora no respondió a esas solicitudes y por tanto se le hizo un llamado de atención por escrito.

Santos cuenta que la doctora Zúniga empezó a «responder de manera mediática e hizo acusaciones sobre la aprobación de unas supuestas dietas, que no podía probar», y explica que tras esos conflictos la Junta Directiva acudió de nuevo a la presidenta, que fue quien decidió la destitución. «La presidenta tiene que ponerle orden a su Gobierno», apuntó Santos.

Sobre las acusaciones de Adriana Zúniga por la intención de aprobar presupuesto extra para la Junta Directiva, Carlos Escoto dice que hasta el sindicato llegó la información de que alguien sí propuso el aumento de presupuesto, pero que este finalmente no se aprobó, y explicó que aunque siente que la actual Junta Directiva quiere hacer las cosas de forma transparente, él no puede meter las manos al fuego por su accionar. Escoto repite las razones que explicó la Junta Directiva para la destitución de la doctora, pero asegura que para ellos la exdirectora hizo todo de forma correcta y ágil.

El IHSS fue protagonista del caso más expuesto mediáticamente sobre corrupción en el país por un desfalco de 300 millones de dólares; gran parte de esos fondos llegaron a las cuentas del Partido Nacional para la campaña política que resultó en la elección del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013. La doctora Zúniga aseguraba que su intención era desmontar la estructura que propició dichos actos de corrupción.

Según datos de la Secretaría de Salud al 5 de septiembre, se habían aplicado 4 526 090 de vacunas, de las cuales 2 896 759 son primeras dosis, mientras que 1 629 331 son segundas dosis. En la foto, una mujer se aplica la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la Universidad Católica de Honduras. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto Archivo CC.

«Cuando mi gestión cumplió dos meses, presentamos los hallazgos que encontramos y la situación era altamente preocupante. La deshumanización, el desabastecimiento, la tercerización y enfatizamos que predomina la privatización de servicios de diferente tipo y además que dentro de la institución hay muchas prácticas irregulares que ya están siendo investigadas por los entes responsables», apuntó Zúniga en su última conferencia de prensa.

Durante el periodo en el que Zúniga estuvo al frente del IHSS se declaró inconstitucional la Ley marco de protección social, regulación que vulneraba los aportes de los patronos y empleados otorgando a la banca privada su manejo. Dicha derogación fue celebrada por la ahora exdirectora, trayéndole consecuencias ante la Junta. Zúniga explica que le dijeron que antes de referirse públicamente al tema debía pedir permiso a la Junta, y cuenta que desde ahí el ambiente se volvió más hostil.

«Comenzaron a poner quejas, me hicieron un llamado de atención por escrito con copia a mi expediente administrativo y se comenzaron a enviar dos oficios de parte del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, exigiendo informes de empresas prestadoras de servicios tercerizados; pero lo que ocurrió es que se molestaron porque dejamos claro que la Seguridad Social está privatizada y que además hay muchos grupos interesados por continuar haciendo negocio con la institución, y eso es indiscutible e innegociable», apuntó Zúniga.

Ni la Junta Directiva, ni la exdirectora del IHSS presentaron pruebas documentales de las acusaciones referidas. Por otro lado, Contracorriente intentó comunicarse con la doctora Adriana Zúniga, quien nos contestó que no podía dar declaraciones por razones de seguridad.

Tras el nombramiento del doctor Gaspar Rodríguez, profesional de confianza del partido de gobierno, Hector Escoto, del sindicato del IHSS, asegura que esperan una «buena administración de su parte».

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