Tras dos años de demora desde la fecha original de entrega, este 15 de octubre se realizaron los actos de inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Palmerola. Sin embargo, la terminal aérea aún no está lista para iniciar operaciones, y ahora se emitió un decreto ejecutivo para asignar más recursos que no fueron pactados en el contrato y que supuestamente ayudarán a acelerar la puesta en marcha del proyecto.
Texto: Fernando Silva
Fotografías: Martín Cálix
Acompañado de un video de las obras incompletas del nuevo Aeropuerto Internacional Palmerola, el presidente Juan Orlando Hernández escribió en su cuenta de Twitter: «Pronto el gran centro logístico de las Américas», el cual habían dicho iniciaría operaciones este 15 de octubre, tras más de dos años de retraso. Finalmente, aunque cientos de invitados disfrutaron entre música y baile de la inauguración en los predios de la terminal, será hasta el 17 de noviembre cuando empiece a funcionar el aeropuerto.
Debido a estos retrasos ahora el Aeropuerto Internacional Palmerola recibirá USD 2.2 millones aprobados vía decreto ejecutivo por el Consejo de Ministros, con el objetivo de acelerar las obras que ya deberían haber concluido, ante el deterioro de la pista en el aeropuerto Toncontín —al que sustituirá en la operación de vuelos internacionales— y una posible contingencia debido a esa causa. Esta ampliación presupuestaria se suma al monto final que se situó en USD 209.3 millones (HNL 5000 millones), casi USD 50 millones más de lo inicialmente pactado que el Estado aportaría en esta Alianza Público Privada.
Sumado a estas irregularidades, expertos señalan el poco beneficio que realmente traerá el proyecto en comparación con las expectativas que ha planteado el Gobierno.
Perjuicio económico para el Gobierno, éxito para la empresa
«No hay forma en que Palmerola —ni siquiera en sueños— pueda convertirse en el centro logístico de las Américas. Para que esas condiciones cambien tendrían que pasar décadas», apunta el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad (una organización de sociedad civil que incide por la regulación en los precios de los combustibles y fiscalización de obras públicas de interés nacional), y añade que el tamaño que tendrá este aeropuerto es muy pequeño para que pueda cumplir las expectativas del Gobierno.
«Para que exista un centro logístico hay que tener condiciones de país para que por medio de esta región puedan pasar mercaderías y pasajeros, y que se pueda conectar con todo el resto del mundo. Con una terminal de siete mangas no vamos a competir con otros aeropuertos como el de El Salvador, Guatemala y Panamá», señaló.
En comparación, el aeropuerto de Tucumán en Panamá cuenta con 57 puertas de embarque y Palmerola inicialmente tendrá 7.
En ese mismo sentido, Obed García, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) apuntó en una entrevista con Contracorriente que debido a las exoneraciones fiscales y flexibilidades en el pago de impuestos, el beneficio para el Estado puede ser nulo.
«El gran beneficiado de todo esto es el concesionario que estaría recibiendo ingresos por un proyecto que se está ejecutando con fondos nacionales y que a largo plazo no se estaría compensando de forma adecuada, esto nos permite concluir que el objetivo al final es seguir beneficiando a una elite empresarial y sobre todo a los capitales extranjeros en detrimento del bienestar de la mayoría y las finanzas públicas», apuntó.
El contrato del nuevo aeropuerto de Palmerola se constituyó en condiciones especiales: a través de un decreto ejecutivo por orden del Presidente Juan Orlando Hernández, omitiendo así cualquier posible discusión o retraso a lo interno del Congreso Nacional.
Dicho documento establece que el concesionario iniciará a pagar al Estado de Honduras un canon por concepto de la tarifa de salida de pasajero internacional, pero con la condición de registrar anualmente 600,000 pasajeros internacionales. Según las estimaciones del arquitecto Rodríguez esto podría ser hasta dentro de 10 o 15 años de los 35 que dura la concesión.
Sumados a los beneficios que les ha otorgado el Estado y sin haber terminado las obras en el proyecto hondureño, el consorcio dueño del Palmerola International Airport (PIA), conformado por Emco y el operador Aeropuerto Internacional de Múnich, anunció en octubre de 2020 que se le adjudicó la concesión de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, en la que invertirán USD 57 millones y obtendrán beneficios de la concesión durante 35 años.
PIA fue constituida con menos de USD 1 millón por EMCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez, quien también es presidente de Alutech, empresa de venta y distribución de láminas y techos, que también anunció en abril de este año la colocación de Certificados de Inversión en el mercado de valores de El Salvador por USD 17 millones, y el pasado 14 de octubre anunció la colocación de unos USD 5 millones en el mercado de valores bursátiles en Honduras.
Este grupo empresarial también es responsable de la empresa minera Los Pinares que ha protagonizado un conflicto socio ambiental y también se asoció de manera opaca con la transnacional de acero más grande de Estados Unidos, Nucor Corporation, a través de empresas offshore en Panamá.
A pesar de figurar como un grupo empresarial floreciente, el consorcio que conforma EMCO no alcanzó a terminar las obras de Palmerola en el tiempo requerido, y ahora, ante fallos en la pista de aterrizaje en Toncontín, se aprobaron otros USD 2.2 millones para acelerar su inicio.
Estas obras que se aprobaron vía Decreto Ejecutivo estarán dirigidas al alambrado de la pista, transformación de energía eléctrica para la terminal, la pista y los alrededores; y una planta de tratamiento temporal, según información de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP).
Leonel Castellón, representante de la SAPP, ante las críticas por un nuevo aumento del presupuesto para PIA, justificó en un noticiero nacional que «no es una inversión para Palmerola, sino para el sistema aeroportuario del país que se utilizará en Palmerola mientras se terminan estas obras con la condición de riesgo que existe en Toncontín».
Por su parte el arquitecto Juan Carlos Rodríguez recalca que no hay justificación para los retrasos y asegura que ha sido «simplemente mala planificación».
«Sabemos que la torre de control inició su construcción de forma retrasada, no entendemos la razón, ya que desde hace tiempo atrás estaba definida cuál iba a ser la ubicación de esta, y hoy en día la torre de control no ha sido concluida y tampoco está completamente equipada con todo el equipo necesario»0, concluyó el arquitecto.
Opacidad en el desarrollo del proyecto
El 31 de marzo de 2016, cuando el empresario Lenir Pérez y el presidente Hernández firmaron el contrato para la construcción y concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, el monto estimado de la inversión era de USD 163 millones. Sin embargo, el 29 de mayo de 2019 dicho presupuesto sufrió una modificación gracias a una moción presentada por el diputado nacionalista Tomás Zambrano, y aprobada de manera irregular en medio de protestas al interior del Congreso Nacional, por parte de los diputados de oposición.
En el nuevo presupuesto se amplía la cantidad que aporta a la construcción el Estado de Honduras en USD 46.2 millones. Resultando el presupuesto de las tres fuentes de financiamiento en fondos del concesionario (UDS 87.1 millones), fondos del Programa de Conversión de la Deuda de Honduras frente a España (USD 53.2 millones) y cofinanciamiento aportado por el concedente que en un principio era de USD 22.2 millones y ahora es de USD 68.4 millones. Sumado a esto se amplió el tiempo de concesión de 30 a 35 años debido a retrasos de ese momento en el inicio de las operaciones.
Ante la falta de transparencia en la aprobación de la ampliación presupuestaria, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) anunció un proceso de investigación que concluyó en el informe «Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola».
El documento cita que «desde el Congreso Nacional de Honduras, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado».
En primer lugar, el informe señala que tras el inicio de las operaciones será el Estado de Honduras el responsable del mantenimiento, rehabilitación y mejora de las obras viales de acceso al aeropuerto de Palmerola, y asegura que «este hecho acarrea la imposición de mayores gastos versus los ingresos bajos y condicionados a eventos inciertos, bajo un mecanismo acomodado en favor únicamente del concesionario».
En este mismo sentido Luis Redondo, diputado del Congreso Nacional, explicó que en el caso de la ampliación presupuestaria de 2019 «cuando se sometió a votación se pidió dispensa de debate de un proyecto de decreto que no estaba en los ordenadores ni se había dado una copia en físico, por lo tanto se violentó la ley orgánica que establece que se tiene que tener una copia física en los ordenadores, tanto en el dictamen como en el proyecto de decreto. Adicionalmente en el momento de la dispensa de debate se tenía que votar con la mitad más uno de los diputados, pero se puede ver en el video que en ese momento había un gran relajo en el Congreso Nacional que fue aprovechado por la junta directiva».
Finalmente, Obed García del Fosdeh apuntó que ante los antecedentes de falta a los tiempos de entrega y obras sin terminar habrá que estar pendientes «para saber si el gobierno puede darle mantenimiento a este aeropuerto, y que no se termine convirtiendo en un elefante blanco más de los proyectos del Estado».
Con el objetivo de obtener una réplica con respecto a estas irregularidades y otros aspectos del proyecto, desde 2019, en reiteradas ocasiones, Contracorriente ha solicitado una entrevista a la oficina encargada de comunicaciones de Palmerola International Airport, así como el acceso a la construcción del proyecto, pero no hubo respuesta, incluso fue rechazada nuestra solicitud para acceder al evento de inauguración.
Incertidumbre en personal de Toncontín
Cuando a Luis y sus compañeros de trabajo los llevaron en un tour desde su lugar de trabajo en Toncontín hasta Palmerola —donde pudieron notar que faltaban muchas obras por terminar— no les informaron nada sobre la posibilidad de mudarse a Comayagua para poder seguir con sus contratos en la nueva terminal. Incluso de la nueva fecha de inicio de operaciones, pactada para el 17 de noviembre, se enteraron a través de las redes sociales y no por parte de sus jefes.
En Toncontín muchos empleados se encuentran incómodos o molestos con la falta de información y la apertura de Palmerola, pero solo Luis se atreve a hablar con un medio de comunicación.
Luis lleva casi ocho años trabajando en Toncontín, aunque no lo hace directamente, sino que ha sido subcontratado por una empresa privada que ofrece servicios a las aerolíneas. Su contrato se encuentra bajo la modalidad por hora, sin beneficios de ley y sin vacaciones.
«La mayoría de la gente (empleados de la terminal capitalina) no está feliz con la apertura de Palmerola, la gente tiene que mudarse a otro lado o viajar diariamente, es muy difícil la verdad. Los jefes nos han preguntado si nos vamos a ir para allá, pero de manera informal, y la mayoría de mis compañeros dicen que no, y pues a los que no estén dispuestos a irse los van a despedir. Yo dije que sí, pero igual estoy negociando con otras empresas».
Luis dice que hace números para ver cuánto podría gastar en alquiler, alimentación, transporte, y dice que no le alcanza con apenas 9500 lempiras de salario. Cuenta que apenas puede darle mantenimiento a su carro con lo que gana.
A pesar de la molestia casi generalizada que comenta Luis, también asegura que para los empleados estatales que trabajan en Toncontín habrá un bus puesto por PIA para trasladarles todos los días hasta la nueva terminal, razón por la que están mucho más satisfechos que quienes trabajan con aerolíneas o empresas privadas en el lugar.
Concluye señalando que el traslado a Palmerola no les beneficiará en nada a los empleados, ya que seguirán trabajando bajo las mismas condiciones precarias: «Para las empresas será beneficioso (…) seguro habrá más rentabilidad para las aerolíneas».
* El nombre verdadero de Luis y otros datos personales han sido omitidos en este reportaje por su seguridad.
