San Pedro Sula inmersa en una nueva ola de amenazas por extorsión

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En San Pedro Sula la tasa de homicidios se ha reducido en los últimos ocho años, pero recientemente la extorsión al transporte ha paralizado la Gran Terminal de Buses. Este ha sido uno de los grandes «negocios» para los grupos criminales. En el comienzo del año 2022, con un nuevo gobierno en Honduras, las amenazas han subido de tono en esta y muchas otras ciudades del país.

Texto: Allan Bu
Colaboración: María Celeste Maradiaga


El taxista conducía hacia la colonia Flor de Cuba ubicada en el sector Rivera Hernández, uno de los más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula en el norte de Honduras. Ese martes, el Ministerio Público anunció en la Flor de Cuba el posible hallazgo de un cementerio clandestino. Mientras el taxista maniobra para evitar los hoyos de una polvorienta calle, no habla de ese hecho sino sobre algo que le afecta directamente: la extorsión. 

«Todos [los grupos criminales] le quieren cobrar impuesto al transporte. Agarran un motorista, le dan un teléfono para que se lo lleve al dueño y después llaman: si no me pagas esta semana, se muere un chófer y un ayudante», me dice el conductor sin revelar su identidad.

«Hay rutas de buses que por cada carro operando pagan 350 lempiras al día, los motoristas ya no quieren trabajar ahí porque prácticamente no van a ganar nada», dice y luego explica que cuando los autobuses pasan por los territorios de hasta tres grupos criminales diferentes, «ahí es donde los joden, porque todos esos grupos quieren dinero y si no pagan hay muertos. Ellos matan al azar. Por eso uno cuando sale a trabajar, tiene que encomendarse a Dios porque en este país ya no se sabe».

En lo que va del año, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) ha recibido 460 denuncias a nivel nacional, la mayoría son por el delito de extorsión, según confirmó a Contracorriente el vocero de la institución, Mario Fú. 

Sobre la violencia contra trabajadores del transporte, el dirigente de este rubro, Wilmer Cálix, declaró en el medio de comunicación Hoy Mismo que en lo que va del año han muerto 25 personas, todos motoristas y ayudantes. «Ahora trabajar en una unidad de transporte es una de las profesiones más inseguras a nivel nacional», declaró el dirigente. La Policía Nacional no respondió a nuestras consultas para corroborar este dato. 

El riesgo para los trabajadores del transporte viene desde hace algunos años, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) en 2019 colocaba a este oficio como una labor de alto riesgo, en ese entonces se presentaban un promedio de 16 muertes mensuales de obreros del transporte público.

Hablando con el taxista de cómo operan las redes de extorsión , llegamos al sector Rivera Hernández, conformado por 55 colonias, territorio donde operan la MS-13, la Pandilla 18 y la Banda de los Olanchanos, que se disputan el control de esos barrios por la venta de droga y la extorsión . Muy cerca de la Rivera Hernández, en la Colonia Lomas del Carmen opera la Banda de Los Aguacates. Los cuatro grupos criminales son los principales que operan en la ciudad, según la Policía Nacional. 

Luego de pasar un pequeño puente, le preguntamos a un vendedor de naranjas por la mejor vía para llegar a la colonia Flor de Cuba, «váyanse por el otro lado», nos dijo. El vendedor, que se encontraba en la colonia Larios Silva agregó, «les voy a dar un consejo de amigo, mejor bajen los vidrios [del carro]». La recomendación es entendible, estamos en una colonia conflictiva de San Pedro Sula que entre 2012 y 2013 alcanzó el nada codiciado título de la ciudad más violenta del mundo. En esos años, la tasa de asesinatos en San Pedro Sula alcanzó hasta los 187 homicidios por cada 100 mil habitantes, ahora se redujo a 42, pero la recomendación que hizo el vendedor de naranjas dejó claro que grandes sectores de la ciudad siguen controlados por grupo criminales, especialmente la Pandilla 18 y la Mara MS-13.

Las dos ciudades más importantes siguen figurando en listas donde se enumeran las 50 ciudades más violentas del mundo. En la clasificación publicada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, San Pedro Sula aparece en el escalón 32 y Tegucigalpa en el 39. 

Finalmente, aquella mañana de un martes 8 de marzo, llegamos a Flor de Cuba. Había 10 vehículos del Estado, entre unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía. Al final, las sospechas de las autoridades fueron descartadas. Pero, aunque el índice de homicidios haya bajado, en Honduras y en especial en San Pedro Sula es fácil creer que en una colonia de la periferia haya un cementerio clandestino.

Un oficial resguarda una escena del crimen luego de una masacre en el barrio Villa Nueva de Tegucigalpa.
Un oficial resguarda una escena del crimen luego de una masacre en el barrio Villa Nueva de Tegucigalpa. Foto Archivo CC/ Jorge Cabrera

La noticia del supuesto cementerio clandestino, surgió después de que San Pedro Sula fue escenario de algunos hechos delictivos de alto impacto. El lunes 28 de febrero, todas las unidades de transporte que operan rutas detuvieron el servicio durante cuatro horas en la Gran Terminal de Buses . Entre los motoristas de la ruta Cotasyl que cubre San Pedro Sula y Yoro comenzó a circular un audio en el que un grupo llamado «Los Iluminatis» solicitaban el pago del «impuesto» (extorsión) a los dueños de la empresa. 

Pero el paro de transporte en la Gran Terminal no fue precisamente por ese audio o por decisión de los dueños, fue una orden del alto mando de la MS13, en un afán de aclarar que ellos no han cobrado el impuesto de guerra desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 en el 2020. «Nosotros apoyamos ese paro porque ellos [la MS-13] nos lo pidieron», nos dice un trabajador de la terminal.

El hombre asegura que como la MS-13 —que controla ese sector de la Gran Terminal— no está cobrando, la Pandilla 18 quiere apoderarse del impuesto de guerra en ese lugar, donde operan 120 rutas urbanas e interurbanas. El trabajador, que prefiere el anonimato, cree que la Pandilla 18 es más violenta: «Yo creo que me voy si ellos entran», nos dice.

Antes de la pandemia, prácticamente todas las rutas que operan en la Gran Terminal pagaban extorsión a la MS-13. Esta estructura criminal establecía el pago de acuerdo con el recorrido del transporte. Algunas empresas pagaban hasta cinco mil lempiras semanales por bus. Todos los lunes, puntualmente a una hora determinada de la mañana, uno de los integrantes de la MS-13 pasaba por las oficinas de cada ruta recogiendo el dinero de la mara.

Y ahora ese negocio, aparentemente dejado por la MS-13 a raíz de la pandemia, es objetivo de otros grupos. Hay tres empresas que cubren la ruta hacia el departamento de Yoro que dejaron de operar porque le estaban cobrando 200 mil lempiras en «impuesto de guerra». El grupo extorsionador se autodenomina «Los Iluminati», pero las autoridades aseguran que no tienen mayores detalles sobre ese grupo. 

Las amenazas de extorsión pululan por todos lados. Dos rutas de San Pedro Sula a Puerto Cortés, detuvieron operaciones el lunes por nuevas amenazas de extorsión después que el viernes 11 de marzo a uno de sus motoristas le quisieron entregar un teléfono, que luego los delincuentes utilizan para hacer llamadas amenazantes y extorsivas. En Yoro, cabecera del departamento del mismo nombre, fue enviado un audio que prohíbe a los taxistas circular mientras no se negocie el pago de extorsión con la Pandilla 18.

Existen audios en donde supuestamente la Pandilla 18 se atribuye estar detrás del asesinato de dos taxistas, uno registrado en la cabecera departamental de Yoro y el otro en la ciudad de El Progreso, también de ese departamento en el norte de Honduras.

«Este mensaje va para todos los taxistas de Yoro de parte de la Pandilla 18, ustedes no van a circular hasta que lleguemos a un acuerdo, el próximo que se mueva se va a morir. Ya les pegamos [matamos] uno la vez pasada y les acabamos de pegar otro. Ya les dejamos el mensaje, espero que ustedes lo acaten», dice el mensaje atribuido a la pandilla 18. En ese mensaje, el hombre que habla dice que los taxistas pagarán 1,000 lempiras de «afiliación» y 300 lempiras de cuota semanal. 

En la ciudad de Yoro, a 151 kilómetros de la terminal de buses de San Pedro Sula, el pasado 12 de marzo, un taxista fue asesinado en pleno centro de esa ciudad. Yoro fue gobernada por 12 años por la familia Urbina. Los primeros dos períodos, gobernó Arnaldo, sobre quien pende una orden de extradición a Estados Unidos, pero tiene que cumplir una pena por lavado de activos, delito por el que actualmente está preso en Honduras. En 2017, Diana Urbina, que había sido diputada en el Congreso Nacional ganó la alcaldía de Yoro, pero en las elecciones de noviembre del 2021, perdieron la hegemonía.

En la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, a 25 kilómetros de San Pedro Sula, un taxista fue asesinado el 7 de marzo. En la escena del crimen dejaron un rótulo con la leyenda: «Esto le va a pasar a todos los que colaboran con banda u organización para el cobro de extorsión, sea rubro urbano o negocio particular. Esto les va a pasar. Atentamente, La Dieciocho». 

Mario Fú, vocero de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), manifestó que hasta el momento ellos no tienen una denuncia en contra de un nuevo grupo criminal y dice que solamente conocen lo que se ha evidenciado a través de los medios de comunicación.

«En este tema de la aparición de nuevas bandas criminales que están haciendo el cobro de extorsión, únicamente se ha logrado percibir a través de los medios de comunicación, no existe ninguna denuncia formal de los afectados que hayan manifestado que tienen que paralizar labores o cerrar sus rutas debido a la amenazas», aseguró Fu a Contracorriente.

El funcionario aseguró que la FNAMP ha desarrollado algunas investigaciones de oficio y que hace unos diez días dieron captura a un individuo que, según las pesquisas en poder de los agentes, es miembro activo de una nueva estructura criminal denominada M1 en el Valle de Sula : «Esta captura hace constatar que, en efecto, están surgiendo nuevos grupos y bandas criminales que intentan ejercer esa actividad ilícita», dijo.

Sobre el origen de estos nuevos grupos, Fu explicó que los expertos de la FNAMP argumentan que se podría tratar de miembros activos de las organizaciones criminales tradicionales (Pandilla 18 y Mara MS-13), quienes están desertando y formando sus propias bandas para delinquir, «sin embargo, eso es una hipótesis, pues todavía no se ha logrado constatar y continúa el proceso de investigación», sopesó. 

La FNAMP, que ahora es una dependencia de las Fuerzas Armadas, pasaría a control de la Policía Nacional con el nuevo gobierno, no obstante, Fú dijo a Contracorriente que desconoce las decisiones administrativas pero él ha escuchado de las nuevas autoridades que se fortalecerá toda la seguridad. «En ningún momento hemos escuchado de las autoridades que la Fuerza va a desaparecer, pero este es un comentario particular», dijo. 

Esta institución nació en el 2013 con el nombre de Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) y en el 2018 durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández recibió su nombre actual. Su objetivo principal es combatir los diversos delitos que se originan por el accionar de bandas criminales como la Pandilla 18 y la MS-13 y está enmarcada en la militarización de la seguridad pública que impulsó Hernández. 

El crimen de un Padre y los muertos en un baúl


En el norte del país, marzo comenzó con dos noticias de impacto. En el primer hecho, tres pandilleros del Barrio 18 fueron detenidos con tres cadáveres en el baúl de un carro tipo turismo. Este vehículo tenía reporte de robo y fue localizado a través de las cámaras de la línea de emergencia 911. Cuando los jóvenes fueron requeridos por las autoridades, estas se encontraron con que el menor de ellos, un joven de 16 años, llevaba un arma. Al revisar el baúl, encontraron a dos jóvenes y una mujer muertos.

Belkis Valladares, vocera de la Policía Nacional en el norte del país, atribuye este dantesco hecho a un pelea por territorio entre la Pandilla 18 y la MS-13, a la que supuestamente pertenecían los muertos. 

Al siguiente día, el 2 de marzo, el padre Enrique Vásquez, quien dirigía la Parroquia San José en el barrio Medina, uno de los más conflictivos de San Pedro Sula, fue reconocido en la morgue sampedrana por el obispo Ángel Garachana. El cadáver del padre Vásquez había ingresado como desconocido la noche anterior. El nuevo director de la Policía Nacional, Comisionado Gustavo Sánchez, manifestó en conferencia a los medios de comunicación que el robo es la principal hipótesis que se maneja sobre el crimen del Padre. 

La subcomisario Valladares comenta que también comenzaron las investigaciones sobre la desaparición del Padre por los mensajes en redes sociales, pues tampoco hubo una denuncia del hecho. Por eso Medicina Forense ya había hecho el levantamiento del cuerpo en un puente ubicado en Morazán, Yoro, pero fue ingresado a la morgue como desconocido, pues no tenía documentos de identificación.

Transeúntes caminan frente a una estación de buses en San Pedro Sula, Honduras. El sector transporte sampedrano se ha paralizado en varias ocasiones debido a la violencia ligada a la extorsión. Foto CC/Antonio Gutiérrez

Tras la identificación del cadáver, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las indagaciones sobre este crimen de alto impacto, pero finalmente el Ministerio Público traspasó el caso a la Agencia Técnico de Investigaciones (ATIC). En ese momento habían dos indicios fuertes acerca de la muerte del padre, según aseguró la subcomisario Valladares. 

En la Secretaría de Seguridad no gustó la decisión del Ministerio Público, pues a través de la red social Twitter, la doctora Julissa Villanueva, viceministra de esa cartera, manifestó «cómo vamos a avanzar en la investigación de casos si cuando la DPI va avanzando en la desaparición inicial y asesinato del padre Vásquez, la Fiscalía quita el caso y da orden a la Atic para que se encargue del mismo. ¿Caso de impacto? ¿Qué hay detrás?», se preguntó.

Tanto el caso de los jóvenes hallados asesinados en el baúl, como el homicidio del padre Vázquez tuvieron amplia difusión en los medios de comunicación, por lo que han dejado una percepción de un comienzo muy violento en este 2022, año en el que asumió Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras.

Según el Sistema Estadístico Policial en Línea, Sepol, en enero de 2021 a nivel nacional se reportaron 288 muertes y en el mismo mes del presente año, 351. Hubo un incremento de 63 homicidios. No obstante, en febrero del año pasado murieron de forma violenta 279 personas y este año, en el mismo mes, se registraron 234, lo que representa una reducción de 45. Al 13 de marzo, en la tabla comparativa a la misma fecha del año anterior, hay 6 muertes menos. 

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (OV-UNAH), manifestó a Contracorriente que el repunte de violencia en enero de este año es un comportamiento reincidente en el país: «En el mes de enero siempre hay pico de criminalidad. Es uno de los meses más violentos. Especialmente el primero de enero, cuando ocurren entre 30 y 40 homicidios en un solo día». 

El vocero de la FNAMP, Mario Fú, coincide con la posición de Ayestas, apuntando que todos los inicios de año en el país se experimenta un repunte en los hechos delictivos y violentos, pero que en este momento se ha hecho más evidente por cuestiones como las amenazas e intimidaciones al sector del transporte.

Familiares lloran frente al cuerpo de una de las siete víctimas de la masacre ocurrida en el barrio Villa Nueva de Tegucigalpa. Según información de la Policía, integrantes de diferentes bandas extorsionadores se enfrentaron por peleas de territorio. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Para Migdonia Ayestas, dentro de las causas que podrían explicar estos picos de violencia están la delincuencia organizada y las maras y pandillas que pelean por el control de territorios. De ahí se derivan el narcotráfico, la extorsión y el narcomenudeo. Pero la especialista señala que aproximadamente un 25 % de los homicidios tiene que ver con la cultura ciudadana: «Ahí hay que incluir femicidios y riñas personales. Beben, discuten y se matan, ahí hay un gran porcentaje de muertes violentas», dijo. 

Nueva operatividad de la policía 

La llegada de nuevas autoridades a la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional ha traído cambios en el componente de seguridad en San Pedro Sula. Uno de los principales es que ahora la ciudad ha sido dividida en cuatro grandes sectores, cada uno bajo el cargo de un subcomisionado de la Policía Nacional. 

«Esto ha mejorado la operatividad. Ahora hay detenidos todos los días, solo el 9 de marzo se detuvieron 12 personas por delitos violación especial, violacion agravada y seis detenidos por tráfico de drogas», nos dice la vocera de la Policía, Belkis Valladares. 

Los fines de semana, en San Pedro Sula se realizan operativos en las principales salidas desde las 6 p.m. en adelante, «a veces es incómodo para la ciudadanía, pero los resultados son efectivos», dice Valladares. Tras levantar los operativos de control en las salidas de la ciudad, se realizan acciones en los sectores conflictivos de la ciudad como la Rivera Hernández y en Chamelecón, Los Cármenes y barrios como Sunseri. Todos son sectores como la Flor de Cuba, donde el vendedor callejero sugirió bajar los vidrios porque son territorios que grupos criminales controlan, especialmente la Pandilla 18 y la MS-13. 

En estos sectores se requisa o registra a cualquier persona que anda en la calle después de las 10 de la noche, también se hace revisión de bares, billares y cualquier otro negocio que a esa hora tenga esté abierto. Estos operativos también son trasladados a zonas más privilegiadas como los barrios Río de Piedras y Jardines del Valle, donde algunos negocios operan después de las horas permitidas. 

El excomisionado de la Policía Nacional, Jaime Flores, quien ahora está a cargo de la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana de la alcaldía sampedrana manifestó que ahora hay una relación muy estrecha entre la policías Municipal y Nacional para mantener el orden público y preservar la vida y los bienes. 

«Nosotros somos apéndice de la Policía Nacional de Honduras, por lo tanto dependemos de su cobertura y de los otros funcionarios públicos encargados de cumplir la ley para poder proceder, pero el trabajo de la Policía Municipal es muy efectivo para la ciudadanía», aseguró Flores. 

El excomisionado policial dijo sobre las políticas que se deben aplicar en materia de seguridad que es una tarea muy complicada sin la colaboración de la gente: «Si la ciudadanía no contribuye con su comportamiento individual y colectivo al mejoramiento de la calidad de vida, si no hay conciencia ciudadana de respetar las normas establecidas, será difícil para cualquier institución». 

El 11 de marzo del 2022, el ministro de seguridad, Ramón Sabillón, visitó la alcaldía de San Pedro Sula, por invitación del alcalde Roberto Contreras. Tras reunirse con el edil, el alto funcionario manifestó que «el objetivo toral es el abordaje de las necesidades públicas de seguridad. Con el señor alcalde lo hemos focalizado y habrá acciones inmediatas, a mediano y largo plazo. Estamos en el esfuerzo con todo el Gobierno apoyando iniciativas, pero pretendemos tener un enfoque integral para resolver los diferentes problemas que adolece nuestra comunidad», prometió Sabillón. 

Roberto Contreras le ganó la alcaldía en las pasadas elecciones al nacionalista Armando Calidonio, quien ahora funge como regidor en la alcaldía sampedrana. Calidonio ha sido ligado a estructuras criminales y de narcotráfico. La comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, denunció que cuando fue jefa de asuntos internos de la Policía Nacional investigó casos de oficiales involucrados en narcoactividad, pero estos «fueron protegidos por Óscar Álvarez y Armando Calidonio pese a que eran claramente señalados por narcotráfico».

La promesa del ministro Sabillón choca con una tarea enorme en materia de seguridad. Para poner un ejemplo, Migdona Ayestas, especialista en este tema, menciona que el Talón de Aquiles en este momento, dejado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, es la investigación criminal, pues en la mayoría de casos no existe. 

Belkis Valladares, vocera de la Policía Nacional en el norte del país, advierte que la DPI tiene un «gran reto» en el tema de la investigación pues para evitar la impunidad se tiene que dar respuesta a los casos de homicidios, cuya tasa en el país el año pasado alcanzó 40 por cada 100 mil habitantes, según el OV-UNAH.

Mientras las nuevas autoridades se acomodan, los que delinquen no paran. «La criminalidad se pelea entre sí, pero también manda mensajes a las autoridades que, a pesar de todas las estrategias que puedan desarrollar, ellos [los criminales] van a seguir operando. Ahí es donde es importante demostrar esos resultados certeros», señala Migdonia Ayestas.

Y en algún punto de la ciudad anda un taxista preocupado, que después de salir de la Flor de Cuba —una de las decenas de colonias donde hay que bajar los vidrios— nos dijo: «Algo tiene que hacer el Estado, sino aquí nadie podrá trabajar, que se dediquen ellos, los mareros, a andar los buses».

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