En 2021, en su primer mandato, el Gobierno de Nayib Bukele invitó a oenegés y universidades a participar en la redacción de una nueva ley de minería metálica. Mientras esto ocurría, un grupo de extranjeros y una empresa, esta última relacionada con una transnacional minera que operó en Honduras, llegaron a San Isidro, El Salvador, tanto a realizar supuestas labores sociales como a comprar terrenos con potencial minero.