Reportajes

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Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

Lenir Pérez, el empresario dueño de las concesiones en la mina de Guapinol y el aeropuerto Palmerola, mantiene su poder intacto a pesar del discurso oficial de la presidenta Xiomara Castro en contra de estos proyectos. Señalado por beneficiarse de sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández para obtener contratos irregulares y abusar de los derechos humanos de comunidades, Pérez podría mantener un acceso privilegiado al nuevo gobierno a través del trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización.

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ZEDE Próspera

Negociación o arbitraje internacional: el futuro incierto de la ZEDE Próspera

A casi un año de la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Honduras está todavía lejos de ser libre de las ZEDE. Tres empresas operan aún bajo este régimen especial en el territorio nacional; una de ellas, Próspera en Roatán, ha advertido que si el Gobierno actual no negocia «de buena fe» demandarán al Estado por hasta 10,775 millones de dólares por daños y perjuicios. Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos ejerce presión con el fin de proteger las inversiones de sus ciudadanos en estas jurisdicciones que siguen funcionando sin el marco legal que les dio vigencia y beneficios fiscales.

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contrataciones sin licitación en Casa Presidencial

Por «seguridad nacional» la presidenta autorizó contrataciones sin licitación en Casa Presidencial

El 14 de febrero de 2022, la presidenta Xiomara Castro y el secretario de la presidencia, Rodolfo Pastor, autorizaron a través de un Decreto Ejecutivo y por «razones de seguridad nacional» la contratación directa de «servicios requeridos para el buen funcionamiento de Casa Presidencial», entre ellos: alimentación, transporte aéreo y terrestre, encuestas, estudios, comunicación, entre otros. A pesar de que el decreto se publicó hasta el pasado 17 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta, Casa Presidencial empezó la contratación de los servicios de manera directa desde febrero de 2022.

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femicidio de Cinthia | El femicidio de Cinthia muestra la impunidad que enfrentan las mujeres garífunas

El femicidio de Cinthia muestra la impunidad que enfrentan las mujeres garífunas

Cinthia Matilde Martínez fue asesinada el 25 de agosto de 2020; mientras dormía en su casa ubicada en la comunidad garífuna de Nuevo San Juan en Tela, Atlántida. Antes había denunciado en seis ocasiones a su expareja, quien, según testigos, es el femicida. El abandono, el machismo y el racismo de las autoridades hacia las mujeres garífunas mantiene, más de dos años después, el caso en impunidad. El último refugio de esta mujer fueron las otras mujeres que buscan libertad y que buscan un cese a la violencia basada en género en su comunidad.

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Conflicto en Punta Gorda: el pueblo garífuna se resiste a desaparecer 2022

Conflicto en Punta Gorda: el pueblo garífuna se resiste a desaparecer

El 7 de noviembre de 2022, policías y militares irrumpieron en un campamento en Punta Gorda, Roatán, y capturaron a seis personas por el delito de usurpación. Entre mar y selva, en la isla más codiciada de Honduras, los once acres de tierra en disputa forman parte de un movimiento más amplio del pueblo garífuna: el de «recuperación de tierras ancestrales» para asentar las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura. Tras el desalojo que dejó varios heridos, el Gobierno alegó ignorancia y reforzó su «compromiso» con los derechos humanos. Este reportaje relata el divorcio que todavía hay entre las autoridades y los garífunas.

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La PDDH de El Salvador investiga “ejecución extrajudicial” de un detenido durante el régimen de excepción de Bukele

La PDDH de El Salvador investiga “ejecución extrajudicial” de un detenido durante el régimen de excepción de Bukele

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió un informe a finales de septiembre que confirma una investigación por “ejecución extrajudicial” en el caso de Adrián Solórzano, el primero que ve la luz pública y emplaza al Estado para que explique una de las 90 muertes que han sucedido en penales desde el inicio del régimen de excepción. Su familia había denunciado hace cuatro meses que Solórzano, un padre de familia de 30 años fallecido en el centro penal La Esperanza, fue asesinado por las autoridades.

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