Vehículos, sándwiches y periodistas: el desfalco de Hilda Hernández

El caso Hermes, presentado por la Uferco, parece ser el último eslabón para entender la estructura con la que Juan Orlando Hernández llegó al poder a través del asistencialismo y el control mediático; un desfalco de más de 122 millones de lempiras que tiene como principal enlace a la fallecida ministra y hermana del presidente, Hilda Hernández.


Texto: Fernando Silva
Fotografías de Martín Cálix

En 2015, cuando Fernando del Rincón, periodista de CNN, cuestionó al presidente Juan Orlando Hernández sobre si estaba violando la Constitución de la República al tener como ministra a su hermana, Hilda Hernández Alvarado, el presidente contestó que, aunque trabajaba en el ministerio de Comunicaciones y Estrategia, ella «no maneja presupuesto, no maneja ninguna cartera» y que por tanto «no es secretaria de Estado».

Dos años después, mientras las protestas por el fraude electoral y la reelección ilegal del presidente estaban en su punto más álgido, se anunció que ella había muerto en un accidente aéreo. Ahora, a meses de la salida de Hernández del poder, su nombre está más vigente que nunca a raíz de las acusaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco) del Ministerio Público. La Uferco la señala como la persona que en 2013 organizó la creación de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID con la que desfalcaron más de 122 millones de lempiras de Casa Presidencial para el pago de más de 70 periodistas, boletos de avión, transporte de activistas a eventos de gobierno, alquiler de vehículos blindados y otros beneficios personales.

Según la investigación, periodistas habrían recibido montos millonarios para que «emitieran opiniones favorables respecto a la gestión del presidente Juan Hernández, hermano de la titular de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, Hilda Hernández, sin existir ningún vínculo con la misma.» Este caso, denominado «Hermes», establece que Hilda Hernández utilizó a Carol Vanessa Alvarado, su amiga y mano derecha, para crear la empresa de maletín y desviar fondos en beneficio de la campaña política de su hermano y mantener el discurso en favor del gobierno. Esta es la continuación de otras investigaciones iniciadas por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih): Pandora y Corrupción Sobre Ruedas.

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Carol Vanessa Alvarado siempre ha estado cerca de las principales personalidades del Partido Nacional de Honduras. Entre 2010 y 2013 fue subgerente de presupuesto en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), luego ocupó el cargo de gerente administrativa de Casa Presidencial durante tres meses a inicios de 2014, después regresó a SEDIS y finalmente, en 2017, fue candidata a diputada suplente en el movimiento con el que Juan Orlando Hernández alcanzó la reelección.

Sobre todo, Carol siempre estuvo cerca de Hilda Hernández. Según el requerimiento fiscal presentado por la Uferco, en mayo de 2013 por instrucciones de la hermana del presidente ordenó al señor José Adolfo Sierra -su motorista personal- para que se constituyera como comerciante individual con el objetivo de realizar actos de comercio bajo la denominación de Servicios e Inversiones AID. Posteriormente abrieron una oficina en el barrio La Granja de Tegucigalpa y una cuenta de cheques en Banco Atlántida. Cuando Hilda Hernández fue nombrada ministra de Comunicación y Estrategia, trasladaron dicha oficina a las instalaciones de Casa Presidencial y mantuvieron sus operaciones allí hasta 2016. 

En el caso de Hilda Hernández, el requerimiento fiscal del caso Corrupción sobre Ruedas detalla que no utilizó su nombre en la empresa porque dijo que como funcionaria pública no podía abrir empresas y porque no quería verse expuesta ni exponer la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández. Fue desde Casa Presidencial y con órdenes de pago firmadas por ella que entre el 9 de abril de 2014 y el 8 de diciembre de 2016 se emitieron 53 cheques por un total de 122.105 millones de lempiras en favor de la empresa, por concepto de Servicios de Publicidad y Propaganda en medios de comunicación Radial y de Televisión. 

De los 53 pagos, la Uferco identificó que 14 de ellos no contaban con el soporte de un contrato de servicios. En su mayoría, este dinero se utilizó para pagar la publicidad de actividades gubernamentales como los programas Honduras Actívate y Navidad Catracha. Otro de los puntos que el requerimiento destaca es que todos estos contratos se suscribieron sin licitación, aunque la normativa indicaba que las cantidades pagadas eran mayores a lo estipulado para un proceso de contratación directa. Sumado a eso, los pagos realizados por Casa Presidencial a la empresa Servicios e Inversiones AID excedieron el presupuesto asignado durante los años 2014, 2015 y 2016 en más de 49 millones de lempiras.

Además, según datos del requerimiento, al menos 60 millones del total desviado hacia la empresa de maletín sirvieron para pagar a más de 70 periodistas a través de un acuerdo hablado establecido con la ministra de Comunicación y Estrategia para que los periodistas dieran una opinión favorable sobre el trabajo del presidente. Entre los favorecidos se encuentran algunos de los profesionales del periodismo más reconocidos del país. 

En junio de 2015 cuando el movimiento de Los Indignados protestaba en las calles por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y pedía la instalación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Honduras (CICIH) un grupo de directores de medios se reunieron con la ministra Hilda Hernández para empezar un diálogo nacional y detener las protestas, entre los periodistas que se reunieron estaban Luis Edgardo Vallejo que entre 2014 y 2016 recibió un total de 2.6 millones de lempiras, y Armando Villanueva que después de esa reunión empezó a recibir pagos mensuales de 80 mil lempiras hasta completar un monto total de 480 mil lempiras en diciembre de ese año.

Estos acuerdos parecen haber perdurado con el tiempo, por ejemplo en 2018 el presidente Hernández brindó una serie de entrevistas exclusivas con periodistas, entre ellos Rosendo García; en dicha entrevista el presidente habló sobre las acusaciones de su hermano Juan Antonio Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, y aseguró que “se trata de una situación compleja porque quienes sirven de testigos son los principales afectados por decisiones que tomé desde que empecé a ejercer la Presidencia de la República y también cuando estuve en la Presidencia del Congreso Nacional”.

Rosendo García es director del programa “Al Banquillo” de Televicentro, uno de los medios corporativos más grandes del país, también en 2018 brindó una entrevista en un periódico nacional donde opinó sobre los periodistas que reciben dinero del gobierno y dijo que “es un mal concepto que le han puesto al compañero que va a vender publicidad para su programa. No es que se ande vendiendo al político o al empresario. Pero igual hay políticos que dan dinero sin estar de por medio un contrato de publicidad. Por lo menos a mí no me ha pasado. Y siento que no es que el político te regale, sino que hay una identificación por el servicio que se presta, esos son desprendimientos, no es que te está comprando”.

Rosendo recibió entre el 14 de abril de 2014 y el 27 de octubre de 2016 pagos mensuales de 60 mil lempiras que en total completaron 1.9 millones de lempiras, y en 2017 fue galardonado con un premio de periodismo en el Congreso Nacional.

Otro de los beneficiados con pagos del gobierno fue el reportero Ernesto Alonso Rojas, del canal de televisión Hable como Habla, quien en diciembre de 2018 protagonizó una escena en la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula donde ciudadanos le dijeron consignas en contra del presidente al entrevistarlos por lo que Rojas dijo “no lo van a sacar. Ya canturrean con eso, hasta mal caen”, y luego expresó “son imbéciles estos, son imbéciles”. Rojas recibió un total de 360 mil lempiras entre junio de 2015 y octubre de 2016.

Antes de la investigación de la Uferco ya se habían registrado beneficios de Casa Presidencial a la prensa, que en la práctica, habrían influenciado en su forma de presentar las noticias. Por ejemplo, Contracorriente reportó en 2019 el pago de viáticos de periodistas que viajaron a Israel para cubrir la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. 

Casa Presidencial pagó pasajes aéreos, transporte y alimentación a los asignados de cada medio que cubrió el evento, según confirmó uno de los periodistas que viajó a Israel. El pasaje aéreo individual en vuelo comercial en clase económica cuesta alrededor de 46 mil lempiras (1900 dólares), por lo que en total habrían gastado un aproximado de 465 mil lempiras (19 mil dólares) solamente en vuelos, cantidad que en ese momento no coincidía con la información proporcionada por la Oficial de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial. 

Lea más en Casa Presidencial pagó viáticos de periodistas que viajaron a Israel

Ante las acusaciones de la Uferco, el Colegio de Periodistas de Honduras emitió un comunicado en el que aseguraban no tener información sobre la mención de los periodistas en el requerimiento fiscal y que, aunque apoyaban la lucha contra la corrupción, dudaban «de que se utiliza de forma perversa y siniestra para generar odio, levantar cortinas de humo, obtener ganancias pírricas en la política para colocar en el paredón de linchamiento público a algunos colegas.»

Lo cierto es que ninguno de los periodistas mencionados ha sido acusado penalmente hasta el momento y no hay claridad sobre el destino final de los fondos que recibieron. Además, el más beneficiado del fondo de publicidad de Casa Presidencial fue el motorista José Adolfo Sierra, quien cobró 102 cheques por un monto total de 42.5 millones de lempiras que, según la acusación del Ministerio Público, «fueron entregados a su patrona Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, o en todo caso, a las personas que está disponía.» 

Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, indicó que son 11 funcionarios públicos los acusados y que los delitos que se investigan ameritan órdenes de captura que hasta el momento no han sido emitidas por la Corte Suprema de Justicia. 

Los señalados son el Secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro Alexander Pineda Díaz; el gerente administrativo de Casa Presidencial, Harvis Edulfo Herrera Carballo, la contadora general de Casa Presidencial, Lesly Mirella Fúnez Sierra y el gerente administrativo de Casa Presidencial, Axel Eduardo Huete González. Los cuatro son acusados por violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude. También se señala a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Claudia Yamilia Noriega González y Normal Guillermo Noriega Rodríguez, por el delito de lavado de activos.

En el requerimiento también se encuentra el subjefe de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas, Mario Alberto Villanueva Menjívar, así como Gloria Margarita Vargas; Judit Mariel Muñoz Casteñada y Julio Antonio Galdámes Fuentes, señalados por el delito de encubrimiento agravado.

Según el MP, el motorista José Adolfo Sierra no tiene registros de haber utilizado la cantidad de dinero apuntada y no manejó cheques ni tarjetas de la cuenta de Servicios e Inversiones AID, lo cual explicaría porqué no hay requerimientos en su contra en los casos Corrupción sobre Ruedas y Hermes, aunque sí los hubo en el caso Pandora el cual terminó con un sobreseimiento definitivo.

El requerimiento fiscal del caso Hermes explica que estos actos solo fueron posibles por la confabulación entre «Carol Vanessa Alvarado, administradora de hecho de la empresa Servicios e Inversiones AID y una serie de personas y funcionarios públicos de Casa Presidencial» entre ellos, Pedro Díaz, secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, que ahora es considerado autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un delito de malversación de caudales públicos; 43 delitos de fraude y 53 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública. 

implicados en el caso hermes honduras
Momento en el que comienzan a salir abogados de las defensas custodiados por el GRP cuando se tomó un receso de dos horas para poder almorzar. Tegucigalpa, 23 de julio de 2018. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

El papel de Servicios e Inversiones AID fue muy similar al de otros casos de corrupción anteriormente presentados. Por ejemplo, en el caso Corrupción sobre ruedas, según detalla la investigación, se retiraron 26 cheques del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola a nombre de Servicios e Inversiones AID, por más de cuatro millones de lempiras, más de dos millones provenientes del Comité de campaña del Partido Nacional,  667 mil de la fundación Todos Somos Honduras -involucrada en el Caso Pandora- así como de otras organizaciones no gubernamentales o personas particulares. 

Además, ese requerimiento señala que el Congreso Nacional emitió tres cheques a favor de la empresa de maletín por un total de 760 mil lempiras por «publicidad y propaganda institucional, transmisión de spot y cobertura de evento especial del Congreso Nacional» en 2013. Sin embargo, de acuerdo con el requerimiento, se debió hacer licitación pública porque el monto supera 470 mil lempiras, requisito para no tener que pasar por una licitación.  

Lo recibido de Casa Presidencial, 862 mil lempiras, fue por concepto de pago de alimentación, equivalente a 7500 sándwiches el 27 de enero de 2014, día de la primera toma de posesión de Juan Orlando Hernández. El valor de cada sandwich fue de 115 lempiras y fue Carol Vanessa Alvarado quien emitió la orden, operando como financiera de Casa Presidencial de manera interina pero sin haber presentado los requisitos para tomar posesión del cargo y mientras fungía como sub gerente de presupuesto de la SEDIS en donde pidió un permiso de licencia no remunerada que le fue concedido hasta el 28 de enero, un día después de la entrega de los sándwiches.

En el caso Corrupción sobre Ruedas se describe cómo Banadesa libró 26 cheques en favor de la empresa por un total de 4.6 millones de lempiras que responden al alquiler de 39 vehículos blindados para ser utilizados en la entrega del bono 10 mil. Sin embargo, la investigación demuestra que Servicios e Inversiones AID no poseía la logística y no contaba con los vehículos descritos en la operación. Parte de ese dinero fue utilizado para pagar parcialmente un vehículo Land Cruiser Prado para Hilda Hernández.

En el caso Hermes, parte de los fondos fueron desviados para el pago de boletos de avión. En una de esas ocasiones, Servicios e Inversiones AID utilizó el dinero que Casa Presidencial pagó en concepto de publicidad para comprar boletos aéreos hacia Hamburgo, Alemania, para Hilda Hernández y su esposo, el empresario Jean Francoise de Peirecave. El costo total del viaje fue de 456 mil lempiras. También fue favorecida con un cheque de 127,868 lempiras a la empresa Inversiones Santa Elvira S.A de CV que fue constituida en 2015 por Hilda Hernández y Miriam Vanessa Cruz, esposa de Juan Antonio Hernández, acusado por narcotráfico por los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York, quien además era gerente de esa empresa.

 

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Según las investigaciones presentadas, el presidente Juan Orlando Hernández ha sido acompañado en el poder por una red de funcionarios públicos que desfalcaron al Estado en función de propiciar acciones asistencialistas, moldear el discurso mediático y obtener beneficios personales. 

Ahora Hernández enfrenta posibles sanciones por la evidencia de su participación en corrupción y narcotráfico a raíz de la solicitud de un grupo de senadores estadounidenses. Ante esto ha dicho que no habrá presidente que luche contra el narcotráfico como él lo ha hecho y que un nuevo presidente no podrá enfrentar el crimen si Estados Unidos sigue creyéndole a los narcotraficantes. Mientras se develan las redes de saqueo del Estado que han hecho posible la llegada al poder de Hernández y que lo han sostenido en él, el país entra a un nuevo proceso electoral que inicia con las elecciones primarias el 14 de marzo.

Descargue aquí los requerimientos fiscales de los tres casos, obtenidos vía Acceso a la Información Pública

 

-Caso Pandora

-Caso Corrupción sobre ruedas

-Caso Hermes

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Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
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1 comentario en “Vehículos, sándwiches y periodistas: el desfalco de Hilda Hernández”

  1. La información está muy completa. Pero no vivimos en una sociedad dada a la lectura. Habrá que tratar de achicar los textos. Lastimosamente no nos gusta leer y mucha gente no creo que haya llegado ni siquiera a la mitad.

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