Las ZEDE en Honduras deberán someterse a regímenes especiales ya existentes en el país

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El pasado 20 de abril, el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y otros decretos relacionados. Ahora, luego de que la presidenta Xiomara Castro sancionara estos decretos, las empresas localizadas en las ZEDE deberán de inscribirse en alguno de los regímenes especiales vigentes en Honduras con instrucciones de la Secretaría de Desarrollo, y, además, las distintas Secretarías de Estado deberán desclasificar toda la información sobre las mismas después de haber sido derogada la Ley de Secretos.


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

«Con la voluntad del pueblo estamos recuperando nuestra soberanía, no es una campaña de organizaciones no gubernamentales, es un pueblo que se manifestó durante todos estos años para derogar esta Ley. Para mí este es el momento más especial que hemos tenido en estos 85 días de gobierno», manifestó la presidenta Xiomara Castro después de sancionar el decreto que deroga la Ley Orgánica de las ZEDE.

Xiomara Castro se refirió a las declaraciones de Massimo Mazzone, empresario italiano radicado en Honduras y fundador de la ZEDE Ciudad Morazán en el municipio de Choloma, Cortés. En su cuenta de Twitter, Mazzone se refirió a las personas y organizaciones en contra de las Zonas Especiales como «parásitos», y dijo que estos eran beneficiados por políticos y organizaciones no gubernamentales de Europa.

Según la página de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone figura como uno de los inversionistas junto a Guillermo Aguilar; de este modo, ambos son fundadores y directores de Centro American Consulting & Capital (3C), un holding hondureño que entre sus activos tiene a Farmacias del Ahorro, Proconsumo en Honduras y Farma Value. La página web indica que este grupo emplea a 4,000 personas en Centroamérica y sus ingresos son de aproximadamente 800 millones de dólares anuales.

Contracorriente solicitó una entrevista al empresario Massimo Mazzone, quien en un principio accedió. Sin embargo, minutos después rechazó la entrevista por medio de su asistente.

Previo a la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, Mazzone felicitó a Grupo Próspera por la inversión de 60 millones de dólares en este proyecto también localizado en una ZEDE, catalogando como «La inversión extranjera directa más importante en Honduras en lo que va del 2022». 

El 18 de abril de 2022, Honduras Próspera Inc (HPI) anunció por medio de un comunicado que invertiría 60 millones de dólares adicionales en esta ZEDE, ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, y que en su momento tuvo la intención de expandirse a La Ceiba, Atlántida. La finalidad de esta inversión, explica el comunicado, es crear fuentes de empleo adicionales en distintos sectores para así cumplir con la expectativa de transformar la economía de Roatán en una zona internacional para la innovación, las finanzas y el emprendimiento.

Derogada por unanimidad aún con inconformidad de diputados nacionalistas

El Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) por unanimidad de votos el pasado 20 de abril, esto aún con el respaldo de las y los diputados del Partido Nacional, quienes anteriormente expresaron la necesidad de consultar a los inversionistas de las ZEDE y proponer una estrategia para la generación de empleo previo a la derogación de esta Ley, ya que, de lo contrario, el país podría enfrentar serias demandas por parte de los empresarios.

Nelson Márquez, diputado por el Partido Nacional, asegura entender el disgusto de gran parte de la población conforme a las ZEDE, pero señala que es importante hacer las consultas previas a los inversionistas que ya están en el país y que se han amparado en el régimen de las ZEDE. «Hacer algo distinto y dañar a los inversionistas provocará, primero, una demanda que probablemente ellos ganen, y dos, que la credibilidad del país a nivel internacional baje aún más», indicó el congresista previo a la derogatoria de esta ley.

La diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) e integrante de la Comisión Especial contra las ZEDE, Silvia Ayala, asegura que las posibles demandas en contra del Estado hondureño no procederán debido a que «Las ZEDE fueron aprobadas al margen de la ley, y los inversionistas y el capital trasnacional que vino a pretender comprar nuestro territorio no desconocían la ilegalidad de estos decretos, es por eso que al realizar estas inversiones ellos no pueden reclamar algún tipo de resarcimiento, restitución o indemnización».

Silvia Ayala agrega que la instalación de las ZEDE atenta contra la soberanía del pueblo hondureño, y, además, es un acto de traición a la patria cometido en el Congreso Nacional –presidido en ese entonces por miembros del Partido Nacional.

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Pie de foto: El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en un único debate el 20 de abril de 2022. Foto CC/Jorge Cabrera.

Posteriormente, el 25 de abril, la presidenta Xiomara Castro también sancionó la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE que hizo el Congreso Nacional, y, además, sancionó otros dos decretos. El primero deroga el nombramiento de 21 miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP); el segundo, una normativa que establecía un programa de promoción de las ZEDE en coordinación con la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), conformando así un gobierno paralelo.

En el Congreso Nacional se derogaron dos decretos más, promulgados el año pasado, uno de estos relacionado con el impuesto sobre la venta para las mercaderías, bienes y servicios que las ZEDE compraron en el mercado hondureño gozando de su extraterritorialidad por las reformas a la Constitución de la República y lo estipulado en la Ley Orgánica de las ZEDE. Del mismo modo, se echó atrás una reforma mediante la cual las empresas establecidas en el resto del territorio hondureño podían registrarse en el registro que llevaran las ZEDE, y de este modo dejar de pagar impuestos al no ser contribuyentes del Sistema de Administración de Rentas (SAR).

Bitcoin no podrá implementarse como forma de pago en Próspera

A principios de abril de 2022, Próspera anunció que el Bitcoin ya funcionaba como moneda de pago para individuos y empresas en las ZEDE al norte del país. Además, en su comunicado explicaron que, contrario a otras jurisdicciones, las transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas no estaban sujetas a impuestos sobre ganancias del capital y que mediante Bitcoin Bonds (bonos) expendidos por municipalidades y el Gobierno local, las comunidades de estos lugares podrían tener acceso a un mercado de criptomonedas que actualmente es de 2 trillones de dólares a nivel mundial y que, según el comunicado, aspira a ser de 30 trillones de dólares en 2027.

Previo a esto, el Banco Central de Honduras (BCH) anunció por medio de un comunicado que el Bitcoin es un activo financiero que por los momentos no está regulado en el país, y que, conforme a lo establecido por el artículo 342 de la Constitución de la República, artículo 5 de la Ley Monetaria y el Artículo 26 de la Ley del Banco Central de Honduras, el Banco Central es el único emisor de billetes y monedas de curso legal en el territorio nacional. 

«Es importante recordar que el BCH no supervisa ni garantiza las operaciones efectuadas con criptomonedas como medios de pago en el territorio nacional, por lo que cualquier transacción efectuada con este tipo de activos virtuales es bajo responsabilidad y riesgo de quienes lo realicen», expresa el BCH en su comunicado en marzo de 2022.

Vista a la comunidad garífuna de la Ensenada, en el departamento de Atlántida, al norte de Honduras. Comunidades expresaron desde el inicio rechazo por la posible implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) en su comunidad. Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

Según el artículo 30 de la Ley Orgánica de las ZEDE, en estas no se aplicaran políticas de cambio dentro de ellas, y los medios de pago que circulen dentro de ellas deben ser libremente convertibles. Además, el mismo artículo establece que «Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico están autorizadas a establecer controles que limiten el uso de medios de pago físicos dentro de su ámbito espacial de competencia y a tener una política monetaria interna».

Marco Amaya, CEO de Tradecorp Capital Latam, una escuela financiera en temas criptográficos y mercados financieros, señala que es importante saber que el Bitcoin, al ser una moneda descentralizada, no pasa por ningún ente financiero y, al tener la característica en su movimiento del capital, este podría acumular más capital que un banco. Ahí es cuando, sumando la característica de movimientos bancarios anónimos, debe entrar la regulación estatal para evitar la edificación de un paraíso fiscal.

El experto en criptomonedas explica que en Honduras actualmente existe el comercio de criptomonedas, y dentro de él existen muchos compradores, pero que, como explica el comunicado del BCH, ningún banco se ha añadido a las plataformas de transferencia debido a que esto no es regulado por el Banco Central. Lo anterior indica que el Bitcoin podría prevalecer en el comercio de criptomonedas, pero ya no sería una moneda de curso legal en Próspera por la derogatoria a la Ley Orgánica de las ZEDE.

«En este momento hay mucho más interés en sacar al país adelante, así que una vez solucionados estos aspectos existirán más oportunidades relacionadas a estos temas. Honduras debe de abrir sus puertas a un futuro con mayor comercio a nivel mundial, tomando en cuenta que el país necesita de este tipo de inversiones para crecer financieramente, pero se tiene que empezar por el tema de educación y, sobre todo, saber en qué se pueden implementar y en qué no las criptomonedas», manifiesta Marco Amaya.

De ZEDE a un régimen especial ya existente

Fernando García, comisionado presidencial en contra de las ZEDE, explicó que están preparando un decreto ejecutivo en el cual la Secretaría de Desarrollo Económico y las distintas secretarías de Estado e independencias públicas deberán de, en el ámbito de sus atribuciones, proceder a ver –según la naturaleza, características y condiciones de las empresas establecidas en la ZEDE– en cuál de los regímenes especiales vigentes se pueden acoger estas empresas, y que, de esta manera, las empresas puedan continuar trabajando en el país con total apego a la normativa jurídica y a la Constitución de la República.

«Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tendrá que proceder a revisar qué contratos de trabajo están suscritos; la Secretaría de MiAmbiente deberá revisar si existen las licencias ambientales correspondientes; el Sistema de Administración de Rentas, ver cuáles impuestos han pagado y cuáles no. A pesar de que ellos han irrespetado el Estado de derecho en Honduras, nosotros no actuaremos de la misma manera, somos superiores como Estado, como soberano, y como Gobierno, y vamos a darles la posibilidad de que se establezcan conforme a esos regímenes jurídicos ya existentes en el país», argumentó el comisionado presidencial contra las ZEDE.

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Xiomara Hortencia Zelaya, diputada del Congreso Nacional, Fernando García, comisionado presidencial en contra de las ZEDE, Xiomara Castro, presidenta de la República, y Lucky Medina, ministro de MiAmbiente, en la firma que sanciona la ratificación de la Ley Orgánica de las ZEDE y los decretos derivados de su normativa. Foto CC/Jorge Cabrera.

Actualmente existen tres regímenes especiales: Las Zonas Libres (ZOLI), las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), y el Régimen de Importación Temporal (RIT). Las ZOLI son las que más se apegan a la normativa de las ZEDE. Para que una empresa opere bajo este régimen, esta debe tener el permiso de la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Sistema de Administración de Rentas (SAR), y pagar una tarifa anual al Estado hondureño como comprobante de permiso de operación. Las ZOLI otorgan el impuesto sobre la renta e impuestos municipales por tiempo indefinido.

Contactamos a Pedro Barquero, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, sin embargo no respondió las solicitudes de entrevista de Contracorriente.

El abogado Oscar Hendrix explica que los inversionistas en la ZEDE podrían no interesarse en incluirse en uno de estos regímenes debido a los beneficios que la Ley Orgánica de las ZEDE ya les proporcionaba, pero para esto el abogado considera pertinente conocer la información y los contratos bajo los cuales cada una de las ZEDE opera.

«Nosotros como no tenemos el conocimiento del contenido de los contratos entre Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea con el Gobierno, no sabemos en realidad qué cláusulas hay ahí. Sabemos que estos acuerdos son inconstitucionales y que igual no tienen efecto, pero creo que nos daría muchas luces saber el contenido de todo esto», manifiesta Oscar Hendrix, quien añade que el Gobierno debe hacer pública esta información, ya que actualmente se conoce más información de las ZEDE por ellas mismas que por el Estado hondureño.

Fernando García se refirió a esto diciendo que cada una de las secretarías de Estado, actuando en respeto a la soberanía nacional, al territorio, a la forma de gobierno, a los derechos humanos, y al pueblo que es soberano, deberán proceder a desclasificar toda la información que se encontraba bajo el régimen de clasificación de documentos públicos, en virtud de que la Ley de Secretos ya fue derogada. Esto, agrega García, permitirá levantar cargos contra aquellos que han actuado violentando la Constitución de la República y la legislación secundaria. 

Oscar Hendrix agrega que, en un principio, la información sobre los contratos de las ZEDE no tendría que haber estado clasificada, pero es probable que la administración anterior haya tratado de clasificarla bajo la Ley de secretos; sin embargo, ahora con la derogación de esta Ley, ya es posible que se publiquen estos contratos y así realizar los análisis pertinentes respecto a los demás beneficios que podrían haber obtenido los empresarios e inversionistas en las distintas ZEDE.

Comunicado de Honduras Próspera Inc.

Horas después de la derogatoria de las ZEDE, Honduras Próspera Inc. emitió un comunicado exigiendo respeto a la estabilidad jurídica de las ZEDE, argumentando que, de negar los derechos adquiridos a los inversores bajo del régimen de las Zonas Especiales, el Estado de Honduras estaría violando sus obligaciones «Bajo el derecho internacional y nacional, de conformidad con principios legales ya bien establecidos», y que estaría obligado por el derecho internacional, constitucional y ordinario a«Brindar un trato justo y equitativo, así como a garantizar la plena protección y seguridad de los inversionistas e inversiones en las ZEDE».

Grupo Próspera detalla en el comunicado que la derogación del régimen de las ZEDE no afecta los derechos de los inversores, en vista de que Próspera está protegido por un contrato de estabilidad jurídica por 50 años, y el artículo 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE establece que los derechos y privilegios de los inversionistas permanecerán mientras duren sus contratos. Además, se menciona que Honduras Próspera Inc., promotor y organizador de la ZEDE Próspera, es una empresa protegida por el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA-DR) y el Tratado Bilateral de Inversión EE. UU.-HN al ser una empresa estadounidense.

«Próspera vino a Honduras con las mejores intenciones de invertir y generar oportunidades, basándonos en compromisos legales adquiridos por cada parte, y está intención y compromisos se mantienen. Respetamos la soberanía de Honduras, y tenemos una tremenda apreciación por el pueblo Hondureño y su potencial. Buscamos desatar este potencial con esquemas de inversión sostenibles que generen oportunidades a una escala que catalice prosperidad generalizada, con un enfoque en resolver de raíz fricciones que limitan el desarrollo socioeconómico en el país. Queremos ser parte de la solución y construcción de un futuro mejor, trabajando con todas las partes para llegar ahí», manifestó Erick Brimen, fundador de la ZEDE Próspera en Roatán.

Más allá de esta declaración que dio a Contracorriente, Brimen decidió no responder el resto de las preguntas que le formulamos.

Además, el diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, publicó un tuit en el cual la delegación de Honduras Próspera Inc. junto al CEO de la misma, Erick Brimen, se aproximaron al Congreso Nacional expresando que se someterán a la legislación nacional. Sin embargo, Tomé indica en el mismo tuit que ellos deberán acudir al Poder Ejecutivo para establecer el debido proceso administrativo.

El abogado Oscar Hendrix asegura que la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE y los tratados internacionales bajo los cuales se están amparando los inversionistas de Próspera traen todo un enjambre de interpretaciones jurídicas y constitucionales. «Todas esas concesiones se hicieron sin seguir el procedimiento mínimo que el mismo CAMP había establecido, ya que en este grupo de poder estaban los mismos diputados y funcionarios, de esta manera, se saltaron todos los procedimientos que decía la ley. Esto es realmente fraudulento ya sea que lo veamos desde la Constitución o desde el punto de vista del Cohep», indica.

Dentro de las figuras hondureñas que pertenecen al Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) están: Ricardo Maduro, expresidente de Honduras en el periodo 2002-2006; Ebal Díaz, secretario de la presidencia en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, quien ahora está próximo a enfrentar un proceso de juicio en los Estados Unidos por narcotráfico; y Octavio Rubén Sánchez Barrientos, exministro de equipo de la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Recomendamos leer: ¿Quiénes deben regular los proyectos ZEDE en Honduras?

Hendrix considera importante el análisis jurídico de las ZEDE en Honduras realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en junio de 2021. En este análisis, el Cohep explicó que las inversiones en las ZEDE localizadas en Honduras estaban en riesgo debido a que estas revisten legalidad, pero carecen de legitimidad al no haber sido aprobadas mediante amplios procesos de consulta a la población hondureña y sus distintos sectores.

Además, el análisis jurídico del Cohep menciona que el Estado de Honduras «Podría enfrentar acciones legales exigiendo el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a inversionistas nacionales y extranjeros».

Para Oscar Hendrix las demandas de carácter internacional mencionadas por el Grupo Próspera en su comunicado no procederán, y será mayor el peso de la inconstitucionalidad, el que no haya existido consulta previa, y los daños ambientales que las ZEDE han dejado –según los habitantes de las distintas comunidades–. En ese sentido, el abogado apunta que los beneficios de las ZEDE podrían ser el motivo por el cual la empresa privada se posicionó en contra de estas Zonas Especiales, desencadenando esto en la unión de la empresa privada con la ciudadanía para exigir la derogación de las ZEDE en Honduras.

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Estudiante de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Partidaria de conectar a través de las ansias de mejora colectiva. Cada día más empática en esta humana profesión.
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