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Ante la crisis legislativa producida por el nombramiento de dos juntas directivas del Congreso Nacional —una liderada por el diputado Luis Redondo del partido Salvador de Honduras (PSH) y la otra encabezada por Jorge Cálix, expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre)—, analistas señalaron ayer en un Twitter Space organizado por Contracorriente que se debe solventar este problema a través de un pacto político, pues no existen las condiciones apropiadas en el país para plantear una solución a través de los canales jurídicos competentes.

Dos juntas directivas del Congreso Nacional fueron juramentadas este domingo en Honduras. Una de ellas, elegida por 79 diputados propietarios a más de 30 kilómetros de la sede del Congreso Nacional. La otra fue elegida en la sede del Congreso sin energía eléctrica y con el respaldo de menos de 50 diputados propietarios con presencia de cientos de ciudadanos. Según algunos analistas, la primera tiene el respaldo legal pero la segunda cuenta con la legitimidad que le da la presidenta electa Xiomara Castro. Este conflicto tendría que ser dilucidado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Durante 12 años, el Legislativo contó con el apoyo del Ejecutivo y con la protección especial del Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugó un papel notorio al proteger a decenas de diputados que fueron acusados por corrupción, lavado de activos o enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público. Pero antes de marcharse, los diputados salientes aprobaron una decena de contratos y se aseguraron de blindarse lo mejor posible.