¿A quiénes beneficia la Ley de Amnistía aprobada por el actual Gobierno?

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La Ley de Amnistía, aprobada en febrero de 2022,busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Dos de los primeros beneficiados han sido el sobrino de la presidenta Xiomara Castro, Marcelo Chimirri, y el exministro Enrique Flores Lanza, ambos señalados por delitos de corrupción contra la administración pública. En un Twitter Space organizado por Contracorriente, dos diputados del Legislativo debatieron con una exjueza de sentencia hondureña.


Texto: Daniel Fonseca

Fotografía: Fernando Destephan

El pasado 3 de marzo, Marcelo Chimirri —sobrino de la presidenta hondureña Xiomara Castro— fue librado de responsabilidad penal luego de guardar prisión desde 2018 después de ser acusado de tres delitos contra la administración pública cuando fue gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Al día siguiente, Enrique Flores Lanza, también ministro de dicha administración, recibió una carta de libertad en virtud de haber cesado la acción penal en su contra tras ser procesado por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y fraude. En ambos casos, los órganos del Poder Judicial se apegaron a la Ley de Amnistía, aprobada a inicios de febrero de 2022 por el Congreso Nacional, como causa para extinguir los procesos contra estos dos exfuncionarios.

Esta amnistía aprobada por el Legislativo es parte de la «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan», contenida en decreto 04-2022 que tiene como objetivo condenar el golpe de Estado de 2009 y eliminar los procesos judiciales contra presos políticos, defensores del territorio y medio ambiente, así como a protestantes criminalizados durante las crisis políticas que ha experimentado el país en los últimos 12 años.

Sin embargo, dicha normativa también brinda una amnistía «amplia, absoluta e incondicional» a funcionarios del Gobierno de Zelaya que han sido señalados por actos de corrupción y crímenes comunes. Algunos expertos han catalogado esta ley como un «Pacto de Impunidad».

Los beneficiados

El ministro de la presidencia del Gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, se encontraba en Nicaragua, prófugo de la justicia, cuando la Ley de Amnistía se aprobó. Este exministro fue señalado por el Ministerio Público (PM) por los delitos de falsificación de documentos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude. Flores Lanza fue el protagonista del episodio conocido como «El Carretillazo», en el cual sustrajo 50 millones de lempiras en efectivo del Banco Central de Honduras para financiar el proyecto de la «Cuarta urna».

La denuncia fue realizada por el entonces ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero, y la fiscalía inició el proceso en su contra una semana después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Según declaró Flores Lanza, él no se quedó con este dinero, sino que lo distribuyó entre servidores públicos del Gobierno de Zelaya para la implementación de la Cuarta Urna. Entre ellos estaban Rixi Moncada, actual ministra de Finanza y Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, según declaraciones que Flores Lanza hizo en 2018.

Aparte de este evento, Flores Lanza fue señalado por el desfalco de más de 30 millones de lempiras al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Un juez de letras de lo penal le entregó una Carta de Libertad Definitiva de acuerdo al decreto 04-20022, extinguiendo la responsabilidad penal al exministro.

Marcelo Chimirri también es uno de los beneficiados por la amnistía. El exgerente de Hondutel fungió en este puesto durante el Gobierno de Zelaya, y en el 2017 fue condenado a nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, sumado a otros ocho años por abuso de autoridad y fraude. Tal como reveló un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSE), Chimirri no pudo justificar 16 millones de lempiras que obtuvo mientras era titular de Hondutel.

Entre los bienes que el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito le incautó se encontraron una mansión en Valle de Ángeles, siete cuentas bancarias, una hacienda en Santa Bárbara, una casa en el Distrito Central y dos vehículos de lujo.

Algunos jueces han interpretado el decreto de amnistía y han evaluado la solicitud, negando la aplicación de la misma para algunos casos concretos. Por ejemplo, este beneficio le fue negado a otras figuras señaladas por corrupción como el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, prófugo desde 2017 y acusado de malversación de fondos públicos, delito que presuntamente cometió antes del golpe de Estado.

A pesar de esto, algunos políticos consideran que la amnistía beneficia principalmente a la ciudadanía y víctimas de persecución política. El diputado del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), Gilberto Ríos, aseguró que la amnistía beneficiaría a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 oponentes políticos; sin embargo, aún no hay datos oficiales respecto a protestantes y defensores del territorio cuyos procesos penales se hayan extinguido o se encuentren en proceso de extinción gracias a esta legislación.

Ley de amnistía causa incomodidad en el Legislativo y entre la ciudadanía

En un espacio de Twitter organizado por Contracorriente, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), doctora Ligia Ramos; el diputado por el partido Libre, abogado Ramón Barrios y la exjueza de sentencias, Gracia Bertrand, debatieron las diversas posturas que hay alrededor de la amnistía, su aplicación y alcance.

Según detalló la abogada Gracia Bertrand, la amnistía es un beneficio que se otorga a procesos abiertos —es decir, sin sentencia firme—;también señaló que la única figura jurídica que anula una sentencia condenatoria como la de Marcelo Chimirri o Rodolfo Padilla Sunseri es el indulto, brindado exclusivamente por el titular del Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro. «Este decreto de amnistía fue promulgado y sancionado inconstitucionalmente porque está violando el principio de independencia judicial y porque no se puede decretar amnistía en delitos en los cuales ya recayó sentencia condenatoria firme», mencionó durante el Twitter Space.

Además de ser considerados «cosa juzgada», los crímenes por los que son señalados los exfuncionarios de la administración de Zelaya no son delitos políticos, sino delitos comunes contra la administración pública, por lo que no podrían ser elegibles para una amnistía.

Por su parte, la diputada Ligia Ramos señaló una «falta de claridad» en el alcance de la legislación debido a que muchos términos jurídicos no están apropiadamente definidos tanto en el decreto, en el Código Penal ni en la Constitución. Ramos, quien fue parte de la Comisión de Dictamen, catalogó de «ensalada» la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, ya que incluía cuatros temas diferentes que debían valorar en sólo 24 horas.

«No puedo decir que estaba en contra del decreto, pero no estaba cómoda en la forma en que se aprobó», relató. La diputada, quien ha fungido como defensora de los derechos humanos, manifestó que sí existía una urgencia de aprobar la amnistía para estudiantes, activistas y ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta que han sido criminalizados y perseguidos políticamente como lo fue Rommel Valdemar, quien estuvo privado de libertad dos años por el delito de incendio agravado a título de cómplice en perjuicio de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa durante una manifestación en 2019. Valdemar fue puesto en libertad antes de recibir la amnistía.

A pesar de esta premura, Valdemar no es el único activista cuyo proceso termina antes de gozar de este beneficio. Los ocho defensores del río Guapinol, quienes estuvieron 29 meses en prisión preventiva por supuestos crímenes cometidos en la defensa de su territorio, fueron puestos en libertad gracias a un amparo que su defensa solicitó hace más de un año a la CSJ y que fue resuelto luego de que el tribunal de sentencia de Colón los encontrara culpables.

Según la doctora Ramos, existía confianza en que la ley no sería usada para darle impunidad a funcionarios corruptos de la administración de Zelaya debido a que iba a haber un acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), sin embargo, esta institución aseguró que ni Cofadeh ni SEDH certifican o extienden constancias a miembros de la administración 2006-2009 y que esa es responsabilidad directa de los tribunales.

A pesar de considerar urgente la aprobación de una amnistía, asegura que se le ha dado un mal uso al liberar a Flores Lanza y Chimirri de sus procesos. «No esperaba que los jueces la aplicaran en personas que ya estaban sentenciadas. Este decreto no es aplicable a esas personas»,apuntó.

Ramón Barrios, diputado de Libre, no comparte su opinión. «El decreto de amnistía favorece a personas que han ejercido el derecho a la protesta y a los defensores de recursos naturales. Yo creo que el gran problema ha sido las personas que sirvieron durante la administración del expresidente Zelaya Rosales», comentó durante el Twitter Space.

Contrario a lo que dice la diputada Ligia Ramos y la exjueza Gracia Bertrand, el abogado Barrios considera que la figura de la amnistía sí beneficia a personas con sentencias firmes por delitos comunes ya que estos crímenes pudieron ser imputados por una fiscalía y juzgado políticamente motivado contra los exfuncionarios.

Un ejemplo de ello es la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, considera el diputado. La Fiscalía contra la corrupción acusó en julio de 2009 a Moncada por abuso de autoridad y fraude mientras era gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cargos desestimados por falta de pruebas.

«Aprobamos la amnistía pensando en las víctimas que están en el país o que han tenido que irse», mencionó Ramón Barrios. Sin embargo, a la diputada Ligia Ramos le preocupa que la CSJ —la cual fue colocada durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández— está brindando amnistía de forma rápida a figuras como Marcelo Chimirri mientras que otros posibles beneficiarios están quedando rezagados.

El designado presidencial, Salvador Nasralla, planteó la posibilidad de parte del PSH de introducir una reforma a este decreto para delimitar el alcance y objetivo de la amnistía y evitar su abuso. Por su parte, algunos diputados de Libertad y Refundación han mencionado estar dispuestos a escuchar estas propuestas y hacer un acompañamiento si consideran que es en beneficio de la población.

Sobre
Periodista y creador audiovisual. Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Interesando en el cine y las historias como fuerza transformativa.
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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