Uferco sigue limitada a pesar de estatus especial otorgado por el Congreso Nacional

Un decreto aprobado por el Congreso Nacional el pasado 27 de mayo, le otorgó un estatus especial dentro del Ministerio Público a La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco) con el que, según diputados oficialistas, le daban independencia y mayores capacidades de investigación. Sin embargo, los obstáculos para que esta fiscalía presente requerimientos fiscales no han tenido que ver con someterse a la autorización del Fiscal General, sino más bien a la falta de reformas estructurales y apoyo técnico y a la aprobación de pactos de impunidad.

 

Texto: Fernando Silva
Foto: Fernando Destephen y Jorge Cabrera

Entre el 2017 y el 2022, la Uferco -antes Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic)- presentó 17 requerimientos fiscales, menos de la mitad de los 50 que que ha presentado la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) en el mismo periodo.

Contracorriente obtuvo estos datos a través de una solicitud de acceso a la información hecha ante el Ministerio Público y demuestran lo que el fiscal Luís Javier Santos, jefe de la Uferco, ha manifestado desde que en 2020 se firmó el acuerdo que creó esta unidad luego de la no renovación del convenio con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Santos ha dicho en reiteradas ocasiones que el principal obstáculo que enfrenta es la falta de personal técnico y recursos financieros y no la falta de independencia o la existencia de presiones para no investigar ciertos casos que implican grandes redes de corrupción política y económica. De hecho, desde 2020, cuando la Ufecic fue cancelada y empezó el trabajo de la Uferco sin el apoyo técnico internacional y los recursos científicos y económicos con los que contaba la MACCIH, solo han presentado cinco requerimientos fiscales en comparación con los doce que se presentaron en el mismo periodo con el acompañamiento de la misión internacional. 

En este contexto, el diputado Luis Redondo, quien a finales de enero fue nombrado de forma irregular como presidente del Congreso Nacional, presentó un proyecto de decreto con el objetivo de «conferir un estatus especial de forma que logre avances significativos en el desmontaje de las estructuras y redes de corrupción en Honduras».

El decreto Legislativo 67-2022 fue aprobado a finales de mayo en el pleno del Congreso y otorgó un estatus especial a la Uferco para ejercer la acción penal sin la autorización de Oscar Chinchilla, actual Fiscal General, condición requerida por el principio de jerarquía contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, con este decreto se ordenó aumentar en un 10% el presupuesto de la unidad saltándose la autonomía administrativa del Ministerio y sin una ruta clara del proceso para aumentarlo.

Sesión del congreso nacional . Foto Archivo CC/Jorge Cabrera.

Según ha dicho a medios nacionales el fiscal Santos, este decreto no ha mejorado las condiciones bajo las que trabaja la unidad y no ofreció una solución a los problemas de falta de personal y recursos técnicos y logísticos que han solicitado desde hace más de 2 años por lo que más de un centenar de líneas de investigación seguirán detenidas. Además, apuntó que una de las prioridades del Congreso Nacional debería ser la derogación de pactos de impunidad aprobados por el gobierno anterior que traen todavía mayores obstáculos a sus facultades investigativas.

Las ambigüedades y la falta de efectividad del decreto aprobado

«Le trasladaron una responsabilidad a la Uferco que no tiene las capacidades de cumplir y Luis Javier Santos lo ha estado diciendo después de la reforma. El problema de la lucha contra la corrupción desde el enfoque penal es que se necesita crear un sistema anticorrupción que tenga todas las condiciones técnicas y normativas» apunta Edy Tabora, abogado e investigador del Bufete de Justicia para los Pueblos, sobre la condición especial que se le asignó a la Uferco a través del decreto 67-2022.

Y es que, aunque el trabajo de esta unidad ha destacado desde que estuvo ligada al acuerdo de la Maccih en 2017, los índices internacionales de percepción de corrupción en Honduras solo han aumentado. Por ejemplo, en el índice publicado por Transparencia Internacional, el país pasó de ocupar el puesto 135 en 2017 al puesto 157 en 2021, solo superado en América Latina por democracias frágiles o nulas como las de Nicaragua, Venezuela y Haití.

En ese sentido, Tabora explicó que con este decreto le dieron potestades a la Uferco que no estaban pidiendo y la población celebra la reforma pensando que el único problema es la obstaculización del Fiscal General, aunque en realidad, uno de los aspectos que menos ha controlado Chinchilla es la investigación y presentación de requerimientos fiscales dirigidos a las redes de corrupción que esta unidad persigue. Tabora argumentó que el fiscal general ha controlado a la Uferco justamente «quitándole las capacidades técnicas y fiscales».

Según el jurista, las razones para aprobar este decreto — aunque podían ser resultado de buenas intenciones— han respondido a varios factores, entre ellos, las dificultades para llevar a juicio político al Fiscal General por la impunidad que revistió al gobierno del exmandatario Juan Orlando Hernández y la falta de enfoque en la construcción de un sistema de justicia penal nuevo, lo que lleva a resolver solo las cosas que van surgiendo y resulta en un «parche institucional y normativo».

Finalmente, Tabora apuntó que con la aprobación del decreto «el error estuvo en emitir algo que se relaciona con un acuerdo institucional y lo que se debió hacer era una reforma a la ley del Ministerio Público».

El decreto 67-2022 fue aprobado la madrugada del 27 de mayo sin la presencia de la bancada del Partido Nacional, justamente necesaria para llegar a los 85 votos de la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional. Esta reforma nunca fue planteada por los diputados del oficialismo tanto del Partido Libertad y Refundación (Libre) como del Partido Salvador de Honduras (PSH), ambos apuntaron siempre a la aprobación de un decreto que solo necesitaría 65 votos.

Sobre esto, Tomas Zambrano, presidente de la bancada del Partido Nacional en el Legislativo, dijo a Contracorriente que la aprobación de este decreto «le dio una puñalada al Estado de Derecho en Honduras» y aseguró que se inició una persecución penal contra los opositores del gobierno.

«Esta reforma es inconstitucional porque se necesitaba mayoría calificada y con este decreto crean un ente paralelo sin respetar los decretos del Código Procesal Penal», aseguró Zambrano negando que finalmente se aprobó un decreto que solo necesitaba mayoría simple.

Además, Zambrano, diputado originario del departamento de Valle que recorre su cuarto periodo en el legislativo, señaló que «si realmente querían luchar contra la impunidad y la corrupción ¿por qué no derogan el pacto de impunidad? que sí es un acto de corrupción».

Zambrano se refiere a la amnistía que es parte de la Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, que se aprobó en febrero de 2022 y ha beneficiado a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), como Enrique Flores Lanza quien además revisó esa ley antes de su aprobación. Sin embargo, Zambrano también ha sido acusado por actos de corrupción ya que en 2018 fue parte del caso «Pacto de Impunidad» presentado por la UFECIC junto a la MACCIH, contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano Molina por los presuntos delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. El 25 de septiembre de ese mismo año, la Corte de Apelaciones designada para conocer el caso de los diputados nacionalistas, otorgó un sobreseimiento definitivo a favor de Zambrano.

Ahora Zambrano, tras sus pasadas acusaciones de corrupción, apunta que se ha emprendido una persecución política en contra de los políticos del Partido Nacional.

Eso mismo aseguró también la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, quien señala al fiscal Luis Javier Santos y asegura que la Uferco está parcializándose a la hora de los señalamientos y dice que «para nadie es desconocido que el fiscal que la preside tiene una afiliación política partidaria con Libre, entonces cuando hay una afiliación política no hay objetividad para poder ver los casos».

«Hay que diferenciar entre justicia y persecución política, pero queremos que la impartición de la justicia sea pareja y que no sea sectaria, que se investigue a todos los gobiernos anteriores. Porque se han cometido actos irregulares desde la época del expresidente Mel Zela», aseguró Mejía.

También explicó que el decreto fue aprobado bajo condiciones irregulares, de forma abrupta y de madrugada. Mejía aseguró que «no le dio al pueblo hondureño la posibilidad de analizar y se aprobó en tan solo el segundo debate». Estas estrategias que señala la diputada dan continuidad a la forma de operar establecida desde el gobierno anterior en el que el legislativo era controlado por diputados del Partido Nacional.

Al igual que el resto de su bancada, Mejía apuntó a la inconstitucionalidad del decreto y aseguró que a partir de ahora todas las acciones que se ejecuten desde la Uferco están sujetas a cuestionamientos y recursos.

Justamente el 24 de junio, el abogado Leonel Núñez presentó a título personal un recurso ante la Sala de lo Constitucional contra el decreto que otorga un estatus especial a la unidad dirigida por Luis Javier Santos.

Fachada de la corte suprema de justicia . Foto Archivo CC/Jorge Cabrera

Núñez explicó que «el decreto 67-2022 viene a vulnerar ciertas garantías constitucionales en especial al Estado de Derecho en vista que le quita atribuciones al Fiscal General contemplados en artículos de la constitución» y aseguró que las atribuciones del Ministerio Público no pueden ser mancilladas por un decreto que viene a trastocar la Constitución la que solo puede ser modificada mediante una votación calificada y ratificada en una siguiente legislatura, «en vista de que se infringen principios de derecho como los principios de jerarquía, igualdad y por consiguiente el principio al debido proceso”.

Además, Leonel Núñez expresó que si una institución necesita apoyo técnico y financiero es necesario otorgarlo para fortalecer todo el sistema de justicia, pero dice que «no hay que dividir el sistema porque se hace daño al Estado de Derecho debilitando sus instituciones».

El Índice de Estado de Derecho 2021 del World Justice Project reveló que Honduras se encuentra entre los países con menos Estado de Derecho en el mundo e indica que se ubica en el lugar 28 de 32 países de América Latina y el Caribe.

Otro de los cuestionamientos realizados a este decreto es la temporalidad del estatus especial otorgado a la Uferco, que especifica su vigencia hasta que se elija un nuevo fiscal general. Sobre esto se pronunció públicamente la abogada Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y aseguró que «se está decretando legislativamente que la independencia de esta unidad especializada culminará cuando un nuevo personaje ocupe la silla de Oscar Chinchilla» y agregó que la solución no debe estar condicionada sino debe ser integral y con efectos permanentes dirigida a fortalecer la institucionalidad.

Incluso Omar Menjivar, abogado y vicealcalde de San Pedro Sula, apuntó en sus redes sociales que aunque compartía el espíritu del decreto que reafirma la independencia de los fiscales de la UFERCO, creía que «el decreto contiene un error de técnica legislativa, al tener una dedicatoria especial, cuando debió ser general (como deben ser las leyes) y lo otro es la temporalidad».

Sobre este aspecto, la diputada del PSH, Fatima Mena, aseguró que la temporalidad del decreto se estableció de esa forma porque todas las fiscalías deberían tener el mismo rango y esperan que eso sea una realidad a partir de la elección del nuevo titular del Ministerio Público.

Edy Tabora reafirmó que lo que realmente han solicitado los funcionarios de la Uferco es fortalecimiento interno, incluyendo seguridad, eliminación de pactos de impunidad, personal técnico que incluya tanto investigadores como peritos forenses en materia financiera, técnicos especialistas y más fiscales.

Tabora además explicó que a pesar de estas dificultades «un solo caso de los presentados por la Uferco puede representar 15 casos de los que presentó la Fetcoop, no solo en aspectos de investigación, sino en aspectos políticos» y aseguró que la Uferco ha hecho mucho más que toda la gestión del actual fiscal general, logrando evidenciar redes de corrupción emblemáticas en el país.

A pesar de todas sus dificultades y con recursos limitados, la Uferco apuntó a las estructuras corruptas más cercanas al gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo familiares del expresidente. Justamente el pasado 15 de julio se filtró un documento preliminar de la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos emitida por el Departamento de Estado, en la que se incluye a 10 funcionarios del gobierno pasado acusados por la Uferco.

Entre los supuestos señalados a los que se les revocaría la visa para visitar Estados Unidos están ocho funcionarios del caso «Corrupción sobre ruedas», uno del caso «Fraude sobre el Gualcarque», el exfuncionario de la ENEE y empresario David Castillo y Javier Pastor del caso contra la directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Manifestante sostiene una pancarta durante un plantón en apoyo a la continuidad de la Maccih frente al edificio que sirvió de sede para la misión internacional, Tegucigalpa 19 de enero de 2020. Foto Archivo CC.

El fiscal Luis Javier Santos, dijo en un evento convocado por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que el paso para iniciar las reformas profundas que requiere la Uferco sería la derogación de tres decretos que «nos limitan en el decomiso y acceso de documentación que puede servir para fortalecer las investigaciones o para fortalecer los casos que actualmente están en investigación».

La diputada Fátima Mena, aseguró que ya se ha presentado la derogación de las propuestas de ley que obstaculizan la persecución penal y aseguró que «esperamos que con un nuevo titular podamos hablar de realizar una reforma profunda al sector justicia, especialmente en el Ministerio Público y Corte Suprema para poder respetar el principio de legación que rige al Ministerio».

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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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1 comentario en “Uferco sigue limitada a pesar de estatus especial otorgado por el Congreso Nacional”

  1. Daniel Bustillo

    Que valor y cinismo, Tomas Zambrano hablando de inconstitucionalidad? Y ahora bien de los 5 casos que habla Santos, cuántos están concretados? Cuantos corruptos están Presos? Cómo se atreven a mencionar mayoría calificada si la manada de mañosos ahora lobos vestido de ovejas diputados nacionalistas hablan de estado de derecho? Que clases de pencas creen que somos? Cuando se saltaron todas las cercas y gritaron 4 años más? Por el anote de Dios.

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