Honduras analiza memorándum de la ONU en el que solicita que la Cicih sea acusador privado

corte suprema de justicia Honduras 2022

El Poder Ejecutivo hondureño todavía no responde el memorándum de la ONU, que se conoció públicamente a finales de julio, en donde el organismo internacional –entre otras peticiones– pone como condición que el mecanismo anticorrupción, que fue solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen normativas que funcionan como un pacto de corrupción.


Texto: Leonardo Aguilar
Fotos: Jorge Cabrera

A finales de julio de 2022, se conoció un borrador del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU), documento que contiene una serie de puntos o condiciones que se ponen en la mesa –de parte de la ONU– para la posible instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih).

Durante su campaña, la presidenta Xiomara Castro prometió que instalaría en Honduras una Cicih de la mano de la ONU, quien ha puesto sobre la mesa este memorándum de entendimiento en el que solicitan que se sigan ciertos procesos y se produzcan reformas para que ambas partes puedan garantizar esfuerzos que vayan encaminados a reforzar tres cosas: 1) el estado de derecho, 2) la separación de poderes y 3) la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Pero aparte de exponer esas tres generalidades descritas, se mencionan en el memorándum otros puntos más específicos, y entre los cuales destacan la garantía de independencia del mecanismo a través de la figura del «acusador privado», y, asimismo, se manifiesta la necesidad de la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz.

El Gobierno de Honduras aún no ha contestado este memorándum, pero hay dos altos funcionarios negociando para dar una respuesta a la ONU: el titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana Mercado y el Canciller de la República, Eduardo Enrique Reina.

Edmundo Orellana le dijo a Contracorriente que, aunque ya está conformado el equipo técnico de la ONU para negociar una Cicih, del lado de Honduras todavía no está determinado concretamente cuántos serán los que integrarán el equipo, pero en principio está el canciller Enrique Reina y el mismo Edmundo Orellana.

El ministro agregó que están justamente «por tener el primer contacto en relación a dar respuesta al memorándum de entendimiento».

El pasado 14 de febrero de 2022, Xiomara Castro envió la solicitud a la ONU para el establecimiento de una Cicih. La respuesta de la ONU no tardó en llegar, el 14 de marzo el propio secretario general de la ONU, António Guterres, contestó positivamente y delegó la responsabilidad de las negociaciones en el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de La Paz de las Naciones Unidas.

Este departamento estableció una comisión técnica, que visitó el país entre el 8 y 14 de mayo de 2022, la cual contó también con la participación de miembros de la Oficina de Asuntos Jurídicos, de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, de la Oficina Contra la Droga y el Delito y, además, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Hay otro factor muy importante que no contempla el memorándum, pero que puede influir en el proceso de instalación de una Cicih, y es el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recientemente emitió un documento denominado «La Verdad», en donde entre otras cosas critica que, en el año 2001, el Congreso Nacional realizó una reforma constitucional al Poder Judicial que había sido establecida por el constituyente en la Constitución original de 1982.

«Esta reforma (en cuanto a la incorporación de la Junta Nominadora) que se realizó para el Poder Judicial evidencia un retroceso y una distorsión a la democracia, porque conlleva un debilitamiento al Congreso Nacional en su condición de Poder del Estado que elige a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia», explica el análisis presentado por Luis Redondo.

Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, experto en derecho constitucional, el documento publicado por el diputado Luis Redondo es un ejemplo de cómo no deberían interpretarse las leyes: «Están absolutamente equivocados, y quien le hizo ese documento –porque no lo hizo él– realmente no le hizo un favor al señor Redondo, el Congreso sigue eligiendo y lo que está haciendo la Junta Nominadora es proponiendo», expone.

El abogado explica que Luis Redondo está recomendando la vuelta de la atribución absoluta del Congreso Nacional para elegir a los magistrados, algo que «por muchas décadas demostró que no servía, que era generador de corrupción, de sectarismo político».

Pineda agrega que el documento de Luis Redondo presenta serias contradicciones: «Por una parte presenta como un logro la aprobación de la Ley de la Junta Nominadora, pero al mismo tiempo está diciendo que la Junta Nominadora es inconstitucional».

El proceso de implementación de la Junta Nominadora sí figura en el memorándum de entendimiento de la ONU como parte clave para lograr un acuerdo para la llegada de la CICIH.

Para Alvarado, hay en estos momentos una pugna de dos frentes en el Congreso Nacional: «Se quiere una Corte independiente por un lado y una Corte bajo control por otro sector político. Y el control de la Corte solo sirve para encubrir y apoyar proyectos de continuismo en el poder. Así ha sido siempre, así ha sido en Honduras, y creemos que estamos desconociendo este hecho. Necesitamos una corte independiente, efectiva y eficaz y no solo para el beneficio de un partido».

 La exigencia de una Cicih independiente

Entre las peticiones específicas de la ONU establecidas en el memorándum está que, para avanzar a la «Fase 1», se pide al Gobierno de Honduras que consienta que las Naciones Unidas establezcan un mecanismo internacional imparcial e independiente. Una vez cumplido eso, se enviará a Honduras un equipo de expertos que realizarán un diagnóstico de los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción.

El ministro Edmundo Orellana dijo que aún no discuten a profundidad algunos términos con la ONU, por ejemplo, el tema de la independencia del mecanismo, por lo cual el secretario de Estado dice que la independencia a la que se refiere el memorándum por ahora «se deduce de la misma literalidad que resulta de las palabras, porque todavía no nos hemos sentado para dialogar sobre los extremos o alcances de los términos de las articulaciones consignadas en el memorándum. Hasta que no nos reunamos será muy difícil contestar eso».

El memorándum también pide al Ejecutivo que se permita apoyo técnico por parte de la ONU «a la futura implementación» del marco normativo para el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia, que incluye la recién aprobada Ley especial de organización funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ante esto, Edmundo Orellana manifestó que «cuando se envió el memorándum de entendimiento, ese documento, (la Ley de la Junta Nominadora), era un proyecto, ahora ya es ley. Ahora viene la fase uno, que es que un grupo de expertos de la ONU haga un diagnóstico sobre la legislación hondureña para identificar cuáles son las necesidades que tiene el país, según la materia para que ellos contribuyan con nosotros para elaborar nuevas leyes, proponer reformas o derogatorias».

El ministro afirmó que, como parte de estas negociaciones, Naciones Unidas acompañó ya el proceso de la Ley de Junta Nominadora –que se hizo en conjunto con la Secretaría de Transparencia, misma que él preside.

Edmundo Orellana agregó que ahí no se detiene la participación de Naciones Unidas, sino que «luego, en el momento que se instale la Junta Nominadora, podrán también suministrar a la Junta Nominadora los documentos que la misma ley le consigna».

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El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana Mercado. Fotografía CC.

Ante la pregunta de si debe ser la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) la fiscalía que continúe trabajando con un mecanismo internacional anticorrupción, como lo hizo antes con la Maccih, la diputada Silvia Ayala -presidenta de la Comisión Especial Legislativa- dijo a Contracorriente que «a la Uferco se le dio en un decreto todas las facultades para que tuviera independencia, que no ocupara autorización de la Dirección de Fiscales ni del fiscal general, para poder iniciar procesos de investigación y para poder interponer requerimientos fiscales. Porque este requisito –de que tuviera que contar con esta autorización– limitaba. Y se controlaba “a quiénes sí” y “en qué casos no” se podían iniciar requerimientos».

Exjefa de la Maccih revela los obstáculos de dicho mecanismo en Honduras

Que un mecanismo internacional anticorrupción cuente con independencia y con herramientas –como la Ley de Colaboración Eficaz– puede significar un cambio profundo; sobre todo, si se toma en cuenta las experiencias de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).

La fiscal internacional, Ana María Calderón, extitular de la Maccih en Honduras, dijo a Contracorriente que durante su estadía en Honduras se lograron pasos importantes en el circuito anticorrupción, como el trabajo de apoyo entre la Ufecic-Maccih, la presentación de 14 casos que mostraron las diferentes modalidades de corrupción, la implementación de los juzgados anticorrupción, sin embargo, afirma que hubo obstáculos que provinieron de los tres poderes del Estado.

«El Congreso, que su rol debería ser proporcionar un marco normativo ideal para un combate contra la corrupción, comenzó a aprobar leyes que blindaban la corrupción. Inclusive recuerdo que quisieron modificar también la Ley de extinción de dominio, violentando todos los compromisos que tiene Honduras contra la lucha del narcotráfico y lavado de dinero; eso no prosperó, pero sí hubo algunas reformas que debilitaron tanto la extinción de dominio como las facultades de investigación que tiene el Ministerio Público», explicó la fiscal internacional.

Ana María Calderón afirma que otra dificultad fue no contar desde el Congreso Nacional con la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz: «Es esencial para lograr información de primera mano de dentro de las organizaciones, información que puede conllevar a la extinción y desarticulación de redes de corrupción y de crimen organizado, y no se logró», dijo.

Otro obstáculo identificado por Ana María Calderón, es que, si bien hubo un circuito anticorrupción con jueces especializados, se pudo identificar que en algunos casos los casos obstáculos provenían de la propia Corte Suprema de Justicia: «Se debe a que los procesos contra altos funcionarios los conoce la Corte Suprema, desde la primera instancia, y aquí es donde también tuvimos un obstáculo», subrayó.

Ana María afirma que a todos los obstáculos anteriores se sumó la estructura del aparato del Gobierno Central: «Se sumó el Poder Ejecutivo que terminó bloqueando las actuaciones de la Maccih».

El criterio de que una CICIH se constituya como acusador privado

Uno de los puntos más importantes en este memorándum, es que reitera que para lograr un entendimiento es necesario que el mecanismo pueda «realizar investigaciones de forma independiente y constituirse como acusador privado».

La diputada Silvia Ayala explicó a Contracorriente que todavía no se ha tocado el tema del querellante adhesivo ni de la acusación privada en el Congreso Nacional.

«Sí conocemos que hay algunas opiniones a favor, pero también hay otras en contra porque manifiestan que el monopolio de la acción penal pública le corresponde al Ministerio Público», expuso Silvia Ayala.

Para el exdiputado Raúl Pineda Alvarado, experto en temas constitucionales y exdiputado del Congreso Nacional, «en el tema de la acusación privada, creo que el que redactó el memorándum de entendimiento debe de haber hablado de querellante adhesivo, porque la acusación privada en asuntos de combate a la corrupción es muy polémica en tanto que los temas de Estado son temas públicos y eso implicaría una reforma constitucional que dilataría muy gravemente el inicio de las actividades de la comisión».

Pineda Alvarado agregó que el Gobierno de Honduras debe buscar darle carácter a la comisión de querellante adhesivo, eso implicaría solo una reforma constitucional.

La abogada Ana María Calderón, dijo que la figura de querellante adhesivo, en el caso de la MACCIH, tenía un modelo que buscaba fortalecer las capacidades de las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción. Y agregó que ese fortalecimiento no solo se hizo desde el punto de vista académico, sino con el trabajo diario.

Sin embargo, Ana María afirma que la modalidad de la Maccih, aunque los expertos internacionales y de la Ufecic hicieron esfuerzos, realmente era una modalidad de colaboración sin realizar investigaciones de manera independiente, distinto a la figura de querellante adhesivo.

«Si conviene o no dependería de qué es lo que se desea como estrategia en la lucha contra la corrupción. Si deseamos una investigación con expertos internacionales que puedan realizar investigaciones independientes y que después se puedan constituir como querellantes adhesivos y puedan seguir el proceso acompañando a la Fiscalía, bueno yo creo que en ese sentido ese es un requerimiento de un memorándum que ha estado circulando por los medios», explica Ana María.

Asimismo, expone que también está la otra opción: «Optar por el fortalecimiento de la institución –en este caso del Poder Judicial y del Ministerio Público– a través del acompañamiento, pues podría ser con la modalidad que trabajó la Maccih (de los equipos integrados). Yo no sentí que eso fuera un escollo, al contrario, nos permitió trabajar mano a mano, día tras día, junto a los fiscales y poder transmitirles las experiencias y las buenas prácticas».

Ana María Calderón considera que la reflexión debe ir orientada a que ambos modelos pueden ser exitosos.

¿Ha pedido la ONU en el memorándum derogar el decreto de Amnistía que protege a exfuncionarios del expresidente José Manuel Zelaya?

En el memorándum de la ONU se explica que es necesario hacer reformas legales para el establecimiento y buen funcionamiento de este mecanismo internacional. Para ese fin, se buscará establecer un diálogo con el Ministerio Público y otras instituciones.

Ante la pregunta específica de si con lo anterior la ONU se está refiriendo a reformar o abrogar el decreto de amnistía que protege a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Zelaya, Edmundo Orellana muy escuetamente dice: «No, eso no lo han mencionado».

La ONU pide, además, que el Gobierno hondureño permita que el equipo de expertos de la ONU incluya la necesidad de abrogar, derogar, reformar y aprobar ciertas leyes y determinados textos reglamentarios. Para la ONU, y lo resaltan en el memorándum, lo anterior constituye un requisito para proseguir con su involucramiento.

Para Silvia Ayala, existen «muchos sectores vinculados con la actividad del narcotráfico, con Juan Orlando Hernández, que han estado por diferentes vías solicitando la derogación de lo que ellos le llaman la Ley de Amnistía (Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, que contiene el decreto de amnistía y la instalación de la Cicih) porque ese mismo decreto incluye a los perseguidos por motivaciones políticas, entonces ellos utilizan el tema de la amnistía para que se derogue este decreto y también se derogue el tema del respaldo a la instalación de la Cicih».

Silvia Ayala agrega que «derogar la amnistía implica admitir que se estaba actuando de una manera irregular», al tiempo que expone que «es mentira que fue un pacto de impunidad».

El abogado Raúl Pineda dice que «hay que analizar también que en el famoso pacto de impunidad en uno de los artículos se regula el desempeño de la Comisión Anticorrupción, y que –desde ese punto de vista– este artículo pone una serie de limitaciones al desempeño de la misión y la desnaturaliza, consecuentemente el Gobierno tiene que cambiar todo lo que tenga que cambiar».

Sobre la postura de Silvia Ayala y del presidente Luis Redondo de que no se puede reformar el decreto de amnistía sin afectar la llegada de la Cicih, Pineda Alvarado dijo que eso es desconocer el proceso de elaboración de una ley.

«Lució muy mal el presidente del Congreso cuando hizo ese comentario. Es lógico que lo que se va a tocar es lo que significa impunidad para personajes que han incurrido en delitos comunes que intentan cubrirse bajo el esquema de delito político. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra», expuso Pineda Alvarado.

El texto también señala otras cosas puntuales: hacer una reforma para regular el delito de enriquecimiento ilícito, levantar el secreto concerniente a la situación de fideicomisos, hacer reformas para mejorar los instrumentos de investigación y procesamiento del Ministerio Público y aprobar instrumentos necesarios para el establecimiento de la figura de la colaboración eficaz.

En cuanto a lo anterior, Edmundo Orellana agrega que «la ley de secretos ya está eliminada. Ya no hay secretos. En cuanto a la Ley de Colaboración Eficaz, ya hay un proyecto en el Congreso Nacional que se va a discutir. En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito, ese es un tema que tendríamos que analizar con ellos, ¿cuáles son los alcances?, a qué se refieren concretamente con ese tema, porque todavía no lo tenemos muy claro».

Silvia Ayala explica que en el Congreso Nacional se está trabajando en una comisión especial, que ella preside, para hacer una revisión al Código Penal: «Eso va a incluir todos los tipos penales que contiene el Código, va a incluir todo lo que fue el proceso de aprobación original, y, posteriormente, las reformas que se hicieron vía Zoom y en periodo de vacaciones a varios tipos penales».

Dictamen de Ley de Colaboración Eficaz, en construcción en el Congreso Nacional

Diputados del Congreso Nacional conversan durante una sesión en el hemiciclo Legislativo. Foto CC/ Jorge Cabrera.

La diputada Silvia Ayala le dijo a Contracorriente que están trabajando en el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz.

«De hecho ayer (el lunes) hubo una reunión de la comisión especial, con la representación del Ministerio Público y con la representación del Poder Judicial. Fueron convocados para la próxima reunión de trabajo que se desarrollará el próximo martes, ahí se van recibiendo sugerencias, aportes de ellos, quienes serán los encargados de la aplicación de esta ley», explica Ayala.

La diputada Ayala explica que el objetivo de la Ley de Colaboración Eficaz es que el Ministerio Público no tenga ningún tipo de problema o limitación para poder realizar algún tipo de acuerdo con personas que hayan tenido una participación menor en hechos delictivos ligados a estructuras de criminalidad organizada, entonces se valorará el bien superior que sería la desarticulación de estas estructuras o llegar a los autores intelectuales que casi nunca se castigan.

Ayala remarcó que esta es la tercera vez que se presenta una iniciativa de Ley de colaboración eficaz, pero nunca ha podido prosperar en el Congreso Nacional. «En las dos ocasiones anteriores fue remitida supuestamente a la comisión de dictamen y nunca se trabajó nada».

«Esta ley permitiría tener una puerta para investigar la criminalidad organizada, estamos hablando no solo delitos de corrupción, sino que también de estructuras de corrupción», sostiene Ayala.

En memorándum enviado por la ONU expresa que cualquiera de los participantes podrá dar por terminado el presente instrumento a la hora que lo desee. Por su parte, el titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo a Contracorriente que aún no se discute ni el tipo de mandato que tendría una Cicih ni la duración del tiempo en que actuaría en el país.

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Abogado y periodista. Sus estudios los ha realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ha trabajado en radio, prensa escrita, periodismo web e investigativo. Ha colaborado con organizaciones defensoras del ambiente y en investigaciones sobre desplazamiento forzado por razones de violencia ligada al narcotráfico.
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De nacionalidad nicaragüense y hondureña. Fotoperiodista con 20 años de experiencia en coberturas de contenido internacional. “El fotoperiodismo está presente en mi vida desde hace más de dos década y continúa siéndolo día tras día. “
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