Díaz fue señalado en Honduras por un caso de corrupción que suma los 2,809,000 de dólares en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. También fue nacionalizado otra pieza clave del gobierno del exmandatario extraditado a Estados Unidos: Ricardo Cardona López. La dictadura Ortega-Murillo amplía su refugio para prófugos de la justicia y cuestionados por corrupción.
Jennifer Avila y Wilfredo Miranda
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo naturalizaron como nicaragüense a Ebal Díaz, quien fue secretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández, el autócrata hondureño que fue extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Además fue naturalizado Ricardo Cardona López quien también fungió como secretario de la presidencia en el último periodo del gobierno de Hernández. Su esposa, Claudia Mercedes Matute, recibió la nacionalización y, a su vez, el hijo de ambos, José Ricardo Cardona Matute.
A través de la resolución 3238-A publicada en el diario oficial «La Gaceta» de este 17 de junio, el Ministerio de Gobernación nicaragüense otorgó la nacionalidad a Díaz. «Otorgar la nacionalidad es un acto soberano de Nicaragua […] el ciudadano Ebal Jair Díaz Lupian ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política», establece la resolución.
De acuerdo a la información contenida en «La Gaceta», Díaz ya contaba con residencia nicaragüense bajo el número 00007287, con domicilio y residencia en Managua, aunque no se indica desde cuándo el exfuncionario de Juan Orlando Hernández cuenta con residencia en ese país. Díaz era uno de los hombres más cercanos a Juan Orlando Hernández y en su país señalado por actos de corrupción y fraude electoral.
El pasado 8 de marzo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público hondureño por el perjuicio de 69 millones de lempiras (unos 2,809,000 USD) en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. Díaz Lupian y a Ricardo Cardona fueron señalados como los responsables de este proyecto que además fue utilizado como promesa de campaña del Partido Nacional antes de las elecciones del 2021 en las que Díaz era candidato a una diputación. La Fiscalía comenzó las pesquisas, pero hasta esta fecha no ha presentado un requerimiento fiscal.
Díaz también fue denunciado por la adulteración de actas durante las elecciones de noviembre de 2021 en las que no obtuvo los suficientes votos para obtener una curul en el Congreso Nacional. Mientras fue secretario de la Presidencia, también fue miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, más conocidas como ciudades modelo, impulsadas por el gobierno de Juan Orlando Hernández. La ley que regula las Zede fue derogada por el actual gobierno de Xiomara Castro.
El régimen Ortega-Murillo ha convertido a Nicaragua en un refugio de políticos prófugos de la justicia, otorgándoles la nacionalidad. En Nicaragua viven los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Además de Cerén, también fue nacionalizada buena parte de su familia, sus hijos, un yerno y otros familiares cercanos.
El gobierno sandinista mantuvo relaciones muy cercanas con Juan Orlando Hernández, al punto de que el expresidente hondureño fue uno de los pocos dignatarios que asistieron a la toma de posesión de la pareja presidencial en Nicaragua, después de una reelección lograda tras encarcelar a todos sus contrincantes políticos. Uno de los últimos gestos entre Ortega y Juan Orlando Hernández fue firmar, en octubre de 2021, un acuerdo de delimitación fronteriza, en cumplimiento a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 2007.
Hasta ahora no se conoce si otros exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández han sido nacionalizados por Ortega.
La relación Ortega y Xiomara Castro
Después del golpe de Estado contra Manuel «Mel» Zelaya en 2009, Ortega albergó al exmandatario en territorio nicaragüense. Otros exfuncionarios del gobierno depuesto de Zelaya también se fueron al exilio a Nicaragua, por ejemplo, Enrique Flores Lanza, quien fue el secretario de la presidencia de Zelaya y posterior al golpe de Estado fue acusado por delitos de corrupción. Actualmente fue beneficiado con una amnistía creada por el gobierno de Xiomara Castro.
Los Zelaya, junto a su esposa y actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, mantuvieron una relación cálida con el sandinismo. Sin embargo, se enfrió con la llegada al poder de Juan Orlando Hernández.
Ortega, sumido en un hondo aislamiento internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2018 y su perpetuación en el poder, encontró en Juan Orlando Hernández uno de sus pocos aliados regionales e internacionales.
La actual relación entre Ortega y la nueva administración de Xiomara Castro es contradictoria: el gobierno hondureño votó en contra de una resolución promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), llamada «Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua», que creaba un mecanismo de tres expertos internacionales para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un día después, la diplomacia de Castro intentó retractarse alegando «un error» y terminó absteniéndose de votar.
Recientemente, en mayo, Honduras junto con El Salvador se abstuvieron de votar una resolución que condenaba la confiscación por parte de Ortega de las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA). Castro tampoco asistió a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, uniéndose al coro de países que criticaron que los Estados Unidos no invitara a la cita a las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
