Nueva ley de Junta Nominadora deja abierto el camino para que partidos políticos controlen la Corte Suprema

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El Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». El debate se centró en la eliminación de una serie de prohibiciones que restringían a los funcionarios y militantes políticos de participar en el proceso de elección a magistrados de la CSJ. De los 127 diputados presentes el 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2022, 73 votaron a favor, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo. 


Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera

En una sesión legislativa que terminó a las 12 de la madrugada, el Congreso Nacional aprobó la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)». La propuesta original fue enviada desde el Poder Ejecutivo y elaborada con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el titular de la Secretaría de Transparencia, el ministro Edmundo Orellana Mercado. 

El debate giró en torno al artículo 15 –uno de los más controversiales de la sesión anterior–, que fue dejado para el final de la discusión. El diputado y jefe de bancada por el Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento –familiar de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento–, sugirió a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales la eliminación del inciso e) del artículo 15. Este detallaba que los candidatos autopostulados no debían «tener vínculo de parentesco en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta Nominadora, con diputados del Congreso Nacional y altos funcionarios del Estado», amparándose en los artículos 309, 310 y 250 de la Constitución de la República. Posteriormente, la petición del diputado Sarmiento de eliminar estos incisos fue admitida por la Comisión de Legislación.

Esto significa que ahora no será considerado conflicto de interés si un familiar de un diputado del Congreso Nacional o miembro de la Junta Nominadora se autopostula como candidato a magistrado para la Corte Suprema de Justicia. 

Después el diputado por el Partido Liberal, Leonel López –hermano del alcalde de El Progreso, Yoro–, propuso eliminar el inciso d) de este mismo artículo. Este inciso señalaba que para autopostularse era requisito «no haber sido o ser miembro titular o suplente de la Junta Nominadora». La sugerencia de López fue admitida por la comisión.

Por lo tanto, los incisos b), d) y e) del artículo 15 de esta Ley se eliminaron. El inciso b) establecía que, para poder autopostularse ante la Junta Nominadora, el candidato no debía ser miembro activo de un partido político, ni haberlo sido en los dos (2) años anteriores a su autopostulación. A su vez, se modificó el inciso c), permitiendo que puedan autopostularse personas condenadas pero sin «sentencia firme» por delitos dolosos, violencia doméstica o incumplimiento de deudas alimentarias.

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Diputada Beatriz Valle protesta mientras se lleva a cabo la sesión Legislativa en el Congreso Nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

Maribel Espinoza, diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y quien integra la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, se manifestó en contra de la eliminación de estos incisos y aseguró que en ese momento «se estaba politizando la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia».

«El pueblo afuera está reclamando, porque se quiere elegir como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a quien tiene relación de parentesco o afinidad con los miembros de la Junta Nominadora, con los diputados del Congreso Nacional y con altos funcionarios del Estado», manifestó Espinoza, quien además aseguró que, de admitir a autopostulantes que tengan condenas por delitos dolosos, por violencia doméstica o por inclumplimiento de deudas alimentarias, estos irán a cancelar sus propios procesos judiciales, debido a que el inciso c) del artículo 15 exigía sentencia firme.

Aun cuando la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales acordó no revelar sus posturas individuales conforme a la discusión de la Ley, la diputada Maribel espinoza dejó en claro su voto en contra de la aprobación de la nueva Ley y manifestó en la sesión que «se está faltando a la moral y a la ética en este Congreso».

Posteriormente, el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramirez, leyó la moción introducida por su partido, la cual proponía dejar el artículo 15 íntegro, tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Esta moción fue firmada por 14 diputados propietarios y diputados suplentes del PSH; entre ellos, Maribel Espinoza, Iroshka Elvir, Ligia Ramos, Fátima Mena, entre otros. Sin embargo, esta moción no fue aceptada por la Comisión de Legislación del Congreso.

En la discusión de este artículo, el presidente de la bancada del Partido Nacional, el diputado Tomás Zambrano, también presentó una moción, que en sus puntos más relevantes proponía que los autopostulantes a la Junta Nominadora no hayan participado en un proceso electoral previo a la elección de la CSJ, tampoco que sean dirigentes de partidos políticos, ni quienes hayan ostentado altos cargos en los últimos cinco años o quienes hayan sido señalados en listas como actores corruptos. También proponía impedir la autopostulación de los beneficiarios de la amnistía política aprobada por el Congreso para exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) y sus familiares, así como impedir la autopostulación de familiares de los que hayan o están ejerciendo actualmente la presidencia de la República. Esta moción tampoco fue tomada en consideración.

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Diputados del Partido Nacional gritan durante una sesión legislativa en la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC/Jorge Cabrera

Para Raul Pineda, abogado constitucionalista, las inhabilitaciones para ser magistrado a la Corte están principalmente en la Constitución de la República, es decir, independientemente de la aprobación de esta Ley, en ningún momento se disminuye el catálogo de inhabilidades contempladas en el artículo 201 de la Constitución.

Una matriz de evaluación técnica con alteraciones

Todas las sugerencias realizadas por el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, fueron admitidas en la sesión, dentro de las cuales destacan las modificaciones a la matriz de evaluación propuesta para la Junta Nominadora para la elección de magistrados en el artículo 19 de la Ley.

Originalmente, la Ley estipulaba que los porcentajes de evaluación a los autopostulantes a magistrados de la CSJ estarían repartidos en un 30 % a la integridad personal y profesional, un 40 % a la ética profesional, y un 40 % a la idoneidad y a la capacidad técnica. Ahora, con las modificaciones aceptadas por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, los porcentajes quedan en 25 %, 20 % y 55 %, respectivamente.

En cuanto a la integridad personal y profesional, el apartado que evalúa el análisis de las repercusiones de sus actuaciones profesionales y el análisis objetivo de sus relaciones en el ámbito laboral, contractual de cualquier tipo y las relaciones familiares, fueron ambos disminuidos de un 10 % al 5 %.

El criterio de ética profesional se redujo de un 40 % a un 20 % para el criterio de evaluación de la Junta Nominadora. Dentro de este criterio se detallan los procesos disciplinarios a los que esté vinculado el autopostulante, un análisis de su relación profesional con clientes, usuarios, instituciones o empresas, y la ausencia de comportamientos o discursos discriminatorios que desconozcan los derechos humanos en general y los derechos de mujeres, niños y niñas, personas LGTBIQ+ en particular o de personas o colectivos en situación de vulnerabilidad. 

Redondo justificó el cambio de estos porcentajes argumentando que no existían instrumentos que pudieran comprobar la estima gremial y profesional contemplada en la matriz de evaluación original. Además, en ese mismo artículo, el presidente del Legislativo sugirió admitir dentro de la Ley a abogados defensores de narcotraficantes o del crimen organizado, lo que posteriormente fue aceptado por la Comisión. La diputada Iroshka Elvir del PSH respondió a esto último presentando una moción para que se dejara integro el tercer párrafo de este mismo artículo, pero no fue admitido por la Comisión.

Por otra parte, en el artículo 19 de esta Ley se incrementó el porcentaje en el inciso correspondiente a la «Idoneidad y la Capacidad Técnica», dentro del cual subió el porcentaje de los Méritos Académicos y Profesionales a un 20 % (antes 15%); la Trayectoria profesional representativa de la experiencia profesional que el cargo amerita de un 5 % a un 20 %; y los Conocimientos jurídicos incluidos en especializaciones vinculadas al cargo, en estándares de derechos humanos y en políticas públicas para acceso a la justicia y capacidad de análisis, quedaron siempre en un 20 %.

Finalmente, la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» fue votada a favor por 73 de los 127 diputados presentes en la sesión legislativa, mientras que 44 votaron en contra, 10 no votaron, y ningún congresista se abstuvo.

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Fabricio Sandoval, diputado del Congreso Nacional, celebra la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto CC/Jorge Cabrera

El secretario del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, finalizó la sesión legislativa manifestando: «Nunca vamos a esconder nuestra preferencia política, de frente decimos que vamos a defender a esos funcionarios que van en esa dirección, a postularse como candidatos de la Corte Suprema de Justicia».

Ante esto, el analista político Josué Murillo asegura que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, está en una situación compleja. Por un lado, ya no está siguiendo las líneas de su partido político, pero en su accionar pesa más tratar de mantener una relativa estabilidad en la Junta Directiva del Congreso Nacional.

«Yo creo que Luis Redondo está en una posición que no le desearía a nadie, porque él es el presidente del Congreso, pero lo siento muy débil, sobre todo cuando tiene (a la par) una figura tan fuerte y tan influyente sobre el Partido Libertad y Refundación como innegablemente es Carlos Zelaya, quien ejerce de facto una autoridad casi hegemónica sobre el Partido Libre representado en el Congreso Nacional y que también da líneas a Luis Redondo», señala el analista político.

La esperanza queda en la gestión de la Junta Nominadora

«A mi criterio no todo está perdido, todavía la Junta hace su trabajo, las cosas pueden mejorar, pero la aprobación de esta Ley pone en evidencia cuál es la intención de los que dirigen el Gobierno en cuanto a la centralización del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento del Estado republicano, que se basa en la independencia de poderes», expresa Raul Pineda, abogado constitucionalista.

En esto coincide el analista político Josué Murillo, quien asegura que ahora hemos visto nuevamente que la forma tradicional del pensamiento de los políticos se ha privilegiado por encima de los intereses del pueblo hondureño, sin embargo, todavía hay una luz de esperanza, porque gran parte de la norma presentada por Edmundo Orellana todavía tiene vigencia y no fue modificada severamente por el Congreso Nacional. 

Con esto, el abogado Murillo quiere decir que existe la posibilidad de que las personas que integren la Junta Nominadora puedan cumplir con su «deber histórico», el cual consiste en enviar al Congreso la lista de profesionales mejor calificados, y que de esta manera a los diputados y diputadas no les quede más opción que elegir entre lo mejor. «Esa es la aspiración que tenemos como ciudadanía y como país, aunque la realidad política sabemos que nos puede superar y que cosas impredecibles pueden suceder en ese Congreso Nacional», agrega.

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Hasta horas de la madrugada la sesión legislativa se extendió para lograr la aprobación de ley de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el Congreso Nacional. Foto CC/Jorge Cabrera

El ministro de la Secretaría de Estado para la Transparencia y Lucha Anticorrupción, Edmundo Orellana, fue quien elaboró por medio de su secretaría el dictamen inicial de la nueva Ley de la Junta Nominadora de magistrados a la CSJ, el que seguidamente fue modificado tomando en consideración otras propuestas paralelas para la regulación del funcionamiento de la Junta Nominadora.

En meses anteriores, Orellana denunció la falta de un presupuesto asignado y un boicot a su secretaría. Sin embargo, en medio de la discusión del debate de la «Ley especial de organización y funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», la Secretaría de Finanzas anunció la transferencia de fondos adeudada a la Secretaría de Transparencia y lucha Anticorrupción.

Pineda asegura que el problema alrededor de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es político, y considera que no se tomaron el tiempo suficiente para deliberar los aspectos políticos, legales y técnicos de la legislación en el debate de esta Ley. Esto puede llegar a permitir una corte y una sala constitucional que legalice, legitime y avale una serie de procesos políticos de alto espectro que estén por darse en el país, advierte. 

«Ojalá que la Junta Nominadora haga una buena propuesta –argumenta el profesional en derecho constitucional–, solo de esta manera se puede crear una salvaguarda que acote y que limite la capacidad de los políticos para procurarse una corte sumisa y puesta a sus servicios. Las intenciones de los que manejan el poder en Honduras ya se han evidenciado con la ley de la Junta Nominadora, y se puede concluir en que los políticos no han cambiado».

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1 comentario en “Nueva ley de Junta Nominadora deja abierto el camino para que partidos políticos controlen la Corte Suprema”

  1. Llevo leído mil artículos sobre la junta nominadora y ningún artículo puede decir que x diputados de libre y de liberal y z de psh votaron a favor, o en contra, que cuesta decir eso???

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