Este martes entró en vigencia decreto que autorizó a policías y militares ejecutar un plan que suspende garantías constitucionales en dos ciudades de Honduras.
Honduras lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que hace pensar mucho en lo que está pasando en el vecino país El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele ha lanzado el «Plan de Control Territorial», con el que el gobierno salvadoreño asegura haber capturado a unos 56 mil pandilleros.
De 185 postulantes, 105 aspirantes continúan en la carrera por llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Junta Nominadora, debido a su poca independencia presupuestaria, ha tenido que delegar en la Superintendencia la realización de las pruebas toxicológicas, psicométricas y los estudios socioeconómicos. El proceso ha estado manchado por el escándalo de la filtración de las respuestas de los exámenes de conocimiento, plagado de trabas en la emisión de constancias y marcado por el enorme filtro del notariado.
La Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia creó un banco de preguntas que, en teoría, debió ser conocido solamente
Un violento desalojo fue realizado este lunes por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en una comunidad garífuna ubicada en el departamento de Islas de la Bahía, Caribe de Honduras. La Organización Fraternal Negra de Honduras informó que hay seis personas detenidas y varias heridas. El operativo se llevó a cabo por denuncias en contra de la comunidad por el supuesto delito de usurpación de tierras.
Ante el panorama adverso para la democracia en la región centroamericana, decenas de periodistas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua lanzaron una red que contempla enfrentar de manera eficiente el exilio, la persecución judicial y los ataques a la libertad de prensa que terminan afectando el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión.
El Poder Ejecutivo creó la Dirección General de Información y Prensa, considerada por algunas organizaciones y congresistas como una potencial amenaza a la libertad de prensa. El ministro de la Secretaría de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, negó a Contracorriente que esto sea el comienzo de una dictadura para controlar la información en Honduras y se unió al coro gubernamental que repite que las críticas a esta ley son parte de una campaña de desestabilización en contra del Gobierno de Xiomara Castro.
El Gobierno remitió un proyecto de ley denominado Mesa Nacional de Participación Ciudadana, el cual consta de nueve artículos y contempla cerrar algunos espacios de participación y abrir otros. El partido de Gobierno ha negado que esto sea la antesala de un proceso constituyente como lo han advertido diputados del Partido Nacional, sino justifica que es para eliminar al Foro Nacional de Convergencia (Fonac), que se identificó significativamente con el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
Las protestas de los pueblos indígenas y los grupos ambientalistas de Honduras se suceden en Tegucigalpa para exigir a Xiomara Castro que el Gobierno cumpla sus compromisos, como destruir una «narcocarretera» o poner fin a la minería a cielo abierto. La presidenta calla mientras su esposo, el asesor y expresidente José Manuel Zelaya, es una figura omnipresente que ha llegado a maltratar en público a un representante de los pueblos originarios. Las peticiones de los manifestantes siguen sin atenderse. En cambio, el Ministerio Público ha abierto causas penales contra algunos de ellos.
En un discurso que duró menos de cinco minutos, la presidenta Xiomara Castro ordenó, durante los actos de conmemoración del 201 año de Independencia del Imperio español, desenterrar el pensamiento del general Francisco Morazán. También instruyó a los ministros de Educación, de Cultura y de Planificación para que la cátedra y legado del prócer hondureño pasen a formar parte del sistema educativo.
La discusión de la Ley de Defensa y Seguridad está detenida y, a pesar de eso, algunos puntos críticos han sobresalido en el debate. En primer lugar, hay consenso entre las bancadas del PSH y Libre en que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) no debe convocarse violentando la independencia de poderes del Estado. En segundo lugar, el Partido Liberal ha solicitado que altos mandos militares integren el Consejo con facultades para tomar decisiones y, finalmente, hay sectores que han expresado su preocupación de que la familia Zelaya coopte este espacio y gane protagonismo para beneficiar sus intereses particulares.
El Poder Ejecutivo hondureño todavía no responde el memorándum de la ONU, que se conoció públicamente a finales de julio, en donde el organismo internacional –entre otras peticiones– pone como condición que el mecanismo anticorrupción, que fue solicitado por la presidenta Xiomara Castro, sea independiente y se constituya como acusador privado. También se solicita que los operadores de justicia cuenten con herramientas jurídicas como la Ley de Colaboración Eficaz y que se deroguen normativas que funcionan como un pacto de corrupción.
En julio de este año, una serie de asesinatos y amenazas ocasionó que una decena de familias abandonaran sus casas ubicadas en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. La Policía sostiene que la causa es la pelea de territorios entre la MS-13 y la Pandilla 18. Sin embargo, también se han registrado eventos violentos fuera de Chamelecón que la Policía atribuye a la MS-13, eso ha provocado el incremento de los patrullajes de policías preventivos y policías militares.
La presidenta Xiomara Castro obtuvo una nota de 6/10 en el undécimo sondeo del ERIC-SJ, que presenta un error muestral de +/- 2.5 % y un 95 % de confianza. En esa investigación se revela que 4 de cada 10 hondureños creen que la presidenta está siendo manipulada. Asimismo, se obtuvieron los principales problemas identificados por la población, enumerados por orden jerárquico: la crisis económica, el desempleo y la inseguridad.
Los periodistas en Honduras están vulnerables ante la violencia y la regla es que reine la impunidad tras los ataques, que van desde agresiones y amenazas hasta asesinatos. La única oficina que existe en Honduras para investigar violencia contra periodistas es la FEPRODDHH, pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa—, sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.
Es imposible saber ahora mismo cuántas personas están asesorando a la presidenta Xiomara Castro y, más difícil todavía, conocer en qué temas. El exministro Enrique Flores Lanza y el expresidente José Manuel Zelaya Rosales han dicho públicamente que son asesores presidenciales; sin embargo, la Unidad Administrativa de Casa Presidencial respondió a Contracorriente que en sus planillas no figura ningún asesor presidencial.
A trece años del golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), el escritor Julio Escoto, analista y destacado miembro de la resistencia contra el golpe, dice que es importante que el Gobierno actual comience un proceso de democratización sin caer en la retórica de izquierda de los años 40, ni caer en la forma –común– de hacer política con promesas que no se pueden cumplir.
Ante una posible instalación de la CICIH, hay intensos movimientos en el Congreso Nacional para ajustar los procesos de elección del Fiscal General y de los 15 nuevos magistrados de la CSJ en el 2023. Para analizar esta situación, las experiencias de la CICIG en Guatemala y de la CICIES en El Salvador son útiles, por ser comisiones similares a pesar de ser contextos diferentes.
Cinco policías fueron asesinados entre el 23 de abril y el 2 de mayo, con lo que suman 15 los policías muertos en enfrentamientos en lo que va del 2022, según datos brindados a Contracorriente por parte de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional. Por otro lado, esta institución armada anunció el 4 de mayo el inicio del proceso para reintegrar a policías depurados en aras de «aumentar el número de policías», pero no solo eso, también incorporarán a militares que fueron dados de baja.
A pesar de que el actual Gobierno denunció que la administración de Juan Orlando Hernández dejó un Estado en quiebra tras 12 años de autocracia, el Congreso Nacional aumentó desmesuradamente la semana pasada el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2022. Además, esta semana surgieron denuncias de que los diputados no solamente legislarán, sino que «serán gestores» de proyectos con fondos del Ejecutivo, lo que en gobiernos anteriores abrió las puertas para el clientelismo político y la corrupción.
Un juez autorizó asegurar 33 inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, los bienes de Hernández, valorados en 7.8 millones de dólares, en realidad doblan esa cantidad. Hace algunos días, se denunció que la ex primera dama buscó resguardar algunos de estos, al transferir bienes valorados en 60 millones de lempiras a un banco local en concepto de dación, supuestamente para honrar una deuda lo cual imposibilita por ahora al Ministerio Público el aseguramiento de esos bienes, mientras los fiscales investigan si el banco y Ana García actuaron de buena fe para que quedar exentos de culpa.
El pasado 16 de marzo, mientras un magistrado autorizaba la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández —reclamado por cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas— el exmandatario se sentó a grabar un video en la silla del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este incidente no sentó nada bien en la Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional, que un día antes se había reunido en esa misma sala con varios de los magistrados de la CSJ, incluyendo al propio presidente Rolando Argueta Pérez.
El decreto que deroga la normativa conocida como «Ley de Secretos» está en proceso de ser sancionado por el Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Las instituciones que ocultaron información apegándose a esta ley, tienen un plazo de dos meses para explicar por qué la reservaron, de lo contrario, toda la información que fue clasificada durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) debe ser publicada en los portales de transparencia bajo la supervisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Académicos, expertos en calidad educativa, dirigentes y exdirigentes estudiantiles de la UNAH, están de acuerdo en que la Prueba de Aptitud Académica (PAA) sí genera exclusión; no obstante, hay quienes sostienen que el Congreso Nacional no tiene la facultad de eliminarla y, por otro lado, el debate de la PAA desnuda otros aspectos, como el de la oferta y demanda en el nivel superior, así como la exclusión y privatización educativa que nace desde primaria y secundaria.
La opinión de economistas y abogados sobre la derogación de la Ley de empleo por hora está dividida. Hay quienes coinciden en que solo debe revisarse y obligar a la Secretaría del Trabajo a realizar inspecciones para evitar violaciones laborales, y por otro lado están los que sostienen que debe derogarse ante la incapacidad de supervisión estatal. Los que sí muestran una posición clara, aunque antagónica entre sí, son los obreros y los empresarios. Las centrales obreras aseguran que dicha ley debe derogarse porque solo beneficia a los patronos, mientras que los empresarios, por su parte, sostienen que debe mantenerse porque de lo contrario Honduras podría perder más de 350,000 empleos.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), fue capturado este martes en su casa de habitación en Tegucigalpa por un grupo de policías hondureños y llevado hacia el Comando de Fuerzas Especiales, después de que Estados Unidos solicitara su arresto preventivo con fines de extradición por cargos de narcotráfico.
Esta semana comenzó a funcionar el gabinete de gobierno de Xiomara Castro que, si bien es cierto, no presenta nepotismo desde el punto de vista jurídico, ha abierto el debate sobre la ética de nombrar a familiares en puestos claves. Los secretarios del Ejecutivo navegan en medio de una crisis legislativa que se ha extendido desde el 21 de enero y que tiene al esposo de la presidenta –el expresidente José Manuel «Mel» Zelaya Rosales–, entre los principales negociadores.
El pasado 27 de enero, durante su asunción, la presidenta de Honduras prometió la libertad para los defensores del río Guapinol, a quienes calificó como «presos políticos» y esta semana, el Congreso Nacional aprobó un decreto para una amnistía que tiene un amplio abanico de eventuales beneficiados. Múltiples organizaciones nacionales e internacionales, así como expertos en derechos humanos, consideran que este juicio se trata de una criminalización ejecutada por el Poder Judicial, pero orquestada por la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
Aunque Leonel Sauceda no pudo desvirtuar el delito de lavado de activos —pues estuvo preso desde hace dos años porque no había podido justificar 13,8 millones de lempiras que circularon en trece de sus cuentas bancarias entre 2006 y 2017—, según el Poder Judicial, el Ministerio Público no pudo comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que determinó absolver a Leonel Sauceda también del delito de lavado de activos.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández -señalado fuertemente por tener nexos directos con el narcotráfico- fue juramentado este jueves como diputado al Parlacen con lo que obtiene prerrogativa, privilegio e inmunidad. Hernández fue juramentado el día de hoy por el presidente del Parlacen a través de una sesión realizada a través de zoom. Esta semana la congresista estadounidense, Norma Torres, recomendó al Departamento de Justicia de EE.UU. extraditar al ex mandatario por tráfico de drogas.
Xiomara Castro se reunió ayer por la noche con Jorge Cálix, quien ha encabezado a un sector del Congreso Nacional opositor integrado por diputados del
Dos juntas directivas del Congreso Nacional fueron juramentadas este domingo en Honduras. Una de ellas, elegida por 79 diputados propietarios a más de 30 kilómetros de la sede del Congreso Nacional. La otra fue elegida en la sede del Congreso sin energía eléctrica y con el respaldo de menos de 50 diputados propietarios con presencia de cientos de ciudadanos. Según algunos analistas, la primera tiene el respaldo legal pero la segunda cuenta con la legitimidad que le da la presidenta electa Xiomara Castro. Este conflicto tendría que ser dilucidado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Durante 12 años, el Legislativo contó con el apoyo del Ejecutivo y con la protección especial del Poder Judicial, cuya Corte Suprema de Justicia (CSJ) jugó un papel notorio al proteger a decenas de diputados que fueron acusados por corrupción, lavado de activos o enriquecimiento ilícito por el Ministerio Público. Pero antes de marcharse, los diputados salientes aprobaron una decena de contratos y se aseguraron de blindarse lo mejor posible.
El pasado 10 de enero, Daniel Ortega tomó posesión como presidente de Nicaragua después de reelegirse por cuarta vez de forma consecutiva en unas cuestionadas elecciones desarrolladas en noviembre pasado. La toma de posesión contó solamente con la presencia de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de un puñado de representantes de países aliados, entre ellos Rusia y China.
Casa Presidencial publicó desde su cuenta de Twitter que «10 personas pueden ir de Palmerola a Miami por lo que se paga desde Toncontín». Sin embargo, el dicho con el que el Gobierno quiere destacar la obra del aeropuerto de Palmerola es falso.
Faltando días para entregar el poder, la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado ordenó otorgar plazas permanentes a miles de empleados que estaban bajo contratos definidos. No obstante, expertos afirman que de otorgarse estas plazas se estaría incurriendo en responsabilidades administrativas. Por otra parte, el gobierno saliente busca aprobar una ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de “peligro o riesgo inminente”, que en la escala piramidal tiene a los presidentes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
El próximo Congreso Nacional de Honduras tendrá cuatro bancadas importantes, las cuales enumeramos en orden jerárquico: Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH). A pesar de que a nivel presidencial se dio una aplastante derrota al oficialismo, en el Legislativo de 2022 no habrá concentración de poder ni de Libre ni del Partido Nacional. Actualmente hay denuncias de fraude que están favoreciendo al Partido Nacional, lo cual, según algunos analistas, obedece a un arreglo extra electoral.
La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (Moe-ue) en Honduras, Zeljana Zovko, presentó este martes un informe preliminar durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa, capital de Honduras, en donde se destaca que el pueblo hondureño mostró su compromiso con el proceso democrático, a pesar de una gestión «altamente politizada» y una campaña electoral violenta.
En las cuentas oficiales del Partido Nacional de Honduras informaron este domingo que su candidato presidencial, Nasry «Tito» Asfura, conocido como «Papi a la orden», ganó las elecciones generales. No obstante, el anuncio se hizo a las 5:00 p.m., hora en que todavía no se había comenzado el escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo a través de sus canales oficiales que uno de sus servidores fue atacado. «Está en proceso de investigación la caída de la página web del CNE para la consulta del censo, y en la primera información recibida se refleja un ataque al servidor ubicado en las instalaciones del consejo», indica en su comunicado el máximo órgano electoral.
La página web del máximo órgano electoral de Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE), amaneció caída este domingo 28 de noviembre dejando a la ciudadanía sin información oficial de en dónde ejercer su voto en un ambiente histórico en el que 14 candidatos presidenciales buscan llegar a la presidencia, 128 candidatos buscan un puesto en el Congreso Nacional y en el que además se eligen autoridades en 298 municipios de Honduras.
La alianza municipal de San Pedro Sula —conformada por tres candidatos que lograron ponerse de acuerdo para buscar vencer a Armando Calidonio— tiene pronósticos alentadores, no obstante, está en peligro luego de que se ha anunciado que el dictamen del Consejo Nacional Electoral (CNE) impediría su registro. Mientras tanto, en Tegucigalpa, los principales líderes de oposición de nivel municipal no han podido ponerse de acuerdo y se diluyen las esperanzas para una alianza robusta que busque frenar a David Chávez, quien se posiciona como favorito.
Luego de la publicación de Pandora Papers, una investigación realizada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en la que Contracorriente participó, se difundió una nota de un periódico con dominio web engañoso que señalaba, sin fundamento verdadero, al expresidente Manuel Zelaya Rosales como involucrado en los Pandora Papers. El ingeniero informático y sociólogo in fieri Aldo Salgado fue detrás de esa red de desinformación y encontró que detrás de esto estaba una empresa conocida.
El pasado 28 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el contrato a Magic Software Argentina (MSA), la empresa a cargo de la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), que deberá enviar datos oficiales el próximo 28 de noviembre cuando se desarrollen las elecciones generales en Honduras, en donde se escogerá, entre otros cargos, al presidente del Poder Ejecutivo, 128 diputados del Congreso Nacional y 298 alcaldes.
Esta madrugada, la diputada del Partido Libre Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres (asesinada en marzo de 2016) denunció un atentado contra su vida. Su esposo fue detenido por el hecho que ocurrió a pesar de que Zúniga Cáceres tiene medidas de protección y debía estar custodiada por la Policía Nacional. Apenas habían pasado unas horas desde que el candidato a alcalde de Yusguare por el mismo partido, Nery Reyes, fuera asesinado en Choluteca.
El presidente Juan Orlando Hernández usó su investidura y la mayor parte de su tiempo en los discursos ofrecidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Celac para defenderse de las acusaciones por narcotráfico que se hacen en su contra en tribunales de EE. UU. Esto hace ver al mandatario como un personaje «cobarde», «egoísta» y «demagógico» que se defiende en el lugar equivocado, coinciden analistas.
Hay tres fuentes notables de financiamiento indebido en los partidos Nacional y Liberal de Honduras, dos de ellas claramente ilícitas: la corrupción y el narcotráfico, y una tercera, «la cuota del partido», con la cual el Partido Nacional ha obtenido HNL 717 millones (unos USD 30 millones) desde enero de 2016 hasta julio de 2021. Esta aportación de empleados públicos además de ser una fuente de clientelismo político, se convierte en delito cuando se hace de forma inconsulta. Ese tridente ha puesto siempre al partido que esté de turno en una ventaja abismal en comparación con los demás.
El Congreso Nacional aprobó, en cuestión de minutos y sin mostrar los votos, una serie de contratos y préstamos que han sido catalogados como dañinos para los intereses ciudadanos. Diputados opositores que no se conectaron a la sesión virtual denunciaron que no hubo cuórum y que existió usurpación de funciones.
La Corte-idh se opone a la reelección presidencial indefinida y establece que es contraria a la convención y declaración americana. El doctor Joaquín Mejía dice que los exmagistrados que la permitieron deben ser investigados criminalmente, que la reelección de Juan Orlando Hernández fue ilegítima y la nueva Sala Constitucional debe revertirla.
De enero a junio de 2021 no se reportó ningún muerto por COVID-19 en la aldea San Antonio, municipio de Sulaco, zona norte de Honduras. Pero a partir de julio, los contagios y muertes aumentaron. Desde entonces han fallecido, en promedio, un total de seis personas a la semana, la mayoría en la aldea, a pesar de que esta solo cuenta con 7000 habitantes.
Las denuncias por la politización de vacunas por parte del Partido Nacional se han agudizado en Honduras. Pero no solo se está denunciando el mal accionar del Gobierno central, también el de algunos alcaldes que están aprovechando la situación para obtener simpatías y traducirlas en votos en las elecciones generales, programadas para el último domingo de noviembre.
Un grupo de diputados del Congreso Nacional, todos afines al Partido Nacional, modificaron un dictamen enviado por el CNE y propusieron que solo su representante en esa institución pueda dar resultados el día de las elecciones, también amenaza con cárcel a los demás consejeros que se atrevan a dar resultados preliminares.
Diez años después falleció en una calle de la Ciudad de México, tras beber alcohol compulsivamente después de enterarse del asesinato de su hermano en Honduras. Su funeral en México estuvo nutrido de personas que la apreciaban, pero en Honduras su cuerpo fue velado y enterrado en el más absoluto silencio, únicamente por su familia.
Finalmente, los familiares del alemán nunca aparecieron y la Alcaldía corrió a reclamar la propiedad en concepto de herencia. La Alcaldía negó estas acusaciones. Este caso y otros dos más, en El Progreso, Yoro son expuestos para evidenciar la instrumentalización de la necesidad de la vivienda con fines político electorales y el reducido interés en resolver la problemática.
El cuerpo de la joven trans hondureña Kaory Cantarero llegará a Honduras dentro de diez días, después de que organizaciones defensoras de derechos humanos en México presionaran al consulado hondureño en ese país para permitir los trámites de repatriación. Kaory se fue de Honduras hace diez años, después de que fuera amenazada de muerte por la banda de Los Olanchanos en San Pedro Sula.
Honduras, en el 2020, gastó cerca de 6000 millones de lempiras (unos 248,8 millones de dólares) en atención a la pandemia. Sin embargo, aunque la promesa era que con ese presupuesto se construirían hospitales y se comprarían vacunas, más de un año después, no se ha logrado construir ni un solo hospital y la única compra realizada para infraestructura hospitalaria fue la de siete hospitales móviles que resultaron ser un fraude.
Caudillos como Óscar Nájera continúan en la pelea para seguir como diputados en el Congreso Nacional, sin embargo, es evidente que han sufrido un desgaste. El Partido Nacional ha renovado buena parte de sus candidatos a través del movimiento Unidad y Esperanza, del alcalde capitalino Nasry «Tito» Asfura. El Partido Liberal, por su parte, sorprendió con un número de votos importante en el nivel de diputaciones que atrajo el movimiento de Yani Rosenthal. En Libre también hay nuevos rostros que buscarán integrar el Congreso Nacional.
El abogado Omar Menjívar es candidato a alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Es la apuesta de defensores de derechos humanos y algunos movimientos sociales en el norte del país. En su primera experiencia en política, Menjívar se enfrenta al exministro de seguridad y alcalde por dos periodos consecutivos, el nacionalista Armando Calidonio.
Han pasado dos semanas desde los comicios electorales y aún no hay resultados oficiales, aunque el pleno del Consejo Nacional Electoral decidió realizar un escrutinio definitivo. El Partido Liberal y Libre salen debilitados del proceso, pues hubo rupturas internas importantes.
Han pasado casi dos días desde que la ciudadanía ejerció el sufragio en las elecciones primarias y aún no hay resultados oficiales. Este proceso electoral se dio entre la desconfianza y la improvisación. Mientras los candidatos se declaran ganadores, las consejeras del CNE piden paciencia y han dicho que este será el proceso electoral más transparente en los últimos doce años.
El juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes, en Nueva York, ha sacudido a Juan Orlando Hernández, pero también a la clase política hondureña. Devis Leonel Rivera, líder del cartel Los Cachiros, testificó que además de sobornar al presidente también lo hizo con el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009) y el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, ambos precandidatos a diputados para las próximas elecciones.
Alexander López cumple 16 años como alcalde de El Progreso, Yoro; lleva cuatro períodos consecutivos y va por el quinto. Es el virtual ganador de las próximas elecciones municipales, se ha convertido en el caudillo de la ciudad y es aliado del candidato presidencial Yani Rosenthal. López parece no tener contrincantes en su poderío local.
Un total de 702 enfermos renales han fallecido desde enero de 2020 en Honduras, 47 en lo que va del 2021, la mayoría a causa de la COVID-19. Esta es la historia de un paciente con insuficiencia renal que enferma de coronavirus y es rechazado en tres hospitales.
El presidente Juan Orlando Hernández dio su último informe de logros como mandatario, ante el Congreso Nacional, elogiando su mandato por hacer crecer la economía
Tras el fraude electoral de 2017 se plantearon reformas para evitar una nueva crisis, sin embargo, a dos meses de las elecciones primarias no existe la posibilidad de que se apruebe alguna de estas reformas.
El juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez en una corte de Estados Unidos (EE. UU.) se llevará a cabo el 8 de marzo de 2021. Este caso, revela una vez más cómo Honduras se ha convertido en un Estado de protección criminal.
La dura historia de inundaciones que se ha vivido en los bajos de Choloma, Cortés llegó a su momento más crítico en noviembre del 2020, cuando dos tormentas dejaron bajo el lodo decenas de comunidades en este municipio del norte de Honduras.
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