En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) minutos antes de la resolución de la audiencia inicial del Caso Pandora, varias personas ya conocían la conclusión: 28 acusados iban libres y sólo uno tendría prisión preventiva. Los familiares de los acusados estaban sonrientes, algunos incluso hablaban de que el día anterior ya se había resuelto todo por medio de cuentas bancarias, otros aseguraban que sus familiares ni siquiera se encontraban en el edificio.

Aunque la resolución de la audiencia estaba programada para las siete de la noche, varias familias abandonaron las instalaciones incluso antes de que cerca de las dos de la mañana dentro del Salón II de los Tribunales de Sentencia se comenzara a leer la conclusión de la jueza Lidia Álvarez sobre el proceso iniciado por el desvío de 282 millones de lempiras desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería para el financiamiento de campañas políticas según la investigaciín y acusación por parte de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de la Maccih.

A pesar de que durante el desarrollo de la audiencia inicial, la jueza Álvarez admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la única persona que guardará prisión en el proceso es Jacobo Regalado, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) institución donde se dio el drenaje de los fondos. Regalado enfrenta juicio por los delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos con penas que van desde los 3 hasta los 12 años de reclusión.

Mientras que los diputados acusados de utilizar el dinero para sus campañas políticas se defenderán en libertad, uno de ellos es el diputado liberal Elvin Santos, quien recibía apoyo de sus simpatizantes que convocaron a una protesta en las inmediaciones de la CSJ. En ese instante también hicieron presencia miembros del movimiento Indignados, quienes gritaban consignas contra la corrupción. La situación rápidamente se encendió cuando estos últimos comenzaron a gritarles corruptos a los simpatizantes de Santos y ellos les respondían que querían fuera la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH)

Además de Santos, la información oficial señala que otros 20 imputados ahora sólo enfrentan delito de lavado de activos en modalidad de encubrimiento y se defenderán en libertad, entre ellos los diputados nacionalistas José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, ambos con más de dos décadas en el Congreso Nacional. Los demás son: Miguel Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda, Ramón Antonio Lara, Lenín Rodas, Feliz Pacheco, Eduardo Enrique Lanza, José Sierra Morales, Lenín Chávez, Armando José Rivera, Hernán Seaman Elvir, Gustavo Castro, Franklin Toruño, Jean Francois Peyrecave, Francisco Sánchez y José Luis Flamenco Mejía.

Otros delitos que enfrentan los demás imputados son los de abuso de autoridad, fraude y violación a los deberes de los funcionarios a Norma Kaffy Montes mientras que a Velkis Rosibel Hernández y a Laura Haide Arita Palma, se les acusa por falsificación de documentos públicos y fraude.

Todos los mencionados sólo deberán firmar un libro todos los miércoles en los juzgados de La Granja en Tegucigalpa, no pueden salir del país y tampoco deberán mantener comunicación con los demás acusados en este caso.

Durante el proceso solamente 26 de los 38 acusados fueron procesados, nueve siguen prófugos de la justicia y tres personas quedan fuera de todo proceso: Mario Rolando Suazo Morazán y su hijo Mario Edgardo Suazo Matute, acusados inicialmente de lavado de activos se les dictaminó sobreseimiento definitivo, igual medida se le dio al ex ministro de Finanzas William Chong Wong quien falleció cuatro días después de que el caso se diera a conocer.

Años más tarde, durante el tercer año de mandato de su cuñado Juan Orlando Hernández, Francois firmó un contrato de arrendamiento por 207 mil lempiras mensuales por concepto de alquiler durante un año de una bodega de 1,800 metros cuadrados para almacenar medicamentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Iván Martínez, abogado defensor del diputado Elvin Santos Ordoñez y de su padre Elvin Santos Lozano, antes de conocer la resolución aseguró que «desgraciadamente muchas veces estas situaciones no son jurídicas, son políticas» a la vez que denunciaba que la Organización de Estados Americanos (OEA) desde la Maccih estaba ejerciendo presión e injerencia en la administración de justicia.

Hernández y su cercanía con las redes de corrupción

Entre los acusados que se seguirán defendiendo en libertad se encuentran personas cercanas al círculo de Juan Orlando Hernández, el viudo de su hermana Hilda Hernández, Jean Francois de Peyrecave así como ocho diputados y funcionarios públicos del actual gobierno, entre ellos Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista y actual Vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, estos dos personajes han sido señalados por la Comisionada de Policía en Condición de Retiro, María Luisa Borjas, como involucrados en el asesinato de Berta Cáceres.

El mismo día que se convocó para la lectura de la resolución de la audiencia inicial del Caso Pandora, dos pisos abajo estaba programado el juicio de reposición de medios de pruebas del caso de Berta Cáceres, pero después de varias horas de espera este no se realizó debido a que la abogada Ritza Antúnez, defensora privada de Mariano Díaz Chávez, militar activo cuando se le capturó por el asesinato Cáceres, también defiende a uno de los imputados en el Caso Pandora y se encontraba muy cansada por la jornada del día anterior. Antúnez fungió como abogada defensora de José David Cardona, acusado con seis años de prisión por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El cuñado de Hernández, Francois de Peyrecave, también ha sido cercano a los gobiernos nacionalistas. Como empresario ha tenido contratos con el Estado en varias ocasiones desde la gerencia de la Compañía Almacenadora S,A (COALSA), en 2010 fungió como arrendatario para el archivo del Poder Judicial de Honduras durante un año por 122 mil lempiras mensuales.

Años más tarde, durante el tercer año de mandato de su cuñado Juan Orlando Hernández, Francois firmó un contrato de arrendamiento por 207 mil lempiras mensuales por concepto de alquiler durante un año de una bodega de 1,800 metros cuadrados para almacenar medicamentos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

De acuerdo al Registro Público de Panamá, Francois además tiene vínculos con dos empresas Panameñas, una bajo el nombre Wedgewood Holdings que dirige junto a Carlos Fiallos Soto, quien también forma parte de otra empresa denominada Holdings. S,A que dirige con el actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, y con Carlos Midence Laínez, empresarios que lideran el grupo inmobiliario Midence Soto, quienes están detrás de la iniciativa Vuelve al Centro.

Durante el proceso de la audiencia inicial del Caso Pandora se filtraron imágenes de los medios probatorios que proponía la UFECIC en donde a Francois Peyrecave se le veía involucrado con casi un millón y medio de lempiras como socio de la empresa ASEDI S. DE R.L la cual, según la escritura oficial del Registro Mercantil, tiene como socia a la primera dama, Ana García de Hernández. De acuerdo a la imagen ASEDIS habría recibido depósitos de los cheques número 54470819 (con valor de 685 mil lempiras) y 54470821 (con valor 825 mil). La empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral (ASEDI) señala dentro de su escritura pública que «se dedica a dar asesoría en el marco del sector agroalimentario y medio rural», el Caso Pandora surge por la desviación de fondos bajo la excusa de que serían utilizados en proyectos para pequeños agricultores.

Los nexos del presidente Hernández en estos casos no son nuevos, a la primera dama ya se la había mencionado en el caso Red de Diputados, una investigación que también denuncia el drenaje de fondos a través de fundaciones. De acuerdo al exprocurador de la Maccih, Julio Arbizú, cuando se dio a conocer el caso de la Red de Diputados y comenzaron a conectar la investigación con Hernández y su esposa, surgió una crisis interna en la MACCIH lo que ocasionó su renuncia de Arbizu, la del vocero, Juan Jiménez Mayor y la del juez Daniel Urrutia.

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Además de esto, la jueza que lleva el caso, Lidia Álvarez, conoce de cerca al Partido Nacional, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Álvarez fungió como Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad. En 2016 fue electa para formar parte de la Corte Suprema de Justicia por su afiliación con el PN, una elección en donde los diputados eligieron a los magistrados individualmente luego de que la nómina presentada no consiguiera la mayoría calificada (86 votos).

El cuñado de Hernández, Francois de Peyrecave, también ha sido cercano a los gobiernos nacionalistas. Como empresario ha tenido contratos con el Estado en varias ocasiones desde la gerencia de la Compañía Almacenadora S,A (COALSA), en 2010 fungió como arrendatario para el archivo del Poder Judicial de Honduras durante un año por 122 mil lempiras mensuales.

Sagastume fue presidenta de la Sala de lo Constitucional cuando se declaró inadmisible un recurso de nulidad presentado contra la inscripción de Juan Orlando Hernández, como precandidato del Partido Nacional debido a que su candidatura violaba la Constitución de la República.

Una radiografía del caso

El lunes 23 comenzó el proceso con la audiencia de presentación de imputados en donde la jueza declaró detención judicial para 19 de los 20 implicados que se apersonaron. Posteriormente, ocho personas más se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, pero solo a seis se les dictó detención judicial, mientras dos se defendían en libertad.

La audiencia inicial se programó para el 25, pero no fue hasta la segunda etapa que se aprobaron las peticiones que realizó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, de agregarle el delito de asociación ilícita a cinco acusados y modificarle a cinco imputados de lavado de activos, en la modalidad encubrimiento por solo lavado de activos.

De igual manera, el mismo día la jueza admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los acusados, a la vez que rechazó las excepciones y nulidades que exigía la defensa de los imputados.

Carlos Silva, portavoz de la CSJ, explicó que se rechazó la petición de realizar un juicio político a los diputados acusados, también se negó la situación planteada por las defensas de que los imputados ya habían sido juzgados en otro proceso y en otro juzgado. Además se desestimó la acusación de que el requerimiento fiscal no había sido bien presentado y la nulidad que alegaban algunas defensas sobre la prueba del informe de la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas que no señala a todos los acusados.

El portavoz judicial precisó que «los medios de prueba documentales propuestos por la Fiscalía fueron admitidos en su totalidad, salvo una declaración que fue propuesta y que no se realizó ante la jueza competente»

Más tarde, se inició con la evacuación de la prueba de cargo que presentó la UFECIC, así como el abordaje de los testigos interrogados por cada uno de más de 20 abogados, en ese proceso se suspendió la audiencia debido a que la defensa señaló que algunos medios probatorios del Ministerio Público no contenían firma del perito, es decir, que no fueron expuestos ante los tribunales. De acuerdo a las defensas, el no presentar todos los análisis financieros firmados le dio una ventaja.

Sin embargo, la vocería del Poder Judicial señaló que en la resolución de la jueza, se hizo mención a que la Ley de Lavado de Activos del 2002 no considera como procedente los delitos en perjuicio de la administración pública.

A la investigación se le denominó Caja de Pandora, haciendo referencia a historia de la mitología griega que cuenta como una mujer liberó todos los males de la humanidad, al igual que la historia que originó su nombre, la caja de corrupción sigue abierta con la mayoría de sus imputados en libertad o prófugos.

Fotografía en portada: Martín Cálix/Archivo CC

Texto: Fernando Silva

La Tregua se extendió más de lo previsto y las calles siguen en movimiento esperando que los transportistas decidan regresarlas a la parsimonia que se desató el jueves, viernes y lunes cuando este rubro decidió ir a un paro de labores exigiendo una reducción de 23 lempiras (menos de 1 dólar) al precio del combustible. Reducción que según el gobierno significa afectar el presupuesto de sectores como salud y educación, pero que los dirigentes del transporte solo aceptan si beneficia a toda la población.

En Tegucigalpa durante la tregua, en un punto de taxis ubicado en el salvaje Centro Histórico de la ciudad, Martín espera que uno de sus compañeros se canse de trabajar para que le presten el carro y así poder recolectar al menos 100 lempiras (4 dólares) para llevarle a sus seis hijos que le esperan en la casa que alquila en un barrio cercano al crematorio municipal.

Martín es padre soltero y el taxi que usualmente trabaja está en el taller. Este hombre de contextura gruesa y piel tostada por el sol paga al dueño de ese carro 400 lempiras de “tarifa”,  misma que durante los días de paro no dejó de pagar. “A uno le dicen, no se preocupe ahí me la va pagando poco a poco pero siempre hay que pagarla”, dice este taxista que ya se ha dado cuenta que en Honduras, para los más pobres nunca hay tregua.

El precio del combustible, uno de muchos problemas

Según Rony Figueroa, vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISHI) y dueño de taxis en la capital, otro pago que no han dejado de hacer durante los días de paro es el del “impuesto de guerra”, que las maras y pandillas le cobran a cada punto colectivo. Según este dirigente “están pidiendo prestado dinero al 10% de interés para poderle pagar a las pandillas”.

En 2017 al menos 132 personas dedicadas al rubro del transporte fueron asesinadas en el país, según el informe anual del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (O.V UNAH). A pesar de que no se conoce en su totalidad la ocupación de estas personas, los datos indican que son los transportistas quienes más sufren la violencia de este país en el que mueren entre 10 y 12 personas diarias,  según cifras oficiales. En el último mes, mientras se desarrollaba esta crisis, han sido asesinados dos transportistas, uno en Choloma y otro en Tegucigalpa, ambos eran conductores de buses “rapiditos”.

Mientras conduce el taxi que uno de sus compañeros le prestó, Martín cuenta.

-Además de las 6 pandillas que nos piden renta, de repente aparecen unos nuevos que nos vienen a dejar teléfonos y llaman pidiendo bombazos de 80 o 50 mil lempiras para que se los tengamos en un día, y a ellos no les interesa de donde lo saquemos pero que ese dinero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si no, ya vienen y matan a un compañero. Ya nos ha tocado vivir eso.

Hace dos años en el punto que trabaja Martín no lograron recolectar a tiempo el dinero que les pedía una banda de extorsionadores. Estaban en negociaciones cuando en el otro lado de la ciudad le dispararon en su propia unidad a uno de los conductores.

Uno de los argumentos del gobierno para la no reducción del precio de los combustibles es que el Estado dejaría de percibir 13,800 millones de lempiras. Según declaraciones de Ebal Díaz, Secretario de la Presidencia, “esto equivale a que se deje de pagarle a policías y militares y que cerremos la Secretaría de Seguridad y Defensa”.

El Banco Mundial señala que Honduras gasta alrededor del 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad, comparando este dato con la media mundial, se destina la misma cantidad que países como Alemania, Noruega o Dinamarca. Este gasto desmedido corresponde a la política del gobierno de Juan Orlando Hernández que pretende vender “el regreso de la paz y tranquilidad a las calles”.

Mientras pasa a la par de una patrulla llena de policías, Martín asegura que “uno como motorista no tiene ni derechos, ni seguridad, no tienen nada”. La última vez que lo asaltaron, conducía a tres hombres que lo pararon en la calle para que los transportará hacia una estación de bomberos en Tegucigalpa, resultó que estos hombres terminaron secuestrándolo.

-Iba con estos ladrones y un policía me paró porque llevaba una luz mala, yo pensé que me había salvado pero cuando alcancé a decirle que estos delincuentes me llevaban, no me creyó y me dijo que nosotros todo lo exagerábamos, se suelta mientras me lleva en el taxi.

Martín agradece que ese día solo le hayan quitado los 200 lempiras que llevaba para la comida de sus hijos.

Los que no serán beneficiados

Según datos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), más de 300 mil personas se sumaron a la lista de pobres en 2017 y se espera que en 2018 la cantidad siga en aumento. A pesar de esta situación en mayo de este año los diputados del Congreso Nacional se aumentaron 35 mil lempiras a su salario mensual. Martín desde el volante de un taxi en la capital asegura que los funcionarios se recetan estos incrementos “al son de los dedos, así de fácil, sin paros ni huelgas”.

Uno de los diputados que devolvió ese aumento, al menos en el mes en que se decretó, es Jorge Cálix del partido de oposición Libertad y Refundación, quien con respecto a la problemática de los transportistas y la reducción al combustible señala que “sí se puede gobernar sin aumentar impuestos, sí se puede gobernar con combustibles bajos y si Juan Orlando no sabe cómo hacerlo, pues que le pregunte a los que sí saben”.

Actualmente el impuesto que se paga por el combustible va desde los 20 hasta los 33 lempiras, y según el FOSDEH podría eliminarse compensándolo con la reducción de exoneraciones a la empresa privada que llegan a los 36 mil millones de lempiras (1.5 millones de dólares).

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En una gasolinera mientras compra menos de dos galones de gasolina por 200 lempiras, Martín asegura que trabaja con esas condiciones y sin horario de descanso por necesidad y recalca que “si los diputados no les costó nada darse un aumento, ¿por qué no se le puede bajar al precio del combustible? Si eso beneficia a todo el pueblo”. Este padre de familia gasta casi 9 mil lempiras mensuales en gasolina al mes y paga mil lempiras del cuarto en el que vive con sus seis hijos.

Estos gastos le dejan con un total de 2,600 lempiras (108 dólares) mensuales, para suplir la alimentación, salud, educación y vestimenta de su familia.

El miércoles de esta semana el gobierno rechazó una propuesta del gremio del transporte con el argumento de que esta no beneficia al usuario, ya que la reducción del precio a los combustibles solo beneficiaría a la cúpula del transporte y no se está presentando ninguna reducción al precio del pasaje.

En junio de este año la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) justificó el aumento del 1.01% en la tarifa de energía eléctrica por el elevado precio de los combustibles utilizados, la variación del lempira frente al dólar y los resultados del despacho hidrotérmico.

Según el economista Hugo Noé Pino, la exigencia de los transportistas de reducir 23 lempiras en el impuesto del combustible “no es algo realista” pues supondría un gran impacto en la economía nacional; sin embargo, esta reducción se podría hacer diferenciada entre todos los derivados del petróleo.

Rony Figueroa de ATAXISH menciona que “hemos decidido ser flexibles y reducir la exigencia a bajar 20 lempiras al precio de los combustibles, hemos dejado un compás de espera pero si no nos solucionan nada para el viernes a las 5 de la tarde, el lunes nos vamos a paro otra vez.”

Según Martín, si se ejecuta el paro le van a pedir a los dueños de taxis y dirigentes del transporte que no les pidan la tarifa de esos días porque si no ellos también van a emprender acciones. “Los dueños nunca salen perdiendo, aquí nadie se interesa realmente por nosotros” asegura.

Una tregua que puede pasar a revuelta

“El lunes tendríamos que emprender acciones más fuertes, vamos a bloquear todas las calles del país y le estamos pidiendo al pueblo que se una a esta lucha que es de todos” menciona Figueroa. Este jueves, los taxis colectivos de la capital amanecieron con rótulos color neón que llevaban el mensaje “Exigimos la reducción de 23 lempiras a la gasolina, ¡pueblo únete!” y parece que otros sectores están aprovechando ese espacio para hacer sus propias demandas.

En el Progreso, Yoro, ciudad que solo necesita una pequeña llama para encender la hoguera, los taxistas se revelaron ante sus propios dirigentes, desafiaron La Tregua y emprendieron La Rebelión. Finalmente fueron dispersados por los policías.

Los maestros recientemente han amenazado con irse a paro si no se les aumenta el salario y los estudiantes universitarios se han manifestado entre la represión cotidiana en supuesto apoyo a los transportistas.

Ebal Díaz expresó que con estas muestras de apoyo de parte de los estudiantes universitarios se comprueba “la relación oscura de algunos dirigentes del transporte con las maras y extremistas dedicados a la violencia política”.

Mientras tanto, al también catedrático universitario Hugo Noé Pino, le preocupa que en Honduras solo se les cumplen las exigencias a las personas que protestan y esto provocaría una serie de demandas que pongan en precario el presupuesto nacional.

Para Martín, el exigir la reducción al combustible ha sido su única esperanza de ser escuchado pues aunque su punto de taxis no está tan lejano al Congreso Nacional, afirma que “esos diputados ni se acercan, cuando andan en campaña lo vienen a saludar pero de ahí no se vuelven a aparecer”.

Texto: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

Emilio Rodríguez es el primero de la familia que migra a Estados Unidos, hace dos meses se fue con su hijo de 9 años. Ahora es un número más en la lista de 2,300 hijos separados de sus padres en el marco de la política de «tolerancia cero» que el Presidente Donald Trump lanzó para desestimular la migración. Su pequeño está en un refugio para menores en Nueva York y él en una prisión de Miami. Emilio huyó con su hijo por algo muy alejado de la violencia de maras y pandillas que predomina en las ciudades cercanas a la comunidad costera donde él creció. A Emilio lo echaron las consecuencias del cambio climático, ese mismo que Trump ha catalogado como una «invención» de China.

«La pesca ya no da y él se metió a trabajar de albañil y cuidaba una casa, con 3 hijos y la mayor que ya iba al colegio no le ajustaba el dinero para mantener a la familia», cuenta la hermana mayor de Emilio, una de las tres hermanas que ahora buscan sobrevivir tratando de sacarle algo al mar que cada vez está más cerca de su comunidad, amenazante. A menos de 10 kilómetros de la comunidad por la costa, hay dos comunidades que están desapareciendo, el mar ha destruido alrededor de 30 casas y las familias se han desplazado.

Emilio salió de la comunidad de Las Flores en Masca, Omoa en el departamento de Cortés, uno de los municipios con mayor afectación por la erosión costera que ha causado la elevación de los niveles del mar, sobre todo, como consecuencia del calentamiento global. A Las Flores llegó un grupo de familias campesinas en 1983 para habitar estas tierras entre montaña y mar, migrantes de las zonas más deprimidas del occidente del país, la familia de Emilio. Allí en Masca también hay una comunidad garífuna que está sufriendo estas consecuencias por el amarillamiento letal de los cocoteros, según explica el investigador Fabricio Herrera en el estudio «Cambio y Justicia Climática en Honduras».

José Rodríguez Rodríguez, tío de Emilio, recuerda cómo era la comunidad y lamenta que haya cambiado tanto aunque no ha cambiado la indiferencia con la que los políticos de todos los partidos los tratan.

«Los que hacen la ley no saben cómo es la vida en las comunidades», cuenta este pescador que asegura que ya el mar no les da como antes y que sobrevivir cada día se ha vuelto más difícil.

«Aquí ha cambiado mucho, allí donde se ven esas casas, ahora hay más población, así que hay más pérdidas. A veces hay mucha gente que no se organiza, que vive por vivir, que no cuida para el futuro», sentencia.

Y cuenta que la gente ya no puede vivir de la pesca ni de la agricultura. «Los que pueden trabajar albañilería han buscado eso y se van a otros lugares», agrega

Ya hay casas adentro del mar, antes había 3 kilómetros que separaban el mar del caserío, pero a partir del Huracán Mitch todo empeoró, así lo recuerda Rodríguez. Y en 2009, el terremoto terminó de acelerar el proceso, las comunidades quedaron casi debajo del nivel del mar y no solo afectó el sitio donde habitaban sino también terrenos de cultivo.

Su hermano José Isabel dice que la única manera de sobrevivir es huyendo,  saliendo de esa comunidad que es un oasis de paz porque allí no hay crimen, no hay maras o pandillas, no hay homicidios. Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, para 2016 Omoa tenía una tasa de 57.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, algo que no refleja total paz, pero muy alejado a la tasa de ciudades cercanas como San Pedro Sula y Choloma.

Ahora de Omoa tienen que huir a la temible ciudad a buscar otros trabajos aunque la violencia probablemente los vuelva a desplazar. «La manera de vivir aquí tendría que ser aprender otros oficios para salir a trabajar a otros lugares, pero así como yo y mi hermano que la edad nos avanzó, aquí tenemos que morir aunque sea de hambre», se resigna. El camino que tomó Emilio con su hijo hacia Estados Unidos será la única alternativa para los jóvenes.

Niños caminan a una comunidad cercana en la Barra de Cuyamel. Foto: Martín Cálix.
 

Comunidades hundidas

Doña Martina está recostada en una hamaca, intenta descansar pero el susurro del mar ya no es relajante. Le teme. Cada vez es menos susurro y más advertencia. Su familia entera ya se fue y sus casas están abajo del mar. Sólo queda ella y su casa ya tiene dos escalones hundidos. «Aquí ya sólo estamos esperando que el mar entre», dice resignada, mientras un cachorro duerme plácidamente a sus pies y su nieta escucha atenta.

Su hermano y sus sobrinos huyeron a Estados Unidos porque era la única forma de sacar a sus padres de ese lugar y ubicarlos en una casa decente en el pueblo cercano. Perdieron todas sus cosas, perdieron sus hogares y la única opción era irse a Estados Unidos, trabajar y enviar dólares para comprar una propiedad en un sector no tan vulnerable.

«No le doy más de un año a esta comunidad para que desaparezca», dice convencido, el biólogo Gustavo Cabrera de Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO), mientras muestra las ruinas de la comunidad Barra de Cuyamel.

La Barra del Motagua y la Barra de Cuyamel son los dos últimos poblados de Honduras de la zona costera pegada con Guatemala donde en los últimos diez años se han perdido alrededor de 800 metros de línea costera.

Cabrera comenzó a medir la playa desde 2006 cuando fue con un grupo de estudiantes de La Ceiba a sembrar un bosque de manglar. El año siguiente que regresó a ver si el manglar había crecido, no lo pudo encontrar, ya estaba en el mar, allí comenzó su interés y alarmó a las comunidades y a la alcaldía. En 10 años esa comunidad desaparecería «pasaron 12, estuve cerca con la predicción», dice Cabrera.

«El cambio climático es irreversible, eso va a suceder en toda la costa  pero de la manera como está sucediendo aquí es acelerado. No es fácil predecir sobre las demás comunidades porque no lo hemos medido. Si aquí ocurre un frente frío u otro fenómeno, en 3 horas se pierde todo y la gente morirá porque están entre la barra del río y el mar, esto es una trampa mortal», dice este biólogo que ahora ayuda a organizar una maratón para hacer efectiva una reubicación que está valorada en 10 millones de lempiras. Las autoridades evaden el tema, dice Cabrera, porque es parte de su culpa, él viene hablando de esto hace 12 años y no lo han escuchado.

El estudio «Cambio y Justicia Climática en Honduras» del investigador Fabricio Herrera establece que el  sobrecalentamiento  está  alcanzando  umbrales  por  demás  riesgosos,  en  tanto  la  actividad  humana  de  modo  persistente  está  emitiendo  hacia  la  atmósfera  grandes cantidades de Gases de Efecto Invernadero (GEI)   que   alteran   su   concentración   y,   como   consecuencia, se genera una reacción en cadena que perturba la temperatura y corriente de los océanos, los patrones de lluvias, frentes fríos y temporadas secas.  Estos  fenómenos  provocan  a  su  vez  la  destrucción  de los cultivos, trastocan la vida de las personas, animales y  plantas,  aumentando  la  pobreza,  la  miseria,  las  enfermedades y el hambre.

«No le doy más de un año a esta comunidad para que desaparezca», dice convencido, el biólogo Gustavo Cabrera de Cuerpos de Conservación de Omoa (CCO), mientras muestra las ruinas de la comunidad Barra de Cuyamel.

En el estudio «Migración y Cambio Climático» de Etienne Piguet, Antoine Pécoud y Paul de Guchteneire de 2011,  definen que:  las «zonas costeras bajas» como las situadas a una altura de 10 metros o menos representan solo un 2,2 por ciento de la tierra firme en el planeta, en ellas habita actualmente un 10,5 por ciento de la población mundial –es decir unos 602 millones de personas, de las cuales 438 millones viven en Asia y 246 en los países más pobres del mundo. La hipótesis de que las futuras emisiones de CO2 basada en el continuo crecimiento económico con una moderación del uso de combustibles fósiles (posibilidad A1B del IPCC) que prevé un incremento de 0,3 a 0,8 metros del nivel del mar para el año 2300, es preocupante. Y algunos cálculos más recientes muestran que este proceso podría avanzar bastante más deprisa de lo que se pensaba antes. Sobre esta base, parece razonable considerar que las personas que viven a una altura de menos de un metro sobre el nivel del mar son directamente vulnerables– y en un plazo de unos pocos decenios, según Anthoff (2006), 146 millones de personas se verían afectadas en tal caso.

A pesar del compromiso que el gobierno de Honduras adquirió firmando el Acuerdo de París surgido de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco para el Cambio Climático (COP21),  de reducir en un 15 % las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de energía, procesos industriales, agricultura y residuos para el año 2030; en Omoa, después que en 2010 se hiciera un ordenamiento territorial, se redujo el territorio de la reserva natural Cuyamel que contaba con parte en la costa y de frente en las montañas y el valle de Cuyamel. La parte del valle se declaró para explotación agroindustrial y han comenzado a sembrar monocultivos como la palma africana y el King Grass (para biomasa) en más de 2000 hectáreas.

Y estas acciones contradicen el compromiso, pero el discurso de la encargada de la Unidad Municipal Ambiental de la municipalidad de Omoa, Nancy Cálix, busca otros culpables: los campesinos que han migrado a esta zona y utilizan implementos y mecanismos de pesca y agricultura nocivos para la tierra, el agua y las especies, del daño al medioambiente que luego termina en consecuencias como el calentamiento global.

En 2012 el territorio donde están asentadas las comunidades en riesgo fue declarado inhabitable, pero una cosa es lo que diga un decreto y otra es la necesidad de la gente de tener tierra para sus casas y cultivos. La alcaldía no implementó en ese momento un plan de reubicación y ahora que esto es una crisis humanitaria, da algunas soluciones, como la compra de un terreno en el pueblo cercano, pero no es suficiente para darle condiciones de vida a 86 familias que han quedado de las 150 que antes eran.

«Estamos sumamente afectados, a parte de la basura de Guatemala es un contaminante enorme, un peso horrible, el cambio climático ha afectado. Ahorita sólo tenemos una comunidad que la vamos a evacuar, las barras porque es zona de riesgo, ya tenemos el terreno, la municipalidad está dando el terreno, la primera dama está prometiendo 100 viviendas, son como 150 personas, como 80 familias, pero cada día nace uno», dice el alcalde nacionalista Ricardo Alvarado quien lleva 9 años en el poder, y lo dice riendo.

Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, Cortés. Foto: Martín Cálix.
 

«La gente que migró de aquí ya migró hace años porque sí hay mucha en EEUU, es posible como hace 5 años cuando escucharon que levantaron la barrera, entonces mire, todos se fueron. Mucha gente vive de la remesa aquí, entra bastante. Aquí quisiéramos arreglar el mundo pero no es tan fácil, estamos trabajando duro, la UMA tiene un programa bonito en tema ambiental, la reforestación, y aquí somos enemigos de la palma africana», asegura el alcalde omoense, a quien le advirtieron del desastre en el inicio de su largo mandato, pero sigue sin resolver, sin dar respuestas más allá de la demagogia política.

Por su parte, Cálix, de la UMA, cuenta que hay varias tesis sobre lo que más ha afectado para que la erosión costera sea tan acelerada en esta zona.

«Muchos de los problemas de erosión costera en el municipio son producto del cambio climático, esto ha venido a inundar algunas áreas que asociadas con otros eventos sucedidos han provocado una migración. El terremoto de 2009 desplazó el área verticalmente unos 10 centímetros, quedó en depresión el área, eso asociado al calentamiento global cuyos niveles de agua ha aumentado en la zona, eso ha provocado inundaciones severas. Otro problema asociado a las barras es el cambio de dirección en el río Motagua, el río se desplazó hacia Guatemala dejando un área desértica, un área de playa en la barra de Motagua, eso ha creado mayor problema de erosión. Hay otras áreas en el municipio que sufren de erosión costera esto asociado a estructuras mal ejecutadas que se han ido construyendo a lo largo de la costa del municipio en Puerto Cortés.

Gas del caribe construyó rompeolas que afectaron las playas de comunidades contiguas. Su licencia ambiental fue renovada. Foto: Martín Cálix.

Inversionistas de la parte turística empezaron a construir estructuras para salvar su inversión, eso provocó daños a la comunidad, se generaron espigones para generar bienestar a la propiedad que tenían en ese momento, entonces esto fue contribuyendo a una serie de problemáticas en el tema de erosión en el área marino costera del municipio, es allí donde tenemos pérdida de playas», explica Cálix, y recuerda que actualmente la empresa Gas del Caribe está financiando parte de un proyecto valorado en 90 millones de lempiras para la recuperación de la laguna de Centeno, azolvada por las mismas malas prácticas de la empresa. A Gas del Caribe recién le renovaron su licencia ambiental con la condición de tratar de resarcir el daño que ha hecho con la construcción de rompeolas que han afectado la línea costera.

Por otro lado, Cálix recuerda que su municipio ha estado en el ojo de la noticia mundial por la problemática de contaminación por residuos sólidos generados en Guatemala y arrastrados por el río Motagua hasta Omoa.

«Entonces estamos en un proceso de limpieza y vigilancia en el sentido de que generamos información de que nos siguen afectando y que no nos han podido mitigar y queremos resultados. Con Mi Ambiente estamos vigilantes y haciendo limpieza como municipio, tenemos turismo, muchas visitas al municipio y necesitamos dar una imagen al que nos visita, nos toca invertir mucha plata que no la tenemos pero tenemos que hacerlo para precisamente mitigar esa situación», explica Cálix.

«El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer no competitiva a la manufactura de EE UU». «No era un buen pacto para los intereses de los ciudadanos norteamericanos». Tweet de Donald Trump.

Hacer un recorrido por las playas en las barras de Motagua y Cuyamel puede ser peligroso, de la arena se asoman jeringas, vidrios, plásticos punzantes y hasta jarras plásticas con pinturas guatemaltecas. La gente de las comunidades ha creado comités de limpieza, porque también la basura les afecta, los dragados se obstruyen por los residuos y quedan en mayor vulnerabilidad de inundaciones. Eso también hace enojar al mar, y no se puede luchar cuando está así. Porque el mar adquiere la carga simbólica de la devastación para las comunidades costeras de Omoa.

Casa enterrada en la arena, Barra de Cuyamel. Foto: Martín Cálix.
 

Cerca de doña Martha está la escuela de la Barra de Cuyamel, una escuela que ya no funciona porque la mayoría de niños ya no viven en esa comunidad devorada por el mar. El mar se escucha bravo cerca de allí, y la escuela se convirtió en el hogar de tres familias cuya casa está enterrada en la arena, así quedó después del frente frío número 5 ocurrido en febrero.

Antes de que el mar termine de llevárselos esperan que la municipalidad habilite un albergue que la organización Centro de Acción Social Menonita (CASM) está construyendo en una comunidad llamada Los Achiotes y allí en esa misma área y de una vez por todas los reubiquen.

Doña Nolvia Pérez vive desde febrero en la Escuela Patria de la barra, allí con sus padres que son unos ancianos y su nieto, un bebé recién nacido, siete personas en total. Lograron sacar algunas cosas de su casa tragada por la arena y construyeron una cocinita de donde sale humo, su nuera cocina el almuerzo.

«Se vino un gran norte, la casa se inundó todita y entonces el patronato dijo que nos viniéramos aquí. Estamos esperando que algún día nos reubiquen. Hemos vivido aquí toda la vida, no tenemos donde ir», dice afligida. Las comunidades buscan cómo resolver y es por eso que en las pocas casas que quedan viven 2 o 3 familias, porque quienes van quedando sin casas se van donde sus vecinos, a la escuela o a la iglesia antes de encontrar la forma de salir de la ciudad o el país.

Según Cálix de la UMA, no se ha levantado un dato de cuántas personas han sido desplazadas hacia otros departamentos o países debido a la problemática. «Sería un reto hacer una encuesta a nivel de comunidad de porqué se ha ido x o y persona para saber qué efecto está sufriendo el país como consecuencia del cambio climático».

En camino a las barras, se ven grandes propiedades cercadas y con vacas pastando. Esas son propiedades incautadas por la OABI a carteles del narcotráfico que tenían tierras e inversiones en Cuyamel. Estas propiedades no se han tomado en cuenta para la reubicación de las 86 familias.

El Arca de Chico

En la comunidad Barra de Motagua hay un barracón grande de madera. Los últimos hospedados de emergencia fueron los miembros de 11 familias que perdieron todo en el último frente frío que azotó el país. A este barracón le llaman «el arca de Chico» porque así le dicen a Francisco Díaz, el líder comunitario que se dedica a tiempo completo a atender a las familias en sus desplazamientos y problemas de inundación.

«No crea, es bien cansado hacer este trabajo, pero sí le digo que esta comunidad es un ejemplo de cómo se sobrevive a las tempestades». Don Chico tuvo que migrar a Estados Unidos en 2015 porque la situación económica que se vivía en su comunidad era muy precaria y él tenía una misión: hacer dinero para construir una casa grande donde quepan los refugiados y comprar una lancha para poder sacar la gente en casos de emergencia.

«Si aquí llega un huracán, en cuestión de 3 horas nos morimos todos», sentencia don Chico, no es suficiente el arca ni la lancha que pudo comprar con su trabajo en el norte y le preocupa la paciencia de las autoridades. Un vecino le dice que no se queje del alcalde, que las autoridades hacen lo que pueden, que si no trabajan juntos será muy difícil salir adelante.

Don Chico padece de problemas respiratorios, esos son muy comunes en su comunidad donde el calor es más agobiante por la humedad que generan las múltiples lagunas que se forman alrededor de las casas, la gente anda completamente húmeda todo el tiempo. Los niños chapalean y se introducen a lo que parece un campo de fútbol pero ahora es un pantano y se divierten. Las madres les reclaman quizá por divertirse en la desgracia, porque no tienen más opción que tirarse por los charcos.

Don Chico ha llevado a varios periodistas a conocer la trampa en la que viven y busca apoyo para seguir comprando lanchas y capacitando a la gente para cuando llegue lo peor. «Aquí organizaciones como CASM nos han venido a apoyar para poder enfrentar las emergencias pero también para pescar de una mejor manera, para subsistir», asegura y cuenta que el río Motagua les trae cada vez más basura y hasta cadáveres, al menos ha enterrado unos 25 cadáveres que llegan junto con la basura de Guatemala. Peces no hay, ni pueden tampoco cultivar, sólo muerte les trae el agua.

José Elvin Rodríguez ha sido pescador y agricultor toda su vida, ahora construye las barcas que con ayuda de CASM la comunidad tiene para moverse y para ir a pescar. «Si hubiera un fenómeno como el huracán Mitch esta costa no va a esperar un año para desaparecer, aquí hemos visto tantos desastres, si logramos salvar las vidas será mucho. Se lo he dicho a las autoridades que manden al ejército a sacar a la gente de las comunidades en caso de una emergencia, aquí sólo hay 2 lanchas ¿cómo vamos a evacuar más de 300 personas así? Cuando el mar se enoja no hay salida», explica este dirigente, también amigo de Chico con quien pasa organizando la forma de salvar a su comunidad.

La reubicación de la comunidad es algo muy delicado, sino se hace adecuadamente respetando la forma de vida de la gente tendrán daños psicológicos, dice José, él sólo sabe de la vida del mar, y si los reubican esperan que sea siempre en la misma costa.

«La gente está desesperada, no sabe ya qué hacer, la gente llora, las señoras piden que los saquen de allí. Diez millones de lempiras no es nada comparado con la vida de 350 personas, la gobernadora de Cortés le dijo al alcalde, usted tiene que solucionar ese problema, porque si una persona se muere allí usted va a tener que responder», dice el biólogo Cabrera quien acompaña a estas comunidades.

Las familias que tuvo Chico en su casa lograron construir unos barracones de madera elevados y unas polleras elevadas con estacas para las gallinas. Allí viven 4 familias, las mujeres cuidan de los niños y bebés mientras los esposos buscan peces en el mar. Hay zancudos del tamaño de moscas y moscas del tamaño de escarabajos que muerden duro. Así pasan todo el día las mujeres, viendo hacia el mar, viendo qué tan cerca está y recordando cuando de su comunidad el mar se miraba lejos y era un remanso de paz.

Estados Unidos ya no acepta desplazadas por violencia doméstica y mucho menos aceptaría desplazados por cambio climático aunque sea igual de dramático el conflicto en estas comunidades. Lo de Trump con el calentamiento global no es sólo cuestión del tweet que dice que es un invento de China, llega a acciones más serias como el retiro de EEUU del Acuerdo de París.

«El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer no competitiva a la manufactura de EE UU». «No era un buen pacto para los intereses de los ciudadanos norteamericanos».

***

A una hora de Cuyamel está la frontera de Corinto, camino a Guatemala. Allí hay un Centro de Atención al Migrante Retornado donde diferentes instituciones como El Comité de Cruz Roja Internacional (CCIC) y el Instituto de Migración atienden a los deportados de México que llegan en un bus de Chiapas. Cada día son dos o tres buses llenos de hondureños y hondureñas que fueron retornados a la pesadilla de donde huyeron. Y cada día son cientos de hondureños que transitan por allí en bus o a pie en su camino hacia el norte.

Un grupo de seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, sale del CAMR planeando cómo regresar de nuevo al camino hacia Estados Unidos. Salen del CAMR después de prometer que intentarán quedarse pero saben que su país no es apto para vivir. En ese grupo está Nadia, una mujer de 36 años que vivió 8 años en Estados Unidos con el TPS (Temporal Protection Status) pero cuando la administración de Trump lo suspendió ella fue deportada. Fue regresada a Honduras donde su marido había sido asesinado por una pandilla, retornada a un lugar donde ya no tenía casa porque la pandilla se la había usurpado.

«Yo no puedo regresar a Tegucigalpa, del lugar de donde soy, ya llevo 7 intentos de pasar de nuevo a Estados Unidos este año y ahora voy de regreso», cuenta, y asegura que cada vez que regresa denuncia y explica que no puede regresar, ni al barrio donde ella creció y donde están su madre y su hija. En el camino se juntó con un campesino joven de Santa Bárbara que dice que no puede vivir más en el campo porque no le ajusta para vivir con los $5 que gana por el jornal y se juntó con un cubano hondureño que parece hacer negocio de acompañar migrantes. Todos siguen al hondureño con acento cubano porque sabe moverse, y todos de nuevo en caravana, regresan a la frontera.

Allí cerca, Nadia no sabe que la gente también huye pero no de las pandillas, sólo del mar. Huyen del mar que –dicen ellos– está enojado.

Recomendamos de nuestra serie en construcción #HondurasDesplazada:

Desterrados al valle de las sombras

Desplazadas y retornadas a la desesperanza

Y del archivo:

El miedo a Trump es temporal, la migración sigue…

Texto: Vienna Herrera

Fotografías: Martín Cálix

En medio de tuberías rotas, un escenario incierto y la confusión de los abogados defensores, la audiencia de imputados del caso denominado «Caja de Pandora» por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) celebrada en la Corte Suprema de Justicia, resolvió declarar detención judicial para 19 de los 38 exfuncionarios y funcionarios implicados en el desfalco millonario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El caso Pandora detalla cómo 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) habrían sido drenados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Liberal y el Partido Nacional en 2013. El caso fue presentado hace más de un mes por la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) en un trabajo en conjunto con la Maccih.

De acuerdo a las investigaciones, la SAG suscribió contrato con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para financiar proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los recursos se desviaron para el pago de campañas políticas, entre ellas la tarjeta de descuento “La Cachureca” promocionada por el presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de noviembre de 2013.

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Las partes involucradas habían intentado huir de la reclusión desde antes de la audiencia. Semanas atrás, la defensa de algunos implicados interpuso varios recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 184 del Código Procesal Penal que obliga a dictar detención judicial en casos de lavado de activos, delito que enfrenta la mayoría de los imputados, los recursos se interponían con el fin de obtener medidas sustitutivas para defenderse en libertad.

Instantes en el que Dagoberto Aspra, abogado de una de las defensas, daba declaraciones a la prensa nacional. Foto: Martín Cálix.
 

Dagoberto Aspra, abogado de la defensa, declaró que en la audiencia se discutió mucho la constitucionalidad del artículo 148 y que incluso algunos imputados ofrecieron fianzas. «Nosotros expusimos todos los argumentos sólidos necesarios, el Ministerio Público igual y aunque el artículo 184 diga que debe darse prisión preventiva hemos dado argumentos sólidos para poder demostrar que la juez puede otorgar medidas sustitutivas» manifestó Aspra, con un tono preocupado antes de que se leyera la sentencia. Posteriormente declaró que seguirán abogando por las medidas sustitutivas en la audiencia inicial.

Tres días antes ya se habían girado órdenes de captura para todos los acusados, sólo 20 de los 38 imputados se presentaron a la declaración y ahora permanecen recluidos, entre ellos tres diputados de esta legislatura: Rodolfo Irías Navas y José Celín Discua del Partido Nacional y Elvin Santos del Liberal.

El proceso de la audiencia

La audiencia de declaración de imputado se desarrolló con mucho hermetismo, a los imputados se les introdujo por otra entrada a la sala II del Tribunal de Sentencia a la que los medios de comunicación no tuvimos acceso. Aunque se programó para las 9 de la mañana, el proceso inició hasta las 10:30, y tuvo que ser suspendido 20 minutos debido a que hubo una ruptura de una tubería de aguas negras y la sala tuvo que limpiarse, ninguno de los imputados dejó las instalaciones y horas más tarde almorzaron en esa misma sala.

Marlon Duarte, defensor de Arnaldo Urbina, exalcalde de Yoro por el Partido Nacional y actualmente recluido en El Progreso, Yoro, durante ese receso aprovechó para denunciar a la investigación como una forma de hacer ver mal al país ante la comunidad internacional. “Es tan mala la investigación que a Arnaldo Urbina Soto se le volvieron a imputar los mismos hechos de lo que vino hace dos años, o sea, sí le estamos diciendo a la sociedad que se está investigando, pero no hagamos eso. Yo no digo que no acusen, pero investiguen” declaró exaltado.

Los 20 imputados que se presentaron a la audiencia enfrentan juicios por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado a: José Celín Discua (diputado PN), Rodolfo Irías Navas (diputado PN), Elden Vásquez, Elvin Santos Ordóñez (Diputado PL), Lenín Chávez, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Ramón Antonio Lara, Hernán Simman Elvir, Armando José Rivera Marroquín, Arnold Gustavo Castro, Wilson Rolando Pineda Díaz, Franklin Toruño, y Laura Aidé Arita Palma. Por el mismo delito más el de encubrimiento a Lenín Rodas, Félix Pacheco, José Adolfo Sierra, Eduardo Enrique Lanza y Arnaldo Urbina Soto, este último ex alcalde del PN recluido, seguirá cumpliendo su detención en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.

 

Mientras tanto, Norma Kaffy Montes enfrenta la acusación de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública y Velkis Rosibel Hernández por falsificación de documentos públicos.

Entre los señalados se encontraba el exsecretario de Finanzas, William Chong Wong, pero este murió cuatro días después de presentarse el requerimiento fiscal producto de una enfermedad natural. Sin embargo, su familia decidió seguir con el caso, su defensa la tiene Doris Imelda Madrid, ex presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública “para limpiar su honor porque los muertos también deben poder defenderse”.

Los implicados y sus acusaciones

La resolución de detención judicial la dictaminó la jueza Lidia Álvarez Sagastume, 18 de los 20 imputados se trasladaron de inmediato a sus centros de detención. Las excepciones son el diputado nacionalista José Celín Discua Elvir debido a que se le realizará una evaluación médica en la Dirección de Medicina Forense solicitada por sus apoderados legales aduciendo enfermedad y a Velkis Hernández, a quién se le dictaminó prisión domiciliaria porque se encuentra en periodo de lactancia.

Hernández es una de las únicas tres personas a las que se le detuvo luego de que se libraran órdenes de captura para los 38 imputados, por lo tanto, ya se encontraban detenidas al momento de la audiencia y se conoce que pasó la noche con su bebé en los juzgados de la Granja, su hija de menos de un mes fue retirada del Tribunal de Sentencia minutos después de que uno de sus familiares la llevara para amantarla.

A Velkis Hernández se le acusa de falsificar documentos cuando fungió como empleada en La Unidad de Registro y Seguridad de Asociaciones Civiles (URSAC) al inscribir constancias de las fundaciones por las cuales supuestamente se drenaron los fondos. “Tiene un bebé de 20 días de nacido, necesita comer, pero esperemos que todo salga bien, ella es inocente y lo vamos a demostrar con los abogados. Un jefe de ella fue la que le dijo que firmara las constancias” señaló a los medios de comunicación su hermano, Iván Santos.

Iván Santos, hermano de Velkis Hernández, carga en brazos a su sobrina mientras su madre declara en la audiencia de presentación de imputados por el Caso Pandora, finalmente a Velkis por su condición de lactancia fue asignada bajo arresto domiciliario. Foto: Martín Cálix.

El traslado de los imputados

Mientras se esperaba el traslado de los imputados a sus centros de detención, algunos familiares, empleados y conocidos de los imputados permanecían afuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Entre llanto y frustración una mujer que acompañaba a uno de los diputados nacionalistas decía: “Estoy harta, les han dado todo, les han dado la vida entera y les hacen esto” poco después llamó a las personas que estaban apoyando en el edificio a tomarse una selfie a la vez que amenazaba que el próximo mes “cortaría cabezas de aquellos que no nos apoyan”. En ese mismo escenario, algunos abogados aprovechaban para entrar al edificio con maletas de viaje y bolsas con el logo de Zara Home.

Mientras tanto, la mayoría de los medios de comunicación esperaban la salida de los imputados. Al momento en que sucedió, se desató una persecución de varios minutos detrás de varios automóviles con los imputados dentro. Los diputados y funcionarios fueron trasladados en dos microbuses al Primer Batallón del ejército, 5 km al suroeste de la capital, mientras que los demás imputados se dirigieron a la Penitenciaría Nacional (PN) en Támara, 10 km al norte de Tegucigalpa.

En medio de la persecución, el jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras y ex vicepresidente, Elvin Santos, tuvo tiempo para preparar un comunicado en el que manifestó por redes sociales: “Confío fielmente en la justicia hondureña y en el debido proceso legal que se realizará en este juicio y con toda certeza de que mi inocencia se comprobará”.

Al conocer la sentencia, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, declaró en su cuenta oficial de Twitter que «La detención judicial contra las redes de Pandora, nos indica que la justicia no se fue a paro» en relación a la crisis del transporte que ha paralizado al país los últimos días.

La audiencia inicial del caso se realizará el próximo 25 de julio a partir de las 8:30 de la mañana en este mismo lugar. Mientras tanto, las órdenes de captura se mantienen vigentes para las 17 personas que no se presentaron a la audiencia.

Fotografía: Martín Cálix

Entrevista: Jennifer Avila

 

Dirigentes transportistas se levantaron de la mesa de diálogo con el gobierno al finalizar este día sin algún acuerdo. Su demanda de rebaja de Lps.23.00 al galón de combustible se vio burlada por la propuesta del gobierno de apenas rebajar Lps.2.00. El paro nacional de transporte se suspendió temporalmente y aun no se conocen las medidas de presión que este sector va a ejercer en las próximas horas, el paro nacional de transporte podría reanudarse indefinidamente el lunes próximo.

El problema del aumento a los carburantes no solo tiene causas exteriores, la crisis del petróleo a nivel mundial, sino también factores internos, tanto los transportistas como otros sectores han demandado mayor transparencia para conocer la fórmula con la que se calculan los incrementos, ya que desde el golpe de Estado esta fue modificada y no se publica ni socializa con los sectores productivos, según cuenta la empresaria farmacéutica, exministra de Industria y Comercio y excandidata a designada presidencial por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Juliette Handal.

Handal fue miembro de la Comisión de Notables para el estudio de los Combustibles en Honduras, nombrada por el Congreso Nacional de Honduras (2005), y fundadora de la Coalición Patriótica de Solidaridad. Según Handal con el cambio de fórmula tras este estudio se ahorraron 7 mil millones de lempiras hasta el momento en que sucedió el golpe de Estado. Un golpe, que según el escritor Julio Escoto en su artículo «El golpe del oro negro», también fue fraguado desde la industria petrolera que tenía intereses en el territorio hondureño por su potencial de explotación y por los negocios que estaba haciendo con el cono sur de América cuando se avecinaba la crisis en Venezuela.

Ahora, dedicada a su empresa, Handal siente como un desahogo hablar con los medios de comunicación para dar su punto de vista sobre la demanda del sector de transportistas y aunque para ella este no es un tema nuevo y en algún momento criticó a los transportistas de no mantener sus posturas al respecto, ella cree que el gobierno puede responder a la demanda si ésta se mantiene como un llamado a beneficiar a toda la población en general, no solo a un sector.

La Coalición Patriótica de Solidaridad que ella fundó y dirigió hasta hace poco, mediante un comunicado se pronunció en apoyo de la propuesta de los transportistas apuntando que los altos impuestos cargados a los combustibles en Honduras, son de los más altos de Latinoamérica y sugieren desdolarizar el impuesto a los carburantes «a pesar de mostrar la deficiencia del manejo de estos impuestos. Demostrando el derroche de los fondos del estado mediante las alzas enormes de los sueldos de los diputados, el desvío de fondos para las campañas políticas, el despilfarro en la enorme publicidad que a diario mal gasta el gobierno”.

La rebaja de 20 lempiras al galón del combustible, quitaría presión a la escalada inflacionaria actual sobre los productos y servicios, reza el comunicado.

Contracorriente entrevistó a Juliette Handal en Tegucigalpa, en el momento de incertidumbre que ahora se vive al no saber si el paro continúa o si será solo un capítulo que añadir al historial de crisis política y económica que enfrenta el actual gobierno.

CC: ¿Qué lectura le da al paro de transportistas exigiendo una rebaja a los combustibles?

JH: Lo que está pasando no solo es el tema del combustible, es resultado de lo que está pasando en el país. Hay pobreza, desempleo, esto lo dicen estudios de organizaciones como la ICEFI y el FOSDEH, la CPAL nos pone entre los países más pobres de Latinoamérica. La situación en los hospitales del Estado, el costo de vida, todo eso con el alza al combustible es la gota que derrama el vaso de tantas imposiciones y sacrificios al pueblo hondureño.  Ha habido una indiferencia enorme del gobierno a los problemas del país. El pueblo va de impacto en impacto, de golpe en golpe, y hay que bajar la cabeza.

Hay cosas que se vieron en el estudio de los notables en su momento, me ha impresionado que el impuesto lo cobran ahora en forma porcentual, eso había desaparecido cuando luchábamos con la Coalición. Para no impactar más la economía del país se había puesto fijo, que nos diga el gobierno a qué hora lo puso porcentual, ese es un crimen cuando vemos que todos los días sube el precio del dólar en el país, nuestra moneda se devalúa, nuestro sectores productivos sufren estas subidas porque al final venden en lempiras, esto produce un impacto y luego se traslada a los precios de los productos.

CC: Este es uno de los impuestos mas altos de LA, se ha hablado estos días que es para mantener las carreteras… ¿Se perderá con la rebaja?

JH: Siempre se ha dicho que este es un impuesto vial, fíjese que no solo es el impuesto el que castiga al pueblo con estos precios, son los precios injustos e inflados. El índice de precios de importación que se pone en la fórmula para calcular el precio en la bomba de estación es otro aspecto, y no se está tocando ahorita. El precio de importación, lo demostró el estudio de los notables y la licitación que se hizo, está inflado, no refleja la oferta y la demanda en el mercado internacional entonces aquí vienen y ponen el precio en la fórmula porque son las mismas compañías las que lo ponen.

CC: ¿Especulan?

JH: Bueno, no hay certeza porque tampoco se publica la fórmula por parte de la Comisión Administradora de Petróleo ni le explican al pueblo porqué sube y baja el combustible, y porqué ese precio que ponen en la fórmula como precio de importación que lo dictan las mismas compañías, porqué sube o baja, lo que sí aprendimos es que ese precio después del golpe lo volvieron a poner sin reflejar los precios a nivel internacional de oferta y demanda.

CC: ¿Esa fórmula es pública?

JH: No se publica desde el golpe de Estado, se demostró y se ahorró miles de millones de lempiras cuando después de la licitación se aplicó, allí se demostró que teníamos precios inflados, vino el golpe y pusieron de nuevo la misma fórmula, a los dos meses. Como no hay transparencia que no se molesten cuando decimos y dudamos, que la comisión administradora de petróleo debería decir al pueblo porqué sube y baja el combustible, los únicos que hablan de esto son los medios.

No entiendo porqué no hacemos bien las cosas en Honduras, porque siempre hay intereses que abusan más de lo que deben sabiendo que somos tan frágiles y no podemos ser indiferentes a lo que sucede a las personas en el país.

CC: ¿Quién se beneficia?

JH: Las compañías y los gobiernos están bien cómodos recibiendo el impuesto, 14 mil millones es la cifra que dicen en los medios, a ellos no les importa si es justo o no, cómo impacta en la economía del país, en los costos de producción, de comercialización, en la competitividad. Hace mucho tiempo, solo los medios hablan del combustible ni los sectores mas importantes del país, ni a los transportistas se les oía nada porque muchos de ellos subsidiados entonces al pueblo que se le dañe, aun con todo eso este reclamo de alguna manera clama justicia.

CC: ¿Esos intereses son de las personas que dieron el golpe de Estado?

JH: No le puedo decir, siempre que hablo de estos temas quiero hacerlo de una forma constructiva, no entiendo porqué tanto avorazamiento e insensiblidad. Esto nos daña a todos, hasta a los que vivimos mejor. Si se logra la rebaja la gente tendrá mas dinero en sus bolsas, podrá comprar las cosas que necesita y que ahora no puede pagar. Las empresas vana vender más, ganar más, generan empleo, todos ganamos y al ganar pagan más impuestos, todos esos los pagan al gobierno y recuperan el dinero que van a perder ahorita para las carreteras y para todo.

CC: ¿Es posible bajar esos Lps. 23.00 al galón de combustible?

JH: Creo que si hay voluntad sí, sobre todo en esos impuiestos dolarizados. Dice el doctor Efraín Díaz Arrivillaga que deberían revisar el presupuesto que se tienen de defensa y seguridad que se ha incrementado, no estamos en guerra, en una situación bélica con otros paises, la guerra hay que hacerla en Honduras pero hay que hacerla a la pobreza, al desempleo, a la incapacidad de dar servicios de salud y educación gratuitos y de calidad y a tantos problemas. La inseguridad a pesar de tantos impuestos dirigidos a eso, no baja y más bien la violencia se ha recrudecido en los últimos días, porqué ese dinero no se utiliza en que se reactive la economía, que los sectores productivos ya no estemos tan ahogados por no solo la devaluación de la moneda sino por los costos de producción y comercialización producidos por los costos de energía que han subido también.

CC: ¿Cómo impacta la crisis en Venezuela  y en los países productores de petróleo?

JH: Yo le voy a decir, impacta el mercado internacional, el problema es que en Honduras hay doble impacto porque están inflados los precios de los combustibles, esa fórmula no nos da precios justos, no tenemos una política energética clara, se habla de una ley de comercialización pero esa solo se habla con los mismos actores de la cadena, ahorita está en el Congreso y se está discutiendo en la comisión de hidrocarburos. Estuvo varios años en el ejecutivo y hasta ahorita lo mandaron, aun así eso no garantiza la protección al consumidor y al pueblo hondureño eso se tiene que revisar. En esto pueden sorprender a los diputados porque este es un tema eminentemente técnico y ni siquiera invitan a socializar eso y a discutirlo a todos los sectores.

CC: ¿Y ese es un monopolio el que dicta todo?

JH: Es un oligopolio, pero todas estas cosas cuando hay voluntad se pueden corregir, todos perdemos con esta situación. Me da lástima los taxistas que no van a llevar nada a sus casas sin hacer carreras. Pero vale la pena, creo que ellos quieren hacerse sentir, ojala que egobierno lo que tiene que hacer en vez de cerrarse es analizar, tienen que buscar dinero para resolver esta situación, deben analizar los precios en el mercado internacional y asegurarse que las importadoras estén dando el precio adecuado.

CC: Esto puede pasar a una crisis política?

JH: El pueblo está molesto, el pueblo ha aguantado demasiado, este pueblo es demasiado noble, algún día se cansa. No se qué va a pasar, que todo lo que suceda sirva para bien, hay que hacer reflexionar a los gobernantes y políticos que no pueden estar en las alturas sin ver lo que pasa al pueblo hondureño. Un Estado no puede desarrollarse a costa del sacrificio de los sectores productivos y que se les ahogue, un estado debe propiciar la facilidad para que los sectores productivos produzcan más, no saben que al beneficiar a unos pocos se abre la brecha entre la pobreza y la riqueza y eso al final nos daña a todos. No podemos aceptar que ellos digan que mandan y quienes se oponen son unos izquierdistas, terroristas, comunista, esto no puede ser asi que entiendan y vayan y se bajen de esa nube y hablen con el pueblo y vean lo que viven los campesinos, las mujeres, los garífunas, la gente que les han quitado sus patrimonios sin socializar como deben, no es que no haya desarrollo sino que hay que respetar a la gente y no simplemente ir a sacarla. Que esto sirva y que los dirigentes sepan tener el liderazgo, la capacidad y la inteligencia para hacer las cosas bien.

 

Texto: Jennifer Avila

Fotos: Martín Cálix

Alrededor de 27 mil unidades entre taxis y buses urbanos e interurbanos realizaron un paro en varias ciudades del país para exigir al gobierno de Juan Orlando Hernández modificar la fórmula que se aplica para establecer precios de las tarifas, modificar la ley de transporte para evitar instrusos en el rubro y rebajar 23 Lempiras al galón de combustible. Esta protesta responde a la acumulación de conflictos que viene viviendo el sector transporte en los últimos años, uno de los sectores más golpeados por los altos precios de los carburantes pero también por el crimen organizado, al estar sometidos a la extorsión.

Al finalizar el día de paro, en la mesa de diálogo no hubo acuerdos, por lo que mañana se ha convocado a paralizar, de nuevo, indefinidamente el país hasta que se cumplan las demandas, sobre todo la rebaja de los combustibles.

En Tegucigalpa y Danlí hubo sitios donde la policía intervino con gases lacrimógenos tras protestas que se tornaron más conflictivas, en Tegucigalpa un grupo de personas incendió un vehículo de Hondutel. Rony Figueroa, de la Asociación de Taxistas de Honduras, cree que pudo haber sido una estrategia del gobierno infiltrar personas a la protesta para culpabilizar a los transportistas del caos, esto como medida de presión mientras un diálogo dirigido por Carlos Madero, ministro de Trabajo, se llevaba a cabo a puertas cerradas.

Desde 2009 el sector transporte entró en la lista de oficios de riesgo en Honduras y se registraron cada año un promedio de 150 a 200 taxistas asesinados en hechos relacionados con la extorsión. Los problemas de los transportistas en Honduras están en la línea gris entre la economía de supervivencia y la violencia impune.

Tras la crisis post electoral, el paro de los transportistas se presenta como el punto más alto de protesta que el gobierno de Hernández ha enfrentado en los últimos meses. La receta sigue siendo la misma: no ceder ante las demandas populares.

Texto y fotografía: Amelia Frank-Vitale

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Desde septiembre de 2017 vivo en Honduras y conduzco mi investigación doctoral sobre la vida que llevan las personas recientemente deportadas. Después de muchos años estudiando la migración de tránsito en México, vine a Honduras para obtener experiencia de primera mano respecto a cuál es la razón que mueve a muchísimos hondureños a dejar su país. En este proceso, me ha sido posible ver cómo aquellos que han sido deportados a Honduras negocian sus condiciones de vida luego de este evento.

Maribel

Ella no sabía que existía un estatus llamado «asilo». Tan sólo sabía que debía huir. Maribel dejó Honduras tres semanas después de ver accidentalmente cómo un grupo de personas se deshacía de un cadáver. Reclutadora de personal para Avon, Maribel realizaba sus rondas en las colonias en los alrededores de Choloma –una ciudad en el norte del país– cuando vio a un grupo de hombres jóvenes cargando bolsas pesadas y grandes. Al principio, no se dio cuenta de lo que estaba presenciando, pero rápidamente pudo percatarse de lo que sucedía. Bajó su mirada y huyó de la manera más rápida y discreta que pudo.

Maribel llama la atención. Es alta para los estándares hondureños y tiene una apariencia bastante distintiva, lleva el cabello decolorado y usa un maquillaje de ojos muy dramático. Es, sin duda, alguien a quien uno muy fácilmente recordaría. Ella no podía estar segura si los hombres se dieron cuenta de lo que vio, pero esto le preocupó.

Una semana después, vio al mismo grupo de jóvenes deambular alrededor de la entrada de la comunidad donde ella y su familia vivían. No había razón para que ellos estuvieran allí. Maribel vivía en una residencial, una comunidad cerrada ubicada junto a una de las fábricas más grandes en las afueras de Choloma. Sin duda, no es una residencial cerrada de clase alta; las casas casi miniatura se localizan apretadas una al lado de la otra. Aún así, sigue siendo un lugar relativamente seguro y no está controlado por pandillas ni por los grupos de crimen organizado que operan en muchas de las áreas colindantes. Ver a estos hombres la aterró.

Después de hablar con su esposo, quien trabaja en la fábrica cercana, Maribel sacó un préstamo por 3 mil dólares, mandó a su hijo de cuatro años para que se quedara con su madre, y partió a los Estados Unidos tan rápido como algún coyote pudo llevarla.

Su esposo se quedó. Su trabajo en la fábrica había sido tan difícil de conseguir como para que él también se fuera y entre los dos pensaron que él no estaba directamente en peligro. Maribel sospechaba, por buenos motivos, que los chicos con el cuerpo eran miembros de una mara, una de las pandillas callejeras criminales que se han vuelto muy comunes en América Central. En los barrios pobres alrededor de Choloma, las diferentes maras se enfrentan en violentas disputas de territorio, ganándose la vida por sofisticadas redes de extorsión, tráfico de drogas, narcomenudeo y, en algunos casos, el sicariato. El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha alardeado de una supuesta gran reducción del crimen desde que tomó el mando en 2014, sin embargo, la realidad en Choloma no ha experimentado, hasta ahora, este casi milagroso cambio de rumbo.

Con una población que ronda los 350 mil habitantes, Choloma se convirtió recientemente en la tercera ciudad más grande de Honduras. Casi la mitad de sus habitantes se considera flotante, habiéndose instalado en la ciudad desde cualquier otra parte del país. Esta ciudad en crecimiento se conforma de 83 colonias, muchas de las cuales empezaron como asentamientos informales que fueron, eventualmente, reincorporados a la municipalidad.

En 2012, cuando Honduras apareció en la prensa internacional como el país con la tasa más alta de homicidios en el mundo, Choloma tenía un promedio de 78.3 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esto es alarmantemente alto, pero aún así está bastante por debajo del promedio nacional en aquel tiempo era de 93 por cada 100,000 personas. Para 2016, sin embargo, mientras el gobierno  alardeaba de haber disminuido esa proporción a un estimado de 42 por cada 100,000, la tasa de asesinatos en Choloma se incrementó hasta 96.2. Según las estadísticas manejadas por la Policía Nacional, en Choloma se reportaron 220 homicidios en 2017, además de 46 personas heridas por armas de fuego. Choloma se ha vuelto, de esta manera, la municipalidad con la tasa de homicidios más alta en el Valle de Sula, sobrepasando a San Pedro Sula, que fue la ciudad más violenta del mundo en 2012.

Mucha de la violencia de los años recientes puede atribuirse a la extorsión despiadada y a disputas sobre el control del territorio entre las maras, cárteles de droga y grupos de asesinos a sueldo. Ubicada entre San Pedro Sula (la capital económica de Honduras) y Puerto Cortés (el puerto más grande de Centro América), en Choloma se encuentran muchas de las maquilas del país –como aquella donde el esposo de Maribel trabaja. La ubicación de la ciudad es estratégica tanto para la exportación industrial como para los grupos de crimen transnacional que operan en la región. Después de importar cocaína y otras drogas a los departamentos orientales de Honduras, los grupos mueven su cargamento a través del país, haciendo uso de la carretera principal para llegar al norte de Guatemala y México– la misma carretera que atraviesa el municipio de Choloma.

Las maras y los cárteles de droga se intersectan y superponen en Choloma, pero tienen distintos objetivos, estructuras organizacionales, y relaciones con las autoridades y la comunidad. A veces trabajan juntos, pero a menudo entran en conflicto. En la colonia López Arellano de Choloma, muchos residentes recuerdan el periodo dominado por los cárteles de droga como el de más calma y seguridad. Cuando el cártel llegó a la colonia hace unos cuatro o cinco años, asesinaron a la mayoría de los mareros y dejaron en claro que no tolerarían la existencia de otros grupos. Su interés estaba en conservar un perfil bajo y en habilitar la venta y circulación de drogas. Los homicidios disminuyeron dramáticamente. Esta época de «paz» duró unos pocos años, hasta que los líderes del cártel fueron atrapados y encarcelados. Desde allí, nuevos grupos han comenzado batallar por el control del territorio y el mercado de drogas, de manera que los homicidios están aumentado nuevamente.

Frente a esa realidad, Maribel optó por el único camino que tenía hacia la seguridad: cruzar México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Tuvo suerte. No sufrió en México. Su coyote resultó ser una persona amable, responsable y bien conectada que se aseguraba de que sus clientes llegaran a la frontera estadounidense sin ningún incidente. Después vendría lo más complicado: en medio de su trayecto por el desierto de Texas, fue detenida por agentes de la patrulla fronteriza, «la migra». Maribel se sintió destrozada al ser detenida porque temía a la deportación.

A Maribel le preguntaron si tenía miedo de regresar a Honduras. «¡Sí, sí!», respondió ella de manera tajante. Ella no sabía en ese momento, pero aquella respuesta la envió a un sistema paralelo. Su deportación se suspendió mientras esperaba para que un oficial de asilo determinara si su temor era o no creíble. Si lo era, ella entraría en un largo proceso para solicitar asilo en los Estados Unidos.

Después de dos meses de estar detenida en cuatro centros diferentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement), el pedido de Maribel fue desestimado y la deportaron de vuelta a Honduras. Aún ella no entiende del todo porqué su solicitud fue rechazada, pero nunca tuvo un consejero legal que le pudiera explicar el proceso y la mayoría de los documentos que le fueron entregados estaban en inglés, idioma que es incapaz de leer. Es muy posible que su explicación de la amenaza que sufría no encajara en una de las categorías determinadas para ofrecer asilo.

En Estados Unidos, las peticiones de asilo se adjudican tomando en cuenta la siguiente fórmula: la persona que busca asilo debe demostrar no sólo que teme por su vida, sino que su vida está en peligro debido a su raza, su religión, su nacionalidad, sus opiniones políticas, o su pertenencia a un grupo social determinado.

La categoría final es amplia y ambigua, pero ha llegado a significar dos cosas en procedimientos de asilo: la pertenencia a un grupo determinado se basa en características inmutables y en que es, a su vez, visible. Sin embargo, el tipo de violencia de la que Maribel huye –como muchas otras más en América Central– no encaja en estas categorías. Muchas peticiones de asilo son denegadas no porque el juez dude de la veracidad del miedo del solicitante, sino porque la rúbrica para ofrecer asilo no refleja la realidad actual de inseguridad generalizada y de violencia pandilleril.

Existe algún precedente para sugerir que esto podría estar cambiando, dado que los centroamericanos, especialmente las mujeres y los menores que escapan de la violencia doméstica y de la de pandillas, han convencido a algunos jueces de su «miedo bien fundamentado de persecución». La mayoría de los hondureños buscando asilo en los Estados Unidos, sin embargo, han tenido sus solicitudes rechazadas. En 2016, el año en que Maribel le dijo a los agentes de inmigración que tenía miedo de retornar a Honduras, 1505 hondureños obtuvieron asilo. Mientras tanto, 21 mil 891 hondureños –entre ellos Maribel– fueron «removidos», o forzosamente deportados por agentes de inmigración de los Estados Unidos, mientras que otros 646 «se retornaron», es decir, se fueron por su cuenta para evitar ser removidos.

Foto: Diario La Prensa

Franklin

Un día, mientras estaba en mi apartamento en San Pedro Sula, recibí un mensaje de texto muy temprano:

–Tendré que salir del país mi vida corre riesgo aquí.

–¿Cuándo se va? –Respondí.

–Mañana. –Me contestó. –Si dios aún me tiene con vida.

Franklin había sido deportado desde los Estados Unidos el año pasado. Se había ido de su país cuando tenía 15 años. Ahora, a los 22, estaba de vuelta y determinado a hacer una vida en Honduras. Antes de ser deportado, mientras estuvo preso en los Estados Unidos, había aprendido lo básico de barbería y sentía que tenía habilidad para ello. Encontró un lugar en su colonia de Choloma y montó una pequeña barbería. Su padre, quien es albañil, lo ayudó a construir la estructura. Los precios de Franklin eran bajos, sus habilidades buenas y la ubicación del local era perfecta. Rápidamente, tuvo una clientela leal. Conoció a una joven que trabajaba en un salón de belleza. Se comprometieron y ella lo ayudó a manejar las cuentas del negocio. Soñaban con abrir un negocio juntos algún día, en el centro de San Pedro Sula o en algún centro comercial. Todo parecía estar encajando.

Franklin lleva algunos tatuajes de su tiempo en los Estados Unidos. Se pavonea, además, como alguien que había crecido en una ciudad estadounidense. Tan pronto llegó a Choloma, fue advertido de que su presencia podría traer problemas. En febrero, recibió un mensaje de la Mara Salvatrucha (MS-13) diciéndole que debía tener cuidado, ya que eran ellos los que controlaban las cosas en el barrio. Él les dejó claro que no pertenecía a ninguna pandilla, que no estaba tratando de formar ninguna pandilla, y que tampoco estaba interesado en pertenecer a alguna de ellas. Las amenazas bajaron. Su negocio parecía ir bien. Trabajaba siempre, 12 horas al día, seis o siete días a la semana, sin dejar pasar la oportunidad de ofrecerle a algún cliente un corte de pelo por sólo 40 lempiras.

En marzo, sin embargo, Franklin recibió una amenaza de muerte de uno de los carteles de droga en Choloma. No había forma de escapar de los problemas esta vez. Hizo preparativos para dejarlo todo tan rápido como fuera posible. Juntó unos pocos lempiras, se despidió de sus padres, hermanos y novia, y dejó el país al día siguiente, tomando una serie de buses a la frontera de México con Guatemala. Apenas logró salir de Honduras.

Franklin me contó después, ya estando en México, que la noche antes de que partiera, los miembros del cártel que lo amenazaron asesinaron a alguien más pensando que era él.

Franklin subió por México hacia los Estados Unidos. No tenía el dinero para un coyote, así que se trepó a la bestia, volviéndose así uno de los cientos de miles de centroamericanos que usan este circuito infame de trenes de carga para atravesar México cada año. Su novia le enviaba dinero algunas veces para comida o para pasar la noche en algún hotelito barato. Luego de más de un mes, consiguió entrar en los Estados Unidos. Ya en Texas, me contactó. Le pregunté si solicitaría asilo. Él me respondió que no, ya que había sido deportado, no quería arriesgarse a volver a ir a prisión por reingresar. Franklin sólo busca pasar desapercibido, encontrar un trabajo como barbero, y esperar hasta que las cosas en su país cambien.

Ni Franklin ni Maribel consideraron alguna vez acudir a la policía. Esto es muy común en Honduras, pues la policía es ampliamente conocida por ser uno de los cuerpos policiacos más corruptos del hemisferio. La Policía Nacional ha sido, desde hace mucho, asociada con el crimen, la corrupción y la violencia, y muchos policías de alto rango han sido acusados de trabajar directamente con las maras.

En 2016, el Presidente Hernández conformó una «comisión de limpieza» en la policía para enfrentarse a una corrupción endémica. Si bien estalló al principio, la depuración eventualmente sí pasó. Aproximadamente 4,000 oficiales de policía –incluyendo generales y otros oficiales de alto mando– fueron suspendidos o despedidos de la fuerza policial. Es cierto que hoy muchos hondureños piensan que la policía es más confiable, sin embargo, algunos piensan que, con la depuración, fueron los policías honestos los que salieron.

Tal vez tengan razón. Recientemente, la agencia de noticias Asociated Press reportó que el nuevo comisionado de la policía nacional, José David Aguilar Morán, ayudó a garantizar el pase seguro de casi una tonelada de cocaína desde la ciudad puerto de La Ceiba hasta la casa de un traficante recientemente convicto. Haciendo eco del sentir popular, la anterior jefa de la división de asuntos internos de la policía le dijo a AP que las reformas y depuraciones en la policía eran un fracaso, que «eran más una fuente de protección oficial para las personas que habían estado vinculadas al tráfico de drogas».

Incluso si pudiese confiarse en la policía para actuar como agentes de ley y orden, un mero 1 por ciento de los homicidios de las ciudades más grandes de Honduras concluyeron en condena. Existe muy poco incentivo para que las víctimas de amenazas y los testigos de actos violentos acudan a la policía. Hay, sin embargo, amplias razones para desconfiar de ellos.

Foto: Historia de Honduras.

Omar

El hecho de que el gobierno hondureño publicara sus avances en cuestiones de seguridad significa un nuevo reto para algunas personas que buscan asilo. El mes pasado, Omar, un hombre de 22 años con un cabello perfectamente peinado y un pequeño espacio vacío entre sus dos dientes de enfrente, intentó pedir asilo en los Estados Unidos. Omar es de otra colonia en Choloma. Huía de un área con mucha violencia pandillera, donde la mara local lo estaba presionando para que se una. El oficial de asilo le dijo, no obstante, que el gobierno de Honduras «tiene el problema bajo control».

Alrededor de una semana después de que Omar llegó deportado a Honduras, su hermano menor y su madre, María, fueron testigos del asesinato del hijo de una vecina. El joven iba a visitar a su madre, y la pandilla que controla la zona no lo reconoció. María colocó sus manos sobre sus labios para evitar gritar, mientras su hijo de 19 años le decía que guardara silencio. Mirando todo desde su casa, se atormentaba pensando que su vecina, una mujer que había conocido por años, no sabía aún que su hijo estaba muerto.

Posteriormente, el cuerpo fue «encontrado» cuando los asesinos retornaron a la escena y lo señalaron. Sólo en ese momento, con los vecinos reunidos y la familia identificando el cadáver, alguien le preguntó a María «fue tan cerca de tu casa, ¿no escuchaste los disparos?». «No», respondió ella, «estaba viendo televisión. Y cocinando. Y hablando con mi madre en el teléfono. No escuché nada». Su hijo asintió con la cabeza.

Este asesinato nunca apareció en las noticias, dijo ella. La policía ni siquiera llegó para registrarlo. Omar, mientras tanto, trata de decidir si vuelve a partir o no. Él sabe que esta vez, por ya tener una petición de asilo rechazada, tendría que escabullirse por la frontera y vivir en los Estados Unidos indocumentado. Estaría expuesto a ser deportado, igual que Franklin, pero al menos su madre no se preocuparía de que lo maten en el traspatio de su casa.

De quedarse en Honduras, estaría condenado a una vida limitada. Muchos jóvenes en el área de San Pedro Sula me han mencionado que la única manera de permanecer a salvo en sus barrios es dejar su casa lo menos posible, sólo durante el día, y nunca solos. Héctor, un hombre joven que ha sido deportado cuatro veces, describió su vida en su barrio como «encuevada».

Para jóvenes como Omar y Franklin, la única manera de sobrevivir está en dejar el país. Ser reubicados en Honduras no es una opción. Omar vive en un área controlada por la pandilla Barrio 18. Si abandona su colonia para escapar del reclutamiento forzado, no podrá luego reinstalarse de manera segura en otra colonia controlada por la 18.

Si Omar intenta establecerse en un barrio controlado por la banda rival, la Mara Salvatrucha, inmediatamente se convertiría en un blanco, por la sencilla razón de haberse trasladado desde la zona de los rivales. En efecto, todas las periferias urbanas densamente pobladas de Honduras son zonas prohibidas.

Honduras, sin embargo, es mayormente rural. Con una población de más de nueve millones, el 55 por ciento de las personas viven en ciudades. Reestablecerse fuera de los centros urbanos, no obstante, es difícil. Existen pocas oportunidades para trabajar, de allí el constante flujo de personas de zonas rurales hacia lugares como Choloma. Personas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, y otras ciudades son vistas con sospecha si no tienen lazos familiares en el área. Pobladores de Intibucá y Lempira –dos departamentos rurales y grandes– con los que conversé mencionaron que algunos pueblos han prohibido a personas de fuera mudarse ahí, por el miedo de que puedan traer con ellos a las maras.

Omar, Franklin y Maribel enfrentan una encrucijada. O bien corren el riesgo de ser blancos en Honduras o tratan de escaparse de vuelta a los Estados Unidos y mantenerse fuera del radar de los oficiales de inmigración. Franklin tomó su decisión: casi dos meses después de dejar Honduras, me envía una foto en la que aparece trabajando en una barbería en Estados Unidos. Omar se retuerce de sólo pensar que podría ser detenido nuevamente, aún sabiendo que no puede permanecer en la casa de su madre. Por ahora, vive con su pareja, esperando no estar poniéndola a ella o a su familia en riesgo. Maribel me dice que, más que cualquier cosa, está profundamente decepcionada de su país. Ella preferiría permanecer en Choloma, llevar a su hijo al parque y tal vez obtener un título en psicología. Tiene sueños grandes, dice, pero no está segura de que los pueda alcanzar en Honduras.

NOTA: Este artículo tiene Copyright y fue publicado con el permiso de Duke University Press  donde Amelia Frank-Vitale publicó publicó originalmente la pieza en inglés: «Home in Honduras: Snapshots of life after deportation,» en World Policy Journal, Volume 35, no. 2, pp. 112-117. Copyright, 2018, World Policy Institute. All rights reserved.

Texto: Fernando Silva

Fotografía: Pexels.com

 

«Tuvimos que dejar la casita botada», dice doña Rosa en un suspiro interminable, casi tanto como el tiempo que parece ha estado esperando en unas frías jardineras de cemento frente a la empresa Diálisis de Honduras en Tegucigalpa. Esta mujer que recién cumplió los 60 años, espera a don José, su esposo, quien desde hace 8 meses está recibiendo el tratamiento de hemodiálisis. Llegaron a la capital del municipio de San José del Potrero en Comayagua, un pueblo donde el transporte es una carreta halada por un buey.

Cuando a don José le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, decidieron migrar porque las condiciones del sistema de salud serían mejor en la ciudad. Este padecimiento se sumaba a la diabetes que ya sufría: una pierna amputada a causa de una herida que se le infectó y no se trató a tiempo.

La semana pasada doña Rosa y don José no lograron dormir tranquilos. Los representantes de Diálisis de Honduras amenazaron con disminuir los tratamientos, de tres a dos sesiones semanales, esto a causa de una deuda de 234 millones de lempiras que mantiene el Estado de Honduras con esta empresa.

Esta semana, después de varias negociaciones, las amenazas y advertencias parecen haber acabado, pero doña Rosa sigue pensando que los empresarios y representantes de la Secretaría de Salud «tienen que ponerse la mano en la conciencia y ayudarnos, porque aquí solo gente pobre viene».

Presupuesto insuficiente ante la tragedia

La insuficiencia renal es una enfermedad que se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar el exceso de agua, las toxinas y otras sustancias extrañas de la sangre, los niños y adultos que sufren este padecimiento son incapaces por sí solos de mantener su organismo limpio. La solución inmediata es el agotador tratamiento de diálisis y a largo plazo el esperanzador trasplante de riñón.

Dos de los principales factores de riesgo para llegar a sufrir esta enfermedad son la hipertensión y la diabetes. Este último es muy conocido por doña Rosa quien además de acompañar todos los martes, jueves y sábado a su esposo en la hemodiálisis, tiene que visitar todas las semanas el Hospital Escuela Universitario para comprar la insulina que regula los niveles de azúcar de su compañero de hace 40 años.

«Llorábamos, nos queríamos ir para la casa ¿pero cómo?, él lloraba y nos decía que para qué le habíamos puesto eso», relata con tristeza doña María refiriéndose a la fístula arteriovenosa que le colocaron a su esposo al comenzar el tratamiento. La fístula se coloca a través de un procedimiento quirúrgico, y es un acceso en el que se juntan una vena y la arteria con el objetivo de extraer la sangre, procesarla en un dializador y luego volver a introducirla en el cuerpo del paciente. Para un paciente con insuficiencia renal este proceso, que dura de 4 a 6 horas por sesión, es fundamental para conservar la vida.

Según datos oficiales, la Secretaría de Salud le paga a Diálisis de Honduras para que brinde este tratamiento a más de 2 mil personas, quienes lo reciben en las clínicas ubicadas en 12 ciudades a nivel nacional. Esta empresa desde 2015 es beneficiada con la adjudicación de contratos por más de 300 millones de lempiras anuales, cifra que aparentemente supera el presupuesto que el gobierno ha planeado anualmente para el tratamiento de los pacientes renales.

En 2017 la Secretaría de Salud adjudicó una licitación a Diálisis de Honduras, único concursante en ese proceso, por 342 millones de lempiras cuando en ese año se había presupuestado, para este tratamiento, un aproximado de 227 millones. Esta misma historia se repitió el presente año al adjudicarse la licitación a esta empresa por 516 millones de lempiras cuando el presupuesto tan solo alcanzaba para 290 millones.

«La atención no ha mejorado ni ha empeorado», dice doña Rosa. Ella se acompaña con al menos  una decena de parientes y encargados que a diario se sientan por horas en las afueras de la clínica de Diálisis de Honduras ubicada en la Calle Real de Comayagüela. La razón de permanecer fuera del edificio y no en la sala de espera es simple para estas personas: «adentro el televisor está malo y ni el mundial podemos mirar, uno se entretiene más aquí viendo pasar la gente, pero a las 4 de la tarde ya hay que entrar porque aquí asaltan».

La entrada a Diálisis de Honduras es limitada para los extraños, cada paciente es registrado al entrar y al salir, las enfermeras y los enfermeros son revisados con mayor detalle, «no me llevo ninguna máquina» bromea una de las empleadas que ya terminó su turno y sale con una bolsa del edificio.

En 2016 la mayoría de estos pacientes recibían estos servicios en el Hospital Escuela Universitario (HEU) pero DICOSA, la empresa que prestaba las máquinas en ese centro asistencial, se retiró y se hizo el traslado de todos esos pacientes que en muchos casos se oponían porque les implicaba mayor gasto en transporte. Sólo en taxis, doña Rosa gasta 600 lempiras (25 dólares) durante la semana, recursos que le dan sus hijos pero que es demasiado para una mujer que acostumbraba trabajar con la tierra para obtener su alimento. Este proceso dio paso a otro avance en una privatización del sistema de salud público que beneficia siempre más al empresario.

Doña Rosa con cierta timidez cuenta en sus propias palabras que «supuestamente le debían a la empresa y por eso nos querían reducir las sesiones, pero todos estos pacientes las necesitan para vivir.»

La Secretaría de Salud a través de un comunicado aseguró que el presidente Juan Orlando Hernández garantizará prioridad a todos los pacientes que pertenecen a la red pública nacional. Sin embargo, los hechos indican que el presupuesto en salud sufrió una reducción entre 2016 y 2018 de más de 100 millones de lempiras.

Según Claudia Molina, presidenta de Diálisis de Honduras, la deuda que la Secretaría de Salud arrastra con la empresa es desde 2017 y actualmente están ofreciendo el servicio sin el respaldo de un contrato. Esta situación es dada porque según el acuerdo de 2018, en el que se adjudicó la licitación, no se puede firmar un contrato hasta que el desfase de 226 millones de lempiras entre la propuesta y el presupuesto se solucione.

«Lo que pasa es que en 2014 se acordó entre todas las partes desembolsar 7 millones de lempiras semanales a Diálisis de Honduras y esto no ha cambiado. Nadie ha solicitado un reajuste», explica Julio Dala de la oficina de comunicaciones de la Secretaría de Finanzas, apuntando este hecho como un descuido de la Secretaría de Salud y el principal causante de la crisis.

A los pacientes de insuficiencia renal y sus familiares estas negociaciones sólo les interesan para saber que su tratamiento será cumplido a cabalidad, pues saben que las dificultades seguirán siendo las mismas. «Aquí no nos dan medicamento, uno tiene que ir a conseguirlo al Hospital Escuela y si allá no hay, se tiene que comprar» afirma doña Rosa quien se encarga de hacer que su esposo se tome las 10 pastillas o más, que tiene que ingerir diariamente.

Los enfermos renales, que mundialmente representan el 10% de los enfermos crónicos, en Honduras representan la punta de lanza de un sistema de salud que ha estado enfermo de corrupción por muchos años. El desfalco al Seguro Social solo fue una muestra, pero la precariedad está en todas las escalas. Lo sufren estos enfermos crónicos que le cuestan ahora al Estado 1800 Lempiras (75 dólares) por sesión.

El recuerdo ocasional de los enfermos

En una reunión parlamentaria, realizada esta semana en el municipio de Gracias, Lempira, el diputado nacionalista Reynaldo Ecónomo afirmó entre aplausos de su bancada que no podían pasar desapercibida esa situación y que «la Secretaría de Salud tiene que dar un informe detallado de los pagos que se le han hecho a Diálisis de Honduras y evaluar la continuidad de los servicios ofrecidos». Palabras que parecen recordar a las dichas en otras crisis que se han dado ante la falta de pago a esta empresa.

En Honduras existe una ley que ampara a los pacientes con insuficiencia renal y regula su tratamiento en entes públicos o privados. «Hemos pedido ayuda a la Secretaría de Salud para reactivar esta ley y modificar algunas cosas que no van de acuerdo a nuestro país» afirma Liana Flores de la Fundación Luz y Vida quien también menciona que esta ley no ha entrado en vigencia desde su emisión en 2013.

Según la emisión del decreto que pondría en marcha la Ley Nacional Renal se tuvo que crear una Unidad de Prevención a Pacientes Renales; sin embargo, en las oficinas de la Secretaría de Salud cuando se quiere hablar de la necesidad de los pacientes con insuficiencia renal, la remisión es dirigida a la administración general.

La mayoría de los familiares que acompañan a los pacientes no trabajan, la enfermedad de sus parientes no se los permite. Ése es el mismo caso de doña Rosa y don José, que una vez al mes tienen que estar desde las 6 de la mañana en las instalaciones de Diálisis de Honduras para la realización de exámenes. La anciana, que carga más años de los que tiene, espera a su esposo durante 12 horas mientras sueña con regresar a su pueblo donde criaba «gallinas y chanchitos». Para pacientes como don José el trasplante renal es una ilusión por lo que probablemente reciba este tratamiento hasta el último suspiro.

Miriam es una mujer que huyó de Honduras con su pequeño hijo de dos años, su declaración ante una Corte de Estados Unidos tras ser separada de él, se hizo viral porque un grupo de actores la leyó. Miriam es invisible, pero cientos de miles la escucharon en la voz de estas personas que lo tienen todo, tienen nuestra atención a diario.

“Él lloraba, lo subieron a otro carro y yo no pude ni siquiera consolarlo”, relató.

De Honduras la gente huye, escapa, sale desesperada. Cada familia hondureña conoce ese drama, el drama de no tener cómo ni de dónde vivir, el drama de salir en la oscuridad de la noche porque ya la sentenciaron en el barrio o porque se atrevió a pedir justicia.

Nosotros hemos visto a Miriam huyendo de la violencia estatal en manifestaciones, y de una violencia más compleja en los barrios que viven en guerra permanente, en un país donde te ataca la pandilla y también la policía.

Después de la crisis política, tras unas elecciones cuestionadas por fraude, se duplicó el número de migrantes deportados de Estados Unidos y México, y la marea de gente incluso se organizó para irse en caravana. El gobierno de Estados Unidos reaccionó en la frontera con la misma política de terror con la que apoya a un gobierno que ha sentado sus bases en la militarización y en la aniquilación de la oposición. Si no es con más armas en Honduras, es arrancando de los brazos maternos a los pequeños, que no tienen ni futuro ni presente en este país invisible, invivible.

A Miriam la encontramos a inicio de año, con otro nombre, con otro rostro, con otros hijos y con otros problemas. La encontramos en el Valle del Aguán cuando escribimos una historia sobre la violencia que viven los campesinos sin tierra. Allá en un asentamiento que policías y militares desmantelaron vivía Jenny, quien había visto a su esposo irse con su hija menor porque en Honduras no podían sobrevivir. Después del desalojo Jenny huyó con otro de sus hijos y fue detenida en la frontera. No fue separada pero estuvo presa con su hijo y ha emprendido el largo y tortuoso camino de buscar refugio en un país ajeno.

A Miriam también la vimos llorando a su hijo asesinado por militares en una protesta en San Pedro Sula. En la tristeza profunda de una madre que perdió a tres hijos en un barrio sitiado por maras y policías, y condenada al silencio porque pedir justicia también es peligroso, puede ser mortal.

Y la vimos también en un barrio de su ciudad, en El Progreso, donde también policías entraron por la fuerza a una casa y se llevaron al padre de familia para confinarlo al encierro por cuatro meses, como un escarmiento por  protestar contra el gobierno. La vimos en el miedo de salir de la cárcel y regresar a las calles de un país que no es seguro, donde se puede estar encerrado aún con apariencia de libertad.

A Miriam la hemos visto en miles de hondureños que se van a pesar de ser tratados como criminales aunque son los que sostienen la economía del país, y la vemos en las casas vacías de los que soñaron con volver y no encuentran en su país las condiciones para vivir dignamente.

Miriam no puede regresar a Honduras, no es seguro para su bebé ni para ella, así lo declara. Huir es una medida de supervivencia. Lo sabemos porque hemos encontrado a Miriam en miles que se van, no solamente en los rostros y las voces de los famosos que logran captar nuestra atención, también en otros, que como Miriam son invisibles.

Un reportaje de No-Ficción (Guatemala)

Republicado en el marco de la Red de periodismo de investigación en Centroamérica

Texto: Carol Gamazo y Assier Andrés

Foto: Oliver de Ros

 

El Banco Mundial a través de su brazo de financiamiento privado (IFC) ha aportado fondos a proyectos involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero señalados por la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. Entre ellos el caso TCQ.

Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), habla frente al micrófono de una sala de audiencias del sistema judicial de Guatemala. La memoria y meticulosidad del secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que le convirtieron en su hombre de confianza para gran parte de los negocios ilícitos fraguados desde el gobierno del Partido Patriota, ahora está al servicio de la investigación penal. Es abril de 2016 y Monzón presta declaración de anticipo de prueba en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

La construcción y operación de una nueva terminal en el principal puerto de Guatemala, es un caso de corrupción que salió a la luz tres meses después de esta declaración. Las averiguaciones de la CICIG y el Ministerio Público concluyeron que Grup Maritim TCB, la empresa española a la que se le otorgó el negocio en 2012, había acordado el pago de US$30 millones -de los que solo se pagaron US$12 millones a diferentes operadores del Gobierno de Guatemala- a cambio de obtener el contrato.

 

Monzón fue el encargado de gestionar el soborno a partir diciembre de 2012, cuando el anterior intermediario, Guillermo Lozano, fue vinculado a narcotráfico; hasta abril de 2015, cuando el caso de defraudación aduanera La Línea llevó al presidente y vicepresidenta de Guatemala a prisión meses más tarde. Ahora, Monzón narra cómo fue solventando todos los obstáculos que se interponían a un proyecto que, desde un inicio, generó suspicacias y que fue avanzando a trompicones.

“En todo este ínterin, (Juan José Suárez, gerente de la empresa española) estuvo pendiente de que quería un financiamiento, y trajo una comisión, IFC, creo que es. Es una organización o una institución del Banco Mundial, que iba a servir para financiamiento y no podía ver la obra suspendida”, explica el exsecretrario privado de Baldetti ante el juez.

El Banco Mundial, a través de su brazo para la empresa privada, la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), jugó un papel clave en el proyecto. IFC otorgó un préstamo de US$62 millones al grupo español y compró US$7.7 millones en acciones, convirtiéndose en el propietario del 15 por ciento de TCQ.

Ante los ojos de una institución del Banco Mundial, ocurrió el mayor caso de soborno conocido en Guatemala.

Este caso, por el monto del soborno y por las sospechas que desde un principio generó, es el más grave que ha salpicado en Centroamérica al brazo para el sector privado del Banco Mundial. Pero no es el único. Investigaciones efectuadas por entes internacionales que apoyan a las fiscalías han involucrado a otras dos empresas de las que IFC es socia y financista en actos relacionados con corrupción.

Se trata de dos importantes bancos privados: G&T Continental de Guatemala y la Financiera Comercial Hondureña (Ficohsa). El papel de ambas entidades en operaciones de blanqueo de capitales ha salido a relucir en varias investigaciones de CICIG y la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción de Honduras (MACCIH). Además, el fallecido exgerente de G&T Continental, Flavio Montenegro, fue procesado en junio de 2016 por financiar ilegalmente la campaña electoral del Partido Patriota en Guatemala.

 

Infografía por Jhasua Razo Quintero.

 

La debilidad democrática en el Triángulo Norte, y la exposición al crimen organizado, condujeron a la comunidad internacional a apoyar el nacimiento de instituciones como CICIG y MACCIH. Se tratan de experimentos únicos en el mundo, destinados a desmantelar redes de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, IFC ha invertido millones de dólares en Centroamérica como si estos tres países no fueran precisamente eso: Estados débiles, predispuestos a la corrupción y el lavado de dinero.

Del aproximado de US$850 millones en proyectos activos en la región, entre participación accionaria y préstamos, actualmente hay US$240 millones involucrados en procesos penales.

De todos los proyectos activos, IFC apenas ha decidido ser accionista en cinco, entre los que figuran: TCQ, Fichosa y G&T Continental. Así, de los US$152 millones en acciones, US$140 estarían invertidos en empresas cuestionadas por corrupción y lavado de dinero por las autoridades penales, es decir, el 92 por ciento del accionariado de IFC en la región centroamericana está invertido en empresas actualmente vinculadas a malas prácticas*.

IFC no cuenta con normas de funcionamiento que le exijan prevenir o castigar estos delitos de manera efectiva, según se pudo constatar al realizar una revisión exhaustiva de sus procedimientos para realizar este reportaje. En la práctica, la institución solo aplica un proceso de diligencia debida a sus proyectos, pero como evidenció el caso TCQ, esto tampoco está enfocado en prevenir la corrupción. Así, mientras otras instituciones del Banco Mundial han destapado casos de sobornos y han sancionado a cientos de empresas por malas prácticas, IFC se ha limitado a ser un socio silencioso.

IFC no cuenta con medidas para combatir la corrupción

Cada año, dos de cada US$100 que se intercambian en el mundo son sobornos, de acuerdo con un cálculo del Banco Mundial. Esta institución se ha mostrado activamente preocupada por el tema de la corrupción y, desde mediados de la década de 1990, ha construido a su alrededor varios mecanismos para luchar contra este problema. Sin embargo, como ha podido comprobarse en un análisis de la normativa, el brazo privado del BM cuenta con medidas más laxas a la hora de controlar la corrupción en sus préstamos, y tampoco ha sido igual de punitiva en sus sanciones.

Así, mientras el Banco Mundial dispone de las “Directrices sobre la Prevención y Lucha contra la Corrupción” y las “Regulaciones sobre Adquisiciones y Prestararios” que regulan sus préstamos a los Gobiernos, la IFC tan sólo cuenta con sus “Normas de Desempeño Social y Ambiental” en las que no existe referencia alguna a la corrupción o el lavado de dinero.

De la misma forma, mientras el Banco Mundial, desde su Vicepresidencia de Integridad, mantiene en la actualidad a 1,400 personas o empresas inhabilitadas que han manejado fondos del BM; solo un cliente de IFC ha sido desactivado completamente desde este sistema de sanciones, como admite la propia la institución. Se trata de un caso reciente, de abril de 2018, cuando una compañía ferroviaria de Kenia, financiada en varias ocasiones por IFC, fue castigada por realizar pagos indebidos en aduanas para agilizar sus trámites.

Hasta el momento, TCQ no ha sido sancionado por IFC, a pesar de contar con un caso demostrado de corrupción. El Banco Mundial, sin embargo, ha multado durante este tiempo a diferentes empresas por motivos similares al de TCQ. El más reciente finalizó en diciembre de 2017 con la imposición de una multa de US$8 millones a la empresa francesa Sediver por pagar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en la República Democrática del Congo. En 2012 se sancionó con US$9.5 millones a otra transnacional francesa, Alstom, por motivos similares y, dos años antes, en 2010, la editorial británica de libros de texto McMillan tuvo que pagar US$17 millones tras verse involucrada en un escándalo de sobornos a autoridades educativas en Sudán del Sur.

En la normativa de IFC, solo se hace referencia a la obligación de practicar un proceso de “diligencia debida” a sus clientes para temas de integridad, pero no está definido en qué debe consistir exactamente.

En una entrevista respondida vía email por una vocera de IFC, la entidad respondió que el proceso de debida diligencia es el que controla los riesgos de lavado de dinero o corrupción. “Evalúa riesgos tales como la corrupción, el fraude y el lavado de dinero, y establece medidas de mitigación si es necesario, como requerir que los clientes implementen un programa de cumplimiento, entre otros”.

Juan José Suárez, representante legal en Guatemala de Terminal de Contenedores Quetzal, en una de las audiencias por el caso TCQ. No-Ficción.
 

Las alertas de corrupción en el caso TCQ que el Banco Mundial no quiso escuchar

Todo comenzó con un rumor. En agosto de 2012, uno de los principales partidos de la oposición advirtió a la prensa de que el Gobierno del Otto Pérez Molina planeaba entregar la operación de una nueva terminal en Puerto Quetzal, uno de los principales puertos del Pacífico en Centroamérica, a una empresa española.

Las acusaciones eran ciertas. Poco después se hizo público el contrato, firmado el 11 de julio de 2012, tras una negociación de la que no se habían tenido noticias.

La principal alerta sobre corrupción era que este contrato había sido entregado sin un concurso público, cuando en Guatemala, la Ley de Compras y Contrataciones establece que este tipo de concesiones debe otorgarse mediante licitación pública.

Gobierno y empresa, sin embargo, habían encontrado una fórmula para evitar el concurso: un usufructo oneroso para arrendar el terreno. Esta figura legal ya se utiliza en Puerto Quetzal, que cuenta con otros usufructos otorgados a gremios como azucareros o bananeros, que explotan terrenos en el puerto para cargar y descargar sus propios productos.

El Grup Maritim TCB, sin embargo, utilizaría la parcela alquilada para construir y operar por 25 años una terminal de contenedores de uso público que, de hecho, competiría con la de propiedad estatal.

Diferentes bancadas del Congreso de los Diputados iniciaron acciones legales, mientras que el principal sindicato de Puerto Quetzal (STOPQ) comenzó a tomar las instalaciones e impedir que avanzara el proyecto.

En octubre de 2012, el Proyecto de Transparencia en Guatemala de la agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID), publicó un informe en el que se hacía eco de la alarma causada por la posible corrupción en este proyecto.

Sin embargo, el Gobierno insistió en otorgar el usufructo. La Presidencia ratificó el contrato en marzo de 2013, después de que, según declaraciones de Juan Carlos Monzón, finalmente hubiera logrado que la empresa española se comprometiera a transferir parte del soborno.

“El 27 de marzo salió en los medios que el Gobierno había utilizado el descanso de Semana Santa para entregar el usufructo. Y efectivamente así fue (ríe): el 27 de marzo el señor presidente entregó en casa presidencial a los españoles el usufructo, ya definitivo”, cuenta en su declaración.

Para entonces, el secretario privado de la vicepresidenta estaba ocupado solucionando los problemas que surgían, como el permiso del Ministerio de Medio Ambiente o los dictámenes favorables de la PGN o la Contraloría General de Cuentas sobre el tipo de contrato.

“Yo ya di 50 mil dólares a Gustavo Martínez para que me arreglara el tema con la PGN y la Contraloría General de Cuentas, yo ya se los di a Gustavo (Martínez, secretario general de la Presidencia) para que lo arreglara”, explica Monzón.

El proyecto de TCQ, sin embargo, pasó por el proceso de debida diligencia sin que nada condujera a IFC a cuestionarse otorgar el financiamiento.

Para IFC, Grup Maritim TCB la empresa española que promovió TCQ, era un cliente conocido y respetado, que había ejecutado con éxito otras dos terminales de contenedores en Buenaventura, Colombia, y Nemrut Bay, Turquía.

Además, IFC solicitó dictámenes sobre la legalidad de la concesión y operación del puerto. “IFC revisó el marco jurídico del proyecto. El análisis incluyó una revisión legal detallada por parte de expertos jurídicos externos, quienes brindaron su asesoramiento” —como expuso esta entidad financiera del Banco Mundial mediante su vocera—,“IFC realizó un análisis de una serie de opiniones legales y documentos oficiales, emitidos entre 2006 y 2014 por varias instituciones estatales, incluyendo la PGN. Estos dictámenes confirmaron que dicho contrato cumplía con los requisitos exigidos por la ley”.

IFC visitó a Otto Pérez Molina para negociar la financiación de TCQ.

 

Cuando la delegación de IFC llegó a Guatemala en una de sus visitas, esta se reunió con Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.  “Llegaron a defender sus puntos de vista”, expuso Marroquín; “a defender por qué invertían en esto. Yo les dije: ‘no puedo creer que el Banco Mundial, que tiene políticas muy claras de transparencia, no las está aplicando a esta inversión porque aquí hay a todas luces ilegalidades y falta de transparencia”.

Meses después, cuando la directiva de IFC discutía la aprobación del proyecto, Acción Ciudadana remitió una carta de queja oficial al Banco Mundial reiterando sus críticas. “IFC no puede apoyar el financiamiento de un proyecto que constituye una fuerte amenaza para el orden legal del país”, se lee en el documento.

A pesar de todas estas alertas, el Banco Mundial decidió aprobar el financiamiento.

«Este caso, por el monto del soborno y por las sospechas iniciales que generó, es el más grave que ha salpicado al brazo para el sector privado del Banco Mundial en Centroamérica»

G&T y Fichosa, bancos señalados por lavado con amplios préstamos de IFC

El sector financiero es uno de los entes más expuestos al paso de capital criminal, y los principales bancos del país se han visto también involucrados en los casos de lavado de dinero. En 2015, Estados Unidos forzó la liquidación de uno de los principales bancos hondureños: Banco Continental, y logró la extradición de sus propietarios, miembros de la familia Rosenthal, por “lavar dinero y dar otros servicios de apoyo al narcotráfico internacional”, según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro.

Fue la primera ocasión en la que Estados Unidos señaló directamente a un banco extranjero de colaborar con el crimen organizado bajo la llamada Ley Kingpin.

El sector financiero también es el más financiado por el brazo privado del Banco Mundial. De los aproximadamente US$1,500 millones invertidos en la región en los últimos 20 años, al menos la mitad, US$695 millones, se han concentrado en este rubro.

A pesar de la exposición de los bancos a los flujos de dinero ilícito que transitan por esta región, como se ha demostrado en lavado de dinero proveniente de corrupción, no cuenta con normas específicas para prevenir esta práctica en los bancos en los que invierte. Tampoco, hasta ahora, ha sancionado a ninguno de ellos.

Cuando IFC compra acciones de una institución financiera, como ocurrió con Ficohsa y G&T Continental (en ambos, la entidad posee el 10 por ciento del capital) sus normas establecen que su responsabilidad se extiende sobre todas las actividades del banco).

En esos casos, IFC debe asegurarse de que el banco cuenta con un sistema de gestión ambiental y social que le permita evaluar el impacto de todos sus préstamos y, además, con un canal para recibir quejas de las personas afectadas por las actividades del banco.

En los préstamos de más de US$10 millones que conceda un banco del cual IFC tenga acciones, este debe aplicar todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social (sobre desplazamiento forzoso, pueblos indígenas etc.) y en los superiores a US$ 5 millones las normas que se refieren al respeto a los derechos laborales.

Como ocurre en otros proyectos de IFC, todo remite a las “Normas”, pero estas no prevén que la corrupción o el lavado de dinero sean asuntos que conciernen a la entidad.

Tampoco está claro que IFC cumpla con todo lo que sus reglamentos sí dicen. Esto implicaría que la entidad tuviera que supervisar continuamente a los bancos como Ficohsa y G&T Continental para garantizar que, en todos sus préstamos de más de US$10 millones, se cumplieran todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social.

 

 

Una auditoría publicada en 2013 por el Ombudsman de IFC sobre inversiones en instituciones financieras, puso en evidencia que la entidad está lejos de cumplir sus normas. El informe concluyó que, en gran parte, IFC desconoce a quién o para qué prestan dinero los bancos de los que es accionista.

“La auditoría expresó su preocupación de que el uso final de los fondos de IFC por parte de los clientes era opaca y, como tal, IFC sabía muy poco sobre posibles impactos ambientales y sociales adversos de sus préstamos del sector financiero”, afirma el documento.

En 2017 se actualizó este informe y aunque se describieron mejoras en algunos aspectos los hallazgos principales fueron similares.

Al respecto de las medidas de control a los bancos, IFC manifestó que realiza “revisiones periódicas de carteras en lo que respecta a las distintas funciones de control, identifica signos de riesgos emergentes y toma medidas correctivas apropiadas”. “IFC se esfuerza por promover la buena gobernanza y los controles internos entre sus clientes. IFC también espera que las empresas de su cartera tomen medidas para abordar los problemas de integridad a los que se enfrentan”, respondió el departamento de comunicación de la entidad.

El banco G&T y sus cuentas pendientes

IFC es socia de G&T Continental desde 2008, cuando compró acciones por US$68 millones. Desde entonces, ha aportado otros tres créditos a este banco, controlado por varias prominentes familias de la élite guatemalteca, y ha ampliado su participación hasta alcanzar un 10 por ciento del capital de G&T.

A pesar del financiamiento y su participación en el banco, IFC no ha impulsado a la entidad a mejorar algunas de sus prácticas: sigue siendo propiedad de un holding en las Islas Caimán y mantiene una filial offshore en Panamá. La presencia de IFC en el capital del banco, como accionista, tampoco ha librado a G&T Continental de las malas prácticas destapadas en la ola de casos anti corrupción que sacude Guatemala desde 2015.

Unos días más tarde del caso Lavado y Política, en junio de 2016, Flavio Montenegro, durante muchos años el principal ejecutivo de G&T Continental, fue señalado, dentro del caso Cooptación del Estado, de financiar la campaña del expresidente Otto Pérez Molina. El aporte, según la investigación del MP, se entregó para garantizar que instituciones públicas mantuvieran sus pólizas de seguros con la aseguradora del banco G&T.

En esta ocasión su filial panameña, GTC Bank, volvió a salir a relucir en el caso “Transurbano” una de las últimas grandes investigaciones destapadas por el MP y CICIG. Por este caso, revelado en febrero, están procesados el expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y varios miembros de su gabinete. Según la fiscalía, una parte de los fondos malversados regresó a los operadores guatemaltecos a través de cuentas de GTC Bank.

A pesar de todo esto, la entidad no ha sido sancionada por IFC. “El banco contrató a un nuevo CEO (Montenegro fue ligado a proceso y falleció antes de enfrentar juicio) con amplia experiencia en seguros y banca, y tomó una serie de medidas para fortalecer aún más la gestión de riesgos y de cumplimiento”, se limitó a explicar la entidad financiera del Banco Mundial.

Flavio Montenegro, gerente del banco G&T Continental, en una audiencia por el caso Cooptación del Estado antes de su fallecimiento. Foto: Oliver de Ros, No-Ficción.

 

De la CICIG a la MACCIH

Camilo Atala es considerado uno de los hombres más ricos de Honduras. Él y otros miembros de su familia son dueños, entre otros negocios, de Ficohsa, uno de los bancos más importantes y mejor relacionados con la clase política hondureña.

Ficohsa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato del Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. El Estado ha entregado a Ficohsa la gestión de cientos de millones de dólares depositados en fideicomisos de fondos públicos y ha convertido al banco en responsable de licitar grandes contratos públicos.

Este banco es, en parte, propiedad de IFC, que posee un 10 por ciento de las acciones, adquiridas en 2011 por 22 millones de dólares. A diferencia de G&T Continental, Ficohsa o sus directivos hasta el momento no han sido procesados por asuntos relacionados con corrupción. Sin embargo, desde que la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) se estableció en Honduras en 2016, el nombre del banco ha aparecido en algunos de las principales investigaciones.

En febrero de 2017, la ONG Global Witness publicó un informe en el que señalaba, citando informes de la fiscalía antimafias de Honduras, que una red de funcionarios públicos que desfalcó US$350 millones del Seguro Social, invirtió una parte de los fondos desviados, unos US$300 mil, en una propiedad en el complejo hotelero Indura Beach. Este proyecto es desarrollado por una empresa de la que es accionista mayoritario Camilo Atala y según la investigación, un consorcio de bancos regionales liderados por Fichosa, había entregado un préstamo de 20 millones de dólares al hotel. Indura Beach aseguró en un comunicado de prensa que colaboró con la fiscalía al descubrir el hecho.

El desfalco en el Seguro Social de Honduras ha sido uno de los casos de corrupción más destacados en Centroamérica en los últimos años y, de hecho, motivó el establecimiento de la MACCIH.

La institución, creada a imagen de la CICIG, destapó en febrero de 2018 un escándalo protagonizado por Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en el que también aparece Ficohsa. Bonilla está siendo procesada por sustraer unos US$680 mil de donaciones de Taiwán que manejó cuando era Primera Dama.

Según la investigación, Bonilla recibió los fondos a través de cuentas en Ficohsa a nombre de Casa Presidencial y después los trasladó a sus cuentas personales en el mismo banco falseando facturas.

Hasta el momento, IFC ha guardado silencio al respecto de estos casos. A través de una vocera, la entidad señaló, antes de conocerse el caso de Bonilla, que “están al tanto de estas alegaciones, sin embargo no ha habido un procedimiento legal que las fundamente”.

Foto: Martín Cálix- Contracorriente.

 

Entre 2013 y 2014, Ficohsa fue objeto del primer reporte realizado por el Ombudsman de IFC sobre uno de los bancos de los que la entidad es socia en Centroamérica.

La auditoría surgió a raíz de quejas contra el Grupo Dinant, propiedad de la familia Facussé, e importante cliente de Ficohsa. Dinant, una empresa que también había sido financiada por IFC, fue acusada de intimidar y asesinar a campesinos para extender sus plantaciones de palma africana en el valle del Aguán.

Las operaciones de la empresa fueron financiadas además con un préstamo de US$12 millones otorgado por Ficohsa, según el reporte del CAO.

La auditoría concluyó que IFC no había cumplido con algunas de sus principales obligaciones como accionista del banco. Según el informe, Ficohsa no contaba con un sistema efectivo de gestión ambiental y social, carecía de un canal para recibir quejas, y las operaciones de los grandes clientes no estaban cumpliendo las Normas de Desempeño Social y Ambiental.

Según el Ombudsman, en las consideraciones de IFC “había una primacía de lo financiero”. Se analizaba el riesgo crediticio del banco, pero otro tipo de impacto se relegaba.

Tras esta auditoría, se han publicado otras sobre el banco hondureño que han mostrado mejoras en sus operaciones.  Sin embargo, como evidencia lo sucedido en TCQ o G&T Continental, no está tan claro que el desempeño de la propia IFC haya mejorado.

El brazo del Banco Mundial para las empresas se presenta como un agente de desarrollo sostenible, pero como muestran estos casos, con frecuencia, actúa como un banco privado más.

Alexander Aizenstatd, nombrado interventor de TCQ cuando se destapó el caso, mostró en una entrevista su suspicacia sobre el financiamiento de bancos externos, y habló específicamente de IFC, e informó que cuando llegaron al país su única preocupación era la forma en que el Estado iba a devolver el dinero. En otra entrevista, concedida a Plaza Pública informó: “Yo los traté como accionistas, pero ellos me dejaron claro que no se consideran accionistas. Que esto solo fue un mecanismo de inversión para ellos”. Preguntado por No-Ficción sobre alguna sospecha al respecto de estas inversiones: “No puedo identificar qué exactamente. Hubo cosas, no necesariamente impropias, pero inadecuadas en estas circunstancias”.

Mientras la CICIG sigue destapando casos de corrupción en Guatemala, la terminal de puerto continúa en un peliagudo proceso legal que ha llevado a TCQ, comprada por la compañía holandesa APM, casi a la quiebra. La terminal se mantuvo inactiva hasta febrero 2017 cuando finalmente se levantó la suspensión de sus operaciones, pero las deudas contraídas por las pérdidas derivadas de su cierre temporal han complicado sus finanzas. A diferencia del caso de Odebrecht, en el de TCQ no ha habido ninguna indemnización al Estado por el soborno transferido.

El Grup Maritim TCB, que impulsó el proyecto TCQ, hasta el momento no ha sido públicamente sancionado, pese a que las personas involucradas en el caso están siendo procesadas en cortes guatemaltecas. Tampoco el Banco G&T Continental, ni el Banco Fichosa, que han sido señalados de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

 

*Estos cálculos se han realizado con base en la información numérica proporcionada por IFC en su página web.

       

*Este reportaje fue realizado en el marco de la iniciativa para el periodismo de investigación en las américas, del International Center Of Journalist (ICFJ) en alianza con Connectas, para publicarse en No-Ficción en Guatemala.

Un reportaje de Factum (El Salvador)

Republicado en el marco de la Red de periodismo de investigación en Centroamérica

Texto: Bryan Avelar

Foto: Archivo Factum

Las actas de consejo de ministros y una cuenta bancaria a su nombre vinculan al gobernante salvadoreño con la sustracción ilegal de parte de los 351 millones de dólares que la Fiscalía asegura fueron desviados hacia fines ilícitos durante el gobierno de Mauricio Funes. La Fiscalía incluye estos descubrimientos en la acusación contra Funes y 31 personas más, pero no ha acusado, de momento, al presidente Sánchez Cerén.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, participó en por lo menos tres sesiones de trabajo en las que la agenda incluyó la aprobación de transferencias de millones de dólares hacia la presidencia de la República durante el gobierno de Mauricio Funes, operaciones que hoy la Fiscalía califica como ilegales y por las cuales ha encausado penalmente al expresidente, contra quien hay vigente una orden internacional de captura.La Fiscalía, además, ha descubierto que durante el pasado gobierno se creó una cuenta bancaria a nombre de Sánchez Cerén que se utilizó para nutrir otra cuenta particular, de la cual colaboradores de Funes extrajeron dinero para posteriormente lavarlo. Esa cuenta a nombre de Sánchez Cerén era ilegal, según las explicaciones que han dado a los investigadores cuatro jefes y un técnico de la Presidencia de la República, más tres altos cargos del Ministerio de Hacienda.

Sánchez Cerén fue vicepresidente y ministro de Educación durante el gobierno de Funes. Su nombre aparece entre las 2 mil 739 páginas del expediente en el que se resume la acusación contra Funes por el presunto desvío de 351 millones de dólares durante su mandato (2009-2014). El Ministerio Público, sin embargo, no ha acusado al actual presidente.

El requerimiento que la Fiscalía presentó a tribunales para respaldar sus órdenes de captura contra Funes y 31 personas más incluye documentación y testimonios que ubican a Sánchez Cerén en tres sesiones de consejo de ministros donde se discutió algunas transferencias hacia la Presidencia de la República que habían sido prohibidas por la Sala de lo Constitucional desde 2010.

La Presidencia de la República no respondió las reiteradas peticiones que Revista Fáctum hizo desde el 15 de junio hasta el 9 de julio para que explicara el señalamiento que se desprende de la investigación de la Fiscalía en cuanto a que Sánchez Cerén por lo menos estuvo al tanto de decisiones que soslayaban la sentencia de la Sala de lo Constitucional y que, según la Fiscalía, fueron parte del desvío de fondos públicos para beneficio particular de Funes, de parientes y amigos suyos, así como de exfuncionarios y empresarios.

El documento presentado por la Fiscalía el pasado 8 de junio ante el juzgado 5° de paz de San Salvador describe la ruta del dinero desde la cuenta madre de la Presidencia de la República hasta las manos de particulares. Estas transferencias son hiladas con la declaración de más de 100 testigos.

Funes es prófugo de la justicia y goza de asilo político en Nicaragua, desde donde por medio de sus cuentas en redes sociales ha alegado que sufre de persecución política en El Salvador, y que la Fiscalía carece de prueba alguna para sustentar las acusaciones que le hace.

La Fiscalía también acusa de lavado de dinero a la exesposa de Funes y hoy secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y a dos de los hijos del exmandatario y a su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, quien también goza de asilo en Nicaragua.

El esquema de desvío de fondos públicos durante la administración Funes investigado por la Fiscalía puede dividirse en tres grandes fases: la primera consistió en engordar la partida de gastos reservados de la Presidencia para aumentarla de 80 hasta 351 millones de dólares durante el quinquenio; la segunda consistió en desviar los fondos públicos desde la partida en mención hacia cuentas personales de empleados de la Presidencia para luego hacer retiros en efectivo; la tercera fase fue utilizar el dinero para lavarlo por medio de la compra de servicios o bienes a nombre de testaferros.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén ingresa a la Asamblea Legislativa en junio de 2017 para rendir su tercer informe de gobierno. Atrás, de cobarta roja, Roberto Lorenzana, su actual secretario de comunicaciones, quien se negó a responder sobre el rol del mandatario en el esquema de desvío de fondos que la Fiscalía atribuye al expresidente Mauricio Funes, de quien Sánchez fue vicepresidente.
Foto FACTUM/Salvador MELÉNDEZ

El millonario desvío de fondos se hizo, según detalla la Fiscalía, reorientando fondos desde la Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República hacia siete cuentas bancarias a nombre de dos empleados de la Presidencia. El primero de ellos es Francisco Rodríguez Arteaga, quien era jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia. Este, de acuerdo con la Fiscalía, recibía el dinero en cinco cuentas particulares a su nombre y posteriormente endosaba los cheques a nombre de Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia. Este último extraía el dinero en efectivo para posteriormente lavarlo en bienes y servicios de placer o propiedades que se registraban a nombre de testaferros.

Pablo Gómez también abrió dos cuentas bancarias a su nombre. De acuerdo con la Fiscalía, esas dos cuentas fueron utilizadas ente junio de 2009 y mayo del 2014, justo el período presidencial de Funes, para recibir parte de los millones de dólares desviados desde las arcas públicas. La Fiscalía describe que las cuentas bancarias de Gómez eran alimentadas por otras cuentas que a su vez eran alimentadas con fondos públicos.

Una de estas cuentas alimentadas con fondos públicos era la que estaba a nombre del entonces vicepresidente Sánchez Cerén.

La cuenta ilegal de Sánchez Cerén

El rastreo de la Fiscalía detectó la cuenta número 210240663 del Banco Hipotecario a nombre de “Salvador Sánchez Cerén/Vicepresidencia de la República”. De esta cuenta, nutrida con recursos públicos, salieron por lo menos 93 mil 115.24 dólares hacia una de las dos cuentas de Pablo Gómez llamada “Pablo Gómez / Gastos Operativos de la Presidencia”. Esta cuenta, señala la Fiscalía, se usaba para lavar el dinero y recibió en total 7.4 millones de dólares durante el quinquenio de Funes.

La investigación plantea no solo que la cuenta a nombre del hoy presidente fue parte del esquema de corrupción de la administración Funes, sino que la existencia misma de la cuenta es ilegal.

De acuerdo con la Ley de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI), más la explicación que han dado cuatro jefes y un técnico que trabajan en el área financiera de la Presidencia y tres jefes del Ministerio de Hacienda, no pueden existir cuentas a nombres de personas, ni siquiera “mixtas”, es decir, con el nombre de la persona más el cargo.

El Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera de la Ley AFI, en el numeral 2.3 del capítulo C, deja explícito que las cuentas para administrar fondos públicos deben ser autorizadas por la Dirección General de Tesorería y que su nombre seguirá siempre el formato de un binomio, cuya primera parte es el “nombre de la institución” y la segunda parte es “el destino de los fondos”.

Entre los servidores públicos de Hacienda entrevistados por la Fiscalía está el director general de Tesorería, Salvador Avendaño Méndez. “Las cuentas deben crearse con el nombre de la institución pública, no se tiene autorizado que la cuenta se abra a nombre de una persona natural porque la Ley AFI no lo permite”, dijo Avendaño en su entrevista con la Fiscalía.

Esta entrevista fue realizada por la Fiscalía en el marco de la investigación contra otro expresidente, Antonio Saca, quien está preso acusado también por un millonario desvío de fondos públicos durante su gobierno, de 2004 a 2009, usando un mecanismo similar al que la Fiscalía atribuye a Funes.

La Fiscalía presentó ante los tribunales en noviembre de 2016 una acusación contra Saca y un puñado de sus principales colaboradores, una acusación por el presunto desvío de 301 millones de dólares.

Según la Fiscalía, el esquema de Saca y el de Funes son similares; sin embargo, el de este último se vuelve más complejo por el uso de testaferros. Es decir, Funes nunca compró ninguna propiedad ni ningún automotor a su nombre, sino que los adquirió a nombre de sus hijos o de amigos, según la Fiscalía.

Dadas las similitudes entre los dos casos, la Fiscalía usa las ocho entrevistas realizadas en el marco de la investigación contra Saca para fortalecer la acusación contra Funes. Los ocho servidores públicos coinciden en que no pueden existir cuentas a nombre de personas naturales para administrar fondos públicos.

El expresidente Mauricio Funes ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Funes, prófugo de la justicia asilado en Nicaragua, está al centro de una investigación de la Fiscalía por el desvío de 351 millones de dólares de las arcas públcia. Foto FACTUM/Archivo.

Dos de los testigos de la Presidencia de la República, el jefe de la Unidad Financiera, Carlos Ernesto Guerrero Ventura, y la jefa de Tesorería, Daysi Armida Díaz Álvarez, aseguraron a la Fiscalía que ni siquiera las cuentas “mixtas” son legales, es decir, son inadmisibles cuentas que tengan un nombre como la descubierta en favor de Sánchez Cerén.

En el caso de los testigos del Ministerio de Hacienda, el director general de Presupuesto, Carlos Gustavo Salazar Alvarado, que es el responsable del manejo y apertura de cuentas que manejan fondos públicos, declaró que del gobierno de Funes “nunca presentaron solicitudes para crear cuentas a nombre de personas naturales o mixtas, y si las hubieran presentado se les habría denegado por estar a nombre de esas personas naturales y no de la institución”. Los peritos califican como “irregulares” esas cuentas.

En la investigación presentada ante el juzgado, la Fiscalía no profundiza sobre la cuenta vinculada al entonces vicepresidente. Por ejemplo, no detalla cuánto dinero en total circuló por ella, de dónde venía ese dinero, ni otras transferencias aparte de las que se hacían hacia la cuenta de Pablo Gómez. Solamente la incluye como una de las cuentas que alimentaron con fondos públicos las cuentas personales de Pablo Gómez para extraer de ellas dinero en efectivo que posteriormente era lavado.

Sánchez Cerén y el desvío de $14 millones

En el expediente de la Fiscalía se presenta como parte de las evidencias contra Funes copia de tres actas de consejo de ministros en las que se registró la participación del entonces vicepresidente Sánchez Cerén, quien votó en favor de transferir 19.5 millones de dólares de diversas instituciones del Ejecutivo hacia la Presidencia de la República. De ese monto, un poco más de 14 millones terminaron desviados ilegalmente hacia lo que la Fiscalía llama “partida secreta” del gobierno de Funes.

La Fiscalía reconstruyó lo ocurrido en esas sesiones y asegura que Sánchez Ceré participó “con voz y voto” en favor de transferencias hacia la partida secreta por 14 millones 392 mil 285 dólares.

En agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional había declarado que las transferencias entre carteras de Estado por medio de decisiones administrativas estrictamente del Ejecutivo violaban la Constitución de la República. Los magistrados ordenaron que, a partir de entonces, cualquier transferencia debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa. La Fiscalía sostiene que el gobierno de Funes elaboró un mecanismo para burlar esa restricción y a partir de la ley de presupuesto de 2011 se incluyó pequeñas “bolsas” en concepto de “gastos imprevistos” en las instituciones del Ejecutivo con la esperanza de poder ocultar el traslado de fondos de la prohibición de la Sala de lo Constitucional. Eventualmente, el dinero en esas “bolsas” era transferido hacia la partida de gastos reservados de la Presidencia. Lo que aprovechaban era el presunto destino de “gastos imprevistos” de esos fondos para limitar al mínimo la posibilidad de vigilancia sobre su destino.

Según la investigación, esas transferencias aprobadas por el consejo de ministros se producían “por órdenes del expresidente Carlos Mauricio Funes”, y a veces esas órdenes eran dadas vía telefónica por el secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Ricardo Marroquín, a los jefes de las carteras de Estado de las que se extraían fondos.

Un ejemplo de cómo funcionaba el mecanismo de desvíos ilegales ocurrió el 13 de mayo de 2011. La Fiscalía cita la sesión del consejo de ministros número 12. Esa junta recibió una nota suscrita por el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, quien pedía trasladar fondos de su cartera hacia la Presidencia. “Con instrucciones del señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada se gestiona el traslado de fondos del presupuesto del ramo de la Defensa Nacional en la Unidad Presupuestaria Gestión Operativa Institucional, Línea de Trabajo 04, Operaciones del Estado Mayor Presidencial a la Línea de Trabajo 01 Gastos Imprevistos, por un monto de $4,743,666.65”, dice la nota enviada por el general Munguía Payés.

En esa misma sesión se leyó otra nota, suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, quien solicitaba “transferir asignaciones presupuestarias de esta secretaría de Estado a la Presidencia de la República por la cantidad de $919,618.00”, y explicaba que dicho monto debería ser tomado de la línea de trabajo “Gastos Imprevistos”, y que la asignación correspondía a “la atención de eventos oficiales, pagos de pasajes aéreos y pago de viáticos en misiones oficiales”. En total, aquel día se movieron 5.66 millones de dólares de una forma que la Fiscalía dice que fue ilegal y que, además, fueron usados para fines ilegales.

La Fiscalía habló con Martínez en el marco de la investigación contra Funes, y el hoy candidato presidencial del FMLN -el partido que llevó a Funes a la presidencia y luego a Sánchez Cerén- aseguró que dicha transferencia fue gestionada por él a partir de “órdenes de parte del expresidente Carlos Mauricio Funes, las cuales me fueron dadas vía telefónica por el secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Ricardo Marroquín”.

La Fiscalía señala en su investigación que ni Funes ni Sánchez Cerén firmaban las actas de consejo de ministros en que se aprobaban estos fondos; sin embargo, subraya que las aprobaciones eran “por unanimidad” y que los funcionarios asistían a dichas reuniones “con voz y voto”.

El esquema del lavado

Por suerte para Funes y su círculo cercano, ninguna alarma del Estado se encendió durante su mandato. La Corte de Cuentas de la República, encargada de auditar y garantizar el buen uso de los recursos, lejos de objetar algo, entregó a Funes un finiquito al final del quinquenio. La Superintendencia del Sistema Financiero tampoco advirtió que buena parte de esos 351 millones de dólares desviados salieron del Banco Hipotecario en billetes de 100 dólares a un ritmo de más de 100 mil dólares diarios durante los cinco años. Las alarmas del banco tampoco se activaron porque, según la Fiscalía, el entonces presidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, también formaba parte de la red de corrupción.

La acusación de la Fiscalía incluye, aparte de Funes, dos de sus hijos, su pareja y dos de sus exparejas, al empresario Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, amigo de Funes y uno de los principales patrocinadores de su campaña presidencial. Mecafé obtuvo millonarios contratos con el gobierno de Funes y fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. También el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, y el ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas. Los tres están capturados. Otro imputado es Francisco Cáceres, ex secretario privado de la presidencia con Funes, quien es prófugo.

La Fiscalía también acusa a una serie de empleados de la Presidencia, entre ellos tres del área administrativa, quienes ya se encuentran procesados por la acusación contra el expresidente Antonio Saca. Uno de ellos es Pablo Gómez, el de las dos cuentas bancarias para lavar dinero durante el gobierno Funes; los otros dos son Francisco Rodríguez, jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero de la Presidencia.

Sin respuesta

Entre el 15 de junio y el 9 de julio de este año, Revista Factum intentó en reiteradas ocasiones obtener una respuesta de parte de Casa Presidencial sobre la cuenta vinculada al ahora presidente Sánchez Cerén y para preguntarle de dónde provenían los $93,115.24 que transfirió a Pablo Gómez y el motivo de esas transferencias. A pesar de insistentes llamadas y mensajes enviados directamente al teléfono del secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, el funcionario nunca dio una respuesta.

Factum también intentó gestionar un encuentro a través de su equipo de Comunicaciones, pero el resultado fue el mismo.

Un periodista de este medio asistió a una conferencia de prensa organizada por la Presidencia el pasado 19 de junio. El motivo de la conferencia, según lo explicó el secretario Lorenzana, era mostrar a la prensa el funcionamiento de las finanzas públicas en respuesta al caso de corrupción expuesto por la Fiscalía sobre la administración Funes; sin embargo, Lorenzana se negó a responder preguntas y en su lugar dejó al ministro de Hacienda, el presidente de la Superintendencia del Sistema Financiero y al presidente del Banco Central de Reserva para que lo hicieran. Ninguno de ellos pudo responder sobre la administración específica de las cuentas de Casa Presidencial.

Al final de la conferencia, el periodista de Factum intentó hablar con Lorenzana. Carlos Portillo, jefe del área de Comunicaciones de Casa Presidencial, aseguró al periodista que el secretario le iba a responder en ese momento y pidió unos minutos para que el funcionario pudiera ir al baño.

Al cabo de unos minutos, el periodista de Factum salió al patio de Casa Presidencial y vio a Lorenzana saliendo por la puerta trasera del salón donde brindó la conferencia y caminando de prisa hacia una sala privada flanqueada por dos guardias de seguridad. A pesar de que el periodista llamó varias veces a gritos al funcionario, este no volvió a ver.

Entrevista, guión y montaje: Jorge Andino

Apoyo técnico: Fernando Silva

Fotografía: Martín Cálix

En un café de la ciudad de Tegucigalpa, me encontré con Marianito, un músico polifacético, parte del inventario cultural de la capital y el país. En medio del caos de una ciudad donde se toman las decisiones políticas que nos impactan a todos, Marianito sonríe y cuenta historias de su vida dedicada a la música, esa que también nos puede salvar.

Texto: Fernando Silva

Foto: Martín Cálix

«Esperanza» y sus dos hijas salen de su barrio en Tegucigalpa con una pequeña cartera llena de recetas médicas y algunos lempiras para ir a comprar al mercado, pero antes tienen que enfrentarse al cuestionamiento de los miembros de la Mara Salvatrucha, quienes dan la autorización sobre quién entra o sale de su territorio. Tienen que responder ante aquellos que con amenazas provocaron hace 4 años que abandonaran su casa y huyeran hacia Estados Unidos. Hoy son migrantes retornadas y piensan en volver a aventurarse hacia «el sueño americano».

«Esperanza» habla despacio, como queriendo encontrar las palabras precisas que expliquen sus pensamientos; su piel y la de sus hijas se ve marcada por la pobreza, son pálidas y demacradas.

Las hijas de «Esperanza» tienen 10 y 15 años, ambas se enfrentan a una realidad de violencia en el país donde sólo entre 2014 y 2016 aproximadamente 2,300 menores de 23 años fueron víctimas de muertes violentas, según datos de la organización no gubernamental Casa Alianza.

Ante éste y otros factores, un estimado de 35 mil hondureños solicitaron asilo en el extranjero durante 2017, de acuerdo al recuento estadístico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Un dato que ha incrementado en un 53% durante el periodo presidencial del nacionalista Juan Orlando Hernández, mismo periodo en el que el Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte se puso en marcha con la esperanza de reducir el flujo migratorio hacia el país del norte.

Diversos sectores de la sociedad aseguran que la migración es un negocio estatal que está lejos de acabar. De ese negocio «Esperanza» y sus hijas parecen no darse cuenta, ellas sólo quieren vivir en un lugar distinto, mejor si acaso, lejos de la violencia de las maras que amenazan con violar a la mayor de sus hijas.

Inseguridad absoluta

Los mareros en el barrio de «Esperanza» les piden a los vecinos un vaso con agua como señal de confianza para luego obligarles a guardar paquetes de droga en sus casas. «Esperanza» les dio el vaso con agua, pero se negó ante esta exigencia y entonces los mareros amenazaron con quemar la casa en la que vive con sus dos hijas. «Hasta el momento, gracias a Dios no lo han hecho» dice con resignación.

Después de estas amenazas, «Esperanza» –de unos 50 o 55 años– decidió emprender, junto a sus dos hijas menores, el mismo camino de sus otros 7 hijos que ya habían abandonado el país por el peligro de las maras.

–Yo desarrollé en la frontera. –dice Ana, la de 15 años.

Se acercaban a Piedras Negra, ubicada justo en la frontera con Estados Unidos cuando sintió su primera menstruación. Allí, Ana fue capturada junto con 100 personas más, la separaron de su madre y luego fueron deportadas al infierno que les esperaba a su regreso en Honduras.

La separación de niños, y de niñas, migrantes como sus padres en la frontera entre México con Estados Unidos ha causado gran impacto mundial en las últimas semanas, pero no es una angustia nueva para los que cruzan la frontera y sus desiertos. La Red Jesuita con Migrantes estima que en 2016 un total de 40,522 menores fueron detenidos en México de los cuales un 42% viajaban sólo en búsqueda de llegar al otro lado de la frontera para reunirse con sus padres y madres.

Entre mayo y junio de 2018, en el marco de la política «Tolerancia Cero» del gobierno de Donald Trump, un aproximado de 2,300 menores que viajaban junto a sus padres fueron detenidos y separados en la frontera. Los niños fueron encerrados en jaulas y tratados de forma inhumana, lo cual desató una serie de reclamos internacionales y finalmente resultó en la cancelación de esta orden.

Después de que se frenaran estas acciones, diversos sectores del oficialismo en Honduras expresaron su agradecimiento al Presidente Juan Orlando Hernández, por el supuesto papel trascendental que tuvo para que esta situación se detuviera. Ante esta afirmación Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, dice que «es un mal chiste decir que Juan Orlando Hernández fue decisivo para echar atrás la medida».

Ruelas, quien desde 2013 dirige esta organización dedicada a rescatar menores en riesgo social, ha cuestionado siempre que la desintegración familiar sea el factor que el gobierno presente como causa principal de la migración infantil apuntando que el modelo político y económico que nuestros países siguen es una fábrica de migración irregular.

«Yo no vi ningún pronunciamiento del gobierno antes de que Trump echara atrás esta orden. Sí escuché un trabajo de relaciones públicas por parte de los medios de comunicación para decir que había sido trabajo del Presidente», afirma Ruelas, mientras se toma un café en su oficina, ubicada cerca del mercado de Comayagüela donde otros niños caminan descalzos a sabiendas de que en Casa Alianza tienen un lugar de puertas abiertas al cual acudir, ¿o no lo saben?, sin embargo rondan los alrededores con sus botes de resistol que inhalan debajo de sus camisetas intentando esconder lo evidente.

Según Ruelas estos menores viven en comunidades pobres donde generalmente hay violencia por lo que no les queda otra que huir. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) un total de 1,400 hondureños salieron de sus hogares debido a amenazas de muerte, extorsiones y reclutamiento de pandillas.

«Querían que les prestara a mi hija para ir a dejar unos paquetes pero yo les dije que si no me decían qué era, yo no iba a estar de acuerdo», dice «Esperanza» quien antes de aventurarse a Estados Unidos recibió amenazas de los pandilleros que le aseguraron que «cueste lo que cueste» su hija iba a trabajar para ellos. Huir fue su única opción.

Según Ruelas hay más menores huyendo que entrando en la violencia, pero ya que el gobierno actúa en función de las creencias ha decidido militarizar y no solucionar la problemática, que «no va hacia descubrir la cura del alzhéimer», sino hacia construir escuelas y hogares dignos para que se pueda vivir y no se recurra a la violencia.

«Esperanza» y sus dos hijas viven en el mismo barrio en el que eran amenazadas hace 4 años y sólo cuentan con una casa que el patronato les prestó. «Me quería ir para poder construir mi casita», dice, frotándose las manos y colocando la vista en el techo como imaginando un futuro quizá inalcanzable. Hace poco emprendieron un negocio de venta de tajadas de plátano pero tuvieron que cerrar ante la extorsión de los mismos que ya la han amenazado.

Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza. La organización que dirige Ruelas atiende a niños y niñas que atraviesan situaciones de violencia y abandono, muchos de ellos son desplazados desde sus lugares de origen, en búsqueda de mejores oportunidades intentan llegar a los Estados Unidos, una situación que en la mayoría de las ocasiones termina exponiendo a otros contextos de violencia a los niños. Foto: Martín Cálix

Economía perversa que termina en desgracia

«Lucía» es una joven de 16 años, llena de energía y amabilidad. Actualmente vive en un refugio en Tegucigalpa, pero a los 3 años tuvo que acompañar a su madre en dirección a Guatemala, quien se fue en búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo que le permitiera poder ampliar su negocio de duplicado de productos deportivos, zapatos básicamente. En Honduras no encontraban la forma de salir adelante. Por eso se fueron.

Su madre dejó atrás a toda su familia en Honduras y formó una nueva con un guatemalteco. Este hombre –cuenta «Lucía»– a medida que crecía, abusaba de ella. «Mi padrastro me tocaba, pero mi mamá no me creía», dice, y cuenta que ahora cursa el noveno grado como haciendo que no dijo lo que dijo, baja la cabeza, la vuelve a subir, encoge de hombros y continúa narrando su vida, su corta vida.

«Ella me golpeaba, parecía que se desquitaba la furia conmigo», continúa. Es así cómo un día después de una golpiza tuvo que ir sola al hospital. En este centro asistencial le enviaron hacia una casa hogar y finalmente llegó hasta El Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala donde hace más de un año, 41 niñas fallecieron víctimas de un incendio. «Lucía» las conocía a todas.

«Yo estaba en el salón del par y las escuchaba gritar, ellas siempre hacían mucho relajo pero no había razón para dejarlas encerradas en esa bodega. Ninguna de las monitoras apareció para abrirles», recuerda entre lágrimas al recordar a sus compañeras.

56 niñas fueron encerradas en un cuarto llamado la «Clase de Pedagogía» y que medía siete metros por seis metros. Este encierro –y de alguna manera– se genera un incendio en el que murieron 41 de las menores y sobrevivieron otras 15 con amputaciones en su cuerpo, algunas con sus rostros quemados.

Después de estos hechos «Lucía» fue repatriada por la embajada hondureña en Guatemala, y fue enviada a una casa hogar en Choloma de donde escapó al tercer mes por el trato que recibía. Como pudo, echando a andar una especie de ruleta de la suerte, la joven regresó a Guatemala con su madre, pero el círculo de la violencia en la que vivía se volvió a repetir y decidió escapar de regreso a Honduras. «Yo tenía mucho miedo, lo que había escuchado es que es el país más violento del mundo pues», cuenta la joven con cierto acento guatemalteco que parece haber ido perdiendo con los meses.

«Lucía» acababa de cumplir 16 años y a pesar del temor, emprendió su viaje gracias a la complicidad de la empresa de buses que le cobró 1,500 lempiras (unos 62 dólares) para pasarla por la frontera de Corinto siendo menor de edad. Relata con voz entrecortada que «al llegar a un punto nos dijeron que teníamos que bajar del bus a mí y tres niñas más, íbamos con tres hombres que eran como coyotes, pero luego nos desvían y nos piden el dinero».

«Luego me dice que me voy a tener que esforzar para poder cruzar la frontera y que si grito no me va a ayudar». «Lucía» fue violada en la frontera y espera un bebé como resultado de ser abusada, ahora se pregunta qué será de sus sueños y aspiraciones, abandonada por su familia en un país que no conoce del todo.

Ruelas –quien le ha dado refugio en Casa Alianza– afirma que el discurso oficial dice que la violencia es generada por los hijos pobres de familias desintegradas pero que es irónico que la política de empleo de este país sea «poner una maquila en el Valle de Sula para que las madres solteras de los alrededores vayan a trabajar en condiciones precarias y dejando a sus hijos». Las opciones de trabajo en Honduras son precarias y han obligado a que las madres decidan entre arriesgarse a pasar por múltiples peligros en la frontera o conseguir un trabajo que las explote, que le paga menos del salario mínimo y que les ajuste apenas para sobrevivir.

Además, Centroamérica carece de políticas y voluntad para proteger la niñez, el caso del Hogar Seguro en Guatemala se puede repetir en Honduras y en El Salvador.

Por otro lado, Ismael Zepeda, del Foro Social para la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH), asegura que el gobierno ejecuta una «política económica perversa» al no implementar acciones que realmente eviten la migración. «El trasfondo oscuro es que el Estado no quiere que el hondureño se separe completamente del país porque si pasa esto no seguirán entrando remesas», afirma.

Las causas de la migración se presentan como infinitas. Los casos de «Lucía» y el de «Esperanza» y sus hijas, parecen intuir una calle sin salida en la que la violencia jamás les abandona donde sea que vayan, como si estuvieran marcados ella los reclama más temprano que tarde.

«Lucía» tiene cuatro meses de embarazo. Un embarazo producto de una violación mientras intentaba regresar a Honduras –un país que no conocía– desde Guatemala, huyendo de la violencia de su hogar. Buscaba mejores oportunidades para su futuro, buscaba estudiar, ahora vive en una casa hogar, un refugio para niños y adolescentes, donde siente que ya no encaja debido a su embarazo. Foto:Martín Cálix.

Planes fracasados

«Lo que le han dicho a la sociedad es que cuando alguien migra lo violan o se une a pandillas», afirma Ruelas. También explica que estas son campañas de miedo que han provocado la estigmatización del migrante.

Uno de los últimos tweets de Ana García, Primera Dama de Honduras, confirma esta declaración: «Mediten la decisión, no se expongan a tantos peligros, no gasten sus recursos pagando a coyotes, los pueden dejar botados en el camino e incluso quitarle la vida a sus hijos. Al llegar a EEUU no está garantizado se queden, muchas familias serán deportadas», dice la publicación de la Primera Dama de Honduras, quien parece ignorar por completo la realidad por la que las familias huyen del país.

Según el director de Casa Alianza «le pasan la culpa a los padres y coyotes, mientras que el gobierno sólo es la buena persona que le dice a la gente que no migre porque le va a ir mal. No dicen cómo el gobierno ha fallado y van a buscar una solución». Los gobernantes no parece que comprendan que los hondureños no se van, los echan.

La respuesta del gobierno hondureño ante esta situación ha estado lejos de resultar efectiva. Según un informe de logros del gobierno de Hernández, sólo para el programa Vida Mejor entre 2014 y 2017 se invirtieron 800 millones de lempiras, además, se está destinando el 35% del fondo de las municipalidades y 4,500 millones de lo recaudado en el impuesto sobre la venta. Sin embargo, este gasto parece no ser efectivo, ya que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza en Honduras incrementó en un 3.1% durante 2017, pasando a un total de 68.8% de pobres en el país.

Para Ismael Zepeda –economista y analista del FOSDEH– los migrantes han asumido la verdadera responsabilidad de brindar educación, salud y bienestar que le corresponde a un Estado que parece ineficiente.

Esta ineficiencia también ha sido demostrada ante Estados Unidos quien ha visto que Honduras, Guatemala y El Salvador son incapaces de detener por sí solos la oleada de migrantes que buscan mejores oportunidades en el país del norte. Debido a esta situación en 2015 se pone en marcha el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAP). Un triángulo que según Ruelas, es una categoría militarista que invisibiliza a la región.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad es el resultado de una propuesta conjunta entre El Salvador, Guatemala y Honduras, y que tiene la intención de abordar los problemas estructurales que conducen a la diáspora de  niños no acompañados a los Estados Unidos. La propuesta fue elaborada inicialmente por los tres gobiernos centroamericanos con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Ludmila García, representante de la pastoral social Cáritas de Honduras, «estos programas no llegan a la raíz del problema y siempre representan paliativos. Además endeudan más al país».

Los fondos que el Congreso Estadounidense destinó al PAP en 2017 representaron 655 millones de dólares para los tres países dentro del plan, de los cuales el 46% son destinados a la Iniciativa de Seguridad de la Región de América Central (CARSI). Este programa, que nace de la Iniciativa Mérida, según la organización de derechos humanos Council on Hemispheric Affairs, ha sido ampliamente criticada «por militarizar la seguridad y usar mecanismos de cooperación multilaterales poco transparentes y que dan resultados perjudiciales».

«No hay resultados comprobables de la efectividad de este programa, en realidad, en el aumento de la migración se refleja todo lo contrario» afirma Ismael Zepeda.

Para recibir estos fondos los países tienen que poner una contraparte que en 2017 representó para Honduras más de 945 millones de dólares a cambio de 110 millones de dólares que son administrados por la cooperación estadounidense en el país.

Las principales líneas estratégicas de la Alianza para la Prosperidad enfatizan la promoción de proyectos de infraestructura y la inversión extranjera. En Honduras se traduce en políticas militaristas para ofrecer seguridad.

«Esperanza» se pregunta qué es seguridad, porque en su barrio no se conoce. «Solo estamos esperando que terminen la escuela para poder irnos otra vez», dice con la plena convicción de una madre que está dispuesta a arriesgarlo todo, todas las veces que sea necesario para salvar a sus hijas de la violencia, o del infierno, o de un país para el que son invisibles.

Nota: Se han cambiado los nombres de las sobrevivientes por su seguridad.

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Martín Cálix

«Quien que me atropelló solo me dejó 100 lempiras en la mano y se fue» cuenta María Luisa Lagos sentada en su silla de ruedas en el ala de mujeres del Asilo de Inválidos del Hospital General San Felipe en Tegucigalpa. Tiene 74 años y está interna desde hace nueve, el mismo tiempo que tiene de no poder caminar. A María Luisa la atropellaron en un mercado capitalino cuando salía de comprar los alimentos que vendía en la colonia Nueva Suyapa, conocida como una de las 15 colonias de Tegucigalpa con más homicidios en tres años, según datos oficiales.

A María Luisa en ese accidente no sólo le robaron la movilidad sino también la vida como la conocía, asegura que de haber reunido 40 mil lempiras para un implante de prótesis en su cadera no estaría en el asilo y seguiría trabajando para poder comprarse una casa «Le dije ¿y con estos 100 pesos que voy a hacer? Que ni para el taxi me ajustan, él solo se fue a agarrar el camión, yo no le podía ver el número. En la esquina lo agarraron los policías, ellos ni me vieron, sólo se le metieron a él, al ratito se bajaron y ya vi el camión que iba… arrancó, buscaban dinero para ellos» menciona el hecho como algo normal, su amiga le robó la mercancía y en el hospital le robaron mil lempiras más.

Las muertes de peatones son un problema grave. En 2017 las personas que más murieron en accidentes viales fueron peatones, a nivel nacional 525 personas perdieron la vida en atropellamiento, de acuerdo a las cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y aunque el dato no se encuentra segmentado en municipios, el departamento de Francisco Morazán es el segundo con mayor incidencia de muerte por accidentes viales.

La vida de María Luisa ha sido marcada por el despojo. Cuando tenía 10 años la pobreza la obligó a dejar la escuela para trabajar, al casarse construyó dos casas con su esposo, una la vendió muy barata a personas que se aprovecharon de un momento de crisis emocional, una de sus dos hijas se había suicidado; la otra se la quitó su esposo cuando ella decidió dejarlo.

Luisa de 75 años permanece confinada en su silla de ruedas en el asilo de ancianos de Tegucigalpa luego de un accidente vial donde fue atropellada intentando cruzar una calle. Desde su cama en el asilo ve el mundo de edificios que crecen afuera. Foto: Martín Cálix.

María Luisa conoció las consecuencias de la mortalidad vial desde antes de que la atropellaran, una de sus nietas murió así. Cuenta que cuando su hija murió, ella decidió criar a sus nietas que quedaban huérfanas, pero su ex esposo se las quitó porque decía que estaba muy vieja para cuidarlas, y las envió para la colonia El Hato, una de ellas escapó pero a la más pequeña –de 6 años- la atropellaron cuando iba a dejar basura «y ahí salía en el periódico toda embrocadita, con la bolsita de basura que le mandaron a dejar al lado. Desde entonces no le hablo a ese hombre, me la quitó para que la mataran. Ni al entierro quise ir» dice y luego mira un rato hacia el suelo.

La legislación nacional no contempla específicamente los homicidios por atropellamientos, el abogado penalista Celso Alvarado señala que en esos casos siempre se considera al conductor como autor de homicidio culposo, con una pena de entre tres y cinco años, «el problema es que las leyes de aquí no contemplan que si alguien va a 100 km/h en un lugar que sea a 20 km/h o me subo a una acera, ahí ya estoy siendo consciente de que represento un peligro y debería ser penado como un homicidio doloso» afirma y luego recuerda cómo mataron a una de su compañeras de secundaria cuando esperaba el bus para regresar a casa.

«Pago más si mato una vaca, me sale más caro que si mato a una persona» dice Tatiana Uclés, miembro de Apoyo Mutuo, una asociación de víctimas de accidentes viales mientras cuenta que en la práctica los juicios por atropellamiento son agotadores y suelen concluir con conductores en libertad y pagando fianzas equivalentes a 10 lempiras diarios (menos de cincuenta centavos de dólar).

Ilse Zepeda, coordinadora de esta organización, cuenta que la asociación en siete años de existir sólo ha visto que una de las 10 familias que la integran actualmente, consiguió sentencia en juicio. El veredicto fue libertad bajo fianza.

«Hay uno de los padres que me dice: a mí me ha dolido más el proceso, me he visto más dañado y desgastado, que en el hecho en sí de la muerte de mi hijo» y explica que en ese caso la justicia hondureña le colocó una orden de restricción a los familiares porque le causaban daño emocional a un conductor que en exceso de velocidad atropelló a cuatro jóvenes que esperaban un taxi colectivo.

«Es un tema de cultura en las personas poder entender que pueden exponerse a accidentes de tránsito» señala José Estévez, vocero de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV), e insiste en que el problema de los atropellamientos a peatones es por una «mala costumbre» del peatón que no usa las señalizaciones ni sigue las órdenes de las autoridades viales.

Ilse sabe que su hija no murió por un error de costumbre, ella cruzaba la calle con su hermana cuando un conductor a exceso de velocidad las atropelló. Una de ellas murió y la otra vive con el recuerdo constante de ese trauma «desgraciadamente tenemos una pésima educación en nuestros conductores donde más bien el peatón cruzando una calle es una molestia y eso hace que algunos conductores quieran echarle el carro encima o no quieran darle el paso y eso es preocupante» Las cifras del OV-UNAH señalan que el 43% de las personas que fallecen son peatones o ciclistas.

La Ley de Tránsito considera una falta grave no respetar el paso de preferencia de un peatón, esta ley fue modificada en 2008 durante el gobierno de Manuel Zelaya, las multas por infracciones que representan un peligro para el peatón  y otros conductores oscilan entre 400 y 600 lempiras (aproximadamente 16 y 25 dólares), cuando años atrás significaban hasta un tercio de un salario mínimo (alrededor de 120 dólares).

Desde Apoyo Mutuo señalan que la educación vial debe ser un tema institucional y no personal pues desde que se unieron como asociación hasta la fecha han vivido muchos cambios de directores y no pueden depender de que a las autoridades les interese el tema.

Una capital reestructurada para automóviles

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lleva 21 años en manos del Partido Nacional, actualmente Nasry Asfura Zablah funge como alcalde por segundo periodo consecutivo y aunque nunca se graduó de la universidad, su vida profesional desde hace años se la ha dedicado a la construcción. En 1995 fue Gerente General de la Empresa Constructora de Desarrollo S, R.L de C.V.

La relevancia que le da la municipalidad al peatón es clara, entre sus logros de 2017 destacan que invirtieron más de 1,500 millones de lempiras en proyectos de puentes a desnivel, rotondas y pavimentaciones, mientras tanto su Memoria Institucional dice que el presupuesto no ajustó para ningún proyecto peatonal que tenían en meta, entre ellos: 22 semáforos, 11 puentes peatonales, mil metros de bordillos, 1500 metros de aceras y casi 17 mil metros de cebrado.

El agente de tránsito Juan Ramón Cáceres junto a miembros de la unidad de Orden Vial resuelven un accidente en el bulevar Centroamérica. Foto: Martín Cálix.

Todo esto, a pesar de que Honduras ratificó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas que finaliza en 2020 dentro del que se incluye «Consignen un mínimo del 10% de los presupuestos de vialidad a los programas dedicados a la obtención de infraestructuras viarias más seguras» proyectos específicamente para la circulación segura de peatones, ciclistas y motociclistas.

De igual manera, en julio de 2017 la AMDC firmó una Ordenanza Municipal promovida por el regidor nacionalista, Erick Amador, en la que «todo propietario de inmueble, exista o no construcción está obligado respecto de la acera frente a su edificación, a mantener en buen estado de conservación y limpieza» es decir, se le quita responsabilidad a la AMDC de mantener en buen estado las aceras, una vía exclusiva para peatones.

Elvin Santos y su imperio de construcción  

La infraestructura capitalina tiene otro rostro detrás, una gran parte de los proyectos han sido adjudicados a la constructora Santos y Compañía, de la cual el gerente general es el diputado liberal Elvin Santos. Entre sus licitaciones se encuentra el proyecto del Bus de Transporte Rápido (BTR), más conocido como Trans 450 que la ganó junto a constructora Astaldi.

El Trans 450 se decretó en 2010 el gobierno municipal de Ricardo Álvarez y con un préstamo de 30 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmado a un plazo de 20 años con cuotas anuales de 22.3 millones de lempiras y aunque debía concretarse a un máximo de siete años, hoy lleva 8 en construcción aunque el  alcalde Asfura asegura que en 2019 comenzará a funcionar.

Asfura reconstruyó parte del Trans 450 en el bulevar Centroamérica para añadir un túnel para automóviles con un valor de 60 millones de lempiras y 17 adicionales para un paso peatonal, proyecto adjudicado nuevamente a Santos y Compañía en consorcio con la compañía JF Construcciones.

Tráfico en horas de la tarde en el bulevar Centroamérica de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

Con este consorcio ha obtenido varias licitaciones importantes de construcción en la capital. Entre ellas, el paso a desnivel de Juan Pablo II con un gasto estimado de 76 millones de lempiras, un túnel en la intersección del bulevar Centroamérica un túnel entre la Kennedy y Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), desarrollado con alrededor de 117 millones de lempiras.

El año pasado, el Congreso Nacional le adjudicó un contratos de 22 millones de lempiras por mezcla asfáltica a la con la constructora Santos y Compañía.

El apoderado legal de la empresa, Juan Barrientos, estuvo entre los 18 candidatos nominados para la elección del Fiscal General de la República y su gerente general, Elvin Santos, está siendo acusado y bajo investigaciones después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) lo nombraran dentro de un caso de corrupción donde 99 millones de lempiras se drenaron para el financiamiento de campañas políticas en 2013.

El problema de estos proyectos urbanos es que entre tanta inversión se construyeron y pensaron excluyendo a los transeúntes, crearlos significó un aumento de carriles y la destrucción de innumerables puentes peatonales. Para Ilse Zepeda el país se está atrasando en materia de reordenamiento vial pues el tema que le sigue al decenio son las ciudades sostenibles «si cortamos los árboles para meter un Trans no pensamos en zonas sostenibles» y señala que la ciudad debería organizarse de manera que los medios de transporte circunden la ciudad y en las zonas más céntricas se utilicen transportes no contaminantes como bicicletas.

Grafiti contra el Trans—504 que quedó en el abandono durante la administración del nacionalista Ricardo Álvarez. Foto: Martín Cálix.

La desaparición de puentes peatonales

Aunque los cambios de infraestructura benefician al automovilista, desde la perspectiva peatonal hay más vulnerabilidad. A muchas zonas se le eliminaron los puentes peatonales, como en el bulevar Centroamérica y el Suyapa. Por ejemplo, frente al Hospital Escuela Universitario hay que cruzar 8 carriles sin puente o siquiera un semáforo para peatones.

«En algunos puntos críticos es necesaria la instalación de estas estructuras, pero los puentes para peatones están en tendencia a desaparecer» sentenció  Roberto Zablah, director de Infraestructura Vial de la AMDC a inicios de 2017. De acuerdo a Zablah los proyectos para peatones serán los semáforos peatonales que estarán ubicado en 19 lugares.

Este proyecto tiene un costo de 60 millones de lempiras pues aseguran que serán capaces de detectar la demanda peatonal y con avisadores acústicos para las personas no videntes. Sin embargo, aunque estos semáforos acústicos deben asegurar el paso completo de la calle para una persona no vidente, en el Bulevar Morazán de Tegucigalpa hay un semáforo acústico el cual  aparece en verde para que el carril doble a su derecha y al mismo tiempo suena para que las personas crucen.

En nuevos proyectos, como un puente a desnivel en la zona de La Reforma, la municipalidad contempla que el paso de peatones sea a través de las cebras en el asfaltado por lo que los peatones deberán cruzar al menos seis carriles de carros sin semáforos.

De igual manera, durante el gobierno municipal de Ricardo Álvarez se construyó un puente peatonal de metal en la avenida La Paz. En esa zona se encuentra a pocos pasos el  hospital San Felipe, el asilo de ancianos, paradas de puntos de taxis colectivos y  buses así como un centro comercial. En 2016 la AMDC lo removió aduciendo que lo reubicarían más cerca del hospital, pero esto no ha sucedido y fue sustituido por unas cebras que están justo al lado de una rotonda y cercas metálicas en una de las aceras de esa zona.

Las autoridades municipales planean cambiar los puentes peatonales por pasos subterráneos, sin embargo esta solución no es del todo inclusiva pues no contempla a las personas claustrofóbicas ni la inseguridad en el país «yo ni puedo dormir en un cuarto con las cortinas cerradas ¿Cómo pretende el ingeniero o pensante que yo pase por ahí si me bajo en Miraflores y tengo que agarrar taxi al otro lado? ¿Cuántas personas como yo habremos? ¿En un momento de delincuencia como pretenden que uno no tenga miedo de eso también, si asaltaban arriba?» cuenta Tatiana, habitante de la colonia San Ángel, cerca de la zona donde se construyó el primer paso subterráneo de la capital.

Orden Vial, nuevos semáforos humanos

En una de las ocho salidas que dan paso a una rotonda en el Bulevar Centroamérica se encuentra Jenny Aguirre, una inspectora de Orden Vial. Basta con que Jenny se coloque unos minutos en algún carril lleno de tráfico para descongestionar esa zona, ella dirige a todos sus compañeros como si fuera un semáforo, da paso a los vehículos conociendo bien en que salidas circulan más carros y cuánto espacio de tiempo se necesita para mantener cada salida en igual orden.

El Bulevar Centroamérica es el sitio de la capital que más remodelaciones ha sufrido en los últimos años, y donde diariamente circulan cerca de 50 mil vehículos, según cálculos de la Gerencia de Movilidad Urbana de la capital, un 11% del censo vehicular de la capital.

Jenny es madre soltera con dos hijos a su cargo y lleva más de un año trabajando en las calles de Tegucigalpa por un sueldo de 5 mil lempiras, un poco más de la mitad del salario mínimo, lo hace desde el mediodía hasta las 7 de la noche, a veces hasta más tarde «trabajamos bajo el sol, bajo el agua, si nos piden que lo hagamos en la noche lo hacemos y si nos solicitan trabajar de noche con cosas como que la bandera que esta enredada, que hay que montar vigas, cerrar calles porque van a hacer asfalto, montar rótulos, los jerseys de concreto de Elvin Santos. Trabajamos toda la noche hasta el otro día» lo cuenta con alegría, normalizada con esa rutina.

En la rotonda del bulevar Centroamérica, Jenny, ordena, orienta, se vuelve el corazón que impulsa el trabajo de sus compañeros y de sus compañeras que intentan hacer que el tráfico fluya con rapidez. Foto: Martín Cálix.

Son 600 inspectores de Orden Vial los que existen en toda la capital, los espacios en los que trabaja Jenny son un reflejo de la poca educación vial de muchos conductores porque la gente no respeta las señalizaciones y quieren conducir pensando en llegar primero a todos lados.

«Apenas miran un azul de tránsito, un uniformado en la rotonda. Todo el mundo trabaja educadito, pero a nosotros nos hacen leña porque no nos respetan» dice Jenny, quien también manifiesta que a Orden Vial nadie le tiene respeto.

En menos de una hora al menos cinco personas le habían gritado, insultado y mostrado señas a Jenny quien dice que ese escenario es el mismo todos los días «aquí le sacan la mamá, el papá, el gato, el perro, el loro y todo. Pero quiero aclarar algo, son más irrespetuosos los hombres que las mujeres» cuenta que suelen gritarle que no sirve para nada más que estorbar.

A Jenny y a sus compañeras no sólo le toca aguantar el sol, la lluvia y el cansancio de controlar el tráfico en la ciudad, también deben trabajar bajo  incontables casos de acoso callejero «los buseros, los taxistas y particulares me dicen adiós mami, ay qué rica me dice la gente nunca estas enojada, siempre te estás riendo y sí, les digo cosas como avanza papi, movelo que son frases que suelo usar y entonces todo el mundo se ríe y ya me responde si mami ¿Cómo querés que lo mueva?» Jenny suspira, como quién siente que no puede controlar esa situación.

Ese día golpearon a Jenny, un automóvil no atendió a su parada y tuvo que detenerlo con la mano. A Jenny le dieron 10 días de incapacidad, pero dice que fácilmente la historia podría ser otra, al final del día ella solo es otra persona más fuera de un carro en medio de las salvajes calles de Tegucigalpa.

La construcción de este fotoensayo comenzó hace nueve años, en primera instancia, como una mirada a un país donde la tierra es generosa y tiene la extensión geográfica suficiente para brindar sustento y espacio decoroso a cada familia hondureña. La población hondureña resiste las embestidas directas del sistema que los vuelve inmigrantes dentro de su propia nación. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en 2015 alrededor de 41,000 hogares, más de 174,000 personas fueron desplazadas internamente en 20 de los 298 municipios del país entre 2004 y 2014; lo que equivale al 4% del total estimado de hogares en dichos municipios. Los desplazados internos son más vulnerables que aquellos que cruzan las fronteras, dado que para preservar la vida se ven obligados a satisfacer a grupos criminales que dominan los barrios hondureños o, en otros casos, el ansia de poder del consorcio extranjero o nacional; del terrateniente o funcionario público.

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En un minuto te puede cambiar la vida en Honduras. Aunque sea para mal. Eso lo sabe Luna* quien a sus 48 años de edad, pasa los días errante, escondiéndose y bajo la zozobra de si hoy o mañana será su último día.

«Luna» de 54 años sospechaba que jóvenes de la comunidad extorsionaban a su hijo de 21 años; en la imagen, tomada el 1 de marzo, cuenta como él recibió una llamada telefónica en diciembre de 2016 y salió de su casa, a una cuadra y media de la misma fue asesinado, una semana después del hecho, la madre de Susana también fue ultimada a balazos, por lo que ella junto a los hijos que sobreviven, tuvieron que huir y refugiarse desde entonces en la clandestinidad.
 

Pero no siempre fue así. Luna* residía junto a su madre y sus cuatro hijos en una aldea cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde la familia suplía las necesidades básicas con un pequeño negocio, hasta que las pandillas cambiaron sus vidas para siempre.

Las principales pandillas en Honduras son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), que han disparado los niveles de desplazamiento interno y externo de personas que huyen de la violencia.

«Luna» realiza labores domesticas, el 1 de marzo, en un refugio en Tegucigalpa Honduras. Después de vivir tranquila de las ganancias que le dejaba su negocio, hoy pasa sus días errante, escondiéndose y bajo la zozobra si hoy o mañana será su último día. Las maras, en menos de una semana, le arrebataron la vida a uno de sus hijos y a su madre, al tiempo que la emplazaron para que en cuestión de horas abandonara su casa o de lo contrario la mataban a ella y al resto de sus vástagos.
 

«Yo vivía tranquila en mi pueblo con mis hijos y mi mamá, tenía un mercadito y de eso pasábamos [subsistían], pero los mareros me lo quitaron todo. Ahora ando huyendo y estoy esperando poder salir del país», Luna lo cuenta entre lágrimas.

De acuerdo con Luna, los problemas comenzaron cuando recibió una nota exigiendo el llamado «impuesto de guerra» o extorsión, que es el pago semanal o mensual que las pandillas exigen a los dueños de negocios, a cambio de permitirles operar en lo que ellos consideran su territorio.

 

El costo de la vida

Se estima que en el país los más afectados con este cobro son los empresarios del transporte público: «Una mara o pandilla extorsionando al transporte público en Tegucigalpa puede tener ganancias netas de hasta USD $2.5 millones por año», según el informe Maras y pandillas en Honduras, elaborado por InSight Crime y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Pero también se ven afectadas la micro, pequeña y mediana empresa. Además, las pandillas han extendido sus actividades ilícitas al narcomenudeo, robo de autos, secuestro y el sicariato.

 Miembros de la Policía Nacional de Honduras patrullan, el 10 de marzo, una zona controlada por pandilleros en Tegucigalpa, Honduras. El portavoz del organismo de seguridad, Jair Meza, declaró a DPA que «se hacen esfuerzos por mantener presencia en barrios, colonias y aldeas invadidas por los grupos criminales, para tratar de contrarrestar su accionar y que la gente se sienta segura». Pese a lo anterior, la violencia ha desplazado internamente unas 174.000 personas entre 2004 y 2014 en tan solo 20 municipios de los 298 que conforman la nación centroamericana, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
 
 

Por otro lado, el informe señala que no existe consenso en cuanto a la cantidad de integrantes y simpatizantes de las pandillas, pero cálculos oficiales y de ONGs como Save the Children, en su libro «Las maras en Honduras»  publicado en 2002 ubica la cifra en 34,202 en base a datos arrojados por la Unidad de Prevención de Pandillas de la Policía Preventiva de 1999.

Y agrega que: «Muchas veces la pandilla promete que será un sólo pago, lo cual rara vez o nunca es cierto. Este pago “único” puede ser de hasta 2,000 lempiras (aproximadamente unos USD $84). Después de esto, pasa a ser un pago semanal de entre 300 a 500 lempiras».

El precio por no pagar la extorsión es muy alto. Luna explicó que ante su negativa, en menos de una semana los pandilleros asesinaron a uno de sus hijos y a su madre, además, «me dieron un par de horas para que abandonara mi casa o sino mataban a mis otros tres hijos».

«Luna» de 54 años, revisa, el 1 de marzo, fotos de su hijo asesinado en una comunidad cercana a Tegucigalpa, Honduras. Las maras, en menos de una semana, le arrebataron la vida a dos familiares, al tiempo que la emplazaron para que en cuestión de horas abandonara su casa o de lo contrario la mataban a ella y al resto de sus vástagos.
 
 

En ocasiones, los grupos criminales se apropian de las residencias abandonadas o usurpadas para utilizarlas como «casas locas», un término que se refiere «…a un lugar utilizado para interrogar y torturar personas. Es una casa de escape y también sirve como depósito de almacenamiento, todo esto en un mismo lugar…», al margen de eso, Luna y sus hijos esperan que un gobierno amigo apruebe su solicitud de asilo para huir del terror de las pandillas.

Miembros de la Policía Nacional irrumpen, el 10 de marzo, en una vivienda en la colonia San Miguel Arcángel, la cual fue abandonada por sus propietarios, luego que pandilleros del “Barrio 18” asesinaran a uno de sus hijos por su negativa para ingresar a la mara.
 

Infancia tomada por asalto

El caso de Luna no es aislado. Según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), registra que en una década (de 2006 a 2016) en Honduras el desplazamiento interno afectó al menos a 174,000 personas.

El NCR es una organización humanitaria que opera en el país centroamericano desde 2015, y responde a las necesidades de protección relacionadas con el desplazamiento o el riesgo de desplazamiento, causado por el crimen organizado, las maras y pandillas. Cuenta con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En una visita reciente al país, la alta comisionada adjunta del Acnur, Kelly Clements, conoció la realidad de los desplazados internos: «Durante mi viaje conocimos comunidades impactadas por la red de maras y pandillas, y las personas viven muchas dificultades en cuanto a poder moverse libremente y buscar ayuda», dijo.

Kelvin Mendoza vivía en un predio denominado Rancho El Coco, en San Pedro Sula, Cortés al norte de la capital. En la gráfica aparece sentado, desencajado por su suerte, las de sus padres y seis hermanos más, frente a una columna de policías que esperaban la orden para desalojar con violencia a los habitantes de la zona.
 

Clements relató que «hemos visto que los niños están bastante afectados por el reclutamiento forzoso [a las pandillas], lo que no les permite ir a la escuela y muchos maestros son amenazados en diferentes escuelas. Hay mucha preocupación por la crisis que vive Honduras».

El NCR coindice con estas declaraciones, al afirmar en su sitio web que la violencia generalizada afecta especialmente a niños y niñas. «Los niños y niñas, a partir de los 8 años, participan coaccionados o forzados en actividades de apoyo a las bandas criminales: vigilancia, información, cobro de extorsión y tráfico de estupefacientes», afirma el portal y considera que pese a los esfuerzos, «el Estado no ha logrado prevenir el desplazamiento o responder de manera sistemática a las necesidades inmediatas de las personas y familias desplazadas… tampoco se han implementado medidas efectivas que promuevan la protección de los civiles antes del desplazamiento».

Entre Trump y el muro

El panorama se complicó después que el Presidente estadounidense, Donald Trump, arremetiera el 3 de abril contra la caravana denominada «Viacrucis Migrante 2018» en su cuenta oficial de Twitter, y amenazara con suspender la ayuda que su gobierno da al Estado hondureño.

Trump escribió: «La gran caravana de gente de Honduras, que ahora viene a través de México y se dirige a nuestra frontera de las “leyes débiles”, es mejor que se detenga antes de que llegue allí. La “vaca lechera” del NAFTA está en juego, al igual que la ayuda extranjera a Honduras y los países que permiten que esto suceda. ¡El Congreso debe actuar ahora!».

Un día después, el ministro de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz, aseguró en conferencia de prensa que «Honduras es el país que más eficiente ha sido en combatir las causas de la migración [hacia Estados Unidos]». Y agregó que «hay otros logros que evidencian los esfuerzos del gobierno hondureño para combatir las causas de la migración como la fuerte lucha contra el crimen organizado».

«Brayan» de 34 años permanece recostado en un refugio en una de las ciudades más peligrosos del mundo. En pocos lugares, salvo en zonas de guerra, son asesinadas y desplazadas tantas personas como en Tegucigalpa. La familia de Brayan y él han experimentado de primera mano la violencia, viven escondidos en un pequeño apartamento del cual no salen por precaución, luego de haber sido expulsados cinco meses atrás del barrio donde su ubicaba su casa tras tener un altercado con la mara, como se le llama en Honduras a las pandillas, cuyos integrantes se dedican a la venta de drogas mediante el reclutamiento de niños y jóvenes, manteniendo el control de territorios mediante extorsiones. “Vivimos encerrados en estas cuatro paredes hace cinco meses, no perdemos la esperanza de salir de Honduras. Mi intención nunca fue salir de mi país, tenía un buen trabajo, mi negocio de transporte, vivía bien”, relata Brayan, una de las 174 mil personas desplazadas internas, en tan solo 20 de los 298 municipios que conforman Honduras, y que similar a la mayoría esperan poder salir de país para preservar sus vidas.
 

El rostro de Bryan cambió al escuchar las declaraciones de Díaz. Los rayos que irradia la televisión frente a él le dan un aspecto lúgubre, sin esperanza; a decir verdad, todo su cuerpo, moldeado por las horas en el gimnasio al cual ya no tiene acceso, se estremeció y dejó de comer una fruta que momentos antes tomó de la alacena, a la vez que balbuceaba sobre las dificultades que se avecinaban para él, su esposa y su hijo de 8 años.

Bryan es uno de los miles de desplazados internos que esperan salir del país. Ha tenido que pasar escondido en un pequeño apartamento, del cual no sale porque tuvo conflictos con las pandillas.

«Vivimos encerrados en estas cuatro paredes hace cinco meses, no perdemos la esperanza de salir de Honduras. Mi intención nunca fue salir de mi país, tenía un buen trabajo, mi negocio de transporte, vivía bien, pero las maras me forzaron a buscar esa salida», relata mientras su hijo juega junto a él, ajeno al peligro que se cierne sobre la familia.

Los amos de la selva de concreto

Bryan apaga el televisor para contar su historia. «Mi hijo pregunta por qué no podemos ir al centro comercial a comernos un helado o al parque a montar la bicicleta», cuenta e inclina la cabeza, se toma la frente y sus ojos se inundan de lágrimas.

Todo comenzó en 2009, cuando la madre de Bryan abrió una tienda de abarrotes. La economía familiar fue prosperando como lo esperaban; Bryan incursionaba en la venta de automóviles usados y su hermano mayor tenía un empleo en el gobierno y abrió un taller de soldadura.

La bonanza económica era notoria y eso no pasó inadvertido por la pandilla que «controla» el barrio capitalino donde se ubicaba el negocio y la casa familiar. ¿La consecuencia?: pronto le exigieron el «impuesto de guerra» a la madre de Bryan.

La señora llegó a pagar hasta 20 mil lempiras a la semana (unos US $834), por la «protección y permiso de funcionamiento» que los pandilleros solicitaron. Cuando Bryan supo lo que sucedía, creyó que recibiría ayuda de unos chicos que fueron sus amigos de infancia y que ahora integraban la pandilla.

«Les reclamé porque creí que eran mis amigos, les dije que por favor no le siguieran cobrando el “impuesto de guerra” a mi familia, que nos dejaran vivir en paz porque nosotros no le hacíamos daño a nadie; les rogué que me ayudaran», asegura al tiempo que la impotencia se apodera de su mirada.

Lejos de prestarle ayuda, los pandilleros golpearon salvajemente a Bryan y le dieron tan sólo 6 horas para abandonar el barrio junto a su esposa e hijo. Ahora ruega por una oportunidad para huir del país y salvar la vida de su familia.

Bryan residía en una zona denominada «caliente», que son aquellos barrios y colonias capitalinos donde la presencia de las pandillas es dominante. Al hacer un recorrido por esas zonas, se percibe esa inquietante calma que produce el estar en el ojo del huracán, donde si bien no hay nubes, ni lluvias, ni vientos veloces, se está en el centro de un fenómeno mortal.

«Hacemos esfuerzos por mantener presencia en barrios y aldeas invadidas por los grupos criminales, a fin de tratar de contrarrestar su accionar y que la gente se sienta segura, además se hacen operativos para capturar a los pandilleros y sus cabecillas», dijo el vocero de la Policía en ese entonces, Jair Meza, pero historias como la de Bryan o de Luna demuestran que eso no es suficiente.

Energía «limpia» por sangre lenca

La realidad en el interior del país es similar a la vida en la ciudad, pero con diferentes actores: personas de escasos recursos son desalojados violentamente por empresarios sin escrúpulos. Por ejemplo, en la región occidental existe un municipio en el cual se toman muy en serio la protección ambiental: San Francisco de Ojuera, en Santa Bárbara. Aquí es usual ver paredes pintadas con mensaje exhortando a los pobladores al cuidado del entorno. A pocos kilómetros se erigía una amenaza: la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), intentó echar a andar la represa Agua Zarca en la ribera del río Gualcarque, misma que tras la muerte de Berta Cáceres abandonó la zona.

 Familiares durante el funeral de la activista indígena Berta Cáceres, quien fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo en La Esperanza, en el oeste de Honduras.
 

El asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en 2016, está estrechamente ligado con Agua Zarca, proyecto denunciado junto a 50 más por el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), donde Cáceres fungía como coordinadora. Dos años después del crimen, la policía hizo el noveno arresto por el caso. Se trata de Roberto David Castillo Mejía, quien era presidente del Consejo de Administración y representante legal de DESA cuando la activista fue asesinada, fue detenido cuando pretendía salir del país, por suponerlo autor intelectual del hecho.

 Personas caminan frente a una pared con un mensaje que exhorta a los pobladores de San Francisco de Ojuera a la protección del medio ambiente.
 

De acuerdo con información pública, Castillo Mejía se graduó en la academia militar de West Point, con sede en Estados Unidos. Por otro lado, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), explica que Castillo fue subteniente de Inteligencia Militar, y que mediante acuerdo No. OM024 del 21 de mayo de 2008 «pasó a la condición de adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, por encontrarse desempeñando el cargo de Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)» [Ibíd].

Hasta 2017 el imputado fue presidente de Potencia y Energía de Mesoamérica S.A (PEMSA), una sociedad anónima registrada en Panamá uno de los dos principales accionistas de DESA.

El ex subcoordinador del Copinh, Tomás Membreño, confirmó que Cáceres recibió constantes amenazas. «Hay amenazas claras que le lanzaron a Berta y a muchos más, porque luchaban contra la construcción de la hidroeléctrica, fue el propio alcalde Raúl Pineda [de San Francisco de Ojuera] que la amenazó por su lucha».

Por eso no es extraño que una investigación de Global Witness sentencie que: «No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras». Esa organización denuncia que 122 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en el país entre el 2010 y el 2016, y que muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

 Vista del río Gualcarque en el occidente de Honduras. Pese a la lucha que Berta Cáceres inició en 2006 para salvar el afluente, y que podría desplazar a comunidades indígenas, el proyecto para construir la represa Agua Zarca sigue en curso.
 

El valle de las sombras

«No “compa”, ahí yo no entro, ahí tiran [matan]», dijo temeroso un campesino, cuyo nombre se omite por seguridad, cuando se le pidió ir al Tumbador, una finca de palma africana ubicada a pocos minutos de la aldea Guadalupe Carney, en la ciudad de Trujillo, Colón, al norte de Honduras.

Su temor es comprensible, si se considera que dos días antes (el 15 de noviembre de 2010) cinco campesinos fueron masacrados en un intento por recuperar tierras que le pertenecen al Estado, pero que han sido acaparadas por unos pocos empresarios, según denuncia del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).

Un helicóptero sobrevuela la comunidad Guadalupe Carney el 15 de diciembre de 2010, unos 600 efectivos del Ejército y la Policía rodearon y militarizaron la comunidad en Trujillo, Colón, donde está asentado el Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
 

La masacre se registró a manos de los guardias de seguridad de una finca propiedad del extinto empresario Miguel Facussé Barjum, fallecido en 2015. Pese a eso, el tribunal local dictó sobreseimiento provisional para los autores materiales de estos crímenes, aumentando la desconfianza en la administración de la justicia en los tribunales nacionales.

La finca El Tumbador está ubicada en la zona conocida como el Bajo Aguán o Valle del Aguán, que se refiere a la zona que rodea el río Aguán. Todo el valle cubre 200,000 hectáreas. Este conflicto involucra a 600 mil campesinos y a tres terratenientes: Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales.

A inicios de la década de 1970, el Estado focalizó la reforma agraria en la zona del Aguán e incentivó el cultivo de la palma africana en la región, al promover la organización de cooperativas campesinas dedicadas al rubro. Así, se gestó una migración de poblaciones del sur y occidente a esa zona, que recibían créditos, asistencia técnica y tierra por parte del gobierno pero con la condición de que sólo sembraran palma africana.

Pero en medio de ese estímulo productivo, el gobierno cedió en 1983 al ejército estadounidense 5,700 hectáreas, incluida la zona donde se ubica actualmente la finca El Tumbador, para instalar el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), donde entrenaron a militares salvadoreños, hondureños y de la Contrarrevolución nicaragüense como plataforma de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional», para combatir las ideologías, organizaciones o movimientos que desde Centroamérica pudieran apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría.

Relegados al olvido

Con la instalación del CREM iniciaron los litigios legales de estas tierras. En 1987, el latifundista estadounidense Temístocles Ramírez comprobó que una década antes había comprado esas tierras por un costo de US $75 mil dólares (165 mil lempiras al cambio de aquel momento), demandando al Estado hondureño por el uso indebido de sus propiedades.

 

Una madre y sus hijos descansan en un improvisado albergueUna madre y sus hijos descansan en un improvisado albergue
Una madre y sus hijos descansan en un improvisado albergue montado en la escuela de la comunidad Guadalupe Carney, la noche del 9 de diciembre de 2010, luego de ser desalojados de manera violenta de la finca San Isidro, departamento de Colón, en el norte de Honduras.

Presionado por la Cámara de Representantes de EEUU, el Gobierno de Honduras adquirió a título de compra y venta ese predio por US $17 millones. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de Honduras, sostiene el portal digital del MCA.

En 1991 durante la administración de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), la Procuraduría General de la República (PGR) traspasó esos predios en dominio pleno al Instituto Nacional Agrario (INA), para ser vendidos a grupos campesinos organizados sin tierra. Para este propósito, se aprobó la Ley de Municipalidades, la cual permitía a las alcaldías vender las tierras no tituladas, nacionales y ejidales. Sin embargo, desde 1990 hasta 1993, la municipalidad de Trujillo, Colón, vendió esas tierras a terratenientes, corporaciones, policías, ganaderos y políticos.

Jóvenes jornaleros regresan al asentamiento campesino, luego de un día de trabajo en el Valle del Aguán, Honduras.

Desde 2015, el ex Presidente Callejas enfrenta un proceso judicial por suponerlo responsable de siete actos de corrupción, pero lo que determinó su encarcelamiento y extradición fue el escándalo de corrupción en la FIFA, denominado «FIFA Gate». Un año después, Callejas se declaró culpable de dos cargos de corrupción en la corte de Nueva York. El ex mandatario hondureño se desempeñó como titular de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), durante más de una década.

Al margen de eso, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos Del Aguán (OPDHA), registra en su informe que hasta mayo de 2014 hubo «129 víctimas de este conflicto agrario (123 muertes y 6 desapariciones forzadas)».

Así, la historia contemporánea de Honduras se adapta de manera fabulosa a dos preguntas que plantea el escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su obra Las Venas Abiertas de América Latina: ¿Es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país?, ¿tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? Son pobres por ser ricos.

*Luna y todos los nombres en este fotoensayo son ficticios para proteger la identidad de las personas que aun siguen en desplazamiento por amenazas diversas.

Hoy el Congreso Nacional ratificó a Oscar Chinchilla como fiscal general, reelecto de manera inconstitucional, según el abogado experto en Derechos Humanos Joaquín Mejía, porque no estaba en la nómina de 5 candidatos seleccionados por el Legislativo. El proceso debió iniciarse de nuevo si se consideraba su reelección. Por otro lado, Daniel Arturo Sibrían Bueso elegido Fiscal Adjunto fue jefe de la División Legal del Ministerio Público y asesor del despacho de Chinchilla y fue su asistente cuando éste era Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Pero Chinchilla es solo una pieza, así es el Ministerio Público, con una crisis que viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

Texto: Jennifer Avila

Fotografía de portada: Hansel Brooks, joven asesinado en la masacre de Ahuás 2012. Por: Martín Cálix

Un Tribunal de La Ceiba absolvió ayer al único policía en juicio por el asesinato de una de las víctimas en masacre perpetrada hace seis años en Ahuás, Gracias a Dios. El acusado era Alex Robelo, un miembro de la policía de frontera hondureña asignado a la Unidad Élite de Embajada Americana y DEA en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la Moskitia hondureña. Al policía se le acusaba de la muerte de Emerson Martínez, el guía del pipante que fue atacado en el operativo y fue absuelto por falta de pruebas en un juicio plagado de racismo y falta de diligencia por parte del Ministerio Público, ente acusador.

El programa de colaboración de la DEA con el Estado de Honduras en 2012 era conocido como el Foreign-deployed Advisory Support Team, o equipo de asesoría con despliegue en el extranjero. Sus integrantes recibieron entrenamiento militar para combatir a traficantes de opio vinculados al Talibán en la guerra de Afganistán pero después se expandió a América Latina en 2008 con el fin de combatir el narcotráfico trasnacional, y desembocó en la tragedia de Ahuás.

En mayo de 2012 murieron 4 personas, una de ellas era una mujer embarazada. Era de noche y un grupo de al menos 16 personas miskitas viajaban a Ahuás, el pipante -barcaza tradicional de los miskitos- iba lleno y era conducido por don Melanio un anciano del pueblo que se dedicaba con su esposa Hilda al oficio de sacabuzo, se encargaban de trasladar buzos de Ahuás a los cayos en tiempos de pesca. De regreso don Melanio daba jalón a las personas de la comunidad y sí, viajaban de noche, algo muy normal en los miskitos que por el sol inclemente del día prefieren viajar en la frescura de la oscuridad.

La DEA dijo en ese momento que las víctimas eran traficantes que habían atacado a los agentes e intentado capturar un cargamento de cocaína que había en otro pipante que en un momento se encontró con el de las víctimas, pero al final, un par de años después salió a la luz que el inspector general del Departamento de Justicia, en su reporte de 424 páginas, no encontró evidencia que respaldara la versión de la DEA.

Lea: La DEA mintió sobre la muerte de civiles en Honduras en 2012

Pero ahora, en esta parte del proceso judicial en el caso no hubo pruebas suficientes, determinó el Tribunal hondureño. La defensa del policía insistió en todo el juicio que el oficial Robelo disparó por miedo, disparó mal y la bala rebotó y así terminó atravesando dos costillas, el hígado y alojándose en el corazón de Emerson. Y ese es el muerto que contó para la justicia, porque en la exhumación lograron recuperar la bala que quedó en su cuerpo y comparándola determinaron que venía  de un fusil policial. Pero no se pudo comprobar que ese fusil estaba asignado a Robelo. En medio de una lluvia de balas que esa noche mataron a 4 personas e hirieron a otras más, solo una bala podía hacer algo de justicia. Pero se discutió tanto de la bala que al final no se pudo comprobar que fue disparada por el oficial que ahora está totalmente absuelto.

«Yo solo espero que se haga justicia», dijo tajante el acusado después de las conclusiones en las que la fiscalía junto con los acusadores privados pedían condena máxima por homicidio simple y por el delito de abuso de autoridad y la defensa pedía absolución.

Robelo sería el tercer policía que sale bien librado de las acusaciones en este caso. Noel Hernández, oficial a cargo del operativo, jefe de Robelo fue sobreseido provisionalmente en el proceso de audiencia preliminar y hasta sirvió de testigo de la defensa de Robelo. También fue sobreseido provisionalmente Luis Vallecillo Cedillo, también oficial hondureño. Ninguno de estos han dicho haber visto a algún miembro de la DEA disparar esa noche.

Recomendamos: Nosotros no somos narcotraficantes, que lo reconozca el Estado y la DEA

Revivir la pesadilla

Las mujeres familiares de las víctimas en Ahuás, las mismas que sobrevivieron al ataque, lloran cuando cuentan la historia como si hubiera sido ayer. Han pasado 6 años y aun ruedan las lágrimas, se le sube la presión a doña Hilda, Lucio no puede continuar el relato, todos desconsolados no entienden porqué es tan difícil de esclarecerse un caso en el que oficiales armados disparan contra una embarcación de civiles desarmados y mueren los civiles, mueren bajo una lluvia de balas.

Doña Clara Woods, una sobreviviente y madre de una de las víctimas fue llamada al juicio oral y público a testificar. Ella vive en Roatán y en ese momento también vivía allá pero visitaba a su madre en Ahuás y esa noche, antesala al día de la madre también llevó a su hijo, su bebé, a Hansel Brooks de 14 años. Hoy tendría 20 pero no sobrevivió, su cuerpo lo encontraron al día siguiente flotando en el río en estado de putrefacción.

Cuando Clara se acercó al tribunal en un salón de iglesia, porque en Puerto Lempira las instalaciones del Juzgado no estaban listas para ese juicio, comenzó a hablar su accidentado castellano. La fiscalía debió llevar un traductor, era un juicio en la moskitia hondureña, sobre un hecho sucedido en un pequeño municipio olvidado donde la gente habla su propia lengua, pero la justicia no estaba preparada para eso, ni el defensor del pueblo. Además de la revictimización que Clara sufrió al ser interrogada una y otra vez porque no se entendía su español, a Clara la defensa la acusó de estar coludida con narcos, como que si por ello tendría que merecer la tragedia.

Clara Woods, madre de Hansel Brooks, asesinado en una operación de la DEA con fuerzas de seguridad de Honduras. Por el caso de su hijo no hay proceso judicial. Foto: Martín Cálix.
 
 

Doña Clara cuenta que esa noche vieron volar unos helicópteros, ya estaban acostumbrados a esas operaciones que los militares efectuaban desde que el narcotráfico creció en la zona. Sabían que había una guerra, pero no se sentían parte. Antes del juicio, doña Clara habló con nosotros, estaba nerviosa y hablaba rápido entre miskito y español. «Había mucha neblina, el muchacho (Emerson) venía guiando con un foco, luego oímos 4 tiros desde arriba que el helicóptero tiró.  Así como ustedes viajan en la carretera de noche, así viajamos nosotros en el río, esto no había sucedido antes», doña Clara escuchó los tiros y de repente se tiró al río, ya no miraba a su hijo. Los que pudieron se tiraron al río, pero otros, como Emerson, quedaron muertos en el pipante y otros como su hijo menor, su bebé como ella le llamaba a Hansel, quedaron flotando en el río.

«Yo quería que me mataran también, les grité: ya mataste a mi hijo y a un montón de gente»,  pero Clara, apesar de ir herida nadó y llegó a tierra firme donde se encontró con Lucio, otro de los muchachos que iba en el pipante, otro herido. Caminaron de noche en un lugar con vacas y mucho pasto, recuerda y allí se encontró con unos militares que la querían capturar. «Les dije que mataron un montón de gente que venía en el viaje, luego escuché que alguien dijo tía tía, y vi a mi sobrino tirado que lo tenían enchachado con chachas negras y el militar dijo a saber qué estábamos esperando a altas horas en el río yo me metí porque mi sobrino solo me esperaba para ayudarme con las cosas que traía y el tipo nos dijo: perdete de mi cara», relata.

La defensa de Robelo tiene una hipótesis: Clara es una narcotraficante y se comunicaba con su sobrino que esperaba la mercancía, que el pipante con 16 personas en tránsito estaban asegurando el río. Una prueba que intentó meter la defensa fue un vaciado telefónico en el que se evidenciaba que Clara llamó muchas veces a su sobrino, la prueba fue denegada por el tribunal, pero durante el juicio servía de excusa decir que Clara tuvo comunicación con tierra firme, a esa hora, como si estaba en una operación ilegal.

Clara dice que no entiende porqué dios la salvó a ella y no a su niño «el seca leche», el que ahora visita cada vez que puede en Ahuás, donde quedó enterrado.

Durante el juicio se realizó la reconstrucción del hecho en Ahuás. El grupo de fiscales, peritos, acusadores privados, jueces, defensores e imputado se trasladaron en helicóptero al lugar y desde las 4 de la tarde comenzaron la reconstrucción. El momento en que los dos agentes hondureños, Noel y Alex bajaron por una cuerda seguido por un tercero no identificado, llegan al pipante con la droga y según el testigo Noel son impactados por el pipante con los  16 pasajeros. Ellos aducen que recibieron un ataque que no queda claro si viene del pipante o de tierra firme, donde después encontraron armas prohibidas. Pero eso hizo que Alex disparara torpemente, tanto así que la bala rebotó y le dio a Emerson quien murió al instante. Eso dijo Noel, quien después de ese disparó dejó de ver, por lo tanto su relato fue incompleto.

Por la noche, los participantes de la reconstrucción regresaron en pipante con miembros del ejército. Allí vieron cómo es navegar de noche en la Moskitia. Se encontraron varios pipantes con personas que llegaban de pescar, que se transportaban a sus comunidades. La hostilidad de los militares crecía con esos encuentros. Uno de los barcos tuvo que buscar refugio en una comunidad cercana y al bajarse del pipante los militares para pedir apoyo, la comunidad no los dejaba pasar. Se asomaron por la puerta de una de las casas y cuando desde adentro vieron los uniformes moteados, no querían abrir hasta que vieron civiles. Apenas unas semanas antes militares habían asesinado a 3 jóvenes miskitos de noche en una comunidad pequeñita de Ahuás llamada Warunta. Los miskitos en este punto se van sintiendo parte de la guerra.

Este juicio en el medio de la moskitia hondureña pasaba desapercibido mientras en las portadas de los periódicos aparecía el presidente Juan Orlando Hernández con Preston Grubbs director interino de la DEA, tomándose las manos, haciendo tratos para aumentar la militarización en la Moskitia porque ya se siente la presión, dice Hernández, de la droga que se produce en sudamérica y se dirige a Estados Unidos.

Hace seis años, cuenta doña Clara, llegaron periodistas de todas partes que los entrevistaron, viajaron a Tegucigalpa y organizaciones de Derechos Humanos los acogieron, les organizaron ruedas de prensa, les pusieron el foco de los medios. Luego de eso regresaron a sus comunidades y los olvidaron. Aunque no todos.

Poco tiempo después de la masacre, doña Clara cuenta que un señor la llevó a Tegucigalpa, la buscó en su casa de Roatán y la llevó a un lugar donde le pusieron el polígrafo.

«Ese señor me dijo que dijera la verdad, que el señor Melanio disparó desde el pipante, yo le dije que eso no podía decir yo porque era mentira, si el señor Melanio disparaba tenía que soltar el motor y no podía hacerlo porque íbamos en contracorriente, luego él me dijo que si le decía eso me iba a dar 100 mil dólares. Allí me puse a llorar, me dijo que era americano que vino por mi, otro me dijo que todo había sido un accidente. Luego me quitaron la máquina del cuerpo y me mandaron de regreso». Pero no se podía mencionar en el juicio nada referente al papel de la Embajada de Estados Unidos, la DEA o el Departamento de Justicia, como si se les borrara del hecho.

Lucio, tenía apenas 16 años en ese entonces y allí con doña Clara recuerda esa noche en que le cambió la vida. «Hablo porque doña Clara me ha dicho que yo también tengo mi palabra para hablar», comienza su relato.

«Yo tenía mujer río arriba y yo bajé en Barra Patuca para ver a mi mamá, al siguiente día me vine de Ahuas con Melanio, nadie sabía que iba a suceder eso, ni con la bulla del helicóptero me imaginé hasta que escuché el disparo del helicóptero. Me tiré al río y  estaba crecido, no había manera pero ya tenía quebrado el brazo, no podía. No me salió el tiro, yo sufrí por ese disparo, tengo muchas cicatrices por eso. Me tiré intenté nadar, cuando lo hice sentí que el brazo no se movía solo el otro de abajo, sentí que mi brazo no estaba trabajando, yo estaba asustado porque pedía a dios y nada», relata, Lucio se encontró después con doña Clara. Sigue contando y cuando muestra las cicatrices y se sabe lisiado, comienza a llorar.

«Ahora no puedo ayudar a mi mamá y mi papá, tengo el brazo fracasado, ahorita tengo dos bebés, pero yo soy como un bebé porque no puedo trabajar, me están manteniendo mis papás. He sufrido en esta vida», y el relato se interrumpe por el nudo de su garganta, por el dolor.

Allí intercede Marlene Zelaya, la líder en ese grupo de víctimas. Marlene aun anda en su celular los videos de cuando encontraron el cuerpo de su hermana embarazada en el río junto con el del hijo de Clara. Los muestra en su celular deteriorado e indignada dice que esos videos le recuerdan que aun no hay justicia.

«Somos pobres nosotros, trabajamos en el monte sembramos yuca, él hacía eso- y señala a Lucio quien llora con la cabeza agachada- pero ahora no puede. Él esta muy triste, claro, todos nosotros sufrimos porque este dolor es horrible, todo el tiempo nos quedó en la mente eso, nunca nos sale, es una cosa que no se puede olvidar», dice Marlene, ella buscó a Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) para que les apoyaran con el caso, así Ofraneh logró incluir dos acusadores privados a estas alturas del juicio. La Ofraneh apenas acababa de apoyar legalmente de esta manera a las víctimas de Iriona, Colón, dos garífunas asesinados por miembros de la Naval en 2015, en este caso lograron la condena de 10 miembros de la Fuerza Naval. La misma receta de racismo estuvo en este caso.

La gente quedó traumada, dice Marlene, le temen a los helicópteros cuando pasan por allí. Ella quedó con los hijos que dejó su hermana, uno ya tiene 15 años.

«Yo digo que no hubieran matado, se confundieron entre el pipante de la droga y el de los inocentes. Ella -y señala a doña Hilda, la esposa de Melanio- ella está baleada en las piernas no puede ni sostenerse. No vale la pena digo yo, buscamos la justicia, esto está bien claro pero ellos no quieren responder, yo digo que ellos se quieren lavar las manos», dice Marlene y no acepta lo que se dijo en el juicio, lo que dijeron los policías testigos, eso de que el pueblo miskito es «altamente tolerante» con el narcotráfico, porque Marlene no sabe siquiera el valor real de la cocaína y desde su comunidad perdida, sin servicios básicos e ignorados por las autoridades lo único que sabe es que la droga trae una guerra que no entiende.

Marlene Zelaya, líder de comité de víctimas de Ahuás. Foto: Martín Cálix.


La duda del Tigre Bonilla

El Ministerio Público citó a Juan Carlos Bonilla, ex director de la Policía Nacional que en 2012 al tomar el cargo firmó un acta en el que se documentaban los tipos de armas asignados a los oficiales de policía. Llegó molesto porque aducía no saber ni porqué fue citado, que no sabía nada del caso y lo hicieron viajar desde Tegucigalpa a la selva hondureña para que reconociera una firma que al final no sirvió como prueba necesaria para condenar al policía acusado.

«Las armas no son controladas por el director de la policía y además en ese tiempo ni era yo el director, pero sí firmé porque se me requirió aunque no puedo hacer constar que el arma fue asignada al oficial», dijo en la sala de juicios de La Ceiba el «Tigre» Bonilla cuando el tribunal decidió reanudar el juicio ya no en la Moskitia, sino en esa ciudad costera.

Bonilla fue conocido como un policía rudo, pero también fue señalado por el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos en 2007 de participar en operaciones de ejecuciones extrajudiciales de las que nunca se le acusó directamente. Él mismo siendo director de la Policía se mostraba implacable con la depuración policial, y allí se encontraba en el juicio contra un oficial que estuvo a su mando, dándole un impulso de impunidad.

La Fiscalía no solicitó información a la Unidad de bienes nacionales, quienes tienen el inventario de armas de uso oficial, y así se perdió otra prueba que inculpaba a Robelo.

Seis años sin justicia

Doña Hilda tiembla cuando recuerda lo que sucedió esa noche, ella con su esposo Melanio regresaban a Ahuás después de ir a dejar a los miskitos que buceando pescan langosta en los cayos de Roatán. En esos cayos donde quedan lisiados por las malas condiciones en que se sumergen en el agua. Pero así es la economía miskita, sobreviven de la agricultura y hacen unos pocos lempiras más de la pesca que les puede costar la vida. Doña Hilda y don Melanio están más arriba en la cadena de la tragedia miskita, ellos eran sacabuzos y en ese tiempo tenían su pipante.

Hilda Lezama, sobreviviente de masacre en Ahuás en 2012 en la que murió su yerno Emerson Martínez. El juicio llevado a cabo en junio de 2018 solo contempla la muerte de Emerson pero en la masacre murieron 3 más y doña Hilda fue una de las heridas. Foto: Martín Cálix.

«Yo soy una señora que siempre me gusto trabajar, yo he trabajado como 20 años sacando buzos, mandandoles al mar. En esos tiempos era el 9 de mayo y bajé a dejar 50 pasajeros entre buzos y cayuqueros y al día siguiente día salí de noche, la luna estaba llena, veníamos durmiendo sin ninguna novedad, estábamos cerca del landin de Paptalaya y oímos ruidos y oímos los helicópteros saliendo, hicieron los disparos. Yo me venía levantando, oí cuatro disparos que tiraron del pipante y me asusté, me levanté y del helicóptero dispararon al pipante y cuando sentí las dos balas en las piernas me tiré al agua», relata doña Hilda quien aun no puede mover las piernas normalmente.

Después de estar agarrada de una rama, sangrando de las piernas sin alguna esperanza, se desmayó y solo recuerda que despertó en el hospital de Ahuás. Su hijo la rescató en otro pipante y se la llevaron.

Un coronel asignado recientemente a Gracias a Dios dijo a Contracorriente, en el anonimato, que los narcotraficantes operan así, ponen de escudo a mujeres, ancianos y niños, les prometen sacarlos de la pobreza con tal de ayudar con las cargas de droga que llegan a las comunidades. Todos pasan de narcotraficantes a escudos humanos en las diversas versiones por parte de las fuerzas de seguridad, la única muestra de Estado que existe en la Moskitia.

«Yo ya no puedo estar trabajando, antes trabajaba pero ya casi no, ya casi no viajo por este peligro que tenemos, cuando oigo balas me pongo nerviosa, tengo un trauma, cuando estoy sentada y me viene a la mente las balas que me cayeron y cuantas que caían al agua, dios es tan grande que algunos se salvaron, siempre nos hubieran matado a todos, dios nos ayudó a algunos», cuenta doña Hilda y recuerda que apenas unas semanas antes volvió a suceder, volvieron a caer víctimas miskitas por balas militares en Warunta, allí mismo en Ahuás.

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Don Melanio, su esposo, tiene la cara rajada por los años y el sol. No habla español, se queda ido cuando los demás hablan, a él lo acusan de haber disparado primero.

-¿De donde voy a tener armas para andar allí? Yo solo espero la justicia. Los primeros días cuando llegaban los periodistas a entrevistar no soportaba los nervios.

Melanio, conductor de pipante, sobreviviente de masacre en Ahuás 2012. Foto: Martín Cálix.

El New York Times reveló que la DEA engañó al público, al congreso estadounidense y al Departamento de Justicia sobre esa operación en Ahuás en 2012 en la que agentes comando fueron enviados a Honduras.

En un informe oficial se rechazó los alegatos de la DEA de que la operación había sido liderada por agentes hondureños. Descartó lo mismo para otras operaciones, en junio y julio de 2012, en las que agentes estadounidenses dispararon a muerte contra tratantes que supuestamente se rehusaron a rendirse e iban a tomar sus armas. De hecho, el reporte señala que solo los agentes de la DEA y no los hondureños tenían el equipo necesario para comandar la operación, como el acceso directo a la inteligencia. En vez de tomar órdenes de la policía de Honduras, los agentes daban “instrucciones tácticas” a los hondureños durante las misiones. Y los relatos sobre los tres tiroteos muestran que los líderes de la agencia en el país “tomaron las decisiones cruciales y dirigieron las acciones tomadas durante la misión”.

La DEA después no cooperó con el Departamento de Estado durante la investigación de lo sucedido en Ahuas y la pesquisa interna en la agencia no fue más que “un ejercicio sobre el papel”, según el informe, porque el supervisor de FAST no entrevistó a los involucrados y solo recolectó declaraciones escritas.

La DEA anunció que acepta las conclusiones del inspector general.

El programa FAST ya terminó; es la segunda vez que la DEA desarrolla y abandona un programa estilo militar en el hemisferio.

Marlene le ayuda a comunicarse a Lucio y agrega: «Todos sabemos que aquí son los militares los que nos están matando , no son los narcos, antes yo podía decir que eran los narcos pero no , yo veo que ellos mismos, los militares nos están matando. No confiamos mucho en las autoridades porque son un arma de doble filo, solo ofrecen algo pero no hacen las leyes para los pobres», reflexiona Marlene antes del juicio donde estaban puestas sus esperanzas, un juicio donde se exoneró al policía y quedan de nuevo las vidas de los miskitos en un limbo de impunidad permanente.

Texto: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

1. Las víctimas de Warunta

–Miska tonta, no entendés que no podés entrar aquí. –Alba Sofía Macier lo cuenta y de la rabia le salen lágrimas, le tiembla la voz cuando recuerda la escena en la que un militar le gritó así cuando ella preguntaba por el cadáver de su primo, Patricio Pravia, asesinado por miembros del ejército en la comunidad de Warunta en Ahuás, Gracias a Dios, el pasado 19 de mayo de 2018.

Desde adentro de la casa donde provisionalmente viven Denia Soto (24) la viuda y doña Sara la madre, se escucha una voz: «los miskitos no valemos nada aquí». Doña Sara llora, le tiembla la quijada y su rostro agrietado se comprime. Hace apenas una semana, su hijo menor –el seca leche– murió en un tiroteo perpretado por militares asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta en la comunidad de Warunta en Ahuás en el que también murieron 2 jóvenes más. Llora y mira a su nieta de apenas 4 meses que allí en el suelo a la par de ella toma de la leche de su madre que también llora.

En pocas horas Alba Sofía acompañará a la esposa de su primo muerto y a otras viudas y madres a Tegucigalpa. Apenas hablan español y nunca han ido a la ciudad, pero van porque creen que sólo allá escucharán su clamor de justicia.

 Mujeres, madres y viudas de las víctimas de Warunta esperan el avión que las llevará a Tegucigalpa en la pista de Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix.
 

Como si el tiempo y las circunstancias se pusieran de acuerdo, el día que las familias partían a Tegucigalpa, en Puerto Lempira se daba la primera audiencia del juicio oral y público contra el oficial de la policía de investigación Alex Robelo asignado a una misión especial en conjunto con la DEA. Pero a Robelo lo acusan sólo por el asesinato de Emerson David, uno de las 4 víctimas que cobró una operación conjunta entre Honduras y la DEA para la recuperación de drogas hace 6 años.

Conocido como el Foreign-deployed Advisory Support Team, o equipo de asesoría con despliegue en el extranjero, sus integrantes recibieron entrenamiento militar para combatir a traficantes de opio vinculados al Talibán en la guerra de Afganistán. El programa después se expandió a América Latina en 2008 con el fin de combatir el narcotráfico trasnacional, y desembocó en los enfrentamientos violentos en Honduras en 2012, según reportes del New York Times.

A seis años, las familias de cuatro personas asesinadas en Ahuás que siguen arañando justicia, se cruzaron por unas horas con las nuevas víctimas, las que comienzan el camino.

Denia Soto y Sarah Macier, viuda y madre de Patricio Pravia, agricultor y buzo asesinado por militares en Warunta, Ahuás. Foto: Martín Cálix.

 

Nueve horas pasaron estas mujeres, madres y esposas de los jóvenes asesinados para llegar a Puerto Lempira en pipante. Sirilo Gómez, el conductor de la barcaza y presidente del consejo comunal, era el suegro de Joval, otro de los asesinados. Su hija Fidelia Gomez de 24 años ya tiene 4 hijos y con el menor de 3 meses de edad pegado a su pecho decidió contar lo que pasó.

Joval era agricultor y así mantenía a sus hijos. Fidelia explica que estaban en casa pero esperaban el pipante que llevaba mercadería para la comunidad, cuando escucharon unos disparos.  Su esposo apenas pudo tomar la camiseta sin ponérsela por salir corriendo a ver lo que sucedía, luego de eso Fidelia sólo recuerda más disparos y un grito: ¡hay un muerto! Ése era su marido.

«Pedimos justicia, eran inocentes, quedamos con niños pequeños ¿cómo van a sostenerse ahora?», dice Fidelia con la voz llena de rabia.

La comunidad se había acostumbrado a la presencia de militares, Fidelia asegura que convivían, ellos llegaron buscando drogas y hasta ahora no habían encontrado nada. A pesar de la pobreza en la que vive, Fidelia cuenta que su marido le apoyaba a estudiar y ya pronto iba a estudiar el plan básico, ahora su destino se ha quedado paralizado.

Sirilo interrumpe de vez en cuando, es el que mejor habla el español y el que acumula más rabia. Antes era amigo de militares, ahora no quiere verlos en la comunidad.

 

 

«Yo le dije al coronel que no quiero la presencia de los militares, si van tendrán problemas, ellos pasan cerca de mi casa, le dije claro al coronel que no piense que este problema se va a calmar, si no llegan se va a calmar pero si llegan esto se va a poner peor», declara como amenaza, no sólo a los militares sino a todo poblador que los apoye.

Y como si fuera el mejor momento, mientras en un salón de iglesia en Puerto Lempira se daba el juicio y las familiares de las víctimas de Wuarunta volaban en una avioneta hacia Tegucigalpa para denunciar a los militares, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández se reunía en Washington con Preston Grubbs, director interino de la DEA. A su regreso Hernández aseguró que la narcoactividad ha vuelto a tomar fuerza en la Moskitia, a pesar que desde hace 5 años que comenzaron las operaciones conjuntas entre fuerzas especiales militares hondureñas con apoyo del gobierno de Estados Unidos, estaban dando resultados. Ahora, la producción de coca en el sur de América está presionando en la moskitia hondureña y se comienzan a ver de nuevo conflictos en esa zona, dijo el mandatario. «Se buscará detenerlo con mayor presencia policial y militar», expresó sin mencionar los asesinatos de miskitos por estas mismas fuerzas.

«El aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en el país. El incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras, fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros indígenas miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción que culminó en un baño de sangre de personas inocentes. Es a partir de 2012 cuando la intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se comienza a sentir y el Estado de Honduras es presionado para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y Colombia», dice una nota de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) que actualmente lleva el caso Ahuás en el que los dos policías antes acusados por dirigir el operativo: Noel Hernández y Luis Vallecillo obtuvieron un sobreseimiento provisional y ningún agente de la DEA está siendo procesado.

El coronel Héctor Cabrera, el actual jefe del estado de la Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García en Gracias a Dios se une al discurso de las fuerzas de seguridad en la región: las comunidades miskitas son altamente tolerantes al narcotráfico.

«La lucha de nosotros es contra el narcotráfico pero usted bien sabe que esos tentáculos corrompen a ciudadanos, gobiernos, a todos, estamos tratando de erradicar esa amenaza. Sobre lo sucedido en Warunta estamos esperando un informe que está trabajando una comisión que se apersonó aquí después de los hechos, conformada por inspectores, medicina forense, investigadores para esclarecer este caso.

Nosotros en las operaciones tenemos las reglas de enfrentamiento que son empleadas en todos los tipos de operaciones, respetando los DDHH, pero estamos librando una lucha, estamos en una guerra, librando esta lucha contra el flagelo del narcotráfico y será esta comisión la que determinará lo que sucedió», mientras explica esto, Cabrera tiene el ceño fruncido todo el tiempo, alrededor de él hay varios agentes de la Policía Militar. Los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta vienen de otras regiones del país, no hay miskitos en esta fuerza.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), en lo que va del año han sido dinamitadas 26 pistas clandestinas de aterrizaje de avionetas que no cuentan con autorización de vuelo y que se usan para transportar droga. Según Cabrera todo está mejor ahora.

Héctor Cabrera, coronel de la Fuerza de Tarea Conjunta en Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix.
 

«Es lamentable que estas personas se presten a este tipo de actividad a favor del flagelo del narcotráfico. Nosotros desde que vinimos estamos en constante comunicación con la población, nosotros somos el brazo armado del pueblo, ellos saben de la guerra que libramos aquí pero hay un sinnúmero de delitos conectados al narco como la extracción de madera, tenemos destacamentos de protección al bosque, 3 como Fuerza de Tarea (Tipidalma, Lapiur y Caukira), y el Quinto Batallón», agrega.

Don Sirilo recuerda cuando llegaron los militares a Warunta, llegaron por la droga, pero comenzaron a meterse con ellos por la extracción de madera.

«Una semana atrás yo salí por problemas de enfermos, mi hermana había muerto, yo  traía cuatro tablas de madera de color de caoba y me detuvieron, yo les dije que era consejo comunal y me preguntaron qué era eso, yo les dije que los recursos está en manos de nosotros que ellos andan en misiones de droga no en misión de recursos. Me insultaron, me querían hacer culucas (cuclillas), yo les dije que los iba a enfrentar. A mi regreso ellos ya habían matado. Yo le dije al coronel que sólo me faltaban 3 segundos para tenerlos en la cara, antes, ellos mismos me habían insultado antes…», relata y agrega indignado, casi gritando: «Si ya no podemos ni usar los mangos o la madera nos vamos a enfrentar al Presidente, en tiempos de hambriento no podemos hacer nada y nos matan por eso».

Ermelita Soto, la madre de Darlin Alfred Soto (23 años), el tercer asesinado en Warunta, un agricultor, ha perdido el segundo hijo ya, y ella está anciana, consumida, pálida. «¿Quién me va a mantener ahora?», pregunta. Su primer hijo murió en un accidente de motocicleta y ahora su último hijo que había salido a buscar provisiones que el pipante traía, sólo fue a encontrar la muerte.

«Nunca le habíamos tenido miedo a los militares, convivíamos. Ahora no quiero ver la presencia de los militares, cada vez que los veo y escucho sus tiroteos tengo problemas porque padezco de la presión. Ellos vivían tranquilamente y ahora también porque el problema de la droga ya no se da allí. Antes salían a pescar a cualquier hora pero ahora salir de noche está prohibido, ahora está prohibido cazar iguana, pescar», dice afligida, además porque se sabe atrapada, en su comunidad se vive una guerra, pero nadie allí piensa migrar ¿adónde iríamos?, me preguntan y casi responden: nadie nos entiende, no nos aceptan, no hay lugar para nosotros.

Genaro Wallys y Alba Sofía Macier, familiares de Patricio Pravia. Foto: Martín Cálix.
 

Sara Macier, la madre de Patricio está desesperada en Puerto Lempira, su sobrina la tiene allí refugiada, pero ella quiere regresar a su comunidad, a Crata, donde su hijo está enterrado.

«Cuando me llevaron su cuerpo ni siquiera lo llevaron a la comunidad, lo dejaron allí tirado en la playa. Tirado lo dejaron», dice doña Sara.

Mientras ella llora, Denia, con rabia habla y recuerda lo sucedido.

«A las 8 de la noche escuché ruido de motor, entonces pasó como un minuto y escuché disparos, el motor siempre cruza por el destacamento, como es verano, estaba seco donde estaban ellos, entonces se desviaron y cuando el motor pasó, los militares dispararon. La gente se levantó a ver qué estaba pasando. Mi esposo estaba dentro de la casa, cuando escuchó la bulla salió a ver, él cuando salió vio que había bastante gente, nosotros vivimos cerca del landin, los otros soldados que vienen corriendo por la tierra vienen disparando también».

El pipante lo iban a revisar, pero los muertos no fueron los del pipante, fueron los que salieron a ver qué pasaba.

Patricio era agricultor pero cuando había pesca era buzo. «Antes sólo trabajaba de agricultor pero después aprendió a bucear. Los hombres cuando salen al mar van a bucear, como no hay otro trabajo sólo se puede conseguir de eso. Tengo 4 hijos, me quedé sin marido. El bebé solo tiene dos meses, el mayor tiene 10 años todavía es chiquito. Los que murieron fueron inocentes, ellos nos atacaron», dice Denia.

Las mujeres de Warunta no lloran, aprietan los dientes cuando hablan. Tienen rabia y cargan a sus bebés en brazos. Creen que las tienen que escuchar, porque no se puede matar a su pueblo sin que pase nada.

Mujeres abordando avión hacia Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.
 

2. Advertencia a un guardabosques

Tomás aún tiene en el cuerpo los plomos que le dispararon por defender el bosque en su comunidad. De vez en cuando vuelve y ve su casa vacía, visita los cuatro postes y las cenizas en las que quedó la casa de sus padres y la casa abandonada de su hermano. Hace 9 años tuvieron que huir porque Tomás era guardabosques voluntario del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y sufrió un atentado por denunciar la presencia de personas extrañas que descombraban el bosque en la montaña, donde nace el río Rus Rus en Gracias a Dios, la moskitia hondureña.

A Tomás lo contrataron en el ICF como conductor ganando menos del salario mínimo, con ese sueldo –y ayuda de sus amigos– logró rearmarse el brazo con nueve tornillos, y vivir, aunque sea con una bala que no salió del codo y la cicatriz en su pecho de una bala que milagrosamente no fue mortal.

«Yo reclamé por el bosque y no les gustó, eran unos ladinos de Olancho. Me balearon, me fui para Puerto Lempira y ellos están libres, algunos se mataron entre ellos pero allí siguen algunos», relata, mientras camina por las casas vacías en la comunidad de Rus Rus rodeada de un bosque húmedo al que le antecede un inmenso bosque de pino y un río que ha bajado su caudal. Una calle vacía, donde pasan días y a veces semanas sin que pase un vehículo y un puente colgante remendado con tablas de madera podrida.

Tomás Manzanares, guardabosques sobreviviente a atentado por cuidar el bosque. Foto: Martín Cálix.

 

En la Moskitia se pierden al menos 50 mil hectáreas de bosque cada año por el avance de la frontera agrícola. Un estudio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) de 2017 establece que   una de las regiones más desafiantes para la garantía de los derechos territoriales étnicos es la región de La Moskitia. Pero es allí, en ese paraíso escondido donde se encuentra una de las reservas más importantes de Honduras, además nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano.

A juicio de investigadores citados por ACNUR en esta región, coinciden que la difusión de las plantaciones de palma africana en el norte del país representa una amenaza significativa también para los territorios indígenas, puesto que la venta de tierras para dar paso a las plantaciones contribuye a impulsar el traslado de fincas ganaderas hacia el interior de esta región (PRISMA, 2012). La expansión de la ganadería no constituye un fenómeno nuevo en La Moskitia. Sin embargo, hay mucha evidencia de una intensificación de esta actividad, estrechamente relacionada con el crecimiento del narcotráfico en los últimos años (McSweeney y Pearson, 2013). Estos mismos autores insisten en señalar que, los narcotraficantes necesitan controlar el territorio por donde transita la droga, lavar sus ganancias y legitimar su presencia como supuestos ganaderos. La compra de tierras y la siembra de vastos potreros les permiten alcanzar esos objetivos.

Incendio forestal en carretera hacia Rus Rus. Los incendios se dan para despejar áreas que se quieren usar para ganadería, a veces también para sacar a los venados y cazarlos más fácilmente y otras veces simplemente pirómanos, explicó autoridad del ICF.

La respuesta del Estado hondureño –promovida y apoyada por los Estados Unidos– ha sido la militarización de La Moskitia. Pero existe una fuerte preocupación de que la presencia militar no sea utilizada únicamente para frenar el narcotráfico, también puede ser utilizada para resguardar los intereses económicos de personas influyentes en la región, establece la ACNUR.

Aunque la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre reconoce el derecho de los pueblos indígenas a poseer sus áreas forestales, esta ley asigna al Instituto de Conservación Forestal el poder exclusivo en la regulación de los recursos forestales del país (artículo 14), negando así el derecho de los pueblos indígenas a participar, con sus propias instancias de autogobierno, en la gestión y vigilancia de los bosques en sus territorios.

Sirilo Fellman, miembro de uno de los 12 consejos comunitarios tribales en La Moskitia, el consejo de Truxinasta, asegura que  tras la titulación de tierras que comenzó en 2013 con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y continuó con el gobierno de Juan Orlando Hernández después de 40 años de luchar por la misma, el problema que ahora enfrentan es el saneamiento de estas tierras.

«Hay terceros, hay gente que no comparte con la idiosincrasia nuestra, entraron de manera ilegal, hay dificultades», dice Sirilo y recuerda uno de los conflictos que más les generó preocupación en los últimos años. Un enfrentamiento armado en Auka, llegando a la frontera con Nicaragua, cerca de Rus Rus.

Sirilo Fellman, consejo comunitario, miembro de MASTA.

En 2015 un grupo de miskitos decidieron realizar un «autosaneamiento», así le llama, Sirilo, a esta acción. Después de recibir los títulos comunitarios en 2013, la población de Auka hizo denuncias de que el lugar estaba ocupado por ladinos o colonos procedentes de otros departamentos como Colón, Atlántida y Olancho.

Según información publicada en aquel entonces por medios de comunicación nacional el 13 de marzo de 2015 un grupo de miskitos retuvo alrededor de 28 personas, entre ellos niños y mujeres para pedir su desalojo.

Estas personas habían explotado las parcelas de tierra, sembrando arroz, frijoles y montaron fincas ganaderas descombrando varias hectáreas de bosque. Algunos tenían su residencia en Puerto Lempira y otras zonas aledañas a La Moskitia.

«La gente se cansó de tanto reclamo a las autoridades y no había eco, la gente se levantó con sus palos, machetes, hicieron un proceso de autosaneamiento y llegó las autoridades pero la gente ya volvió a invadir.

En el sector de Mocorón que ha sido otra amenaza por la frontera agrícola que ha avanzado por Wampusirpi, están haciendo descombros y apropiándose de manera ilegal. Ellos saquean el bosque, ponen su vivienda, se adueñan del terreno. Lo peligroso es que a veces mandan a sus trabajadores, agarran grandes cantidades de manzanas, agarran otra parte y avanzan. Ha habido muertos en las zonas por el sector de Auka, amenazas a muerte a la gente que vive allí», explica Sirilo.

 

 

Los guardabosques voluntarios son los que se ponen de frente a las amenazas, su trabajo no remunerado es riesgoso en comunidades empobrecidas y abandonadas. Tomás cuenta que antes de su atentado, en 2007, un compañero guardabosques llamado Mario Guifarro fue asesinado junto con su hijo en Olancho. Defendía el bosque.

«Como tienen billete los narcos ellos pueden hacer lo que quieren en la montaña, a veces descombran y es mucha madera la que se pudre porque ni la aprovechan», Tomás lo cuenta y no le tiembla la voz. Apenas llegó a tercer grado pero ha leído cada libro de biología que se publica sobre las especies que viven en los bosques miskitos, esos que él protege con tanta pasión.

Un fiscal desplazado de la zona por recibir atentados por decomisar especies silvestres y madera traficada, asegura que son «grandes» quienes se lucran de este dinero, familias poderosas, políticos del interior, narcotraficantes.

La guerra también ha llegado a las montañas, a los bosques, a las comunidades más escondidas.

En las comunidades miskitas no hay servicios de agua potable. Los niños y niñas halan agua que sacan de pozos que ellos mismo hacen. Foto: Martín Cálix.
 

3. Estado militarizado: estado de calamidad y emergencia

 

Un día después de las muertes en Warunta, Ahuás, en Puerto Lempira el centro casi se consume en llamas. Un grupo de personas intentaron quemar las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, saquearon el único banco del pueblo y la única farmacia. El alcalde, José Edgardo Saicon declaró estado de calamidad y emergencia a raíz de esto. No hubo dinero circulando en Puerto Lempira durante una semana y los militares pidieron refuerzos, el pueblo tuvo bajo custodia todas sus calles por parte de la Policía Militar.

«Nosotros estábamos reclamando por el cuerpo para que lo trasladaran para enterrarlo. Mi prima me contó a mí que su hermano estaba muerto que estaba tirado en sol a las 12 del mediodía del domingo y lo habían matado la noche anterior a las 8», cuenta Alba Sofía. Buscó a los militares en el muelle, pedía información del traslado, si ellos eran responsables, que al menos los llevaran a enterrar. Pero no, no le dieron respuesta. Por eso, ya molesta, con otro grupo de personas se movió a la Fuerza de Tarea y allí tampoco le dieron respuesta.

«Mi jefe dice que sólo puede pasar una persona, yo le dije que no podía entrar sólo una persona, él (mi esposo) es una autoridad civil, juez de policía de la municipalidad, nosotros queríamos entrar con él y me gritó: ¡Miska tonta! ¡Usted no entiende lo que le estoy diciendo, ya puede ser Juan Orlando o quien sea, no los voy a dejar entrar!», y faltaron pocos gritos más para que el ambiente se caldeara y las personas que estaban alrededor se enojaran.

Genaro Wallys, juez de policía de la municipalidad, les advirtió que tuvieran cuidado a los soldados.  «Usted grita así porque anda moteado pero le quiero decir que nosotros somos de una raza humilde y por eso nos grita así pero tenga cuidado porque somos humildes pero somos unidos.

–A mi me vale verga, nos dijo».

«Los miskitos no somos como perros o animales, incluso cuando matan a un perro el dueño lo reclama, sólo queríamos que enterraran el cuerpo, nos miran no como personas sino como animales. Así esperamos.

Y nos dejó esperando de nuevo, hasta las 4 de la tarde. A eso de las 5 de la tarde la gente comenzó a recoger piedras y tiraron y uno de los militares disparó por el portón y cuando él disparó el pueblo se levantó. Yo les expliqué a los MASTA que los militares nos tomaron fotos a escondidas, yo les he mandado a decir que no piensen hacer más daño a la familia, nosotros andamos reclamando nuestros derechos, si van a hacer daño a nosotros, los miskitos somos humildes pero cuando estamos enojados las familias piensan hacer. En el interior matan la gente que reclama sus derechos y se queda así nomás pero nuestra raza no es así, siempre se busca la forma para que todo salga a la luz. Yo le expliqué a MASTA que les diga eso a los militares», interrumpe Denia, la prima.

Mientras las familias buscan iniciar un proceso de denuncia, que este caso se lleve a la justicia, el alcalde de Puerto Lempira está contento, en menos de tres días el gobierno central, el mismísimo secretario de Juan Orlando Hernández le ha contestado positivamente, por fin les pondrán la energía permanente en Puerto Lempira. Actualmente solamente tienen energía 4 horas al día, quienes han podido comprar una planta eléctrica o un panel solar son pocos, el resto del día la gente transpira, agitan papeles en la cara, hay silencio. Pero eso va a cambiar porque José Edgardo Saicon ha conseguido que le hagan caso en Tegucigalpa después de declarar su municipio (uno de los tres de la moskitia) en calamidad y emergencia.

Saicon fue alcalde antes por el Partido Liberal y ahora es alcalde por el partido Libre. «Soy seguidor de Mel», dice con emoción y asegura que él también ha quemado llantas, que también protesta.

Ha recibido la alcaldía con una deuda de casi 9 millones  de lempiras –cuenta– y una mala gestión del antiguo alcalde nacionalista que buscaba su tercera reelección.

«El secretario de estado nos mandó a llamar en un vuelo expresso. Hay más cosas sumado porque en nuestro pueblo pasa un problema que las autoridades no les importa, hay dos zonas pobres: Auka y Tipi, sólo hay oportunidad de sacar madera para subsistir ¿sabe qué pasa? Los militares por 3 pedazos de madera los guardan (encarcelan) a uno. La gente se unió y la Fuerza Tarea no aguantó. No estoy de acuerdo pero a veces el pueblo hace las cosas porque no hay opciones», el alcalde se refiere al enojo acumulado del pueblo contra los militares, los muertos de hace 6 años en Ahuás, los muertos de ahora de Warunta y las restricciones, la falta de acceso a sus recursos.

«Hacemos ataúdes con la madera permutada por los favores. Están sacando madera de Mocorón pero descombran en Auka y Tipi, hay cooperativas pero aquí hay 3 señores que sacan grandes cantidades de madera, uno no es de aquí. Se sabe, pero no se hace mucho», dice el alcalde, un profesor, jovial y activo, le emociona que el presidente ponga atención a la Moskitia y que le ayude a resolver uno o dos de sus 5 promesas de campaña: 1. La luz 2. La construcción de calle. 3. Agua potable 4. Construcción del estadio 5. Continuar pavimentando.

Una de las promesas de campaña del presidente Hernández para su reelección ilegal fue la creación del Plan Alianza de Desarrollo de la Moskitia que se basa en llevar el programa Vida Mejor a esta zona olvidada del país, apoyar a los buzos lisiados con viviendas y titular las tierras.

Buzo lisiado. El gobierno le construyó una pequeña casa que no usa porque no cabe con su familia. Construye poco a poco una de madera. Es tío de un joven víctima de militares en Ahuás, 2012. Foto: Martín Cálix.
 

Pero el interés en la Moskitia no es únicamente para llevar una vida mejor, en 2015 se hizo la concesión más grande y la única en materia de extracción de petróleo en el país.

La Ofraneh recuenta que la entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años más, y de 20 años de explotación, no tuvo la licitación que implicara la presencia de otros postores mas allá del Grupo BG de Inglaterra.

Según el contrato (abril 2013) BG, que luego le vendió a Shell, cancelará «50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación». Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.

El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitan los pueblos Miskito y Garífuna; que denuncian en Ofraneh, no fueron consultados de forma previa libre e informada.

Y hay más intereses. Según Elser Brown, director de la organización no gubernamental más antigua de la Moskitia: Mopawi.

«El acaparamiento ilegal de tierras y con ello la deforestación de parte de los que llamamos terceros, vienen a las comunidades, a veces usando conducta de respeto a la cultura local, de no discriminación pero pasados unos meses ya con la confianza traen otras personas, hacen grupos grandes y entonces ya sacan las uñas y entran en problemas con la comunidad. Ellos no agarran pequeñas cantidades de tierra, son grandes extensiones de tierra, los miskitos poco practican la ganadería, sino la economía de subsistencia, pero esta gente viene e instala actividades de ganadería y tienen esta práctica nociva de deforestar todo. Entran en conflicto con la ley que prohíbe esto, 250 metros es la zona riparia que no se puede tocar y es la que más les agrada.

A veces usan la iglesia, se ganan la confianza de la gente que se tarda en dar cuenta que no era una actividad de la iglesia sino que acaparar tierras que venían. En Warunta ellos están socolados, la mayor parte de Warunta, había gente que se dedicaba a cacería y agricultura en menor escala pero han llegado ellos y acaparado las tierras mas fértiles de Warunta, allí no puede entrar uno porque tienen fuerte armamento. Si se sobrevuela la biosfera da tristeza como se están comiendo la biosfera», explica.

Y Brown también habla de represas ilegales, tráfico de madera y todo esto en presencia del ICF, por lo cual también pone en duda de que estas autoridades administren los territorios mientras no se dé la participación de las comunidades.

El agua más comercializada en Puerto Lempira es Agua Pinares. Esta empresa es de Juan Escalante, un empresario local denunciado por construir una represa en una reserva natural, la Posa Marconi. Foto: Martín Cálix.

***

«Tenemos fe que se hará justicia porque oramos a Dios y Dios sabe todo lo que hace, hay un Dios para los pobres, para los niños huérfanos, para las viudas también. Estos niños sufren, aquí en La Moskitia no hay trabajo no hay otras cosas para sobrevivir pero se lucha, pero ahora lo mataron al padre de estos niños así nomás. Hay un Dios para estos niños también», dice Alba Sofía y ve allí sentadas en el suelo de su casa a su tía y a la esposa de su primo con la bebé pegado al pecho. Y llora. Lloran todas.

«Con esto no se necesitan lentes para ver. Uno de civil cómo va a pelear con el militar, pelear contra el gobierno, el pobre nunca sale ganando ante el gobierno pero ante la justicia sí, ahorita estamos viendo que la justicia se ha perdido, se basa en el poder que se tiene», completa Wallys, su esposo.

Hay un dios para los pobres dice Denia, los militares también creen en un dios para ellos. Ese domingo, un día antes del juicio de Ahuás, un día antes de partir a Tegucigalpa, la iglesia Católica estaba llena,  y allí estaban los militares y policías rezando. «Son nuestros antagonistas los que protestan contra nosotros, se sabe que hay personas que no quieren los militares aquí porque nosotros estamos en guerra con el narcotráfico», dice el coronel Cabrera.

Militar en misa dominical en Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix.
 

Don Sirilo no entiende demasiados detalles de esa guerra, sólo entiende que antes era amigo de los militares y ahora ya no, ya no tiene amigos. Y aunque es ilógico que sean flechas y arpones contra armas, ya todo está dicho, los militares no pueden entrar en su comunidad ni así sean enviados por el mismo Presidente.

«Cuando fui a enterrar a mi yerno y regresé investigué y me estoy dando cuenta que unas mujeres puyaron a un militar con arpón pero si hubiera sido fuerte ni tortilla pudiera comer, sólo fue una raspadita, si un hombre con ganas de matar lo hubiera hecho lo hubiera clavado dos o tres veces. Dice que fue enfrentamiento, pero no es así. Si hubo enfrentamiento no tiene sentido que hayan tirado así como les tiraron a mi yerno, le dieron en la boca, uno en la nuca, uno en el pecho, si estuviera peleando no le hubieran podido tirar así, eso está claro. Ellos iban a mi negocio a comprar comida, sacaban hasta fiado. Antes yo hasta les servía comida, era amigo de ellos, era aliado de ellos, y me sucedió a mí, yo ya no tengo amigos militares, ya no quiero, ya pasó la amistad con los militares, ya les digo que no pasen por mi solar, y a quien le de alojamiento, ese alojamiento lo voy a quemar», dice don Sirilo quien después de la misa se aprestaba a regresar 7 horas manejando pipante a Warunta, su hija ya iba en el avión a Tegucigalpa a hacerse escuchar.

Creen que los miskitos somos nadie, decía Wallys, y no es así. Los nadie no entienden la guerra en su territorio que es rico como reserva en recursos naturales, que es patrimonio de la humanidad, una guerra que los deja pobres y muertos. Los nadie gritan y apenas los escuchan, ya no se quieren quedar así.

Este artículo es una colaboración de: Colectivo Línea84- Periodismo Etnográfico

Fotografía: Irving Mondragón

LOS PADRES

El combate a la delincuencia organizada en Honduras, al igual que en el resto de Centroamérica y México, se ha convertido en el moderno disfraz de la implacable violencia estatal y un motor de la migración forzada. La creación inmediata de la PMOP (La Policía Militar del Orden Público), los TIGRES, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) y las reformas “anti-maras” que eliminan el supuesto de inocencia, al inicio de su mandato, no son coincidencia. Según datos oficiales de los últimos cuatro años, a través de FUSINA, el poder ejecutivo ha realizado más de un millón de operativos preventivos en los que han participado las fuerzas de seguridad policiaco-militares en los barrios más pobres de todo el país. En estos lugares los jóvenes se vuelven en blanco de la violencia institucional y criminal. Concretamente, a finales de 2016, a través de una serie de tres operativos llamados Tifón, el gobierno de Hernández realizó más de 100 allanamientos, detenciones, decomisos y capturas por todo el país. Los operativos fueron declarados un éxito. Sin embargo, este éxito estuvo acompañado de escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y destierro.

Esta es la historia de uno de los sobrevivientes.

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Habla despacio, pausado, muy suave y bajito; a veces baja tanto la voz que se escucha como un mar lejano. Sus palabras se convierten en susurros de espuma que se chupa la arena. Así es como llega a mis oídos lo que me cuenta. Es muy delgado, evita mirarme, solo percibo sus emociones por el tono de su voz y por los movimientos de su cuerpo. Está sentado en una silla de plástico, su cuerpo largo parece una lágrima a punto de caer.

Noviembre 2016. Tres de la mañana.

“Llegaron cuando ya todos estaban dormidos. Pasaron un montón de carros, eran los policías, todos, los azules, los PM y los Tigres, iban en moto y en carros, pasaron por el puente, el puente que está cerca de la casa, de pronto ¡BAM, BAM, BAM! ¡Estaban golpeando el portón, lo estaban rompiendo! así llegaron a la casa, estaban tumbando las puertas… las puertas… las puertas de la casa, las querían romper y entonces la muchacha embarazada mejor fue a abrir y entraron los policías y ¡BAM! de un sólo entraron todos y le golpearon la panza a la embarazada, entonces yo me quise arropar, pero me iban a golpear, entonces me levanté y me quise tirar al otro cuarto, pero me sacaron… me agarraron bien fuerte y me sacaron para afuera; me tiraron al suelo, empezaron a preguntar que si vendíamos drogas en la casa, que si teníamos armas, pero ahí no había nada, nosotros no teníamos nada. Ahí vivía la mujer del que buscaban, uno de la 18, y empezaron a tomarnos fotos, y nos metieron a la patrulla y nos llevaron, nos llevaron presos y nos tuvieron casi todo un día en la cárcel, pero no teníamos nada, ningún delito habíamos cometido, nada y nos soltaron; pero nos amenazaron con que si nos volvían a agarrar, nos iban a meter presos, y todo se publicó, las fotos todo, todo, y en las redes sociales también… y ahí ya. Ahí ya empezaron las amenazas.”

Edwin tiene apenas 16 años y es un adolescente transexual. Su madre migró a Estados Unidos hace 4 años y a pesar de que ella insistió, él no quiso irse con ella. Ya vivía en casa de sus amigas con su hermana y ellas lo querían y lo aceptaban. Así que decidió quedarse ahí, en donde siempre ha vivido, en uno de estos barrios pobres en los alrededores de San Pedro Sula en el que la MS-13 y el Barrio 18 mandan y se disputan el territorio.

Edwin no es pandillero, y esto hace su vida muy complicada. La realidad es que nadie quiere enemistarse con los miembros de una pandilla –a menos que quiera terminar huyendo de donde vive o en un ataúd. Así que hay que convencer constantemente a esos “vatos” que uno no es de ningún bando. El problema es que la sospecha de que uno puede ser informante del bando contrario siempre está presente. Por esto, antes del operativo policiaco-militar, este chico ya caminaba en terreno minado con las pandillas.

Edwin me ilustra esa situación. Él atiende una pulpería en donde varios dieciocheros se juntan a tomar fresco y a jugar maquinitas. Pero el lugar está cerca del territorio de los treces. Un buen día, mientras platica y mira el celular con un amigo, un pandillero de la MS que anda por ahí, piensa que los muchachos están tomándole video para pasar esta información a los contrarios. Esto le vale a Edwin y a su amigo una amenaza de muerte y ambos tienen que irse a perder un tiempo. Edwin también se enemistó con la pandilla dominante del lugar a raíz de la muerte de su hermana y, finalmente, ser un joven de un barrio pobre donde el Estado hondureño ya etiquetó a todos como delincuentes, lo puso en el ojo del Tifón.

Edwin lo vivió. Él tiene algo que contar sobre este limbo en el que tuvo que mantenerse con ambas pandillas antes de que el Estado hondureño se burlara de sus esfuerzos. Él sí puede explicarnos la facilidad y la ligereza con la que uno va perdiendo todo poco a poco.

LA VIDA NO ACABA EN LA TUMBA

Abril 2016. 12 de la noche.

Las noches no son frescas. Hace calor. Aún así, Edwin suda frío; tiembla de miedo y de esa angustia que se mete en el cuerpo como veneno cuando se está por confirmar y aceptar la realidad de un evento terrible. Uno de esos que estará presente en su vida para siempre. Edwin estuvo obligado a reconocer el cuerpo sin vida de su hermana.

“Yo fui, miré cervezas… eee… miré cervezas tiradas, platos de comida como que estaban comiendo… tenía un golpe aquí [en la quijada]… porque ella estaba en un baño, como que salió corriendo y cerró la puerta del baño y como que la empujaron y cuando cayó al piso se golpeó… se golpeó aquí, aquí…”. Su hermana estaba tendida en el piso. Era su cadáver. Edwin termina la frase y agacha más la cabeza, se entristece y junta las manos, su cuerpo delgado se encorva como caracol. Tres días antes de su muerte, Edwin había visto pasar a su hermana. Él le habló, pero ella simplemente lo ignoró. Lo ignoró para protegerlo. “La vendieron” me dice. Si su novio, miembro de la 18, la mató por celos, y si sus amigas, quienes la engancharon para vender drogas para esa misma pandilla, tuvieron algo que ver, eso nunca se va a saber. Así como la mayoría de los crímenes que ocurren en colonias pobres y marginadas, el asesinato de su hermana nunca se esclareció. Al Estado hondureño no le importa. No le interesa resolver los crímenes en estos barrios; una pandillera vendedora de drogas, hermana de quien sea, hija de alguien, no merece justicia –como si la justicia fuera algo que uno tiene que ganarse y no un principio elemental de seguridad. En su informe más reciente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que el 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedan en total impunidad.

Para las mujeres, la situación es mucho peor: solo en el 2016 se registraron 468 feminicidios, de los cuales 96% permanecen en total impunidad.

Para Edwin su hermana está muerta y los culpables sin castigo.

Para el Estado es una cifra más en homicidios… siempre que estos se registren. Pero la muerte no es muerte en la pandilla. Lo que quedaba de la hermana de Edwin le siguió sirviendo a la 18. Lo más tenebroso de esta historia, es que la vida para el mundo virtual no se acaba en la tumba, no para los pandilleros que tienen Facebook. A través del mundo cibernético –ese al que todos estamos conectados en vida– la 18 deshonró la muerte de la hermana de Edwin. Profanaron su tumba. La revivieron por Facebook y Edwin protestó.

“ya luego miré que la página de mi hermana estaba en línea, estaba conectada, entonces vine yo y mandé un mensaje, les dije: dejen en paz a mi hermana que ella estaba descansando en paz ya. Ellos me dijeron “busca dormir ya niño o…”

Ese “o” es el eco de la amenaza. Me dice las últimas palabras mientras se funde en la tristeza del recuerdo. Aprieta los brazos de la silla y ahoga su cabeza en el silencio. Imaginen esos sentimientos invasivos de impotencia, frustración y un dolor indescriptible, todos mezclados, recorriéndoles el cuerpo, tensando los nervios de cada extremidad. Sumen las lágrimas. Esas lágrimas que no salen, pero que ahí están atrás de los ojos, y se revuelcan en lo más profundo del espíritu como una marea sin salida.

Su cuerpo tiembla con fuerza. Yo no pregunto más.

LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE

Noviembre 2016. Tres días después del operativo Tifón.

“…un carro blanco de doble cabina empezó a pasar, pasaba despacito, era como cualquier carro, pero sin placas. Uno cuando no mira placas de carro se mete ligero. Y pues ya pasaba el carro… y ya después, al día, desapareció mi primo. Se lo llevaron ellos: los del carro blanco. Mi primo era 18 y desapareció. Mi familia lo estuvo buscando tres días y lo hallaron muerto en un río, inflado. Ya después se llevaron a otros dos de la 18, pero a esos dos [se los llevaron] para sacar información, los golpearon, les dijeron que si los volvían a ver en Honduras los iban a matar y pues ellos huyeron.

Y este… al segundo día, yo y un muchacho estábamos conversando de todo lo que habíamos pasado y nos fuimos a sentar afuera de la calle, abajo de un palo de tamarindo. Ya viene un carro, pero viene otro diferente, de color azul, él [muchacho] se sentó en una piedra y venía el carro y él como que si nada, vinieron, se pararon, se bajaron y lo agarraron y lo metieron. Y desde ahí no se volvió a saber nada. Anduvieron buscando en la morgue, por todos lados, nada.”

La cara de Edwin está descubierta, sus manos están relajadas sobre los brazos de la silla. Toda su fuerza está concentrada en su mirada; sus ojos miran directo a la pared como si le estuviera preguntando a ese muro sordo, mientras recuerda, ¿quiénes son? “los que andaban carros, mataban y desaparecían personas” y se llevaron a su amigo que jamás volvió. “A esos se les llama el escuadrón de la muerte” me dice de un tajo. Su mirada se enciende.

Los escuadrones de la muerte son agentes del Estado y tienen una larga historia en los barrios pobres de Centroamérica (vea el libro «Sobrevivir Honduras» de Adrienne Pine). No cuesta nada identificarlos y entender de qué se trata: con el Estado no hay ni tregua ni justicia, mucho menos protección.

A Edwin le pasó lo siguiente: después del allanamiento y la golpiza que le dieron a él y a sus amigas, la policía los exhibió a todos ante los medios de comunicación como miembros activos del Barrio-18. A Edwin se lo llevaron a la estación de policía en donde lo mantuvieron encerrado e incomunicado durante un día. Después lo dejaron ir. No hubo más investigación, no hubo nada más relacionado con procesos judiciales, solo hubo escuadrones de la muerte y la foto en los medios de comunicación en los que Edwin aparece como miembro del Barrio 18. Esto fue su sentencia de muerte. Al Estado le temen al igual que a las pandillas.

Para el Estado hondureño, Edwin sólo es un delincuente más de un barrio pobre. Si es o no pandillero, y si un pandillero es o no un delincuente, eso no importa; a los gobernantes les da igual si a Edwin lo descuartizan sus agentes de la muerte, la MS por ser 18 o el Barrio 18 por ser MS-13, él merece la muerte, no la vida.

Este morro (güirro) pasa más de cinco meses encerrado en casa de sus amigas para evitar ser la comida de los gusanos de un monte cerca de su comunidad. Ahí donde las familias van a pasar el día de campo y la policía y los pandilleros entierran a los que matan. Así tuvo que estar hasta que su mamá lo mandó traer desde Estados Unidos,  donde él no quería irse.

Operativo. Foto: Diario La Tribuna

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Tabasco, México Abril 2017.

Yo conozco a Edwin aquí, en la zona fronteriza de México y Guatemala, en el estado de Tabasco, en el peligroso poblado de Tenosique. Y en México no le va mejor porque al cruzar la frontera sin papeles, ante los ojos del Estado, se convierte en un “migrante indocumentado”, “un menor de edad no acompañado”, “un profanador de fronteras”, “una amenaza para la seguridad regional” a quien es mejor deportar.

Aquí en México, el Instituto Nacional de Migración (INM) lo persigue por la misma idea de seguridad que puso en marcha los operativos que sentenciaron a Edwin al destierro; es decir, la seguridad está muy cerca de la violencia y muy lejos de la justicia y la protección.

México no le ofrece mucho después de haber sobrevivido a la ola de Tifones que azotaron su barrio. La única manera en la que Edwin podría obtener la protección de la que nunca ha gozado es solicitando refugio en México. En teoría, Edwin es sujeto de protección según los principios universales de derechos humanos y las leyes internacionales porque su vida peligra en su país. Edwin puede solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Los funcionarios de esta institución son los que determinan si la persona es refugiada o no según el motivo de persecución. Los tipos de persecución ya están definidos. Sin embargo, existen otros criterios que entran en juego para determinar la condición de refugio. Y estos criterios los dicta el gobierno mexicano.

Albergue para migrantes en Tenosique, Tabasco. Foto: Irving Mondragón.

El problema es que, actualmente, la migración indocumentada, en general, es un asunto de seguridad regional y no un asunto que se deba tratar a partir de los principios universales de derechos humanos. Esto quiere decir que los funcionarios “por seguridad” van a optar por una interpretación restrictiva de lo que es un refugiado y los motivos de persecución. O sea, las probabilidades de que a Edwin no le den el refugio son muy altas. Es más seguro que lo deporten. Además de esto, bajo este panorama de “seguridad”, si Edwin decide solicitar refugio en México, el Estado mexicano lo mantendrá sujeto a un largo proceso burocrático que dura más de tres meses –y no dura tres meses como dice la Ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria en este país. Y bueno, al tiempo en que se dicten e implementen las medidas de protección adicionales por ser un menor de edad, eso sin considerar la identificación de un lugar adecuado para su estancia y cuidado mientras que no cumpla con la mayoría de edad, pues Edwin va a pasar un periodo larguísimo esperando y esperando “a ver si” se le considera digno de protección internacional. Además, mientras solicita asilo, o “refugio”, como es entendido en México, mientras es un “solicitante” Edwin tiene que permanecer en el estado donde hizo su aplicación. No puede irse a ningún otro lugar –a menos que empiece otro largo proceso de custodia– no vaya a ser que se le ocurra irse hacia el norte. La espera que tiene que enfrentar es la forma más eficaz para que simplemente se vaya, desista de su solicitud… o termine prefiriendo los servicios de las redes tráfico de personas.

Edwin pudo solicitar refugio, pero al entender lo que estaba en juego, decide seguir con el plan de la mamá y se sube al tren que parte desde Tenosique. Pero no se va solo. Él va con su “tío”, me dice. Pero bien sabe que no lo creo nada.

EL TÍO

Salto de agua, Chiapas, México. Foto: Irving Mondragón[/caption]

Con los pantalones sucios, tatuajes de mala tinta, cara curtida por el sol, cabello colocho, un diente de menos y torso fornido, este hombre de no más de 40 años, observa, conoce, habla con tono decidido, y manda. El tío es aficionado a la marihuana. Se reúne con un grupo de gente en las vías, habla serio con ellos, voltea a ver a Edwin –que está a un lado mío– vuelve a hablar, rola el toque y se va. Ese día se le habían rasgado los pantalones a Edwin y sólo esos traía. Andaba con sus calzoncillos muerto de la vergüenza. El tío paraba con la mirada la risa de cualquier persona que tuviera la intención de burlarse de Edwin y sus calzoncillos. El tío se va de las vías y solo nos dice “de aquí no se mueven, me oís?” Nosotros no nos movimos ni a la sombra. Llega el “tío” un par de horas más tarde con unos pantalones.

Pero el “tío” es más bien un buen hijo de puta. Un coyote con toda una red de alianzas y corrupción para cruzar México y dar el brinco a los Estados Unidos. Los operantes de las redes de tráfico parecen ser más capaces de ofrecerle una solución a Edwin que cualquier Estado con todos sus funcionarios bien vestidos y capaces de escribir miles de reportes al día sin asomar la nariz a la realidad. Y entonces el “tío” llegó por él.

Un día estamos comiendo en un albergue para migrantes donde Edwin pregunta por todas estas cuestiones del refugio y nos quedamos a comer. Su “tío» anda ahí también como pez en el agua. Habla con todo mundo, pero siempre sabe donde estamos. Nosotros hacemos fila para la comida, pero Edwin se queda platicando con alguien, se distrae, se separa de la fila, se confunde, quiere volver a meterse y no puede, lo regañan y le dicen de mala leche que comida para él, no hay. Edwin no protesta y se va a sentar sin comer. El tío se entera de la movida y va a decirle unas cuantas palabras al cocinero que había dejado al morro con la panza vacía y llega con un plato de comida mientras Edwin y yo lo esperamos para irnos.

“Come. Cuando terminés vas a dejar el plato.” Le dice el tío a Edwin, seco y fuerte.

“¿Y qué pasó? tío.” le pregunta Edwin con voz suave. No nos dice nada y se va. Luego nos dice una amiga de Edwin que ella había visto cuando el tío llegó con el cocinero del albergue y le dijo “No volvás a hablarle así hijoeputa o te arranco la garganta cuando estés ahí afuera.”

-¿Ese es quien te va a llevar con tu mamá Edwin?- Le pregunto al morrillo.

-Sí, me dice.

-Bueno, por lo menos con él no vas a tener que llenar un formulario y no te va a dejar sin comer. Si necesitas ropa, el te la va a buscar y no creo que nadie quiera que le arranquen la garganta. Vámonos,- le digo al chico.

Este buen hijo de puta fue quien, por fortuna o desgracia, sí ayuda a Edwin. No son las instituciones nacionales e internacionales con todos sus empleados y su papeleo, ni las leyes ni los organismos de derechos humanos, no. Quien lo saca de lo terrible de su situación es un malandrín. Es uno de esos tipos que andan en lo clandestino. Es ahí donde Edwin tuvo que ir a buscar “ayuda” a la medida de sus necesidades. Se internó en ese mundo clandestino que las políticas de seguridad regional ataca con armas y granadas porque todos los que nadan en esas aguas son criminales, según dice la autoridad… ¿Y Edwin? Edwin quedó a merced de la protección y seguridad que le pudiera dar la clandestinidad. El círculo del rechazo se cerró con el tío.

Si a Edwin lo agarra la ley, lo van a deportar, y eso es finalmente lo que quiere la autoridad: detener y deportar, detener y deportar porque la migración forzada no se ve como realmente es. Se le trata como si fuera un delito y la detención y la deportación es su castigo. Y las autoridades y “la seguridad” en realidad persiguen a Edwin, además de al tío malandrín.

Finalmente, Edwin se fue protegido por alguien capaz de arrancar una garganta. Este muchacho, a sus cortos 16 años, sabe lo que es la desaparición y la migración forzada; sabe lo que es la persecución a muerte, conoce lo que son las fosas clandestinas, el asesinato, la lucha hasta morir entre las pandillas, los escuadrones de la muerte, la injusticia y ¿por qué no es digno de protección inmediata?

Lo que le hemos mostrado a este chico es que nuestras políticas de “seguridad” regional no lo van a proteger. Al contrario, en su país, la sociedad no lo protegió de la violencia y la pobreza. Lo criminalizaron injustamente, la policía lo golpeó, las pandillas lo amenazaron y los medios ayudaron para condenarlo al destierro. Aquí en México, por ser migrante sin documentos también se le criminaliza, nuestras autoridades lo persiguen y lejos de ayudarlo, hacen todo lo posible para que termine sumido en la clandestinidad.

Nuestros gobiernos justifican todo esto en nombre de la seguridad regional. Pues bueno, ese tipo de seguridad destruye en vez de proteger a las personas, justo así como los tifones.

Menores centroamericanos no acompañados, Tijuana, México. Foto: Irving Mondragón.

 
 
 

Sobre los autores: Hijo del Tifón es el cuarto relato del proyecto de 2017 En las venas de la violencia. Este es el primer trabajo de periodismo etnográfico y acción comunitaria del Colectivo Línea 84.

Este proyecto se enfoca en los efectos que ha tenido la subordinación del tema migratorio a las políticas de seguridad regional,  en la vida diaria de las personas que migran. Esta subordinación se hace a nivel regional -México y Centroamérica- oficialmente, a partir de la Iniciativa Mérida. Principalmente, en las recónditas regiones fronterizas que dividen a México y Guatemala, dichas políticas tienen un impacto mayor. La ausencia del estado como garante de derechos y la militarización, transforman la vida cotidiana de los habitantes y las personas migrantes en estos lugares.

El trabajo de campo tuvo una duración de 4 meses durante los cuales, nuestro equipo de campo, como parte de nuestras acciones comunitarias,  se involucró en el día a día de las personas migrantes y en la defensa de sus derechos. Asimismo,  se realizó un voluntariado de tres meses en un albergue de la región fronteriza entre Guatemala y México .

Texto: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

Esta es una publicación entre Mongabay Latam y Contracorriente

Anaida Panting golpea las ollas con arroz que preparó para las guaras rojas. A las 4 en punto de la tarde decenas de Ara macao (nombre científico del ave nacional hondureña) descienden volando de entre los pinos atendiendo al llamado de esta mujer miskita que lleva tantos años cuidando los animales de su entorno que ya ni los puede contar. Tuvieron que pasar 18 años para que la conservación de la vida silvestre se insertara en las comunidades de Mabita y Rus Rus en el departamento de Gracias a Dios, dos comunidades remotas donde existen defensores que nadie conoce.

La Moskitia no sólo está integrado por el departamento de Gracias a Dios, el último, contiguo a Nicaragua, también comprende tres reservas naturales que atraviesan las tierras de los tawahka asentados en Olancho y de los miskitos que se extienden hasta Nicaragua. La Reserva del Hombre, Biósfera de Río Plátano fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y arqueológicamente cuenta con vestigios importantes como la Ciudad Blanca. Pero sobre todo, la moskitia hondureña es un territorio inhóspito donde las instituciones del Estado, todas, las de seguridad, las de justicia, las administrativas, todas, dicen lo mismo que Marleny Zelaya del Instituto de Conservación Forestal (ICF): “no tenemos logística para cubrir los grandes problemas que hay aquí”.

Las historias de narcotráfico y el drama de los buzos que terminan lisiados por la pesca de langosta son las historias que más resuenan en el exterior, pero los problemas en La Moskitia son tan variados y drásticos como sus paisajes y sus cambios de clima.

La comunidad de Mabita queda a más de 200 kms de Puerto Lempira, la cabecera departamental de Gracias a Dios, muy cerca de la frontera con Nicaragua. Antes de llegar a esta comunidad se pueden visualizar llanos, bosques de pino, bosques húmedos, y un par de ríos atravesados por puentes en muy mal estado, podridos, abandonados. A mitad de camino nos topamos con un retén militar en medio de la nada, jovencitos miskitos con uniformes moteados que pertenecen al Quinto Batallón de Infantería. Las misiones militares en esta zona llegaron para desarticular bandas criminales del narcotráfico y ahora también ven el tema de tráfico de madera y vida silvestre.

Después del retén se extienden los bosques de pino en un clima húmedo y extremo, hasta que se llega a las comunidades anunciadas con rótulos oxidados, como advertencia de que uno se aproxima a una tierra perdida donde viven indígenas defensores del medio ambiente que no se conocen, que reciben amenazas y que son asfixiados por la aguda situación de pobreza y la falta de acceso a servicios básicos en la que viven.

Anaida se aparta del grupito de niños que son sus nietos y sobrinos para atender las guaras y loras que tiene en recuperación, y también a las que llegan a comer después de disfrutar de la libertad entre los pinares. Cada día a las 4 de la tarde, las guaras llegan y comen de sus ollas, de su mano y a veces de su boca. Hay una muy especial para ella que ya está vieja, nadie  sabe cuántos años tiene, dice Anaida. «Es la única que se queda después de la comida, todas se van al comer, ésta se queda conmigo», cuenta después de una pelea en la que su guara especial le aplica una tunda a otra por acercarse mucho a su ama.

La guara roja es el ave nacional de Honduras. Actualmente hay entre 500 a 600 especímenes en estado silvestre en los pinares de Gracias a Dios y reintroducidas 36 en el Parque Macao Mountain en Copán y en la isla de Zacate Grande, según el biólogo Héctor Portillo quien por 20 años ha estudiado esta especie.

Marleny Zelaya del ICF regional de Puerto Lempira, cuenta que hacen todo lo que pueden, que es poco, porque no hay logística, porque no tienen biólogos y porque la situación es más compleja de lo que se ve. En mayo, cuenta Zelaya que el ICF tuvo que eliminar el monto que cobraba por la inscripción de estas aves silvestres,  por cada especie que era registrada se cobraba alrededor de 358 lempiras ($14.94),para incentivar a que las personas que tengan estos animales en cautiverio se animen a legalizarlos. Las penas son muy bajas por el tráfico de especies silvestres y este problema parece ser el que menos importa en un país controlado por mafias que usan de entretenimiento a estos animales.

Con el decreto 98-2007 de la Ley Forestal áreas protegidas y vida silvestre vigente desde marzo de 2008, se impusieron penas de reclusión por captura ilegal de fauna de 4 a 7 años, por el daño a la fauna de 1-3 años y por comercialización ilegal de fauna de 4 a 9 años. Todas estas penas son conmutables si son menores a 6 años.

Las ganancias de un negocio que no llega a los pobres

El ecotráfico es un problema presente en la región y muchas otras partes del mundo . En marzo de 2018, Jorge Eduardo Ríos, responsable del programa global para combate esta problemática a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), enfatizó en la agencia de noticias EFE que la falta de datos y estudios hace muy difícil medir el impacto real del tráfico de especies.

Ríos recuerda que algunos estudios calculan que los ingresos que genera este negocio ilícito fluctúa entre los 10 000 y 20 000 millones de dólares anuales en todo el mundo, una estimación muy conservadora para este experto si se incluye también la pesca y la tala ilegal.

En Honduras, la venta de animales silvestres y exóticos se castiga con el pago de una multa de 5 a 10 salarios mínimos (cada salario mínimo es de $400). Los expertos consultados consideran que esta pena es mínima si se compara con el impacto que genera la extracción de las especies de sus ecosistemas.

Por eso, lo que hacen Anaida y su familia en Mabita es considerado peligroso. Ahora hay 38 nidos de guaras rojas y 30 de loras verdes según la cuenta que ella lleva. La dieta de las guaras es parecida a la de las 19 familias de la comunidad: yuca, arroz, frijoles y plátano de la tierra que se cultiva en la zona.

Anaida cuida la guara en un refugio que ahora pertenece a la comunidad de Mabita pero que empezó con su familia. Foto: Martín Cálix

Anaida recuerda la primera vez que le llegaron estos animalitos a la casa. Hace cinco años, su esposo Santiago descubrió un grupo de jóvenes que saqueaban los nidos de guaras, que se llevaban las aves pequeñitas y así un día rescató siete. Anaida se enamoró de ellas, de su plumaje arcoíris.

El biólogo Héctor Portillo de la Fundación de Ciencias para el Estudio y la Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO), quien viaja a la Moskitia para estudiar estos animales y las amenazas que sufren ellos y las comunidades alrededor, cuenta que eso significa la palabra «guara»: arcoíris, en idioma Lenca –otro de los 13 grupos étnicos de Honduras, ubicado en las montañas de Yoro–. Aunque las guaras y los lencas ya no tienen mucha relación, esta ave sigue siendo símbolo de identidad nacional.

“Existen dos tipos de amenazas: para las especies y para la comunidad. El tráfico ilegal conlleva a que muchas veces esté dentro de las comunidades porque son locales los que saquean pero son los intermediarios quienes venden y los consumidores finales están fuera del país, normalmente en Jamaica e Islas Caimán.  Luego están las otras amenazas por parte de los colonos que están acaparando tierras, compran tierras, compran conciencias y muchas veces con la venia de los locales o los locales bajo las amenazas por la ingobernabilidad que en esa zona es terrible”, explica Portillo.

Una lora nuca amarilla come un trozo de tortilla de maíz en una vivienda en Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix

Este biólogo llegó en el año 2000 porque trabajaba en un proyecto de biodiversidad en áreas prioritarias y así logró identificar la guara verde, la guara roja y la lora nuca amarilla, especies únicamente ubicadas en su estado silvestre en la moskitia. “Por cinco años trabajamos en el monitoreo y eso era para capacitar a los locales como guías. El proyecto terminó en 2005 pero personalmente quedé impresionado con el sitio, así, yo viajaba y conseguía pequeños proyectos para incorporar a los locales en ese monitoreo, eso fue hasta 2009 y en ese año tras un congreso en Costa Rica, se puso en contacto conmigo la doctora Lorakim Joyner y su organización de Estados Unidos»”, narra el biólogo que ha escrito diversos artículos antes y después de impulsar el proyecto de conservación en Mabita.

En la Moskitia, sus pobladores viven en un estado de espera permanente. Esperan que alguien llegue con ayuda, que lleguen con buenas noticias, pero cuentan que lo que llega muchas veces es gente con malas intenciones que se aprovecha del estado de abandono en esta parte del país.

Por eso en Mabita,  los jóvenes que creen en la conservación y que se han sumado a las tareas de patrullaje, vigilan los nidos de las guaras rojas sobre todo entre abril y mayo. Salen a las 6 de la mañana y cambian de turno a las 6 de la tarde con la instrucción precisa de no dejar que nadie se acerque a saquear los nidos. A esos jóvenes cuando hay proyectos internacionales se les paga 200 lempiras (menos de 10 dólares) al día y a Anaida, que es la administradora del proyecto, le dan 3000 lempiras ($125) para la comida de las aves y otros 3000 ($125) por el trabajo realizado. Aunque este pago es reciente por parte de la gestión de la bióloga estadounidense Lorakim Joyner junto con INCEBIO, la comunidad comenzó esta labor de conservación sin pedir un pago a cambio.

La única guara verde rescatada durante la última incautación de animales silvestres víctimas del tráfico ilegal en la Moskitia fue llevada a la comunidad de Mabita, aquí se recupera de los maltratos y las heridas, se estima que pronto podrá volar libre junto a sus pares rojas. Foto: Martín Cálix

Pero algunos pobladores de esta comunidad perdida en la Moskitia, con apenas una escuela que llega a sexto grado, sin centro de salud, sin energía y sin agua potable, a veces ve como oportunidad vender un animal por 1500 lempiras ($62.50), aunque saben que luego el intermediario obtendrá una suma mucho mayor en el mercado internacional.

Una fuente dentro del Ministerio Público le aseguró a Mongabay Latam, que según investigaciones en la zona, el tráfico de vida silvestre en la Moskitia podría estar generando ingresos de 15 000 a 20 000 dólares mensuales. Una guara roja se vende a 1000 dólares pero una guara verde podría estar valorada en 3000. La Fiscalía del Medio Ambiente que investiga las rutas y el comercio ilegal tanto de madera y fauna en el área, logró identificar que la ruta más rentable es a través de la comunidad de Caukira (a media hora en lancha desde Puerto Lempira) con rumbo a  La Ceiba e Islas de la Bahía en el caribe hondureño y Jamaica.

Caukira es un pueblo colorido y visiblemente más desarrollado que Puerto Lempira. Está formado por una sola calle larga que al final desemboca en una  playa, es la costa que baña el océano atlántico. A la orilla de la laguna de Caratasca se ve una fila de casas que son de los dueños de los barcos pesqueros que trabajan en la extracción de  langostas y pepinos de mar. Es allí donde se maneja el negocio precario que ha dejado lisiados a más de 5000 hombres en la moskitia debido a la enfermedad por descompresión por sumergirse en el oceano sin la protección adecuada. Pero Caukira también es un sitio de mucho tráfico, allí han llegado fardos de cocaína, marihuana de Jamaica y con esto el trueque de especies exóticas, según la fuente en la fiscalía.

El negocio es tan lucrativo que intentar atacarlo puede costar la vida en esta zona donde, como dijo Portillo, la falta de gobernabilidad es alarmante.

Caukira. Foto: Martín Cálix.

En diciembre de 2017, con apenas 10 meses de estar trabajando, el fiscal asignado a la unidad de medio ambiente en Puerto Lempira, tuvo que huir tras un atentado en su casa después de realizar acciones contra el tráfico de madera y especies de vida silvestre.

El fiscal llegó y comenzó a trabajar con los militares, que en la Moskitia son la única muestra clara y evidente de la presencia del Estado. Se realizó a fines de diciembre la incautación de más de 60 Ara macao, 120 loras, una guara verde y alrededor de 12 monos cara blanca que fueron llevados a Mabita para su recuperación y posterior liberación. Después de eso, individuos desconocidos dispararon contra el portón, la puerta y las ventanas del apartamento donde vivía el fiscal quien de inmediato fue removido. Nadie fue acusado por el atentado. Ahora se habla poco del tema y la mayoría de autoridades se ponen de acuerdo en que es un negocio que no significa nada comparado a los problemas que tienen en esta zona.

Varias autoridades civiles aseguraron que incluso, en varias ocasiones, encontraron animales silvestres en los cuarteles militares y que en muchos casos estos animales eran cazados y extraídos con el beneplácito de ellos.

“A veces pasa que la aplicación de la ley no es adecuada. A nosotros como ICF nos toca estar en medio entre las autoridades del Ministerio Público, los militares y las comunidades”, expresa Zelaya. Y agrega que no fue la mejor manera de cumplir la ley, el que el Ministerio Público pasara de cero acciones de fiscalización a  imponer mano dura contra el tráfico sin tomar en cuenta que muchas comunidades son pobres y hacen uso racional –aunque no legal– de los recursos.

Marleny Zelaya, directora regional del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Foto: Martín Cálix.

Doña Anaida recibió con gusto los animales que ahora se recuperan en Mabita. La única guara verde que tiene es asustadiza, le teme a todo, se aisla y se esconde del lente de la cámara. Tiene golpes. Doña Anaida dice que las instituciones del Estado aparecen solo para dar la cara un momento y después se pierden. Llegó la fiscalía a dejar los animales, llegó el ICF para apoyar en el traslado de los animales, pero luego tuvieron que irse. Marleny Zelaya del ICF confiesa que hacen lo que pueden, a veces les toca asumir el papel de mediadores para que los problemas no se hagan más grandes.

Las comunidades de Rus Rus y Mabita sufren con el abandono, un abandono que roza con el olvido. En Rus Rus hace alrededor de una década surgió un conflicto entre narcotraficantes que hizo que la gente se viera obligada a abandonar sus hogares. El narcotráfico también trae consigo otras prácticas, como la ganadería extensiva. Según el Plan de Nación Visión de País elaborado en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) se estima que se pierden 70 000 hectáreas de bosque por año, sobre todo en la zona de Olancho y en las áreas protegidas de la Moskitia.

Familia miskita en comunidad de Mabita pasa la tarde. Foto: Martín Cálix.

“Si se sobrevuela la biosfera se nota el descombro que hay», asegura el coronel Héctor Cabrera de la Fuerza de Tarea Conjunta que cuenta con cinco destacamentos militares en la zona de Ahuás, Wuarunta y Auka en la moskitia hondureña donde hay mayor problema con colonos que compran tierras ilegalmente. Los colonos se han movido desde Auka hasta Wuarunta para continuar talando el bosque, además de participar en otras acciones criminales. En territorios como éste,  donde el tráfico de drogas se desarrolla con mayor libertad, la militarización y el abandono terminan muchas veces en tragedia. El 22 de mayo tres indígenas miskitos fueron asesinados por militares asignados a esta zona y es en estos casos cuando de pronto todos los problemas confluyen: el narcotráfico, el acaparamiento ilegal de tierras y el uso de las armas contra el pueblo miskito. La única presencia fuerte del Estado también se ha convertido en un peligro.

Doña Anaida dice que siempre habrá problemas, cuenta que hace unas semanas un muchacho robó un huevo de lora que luego supo que vendió en Nicaragua por 1500 lempiras (62.50 dólares). El hambre propicia también el tráfico.

Más aún si a Mabita llegan extranjeros para hacer negocios con la guara.  Investigaciones del Ministerio Público indican que se comercializaban diversas aves en la ruta de Mocorón, Rus Rus y Leimus, y que un hombre de nacionalidad china era el que les pagaba  a los locales para que roben pichones de los nidos. Poco dinero para los pobladores, mucho para los traficantes que venden las especies en mercados de Europa, Asia y Honduras. Es un tráfico de alto nivel, personas peligrosas a las que se enfrentan las comunidades que quieren cuidar  a estos animales.

Anaida ha creado un vínculo fuerte con las aves que cuida y alimenta. Foto: Martín Cálix

«Aquí a los miskitos nos pueden matar y es como que maten a una gallina», dice un poblador de Rus Rus. Esta población discriminada es la que rescata y cuida al ave nacional sin esperar nada a cambio. Saben que si alguien los amenaza y los elimina del camino para seguir el negocio, su muerte no llegará ni a los noticieros.

La guara roja era para los mayas la protectora de los bosques, el fuego del sol encarnado. Pero ahora en las ciudades solo se ven encerradas y ver a una guara volando se ha convertido en casi un milagro. En Mavita se da ese milagro, Anaida las recibe y las besa. Apu pauni pree palisa, “Guara roja vuela libre”, dice en algunos rótulos escritos en lengua miskita que rodean esta comunidad que apenas recibe visitas. La guara roja vuela libre y regresa a los brazos de quienes las rescataron.

La guara roja ha encontrado en la comunidad de Mabita una esperanza para su conservación. Foto: Martín Cálix.

A poco tiempo de finalizar el proceso para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto del Estado, se revelan los vínculos de los candidatos con el poder y las redes de corurpción. Algunos de los que se elegirán para la etapa final enfrentan denuncias de cuando ejercieron en otras dependencias estatales y otros demuestran evidentes conflictos de interés, muchos de ellos con fuertes conexiones personales con los gobernantes del país.

28 candidatos se postularon y ahora solo quedan 18, al proceso solo le hace falta que la Junta Proponente elija a cinco nominados que se enviarán al Congreso Nacional dentro del cual se nombrará a dos. Para aprobarlo, se tiene que llegar a una mayoría calificada (86 votos) en un Congreso donde prima el Partido Nacional con 61 curules ganados de 128.

La nómina de 5 candidatos debe enviarse a más tardar 30 días antes de que termine el período del Fiscal General y Fiscal General Adjunto en funciones el próximo 24 de septiembre.

Candidatos con denuncias

Dentro del proceso de evaluación de los aspirantes, la Junta Proponente dio a conocer los nombres de cuatro candidatos que poseen denuncias en el Ministerio Público: Mario de la Cruz Melgar, Hermes Moncada, Lidia Estela Cardona y Juan Barrientos. Entre ellos, uno está acusado de inscribir varias propiedades a favor de Sergio Neftalí Mejía Duarte, extraditado por supuesto narcotráfico.

La Junta Proponente es la única que conoce las causas por la que fueron denunciados los cuatro aspirantes. Sin embargo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció recientemente ante la CSJ, que son siete los candidatos al cargo de Fiscal General que no deberían ser tomados en cuenta porque presentan irregularidades.

De acuerdo a las declaraciones del CNA, un candidato tiene 14 denuncias en el Ministerio Público por retardo malicioso de justicia, abuso de autoridad, degeneración de justicia, violación a los deberes de los funcionarios y traición a la patria cuando fue juez en el Poder Judicial. También señaló que otro aspirante fungió como funcionario de la Secretaría de Finanzas y de acuerdo a una denuncia promovida en su contra por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), el aspirante dictó una resolución validando un fraude en contra del Estado.

De igual manera, otro de los candidatos denunciados fue notario público de Carlos Arnaldo Lobo, uno de los primeros extraditados por estar vinculado al narcotráfico y también manifestó que otro aspirante recientemente participó como candidato a diputado suplente por una corriente de un partido político tradicional del país.

Una investigación de Revistazo en la que consultaron las bases de datos de la participación en las elecciones primarias de 2017, reveló que 9 de los 18 candidatos a Fiscal General votaron en urnas nacionalistas mientras que 4 lo hicieron en las liberales y los demás no aparecen en el censo.

El abogado cercano a Elvin Santos

Juan Carlos Barrientos es el candidato con el puntaje más alto en las evaluaciones de la Junta Proponente, detrás de él se encuentra el apoyo de parte de la bancada liberal pues tiene nexos con el diputado, Elvin Santos, actualmente señalado en el caso de corrupción “Pandora” en el que se desfalcó por más de 200 millones de lempiras la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Juan Carlos Barrientos. Foto: Hondudiario

Barrientos fue el abogado que presentó en 2013 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso de reposición para anular una resolución que inhabilitaba a Elvin Santos a aspirar a la candidatura presidencial del Partido Liberal debido a que era Vicepresidente en aquel momento. De igual manera, Barrientos se ha encargado de ser el abogado de los convenios públicos de la empresa constructora Santos y Asociados.

En 2015 la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, denunció que el abogado Barrientos inscribió una propiedad que pertenece a la UNAH a nombre de Santos y Compañía cuando fue Secretario general del Instituto de la Propiedad: “mi sorpresa es que en la audiencia sobre este caso el defensor de esa empresa es también Barrientos» señaló Castellanos a los medios en aquella ocasión.

Actualmente la esposa de Barrientos es la diputada suplente de Elvin Santos, el mismo que se encuentra bajo investigaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) dentro de un caso de corrupción en el habrían drenado fondos desde la SAG para el financiamiento de las campañas políticas en 2013. De acuerdo a las investigaciones, 99 millones de lempiras habrían sido destinados al Partido Liberal.

El notario de Juan Orlando Hernández

Abraham Alvarenga Urbina, actual Procurador General de la República, es uno de los candidatos más fuertes, se posiciona entre los tres aspirantes mejor evaluados por la Junta Proponente y mantiene un historial muy cercano con el partido de gobierno y con Juan Orlando Hernández.

Alvarenga Urbina es procurador desde 2015 y sigue ocupando el puesto a pesar de que su plazo venció en enero, esto debido a que el Congreso Nacional, en medio de una reciente crisis post-electoral, no logró reunir suficientes votos para elegir a su sustituto. En aquel momento, varios diputados nacionalistas declararon que esta elección se haría hasta después de que se decida al Fiscal General,  cuando se desconocía que Urbina participaría del proceso.

Abraham Alvarenga Urbina. Foto: Hondudiario

El procurador es reconocido por su afiliación al Partido Nacional, fue diputado por Lempira en el período de 2006 y 2010, legislación que estuvo marcada por respaldar y dar órdenes para la ejecución de un Golpe de Estado en 2009 al expresidente Manuel Zelaya. De acuerdo a los documentos oficiales, su diputado suplente, Samuel Armando Reyes Rendón, fue uno de los que votaron a favor de la separación del cargo del ex  mandatario.

Durante su período como diputado, además de ser compañero de curul con Juan Orlando Hernández en esa época, fue mencionado por la Fundación Democracia Sin Fronteras como uno de los legisladores más improductivos. Alvarenga Urbina fue suplente en la legislación siguiente.

La Confraternidad Evangélica lo respaldó en 2015 cuando propusieron para ser magistrados a la Corte Suprema de Justicia, aunque no pasó a formar de la lista de los primeros 100. Esta confraternidad ha demostrado tener poder de decisión en el país en varias ocasiones, actualmente su líder, Alberto Solórzano es miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional.

Alvarenga se postuló el año pasado para formar parte de la Unidad de Política Limpia, a pesar de que uno de los requisitos era no haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos seis años. De acuerdo con una escritura pública que dio a conocer  la ex diputada de Libertad y Refundación (LIBRE), Beatriz Valle, Abraham Alvarenga además de ser procurador, ha sido notario público de Juan Orlando Hernández.

El hombre cercano a Óscar Chinchilla

Daniel Arturo Sibrían Bueso es el cuarto puesto mejor calificado según la Junta Proponente, actualmente se desempeña como jefe de la División Legal del Ministerio Público y es asesor del despacho del actual Fiscal General, Oscar Chinchilla y fue su asistente cuando este era Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Además, es hermano del ex diputado suplente del Partido Liberal, Francisco Sibrián Bueso, quien dirigió la Oficina Normativa de Compras del Estado (ONCAE) cuando Yani Rosenthal era Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya.

Foto: El Heraldo.

La magistrada que falló a favor de la reelección

Lidia Estela Cardona es la quinta candidata con mejores calificaciones en el proceso, actualmente es una de los cuatro aspirantes que  un proceso de investigación por denuncias en su contra interpuestas en el Ministerio Público, tiene poderosos vínculos con Juan Orlando Hernández.

Cardona fue viceministra del Interior y Población en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en 2011, además se desempeñó como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Sosa y en el de Juan Orlando Hernández, durante este último formó parte del fallo que dio lugar a la reelección ilegal de Hernández y actualmente se dedica a ser enlace entre el él y la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH).

El asistente de Rolando Argueta

Hermes Omar Moncada- Foto: Poder Judicial

“No cabe duda, que el altísimo, me ha ubicado en un momento histórico para Honduras, al participar en este proceso y postularme para ser Fiscal General” es la frase que se puede leer en la primera hoja de la propuesta de Hermes Omar Moncada, el sexto candidato con mejores calificaciones de acuerdo a la Junta Proponente.

Moncada es uno de los candidatos que se encuentra en investigación por denuncias en el Ministerio Público (MP), actualmente es asistente del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien forma parte de la Junta Proponente que elige a los cinco candidatos finales.

En 2006 el abogado fue denunciado en diferentes comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) debido a que cuando era Juez de Letras en Gracias, Lempira dejó sin valor y efecto la resolución a favor de la libertad de Luciano Pineda, según COPINH acusado injustamente de asesinato en medio de una lucha por el territorio en Montaña Verde en Lempira.

“El licenciado Moncada fue el mismo que se negó a reconocer la prescripción del delito robo y daño, del que también el estado de Honduras ha acusado al compañero Luciano Pineda, por el cual todavía está en prisión” señala un comunicado de COPINH de enero de ese año. Este caso podría representar un conflicto de intereses si Moncada llegara a ser Fiscal General, ya que el MP actualmente se encuentra investigando el asesinato de Berta Cáceres, coordinadora y fundadora del COPINH que fue asesinada en marzo de 2016.

Los nexos de poder de los demás candidatos

Otros postulantes que se disputan el cargo de Fiscal General parecen ser cercanos a los gobernantes actuales o grupos de poder que lideran el país. Por un lado, se encuentra entre los candidatos el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Antonio Castro Barrientos, cuya dependencia se encarga de encabezar casos considerados como de alto impacto.

La ATIC fue creada en 2014 y desde entonces Ricardo Castro ha trabajado de cerca con el actual Fiscal General, Oscar Chinchilla, y con el presidente Hernández, sobre todo en los casos de extraditados por narcotráfico.

De igual manera, otro de los postulantes es Óscar Armando Vásquez Tercero, quien fue director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cargo que consiguió al ser electo por el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) y posteriormente fue aprobado por Juan Orlando Hernández

Diferentes especialistas cuestionaron en su momento que la DIECP, en cinco años de funcionamiento y con un presupuesto de 200 millones de lempiras, presentara pocos resultados. La salida de Vásquez dio paso a la reorganización hacia la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).

Otro candidato que tiene vínculos muy fuertes con la Policía Nacional es Eduardo Antonio Lagos Galindo, fue Coordinador Regional e Inspector de ese ente y luego fungió como gerente de Investigación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), entidad que desapareció por considerarla ineficiente e inmediatamente entrara en función la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía (DIDADPOL).

Cuando Juan Orlando Henandez era presidente del Congreso Nacional en 2012, destituyó a cuatro magistrados de la CSJ ilegalmente. Ante esta acción, los separados de su cargo presentaron un recurso de amparo que varios jueces declararon inadmisible. Uno de ellos es candidato, se trata de Omar Bonilla Jiménez, diversos observadores calificaron la acción como un «golpe» de esa legislatura en contra del poder judicial.

Finalmente, Mayra Lizeth Aguilera Torres, una candidata propuesta por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) es magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, ostentó los cargos de fiscal del Ministerio Público y juez de sentencia en el poder judicial.

La abogada Aguilera fue una de las juezas que condenó de difamación a Gladys Lanza, en aquel entonces coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz Visitación Padilla. Lanza fue condenada por difundir una denuncia de acoso sexual y hostigamiento laboral, interpuesta por Lesbia Pachecho, ex jefa de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI) en contra del director de la institución, Juan Carlos Reyes.

Reyes es esposo de la ex diputada liberal, Gabriela Núñez, y ex ministra de Finanzas en el gobierno de Roberto Micheletti, juramentado como presidente por el Congreso Nacional durante el Golpe de Estado de 2009.

La elección del Fiscal General también ha sido muy custodiada por la Confraternidad Evangélica, quienes se encuentran orando por un Fiscal General “cinco estrellas”. Una de esas jornadas de oración la realizaron frente al Congreso Nacional donde el líder del movimiento, Alan Ver Beek, uno de los confundadores de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que a su criterio hay candidatos que tienen nexos con delincuentes y narcotraficantes que quieren adueñarse del Ministerio Público y que es este ente el que se encargará de “enjuiciar a quién realizó una masacre, asesinó a un miskito, mató a su vecino en Nueva Suyapa”.

El actual fiscal general, Óscar Chinchilla, fue propuesto para una reelección por cinco comités de colonias capitalinas y un pastor evangélico a último momento. Sin embargo, Chinchilla renunció a esa candidatura.

Ante todo este panorama, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, denunció en un  foro que los encargados de elegir al próximo Fiscal General han sido cuestionados públicamente y procesados por corrupción

Diputados del Congreso Nacional han sido acusados en casos de corrupción, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, a quiénes no se les ha comenzado ningún proceso judicial y siguen ostentando sus cargos, estos diputados son los mismos que tienen relaciones estrechas con muchos candidatos y entre ellos elegirán a la persona que debería investigar esas acusaciones.

“La visión que tengo de la realidad me va a permitir modificarla de cierto modo”, dice Beatriz Rosselot, cineasta y productora chilena cuando se le pregunta cuál es la visión que debe tener todo documentalista. Rosselot surgió como realizadora de cine documental con una generación que no se detuvo a pesar de la abrupta interrupción de la dictadura de Pinochet que solo les dejaba con la oportunidad de hacer musicales televisivos y telenovelas. A pesar de esa situación el cine documental de este país se mantiene como referente regional.

Entre gobiernos militares y desastres naturales el cine documental en Honduras tuvo sus inicios en la década de los 70 de la mano del legendario cineasta hondureño Sami Kafatti. Ahora en 2018, a pesar de no tener una Ley de Cine que regule y fomente esta actividad artística, este género cinematográfico está tomando gran importancia ante las realidades de la sociedad y las injusticias que se sufren, además de preservar a través de la lírica audiovisual la memoria histórica del país.

La carencia de una ley de cine se da a pesar de que una propuesta fue impulsada por la Asociación Hondureña de Cineastas. La falta de esta ley limita, entre otras cosas, las oportunidades de los cineastas de recibir apoyo de fondos de coproducción de otros gobiernos. Sin embargo, se sigue trabajando y presionando para la aprobación de esta ley, además incidiendo para que sea una legislación consensuada con los realizadores de producción audiovisual del país.

Enamorada de la realidad, Beatriz decidió instalarse en el documental y escoger la militancia que, según ella, representa este género cinematográfico. Recientemente, Beatriz Rosselot dio un taller de desarrollo de proyectos documentales a realizadores hondureños y habló con Contracorriente sobre la importancia de que los documentalistas adquieran un compromiso social en su país y las oportunidades perdidas ante la falta de una ley de cine.

CC: ¿Qué te llamó a la comunicación y a los documentales?

BR: Trabajar con la realidad. No me llamaba la atención el periodismo, a pesar de que mis primeros trabajos en la televisión era encargarme de los intercambios noticiosos con el exterior. Yo creo que trabajar con la realidad fue lo que me hizo instalarme y preferir siempre el género documental. Algunos que trabajamos con comunicación decimos que la realidad no existe pero es eso, poder tener un punto de vista frente a los sucesos, la gente y las cosas.

CC: ¿Hay alguna característica especial de la realidad en nuestros países?

BR: Por supuesto, son países con procesos sociopolíticos en constante movimiento, pasan muchas cosas. Y eso se nota hoy en día que los contenidos audiovisuales circulan y no tienen frontera, que siempre tienen que estar disponibles. Para eso existe esta red que es bastante democrática, siempre que tengamos banda ancha. Hay un aspecto de acceso que no es democrático pero en el momento en que lo tenemos todos podemos acceder, hay menos límites y menos fronteras ideológicas, geográficas, políticas etc. Los sucesos y las realidades que se generan en Latinoamérica están en la mira de los países desarrollados y de quienes compran contenidos originales. Porque el tema es la originalidad, y les parece que nosotros todavía somos sumamente originales. Y esto sirve para los procesos internos, sirve para el desempeño laboral para los que nos gusta trabajar y vivir de esto, también sirve para darnos a conocer, para estar más cerca de otras culturas.

CC: ¿Cuál debe ser el papel del documentalista ante estas realidades? ¿Contarlas o intentar cambiarlas?

BR: La diferencia de nuestro cine, es que es independiente de autor y que tiene punto de vista, tiene una mirada. Los documentalistas de Latinoamérica en general se la juegan, adoptan una postura y allá vamos. Ya sea que se trate de una denuncia, de proteger a la infancia, o como sucede aquí en Honduras preocuparse por la violencia doméstica. Por supuesto que siempre es útil el género documental, y se logran cambios conductuales. Y se pueden lograr cambios legales.

CC: ¿Cómo fue enfrentarse a las realidades de dictadura en Chile como documentalista?

BR: ¡Uff! El documental ha sido un vehículo de comunicación para nosotros muy importante post dictadura. Durante la dictadura lo que se hacía era muy poco. Yo recuerdo como productora proteger a los corresponsales extranjeros, era lo único que podía hacer. O hacer corresponsalía para otros países. Podíamos hacer muy poco, hacíamos musicales y telenovelas.

Después reconstruir la memoria. En la reconstrucción de la memoria, el documentalismo es clave. En el acervo audiovisual de un país el documentalismo es muy importante porque finalmente eso tenemos que hacer. Estamos llamados a dejar testimonio y eso es con punto de vista. Porque finalmente el historiador puro y duro no existe, la realidad siempre es manejable.

CC: ¿En Honduras se está haciendo la tarea?

BR:  Sí, por supuesto. Ustedes tienen documentalistas como Katia Lara que han arriesgado su pellejo y han trabajado muchísimo. Hoy estamos concluyendo un taller y hubo 14 personas con muy buenos intereses. Muchas mujeres que están haciendo muchísimas cosas que tienen un colectivo, trabajan mancomunadamente y esto les da mucha más fuerza. Tienen proyectos geniales y proyectos riesgosos, todos con el afán de que “mi visión de esta realidad va a permitir modificarla de cierto modo”.

CC: ¿Qué falta aquí en Honduras?                                                                                                                               

BR: ¡Ufff! Una ley de cine para que podamos trabajar en conjunto. Para poder alcanzar todas esas pantallas que están disponibles en cualquier dispositivo tiene que ser una producción de calidad a un estándar bastante alto. Para eso se necesita recurso y estos están de a poquito en todas partes pero hay que tener una ley de cine. Honduras tiene que ser parte de todos los acuerdos que tenemos pero para eso se necesita una ley de cine, tratados de coproducción con otros países. Sobre todo con los países que tenemos recursos para producción. Sabemos que en Honduras hay tareas prioritarias, políticas, sociales y económicas, quizá más allá de propiciar el cine, pero es que no se reconoce la importancia que tiene la comunicación o en este caso, este séptimo arte como pilar importantísimo de desarrollo. La cultura es un pilar fundamental del desarrollo, y el cine es una de las disciplinas artísticas más valoradas en todo el mundo, súper democrática y abierta. Además, nos gusta mirarnos a todos los seres humanos y ver donde estamos, para eso el cine es maravilloso. Hay que tratar de tener una buena ley de cine y empezar a ser parte del resto para poder colaborarnos mutuamente.

CC: ¿Quiénes deben construir esta ley?

BR: Tengo entendido que hay un proyecto de ley en el congreso, hay que darle seguimiento. Otra parte importante es la formación. También he recibido la información  de que hay universidades que están interesadas en organizar carreras para profesionalizar el sector, es muy necesario. Es una disciplina compleja porque requiere de muchas especialidades particulares. Un director de fotografía tiene una formación muy distinta que un director de actores, y son todos indispensables. El documental requiere menos gente que la ficción, es un equipo mucho más chico pero aun así nos referimos a 4 o 5 especialidades.

CC: En países con recursos limitados ¿se debe primar el documental sobre la ficción?

BR: Yo creo que tienen que convivir naturalmente. El documentalismo es más una militancia, hay que estar convencido. Los cineastas de ficción pueden vivir en una burbuja, los cineastas documentalistas estamos obligados a vivir en la realidad y en ese sentido quizá somos más intensos, más duros, más desconfiados, más políticos también.

Me encanta la comedia. En Latinoamérica somos malos comediantes, nos faltan más chaplines, los mexicanos fueron buenos pero hoy en día no he visto tan buena comedia destacable. Los argentinos también lo fueron pero están de capa caída. Nuestros países en general tienen historias complejas pero a la vez tenemos buenas historias. Me gusta esa idea que tenemos realidades comunes que podemos abordar entre varios.

CC: Ante dictaduras diferentes en Latinoamérica ¿Debería cambiar la tarea de los documentalistas?

BR: Sí, me gusta la idea que ha surgido de tratar los temas trasversalmente dentro de ciertos países. Tú puedes escoger varios países para tratar una temática común. Por ejemplo abordar el tema de la educación que es importantísimo. La calidad de la educación ha descendido muchísimo. Hay mucho que decir en cuanto a la educación privada, los negocios en la educación. Se nos repiten los patrones y tenemos transnacionales de la educación en todos nuestros países.

Por ahora, en Honduras, no hay que perder de vista el proyecto de ley, acercarse a los legisladores y contarles lo importante que es la memoria histórica y colectiva. Contarles el empoderamiento social que genera la comunicación.

CC: El documentalista hondureño o latinoamericano ¿puede darse el lujo de ser objetivo?

BR: A ustedes los periodistas les gusta la objetividad, a nosotros no tanto. Es mejor tomar posición, es más honesto y más fácil. La objetividad no existe.

CC: ¿Qué hará Beatriz en un Chile sin mundial?

BR:  Pucha, Chile sin mundial es una pena, yo no sé qué voy a hacer este mes. Menos mal de que tengo que andar en terreno grabando.

Texto: Fernando Silva
Fotografías: Martín Cálix

El Centro histórico de Tegucigalpa es el lugar donde transita la bella nostalgia de la capital hondureña. Sin embargo, ahora en pro de la revitalización urbana del Centro Histórico, se está gestando la expulsión de las clases populares que desde hace muchos años ocuparon el Centro, sustituyéndoles con comercios y condominios de precios inalcanzables para los habitantes de la zona más transitada de la ciudad con dragones, como la llamaría el poeta Pompeyo del Valle.

El Centro además de estar colmado por locales con venta de ropa usada y vendedores ambulantes que ofrecen todo tipo de ungüentos medicinales, es el epicentro de la cultura en la capital, al estar rodeado por museos, cafeterías históricas, teatros y galerías. Sin embargo, estas casas de cultura serán el instrumento que empresarios utilizan para sacar a los transeúntes y habitantes que le dan color a esta zona y atraer a jóvenes millenials que tengan la capacidad económica suficiente para sostener sus negocios.

Nexos con el poder

El arquitecto del proyecto «Vuelve al centro» fue Fernando Castillo Callejas, quien es pieza clave para entender la conexión entre el mismo y las empresas que están invirtiendo en el centro histórico de Tegucigalpa. Castillo es socio de Condominios La Ronda y también es el Gerente General de Raíz Capital, la empresa que tiene como campaña «Vuelve al Centro» y que además se encarga de la renovación del edificio Quinchón León como proyecto piloto.

Según el sitio oficial de Raíz Capital, esta empresa espera «renovar gradualmente las propiedades y reactivar las áreas circundantes» además pretenden convertir Tegucigalpa «en un centro de renovación del espíritu empresarial, centrado en la inclusión social, el desarrollo cultural y el empoderamiento económico de los trabajadores humildes».

El alquiler mensual de los apartamentos de la torre de condominios va desde los 8 mil lempiras (333 dólares) hasta los 16 mil lempiras (750 dólares). En Honduras el salario mínimo promedio es de 8,910 lempiras (371 dólares) y la Canasta Básica Alimenticia llega a los 8,326 lempiras (352 dólares). En este país de precariedades, 4 de cada 10 habitantes sobreviven con menos de 2 dólares diarios, según datos del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH).

Centro de Tegucigalpa centro histórico Avenida Miguel de Cervantes, que conecta hacia a la Plaza Central de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

El lema de Condominios la Ronda es el de «Un estilo de vida original en el centro de Tegucigalpa» pero parece ser que a la mayoría de la población y a los «trabajadores humildes» no les alcanza para comprar originalidad.

Nando Castillo, el arquitecto que parece ser el que de forma visible comanda estos proyectos, es respaldado de tal forma que, según Verónica Romero de la organización cultural Mujeres en las Artes (MUA), «solo levanta el teléfono y mueve cielo, mar y tierra». Este alcance e influencia es gracias al respaldo que le brindan diversas familias que ejercen el control político y económico sobre Tegucigalpa.

Castillo, en 2013 se casó con la hija del ex presidente nacionalista Ricardo Maduro, Lorena Maduro. Este evento contó con la presencia de personajes de la alta aristocracia hondureña, como Ricardo Álvarez, ex alcalde de Tegucigalpa quien ha sido investigado por actos de corrupción en la construcción del Trans 450; y Rafael Callejas, ex presidente de la República y extraditado en 2015 por corrupción en el caso del FIFA GATE.

Centro de Tegucigalpa centro histórico Condominios La Ronda está ubicado en el antiguo edificio del Hotel La Ronda. Foto: Martín Cálix.


Castillo al ser el encargado del proyecto de Condominios en el Barrio La Ronda, también ha trabajado directamente con el Grupo Midence Soto Pierrefeu a quienes pertenece este renovado edificio desde hace muchos años y que además aparecen como dueños de Inmobiliaria La Ronda.

Este grupo se divide en sectores, entre los que se destaca el área inmobiliaria, orientada «al segmento medio-alto y alto de la sociedad» y el cual es dirigido por Thierry de Pierrefeu Midence quien fue Ministro de Turismo en la Administración del ex presidente Ricardo Maduro.

La familia Midence Soto ha sido según Gloria Lara, presidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico (CCCH), la dueña de la mayor parte de los edificios del Centro de Tegucigalpa, incluyendo el antiguo Hotel La Ronda que había caído en un serio descuido hasta que ellos mismos comenzaron esta revitalización.

Centro de Tegucigalpa centro histórico yo no quiero ser violadaDos mujeres caminan en el Centro Histórico de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

 

La mentira tras Vuelve al Centro

«Una generación de jóvenes y personas abandonaron el centro» explica María Teresa Agurcia, editora operacional de este proyecto, en un discurso que parece tener aprendido de memoria. La entrevista es en Casa Quinchón, un lugar en el que se respira un ambiente muy diferente a todo lo que rodea al centro. Este es un edificio lleno de oficinas con sillones que parecen más obras post modernistas que lugares para sentarse, y para tratar de emular el contacto con la naturaleza hay grama artificial por todos lados.

Los organizadores de Vuelve al Centro definen esta iniciativa como un movimiento cultural que invita a los hondureños a regresar al centro de Tegucigalpa con la idea de crear una plataforma para dar a conocer el centro ya que «no se puede valorar lo que no se conoce».

Actualmente si alguien piensa en cultura en El Centro, se piensa en esta iniciativa y no en las casas culturales que por muchos años han trabajado estas temáticas y que, aparentemente, están incomodas con la invisibilización de sus acciones.

«Vuelve al Centro es una campaña empresarial que se disfraza de iniciativa cultural, es la campaña de una empresa que se llama Raíz Capital en la que se ha generado la idea errónea de que toda la actividad cultural de esta zona es generada por ellos, además de que se están aprovechando del trabajo previo de los centros» dice Verónica Romero del MUA.

Centro de Tegucigalpa centro histórico yo no quiero ser violadaVerónica Romero de MUA.

Desde 1995 una de las casas de cultura preocupadas por la revitalización de espacios públicos en el centro de Tegucigalpa es la del MUA y que, según Verónica, últimamente ha procurado mantenerse alejada de Vuelve al Centro.

Al caminar por La Plazuela, uno de los sectores del Centro Histórico más olvidados por los empresarios que actualmente están invirtiendo en esta zona, nos encontramos con una  casa que se diferencia notablemente de las otras por sus portones pintados con grafiti. Son las oficinas de MUA donde Verónica se encarga de la comunicación.

«Hace dos años nos invitaron al primer Festival de Verano y nos pareció una idea genial saber que se iban a tomar las calles» menciona Verónica mientras recuerda el tiempo en que las Recreo Vías invadían las avenidas del centro con actividades recreativas y culturales. Estas Recreo vías eran un programa del gobierno de Juan Orlando Hernández, a diferencia de los Festivales que ahora se realizan desde una bandera creada por la inversión privada y que ahora, según esta representante del MUA, «son actividades más de entretenimiento  y no artísticas».

Y es que este movimiento, al ser financiado e impulsado por un ente privado actúa también como una alianza público-privada al recibir el apoyo total de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Esta municipalidad liderada por el nacionalista Nasry Asfura Zablah, tiene entre sus planes estratégicos anuales el apoyo logístico y humano a las actividades que organiza Raíz Capital: el Festival de Verano y el Festival de Invierno.

Centro de Tegucigalpa centro históricoMuchos graffitis de la ciudad han sido borrados por una ordenanza municipal que desde hace algunos años censura el arte callejero, algunos aún pueden verse en algunas calles del Centro Histórico. Foto: Martín Cálix.

Raíz Capital en su sitio web oficial afirma como reto el «establecer una creativa en Latinoamérica», además apuntan a «una iniciativa que crece siguiendo un modelo sostenible que genera ingresos y pretende mantener y operar bajo nuestro mando  por al menos 15 años». Agurcia del Vuelve al Centro afirma que piensan quedarse por mucho más tiempo, ya que el objetivo no es «renovar un edificio, subirle el precio e irnos, queremos mantenernos aquí».

En relación al apoyo que recibe Vuelve al Centro y el que recibían los Centros Culturales, Verónica del MUA explica que «obviamente se nota la diferencia porque ahora las autoridades se preocupan por poner baños y limpiar, mientras que antes sólo daban los permisos sin cobrar. Las facilidades otorgadas y la falta de recursos han hecho que verdaderas iniciativas culturales pierden su autonomía y se acoplen a estos festivales».

Para algunos representantes de centros culturales las razones para el cambio de actitud en las autoridades son claras: tienen que quedar bien y además son los mismos que están en la alcaldía.

«Se han desplegado diversas gerencias para la realización de estos festivales y así suplir la necesidad de los empresarios que han invertido en la revitalización de edificios abandonados en el centro histórico» explica Anny Zacapa de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Además, afirma que «uno de los grupos de empresarios más fuertes es Raíz Capital».

En una tarde soleada de fin de semana mientras se desarrolla el Festival de Verano 2018, Zacapa, quien representa a la alcaldía en este evento, cuenta que estos empresarios se acercaron al Alcalde pidiéndole opciones ya que sus inversiones no estaban teniendo resultados y no podían pagar los impuestos. Surgiendo como solución el apoyo a estas actividades culturales, en las que la alcaldía convierte el trabajo de los centros culturales en un medio para generar ventas para el beneficio de un grupo de empresarios.

Centro de Tegucigalpa centro históricoUn malabarista frente a la Iglesia Los Dolores. Foto: Martín Cálix.

«Ellos insisten en que es una iniciativa cultural pero nos lo propusieron como campaña» dice Verónica, quien además afirma que si no fuera comercial no estarían las televisoras metidas. Y es que cada vez que los representantes de Vuelve al Centro tienen un espacio en los medios no dudan en remarcar lo que realmente les importa: sus negocios. Para el último Festival de Verano desarrollaron un programa especial en uno de los escenarios televisivos de debate más famoso de la televisión nacional y que, además, es muy costoso. Cantaron una canción tradicional de Tegucigalpa, comieron unos sándwiches y hablaron de los locales que próximamente estarán disponibles para su alquiler, y que ya les han producido ganancias.

En 2017, por ejemplo, Raíz Capital alquiló a la Secretaría de Finanzas un área de 203 metros cuadrados para las oficinas de una de sus dependencias. El valor de ese alquiler fue de más de 280 mil lempiras (12 mil dólares) por todo el año de arrendamiento. Sin embargo, el contrato está firmado desde el 22 de junio de ese mismo año.

Según María Teresa, el Centro se volvió un lugar únicamente de tránsito desde finales de los años 80’s debido a la «expansión natural de la ciudad», su objetivo es volver a poblar el centro y hacerlo un lugar para vivir y trabajar.

Centro de Tegucigalpa centro histórico vendedor de periódicos heraldoUn vendedor de periódicos en el Paseo Liquidámbar de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

Don José piensa diferente, la experiencia de vender periódicos y libros desde hace 35 años en una esquina del parque central le da mayor validez a sus afirmaciones. Según Don José «no se pueden contar» la cantidad de personas que transitan el centro desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Don José tiene 59 años y a paso lento se dedica a atender a los pocos compradores de periódicos que llegan a su puesto ubicado en una esquina del Parque Central donde hay dos terminales de taxis colectivos con hombres y mujeres que saltan constantemente desde los automóviles hacia sus trabajos y en la que las prostitutas se sientan a cerrar sus negocios.

«Me ofrecieron trabajo (la alcaldía) de andar quitando las ventas ambulantes por 3 mil pesos», cuenta este hombre que en 1985 vendía mil periódicos al día y ahora se conforma con cincuenta para poder recaudar, entre los diarios y los libros usados que vende, 5 mil lempiras mensuales. Muchas de las personas que le compran y le ayudan a sobrevivir, son los eternos transeúntes del Parque Central: los jubilados y desempleados cansados que se sientan a platicar por horas en unas frías bancas de cemento que recientemente fueron colocadas por la alcaldía.

Para el vendedor más antiguo de periódicos de este parque, el centro nunca ha quedado vacío. Esto a pesar de la inseguridad que se vive en esa zona. Y es que, según este padre de 10 hijos, el alcalde no se preocupa por la inseguridad y sólo se dedica a construir puentes. «¿Para qué quiero puentes yo?» se pregunta. Cuando se le pregunta si los empresarios ayudan, responde que «no ayudan en nada» mientras un amigo suyo se ríe irónicamente de fondo.

Teatro Nacional Manuel Bonilla ubicado en Barrio Abajo del Centro Histórico de TegucigalpaFachada del Teatro Nacional Manuel Bonilla ubicado en Barrio Abajo del Centro Histórico de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

Un poder económico legendario

«Las leyendas dicen que los Midence Soto estaban pautados con el diablo» cuenta Gloria Lara, presidenta de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico (CCCH)  intentado explicar la razón del porqué esta familia ha sido tan poderosa en la ciudad y ahora tiene en sus manos el centro de Tegucigalpa para su propia lógica de desarrollo inmobiliario.

Gloria Lara, además es doctora en antropología cultural y docente en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM), detrás de un escritorio en su oficina afirma que en la conservación de los edificios históricos del centro se han encontrado con una ventaja: ahora es “chic” conservar lo nostálgico. Sin embargo, también es crítica de Vuelve al Centro, y asegura que «se han opacado otras iniciativas culturales».

«Ha hecho creer a todos que Vuelve al Centro está haciendo todo» afirma Lara al referirse a la campaña que han emprendido estos empresarios, pero asegura que «no están interesados por la cultura, están interesados porque su negocio funcione. Por ejemplo, el Teatro Nacional está funcionando por autogestión, no es que ellos han ayudado a alguien».

Según el sitio web de Grupo Midence Soto Pierrefeu cuenta con el mayor banco de tierra por desarrollarse en la ciudad capital, que incluye 8 proyectos inmobiliarios en Tegucigalpa. En ese sentido Inmobiliaria La Ronda, que administra los condominios ubicados en El Centro, está expandiendo su espacio y ya ha pretendido comprar en los alrededores de este edificio algunas propiedades de las familias de ingresos bajos y negocios al borde del olvido absoluto.

centro de tegucigalpaDurante los trabajos de restauración, un hombre pinta la fachada del edificio donde operó la icónica radio HRN entre los años 1942 y 1952. Foto: Martín Cálix.

«Eran 10 millones, y esos ni pidieron rebaja» cuenta doña Luisa, una anciana que con la ayuda de un bastón se encarga de administrar un pequeño centro comercial ubicado a pocos metros de Condominios La Ronda. Los 10 millones a los que se refiere eran los que los dueños de estos apartamentos estaban dispuestos a pagar para comprar el Centro Comercial La Ronda que desde hace muchos años perdió su esplendor, sin embargo, la intención de estos empresarios era comprar los locales que también quedaban contiguo a este minúsculo centro comercial para hacer un pasadizo. Intenciones que al final no se concretaron.

«Están comprando todo por acá, ya sean casas o locales. Lo quieren todo», asegura.

En Condominios La Ronda un local de 42 metros cuadrados tiene una cuota de alquiler de 15 mil lempiras. Mientras tanto, 6 mil lempiras cuesta el alquiler de un pequeño local de 50 metros cuadrados en el olvidado Centro Comercial La Ronda. En el momento en que los condominios compren estos locales, los precios se elevarán.

Según Gloria Lara, otro aspecto es que debido a que la ley no permite modificar la estructura de los edificios «inventariados» o de valor histórico en el Centro de Tegucigalpa, la estrategia de los empresarios e inversionistas dueños de casas, ha sido dejar que se deterioren hasta su caída. Ese es el caso de un antiguo edificio ubicado a la par del Parque Valle frente al Museo Militar. Este edificio de valor histórico perteneciente a los Midence Soto, albergaba la Embajada de los Estados Unidos en Honduras y se quedó en el olvido hasta su caída. Ahora es un estacionamiento frente a dos pequeños centros comerciales del que sacan provecho económico con su alquiler.

El grupo Midence Soto Pierrefeu con la bendición complaciente de la Alcaldía del Distrito Central seguirá expandiendo sus dominios y Raíz Capital, según su página web, piensa seguir estos pasos y «convertir Teguz en un centro de renovación del espíritu empresarial».

Liquidámbar del Centro Histórico de TegucigalpaPaseo Liquidámbar del Centro Histórico de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

Época de Renacimiento

«Cuando uno entra allí parece que es otro lugar, no parece el centro» afirma René Vallejo, Gerente del Centro Histórico, hablando de Casa Quinchón y quien conoce mejor que nadie la realidad del abandono en el que afuera de esas paredes las autoridades han dejado al corazón de Tegucigalpa.

En los próximos días Raíz Capital, a cargo de Nando Castillo, inaugurará las instalaciones de Casa Quinchón, un edificio construido originalmente hace más de 100 años. Este espacio tendrá como atractivo principal un espacio de coworking para jóvenes emprendedores y según su sitio web será también la «inauguración del Renacimiento de Tegucigalpa», quizá eso significa que ahora será una ciudad más selectiva, quizá más hipster.

Y es que los sintetizadores de música electrónica en el Festival de Verano que se desarrolló el pasado abril, parecían anunciar un peligro inminente: el de la gentrificación.

La gentrificación o aburguesamiento es un concepto arquitectónico en el que se genera la transformación de un espacio para el aumento del precio de las propiedades y los servicios, además de la expulsión de los habitantes originales de la zona para colocar a otros de clase media o alta. Este proceso ya se dio en ciudades como Manhattan en Estados Unidos y Barcelona en España.

Gloria Lara apunta que el peligro de la expulsión de las clases pobres del centro de Tegucigalpa es inminente si este proceso de renovación de edificios y apertura de espacios no se lleva con cuidado.

Para que estos negocios funcionen se necesita que la realidad de peligro, suciedad y pobreza de estas calles desaparezca, de esta manera los jóvenes de una condición económica alta podrán acercarse sin temor y comprar un apartamento. Sin embargo, esto también aumentará los precios de todos los comercios y alquileres de locales en esa zona, obligando a los transeúntes de siempre a poblar otros lugares.

Los poetas de Verleine durante su presentación en el festival «Mujeres: Nuevas historias, 2017» en el Museo para la Identidad Nacional, producido por 2MLos poetas de Verleine durante su presentación en el festival «Mujeres: Nuevas historias, 2017» en el Museo para la Identidad Nacional, producido por 2M. Foto: Martín Cálix.

Expulsión inminente

«Ya comenzó el desplazamiento» afirma Verónica de MUA, y es respaldada por Cristian, un artista callejero, que en el día del Festival de Verano realizaba retratos en la esquina del Correo Nacional «en ese evento a los que no somos blancos y altos no nos toman en cuenta y más bien tenemos que ver cómo hacemos con los policías municipales para que no nos quiten de aquí.»

En el Festival de Verano realizado en abril muchas de las personas que asistieron nunca habían puesto un pie en El Centro pues la fama de suciedad y peligro ha aislado a los hijos e hijas de las familias de mucho dinero en la ciudad. Una de ellas es Eva Amador quien entre el bullicio de la música electrónica cuenta que «se sienten las buenas vibras y todo ha estado nice»; además, relata que ese día todo ha estado tranquilo y seguro porque normalmente cuando ella y sus amigas piensan en ir al centro llevan un cabezón (celular viejo) y no el Iphone.

Esta zona de la ciudad en 2015 era uno de los barrios más peligrosos de la ciudad con 22 asesinatos en ese año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (O.V UNAH). La situación no ha cambiado mucho.

En esa misma calle donde Eva disfruta de un centro diferente al que a diario se vive, los días de semana hay niños y niñas que inhalan pegamento como si al hacerlo inhalaran la ciudad y expulsaran dragones. También se puede ver a algunos artistas que se atreven a permanecer a pesar del peligro. El principal riesgo es la misma policía que golpeó a Cristian hace algunas semanas por vender los adornos que elabora con aluminio. Policía Municipal que es atendida con grandes recursos municipales para ser los verdugos de una población que sólo quiere sobrevivir y se enfrenta a sus constantes desalojos.

En el otro centro, lejos de las luces, los conciertos y los espacios de coworking; mataron al dueño de una llantera de una zona cercana al centro. Solo había llegado hasta allí buscando verduras para su comida. La gente se acercó para ver qué había pasado, lo de siempre. De este lado del centro entre dos tiendas de ropa usada no hay policías municipales y nunca se realizan actividades culturales. Del lado opuesto, el edificio del antiguo cine Klamer recientemente ha sido vendido y existe la gran posibilidad de que se convierta en otra tienda de ropa usada.

Galeria Café Paradiso, fundado por los escritores Rigoberto Paredes y Anarella VelezCafé Paradiso, fundado por los escritores Rigoberto Paredes y Anarella Velez, ha sido durante años un espacio abierto para los artistas de la ciudad, espacios que se han visto reducidos en los últimos años, a pesar de ello, «Paradiso» se resiste a desaparecer. Foto: Martín Cálix.

Luego de una revisión minuciosa de que los antifaces estén bien puestos, que las mallas no tengan ninguna abertura, que las vallas estén bien situadas y ante un público que en silencio apoya expectante a su equipo favorito, todo está listo para que ruede el balón en las canchas del instituto Sagrado Corazón de San Martín ubicado en Madrid, España.

Éste no es un partido cualquiera, es la final del Séptimo Mundial de Fútbol para Ciegos que se desarrolló a partir del 7 de junio y finalizó hoy, 17 de junio con una final ya conocida por el público asistente: Brasil vs Argentina.

Esta competencia se desarrolla desde el año 1998, se juega cada 4 años y es la segunda vez que España es anfitrión ya que en el año 2000 la localidad de Jerez de la Frontera se convirtió en la primera sede española de este significativo evento.

También es la primera vez en donde participan 16 selecciones, ya que los mundiales de fútbol sala para ciegos anteriores se desarrollaban con 8 o 12 selecciones. Este evento sin duda alguna no es atractivo como el mundial que se está jugando en Rusia donde se acreditaron alrededor de 2000 periodistas y técnicos para contar lo que sucede en 64 partidos. En España apenas 130 periodistas de diferentes países estuvieron dispuestos a contar lo que ahí estaba sucediendo.

El séptimo mundial de fútbol para ciegos estuvo organizado por la Federación que rige los deportes para las personas ciegas, es como la FIFA y se conoce como IBSA por sus siglas en inglés, en conjunto con la Federación española Deportes y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Esta última organización es una de las grandes gestoras en el deporte y en otras áreas para las personas ciegas que en conjunto con las federaciones de las comunidades autónomas, son las que impulsan la práctica de este deporte en España.

«Este fútbol no es para vivir de él», me contó Luis Alfonso Pinilla, jugador de la selección de Colombia, quien tiene 43 años y hace 17 quedó ciego de forma total, debido a una retinitis pigmentaria, también me contó, que en Colombia se juegan dos torneos al año, uno regional y otro nacional y que hay ligas divididas en varias regiones. Existe un torneo nacional solamente de Clubes porque el otro nacional, es el que organiza las ligas, las cuales son gestionadas a través de las organizaciones pertenecientes a la Federación Nacional de Limitados Visuales (FENALIV). Pinilla practica el fútbol desde el año 2010 y ha participado en 2 mundiales, además trabaja como instructor de tecnologías para personas con discapacidad.

La pasión por este deporte ha mostrado mucha creatividad, basta con remontarse a los años 70’s donde en Colombia se practicaba el fútbol lata, qué consistía en patear una lata de betún por la sonoridad que esta hacía, luego se fueron implementando cosas cómo meter un balón en bolsas plásticas para que este produjera sonoridad. También se probó con balones de plástico a los cuales se le metían piedritas o balines, hasta que países como Brasil y el mismo Colombia fabricaron los balones actuales. El que más se conoce es el de modelo brasileño, que es un balón número 4 y no es totalmente redondo por la posición donde están ubicados los cascabeles que producen la sonoridad al momento de rodar. Pinilla añadió que para el equipo en que él juega en Colombia su propietario fabricó un balón, que es totalmente redondo y que no pierde su sonoridad al momento de jugar bajo la lluvia, por ser vulcanizado.

Todos tenemos que aprender de Brasil, comentaba en la semifinal un narrador deportivo, encargado de describir la transmisión del partido entre Argentina y Rusia, Brasil es el único país que tiene una liga muy profesionalizada con dos divisiones. Y es también Brasil quién está comenzando a mover el mercado de futbolistas ciegos de acuerdo a lo relatado por Pinilla, ya que él es uno de los 12 jugadores colombianos que militan en el fútbol brasileño. Son contratados para jugar dos torneos al año en el país del jogo bonito.

La final de hoy no es inédita, se puede decir que es una constante disputa entre Brasil y Argentina, quienes a lo largo de las 5 ediciones anteriores se han repartido la presea, siendo Brasil campeón en cuatro ocasiones y Argentina en dos. En esta séptima edición, selecciones como México, Costa Rica, Rusia, Tailandia, Irán y Malí están por primera vez en este certamen del mundo. Todas las selecciones jugaron desde el primero hasta el último día, estaban divididas en cuatro grupos, conformados por cuatro equipos cada uno, los dos primeros de cada grupo clasificaron a los cuartos de final, mientras los equipos restantes jugaron entre ellos para definir su lugar y ubicarse en ese orden en la tabla de posiciones.

Cuando los ciegos jugamos fútbol nos esmeramos por hacerlo bien (golear a un portero que sí mira no es fácil), nos olvidamos de las barreras y lo hacemos con alegría. Es un asunto serio para nosotros aunque no sea un negocio que de millonarias ganancias, en cambio, el mundial en Rusia ya ha dejado más de 430 millones de dólares en concepto de compra de derechos de transmisión. Así como en todos los aspectos a los que nos enfrentamos como población con discapacidad, el fútbol nos pone en una cancha donde no sólo nos esforzamos por meterle un gol al portero con ventajas, sino a toda una sociedad y a Estados que nos siguen manteniendo entre las sombras.

 

Fotografía: Inspire Latinoamérica

En las vísperas de la elección del nuevo Fiscal General del Estado y con casi cinco meses cumplidos desde la imposición de la banda presidencial por la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, diputados y funcionarios públicos, militantes todos del Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras, son nuevamente señalados por un caso de corrupción en el que aproximadamente 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) habrían sido drenados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas de estas dos instituciones en 2013.

Esto es parte de las investigaciones del caso «Caja de Pandora», como le ha nombrado la MACCIH a su cuarto Caso de Investigación Penal Integrada que fue presentado el pasado miércoles 13 de junio por el trabajo de la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC). Este caso  involucra a 38 imputados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, entre otros.

Según informó Ana Calderón, vocera interina de la MACCIH, al igual que se relata en nuestro reportaje Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres, el modo de operación de esta red de corrupción funcionó a través del otorgamiento de fondos a dos ONG´s para la supuesta ejecución de proyectos sociales. En este caso, los fondos fueron desviados hacia cuentas de candidatos a elección popular del Partido Nacional y del Partido Frente Amplio (FAPER) el cual era dirigido en ese entonces por Andrés Pavón. Además, una parte de estos millones habría sido destinada directamente al Comité Central del Partido Liberal en ese periodo a cargo del ingeniero Elvin Santos.

Sin embargo, estos nombres apenas son el inicio para entender el entramado de nexos que llegan, incluso, hasta los círculos cercanos del presidente Hernández, y que ahora podrían esclarecer las intenciones recientes de declarar inconstitucionales a estas instancias de combate a la corrupción.

El círculo de corrupción que rodea al Presidente

«Este caso hace que se desmitifique a los actores políticos que han estado elevados a la medida de sacro santos» explica el abogado German Espinal, comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Procesos Políticos. Esta unidad se creó en 2017, como dependencia adscrita al Tribunal Supremo Electoral para encargarse de velar para que no se use dinero de fuentes ilegales en las campañas electorales.

Al parecer la creación de esta unidad llegó tarde. Esta dependencia redujo un 63% el gasto en las pasadas elecciones, sin embargo, de acuerdo a Espinal, la clave para la existencia de estos actos de corrupción es «la incapacidad de los funcionarios públicos para separar sus intereses personales de los intereses económicos propios».

Entre los imputados por «Pandora» hay 8 diputados y funcionarios públicos del actual gobierno de Juan Orlando Hernández; además, entre los acusados se encuentran personas cercanas al círculo del Presidente Hernández, como Arnold Castro, esposo de la diputada nacionalista y actual Vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Hace algunos meses que estos dos personajes habían sido señalados por María Luisa Borjas –Comisionada de Policía en Condición de Retiro– de estar involucrados en el asesinato de Berta Cáceres.

A esta lista también se suman Jean Francoise de Peirecave, viudo de Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando Hernández, y personajes menos conocidos como Eduardo Enrique Lanza Raudales, ex gerente de Mercados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, quien ya habría sido investigado en 2006 por actos de corrupción en la administración de un mercado capitalino.

Esta acusación también involucra a liderazgos del Partido Liberal como Elvin Santos, actual diputado, y Elvin Santos Lozano, expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) . Después que Hernández asumiera como Presidente de la República en medio de acusaciones de un supuesto fraude electoral, Santos promovió el acercamiento a un diálogo nacional convocado por el gobierno, contrario a la postura oficial de su partido. Al momento de la emisión de los requerimientos fiscales, Santos se encontraba en Bolivia.

Ante esta situación, los actuales dirigentes del Partido Liberal han solicitado no se generalice y se respete el hecho de que «cada quien es responsable de sus actos en la gestión que le corresponda». Las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC indican que serían 99 millones de lempiras los que habrían sido destinados a las arcas de este instituto político.

Así se construyó la Caja de Pandora

La investigación detalla que los fondos habrían sido desviados a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras la cual irónicamente lleva como lema «Por una Honduras libre de pobreza». Estas instituciones ya tenían una investigación previa hecha por el Tribunal Superior de Cuentas en 2015 en la que se denunció el presunto mal procedimiento de la SAG en las transferencias hechas a estas organizaciones. Entre 2011 y 2013 estas fundaciones recibieron aproximadamente 237 millones de lempiras (9 millones de dólares).

La investigación del Tribunal Superior de Cuentas en ese entonces descubrió que al momento del acuerdo con la SAG en 2011, ninguna de las dos fundaciones contaba con un registro tributario ni determinación de la actividad a la que se dedicaban y ambas eran presididas por Jaime Antonio Suárez.

Jaime Antonio Suárez también es el Gerente General de la Constructora Sualeman, la cual es calificada según la base de datos de proveedores del Estado HonduCompras como una «microempresa» a pesar de que tiene sus oficinas en Torre Alianza, una de las torres de oficinas más exclusivas de Tegucigalpa. Además, el abogado Suárez aparece en listados oficiales del colegio de abogados con oficinas en Torre Metrópolis.

Esta constructora ha sido beneficiada desde hace algunos años por la adjudicación de contratos millonarios para la reparación de infraestructuras como la del tramo del bulevar Francisco Morazán en Siguatepeque y la construcción de un Mercado de Artesanías en La Esperanza, Intibucá. En el Diario Oficial La Gaceta apareció con una clasificación «B», según el poder Judicial, para la construcción y remodelación de edificios judiciales.

Según el comisionado German Espinal, el papel de estas ONG´s es «una distorsión de su verdadero rol y debe ser perseguido y condenado», además ante la reincidencia de estos actos de corrupción de los entes estatales que utilizan a estas organizaciones Espinal considera que «hay complicidad y colusión frente a estos delitos».

Una reelección manchada por corrupción

«Sí, recibí dinero pero no sabía de donde venía» dijo en las últimas horas Celin Discua, diputado nacionalista por 7 periodos consecutivos en el departamento de El Paraíso, Casi tres décadas en el poder. Esta declaración junto a la de Elvin Santos, quien aseguró que todo se trata de «una jugada política» reflejan una estructura de poder que a través de este caso de corrupción gestionó la presidencia de Hernández y lo condujo hacia la reelección.

Para Enrique Ortéz Sequeira, quien fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el periodo en el que se dieron todas estas irregularidades, «en este caso de corrupción el mayor beneficiado es el Partido Nacional quien además es el cerebro de todos los actos de corrupción, por lo cual la reelección además de ser cuestionada políticamente ahora está salpicada de la corrupción necesaria para que muy pronto se puedan adelantar las elecciones.»

Estas acusaciones se sumarían a la lista de acusaciones contra el Partido Nacional que incluyen un fraude electoral en 2013, financiamiento ilícito a través del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, violación a la Constitución de la República y un nuevo fraude electoral en el periodo pasado con la reelección. Ahora parece ser que ni las estrategias populistas de campaña como La Cachureca se quedarán libres de actos de corrupción.

«La Cachureca» era una tarjeta de descuentos que se le dio a los militantes del Partido Nacional y que tuvo denuncias en las Elecciones Generales del 2013 porque se estaba dando a cambio del voto. Las investigaciones de la MACCIH indican que esta fue financiada a través del desvío de fondos que se generó en la SAG.

Ilusión de justicia

«La necesidad de un Ministerio Público y un Fiscal General fortalecido es evidente porque así no hubiese sido necesario una MACCIH si la institución hubiera hecho lo correcto desde antes» apuntó el Comisionado Espinal al afirmar que ahora más que nunca es necesaria la elección de un Fiscal General transparente.

Elección que según algunos sectores de la sociedad podía retrasarse ante los últimos acontecimientos ya que una gran cantidad de los diputados que elegirán al próximo titular del Ministerio Público están señalados en los 4 casos de investigación que ha presentado la MACCIH.

A pesar de la esperanza de justicia que han generado estos casos de investigación gestionados por la MACCIH y la UFECIC, en la práctica los acusados han logrado salir bien librados. En el caso de La Red de Diputados, que involucra a 60 congresistas que malversaron fondos públicos, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar el caso y enviarlo al Tribunal Superior de Cuentas, los acusados están libres y sin ninguna carga penal.

En el caso de La Caja Chica de la Dama, se le retiraron los cargos de lavado de activos y malversación de fondos a Rosa Elena de Lobo quien fue privada de libertad por presuntos actos de corrupción durante su gestión como Primera Dama en el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).

En el caso del Pacto de Impunidad, que involucra las reformas que se hicieron a la Ley del Presupuesto para evitar la investigación de actos de corrupción, un juez determinó dictar medidas cautelares a la detención judicial sin suspender de sus funciones a los diputados del Partido Nacional Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.

Foto de archivo marcha para pedir reelección de Juan Orlando Hernández en noviembre de 2017: Martín Cálix

¿En qué se parece el fútbol a Dios?
En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales.
«Fútbol a sol y sombra», Eduardo Galeano.

Fotografía: Martín Cálix

Texto: Fernando Silva

Honduras no está en el mundial, pero en Honduras todos hablan de fútbol. Los aficionados apostándole a una selección con fronteras diferentes a las de nacimiento y llorando la propia, por su constante y casi eterna mediocridad. Los intelectuales malentendidos –sin corazón para las nobles pasiones– hablan del mundial como herramienta para idiotizar a la población mientras se aplican nuevos incrementos a la gasolina.

«Fútbol» no es una cosa ni una palabra, y sobrepasa claramente las fronteras de un simple juego, es más como un lugar, es un sitio donde las esperanzas y aflicciones se encuentran para romper las fronteras del nacionalismo, soñando con poder conquistar el universo a través de una caprichosa esfera de caucho y un grito: ¡gol!

Cerca del mundial de Rusia en las canchas –y en las calles– hondureñas se jugará con sueños importados por la hegemonía global del deporte rey que alimenta las ilusiones rotas de niños pequeños y niños ancianos que pelearán el balón con el espejismo de ser Messi, Neymar y Cristiano. Puede resultar un agravio a la moral del juego que Lionel Messi en un mes gana casi el doble (4 millones de dólares) de lo que cuesta en total, según Transfermarkt, la plantilla más cara de La Liga Nacional hondureña, la del Olimpia (2.7 millones de dólares) aunque el 10 del Barcelona juegue como si no pareciera darse cuenta de este detalle.

En Honduras –lejos del complejo deportivo de la Masía–  quienes quieren ser jugadores profesionales dejan de estudiar, intentan emular el ejemplo de Messi o CR7, que han demostrado que se puede dejar la escuela y ser un jugador exitoso económicamente.

«No voy a entrar a la universidad», me dice Armando Sevilla, un chico de 17 años que juega para los casi desconocidos Guerreros Lencas de las ligas inferiores en Tegucigalpa, quiere dedicarse a jugar profesionalmente para ayudarle a su madre, quien se hizo cargo sola de él y lo apoya completamente en esa decisión. Armando acaba de anotar un golazo en el partido que disputó su equipo contra un equipo sin otro nombre en la camiseta más que el de «Reynaldo Sánchez Presidente».

Cerca del mundial de Rusia en las canchas –y en las calles– hondureñas se jugará con sueños importados por la hegemonía global del deporte rey que alimenta las ilusiones rotas de niños pequeños y niños ancianos que pelearán el balón con el espejismo de ser Messi, Neymar y Cristiano. Puede resultar un agravio a la moral del juego que Lionel Messi en un mes gana casi el doble (4 millones de dólares) de lo que cuesta en total, según Transfermarkt, la plantilla más cara de La Liga Nacional hondureña, la del Olimpia (2.7 millones de dólares) aunque el 10 del Barcelona juegue como si no pareciera darse cuenta de este detalle.

En Honduras –lejos del complejo deportivo de la Masía–  quienes quieren ser jugadores profesionales dejan de estudiar, intentan emular el ejemplo de Messi o CR7, que han demostrado que se puede dejar la escuela y ser un jugador exitoso económicamente.

«No voy a entrar a la universidad», me dice Armando Sevilla, un chico de 17 años que juega para los casi desconocidos Guerreros Lencas de las ligas inferiores en Tegucigalpa, quiere dedicarse a jugar profesionalmente para ayudarle a su madre, quien se hizo cargo sola de él y lo apoya completamente en esa decisión. Armando acaba de anotar un golazo en el partido que disputó su equipo contra un equipo sin otro nombre en la camiseta más que el de «Reynaldo Sánchez Presidente».

Este admirador de Sergio Busquets del F.C Barcelona, se dio cuenta de que en Honduras lo único que se necesita de un futbolista es que corra mucho, no pierda el balón o lo recupere rápido, y entrene todos los días hasta los 35 o 36 años cuando se retire y caiga en el olvido para convertirse en narrador o conductor de taxi. Lo que la fama le indique al destino. Armando juega en la renovada, sintética e histórica cancha del Birichiche junto a una gran cantidad de jóvenes de su misma edad que cada vez que se les pregunta porqué van a jugar a estas ligas federadas afirman que «los grandes salen de aquí». Sin embargo, cuando se les pregunta qué grandes salieron de esas canchas apenas balbucean un nombre completamente desconocido.

Uno que salió de estas canchas es José Alvarado, quien jugó en las inferiores del Motagua desde los 12 años y por un problema de papeleo no logró llegar a la Liga Profesional. Ahora tiene 47 años, es taxista de lunes a sábado y los domingos juega en una cancha a la par del crematorio municipal de Tegucigalpa.

«Cuando vinimos del sur para aquí, mi mamá nunca fue a traer la partida de nacimiento entonces como yo quería jugar, conseguí una partida falsa» va narrando con relativa facilidad este veterano jugador que hace unos minutos, apiñado con otros dos jugadores en el taxi de Donaldo, su entrenador y compañero de equipo, recordaba el gol de Bale en la final de la Champions.

Falsificar el documento de nacimiento lapidó su destino y lo alejó de la primera división del fútbol hondureño pero no del fútbol que suele ser amoroso con quienes lo saben apreciar. Ahora «El quebrado» – como lo llaman sus compañeros–  juega en el Club América un equipo de la liga burocrática El Guanábano y supera a casi todos los jugadores por 20 años de edad y en calidad técnica para chutear el balón en una cancha de escasa grama y mucha arena, piedra y lodo, una cancha construida sobre un cerro de basura.

El partido a jugar es América contra Cruz Azul, quienes apelando a la ironía quizá por accidente, disputarán este partido con las camisetas del Atlético de Madrid y el Real Madrid respectivamente. El coloso deportivo que presencia este encuentro, cercano al crematorio municipal, no tiene nada que envidiarle a la Liga Profesional. La grama ha sido sustituida por basura circundante y hay dos árbitros cruzando la cancha: uno humano y el otro perro.El partido se disputa entre las moscas y bajo el sobrevuelo de los zopilotes que lo observan todo como buscando a quien contratar para el próximo torneo. Abajo los jugadores intentan decidir si caer en las piedras combinadas con basura o en el lodo apestoso que rodea una de las esquinas de la cancha.En ese dilema el partido no se detiene y juegan hasta que cegados por el sol, el mal olor o las moscas, o quizá todo, los goles empiecen a llegar conjurados por la rudeza de la cancha. El Quebrado vuela y supera con facilidad a sus oponentes. El medio tiempo llega y los jugadores compran carne asada mientras los árbitros se relajan fumando un cigarrillo. El partido se reanuda.

Hacia el final del juego América gana 2 a 1 sobre el Cruz Azul, el equipo de El Quebrado ha hecho la remontada y como en cualquier disputa futbolística los ánimos se empiezan a calentar y las tarjetas del árbitro (humano) salen en señal de advertencia.

Después del segundo expulsado por parte del Cruz Azul, se conjura el pandemonio, uno de los expulsados era el portero que luce una infame panza que no le estorba correr hacia el hombre del silbato y las tarjetas para reclamar con un puñetazo certero sobre el pómulo la osadía de aislar del juego a los que ya están aislados de la sociedad.

Las patadas y puñetazos sobre el árbitro caen en cascada. Se cancela el partido, el árbitro sangra, Cruz Azul pierde, la liga se cancela en una etapa decisiva, quien ganara avanzaba a semifinales. Del árbitro sólo se escucha una sentencia: «esta chamba es así», y luego lo meten en un auto que lo llevará al Hospital Escuela.

El otro árbitro (el perro) sale ileso de ésta. 

El fútbol parece ser tan importante que fue usado de propaganda para reforzar un nacionalismo que llevó a Honduras y El Salvador a un conato de guerra ocultado las verdaderas razones de este conflicto y ensuciando la honra del juego. En 2009 generó el olvido, al menos por unas horas, del Golpe de Estado más cínico de su historia. Sin embargo, también es el reflejo de las carencias de sus millones de jugadores. Debido a esas mismas carencias, la selección de Honduras ha tenido que apelar más a los milagros que a la calidad en la búsqueda de sus recientes clasificaciones al Mundial.

En ese sentido Don Rolando me dice que «Honduras no tiene buenos equipos, todos no sirven» mientras observa un partido desde el puente que todos los domingos se convierte en el palco del famoso Campo Motagua ubicado en los límites entre Tegucigalpa  y Comayagüela, justo a la par corre el Río Choluteca, donde cada tanto un hombre se lanza arriesgando su vida para rescatar el balón.

La razón para la inutilidad de los jugadores y equipos de fútbol, es simple, para este zapatero y desconocido historiador de las canchas: «no hay escuelas de fútbol» por lo que la falta de educación en la teoría y la técnica genera jugadores empíricos que si llegan a subir en las escalas desiguales de la Liga Profesional terminan inequívocamente en el olvido.

«Los hondureños no llegan al mundial porque están desnutridos» dice como si se refiriera a un pueblo desconocido y recuerda sus tiempos de juventud cuando un tal Rompe Redes Bruseses lo metió con todo y pelota a la portería de esa misma cancha que hoy observa casi desde el cielo. «Esos sí eran jugadores», dice.

El mundial quedó donde quedan las cosas extraviadas por la infancia, a pesar de que el Estado se ha encargado de apoyar considerablemente al desarrollo de una selección cada vez más profesional. Según datos oficiales, el gobierno destinó 15 millones de lempiras para la organización del partido que Honduras jugó contra México en octubre de 2017, y que le valió el pase al repechaje que luego se perdió contra Australia. Sin embargo, en este país sin mundial todavía hay futbolistas que juegan como se debe jugar: con una sonrisa. Estos Messi, Neymar y Cristiano no juegan con camisetas que llevan el patrocinio de las grandes marcas, ni celebran sus goles junto a miles de personas que van a verlos para cantar y quizá armar algún alboroto fruto no del deporte, sino de la inequidad.

Estos jugadores anotan a ras de suelo y esquivan defensas como Maradona lo hizo en 1986 en el Mundial de México, dejando a su paso a los representantes de Isabel II. Se pueden encontrar en las plazas de Tegucigalpa practicando una «palomita» junto o entre el lodo de un cancha en medio del Aguán driblando defensas como quien esquiva las balas de la represión que han sufrido los campesinos desde el auge de los campos bananeros en esa región del norte del país.

Alejado de las desigualdades económicas, el fútbol es aquello que también transcurre en el terreno de lo mitológico en canchas donde un profesional jugaría sólo en medio de una pesadilla en mitad de la noche. Canchas rudas atravesadas por calles polvorientas donde conviven vacas, perros, y quienes han decidido engancharse al deporte como los antiguos fumadores de opio a los que nada parecía importarles con tal de hacer el viaje. Se juegan la vida, se llaman por apodos que en realidad son los nombres de jugadores famosos.

En la Moskitia hondureña, niñas miskitas que no saben expresar en español o en miskito lo que el fútbol significa para ellas, practican un deporte que concentra la atención del mundo entero, pero ellas apenas y tienen un balón que perseguir, juegan descalzas y sin uniforme, juegan con lo que traen puesto, en su mayoría lo único que poseen es el deseo de ganar el partido de turno en un lugar desconocido para la mayoría de hondureños, y cuando juegan también pierden su identidad porque el público que ha llegado a verles jugar les llama por los nombres de los héroes que quizá les gustaría estar viendo. Cada tanto en esta cancha en Usupum los hombres gritan «¡dale Ronaldhino, dale, dale!» y levantan los brazos ante el driblin de la mejor futbolista del equipo del barrio Bella Vista que termina empatando  a cero contra las del barrio Israel de Puerto Lempira.

Los hinchas, nos preparamos para ver el mundial de Rusia con las camisetas de nuestros otros países, con la paz redentora de no tener que ver un partido de «la H» con el corazón en la mano y el alma atravesada entre la boca del estómago y la garganta.

Hacia finales de mayo dos acontecimientos importantes parecen redireccionar la ruta de la política nacional: los avances en la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público y el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

Ambos procedimientos llegaron a puntos claros de desarrollo, las audiencias públicas a los candidatos terminaron y ahora la Junta Proponente elegirá a cinco perfiles para que sea el Congreso Nacional el que escoja al nuevo Fiscal General y Adjunto, en cuanto al fallo, éste resultó parcialmente favorable a la MACCIH, la que fue declarada constitucional, pero con una limitación en el ejercicio de su labor a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público.

A simple vista diríamos que la institucionalidad sigue su marcha de forma independiente. En un país normal diríamos que la Junta Proponente de elección del fiscal está funcionando acorde a su composición y no bajo lineamientos de alguien en particular. También diríamos que la Sala de lo Constitucional de la CSJ no fue presionada y que bajo un análisis jurídico exclusivamente tomó alguna decisión en torno a la MACCIH, sería de esta manera si se dijera también que en el país son los hondureños los que eligen al Presidente que quieren que los gobierne.

Diputados del Partido Nacional en el Legislativo aseguran que Honduras es un país independiente, por ejemplo el cuestionado y además acusado por la MACCIH por actos de corrupción, David Chávez, dijo que no somos una colonia, que no hay injerencia de nadie y que las decisiones en realidad la toman los hondureños a través de su institucionalidad, figura que incluso califica de independiente y funcional.

A Chávez –mencionado en la red de corrupción– se le olvida que el papel del gobierno de Estados Unidos es trascendental en la realidad política, tanto que pareciera que un solo tweet de la Encargada de Negocios de la Embajada Estadounidense, Heidy Fulton, hizo que la CSJ retrocediera y no declarara inconstitucional el convenio entre el Estado y la MACCIH.

En esta ocasión no fue la gente, tampoco un partido político, ni mucho menos las organizaciones de lucha contra la corrupción, fue ese tweet el que paró este nuevo intento de sacar de circulación a la MACCIH del país, simple y sencillamente fue el gobierno de Estados Unidos, el que verdaderamente dicta y marca las pautas de cómo se moverá la política en Honduras. La limpieza del patio trasero solo se puede hacer bajo esas pautas, y a veces basta con publicar en redes sociales.

Esta semana comenzó el juicio oral y público contra un agente de policía de Honduras que acompañaba un operativo de la DEA en Ahuás, Gracias a Dios, este hecho ocurrió hace seis años en donde murieron abatidas 5 personas que navegaban en un pipante. Ningún agente de la DEA está siendo procesado, y justo en esta semana del juicio, el Presidente Juan Orlando Hernández viajó a Washington para reunirse con el director interino de la DEA, Preston Grubbs. Las voces oficiales opacan el llanto de las víctimas que aún siguen clamando justicia después de 6 años y la DEA felicita al gobierno de Hernández. Un espaldarazo, un apretón de manos, un viaje express en el momento preciso.

El gobierno de Hernández está sometido a Estados Unidos, porque claramente fue Estados Unidos que le dio la luz verde para imponerse mediante un fraude, un fraude que avalaron y que fueron incapaces de repudiar. En esta relación, la balanza de la justicia es la que se busca controlar.

En Honduras se pide a gritos la intervención norteamericana, que hagan algo contra la corrupción, imposición y la violación de los derechos humanos que lleva a cabo el gobierno de Hernández con tanta impunidad, en su lugar, se reciben del norte señales contrarias que no parecen construir un diálogo entre dos naciones: la cancelación del TPS en plena crisis de refugiados, o el apoyo a un gobierno ilegítimo.

La ciudadanía debe buscar una independencia clara de la dictadura de empresarios, grupos de poder y partidos políticos que cuidan sus intereses por encima de los de la ciudadanía. Una construcción de país alejada de los intereses de las trasnacionales y la geopolítica estadounidense que busque la justicia para reconstruir los hilos rotos de nuestra sociedad.

«La historia de los tres años que acabamos de atravesar, debería para siempre sepultarse en el olvido, con todas nuestras locuras, torpezas y desvaríos, si ella no envolviese la gloriosa campaña nacional que dio a los ejércitos aliados de todos los Estados de Centro América, la ocasión más propia, para hacer que el lustre de sus armas reflejase esplendente por todos los  ángulos de la tierra . . . Consérvese sólo, de esos tres años, tanto honor, tanta generosidad en lo que ha cabido su parte a Nicaragua; bórrese todo lo demás, cuyo nombre y clasificación ignoramos; y procedamos a hablar de la época presente”.

 Extracto del discurso de Gregorio Juárez y Rosalío Cortés, en la ceremonia de inauguración de la Asamblea Constituyente de Nicaragua, al terminar la guerra nacional contra William Walker y sus filibusteros, citado en Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación, Andrés Pérez-Baltodano, IHNCA 2003.

 

Durante los eventos dolorosos de abril y mayo, las redes sociales, además de funcionar como registro activo del presente en vivo y en directo, también se han convertido en un flujo y reflujo del pasado, mostrando paralelismos entre la Nicaragua de finales de los setenta con la de 2018. Tantas similitudes nos llevan a una pregunta ¿Es posible que nuestra historia se repita?

Es muy conocido aquel aforismo que versa «un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla» y ésta es precisamente una de las premisas abordadas por Andrés Pérez-Baltodano en «Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación», una obra publicada quince años atrás, que guarda vigencia para estos tiempos.

Pérez-Baltodano identifica el uso de la cultura del olvido, como parte del pragmatismo resignado que atribuye a las clases dominantes nicaragüenses desde la época colonial. Según este autor, los grupos de poder han intervenido la memoria colectiva, como parte de una estrategia para disminuir la consciencia crítica y apropiarse de la narrativa nacional.

El discurso de Don Gregorio Juárez Rosalío Cortés en el discurso inaugural de la constituyente en 1857, es sólo un ejemplo de ese llamado al olvido, en aquella ocasión como bálsamo para curar las heridas de la guerra civil. Liberales y conservadores siempre llamaron a olvidar y sepultar las acciones de unos y otros conforme ocupaban la silla presidencial; lo mismo pasó en los noventa cuando todo recuerdo de la revolución en forma de políticas públicas y murales fue sistemáticamente borrado; y en los dos mil, con el regreso al poder de Daniel Ortega, con la destrucción de memoriales y obras públicas asociadas a los gobiernos anteriores.

La cultura del olvido parece haber permeado cada una de las capas de la sociedad, desde las esferas políticas que siempre han llamado al olvido de errores, crímenes y corrupción a su conveniencia, hasta el interior de las familias nicaragüenses en las que tantos hombres han pedido y pedirán a sus parejas, borrar la memoria de abusos y agresiones.

Bajo esta premisa, Nicaragua se ha convertido en un país que vive un eterno presente, con una reescritura permanente de la historia desde la óptica de los vencedores y grupos de poder, con personeros políticos reciclándose en sus cargos públicos, bajo la mirada de nuevas generaciones que desconocen sus acciones pasadas.

La cultura del olvido hace simbiosis con una sociedad de consumo con la obsolescencia programada, que empuja hacia el futuro a millenials y generación Z, mientras los mantiene entretenidos y saturados, con contenidos audiovisuales que  reducen su arco atencional.

Hasta hace un mes atrás, los adultos de este país acusaban a estas generaciones de permanecer desconectadas de la realidad por estar conectados a la autopista digital; se les miraba como una generación globalizada que vivía de lo efímero, la  farándula, la autocomplacencia y el narcisismo del selfie.

Hasta que…

A inicios de abril, un incendio –según testimonios comunitarios producto de una quema en una finca de colonos ilegales– devoró al menos cinco mil hectáreas de la reserva biosfera Indio Maíz. Durante los días que duró el incendio esa nueva generación salió a las calles exigiendo una respuesta efectiva de parte del gobierno. Las redes sociales entraron en ebullición registrando cada plantón, marcha y pronunciamiento, como una antesala a lo que serían las protestas por las reformas a la seguridad social que transmutarían, a raíz de la represión y las muertes, en un movimiento nacional que pide paz, democracia y justicia.

Las redes sociales que hasta antes de abril, funcionaban como un mar de imágenes, videos y palabras con mareas altas y bajas de contenido, de rápida viralización y memoria de corto plazo, se convirtieron en una bitácora viva de los eventos y una especie de reservorio caótico de evidencias.

La juventud salió a las calles llamando a no olvidar los nombres de los muertos, no olvidar la represión, los atropellos. La ciudadanía intervino espacios públicos de la ciudad capital, sembrando cruces de madera en la rotonda Jean Paul Genie, pegando carteles con los rostros de los caídos en la pared de La Salle proclamando sus nombres en cada marcha y plantón.

La interminable fila de personas en las afueras del hotel Inter Continental de Metrocentro, esperando ser recibidas por el equipo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que visitó Nicaragua, que resultó en más de tres mil denuncias, fue un verdadero ejercicio de memoria que contrastó con el aparato de olvido de la burocracia estatal.

Estudiantes piden recordar los muertos, feministas piden recordar que ellas nunca dejaron las calles, los campesinos piden recordar que siempre han sido reprimidos, y los pueblos indígenas piden recordar que han sido las víctimas de todas las guerras.

¿Estamos siendo testigos de una ruptura con la cultura del olvido?

En el pasado, los ejercicios de memoria han sido conducidos y orientados por grupos partidarios que buscaban cincelar el relato a su medida. Desde abril, la memoria habita el cuerpo analógico y digital de la ciudadanía que ha registrado los eventos en vivo, produciendo un cuerpo de evidencias desde miles de perspectivas, dinamitando la posibilidad de una narrativa única.

En palabras de Strejilevich «¿Quién puede describirlo mejor que el que de alguna manera lo vivió? Aunque la memoria no sea una copia calcada de lo que pasó, ¿quién mejor que el testigo puede intentar transmitir el eco, la huella de ese trauma? Ese tipo de verdad no se puede basar en documentos. Es una verdad que habla por los que desaparecieron, y hablar por ellos sólo lo puede hacer quien sobrevivió».

La suma del testimonio, más la foto, el video y el live de Facebook están cartografiando la realidad y sus eventos de una manera nunca antes vista en este territorio. El registro es tan frenético que lleva a la saturación y al letargo a quienes tratan de absorber en tiempo real el continuum, en una búsqueda incesante por captar una imagen integral del presente-pasado inmediato.

Es muy temprano para decir que se busca romper con la cultura del olvido, pero sí podemos notar ejercicios colectivos que apuntan en ese sentido, a la vez que se vive un  exceso de información que transita hacia el exceso de memoria, ese que inmovilizó al Funes de Borges. De ahí la importancia de recordar las palabras de Sontag: «es más importante entender que recordar, aunque para entender sea preciso, también, recordar». Construir la memoria sin comprensión, llevar registro sin entendimiento, es un ejercicio igual de pernicioso que el del olvido.

Romper con la cultura del olvido pasa por el reconocimiento de que existen y existirán siempre muchas memorias, algunas de ellas en franca contraposición. Reconocer el conflicto de perspectivas y construir una memoria colectiva capaz de incluir a hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, campesinos, campesinas, comunidad LGBTI, comunidades indígenas y afrodescendientes es el reto del futuro, porque al final como seres humanos y como sociedad, somos lo que recordamos.

 

Foto tomada de Niú. Carlos Herrera/Confidencial

Dos bomberos que murieron en su labor de apagar un incendio en La Montañita, al oriente de Tegucigalpa el pasado abril generó revuelo en medios de comunicación. Una discusión de que si el presupuesto era suficiente o no, cápsulas dramáticas sobre el rescate de los mismos y el presidente moviendo toda su estructura para salvar la vida de los bomberos. Esta institución al no ser estatal, no cuenta con suficientes fondos para salir al rescate en un país donde normalmente no se atrapa a los pirómanos, donde los incendios aumentan cada verano con intenciones que tienen que ver con cultivos prohibidos, intervención humana en reservas forestales, etc. Más allá del drama de perder a quienes se enfrentan al fuego debemos preguntarnos ¿quién está provocando el desastre?

Una mujer cae al suelo, sin aliento, recibe auxilio del grupo de personas que la acompañan, alrededor de 60 que hacen fila en el colegio Jesús Aguilar Paz en Comayagüela, que han llegado hasta aquí para saber si por fin después de varios meses les pagarán. Este desvanecimiento sucede por las altas temperaturas, la cantidad de personas en el lugar y también por el hambre. Ella ha sido sofocada por una ola de promesas incumplidas y engaños materializados por el programa «Vida Mejor», proyecto que inició en 2006 y hoy es el principal estandarte del Presidente reelecto Juan Orlando Hernández.

El tumulto de gente está ahí porque el gobierno lleva dos meses de no pagarles los cuatro mil lempiras que ganan mensualmente como «guías de familia» o promotores del programa en sus barrios pobres.  Es viernes y esa semana llegaron todos los días a exigir que les pagaran, siempre con la respuesta de que regresaran al día siguiente. Esta vez es distinto, amenazan con ir a los medios y denunciar la situación de por sí precaria, amenazan con no continuar.

A pesar de que el programa es muy conocido por la gente, la información pública al respecto es muy escasa. Elvin Ordoñez, director de Vida Mejor, un hombre que pasa ocupado viajando al interior a cambiarle la vida a la gente más pobre, estuvo muy ocupado para brindar una entrevista para explicar sobre el programa.

El programa Vida Mejor fue el tema principal en la campaña de Juan Orlando Hernández, su primera carta para ser reelecto. Julia Esmeralda, vecina de alguno de estos guías de familia –o promotores–, no cree que sea culpa del Presidente aunque lo único que recibió en 4 años fue un piso, los culpa a ellos por no ponerse de acuerdo. Es madre de 3 hijos y desde hace ocho años se dedica a recolectar botellas de plástico con su pareja, su labor les deja una triste cantidad de entre 30 y 300 lempiras diarios.

Vive en el sector de Los Pinos y a pesar de no entender porqué en las pasadas elecciones su coordinador se lo pidió, se cambió de domicilio y votó en la colonia Kennedy. Estos cambios fueron unos de los actos sospechosos de las pasadas elecciones, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dejó como recomendación establecer la obligación de aportar pruebas que acrediten que los cambios son reales.

Doña Julia además dice que le dio el voto a Juan Orlando con la esperanza de que le regale el terreno donde está viviendo, desde hace más de dos años que entregó los papeles en el programa y no ha tenido respuesta. Las viviendas no son el único componente del programa Vida Mejor, existen también pisos, techos, ecofogones, letrinas, pilas, purificadores de agua, huertos, bolsas solidarias, apoyo a microempresas y transferencias monetarias en los bonos 10 mil, bonos por discapacidad y para madres solteras. Todos con el fin de «mejorar las condiciones de vida a familias en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad».

Una vida mejor en familia 

El programa Vida Mejor ha sido un pilar fundamental en el proyecto político de la familia Hernández, así lo presenta una biografía de la primera dama, Ana García de Hernández, que se encuentra en la página de la presidencia de la república. Ese portal cuenta que ambos trabajan desde 2006 en este proyecto, el mismo año que fueron creadas la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer en Honduras (FUNDEIMH), inscritas el nueve de enero de 2006 en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC).

FUNDEIH actualmente maneja parte de los fondos destinados a Vida Mejor, específicamente proyectos para ecofogones, las viviendas, letrinas y pisos mejorados.  Los primeros registros públicos que señalan a la persona a cargo de esta fundación muestran el nombre de Dánne Chávez, quien al menos desde 2011 hasta 2013, asistió a eventos y firmó contratos como Directora General de la fundación, entre ellos una licitación para la adquisición de 9 mil ecofogones con el programa Vida Mejor. Aunque nunca se ha revelado en cuánto se encuentra valorado un ecofogón, coordinadores del programa  en declaraciones a medios de comunicación dicen que se encuentra entre los 1,500 y 2,000 lempiras.

Dánne es una abogada graduada de la UNAH, entre 2006 y 2008 trabajó en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), luego fungió como Jefa de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde el Tribunal Superior de Cuentas le dictaminó responsabilidades al haber contratado en dos ocasiones a personal que laboraba en los mismos horarios en otras instituciones, uno en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y otro en el Hospital Militar. No la despidieron sólo cambió de puesto: pasó a ser la encargada de las licitaciones de la UNAH hasta 2011.

Desde 2014 Dánne Chávez es la gerenta del Despacho de la Primera Dama, durante ese primer año se desempeñó en ambos cargos y luego le traspasó la administración de la fundación a su hija, Eva Collier, quien desde entonces es la directora de FUNDEIH. Ambas tienen una relación muy cercana con la primera dama, eso queda en evidencia durante la boda de Eva Collier cuando Ana García da el discurso, según las revistas sociales, Eva la considera como una tía.

Dánne Chavez es una persona difícil de ubicar, se esconde entre múltiples números de extensión en Casa Presidencial, números que terminan dejando de contestar cuando reconocen la insistencia, la burocracia estatal ha dejado de ser archivada en gavetas de metal para ser administrada desde extensiones telefónicas que parecen ser infinitas. A través de una conversación en whatsapp dice que no está autorizada a dar entrevistas, cuando finalmente se le menciona el programa «Vida Mejor» y FUNDEIH, responde «está equivocada» y termina escondiéndose nuevamente, bloqueando los números desde los cuáles se le escribía.

Mientras tanto, las oficinas de FUNDEIH se muestran similar a Dánne, se encuentran una en el municipio de Gracias en el departamento de Lempira y otra en Tegucigalpa, en la colonia Palmira, esta última se trata de una casa cerrada por un portón metálico. Al tocar el portón, de inmediato el guardia abre una mirilla y se ve al fondo una pila de ecofogones y sillas, el ambiente es extraño y nadie puede entrar. Buscar información ahí es sinónimo de esperar bajo el sol cuanto ellos consideren necesario, cuando baja una empleada del lugar, tampoco permite entrar y sólo explica que no hay nadie que pueda dar entrevistas.

En el centro la pareja Juan Carlos Ponce y Eva Collier, hija de Danne Chávez quien posa al lado izquierdo junto a la primera dama Ana García. Foto: Revista Estilo.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH)  investigaba por desviación de fondos a ésta y otras Organizaciones No Gubernamentales en un caso denominado Red de Diputados.

Las investigaciones de la MACCIH descubrieron un sistema de corrupción mediante el cual diputados se robaban el dinero, estos solicitaban a la Secretaría de Finanzas fondos para ONGs –en muchos casos ficticias– para ejecutar proyectos sociales, pero estos nunca llegaban a las personas y no hay contratos debido a que sólo son intermediarias para recaudar dinero: Las ONGs reciben los cheques, el mismo día le traspasan el dinero de regreso a los diputados y diputadas a través de otros cheques o transacciones.

El exprocurador de la Maccih, Julio Arbizú manifiesta que el caso de la Red de Diputados demuestra cómo es la impunidad en el país «Lo más lamentable en Honduras es que la corrupción es tan impune que paga en cheques, la forma de la corrupción en Honduras es la más transparente. No me extraña que las cosas estén iguales» sin embargo, cuenta que el caso iba más allá y las investigaciones iban a parar al Presidente y la Primera Dama.

Toda esta situación se da debido a una reforma a la Ley del Presupuesto General de la República, mediante decreto 87-2011, período en que el presidente del Congreso Nacional era Juan Orlando Hernández, para autorizar a la Secretaría de Finanzas la transferencia del 25% de los valores no ejecutados en los fondos nacionales para transferirlos a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central con el propósito de constituir un fondo destinado a financiar diferentes programas y proyectos acorde a los objetivos en el Plan de Nación y Visión de País.

En diciembre de ese año se realiza una nueva reforma, en donde el artículo 185 agrega que se reduzca el gasto de servicios no personales, materiales y suministros de más de 50 instituciones para trasladarlo a la Institución 449 destinado a financiar diferentes programas y proyectos. Este fondo es administrado por el Presidente de la República, un representante de la Secretaría de Finanzas, representante de cooperación externa y los presidentes de la comisión del presupuesto  del Congreso Nacional. Esto quiere decir que todas las solicitudes para esa asignación de fondos para programas sociales, deben pasar primero por el presidente del Poder Ejecutivo.

Cuando salió a la luz el caso Red de Diputados, se aprobó en el Congreso Nacional una nueva reforma a la Ley del Presupuesto, posteriormente conocida como Pacto de Impunidad, en donde se modifican los artículos 16 y 131-A con el fin de que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías durante tres años, en recursos invertidos en proyectos sociales en los periodos gubernamentales 2006-2010 y 2014-2018. Mientras se realizan estas auditorías «no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal».

Todo este caso generó una crisis interna en la MACCIH que ocasionó la renuncia de Arbizu, la del vocero, Juan Jiménez Mayor y la del juez Daniel Urrutia. Este último, en aquel momento denunció durante un programa en CNN la existencia de otro pacto de impunidad entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Juan Orlando Hernández «somos expertos en la materia, fuimos a Honduras contratados para luchar contra la corrupción en Honduras, las elites gobernantes, y nos encontramos que tuvimos que luchar el 90% con la corrupción de la OEA».

Urrutia además reveló que desde su primer mes denunció irregularidades internas en la MACCIH y nunca recibió respuesta de la inspectoría de la OEA, dependencia que responde directamente al Consejo Permanente. Entre sus sospechas señala que nunca tuvieron acceso a conocer como se daba la ejecución y recaudación de los fondos de la MACCIH, aunque sí conocieron que parte de ese dinero se utilizó para pagarles a personas que no hacían trabajo para la misión.

El Despacho de la Primera Dama está bajo mayor sospecha desde las acusaciones del Ministerio Público a través de la Unidad de Fiscales Anticorrupción (UFECIC) por un caso que involucra a la exprimera dama Rosa Elena de Lobo por malversación de fondos públicos para programas sociales . El Programa Vida Mejor pone bajo sospecha también al actual despacho de la primera dama.

Beneficiaria del Programa Vida Mejor en la Colonia Bella Vista de Comayaguela. Foto: Martín Cálix.

Lealtad ante todo

Este proyecto tiene una importancia especial para Juan Orlando Hernández, lo nombraba desde que hizo su primera campaña electoral en 2012, formó un eslabón muy importante en su segunda campaña y durante el discurso en la toma de posesión. Después de la crisis que generó las últimas elecciones generales en el país parece que ha buscado filtrar a la gente dentro del proyecto.

«Se ocupa un perfil más confiable porque durante las elecciones se dieron cosas que no tenían que darse» dice Luis Cerrato, coordinador regional de la colonia las Ayestas, no quiere entrar en detalles sobre lo ocurrido, pero en aquellos días las redes sociales se llenaban de filtraciones en chats y audios de whatsapp donde los nacionalistas se amenazaban entre ellos: no todos habían votado por Juan Orlando.

En la última semana de abril de 2018 se filtró un supuesto audio compartido en algún grupo de whastapp por Loreley Fernández, ex candidata a diputada por el Partido Nacional que desenmascara ese descontento, dijo que no iba a tolerar el descontento de nacionalistas contra su propio partido «En grupos donde estén jodidos de mierda del Partido hablando en contra del Partido no voy a estar. Ya es mucha papada, ¿cómo pueden estar todos los días hablando mucha mierda del Partido? Juan Orlando es el parto de nosotros y echamos pija para tenerlo de presidente».

Luis Antonio Cerrato, Supervisor Regional en la Colonia Las Ayestas. Foto: Martín Cálix

Una vida que no mejora ni para los nacionalistas

La colonia Bella Vista es una zona que tiene historial de haber sido controlada por la Mara Salvatrucha (MS-13) tanto así que existe una pendiente denominada «La calle de la muerte» donde, según cuenta un habitante de la zona, entre 1998 y 2005 «nadie salía vivo de ahí» y aunque ahora los cabecillas de las pandillas se han ido, aún quedan personas que dominan la zona, banderas. Se ve entre las miradas curiosas que da la gente desde sus casas, parece ser que no suelen recibir desconocidos.

En ese contexto vive Lesly Flores de 39 años, beneficiaria del programa Vida Mejor del que recibió un piso, medio techo y el trabajo de guía de familia. Lesly cuenta que consiguió formar parte del proyecto porque es nacionalista y asistía a las marchas, su coordinador de zona así se lo consiguió. Además, su vivienda sirve de sede para las reuniones del Partido Nacional en la colonia, arreglaron su casa una parte antes y otra después de las elecciones pasadas y dice que así ocurrió con las demás personas que recibieron el beneficio en toda Bella Vista.

Lesly es madre soltera, la casa que arreglaron con el programa ni siquiera es suya, alquilan junto a otras 4 madres solteras cada cuarto –5 en total– a dos mil lempiras cada uno, en donde actualmente viven 19 personas.

Lesly dice que su vida mejor es tener un piso y un techo que ya no moja porque ha dejado de ser de tierra, espera que al menos una de las mujeres con las que viven logre recibir el bono de la madre soltera ya que desde el año pasado entregaron los papeles «Somos madres que no tenemos casita, esperando que nos den un terreno que podamos pagar ya lo de uno, eso le pedimos al Presidente y el bono porque a veces uno tiene a los niños en la escuela y con lo que uno trabaja no ajusta ni para comer» en su casa solo tres tienen trabajo, ella como guía de familia, otra como mesera y una que vende agua.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza en Honduras incrementó en un 3.1% durante el 2017, pasando del 65.7% en el año anterior a 68.8% en su último conteo, visto desde las cifras la pobreza parece ser la materia prima con la que Vida Mejor ha logrado engrosar el ejército de activistas de la estrella solitaria.

Los pobres que les pagan a los pobres

Los programas sociales aparecen en Honduras hace más de 16 años, comenzaron con la condonación de la deuda externa con el fin de que los recursos que se utilizarían para pagarla, se invirtieran en una estrategia para la reducción de la pobreza en el país. Esto quiere decir, que desde ese entonces dentro del Presupuesto General de la República hay enunciados específicos para disminuir la pobreza.

Sin embargo, a pesar de esto se comenzaron a crear otros programas con el mismo fin, en estos se financiaban con endeudamiento externo a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre ellos la Red Solidaria del expresidente Manuel Zelaya, el Bono 10 Mil de Porfirio Lobo y el caso más reciente, el de Vida Mejor de Juan Orlando Hernández, pero este último tiene características diferentes.

La ley de Ordenamiento y Finanzas Públicas se modificó en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional con decreto 278-2013, en él se incrementó el pago al Impuesto Sobre la Venta del 12 al 15% dejando ver en el artículo 45 que 4,500 millones del dinero que se recaude por ese diferencial va al fideicomiso que desemboca en Vida Mejor.

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), explica que la estructura de impuestos en el país está diseñada de tal manera que afecta más a los pobres, se trata de un sistema fiscal regresivo porque los impuestos se le aplican al consumo y no a las riquezas, a quiénes tienen más «al final termina pagando el que menos tiene con relación a su ingreso, por eso terminamos diciendo que son los pobres que terminan financiando a los pobres porque ese 3%  le perjudica al que menos tiene».

Ismael Zepeda, economista del FOSDEH. Foto: Martín Cálix.

Sin embargo, los fondos que se manejan en Vida Mejor no sólo provienen de ahí, en 2014 la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y el Poder Ejecutivo suscribieron el Pacto Municipal para una Vida Mejor que dice que el 40% del presupuesto de cada Gobierno Municipal lo destinará al programa Vida Mejor, en el Presupuesto General de la República para 2018 se habla del 35% .

De acuerdo al informe de logros que presentó el gobierno de Juan Orlando Hernández, para el programa Vida Mejor se invirtieron un total de 800 millones de lempiras de 2014 a 2017, cifra que a simple vista no concuerda con la cantidad que se está destinando con el 35% de las municipalidades y los 4,500 millones del recaudado en los impuestos.

Zepeda cuenta que es muy difícil saber si estos programas mejoran la vida de las personas porque no hay una focalización sino que se le da a quien se apunta. El estudio «Hacia una nueva estrategia de reducción de la pobreza» realizado por el FOSDEH en 2015, descubrió que del total de los bonos que se entregan, el 34.1% de beneficiarios no lo reciben completo, más de 58% no salen de la pobreza y el 36% de los hogares que lo reciben son «no pobres».

Parques Convive Mejor: Una puerta a la Honduras de allá

«En el momento en que los niños más humildes de San José de la Vega entren a ese parque se van a sentir como mis hijos cuando yo pude llevarlos a Disney, a Estados Unidos. Que la gente humilde que no ha tenido esas oportunidades, la tenga aquí en Honduras y no tenga que ir a otro lado» fueron las palabras exactas que utilizó el presidente, Juan Orlando Hernández, cuando en 2015 inauguró el primer Parque Convive Mejor en el país.

En aquel momento mucha gente en redes sociales se indignó por esta declaración, decían que el Presidente no comprendía las causas estructurales de la migración, que la gente no se va buscando un parque Disneyworld sino por la situación de violencia y desigualdad en el país, de acuerdo al Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) para mayo de 2018 se reportan 21,365 migrantes retornados principalmente de México y Estados Unidos, en 2017 la cifra rondaba los 17 mil, tal parece que los parques no detuvieron que la gente se fuera.

Estos proyectos se construyen bajo una alianza público–privada que existe desde 2014, con 19 empresas que forman parte de la Fundación Convive Mejor, alianza que maneja un presupuesto de 100 millones de lempiras con la meta de construir o rehabilitar hasta 20 parques antes de 2020. Cada construcción se divide en 40% de inversión privada y 60% de inversión pública, este último proveniente del Tasón de Seguridad.

La Fundación Convive Mejor la conforma un listado de empresas que en su mayoría tienen contratos individuales con el gobierno, se trata de: Grupo Terra, Fundación Nasser, FICOHSA, DIUNSA, Grupo Visión, Grupo Jaremar, SULA, Tranycop S,A, Cervecería Hondureña, Kielsa, Grupo Flores, LOTO, John Deer, BAC Honduras, Banco Atlántida, Equipos Industriales, DAVIVIENDA, Cargill y Argos Cementos.

Por un lado, estas empresas tienen una fundación en alianza con el gobierno, por el otro, los registros de la Secretaría de Finanzas muestran que han sido exoneradas del pago total o parcial de sus impuestos.

En el Parque Solidaridad ubicado en El Trapiche, está tallado el suelo con hojas que contienen escrito el nombre de estas empresas. Entrar en uno de esos parques, es como cruzar una puerta a un mundo paralelo, a la Honduras de allá; la gente se ríe y saca sus celulares para utilizar el WiFi del Pueblo, se quedan hablando hasta más allá de las 6 de la tarde. Aunque las luces impiden ver con claridad las calles afuera, se percibe que están vacías, las pocas personas que las transitan van casi corriendo.

Josué Cáceres, 18 años, skater de la colonia Nueva Suyapa.

Afuera del parque no se puede escapar de la realidad de violencia en el país, Fredy lo sabe, tiene 54 años y es el abuelo de un niño de seis a quien lleva dos veces por semana, cuenta que viven en la colonia San Miguel donde no tienen ningún espacio que su nieto pueda disfrutar. Fredy se siente seguro dentro, pero sabe que al pisar la línea que divide el parque de la calle se encontrará en riesgo de nuevo «usted sabe, yo tengo que tomar el transporte público y ya ahí hay que ir con mucho recelo».

Aunque a Fredy nunca le sucedió nada en el camino del parque a su casa. La historia no es la misma en el caso de Josué Cáceres, un joven skater de 18 años que visita casi a diario las instalaciones para utilizar su rampa «Una vez me asaltaron ahí arriba» y señala un puente que se encuentra justo al lado del parque, son las 8 de la noche y nadie transita por ahí «Yo venía saliendo de aquí como a eso de las 9 de la noche e iba solo, miré que un man salió de un hueco de ahí y se sacó un cuchillo, andaba con otro man que supuestamente cargaba una pistola. Sólo me dijeron “dame todo lo que andas” y pues yo sólo andaba 50 pesos», Josué se ríe con nervios, sabe que podría no estar contando esta historia.

Josué me cuenta que su sueño frustrado es ser skater profesional, sabe que en Honduras la vida mejor no apoya esta clase de deportes, por eso estudiará marketing en la universidad. Mientras tanto, vive a diario la estigmatización de la sociedad por su manera de vestir y su patineta, incluso en el parque la sufre por parte de los efectivos de la Policía Militar quiénes los registran porque dicen que fuman marihuana «Obviamente son unos basuras con nosotros, una vez sólo porque estaba patinando en este mismo parque sin camisa, me llevaron a mí y a tres amigos más a hacer culucas. Ahora ya no molestan como antes. Sólo se van a alguna esquina a fumarse algún cigarro y escuchar música, no nos dicen nada».

En el parque normalmente hay seis efectivos de la Policía Militar, ese día solo hay dos, uno de ellos se acerca a un par de jóvenes, las únicas mujeres entre 20-25 años en toda la instalación, llevan media hora de estar aquí y se han movido a varios lugares. Se sientan en una mesa y su conversación se apaga cuando llega el militar, no se escucha qué les dice primero, pero se ven claramente incómodas, una se atreve y suelta «usted debería estar allá» señala la puerta, bastante lejos de dónde él se encuentra ahora, «uno conoce sus límites» le responde, pasan un par de minutos antes de que las deje, las muchachas de inmediato dejan las instalaciones, y el policía militar vuelve a su teléfono, quizá a revisar su perfil de facebook.

Mientras unas mujeres son acosadas, otras se reúnen a ejercitarse en una cancha, en su mayoría son madres acompañadas de sus hijos, enfrente las guía un muchacho con la camisa del Honduras Actívate, su nombre es Alejandro Valeriano, cuenta que bailan y hacen aeróbicos todos los días de cinco a seis de la tarde, lo hacen con canciones de Maluma, Romeo Santos y electrónicas que elige él.

Alejandro Valeriano, Instructor de Zumba en Honduras Activate. Foto: Martín Cálix.

Alejandro, el instructor, comenta que el programa busca mejorar el estado de ánimo y la salud de las personas, entró hace un par de meses «como cualquier trabajo, uno ve anuncios y lleva sus papeles, luego espera la selección».

Jeaneth asiste todos los días a las jornadas de ejercicio, se acerca con la curiosidad de saber para qué medio les tomaron fotografías porque dice que no le gusta hacerle publicidad al Presidente, señala alrededor y sonríe, «esto es pura paja, ni con esto lo queremos. ¡Ja! Yo asistía a las manifestaciones el año pasado, soy del Hato. Vengo acá porque si Juan Orlando ya me ha robado de todo, pues al menos que también me robe la grasa», se ríe, pero de inmediato se pone seria a la vez que agarra su mochila con las manos.

Jeaneth lo sabe, al final mujeres como ella, Lesly y Julia Esmeralda son la excusa perfecta que tiene el gobierno de Juan Orlando Hernández para inventarse programas sociales que por un lado, les deja una imagen de altruismo y dedicación con los más necesitados, pero por otro les permite usar los fondos de forma poco transparente con el fin de que la vida mejor sí llegue, pero no para los pobres.

Fotos: Martín Cálix

Edición: Jennifer Avila

Si hay un preso político, ferviente activista y líder comunitario, ése es Edwin Espinal.

Algo pasó en el golpe de Estado que lo cambió, dice su hermana menor Mirna, algo hizo que Edwin se indignara tanto que convirtiera la calle, la lucha popular, en su trinchera más importante. Esa trinchera ha hecho que ahora su familia sufra su ausencia. Edwin está preso en una cárcel de máxima seguridad acusado de incendio agravado y otros daños en perjuicio del Hotel Marriot de Tegucigalpa. Por el mismo caso, Raúl Álvarez guarda prisión en la Tolva, la misma cárcel donde se encuentra Edwin. Ambos tienen más que esa protesta del 12 de enero de 2018 en común: fueron blancos de la Policía Nacional anteriormente.

Edwin creció en un barrio conflictivo de Tegucigalpa, la colonia Flor del Campo. De allí, tuvo que emigrar para poder construir la casa a su madre y aportar a la economía familiar. Edwin vivió seis años en Estados Unidos, trabajando día y noche para ayudar a su familia y cuando cumplió la meta regresó a Honduras, apenas a un año del golpe de Estado.

«La situación era caótica, en ese momento nos preocupamos por su salud pero sabemos que él tiene convicción. Él no estaba allí para ganarse méritos con los políticos, lo hacía por vocación, por ayudar al prójimo, el ve la situación del país, cómo ha empeorado», cuenta Mirna.

Edwin perdió a su novia Wendy Ávila quien murió en una represión en las afueras de la Embajada de Brasil durante las protestas contra el golpe de Estado y donde Manuel Zelaya se refugiaba después de ser derrocado. Edwin fue  un fiel militante del Frente Nacional de Resistencia Popular. Allí encontró de nuevo el arraigo tras su regreso de un país ajeno.

Hermanas de Edwin Espinal. Foto: Martín Cálix.

Edwin no les contaba mucho a sus hermanas Delmis y Mirna. Su pareja  actual, Karen Spring, cuenta que en el caso de Edwin existe una persecución directa  por parte de la Policía contra él. En 2010 Edwin fue retenido por 5 policías quienes le aplicaron gas pimienta y shocks eléctricos para pedirle información y amedrentarlo por ser seguidor de Manuel Zelaya. Edwin había sido testigo de un asesinato extrajudicial de la Policía en 2009 y eso le trajo problemas. Él denunció a esos policías y cada semana llegaban  a amenazarlo, cuenta Spring.

Después, en 2013 la familia de Edwin tuvo que mudarse de casa. A pesar que la colonia Flor del Campo tiene control de maras y pandillas, a los vecinos no les han cobrado extorsión, sin embargo a ellos los llamaban para pedir el famoso «impuesto de guerra». Pero el lenguaje y la forma de hacerlo les hizo sospechar que era la policía, aún así denunciaron y al momento en que huían de la casa, la Policía en lugar de resguardarlos los hostigó para que les mostraran sus cosas personales.

«Estábamos afuera de la casa. Ellos (los policías) rompieron portones, llavines, puertas, hicieron muchos daños a la propiedad» narra Mirna a lo que Delmis agrega: «me imagino que esto era de la misma persecución a la familia, porque él también se opuso a la construcción del campo de fútbol porque ahora es privado. Estar fuera de la casa fue horrible, pensábamos que podía ser tomada por mareros, había un tiempo en que las casas se dejaban solas y ellos se adueñaban de las casas», explica.

A Edwin no le daba miedo, incluso puso una bandera del Frente Nacional de Resistencia Popular en su casa. Estaba bien identificado.

Es que Edwin estaba involucrado en varias luchas y en su barrio lideraba la resistencia contra la privatización del campo de fútbol en la administración de Ricardo Álvarez como alcalde y Porfirio Lobo Sosa como presidente.

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En el tiempo en que Edwin sufría persecución policial, Raúl era  policía.  Ambos estaban en bandos contrarios, hoy comparten celda en La Tolva y se les llama por igual: «presos políticos».

La familia de Raúl es de San Marcos de Colón en Choluteca, al sur del país, y migró a la capital para buscar oportunidades. «Así somos los seres humanos, siempre nos movemos para buscar mejores condiciones y resulta que nos encontramos con lo peorcito», dice Jeaneth, su tía. Ella desprecia el barrio donde vive en Tegucigalpa, está muy incómoda con su condición de pobreza moderada.

«Yo les decía que andar allí en la calle era peligroso, este país es complicado usted». Dice Jeaneth, su hijo y su sobrino Raúl salían a manifestarse tras las protestas post electorales, como mucha gente de su barrio, la Venezuela. Y Raúl tenía razones personales también, había sido depurado de la Policía Nacional hace un año aunque con la promesa de regresar a sus funciones.

Desde 2016 hasta la fecha se han depurado 4445 policías de distintos rangos, sin embargo este proceso ha sido cuestionado porque no ha bajado el nivel de colusión de las autoridades policiales con el crimen organizado, además de que los policías depurados quedan despedidos pero libres sin procesos judiciales por sus faltas.

El abogado Benedicto Santos, coordinador de la red de solidaridad con los presos políticos conoce el caso de Raúl y asegura que es muy complicado por su condición de policía depurado. Varios oficiales en esa categoría rodeaban a los liderazgos de la Alianza durante la crisis, el caso de Henry Osorto Canales, subcomisionado de policía depurado es el más relevante.

«Raúl lideraba las tomas en la Centroamérica Oeste y ahora está acusado por daños agravados e incendio agravado contra grupo Intur y el Hotel Marriot. Por acumulación pueden ser de 6 a 12 años de prisión lo que le esperan», explica el abogado Santos, sin embargo ya lograron extinguir el peor de los delitos: tentativa de asesinato contra más de 100 huéspedes del hotel en aquella protesta antes de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández.

Reporte de Diario La Tribuna. Foto: Martín Cálix.

El caso de Edwin y Raúl lo ve un juez de jurisdicción nacional, Claudio Aguilar, hijo del magistrado suplente Sixto Aguilar. El juez Claudio Aguilar tiene ya varias denuncias por prevaricato y por atrasar procesos de apelación en la Corte, también ha sido señalado por el periódico digital Confidencial, propiedad de David Romero, como un juez nacionalista.

Pero la mayor evidencia de que el juez Aguilar tiene la práctica de engavetar las apelaciones es que el caso de Edwin y Raúl está en apelación y no avanza en los tiempos que debería. Mientras tanto, ni la revisión de medidas ayudó a Edwin a salir de la Tolva para defenderse en libertad.

Karen Spring,  visitó a Edwin con un carnet de visita especial hace unos meses y lo notó con bajo peso. «No les dan suficiente comida, no hay agua y sólo les llega por 10 minutos. La Tolva y El Pozo están bajo control militar y eso cambia la dinámica, no son centros penales civiles», explicó.

Karen tiene 9 años de vivir en Honduras, ya tiene una familia. Sin embargo, después de las visitas a La Tolva, a Karen le pusieron una alerta migratoria y desde que salió a inicios de año de Honduras, no ha podido regresar con el temor de ser deportada del país.

Edwin estaba muy susceptible a la crisis política de 2017. En 2009 perdió a su novia, despertó como dice su hermana, pero en 2015 vivió algo más dramático. Justo en el momento en que se destapa el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social, su madre muere de un problema en el corazón mientras era atendida en el IHSS.

«Mire, en esa cuenta de víctimas del IHSS iba mi mamá, porque ni sabemos si los medicamentos que le daban eran de harina», agrega Mirna. En ese momento cuando las calles se inundaban de indignación, el sistema de salud mostraba su verdadera cara, la cara de la precariedad y la corrupción. Ese dolor y esa indigncióin se acumularon en las elecciones pasadas, en una gran masa de jóvenes, pero sobre todo en personas como Edwin que se reconocían como víctimas directas a pesar que no se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas dejó el desfalco.


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Jeaneth Lagos es comerciante, es perito mercantil pero como no hay trabajo entonces vende cosas. Está recolectando todos los papeles que le piden para tener el carnet de visita en la cárcel. Es la única de la familia de Raúl que intenta hacerlo. «Él me ha dicho por teléfono que él perdió todo por andar en las protestas, perdió a su mamá porque a raíz que él cayó preso su madre enfermó y se regresó al pueblo, perdió a su hijo, porque su esposa estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo, y a su esposa de quien no sabe nada», relata Jeaneth.

«El abogado dice que todos son presos políticos por terrorismo. Lo que yo sé es que Raúl está bien mal, está amarillo, no come, ha perdido peso, en tres meses ha perdido como 30 libras, bien delgadito», cuenta la tía. Raúl apenas tiene 25 años y es el menor de los hijos de su hermana.
Raúl estudió en el colegio, nunca había pensado en migrar a Estados Unidos pero ahora su tía dice que si él llegara a salir, simplemente lo mejor es que pida asilo en el norte.


Jeaneth Lagos, tía de Raúl. Foto: Martín Cálix

«Yo no le voy a mentir que no anduve en las protestas del barrio, casi todo el barrio iba, íbamos con las amistades, ahora están callados, no dicen nada, uno no entiende, los que  dicen una cosa hoy mañana dicen otra, aquí montón de gente aceptó que le pusieran su techito y la gente se conforma con nada, allí están contentos y calladitos, la pobreza hace cualquier cosa, por una bolsa solidaria o un techito la gente cambia.

Este gobierno ya todos lo conocemos, es el mismo anterior, no podemos esperar cambio cuando es el mismo Presidente de hace 4 años. No me gusta opinar sobre política y religión porque es peligroso, mire Raulito, pobre, a él nadie lo conoce, él se va colado con Edwin», cuenta Jeaneth, mientras muestra las fotografías de Raúl cuando era policía, cuando se graduó del colegio, selfies y demás.

Tanto Jeaneth como las hermanas de Edwin no conocen bien cómo va el caso, pero agradecen el acompañamiento del Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) que se ha encargado de la defensa de los casos.

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michel Forst, visitó Honduras hace una semana y mostró preocupación por la situación de los derechos humanos pero no se refirió a cómo esta situación se ha agravado tras la crisis política, con denuncias graves como vejámenes realizados contra personas presas por diversos actos en las protestas, contra los presos políticos que ni siquiera son aceptados por el Estado.

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Mirna y Delmis hablan mientras la sala de su casa en la que conversamos con ellas es rondada en todo momento por las sobrinas de Edwin, sólo escuchan su nombre y una rompe a llorar. Edwin no se había separado de ellas, la mayor de sus sobrinas nació durante el golpe de Estado y quizá por eso también él no quiso regresar a Estados Unidos. «Las consecuencias de esa militancia para todos y para él han sido grandes», dice Delmis con cierta serenidad, mientras todo el ambiente se rompe con el llanto de las niñas.

«Aquí ya nadie quiere protestar. Una noche del toque de queda aquí varios jóvenes fueron detenidos, uno apareció al día siguiente muerto en una calle cercana aquí. Nadie quiere acabar muerto o preso, por eso ya ni el cacerolazo se oye», dice Mirna como extrañando el sonido de las cacerolas, o la emoción de salir a las calles a manifestarse.

Texto de Jennifer Avila, parte del libro Hay jueces en Berlín, producido por el ERIC y Radio Progreso editado en junio de 2017.

Yassmín Barrios tiene una bicicleta abandonada. Una sentencia que dictó como jueza en 2001 le modificó la vida a esta mujer guatemalteca, reconocida en todo el mundo por ser implacable en la aplicación de justicia. Antes salía a dar paseos, ahora se conforma con una bicicleta estacionaria para recrearse. Hoy sale escoltada, en carro blindado y usa chaleco antibalas cuando se lo indican. Su trabajo la hace estar cerca de la muerte, “es en el derecho penal donde está la parte humana más visible, la de más dolor y donde se encuentran los valores esenciales de las personas”, dice con su voz dulce, esta jueza, en ésta, otra de tantas entrevistas que ha contestado.

–Me describo muy humana, sensible, eminentemente profesional, y me gusta trabajar en la justicia.

Doctora en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez. Abogada y Notaria Pública de Guatemala, con un periodo de ejercicio de seis años. Ha sido Juez de Sentencia Penal por 20 años consecutivos y Presidenta del Tribunal primero A de Mayor Riesgo de Guatemala. Siempre le gustó hablar de la justicia, y por muchos años la inculcó en la escuela donde daba clases. Yassmín Barrios es primero, maestra de educación primaria.

De eso trabajaba cuando estudió en la universidad, en contra de sus deseos, la carrera de derecho. Barrios quería ser ingeniera, le gusta la matemática pura, es más exacta. Pero tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo para sostenerse y la carrera de derecho le daba esa oportunidad.

Sin embargo, esta mujer no se arrepiente de nada. Amó siempre dar clases, incluso siguió haciéndolo unos años después de graduarse de abogada, amaba a sus niños y sobretodo le alegraba saber que podía enseñar la justicia.

–La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia es un valor esencial dentro de una sociedad y todos estamos llamados a practicar justicia en las actividades que realizamos a diario.

Yassmín Barrios se convirtió en una jueza reconocida en todo el mundo por dictar una sentencia contra un expresidente acusado de genocidio en Guatemala. Ella ya no solamente enseña justicia, la dicta.

–Como es parte de nuestro trabajo en el organismo judicial, porque es un sistema de administración de justicia, entonces tenemos que dar un servicio a la colectividad.

Barrios dice que su trabajo es como cualquier otro. En la oficina, aunque lleve ese gran rótulo “De Mayor Riesgo”, intentan llevar una vida normal. Incluso celebran cumpleaños y se solidarizan como compañeros, cuenta riendo.

Afuera de la oficina hay dos hombres armados, son amables y no llevan uniformes. Tratan de quitarle el drama y el misterio típico que se le puede poner a una oficina con ese nombre o a un trabajo tan riesgoso como el de hacer justicia en un país violento.

Es difícil preguntar a Yassmín Barrios y esperar que diga algo que no haya dicho ya, o pensar que se le puede incomodar o molestar. Es una mujer muy serena, termina siempre con una sonrisa, es calma y la trasmite. Cuesta romper esa cortina, entrar a conocer la mujer.

–Me gusta leer, aparte de las leyes, me gusta leer novelas clásicas, leer temas de actualidad, otro tipo de literaturas diferente a los temas de abogado, aprender de otras disciplinas que creo que son importantes para la vida, –responde a la pregunta obvia de entrada–, también me gusta cantar, me gusta andar en bicicleta pero por cuestiones de trabajo no puedo salir a la calle. Hubo un tiempo en el que practiqué gimnasia, me gusta bailar aunque sea en mi propia casa.

En su oficina hay reconocimientos, premios, fotografías con personajes destacados a nivel internacional. Tiene una fotografía con Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos. Ella me los muestra, dice que está muy agradecida. Le pregunto si está orgullosa, y ella dice que no le gusta ese término.

-Orgullosa en sí, yo no creo, tal vez no me gustaría la cuestión de sentirme orgullosa. Sí sentirme contenta, tranquila y satisfecha el tener vida y poder ayudar a los demás. No me gusta mucho la idea de orgullo.

Barrios fue galardonada en 2014 con el premio International Women of Courage (Mujer Internacional de Valentía) por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América; en 2013, con el Premio Derechos Humanos por el Consejo General de la Abogacía Española y en 2015, el Programa Cívico Permanente del Banco Industrial le dio un homenaje por su trayectoria.

“Son alegrías que da el trabajo”, dice Barrios.

–Uno de mis compañeros de facultad me decía: “Yassmín, tú vas a llegar a ser juez”, pero la verdad yo nunca me lo tomé en serio. Ni siquiera pensé sobre la idea, simplemente a mis compañeras les gustaba que les explicara y sacaba, gracias a Dios, buenas notas, entonces estudiaban en mis notas diarias, sacaban fotocopias y les gustaba que les explicara si no entendían algo.

En Guatemala se estaba implementando un nuevo Código Penal, y Barrios quien estuvo trabajando en un programa de Naciones Unidas y dando asesorías después de graduarse, quería aprender más sobre el mismo. Por eso tomó la capacitación que se estaba dando para ingresar al sistema de justicia.

–Vi la prensa y me enteré que había una posición para el cargo de jueces y que las capacitaciones las estaban dando profesores internacionales de muy alta capacidad, entonces me interesó para promoverme y para tener más conocimientos en el área penal, inicialmente no era la idea quedarme.

Pero se quedó y ha hecho historia.

La sentencia que le cambió la vida

En 2001 llegó al escritorio del Tribunal A de Mayor Riesgo presidido por Yassmín Barrios, el caso de asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera (1998), los acusados eran los militares Byron Lima Oliva y su hijo el coronel Byron Lima Estrada. Este fue un notable avance en el sistema de justicia.

Dos años había pasado la fiscalía investigando este caso por vías erróneas debido a la implicación que tenía. Monseñor Juan Gerardi fue asesinado a golpes un día después de presentar el informe “Guatemala: nunca más”, fruto del Proyecto Interdiocesano de «Recupe­ra­ción de la Memo­ria Histórica» (REMHI) para contar lo que pasó en Guatemala durante el conflicto armado. Cuatro tomos de testimonios sobre las terribles violaciones de derechos huma­nos producidos por la represión militar.

Durante dos años la fiscalía investigaba dos hipótesis: 1. El crimen pasional 2. El ataque de un perro.

Cuando se abrió el juicio contra los Lima, se abrió un nuevo capítulo en Guatemala. Barrios asegura que este caso le modificó su vida, pero también mostró que la justicia se estaba imponiendo en su país.

Un día antes de la fecha fijada para la apertura del juicio oral sobre el asesinato del obispo Gerardi, unos desconocidos arrojaron dos granadas contra la casa de la jueza quien estaba con su madre. Barrios agradece a Dios por la vida, casi las matan ese día. Se niega a dar detalles y mencionar a su madre, ella prefiere seguir agradeciendo a Dios que aún están vivas y que eso no la detuvo. El juicio duró dos meses y medio y a pesar del peligro y las amenazas, se dio la sentencia condenatoria. Barrios tenía esperanza y el pueblo guatemalteco también.

–Todas las sentencias son importantes pero creo que la que más ha influido fue el caso Gerardi porque sufrí un ataque con granadas de fragmentación en mi casa y eso conllevó a que me custodiaran, me conllevó a la pérdida de la libertad. Antes andaba sola, manejaba mi carro, venía de un lugar a otro, pero a partir de eso me vi en la necesidad de aceptar que me cuidaran y me custodiaran. El caso llegó al tribunal donde yo estaba trabajando, como parte del trabajo normal.

A pesar que la sentencia fue anulada en 2002 por la Sala de Apelaciones por “deficiente valoración de la prueba”, la sentencia rompió con la impunidad absoluta de la élite militar tan poderosa en Guatemala, a pesar de tener siempre un poder muy arraigado al Estado. Barrios presidió ese tribunal que dictó 30 años de cárcel a un capitán y a un coronel –un hecho histórico–  por un crimen que destapaba algo más: la responsabilidad de la clase política y militar en crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, o quizá algo más: que Guatemala aún no estaba en paz, producto de la impunidad.

–Por esta sentencia hubo cambios en la justicia; objetividad, transparencia, honradez de los funcionarios, de mis compañeros jueces y yo que dictamos la sentencia, es decir una nueva generación de jueces surgió.

Barrios dice que Guatemala ha demostrado que puede juzgar en sus tribunales crímenes de cualquier grado sin importar la figura que represente el acusado. Al escritorio de esta mujer siguieron llegando casos de militares implicados, por eso la han catalogado de “implacable verduga de militares” en algunos medios de comunicación, a su favor y en su contra. El caso Mack (el asesinato de una antropóloga en 1990 a manos de militares) o el caso Sepur Zarco en que militares esclavizaron sexualmente a mujeres indígenas en esa finca. O el más prominente, el caso por genocidio cometido contra el pueblo Ixil con el ex presidente Efraín Ríos Montt como supuesto culpable. También ha juzgado casos de narcotráfico, secuestros y el asesinato del trovador Facundo Cabral.

–Se dice últimamente que del año pasado para acá cambió el sistema de justicia. Posiblemente ha crecido más pero los cambios se iniciaron desde antes, se han juzgado muchísimos casos importantes.

Desde las granadas hasta ahora, las amenazas siguen y han variado. Cuenta que un día, ella andaba de compras muy tranquila, cuando llegó a su casa, sus amigas la habían estado llamando por teléfono, ella no entendía la urgencia por localizarla, le preguntaban cómo andaba vestida y si estaba bien. Mientras ella estuvo en la calle unos hombres le daban persecución para matarla. Eso le dijeron del Ministerio Público donde gracias a una intervención telefónica pudieron saber y protegerla a tiempo. En ese momento Barrios estaba conociendo un caso de una estructura criminal que luego fue condenada. La violencia y el ejercicio de la justicia son inseparables.

Cuando habla de violencia también recuerda un atentado que ocurrió en el mismo palacio de justicia. Barrios estaba en el estacionamiento llegando a su lugar de trabajo cuando comenzó un tiroteo, un recluso en juicio comenzó a disparar enfrentado con otra persona, Barrios y otros compañeros estaban allí y tuvieron que esconderse para no ser asesinados. Esa experiencia la recuerda mucho, estuvo cerca de la muerte, agradece a Dios por estar viva y dice que sin embargo, las cosas no son tan malas como antes.

Durante el juicio por genocidio, Barrios fue atacada, pero esta vez no físicamente. Fue y sigue siendo acosada, cuestionada por el hecho de ser mujer, señalada de poco profesional y de ser parcial al momento de dictar sentencia. Es tildada de incapaz de dictar una sentencia imparcial y asegura que es por eso que sus sentencias son anuladas en la Sala de Apelaciones. Esa es la violencia a la que ella ahora se enfrenta más a menudo.

El impacto de sus sentencias también le ha costado a Barrios que casi pierda sus títulos y su puesto.

Independencia judicial

–Han pasado muchos años y en diferentes momentos el sistema no ha respondido a esas demandas de justicia que tiene la sociedad, entonces quienes trabajamos como jueces estamos llamados a través de nuestro trabajo, nuestras resoluciones diarias y audiencias que tenemos a devolver esa credibilidad a la gente y que llegue a respetar nuevamente a sus jueces y autoridades y crea en el trabajo que se hace.

Es común en Centroamérica escuchar de la gente decir que no cree en el sistema de justicia, que la diosa Temis inclina su balanza según intereses de quienes tienen el poder. El poder se garantiza con impunidad y eso ocurre en el triángulo norte, una región pequeña pero sangrienta. En Guatemala, a pesar de los avances mencionados por la jueza Barrios y el funcionamiento de una Comisión Internacional contra la impunidad, aún existen altos índices de violencia y un 90% de impunidad sigue oscureciendo el panorama en este país.  A pesar de eso, Barrios es optimista.

–Yo creo que siempre se trabaja porque la credibilidad empieza por uno mismo y desde ahí trasciende hacia los demás espacios.

La población tiene derecho a saber la verdad de lo que pasó, de lo que sigue sucediendo, Barrios ha tomado esto como un llamado.

–La justicia en Guatemala pasa por muchas esferas, el mantener el Estado de derecho pasa por la emisión de resoluciones judiciales apegadas a la ley, al respeto, a los derechos humanos, a los tratados y convenciones de derechos humanos. También pasa por dar esa objetividad, esa transparencia para que las personas puedan confiar en el trabajo que se está realizando.

También ese fortalecimiento del Estado de derecho pasa por capacitación, por procesos de selección de los jueces de manera objetiva, personas preparadas en estudio del Derecho, en este caso abogados y notarios, pero también que se tenga honradez, rectitud a la hora de aplicar la ley. Entonces diría que no solamente es cuestión de dominar las leyes y el derecho, sino tener una actitud también de servicio.  Juzgar sin privilegios de ninguna naturaleza, el juez no puede ser obediente a cualquier tipo de injerencia a nivel interno o externo, sino juzgar en apego a la ley y a las pruebas que se le presenten.

Mantenernos actualizados porque la sociedad evoluciona entonces nosotros también tenemos que evolucionar al compás de esa sociedad.

Pero en la otra parte que es fundamental, la independencia, los jueces representamos la soberanía del pueblo de Guatemala porque la soberanía radica en el pueblo y el pueblo la delega en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando dictamos sentencias juramos en nombre del pueblo, de la República de Guatemala, entonces en este momento nosotros estamos ejerciendo esa soberanía, esa potestad para juzgar en nombre de ese poder, eso es importantísimo.

La justicia debe ser horizontal, asegura Barrios, todos los jueces son importantes, tanto el juez de paz como el de instancia, o un juez de sentencia como un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y a todos los debe poner en común su propia independencia. Y es una dualidad, ya que es su derecho ser independientes, pero también su obligación.

–Nuestras decisiones tienen que ser sumamente independientes, apegadas únicamente a la ley, a los tratados sobre derechos humanos y a las pruebas que se producen, eso significa que no podemos permitir que una persona quiera interferir el trabajo que estamos realizando; ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden intervenir en el trabajo que realizamos los jueces porque es nuestro derecho ser independientes pero también es derecho de la ciudadanía y eso es primero.

También los propios ciudadanos están llamados a pedir que sus jueces sean independientes, tienen ese derecho a exigir. Yo creo que cada vez más los ciudadanos están despertando, tenemos una democracia incipiente pero ya existe esa capacidad de poder discernir.

Pero en Guatemala, defender la independencia judicial y ejercerla es peligroso. Pasa por amenazas, persecución, destituciones.

–No es una materia que hemos alcanzado pero no podemos quedarnos quietos esperando a que todo siga, no, me parece que debe ser una constante por la cual tenemos que seguir luchando y tenemos claro que existe un derecho, una obligación pero que no es algo ya listo para quedarse, tenemos que seguir luchando por ello.

Y Barrios ha sido independiente. En los últimos años ha juzgado casos de asesinatos plagios o secuestros, el caso de niñas decapitadas en Zacatepec, narcotráfico, estructuras criminales, delincuencia organizada, también casos de justicia transicional como la masacre de las dos erres (perpetrada por militares y fuerza élite de Guatemala en el gobierno de Efraín Ríos Montt), plan de Sánchez, y casos institucionales como el caso Rosenbeg, también el caso de los parlamentarios salvadoreños (Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González asesinados en Ciudad Guatemala cuando iban camino al Parlacen).También desapariciones forzadas, por ejemplo, el de Edgar García que era un sindicalista que desapareció en los años de conflicto armado.

Pero el más reconocido, el juicio por genocidio que le trajo también implicaciones fuertes en su trabajo.

–Estos casos tienen importancia por varias razones, el derecho de las personas a conocer la verdad, a evitar la repetición de hechos de la misma naturaleza y también a exigir la reparación para las víctimas, la reparación digna.

Los casos de justicia transicional sirven para que las personas en el caso de Guatemala conozcan la historia reciente de nuestro país, los niños, los jóvenes puedan conocer qué es lo que pasó durante esos años y también formarse una conciencia crítica.

Por otra parte, reparar a las víctimas porque sabemos que los daños muy difícilmente regresan a su mismo lugar, sin embargo, el hecho de hacer justicia le sirve como un proceso de catarsis para dar a conocer lo que les ocurrió y de alguna medida tratar de sanar sus heridas. Lograr un tratamiento de carácter físico, psicológico y en algunos casos una remuneración de carácter económico cuando lo piden porque muchos no lo solicitan y tratamiento terapéutico, hay otro tipo de reparaciones, por ejemplo, mandar a hacer un monumento para resaltar el papel de las víctimas, el escribir un libro, incluirlo en los libros de texto lo relativo a lo que han pasado las personas.

En el caso del Sepur Zarco se incluyó en la sentencia la realización de un libro sobre lo que les pasó a estas mujeres en los diferentes idiomas mayenses del país, también se ordenó que se construyeran escuelas y un instituto de enseñanza básica en esas comunidades para que las niñas y niños puedan recibir educación, la construcción de un hospital que cuente con lo básico para poder atender a las personas de la localidad, también se ordenó que las personas del ejército reciban cursos sobre derechos humanos y especialmente de no violencia contra las mujeres, una perspectiva de género, es decir que tratamos de dar en la medida de lo posible una reparación integral.

Juicio por genocidio

El Código Penal de Guatemala que data de 1973 establece el delito de genocidio de la siguiente manera:

 

Comete delito de genocidio quien, con el propósito de destruir total o  parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos:

1o. Muerte de miembros del grupo.

2o. Lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo.

3o. Sometimiento del grupo o de miembros del mismo, a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total o parcial.

4o. Desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo.

5o. Medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera impedir su reproducción.

El responsable de genocidio será sancionado con prisión de 30 a 50 años.

 

También incluye los delitos de instigación al genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

El caso de genocidio entró como un caso más al tribunal presidido por la jueza Barrios. Pero desde el inicio comenzaron con un ataque sistemático contra el tribunal antes, durante y después del debate y especialmente contra Barrios, ella cree que es posible que su condición de mujer la puso en esta condición ante quienes defendían a los acusados. Sigue siendo evidente que a pesar de la fuerza, la preparación y el poder de las mujeres en muchos ámbitos, su género las pone en una posición de vulnerabilidad y los ataques, desde lo absurdo hasta lo amenazante, ratifican el machismo que sigue sosteniendo el sistema de inequidad actual.

–Guatemala es un país todavía de orden patriarcal o machista si se quiere decir en otras palabras y otra connotación, entonces el hecho de ser una mujer la que presidió el tribunal también dio apertura para estar siendo constantemente atacado.

Barrios prefiere no entrar en detalles de los ataques, porque a pesar de los mismos, nada cambió su entereza al dictar sentencia.

–Dimos a toda la colectividad el mensaje de cordura, transparencia, de objetividad, de perseverancia, de tolerancia, porque si se revisan todas las audiencias se verá que el tribunal se mantuvo siempre con la educación y respeto hacia todos los sujetos procesales, los ataques vinieron en ese momento de los abogados de los acusados pero nosotros mantuvimos la altura. Dimos a conocer que sí somos jueces capaces con pocos recursos humanos y materiales llevamos a cabo el debate, pusimos todo nuestro esfuerzo los tres jueces.

Este juicio, a nivel internacional fue contado de una forma, pero dentro de Guatemala demostró, además de la fortaleza del sistema de justicia, la polarización de la sociedad. Barrios fue aplaudida por unos y acusada por otros de ser una jueza apoyada por la guerrilla, con un sesgo contra los militares, e incluso, el embajador de Estados Unidos en ese momento que se mostró desde el inicio con su respaldo al tribunal en el proceso, fue acusado de ser pro-guerrilla. La reconciliación en Guatemala no ha llegado, las heridas siguen abiertas y eso hizo aún más grande el impacto de la sentencia contra Efraín Ríos Montt, el presidente cristiano-militar acusado de genocidio contra la comunidad Ixil.

–A nivel nacional y no voy a decir todos porque no todos fueron así pero una gran cantidad de medios de comunicación guatemaltecos en ese momento estuvieron mediatizando y no daban a conocer las noticias en forma completa tal como estaba ocurriendo en la sala de audiencia, por fortuna se contó con la riqueza humana y procesal de los medios de comunicación de carácter extranjero que vinieron a constituir una fortaleza y dar a conocer lo que estaba ocurriendo en la sala de audiencia donde siempre se respetó todos los derechos y garantías de los acusados.

Yo respeto muchísimo a los medios de comunicación, siempre he dicho que es el cuarto poder dentro de un país. En el caso del debate de genocidio en algunos medios solo se daba a conocer la parte que interesaba a algunos de los acusados, sin embargo, sigo respetando los medios de comunicación y creo que la labor que ejercen es buena. Solo llamaría a la reflexión que debe darse a conocer la noticia en general para que sean las personas quienes se formen su propio criterio.

La sentencia se dio y luego fue anulada y eso puede leerse de muchas maneras, ¿hay injerencia en las otras salas de la Corte? ¿existen presiones externas? ¿sigue estando el poder de las Fuerzas Armadas por encima de la justicia? ¿realmente la sentencia estuvo parcializada?

–Yo creo que un gran conglomerado ha leído la sentencia y yo creo que cada persona se hace su propio criterio, al leerla pueda entenderla muy bien y al estar en la sala de debate podían sacar sus propias percepciones y arribar a sus propias conclusiones.

Lamentablemente hay sectores que se sintieron impresionados o pensaron que en algún momento se iba a llegar a estudiar o aplicar para otras personas u otros casos y en realidad nosotros solo estábamos juzgando a dos personas: al sujeto A y al sujeto B. Entonces ese es el marco legal dentro del cual nosotros estábamos juzgando, me imagino que algunas personas tal vez se sintieron atemorizadas o intimidadas por el debate que se estaba realizando, pero en realidad nosotros solo estábamos juzgando a dos personas entonces no íbamos para más. Las pruebas que se aportaron determinaron la participación de uno y la absolución de otro, creo que fue una gran equivocación que atacaran la sentencia en esa forma.

La resolución de la Corte Constitucional ordenó regresar todo lo actuado dentro del juicio a partir del 19 de abril pasado, bajo el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo no resolvió una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura por el abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt. Sin embargo, un comunicado del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) previo a esta sentencia presionando para que se diera, deja espacio para creer que hubo injerencia.

“El presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y directivo del CACIFMarco Augusto García, aseguró que la condena a José Efraín Ríos Montt se dio debido a la presión internacional y que por ello, el máximo órgano del sector empresarial organizado del país pide la anulación del juicio, porque, en su opinión, no hubo genocidio, y la petición no es que no haya juicio, sino que se respete el debido proceso», dijo el portal Todo Noticias de Guatemala.

En un comunicado de prensa, el sector empresarial organizado aseguró que «no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular, además que ha quedado de manifiesto la forma en que se vulneró la legítima defensa, el principio de inocencia y retroactividad de la Ley, así como la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias judiciales.”

Además, el CACIF señala que «este fallo abona a la polarización y deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico».

Barrios dice que una sentencia no puede polarizar, la sociedad ya lo está. Muchos prefieren que las heridas sigan supurando en silencio.

–La sentencia lo que vino a demostrar fue el crecimiento del sistema de justicia, la capacidad de juzgar a un alto nivel, de mantener y aplicar los estándares a nivel internacional. A pesar de que fue anulada se dio a conocer que Guatemala tiene capacidad de juzgar ese tipo de procesos en territorio nacional con jueces nacionales y aplicando ley nacional y también convenios y tratados de Derecho Internacional, es decir, que al final es una riqueza para el sistema jurídico guatemalteco.

Si una instancia como el CACIF se pronuncia de la manera que lo hizo, los medios corporativos hicieron su parte contra el proceso y un sector conservador del país lanzó campañas para decir que en Guatemala NO hubo genocidio, algo muy delicado se estaba moviendo en la estructura social, algo que va más allá del debate en tribunales. Aunque la jueza cree que hubo la percepción equivocada de que este caso implicaba más culpables, más involucrados, y no era así.

–No pudieron analizar que concretamente se trataba de un caso, nuestro derecho penal y procesal penal es objetivo, se juzga a las personas a quiénes se les ha presentado acusación, nosotros no podíamos entrar a juzgar a otras personas en aplicación de la propia ley y el principio de legalidad, por eso le digo que fue una percepción equivocada.

El derecho penal es de acto no de actor, entonces nosotros juzgamos en sí los hechos ocurridos, la responsabilidad, las acciones cometidas.

Antes del debate empezaron a presentarse acciones para que no se realizara el debate, durante el desarrollo del debate también, durante ese ínterin presentaron tres antejuicios y gran cantidad de procesos contra de los tres jueces integrantes del tribunal, después de que ya se emitió el fallo, trataron de quitarle a la jueza sus profesionales y que dejara el cargo de juez. Ella interpuso una acción de amparo y apenas el año pasado la ganó, ella dice que con ese fallo se respetó su independencia judicial.

–Me acusaron ante el colegio de abogados y el tribunal de honor del colegio de abogados en ese momento, ya ahora son nuevas autoridades. Se emitió un fallo que no era de acorde a derecho, entonces tuve que salir a luchar por mi independencia judicial, a defenderme.

Debo reconocer que sentí la compañía de la sociedad civil y la sociedad a nivel internacional, posiblemente porque este fallo fue conocido en Guatemala como en otros territorios entonces sentí la compañía de diferentes personas que sabían que estaba actuando correctamente.

Pero Yassmín Barrios dice ser una mujer muy práctica: cada caso se juzga, se da el mejor esfuerzo, pero ya emitida la sentencia, todo sigue su camino.

–En el momento que nosotros dictamos la sentencia damos a conocer qué es lo que pensamos y de ahí cada caso sigue su normalidad, el procedimiento que le corresponda, en el caso de genocidio la sentencia fue anulada por mayoría de tres votos a dos por la corte de constitucionalidad y ahora lo conoce otro tribunal entonces nosotros no tenemos que ver con el caso. Respeto la decisión de la CC pero lógicamente no la comparto, para nosotros sí existió el delito.

–¿Volvería a dictaminar la misma decisión?

–Seguro que sí, la misma prueba, la misma circunstancia, el mismo fallo.

Me sorprendió que esta mujer, con su responsabilidad y su conocimiento de la realidad dijo que no sentía miedo, lo dijo con una certeza y tranquilidad que impresiona. No parece mentir, ocultarlo. El miedo es tan humano, pero ella no lo siente. Lo dice y después cuenta que ya son 6 ocasiones en que la han intentado matar y pude ver el brillo en sus ojos que muestra algo de nostalgia, pero aún intento leer en su rostro el miedo y no puedo.

–Confío en que habrá tiempos mejores y que con el tiempo ya no haya persecución hacia los jueces que actuamos correctamente, que no haya amenazas. Actualmente somos un grupo de jueces que estamos amenazados, no tengo números para dar en este momento, pero sí estamos amenazados, sobre todo los de alto riesgo, pero eso no implica que seamos los únicos, hay más.

Después de decirme eso, le pregunté si tenía más casos, mucho trabajo.

Ella me señaló su archivero y me dijo: Esas son las sentencias que hemos dictado, de acuerdo a eso nos evalúan y determinan si seguimos o no en el sistema de justicia. Pero hace meses no me mandan casos.

Se levantó del mueble donde estábamos las dos sentadas y me mostró una carta en la que hacía saber a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia esto, y solicitaba saber por qué no están mandando casos de un tiempo acá.

–No lo sé porque ahorita nuestra agenda va por febrero de 2017 pero ya se hizo ver en forma escrita, ya mandé la nota para que nos asignen casos, porque nuestro deseo es trabajar, nos gusta trabajar y para eso estamos.

Le pregunto si cree que es producto de injerencia y me dice que espera que no. Le pregunto si se arrepiente de algo, si a veces piensa que habría sido mejor estudiar ingeniería, y ella dice que no, se ríe, dice que está contenta con su trabajo, que la dejen trabajar que es su servicio para la sociedad y así tiene que ser.

Nadie de sus cercanos se atreve a decirle a Yassmín Barrios que se retire, que es muy peligroso, que no quieren enterrarla antes de tiempo. La respetan demasiado y saben que les dirá que es su llamado, dictar algo en lo que pocos creen, la justicia en el nombre del pueblo soberano de Guatemala

 

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Una semana y cuatro días después de salir de prisión, Johnny Salgado ahora se encierra en casa. Teme salir a la pulpería en la comunidad que lo vio crecer, Berlín –una colonia de El Progreso en la salida a Tela y donde los manifestantes interrumpían el paso al litoral atlántico durante los días de la crisis post electoral–, porque debe pasar por la posta policial, que aunque no funciona después de ser quemada en las protestas de diciembre de 2017, representa la institución que le ha dañado la vida, que lo mostró en medios de comunicación como un delincuente peligroso y que le quitó su libertad por 4 meses.

Cuando a Johnny le preguntan cómo se siente cuando le dicen preso político, se pone nervioso, dice que él nunca ha sido político, que los políticos nunca le han dado de comer y que la policía lo agarró porque les quedaba cerca, era una presa fácil. Pero Johnny sí fue a las protestas, su esposa Elena dice que ella no salió pero que cuando podía auxiliaba a las personas que huían de la policía que tiraba gases lacrimógenos y disparaba contra los manifestantes que corrían a buscar apoyo en las casas de su cuadra.

«Yo allí tenía un balde de agua y cómo no le iba a ayudar a la gente, si son humanos», dice Elena, una mujer fuerte que comienza susurrando y termina hablando acalorada, indignada.

A Johnny lo acusan de portar ilegalmente una escopeta y un escudo de la policía. En El Progreso departamento de Yoro durante las protestas que se dieron al ser nombrado Juan Orlando Hernández presidente reelecto, varios enfrentamientos entre manifestantes y policías preventivos y militares terminaron con la huida de las fuerzas policiales y manifestantes posando en fotografías con sus trofeos de guerra: escudos, botas, protectores, cascos. A los escudos les pintaban Fuera JOH.

El Progreso era estratégico para la toma de carreteras. Esta ciudad es el paso hacia el atlántico, pero también históricamente representa un punto de resistencia permanente. Durante el golpe de Estado, luego en 2015 y después con la lucha contra el peaje y la concesión vial que el presidente Hernández ha promovido, El Progreso siempre ha sido una piedra en el zapato para los gobiernos, quedó archivado en la historia hondureña del siglo XX como un lugar de resistencia ciudadana.

Jhonny muestra fotografía de su captura. Foto: Jennifer Avila

Johnny es un hombre sencillo, toda su vida fue albañil e intentó irse dos veces para Estados Unidos a trabajar allá con sus hermanas que migraron hace muchos años. Pero siempre encontró excusas para regresar, al final su vida está en esa casa que él construyó, en la cuadra donde él construyó la mayoría de las casas. En ese mismo sitio cerca de la posta policial donde él mismo trabajaba reparando cualquier cosa que se dañara. Dice que esos escudos pesan y que le acusan de andar una escopeta y uno de esos escudos «ni correr bien puedo yo», dice este hombre pequeño y corpulento.

La policía de investigación ha sido denunciada en los puntos donde hubo detenidos tras las protestas, por abuso de autoridad, por allanamientos con violencia, tratos crueles e ilegales. Cuando la policía llegó a casa de Johnny, llegó golpeando puertas. «Me dijeron: “hey vos perro salí de allí”. Tuve que abrir la puerta por miedo que me llevaran mis niños, no les bastó y me registraron la casa y todavía al llevarme no les bastó y a la vuelta me pusieron una bomba, abrieron la bomba le pusieron el tambo y el gas se esparció adentro de la casa donde había niños», continúa con su narración.

En un video tomado desde la casa de enfrente se ve cómo suben a Johnny a la paila de la patrulla de la Policía y después desde otra patrulla se bajan alrededor de 5 oficiales de policía y sigilosamente entran de nuevo al solar de Jhonny y entran a la casa que está a la par y dejan una bomba de gas. En segundos salen corriendo una mujer con una niña en brazos, otros niños gritando, llorando, ahogados por el gas.

En esa semana que apresan a Johnny, el presidente había ordenado limpiar las carreteras, habían pasado 4 días de un paro total en el norte del país, no había auto que pasara de la capital a la costa norte, a ninguno de los puertos importantes del país. Las barricadas eran duras, mucho fuego, muchachos encapuchados y en varias, personas que se quedaban atrapadas denunciaban que sucedían asaltos y actos violentos.

Hubo confusión en los hechos en que atrapan a los 8 hombres que caen presos en El Progreso, Yoro.

«Es injusto cómo nos encerraron, 8 éramos hay 7 presos todavía. Puros chavalos», cuenta Johnny quien compartió centro penal con el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, nacionalista y el exalcalde de San Pedro Sula, Oscar Kilgore también nacionalista. Compartió espacio pero no condiciones. Mientras estos políticos involucrados con el crimen organizado y con actos de corrupción vivían en zonas exclusivas dentro del penal, con aire acondicionado, cocina, dándose lujos, Johnny dormía en el suelo, porque en un camarote de dos pisos, ponen al preso nuevo en el suelo, debajo del camarote, luego otro encima y uno último en el colchón de arriba. Johnny le pedía a su hijo que ya trabaja que le diera dinero para alquilar noches en la cama, que aunque le tocara dormir con otro preso en una cama unipersonal, eso era mejor que dormir en un hueco en el suelo.

Allí en el Centro Penal, Johnny conoció a los demás acusados durante las protestas. Uno de ellos, Gustavo Cáceres quien fue capturado el mismo día que él. A Gustavo lo acusan, además de portar arma ilegal de portar artefactos de guerra. Gustavo se dedicaba a vender agua en la calle y el día que lo agarran, se quedó en la calle viendo lo que pasaba, un grupo de encapuchados no dejaban que les tomaran fotografías mientras destruían semáforos y evitaban el paso hacia San Pedro Sula. Un pelotón de policía preventiva y otro de policía militar llegó a la zona a desalojar y hubo disparos, explosiones, mucho gas.

«Gustavo no debe ser completo porque él viviendo tan largo, un día que no pudo trabajar y quedarse allí es una locura», dice Jhonny. Y quizá tiene razón en que Gustavo tiene limitaciones mentales.

La madre de Gustavo, María Elena Ayala, no sabe cuántos hijos parió –6 tuviste mamá. –Le dice Justin de 11 años, el menor de sus hijos. Tampoco sabe cuántos años tiene –52 años mamá, eso tenés. –Vuelve a interrumpir el niño. Justin lleva las cuentas, ayuda en las compras y sabe que su madre tiene las limitaciones que también tiene Gustavo, uno de sus hermanos mayores. Pero a Gustavo no le han hecho un análisis psiquiátrico, bajo coacción le hicieron confesar que era de él un arma que le pusieron de frente y unas bolsas con marihuana.

Justin y María Elena, familia de Gustavo Cáceres. Foto: Martín Cálix.

Pero que Gustavo está gordito y hasta novia ha encontrado en el Centro Penal, dice una abogada defensora de derechos humanos que acompaña los casos de El Progreso. Es que en la casa diminuta donde vivía Gustavo, un cuarto con una cama, vivían 4 personas. La pobreza extrema y la violencia de su barrio, eso es peor que estar en prisión. Johnny le decía a la madre de Gustavo que no le llevara arroz y frijoles que eso comían todos los días, pero doña María Elena le lleva siempre a la prisión lo mejor que puede, arroz y frijoles hechos por ella.

Gustavo creció en la calle, nunca fue a la escuela, no pudieron comprender su deficiencia, nadie sabe realmente qué tienen él y su madre, pero no los aceptaron en la escuela. Así que Gustavo comenzó desde muy pequeño trabajando en la calle, haciendo mandados, halando cosas, cuenta su hermana Mercedes, ella habla con enojo, para el Estado Gustavo fue siempre invisible. Mercedes siente que lo engañaron al ser detenido para aceptar sus delitos,  así como lo han engañado quienes lo contrataban pagando lo que querían ya que Gustavo no sabía contar.

Johnny es el único acusado de El Progreso que ya salió en libertad condicional. Fue defendido por el abogado Merlyn Bonilla, un hombre que conoce la brutalidad policial en carne propia. Hace 5 años, su hijo Narcy Bonilla que ahora tendría 28 años, fue asesinado por 3 policías en la aldea de Agua Blanca al sur de El Progreso. Él con su tenacidad llevó a los tribunales a estos policías que al final fueron condenados, al final de 4 años de impunidad, tiempo en el que él estudió derecho para poder defenderse y poder defender a personas como Johnny. A Bonilla la crisis le hace escuela y Johnny ahora se defiende en libertad por la defensa técnica que él hizo. La fiscalía no supo qué responder ante la corte de apelaciones cuando Bonilla presentó los abusos a los que fue sometido Jhonny, uno de los más graves, haberlo obligado a firmar una declaración donde acepta los cargos aun cuando Johnny nunca fue a la escuela. Johnny tampoco sabe leer ni escribir, igual que Gustavo.

Pero con Gustavo la defensa está más atrasada y éste sigue en la prisión. La familia no sabe ni quien lo defiende, no entiende de qué lo acusan y parece que están resignados.

Quien lo defiende es Marcelino Martínez, un abogado muy conocido por su militancia en el movimiento popular de izquierda en El Progreso. Marcelino está concentrado específicamente en dos casos: el de Néstor Alméndarez y Marvin Godoy, acusados por el asesinato de un policía el 30 de diciembre.

«La policía quería dar una imagen de efectividad ante lo que ocurría, pudo haber sido cualquiera el acusado», explica el abogado además que los jueces usan la figura jurídica del mínimo indicio algo que se reformó con el cambio en el Código Procesal Penal en sus artículos 184 y 332 A y B, en el primero agregan los delitos relacionados con Armas de Guerra y Terrorismo, de lo que  también acusan a Gustavo.

Marcelino Martínez, abogado defensor de Gustavo, Marvin y Nestor. Foto: Martín Cálix

En el caso de Marvin y Néstor, Martínez asegura que ellos estuvieron en la protesta donde se dio la confusión y el asesinato, él mismo también estuvo por allí. Pero las declaraciones del testigo protegido no concuerdan con las posibilidades de que estos acusados hayan disparado desde el tejado de un edificio contra la cabeza del policía. Hubo petardos grandes en la protesta dice el abogado, y es posible que con uno de estos se le diera en el casco al policía y que este no resistiera.

Doña Virginia Arias, madre de Marvin tampoco sabe quién defiende a su hijo. Trabaja todo el día para mantener a sus hijos y más ahora que el mayor está preso. Marvin la ayudaba con los ingresos de la casa que él hacía vendiendo verduras en la salida a San Pedro Sula. Apenas hizo hasta sexto grado, se dedicó a trabajar desde pequeño. Doña Virginia vive detrás de una maquila en El Progreso, siente que toda la ciudad le da la espalda y que así pasa con su hijo, que está en prisión y que le dan la espalda, él simplemente es un nadie. Cuando preguntan por él parece un milagro y doña Virginia se llena de esperanza, solo con que alguien se acuerde que él está preso por andar en las protestas, porque ella cree que él jamás atentó contra la vida de nadie.

Miembros de la policía se quejan cada vez que pueden que las organizaciones de derechos humanos no velan por sus derechos, que cuando un policía muere no se da tanta relevancia como cuando muere un manifestante. Pero las cifras son arrasadoras, en la crisis post electoral: por un policía muerto hubo 43 personas civiles asesinadas, en su mayoría por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Y luego se acusa a estos hombres pero el Estado niega que son presos políticos. «Todos son presos políticos, pero el Estado en toda su persecución política evade esto con figuras jurídicas limpias de esa responsabilidad. Ha dejado la línea de acusar por delitos comunes graves como la posesión de armas graves, sin tener dictamen por parte de expertos para decirnos qué clase de explosivos especiales se usaron allí, qué clase de explosivos de guerra»; agrega Martínez.

Posta policial quemada en Berlín, El Progreso, Yoro. Foto: Martín Cálix.

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Karla Patricia y Donatila Reyes están sentadas en el puente donde en diciembre había una barricada permanente. Es 1 de mayo de 2018 y ellas quieren que se recuerde a su esposo y su hijo, respectivamente, que están presos tras las protestas post electorales. Mientras los sindicatos y gremios se ponen de acuerdo con activistas de LIBRE en si se toman el puente o siguen avanzando, en que si esperan más gente porque el 1 de mayo está decadente, estas señoras se sientan junto a Elena, esposa de Johnny quien a pesar que sabe que su esposo al menos tiene libertad para defenderse, hay 7 presos políticos más. Esperan y son como invisibles.

Karla es esposa de Olvin Villanueva, no tienen hijos, han intentado pero nada. Ella agradece ahora no tener, porque no sabe qué haría con su esposo en la cárcel y ella con un hijo cuando quien proveía la casa siempre fue él. El 25 de diciembre Olvin estaba en el campo de fútbol, pasando la resaca de la navidad, allí le cayó la policía. Dice Karla que lo que enfureció a los policías es que Olvin los filmó con su celular deteniendo a dos de sus vecinos.

Donatila en su casa en El Porvenir, El Progreso, Yoro. Foto: Martín Cálix.

«Él sí había estado en protestas en esa vez cuando andaban las avionetas así que supongo que lo tenían vigilado. Yo no iba, sólo lo miraba desde la casita que tenemos ahí por un bordo, esta era la primera vez que él iba a protestas solo porque escuchó de ir a pelear el derecho al voto, había votado por Nasralla», dice Karla. A Olvin lo acusan de robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la seguridad de Honduras, por la quema de la posta en Berlín, cerca de la casa de Johnny.

Olvin era taxista, no era muy afín a las protestas antes pero dice Karla que sí, ahí andaba todo el mundo, incluso los niños que gritaban «Fuera JOH», y nadie pensó que esto traería estas consecuencias.

La gente en su comunidad lo apoya pero nadie quiere salir a protestar, ni siquiera el 1 de mayo que ya es casi costumbre. «Claro, la gente no quiere terminar como él, la policía local conoce a todos en los barrios, la gente tiene miedo», continúa  Karla con su relato sin estar segura de saber qué está pasando con el caso de su esposo, ella cree que Marcelino lo defiende pero Marcelino no lo menciona como uno de sus defendidos.

Donatila no se despega de sus dos hijas adolescentes, de 15 y 16 años que dejaron la escuela porque parecen estar convencidas que la escuela no es para ellas. Su hijo Danny Banegas es otro niño, tiene 18 años y tampoco estudiaba, trabajaba en un taller de enderezado y pintura, llegó hasta sexto grado. Danny andaba en el parque el 25 de diciembre, andaba buscando el wifi del pueblo, para hacer lo que los jóvenes hacen con su celular inteligente en un día de ocio.

Danny iba a ver cómo estaban las tomas de carreteras, no pudo trabajar todos esos días y se quedaba en las protestas. «Usted sabe que al joven le gusta ver», dice Donatila.

El abogado Marcelino asegura que hizo investigaciones de los casos antes de tomarlos, también hubo gente que se infiltró para causar daños, pero tampoco asegura que sean miembros del crimen organizado.

«Hubo casos donde personas desconocidas en vehículos aparentemente en los vehículos que usa la policía, se acercaron a algunos testigos y les ofrecieron hasta 20 mil Lempiras por incendiar la gasolinera frente al supermercado, ese mismo día ocurrió el incendio de la panadería Canela y Trigo, alguien pudo haber agarrado los 20 mil. Esto es una misión psicológica de terror que usan los expertos que dirigen las FFAA. Porque con la participación del crimen organizado lo que hemos venido viendo es una parte del crimen organizado peleando con otra, ligadas al Estado, pudo haber intentos del crimen organizado para incorporarse pero la esencia de este evento no fue ésa, no es la esencia, que el crimen organizado estaba siendo defendida por la oposición, ése es solo el juego mediático», asegura Martínez.

Una abogada que no ha querido agarrar ningún caso pero que sí los conoce cuenta que ella recibió muchas llamadas anónimas de muchachos que pedían que sacara a sus compañeros de las cárceles, voces amenazantes que ordenaban y no pedían apoyo. En muchas zonas de El Progreso se habló de miembros de maras y pandillas controlando las barricadas, pero nada se ha podido confirmar y las maras y pandillas oficialmente se mantienen al margen de las situaciones políticas del país.

Elena, esposa de Johnny asegura que quienes quemaron la posta policial no eran de la zona, que eran de otra ciudad, que nadie los conocía.

«A Johnny lo están confundiendo con un gordo que andaba ahí en moto pero las motos no las conocemos, nunca hemos tenido una», asegura.

Y Johnny sentencia: «Pienso sobre los presos políticos que ya no deben volver a lo mismo porque está macaneado volver a caer preso, a mi ni me gusta andar allí (en las protestas), a mí me llevaron injustamente.

Para mí sí es peligroso seguir viviendo aquí, me pueden agarrar de nuevo ellos y me pueden llevar a las cañeras, y a ellos ¿quién les gana? A mí me decían eso cuando me agarraron: ya te vamos a llevar a las cañeras y reporto que te querías tirar de la patrulla. Allí sólo me tocaba bajar la cabeza. Después de esto tengo ganas de regresarme para Estados Unidos porque allá tengo a mi familia también, tengo mis hermanas. Allá está difícil pero no crea, no es tan difícil, aquí está más feo», agrega, nervioso. Y la perra ladra, Burka, la perra por la que él tampoco peleó con los policías que entraron a la fuerza a su casa, temió que la mataran a ella primero y a ese animal lo que casi la mata fue la ausencia de su amo por 4 meses. Pero Johnny dice  que deja su juicio en manos de Dios y que antes que vivir en el terror, es mejor estar ausente y su familia tendrá que soportarlo, igual Burka.

En Honduras no existen personas presas por delitos políticos, pero sí hay presos políticos. La oposición ha llamado presos políticos a 23 personas acusadas por diversos delitos cometidos durante las protestas post electorales que se desarrollaron a finales de 2017. La mayoría son jóvenes analfabetos, jóvenes que crecieron en barrios conflictivos y que alguna vez en su vida migraron desesperados buscando una vida mejor. Ahora quedan 14 encarcelados en dos cárceles de máxima seguridad y distribuidos en otro centro penal al norte del país, los demás continúan el proceso en libertad, los últimos liberados fueron los de Pimienta, Cortés. Estos presos cuentan la crisis política que en Honduras encendió una llamarada hace 4 meses, una llama que se ha ido extinguiendo.

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

El 4 de mayo Astrid lloraba de alegría luego de recibir la noticia de que sus familiares serían puestos en libertad.

Cuatro meses y medio pasaron, y ella tenía una angustia que parecen soportar únicamente quienes se aferran a la esperanza. Su vida durante estos meses estuvo dedicada a la lucha por sacar de la cárcel a su esposo Francisco Miguel, a su hermano Melvin Chávez  y a su cuñada Lourdes Núñez.  Astrid tiene 19 años y un hijo de dos. El 26 de diciembre –durante los días de la crisis post electoral– vivió el miedo más grande de su vida al ver a la policía irrumpir en su casa con violencia para llevarse a sus familiares en plena madrugada.

Pimienta es un pequeño municipio en Cortés, a la orilla de la carretera que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Tiene solo una calle  pavimentada. Las protestas después de las elecciones de 2017 terminaron en este pueblo como en muchos otros del norte del país, con la quema de la posta policial y posteriormente con 11 personas encarceladas por el hecho. En todo el territorio controlado por la Unidad Municipal de Policía (UMEP 12): Dos Caminos, Pimienta, Villanueva y El Marañón, las postas fueron quemadas pero los oficiales estaban avisados, ninguno estaba en las estaciones.

Lourdes, cuñada de Astrid, estuvo recluida en el Centro Penal de Tela, Atlántida y estando allí contó que antes de que las postas fueran quemadas el alcalde nacionalista Raúl Alfredo Ugarte la llamó por teléfono para preguntarle si ella sabía de ese rumor terrible que recorría el pueblo, que si era cierto que quemarían la posta. Lourdes no sabía con certeza, pero el rumor era fuerte y le dijo que sí, que ella había escuchado esto.

Lourdes es una mujer corpulenta, grande, no se mueve con facilidad, era muy fácil distinguirla entre un grupo de hombres encapuchados en los videos que se utilizan como medio de prueba, donde según la defensa, no se logra ver a una mujer con sus características en el lugar del crimen.

Sin embargo, el problema de Lourdes comienza antes de las protestas. Ella y su esposo Melvin tenían un negocio de venta de bebidas alcohólicas, un bar llamado «Los amigos de Hojas», «Hojas» es el apodo de Melvin heredado de su padre.

«Es que hay bastantes miembros de pandillas y mi negocio era grande y a raíz de eso la policía visitaba bastante, nunca encontró ahí una persona, pero decían que yo los conocía a los muchachos de ahí, él andaba buscando información, y habíamos tenido problemas por eso. Donde me miraba me amenazaba con que yo tenía que decirle quiénes eran los mareros de ahí». Lourdes cuenta que sufrió hostigamiento policial y que incluso puso una denuncia ante el Ministerio Público por acoso en contra del subinspector Práxedes Mejía quien después de la crisis política fue trasladado al sur de Honduras.

Lourdes mientras estaba recluida en el Centro Penal de Tela, Atlántida. Foto: Jennifer Avila.
 
 
 

Después de la quema de la posta, había rumores en la comunidad de que ella y su hermano serían acusados de esto, Lourdes habló con el alcalde e incluso llamó a la Policía porque ella quería colaborar a que se diera con los culpables para no ser acusada. Así fue citada por miembros de la Policía para ser interrogada.

«Me llevaron en un carro lleno de policías, una patrulla de Pimienta. Me citaron en Villanueva para llevarme hasta La Barca en la patrulla. El policía sacó su teléfono y me dijo “¿verdad que éste es fulano de tal?”. Si yo hubiera sabido, por mis hijos mejor no hubiera ido. Incluso nosotros llamamos a un número que me dieron de derechos humanos porque en la casa la DPI rodeaba 2-3 de la mañana y nosotros sentíamos que íbamos a tener problemas por haber andado en manifestaciones y no dormíamos los primeros días», nos contó Lourdes mientras estaba recluida en Tela, Atlántida. Ahora ha salido para defenderse en libertad tras una audiencia de revisión de medida solicitada por su abogado defensor quien también defiende al resto de los acusados de Pimienta, el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Samuel Madrid.

Lourdes tiene tres hijos, un adolescente de 16 años, una niña de 13 y el menor de 6 años. Vladimir, el mayor, estuvo todo el día en los Juzgados de San Pedro Sula el pasado 4 de mayo durante la audiencia. Ese día Vladimir celebró con sus amigos que sus padres fueron liberados después de pasar 4 meses en prisión.

Vladimir a la derecha esperando resolución en caso de sus dos padres acusados por quema de la posta en Pimienta, Cortés. Foto: Martín Cálix.
 

Pero si algo escucharán al regresar a la comunidad los 8 de 11 imputados que salieron con libertad condicional de la cárcel, es el ensordecedor sonido del miedo. El silencio se estableció en Pimienta desde que los encarcelaron. Lourdes dice que es claro que es un mensaje de intimidación para que la gente ya no siga protestando. «Por lo que se ve ya no se ve nada en mi pueblo y como de por sí yo tengo bastante gente entonces ya se unía la gente con nosotros». Estando en la cárcel Lourdes pensaba en las posibilidades que tendría una vez en libertad. Su negocio no va a resurgir y siente que después de lo que le pasó a su familia ya Pimienta no es un sitio bueno para vivir.

Astrid, quien no sabe ahora mismo qué quiere hacer con su vida, si estudiar, trabajar o migrar,  a veces extraña el sonido del cacerolazo y recuerda con nostalgia los días en que sonaba y todo mundo gritaba «Fuera JOH» porque aunque en Pimienta la gente había sido nacionalista –el mismo alcalde que es del Partido Nacional se ha reelegido por cuarta vez en esta ocasión– después del golpe de Estado en 2009 algo cambió y se reflejó con mayor indignación tras las elecciones de noviembre de 2017.

«Lourdes y Francisco sí se manifestaron porque amanecían ahí, eran digamos los organizadores porque ellos le compraban comida a la demás gente que se manifestaba por los votos perdidos, aquí todo el mundo sabe que fue fraude. Aquí ganó Nasralla, y ganó el alcalde Ugarte, pero a Nasralla no lo dejaron llegar», explica.

Posta policial quemada en Pimienta, Cortés. Actualmente en reparación. Foto: Martín Cálix.
 

Antes de la quema de la posta policial, en Pimienta un grupo de hombres amarraron y desnudaron a cuatro agentes de la Policía de Tránsito. Este acto desató el enojo de las autoridades en la comunidad.

El vocero de la UMEP 12, el subinspector Díaz Cifuentes, se queja, dice que en su territorio fue donde los policías más sufrieron. Él fue a traer a los policías cuando estaba la amenaza de la quema de las postas.

«Si hubo abusos de parte de la Policía eso le toca investigar y requerir a los responsables al Ministerio Público, pero lo que en realidad lo que uno estaba haciendo era protegiendo la manifestación para que no hubiera caos, pero hubo otro tipo de gente que lo hizo. La gente puede decir que hubo abuso pero a veces el caso era que los policías cuidaban la manifestación y la gente dice que era reprimiendo. No queríamos que otro tipo de personas agrediera a los manifestantes, y allí cuando empezaban a agredir a los policías allí usábamos lo que se conoce de acuerdo con las leyes, el gas lacrimógeno para dispersar a las personas. Nunca vamos a agredir con golpes o con armas», justifica Díaz y hasta ahora no hay requerimientos contra policías por abusos.

La investigación indica que la quema de las postas fue planificada dice Cifuentes y asegura que ningún ciudadano ha sido acusado sin pruebas y sin un testigo que los señala. Agrega además que la policía estaba teniendo una buena relación con las comunidades con todo el concepto de Policía Comunitaria tan apoyado por agencias internacionales como USAID y la Unión Europea, pero que ahora tras la crisis política el proceso comienza de cero.

Astrid no piensa lo mismo, la Policía siempre ha sido de temer, ahora más. «Pues cuando se hacía el cacerolazo, se molestaban los policías porque a Lourdes varias veces le fueron a cerrar el negocio cuando hacía el cacerolazo porque ahí lo hacía, ellos sí se molestaban porque en Pimienta nunca se había dado que la gente se manifestara».

La madrugada del 26 de diciembre Astrid se levantó para hacer un biberón a su hijo de 2 años. Escuchó la bulla y abrió la ventana. «Abran, es la Policía» y allí vio que eran alrededor de 10 agentes de la Policía los que rodeaban su casa.

«Cambiate que vos te vas a ir», le dijeron a Melvin, su hermano. «¿Y yo por qué, qué hice?» Dijo éste asustado. «Que te cambies, ya», amenazaron, relata Astrid.

A Astrid no se la llevan porque ven el cuadro completo, cuatro niños quedarían solos. A Lourdes la detienen y aún le queda tiempo de decir:  «¿usted tiene pruebas? mire, si es delito gritar “Fuera JOH” vaya enchácheme porque eso fue lo único que dije, porque yo no estoy de acuerdo, él no es mi Presidente. Me robaron mi voto y por eso me manifesté».

Al día siguiente salió en los medios de comunicación que una peligrosa banda de delincuentes había sido capturada en Pimienta. «Yo creo que para darles un escarmiento porque por eso lo hacen, para meterles miedo», dice Astrid, convencida.

–¿Y les han metido miedo a la gente?

–Sí, aquí en el parque ya no se pueden estar más allá de las 9 de la noche porque ahí llegan ellos, y antes estábamos hasta tarde porque hay puestos de comida. Y ya no hay manifestaciones y nadie quiere salir ni convocan porque los guerreros están encerrados.

Los allanamientos en los que la Dirección Policial de Investigación (DPI) dio captura a los 11 imputados de Pimienta se dieron con violencia, los familiares denuncian que se hicieron antes de las 6 de la mañana, fuera del horario legal y en la mayoría de los casos la Policía realizó daños a la propiedad. Buscamos la versión de la DPI tras escuchar múltiples denuncias de este tipo. En las nuevas oficinas de esta estación en San Pedro Sula nos firmaron y sellaron la carta de solicitud como recibida pero el subcomisionado Geovanny Serrano no nos atendió en nuestras visitas presenciales ni por teléfono.

Yeny Cirú, líder comunitaria en Pimienta, Cortés. Organizó a los familiares de los presos políticos en su comunidad. Foto: Martín Cálix.

Yeny Cirú, la mujer que comenzó a organizar a los familiares de los presos políticos en Pimienta cuenta que ella siempre repudió a la Policía, y siempre pensó que la gente fue ingenua al celebrar cuando ellos dijeron unirse al pueblo con su huelga de brazos caídos. En diciembre, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, varias unidades de la Policía Preventiva y la Policía Cobra realizaron una huelga de paralización de labores en desobediencia a las órdenes de represión. Se dio un movimiento que en varias comunidades se tomó por parte de la población como una rebelión de la Policía. Pero no fue así, Yeny que sufrió la brutalidad de la represión nunca lo creyó así.

Esta mujer es madre soltera y no tiene empleo porque padece de diabetes y asegura que en las maquilas no le dan trabajo por su condición de salud. Se dedica a vender ropa usada o cualquier trabajo temporal que le salga. Ella era de las líderes más fuertes en Pimienta desde el golpe de Estado.

Su hijo tiene 13 años y ella ya no puede sostenerlo para que siga estudiando. Yeny cuenta que cuatro militares la golpearon durante una toma de carretera.

«Perra, sos manifestante, hija de…», golpe.

Eran las 2 de la mañana en la toma de la carretera que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Esa noche declararon a Juan Orlando Hernández como Presidente. Golpe por la espalda. Yeny cae al suelo, allí abajo -como saben hacer- la patearon.

«Gracias a un trailero estoy viva porque él bajó cuando vio de que eran cuatro, él bajó y preguntó que qué pasaba, que yo era su mujer y que no era manifestante –él para salvarme– entonces vinieron, me levantaron del pelo y me tiraron al pecho del señor trailero y le dijeron “entonces llevate esta hija de… si no es manifestante”, le dijeron, y luego con mis mismos dientes, el golpe, el impacto, me rompí el labio», y allí iba Yeny con un desconocido sin rumbo. El hombre la dejó en Dos Caminos y allí consiguió un jalón en la calle.

«Hubo mucha gente ignorante que les fue a dar comida, pero yo no participé de eso ¿y sabe por qué no lo hice? Porque yo sabía que lo que ellos querían era un aumento, que el Presidente se pusiera nervioso y luego decir ‘aquí está’».

–¿Y usted denunció ante el MP esta golpiza?

–No, no…

–¿Por qué?

–Porque en aquel momento teníamos temor a que… no creíamos en derechos humanos. Yo por este problema recibí invitaciones a tres talleres de derechos humanos y pues gracias a eso y a las personas de Villanueva yo pude ser y soy partícipe de derechos humanos, pero en ese entonces yo no sabía nada.

«Nos llaman pandilleros, eso sí –se ríe– vándalos, pero no, nada que ver. Ahí andábamos personas indignadas no más».

Yeny se fue, tuvo que migrar a otro país para trabajar y sostener a su hijo, tuvo que separarse de él para que estudie. Ésa es la vida tras la crisis política para muchos.

Su hijo va a nacer gritando «Fuera JOH»

Yolanda Contreras tiene 42 años y es esposa de Wilfredo Cáceres de 26 años, juntos tienen 3 hijos, el menor nació en medio de la crisis política. La doctora que atendió su parto le dijo en burla que por milagro su bebé no había nacido gritando «Fuera JOH».

El primer día del toque de queda Yolanda pidió ayuda a la Policía para que la llevara junto con Wilfredo al hospital porque comenzó a sangrar y necesitaba una cesárea. No había paso y al ver la patrulla un grupo de manifestantes se abalanzó contra ellos para quebrar los vidrios del vehículo. La Policía hizo lo que pudo por buscar un camino alterno pero no lo logró. Parados en una gasolinera pidieron a otra persona que manejaba un carro que los llevaran al hospital y con la instrucción de gritar «Fuera JOH» al llegar a la barricada partieron. Lograron llegar al hospital en San Pedro Sula y el bebé de Yolanda y Wilfredo nació prematuro.

Yolanda (42) esposa de Wilfredo, esperando en los pasillos de los Juzgados en San Pedro Sula la resolución de la revisión de medidas de su esposo. Foto: Martín Cálix.

Pocos días después los mismos policías que los apoyaron para salir de emergencia, irrumpieron violentamente en la casa en la madrugada y se llevaron a Wilfredo frente a Yolanda y sus hijos.

«Vinieron  a registrar la casa y va de buscar, no hallaron nada y afuera le empezaron a decir “¿no sos vos uno de los pijeadores de policías?” Bien malcriados ellos. Entonces él le dijo “con el respeto que ustedes y que yo me merezco, yo no andaba en eso y no tengo porqué ir a golpear a otra persona. Mire ahí tengo el cajón donde salgo a vender” y el policía le contestaba bien malcriado», cuenta Yolanda.

Wilfredo iba a las protestas pero ella se quedaba en casa por su estado de embarazo aunque también se sentía molesta por lo que estaba pasando con los resultados de las elecciones.

«Usted sabe que uno a veces elige quien es el presidente y a nosotros nos gustaba que fuera Salvador. Pero no se pudo. Viendo a Salvador en la tele como él hace esas actividades de ayuda las personas me imagino que podía ayudar a la gente. Mire cuando salía con una madrecita bien viejita se le miraba bien, era bien popular con niños y todo», dice Yolanda quien ahora ya tiene a Wilfredo de regreso en casa pero éste enfermó en El Pozo. Wilfredo con 26 años tiene un problema cardiaco y en la cárcel no le daban los medicamentos, perdió alrededor de 30 libras y estaba comenzando a sufrir parálisis en el brazo izquierdo.

Yolanda y Wilfredo eran vendedores ambulantes, ahora con el estado de salud de Wilfredo, Yolanda busca la vida para toda la familia.

Astrid (19) rezando por la libertad de su cuñada Lourdes, su esposo Francisco y su hermano Melvin. Foto: Martín Cálix.

No todos salieron

El abogado defensor de los presos en Pimienta, Cortés es Samuel Madrid, diputado de la oposición. Cuando el 4 de mayo dieron la resolución de que 8 de los 11 presos se defenderían en libertad la primera reacción de Madrid fue llorar.

«He liberado más de 1800 personas en mis 25 años de carrera, me han pagado antes, pero hoy no tengo ni un peso en la bolsa pero estoy llorando de alegría porque esta gente se fue a la calle por dignidad a cambio de nada, ésta es una lucha por justicia esta gente no anda detrás de políticos se fue a la calle por dignidad, muchos de ellos votaron antes por cachurecos porque ese pueblo ha sido cachureco, yo juré que iba a sacarlos», decía, llorando.

Madrid estuvo ausente gran parte de los 4 meses que sus acusados guardaron prisión y fue duramente criticado por haber interpuesto un recurso de apelación fuera del tiempo indicado, tras este error Madrid solicitó una revisión de medidas alegando que trasladar a la mayoría de los acusados a la cárcel de máxima seguridad, raparles el cabello y proporcionarles tratos crueles constituía un abuso y era desproporcionado con respecto a los delitos de los que se les acusa. Los familiares de la mayoría no podían pagar un abogado privado y no confiaban en la defensa pública. Madrid asegura que fue mandato y prioridad de la Alianza de Oposición que él tomara los casos para que se lograra la liberación y un proceso justo para salir limpios de las acusaciones.

Ese 4 de mayo Madrid salió de los Juzgados y dijo a las madres que lloraban de nervios, que rezaban en los pasillos del Palacio de Justicia, que había anuencia de la Corte y que seguramente era una línea desde arriba.

«Mire, yo a ellos los tengo organizados. A mí me pueden decir que esto es demagogia, pero yo no hago eso, yo los defiendo porque son mi sangre, no estoy haciendo campaña con esto», repetía insistentemente mientras organizaba la fotografía grupal, los vivas y el proceso de liberación.

Pero no todos salieron. Tres jóvenes más siguen en El Pozo porque acumulaban más delitos, uno de ellos, el uso indebido de indumentaria policial.

Dos de los que siguen presos son los hijos de Norma Ordóñez, una mujer que ha sacado adelante a su familia vendiendo pollo frito desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días en el garaje de su casa en Pimienta.

Doña Norma asegura que sus hijos no anduvieron en protestas y que el problema fue que los muchachos que se tomaban las calles se organizaban en la esquina de su casa.

«Cuando llegó la policía a la casa yo no creí que era a mí que me estaban rodeando. Si mis hijos no son delincuentes, no son vagos, nadie los miraba en la calle a medianoche o a las 11, si el papá es delicado y ellos ni siquiera podían salir de noche. Podían salir e ir a dar sus vueltas, pero jamás en protestas porque a mí me daban miedo estos problemas y mire, me tocó a mí», relata y cuenta que durante las tomas de carreteras ella incluso pasando encima de las llantas quemadas salía a comprar el pollo y los ingredientes para su negocio, porque si no trabajaba no comía toda su familia.

–¿Y ustedes fueron a votar?

–Pues no, ahora no se puede hacer nada en este país porque, aunque uno hubiera ido a votar a la hora de llegada mire lo que pasa.

Madre de hermanos que siguen presos en El Pozo. Foto: Martín Cálix.

La ansiada salida

Cuando los 8 salieron sus familias tenían ya muchas horas de estar esperando afuera, refugiados del inclemente sol de Ilama en el departamento de Santa Bárbara, cerca de El Pozo en un balneario a orilla de carretera.

Samuel Madrid –el abogado defensor– había llegado y se había vuelto a ir cerca del mediodía acompañado de Luis Redondo, diputado de la oposición, porque fueron en busca de más diputados. Los políticos llegaron tarde, apenas para hacer las mejores promesas de acompañar el proceso y de luchar por la liberación de los tres que quedan aún, apenas para hacer que los recién liberados regresaran frente a la entrada principal de El Pozo para hacerse «la foto histórica», diría Redondo.

En medio de lágrimas, en medio de mucho nerviosismo, sus familiares corrieron a abrazarles, aquellos hombres venían con rostros desubicados, con el desconcierto de quien no parece creer aunque vea. Ahora se defenderán en libertad, han vuelto a sus hogares, pero se hicieron una promesa a sí mismos: no celebrar hasta que el resto también salga.

Desde el centro penal de Tela en el departamento de Atlántida, y sólo retenida para dar declaraciones en Radio Progreso, llegó Lourdes, para reunirse con quienes no había estado en muchos meses. Y fue recibida como se recibe a quien ha hecho una proeza que parecía inalcanzable. Esta mujer y estos 8 hombres venidos a menos en su salud física materializan una lección enseñada por las instituciones del Estado hondureño: protestar contra el resultado de las elecciones de 2017 no está permitido en Honduras.

Un video de una batalla de RAP en Honduras con más de 60 mil reproducciones en Facebook podría ser la muestra más tangible de cómo esta forma de expresión urbana ha ganado popularidad y recuperando espacios públicos. Desde hace un año y medio las plazas centrales de San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa, tres de las ciudades más violentas del país, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, han sido los escenarios de centenares de batallas de RAP que reflejan la realidad hondureña.

Muchos de los raperos que asisten a estos espacios son hombres, nada nuevo en la escena y una deuda que sin duda en algún momento deberemos saldar. Muchas personas que asistimos a este tipo de espacios y que nos hemos ido organizando de manera más formal, somos jóvenes entre 15 a 30 años que vivimos en barrios y colonias en donde los territorios no son controlados por las autoridades sino por las maras y pandillas.

Para sobrevivir en un país donde solo en el año 2017 se registró que el 71.2% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes  en su mayoría de 20 a 24 años, hay que someterse a la ley del más fuerte.

En un contexto como este, no sorprende que en las batallas de RAP se escuchen frases ofensivas, escenas violentas, se hable de armas y muerte. En los comentarios del vídeo que menciono al inicio (y otros más) podemos leer a personas que disfrutan de lo que ven y escuchan, pero también leí a personas que cuestionan fuerte este tipo de competencia principalmente debido al lenguaje soez y discriminativo del que los competidores hacen uso.

El RAP es parte de la cultura Hip Hop, según el rapero KRS ONE, está integrada por nueve elementos: el Breaking (break dance conocida popularmente), el graffiti, el BeatBox, el conocimiento, el Dj, el Mc (microphone control) entre otros. El RAP es el género musical de la cultura Hip Hop que surge de la unión de dos elementos: el Dj y el Mc y tiene subgéneros como el gansta rap, hardcore, reggae rap, rap conciencia, trap, etc.

En el RAP, como en los otros elementos, el espíritu competitivo es uno de los motivadores principales en sus manifestaciones urbanas. En el Hip Hop se les llama bateos o batallas. Independientemente de los sub géneros existen dos tipos de batallas en el RAP; batallas escritas y batallas improvisadas, éstas últimas se conocen mejor como batalla de Freestyle y es justamente la que genera mayor controversia e irónicamente, se ha convertido en el escape y desahogo de muchos jóvenes.

El Freestyle o “estilo libre” en español, ratifica la principal característica en las batallas que es la improvisación de rimas sobre una instrumental musical. Dos características importantes que generan polémica para ciertos sectores, es el hecho de ser una forma de expresión oral totalmente improvisada y segundo que tiene como eje principal la competencia.

Esta polémica no es única en nuestro país, quizá la crítica mejor fundamentada que he leído es la de Nakury una rapera costarricense que dijo que: ‘Ser discriminatorio no es una habilidad respetable’ luego de ser parte del jurado de la competencia de freestyle más importante de habla hispana en 2017 y luego publicó un artículo explicando de forma más clara su fundamento: “Las Batallas de Rap y sus daños colaterales” donde manifiesta que las “Batallas de Rap” en la actualidad, normalizan la violencia y produce que quienes se involucran, no desarrollen un pensamiento crítico acerca de las repercusiones sociales y emocionales que causan tanto en sí mismos como en otrxs. En síntesis, ella asegura que las batallas de rap, en la manera como se desarrollan actualmente, al contrario de fomentar los valores del Hiphop como cultura de paz promueven los círculos de la violencia.

Familias llegan a presenciar batallas de RAP en San Pedro Sula. Foto: Asociación De Artistas Urbanos Hondureña

A raíz de estos artículos, el youtuber Tess La, publicó un video en su canal refutando las declaraciones de Nakury (este video fue censurado por fomentar odio) y su postura es adoptada por los fanáticos de las batallas de freestyle, alegando que las batallas de Rap son una manifestación pura del derecho a la libre expresión por lo cual no es ético censurar la improvisación de los artistas y además asegura que el freestyle no promueve la violencia, sino que solamente refleja una realidad violenta, patriarcal y discriminatoria.

Una realidad sin duda, que es la de muchos países latinoamericanos y en la que Honduras no queda exenta, siendo uno de los países con más alto índice de violencia, en el que asesinan cada 18 horas a una mujer, un país con desigualdad laboral y poco o nada inclusivo.

Tanto Nakury como Tess La, tienen razón. Hay quienes dirán que lo único que hacen estas batallas es promover la violencia, otros dirán que el arte muchas veces solo refleja la sociedad, aun así en esta expresión oral (a excepción de algunas batallas) es evidente la agresión verbal no solo entre los competidores sino también contra la población general o el público que nos acompaña y rodea.  Agresiones que son responsabilidad de quienes compiten; responsabilidad de la cual -y aquí me incluyo- no somos conscientes.

Podemos comparar el freestyle con el boxeo (que socialmente está bien aceptado) ya que tienen en común la agresión y energía, ambos enfrentamientos hacen uso de la violencia, una es verbal y la otra física, también en ambos se requiere dedicación, esfuerzo y a pesar de la agresividad, es común un abrazo al final de la pelea o batalla. Podemos entonces decir que ambas actividades requieren un entrenamiento no solo físico o lingüístico según corresponde, sino que en el proceso se desarrolla cierto dominio emocional que mueve a los contendientes a abrazarse al final, por tal razón puede ser beneficioso si los participantes logran aplicar este dominio de sus emociones en su vida cotidiana. En este sentido las batallas de RAP sí generan prevención de violencia, quienes tenemos varios años en el movimiento hemos observado que por lo general los improvisadores nuevos se enojan mucho durante el enfrentamiento y muchas veces evitan el saludo al final de la batalla, pero con el tiempo van aprendiendo que la batalla es solo durante la competencia y fuera de ella todos somos hermanos y hermanas, esto se traduce en una tolerancia alta frente a las agresiones verbales de las que somos victima en nuestro día a día.

Foto: Asociación De Artistas Urbanos Hondureña

Otra oportunidad de autodesarrollo que ofrecen estas competencias es esa rara posibilidad de tener un espacio para canalizar las emociones o reunirse sin ser vistos como un grupo delictivo.

Pero en una sociedad urgida de paz y justicia eso no es suficiente aporte, teniendo en cuenta el crecimiento rápido del movimiento, la capacidad de captar la atención de las masas y considerando que cada improvisador tiene una cantidad de fieles seguidores, la proyección positiva total sería una considerable herramienta de transformación social.

De cualquier manera, el apoyo de parte del Estado es inexistente como todo movimiento nacido he impulsado por la juventud vulnerada, el sector privado estaría en la misma situación de no ser por un par de empresas que han hecho un aporte circunstancial, de tal forma que la necesidad está a simple vista.

Si este movimiento por cualquier razón desapareciera, cerca de 200 jóvenes con exceso de energía y frustraciones nuevamente dispondrían de mucho tiempo libre, es decir a merced de bandas delincuenciales que operan en las ciudades.

Siendo yo un freestyler activo en el movimiento en Honduras, creo firmemente que no es posible que las batallas de RAP sean políticamente correctas en un 100%, pero también estoy convencido que los participantes podemos contribuir a la sociedad incluyendo contenidos positivos en nuestra lírica improvisada y también enriqueciéndola con las figuras literarias de nuestro idioma, de hecho, cada vez más las batallas se encaminan a ello.

Batallas recomendadas:

Honduras:

A nivel internacional:

La comunidad LGTBI ha ido marcando hitos en la historia de muchos países, en más de 25 países el matrimonio igualitario es reconocido ya sea en todo el territorio o parte de él. Pero si bien es cierto que ha marcado hitos por cada victoria lograda, también lo ha hecho en las frías estadísticas de los países Latinoamericanos que demuestran a través de los crímenes de odio, que en realidad falta mucho por garantizar sus derechos.

La debilidad de los estados para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI, como el empleo o la sostenibilidad de las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos, está sistematizada en IMPARABLES un ebook realizado por Distintas Latitudes que indica que el 58%  de las organizaciones investigadas tiene como principal obstáculo la falta de recursos para garantizar la sostenibilidad de su trabajo en países donde este tema no es prioridad para los estados en el diseño de sus políticas públicas.

En Contracorriente conversamos con Diego Pérez Damasco (1992) investigador y autor principal del ebook IMPARABLES, una radiografía de organizaciones, medios de comunicación y estado de los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina, una producción de Distintas Latitudes, donde además es editor y reportero para Centroamérica. Un libro electrónico que además logra brindar un mapa que muestra el estado de los derechos de las comunidades LGBTI en la región (en cuanto a legislación y normativas) otorgando individualmente datos sobre la penalización de la homosexualidad, de identidades trans, matrimonio igualitario, adopción conjunta de parejas del mismo sexo, derecho a la identidad de género y leyes antidiscriminación que contemplen la orientación sexual y la identidad de género.

Esta radiografía es oportuna para la región luego del fallo de la CorteIDH en Costa Rica (2018) con respecto al matrimonio igualitario y reconocimiento a la identidad de género, luego de largos procesos de lucha de la comunidad LGTBI en el país.  En tres capítulos recopila el trabajo de las organizaciones, el estado de derecho para la comunidad y aliados estratégicos que acompañan estos procesos.

“Una de las cosas que me gustaría que pasara con este ebook es que las organizaciones LGTBI puedan ver el panorama de forma amplia y esto les llame la atención, para que empiecen a trabajar en conjunto de forma colaborativa, porque del otro lado, están trabajando fuerte y muy juntos, hasta con financiamiento que atraviesa toda la región.” Cuenta Diego al referirse que en la región el discurso de odio y la campaña de “Ideología de género” ha venido a establecer un frente a la lucha que por años han estado emprendiendo las organizaciones.

Presentación en México. Foto: Daniel Ojeda.

Un ejemplo claro de ello es lo sucedido en las elecciones de presidente en Costa Rica que se dieron poco después del fallo de la CorteIDH en un ambiente de incertidumbre, las encuestas colocaban a los candidatos empatados y algunos indicaban a Fabricio Alvarado como potencial ganador, un candidato que en las semanas previas a las elecciones, enfocó su discurso político en garantizar que la familia no sería destruida por el matrimonio igualitario.

“Lo de Costa Rica (el fallo de CorteIDH) nos cambia totalmente el panorama de las elecciones y pone en la contienda a una persona fundamentalista que estuvo a punto de ser presidente, por suerte no paso así y de alguna manera logramos retratarlo con la historia de cierre del ebook, retratamos lo que pasaba en el país” dice Damasco quien relata en su crónica Una boda que no fue que se pasó de la euforia de la decisión de la Corte a darse cuenta que la desigualdad social aún existía y que eso era lo que marcaba ahora el futuro de una sociedad que evidentemente aún tenía prejuicios en muchas zonas del territorio costarricense.

Imparables surge de forma orgánica, luego de una línea editorial y sección de Distintas Latitudes que logró recopilar varias historias que retraban el estado de derechos de la comunidad LGTBI en 20 países no obstante, al ver que había suficiente material como para hacer una compilación el consejo editorial y demás equipo de Distintas Latitudes decide sacar un EBOOK que logra no solamente contar lo que está pasando en materia de derecho en América Latina y algunas islas, sino también nos brinda un mapeo de medios digitales que han apostado por contar esas historias de la comunidad los 365 días del año y no solo en fechas especiales.

Leyes de identidad

Esta radiografía en Imparables muestra datos duros como el hecho que solo 15% de los países abordados cuentan con la Ley de Identidad de Género y 30% con una Ley Antidiscriminación.

De las 12 organizaciones que logran retratar, tres de ellas están dirigidas por y para población trans, dos son colectivos o espacios lésbicos, tres son espacios con todas las siglas LGBTI, tres apelan a lo queer y tan solo una de ellas trabaja específicamente para los derechos de la población LGBTI afrodescendiente.

“Estas organizaciones que cubrimos y de las cuales contamos en el ebook, son el resultado de un trabajo colaborativo con colegas de la región que son parte de la red de periodistas de Distintas Latitudes con quienes teníamos como criterio de selección, la innovación en sus acciones, nos hizo falta muchas, pero la idea de este primer proceso es tener un directorio actualizado e interactivo que permita conectar entre sí”, añade el autor.

En Honduras, la violencia hacia las personas LGBTI se agravó fuertemente en 2009, a raíz del golpe de Estado. La organización Cattrachas realiza un monitoreo de muertes violentas de personas LGBTI, mediante la revisión de notas de prensa y distintas publicaciones que den cuenta de estos hechos. De 2009 a la fecha, esta organización ha identificado 259 asesinatos de personas LGBTI. Si bien de 2016 a 2017 el pico de asesinatos ha ido en descenso, la violencia sigue presente. A pesar de ello, en 2013 se logró un avance al incluir la discriminación en el Código Penal del país.

En una región fragmentada y golpeada por un sistema económico y político desfasado, iniciativas como la de Distintas Latitudes y su ebook IMPARABLES, se vuelven necesarias para conocer dónde estamos y para dónde debemos dirigirnos, al convertirse en un material que comparte aprendizajes,  conocimientos, análisis y mapeo de la comunidad LGTBI en América Latina.

Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca.

 

Miguel Hernández | fragmento de «Nanas de la cebolla»

  Cuando el poeta español Miguel Hernández escribió el poema «Nanas de la cebollas» pensaba en su compañera y en su hijo que lo único que tenían para comer era pan y cebollas. El poeta murió luego de tuberculosis en las húmedas mazmorras en las que el fascismo confinó a quienes atentaran contra su poder, contra su hegemonía, a quienes soñaban con una libertad construida desde las trincheras de una lucha que finalmente ganó quien tenía el control del Estado y sus instituciones. Aquella ansiada libertad pensada más allá de las banderas sigue ausente, lo saben ahora en una barricada lejana de la tumba de Miguel Hernández y de la Guerra Civil española, una barricada que se llama Honduras. Entre los meses de diciembre y enero, los meses de la crisis post electoral, el gobierno del reelecto Juan Orlando Hernández metió presos a 26 hombres y una mujer. Llevados 18 de ellos a las cárceles de máxima seguridad, cárceles que fueron hechas bajo el argumento de meter en ellas a los tipos más peligrosos, miembros de maras y pandillas, narcos. Poco se habla hoy de ellos en los medios de comunicación, nada en la incipiente legalidad hondureña los nombra «presos políticos», sin embargo lo son, y la tensión en las calles parece haber desaparecido. Cuáles son entonces los rostros de quienes les esperan en casa, de quienes no les han visto ni escuchado en meses, los rostros de quienes lloran a sus familiares. Encerrados en qué pensarán ellos, en qué pensará ella.

Las organizaciones de Derechos Humanos en Honduras se ponen de acuerdo para saber a quiénes nombrar presos políticos y a quiénes ignorar.  Más de 250 personas tienen medidas sustitutivas tras pasar por procesos legales después de las protestas y según la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (OACNUDH) solamente por violar el toque de queda instaurado por 10 días a partir del 1 de diciembre, 1351 personas fueron detenidas. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos dicen que son 21. Fue un contexto muy complejo, dice el abogado de la Coalición contra la Impunidad, Tomás Andrade, «tenemos que hacer un análisis de cada caso para saber si estas personas eran manifestantes o si eran parte del crimen organizado». Los abogados defensores se cuidan, temen que se les tilde de defender pandilleros.

Andrade se arriesgó a tomar un caso que nadie quería tomar. El caso de Edy Gonzalo Valle Larios, acusado del delito de asociación ilícita y daños a la seguridad del Estado en protestas ocurridas en febrero de 2018 en Choloma, Cortés. Edy fue detenido en una operación en la que capturaron a 4 jóvenes más en distintos lugares del sector.

El presidente Juan Orlando Hernández ha pedido una investigación exhaustiva para determinar qué grupos delictivos como maras y pandillas controlaron las protestas tras el proceso electoral donde él se reeligió entre denuncias de fraude.

La angustia de los padres de Edy Gonzalo era grande al saber que a su hijo nadie lo iba a defender y sí, su hijo sí anduvo protestando en contra del fraude electoral apoyando a la Alianza de Oposición pero no lo acusan de eso, lo acusan de asociación ilícita. El nombre de su hijo junto al de la Pandilla 18 en el periódico los hace llorar.

Alfonso Valle y Bessy Larios –padres de Edy– viven en una pequeña casa ubicada en una colonia  cerca de los bordos de Choloma. Don Alfonso está pagando aun la casa, solo le quedan 5 años ya para terminar pero ahora está pensando en venderla para ver cómo saca a su hijo de la cárcel de máxima seguridad donde está recluido. Edy está en El Pozo.

–No crea, yo digo que estos son mensajes de Dios, quizá él quiere que esté allí y no en la calle en algo malo o muerto. –Dice don Alfonso, porque así es en su barrio, los jóvenes solo pueden tener ese futuro aunque la familia quiera alejarlos de la tragedia.

5 jóvenes capturados por actos de vandalismo en las protestas de las últimas semanas en Choloma, Cortés acusados de asociación ilícita, el tercero es Edy Gonzalo. Periódico del 16 de febrero de 2018. Foto: Martín Cálix.

Edy es un muchacho de 20 años quien había intentado salir de su barrio porque se daba cuenta de eso, que los jóvenes allí no tienen futuro. Hace un par de años migró a un pueblo del occidente del país, a Ocotepeque porque allá le dieron un «trabajito» vendiendo comida, pero sus condiciones no eran mejores que en Choloma. Regresó pero intentó irse de nuevo, esta vez a Estados Unidos.

Durante la crisis política Edy fue a las protestas, su hermano mayor incluso cargaba una gran bandera de la Alianza de Oposición, cuenta doña Bessy, quien cree que esa lucha era justa, pero a quien siempre le dio miedo que sus hijos se fueran a la calle a defender el voto.

Bessy habla por teléfono con él, cuenta que la última vez Edy le pidió no dejarlo allí encerrado. Y llorando Bessy siente la desesperación de su hijo, quien apenas una semana antes de su detención había sido deportado de México en su camino hacia Estados Unidos.

–Le digo yo ¿todos vamos a estar presos por andar protestando por algo en lo que no estamos de acuerdo?, él me contesta: «yo sé que sí, madre. Pero yo lo único que le pido es que no nos deje aquí, que no me deje aquí».

Bessy no lo ve desde el 15 de febrero que lo capturaron en un allanamiento en la casa de su novia y su cuñado. A él y a su cuñado German Rivera Rivera se los llevaron juntos y los acusaron de asociación ilícita junto con 3 jóvenes más capturados en la misma zona que ellos.

Dos días tenían Edy y German de haber sido deportados porque Edy enfermó en el camino con un dolor de muela y pensó que no aguantaría la travesía que le esperaba hacia Estados Unidos y se entregó, según cuenta Bessy.

Bessy Mejía, madre de Edy Gonzalo. Foto: Martín Cálix.

–Yo le decía: ¡Pucha! Usted es universitario y protestando en contra de JOH, y él me decía: si usted supiera la gente que anda ahí, andan ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales y es la prensa la que dice que son vagos, delincuentes y mareros. Como le digo, la policía busca un culpable y lo tildan de marero. –cuenta don Alfonso.

La hermana de German no quiere hablar, en ese barrio cuando se llevan a un joven es mejor callar, no tiene certeza de que su hermano no está involucrado con maras y pandillas . Doña Bessy cuenta que frente a su casa antes vivían unos jóvenes universitarios hasta que un día llegó la policía, les hizo un allanamiento buscando drogas y al no encontrar nada destruyeron todo. Los jóvenes nunca volvieron. El vecindario calló.

En todo esto, don Alfonso, intenta encontrar una explicación.

–El problema es que mi hijo usa tenis Nike blancos con una raya dorada y la de los mareros es tenis negros con una raya blanca, siempre le dije que no usara Nike, yo ando esta camisa aquí, que no tiene ningún número porque si no lo matan a uno en la calle.

Que si andaba tenis de pandillero, que si era joven, que si estuviera encerrado en casa todo el tiempo no le habría pasado nada. Si hubiera sorteado todas las trampas de un país violento, Edy sería un muchacho normal, quizá anduviera trabajando en este momento. Pero Edy está en El Pozo, la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente Juan Orlando Hernández al que Edy le gritaba «¡Fuera JOH!» cada vez que podía en las calles.

***

El abogado Tomás Andrade desconfía de todo el que se interese por el caso de los presos políticos. Desconfía de los intereses, de las intenciones. Analiza el caso de los jóvenes de Choloma y cuestiona el porqué no se encuentran en la lista oficial de los presos políticos. Eran jóvenes no muy conocidos y uno tiene antecedentes penales. Es un análisis que se vuelve cada vez más complejo y aunque él se muestra como un abogado comprometido, sabe que pone su carrera en riesgo, está consciente de ello.

«Nuestra Constitución de la República, el Código Penal y el Código Procesal Penal, no establecen los delitos políticos. Los delitos por los cuales fueron acusados nuestros compatriotas son de incendio a las postas policiales, daños a la propiedad en perjuicio de la Secretaría de Seguridad, atentados contra los policías y otros delitos. Era tanta la gente que andaba en esas protestas, tanta la turba que incendió las postas que es difícil determinar que uno o dos llevaban el combustible.  Se dice que la Secretaría de Seguridad pudo hacerlo en confabulación y en complicidad con ciertos grupos criminales que son muy conocidos por ellos mismos. Se planificaron estas quemas de tal manera que después se hizo un proceso de seguimiento a todos los manifestantes de las protestas públicas; aquellos que eran líderes, aquellos fueron criminalizados y puestos a las órdenes de las autoridades», acusa Andrade.

«Esta calle es la que comunica Estados Unidos y Europa con Honduras y atacar ese puente es como darle en la yugular al gobierno», Alfonso Valle.

Y recuerda las múltiples denuncias que hizo la excomisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien habló –según Andrade– de la colusión de ciertos comisionados de policía con la Mara Salvatrucha (MS 13). «Yo puedo afirmar con toda objetividad que hubo una confabulación entre los miembros de la cúpula policial y militar con estructuras irregulares como maras y pandillas como parte de una estrategia del gobierno con el fin de hacer eventos de quema de negocios y actos de vandalismo y posteriormente involucrar a los manifestantes en estas actividades para criminalizarlos».

«En el caso de los primeros 33 que fueron detenidos cuando se dieron los primeros saqueos de Diunsa en San Pedro Sula, por ejemplo, y de otros centros comerciales eran turbas precisamente anárquicas que de forma muy espontánea salían a las calles y que de alguna forma había toda una estrategia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para dejar hacer y después capturar a los que a ellos les convenía capturar, pero la gran cantidad de personas que salieron a las calles tenían el propósito de protestar y utilizaron esa estrategia para posteriormente establecer una campaña de terror y de miedo para que la gente no saliera a las calles a protestar», analiza Andrade.

El Pozo, Ilama, Santa Bárbara. Foto: Martín Cálix.

Andrade se preocupa por la situación de los presos, sobre todo los que están en cárceles de máxima seguridad, como Edy. Asegura que ni el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), que es una institución del Estado es escuchado en las recomendaciones para mejorar las condiciones de los privados de libertad, sobre todo los presos tras el conflicto postelectoral, cuando han logrado constatar torturas y tratos crueles e inhumanos.

En la presentación de un informe sobre la situación de las cárceles en Tegucigalpa, la abogada Glenda Ayala del Conaprev manifestó al periódico digital Pasos de Animal Grande que actualmente han «verificado que las condiciones a los que se ha sometido a ellos (presos de políticos) son deprimentes y va en detrimento de su calidad humana. De hecho estas personas que fueron remitidas al Centro Penal de Ilama, están alojados en los módulos de máxima seguridad, en celdas de 2 por 2, por más de 16 días no tuvieron acceso a ver la luz del sol y todo ese tipo de acciones y medidas, que miramos que son atentatorios a la dignidad de la persona humana».

Además aseguró que  han corroborado que existen torturas en contra de ellos, golpes al momento de sus detenciones y lesiones.

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Tomás Andrade agrega: «Yo le puedo decir que visito estos centros de privación de la libertad, que son lugares sumamente duros y hay un maltrato permanente a ellos. No son tratados como personas normales, ellos son maltratados, han sido torturados en los centros penales, en El Pozo particularmente».

La primera vez que nosotros, como periodistas intentamos entrar a El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, 6 oficiales de la Policía Militar y uno del Instituto Nacional Penitenciario nos negaron la entrada. «Al Pozo solo se puede entrar con autorización directa del presidente Juan Orlando Hernández», nos dijo la oficial de la PM. Una escena que contradice en su totalidad la sentencia de la CORTEIDH contra el Estado de Honduras en la que se solicita poner las cárceles al mando de la autoridad civil y no militar.

Tomás Andrade, abogado defensor de DDHH. Foto: Martín Cálix.

El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado German McNeil asegura que en Honduras no existen los presos políticos y que lo que hay son personas presas por cometer actos vandálicos en las protestas. Además, al preguntarle cuál es el criterio para enviar a una persona a una cárcel de máxima seguridad, nos dijo que a los acusados se les hace un examen técnico que determina si son personas de alta peligrosidad. Es decir, no son las personas ya condenadas las que van a las cárceles de máxima seguridad, tampoco son los pandilleros o mareros acusados de asociación ilícita, no importa el delito ni la condena, el Estado de Honduras, según McNiel, tiene la capacidad de determinar quién es peligroso y quién no para la sociedad.

Para que un familiar pueda ver a su preso en las cárceles de máxima seguridad debe solicitar un carnet de visita que requiere una serie de documentación personal: antecedentes policiales, antecedentes judiciales, constancia de vecindad, 3 recomendaciones personales. Estos requisitos no garantizan que se les dé el carnet, aún se debe esperar 6 meses para saber la respuesta. Y el Institutito Nacional Penitenciario mucho menos tiene protocolo especial para periodistas.

Andrade al fin tomó el caso de Edy. La familia guarda un poco de esperanza desde entonces.

Para el 30 de enero el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ya contaba 29 requerimientos fiscales principalmente por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado agravado, con relación a hechos o acciones ejecutados durante la etapa post electoral. Además que atendía en ese momento 182 quejas relacionadas con derechos vulnerados: la vida, integridad física, libertad individual, libertad de expresión, debido proceso, inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Los procesos contra las personas a las que se les supone responsables de incendios de postas policiales, lesiones contra oficiales y el asesinato del único oficial de policía muerto en las protestas, han sido rápidos y efectivos sin embargo, la OANUCDH cuestiona porqué al cierre de su informe el pasado 27 de enero no existía ningún detenido de las fuerzas de seguridad responsables de más de 40 muertes en la crisis post electoral.

Andrade asegura que las organizaciones de derechos humanos se han limitado a documentar estos casos, ya se han dado las primeras denuncias y entregas de documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones, pero este es un proceso lento, tedioso, tortuoso y que tiene efectos a mediano y largo plazo.

Puente en carretera hacia Puerto Cortés. Foto: Martín Cálix.

«Tomarse el puente era como darle en la yugular al gobierno»

Choloma es una ciudad muy importante, es el paso de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés. «Es la conexión de Honduras con Estados Unidos y el mundo», dice don Alfonso. El puente que normalmente se tomaban es por donde él entra a la colonia donde está su casa.

–Ya le dije a mi hijo mayor que lo iban a meter preso por llevarle agua a esos de la resistencia porque ahí anda comprando el montón de bolsas de agua para esa gente. Él siempre está comunicado qué días va a haber marchas y él va, con una bandera en la moto. Es algo que no puede quitárselo uno.

Pero el que su hijo esté preso junto con otros 5 por «eventos vandálicos en las protestas» como lo escribió Diario La Tribuna en febrero al momento de la captura, ha hecho que la gente se encierre.

El 5 de febrero de 2018 fue la última protesta fuerte en Choloma. Ese día fue asesinado Ismael Hernández de 40 años, un señor que iba pasando de camino a su trabajo, abatido por una bala disparada por militares. También ese mismo día manifestantes dieron vuelta a un contenedor que iba camino a Puerto Cortés.

«Pues se han calmado un poco porque allá ahorita en Los Almendros no sé si fue el viernes que iba a comenzar una a las 5 de la mañana y rapidito los fueron a desalojar. Antes las comenzaban en el puente, pero ahorita ya no los dejan. Siempre se dan cuenta los policías, no sé cómo», cuenta don Alfonso.

Doña Bessy, desafiando la voluntad de su esposo de mostrar que están en contra de las protestas, asegura que ella misma iba con sus hijas a las marchas y que la semana pasada convocaron a una el domingo, pero ya tiene miedo. Don Alfonso interrumpe y cuenta que trata de aleccionar a su otro hijo diciéndole: «usted está estudiando y trabajando en una buena empresa, le gusta el fútbol y por andar en esas cosas va a ir para el presidio. Yo ni quiera Dios, termino de morirme».

Don Alfonso se indigna y dice que esto parece una dictadura. «Tanto que se quejan de Venezuela de que es un país dictador y este señor haciendo lo mismo prácticamente y a la policía le dan órdenes de que es capaz y hasta desaparezca a la gente».

Hace poco su hija estaba enferma, don Alfonso asegura que nadie la atendió en el hospital y él no tiene seguridad social porque no tiene un trabajo fijo. Va a todas las ferias y está pendiente de qué ofrece el gobierno con el programa «Con chamba vivís mejor» pero la última vez sólo ocupaban 30 muchachos y era más la algarabía.

«Todo el día haciendo una publicidad nacional e internacional, pero es pura mentira solo para salir en el periódico ante otros gobiernos de que se están contratando miles y miles de personas y usted va a los portones y a todo el mundo lo regresan. Le agarran los papeles y lo regresan de nuevo y eso que en Choloma hay muchas maquilas, la gente en otros lados solo Dios con ellos», cuenta.

El país es un espejismo, el gobierno, Choloma mismo, dice Alfonso.

-Choloma es un espejismo porque es la arteria principal, la aorta de Honduras. Esta calle es la que comunica Estados Unidos y Europa con Honduras y atacar ese puente es como darle en la yugular al gobierno. Pero ahora toca buscar trabajo, yo me pongo a vender cositas para sostener mi familia, porque ahora lo que uno busca es comer.

A veces Alfonso escucha a Bessy orar y decir que pide por todos los presos aunque no los conoce. Él recapacita y se da cuenta que ésta no es una lección para su hijo, que esto es un problema de país.

Texto y fotos por: Jeff Ernst

Con aldeas que alcanzan casi la cima de las montañas de Opalaca, Belén parece un lugar improbable para una tasa de participación de votantes de 94 por ciento, la tasa más alta de Honduras en la última elección.

Una visita al pueblo, sin embargo, descubre no solamente el misterio tras la tasa sino también el camino ilícito tomado por el Partido Nacional para consolidar el poder a nivel del municipio y ganar las elecciones.

«Especialmente en este periodo de elecciones se presentaron un montón de inconsistencias», dijo el alcalde saliente, Olvin Reyes, del Partido Liberal. «Por ejemplo, gente que eligió que no vive aquí».

En la elección de 2013, Reyes ganó por tan solo 17 votos, haciéndole un blanco primario para la elección del pasado noviembre.

En el año previo a la última elección, el Registro Nacional de las Personas (RNP) en Belén procesó un número exorbitante de transferencias: 712 para ser exactos; aumentando la carga electoral del pueblo por casi 30 por ciento. Según documentos revisados en la oficina local del RNP, al menos 301 de dichas transferencias fueron procesadas sin documentos de respaldo por «órdenes superiores» provenientes de la dirección nacional de la institución.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea describió en su informe que había «recogido evidencia creíble de esta práctica en municipalidades rurales» que se utiliza para inclinar la elección a favor del partido oficialista que controla el RNP.

En varios centros de votación los residentes reportaron haber visto muchas caras desconocidas.

«Uno de la comunidad conoce la gente de nuestra aldea», dijo Dilcia Orellana, una observadora de mesa para la Alianza Contra la Dictadura en el centro de votación cerca de su casa en las alturas de las montañas. «Me tocaba pintar el dedo de los votantes y yo sabía que había gente que no era de nuestra comunidad».

Foto: Jeff Ernst

Aunque la transferencia de votantes desde fuertes partidarios a pueblos con elecciones competitivas no afecta el voto para el Congreso Nacional o presidente en el corto plazo, sí representa parte de una estrategia de largo plazo que ha ayudado al Presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, a ganar las últimas dos elecciones.

Eso es porque en Honduras, particularmente en pueblos rurales, el indicador mas preciso de cómo un pueblo votará por el Congreso Nacional o el Presidente no es su historial electoral o inclinación partidaria, sino la afiliación política del alcalde, o en algunos casos, el alcalde electo.

En Lempira, el departamento natal de Hernández y donde Belén está ubicado, solo cuatro municipios fueron ganados por el candidato a la presidencia de la Alianza, Salvador Nasralla. Tres de esos pueblos tenían alcaldes de la oposición. El cuarto tuvo un candidato opositor que ganó la alcaldía y llevó a su candidato presidencial a la victoria.

Inflar aún más la tasa de participación abrió una brecha en la ley electoral que permite a representantes de los partidos servir como observadores de mesas y votar en centros de votación fuera de sus municipios de residencia. Aunque esa brecha fue explotada por todos los partidos, ninguno más que el Partido Nacional, lo cual empleó a su amplia ventaja en cuanto a recursos para comprar las credenciales de partidos aliados para desbalancear el campo a su favor.

El último golpe que aseguró la victoria para el Partido Nacional en Belén fue el altamente politizado programa de asistencia conocido como «Vida Mejor», el cual provee bonos, letrinas, casas y otros beneficios a familias de bajos recursos.

En las comunidades donde hay un alcalde oficialista, él o ella maneja la repartición de beneficios de la Vida Mejor nacionalista. Pero donde hay un alcalde opositor, los representantes de Vida Mejor trabajan como un gobierno de sombra, excluyendo a la alcaldía de sus actividades.

Durante la campaña, el líder de facto de Vida Mejor en Belén fue el candidato del Partido Nacional a la alcaldía: Wilson Membreño.

“[Vida Mejor] tiene su equipo de activistas que son los que funcionan como guías familiares las llaman y son activistas del partido nacional que van y visitan a la gente y trabajan a través de que posiblemente conquistan el voto de la persona», dijo Reyes.

Casi al final de las calles pedregosas al trepar la montaña está la casa de Feliciana Amaya. Una madre soltera de dos niños pequeños, Amaya se sostiene como la mayoría de los residentes de Belén: de las pocas ganancias de la cosecha de café.

En todos los aspectos ella es la candidata perfecta para muchos de los beneficios de «Vida Mejor». No obstante, no fue hasta justo antes de la elección que recibió su primera visita de uno de los representantes del programa.

«Él llegó a decir que había un punto de inscripción para los beneficios en Belén y que estaba en la casa de Wilson Membreño», dijo Amaya. Luego, según ella, el representante le dijo que si ella votaba para la oposición su aplicación saldría denegada.

«En Honduras se trabajó con una especie del populismo de derecha basado en el temor», dijo Raúl Pineda Alvarado, ex diputado del Partido Nacional y analista político. «Si gana la oposición vas a perder tu bolsa solidaria, tu techo solidario, tu ecofogón, tu piso, tu letrina, todas esas conquistas».

Con cada área del gobierno trabajando a favor del partido oficialista, la oposición enfrentó muchas desventajas en el proceso electoral.

«Al final sentimos que había una lucha entre David y Goliat», dijo Reyes, quien perdió la reelección por apenas 200 votos, un número menor al de las transferencias ilegales en su municipio.

Publicado originalmente en Play FM

Esta semana, que junto con el mes de abril nos abandona, ha sido importante aunque podría ser trascendental para las personas con discapacidad en Honduras.

Decimos esto porque como cada año a partir de 1984, los catrachos conmemoramos el día de solidaridad con las personas con discapacidad el último viernes de abril. Dicha tradición se ha extendido durante toda esa última semana, realizando las personas con discapacidad y sus  instituciones encargadas y afines una serie de actividades tendientes entre otras cosas a visibilizar, concienciar y generar en el resto de la sociedad ese vínculo que permita crear espacios y condiciones para que todos aquellos que vivimos con algún tipo de discapacidad podamos crecer, desarrollarnos y desenvolvernos de la mejor forma posible en los distintos aspectos, circunstancias y eventos que nos presenta el diario vivir.

Sin embargo, el tiempo y los acontecimientos nos han demostrado desgraciadamente la ineficacia y el poco aporte que dichas actividades han ofrecido a los hondureños, pues vivimos en una sociedad en la que día a día se agrandan las distancias, aumenta la discriminación, escasean las oportunidades, etc.

Esto es así porque cada año al llegar la última semana de cada caluroso abril, las personas con discapacidad suelen ser expuestas, exhibidas cual maniquíes en escaparate por políticos, empresarios, mismas personas con discapacidad, y por un largo grupo de oportunistas que ven en esta tipo de momentos la oportunidad perfecta para fotografiarse, brindar floridos, ampulosos, rebuscados y falsos discursos para aparecer ante la opinión pública como los abanderados de la lucha en contra de la discriminación, los elegidos para sacar de la pobreza y el abandono a aquellos que muchas veces de forma inconsciente y orillados por la necesidad asisten a fastuosos eventos organizados en grandes centros de convenciones, mientras en las calles de las ciudades y pueblos de Honduras campean la miseria y la marginación; mismas a las que tendrán que regresar después de llenar por un rato sus estómagos, luego de ser utilizados y engañados al recibir una bolsa con una pequeña cantidad de alimentos, un miserable y pírrico bono, o cualquiera de esas dádivas acostumbradas para acompañar los discursos ante los medios de comunicación.

A esto se suma  el abandono estatal del que somos objeto las personas con discapacidad, pues el Estado hondureño ha reducido su labor de acompañamiento y apoyo a la entrega de lo mencionado arriba, olvidando totalmente la implementación y difusión de políticas públicas encaminadas a mejorar realmente las condiciones y la calidad de vida de las personas en cuestión.

Salud, educación, trabajo digno; no parecen ser temas relevantes en la agenda del Ejecutivo o el Legislativo para las personas con discapacidad, pues esto implicaría acercarse, sentarse y sobre todo destinar recursos para su puesta en funcionamiento, cuestiones que para una administración que emplea el dinero de todos en la compra de armas, aviones lujosos e innecesarios, sueldos exorbitantes para la inoperante burocracia, la compra de periodistas y medios de comunicación, resulta un obstáculo y una carga que aparte de ser pesada, es innecesaria y no contribuye en lo absoluto a sostener y consolidar la posición autoritaria en la que se han instalado quienes detentan el poder.

El último y más completo indicio que dio el Gobierno de la República de interés por los hondureños en situación de discapacidad lo encontramos en 2005, cuando mediante decreto No 160-2005 se aprobó la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, misma que como ya es costumbre con las leyes en el país, permanece sin cumplirse. La responsabilidad fundamental al respecto recae en nuestras autoridades, quienes no han reglamentado dicha ley, factor que se constituye en decisivo, pues las instituciones y personas a quienes se les obliga a cumplirla y aplicarla carecen de base jurídica para poder llevar a cabo sus disposiciones. Y mientras el tiempo transcurre sin que haya sido reglamentada y sin que se cumpla, esta ley va quedando irremisiblemente desfasada e inútil, ya que los adelantos tecnológicos, las nuevas conceptualizaciones y teorías generan nuevas adaptaciones, nuevos escenarios y nuevas posibilidades no contempladas en el citado documento.

La gran transformación, la gran conquista contenida en la ley -para muchos de los que vaya usted a saber por qué son buscados para hablar en nombre de todas las personas con discapacidad- lo referente a los descuentos aplicados en centros de conveniencia, restaurantes, hoteles, farmacias, demostrando así su visión cortoplacista, acomodada y poco crítica de la realidad tremenda en la que viven la mayoría de sus congéneres. No quiere decir con esto que se esté en contra de que, por ejemplo, una persona reciba algún tipo de beneficio a la hora de adquirir sus medicinas, pues la falta de empleo y por ende la falta de recursos hacen muchas veces inalcanzable poder llevar a su casa los productos a la venta; lo cuestionable es el estancamiento, el conformismo y la difusión muchas veces excesiva que se les concede a este tipo de medidas, generando la percepción errónea de que todo marcha sobre ruedas y que se están atendiendo y satisfaciendo todas las necesidades elementales de la gente.

Aunado a lo anterior es importante mencionar también el enfoque que como personas con discapacidad le hemos dado a esta fecha, pues lo hemos encasillado muchas veces únicamente en el concepto de la solidaridad, palabra que hace referencia a un sentimiento, a la posibilidad de generar “unidad basado en las metas o intereses comunes”. Esto sin duda es el punto de partida, el inicio (pero solo eso) para caminar hacia la divulgación de conceptos más concretos como la inserción, la inclusión, etc. Pues el sentimiento de la solidaridad por sí mismo resulta insuficiente si no consigue que se den los pasos necesarios para lograr y alcanzar estadios de desarrollo, condiciones que le permitan a la persona ciega, a la persona sorda, etc. Vivir en situación de igualdad con el resto de su entorno, sintiéndose parte activa del proceso de producción que sostiene a un país.

Es en esto en lo que debemos hacer énfasis y enfocarnos a partir de ahora, tomando en cuenta y replicando actividades como las que este año ha llevado a cabo la UNAH, CIARH, entre otras; cuyo gran propósito  fue el de la inclusión y la inserción, haciendo fuerza en campos específicos como la educación y empleo, factores en los que más atrasada se encuentra la población con discapacidad en Honduras.

Es mucho lo que hay por hacer, son demasiados pasos los que se tienen que dar para que los hondureños en situación de discapacidad podamos sentirnos parte activa, beligerante e influyente en esta sociedad que se debate entre la pobreza, la violencia, los fraudes y la falta de democracia, etc. Es el Estado el primero que tiene que avanzar hacia la implementación de políticas públicas concretas, reales y objetivas que nos permitan el acceso igual y libre a la vida política, económica, cultural… anteponiendo y garantizando siempre la dignidad, condición inherente a todo ser humano.

La sociedad tiene que entender también que no somos seres extravagantes, súper humanos ni nada por el estilo. Tampoco somos personas a las que hay que compadecer, no padecemos de una discapacidad, no sufrimos por el hecho de ser ciegos, sordos, usuarios de sillas de ruedas ni ninguna otra discapacidad de cualquier naturaleza. Somos seres humanos iguales; acertamos algunas veces con nuestras decisiones, nos equivocamos en muchas otras, tenemos nuestras inclinaciones políticas o no, religiosas o no, nos formamos y educamos cuando podemos, trabajamos si encontramos espacios, salimos a tomarnos unas cuantas si nos gusta, vamos al estadio, al teatro, al cine, leemos, nos informamos, tenemos criterio, tenemos capacidad para decidir sobre nuestra vida y nuestros actos, también queremos, también odiamos, decimos cosas bonitas, insultamos, votamos… ¿igualito verdad?. Sí; somos personas como usted, personas como vos. No somos incapaces, no tenemos “habilidades disminuidas”, no somos “especiales”, somos seres humanos que andan y van por ahí, buscando espacios, buscando escenarios y trincheras para acompañarles, caminar con ustedes y ayudarles a construir un país de todos, un país para todos, una patria justa, libre, incluyente, democrática.

Pretendemos ser independientes: solo necesitamos las condiciones adecuadas, los aparatos y las adaptaciones necesarias para conseguirlo.

Y por último, las personas con discapacidad tenemos que entender que el mundo no nació adaptado para nosotros, que no lo va a ser nunca en su totalidad. Tenemos que entender y asumir además que no basta con pedir al Estado las políticas públicas para nuestra inclusión y desarrollo, que no basta con pedir que la sociedad nos preste o nos regale los espacios y nos abra las puertas. Pues todo esto será en vano si nosotros que somos los protagonistas de este cuento no nos ponemos las pilas y comenzamos a demostrar en serio que si podemos, que somos capaces de defender nuestros derechos, que podemos luchar por verdaderas conquistas y transformaciones sociales, que no somos trampolín ni escalera para nadie; en fin, que tenemos los argumentos y las ideas suficientes para ser forjadores de nuestro presente, nuestro futuro y el de quienes nos seguirán en estos caminos de la vida.

Será así: participando activamente, incorporándonos a las actividades, aportando y trabajando para construir, siendo agentes de cambio como será posible decir que como hace algunos años, ya no es más de lo mismo el día de la solidaridad con las personas con discapacidad en Honduras.

 

El proceso para la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público está en marcha. En los últimos días entró en vigencia el reglamento aprobado por la Junta de Proponentes que regirá la postulación, evaluación y selección de cinco candidatos que serán presentados al Congreso Nacional.

El primer paso para elegir al fiscal es a través de la Junta, instancia conformada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), universidades públicas, privadas y organizaciones de sociedad civil. Esta entidad aprobó un código de ética y el reglamento que rige cómo se desarrolla el proceso.

La Junta se reunió nuevamente para hablar de la socialización de un reglamento que según Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) e integrante de la propia Junta, tiene las garantías para seleccionar a cinco perfiles independientes y capaces, además se definió que el 30 de abril es la fecha límite que tienen los candidatos propuestos o auto propuestos para enviar sus postulaciones. Entre los días 31 de mayo y 15 de junio la nómina de los cinco candidatos propuestos debe ser enviada al Congreso Nacional.

Hasta el momento solo se han inscrito dos personas para el cargo, se trata del abogado Aníbal Izaguirre Maradiaga, quien se ha desempeñado como subjefe de la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, y un abogado que pertenece al poder judicial en Comayagua, de quien no se ha especificado su nombre.

El Ministerio Público es el órgano superior de investigaciones y tenerlo bajo control es sinónimo de garantías, inmunidad e impunidad. La crisis política desatada por las irregularidades electorales a finales de 2017 dejó más de 30 asesinatos y múltiples violaciones a derechos humanos, la fiscalía hasta la fecha –es decir, cinco meses después– no ha presentado un requerimiento fiscal contra elementos militares, acusados por organismos defensores de derechos humanos como los responsables directos de estos hechos. Sin embargo ha actuado con total diligencia para emitir requerimientos fiscales contra personas acusadas de incendios, robos y daños durante la misma crisis.

A pesar que el Ministerio Público  tiene una Fiscalía de Derechos Humanos, esta no se encarga de los casos producidos en la crisis post electoral, los requerimientos fiscales contra personas que protestaron acusadas por la quema de postas policiales y agresiones contra uniformados los llevan fiscalías de jurisdicción nacional, así como las investigaciones de manifestantes asesinados.

–Es lamentable este ambiente de impunidad, acá los violadores de derechos humanos no son castigados, sabemos que la Fiscalía está en manos de quienes ordenan violar los derechos, por eso no hacen nada –denunció públicamente el defensor de derechos humanos del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Wilfredo Méndez.

El analista político Ricardo Salgado considera que tener el Ministerio Público en manos de alguien de confianza permite eso, tener control de las investigaciones, es decir, violentar derechos sin preocuparse por ser investigado y judicializar a quienes en el mapa político puedan ser incluso posibles obstáculos.

El gobierno de Estados Unidos, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y el propio gobierno, apuestan por el modelo actual y cómo se ha venido manejando el Ministerio Público. Esta semana en un evento desarrollado en Tegucigalpa en la inauguración de un auditorio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se calificó  de positivo el papel del fiscal actual Oscar Fernando Chinchilla en su lucha contra la corrupción e impunidad.

Chinchilla se ha mostrado como alguien ejemplar que ha iniciado el rescate de la Fiscalía, aunque para los sectores de sociedad civil que no pertenecen a las estructuras oficiales, Chinchilla ha sido  personaje de entera confianza de Hernández, por lo tanto, su continuidad sería respaldar el camino de impunidad en casos que tocan a su gobierno.

Perfiles y candidaturas 

Además de los dos abogados que actualmente entregaron documentos a la Junta de Proponentes, también se manejan muchos nombres. Fuentes ligadas a la sociedad civil y al partido de gobierno aseguran que la reelección de Chinchilla sigue siendo la apuesta oficial, y que en su momento se hará la presentación de su candidatura.

Pero además se manejan otros nombres como opciones alternativas, entre ellos, Vilma Morales, integrante de la comisión de Depuración de la Policía Nacional, Ethel Deras, asesora y comisionada de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, María Antonia Navarro, exembajadora de Honduras en Chile, Nora Urbina, quien formó parte del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y la directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.

El proceso que sigue la Junta de Proponentes ha sido criticado por un sector de sociedad civil que se aglutina en la Coalición contra la Impunidad, quienes han creado una estrategia para enfrentar esta elección.

–El paso más importante es conjuntarnos, articularnos y trabajar en una estrategia de incidencia, que consiste en observación del proceso, señalamiento de irregularidades, impulsar acciones legales para que el proceso funcione, y luego el cabildeo con actores nacionales e internacionales. Hay muy poca confianza y credibilidad en los colegas en este proceso, y no solo es en este proceso, sino en todos los que han habido, porque finalmente el sector político, el sector ligado al poder elige a quien quiere- dijo Guillermo López Lone, de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) que forma parte la Coalición.

El exfiscal –el primero que tuvo Honduras después de la época militar– Edmundo Orellana, también habló del actual proceso y pronosticó la elección de una persona de extrema confianza del presidente, y que el Congreso Nacional elegirá como lo ha hecho todos los años; es decir, bajo la influencia política.

Por su parte el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, dijo que ellos están en la obligación de intentar colaborar para la elección de un fiscal independiente y autónomo.

El coordinador de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández cree que se ha hecho la parte previa, pero no se ha acreditado la mayor participación de postulantes, por la falta de confianza que tiene la gente en el proceso.

–Tiene que valorarse mucho los antecedentes de las personas a elegir, y que se haga el balance para saber si está despolitizado y si tiene la capacidad para dirigir al Ministerio Público, manifestó  Fernández.

El CNA ha denunciado diversas redes de corrupción a lo interno del Estado, esta entidad ha criticado el papel del Ministerio Público por no investigar las denuncias presentadas. Esta semana denunció la operación de 5 redes de corrupción dentro de la Secretaría de Salud en la que participan al menos 700 personas que se distribuyen el negocio de insumos para hospitales de manera fraudulenta.

–Acá hay algo claro, el Ministerio Público es toral para el gobierno, es innegociable, por lo tanto ahí se ubicará a una persona de confianza del presidente- Dijo el analista Raúl Pineda, ex diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional.

Junta cuestionada

–Mire, yo no creo que la cosa sea distinta, no hay esperanzas que tenga un giro,  es decir, probablemente ubicarán a alguien que represente sus intereses. Calificó sobre la composición de la Junta de Proponentes, el ex director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Eduardo Facussé.

Para Facussé, este proceso de selección será igual que los anteriores, con una junta que validará una elección con tintes de direcciones políticas del partido de gobierno.

Cada cinco años se elige un fiscal en Honduras, siempre la Junta de Proponentes es la encargada de dirigir el proceso, y la misma Junta selecciona dentro de su total de candidatos a perfiles que representan a los intereses de los partidos en el poder para que el Congreso Nacional tome la decisión.

Por ejemplo, el actual fiscal Oscar Chinchilla antes de ser electo, fungió como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la sala de lo constitucional, plataforma en la que demostró su apoyo a Juan Orlando Hernández, quien al ser presidente del Congreso Nacional, destituyó a los magistrados de esa Sala a excepción de Chinchilla para de esa forma facilitar su camino hacia la reelección.

Los integrantes de la Junta creen todo lo contrario y afirman que desde las instituciones que representan harán lo posible para presionar por la elección de un fiscal independiente de grupos políticos.

Wilfredo Castellanos, representante del CONADEH en la zona norte dijo que desde su institución buscarán nominar a candidatos que estén interesados por hacer justicia no por personas que busquen proteger delincuentes.

Omar Rivera, de sociedad civil, cree que avances como la creación del reglamento garantizan transparencia, pero que el Congreso Nacional debe encargarse de tomar una buena decisión.

Para elegir al Fiscal General y Adjunto se necesita mayoría calificada, si en el pleno del Congreso Nacional no hay acuerdo, el procedimiento parlamentario indica que el fiscal debe continuar en el cargo hasta que haya la cantidad de votos necesaria, significa que de los cinco candidatos presentados por la Junta debe salir sí o sí el nuevo Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.

Los candidatos propuestos y auto propuestos deben llenar tres formularios que serán utilizados para la correspondiente ponderación de los aspectos a evaluar. Uno de los formularios será para la evaluación de cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos, otro para la matriz de evaluación curricular y el tercero para los criterios de evaluación y puntaje que resultará de las audiencias públicas que serán realizadas para consultar a los candidatos sobre distintos temas y sobre el papel que pretenden realizar en el Ministerio Público.

El Presidente, Rolando Argueta Pérez, como timonel de la Junta Proponente, informó que se recibieron solicitudes de diferentes instituciones para participar como veedores en el proceso de Selección de parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (Fosdeh), de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes y sus Derechos (Coiproden) y de la Coalición de estudiantes anticorrupción.

Según el artículo 19 de la Ley del Ministerio Público el fiscal electo debe reunir los siguientes requisitos: 1. Ser hondureño por nacimiento, mayor de treinta y cinco años de edad y Abogado, colegiado con diez años de ejercicio en la judicatura, en la profesión o en la docencia de educación superior en las ciencias jurídicas; 2. Ser de reconocida solvencia moral; 3. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esta misma normativa prohíbe a diputados, funcionarios afines a partidos políticos e integrantes de los mismos en los últimos tres años.

En este caso la elección empezará a discutirse en el Congreso Nacional a finales de agosto e inicios de septiembre, la que por ahora pasa por su primera etapa, una etapa que a la larga será crucial para la decisión que el Congreso Nacional deberá tomar en septiembre.

 

Foto: Martín Cálix

Tras 4 meses de la crisis política postelectoral, el foco de atención se ha puesto en las discusiones en medios de comunicación y Twitter que han tenido miembros de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, sobre todo sus líderes Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla, discusiones que parecen materializar una fractura irreparable en una alianza que pareció coyuntural para las elecciones de 2017 y que solo puede sobrevivir pensando en procesos electorales.

Nasralla ha insinuado que creará su propio partido político y ahora ha pedido la presencia de Julio Larios, su asesor político, que miembros del partido LIBRE han catalogado como empleado del Partido Nacional en las reuniones del Concejo de la Alianza. Pero sin entrar en detalles de la discusión-que de esos ya hemos visto en todos los demás medios y en tuits- es notable que esta situación repercute en la convocatoria de lo que la misma Alianza llamó “insurrección permanente”.


Álvaro Morales, militante del partido LIBRE, joven que ha participado en protestas contra fraude electoral desde las elecciones de 2013, asegura que este “show político” parece copiado de la práctica histórica del bipartidismo y que solo abona a la confusión de la población en general que en este momento ya no muestra su indignación como antes.

“En el movimiento post electoral se vio una gran cantidad de personas en la calles, en el golpe de estado se vio también y lo hemos desaprovechado. Hablamos de una postura combatiente, la gente salió a las calles; se dieron actos coyunturales como el cacerolazo pero vacío de propuestas, la verdadera posición de organizar a la población no existió. La Alianza de Oposición como los partidos que integran no lograron pensar en formación política para las bases, si se hubiera pensado así habría acciones más sistemáticas pero ahora solo se reacciona a la convocatoria de los líderes de la oposición” y esos líderes están confrontados. Alvaro es un joven con muchos rostros, no es el analista de las 9pm en el primetime, pero representa a miles.

La crisis postelectoral dejó 43 muertes que aún siguen impunes, múltiples violaciones a DDHH y más de 20 privados de libertad que en campaña de la oposición son llamados “presos políticos”. La Asamblea Nacional de la Alianza de Oposición se llamó: Kimberly Dayana, el nombre de la adolescente asesinada en el sector Villanueva durante la primera noche de toque de queda, el 1 de diciembre en Tegucigalpa. Para Morales lo preocupante de toda esta situación es que la vida de estas personas, la libertad perdida y los golpes, parecen no tener el peso mismo que tienen las peleas de la Alianza, y esto abona a que estos atropellos queden silenciados.

“Creo que poco o nada ha importado la vida de los compañeros perdidos, los presos políticos; se ha utilizado su imagen pero nadie sabe el seguimiento a ellos, la gente sufrió golpes, gaseadas, yo tuve varios golpes de parte de la policía nacional y ha valido la pena. Quienes ponen la sangre en estos procesos siempre son los pobres pero debemos saber por qué la ponemos, si va a servir para el desarrollo de la sociedad hondureña o solo estamos reaccionando a los líderes”, agrega.

Foto: Catherine Calderón

“A mi nada me sorprende en política”: Mel Zelaya

Sin duda, el líder político más fuerte de la Alianza de Oposición (conformada por LIBRE, PINU y Salvador Nasralla), es Manuel Zelaya Rosales, a quien aun sus seguidores llaman presidente y a quien siguen cantando la canción “Urge Mel” en las asambleas. Zelaya es un político viejo, antes de ser presidente fue funcionario público desde el gobierno de Carlos Flores Facussé, hace poco más de 20 años. Por eso mismo Zelaya no esconde su audacia política y asegura que “nada le sorprende”, ni el fraude electoral, ni las diferencias ideológicas dentro de la Alianza.

A Zelaya lo entrevistamos el mes pasado y le preguntamos sobre su relación política con Nasralla, quien no tiene la antigüedad ni la experiencia política pero sí la popularidad que un outsider puede generar en una población cansada de la corrupción estatal.

“Salvador Nasralla es un hombre de centro-derecha. Nosotros somos de izquierda. En el gobierno, me ubiqué como centro-izquierda. Me dijeron que era peligroso lo que había hecho y dije: quiten lo de centro. De izquierda son los grupos sociales que protestan contra los que impiden los cambios. Eso es izquierda, protestar contra el que no quiere cambio, el conservador. Es una alianza mística entre la izquierda, que representa Libre, y Salvador, que no es político, que es un presentador deportivo muy bueno, muy popular, y nos asociamos. Y le ganamos las elecciones al bipartidismo. Cien años de bipartidismo quedaron en la lona, derrotados, con su modelo neoliberal, con su modelo capitalista salvaje. La asociación con Salvador resultó pero hubo un grupo que lo mal asesoró diciendo que EEUU lo iba a poner de presidente si me apartaba a mí, si paraba las movilizaciones, un grupo. Yo le expliqué y el rectificó. Pero eso es la asociación con Nasralla, una asociación política, coyuntural, para ese proceso electoral”, dijo claramente Zelaya en aquel momento.

Nasralla ha acusado a Zelaya de tomar decisiones unilaterales, de no consultar con el resto de la Alianza y de emitir comunicados llamando a la gente a las calles sin dar conocer la estrategia clara de estas movilizaciones. Zelaya lo acusó de lo mismo en la crisis postelectoral cuando Nasralla firmó un acuerdo con la OEA que también había firmado Juan Orlando Hernández que daba a torcer las denuncias de la Alianza si la OEA reconocía a uno de los dos como presidente. Pero a Zelaya nada le sorprende, él lo cuenta fresco.

“A nosotros nada nos sorprende. Venimos del exilio, el golpe de Estado, la represión, el asesinato. La gente que ha estado a la par mío  está muerta, casi toda ¿Qué dicen organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Hacen un informe, pero no hacen nada”, asegura.

Un punto de quiebre notable ha sido la participación de la Alianza en el diálogo nacional y la indecisión de Nasralla de entrar al diálogo y luego salirse.

Aunque en el momento de la entrevista Zelaya dijo que no era momento de hablar de las próximas elecciones, esta semana después  de la Asamblea Nacional de la Alianza de Oposición, hasta mencionó que la candidata de la Alianza para las próximas elecciones sería Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla, candidata a diputada sin éxito en las pasadas elecciones.

“Estar hablando de elecciones bajo esta misma plataforma es hablar de otro engaño. No hay campo ahorita para hablar del futuro electoral del país si no hay reformas”, dijo hace un mes; esta semana se contradijo.

Alvaro, de la juventud de LIBRE, acierta en que el discurso de sus líderes es confuso y que son parte de un show político. Las protestas en las calles han bajado y hay miedo, Alvaro cree que en gran parte es culpa de este tipo de discusiones que desconocen el verdadero clamor de la gente.

“Cuando son gaseados los líderes hacen un boom ante los medios de comunicación pero no así las muertes o la gente que está dispuesta a poner sus sangre, a perder su trabajo por este tipo de acciones. Vemos a estas personas ahora en nada, ellos mismos se plantean ¿qué estaba haciendo yo? Es necesaria la construcción de políticas incluyentes para generar nuevas posturas en la Alianza, si no es así solo copiamos vicios del bipartidismo”, finaliza Contreras.

El Partido Liberal y otras figuras políticas que habían estado “devastadas” son las que se alimentan de la crisis de la Alianza, asegura este militante. Las calles cada vez más desoladas y un movimiento que ya no protesta ni por denuncias graves como la de los ex miembros de la MACCIH hablando de un pacto de impunidad entre el mismo Luis Almagro, secretario de la OEA y Juan Orlando Hernández. Un camino de silencio y de breaking news basadas en tuits y peleas públicas de políticos es el que Honduras ha tomado tras la crisis postelectoral.

Foto portada (joven en conferencia de prensa-diciembre 2017) : Martín Cálix

Entrevista a Álvaro Contreras: Fernando Silva

Texto: Alberto Sánchez

Imagen: Carlos Herrera, Confidencial Nicaragua

Escribo estas palabras de noche, en un hotel ubicado en Penonomé, en el centro geográfico de Panamá, a más de mil tres cientos kilómetros de una Nicaragua que dejé en relativa calma y que ahora arde en llamas más intensas que las que calcinaron buena parte de nuestra reserva biológica del Indio Maíz.

¿Qué pasó?

Esa es la pregunta que me han estado haciendo panameños, costarricenses, hondureños y salvadoreños que me acompañan en este segundo encuentro de escritoras y escritores de Literatura Infantil y Juvenil de Centroamérica. Yo he tratado de darles mi mejor respuesta, obligándome a salir del estupor.

Es comprensible que la gente fuera del país no entienda que todas esas personas que están en las calles no llegaron ahí de manera fortuita ni que son el resultado único de una reforma a nuestra cuota de seguridad social y pensiones; Nicaragua, desde el año 2006 ha vivido un proceso de centralización del poder político en manos de una familia que ha monopolizado los medios de comunicación, a la vez que ha cerrado espacios de participación y desarmado la institucionalidad de la policía y el ejército.

Durante doce años, la familia gobernante de Nicaragua ha utilizado a la Juventud Sandinista, grupos de motorizados y a la policía nacional como instrumento represor contra la oposición, organismos de defensa de derechos humanos, medios de comunicación no oficialistas, grupos y movimientos sociales. En el año 2008 comenzó un proceso de bloqueo y agresión a marchas opositoras y manifestaciones juveniles, así como la persecución de organismos no gubernamentales críticos al gobierno y al Movimiento Autónomo de Mujeres. El asesinato en 2011 de campesinos en Somoto a manos de funcionarios políticos del gobierno y policías; el desalojo brutal en 2012 por parte de 150 encapuchados de la alcaldía de Managua de la “champa de la dignidad” de jóvenes opositores; la tortura y abuso sufrido en Nueva Guinea por mujeres que  protestaban por el fraude electoral a manos de la policía en 2012; el desalojo brutal del plantón de #OcupaInss de jóvenes que apoyaban a un grupo de adultos mayores que protestaban por reducción de pensiones en 2013; estos y muchos más son antecedentes directos de lo que se vive hoy en mi país.

La llama más inmediata inició junto al incendio de la reserva Indio Maíz el martes 3 de abril. El incendio, iniciado aparentemente por la quema agrícola de un colono ilegal en la reserva, produjo la pérdida de más de cinco mil hectáreas de bosque y la indignación de un grupo de jóvenes de la Universidad Centroamericana que empezaron a convocar a plantones y marchas. Estaban indignados por la ineficiencia del gobierno, que tardó tres días en hacerse presente en la zona y que además, rechazó la ayuda de cuarenta bomberos forestales de Costa Rica e impidió el acceso a la zona a activistas y medios independientes. Chavalos y chavalas se auto convocaron, rechazaron públicamente cualquier afiliación partidaria y se mantuvieron firmes al ser enfrentados por antimotines y marchas convocadas y financiadas por el gobierno.

El incendio terminó por extinguirse, entre las labores de comunitarios, un helicóptero prestado por México y la lluvia que finalmente llegó. Sin embargo, los chavalos y chavalas siguieron con sus convocatorias. El #SOSIndioMaíz seguía como una manera de hacer patente la necesidad de hacer consciencia sobre el desastre ambiental y todas las otras quemas que estaban sucediendo en otras partes del país…

Y entonces el gobierno anunció la reforma del INSS.

Nuestro sistema de seguridad social, quebrado por la ineficacia y corrupción de todos los gobiernos, incluido el actual, más una inversión progresiva de la pirámide poblacional, necesitaba reformas y el gobierno decidió hacerlas sin consultas de ninguna especie y sin pasar por la asamblea. El lunes 16 de abril, Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunció los cambios: disminución del 5 por ciento de las pensiones, elevar los montos de las cotizaciones de forma progresiva, lo que implica un mayor aporte por parte de las empresas (de 19 a 22,5 por ciento) con respecto a los trabajadores (6,25 a 7 por ciento).

A partir de ese momento lo chavalos y chavalas de la UCA ya no estuvieron solos. Al #SOSINSS se sumaron estudiantes de la UPOLI, de la UNI, barrios populares y de clase media de Managua, gente en Estelí, en Granada, en León, en Masaya. Sin organización partidaria, sin líderes designados, sin planificación o estrategia premeditada.

Hoy, después de contarle cuentos a un grupo de cuarto grado de una pequeña escuela de Penonomé, me quedé helado mirando lo impensable: el video de uno de los árboles gigantes de metal instalados en Managua –ícono de la familia gobernante- derribado por manifestantes; y después miré otro video y otro…

En este momento, a más de mil tres cientos kilómetros de donde me encuentro, se contabilizan más de cinco muertos, chavalos y chavalas desaparecidas, la alcaldía de Granada quemada, la estación policial de un barrio de Managua destruida, mientras la población espera una aparición televisiva de Daniel Ortega, anunciada por su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo. Aparición que parece motivada por la marcha convocada para el próximo lunes por el Consejo Superior de la Empresa Privada.

¿Qué pasó?

Doce años de represión y corrupción, eso pasó.

¿Qué pasará?

Quisiera pensar que lograremos cerrar tantas heridas abiertas entre nosotros; que lograremos salir de estos ciclos de violencia política que han marcado nuestra historia; que lograremos convertirnos en una sociedad que deje de asesinar a sus mujeres, que deje de manipular y censurar a su juventud, una sociedad que escuche la voz de campesinos, campesinas e indígenas y afrodescendientes; un país que nunca más endiose a ningún líder o dirigente.

Pero ahora sé que eso está más allá de la utopía, en un horizonte teñido ahora por el humo y las balas, lleno de desconfianza sobre las futuras negociaciones y mucho odio hacia los represores y las instituciones que ellos corrompieron.

Me quedo con el valor, el coraje y el amor de tanto chavalo y chavala que están a esta hora en las calles, soñando con una revolución en abril.

 

 

Alberto Sánchez Argüello

Penonomé 21 de abril 2018

A 90 días de haber iniciado el año, Honduras ya registraba alrededor de 50 femicidios y abría trimestre con el informe del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que registraba 3,196 niñas y mujeres agredidas sexualmente. La realidad de violencia para las mujeres hondureñas parece ser una ruleta rusa, esta vez le tocó a una universitaria de 17 años que fue violada dentro del campus en San Pedro Sula.

Hace unas semanas diferentes espacios del país amanecían empapelados con la imagen de una mirada de mujer, que llevaba por título “Yo no quiero ser violada” ubicando diferentes lugares en donde las mujeres no quieren ser víctimas de abuso sexual, entre esos lugares estaba la universidad, un lugar seguro en el imaginario de muchos.

La campaña parecía anteceder lo que viviría la joven de 17 años, que recién había iniciado sus clases y había migrado desde Santa Bárbara para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. La joven estudiante fue privada de su libertad por cuatro hombres, quienes además le agredieron sexualmente dentro de uno de los baños de la Universidad justo en el inicio de uno de sus días normales de clases.

Al inicio hubo mucha confusión con respecto a lo sucedido, pero a medida que pasó la semana, se confirmó que aquellos audios que empezaron a circular por whatsapp, eran ciertos. Que en efecto el incidente se había suscitado en la UNAH-VS y que la denuncia había sido interpuesta en el Ministerio Público. En las redes sociales se podían leer diversos pronunciamientos por parte de los movimientos estudiantiles mientras que la universidad negaba mediante un comunicado oficial lo sucedido y enunciaba en uno de sus apartados: “Se descarta y desmiente que se haya consumado algún tipo de privación de libertad por parte de antisociales dentro de nuestras instalaciones”. El dictamen del médico forense decía lo contrario.

Ante esta postura, algunos movimientos estudiantiles comenzaron a publicar y circular por diferentes medios su repudio a la respuesta oficial de la UNAH. Grupos estudiantiles comenzaron a anunciar protestas y toma de instalaciones.

“Me parece hipócrita y de doble moral que ahora vengan a tomar este incidente como excusa, para tomarse las instalaciones, cuando el acoso sexual, psicológico y emocional que recibimos dentro de los movimientos no es abordado de la mejor manera,” expresó Karol Bobadilla estudiante de la UNAH-VS y ex dirigente estudiantil.

Para ella lo sucedido en la universidad es solo la muestra de lo que sucede en el país. “Acá pasa (la violencia de género) con el catedrático, con el compañero, el guardia y bueno, todo el ambiente en sí en el que todo gira en culparnos. Por ejemplo, en clases como Medicina Forense, cuando nos explican qué debemos tomar en cuenta al revisar un cuerpo, el catedrático nos dice que preguntemos y nos fijemos qué tipo de ropa llevaba la mujer que fue violada, porque pudo haber sido por llevar ropa provocadora”, comenta Karol, quien en diferentes espacios ha alzado la voz, ante afirmaciones que culpabilizan a la mujer de lo que les pasa.

Según un reportaje de Distintas Latitudes sobre los protocolos de atención a denuncias de acoso sexual en Latinoamérica, la UNAH es de las pocas universidades que informa tener un protocolo, sin embargo en el portal web no hay información actualizada sobre el mismo y el mecanismo más conocido de denuncia es el Comisionado Universitario, órgano unipersonal de la universidad establecido para velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio. Este órgano no ha actualizado sus informes en la plataforma digital desde 2015 y hasta ese momento se registraban 74 denuncias de acoso a nivel nacional.

Contracorriente solicitó información actualizada y declaraciones oficiales por parte del Comisionado, no obstante, en la oficina de la UNAH-VS nos refirieron a la oficina principal en Tegucigalpa en donde no obtuvimos respuesta. Sin información también puede ser complejo para una estudiante interponer una denuncia de este tipo.

La misma universidad, a través de un comunicado acepta que ya se habían dado violaciones sexuales dentro de sus instalaciones, en 2009 específicamente menciona un comunicado difundido a través de redes sociales para informar de las nuevas medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta. El caso de esta semana ha servido para hablar de seguridad aunque lo difundido se aleje de crear soluciones reales.

UNAH VS. Foto: Sandre Ruiz

Para Karol, estas medidas también les ponen en peligro porque algunas personas deben caminar mucho para llegar al portón principal en el que seguramente serán recibidas con un “pase mami” del guardia y cree que estas medidas solo quieren tapar un agujero y no son propuestas integrales que realmente den respuesta a lo que se vive en el centro de estudio.

El abordaje del acoso y violaciones sexuales que enfrentan las mujeres universitarias no solo pone en duda los protocolos de atención y seguridad de la UNAH a través del Comisionado Universitario, también lo hace con los mismos movimientos estudiantiles, en donde Karol militaba anteriormente y en el que procuraba ser la voz que visibilizara la agenda de mujeres que, según ella, siempre es pospuesta por las autoridades y los dirigentes estudiantiles que en su mayoría son hombres.

Si bien, Karol habla desde la generalidad, lo hace también desde su experiencia de ser una mujer acosada y amenazada por no quedarse callada ante el acoso y hostigamiento por parte de un compañero de lucha, al cual ella denunció en la organización estudiantil en la que le dijeron que no podían hacer nada.

Yo estaba en uno de los núcleos del Movimiento Amplio de la Dignidad, quienes estaban representados acá en la universidad por una organización estudiantil, creo que ya no funciona y el Movimiento desconoció este núcleo luego del incidente porque al final no quisieron ser parte de la solución del problema.

Mientras ella luchaba por ser escuchada en el movimiento estudiantil de la UNAH, los días iban pasando como también sus energías al ver que la organización a la que pertenecía ni la plataforma del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) realizó una acción puntual y congruente ante su denuncia.

-Ahora con lo sucedido con la joven que fue violada, el movimiento estudiantil ha dicho que se tomarán las instalaciones, cuando en realidad nunca les ha importado la agenda de las mujeres, siempre se escuchan frases como “ahorita no es prioridad” “¡Ay! ahí vienen otra vez las feministas con lo mismo” o el famoso “espérense, luego vamos a luchar por eso”, pareciera que solo usan máscaras, que van cambiando según su conveniencia.

A Karol esto le toca fibras íntimas, no solo porque sigue luchando por sus derechos, Karol también perdió a una amiga por la violencia. Lucy murió en brazos de su madre herida tras un asalto en el bus donde se transportaban desde Santa Bárbara hacia San Pedro Sula el día en que realizaría su examen de admisión a la universidad.

“Muchas de mis compañeras o muchachas de donde soy deciden quedarse en el pueblo para no exponerse a la violencia a la que una se expone acá en San Pedro Sula, mientras las autoridades no brindan estrategias puntuales para abordar el problema”, agrega.

Actualmente se registran 115 homicidios de estudiantes universitarios entre el 2010 al 2018 según el Boletín Especial Sobre Homicidios de Estudiantes Universitarios generado por la OVN, de los cuales 26 son de la UNAH-VS. Esa violencia se ensaña en el cuerpo de las mujeres que después de ser violentado también es usado en discursos que no promueven una salida real al problema.

Era un lunes por la tarde, iba al sorteo de una exposición importante de mi clase favorita; un día nublado, fresco, pero sobre todo gris, se sentía extraño. No había muchas personas en la Universidad y quizás por esta razón había silencio.

No fue hasta el día siguiente por la mañana en la que compañeras de organización alertaron del rumor de una supuesta violación en nuestra Universidad. Cada una inició una investigación propia para así poder confirmar la noticia, creo que por dentro todas deseábamos que esto fuera mentira, no obstante, la noticia se confirmó. El lunes 16 de abril de 2018, una estudiante de primer ingreso fue sometida, ultrajada, violada por dos hombres en el segundo piso del Edificio 2 de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El tiempo se detuvo.

La Universidad para muchas es uno de los lugares más seguros, claro, cuando evitas a los catedráticos acosadores, a los compañeros a los que friendzoneaste o cuando no caminás por el parqueo sola en la noche. Podías utilizar tu teléfono y el miedo de ser asaltada no es tan grande, podías buscar un aula sola para poder estudiar o una de las bancas en el área verde donde no hace tanto calor y la sombra de los árboles predomina, podías ir al baño sin compañía.

Luego de lo sucedido el lunes no pude evitar tener miedo y mis temores empeoraron cuando leí el comunicado oficial de las autoridades, alegando que la violación solo era un rumor falso. ¿Cuántas personas se expondrían ese día y seguirían su rutina diaria sin ningún tipo de alerta? Según la Universidad nada había sucedido, según ellos el campus seguía siendo un lugar seguro. La víctima fue revictimizada por las palabras irresponsables emitidas en ese comunicado.  Más tarde ese mismo día, los medios de comunicación confirmaron nuevamente la noticia haciendo referencia a la denuncia por violación interpuesta ante el Ministerio Público. Las autoridades no pudieron ocultar la verdad inminente que vagaba en cada persona que asiste a la UNAH.

Llamé a un amigo para que pasara por mí y fuera a dejarme a la entrada de mi clase, cuando llegué a la Universidad, todo seguía igual, las autoridades no implementaron ningún mecanismo de seguridad, tontamente imprimí mi forma 03 pensando que mínimamente sería un requisito para entrar a los predios del campus, no fue así. Las autoridades emitieron un comunicado pidiendo disculpas a la víctima y alegando que harían todo lo posible por contribuir en la investigación y en aumentar la seguridad para sus estudiantes, pero no es suficiente.

Ha pasado una semana desde la violación de una compañera y nada ha cambiado, las autoridades atribuyen este acto a personas ajenas a la Universidad, pero todos y todas sabemos que pudo ser un catedrático, un alumno, un guardia, un aseador, un vendedor, no necesariamente una persona que nada tiene que ver con el campus. No me siento segura, tengo miedo, aún si pidiesen la forma 03 en la entrada, aún si solo habilitan un portón para salir o para entrar, aún si ponen más guardias de seguridad. Porque nuestra realidad como mujeres solo empezará a cambiar hasta que se nos considere humanas.

 

Foto: Sandre Ruiz

De una u otra forma, en los últimos días, si has estado conectado, leyendo los periódicos o las redes, te has enterado que Facebook ha dado un sorpresón. Nada más y nada menos esta empresa ha estado usando la información que subimos para crearnos perfiles con los cuáles nos envía información para convencernos de esto o lo otro: que si ahora cómprate esos jeans que realzan tus glúteos, que si ahora vota a Trump como presidente de los Estados Unidos, que si ahora renueva por enésima vez tu celular y endeuda tu vida un poco más para enlucir un poco la miseria en la que nos hemos acostumbrado vivir…

¡Vamos! que se ha armado la de Dios es Cristo porque quién iba a pensar que Facebook podría estar detrás de tamaña posibilidad siendo una red que registra cada leve movimiento que hacemos, pero a quien además, cedemos con total parsimonia y benevolencia las gracias y virtudes que realizamos cada día. Es sin duda un hecho por el cual debemos echarnos las manos a la cabeza y gritar: ¡Así no Facebook!

Mark, habíamos hecho un trato: yo te daba toda mi información, te cedía mis fotografías, te permitía conocer mis gustos, mis debilidades, mi situación sentimental, mis problemas de escritura, mis necesidades materiales y espirituales… Y a cambio tú te conformabas con darme publicidad, que curiosamente siempre era algo de lo que había hablado con un amigo en una conversación. No eras sólo el hombro acogedor en la tempestad sino el oído callado que me escuchaba para saber qué necesitaba en cada momento. No importaba que eso que tú me decías que necesitaba fuese siempre algo material, o que, en caso de compartir información que no le gustase a gobiernos y poderosos, tú se la dieses para que pudiesen saber sobre lo que yo decía, hacía y organizaba.

Por todo ello estoy muy sorprendido, porque el trato era que todo eso quedaba entre tú y yo. Y ahora, todos estos medios de comunicación vienen a decirme que al parecer toda esa información que acumulas está sirviendo a multitud de empresas a generar un perfil psicológico que me lleve a votar a uno u otro presidente. Es algo que no acabo de entender: si yo te entrego mi vida desglosada en datos, fotos, momentos, lugares que visito, comidas favoritas y además, te regalo innumerables selfies para que puedas admirar mi belleza apolínea… ¿cómo es posible que esto se nos haya ido de las manos?

 

 

Foto: (CC) Brian Solis, www.briansolis.com and bub.blicio.us.

Texto por: Heidy Alachán

Luna tiene una nariz bien perfilada, ojos negros y grandes, sus pestañas abundantes resaltan la forma particular en la que brillan permanentemente. En su rostro de 23 años sobresale una sonrisa dulce, que en muy pocos momentos desaparece. Han pasado cuatro meses y once días desde su salida del Seguro Social, y Luna es puntual en su cita a las 10 de la mañana de un sábado de abril para contarme cómo sobrevive después del 1 de diciembre de 2017, el día en que un militar le disparó y la dejó con una discapacidad. Su hermana menor la ayuda a moverse, la acompaña a todas partes menos a la sala donde hago la entrevista.

Luna nació en San Pedro Sula, el 13 de octubre de 1994, pero se mudó a Choloma donde vivió hasta los 5 años y luego de varios cambios de domicilio regresaron al sector López Arellano donde vive y ahora sueña con graduarse de la universidad donde estudia.

La mejor parte de mi niñez fue cuando viví en Choloma porque tenía muchos vecinitos y salía a jugar todas las tardes. El colegio pasó igual, sin mayor novedad, estudié mucho y procuré salir bien con todo. En esa época y durante toda mi vida hasta antes del 1 de diciembre, fui una persona muy sensible, débil,  tenía miedo a la vida, no tenía fortaleza, decía que iba a hacer algo, pero al final no lo cumplía, no tuve una niñez tan bonita, sabe, me sucedieron muchas cosas.

Ella trabajaba como asistente contable y en el área de un proyecto, estudiaba licenciatura en relaciones industriales. El 1 de diciembre, su jefe avisó que no trabajarían debido a que las protestas y tomas de carreteras en todo el país se habían salido de control. Me dijo que había sido un día inusual, como ya venían siendo los días posteriores al 26 de noviembre, Honduras literalmente ardía. Llegó a haber alrededor de 100 puntos de tomas de carreteras y caminos en todo el territorio nacional, grupos de personas que exigían el respeto al triunfo de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Represiones, personas heridas y asesinadas, gases lacrimógenos, disparos, detenciones, saqueos y manifestaciones en los tramos carreteros más importantes de todo el país. Ejército, policía militar, FUSINA y policía nacional tenían una sola misión: controlar las protestas.

En la colonia de Luna, la población estaba en una de las calles principales, aun así, en  medio de los enfrentamientos de los manifestantes y el ruido de las armas militares y policiales, ese día, había decidido acostarse y dormir un rato ya que no iría a trabajar.  A las 12:30 pm, una serie de detonaciones muy cerca de su casa hizo que saltara de la cama hacia el patio. Su padre, en afán de ayudar a quienes corrían perseguidos por los militares con disparos y golpes, abrió el portón principal, permitiéndoles entrar para refugiarse.

Cuando ella llegó a la puerta, salió por brevísimos instantes para decirle a su papá que entrara a la casa. En ese mismo momento, inmediatamente después de una detonación, sintió cómo un calambre recorría su pierna y cómo ésta empezaba a desprenderse de su cuerpo. La bala había penetrado su pierna izquierda, a la altura del fémur. El dolor era sin precedentes. Los militares afirmaban que no había sangre ni disparos, que no había razón para tanto alboroto, hasta que Luna, levantó su mano llena de sangre para mostrar la pierna herida. Inmediatamente, la subieron a un vehículo para trasladarla a un hospital.

Luna revive esa terrible escena de su vida, allí en la entrevista que le hago. Continúa. De 10 a 15 militares rodearon la zona, impidiendo que ella saliera e indicaron que no la llevaran al Seguro Social, que si lo hacían serían tiroteados y si querían atenderla, debían llevarla a una clínica periférica, privada. Su padre asintió a fin de que abrieran su paso. Uno de los militares se dirigió a su madre, quien pretendía subirse al vehículo, amenazando que si se subía la mataría, ella se detuvo y con voz firme le respondió: “pues me va a tener que matar, porque yo por mi hija, voy a donde sea.”

Llegaron a la clínica periférica, del vehículo a una silla de ruedas, de la silla de ruedas a una camilla mientras la sangre continuaba saliendo en grandes cantidades. Se trataba de un disparo que entró por la pierna izquierda y provocó 3 orificios de salida en la pierna derecha. Luego de 3 bolsas de suero, los médicos dijeron a su madre que corría el riesgo de morir desangrada y debían trasladarla de forma inmediata al Seguro Social si querían salvarla. A partir de ese momento, empezó el infierno.

Médicos en huelga por falta de pagos y exigencia de aumento salarial, mora altísima en la atención a pacientes con citas de varios meses de anterioridad, la decadencia de la institución, el desabastecimiento de medicamentos y sobre todo, la ausencia de verdaderas políticas públicas que garanticen el derecho efectivo a la salud, provocaron que Luna pasara 1 mes y tres días en espera para ser operada.

Durante esos 34 días, su madre, una inspectora de maquila, se mantuvo junto a su camilla las 24 horas, durmiendo en muchas ocasiones en el suelo, incluso en los pasillos del seguro social, haciendo turnos con sus otras dos hijas. Todo ese tiempo, Luna, comió, durmió, habló, lloró, gritó del dolor, hizo sus necesidades, en esa misma camilla. En dos ocasiones, tuvo la certeza de preferir estar muerta. Finalmente, el 3 de enero, exactamente a la 1 de la tarde, entró al quirófano. Fue la tercera de una lista de cien personas esperando por operación.

Me incorporé y la vi con gesto de sorpresa, ella sonrió nuevamente y me dijo: sí, 100 personas.

-Pero mire, logré ser la tercera. Me insertaron platina desde acá hasta acá- dice mientras pasa su mano desde la cadera hasta unos centímetros arriba de la rodilla.

Luna afirma que muchas cosas han cambiado desde entonces.  En enero, su hermana mayor junto a su bebé se fue de “mojada” tras el sueño americano, con el compromiso de enviar dinero para sostener la familia. Su madre, una mujer de 45 años, ha tenido que buscar nuevamente empleo, mientras su hermana menor con 15 años, la ayuda en casi todo, ya que su madre está afuera de casa durante el día.

Sobre quién disparó y las condiciones en las cuales resultó herida, mientras pasaba varias veces la mano sobre su pierna, casi sobándola reiteradamente, me dijo: “no puedo ni ver a los militares, ese día estaban como locos, disparando a todo el mundo, lanzando piedras, golpeando a la gente. Lo que ese hombre ha hecho es una injusticia, ha sido un gran golpe para el pueblo. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún partido político y nunca salí de forma directa a las  manifestaciones, pero el pueblo estaba en su derecho de defender el voto.”

Tomó un sorbo de agua y continuó: A pesar de lo que me pasó, siento que llevo una vida normal, tengo mis metas, mis objetivos trazados, sé lo que quiero y lo voy a cumplir. Para mí esto no es ningún obstáculo, es como un peldaño para seguir adelante y demostrar lo que soy. A pesar de todo lo que pasa en la vida, uno debe demostrar de qué está hecho, si bien es cierto en la vida hay golpes duros, no todo está perdido, voy a cumplir mis sueños, sin importar que sea muy difícil la situación.

Luna es una de las al menos 393 personas que resultaron heridas y lesionadas en las manifestaciones en contra del fraude electoral, varias de ellas con consecuencias irreversibles en su salud. Es también el reflejo de este paisito de tantos amores y dolores

Su sonrisa reafirma que ni todas las balas de las armas policiales y militares, ni toda la avaricia de poder, ni toda la maldad de sectores políticos y económicos al control de estas honduras pueden matar o desaparecer la esperanza que florece en las sonrisas que transitan las calles hondureñas cada día.

 

 

 

*Luna es un nombre ficticio, utilizada en función de proteger la identidad de la víctima.*

 

 

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San Pedro Sula ha sido catalogada como la ciudad más violenta del mundo, y a pesar que en 2017 pasó de ser la tercera ciudad del mundo con más alto índice de homicidios para posicionarse en el lugar número 26, sigue siendo  una “zona caliente”. El sector Rivera Hernández ha sido icónico para argumentar dicha categoría por ser uno de los sectores más violentos de la ciudad en el que se registran más de 5 grupos delictivos que controlan la zona. Pero hay un oasis en esta zona, una comunidad garífuna que llegó a este territorio hostil así como hace 220 años llegó a las costas hondureñas.

Texto: Catherine Calderón

El calor era intenso y en las calles había mucho movimiento, los buses interurbanos llamaban a sus pasajeros y en una de las calles del sector Rivera Hernández parecía que se viajaba al pasado. A lo lejos se escuchaba una voz estridente; era el director José Roberto López, del Centro Básico Padre Claret de la colonia Dr. Alfonzo Lacayo Sánchez, invitando a celebrar al ritmo de los tambores, la llegada del pueblo garífuna a tierras hondureñas, una conmemoración de lo acontecido hace 220 años.

Mientras en las escuelas, los tambores, caracoles y movimientos tradicionales coloreaban la escena, en el Centro Comunitario Juvenil (CCJ) de la colonia, tres mujeres negras debatían sobre cómo las tradiciones se estaban perdiendo y la necesidad urgente de transferir los verdaderos rituales de celebración de la llegada de la comunidad garífuna a Honduras y no seguir replicando lo que estaban presenciando, solo un acto más de folklore sin conexiones más profundas.

La Alfonzo Lacayo, como se le conoce comúnmente, está ubicada en medio de las colonias Llanos de Sula 1 y 2, Seis de Mayo y Asentamientos Humanos ubicadas en el sector Rivera Hernández conocidas por el alto índice de violencia. Hasta hace 3 años Honduras era uno de los países más peligrosos del mundo además de ser uno de los menos recomendados para viajar, según el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial que posiciona a Honduras en el número seis de los países con los índices más altos de violencia y homicidios a turistas.

Es una colonia peculiar no solo porque está rodeada de colonias en donde fácilmente se ven banderas (personas que están vigilando quién entra y sale para informar a la mara o pandilla que controla la zona) sino también porque es la única colonia conformada totalmente por Garífunas. Una colonia Garífuna entre ladinos y grupos criminales.

San Pedro Sula queda muy cerca de la ciudad de Tela, a 93.8 km del mar caribe, donde hace más de 200 años se asentó el pueblo garífuna expulsado de la isla de San Vicente. Ahora en San Pedro existen sectores o pasajes (pequeñas calles) enteros en los que la cultura Garífuna se siente, se saborea al comer casabe y pan de coco horneado artesanalmente en el patio de una casa.

En la megaposta policial del sector Rivera Hernández, en octubre de 2017, la policía informó que se había roto el record en la baja de homicidios en el sector, 26 días sin uno tan solo. La situación de violencia ha dejado de ser tan visible en el sector a pesar de que los barrios siguen controlados por grupos criminales. En esa misma posta policial, una oficial nos asegura que de todo el sector la colonia Alfonso Lacayo es la única que no genera denuncias por violencia. “Lo que sí se da es el escándalo público, porque ellos pasan tocando los tambores hasta altas horas de la noche, pero homicidios y violencia no se dan”, nos explicó en ese entonces.

La discusión de prevención de violencia se da en muchos espacios en el sector Rivera Hernández y es por eso que los vecinos preguntan constantemente a las representantes de la colonia Lacayo por qué pareciera que no hay garífunas involucrados en las bandas criminales del sector.

En Honduras se estima que existen poco más de cincuenta asentamientos garífunas, sin embargo, las estimaciones de la población garífuna de Honduras varían entre 50, 000 y 200,000, repartiéndose entre unos cuarenta pueblos de la costa y las principales ciudades del litoral y del interior. (Agudelo: 2011; Citado por Cuisset Olivier; 2014: 92).

Se ha puesto en duda la identidad garífuna de quienes ya no viven en las playas, de comunidades como la Lacayo que vive en una ciudad ajena a su territorio. Doña Rita, Trifi y Esma, tres mujeres negras lideresas, que constantemente escuchan interrogantes como las que se plantean en reuniones sus vecinos, nunca se inmutan, porque para ellas ingresar a una pandilla o mara no es opción para la comunidad garífuna, no es parte de su cultura.

Ellas consideran que sus saberes ancestrales, aún lejos del mar y en medio del puro polvo, son saberes tan fuertes que su forma de vivir no cambia ni siquiera frente a maras y pandillas. Y aunque pareciera que todo culturalmente está bien dentro de los parámetros de ser un negro migrante en la ciudad, para ellas tres que trabajan en diversos espacios de la para preservar su cultura y seguir trabajando en la prevención de violencia o cultura de paz, han  decidido ahora luego de ese bochornoso día cultural en la Escuela Claret, abrir o más bien aprovechar espacios de organizaciones, que sí tienen los recursos, para preservar su cultura desde el arte y la pedagogía.

Las calles que conforman la Lacayo son desérticas, no hay árboles alrededor y el polvo es amarillo claro, casi blanco, cubre todo. En ese ambiente con el sol en extremo resplandeciente, surgen las clases para ejecutar el tambor, bailar la tradicional danza, confeccionar vestuarios y para hablar el idioma garífuna casi perdido en la ciudad. Las chicas que llegan a las clases visten ropa de moda, su cabello trenzado bajo gorras planas de rapero. Quieren aprender sobre sus raíces porque se identifican más con la cultura negra en Estados Unidos, la que ven en la televisión o el internet, la que trajeron otros muchachos que probaron suerte en el norte después de saltar de la playa a la ciudad en Honduras.

Esma, la maestra, tiene 54 años y da clases de idioma garífuna por las tardes en un salón muy caluroso. En la mañana trabaja en una escuela en la colonia la Unión (otra colonia con altos índices de violencia) enseñando español a aquellos niños y niñas que vienen de las comunidades en el atlántico.

Su día no tiene nada extraordinario, según ella. «Vea que rico es esto, qué bonito es, al que viene de allá se le enseña español y al que es de acá se le enseña garífuna”, dice con una efusiva carcajada Esma, como si la alegría del caribe se hubiera hecho presente con sus recuerdos de infancia.

Cuenta que en su adolescencia no existían centros educativos interculturales como ahora -«Hablar mi idioma no era opción en las aulas de clase, pero como a una le enseñan a cuidar lo suyo, decidí estudiar bien el idioma, empecé a comprar libros, leerlos y practicarlo» – relata esta mujer luchadora, creativa y muy dedicada a su trabajo. Para estar donde ella siempre deseó profesionalmente tuvo que lavar ajeno, vender pan de coco, construir su propia casa y criar a sus hijas prácticamente sola.

De la migración forzada a buscar comunidad

Históricamente la migración ha sido parte de la realidad Garífuna, desde los tiempos pre –coloniales se registran las primeras movilizaciones de estos entre el Atlántico del país y algunas zonas cercanas a las fronteras de Honduras. Con el paso del tiempo, esta migración y desplazamiento forzado ha ido incrementando y la escena de un Basilio Urrutia perseguido, no se ha vuelto a registrar.

Basilio, es el personaje de una de las escenas que el historiador Dario Euraque, logra relatar en su colaboración del libro “Africanos y afromestizos en la historia colonial de Centroamérica” [i]Una historia que cuenta, cómo un hombre negro llegó a la capital de Honduras, en busca de mejores oportunidades laborales en un contexto en el que jamás un ladino y menos citadino capitalino había visto un negro. Lo persiguieron al no saber con exactitud cómo era posible su color de piel. El hecho, según Euraque queda registrado en un relato, titulado “El Negro Basilio”, publicado en una revista de Tegucigalpa en 1965.

Un relato del racismo y violencia a la que se enfrentaba la comunidad Garífuna, un relato que nos lleva y trae, como si fuéramos caminando en círculo para llegar al mismo punto en que actualmente se encuentra la sociedad Garífuna en Honduras. Una comunidad que ha sido expropiada de sus tierras ancestrales, violentada y criminalizada por el Estado de donde solo se le pone importancia cuando se quiere la fotografía “emblemática” para redes sociales o cuando se le ve en fotografías que el Ministerio de Turismo promueve con tanto orgullo.

Un rótulo de Marca País en San Pedro Sula invita a visitar las playas de Honduras con la imagen de un pescador garífuna y anciano. El pueblo garífuna ha sido expropiado de sus tierras y cultura. Actualmente el Estado de Honduras tiene dos sentencias internacionales por la violación a los derechos ancestrales de este pueblo que lleva más de dos siglos viviendo en la costa norte en condiciones de pobreza y falta de acceso a trabajo, educación y salud. Foto: Martín Cálix.

En el año 1989 se adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Declaración de los Pueblos Indígenas de 2007. Estos instrumentos reconocen a los Pueblos Indígenas y a los Afrodescendientes el derecho humano fundamental de la libre determinación, el derecho al territorio, a su cultura, a no ser desplazados y a conservar un estilo de desarrollo que asegure su continuidad histórica. Sin embargo, en diciembre de 2008, el ministro de turismo, Ricardo Martínez Castañeda, escribió una carta a Manuel Zelaya Rosales, entonces presidente, en la que le suplicaba que tomara medidas para expulsar a la comunidad, a quienes describía como «ocupantes ilegales […] que afectan al desarrollo del proyecto y a la inversión».  Dicha carta fue filtrada a la organización inglesa Global Witness y citada en un caso de estudio de la organización, el proyecto al se refería el ministro es Indura Beach & Golf Resort, Curio Collection by Hilton.

Un caso emblemático de despojo en la comunidad garifuna es Barra Vieja en Tela Atlántida, que se ha enfrentado ante el Estado mismo, ya que el propietario indirecto de un 49 % del proyecto Indura, es el Estado de Honduras a través del Instituto Hondureño de Turismo.

En marzo de 2009, Martínez Castañeda también escribía a la Fiscalía General y al ministro de seguridad en un intento por conseguir su apoyo para desalojar a los habitantes de Barra Vieja. Una carta enviada tres meses antes del Golpe de Estado al que José Manuel Zelaya se enfrentaría, un hecho histórico que abriría puertas al despojo y criminalización de las comunidades Garífunas, logrando en 2014 la construcción del Resort e incrementando la siembra de Palma Africana pasando de 69.000 hectáreas a cerca de 150.000 de hectáreas de palma que han sido plantadas en todo el atlántico del país.

Según Doña Rita, que ahora vive en la Lacayo, ha hecho que personas como ella y su familia, migren o se desplacen de sus tierras a la ciudad.  Ella es originaria de Santa Rosa de Aguán, Colón y llegó a San Pedro Sula en busca de nuevos horizontes, en poco tiempo, en palabras de ella “se endamó” e inició una familia en la ciudad.

Actualmente tiene 62 años y lleva 29 viviendo en el sector Rivera Hernández, es una de las fundadoras de la Lacayo. Vive en una casa sencilla de dos cuartos, sala y cocina, con un patio lo suficientemente amplio para su pila y un horno artesanal construido con bloques, lámina y algunos maderos donde hornea pan de coco, hace casabe y a veces pan de camote.

«Empezamos en el 89 gracias a Chombo Sandoval por medio de Julián Palacio, gente que tenía conexiones con ciertos empresarios que no eran garífunas, que se encargaron de comentar a ciertas personas que queríamos una tierra, unas parcelas para garífunas, tierra para nosotros los negros», cuenta.

Rita y otras personas Garífunas que estaban ubicadas en diversas colonias de San Pedro Sula se organizaron y empezaron a reunirse en la Ferretería de Alicia Martínez y Martín su esposo que tenía un salón llamado Yurimi, ahí empezaron a planificar las primeras actividades de recaudación de fondos para construir su casa, mientras las personas que tenían los contactos municipales incidían por la tierra.

Las reuniones fueron dando frutos en un salón negro ubicado en una ferretería de la colonia Dandy, luego estas reuniones fueron rotándose en colonias donde también había garífunas, como en Medina en la Iglesia San José, Barrio Sunseri, Cabañas entre otros espacios, que cada vez se fueron haciendo más pequeños, por la cantidad de personas que llegaban, sin importar la lluvia que a veces caía.

“En ese momento cuando ya estábamos organizados, llegó la Misión Técnica Española, que nos acompañó y dio la base técnica, para que nosotros mismos empezáramos a construir nuestras casas, daban charlas sobre cómo trabajar en equipo y relaciones humanas, para que las cosas funcionaran de la mejor manera…pero bueno …eso siempre es un sueño nada más. Y aunque a partir de ese proceso se logró fundar una cooperativa llamada Cooperativa Mixta Garífuna Limitada, que ayudaría a construir las casas en grupo supuestamente gracias a las charlas de relaciones humanas” dice con un gesto de sarcasmo con el cual puntualiza, que, aunque se construyeron las casas, la cooperativa desapareció porque simplemente eso de las relaciones humanas no era prioridad.

Foto: Sandre Ruiz.

Empezaron la construcción poco después de una reunión en la que la Misión Técnica, había usado como estrategia decir que cobraría 100 lempiras por la construcción de las casas, obviamente ese día la reunión, el salón de la Escuela Claret estaba llena “En ese entonces estaba de alcalde Chombo Sandoval, recuerdo que la escuela la termino  inaugurando Callejas y el que puso el primera piedra para la escuela  fue Jaime Rosenthal, quién ya estaba tirándose de candidato presidencial, la iniciativa de esa escuela, la primera y única por muchos años intercultural, fue obra de las gestiones que profesora Sebastiana Arriola hacia” dice Rita quién además de haber construido su casa, ayudó a limpiar el solar donde se construiría la escuela, que solo era un cuarto inicial, pequeño y caluroso, el primer centro básico de la colonia.

Las primeras personas que llegaron a La Lacayo fueron Doña Rafaela y Doña Eva, ellas construyeron su casa y halaban su agua potable en la Colonia Seis de Mayo hasta que lograron tener en su propia casa.

«Acá no fue invasión, porque la Municipalidad de San Pedro Sula, durante el período de Chombo Sandoval nos ayudó, gracias a que hubo personas que dialogaron por nosotros y decían que los negros queríamos donde vivir.  Es la primera colonia garífuna de Honduras, tenemos una escuela que es PROHECO de la cual soy secretaria en la junta de padres y madres de familia, también formo parte de la Pastoral Garífuna que es liderada por las hermanas de Claret, soy una líderesa, igual que Trifi quien coordina el proyecto del CCJ que es parte del proyecto de USAID y Children International, ahí también soy parte del comité de apoyo», cuenta Rita al referirse a los diversos espacios en los que aprovechan para dar a conocer su cultura.

Según el informe Barreras de acceso al suelo Para Vivienda Social En Honduras en el país existe un déficit de 1,1338,018 de viviendas en el que solo alrededor de 400 mil viviendas son nuevas, el informe que fue realizado por Habitat para la Humanidad en Honduras, también menciona que una de las razones del déficit se debe a que Honduras se encuentra entre los cinco países latinoamericanos con mayor desigualdad social según las bases de datos del Banco Mundial como los informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Foto: Sandre Ruiz.
 

Cuando se juntan las mujeres

Rita, Esma y Trifi son mujeres que se destacan en su comunidad por su liderazgo pero en el sector se destacan por ser mujeres garífunas que tienen arraigadas las tradiciones, que procuran traspasar y compartir con sus descendientes, sean familia de sangre o no.

De fondo se escucha un sorteo que realiza en vivo  HCH y doña Rita explica cómo se va haciendo la yuca y cómo sus hijos ya no viven con ella porque son profesionales independientes, aun cuando ella solo hizo hasta el 6to grado.

-¿ha valido la pena abandonar su tierra?

-Sí, ha valido la pena porque acá siempre habrá mejores oportunidades.

La colonia donde ahora Rita conversa, fue una colonia construida colectivamente desde una visión de una comunidad, que nace, crece y muere en familia. «Le pusimos Alfonso Lacayo por el primer médico garífuna, en honor a él que vino y demostró que nosotros los negros si podíamos ser más de lo que la gente acostumbra a saber. Acá en la comunidad, hay maestras, doctores, enfermeras, artistas y toda aquella ocupación que es beneficiosa para la comuna.»

Y aunque es una comunidad, establecida en medio de colonias peligrosas y en un sector estigmatizado, Doña Rita dice que cuando piensa en eso cree que son una comunidad acostumbrada a aguantar pobreza, una comunidad que fue esclava, que aguanta hambre y que el ser parte de estos grupos delictivos no es una opción. «Y el que se mete a eso de robar y otras cosas, que mejor compre su cajón de una vez, porque así terminan siempre», dice enérgicamente.

Aunque el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) presenta en el boletín No. 48 sobre Mortalidad y Otros, edición enero a diciembre de 2017,  un análisis del comportamiento geográfico de los homicidios que permite observar y conocer que, durante el 2017, la región Norte fue la de mayor reducción con el 33.2%, mantuvo una tendencia elevada en el número de víctimas. El estigma que tienen las colonias ubicadas en el sector, es una marca que difícilmente se quita.

Esma y Rita son dos mujeres de la primera población que se fue estableciendo en aquellos pantanos, con acceso limitado, sin energía y agua potable, ellas dos fueron parte de esa población que se organizó para establecer la primera colonia más extensa de garífunas en la ciudad de San Pedro Sula.

Entre tambores, murales y dibujos con títulos garífunas

«La cultura es algo muy importante, no debemos depender de lenguas ajenas, porque nuestros padres  tienen la nuestra y esa es la que debemos mantener, es algo  que a mí me gusta y me enorgullece también porque me lo inculcaron mis padres, en todos los aspectos tanto dentro de lo espiritual, material y familiar, la cultura es muy importante más cuando se vive en la ciudad donde se dificulta un poco esa transferencia de conocimientos a los niños de ahora, nacidos acá en la ciudad» expresa la profe Esma, mientras continúa en la clase de garífuna.

  • Niñas, por favor pasen a leer lo escrito en la pizarra.

Ha dibujado y escrito las palabras de la lección de esa semana para que aprendan a relacionar los objetos con las palabras. Ella cree que el hecho que estas niñas y niños reciban las clases, es porque los padres y madres de ellas desean que puedan saber más de su cultura, aun cuando quizás ni ellos saben hablarlo bien más si lo entiende.

  • Uma significa sol, maestra.

Se escucha de la niña que acaba de pasar al pizarrón.

Foto: Catherine Calderón.

La multiculturalidad que se ve en la colonia Alfonzo Lacayo es una muestra de cómo la identidad cultural de la comunidad Garífuna es a prueba de balas, violencia, discriminación, urbanidad, como es a prueba del contexto que hasta el día de ahora no les ha podido arrebatar la esencia de una colonia que cada 12 de abril amanece más colorida, más rápida y más bulliciosa que de costumbre  conmemorando que un 12 de abril de 1793, los yurumi llegaron a Honduras en Punta Hisopo, de cómo los más de 5 mil ochocientos negros expulsados de San Vicente que se revelaron a la esclavitud, fueron obligados a naufragar.

Las clases de garífuna y de tambor se vuelven fundamentales para la vida de esta comunidad, que además de abrir espacios como estos en un contexto tan complejo, también rompe esquemas al permitir que mujeres garífunas, específicamente niñas aprendan a tocar el tambor –una práctica que usualmente hacen los hombres.

Y aunque la colonia lleva el nombre del hombre negro, que rompió esquemas, la  brecha educativa en comunidades como esta es latente todavía al no contar con centros educativos donde hayan maestros garífunas en las escuelas aledañas a la Alfonzo Lacayo, es quizás por eso que las clases de Esma o el  Programa Hondureño de Educación Comunitaria ( PROHECO) que ahora se ha convertido en el primer Centro Educativo Multicultural de la zona, siempre cuentan con una gran cantidad de niñas y niños garífunas, aunque los espacios donde reciban sus clases no sean los más idóneos.

CEPAL ha estipulado que dos de las llaves para la reducción de la pobreza, son la educación y el trabajo, no obstante al tener obstáculos como el lenguaje en las escuelas o colegios aledaños no todas cuentan con un 50% de personal garífuna, aunque sí hayan maestras y maestros de la comunidad (a excepción del Centro Educativo Multicultural Dr. Alfonzo Lacayo) por lo que la falta de espacios de participación o representación política, ingresos, empleo y enseñanza de la educación intercultural bilingüe hace que la brecha que el doctor Alfonzo Lacayo, inició a cerrar, siga en construcción.

Foto: Catherine Calderón.


Los esfuerzos que la comunidad hace para que la violencia no se los coma consisten en acciones sutiles, pero de gran impacto según ellas, aunque en la realidad, esas acciones sean fuertes como ellas y tan visibles como sus trajes típicos en la misa del Iglesia Católica.

Mientras doña Rita y sus nietos caminan hacia la misa del domingo, pasan por el campo de fútbol que casi no se usa por ser territorio en disputa entre pandillas. Los tambores no terminan de opacar la música de moda y gritos de alegría al celebrar un chiste seguramente cruel, que se hacían entre ellos los jóvenes de la colonia Lacayo, un espacio casi privilegiado en donde aún se puede sentir esa esencia de barrio, donde los vecinos celebran en conjunto todo, que toman sus cervezas, cocinan juntos y conversan sobre la cotidianidad.

En la iglesia, una misa intercultural, el coro está conformado por garífunas con sus trajes típicos y que, en vez de guitarras, la melodía la hacían los tambores artesanales y el canto de  familias garífunas una misa, en la que el padre hablaba o al menos intentaba cerrar frases en los dos idiomas, una misa que era acompañada de coros en garífuna y en donde las ofrendas eran pan y tableta de coco, que luego eran repartidos por igual a toda la comunidad religiosa asistente.

Puede ser que estas últimas prácticas no sean meramente de la comunidad, pero en la urbanidad conservar sus colores, formas de bailar dentro de la iglesia y cantar al son del tambor es la más grande trasgresión que quizás sin saberlo hacen ante la colonización que sigue expulsando al pueblo garífuna de las costas de Honduras.


Nota de la autora:

Este artículo, se lo dedico a esta comunidad que transgrede todos los días a todas horas, pero en especial al maestro Saul Batiz quién en vida fuera el director PR Centro Educativo Multicultural Dr. Alfonzo Lacayo. A él que siempre con ternura explicaba, acompañaba y enseñaba su cultura y educaba a las y los niños garífunas del lugar.

[i] (el olvido a la memoria: africanos y afromestizos en  la historia   colonial   de Centroamérica / ed. por Rina Cáceres Gómez)

Texto: Vienna Herrera

Fotografías: Whitney Godoy

Frente al Ministerio Público un grupo de personas exigen un alto a la violencia contra las mujeres en Honduras, una joven toma el micrófono y decide hablar. Se trata de Cynthia Izaguirre, hermana menor de Silvia, una de las últimas víctimas de femicidio en el país. –Esto tiene que parar, el dolor de las familias tiene que parar porque hasta que no se vive uno se hace muy indiferente con los asesinatos. Tenemos que hacer algo, nos están quitando la oportunidad de vivir, de luchar y de cumplir nuestros sueños. Mi hermana brilló siempre, lastimosamente no la dejaron seguir brillando–entonces su voz se quiebra y no puede seguir hablando más, se encierra en los abrazos de sus amigas y su padre mientras al fondo la voz de la cantautora hondureña, Karla Lara, se apodera del espacio con la frase precisa: “nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos”. 

Silvia Vanessa Izaguirre tenía 28 y cursaba el último año de medicina, regresaba de vacacionar en el interior del país cuando su transporte fue interrumpido por asaltantes que además de robarle, intentaron violarla. Silvia se opuso y fue asesinada. Este caso generó convocatorias a movilizaciones, plantones, posturas y declaraciones contra la violencia de género desde su expresión más alta: el femicidio.  

Esa madrugada Silva abordó un bus desde Trujillo, departamento de Colón con destino a Tegucigalpa. Era el último viernes de Semana Santa y regresaba de visitar a una compañera que realizaba su servicio médico social en esa zona. Se sentó y le escribió a su padre un mensaje para avisarle que en unas horas estaría en casa, pero no regresó. Los detalles no importan del todo, lo que si queda claro es que a Silvia la asesinaron por ser mujer, por resistirse a la violencia sexual.

Los femicidios en Honduras son una realidad dolorosa, sólo en lo que va de 2018 se contabilizan al menos 90 víctimas, de acuerdo a la Plataforma 25 de Noviembre que agrupa diferentes organizaciones de mujeres.

Lo que le hicieron a Silvia provocó que la gente se movilizara, que la gente en redes sociales se indignara y la cobertura informativa fuese más amplia, “¿por qué no se hizo con la primera del año, o la del año pasado? Sino que tuvimos que esperar a que fuera una médico en servicio social. Si hubiese sido cualquier otra mujer como alguna vendedora de la calle, sería una estadística más” cuestiona Dariela Ramos, su amiga y compañera de carrera durante el comienzo de una movilización frente al Hospital Escuela Universitario (HEU) con dirección al Ministerio Público. En sus manos sostiene un rótulo con la frase “Ni una menos”.

Su caso se hizo polémico debido a que es una muestra de diferentes situaciones de violencia en Honduras, toca el nervio social de la población recordando las desigualdades sociales: la inseguridad en el transporte público, la cantidad de jóvenes que son víctima de violencia y sobre eso, la vulnerabilidad de las mujeres.

En la misma movilización camina una joven con megáfono en la mano gritando consignas cada vez que la música deja de sonar, su nombre es Marcela Arias, una joven feminista que señala que para erradicar casos como el de Silvia se debe colocar el machismo en debate. “Los hombres e incluso algunas mujeres están tan acostumbrados a ejercer micro machismos simplemente porque están en un espacio de impunidad. Siempre está esta cultura machista que el poder busca invisibilizar, las mujeres la sufrimos a diario en cualquier espacio, aunque sean los más democráticos y los más puros que se quieran denominar”. En el fondo se escucha un grito de alguna mujer “Vivas nos queremos”.

La militarización no disminuye la violencia contra las mujeres

Otro tema que apareció sobre la mesa a raíz del asesinato de Silvia es la política militarista del gobierno de Juan Orlando Hernández. En los últimos 4 años ha incrementado en un 64% el presupuesto de Defensa y Seguridad cuyos gastos no se conocen debido a la Ley de Secretividad y Secretos Oficiales, mientras tanto el de Salud y Educación apenas ha subido 13% y 0.48% respectivamente.

La presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Martínez, manifiesta que la única manera de revertir esta situación de violencia en el país que afecta con más fuerza a las mujeres es utilizando verdaderamente el Tasón de Seguridad en políticas públicas en educación y salud que garanticen la vida de las personas “es no tener ese ingreso en el anonimato o secretividad porque les ha permitido utilizarlo para campañas políticas que sólo le sirven a un grupo pequeño de la población, privilegiado y corrupto”.

A Silvia la asesinaron a la luz de los más de 2000 operativos fijos, móviles, terrestres, marítimos y aéreos que realizó la Policía Militar a nivel nacional durante Semana Santa. Rigoberto Izaguirre, padre de Silvia, frente a una barrera policial que colocaron debido al plantón frente al Ministerio Público, cuestiona estas medidas.

“Ahora utilizan el asesinato de mi hija para limpiar esa zona ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no crear un sistema de paz en toda Honduras? En otros países uno camina a cualquier hora con una tranquilidad increíble pero acá no, usted mire lo que pasó…” no puede hablar más, su voz no le sale.

La Dirección Policial de Investigación capturó a Erick Adonys Avila como uno de los sospechosos del crimen contra Silvia. Es un joven trigueño, alto, le cuelga del cuello un rosario, así se muestra en la fotografía de su captura. En Honduras, la impunidad en el femicidio sigue siendo alta, los perpetradores de una u otra forma terminan evadiendo la justicia. Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), el 85% de los casos quedan en la impunidad.

De acuerdo con Dariela Ramos, amiga de Silvia, la situación de desigualdad en el país, a causa de la escasa oportunidad de educación, acceso a la salud y distribución de las riquezas provoca que personas como los asesinos de su amiga, lleguen a tales extremos. “Necesitamos lo básico para que las personas que andan delinquiendo tengan esa oportunidad y no la necesidad de ir a robar, asesinar, secuestrar para tener que llevar el pan de cada día a su casa. Nosotros a diario tenemos que enfrentarnos con los familiares de nuestros pacientes que no tienen dinero ni siquiera para comprar un medicamento y la vida depende de esto” enfatiza y parece que comprendiera a quienes asesinaron a su amiga.

Foto: Whitney Godoy

La cobertura informativa que fomenta la violencia contra las mujeres

En un periódico en su versión digital, aparece dentro de la sección de Sucesos el siguiente titular: “Por amor de una madre ultima a padre e hijo”, se trata de un asesinato perpetrado en la aldea de la Granja municipio de Teupasenti: tres individuos entraron a la casa de Santos Genaro y su hijo, Merlín Obando, y les dispararon a los familiares de una mujer sin nombre “por una disputa pasional”, entre líneas la culpan del asesinato de sus familiares.

Hace un mes, durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, en un canal de televisión popular en el país, el presentador se dirige a la cámara, molesto por expresiones que han utilizado las mujeres para referirse a su medio de comunicación y dice “¿Será que no tienen marido? Porque una mujer con marido pasa haciendo nada, pasa contenta, hasta relajada espera a que le llegue la noche, pero ¿estas viejas no tienen no marido?” al lado lo acompaña una mujer, que aplaude y asiente con la cabeza afirmando cada una de esas palabras.

El machismo y la criminalización de las mujeres víctimas son dos teclas comunes en las salas de redacción del periodismo en Honduras: a las mujeres las asesinan por haber salido muy de noche sin un hombre, por celos, por no estar en casa con sus hijos o por no dejarse violar. A Silvia le escribieron esa historia, la presentaron como heroína por “preferir morir antes que ser violada”.

Roxana Corrales, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, asegura que el asesinato de Silvia es un claro reflejo de cómo los medios abordan el femicidio “ni siquiera explican que la asesinaron por ser mujer, que nuestra condición de género nos expone todavía más. Esa forma de abordar la noticia nos deja como señal de que a las mujeres nos ven como una cosa y que valemos por nuestro cuerpo y nada más” con un suspiro, concluye expresando que ser mujer y ser joven en Honduras es una lucha constante con sentimientos de miedo e indignación.

Cynthia Izaguirre se plantó frente al Ministerio Público y comenzó su discurso: “no sé cómo explicarles el dolor, no hay palabras para decirles lo que se sufre. Mi hermana era mi bello ángel, éramos una a la otra –se le corta la voz de la impotencia y aunque sus amigas le dicen que está bien, que no tiene que seguir hablando, vuelve a tomar el micrófono- ustedes no se imaginan lo que con mi hermana hablamos el sábado que pasamos juntas, teníamos tantas metas, queríamos luchar y brillar”. El femicidio apagó una luz más.

El grisi siknis es una enfermedad conocida por provocar mareos, náuseas; la gente entra en estado de trance, es la enfermedad de la histeria colectiva y de la amnesia, es –dicen– la enfermedad de la catarsis en un contexto de extrema pobreza y desesperanza. La antropóloga Jessica Martínez cree que es una enfermedad más espiritual que física. Es la enfermedad de los miskitos en Nicaragua, es la enfermedad de la que se lee con cierta regularidad en los medios de comunicación nicaragüenses. Pero ésa no es mi historia, no es la historia que escribo, mi historia es otra cosa.

Texto y fotos: Martín Cálix

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–Vos vas a buscar el grisi siknis y no te vas a encontrar ni con el rostro de un fantasma, como si entraras a Comala. –Me afirma Berman Bans, escritor y sacerdote católico, miembro de la orden de los Frayles Menores Capuchinos.

Bans es párroco de la iglesia San Isidro Labrador –fundada hace más de cien años por los capuchinos– en El Rama, departamento del atlántico sur nicaragüense, a 295 kilómetros de Managua; una parroquia de 81 comunidades. Me dice que para llegar a Waspan –lugar donde se ha dado un nuevo episodio de grisi siknis–, en la Moskitia nicaragüense, son al menos dos días de viaje por tierra desde Managua, que no hay contactos allá, sólo un sacerdote diocesano que no contesta el celular, y que no me recomienda ir sin tener una vía segura para llegar.

Waspan es una comunidad ubicada en la frontera con Honduras, lo único que la separa de la Moskitia hondureña es el río Coco, pero para llegar antes se debe llegar al triángulo minero, así se le llama a esa zona entre los municipios de Bonanza, Rosita, y Siuna, esto aún no es territorio miskito. A un lado del triángulo minero, está la reserva Bosawá, la enorme reserva nacional que ahora se ve amenazada por la deforestación y el tráfico ilegal de madera, una parte de ésta es territorio miskito. Para llegar a Waspan también se puede volar en avioneta desde Managua a Bilwi, y desde allí seguir por tierra, el trayecto se acorta.

El grisi siknis es una enfermedad que sólo parece afectar a los miskitos y a nadie más, y aunque no hay informes médicos oficiales de parte del Ministerio de Salud Nicaragüense, en los periódicos locales se habla de «un brote», aunque no haya datos para respaldar lo que parece más un montaje propagandístico: «se han hecho todas las coordinaciones con el gobierno territorial indígena para atender a los afectados», dijo el 17 de febrero de 2018 al periódico local La Prensa, Rosario Murillo, la compañera, la primera dama, la vice presidenta, la esposa del comandante.

En El Rama, los frailes capuchinos se preparan para recibir a los líderes de las comunidades de su parroquia, 81 comunidades en total, para hablar sobre la agenda del año litúrgico y las visitas de los sacerdotes a las comunidades, a muchas de ellas se llega por río y luego hacia arriba en la montaña. Estas comunidades que dependen de la ganadería y la agricultura para el consumo propio, fueron víctimas de la guerra en los años 80s, años en los que la Contrainsurgencia y el ejército sandinista  reclutaban niños para pelear una guerra que se acabaría a principios de los 90s con la llegada de los acuerdos de paz y la caída del Muro de Berlín.

Un fraile capuchino observa la realización de la asamblea anual con los líderes de las 81 comunidades de la Parroquia San Isidro Labrador.

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En Managua, por la noches, tiende a bajar el calor y la ciudad es iluminada por «los árboles de la vida», una adaptación metálica de la obra de 1909 del austríaco Gustav Klimt. El costo aproximado en gasto energético anual sólo en 2014 fue de 20 millones de córdobas (641,643.63 dólares), entonces eran 94, ahora superan los 140 árboles, en un país donde el salario mínimo más bajo ronda los 3,773.82 córdobas mensuales (121.07 dólares) y el más alto ronda los 8,445.44 córdobas mensuales (270.95 dólares), donde el alquiler más incipiente puede rondar los 3 mil córdobas (96.25 dólares). Las cifras de desigualdad social se pueden llegar a manejar en una zona gris, si bien se ha publicado un informe de la CEPAL en 2018 titulado «Nicaragua: evolución de la pobreza multidimensional, 2001-2009», la cifras quedan bastante lejanas del momento actual en el que se encuentra el país, tan lejanas que no nos sirven para entender. Que Nicaragua es un país con el poder de arrojar cifras tan espantosas como el gusto arquitectónico de la Compañera, definitivamente es algo a valorar. En 2016 Nicaragua quedó ubicado en el puesto 124 del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, un informe en el que Nicaragua únicamente aparece mencionada tres veces.

Managua está llena de monumentos, la mayoría es una visión kitsch de un urbanismo tercermundista que ahoga a los más pobres. Por las noches, en Managua, los jóvenes se emborrachan de lunes a domingo entre malos cantantes que interpretan, casi al unísono, «La María» de los simbólicos Mejía Godoy, y borrachos pasean ante la mirada atenta de un Salvador Allende de concreto y un Hugo Chávez metálico y electrificado.

En el resto del país, esa idea de urbanidad y desarrollo de la Managua que apela a la nostalgia y a la reverencia de los símbolos latinoamericanos, parece diluirse, el país parece ser otra cosa: una enorme finca de ganado, excepto las playas de San Juan del Sur que están siempre abiertas para los mochileros extranjeros que vienen a dejar sus dólares por algo de surf y algo para esnifar.

Un niño viaja subido en lo más alto de un camión que transporta ganado desde las comunidades entre Wapí y El Rama centro.

En El Rama –una de esas comunidades rurales– inauguran el proyecto de pavimentación de una carretera de 30 kilómetros que hasta ahora ha dado grandes problemas de comunicación para los pobladores que la usan, recorrerla puede tardar 2 horas y media, y la usan para transportar leche y ganado para el matadero. Hasta aquí llega el General en condición de retiro, Óscar Mojica, en su calidad de Ministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), para dar inicio a la construcción del proyecto. «Vengo en representación de nuestro comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo», dijo luego de cantar el himno nacional con la mirada solemne y firme en la bandera nacional y la del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN).

Para Mojica, esta carretera ayudará al desarrollo económico de las comunidades de El Rama, ayudará a que la leche llegue fresca a la fábrica pasteurizadora, a mejorar las condiciones de transporte del ganado. En su discurso, el General Mojica –emocionado– dijo que gracias a la pavimentación de la carretera que comunica a las comunidades entre Wapí y el casco urbano de El Rama, saldrán los nuevos Daríos de la Nicaragua sandinista del siglo XXI.

En Calderón, una de las aldeas de El Rama, por donde atravesará la carretera pavimentada, vive Roberto. Cuando le pregunté a Roberto qué pensaba sobre la construcción de la carretera pavimentada que conecta a la comunidad de Wapí y el incipiente casco urbano de El Rama me contestó que le parecía tuanis, con el mejor acento del caribe sur nicaragüense. Roberto, de 18 años, es el cuarto de siete hermanos, de un matrimonio que se desintegró cuando él tenía ocho, fue el único que decidió irse con su padre tras la separación, y jamás se arrepintió de haber tomado esa decisión. Desde los 16, Roberto ha deambulado entre las fincas de ganado de El Rama, otras veces en casa de amigos, porque la convivencia con su padre y su nueva compañera se le hizo insoportable. «Pulseó», vivió solo, y vio que podía, por eso se fue de su casa y no volvió más. No tiene mayores pertenencias que su ropa, porque tener pertenencias implica asentarse, y él no tiene claro aún dónde va a vivir la semana próxima.

Lleva una cicatriz en el centro de su cuello, pegado a la clavícula: una vaca recién parida se le abalanzó cuando intentaba acercarle el ternero para que se le pegara a la ubre. Pero a pesar de ello, trabajar con animales es lo que él quiere hacer toda su vida.

–¿Te gustaría tener tu propia finca algún día?

–Claro, pero seguro que nunca voy a poder tenerla.

–¿Por qué?

–Porque los precios de la tierra ahora son muy elevados.

Roberto, de 18 años, ha dejado su trabajo en una de las fincas de ganado para poder engancharse a los trabajos de construcción de la nueva carretera pavimentada.

Roberto se detiene en los pequeños detalles, en explicarme con paciencia cómo es trabajar con el ganado aunque desde mis ojos intente decirle que yo no entiendo mucho de todo aquello que lo apasiona con profunda alegría. Y aunque hace tres días abandonó su trabajo en una de esas fincas para intentar engancharse en los trabajos de construcción de la carretera pavimentada, lo que de verdad le interesa a él es criar ganado, ni siquiera se nota tan entusiasmado cuando me habla del precio en el mercado de un animal para corte o de la leche, como lo hace cuando me habla de qué se necesita para que el ganado tenga las condiciones necesarias para que engorde y sean animales sanos.

Roberto nació en Wilson, y me cuenta que es una comunidad que ahora está invadida por el avance de la palma africana. Según cifras publicadas por el gobierno sandinista en sus portales web «El 19 Digital» y el portal de la Comisión Nacional de Zonas Francas, al menos 6 empresas explotan palma africana en el atlántico sur nicaragüense. Sólo Wapí Industrial –en el noroeste de El Rama, y en operaciones desde 2012– cultiva 6 mil 200 manzanas de palma africana. Le llaman «el oro verde del Caribe nicaragüense».

Plantación de palma africana en la carretera entre Managua y El Rama.

Desde hace tres meses que Roberto vive en Calderón, donde se ha inscrito en la escuela para adultos, porque no sabe leer y escribir, porque nunca su padre se interesó porque él estudiara, porque ahora –me dice– puede hacerlo por su cuenta y optar a mejores condiciones de vida si logra sacar los estudios mínimos.

Quizá Roberto nunca sea uno de esos Daríos con los que parece soñar el Ministro de Transporte e Infraestructura del gobierno sandinista, quizá Roberto ni siquiera se entere nunca quién era Darío, quizá nunca tenga la finca con la que a él se le ponen vidriosos los ojos cuando la sueña entre las palabras fáciles que sostiene con una sonrisa. Quizá Mojica nunca sepa de él.

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–Somos una generación de gente bastante frustrada– asegura María, una joven de 23 años, filósofa por la Universidad de Centro América (UCA), en medio del bullicio de un grupo de extranjeros que balbucean en inglés dentro de un café en Granada.

Para María, los jóvenes de su generación viven con la sensación de que el sistema de gobierno en su país se ha convertido en un monstruo. No se puede protestar, nadie puede tomarse una calle para denunciar las desigualdades con las que se vive en Nicaragua –me dice– porque eventualmente los cordones de seguridad de la policía y el ejército sandinista vendrán para reprimirles y meterles al Chipote, una cárcel antigua de tortura para presos políticos en tiempos de Somoza. En Chipote durante 2012 los sandinistas encarcelaron al movimiento del Ocupa INSS.

El Ocupa INSS fue grupo de estudiantes universitarios que durante tres días apoyaron a las personas mayores que protestaban por la reivindicación de la pensión reducida en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) –personas mayores, de entre 60 u 80 años– fueron violentados el último día por un grupo paramilitar, quienes llegaron a eso de la media noche para intimidar y golpearles, todo esto, narra María, realizado ante la mirada atenta de la Policía Nacional, que lejos de contener a los paramilitares, empujaban a los jóvenes para que fuesen golpeados por ellos. En esta acción les robaron cámaras, un auto, dinero, incluso llegaron a lanzarles ácido. «Algunas jóvenes huyeron asustadas creyendo que serían abusadas sexualmente por los paramilitares», afirma María.

–Los conocemos, sabemos cómo operan, ya los hemos visto en varias manifestaciones. –Dice María, sobre la forma en la que intervienen estos grupos.

En 2015, los paramilitares de los que habla María, vestidos de civil, encapuchados, y portando banderas del FSLN, volvieron a actuar para reprimir una movilización de campesinos que había llegado a Managua, que había llegado sólo después de haber superado a los militares en sus comunidades y a lo largo de la carretera hacia la capital, llegaron para protestar contra la construcción del Canal Interoceánico –que sigue sin construirse–.

Managua ha cambiado mucho desde los días de infancia del capuchino Bans, crecido en los barrios orientales de Managua, barrios donde no es difícil encontrar chicos con pinta de mareros, con tatuajes, rapados y sin camisetas. Barrios donde otros niños, y no estos que juegan a verse rudos, tiraban bombas al ejército de la guardia somocista. En estos barrios orientales de la Managua de la guerra otros niños murieron atrincherados en un enfrentamiento con este mismo ejército: Leonel Rugama, Mauricio Hernández, y Roger Núñez, asesinados el 19 de enero de 1979, tienen un monumento. En ese mismo lugar, en una pared del cementerio de los barrios orientales, hay un mural con el rostro de Rugama.

Berman Bans cree que estos son grupos de choque de las juventudes sandinistas. Según él, fueron los mismos que golpearon y asaltaron a los estudiantes que apoyaban al Ocupa INSS y fueron los mismos que actuaron el 7 de febrero de 2018 para linchar en redes sociales a Valery Moraga, una joven nicaragüense que denunció el acoso sexual sufrido por un CPF –o Cuerpo de Protección Física–, ese guardia que estaba allí para protegerla la acosa, la chica lo graba, y le reclama el acoso, le dice que su trabajo es cuidar y no decir «adiós» con segundas intenciones, sube el video desde su perfil en facebook. Las redes colapsaron, los nicaragüenses la llamaron «Lady Adiós» y luego de burlarse de ella también la amenazaron de muerte, tuvieron ella y su madre que ir a pedir disculpas públicas a un medio de comunicación.

Mientras la anestesia social en internet hacía efecto, la Asamblea Nacional aprobaba tres decretos en los que aumentaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA), eliminaba el subsidio a la energía eléctrica, y reformaba la ley electoral que garantiza impunidad a Roberto Rivas Reyes, Magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuestionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actos de corrupción a principios de noviembre de 2017. Rivas Reyes enfrenta un serio cuestionamiento por sus funciones en el CSE, ha sido incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y sancionado bajo la Ley Global Magnistsky.

«Roberto Rivas debería presentar su renuncia», concluye el editorial del lunes 19 de febrero de 2018 de El Nuevo Diario. En una encuesta de CID Gallup y publicada por El Nuevo Diario se afirma que Rivas Reyes cuenta con un índice de aprobación de apenas el 22%, pero a pesar de ello, el gobierno de Ortega considera que debe continuar en su cargo.

–El sandinismo es una ideología configurada por un grupo de personas que creyeron en un proyecto de nación en algún momento, pienso que de alguna forma, el Frente Sandinista, como tal, como partido está vaciado de contenido –dice María.

María cree que el FSLN ha perdido aquellas premisas con las que surgió, que Daniel Ortega no representa el sandinismo. Ortega –continúa– ha querido absorber lo simbólico del sandinismo. Quizá prueba de ello sea que Managua, lejos de responder a un proyecto arquitectónico de ciudad, es lo más parecido a un museo cursi de la revolución latinoamericana, con estatuas de Sandino, réplicas de su casa y un chico que te cuenta la historia en al menos 15 fotografías por 5 córdobas (0.16 de dólar).

En el bulevar Bólivar ahora «De Bólivar a Chávez» de Managua un monumento electrificado a Hugo Chávez rodeado de más árboles de la vida.

–¿Cómo es vivir como mujer joven en Nicaragua?

–Agotador, frustrante, es horrible. Número uno: acoso callejero, todos los días, a toda hora, en todo momento. El miedo constante de saber que vas de tu trabajo o de la universidad a tu casa en la noche, agarrás la ruta, y probablemente o te acosen o te roben, incluso el miedo a ser abusada, o violentada en las calles. Luego sufrir violencia en tus propios espacios, la familia o con las amistades.

Nicaragua es un país que sólo en 2017 reportó 51 femicidios, según el Observatorio de Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). En dos semanas de mi estadía, dos casos estremecieron al país y pusieron en evidencia la fragilidad en la que viven las mujeres de todas las edades: el primero sucedió en Estelí, una niña violada, torturada, asesinada y mutilada, antes de ser amarrada a piedras con un alambre de púas y lanzada a un pozo de agua, su familia no sabía nada de ella desde el 24 de noviembre. El segundo en el sector VII de Managua, donde al menos dos hombres interceptaron a una adolescente, la sedaron y la violaron para dejarla tirada, desorientada y apuñalada en un costado. Queda claro el odio de algunos hombres nicaragüenses hacia las mujeres, quienes ante la mínima protesta son reprimidas con gases lacrimógenos por parte de la Policía y el Ejército sandinista, y así, una revolución que prometía una Nicaragua libre parece haberse perdido en alguna parte del camino de ascenso que hicieron los Ortega Murillo.

Más allá de entender que Nicaragua es un país violento y gobernado por la familia Pellas –dueños del imperio Flor de Caña– y la familia Ortega Murillo, este país se muere de hambre y su juventud parece estar padeciendo un hundimiento anímico profundo, estos jóvenes –que tanto en las áreas rurales como en las ciudades– no quiere saber de guerras y muerte.

En el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), los femicidios disparan cifras que se convierten en la radiografía de una situación de fragilidad para las mujeres en la región centroamericana. Sólo en Honduras se reportaron –según la CEPAL– 466 femicidios en 2016, seguido de los 371 femicidios reportados en El Salvador, y los 211 femicidios en Guatemala.

Una vendedora de frutas y verduras en el interior del Mercado Oriental de la ciudad de Managua.

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Atorados en el tráfico de Managua, Adán Gozález, un taxista de unos 40 años, me explica –luego de lanzarle, según él, un piropo a una chica que pasó a un costado del auto en la acera frente a la UCA– que sólo en Managua circulan al menos unos 12,665 taxis, todos regulados por el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, IRTRAMMA. Que existen al menos unos 2 mil buses interlocales con sus 8 terminales.

La gasolina regular, la gasolina que usa su taxi, cuesta 30.89 córdobas (0.99 de dólar), y sólo tiene permiso para trabajar en el día, otros lo harán sólo durante la noche.

En mi primer día en Managua, Mario Mairena, otro taxista en el punto de la UCA me llevó a un par de cuadras y por eso le pagué 100 córdobas (3,21 dólares), la estafa hecha, y el cliente despidiéndose feliz sin saber que ha sido estafado hasta el día siguiente. Pero Adán me cobra luego 50 córdobas (1.60 dólares) por un tramo más largo.

Para don José, otro taxista de Managua, el salario mínimo para los nicaragüenses debería rondar los 14 mil córdobas (449.15 dólares), pero no es así. En Nicaragua el salario mínimo más alto apenas supera los 8 mil córdobas (256.66 dólares). Según don José –que ya es un señor mayor– esto es responsabilidad del gobierno de Ortega que ha pactado con las empresas chinas que a cambio de la generación de empleo el gobierno no las regula, entonces las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores parece ser una carretera mejor asfaltada que las que ha construido el MTI por toda Nicaragua.

–Tengo a toda mi familia en Costa Rica.

–¿Y eso por qué?

–Porque se fueron buscando mejores condiciones de vida, allá se paga mejor que acá, allá está mi papa y mi hijo.

–¿Y usted por qué no se fue?

–Porque nos acabábamos de conocer con la mujer.

–Entonces usted se quedó por amor.

–Sí… fue por amor.

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–El éxito y la fortaleza de esta institución radica en el vínculo con la comunidad. –Me dice el Comisionado Mayor de la Policía Nacional nicaragüense en El Rama.

Al Comisionado Mayor Castro me le acerco para pedirle una entrevista, mientras intenta estrechar todas las manos que se le juntan en medio de la inauguración de la nueva carretera entre Wapí y El Rama centro.

Más tarde el Comisionado Mayor dio un discurso a sus subalternos, quienes escuchaban con rostros solemnes, rostros de parecer prestar atención, las bondades del nuevo futuro que la carretera pavimentada traerá a El Rama. Más tarde me recibió, sólo después de que el alcalde de El Rama se negara a darme una entrevista argumentando que necesitaba pedir permiso y que para eso también necesitaba que yo le pasara por escrito las preguntas de la entrevista.  Algunas personas en Managua dicen que ningún funcionario público da entrevistas a un medio extranjero o nacional sin que Rosario Murillo lo sepa y lo autorice.

El Comisionado Mayor Castro comienza diciéndome que en toda Nicaragua el trabajo de la policía es garantizar la seguridad ciudadana de las familias nicaragüenses. Que la policía nicaragüense –dice el Comisionado Mayor– funciona como un sistema único, con un mando único. Dentro de las sub unidades de la Policía Nacional de Nicaragua está la Unidad de Seguridad Pública, la responsable de emitir permisos de operación a los negocios, entre estos negocios, en El Rama, a las cantinas.

Que la policía realiza muchas actividades de salvamento, y simulacros de salvamento, que existe un vínculo estrecho con la población civil. Que la comunidad hace suya a la policía y la policía hace suya a la comunidad. Que gracias a esto en El Rama y en toda Nicaragua se goza de un clima de alta seguridad, Castro, me pinta un panorama hermoso, podría ser ilustrador para las portadas de la Atalaya, si acaso no estuviéramos hablando de la Nicaragua de los 51 femicidios de 2017.

–¿Cuáles son los casos más comunes de violencia que asisten? – Le pregunto.

–La seguridad que se goza en este departamento es altamente positiva, y por eso es muy poco la ocurrencia delictiva. –Me responde, Castro, seguro de sus palabras.

El delito más común en El Rama es el robo de ganado, que ronda las 5 denuncias diarias, y uno que otro caso de agresiones. No especifica qué tipo de agresiones, porque Castro es ambiguo a la hora de responder sobre algo en concreto. En El Rama como en el resto de Nicaragua, asegura Castro, no existen pandillas ni crimen organizado.

Castro se pone esquivo cuando le pregunto dónde estuvo antes de ser asignado a El Rama, y si existe mucha diferencia entre su asignación anterior y ésta. Le pregunto por la cantidad de postas policiales, la cantidad de suboficinas que dependan de su oficina central, y vuelve a enumerar las subunidades: tránsito, seguridad pública, dirección de armas, dirección de drogas, dirección de fuerzas especiales… pero lo corto, le digo que ésas son subunidades, y yo pregunto por las subestaciones, entonces me dice que es una por municipio o comunidad.

Entre el casco urbano de El Rama y Wapí –lugar desde donde se inauguró la construcción de la carretera pavimentada– se observan únicamente dos centros educativos de primaria. Debido a que ninguna otra autoridad me atiende, ni siquiera el alcalde, entonces decido preguntarle al Comisionado Mayor Castro por las declaraciones del Ministro, el General Mojica, de que gracias a esa carretera desde allí saldrán los nuevos Daríos de la Nicaragua del siglo 21. Castro se molesta, dice que no está autorizado a hablar al respecto, que ésas son declaraciones del Ministro, que no opinará.

El Comisionado Mayor Castro, de la Policía Nacional de Nicaragua en El Rama, es saludado por uno de sus subalternos durante un acto de formación en la estación central de la policía de El Rama.

Insisto, me dice que no quiere hablar del tema. Entonces le digo que algunas personas de la comunidad me han dicho que en El Rama existen al menos 56 cantinas oficiales, y a eso habría que sumarles las clandestinas, y una sola biblioteca, qué cómo es eso posible.

–Hacé el stop, ya no te contesto. –Me dice, y entonces apago la grabadora. A partir de este momento hablamos off the record, hablamos para nosotros, y Castro me manifiesta su descontento.

Su rostro cambia, y pasa de ser el policía amable y accesible, que aparenta no tener la necesidad de pedir permiso para hablar con la prensa a ser más un tipo retraído y mal encarado, que ve cada tanto a su teléfono celular, para luego decirme que está confundido, que él creyó que la entrevista era sobre otra cosa. Yo le explico que mi deber es preguntar, se queda callado por un momento. Entonces le digo que él es la única autoridad que ha decidido atenderme, que por eso se lo pregunto, sino a quién. Me pide que me vaya, que ya no hablará más conmigo.

Las cantinas en El Rama, para funcionar deben sacar un permiso de operación, ese permiso lo extiende la unidad de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, es decir, que en El Rama, es Castro quien autoriza esos permisos.

Para el sacerdote Bans, esto genera un enorme peligro, las cantinas no sólo son cantinas, El Rama es un puerto y éstas son además burdeles –me dice–. Pero el párroco dice que no puede llevarme a conocerlas, que eso se vería mal si ven entrar a una cantina al cura de la comunidad con un extranjero, «lo entiendo» le digo, y ambos nos quedamos callados.

Un niño observa mientras los actos de inauguración de la carretera pavimentada en El Rama terminan.

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–¿Alguna vez usted ha ido a ver jugar la selección de beisbol?

–No.

–¿Alguna vez ha ido al cine?

–No, jamás.

En la comunidad de San Marcos de El Rama vive Mario, un obrero de la palma africana para la Wapí Industrial, una empresa que espera invertir –según la Comisión Nacional de Zonas Francas– al menos unos 12 millones de dólares en la construcción de su planta extractora en 2018.  Mario labora aquí desde hace año y medio, gana unos 120 córdobas diarios (3.85 dólares), unos 3 mil 600 córdobas mensuales (115.5 dólares), por sus labores de corte de la fruta de palma africana. Mario jamás ha ido a ver jugar a la selección de beisbol nicaragüense. Mario jamás ha ido al cine, porque una entrada al cine puede llegar a costar 200 córdobas (6.42 dólares), porque en su comunidad las personas como Mario ni siquiera pueden imaginar cómo es un cine ubicado en un centro comercial a muchos kilómetros de su hogar.

Los 3 mil 600 córdobas al mes (115.5 dólares) que gana Mario sólo son posibles si logra llegar a las metas de corte diario que la empresa ha establecido, de lo contrario, lo que gana es otra cosa, completamente distinto, gana lo que haya hecho aunque haya trabajado la jornada completa que comienza a las 4 de la mañana, cada día.

Cuenta Mario que las empresas como Wapí Industrial no tienen regulación laboral, lo que les da carta libre para que paguen a los trabajadores según les parezca mejor. El Grupo E Chamorro invirtió 38 millones de dólares en la primera etapa del proyecto Wapí Industrial y cuando terminé en 2018 la construcción de su planta extractora, que significará 12 millones de dólares adicionales, la inversión del Grupo E Chamorro en su proyecto Wapí Industrial será de 50 millones de dólares.

Si un obrero completa la jornada con niveles de producción dentro de los estándares de la empresa entonces gana el jornal completo, de lo contrario, no. Esto, me dice Mario, se debe a que nadie regula las condiciones contractuales entre trabajadores y empresa.

El acceso a salud es mínimo, su salario es mínimo, lo que sería un eufemismo por querer decir que es poco, escurridizo, sus posibilidades son escasas. Su esposa y sus dos hijas son su familia, en su casa, cada miembro depende de él, por lo que Mario no puede permitirse no cumplir los niveles de producción y afectar el ingreso familiar, no puede incluso permitirse estar enfermo. No puede tantas cosas que ni siquiera se pregunta por ellas, no las cuestiona, no las imagina, no tiene tiempo para pensar en todo lo que no tiene, pero está consciente que lo que gana es nada.

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Berman Bans durante la eucaristía en la iglesia central de El Rama, Bans es el párroco de la Parroquia San Isidro Labrador, una parroquia con 81 comunidades, la más grande de la región del atlántico sur de Nicaragua.

Berman tiene un poco más de dos años de estar en la Parroquia San Isidro Labrador, en este tiempo, una de sus preocupaciones como sacerdote ha sido encontrar aquellos hilos que conduzcan a la sanación espiritual de los feligreses de su parroquia: la sanación de las heridas post guerra.

La post guerra en Nicaragua ha dejado un camino de desolación y pobreza extrema en las áreas rurales como El Rama que no encontró solución ni en los gobiernos liberales ni en los gobiernos sandinistas, Bans atribuye esto a la manera en la que se distribuye la riqueza, a la forma en la que intervienen las transnacionales en el país, sin dudar, cree que esto abona como causas significativas a las condiciones adversas en las que viven las comunidades de su parroquia pero esto también es una generalidad en la que se encuentra sumergida toda Nicaragua. Una Nicaragua entristecida en la que algunos deciden emigrar a Costa Rica, otros, si lograron sacar estudios universitarios, optan por becas de estudio como forma de huir de un territorio deprimido.

–Aquí te quedás un fin de semana y parece un capítulo de The Walking Dead con todos los borrachines que andan en la calle como zombies.

Bans narra su historia y la de su parroquia desde la preocupación, narra desde la observación, en un país que no arroja cifras oficiales claras por ninguna situación, lo que queda es especular. En El Rama se especula sobre la cantidad de cantinas, se especula que funcionan como lugares donde la prostitución tiene luz verde, se especula las razones por las que es tan alarmante el incremento evidente del alcoholismo en las calles. En Managua parece ser igual, se puede ver a simple vista bares y cantinas abarrotados, el bullicio y la desorientación, caminar en una noche calurosa de Managua es caminar también para observar a los jóvenes entre la cerveza y un playlist de la revolución, iluminados sus rostros por los árboles de la vida. En el portal centralamericadata.com una gráfica sobre la importación de bebidas alcohólicas en la región indica que entre los meses de enero y septiembre de 2016 las importaciones nicaragüenses en bebidas alcohólicas fueron de 8,79 millones de dólares, estos datos pueden verse a ligera, insignificantes ante los 50,01 millones de dólares de importaciones guatemaltecas o los 26,10 millones de dólares de importaciones hondureñas. Parece que somos una región que necesita ir a la doble A con urgencia.

–¿Es feliz la gente de tu parroquia?

–Creo que allí hay que ver qué concepto de felicidad tenemos, yo creo que la felicidad no existe en el sentido como que fuera un estado, algo estático, yo no creo en esa felicidad, en eso soy más discípulo de Schopenhauer o Ciorán. No creo en la felicidad que nos ha metido el sistema estandarizado de una especie de golpe emocional. Alguien decía por allí, creo que Herman Hesse, de que la felicidad era una forma de ir caminando, en ese tipo de felicidad sí creo, y si podríamos tomar eso como premisa yo podría decir que mis feligreses son felices en ciertos momentos del camino pero son tremendamente infelices en otro tramo largo del camino.

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Cada año es una oportunidad nueva para que Daniel Ortega se muera, me dice una joven en un bar de Managua. Todos los años ésa es la noticia que los jóvenes esperan sea confirmada, como si Nicaragua haya sido escrita por Rulfo, como si al morir el patriarca nicaragüense se escribiera el final de su historia.

-Crecimos, pero pa’ que otro se aproveche
Somos un pueblo con dientes de leche
Los hijos del trabajo sin merienda
La limonada para el capataz de la hacienda-

Hijos del cañaveral, Residente.

La zafra -esos meses en que hay cosecha de caña de azúcar- pone el cielo más gris, el calor más intenso. En El Progreso, Yoro, La Lima y San Pedro Sula en Cortés, la contaminación que esto genera, los camiones gigantes cargando la caña deteriorando las calles y el movimiento de trabajadores en precarias condiciones es algo a lo que nos hemos acostumbrado.

En Honduras 77,484 hectáreas están cultivadas con caña de azúcar, según la Asociación de Productores de Azucar (APAH). La agroindustria azucarera aporta 25 mil empleos directos y 200 mil indirectos en el contexto del ciclo 2017/18 que tiene como meta cosechar 12.3 millones de quintales para abastecer el mercado interno y la generación de 85 millones de dólares en divisas en concepto de exportaciones.

Un 68 por ciento de la producción nacional se queda en el país y el 32 por ciento restante, se exporta a diferentes mercados, sobre todo al norteamericano y al chino. Allí, estos trabajadores aportan a la economía hondureña, nos abastecen de azúcar y además de energía porque la industria cañera también vende energía renovable al Estado de Honduras.

En el intenso calor del cañaveral, trabajan sin alguna protección muchos hombres, jóvenes y viejos que se ganan el día trabajando desde las 4 de la mañana, sus rostros se esconden en el carbón de la caña quemada.

 

“Si nosotras paramos, para el mundo», es una de las consignas que desde el año 2015 los movimientos de mujeres organizadas han posicionado cada 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esa fue la consigna ayer en las calles de Tegucigalpa.

La propuesta surge del movimiento de mujeres en Argentina e idealmente pretende que todas las mujeres de más de 150 países a nivel mundial “paren” sus acciones y labores cotidianas para trastocar la economía de sus países, para hacer sentir su ausencia. “Es un llamado de atención a estos gobernantes corruptos que nos tienen pobres y muriendo en la violencia” enfatizaba doña María Gregoria Meza, vice presidenta de la Red de Mujeres de La Esperanza, Intibucá, quien desde las 4:00 de la mañana viajó con rumbo a Tegucigalpa junto a unas 30 mujeres indígenas, para participar en una protesta que culminó en la Plaza Central Francisco Morazán en la capital. Una ciudad muy diferente a sus entornos rurales.

En una de las esquinas de esta misma plaza, “Maya” no paró. Maya se levantó temprano ese día, como cualquiera, para ejercer el trabajo sexual.

Esbelta, alta y de piel trigueña, con 36 años de vida, Maya trabaja a tiempo completo como trabajadora sexual desde los 22 años. A Maya le preocupaba no hacer aunque sea los 500 lempiras que en un mal día hace.

«La situación está bien difícil en este país, ya casi va a ser Semana Santa y en esa semana hay poco trabajo. Nosotras no paramos como dicen esas mujeres que vienen en la movilización, tenemos que comer, nosotras no nos podemos dar el lujo de no trabajar un día», dice Maya quien comparte realidad en esa misma plaza con 20 mujeres más, unas prostitutas, otras vendedoras ambulantes. Maya dice que las reglas de la calle son claras y ellas ya no dejan entrar a otra mujer más a trabajar en su zona, les ha costado muchos años y riesgos ganarse el territorio.

Mientras Maya cuenta esto, en la plaza suena la protesta de organizaciones feministas y de mujeres.

“Hoy paramos porque históricamente no nos dejan decidir sobre nuestros cuerpos, porque estos han servido a las organizaciones criminales, a los militares, a los funcionarios y a los religiosos como campos de batalla”, decía Katto Salinas del Colectivo 4 Lunas. En Honduras es asesinada una mujer cada 16 horas y el 90% de los casos quedan en la impunidad, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Se desconoce cuántas mujeres se dedican al comercio informal y al comercio sexual, pero las calles llenas de mujeres trabajando todos los días de forma precaria es la imagen que da rostro a la alta cifra de desempleo que tiene el país.

Liliana Andino una mujer de 51 años, comparte con Maya el espacio, solo que ella vende golosinas en su chiclera. Lleva 30 años en esa rutina, sin parar porque tiene una hija y es madre soltera.

Entre risas, peleas por el espacio compartido con doña Cruz su vecina de venta alrededor del árbol y las pláticas de sus clientes, que en su mayoría son hombres en busca de cigarros; transcurren sus días.

«Yo sé que hoy es el día de la mujer, como el 25 de enero que yo cumplo años, pero no puedo andar en esas marchas y bailes porque tengo que hacer para comer… aunque nos vienen a invitar las muchachas de las organizaciones, uno no puede dejar el trabajo botado» explicó a Contra Corriente Liliana cuando la movilización de mujeres está por terminar frente a la Catedral de Tegucigalpa.

De 3.6 millones de hondureños y hondureñas que componen la Población Económicamente Activa, sólo el 37% son mujeres y casi el doble (63%) son hombres, según datos que maneja el Observatorio del Derecho Humano la Alimentación en Centroamérica. En Honduras hay 2 millones de desempleados, ante esto la opción es el comercio informal. La postal del centro de Tegucigalpa y San Pedro Sula que cada día muestra más personas en las calles en pequeños puestos de miles de artefactos o golosinas para la venta, lo ratifica. El comercio sexual, a pesar de ser ilegal, es también otra opción que cada vez se hace más evidente.

Maya y sus compañeras vieron como las actividades finalizaban desde su banca, ni siquiera de su asiento pueden moverse, porque corren el riesgo de que otra lo tome. “Y si a eso le sumamos las peleas constantes que tenemos con los municipales (policías), sinceramente es imposible parar o moverse a esa marcha que hacen” expresa Maya mientras sigue lamentando que sin duda para ella ese 8 de marzo fue un día igual a los demás.

 

La reelección de Juan Orlando Hernández en la presidencia ha sido acompañada de varios discursos en sus apariciones públicas en este 2018, en el marco de la crisis post electoral hondureña y también en el contexto del ambiente de corrupción que impera en el país.

Hernández ha dicho que su administración ha combatido la corrupción y fundamenta esa afirmación en tres ejes: fortalecimiento institucional, transparencia y alianzas con organismos internacionales.

Contra Corriente se dio a la tarea de comprobar su discurso, consultando informes de organizaciones nacionales e internacionales y también consultando a las fuentes involucradas en este tema.

En nuestro polígrafo le contamos qué tanto ha mentido Hernández en sus discursos públicos en este 2018.

Hacer click en el + para comprobar la frase.

“Nos preocupa la renuncia de Juan Jiménez porque queremos seguir en la ruta de la lucha contra la corrupción e impunidad”

Discutible: El presidente Juan Orlando Hernández expresa cada vez que puede su apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), afirmando que desde su gestión están dispuestos a enfrentar la corrupción en el país.

El punto de discusión se da cuando el discurso no se convierte en realidad, sobre todo al observar los hechos relacionados a las investigaciones que la MACCIH ha realizado en conjunto con el Ministerio Público, específicamente el caso denominado “red de diputados” el que es directamente obstaculizado por las reformas a la Ley de Presupuesto, aprobadas el pasado 20 de enero y que limita el papel investigativo de la MACCIH.

Las reformas a la Ley de Presupuesto, se dieron a través de un proceso polémico en el Congreso, en el que por mayoría simple se aprobó un contenido en particular y al aparecer la reforma en el Diario Oficial La Gaceta tenía otro tipo de contenido adulterado por parte de los promotores (el Partido Nacional), la MACCIH reaccionó ante el procedimiento y lo calificó como un pacto de impunidad, que pretende proteger a varios diputados de las investigaciones relacionadas a uso de fondos estatales para usos personales.

Luego de la reforma, los diputados del Congreso Nacional han pedido la derogación, el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal dijo que están a la espera para que la Junta Directiva del Congreso Nacional dé el trámite correspondiente a la moción.

Villeda asegura que por el momento no ve voluntad para que avance la iniciativa y eso demuestra la falta de voluntad del partido de gobierno para avanzar en materia de investigación y de esa forma abrirle el camino a la MACCIH para que trabaje. Por su parte, Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, dijo que hubo errores de estilo en la publicación de la reforma, por lo tanto presentaron una fe de errata para justificar el cambio.

La reforma a pesar que fue aprobada en el Congreso Nacional tiene directa relación con el presidente Juan Orlando Hernández. La primera hipótesis de la MACCIH en torno al dinero desviado por parte de los diputados fue que sirvió para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en esa hipótesis se manejan sobornos que fueron entregados por el partido de gobierno para favorecer los intereses reeleccionistas de Hernández.

En ese caso de corrupción, según la MACCIH, también está involucrado el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, mano derecha de Hernández en ese poder del Estado.

“Se avanzó de manera importante en el combate a la corrupción, tenemos que seguirlo haciendo”

FALSO: En la actualidad uno de los sectores más críticos a esta afirmación es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), estructura que ha denunciado múltiples casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

A finales de febrero, el CNA presentó un informe en el que menciona varios casos de corrupción que siguen en la impunidad ante la vista y paciencia del Ministerio Público (MP). Entre los casos mencionados se encuentra el del Instituto de Formación Profesional, Tribunal Supremo Electoral, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Secretaría de Salud e incluso el despacho de la primera dama en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

En estos casos se vincula directamente a dirigentes del Partido Nacional, como: Rolando Dubón Bueso, diputado de Santa Bárbara y el diputado más votado de Francisco Morazán, David Chávez. Por ahora el único caso de los mencionados que ya tiene una captura en procedimiento es el de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo. De 67 casos presentados por el CNA, solo diez han sido judicializados.

“Felicito a todo el equipo del fiscal Chinchilla porque se ve en ustedes la voluntad de que el país cambie y mejore”.

Discutible: En términos de voluntad, la afirmación de Hernández es totalmente discutible, en este momento el Ministerio Público es una de las instituciones más ineficientes del país, con un índice de impunidad por arriba del 90% en los crímenes violentos. Asimismo la impunidad es, a criterio de economistas, el primer factor para obstaculizar el desarrollo económico del país, así lo dice el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras.

Asimismo Amnistía Internacional en sus informes oficiales sigue mencionando a Honduras como uno de los países donde la impunidad sobresale en violaciones a derechos humanos, sobre todo en la crisis post electoral que ya deja más de 34 asesinatos políticos, de los cuales ninguno ha sido judicializado.

Un sector de sociedad civil denuncia la falta de voluntad política en el Ministerio Público para investigar los asesinatos políticos, asimismo para brindar resultados sobre las denuncias a violaciones a derechos humanos.

De la misma forma el CNA denunció en su informe de 2018 de casos que continúan en la impunidad, que el MP no ha tenido la voluntad política para judicializar a muchos funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados en actos de corrupción.

En el otro extremo, la MACCIH alaba el papel del MP a pesar de las moras judiciales, y es que la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) que en este momento dictó requerimiento fiscal contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo y también puso en marcha el proceso contra la red de diputados, son factores que generan esta reacción desde la MACCIH.

“Promoví que combatiría la corrupción y la transparencia”

Discutible: Honduras en este momento es un país con límites directos en lo que corresponde a acceso a la información pública y por ende transparencia. La existencia de la Ley de Secretos Oficiales impide que la ciudadanía pida información sobre el manejo de las finanzas estatales, prohibiendo su conocimiento y judicializando su divulgación por ser denominada información de seguridad nacional.

Dos años se cumplen del asesinato de Berta Cáceres. Dos años acompañados de protestas, denuncias e impunidad. Justo este día que se cumplen dos años, las autoridades de investigación hondureñas dieron captura al expresidente de la junta directiva de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), Roberto David Castillo Mejía, quien es considerado como uno de los autores intelectuales del crimen.

La captura se dio en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, cuando Castillo se preparaba para salir del país, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público concretaron la acción.

Castillo es el noveno sospechoso del crimen de Berta, pero sus compañeros, familia y la comunidad internacional piden ir más allá de capturar a los autores materiales.

«Nosotros estamos pidiendo la captura de los miembros de la Junta Directiva de DESA, ellos cuando asesinaron a mi madre tenían a varios funcionarios y ellos eran los encargados de la campaña de odio hacia mi madre»- dijo Olivia Zúniga, horas antes de la captura en un plantón frente al Ministerio Público de Tegucigalpa. Zúniga es ahora diputada en el Congreso Nacional y ha propuesto la «Ley Berta Cáceres» que cancelaría concesiones a empresas de producción hidroeléctrica especialmente el contrato que el Estado sostiene con DESA. La moción es fundamentada en las ilegalidades que tienen estos procesos y que incluso en su momento fue denunciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

El propio Partido Nacional, principal impulsor de proyectos como DESA también reaccionó ante esa iniciativa. Gladys Aurora López, diputada por el departamento de La Paz y una de las principales funcionarias acusadas de tener vínculos con la industria hidroeléctrica, aseguró que ahora toca esperar el procedimiento correspondiente y que en su momento será el pleno el que decida si esto tiene eco o no.

Lea además: Violencia sigue en comunidades después del asesinato de Berta Cáceres

Para este viernes 2 de marzo, el plantón en exigencia por justicia se dio en el Ministerio Público. Luego del plantón en el que participaron aproximadamente unas 400 personas, un grupo de la organización de Cáceres se reunió con las autoridades del Ministerio Público, quienes detallaron los avances en las investigaciones.

El Ministerio Público, en un comunicado, amplió las pruebas que incriminan a Castillo, y es que la ATIC afirma que Castillo fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesados por el asesinato.

A la fecha suman nueve personas detenidas por este caso, entre ellos: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio,  Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

Por su parte DESA reaccionó a través de un comunicado en el que asegura que Castillo es una persona que no está vinculada con el crimen, por lo cual recalcó que harán todas las gestiones legales correspondientes para ponerlo en libertad.

Además manifestó que ellos están comprometidos con la justicia, y que esperan que verdaderamente den con los responsables del crimen, pero que en este caso el señor Castillo es inocente de los cargos que le imputan.

La captura generó reacciones de diversos sectores, uno de ellos, el de los involucrados, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras a través de sus plataformas digitales oficiales, dijo que esta captura se da gracias a la presión de la comunidad internacional y del movimiento popular hondureño.

En ese sentido, exigieron profundizar las investigaciones contra todos los implicados, especialmente los autores intelectuales del crimen.

El proceso judicial contra Castillo sigue su curso, él enfrentará las audiencias en un juzgado de Tegucigalpa, donde se determinará si el imputado se defiende en libertad o en el caso contrario será enviado a prisión preventiva.

Una mujer indígena lenca sostiene una pancarta en la que se exige justicia por el caso de Berta Cáceres durante el plantón realizado en horas de la mañana de hoy 2 de marzo, frente al Ministerio Público, a dos años de la muerte de la ambientalista. Foto: Martín Cálix

Ayer, Rosa Elena Bonilla ex primera dama por ser esposa de Porfirio Lobo Sosa, pasó su primera noche en el Centro de Detención Femenino de Adaptación Social (CEFAS) en la cárcel de Támara, Francisco Morazán. “La caja chica de la dama”, como lo nombró la Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH), es el caso por el cual se le dictó orden judicial a Bonilla y cuenta una malversación de 19.7 millones de lempiras en transferencias irregulares desde el Despacho de la Primera Dama y sobrevaloración de calzado para niños en concepto de donación.

A pocos meses de la reelección del Fiscal General y Adjunto y tras la renuncia del equipo de Juan Jiménez Mayor a la Maccih, ayer capturaron a Rosa Elena Bonilla, algo que representa un duro golpe contra la red de corrupción que ella creó y que malversó fondos estatales de 2011 a 2015. Aun algunos analistas ven con escepticismo el avance de esta investigación que desde 2013 el Consejo Nacional Anticorrupción había presentado al Ministerio Público.

“Puede ser un distractor de lo que está pasando en el país, además es un claro mensaje que ayudaría a que el actual fiscal se reelija en agosto”, expresó la abogada Miroslava Cerpas del Centro de Investigación, Promoción y Derechos Humanos (Ciprodeh).

La elección del fiscal general y adjunto se realizará en agosto y Oscar Chinchilla podría reelegirse. Chinchilla ha sido cercano a Juan Orlando Hernández desde que fue el único magistrado que no fue destituido de la Sala de lo Constitucional, el único que no votó en contra de las ciudades modelo en ese poder del Estado.

La Maccih abandera este caso como un logro y ejemplo del compromiso que tienen para luchar contra la corrupción “desde la institucionalidad hondureña”, así lo dejó claro en un comunicado la vocera interina Ana María Calderón. El caso prosperó hasta el requerimiento fiscal de ayer porque el Ministerio Público lo tenía desde 2013 y el año pasado lo pasó a la Unidad de Fiscales Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC), que lidera el fiscal Luis Javier Santos. Cuatro meses le bastó a la UFECIC para hacer lo que el MP no hizo en 4 años. A pesar de esto, el analista político Leonardo Pineda cree que el MP estará dando golpes así hasta agosto para garantizar la reelección de Oscar Chinchilla como fiscal general.

“Este caso de la familia Lobo –porque esta familia entera ha caído en desgracia- era un candidato para sacar el provecho y dar esa imagen de que se está haciendo algo”, expresó en entrevista con Contra Corriente.

Porfirio Lobo Sosa, el presidente de la reconciliación nacional después del golpe de Estado ha estado rodeado de escándalos de corrupción e involucramiento con el crimen organizado. Su hijo, Fabio Lobo fue enjuiciado en Estados Unidos por ayudar a traficar drogas al cartel de los Cachiros, Lobo Sosa también ha sido señalado por lo mismo.

Una figura sin fiscalización

Para Pineda, es un acto de corrupción solamente que la primera dama haya tenido acceso a fondos internacionales para programas sociales porque no está contemplado en ninguna ley que esta figura deba manejar esos presupuestos. “Hay un problema porque la figura de la primera dama no está regulada, no se ha podido fiscalizar”, dijo.

La Maccih instó a que la investigación continuara porque Bonilla es solo una pieza de la red de corrupción. Bonilla tenía una organización no gubernamental, “Una libra de amor”, la fundó cuando era presidenta de la asociación de esposas de los diputados y según reportes de Diario El Heraldo recibió fondos del Congreso Nacional para programas sociales.

El caso de la caja chica especifica una red de 10 personas, ella que recibía fondos directamente del despacho de la primera dama y como coordinadora del proyecto “Calzando a los niños de Honduras”, donde sobrevaloró zapatos infantiles generando un perjuicio contra el Estado de Honduras por 7.7 millones de lempiras. A pocos días de terminar su mandato, Rosa Elena Bonilla transfirió 12 millones de lempiras a su cuenta personal de cheques. La Maccih incluso reveló que parte de los fondos sustraídos de cuentas del Estado fueron destinados para el pago de colegiaturas y cirugías médicas de sus familiares.

Sin embargo, no lo hizo sola, tenía una red de 9 personas que recibieron más de 70 cheques para hacer estos movimientos, otra pieza importante en este rompecabeza fue su cuñado Mauricio Mora. Todo el acto de corrupción en el sistema financiero, específicamente a través de Banco Ficohsa.

La forma de operar permitió que el requerimiento fiscal se diera por tres delitos: malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

Por su parte, Miroslava Cerpas asegura que esto responde a la presión del gobierno de Estados Unidos de adecentar el Estado de Honduras en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo norte, el eslabón débil ha sido el gobierno de Lobo Sosa porque desde que salió del poder ha sido señalado e investigado. “Si vemos el caso de Lena Gutiérrez no hay audiencias, tiene privilegios por estar cerca del gobierno actual. También si vemos el caso de la red de diputados podría quedar impune porque ellos siguen en el poder”, concluyó.

A Bonilla ya se le han incautado 10 bienes y 3 a supuestos testaferros. Mañana continúa la audiencia y la investigación ha entrado en secretividad, según el comunicado de la Maccih y estarán pendientes de próximos requerimientos fiscales estos días para desarticular esta red diseñada para la extracción de bienes del Estado.

En el Colegio Médico de Honduras (CMH), un grupo reducido de personas rindió homenaje la semana pasada a Daniel Urrutia, Andrés Paz, Julio Arbizu y el vocero de la Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, agradeciendo su esfuerzo por la lucha contra la corrupción diciendo ¡Misión cumplida! Pero las renuncias de este equipo Maccih se dieron ante múltiples obstáculos de las instituciones nacionales como de la misma Organización de Estados Americanos (OEA) para que la Misión fuera fallida. Un acto que parecía el funeral de la lucha contra la corrupción.

En otro punto de la capital, el mismo día del homenaje, el fiscal general, Oscar Chinchilla quien podría reelegirse en el cargo, junto con el presidente Juan Orlando Hernández daba los avances en procesos investigativos, destacando avances en la lucha contra el narcotráfico. “Estos resultados mandan un mensaje de un Ministerio Público muy fortalecido y por eso destacamos el trabajo de Óscar Chinchilla. Les damos todo el mérito que se merecen”, agregó Hernández, dando el espaldarazo para la reelección de Chinchilla en la elección de agosto próximo. Chinchilla agregó que se aumentó de 500 a 940 fiscales y la meta es llegar a tener 2000.

La elección del fiscal general en agosto comienza a generar propuestas. En su cuenta de Twitter, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, opositor del gobierno actual, propuso al exfiscal del Estado Edmundo Orellana del Partido Liberal, también a Luis Javier Santos, actual fiscal de la Unidad de Fiscales Especiales contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) quien ya ha sufrido atentados y amenazas por su lucha anticorrupción, Víctor Fernández exfiscal del Ministerio Público y actual dirigente social y a Omar Menjívar, exfiscal también y abogado del movimiento social hondureño.

Chinchilla y la Maccih trabajaron los últimos meses para la creación de la Unidad de Fiscales Anticorrupción y para que casos como el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) avanzaran, Mayor se acercó al fiscal, sin embargo no fue suficiente para sostener las investigaciones que comenzaban a tocar estructuras criminales dentro de los poderes del Estado, sobre todo de los diputados en el Congreso Nacional y casos como el que involucraba al presidente Lobo Sosa con el cartel de los Cachiros y redes de corrupción en el concesionamiento para el desarrollo de hidroeléctricas. También se comenzaba a mencionar redes que tocarían al gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Mayor advirtió antes de irse que compañeros de su equipo ya sufrían intimidaciones y amenazas por el trabajo de investigación y claramente el Estado de Honduras no está dando las garantías para continuar. «Ya hay compañeros amenazados de muerte, han hackeado correos personales; esto no es de personas decentes. Hay 40 personas que siguen trabajando en UFECIC y espero que tengan apoyo internacional. Honduras no se merecía este espectáculo”, dijo.

Por su parte, el juez internacional Daniel Urrutia, acusó a Luis Almagro, Secretario de la OEA, de estar vinculado con los corruptos que le temían a la MACCIH. Esos sectores corruptos que manejan la institucionalidad.

Ese mismo día, el día de todos los funerales, con los floreros en las mesas, antorchas que simbolizaban aquel elemento que hace unos años impulsó la creación de lo que ahora era la MACCIH; la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaraba inadmisible dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto Nacional, mejor conocida como “Pacto de Impunidad” por blindar a más de 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva de ser investigados por la Maccih y el Ministerio Público por el drenaje de fondos públicos a través de ONGs. El caso que la Maccih llamaba “Red de diputados”.

“Es muy grave la declaración de inadmisible a dos recursos de inconstitucionalidad contra #PactodeImpunidad, que la OEA admita su responsabilidad. Pudimos hacer más pero tuvimos muchos enemigos. También estoy indignado como ustedes. La corrupción en Honduras es tan impune que sigue sin castigarse a pesar de dejar huellas, los sobornos los pagan con cheques y allí están. Los políticos de Honduras no entienden que no deben robar y si siguen así las cosas serán peores. Nosotros nos vamos pero ustedes se quedan”, reaccionó Juan Jiménez Mayor antes de irse.

Y como si ese día no había sido suficientemente catártico, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó a la misma hora que el evento del Ministerio Público, un informe sobre redes de corrupción que ellos han preparado y presentado ante las autoridades y que siguen sin dar respuestas desde el año pasado. El CNA presentó 6 líneas de investigación en las que el Ministerio Público no ha avanzado por tratarse de altos funcionarios del Partido Nacional: desfalcos en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Secretaría de Salud, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Despacho de la Primera Dama período 2010-2014, casos que podrían ser mucho mayores al del mismo IHSS.

Como resultado del análisis de contratos adjudicados por seis (6) instituciones públicas se identificó el monto de 401,996,468.16 lempiras, alrededor de 17 millones de dólares, que mediante la adquisición de bienes o servicios generaron variaciones en los costos que fueron cotejados con los precios reales de mercado, generaron un perjuicio para el Estado de Honduras de 195,299,178.97 lempiras, unos 8,300,007 de dólares.

Desde 2014 al 2017 el CNA ha presentado 67 líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, de las cuales únicamente 10 han sido judicializados.
En el caso de venta de medicamentos sobrevalorados al sistema de salud público es una red de 383 funcionarios públicos y 4 personas particulares las investigadas, denunciadas desde mayo de 2017, más 112 funcionarios en venta de insumos a hospitales.

En el caso de dos hidroeléctricas, Patuca III y el Campamento Aguán en Arenales, Yoro, 4 funcionarios investigados entre ellos Roberto Martínez Lozano, exgerente de la ENEE que habría pactado varios contratos con empresas de los líderes del cartel de narcotráfico de Los Cachiro para lavar dinero y drenar 17 millones de lempiras en estos proyectos.

El actual magistrado de la CSJ, de la sala de lo penal, José Odilio Rodríguez, fue señalado por un caso de corrupción que desfalcó el Instituto de Formación Profesional (INFOP). Además de presentar acusaciones contra la exprimera Dama Rosa Elena de Lobo por el desfalco al Programa de asignación familiar (PRAF).

Y aunque parecía que el funeral ya había culminado con los diferentes homenajes brindados a Juan Jimenez, la semana finalizaba el viernes con la caravana de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, liderada y convocada por José Manuel Zelaya, quien en entrevista con Contra Corriente afirmó que solo queda apelar a la moral, por eso la caravana terminaría frente a las oficinas de Naciones Unidas al no poder llegar a la OEA, volviendo al clamor por una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Aunque el mensaje de Jiménez Mayor con su renuncia a la Maccih fue fuerte, Zelaya asegura que a él ya nada le sorprende, y en su opinión la Maccih debió hablar antes, así como el CNA y todos quienes intenten dar nombres en estos momentos.

La caravana fue de noche, por sectores que en Tegucigalpa se han mantenido en resistencia, una insurrección que se hace después de las horas laborales, recorriendo calles en vehículos, cantando la famosa canción “Joh es pa fuera que vas”, exigiendo que todo se vuelva a elegir, que el Estado se rediseñe.

La convocatoria de la Alianza para el día siguiente fue continuar la insurrección y juntarse en un plantón frente a las cárceles de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, para exigir liberación de “presos políticos”.


El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió un comunicado el sábado que llevó como acción impedir la visita en las cárceles y lanzar a las carreteras a policías y militares. “De forma insistente Nasralla y Zelaya están buscando liberar a los delincuentes de alto riesgo, con los cuales están aliados para volver a los disturbios, bloqueos de calles, incendios, saqueos, agresiones y violencia, amenazando a las personas y extorsionando con “impuesto de guerra’, lo que impide que los buenos hondureños puedan ir a sus trabajos, llevar a sus hijos a las escuelas, paralizar el comercio y hasta impedir que las personas reciban atención médica orillándolos a la muerte… todas estas estrategias de Nasralla y Zelaya, que tienen como fin buscar confrontaciones y fomentar violencia, al mismo tiempo de promover su alianza con organizaciones criminales, han sido identificadas por las agencias de Seguridad, y el Estado tomará las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la población”, reza el comunicado.

Ante este comunicado, la Alianza de Oposición contra la dictadura canceló el plantón frente “El Pozo” destinado para el domingo, dejaron solos a los convoys militares, cobras y policía preventiva que se podían visualizar en las carreteras principales que llevaban al punto de encuentro. Fuera de “El Pozo”, al menos 100 personas en fila esperaban poder dejarles, al menos, la comida a sus familiares presos.

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“El que ríe de último ríe mejor”, dijo Jiménez Mayor en su propio homenaje despidiéndose de Honduras, mientras algunos acompañantes lloraban. Algo murió con el terremoto en la Maccih. Mientras tanto, Honduras queda sumido en la impunidad, encerrado y sin posibilidades de tener una misión independiente para investigar las redes de corrupción ya conocidas pero que siguen operando.

Un tweet de Juan Jiménez Mayor anunciando su renuncia como vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), marcó esta semana un nuevo punto de discusión en la agenda política nacional. Mayor argumentó que su renuncia se debe exclusivamente a diferencias con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sin embargo también la institucionalidad hondureña cerró poco a poco el camino a las investigaciones por las que la misión existe.

La Maccih fue cuestionada desde su instalación por no «tener dientes», es decir, no tener un mandato lo suficientemente fuerte como para romper la muralla que representa la institucionalidad hondureña cuando de proteger a los corruptos se trata. Mayor logró trabajar de cerca con el fiscal general Oscar Chinchilla quien además fue cuestionado por ser cercano al presidente Hernández, sin su apoyo la Maccih no pudo haber dado ningún paso en las investigaciones dijo Mayor y aseguró no tener problemas con el presidente Hernández, a pesar que miembros de su partido y allegados a su gobierno habían iniciado una campaña de desprestigio y también de amenazas en su contra.

La Misión seguirá trabajando dijo Mayor, sin embargo otro de sus pilares, el ex procurador de Perú Julio Arbizu renunció también y con otro determinante tweet manifestó su malestar con la secretaría general de la OEA por no respaldar su gestión de lucha contra la corrupción en el país.

“Yo no creo que en la política haya casualidades, y eso siempre lo he dicho, por ejemplo el caso de los diputados que fueron declarados inocentes por la red de corrupción, eso es una acción que genera impunidad”, dijo Mayor en una entrevista a un medio de comunicación capitalino.

Juan Jímenez anunció en diciembre del 2017 la investigación de una red de corrupción en el que diputados y diputadas estaban involucrados en desviar fondos del Estado, entre ellos anunció una investigación por ese mismo caso contra el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

“No he tenido amenazas concretas, pero sí me he dado cuenta que quienes están siendo investigados han pagado una firma auditora para que me investigue, pero les quiero decir a los corruptos que no gasten su dinero, que no encontrarán nada”, dijo Jiménez, días antes de interponer su renuncia.

La MACCIH ha denunciado un pacto de impunidad generado por la aprobación a la Ley de Presupuesto, que limita la investigación contra funcionarios públicos involucrados en desvío de fondos y pagos de sobornos, pero la denuncia ha quedado hasta ahí, porque la secretaría de la OEA no ha hecho nada más e incluso no atendió a Mayor cuando viajó a Estados Unidos para exponer sobre el tema. Pero no solo esta investigación muestra los obstáculos que tuvo la Maccih desde que llegó al país. Mayor comenzó a tocar estructuras intocables en el país al entrar en investigaciones como la red de corrupción en concesionamiento de proyectos como el caso que terminó en el asesinato de Berta Cáceres en el que se involcura claramente la fuerza militar, la élite económica y funcionarios corruptos, o el caso de corrupción trasnacional de Odebrecht en la construcción de una hidroeléctrica que salpicaría a varios gobiernos. Mayor en varias ocasiones mencionó que hubo maniobras por parte de funcionarios para que el caso del IHSS quedara en la impunidad y fue la presión de la Maccih la que no permitió esto. La Maccih desde su instalación exigió la derogación de la Ley de Secretividad y otras piezas del andamiaje legal que no les permite avanzar en las investigaciones.

«Cuando una ley de este tipo es aprobada la gente dice que le han echado un gol a la Maccih, pero no, le han echado un gol al pueblo hondureño a ustedes es a quien están afectando», dijo Mayor en una conferencia de prensa meses atrás recordando que la Maccih tiene las maletas hechas desde que llegó y que trabajarían hasta donde les dejaran.

Otro de los argumentos de su renuncia, fue que personal de la OEA estaba recibiendo pago de salarios sin estar trabajando en la institución, eso generó un reclamo de Mayor a Almagro a nivel de correos electrónicos. Y además mencionó a la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que dirige Omar Rivera, actual integrante de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional de estar involucrada en un monitoreo de la MACCIH, afirmación que dejó abierta para muchas interpretaciones.

Mayor se refirió en los correos electrónicos a que la contratación de ciertos personajes políticos se podría convertir en malversación de fondos, y que eso sería un escándalo en cualquier país.

Con la renuncia empezaron las valoraciones de diversos sectores políticos. “La renuncia de Mayor es un golpe a la lucha contra la corrupción en el país”, manifestaron en conferencia de prensa autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Asimismo representantes del Partido Liberal, expresaron su malestar en la decisión de Mayor y denunciaron al gobierno de ser el responsable de generar límites para que él haga su trabajo.

 

“La OEA ha jugado un papel lamentable en esta situación, en este momento deben hablar claramente como el gobierno de Juan Orlando Hernández es el que está involucrado en los sobornos a diputados para que eligieran la Corte Suprema de Justicia, y eso es parte de la investigación de la red de corrupción contra diputados, pero la OEA ha dejado sola a la MACCIH”, valoró inicialmente Salvador Nasralla, excandidato presidencial ante la renuncia de Mayor.

Nasralla dijo que ahora más que nunca en Honduras es urgente tener la presencia de una estructura como la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tenga independencia para investigar y que no deba pedirle al presidente permiso para hacerlo. Esto que pedía el movimiento indignado de 2015 que salió a las calles con antorchas y que se apagó con la llegada de la Maccih.

El viernes pasado en horas de la tarde, un grupo de ciudadanos se movilizó en Tegucigalpa para protestar en solidaridad con Mayor en las oficinas de la MACCIH, la gente llegó acompañada de Nasralla, Manuel Zelaya e incluso los liberales Mauricio Villeda, Luis Zelaya y Edmundo Orellana.

Al final del plantón, la representación de los partidos de oposición se reunieron con Juan Jímenez, a quien le pidieron que no renuncie de su cargo y le dejaron una solicitud escrita con su respaldo al trabajo que han hecho en el país.

Pero todos los políticos aprovecharon el momento para llevar agua a su molino. El presidente Juan Orlando Hernández, durante la ceremonia de ascensos de militares a nivel nacional, expresó su respaldo a Mayor, dijo que esperan que reconsidere su posición, y que sino lo hace ellos seguirán apoyando a quien designe la OEA para sustituir a Mayor en el cargo.

“La renuncia de Juan Jímenez nos muestra de que está hecha la OEA, creo que ya es momento que dejemos de confiar en entes internacionales, que siempre juegan con la voluntad de la gente, y ahora el reto es salir a movilizarnos para que si en el caso que venga otra estructura sea como la de Guatemala, que pueda investigar con independencia, sino debemos seguir en las calles de forma permanente, porque la lucha contra la corrupción es tarea de todos”, dijo un ciudadano que salió a protestar en solidaridad con la MACCIH.

Por el momento los escenarios son inciertos, en los próximos días la OEA deberá nombrar al sustituto de Mayor, mientras eso sucede los propios partidos políticos aprovechan para proponer ante la opinión pública a sus militantes en el cargo.

La decisión de Mayor no sorprende pero genera expectativas en la gente y el reto de volver a encender las antorchas, ese movimiento que generó la llegada de la MACCIH al país.

A Gabriel le dispararon el 1 de diciembre. Una de tantas balas que las fuerzas militares dispararon ese día, le pegó en el pecho y lo dejó en un estado grave de salud. Gabriel, con 38 años de edad está aprendiendo a hablar de nuevo y acostumbrándose a ser atendido hasta en las cosas más sencillas por su esposa Mariana.

Mariana es fuerte, ella quiere justicia. Un día de enero de este año, yo trabajaba con una organización defensora de Derechos Humanos y recibimos una llamada de  Mariana. Nos sorprendió porque usualmente las personas sienten temor de denunciar, de hacer conocidos estos casos por el miedo a la reacción de un gobierno que no permite que se le investigue, que se le cuestione.

El 26 de enero conocí a Gabriel y a Mariana en persona. Quienes hacemos este trabajo sabemos que debemos ser fríos frente a las víctimas; pero cuando escuché a Mariana contar cómo Gabriel se sentía de mal porque ahora ella tenía que hacerlo todo por él, que él se sentía como una carga para ella. Mariana escuchaba que otros familiares de víctimas le decían: “Yo aunque sea así hubiera querido que me dejaran a mi esposo”. Y yo, aunque debía ser fría, no podía evitar que se me salieran unas lágrimas que inmediatamente me limpiaba para que las personas no se sintieran en mayor vulnerabilidad.

El 26 de noviembre hubo una ruptura, muchas personas se dieron cuenta de cosas que nos vienen haciendo daño desde hace tiempo, cosas que solamente se dejaban pasar.

Estuvimos nerviosos, sensibles, felices, sentimientos combinados. El 27 de noviembre, a eso de las dos de la mañana, fue el momento en el que tuvimos un poco de esperanza todas las personas que estamos cansadas de tantos años de bipartidismo, el mismo bipartidismo que nos ha sumido en la violencia, corrupción y desigualdad social.

Pero en Honduras, la esperanza dura lo poco que duró el resultado en la página del Tribunal Supremo Electoral mientras le subía los puntos al ya presidente, Juan Orlando Hernández (reelegido ilegal e ilegítimamente), aplastando la posibilidad que un gobierno de oposición se instalara.

Mariana anda con Gabriel en todos lados, le pregunta “¿Se siente cansado, amor?”, lo tiene que levantar varias veces cuando él se siente muy fatigado de pasar sentado, lo queda viendo con ternura, y cuando nos cuenta cómo fue que le pasó todo esto a Gabriel, las lágrimas no las puede contener.

Gabriel, como algunos de los que han sido asesinados en las movilizaciones o de los que han salido gravemente heridos; no andaba en la manifestación, él había ido a su trabajo en su moto porque no había buses ese día, de igual forma, decidió asistir a su trabajo. Al regresar, cuando Gabriel iba por la López Arellano, una famosa colonia de Choloma donde se han perpetrado viles asesinatos por las fuerzas represivas del Estado, específicamente militares, a Gabriel ese 1 de diciembre le dispararon.

Gabriel llamó a Mariana para decirle que lo habían despachado de su trabajo, y que ya iba por la López, Mariana tranquila no pensó que en cinco minutos recibiría la llamada de su cuñado, el hermano de Gabriel; para decirle que le habían disparado y que ya no se podía hacer nada. “No bromees así, yo acabo de hablar con él” fue lo que Mariana le dijo, pero su cuñado, Raúl, no le estaba mintiendo. Gabriel si había sido víctima de un disparo de bala por parte de la Policía Militar y daban por hecho que ya no iba a vivir, pero Gabriel, a diferencia de muchos y muchas sobrevivió; y nos cuenta cómo fue, lo que sintió, la impotencia que siente actualmente de saber que Mariana tiene que hacer todo por él, de saber que además de sus tres niños, ahora Mariana debe cuidarlo a él también.

El caso de Gabriel es uno entre muchos, entre tantos asesinados, entre tantas madres que han perdido a sus hijos, entre tantos hermanos que han perdido a sus hermanos o hermanas, entre tantos hijos e hijas que les arrebataron a sus padres.  Hasta el día de hoy, según registros de la Coalición contra la Impunidad hay 36 muertos por la crisis post electoral, 33 de ellos personas que se encontraban tanto en las manifestaciones o que eran activas en estos movimientos y fueron asesinadas en situaciones aisladas haciéndolas pasar como “delincuencia común”. Los heridos gravemente por las balas militares, no se quedan atrás, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) registra 232 heridos en las fechas del 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2017.

Gabriel me ha sorprendido tanto por cómo me cuenta lo que pasó, ahora que ya logra hablar. Me su historia y la dicha que es que él esté vivo cuando ya lo daban por muerto. Admiro el amor que le tiene Mariana y la dedicación que ella le ha dado para que él pueda ir mejorando, me asombra su fuerza, su energía y su voluntad; la de ella para apoyarlo a él y también para sacarle las fuerzas necesarias cuando muchas veces él se siente desvanecer. Como bien les dijo un doctor, “El caso de Gabriel es un milagro porque su estado no era para que él sobreviviera.”

En este mundo tan despiadado y en este país donde lo sufrimos doble, es sorprendente ver estas historias; escucharlas, conocer a estas personas que nos dan esperanza y ganas de seguir luchando por nuestros derechos y logremos que la justicia no sea solo a palabra sino que la pongamos en práctica. En este país, Gabriel y Mariana me hacen soñar en que en esta Honduras tan llena de sangre y pisoteada en la que vivimos, por fin pueda ver la claridad del sol y se rija no por corrupción y violencia, sino por igualdad, libertad y una verdadera democracia e independencia, esa independencia que al final solo fue la idea que nos vendieron.

 

Nota: Los nombres reales se cambiaron por seguridad de las víctimas.

Foto: Martín Cálix

Los señalamientos y acusaciones de fraude tras las elecciones del 26 de noviembre del año pasado, colocaron a Juan Orlando Hernández en el banquillo de los acusados, pero solamente ante la opinión pública generada por medios de comunicación digitales y redes sociales.  La red es un espacio de desahogo que comenzó a cargarse políticamente el último año y estalló con la crisis post electoral y el inicio del nuevo gobierno de Hernández. En este contexto, el pasado 1 de febrero un representante del Partido Nacional realizó una propuesta de ley que controlaría el contenido circulando en la red que ahora se ha trasnformado en una ley de ciberseguridad.

Desde 2013 el uso de internet y redes sociales en Honduras ha aumentado, con 1 millón de cuentas nuevas en Facebook, según la organización We Are Social, ha surgido una nueva herramienta de protesta ante el miedo a la represión estatal. Una propuesta de ley impulsada por el diputado nacionalista Marcos Sabillón pretende «atentar contra la libertad de expresión», según Alejandro Durón de Fundación Acceso, justo en los primeros meses de la continuidad del gobierno de Hernández.

La ley pasó de ser Ley que Regula los Actos de odio y discriminación en internet a ser una ley de Estartegia de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante actos de odio y discriminación en internet y redes sociales. El mismo Sabillón retiró la primera propuesta tras que la socializaron con organizaciones como Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), la Confraternidad Evangélica y la Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL), en el proceso de conformación de un comité de ciberseguridad. Una policía más creada en este gobierno, una cyber police.

Durón afirmó que esta ley quiere regular la imagen negativa que ha generado «la dictadura establecida en Honduras través del gobierno de Juan Orlando Hernández, atentando claramente contra el Estado de derecho».

Pero esta ley solo viene a poner en papel lo que ya se hace en la práctica: el control de la disidencia a través del ciberespionaje. Una investigación del diario británico The Guardian mostró que esta ley se pudo estar gestionando desde antes de que se propusiera en el Congreso Nacional, cuando el gobierno hondureño en noviembre de 2017 compró al Reino Unido un equipo de espionaje valorado en aproximadamente 500 mil dólares.

Este periódico inglés cuestiona la venta de este equipo al gobierno de Honduras, debido a que el mismo únicamente es utilizado por las agencias policiales que «tienen un registro de los secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.»

Estas herramientas de espionaje se habrían utilizado para interceptar, monitorear y rastrear correos electrónicos, teléfonos móviles y servicios de mensajería en línea como WhatsApp, por lo que la aprobación de la «Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales» solo vendría a reafirmar una práctica que ya ha estado siendo ejecutada.

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Cyber Police ¿será confiable?

El gobierno de Hernández se ha caracterizado por la creación de múltiples fuerzas de seguridad militarizadas. Su gran proyecto nacido cuando él era presidente del Congreso Nacional en 2013 es la Policía Militar del Orden Público, que tiene control sobre el país completamente. Ahora se habla de un comité de ciberseguridad que determinará qué es y qué no es un contenido adecuado para sancionarlo.

La propuesta de ley, que en primera instancia se denominó «Ley para combatir campañas de odio y discriminación», ha sido presentada a diferentes sectores de la sociedad como una ley que busca proteger a las personas que se sientan afectadas por campañas de odio, discriminación, clonación de páginas o suplantación de identidad. Una ley con otro ente que dice “servir y proteger” la moral de los cibernautas.

Eddy Tábora de C-Libre, afirma que «esto ya está regulado en distintas normas en la legislación hondureña» y lo nuevo sería la creación de un órgano de censura integrado por un comité de diversas instituciones del estado «con supuesta vigilancia de organizaciones de sociedad civil», como la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

Este órgano represivo sería el Comité de Ciberseguridad que, según Tabora, se estaría convirtiendo en «una especie de policía cibernética política» que sería el paralelo de la Policía Militar atacando el acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y la protesta social en internet.

En ese sentido, Gerardo Martínez, presidente de la comisión de dictamen de esta iniciativa, que ahora lleva por nombre «Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales», ha afirmado que se va a favorecer a toda la población y restituir garantías para no ser víctimas de un delito a través de las redes sociales. Delitos y campañas de discriminación que según organizaciones defensoras de derechos humanos en muchas ocasiones son dirigidas especialmente hacia mujeres, comunidad LGTBI y otros grupos vulnerados.

Según Tábora, a pesar de existir una normativa para proteger a estos grupos, no se respeta y dicha unidad solo se encargará de dar persecución a casos políticos de oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández que, a través del aparato de inteligencia, se informen a la comisión.

El diputado por el Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, en relación a las campañas de odio en redes sociales reaccionó ante la publicación de una página falsa en Facebook, en la que se afirmaba, había presentado una moción para aceptar el matrimonio igualitario en Honduras.

Rivera Callejas descartó esto y afirmó que era «una noticia falsa, mentirosa y engañosa», que su postura es que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quiere obligar a autorizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Honduras, «lo mejor es salirnos de ese organismo».

Además, Callejas mencionó en relación a la denominada «Ley mordaza en redes sociales» que no se está coartando la libertad de expresión, pero que tampoco hay que permitir la libertad de agresión.

Dicha situación es apuntada por organismos de derechos humanos que denuncian que son los sectores cercanos al oficialismo quienes mayor agresión provocan en las plataformas digitales y la sociedad en general.

Gerardo Martínez, presidente de la comisión de dictamen, aseguró que «se tiene que trabajar en el reglamento porque internacionalmente vamos a perseguir el delito.»

Copias de autoritarismo

Por su parte, Alejandro Durón cree que esta propuesta de ley también refleja desconocimiento por parte de los legisladores hondureños quienes no toman en cuenta el componente extraterritorial que implicaría, y que no está contemplado en ninguna sección de la Constitución hondureña.

«La ley mordaza en redes sociales» es una copia casi idéntica de una ley ya implementada en Ecuador que pretendía regular los actos de odio y discriminación en redes sociales, y parece seguir el mismo patrón de un decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela que pretendía acallar la ola de protestas generadas el año pasado en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Una de las mayores preocupaciones ante la aprobación de esta ley ha sido el posible bloqueo al que se podrían enfrentar los medios de comunicación digital.

Esta Comisión de Ciberseguridad, según Edy Tabora, podría tomar a los medios alternativos digitales como objeto de selectividad en la aplicación de la norma, generando incluso el cierre de sus páginas web.

En ese sentido, Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ante este inminente peligro afirmó: «hay que vigilar que esta ley no vaya en contra de la libertad de expresión». Instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya solicitan que se regule la apología al odio .

Sin embargo, esto se contrapone al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que «el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.»

 

Con reportes de: Vienna Herrera y Martín Cálix.

Los taxistas –dice una compañera de trabajo– son grandes contadores de historias, pero los taxistas con los que me he movido en la ciudad de Tegucigalpa en los últimos dos meses son reveladores, son estadistas de la incertidumbre, son generadores de opinión y análisis político descarnado. Algunos son la metáfora tercermundista de Travis Bickle frente al espejo posando con el arma, alucinantes de una ciudad que no les quiere pero les necesita, que les trata con desprecio.

–Yo no voté por ninguno, ni por Nasralla ni por Juan Orlando –explica Antonio, quien me lleva de Mall Cascadas a mi casa. –Pero sí voté por «Papi».

–¿Por qué no votó por ninguno?

–Porque no me convencen, son unos pícaros, yo sé que quizá usaron mi voto porque lo dejé en blanco, pero no me importa.

–Y Asfura sí merecía su voto.

–Ese hombre trabaja, usted, mire cómo ha hecho esos puentes por toda la ciudad, y eso ayuda.

Tendría que ser taxista para creérmela, para comprender lo que este hombre me dice mientras conduce con parsimonia por todo el bulevar Fuerzas Armadas y me explica las bondades del alcalde capitalino, un alcalde que además de construir puentes a desnivel por toda la ciudad ha ordenado borrar aquellos grafitis que cuestionan la autoridad del Partido Nacional. Nasry Asfura –«Papi», para sus votantes– tiene claro que una regla únicamente sirve para hacer rayas, y sobre todo la raya continua sobre los rostros de los diputados de su partido. Es quizá el único político nacionalista con un índice de aceptación creíble. Al menos los taxistas parecen creer en él.

 

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–Siempre que viene la policía tenemos que sacar los carros de acá, y así no podemos trabajar, porque esos están allá tapando la calle, y los gases lo afectan a uno, lo enferman. –Me explica el taxista, que aparenta tener la edad suficiente para estar en su casa viendo el fútbol por la televisión, pero anda en un taxi que sólo es las latas.

Me lleva temprano desde el punto de taxis en el sector de Villanueva, a una conferencia donde la MACCIH dirá lo que ya sabemos: que los diputados son todos unos corruptos. En el camino se pierde, tarda, no le importa que yo llegue tarde, y a mí tampoco me importa mucho. Los dos nos aburrimos escuchando las rancheras en su radio. Por un momento pienso en bajarme y buscar mejor un café pero me arrepiento, entonces, lo interrogo –quizá– como castigo por ser tan lento.

–¿Y usted votó?

–Sí, yo voté por Salvador. Lo que pasa es que ese hombre no se quiere salir.

–¿Será que tiene solución?

–¿Qué cosa?

–La situación del país, pues…

–Sólo sacándolo… pero como no se quiere ir, y los gringos no quieren que se vaya.

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El día llegó, finalmente llegó. Juan Orlando Hernández tomó posesión por segunda vez y pasó a la historia como el primer presidente reelecto en Honduras desde la entrada en vigencia de la actual Constitución. Pero en las calles se le ve con distancia, quienes hablan de él, hablan desde la reserva de quienes dicen haber ido a votar y no votar por él.

«Los manifestantes iban tranquilos, el relajo se armó porque los policías empezaron a tirar bombas», me decía un vendedor de anteojos de imitación. Él tuvo que correr y perder el día porque su lugar de trabajo –el bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa– se convirtió en un campo de batalla durante horas entre la Policía Nacional junto a la Policía Militar contra los manifestantes que protestaban contra la reelección de Juan Orlando Hernández. Hay quienes piensan que Hernández durará dos años nada más, que ahora que ya hizo su acto de posesión ante sus fans más pobres –esos que llegaron en buses desde horas muy tempranas llevados desde los barrios más empobrecidos de la capital hondureña la mañana del 27 de enero al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino– sus días están más que contados.

No se puede saber. Honduras  resulta ser un país incierto, con un futuro difícil de vislumbrar desde la cortina de humo que provocan los gases lacrimógenos. Lo único cierto, es que Hernández tomó posesión. Y prometió echar a andar más de 600 mil empleos. Misma promesa de hace cuatro años. Hace cuatro años dijo que no se reelegiría, cuatro años después lo hizo. Cuatro años antes prometió, jurando frente a la Constitución, que respetaría las leyes hondureñas, cuatro años después juraría sobre la biblia, esa biblia sostenida por su madre.

A sus fans, los más pobres de entre los pobres, los mueve un atisbo de esperanza, la idea de una promesa, aquello que ingenuamente repiten como «vida mejor» y «lo bueno debe continuar», pero lo dicen –o lo repiten– tartamudeando. Quizá no estén convencidos, quizá un pan con mostaza no sea suficiente argumento para comprender los planes que Hernández tiene para ellos.

 

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Carlos es taxista, es un chico que conduce uno de esos taxis «seguros» –la palabra taxi a veces es un eufemismo en esta ciudad– que no tienen número, me dice que a los hondureños les hace falta huevos. Me cuenta orgulloso que él y un amigo suyo hicieron retroceder a unos PM durante la caravana de los simpatizantes de la Alianza de Oposición realizada la noche del 26 de enero, previo a la toma de posesión. Esa noche, otro grupo de Policías Militares había sitiado una calle del Barrio Morazán en las cercanías del Tiburcio Carías Andino, golpearon a una mujer embarazada, tiraron gas lacrimógeno y le rajaron la cabeza a un chico de 29 años. Ellos –dicen– sólo estaban quemando una llanta.

–Mi amigo les dijo «fuera JOH» y les cargó el arma. –Me cuenta entre risas, mientras escuchamos a Cyndi Lauper desde la radio de su taxi.

–¿Y no te dio miedo?

–No compa, a este país lo que le hace falta son huevos para sacar a esos hijos de puta.

–¿De dónde sos?

–Yo vivo en El Pedregal, compa, pero soy de Jesús de Otoro. –Y hace un ademán con su mano, hace que blande un arma hacia enfrente, imaginando quizá que se la apunta a un PM.

 

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Nasralla dice que los Estados Unidos deben prepararse para la migración más grande jamás vista de hondureños. Que en este país no quedará nadie. Que aquí ya no se puede vivir. De eso mismo habla la canción de Macario Mejía, un cantautor olanchano que quizá jamás pensó en ser tan popular y que aunque no sepa qué es spotify se ubicó en diciembre pasado como el más escuchado en el playlist hondureño.

En enero, Honduras ha vuelto a una relativa calma, y parecen ir quedando en la memoria aquellos días de diciembre donde había una insurrección de hecho y no convocada desde el discurso incendiario de Mel Zelaya. Parecen ir quedando anclado en la memoria de los hondureños los cerca de cuarenta muertos desde que la crisis política actual se destapó tras las elecciones del 26 de noviembre pasado.

Enero es otra cosa. En enero la resaca navideña parece haber afectado la insurrección popular. En enero tomó posesión Juan Orlando Hernández y el país fue blindado por el Ejército y la Policía Militar. En enero y entre líneas la MACCIH dijo que quizá se iba, quizá si los corruptos no los dejaban trabajar, que de todos modos ellos siempre han tenido las maletas hechas. En enero Heide Fulton (la embajadora que no es embajadora) twitteaba que lo de aquel decreto que le da facultades absolutas al Tribunal Superior de Cuentas para investigar casos de corrupción –e inhabilita para lo mismo al Ministerio Público y a la MACCIH– debía corregirse, que eso era un error peligroso, y dijo más cosas sobre la democracia y dijo todavía más con su silencio cuando se reunió con el grupo de religiosos estadounidenses que le visitaron en su oficina de la «Embajada» para decirle que en Honduras –por si no se daba cuenta– se violan los Derechos Humanos y que son los gringos los culpables de armar al ejército hondureño para que mate a la población. En enero, otros religiosos le dieron la bendición a Juan Orlando Hernández para que gobierne Honduras por cuatro años más, o hasta que dios quiera.

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Milton es un taxista novato, apenas tres meses.

–¿Y por qué andan haciendo manifestaciones? Porque no hay trabajo, ¿verdad? –Me dice, retórico y calmado, Milton.

Milton es taxista en un punto de centro comercial, es de esos taxistas que acuden al llamado por radio cuando el operador ha interceptado a un cliente y con éxito ha logrado pactar la tarifa. Como la mayoría de los taxistas, Milton trabaja en un taxi que no es suyo, por lo que debe pagar una cuota al dueño de 450 lempiras (19.17 dólares), más la gasolina diaria que ronda los 400 lempiras (17.04 dólares), sólo después de eso podrá hacer el dinero que llevará a su casa para que sus hijos y esposa tengan para poder comer.

Antes de ser taxista fue repartidor de pizza, y antes de eso, por más de una década fue conserje para distintas agencias de bancos. A sus 45 años ha optado por conducir un taxi porque a su edad no logra conseguir otro trabajo. Me cuenta que en octubre pasado fue a una entrevista y el trabajo se lo terminó quedando un chico de 22 años, después de eso Milton es taxista.

–Juan Orlando volvió a prometer que crearía 600 mil empleos. –Le digo.

–Si creara 600 mil empleos saldríamos de la pobreza en Honduras. El gobierno no es capaz de crear empleos.

Le pago a Milton los 150 lempiras (6.39 dólares) por los que me ha llevado del centro comercial donde trabaja hasta una estación de buses. Quizá no nos volvamos a ver, o quizá me toque en la ruleta de taxis post crisis.

 

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Foto: Jafeth Lagos.

El Bajo Aguán despertó del letargo. Los asesinatos habían bajado durante los últimos años, pero en 2017 la violencia repuntó. Un supuesto arreglo entre terratenientes, Estado y campesinos para detener el conflicto agrario, la recomposición de las estructuras criminales del narcotráfico tras la caída del imperio de los Cachiro y un año marcado por unas elecciones irregulares, hizo que el Aguán se despertara violentamente con una nueva generación que busca sobrevivir a las mismas raíces del conflicto, adormecido pero no resuelto.

En casa de Leo aún sigue estacionada la carreta con los impactos de las balas que lo mataron. Leo apenas tenía 13 años y a esa edad en el Bajo Aguán ya había dado su primera premonición de muerte: «Yo voy a morir al pie del caballo». Y así murió Leo, al pie del caballo mientras llevaba en su carreta una carga de fruta de palma africana que un grupo de campesinos en Rigores sacan de una finca de la empresa Dinant de Miguel Facussé. Su familia no habla mucho del caso por temor, cada veinte minutos –más o menos– pasa frente a su casa un niño así como Leo, cargando en una carreta palma africana, pasan y hay un silencio total. Todo mundo lo sabe, hay militares y policías en las entradas y salidas de esa comunidad y otras aledañas. El robo de palma de una finca abandonada por procesos de recuperación de tierras ha generado otro conflicto, uno interno. La presencia militar solo lo agudiza.

«Yo creo que primero mataron al caballo y a saber el niño cómo se puso, a saber cómo fue la muerte de mi niño», dice su abuela quien habla bajito no solo porque el llanto le corta la voz sino porque tiene miedo, la comunidad donde ella ha vivido por más de 40 años se ha convertido en una laberinto confuso donde le arrebataron a su pequeño nieto el pasado 15 de noviembre, a pocos días de las elecciones.

Según estadísticas de la Policía Nacional, de 2012 a 2017 en el Bajo Aguán las muertes bajaron en un 30%, después de que entre 2008 y 2010 más de 120 asesinatos se ejecutaran en el marco del conflicto agrario y esta emergencia llamara al Estado a establecer una unidad especial de investigación de muertes por el conflicto agrario del Ministerio Público en Tocoa, Colón, la UMVIBA (Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán).

Esta oficina de la fiscalía está instalada en una casa de habitación en un barrio de Tocoa. Al entrar, hay dos banderas, la del Ministerio Público a la par de la de Estados Unidos. Frente a frente están las oficinas del coordinador de fiscales y el asesor de la Embajada, Nelson Roena. Un grupo de investigadores muy jóvenes trabajan en una oficina colectiva, donde antes apenas había dos personas encargadas de todos los casos. El segundo al mando, el fiscal Juan Villalobos nos recibe y cuenta las bondades de la Embajada de Estados Unidos que hace posible el trabajo de la UMVIBA, desde el alquiler de la casa, el combustible, cosas más logísticas, dice.

«Si pueden ver esa planta de electricidad, fue una donación de la Embajada, de repente vienen muebles, mesas, sillas, televisores para algún tipo de conferencia, impresora, las tintas, combustible, a veces viáticos para los fiscales para realizar giras. Nos ayudaron con más de 40 exhumaciones que hicimos el año pasado, entonces en realidad para nosotros como institución es de enfrentarse a la burocracia que pedimos algo y se tardan demasiado, entonces Estados Unidos dice “pídanos a nosotros que ya tenemos el dinero aquí».

Juan Villalobos, subcoordinador de fiscales UMVIBA

Hace 3 años que Villalobos es fiscal del Estado y el Aguán fue su primer destino. Es un hombre joven que tiene esperanza en que la institucionalidad funcione con el apoyo y la presión que ejerce la Embajada de Estados Unidos para que se aclare el panorama tan adverso del Aguán.

«Yo no podría decir que hubo un drástico, pero sí un gran número de reducción de las muertes provenientes de este conflicto agrario desde 2014. Para 2008, 2009, 2010, 2011 que era de entre 20 y 30 muertes al año. Cuando se crea la unidad en abril de 2014 ese año se lograron dos sentencias condenatorias. En 2015 hubo 2 muertes, en 2016 se recrudeció y hubo 5 muertes relacionadas al conflicto. De manera no oficial, sospechamos que por el ambiente político que hubo en el país el año pasado, hubo un repunte de 7 muertes relacionadas al conflicto», explica. Es inusual que un fiscal hable tanto de los casos y con tanta soltura ante la prensa.

Sobre el asesinato de Leo, Villalobos dice que está en investigación porque «el hecho de que un campesino muera no significa a ciencia cierta que haya sido por un conflicto agrario, pueda que haya sido por un problema amoroso, por uno personal, delincuencia común».

Pero la UMVIBA se esfuerza por mostrar que en el conflicto agrario las víctimas y victimarios no están muy demarcados. Las muertes violentas se dan en relación a la disputa de tierras que se ha venido suscitando entre campesinos, miembros de la empresa privada (como empresarios de palma, otros terratenientes independientes) y con el mismo Estado. Pero las trincheras no están claras y la UMVIBA tiene casos muy bien armados en los que las estructuras criminales están establecidas, sobre todo las que tienen que ver con movimientos campesinos infiltrados. Son pocos, muy contados los militares señalados por delitos contra la vida, dice el fiscal, y hay un solo caso en contra de guardias de seguridad de una empresa que al final no sufrió consecuencias penales.

Pero el caso de la banda de Céleo Rodríguez en el asentamiento campesino la Confianza del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) está cada vez más cuajado y la institucionalidad funciona en su máxima capacidad para  llegar al fondo.

«Los casos en su mayoría no son guardias y militares, sino que es más este tipo de bandas que se dedicaban a la lucha de poder en su momento», amplía. Cuando se le pregunta si hay agentes del Estado involucrados en las muertes dice que muy poco, a pesar que hay casos como el de los guardias de la empresa Agropalma propiedad del nicaragüense René Morales, que muestran cómo las estructuras militares controlan en este conflicto. Son exmilitares los imputados en este caso, son ellos los guardias de las fincas.

Pero comenzamos a tocar el tema y Villalobos nos da otro ejemplo: «Tenemos otra condena que se dio en el último cuarto de 2017 de esta banda que se hacían pasar por guardias de Dinant (empresa de la familia Facussé), se acercaban a sus mismos grupos campesinos y mataban a sus disidentes y la gente a quienes veían actuar era a los guardias de Dinant, por decirlo así. Esos uniformes eran los mismos que utilizaron guardias de Dinant que ellos asesinaron. Todo lo que estoy hablando son hechos probados, hechos que ya están en un tribunal y eso me permite divulgarlo. Mi punto de vista es que nosotros estamos trabajando para quedarnos sin trabajo, resolvemos estos casos y la unidad no tendría más razón de ser», dice Villalobos.

Cuando el presidente del MUCA, José Ángel Flores, fue asesinado con su junta directiva, dice Villalobos que fue una noticia dura para él, porque Flores había estado en su oficina un par de días antes para denunciar amenazas dentro de comunidad, conflictos internos. La banda de Céleo es a la que se refiere Villalobos y se le vincula con más de cien asesinatos, una banda liderada por el yerno de Rafael Alegría, diputado de LIBRE (Libertad y Refundación) y eterno dirigente agrario.

Alegría aseguró en su momento que su yerno el día que mataron al presidente del MUCA estaba en una clínica con sus dos nietas, quienes estaban enfermas. “Hay grupos mal intencionados que en algún tiempo dijeron que estaba armando una guerrilla y que la fuente era la inteligencia militar, fui donde el presidente Porfirio Lobo para que me explicara lo que estaba pasando y se aclaró el problema. Después me vincularon con entregar armas a los campesinos, exijo que se investigue y que no me involucren a mí en esas cosas porque todos conocen mi conducta”, expresó a medios de comunicación en octubre de 2016 cuando se dio el crimen.

Jóvenes transportan carga de palma africana en Rigores

«Venga el presidente que venga, nosotros seguiremos en la tierra»

Un grupo de campesinos jóvenes en un lote de una finca de Miguel Facussé en la comunidad Panamá de Tocoa, nos dice que tienen videos de policías recibiendo sobornos para dejar pasar a los campesinos con la palma para venderla afuera. Nos enseñan el video en el que se ve claramente a un policía embolsándose un rollito de papel, mientras se da la mano con un hombre. Nos enseñan el video y a menos de 100 metros hay una barricada de militares, detrás, una pequeña casa de bloques donde duermen los que están en turno porque allí, en ese sitio, alrededor de 25 familias se han instalado para recuperar 1200 hectáreas de tierra que la empresa DINANT de Miguel Facussé tiene cultivadas con palma africana.

Entraron a las tierras en 2012 tras la muerte de Gregorio Chávez, un campesino asesinado por guardias de Dinant en el lote 8 de la finca Panamá e intermitentemente han sido desalojados y han regresado. Ahora están instalados de nuevo.

Llueve copiosamente y los campesinos insisten en que les tomemos fotografías, no niegan el robo de palma porque aseguran estar muriendo de hambre y de todos modos la empresa no está cultivando mientras ellos tengan las tierras tomadas. El hambre no es algo que ellos dicen nada más, las condiciones en las que viven son infrahumanas, apenas han ajustado para un poco de arroz blanco ese día, y como llueve sin parar todo se queda atrapado en una mezcla de lodillo chicloso, los niños patalean charcos y el cielo está oscuro, todo es gris, triste y pobre en ese asentamiento. Las familias se protegen en champas de plástico y manacas para comer la masa blanca de arroz y un café bien dulce.

La crisis política no es determinante en el conflicto del Aguán. Angélica Gómez, una mujer con 6 hijos que se mantiene en el asentamiento dice que «venga el presidente que venga» ellos no se irán de la tierra. Los militares los han intentado desalojar pero ellos al día siguiente regresan a pesar de las amenazas. Angélica es esposa de Santos Torres, el líder del movimiento que en este lugar tiene el nombre del primer asesinado: Movimiento Campesino Gregorio Chávez. A Torres, justo después de las elecciones lo llevaron detenido por robo de palma africana.

«Nosotros luchamos porque nos mataron al finado Gregorio Chavez y al finado Alfredo Rodríguez. Pensamos seguir aquí, ya puede entrar el gobierno que entre seguimos en posición, aunque estemos durmiendo en estas varas, nosotros vamos a trabajar porque morimos de hambre. Los militares nos quitan la palma y cobran hasta 60 mil lempiras para recuperarla,  si no se agarran la palma para ellos» cuenta Angélica. Sus 4 hijos mayores fueron a cortar palma, su única hija tiene 15 años y es quien más le preocupa porque algunos militares ya la intentan seducir y la chica que apenas llegó a 6to grado corre el gran riesgo de ser violentada.

«A veces nos gritan, nos dicen malas palabras, nos dicen que estamos ricas, yo les digo que ella está muy pequeña, pero es que aquí hasta han violado mujeres», cuenta Angélica quien además explica que ver a los militares le da asco, nervios, inquietud, terror.

En 2012, la primera vez que los campesinos se organizaron tras el asesinato de Gregorio Chávez, el asentamiento fue desalojado y Dinant recuperó las tierras con apoyo de las Fuerzas Armadas. «Dispararon 20 mil tiros y 300 bombas lacrimógenas en ese desalojo», cuenta Santos Torres.

En 2014 volvieron a tomar la tierra pero en ese tiempo una banda delincuencial, según Torres contratada por Dinant, andaba en la comunidad amenazando a los campesinos hasta que lograron desalojar de nuevo la zona. Ahora en 2017 han regresado. «Aquí hay guardias vestidos de militar, el coronel Coca lo sabe, andan en una 3.0 blanca encapuchados y todo eso se ve desde aquí, continúa la amenaza contra nosotros», cuenta Torres. En el Aguán las historias de disfraces las cuentan en todos lados.

Al coronel Hugo Lorenzo Coca lo visitamos en el batallón de infantería y nos recibió aduciendo que él es un hombre de concordia y diálogo pero que «por la crisis política y social, con todas las acusaciones que recaen contra las Fuerzas Armadas, hay disposición de que no se den entrevistas sin previa autorización del Estado Mayor Conjunto». El coronel Coca nos dio la bienvenida preguntándonos si ya habíamos escuchado «las mentiras del Aguán».

El valle del Aguán es tierra de especulación, todo se presta para eso.

La comunidad alega que las 1200 hectáreas son tierras para la reforma agraria, que fueron compradas por Facussé de forma ilegal y ahora la negociación gira en torno al pago de «mejoras» por la tierra. El coronel Hugo Lorenzo Coca, nombrado como mediador en el conflicto agrario siendo jefe de la Operación Militar Xatruch, solo ha dilatado el problema, dice Torres.

Angélica, allí en su casa de manaca donde apenas tiene una hamaca y dos catres de caña brava, rodeada de sus niños pequeños asegura que ellos no quieren la palma africana, que lo que quieren es la tierra.

Pero la tierra del Aguán –el valle más productivo del país– está inundada de palmera aceitera. Entre 2004 y 2017, la superficie de palma africana se duplicó en el país, pasando de 69,000 hectáreas a cerca de 150 mil hectáreas, el tamaño de la ciudad de México. El presidente Juan Orlando Hernández prometió a inicio de su gobierno, en 2013, duplicar  los cultivos, así como la cantidad de plantas procesadoras, que en este momento son 15. Entre enero y junio de 2017 el principal exportador de aceite de palma fue Guatemala, con $166 millones, seguido de Honduras, con $136 millones, Costa Rica, con $61 millones, Nicaragua, con $9 millones, Panamá, con $6 millones y El Salvador, con $400 mil. Esos miles de dólares son inimaginables para Angélica que lo único que sueña es que no le maten a sus hijos y poder tener la tierra para criar «animalitos» y comer todos los días algo más que arroz blanco.

Intentamos hablar con Manuel Reyes, director del Instituto Nacional Agrario (INA) en el Aguán, pero a pesar de confirmar la cita no llegó y no contestó más. El INA es el encargado de solucionar el conflicto agrario, pero parece evadirlo.

Juan Frañó, director del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), ha estado 11 años asignado a Tocoa, ya poco le sorprende. El Conadeh funciona en una casa incautada a los Cachiro. Frañó se siente satisfecho por la reducción de muertes en el Aguán pero anticipa que la situación no se pondrá mejor, al contrario, la situación política puede recrudecer la violencia en la zona.

«Desde el proceso de resistencia al golpe de estado en 2009, hasta la inconformidad por las elecciones de 2013 y ahora la reelección de Juan Orlando Hernández, todo está relacionado con la problemática agraria porque aunque son situaciones políticas, los grupos campesinos siempre han apoyado a estas causas sociales, sobre todo de transformación y de lucha social contra el gobierno opresor, injusto, cruel y corrupto. En las puertas de este nuevo año ya se están anunciando las acciones de protesta sobre todo para este mes de enero ante la toma de posesión, esto debido a que las autoridades oficiales reconocieron a Juan Orlando como presidente de la república, pero los campesinos y demás movimientos populares a nivel nacional están organizando la acción de respuesta o protesta contra este tipo de situaciones», cuenta Frañó

Santos Torres no está de acuerdo y asegura que al menos, su movimiento, no solo se ha mantenido al margen de los movimientos históricos como MUCA, sino también al margen de la política partidaria. «La política allí queda y después nos dejan con el problema a nosotros», dice Torres, quien no confía en nadie. En el Aguán la inconformidad con el gobierno de Hernández no se personaliza y no mira partido político, trasciende los caudillos y las promesas políticas, en realidad no confían en nadie.

Cerca de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, el pasado 20 de enero Anselmo Torres, un campesino que se transportaba en una bicicleta hacia su trabajo fue abatido por una bala militar en medio de la represión a las protestas pactadas en el marco de un paro nacional. El Aguán se ha convertido en territorio de guerra, la logística militar con toda la potencia, la concordia del coronel Coca se traduce en más armas y convoys militares.

 

Esperando el día en que se lleven todo

«Mi hermana ya se quiere venir de Estados Unidos porque no aguanta el frío», cuenta una de las niñas en la comunidad de Luxon en Sabá, Colón. Su hermana tuvo que migrar porque en su comunidad no hay oportunidades, a ella incluso este año no la matricularán en la escuela porque la comunidad está bajo el asedio militar y en un conflicto con otra comunidad campesina que hace más peligroso que las niñas y los niños se movilicen hacia la escuela.

«Es que si me voy sola por las palmas me pueden agarrar», cuenta la niña que ahora solo espera que su hermana le ayude a irse a ella también. En Luxon casi todas las familias tienen a un miembro joven que ha migrado, a pesar de ser una comunidad campesina que se conformó por la recuperación de una tierra que fue ilegalmente vendida a un terrateniente local y pareciera que el sentimiento de pertenencia es fuerte.

Son 72 hectáreas en conflicto, parte de unas tierras adjudicadas a la cooperativa Unión San Francisco Limitada durante la reforma agraria, la cooperativa vendió irregularmente las tierras y ahora, los hijos de esos cooperativistas se tomaron las tierras en 2011 para sanearlas. Ésta es una zona vulnerable, a la rivera del Río Aguán, pero allí se han establecido los últimos 7 años. Tienen cultivos de palma africana, plátano, maíz y un centro comunal donde se reúnen. Las casas son de bloque y la comunidad no se ve sumida en la miseria, han logrado obtener varios proyectos apoyados por organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

«Porque la zona es muy baja y es más rentable la palma a ellos como que les ha codiciado la situación y han querido de cualquier forma sacarnos de ese lugar», cuenta Jorge Mejía, miembro de la junta directiva de la cooperativa que conformaron desde 2011. Los ex cooperativistas se volvieron a unir y en 2014 comenzaron un litigio contra ellos.

Mantener enfrentados a los grupos campesinos parece una estrategia: el Instituto Nacional Agrario no resuelve, las Fuerzas Armadas mantienen el asedio y las organizaciones de Derechos Humanos tienen las manos atadas, todo es cuestión de tiempo.

Jessy. Luxon, Sabá.

Jessy tiene 26 años y 4 hijos. Desde los 16 comenzó a parir hijos y se dedicó al hogar hasta que su esposo le propuso unirse al proceso de recuperación de estas tierras. Jessy no quería, pero el hombre de la casa lo había decidido. Así, Jessy, se movió a ese potrero con sus niños y comenzó a involucrarse, un día su esposo decidió migrar a Estados Unidos y dejarle su puesto como socio de la cooperativa a ella. Ahora integra la junta directiva y es muy activa en su cargo, pero eso también le ha traído graves problemas, ahora está en un proceso judicial por usurpación de tierras y vive en una pequeña choza de adobe y manaca esperando el día que lleguen a desalojar su comunidad.

«Yo no les dirijo la palabra a los de la cooperativa, incluso por desgracia mis tíos, mis tías pasan allí, es un poco complicado pero a la vez por educación yo les saludo pero de ahí nada. Todo eso ha sucedido desde el tiempo que nos procesaron» cuenta Jessy quien debe ir a firmar a los Juzgados cada quince días como medida sustitutiva. La cooperativa paralela está conformada por familiares suyos y de los otros socios, en realidad es una comunidad que se parte entre el conflicto de tierra y rompe los lazos familiares.

Los socios de la otra cooperativa aducen que todo lo sembrado es de ellos y que les han usurpado sus cultivos, que no es de 2011 que están asentados en Luxon, sino desde hace al menos dos años.

Los riesgos son altos cuando los conflictos son internos mientras las autoridades se voltean para no ver.

«Los de la otra cooperativa dijeron en la audiencia que nosotros los hemos amenazado en la comunidad, pero es mentira, yo desde que entro no salgo, si mis hijos van a hacer mandados nosotros no volvemos, corremos riesgos porque estamos amenazados, estamos en el ojo de la bala y nosotros no vamos a  permitir perder esta tierra.» explica Jorge Mejía mientras Jessy dirige la asamblea de socios en la planta alta del barracón que les sirve de oficina y almacenamiento de granos.

A estas cooperativas solo las divide una calle y han delimitado con un cerco los cultivos de palma africana. Son vecinas.

Mientras los adultos platican, los más jóvenes, niños y niñas, ven videos de youtube en sus celulares. El barracón tiene wifi, la mayoría de la gente usa el internet para entretenerse pero sobre todo para mantenerse en contacto con sus seres queridos en Estados Unidos. La comunidad vive del cultivo pero también de la remesa.

Jessy acaba de despedirse de su única niña porque cumplió 9 años y quería estudiar, en la comunidad eso no iba a ser muy fácil, así que decidió enviarla donde su padre a Estados Unidos de manera indocumentada. Jessy se deprime, algunos días no sale de casa, piensa en todo a lo que ha tenido que decir adiós y piensa en el día que le toque ver destruida su comunidad por un desalojo.

Los nuevos rostros de la resistencia campesina

Son rostros a contraluz, tienen miedo. En la comunidad Guadalupe Carney es donde más tomas de carretera y represiones hubo en este tiempo de crisis post electoral, es una comunidad históricamente luchadora y ahora un grupo de más de 200 jóvenes lideran el movimiento campesino y se sienten amenazados.

Denia de apenas 19 años es una de las jóvenes en el grupo «Mártires del Tumbador». La comunidad Guadalupe Carney fue fundada en el año 2000 por el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) tras recuperar un territorio que perteneció a las Fuerzas Armadas y después pasó a manos de ganaderos en los años 80s y 90s. Guadalupe Carney, el nombre que adopta la comunidad es en honor a un sacerdote jesuita que impulsó una reforma agraria que le diera los valles más ricos a los más pobres de Honduras. Carney desapareció en 1983, pero su iglesia siguió, es la iglesia católica que empuja a los campesinos.

En 2002, el Movimiento Campesino del Aguán entró a las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en la hacienda El Tumbador. Allí, militares dispararon asesinando a 5 de los líderes de este movimiento, hirieron de gravedad a otros. Denia solo tenía 14 años y fue allí cuando supo que debía hacer que la lucha de sus compañeros no quedara en vano.

En marzo de 2010 hicieron su primera toma de tierras. Ese día caminaron durante horas para entrar en las 250 hectáreas del diputado Óscar Nájera, nacionalista, mencionado por los Cachiros de estar en reuniones donde sobornaban al hijo del presidente Porfirio Lobo Sosa a cambio de protección.  Los campesinos acusan a Nájera y a los empresarios Miguel Facussé y Reynaldo Canales de haberse apropiado de 1200 hectáreas de tierra en ese territorio con jugadas políticas, la medición dejó afuera de la expropiación sus tierras.

Denia sueña tener esa tierra para sus futuros hijos, pero teme, le tiembla la boca, pide no fotografiarla de frente, revisa las fotos para aprobarlas y revisará las hechas a sus compañeros porque se cuidan con la razón de sus mártires en la memoria.

«Somos 25 mujeres y de ahí la mayoría son varones. Pero en el transcurso de la recuperación tierra solo quedaron como 135 personas que siguen en la lucha, es que los jóvenes al ver las represalias contra ellos se han ido retirando y es un camino que no es fácil. Cuando estuvimos pasaban los militares, como mandaderos del gobierno, pasaban todos los días intimidando, detuvieron a uno y la golpiza que les dieron que tampoco fue para menos», cuenta.

Pero los militares son campesinos igual que ellos, en este movimiento incluso hay jóvenes que estuvieron en las Fuerzas Armadas ya que en zonas tan deprimidas como ésta,  sin empleo y sin oportunidades de estudio, entrar al ejército es una oportunidad para sobrevivir ganando un poco más que lo que se gana en el campo como jornalero. Aquí, los sueños aunque van más allá de la tenencia de la tierra, no tienen condiciones de ser materializados. Son jóvenes con cortes de cabello modernos y con la mirada fija en el futuro, o en cómo dibujar un mejor futuro para ellos. Lo tienen claro, si acaso hay futuro será el que el grupo mismo se construya.

Estos chicos hablan de enfrentarse a los militares, que los conocen, esto se ha convertido en una guerra entre jóvenes.

Fútbol en la Guadalupe Carney

«De aquí de la comunidad hay como cuatro compañeros en las FFAA y otros compañeros de la escuela, los he visto y hasta me han agredido aquí en las huelgas.

Pienso que uno desde pequeño tiene un mando y desde que uno elige una cosa así porque le gusta y hay jóvenes de nosotros que no nos ponemos a pensar a quién le vamos a hacer daño porque hay compañeros de aquí que no saben si va a andar su hermano, su familiar, su madre o su padre porque ahí ellos lo tienen que hacer porque ellos son mandados» cuenta José, él creció sin padre porque fue asesinado mientras regresaba de un día largo de trabajo en el campo, no se sabe quién, nunca se castigó al asesino y eso ha hecho que José luche por la tierra con mayor indignación. Y a José también casi lo matan en el campo un día que con 5 compañeros fueron a cortar leña a una finca de Miguel Facussé, un guardia de seguridad le disparó y solo le rozó la costilla, fue un accidente, dice José.

«Pues, la verdad solo Dios sabe porqué lo hace, porqué estamos sufriendo. Tal vez él tiene algo mejor para nosotros más allá. Hay que sufrir en este mundo para lograr algo», continúa José y piensa en sus compañeros de escuela que ahora ve con uniforme militar y que por mandato –de la vida quizá– son sus enemigos.

Mientras los jóvenes hablan con nosotros, en el kiosko en el centro de la comunidad hay una asamblea para determinar qué harán para protestar contra el fraude electoral, en contra de la violencia en las comunidades campesinas, la represión militar.

José Isabel Morales. Guadalupe Carney, Trujillo, Colón.

Allí en la asamblea está José Isabel Morales, un luchador agrario que estuvo 7 años preso injustamente, fue juzgado 3 veces por el mismo delito en el que se le acusó de incendiar la casa de la familia del comisionado Henry Osorto Canales y asesinar a 11 miembros de su familia por el conflicto de tierras en el CREM. Su inocencia se comprobó tras 7 años de cárcel y el mensaje de estigma contra la comunidad Guadalupe Carney sigue pesándoles. «Chabelo» –como cariñosamente le dicen en la comunidad– está preocupado, le cuesta creer que los jóvenes tomarán decisiones correctas, decisiones sin arrebato, desde la estrategia y no desde el resentimiento. Nadie quiere que vuelva a correr la sangre en el valle del Aguán, la sangre joven.

El 25 de enero de 2018, cuando las protestas contra el gobierno de Juan Orlando Hernández se recrudecían antes de su toma de posesión, en la Guadalupe Carney capturaron a Pedro Ulloa, un campesino de 63 años que además es conocido en la zona como miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. La fiscalía activó una orden de captura que Ulloa tenía desde hace 10 años, justo por el mismo delito del que acusaron a Chabelo. El 31 de enero, Ulloa fue liberado de cargos con un sobreseimiento provisional, pero el mensaje está dado: la comunidad Guadalupe Carney carga con las muertes de la familia del comisionado Osorto Canales y esto puede ser un condicionante de su lucha contra el gobierno, de su nuevo camino de conquista de la tierra.

 

 

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A Leo le hicieron un mural los compañeros de clase en la escuela, su abuela no soporta verlo. Con odio dice que ella sabe que ese crimen se quedará así, impune. Pudo haber sido un militar, un policía, un campesino, un traficante, un guardia “a saber”, dice mientras enlista. Su niño podía haber estado en otro sitio, en un lugar menos violento, menos confuso, un lugar con mejores oportunidades para un niño de 13 años. Carga culpa ella y toda la comunidad. Los jóvenes pasan cada tanto con una carreta llena de fruta de palma, todos cargan culpas en el Aguán. La tensión en casa de los abuelos de Leo, en la única calle de la comunidad, en la carretera de vuelta a la ciudad dice más que lo que la gente se atreve a decir.

 

El Aguán sigue siendo un territorio hostil.

 

 

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

Claire White, hija del ex diplomático estadounidense Robert White, vivió hace 50 años en Honduras. En ese tiempo su padre, estaba asignado en este país por parte de su gobierno. «Estados Unidos estaba muy bien con el golpe de Estado que le hicieron a Ramón Villeda Morales y aceptó la dictadura de López Arellano. Ahora regreso 50 años y escucho la misma narrativa. Todo lo hemos puesto en un marco maniqueísta: blanco y negro, bueno y malo, comunista y anticomunista», expresó White en entrevista con Contra Corriente en su visita a Honduras tras la crisis post electoral.

Así como Robert White, quien se negó a encubrir asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte en El Salvador en la década de 1980, Claire se niega a aceptar la política militarista que domina Centroamérica y que está generando violaciones a DDHH en Honduras en este momento.

Claire White llegó a Honduras con una delegación de alrededor 50 personas de iglesias y organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos como una brigada de emergencia ante las violaciones a DDHH suscitadas en la crisis postelectoral, sobre todo fueron llamados para brindar protección al personal del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, que ha recibido amenazas en su ejercicio de comunicación y acompañamiento de la gente que protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.

El papel del gobierno de Estados Unidos ha sido determinante para Honduras, actualmente no hay embajador pero la encargada de negocios, Heide Fulton, se ha asegurado de que la palabra del Departamento de Estado tenga más poder que el clamor popular.

La delegación que acompañó White se reunió con Fulton en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, un grupo de 7 personas que según White, le dio un baño de realidad a Fulton, quien parece no saber realmente lo que pasa en las calles de Honduras. Para Claire, Fulton refleja exactamente al gobierno de Donald Trump, violador de DDHH e ignorante de la realidad. Pero sobre todo, Fulton responde a las directrices exactas que el verdadero jefe de Honduras le da: el general John Kelly, el arquitecto de la militarización en Centroamérica.

«Le dije a Heide Fulton : yo regreso 50 años después y son los hijos de los hijos de la misma oligarquía ¿Cómo mantienen este poder? Es la misma fórmula por medio de la ilegalidad, la corrupción, la militarización. Cuando yo regreso 50 años después es lo mismo, pero hay algo más terrible: la militarización ha incrementado de una manera escalofriante, la tecnología es mejor y los poderes de espionaje hacen más fácil encontrar gente. Nosotros estamos armando al ejército hondureño para matar a su propio pueblo», dijo.

Carlos Dada, del periódico digital El Faro, narró el día de la toma de posesión poniendo el foco sobre la represión en las calles y la procedencia del gas pimienta que se lanzó por montón en la ciudad. Bombas de gas lacrimógeno fabricadas en Pensylvania. «Sí, tal y como lo dijo Carlos Dada de una forma muy poética, esto es tan preocupante porque no solo son las bombas, tambien entrenamos en los 70’s y 80’s a los violadores de DDHH, les enseñamos cómo violar derechos humanos en la Escuelas de las Américas y esa misma gente mató a Monseñor Romero, mató a los jesuitas y a sus amas de casa y a las religiosas estadounidenses en El Salvador. Ellos son los que sembraron esta mentalidad que aun sigue, de que hay algunos que sí tienen que morir. Me da tanta preocupación ver a esos jóvenes de 19 años, armados, encapuchados, sin nombres, sin cara, sin placas, deshumanizados, cobardes, echándole bala viva a niños de 14 años, rompiéndoles la cabeza, desapareciendo niños de 15 años», agrega White.

De acuerdo al más reciente informe de la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018, se registraron 33 muertes de manifestantes vinculadas al conflicto post electoral, durante y después del desarrollo de las acciones de protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. El informe preliminar concluye que los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos, son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación.

En su recorrido, la delegación escuchó múltiples testimonios de violaciones a Derechos Humanos. White conoció a una víctima a la que le habían matado a su padre frente a ella y su madre. A este muchacho lo agarraron y le quitaron su moto, lo metieron preso con 4 niños más y lo pusieron en una celda con esos gases que queman la piel y lo dejaron así, quemándose por dentro y por fuera, según el relato que White escuchó.

«Mire, yo creo que la gente en estas embajadas no saben lo que están haciendo, están repitiendo una narrativa de décadas, hablan de la prosperidad: “estamos aquí para ayudar a las instituciones del pueblo hondureño porque históricamente han sido muy débiles” nosotros les dijimos “¿Pero ustedes no se dan cuenta que nosotros destruimos las instituciones, que nosotros sembramos la corrupción, que impusimos las dictaduras, que instalamos estructuras injustas? ¿Usted está culpando a Honduras históricamente? Usted, el gobierno, nosotros somos los responsables”. Y por décadas todas estas personas han pedido las mismas cosas: dejen de matar a la gente, dejen de poner dictaduras ¡y miren lo que estamos haciendo! Millonadas para reprimir a la gente, es una obscenidad», cuenta White. La reunión con Fulton duró un par de horas y ella solo callaba. White cree que Fulton no sabe el impacto en la vida de la gente, testimonios como el de la tortura con gases o los asesinatos selectivos pasan de largo en las oficinas de la Embajada que solamente tiene a un encargado en el área de DDHH.

«Estados Unidos también tiene un gobierno ilegítimo»

White compara la crisis política hondureña con la de su país, no los están matando en las calles pero sí Donald Trump se ha encargado de reprimir al pueblo estadounidense de una manera psicológica y restringiendo derechos a las mujeres, rechazando reglas ambientales, criminalizando a los migrantes. «Estamos nosotros librando una lucha también allá, para que no sigan mandando armas de muerte a sitios como Honduras.

En Honduras no hay embajador aun porque el gran problema con el departamento de Estado es que no hay diplomáticos, nadie quiere trabajar bajo esta administración porque nadie va a querer decir que fue embajador con Trump, la gente está huyendo, varios se están yendo como el embajador de Panamá que dijo que no quería ser embajador de un presidente racista», explica White.

«Por décadas todas estas personas han pedido las mismas cosas: dejen de matar a la gente, dejen de poner dictaduras ¡y miren lo que estamos haciendo! Millonadas para reprimir a la gente, es una obscenidad», Claire White.

Fulton no es una mujer reconocida en Estados Unidos, antes de venir a Honduras como encargada de negocios, fue jefa de la unidad antinarcóticos en Afganistán y también estuvo en Camboya. En Estados Unidos es irrelevante quién en Honduras manda.

Salvador Nasralla en una entrevista que nos dio antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández nos decía que se viene una gran diáspora, que si a Estados Unidos le preocupa que la gente de estos países huya hacia el suyo, con el apoyo a la dictadura de Hernández, la gente migrará masivamente, ponga Trump el muro que ponga.

«La criminalización de los migrantes, hombres y mujeres es fuerte. Esta administración es inepta, narcisista, no tienen información, no respetan a las mentes que conocen profundamente la geopolítica –no hay nadie así en la Casa Blanca– sino John Kelly, el general, él es el presidente de los Estados Unidos. Él es el jefe de Heide, fue quien militarizó a Centroamérica, es un guerrero, ve el mundo de una manera maniqueísta: blanco y negro, comunista-anticomunista, y aquí él quiere imponer orden, quiere militarizar, adueñarse los intereses económicos y que el pueblo sea laburador de las oligarquías. Honduras está a la venta», eso es lo que le importa a Estados Unidos según White.

Cuando la delegación le preguntó a Heide Fulton sobre el fraude en las elecciones y la posición que tomó Estados Unidos, no les contestó. «Mire, yo tengo una cita» –dijo–, «la sacamos corriendo, pero le dimos un baño de realidad, le dije: usted está apoyando a una fuerza que está matando al pueblo como lo hicimos en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua»; concluyó White, asegurando que la delegación volverá para observar de cerca lo que sucede en Honduras en este camino de crisis política y de Derechos Humanos.

Honduras entró en una nueva etapa. Por un lado, el diálogo que podría mediar la Organización de Naciones Unidas y blanquearía el fraude electoral y las muertes post electorales, y por otro lado el enfrentamiento entre militares y civiles en zonas conflictivas del país, sobre todo las comunidades que se oponen a los planes de desarrollo del gobierno de Juan Orlando Hernández.

 

Foto: Martín Cálix

 

Las calles amanecieron desoladas en los diferentes municipios del departamento de Cortés donde usualmente el sábado es el día con mayor afluencia en los comercios. Aunque aparentaba de alguna forma un día normal, en cada entrada de colonias y barrios ubicadas en las orillas de las carreteras nacionales se podían ver militares y policías en sus camiones en espera de una posible manifestación.

Barrios y colonias como Dos Caminos, López Arellano, Chamelecón (sector) y Bajos de Choloma fueron puntos estratégicos en las manifestaciones de diciembre. En San Pedro Sula los bloqueos de calles los primeros días de diciembre fueron permanentes y las manifestaciones pasaron de protestas en la calle hasta la quema de los peajes en las salidas de la ciudad.

«Choloma, ha sido uno de los lugares más aguerridos, desafortunadamente se durmieron y en gran parte se debe al miedo que este Estado ha generado al mandar a militares y policías a reprimir y si a eso le sumamos también que en las últimas manifestaciones se infiltraron delincuentes, considero que el comportamiento es normal, triste, porque están logrando que la gente tenga miedo» expresó Rosa María, una artista de Choloma que ha estado en diversas manifestaciones y que relató la inseguridad que sentía al ver que dentro de las manifestaciones hubo personas que son conocidas en los barrios por sus antecedentes criminales y policías que no hacían nada mientras se daban los saqueos.

Aún así, un grupo de mujeres se reunió en el Parque Central de Choloma para realizar un plantón con pancartas y megáfono en mano, gritando que querían medicinas y no a FUSINA (Fuerza de Seguridad Interinstitucional). No llegó mucha gente, los carros que pasaban sonaban sus bocinas y sacaban su pulgar hacia arriba, aprobando la acción.

Foto: Sandra Ruiz

De acuerdo al más reciente informe de la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018, se registraron 33 muertes de manifestantes vinculadas al conflicto post electoral, durante y después del desarrollo de las acciones de protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.  El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), reportó 232 personas heridas y lesionadas entre el 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y en la zona norte se registraron casos con heridas de gravedad 8 en Dos Caminos, Villanueva Cortés, 3 en la colonia López Arellano, 10 en San Juan Pueblo Atlántida y  en Santa Bárbara.

El informe preliminar concluye que los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos, son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación.

“Tuvimos que venirnos al parque, ya que no nos dejan tomarnos las calles ni carreteras, por seguridad prácticamente estamos acá porque en todos los puntos estratégicos, donde usualmente haríamos la toma están sumamente militarizados y sería una imprudencia irnos a meter ahí. Venimos a decir que no queremos a Juan Hernández como presidente, que protestar no es delito, pero asesinar y reprimir sí. Hay mucho miedo y parece que estamos en un estado de sitio. Es un riesgo estar aquí, sobre todo a las mujeres, Choloma ha sido una las ciudades más golpeadas en estas protestas, tanto por los saqueos como también por las personas asesinadas”expresó Maria Luisa Regalado de Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

La Codemuh trabaja con mujeres obreras de maquila que han sido afectadas en sus derechos, mujeres violentadas por una industria que sostiene a la zona norte, la más productiva del país. Municipios como Villanueva, Choloma y San Pedro Sula son conocidos por las diversas transnacionales de la industria textil que operan. “La zona norte es la que sostiene entre el 65% y el 70% del producto interno bruto (PBI) y dinamiza la economía del país, esta región está sostenida por importantes ejes como la agricultura, turismo y zonas libres (maquilas) ubicadas en el sector de Villanueva, Choloma y San Pedro Sula, siendo el 12% de ello el sector de manufacturación” según  Guillermo Altamirano analista en economía.

Foto: Leonela Paz

Mientras en Tegucigalpa la represión inició desde un día antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández a la presidencia, en San Pedro Sula y lugares aledaños se reportaban tomas pacíficas de lugares como El Progreso, Yoro que rápidamente fueron reprimidas; Contra Corriente realizó un monitoreo de lugares y consultó a dirigentes y líderes comunitarios sobre las acciones de la insurrección a la que Salvador Nasralla llamó por twitter y respondieron que sentían que había mucha desinformación, además de sentirse vigilados al tener policías y militares en las zonas estratégicas donde se han realizado las tomas, incluso dentro de los barrios y colonias.

Pero la zona norte no solo se conoce por ser “industrial”. San Pedro Sula ha llevado desde hace unos años el apellido de “la ciudad más violenta del mundo”. Según el Observatorio Nacional de la Violencia en 2017 se reportó que el 28.9% de los homicidios se reportaban en el departamento de Cortés, siendo San Pedro Sula y el Distrito Central dos de las ciudades más peligrosas del mundo.

Ante un contexto violento y una represión de semanas, los manifestantes no salieron como en días anteriores, no obstante, a las 2 de la tarde, una convocatoria espontánea llamó a través de redes sociales a una movilización. Aproximadamente 200 personas se reunieron en el Monumento a la Madre en San Pedro Sula, donde salió, inusualmente, hacia barrios y colonias de la ciudad desde donde les apoyaron y alguna gente se unió.

Caminaron hacia Megaplaza uno de los comercios saqueados el 1 de diciembre en donde quienes dirigían la movilización aclararon que los actos vandálicos no eran una forma de protestar.

Además de ser un punto estratégico, siendo la carretera principal para llegar a La Lima, El Progreso, Tela entre otras ciudades, los policías y militares comenzaron a llegar mostrando con orgullo su indumentaria oficial y los garrotes de madera en sus manos, intimidando a los manifestantes. La caminata finalizó y regresó a su punto de partida esta vez rodeada de militares en motocicletas, policías caminando entre ellos y seguidos por camiones llenos de militares. Una imagen de cómo la llama de las protestas post electorales se ha ido apagando, a pesar de que se mantiene constante y amenaza con mantenerse así los próximos cuatro años del reelecto y cuestionado gobierno de Juan Orlando Hernández.

Con reportes de Leonela Paz y fotografías de Sandra Ruiz

Con la mano derecha sobre la biblia, el presidente nacionalista Juan Orlando Hernández, juró esta mañana respetar las leyes de Honduras y prometió no reelegirse más de una vez. La reelección está prohibida en la Constitución de la República, ésa que faltó en el acto inaugural. En el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino acordonado con tres anillos de seguridad de la Policía Militar, Hernández celebró la toma de posesión de su segundo periodo de gobierno consecutivo mientras afuera, en las calles, la represión militar evitaba que la oposición llegara al Estadio Nacional para boicotear el acto.

Ningún mandatario de otro país acompañó el evento oficial y las misiones diplomáticas no enviaron a sus embajadores sino a secretarios. Sin embargo, el estadio comenzó a abrir sus puertas desde las 7 de la mañana para los simpatizantes  del Partido Nacional, gente que era llevada en buses y que por ir recibía una bolsa con un jugo de naranja y un plato de comida. Pudimos observar esto desde el segundo anillo de seguridad, como a 200 metros de la entrada del estadio porque se nos negó la acreditación de prensa. Los alrededores del estadio estaban militarizados desde ayer.

Simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura se comenzaron a reunir frente a Plaza Miraflores en el bulevar Centroamérica para partir en caminata hacia el estadio, liderados por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya Rosales a eso de las 8 de la mañana. La movilización partió y a menos de una cuadra de haber avanzado, policías militares comenzaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno sin mediar palabra. La mayoría de manifestantes se dispersó, mujeres, niños y personas de la tercera edad corrieron mientras algunos jóvenes encapuchados y armados con palos, hondas y piedras pedían no abandonar la calle. Allí comenzó la batalla campal, piedras contra bombas en persecución.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció «condenando enérgicamente» el uso de gases lacrimógenos para dispersar esta manifestación, lo hizo a través de un tweet mientras María Soledad Pazo, la encargada de esta oficina en Honduras, saludaba de manera oficial al mandatario Hernández en el acto protocolario de inauguración de su gobierno.

Hernández asegura que su segundo mandato será guiado por un diálogo que permita crear consensos, casi aceptando que se ha visto debilitado por el descontento expresado en las calles después de unas elecciones que no solo dejaron un resultado reñido, sino que fueron denunciadas por fraude y no avaladas totalmente por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La postal de Honduras hoy muestra sobre qué se sostiene el gobierno de Hernández: las Fuerzas Armadas. El año 2018 comenzó con un despliegue militar a nivel nacional que sitió ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tocoa y Choluteca, focos importantes de resistencia contra el gobierno y un día antes de la toma de posesión Tegucigalpa parecía estar en guerra, la Fuerza TIGRES y Policía Militar y las fuerzas policiales Preventiva y COBRAS, se desplegaron para desalojar cualquier intento de bloqueo de calles por pequeño que fuera, aunque fuera en un callejón de un barrio pequeño.

«Aquí nos tienen fichados porque somos un barrio revolucionario», decía una enfermera a las 10 de la noche antes de la toma de posesión, mientras intentaba auxiliar a un vecino golpeado por un militar y a una mujer embarazada agredida también por militares después que un grupo de personas que viven en su cuadra intentaron quemar una llanta en la calle de enfrente, la Policía Militar sitió la cuadra.

«Vayan a atrapar delincuentes, no se metan con nuestra indignación», decía otro vecino, de frente a los militares que se sostenían fuerte en sus escudos, nerviosos.

Vecino de Barrio Morazán discute con militares que golpearon a un joven y una mujer embarazada en Barrio Morazán. Foto: Martín Cálix

Las protestas comenzaron desde las 7 pm con la caravana convocada por la Alianza de oposición contra la Dictadura la noche anterior a la toma de posesión y terminó en la madrugada en sectores como Villanueva, El Hato de En medio y Kennedy, zonas conflictivas de la capital. Pasaron pocas horas para el 27 de enero, día en que el despliegue militar funcionó exactamente igual, lanzando gas sin mediar palabra a toda protesta, intento de toma de calles y daño a la propiedad privada.

En San Pedro Sula y el norte del país la militarización fue evidente pero las protestas no fueron multitudinarias ni violentas. El impacto de los asesinatos en la crisis post electoral  y las detenciones arbitrarias generaron un efecto de miedo evidente en el escenario previo a la toma de posesión.

«Dios es nuestro amparo y fortaleza en la tribulación, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación» exhortó el Pastor Saúl Gómez de la Confraternidad Evangélica en la apertura de la Toma de Posesión del reelecto presidente Juan Orlando Hernández, mientras las fuerzas policiales y militares lanzaban cientos de bombas lacrimógenas a esa parte del pueblo hondureño aglutinado en la movilización de la Alianza de Oposición.

Luego de la participación de líderes de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica de Honduras, como hace cuatro años  Juan Orlando Hernández juró con su mano sobre la Biblia y frente a su familia que se conducirá con sabiduría y humildad para hacer una Honduras de reconciliación. Como la historia de Noé, la misma de la biblia, no todos los que querían entrar o llegar al arca pudieron.

Hoy en una Tegucigalpa ahogada en un diluvio de gas pimienta, bombas lacrimógenas y represión, medios de prensa nacional e internacional no acreditados no pudieron entrar al estadio y una gran cantidad de manifestantes no lograron ni acercarse al Estadio Nacional donde finalmente se realizaba el evento.

En una situación de violencia exacerbada por parte del Estado, el impedimento a medios independientes para cubrir el evento oficial y la tenacidad por parte de manifestantes, la prensa queda en medio del fuego cruzado. Periodistas golpeados, ahogados por el gas lacrimógeno y usados como tabla de salvación por parte de manifestantes que desesperadamente corrían por su vida, afectaron la transmisión de lo que sucedía en las calles de Tegucigalpa mientras en cadena nacional Juan Orlando Hernández recibía pacíficamente la bendición de las iglesias para sus próximos cuatro años. Un gobierno basado en la militarización como respuesta a la criminalidad y la inestabilidad social, al extractivismo como propuesta de desarrollo y al asistencialismo con el Programa Vida Mejor, como apuesta por una ciudadanía menos política y más hambrienta, condiciones que garantizan el fortalecimiento del control del Partido Nacional con su figura de liderazgo más fuerte: Juan Orlando Hernández.

Con reportes de Pamela Sánchez y fotografías de Martín Cálix.

 

A pocas horas de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa algunos barrios se levantaron en protesta mientras pasaba una caravana que lideró el candidato de la Oposición: Salvador Nasralla. El llamado a la insurrección que hizo la Alianza de Oposición contra la dictadura no hizo tanto eco como para asemejar la situación en la calle con la de los últimos días de 2017. Pero los barrios más afectados por la represión militar hoy volvieron a salir y además de sonar cacerolas y cantar la canción famosa de «Fuera Joh», se enfrentaron a la fuerza militar que de inmediato aplacaba cualquier intento de toma de carretera con gas lacrimógeno y balas. El Hato de Enmedio, Villanueva, Kennedy y el Barrio Morazán pasaron la noche sitiados entre el humo del gas y la persecución militar.

«Esto no va parar aquí, faltan 4 años más de esto», gritaba un hombre que se dirigía a su casa en motocicleta enmedio de la represión militar. Un militar le contestó «nosotros estamos listos para aguantar». La violencia se agudiza en un país militarizado y con inestabilidad política tras reelección presidencial.

 

El lunes previo al día de la toma de posesión se escuchaban por todas partes las amenazas de manifestaciones, intentos de paro nacional y toma de carreteras. A dos meses de haber celebrado las elecciones generales en Honduras, las protestas en contra del presidente actual – quien además será el siguiente también – no cesan a pesar de lo mucho que ha disminuido su intensidad y su constancia.

Salí a hacer un par de mandados y siempre tuve la sensación de que me observaban; me sentía culpable por no poder unirme a las manifestaciones de ese día, era como si todos los demás se dieran cuenta y me reclamaran. Cuando mi faena terminó, caminé una calle en dirección hacia el boulevard Suyapa buscando un taxi que me trasladara a mi destino; de muy mala gana me senté en medio del asiento trasero, rogando para que mis acompañantes bajaran los vidrios de sus ventanas y así no morir de calor en una ciudad acelerada y nerviosa. Una vez en marcha, llegamos hasta el ya muy conocido semáforo ubicado en la intersección cercana a Casa Presidencial. Un grupo de personas, con megáfono en boca, nos recordaban la necesidad de gritar en la calle para evitar que se consume el fraude electoral. Pude ver las expresiones dibujadas en las caras de mis acompañantes, eran esos gestos a los que alguna vez hemos expresado nuestro malestar, ya deberíamos estar acostumbrados, pero que seguimos sin poder tolerar. Nadie decía nada, el lenguaje corporal lo hacía todo.

Cuando por fin logramos salir del atolladero en el tráfico, el primero en hablar fue el conductor.

-Ya quisiera yo andar allí, pero vivo en un país en el que, si dejo de trabajar un día, no como.

Me pareció curioso que fuera precisamente él quien mostrara la mayor señal de apoyo, dado que, trabajando como taxista, sus ingresos se ven directamente afectados por la toma de calles.

-Tengo dos hijas universitarias y me da mucho miedo que de seguir la situación como esta, que yo no pueda continuar pagando su educación.

La señora rubia sentada a mi lado derecho pareció prestarle atención por primera vez. Se unió a la conversación para decir que ella apoyaba las manifestaciones, pero que no estaba de acuerdo con la violencia y los actos delictivos. Por supuesto se mencionó la tragedia que suponía el daño material del que fue víctima recientemente un hotel capitalino.

-Pero es que nada se ha logrado sin el correr de la sangre — le contestó mi héroe taxista. Continuó explicando que hasta antes del golpe de estado en 2009 él era “cachureco” y que lo era porque sus padres se lo inculcaron. Luego habló de un despertar de conciencia colectivo y me vi muy atraída por esa selección de palabras; de cómo él trataba que sus hijas votaran siempre con responsabilidad, de cómo se había tomado por lo menos un par de horas libres para poder ir a manifestarse semanas atrás y de cómo siempre que podía, platicaba con sus pasajeros para así compensar el tiempo que no podía ir a marchar.

La señora rubia le interrumpió esta vez para argumentar que este no era el primer presidente corrupto que teníamos y que este no era el único país donde se daban los robos masivos, los fraudes electorales y el asesinato de gente inocente en nombre de la política. Yo estaba a punto de contestarle cuando mi héroe una vez demostró que quien trabaja en las calles, vive más.

-Que esto ya se haya dado antes no significa que debamos permitir que continúe.

Yo debía bajarme en la siguiente esquina. No quería hacerlo, quería seguir escuchando a aquel hombre con las manos gastadas y las piernas cansadas de conducir. Al de la voz contaminada de gritos e insultos cotidianos, misma voz que imaginé gritando muy fuerte la consigna que ya todos sabemos.

Hoy, a pocas horas de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, Honduras amaneció con el reporte de Associated Press que vincula al director de la Policía Nacional, el recién nombrado José Aguilar Morán con el narcotraficante extraditado Wilter Blanco. A la mitad de la mañana, la Misión de Apoyo Contra la Impunidad (MACCIH), convocó a una conferencia de prensa para informar que investigarán a diputados que falsificaron artículos de la Ley de Presupuesto que garantizaron lo que ellos han llamado «un pacto de impunidad» a favor de diputados investigados por corrupción, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mientras tanto la convocatoria a paro nacional por parte de la Alianza de Oposición suena como objeto que cae al vacío, en el estadio nacional se preparan para la toma de posesión de Hernández, a pesar de que no hay un comunicado oficial que determine que allí será el evento y que han negado acreditaciones a varios miembros de la prensa nacional e internacional para la cobertura.

Un informe filtrado a la AP dice que el comisionado Aguilar Morán ayudó a movilizar un cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína escoltándolo con otros agentes de la Policía hasta la casa de Blanco, esto en medio de una crisis política post electoral debería ser un terremoto, pero en Honduras esto pasa de lejos. La Secretaría de Seguridad llamó a conferencia de prensa hoy pero después de 3 horas de espera, Omar Rivera de la Comisión Depuradora fue quien se presentó para prometer que se reevaluará la cúpula policial y para decir que el informe que utilizó la AP no corresponde al oficio original que obra en el archivo de la Inspectoría General.

La Maccih, por su parte, dio fuertes declaraciones en base a pruebas que muestran cómo en el Congreso Nacional el pasado 18 de enero se discutió y aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto que otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas para todas las investigaciones relacionadas con manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad de judicializar casos de corrupción mientras el Tribunal de Cuentas no determine la existencia de irregularidades. La ley es además retroactiva, porque aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006. Lo que se publicó en La Gaceta no es lo mismo que se discutió, denunció la Maccih, y esto es un delito, no un error.

En este video la Maccih explica cómo se manipuló la ley y la voluntad del pleno de diputados en el Congreso Nacional:

La jueza Alma Guzmán utilizó este artículo de la ley alterado para archivar el caso de la «Red de diputados» en el que 5 diputados estaban procesados por corrupción en manejo de fondos de oenegés. Ante las denuncias de la MACCIH, el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas ha asegurado a medios de comunicación nacional que la Misión quiere desestabilizar el país. Rivera Callejas es el firmante de la Ley y sería uno de los investigados por la Maccih para determinar responsabilidades penales por delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.

El Congreso Nacional ha nombrado una comisión para «enmendar el error» tras la presión de un tweet de la Embajada de Estados Unidos que se pronunció a través de la encargada de negocios Heidi Fulton.

«En política no hay errores involuntarios», dijo tajante Jiménez Mayor y agregó que serán investigados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad en la Corrupción (UFECIC), también el Ministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, la comisión de dictamen del presupuesto en el Congreso, el vicepresidente Rivera Callejas y el director del Diario Oficial La Gaceta.

«Desde que llegamos, tenemos las maletas hechas pero seguimos trabajando», dijo alguien del equipo Maccih tras los señalamientos de injerencia que han hecho desde el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. La Maccih se juega su estadía en Honduras en medio de una crisis política desatada por un gobierno que ha concentrado todos los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas en una sola figura: Juan Orlando Hernández, quien recibirá la banda presidencial por segunda vez consecutiva.

El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía asegura que es positivo que la Maccih comienza a dar golpes sobre la mesa, pero que en este momento lo que evidencia es que el actual gobierno no dejará que se le investigue y lo mejor que puede hacer en estas condiciones es retirarse del país.

«La Maccih tuvo esta información y otra más antes de las elecciones pero uno no entiende porqué no abrió la boca en ese momento, la ciudadanía tiene derecho a dudar de esta institución. Esto evidencia la naturaleza arbitraria y corrupta del régimen que tomará posesión mañana», expresó Mejía en entrevista con Contra Corriente.

Mejía cree que el gobierno de Hernández, a pesar de la acumulación de poder y la impunidad de la que se rodea también se muestra debilitado por la falta de legitimidad, el descrédito por el fraude evidenciado por la misma Organización de Estados Americanos (OEA) y un diálogo que no prospera.

Militar resguarda una de las entradas al Estadio Nacional. Fotos: Martín Cálix.
 

«Con esa debilidad el gobierno tiene que comportarse como un sicario en tres dimensiones: comprando voluntades como lo hizo en el Congreso Nacional para reelegir la junta directiva, aquellos que no puede comprar los reprime con la fuerza militar que lo hemos visto y siendo un gobierno lacayo de Estados Unidos, ese gobierno que es lo único que sostiene a Hernández.  Lo que va a pasar mañana es una etapa de transición que comenzó con las elecciones y ahora abre la nueva etapa que implica lavar el fraude y la inconstitucional reelección con un diálogo», agregó.

Para Mejía en Honduras se demuestra la diferencia entre la dictadura y la democracia. «Amnistía Internacional en su informe dijo algo fundamental: en Honduras no hay espacio para que la gente se exprese libremente y si lo hace se enfrenta a la fuerza represiva del Estado. Ésa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. La ciudadanía conciente no podemos sentarnos a un diálogo convocado por el máximo causante de la crisis política, porque el factor desestabilizador fue la reelección inconstitucional y ése es el tema principal que debe llevar un diálogo, el segundo es el fraude electoral», concluyó.

Hasta este momento no hay confirmación de la presencia de presidentes de otros países a la toma de posesión, el Partido Liberal publicó un comunicado en el que llama a sus diputados a no participar de la toma de posesión del Presidente y el despliegue militar comienza a hacerse efectivo en los alrededores del Estadio Nacional , mientras la Alianza de Oposición contra la Dictadura no ha tenido mucho eco en el llamado a protestar contra el gobierno y seguir denunciando el fraude electoral.

En la zona nor occidental del país se realizaron diversas actividades en torno al Día Nacional de la Mujer Hondureña y aunque cada semáforo tenía vendedores ambulantes con flores y corazones aprovechando la fecha, las movilizaciones en zonas como El Progreso, Tocoa y Santa Bárbara fueron lideradas con la consigna: «Nada que celebrar». La conmemoración sirvió para recordar las diversas luchas que las mujeres han emprendido en el país y las brechas que aún faltan por cerrar en materia de equidad e igualdad de género en un país donde entre el año 2016 al 2017 se reportó un aumento del 45.5% de muertes violentas y femicidios según el observatorio del Foro de Mujeres por la Vida.

Las mujeres han sido fundamentales en las manifestaciones desatadas por la crisis política en la que se encuentra el país, esas mismas mujeres organizadas, sindicalistas, feministas y lesbianas se autoconvocaron en la ciudad de San Pedro Sula para realizar un plantón frente al parque central y rechazar la dictadura que en varios niveles del gobierno se expresa y se oficializa en estos días.

La gente que las veía caminar les gritaba: «Fuera JOH» y algunos comentaban sobre la valentía de las mujeres. Un niño preguntó a su padre quiénes eran ellas y qué hacían a lo que su padre respondió -Son las mujeres valientes, que van a protestar. Las mujeres saben luchar por sus derechos y hoy justamente es el día nacional de la mujer hondureña-, le respondió mientras siguió su camino.

Mientras ellas protestaban, las calles habían sido cerradas y custodiadas por los militares y policías nacionales ya que en el Palacio Municipal se estarían llevando a cabo los actos de la toma de posesión del nacionalista Armando Calidonio como alcalde la ciudad por segunda vez. Al ver eso las mujeres se trasladaron frente la municipalidad gritando «Ni fraude electoral, ni acoso sexual» entre otras consignas consiguiendo que cerraran la entrada de la municipalidad al son de los tambores que no dejaban escuchar bien el himno nacional que se entonaba en la terraza municipal.

Ya en el plantón, las mujeres realizaron actos lúdicos y simbolizaron la sangre derramada en los últimos meses recordando las mujeres que han marcado la historia y la lucha feminista en el país.

«Las mujeres siempre hemos estado en la lucha y en las movilizaciones, sin embargo hemos sido invisibilizadas y nuestras agendas siempre han sido postergadas, hoy las cosas han cambiado porque tenemos mayor consciencia y estamos despertando. No importa si somos de sindicato, individuales, de colectivos no importa porque hoy estamos acá luchando y no nos vamos a parar, porque esto apenas empieza y para ello debemos cambiar las consignas de «Cual es la ruta» por: Cuál es la misión, sacar a ese ladrón. Cuál es el camino, sacar es asesino», expresó Nelly del Cid de Tejedoras de Sueños / Foro de Mujeres por la Vida.

En Honduras entre 2016 al 2017 se han reportado 1452 mujeres desaparecidas y 3725 violaciones sexuales a mujeres y niñas, según el observatorio de Foro de Mujeres por la vida.

 

Mujeres con pancartas, claveles,  cacerolas y machetes de un lado, del otro, mujeres uniformadas y con toletes, todas hondureñas. Mujeres que en la conmemoración del Día Nacional de la Mujer hondureña, salieron a hacer frente desde sus propias trincheras a la crisis post electoral que en Honduras se vive desde noviembre de 2017.

Hoy se instaló la Primera Legislatura del período constitucional 2018-2022 en el Congreso Nacional con actos simbólicos de protesta como el de la nueva diputada de Libre, la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien mientras se entonaba el himno nacional dio la espalda a la Junta Directiva reelecta casi en su mayoría y sin la representación de diputados o diputadas de la oposición. Mientras esto sucedía, en los alrededores del centro de Tegucigalpa un grupo de mujeres organizadas en resistencia, las feministas e independientes intentaban llegar hasta los bajos del hemiciclo legislativo como cada 25 de enero, pero fueron detenidas por un operativo policial y militar que acordonó todo el centro.

«A las mujeres que andamos en las protestas nos siguen criminalizando, y hoy como es costumbre desde 2009 no nos dejan pasar por ciertos sectores. El Centro de Tegucigalpa está amurallado, no hay acceso al Congreso Nacional que se supone es una de las casas del pueblo», lamentó Delmy Ordoñez, una de las jóvenes manifestantes que desde el barrio La Guadalupe se movilizó con dirección al Congreso, sin poder llegar debido a los agentes de la Policía Nacional y Militar que las rebasaban en cantidad.

Luz María Cantillano, vestida con una sábana blanca y con manchas rojas llegó a denunciar «el derramamiento de sangre que ha hecho el gobierno del presidente Juan Orlando». En el primer año de gobierno de Hernández, su único hijo fue asesinado por delincuentes en la entrada principal de la Colonia Los Pinos cuando se dirigía a buscar trabajo.

Doña Luz hoy no vendió tamales en Los Pinos, como hace todos los días, hoy se apostó con una cruz en la mano y la Constitución de la República en el suelo, frente a una barricada de la Policía Nacional en su primera línea conformada por mujeres que escudaban a unos seis bloques más de policías antimotines y policías militares que cubrían toda la avenida.

Varias son las razones que han movido a las mujeres hondureñas a salir a las calles a luchar por sus derechos, después de 64 años de promulgado el 25 de enero como el «Día Nacional de la Mujer Hondureña» bajo Decreto Legislativo número 30 del 28 de enero de 1954. «Hoy no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que despreciar, porque lo que sucede en este país es el fraude más transparente de la historia, claramente hay un solo poder que dirige y manda y los demás sólo son súbditos que paga con nuestros impuestos», condenó Regina Fonseca del Centro de Derechos de las Mujeres, sentada frente a una barricada de policías que le triplicaban en número al costado trasero del Congreso Nacional.

Fonseca puntualizó  que «en un medio sexista y misógino como es la Policía, las mujeres que allí se encuentran aprenden a reprimir, pero allá adentro, ellas también son violentadas, son subordinadas y hoy objetivizadas por este sistema capitalista y patriarcal… esta lucha es por las que estamos acá afuera protestando, por las que están aún en casa cocinando y por ellas, por las que están con ese tolete y escudo frente a nosotras defendiendo a la dictadura».

Al terminar la protesta, algunas manifestantes regalaron rosas a las policías y otras las trataban de persuadir: «Dios las ama, dios ya les tiene un galardón, nosotras las entendemos, dios las ama aunque nos monten verga»,fue el mensaje final de una señora que ya iba camino de regreso con su pancarta doblada a seguir en su cotidianidad.

 

Replicado de Casi Literal con autorización del autor

La desdicha de mi país comienza desde el nombre. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, honduras significa «Tratar de cosas profundas y dificultosas», y la semántica nunca fue más acertada ya que vivimos en una hondura, un pozo creado por los mismos que promueven una democracia que no existe.

El 14 de agosto de 2007 salí de Honduras, no fue una decisión fácil pero tenía que hacerlo. Emigré a Estados Unidos por diferentes razones, pero había una en especial que en aquel entonces nadie sabía y que hasta ahora muy pocos saben: meses antes de salir del país recibí amenazas de muerte. Durante un año me desempeñé como director de comunicaciones de una entidad de gobierno ―aquel gobierno que en el 2009 fue derrocado por un golpe de estado militar― y ejerciendo ese cargo recibí una propuesta para ser parte del selecto grupo de corruptos del país la cual no acepté. Luego comenzó el acoso.

Hoy, once años después, la corrupción se ha convertido en una metástasis que ha infectado a todo nivel a la mayoría de los políticos. La situación solo ha empeorado dado que la condición política y socioeconómica de Honduras es aún peor, los índices de homicidio son altísimos y la violencia se ha apoderado de un país donde el precio de una vida es más bajo que el de un teléfono celular.

Después del caos que ha causado las pasadas elecciones por las irregularidades y las innumerables denuncias de fraude, el presidente Juan Orlando Hernández, quien de manera cínica y descarada violó la constitución al reelegirse, llamó a la unión, el dialogo y la paz. Irónicamente, como muestra de su propuesta pacífica, envía a las calles a la policía militar fuertemente armada para reprimir al pueblo que según él lo eligió; una muestra clara de que el presidente ha perdido la capacidad de gobernar un país que se le fue de las manos desde el momento en que decidió convertirse en uno más de la lista negra de gobernantes latinoamericanos adictos al poder.

Las marchas pacíficas se han vuelto violentas ―una situación que no comparto pero puedo entender― y los reportes de enfrentamientos y asesinatos son cada día más comunes en los diarios y noticieros. En las calles el pueblo se enfrenta a la policía mientras que los poderosos y gobernantes «gobiernan» desde sus casas y oficinas utilizando el caos como cortina de humo.

Las recientes elecciones presidenciales en Honduras han puesto al país al borde de una guerra civil que provocará una migración masiva como sucediera en la década de 1980 en otros países de la región como El Salvador y Nicaragua. La violencia, el hambre, los constantes abusos de poder y la ley parcializada son algunas de las razones que despertaron la ira del pueblo, y lo que debió ser una fiesta cívica se convirtió en el inicio de una guerra sin cuartel entre aquellos que pretenden gobernar a la fuerza y los que se resisten a vivir en la miseria.

El destino del país es incierto y los partidos de oposición también tienen su cuota de culpa por prestarse a la farsa de las elecciones del pasado noviembre. Mientras tanto, el presidente Hernández no abandonará el poder porque sabe que hay más que eso en juego; por su parte los hondureños hacen valer su derecho y no dan tregua, demostrando, incluso, que están dispuestos a entregar su vida en las calles por defender la democracia.

Fotografía: Jafeth Lagos.

Reproducida con autorización de El Faro.

La Misión contra la Impunidad de la OEA se replantea la continuidad de su trabajo luego de que el Congreso hondureño aprobara una ley que le quita a la misión y a la Fiscalía la potestad de investigar a funcionarios públicos. La reforma, que ya fue aplicada para aplazar un caso contra cinco diputados, suspende cualquier acción judicial contra decenas de diputados acusados o investigados de pertenecer a una red de corrupción, entre ellos el presidente del Congreso.

Carlos Dada 

El jefe de la Misión de la OEA contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, amenazó este miércoles con el retiro de la misión si el Congreso no deroga una polémica ley, aprobada en los últimos días, que frena las investigaciones de corrupción que su oficina realiza en conjunto con la Fiscalía.

Instalaciones de la MACCIH, Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix

“Estamos investigando a más de 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso, además de a la exprimera dama. ¡Si iniciamos una investigación no pueden detener esa investigación!”, reclamó Jiménez Mayor en conferencia de prensa.

Este 24 de mayo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH) denunció la reforma de ley del presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, que frena las investigaciones contra funcionarios acusados de participar en redes de corrupción. Para Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH, este es un paso hacia la impunidad en Honduras.

La reforma legal aprobada el pasado 18 de enero otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas para todas las investigaciones relacionadas con manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad de judicializar casos de corrupción mientras el Tribunal de Cuentas no determine la existencia de irregularidades. La ley es además retroactiva, porque aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006. “Durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”, dice el controversial artículo 238 con el que cierra la ley del presupuesto, conocido ya como el “pacto de impunidad”.

La MACCIH y la fiscalía hondureña denunciaron en diciembre pasado la existencia de una red de corrupción que desde el Congreso otorgaba fondos a organizaciones no gubernamentales para proyectos sociales pero que terminaban en las cuentas bancarias de varios congresistas. Los investigadores dijeron tener suficientes pruebas contra cinco legisladores y solicitaron al Congreso retirarles el fuero para procesarlos. En vez de ello, los diputados aprobaron esta reforma legislativa.

Según las investigaciones, los cinco diputados involucrados en el escándalo recibieron fondos provenientes de varias organizaciones no gubernamentales destinados a proyectos sociales. Todos ellos votaron después por la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se oponían a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y por el nombramiento de sus sustitutos que despejaron el camino para la reelección.

El primer gran logro de la reforma fue bloquear esta investigación: este miércoles 24, los cinco diputados acusados en el caso conocido como “Red de Diputados” han sido liberados por la jueza y magistrada Alma Guzmán, que aplicó en su tribunal la nueva normativa. Guzmán tenía programada una audiencia del caso la semana pasada, pero esta fue suspendida y reprogramada para la tarde de este miércoles. La reforma fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero, y cinco días bastaron para que la jueza aplicara la nueva normativa y resolviera que el proceso queda aplazado hasta que el Tribunal Superior de Cuentas concluya la investigación administrativa, para lo cual tiene tres años de plazo. “Este proceso ya terminó y esta gente está ya libre”, dijo a la salida del tribunal uno de los abogados defensores. “El juicio está ya acabado”.

Pero este no sería el único caso de la MACCIH que se vería perjudicado. El vocero de la Misión denunció que la reforma podría afectar todos los casos correspondientes a las últimas cuatro administraciones, incluyendo el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social y las investigaciones de coimas otorgadas por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios en los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa.

“Hubo una reunión previa entre Mel Zelaya y Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, pero no sé qué hablaron ni quiénes de mi partido se quedaron o cómo votaron”- Rasel Tomé, diputado LIBRE.

La MACCIH también investiga a otros 60 diputados de todas las bancadas, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, de quienes sospecha que se beneficiaron de fondos públicos mediante el mismo esquema, explicó Jiménez Mayor. También hay directivos de 30 oenegés bajo investigación. La red pudo haber desviado $1,300 millones de lempiras -casi $60 millones de dólares-, dijo el funcionario.

Jiménez Mayor anunció que ha iniciado ya consultas con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para determinar si la misión continúa en Honduras, “al considerarse esta circunstancia como una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia del poder judicial y del Ministerio Público, impidiendo el combate a la corrupción”.

El Congreso y la Corte Suprema de Justicia, dos de los tres poderes del mismo estado hondureño que pidió a la OEA el establecimiento de la Maccih, respondieron advirtiendo que Honduras es un estado soberano.

El Congreso emitió un comunicado en el que demanda a la MACCIH “respeto a las instituciones del Estado, a su independencia y autonomía y al libre ejercicio de sus atribuciones”. Además considera que la reforma, “lejos de generar impunidad, promueve transparencia”, ya que exige al Tribunal Superior de Cuentas investigar el uso de todos los fondos públicos. Pero esto ya era mandato del TSC, aunque no exclusivo, como ha quedado ahora establecido en la reforma legal, en la que además se impide a la Fiscalía ejercer el patrimonio de la investigación penal que le manda la constitución hondureña.

La Corte Suprema de Justicia, que podría determinar la inconstitucionalidad de la reforma legal, también respondió con un comunicado en el que recuerda que Honduras es un país soberano, y condena “cualquier presión e insinuación proveniente de personas, grupos o instituciones, nacionales o internacionales”.

Conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Martín Cálix.

La controversia se une a la profunda crisis política que atraviesa Honduras, en las vísperas de la reinvestidura del presidente Juan Orlando Hernández programada para el sábado 27 de enero. Su reelección ha sido cuestionada por las principales fuerzas opositoras, que acusan al mandatario y a su Partido Nacional de haber cometido un fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre y se niegan a aceptar los resultados.

Honduras está ahora militarizada y fuerzas sociales y políticas han llamado a tomas masivas de calles y aeropuertos.

Pero el llamado “Pacto de la impunidad” amenaza también con dividir a la oposición liderada por el expresidente Manuel Zelaya.

El diputado Rasel Tomé, del Partido Libertad y Refundación de Zelaya, se retiró de la sesión en la que fue votado el presupuesto y con él la cuestionada reforma. “Denuncié que era una sesión ilegal, que no podíamos aceptar que se sometiera a votación un presupuesto que no se había discutido”.

Según la versión de Tomé, varios diputados de su partido se retiraron de la sesión, pero no todos. Entre los que se quedaron estaba el expresidente Zelaya Rosales, jefe de la bancada. “Hubo una reunión previa entre Mel Zelaya y Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, pero no sé qué hablaron ni quiénes de mi partido se quedaron o cómo votaron”. El Faro intentó obtener la versión del expresidente Zelaya, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido a nuestra solicitud.

La votación terminó con 60 votos a favor, 11 abstenciones y dos votos en contra, pero debido a que no estaba conectado el registro electrónico aún no se sabe qué diputados aprobaron la propuesta.

La lista de asesinatos y las violaciones a los Derechos Humanos continúa agrandándose. En el norte del país, desde el 20 de enero van 4 asesinatos de personas que participaban activamente en las protestas. Honduras se encuentra militarizada y la gente sale, en menor medida que el pasado mes de diciembre de 2017, pero sale aunque tenga miedo, y es el miedo lo que se convierte en la norma. El miedo a los militares y a la imposición de un gobierno que ha asumido que si militariza el país controla la situación.

La Alianza de Oposición convocó a una semana de insurrección a partir del 20 de enero, aunque no queda claro el esquema de organización de este tan anunciado desacato al gobierno, se han realizado distintas tomas de carretera, de barrios y colonias, unas con mayor organicidad que otras. Mientras en el norte del país la tensión y la temperatura sube bajo el asedio de la muerte selectiva, en Tegucigalpa la resistencia –a lo que ya algunos analistas llaman como golpe de Estado– parece anémica. Poca gente sale, poca gente se suma a las débiles convocatorias de la Alianza y al llamado a la insurrección. Una insurrección que a pocos días de la juramentación presidencial no parece terminar de cuajar más allá de los discursos incendiarios de Manuel Zelaya y de algunos de los diputados de la Alianza.

Discursos y más discursos, que intentan encender el fuego de la ansiada insurrección de un pueblo que parece desorientado y con miedo.

La mañana del 23 de enero se volvió a convocar a la gente a que se aglutinara a la altura del Puente Estocolmo, donde el sábado anterior habrían sido reprimidos con gases lacrimógenos y toletes. Los pocos que llegaron tenían a sus espaldas el imponente Estadio Tiburcio Carías Andino donde en su interior se continúa con los preparativos para la toma de posesión de Hernández que está pactada para el día 27 de enero, y de frente las vallas policiales y militares que impidieron el acceso hacia el Congreso Nacional, donde en ese momento se juramentaba con el mayor de los cinismo la nueva legislatura nacional, o vieja, o la misma, da igual: el nacionalista Mauricio Oliva sigue presidiendo la segunda institución del Estado hondureño, un Estado que parece desdibujarse bajo la bota militar y el descaro la derecha hondureña.

A la una de la tarde se había convocado a la entrada principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para la realización de un guancasco cultural. Lo que inicialmente se pretendía que fuera una actividad cultural entre el canto y la alegría estudiantil de los universitarios terminó por ser una larga caminata hacia el sector de Villanueva en la salida a Danlí. Por la tarde la cantidad de persona era todavía menor, mucho menor que lo de la mañana. Y aquello parecía insostenible, aquello fue insostenible: el asedio policial que no se detuvo hasta ahuyentar a los pocos artistas y estudiantes de la UNAH que intentaron realizar un acto cultural en solidaridad con uno de los sectores más golpeados por la represión militar en la ciudad de Tegucigalpa. El sector de Villanueva ha sido un verdadero campo de guerra, pero en esta ocasión nadie se sumó a la actividad, nadie salió a recibir el canto y la alegría universitaria y de los artistas. En estas condiciones, lo más cercano a una actividad cultural fue la entonación del himno nacional por Karla Lara.

La toma de la carretera hacia oriente duró nada, apenas unos minutos, la paciencia de los policías no era tanta y decidieron que era hora de desalojar, no hubo gas esta vez, porque los artistas y los estudiantes corrieron antes de que se dispararan las lacrimógenas, así, la actividad quedaba desarmada y el grupo –desorientado– caminó de regreso por donde vino, custodiado por militares y policías, pero desorientados, desanimados, con miedo quizá.

 

La calma y las vacaciones terminaron en Honduras. El 2018 arrancó con la misma indignación con la que cerró el 2017 en los barrios, en las ciudades, en el comercio, conductores de autobuses y vendedores de golosinas.

Doña Laura, una señora de aproximadamente 50 años aprovecha las tomas de calles para venderle golosinas a los manifestantes y a los militares. Ella dice que hay que ganarse la vida, pero que no hay que olvidar que el pueblo tiene derecho a manifestarse y a repudiar lo que está pasando en el país. Ella busca hacer dinero vendiendo chicles, cigarros, y cacahuates. Ella sabe combinar con certeza el negocio y la indignación.

Laura es diplomática, ella cuenta que está en contra de Juan Orlando Hernández, en contra de su dictadura y en contra del abandono gubernamental a los comerciantes informales, pero cuando de vender golosinas se trata, hasta a los militares se acerca. «Yo le vendo a todo el mundo, sí, me da miedo a veces acercarme a los militares y policías, pero a veces me compran cigarros o confites y yo tengo una familia a quien responder en casa». Laura dice que tiene cuatro hijos, y ella debe llevar dinero para su alimentación.

Laura escuchó la convocatoria de la Alianza de Oposición contra la Dictadura a paro nacional para el 20 y 21 de enero, al ver la televisión dijo que se puso a pensar a qué lugar iría a vender. Ella vive en El Carrizal, pero la mañana del sábado se trasladó a la sector de Villanueva, ubicada en la salida de Tegucigalpa hacia el departamento de El Paraíso.

Hubo mucha expectativa sobre lo que podría suceder en Honduras con la convocatoria. Los recuerdos en la ciudadanía del mes de diciembre siguen vigentes y todos se imaginaron que el país se volvería a paralizar, al menos en la zona norte, sector que, a mediados de diciembre, luego de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró sus carreteras al paso del tráfico.

Desde el sábado 20 de enero en horas de la mañana, se registraron tomas en los departamentos de Colón, Atlántida al norte del país; Yoro, Comayagua y Siguatepeque en la zona norte y centro de Honduras, y también en Tegucigalpa.

Esta nueva jornada de protestas tuvo menos intensidad que las de diciembre, pero no por ello se salvó de la represión militar. Las tomas de carretera se registraron en el departamento de Colón: en Trujillo, Tocoa y Sabá, lugar donde fue asesinado Anselmo Villareal, un campesino de la tercera edad, a manos de militares.

En Tegucigalpa hubo acciones en varios barrios y colonias: Miraflores, Carrizal, Comayagüela y Villanueva, en este último, Laura acudió a vender sus golosinas.

El sector de Villanueva es una zona donde habitan personas de bajos recursos económicos, históricamente ha sido un sitio conflictivo en la capital y además son barrios que evidencia la desigualdad y la pobreza.

Desde las 5:30 de la mañana estas colonias estaban militarizadas. Militares y policías estaban listos para reprimir a cualquier manifestante que intentara cerrar la vía de acceso hacia El Paraíso. Y esta escena se materializaba en todo el país, en el norte, sur, centro y oriente. Honduras estaba bajo el dominio militar.

Esa jornada desafió a los manifestantes, y a pesar de ello, la gente salió a las calles y logró instalar tomas de carretera, eso generó una reacción inmediata de las autoridades del orden, quienes reprimieron con gas lacrimógeno, toletes y en el peor de los casos con balas. Al final la jornada dejó una persona asesinada en el atlántico.

Pero esa realidad que se dibujaba en las calles de la colonia Villanueva no amedrentó a doña Laura, ella llegó con valentía y empezó en medio del fuego de las llantas a vender sus golosinas y también a repudiar cuando podía la represión y al gobierno que ahora se instala por cuatro años más.

Transcurría la mañana y la toma seguía instalada, a eso de las 10:30 de la mañana del sábado, la Policía Militar, junto a la Policía Nacional desalojó al calor del gas lacrimógeno, el que además de ser lanzado contra los manifestantes, también afectó a periodistas y a la gente que habita en las viviendas ubicadas en ambos lados de la carretera a oriente.

Mientras las bombas lacrimógenas eran lanzadas por los elementos de seguridad, doña Laura junto a los manifestantes corría sin freno hacia un lugar seguro, ella trató de buscar un sitio seguro, mientras los más jóvenes respondían con piedras el ataque lacrimógeno.

La represión duró más de una hora. La gente a pesar de la agresión, dos horas después –a eso de la una de la tarde– hizo otro intento de toma, el que también fue desalojado por las fuerzas del orden.

Doña Laura logró llegar a un lugar seguro, se quejó con los vendedores de verduras y tortillas que se ubican en la entrada a Villanueva y luego se fue del lugar con destino desconocido.

***

Las acciones del sábado 20 de enero terminaron, pero el sol marcaba un nuevo día, uno lleno de expectativas por la convocatoria de tomas, pero más por la sesión del Congreso Nacional que se convocó a las siete de la mañana del domingo.

Los alrededores del Congreso estaban totalmente cerrados, con único acceso a los diputados, personal del Congreso autorizado y periodistas acreditados. Ese día, además, la Alianza convocó a una movilización desde el Estadio Nacional hacia el Congreso, pues se instalaba la Junta Directiva provisional del Congreso.

La convocatoria era a las 7 de la mañana, generalmente las sesiones inician con demora, dos o tres horas después de la hora pactada, pero en esta ocasión no fue así; a las 6:50 de la mañana el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala acompañado de su secretario de despacho Ricardo Montes, dieron por inaugurada la sesión haciendo el llamado a la apertura de mociones por parte de la bancada del Partido Nacional.

De inmediato la palabra se concedió al Partido Nacional, instituto político al que pertenecen Ayala y Montes, lo han dicho públicamente y además son activistas del gobierno de Hernández. Al tener la palabra, el presidente del Partido Nacional, Reynaldo Sánchez dio a conocer la propuesta del oficialismo para integrar la Junta provisional que preparará la elección de la Junta Permanente y la instalación de la nueva legislatura.

«La propuesta es Mauricio Oliva en la presidencia, el honorable diputado por Francisco Morazán de la Alianza Patriótica Dennis Bobadilla en la vicepresidencia y el diputado Tomás Zambrano en la secretaría», dijo Sánchez.

La moción fue recibida, Ayala y Montes asintieron con la cabeza y Montes dijo a los presentes: «moción recibida y suficientemente discutida», se dio paso a la juramentación y posterior cierre de la sesión.

Mientras Montes decía que la moción estaba suficientemente discutida, varios diputados de la oposición en el Congreso levantaban la mano, para pedir la palabra y dar a conocer su propuesta que era encabezada por el Partido Liberal, para así obtener la presidencia del Congreso. Su solicitud ni siquiera fue recibida para presentar la moción, y ante el grito de «fuera JOH», los representantes de Gobernación y Justicia juramentaron a sus correligionarios nacionalistas.

Las reacciones se dieron de inmediato. Mauricio Villeda, diputado del Partido Liberal y excandidato a la presidencia por este instituto político dijo que este método demuestra el carácter dictatorial del oficialismo. Manifestó que esto no puede seguir así y que desde el Partido Liberal no respaldan esa imposición.

«Necesitamos en Honduras un nuevo aire, uno que no sea de gas lacrimógeno ni de dictadura», dijo el diputado Darío Banegas, también del Partido Liberal.

Por su parte el diputado nacionalista, exvicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas dijo que este es el reflejo de democracia y que el abogado Mauricio Oliva es un hombre capaz, que puede dialogar y que por eso el respaldo de los diputados nacionalistas, de la Democracia Cristiana y de la Alianza Patriótica. Al final 67 votos a favor de esa moción dieron positiva la juramentación de la Junta Provisional.

El martes 23 de enero se nombrará a la Junta definitiva, y por los vientos que soplan todo indica que será siempre bajo el mando de Mauricio Oliva, con la integración de las distintas bancadas en el Congreso.

Así arrancó la mañana en Tegucigalpa. Todo el país concentró su atención en lo que sucedía en el Congreso, las acciones disminuyeron su intensidad en comparación al sábado. Para la capital a las ocho de la mañana se convocó a una movilización hacia el Congreso, las condiciones para que se diera eran complejas, pues todos los accesos tanto al Estadio Nacional como para el Congreso estaban limitados por los retenes militares.

Allí estaba desde temprano doña Laura, vendiendo sus golosinas. A las nueve de la mañana había muy pocas personas, pero acompañadas de su candidato Salvador Nasralla, él estaba dando declaraciones a los medios de comunicación en el que reiteró el llamado a los diputados para que no asumieran el cargo y que con esa actitud de protesta pidieran la repetición de las elecciones, porque las mismas generaron fraude hasta en el Congreso Nacional.

Al final, ningún diputado hizo caso al llamado, cada uno de ellos, los que integran la oposición manifestaron que deben estar en el Congreso, porque de no hacerlo a pesar del fraude, sería dejar el camino abierto al oficialismo para aprobar leyes sin oposición alguna.

Doña Laura, con su cajita llena de golosinas vendía cacahuates, los andaba a cinco lempiras la bolsa (aproximadamente 25 centavos de dólar), y mientras intentaba convencer a sus clientes, de reojo ponía atención a Nasralla y sus declaraciones.

«Verdad que no deberían ir los diputados al Congreso le preguntaba a un cliente, que le compró dos bolsas de cacahuates, él le contestó, es complejo, pero en el Congreso hay que estar, sino los cachurecos harán lo que quieran con el país».

La mañana avanzó en medio de esa discusión de los manifestantes y también entre la duda de la llegada de más personas, en esta ocasión hubo muy poca presencia de gente, en el transcurso de la mañana hasta las doce del mediodía la cantidad no pasó de las 500 personas.

La jornada se dio al calor de una manifestación que por las condiciones mismas se convirtió en un plantón, no le quedó de otra a los manifestantes porque no había la cantidad necesaria para movilizarse, además la militarización y cierre de accesos era muy fuerte.

El reloj marcó las doce treinta del mediodía, doña Laura seguía vendiendo, ahora ofrecía cigarros a los militares, pero lo hacía viendo a la gente que le pedía a los militares que dejarán de atacar al pueblo, que al final ellos vienen de allí.

Mientras la gente seguía gritando «Fuera JOH», los manifestantes preparaban piedras para lanzar al contingente militar y policial que superaba los 500 elementos, fue en ese momento en el que uno de ellos lanzó una piedra contra ellos y la represión se desató.

Las bombas lacrimógenas volaban, mientras las piedras de los manifestantes sonaban en los escudos de los militares y policías, doña Laura salió corriendo con su caja de golosinas, ella junto a otros manifestantes salió fuertemente dañada por el gas lacrimógeno.

La represión se dio por todo el barrio Morazán, sector que colinda con el Estadio Nacional y el Congreso, la Policía Militar inició la cacería de brujas en búsqueda de los jóvenes manifestantes. El uso desmedido de la fuerza fue una vez más el factor determinante de la imposición del gobierno de Hernández, quien sigue controlando las protestas y sosteniendo su poder a base de gas lacrimógeno, toletes y balas.

Doña Laura tragó gas, corrió para salvar su vida, pero al menos llevó algo de dinero para darle de comer a sus hijos que la esperaban en casa.

 

Fotos: Jafeth Lagos

Salvador Nasralla es un hombre de medios que ya no cree en los medios. En su oficina en Televicentro, el canal nacional donde tiene  sus programas, los de mayor rating, Nasralla nos habla de lo que piensa sobre la insurrección y de cómo lo habría visto si fuera el mismo de hace 20 años. Nos habla con franqueza, como un hombre privilegiado en medio de la gente más empobrecida del país que ha depositado su esperanza en él. Nos habla más allá de la conferencia de prensa o un video subido a Facebook mostrándose como un hombre del pueblo.

Ayer, el candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la Dictadura del pasado proceso electoral, contestó la invitación al diálogo que le hizo Juan Orlando Hernández, el presidente que tomará posesión por segunda vez el próximo 27 de enero. Nasralla asegura que su carta desconoce el actual proceso de diálogo y pide intervención internacional de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, a pesar que parece sentirse engañado por ellas y por los intereses de Estados Unidos en específico. Y pinta un panorama adverso para los próximos días: La toma de posesión de Hernández, en la que según él se instalaría una dictadura, será «un acto de terror».

Nasralla lo dice desde su cómoda oficina pero sin desconocer que el país cuenta con un despliegue militar amplio y que su convocatoria a paro nacional desde el 20 de enero ya cobró la vida de un civil que quedó en medio del fuego. Nasralla (N) habló con Contra Corriente (CC) desde el peso que eso le representa y dice que desde que se instale la continuación del gobierno de Hernández, el país será invivible, tanto, que la gente o se irá o vivirá sin esperanza.

CC: ¿Cómo visualiza el país en estos días alrededor de la instalación del gobierno de Hernández, el 27 de enero?

N: Yo creo que la gente a partir del 27 de enero será desobediente al statu quo. Ya no hay razón para creer en la Corte Suprema de Justicia, el presidente es ilegal aunque la ley local lo valide, él solo representa al 20% de la población a la que él le paga, son sus empleados o le tienen miedo. El 80%, nosotros, en vez de hacer una manifestación única como las que hemos hecho en San Pedro Sula y Tegucigalpa decidimos hacerlo en todo el país y vimos que hubo suficiente gente en contra del gobierno, si el gobierno fuera aceptado por la mayoría, la gente no hubiera asistido.

Independientemente que el gobierno desplace a su gente a las carreteras y a las zonas neurálgicas por donde pasan los principales productos, esto será una constante durante los próximos años si se termina instalando el presidente Hernández; los gremios reclamando, toda la gente en la calle porque todas estas reclamaciones serán acompañadas por la oposición.

CC: ¿Pone en duda que el 27 se instale el gobierno?

N: No lo sé, da la impresión de que la OEA y la ONU son organismos que no tienen alguna influencia para defender la voluntad del pueblo, se nota que son organismos que defienden al proveedor de los recursos con los cuales se pagan los sueldos de los funcionarios. Es probable que ellos sigan con su posición –pese a estar convencidos de que yo gané las elecciones– de continuar con el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a favor de Juan Orlando.

CC: Usted acepta el diálogo con la mediación internacional y propone allí a la OEA y la ONU…

N: Pongo allí a la OEA o la ONU porque no se me ocurre qué otra gente poner.

CC: Pero usted acaba de decir que está consciente que ellos tienen intereses…

N: Sí, pero pedimos que al menos una persona de ellos asuma la responsabilidad de ser el mediador, la persona que condenó a Honduras porque la OEA tiene todos los datos que demuestran que yo gané por medio millón de votos, si ellos no los quieren divulgar o convocar el Consejo Permanente ya eso tiene que ver con los intereses de quienes les pagan los sueldos.

CC: El 20 de enero hubo un muerto en el Aguán ¿qué condiciones están dadas ahora con más de 30 muertos para un diálogo?

N: Son más de 40 muertos con don Anselmo asesinado por la espalda, yo publiqué en mi cuenta Salvador Presidente en Facebook y en Twitter @SalvadorAlianza, cuando fue asesinado este señor,  que no tenía nada que ver con la manifestación, se dirigía a su casa en bicicleta cuando lo balearon. Está bien un diálogo pero uno sobre el fraude electoral, porque lo que vende JOH al mundo es que él quiere un diálogo pero no dice sobre qué, habla de temas de interés nacional que hay montones, pero el tema que tiene a la gente en las calles es el fraude que me hizo, ése es el tema por el cual debemos reunirnos, el diálogo político para resolver el problema es bienvenido, el diálogo nacional con sus amigos y empleados no tiene sentido, eso es lo que dice mi carta.

CC: ¿Y ese diálogo giraría en torno a si Hernández acepta o no el fraude?

N: Tiene que haber un diálogo donde él tiene que entender, él lo sabe, lo saben los magistrados, la gente de la OEA, el hombre hasta se embriagó y por la presión de los organismos internacionales se publicó un resultado que debió haberse publicado 7 horas antes como se había anunciado con un gasto millonario de 15 millones de dólares que se le pagó a Teodoro Vucanovich, es inconcebible que con esta inversión tan cara de las últimas elecciones, solo en ésta los resultados no estaban a tiempo. Ellos saben que perdieron, si no se hubiera interrumpido el sistema con la complicidad de Vucanovich hubiera sido imposible darle la vuelta a eso y lo dicen desde The Economist hasta gente que ha vigilado los comportamientos numéricos de las elecciones en muchos países.

CC: ¿Quién acompañará la toma de posesión de Juan Orlando Hernández? ¿Usted cree que vendrán muchos presidentes?

N: Yo creo que no, nadie quiere arriesgar su vida. Venir es un riesgo enorme aunque tengan un buen sistema de seguridad, el hecho que venga un presidente a avalar un fraude. El presidente debería pensar que para tener un gobierno legítimo deberá someterse a nuevas elecciones, yo tengo la absoluta seguridad que yo ganaría otras elecciones. Yo estuve trabajando como 2 años en las reformas electorales en las cuales nos comprometimos él y yo para las elecciones de 2013 cuando también me robó las elecciones, en ese entonces yo no podía demostrarlo pero ahora sí y se lo llevamos a la OEA y al Departamento de Estado de Estados Unidos que es como el papá de Honduras, y ellos lo vieron pero tienen miedo que se instale un gobierno de izquierda, yo no soy de izquierda pero el hecho de estar asociado con un partido de izquierda les hace temer eso.

Si yo fuera un presidente de otro país no vendría a un evento de terror, puede pasar cualquier cosa, normalmente la toma de posesión es una fiesta, los presidentes caminan por la pista del estadio, corren riesgos calculados, no creo que así como está los presidentes se arriesguen ni los embajadores.

CC: Usted mencionaba que hay temor por estar asociado a LIBRE ¿le ha afectado políticamente esto?

N: Eso siempre lo supe, yo no ando buscando potenciar una ideología, yo me metí a esto para sacar a Honduras de la pobreza, el 67% de su gente. Yo no tenía otra alternativa porque el partido que fundé el Partido Anticorrupción (PAC), Juan Orlando por el temor que siempre me tuvo lo eliminó, me quitó el partido, a través del mismo ladrón que me robó las elecciones: el TSE. Yo sufrí dos robos, primero el PAC porque ellos por corruptos tienen el pavor a la palabra anticorrupción, y además me robó las elecciones.

CC: El Nasralla antes de la política ¿Cómo vería la situación actual, la insurrección?

N: Seguramente lo miraría como una persona bien acomodada que se deja llevar por las noticias de los medios de comunicación a los que tiene acceso, los medios de comunicación están encargados de instalar en la mente de las personas lo que quieren que la gente piense. Yo hasta hace unos 20 años cuando comencé un poco a analizar lo que pasaba en el mundo me dejaba llevar por las noticias, pero ahora me doy cuenta que son todos amañados, en casi todo el mundo los medios están apegados a instrucciones para defender a los que más tienen.

«Le llevamos las pruebas del fraude a la OEA y al Departamento de Estado de Estados Unidos que es como el papá de Honduras, y ellos lo vieron pero tienen miedo que se instale un gobierno de izquierda»-Salvador Nasralla.

CC: ¿Pero los medios han sido su profesión?

N: Pero yo no trabajaba en noticias, yo he estado en deporte y entretenimiento. Yo no sabía que los medios eran inducidos o comprometidos, tanto los medios como los periodistas por situaciones económicas.

CC: ¿Y cuándo lo supo?

N: En los últimos 25 años cuando comencé a comentar los problemas del país y enterarme de sus realidades. Antes de meterme en política era una persona influenciable, si así fuera ahora me sentiría incómodo porque el país está prácticamente paralizado, me doy cuenta en este momento que por encima de esa molestia que puede sentir un burgués, está el futuro inmediato de la nación, un futuro incierto porque no hay acceso al empleo ni a la salud ni a la educación, esto es una bomba de tiempo que más temprano que tarde tiene que explotar.

Es necesario un gobierno con sentido social, no la responsabilidad social que gritan algunas empresas que de responsabilidad no tienen nada, sino un gobierno que haga verdaderamente disminuir la pobreza, de nada me sirve decir que la economía en Honduras ha crecido en los últimos años si cada vez tengo más pobres, eso quiere decir que está creciendo en una dirección equivocada lejos de la gente. Eso es parte de lo que uno tiene que hacer, disminuir la pobreza no de un año para otro, en un mediano plazo poder bajar 30 o 40% la pobreza de manera que haya más personas que tengan capacidad o poder adquisitivo para comprar productos y entrar en la parte económica en vez de como ocurre ahora que la tajada va hacia un solo sector acentuando la diferencia entre ricos y pobres.

«Si yo fuera un presidente de otro país no vendría a un evento de terror, puede pasar cualquier cosa».- Salvador Nasralla

CC: Lo pueden llamar comunista a usted…

N: Eso no es comunismo, los medios internacionales que no saben dicen de mi que soy el candidato de izquierda pero los que me conocen aquí en Honduras, los mismos empresarios saben que no tengo nada de socialista, lo que tengo es una gran conciencia social de la necesidad que tiene la gran mayoría de la gente de tener acceso a lo mínimo. Por ejemplo, el salario mínimo en Honduras ronda los 8 mil lempiras pero el promedio de sueldos es 3 mil, los que están empleados tienen un sueldo menos de la mitad del mínimo y con el mínimo para una familia de 5 personas tal vez alcanza para comer, no alcanza para diversión, vivienda, transporte. Eso significa que Honduras no está produciendo las cosas que debe producir, son condiciones privilegiadas las de Honduras, territorios extensos para agricultura, dos mares, uno de ellos no lo tiene ningún país de Sudamérica, mar todo el año, mariscos, carnes, recursos naturales, minería, la ubicación geográfica de Honduras es la mejor, el centro de América, pero ha sido gobernado por 200 años por ladrones, el problema de Honduras no es un problema de ideología es un problema de sacar los ladrones. Cuando me di cuenta de eso me metí sabiendo que corría riesgo, pero nadie me había cuestionado mi reputación. No lo hice por dinero ni por fama, lo hice por devolverle al país lo que me dio durante 65 años de vida.

CC: ¿Su reputación está afectada ahora? ¿Salir en conferencia de prensa hablando de insurrección le ha afectado?

N: He perdido muchos amigos empresarios, no amigos, conocidos, uno se va dando cuenta que el interés es comercial hacia uno más no un afecto sincero, pero soy una persona con demasiada vida interior, demasiadas ocupaciones, nunca tuve vida personal por lo tanto no me afecta para nada lo que puedan . Me quedo consciente y tranquilo con mi propio yo por encima de lo que pueda pensar la gente, ahora tengo el reconocimiento de la mayor parte de la población, he perdido con el 1% de la población la gente cerca de mí por mi condición económica, pero he ganado al otro 98% que probablemente pensaba que era una persona acomodada y que no me iba a arriesgar a los gases lacrimógenos y balazos en las manifestaciones.

CC: ¿Qué siente cuando va a la calle y ve esa situación de violencia y represión?

N: Me pongo en el caso de la gente, yo digo, mal que mal yo voy a esas marchas pero cuando regreso a casa tengo comida, bienestar, comodidad, trabajo en la parte intelectual de tratar de recuperar el país. Me pongo a pensar en esas personas gaseadas, heridas, asesinadas que al llegar a la casa viven en piso de tierra, no tienen agua, energía o trabajo, se encuentran en una indefensión terrible, la han causado los políticos que ellos mismos obligatoriamente han elegido, porque el TSE ha permitido que participen en política narcotraficantes.

CC: ¿Cómo se siente al recibir esa carga de toda la gente empobrecida que usted describe, pone las esperanzas en usted?

N: Me siento como con una tremenda losa encima de mi cabeza, pero sé que en Honduras hay maneras de sacar a la población de la pobreza. El asunto es saber redistribuir los gastos porque tener un ejército tan caro, estar comprando bombas lacrimógenas, no sé si es una obligación internacional de Honduras la compra de equipo bélico, Honduras no va a ser el fiel de la balanza para que se acabe la industria bélica, 10 mil millones de dólares en aviones de guerra, tanques, si esos dineros se utilizaran para hacer hospitales, escuelas, canchas de fútbol y cosas que le sirvan a la población estoy seguro que la calidad de las personas mejoraría, Honduras es uno de los países más tristes del mundo.

Foto: Martín Cálix

CC: Honduras es uno de los países más tristes del mundo dijo usted, ahora que es padre de una niña que vive aquí, ¿Cómo ha cambiado su visión o como dibuja ese país en el que crecerá su hija?

N: Sinceramente… los padres son muy importantes en el desarrollo de sus hijos…  mi hija tendrá una formación de hogar de papá y mamá a diferencia de la tristeza que existe en el país que al no educar a las personas no existen valores y el 67% de los hogares son producto de madres solteras, no será el caso de mi hija.

CC: ¿La inestabilidad del país no le afectaría?

N: Por supuesto que nos va a afectar, yo tengo la esperanza de que independientemente de lo que pase, si este señor se reelige con la complicidad de los organismos internacionales que conocen el fraude no va a haber inversión aquí, no recibirá la Cuenta del Milenio que son 400 millones de dólares al año que no recibimos desde hace prácticamente 10 años por corrupción, habrá una situación económica complicada. Lo que estimo que puede suceder es que este hombre se imponga como dictadura, en los próximos 4 años la deuda externa de Honduras será el doble, porque va a seguir endeudándose con la compra de voluntades haciendo creer a la gente que él es la solución.

CC: Más allá de la cifra, ¿cómo le va a afectar a Salvador Nasralla como candidato, opositor del gobierno, ciudadano, padre?

N: Va a ser una situación incómoda, voy a tener muchos riesgos, tengo que esperar porque no soy una persona que se vende ni que trafico con mi pensamiento, no estaremos en una situación cómoda con mi esposa y mi hija. Yo tengo mi vida hecha, no tengo que salir a buscar trabajo en caso que esto se termine, no he dejado de trabajar permanentemente, felizmente el trabajo que hago es de tarea y no horario, entonces yo tengo que decidir si voy a continuar en política, no lo sé en este momento, si continuar en política significa estar expuesto al TSE del dictador, a una CSJ del dictador, el país seguirá sin institucionalidad.

CC: ¿Ha recibido presiones usted?

N: No, no, no, no, a través de los años en los que tuve mi partido que me robaron, el presidente Hernandez intentó negociar conmigo desde 2013, él sabe que en ese momento me robó las elecciones y en una reunión privada él lo aceptó. Pero él sabe que yo no negocio, cualquier cosa que me ofrezcan la voy a rechazar, yo no voy a tranzar beneficios personales a costa de que estrangulen al pueblo, esquilmando a la gente más humilde y como le dije en 2013 a él, yo no me metí a esto por dinero o fama, ni por un puesto de gobierno para colocar amigos o familia, eso es caer en el juego para… es como que lo compran a uno, felizmente yo no tengo precio.

CC: ¿Qué le diría a las FFAA desplazadas por todo el país?

N: Ha sido un buen ensayo para las FFAA, si alguna nación extranjera intenta invadir a Honduras, el despliegue del 20 de enero les sirve como ejercicio porque nunca se había desplazado todo el ejército con todos sus cañones, hoy en la salida a Villanueva habían fusiles, yo publiqué un video donde salen con fusiles aunque sea prohibido por la ley internacional, han violentado los tratados internacionales.

Viendo las caras de los soldados y policías de los rangos más bajos se nota que ellos no quieren estar allí, nosotros estamos luchando por las familias de ellos, ellos viven mal, ganan mal, comen mal, y no tienen otra alternativa para ganarse unos centavos que integrar la policía o las FFAA. Sin el uniforme ellos te dicen que apoyan la Alianza pero si desobedecen las órdenes del superior los cortan y no tendrán comida, el problema es económico. El dinero manda todo, si EEUU dice que no dará dinero para pagar los sueldos de Almagro y los demás, se acaba la OEA, igual con la ONU.

Pinta frente a Televicentro. Foto: Martín Cálix

CC: Y eso seguirá siendo así en su gobierno… ¿Cómo gobernaría usted?

N: Estas son las condiciones dadas, he leído libros al respecto, pero los países del mundo en los cuales he estado tienen una mejor calidad de vida para sus gentes, Chile que es donde yo estudié, Costa Rica que está a solo una hora de vuelo. Quiere decir que los gobernantes no son tan ladrones como los que hemos tenido en Honduras, se puede tener un gobierno justo donde se controle a quienes se cuelan a puestos públicos para robar  y darle mejores condiciones a la gente. Actualmente en los negocios del Estado los socios son el presidente, los ministros, la gente que los rodea, a través de las armas tienen maniatada la gente y se apañan con una ley de secretos para ocultar los proyectos de latrocinio como los peajes, los puertos, las ciudades modelo y otros en los cuales están metidos como el centro cívico gubernamental, el trans 450…

CC: ¿Cómo se cambia un país con una estructura de corrupción tan bien armada?

N: Coalianza es un proyecto en el cual el gobierno se hace socio de una empresa privada como en la construcción del aeropuerto de Palmerola, con la empresa Energía Honduras, hay varias empresas en las que el presidente, ministros, los narcotraficantes que los rodean son socios, entonces ¿cómo se cambia un país? Una parte es la empresa, y la contraparte es el gobierno, yo no seré socio de ninguna empresa.

CC: ¿Pero qué se necesita para comenzar este proceso?

N: Yo tengo la ventaja de que soy pelado, yo puedo tener a cualquier persona que me ayudó a llegar a la presidencia de la república pero si lo encuentro robando lo saco y lo entrego a la justicia, ese no es un comportamiento normal en Honduras donde los políticos se apañan sus delitos.

CC: ¿Qué se espera en estos días?

N: Tiene que haber un sacrificio de la economía nacional, en estos días se va a ver, las reclamaciones no pueden ser 24 horas al día todos los días, la gente se cansa y lo hace con sus propios recursos. Creo que los días 25, 26, y 27 serán días más dramáticos que el 20 y 21 de enero. Es de esperar, a ver si los organismos internacionales caen en razón que si insisten con JOH en la presidencia, las próximas elecciones no irá nadie a votar, hay un descrédito, la gente no cree en nada ya, cuando eso pasa el que puede irse se va. Ya en noviembre y estos dos meses, yo conozco 30 profesionales que ya se fueron que no pueden vivir en un país corrupto entonces obviamente se van, a EEUU le espera un flujo de alrededor de 300 mil nuevos migrantes que en los próximos meses van a escapar a EEUU aunque tenga más medidas para evitarlo, pueden llegar a Canadá, el hondureño es muy ingenioso, va a lograr llegar.

CC: ¿Y los que se quedan?

N: Para los que se quedan no hay solución con estos ladrones, estos seguirán robando pensando que son sus últimos años, si ahora han robado a manos llenas, en los próximos años intensificarán un robo.

CC: ¿Usted realmente ve una insurrección en las calles, más allá de una conferencia de prensa donde se llame a una?

N: Yo no se cuánto va a aguantar la gente porque la gente no tiene recursos, ése es el problema. Para reclamar se ocupa tener energías, proteínas, estar fuertes, puede ser que la gente vaya bajando, pero no va a ser una gente feliz, será un país sometido, con violación a DDHH, si la calidad de vida en este momento es 10, en los próximos años bajará a 5, los índices de calidad de vida van a empeorar, eso hasta que la gente se sienta más disgustada, mas sometida, mas disconforme, no sé si los organismos internacionales van a seguir consintiendo esto. Prácticamente la cúpula del gobierno está en el negocio del narcotráfico y EEUU lo sabe aunque lo maneja con cautela, los va llevando uno por uno, también puede influir eso, en cualquier momento se pueden llevar a figuras claves que delatarán a otras, yo dejaría en ese tipo de capturas en sus manos el futuro para que no sea tan incierto.

 

Fotos: Martín Cálix

Honduras sigue desangrándose. Anselmo Villareal, un hombre de la tercera edad, campesino del Bajo Aguán, se suma a la lista del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  (Conadeh) que registra 32 muertes violentas en la actual crisis política tras las elecciones de noviembre de 2017, las más cuestionadas por la reelección presidencial y las denuncias de un fraude electoral. La impunidad reina con toda libertad sobre los cuerpos y el dolor de los familiares de los asesinados por mano de las fuerzas de seguridad del país. Una mano que goza de la inmunidad en las investigaciones, del apoyo mediático y del financiamiento estatal.

Honduras está en poder de la fuerza militar, el ejército es la institución que garantiza la continuidad del presidente Juan Orlando Hernández, y para eso aplica su política de inteligencia a través de la represión contra cualquier persona que se oponga abiertamente al gobierno.

Durante el día, las vías públicas permanecen militarizadas para prevenir y desalojar tomas de carreteras por parte de la población; pero en las noches ocurre otro escenario: la persecución selectiva en barrios y colonias a lo largo y ancho del país. En la zona norte, el sector Cofradía en San Pedro Sula, ha sido testigo de la búsqueda e intimidación militar contra manifestantes, mismo escenario se refleja en Choluteca, en el sur de Honduras y también en Potrerillos en el departamento de Cortés. El hostigamiento va más allá de las bombas lacrimógenas.

La Doctrina de Seguridad Nacional, fundamentada en grupos militares y paramilitares que trabajan en el frío de la noche y la impunidad del día, que parece parte del pasado, de la década de los 80´s regresó y ahora se está implementando ante el silencio institucional, religioso y mediático.

El Conadeh pide al Ministerio Público que agilice las investigaciones contra los militares responsables de estos crímenes. La solicitud sigue engavetada, pues hasta la fecha ni el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla ni los voceros del Ministerio Público se atreven a decir si se está investigando.

El primer cómplice de la inmunidad militar es la institucionalidad encargada de la justicia y los Derechos Humanos, comenzando con el Ministerio Público, ente que debería ser el encargado de investigar y proceder legalmente contra los responsables de los crímenes, y no solo de los asesinatos sino de las violaciones a los derechos humanos registradas a nivel nacional. La Fiscalía de Derechos Humanos ha dejado mucho que desear, por el momento no hay un dato público que indique lo contrario mientras el presidente Juan Orlando Hernández ha nombrado a Karla Cuevas como nueva ministra al mando de la Secretaría de Derechos Humanos, una secretaría creada bajo la presión de Estados Unidos ante las denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos en el país. Una Secretaría que nace con el pecado original, gestada en un gobierno cuestionado e inconstitucional.

René Orlando Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo ante los medios de comunicación que más de 137 militares permanecen hospitalizados producto de los ataques de los manifestantes, además hizo un llamado a los entes de investigación para que identifiquen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley. Ante ese llamado el Ministerio Público ya lleva investigaciones, prueba de ello son los más de 70 ciudadanos judicializados en la zona norte, según datos de la Coalición contra la Impunidad, algunos de ellos ya están en los centros de máxima seguridad. Esto evidencia otra realidad: el Ministerio Público está investigando agresiones contra militares pero no los asesinatos contra manifestantes.

La violencia no es justificable, del otro lado hay oficiales policiales y militares heridos y un policía asesinado por manifestantes en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, este caso ya tiene tras las rejas al principal sospechoso del crimen. Lo cuestionable en este caso no es el proceso de investigación, sino la parcialidad de los entes estatales para hacerlo; es decir, si el crimen es cometido por militares, nadie hace nada al respecto para investigarlos, pero si la agresión es en su contra, todo el andamiaje institucional busca aplicar la justicia a toda costa contra los responsables.

El segundo actor de complicidad son los medios de comunicación corporativos, esos medios que son propiedad de las familias poderosas, que por años se han encargado de poner presidentes, diputados y alcaldes. La cobertura mediática ha sido cómplice no solo de las violaciones a derechos humanos, sino también de la inoperancia institucional. La prensa tradicional ha sido incapaz de cuestionar a las autoridades militares sobre su responsabilidad en asesinatos y persecución a manifestantes, ha sido incapaz de cuestionar al Ministerio Público su lentitud y olvido en las investigaciones, la prensa tradicional ha sido incapaz de criticar el silencio de los órganos defensores de derechos humanos y hasta de las iglesias.

Durante la cobertura del paro cívico convocado por la Alianza de Oposición que inició hoy 20 de enero, el periodista de Hispan TV, Dassaev Aguilar resultó con una pierna rota producto de la represión militar, esto deja en evidencia que desde los hechos del pasado viernes 12 de enero donde dos periodistas de UNE TV fueron golpeados por militares en la cobertura de una protesta frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa, misma suerte sufrió la corresponsal de Univisión en Honduras, Claudia Mendoza y Gilda Silvestrucci de Telesur llevan como objetivo silenciar a la prensa que cuestiona el gobierno de Hernández. El Colegio de Periodistas ha cuajado un profundo silencio a pesar de la denuncia de los afectados, y ante los videos que circulan en redes sociales sobre estos hechos el Ministerio Público podría actuar de hecho, pero sólo eso: podría.

Una semana después la dirigencia de este gremio salió al paso, luego que en redes sociales circularan afiches acusando a directores de medios de comunicación de ser cómplices del gobierno nacionalista, fue en ese momento en el que el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, fue al Ministerio Público a interponer una denuncia para que se investigue esa campaña de odio en contra de los periodistas. ¿Pero a qué periodistas defiende Rodríguez?

La denuncia se acompañó de un comunicado, en el que además hacen el llamado al respeto de los derechos de los periodistas en las calles, tanto de los militares como de los manifestantes, pero además pidieron a los periodistas a nivel nacional, que practiquen un periodismo ético, que no promueva la confrontación, sino que sea a favor de la paz.

El tercer cómplice es la iglesia, un sector ampliamente criticado desde el golpe de Estado de 2009. A inicios de 2018 el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dijo en una misa que hay grupos interesados en sembrar el caos en el país y lo hizo en referencia a los manifestantes que siguen protestando contra el fraude electoral. La cúpula de la iglesia católica y la iglesia evangélica ha tomado la decisión de guardar silencio ante los asesinatos y ante el aplastamiento militar.

El cuarto y más fuerte cómplice es el gobierno de Estados Unidos, este actor es fundamental para que el continuismo triunfe en el país. El gobierno norteamericano ha dado la venia al gobierno de Hernández para que busque el diálogo y para que su aparato represor obtenga inmunidad e impunidad. El gobierno norteamericano es el principal padrino de la dictadura militar, es el principal aval de la política de persecución y es el principal garante del fraude electoral.

Y así a la lista se siguen sumando actores que participan del diálogo convocado por Juan Orlando Hernández.

Honduras necesita independencia, y necesita autonomía, para construir un escenario nuevo donde se permita separar los poderes del Estado del control de Hernández. Honduras necesita la independencia de los medios de comunicación para que realmente cuestionen la realidad que enfrenta el país. Honduras necesita independencia de las iglesias para construir un verdadero Estado laico. Honduras necesita independencia de la comunidad internacional interesada en dominar nuestro territorio a cambio de aval político o de utilizarlo como zona de experimentación y exploración militar. Honduras necesita un cambio estructural, y no un simulacro de un futuro, que con las condiciones actuales del país, parece que nunca llegará.

Costa Rica celebra el fallo a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto al matrimonio igualitario y reconocimiento a la identidad de género. Era martes 9 de enero y la comunidad LGTBI o al menos quienes trabajan directamente en el activismo, estaban en espera de un comunicado oficial de la Corte IDH con respecto a la Opinión Consultiva que el Estado de Costa Rica envió el 18 de mayo de 2016.

“Ya se escuchaban rumores que el fallo podría venir favorable, desde diciembre, pero seguíamos esperando algo oficial,” comenta Emma activista lesbiana feminista de Costa Rica, quien ha venido trabajando por los derechos humanos de las personas LGTBI desde hace 30 años, ahora es coordinadora de la Colectiva Lésbico Feminista Irreversibles.

Ella es de aquella generación joven, que a finales de los 80 se fue organizando y soñaban con este momento. Emma quien estaba en el trabajo cumpliendo con sus deberes como un día normal, jamás imaginó que los resultados del trabajo de toda su vida los iba a poder ver antes de morir.

Era muy temprano, cuando su celular sonó anunciando que la Corte ya había brindado información oficial a la prensa y al Estado de Costa Rica con respecto a la opinión consultiva, empezó a verificar la información y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas de alegría, entusiasmo, pero también de esperanza: “lo que ha sucedido en Costa Rica no solamente ha impactado a nuestro país, esto ha tenido un impacto para todo Iberoamérica,” puntualizó en una entrevista con Contra Corriente.

Dado que Costa Rica forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su vez reconocen a la Corte IDH como el máximo tribunal de justicia en materia de derechos humanos para los países que suscriben a la Convención Americana de Derechos Humanos; en el caso particular de este país el Estado reconoce como mandato de ley lo que la Corte ratifique y ordene a través de sus sentencias y/o fallos, por lo tanto  el matrimonio igualitario y el reconocimiento de otras identidades de género serían un hecho según explica Emma.

“Hace doce años se ingresaron dos proyectos de ley para reconocer las relaciones de personas del mismo sexo y hace aproximadamente un año el proyecto de ley para reconocer la identidad de género, no obstante cuando no hay voluntad política el proyecto queda estancado…es más ni siquiera se llegaron a discutir, hoy estamos ante un escenario muy diferente, pues la vice presidenta del país Ana Helena Chacón ha sido una mujer muy comprometida, que ha impulsado distintas iniciativas con el fin de tener una sociedad más inclusiva y de derechos igualitarios” relató la activista.

Según el comunicado oficial de la Corte IDH, el Estado de Costa Rica deberá reconocer a las personas según ellas se identifiquen, brindando y siendo eficientes en los trámites administrativos.

“La Corte definió a la identidad de género como ‘‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento’’. El derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme sus propias opciones y convicciones. El Tribunal afirmó que ‘‘el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans’’. Esto incluye, entre otros derechos, la protección contra todas las formas de violencia, la tortura y malos tratos, así como la garantía del derecho a la salud, a la educación, al empleo, la vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”

El gobierno actual de Costa Rica ha sido muy claro en su posición en cuanto los derechos y deberes que la comunidad LGTBI tiene, muestra de ello fue que para el 17 de mayo de 2014 día Nacional contra la Homo – Lesbo- Transfobia en casa presidencial, la bandera LGTBI fue izada a la par de la bandera nacional. “Eso nunca había pasado, así que las reacciones fueron muy fuertes por parte de aquellas personas, que siguen en la edad de piedra, incluyendo algunos diputados de evangélicos y cristianos no estuvieron de acuerdo con lo que se hacía”

Luego en 2015 se aprobó el decreto ejecutivo 38.999, en el que se llama a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, tanto en la atención a las personas usuarias como a las personas funcionarias, lo cual hace que reglamentos internos cambien permitiendo y reconociendo a las personas de la diversidad sexual como también la identidad de género de cada persona. “Por ejemplo en mi caso que además de ser activista y funcionaria pública ya que trabajo en uno de los ministerios, si llega una persona trans y yo insisto en llamarle por su nombre registral y no cómo ella se identifica, esta persona podría denunciarme, siempre y cuando esto sea en las oficinas estatales”. Acciones como estas han hecho que Costa Rica marque un precedente para todo Iberoamérica además de brindar también a las empleadas/os como Emma -que es lesbiana- a gozar de derechos tal cual lo tienen las personas heterosexuales, como por ejemplo en caso de fallecimiento de la pareja o licencia por enfermedad terminal de la pareja.

“Creo que cuando recibí y confirmé lo del mensaje y la decisión de la Corte, estuve con los ojos aguados por más de 2 horas, estaba sola en la oficina, ya que mi jefa estaba aún de vacaciones y le mandé mensaje, me felicitó y estuve acompañada de esa manera, pues sabía lo que eso significaba para mí, luego de unas cuantas horas la presidencia llama a conferencia de prensa y nos invita; invitación que por supuesto acepté porque lo único que quería era estar con aquellas personas que habían estado acompañando todo este proceso. En ese momento querés estar con las personas que amas, querés y has compartido este sueño, la conferencia por supuesto fue muy emotiva” relata Emma quien no dejaba de llorar incluso en la conferencia de prensa.

Al finalizar la conferencia, Emma se trasladó hacia la Fuente de la Hispanidad que es conocida como ser el punto de encuentro para celebrar ganes de fútbol, elecciones electorales, pero en esta ocasión se vestía de color y alegría al ser tomada por más de 300 personas que se reunieron para abrazarse y acompañarse en ese momento histórico para la comunidad LGTBI de dicho país.

Mientras los abrazos, cantos y saltos de alegría inundaban el entorno de Emma, ella tampoco dejaba de pensar en compañeros y amigas que no lograron ver en vida ese momento de reconocimiento- “Pensaba en Abelardo Araya un amigo y compañero de lucha de los años 90, nos conocimos en ese entonces y desde ese momento fuimos muy amigos, él murió en el 2012 a causa de un infarto y recordaba como insistía en la importancia en todo este tema mediático y el impacto que causaban en la sociedad, pensaba en él que ya no estaba y en otras amigas, porque yo sí estaba siendo parte de ello y lo estaba disfrutando en vida”

La decisión de la Corte ha abierto la posibilidad para que países como Honduras, El Salvador, Guatemala entre otros también se logren procesos similares, no obstante es importante tener en cuenta que los contextos son diferentes ya que Costa Rica irá a elecciones este próximo 4 de febrero lo cual hace que el tema se vuelva “politiquero” menciona Emma quién se siente convencida que aunque algunas personas digan que para evitar la sentencia, Costa Rica debe salirse de la OEA solamente porque no quieren aceptar lo que por derecho les corresponde.

“Cuando leí el fallo y el comunicado en mi mente pasaban pensamientos como: ¿será que pedimos mucho, esto es más de lo que esperábamos? Pero luego también recordaba todo lo que ha significado esta lucha y que esto que ahora 9 de enero de 2018 se ha logrado es justamente lo que merecemos como seres humanas y humanos, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal y la respuesta de la corte reivindica que es así, que no es más de lo que lo que esperábamos, sino lo justo y lo que nos merecemos” dice con alegría Emma quién comenta también que la celebración ha durado desde el martes en lugares icónicos como en el centro nocturno para la comunidad LGTBI La Avispa que tiene 38 años de existencia y es ahí donde realmente se hará la celebración oficial.

“La Corte consideró que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género auto-percibida, es un derecho protegido por la Convención Americana” enuncia el comunicado de la Corte IDH rectificando lo que Emma nos comentaba.

Y aunque el escenario podría ser esperanzador la región centroamericana lo cierto es que en países como Honduras que se encuentran en una crisis política y de Derechos Humanos, con altos índices de violencia contra la comunidad LGTBI que según el observatorio de la organización CATTRACHAS  se refleja en el incremento de los crímenes de odio hacia las personas de la comunidad LGTBI justamente en crisis políticas, también ratificado por  El Informe Alternativo de la CEDAW en donde los casos judicializados de muertes violentas y la mora judicial que existe para poblaciones LGBTI en Honduras es de 46 casos judicializados por el Ministerio Público desde 2008 al 2015, Costa Rica sigue estando como en la utopía hondureña.

El pasado 9 de enero fue un día histórico para Costa Rica y para los movimientos LGBTI de toda la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respondió a una solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Costa Rica en mayo de 2016 sobre los derechos derivados de las uniones entre personas del mismo sexo y el derecho al nombre de las personas trans. La Corte IDH fue mucho más allá de lo que preguntó el estado costarricense, en su respuesta resolvió que: todos los estados acogidos a la Convención Americana de Derechos Humanos deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y ofrecer un proceso gratuito y expedito para que las personas trans cambien su nombre y su sexo registral en sus documentos de identidad, para que correspondan con su identidad autopercibida.

La opinión consultiva, según jurisprudencia de la Sala Constitucional, es vinculante y de acatamiento obligatorio e inmediato para Costa Rica. Y, además, también debe ser atacada por los demás países del sistema interamericano, quienes deberían ir adoptando estas medidas a su ritmo.

La noche del 9 de enero, decenas de personas tomaron la Fuente de la Hispanidad, un punto de referencia al este de San José, en donde usualmente los costarricense se aglomeran para conmemorar el resultado de partidos de fútbol. Sin embargo, esa noche se aglomeraron para celebrar el triunfo del amor, la cercanía para el país de la igualdad legal para las personas LGBTI. Con banderas multicolor, tambores y vítores, la noche se alegró, entre abrazos y lágrimas de felicidad.

En boca de todos y todas estaba la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, quien lideró el proceso de la opinión consultiva, y que, en la tarde del 9 de enero, en una conferencia de prensa, dio unas emotivas palabras sobre el significado de esta resolución para la vida democrática en el país.

“Quiero decirles a todas las personas que hoy encuentran esperanza y luz en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes ven en ella sus proyectos de vida futura en igualdad y sin discriminación; que este logro es gracias a ustedes, producto de sus empeños, de sus luchas, de sus dolores; y que reivindica el amor frente a ese odio que han resistido mil veces en una sociedad que, por no entenderles, les excluyó con violencia y les trató como personas sin derechos”, dijo la vicepresidenta Chacón.

“Hoy es un día esperanzador, para que incluso en los rincones más oscuros de nuestro continente, las futuras generaciones de personas LGTBI crezcan sin miedo y tengan las mismas oportunidades en igualdad, para desarrollar sus propios proyectos de vida y de felicidad”, agregó.

Chacón fue homenajeada la noche del jueves 11 de enero, en el bar La Avispa, un lugar icónico para la comunidad LGBTI costarricense. Allí se le dio una placa conmemorativa y un ramo de flores, y fue aplaudida por cientos de personas que llegaron al establecimiento. Sin embargo, a partir de ese día, el panorama de alegría empezó a hacerse sombrío.

La vicepresidenta se quedó pocos minutos en La Avispa. Su seguridad no le permitió quedarse más tiempo: había una amenaza de bomba. La noche transcurrió sin mayores accidentes, pero en redes sociales ya había reventado una oleada de odio, impulsada por el fundamentalismo religioso, y que además podría tener incidencia en la contienda electoral que el país vivirá el próximo domingo 4 de febrero.

De la noche a la mañana el candidato presidencial Fabricio Alvarado, quien disputa la presidencia de Costa Rica por un partido evangélico fundamentalista, cobró un fuerte impulso en las redes sociales. Miles de personas compartían un video suyo en el que llamaba a marchar “por la vida y la familia” y en contra de la supuesta imposición de la Corte IDH.

Sondeos en redes sociales lo empiezan a colocar entre los candidatos favoritos a la presidencia. Se trata de sondeos sin ninguna rigurosidad estadística, pero que genera alarma. ¿Será posible que la sola idea de oponerse al matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans podría darle a alguien la victoria en unas elecciones presidenciales en Costa Rica, la supuesta “Suiza centroamericana”? Sería una vergüenza internacional para un país que se ha mercadeado como defensor de los derechos humanos.

Pero Fabricio Alvarado le miente a su electorado. Eso, o desconoce cómo funciona una democracia. Aunque pudiera cumplir su promesa de sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos –posición sumamente contradictoria, pues la Convención Americana es conocida como el Pacto de San José y la Corte IDH tiene su sede también en la capital costarricense-, Alvarado no puede hacer que los demás poderes de la República desacaten la opinión consultiva. Además, incluso si el país abandonara el sistema interamericano, esto solo evitaría el cumplimiento de futuras resoluciones, no de las anteriores.

A pesar de ello, el panorama se pinta complejo y poco claro para las próximas elecciones. Todavía hay un 28% de indecisos, quienes definirán las elecciones. Es una lástima que una victoria del amor haya avivado de tal forma el odio en Costa Rica. Y sería una lástima aún mayor que una victoria para los derechos humanos en toda América Latina debilite la institucionalidad de un país que se vanagloria de ser la democracia más antigua de la región.

 

Doña Adriana cura empachos, cura mal de ojo y cura sustos desde los 20 años pero ahora a ella ¿quién le cura el alma? Toda madre y todo padre sueña con ser enterrado por sus hijos y no al revés, pero a sus 64 años Adriana tuvo que recoger a su hijo asesinado a una cuadra de su casa. Así comienza el 2018 en San Juan Pueblo, un foco de resistencia tras la crisis post electoral.

A Wilmer Paredes de 26 años lo mataron disparándole en la cabeza, con un solo disparo cayó, pero desde adentro del vehículo sin placas que lo interceptó a una cuadra de llegar a casa de su madre, alguien dio la orden de rematarlo, y así, impactaron 13 balas en su pecho. Doña Adriana estaba aseando el solar a las 8 de la mañana cuando escuchó los disparos, entró a su casa asustada pensando a quién habrían matado ese día, primero de 2018. Cuando los asesinos se fueron, los vecinos le gritaron que era su hijo. “Yo me crucé el pavimento no sé cómo, sentí que iba como levantada y allí lo vi, lo toqué, estaba calientito todavía”, dice esta mujer con el alma quebrada, ella dice que siente todo su cuerpo destrozado, que en este país las madres sufren, que son muchas a quienes les han sido arrebatados sus hijos.

Paredes era un líder, cuentan en su comunidad, por eso cuando comenzaron las tomas de carreteras y movilizaciones en San Juan Pueblo, esta comunidad ubicada en la carretera antes de llegar a La Ceiba, en el norte de Honduras, Wilmer rápidamente se involucró y comenzó a liderar el control ciudadano que había en ese momento. Antes de ser asesinado Wilmer había sido golpeado por militares y policías en una represión, una de tantas que se dieron para desalojar la vía hacia el atlántico en la crisis post electoral.

“Yo le decía que no anduviera en eso, si me hubiera hecho caso… porque él por andar defendiendo, en las protestas, yo me imaginaba que iba a pasar algo. Cuando yo miraba pasar esos carros llenos de militares sentía que algo le iba a pasar a él”, cuenta doña Adriana, sobadora del pueblo, para quien todo mal del alma y el cuerpo tiene solución mágica, menos esta violencia que mata a tantos jóvenes en su país.

El 29 de diciembre de 2017 el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) publicó un informe en el que establece que 31 personas fueron asesinadas en la crisis política tras las elecciones menos creíbles de la historia hondureña, unas elecciones manchadas por la irregularidad por llevar a un candidato a la reelección presidencial a pesar de ser prohibido en la Constitución de la República. De estos asesinatos, agrega el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH), 21 fueron cometidos por la Policía Militar, 1 por la Policía Nacional, 3 por particulares y 5 por desconocidos. Wilmer se sumó a la cifra, fue el primer muerto registrado en 2018. Enterrado con el himno nacional de fondo entonado por decenas de personas de su pueblo: sus amigos, sus compañeros, su familia.

“Mire, uno de madre queda destrozado del cuerpo, no se sabe porqué este país se ha puesto así tan… tanta gente que muere porque yo digo que el presidente se debe poner de acuerdo con el que ganó, ponerse la mano a la conciencia de que la gente pobre es la que muere más”, dice doña Adriana.

Las múltiples denuncias de fraude en el proceso electoral del 26 de noviembre, y la desconfianza de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sigue sin reconocer a Juan Orlando Hernández como presidente electo, porque las elecciones presentaron serias deficiencias, hacen que el ojo internacional esté sobre Honduras. A pesar de eso, Hernández ha anunciado que el 27 de enero tomará posesión por segunda vez.

«Cuando yo miraba pasar esos carros llenos de militares sentía que algo le iba a pasar a él”, Adriana Cantarero, madre de Wilmer.

El padre de Wilmer escucha que hay extraños en su casa y llega al sitio donde hablábamos con doña Adriana, don Secundino dice que no se sabe lo que pasó, que no se sabe si lo mataron por su militancia política. Se pone nervioso y después nos pregunta si somos del gobierno, nos dice: “Es que uno no puede confiar en nadie y a Juan Orlando hay que tenerle miedo”, su sonrisa con pocos dientes y sus ojos llorosos muestran ese miedo, pero sobre todo el dolor de haber perdido a uno de sus tres hijos. Él mismo enseñó a Wilmer a trabajar en el campo y con mucho sacrificio le puso en el colegio.

Altar donde la familia y vecinos le rezan a Wilmer Paredes.

En la fotografía colocada en un pequeño altar, Wilmer se ve como un joven duro, fuerte, como molesto con algo, o con alguien.

Pocas semanas antes del asesinato, Wilmer fue implacable con un policía en una de las tomas de carretera. El abogado Martín Fernández, defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cuenta que este joven lideró un grupo que vigilaba acciones irregulares de los policías. Un día un policía hizo un cobro ilegal a un transportista y Wilmer, así fuerte como se ve en la foto, lo enfrentó, entre varios lo capturaron quitándole el fusil y la fatiga policial y esposado con sus propias esposas lo llevaron a la posta policial para que lo procesaran.

“Allí se generó un acto de repudio por parte de la policía porque no era posible que un civil ejerciera control sobre una autoridad, pero en realidad el ejercicio era sano. Este caballero junto con un gran número de jóvenes tuvo esa valentía sin la intención de menoscabarle ni intimidarle sino de corregir, tampoco era robo porque entregaron toda la indumentaria y lo entregaron para que le siguieran un proceso y eso no pasó. Eso marca la personalidad de un líder, también la marcación directa a sus actuaciones, lo que tenemos claro es que después de todos esos eventos en el marco de la represión se empezó a dar seguimiento a varios líderes de la zona, a los históricos y a los nuevos que venían emergiendo en este proceso. Lo de Wilmer es detestable”, explica Fernández quien también ha sido amenazado por policías y militares.

Fernández es miembro de un movimiento que lleva 8 años de trabajar en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente acompañando las luchas territoriales. Cuando Martín habla de los liderazgos históricos habla de la gente que él ha visto defendiendo los ríos de las hidroeléctricas, las montañas de las empresas mineras, a la gente de las comunidades que ha sufrido −no de ahora− la represión del Estado, la amenaza de grupos económicos con intereses grandes en el norte del país, una zona productiva con recursos naturales que parecen inagotables.

El departamento de Atlántida se constituye como uno de los departamentos más afectados por proyectos extractivos, se estima que existen al menos solicitudes para 32 concesiones mineras y 24 concesiones hidroeléctricas, mismas que se aceleraron a partir del golpe de Estado de 2009, según el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). El Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin), en 2017 reporta que ya habían sido aprobadas 17 concesiones mineras en este departamento.

Martín carga una cicatriz en la nariz por una pedrada recibida en pleno enfrentamiento entre comunidades divididas por la instalación de una represa en la comunidad de Pajuiles, en el municipio de Tela, Atlántida.

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“Venimos de un proceso intenso de estar en seguimiento al proceso extractivo de la región, pero que la situación electoral ha marcado un momento histórico sin igual, en el sentido de la comprensión, de cómo en Honduras no solamente se instaló un fraude electoral sino una gran cantidad de fraudes. Este ha sido el rebose del engaño histórico que ha tenido la población y que por suerte hoy ha tenido un nivel de comprensión interesante y una lectura sobre el nivel de participación que ha asumido. La paralización del sector implica de alguna manera un desconcierto en la autoridad que siempre ha creído tener el control de los territorios, cierta sorpresa porque en Atlántida no había habido espacios de resistencia tan fuertes. Hoy estamos bajo una lupa, estigmatizados por sectores de la prensa corporativa en los que se dice que se involucran sectores oscuros, Wilmer fue víctima de eso”, explica.

El abogado Fernández dice que intentó salvarle la vida a Wilmer, con toda su experiencia le explicó que las consecuencias de estar contra un gobierno opresor como el hondureño son graves, pero él no lo dimensionó así. Asegura que una sola llamada del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos y periodistas a la policía diciendo que a Wilmer le estaban dando persecución, que él lo había denunciado y que era un defensor de derechos humanos habría reducido las probabilidades de que lo mataran. Una sola llamada, dice Fernández, y nos pone a escuchar las llamadas que hizo a la policía y a los encargados del mecanismo planteando el caso de Wilmer quien en el momento de las llamadas estaba sentado a su lado. Le contestaron que el mecanismo es solo para defensores, que es solo para beneficiarios, que eso dice la ley. ¿Cuál ley? Pregunta Fernández, ¿cuál ley? Cuando los agentes del orden, los que están llamados a hacer respetar la ley, la violan y matan.

“Yo soy beneficiario personalmente de medidas cautelares, tengo un agente policial que es el enlace, de apellido Nassar, yo le llamé dos días antes del asesinato porque el muchacho nos había señalado que el nivel de persecución era fuerte y le puse en conocimiento, llamé también a las oficinas del Mecanismo de Protección a Defensores de DDHH, faltó diligencia. Hay una deuda de todo el aparato estatal y los organismos estatales de DDHH que están muy atrás de la realidad que sufre la gente en vulneración de DDHH”; agrega.

Amnistía Internacional hizo un análisis de mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en diferentes países del mundo y sobre Honduras, aunque valoró positivamente que se tuviera el mecanismo, señaló varios retos que sigue teniendo el Estado de Honduras en la protección de estas personas. Si Wilmer no era beneficiario¿con qué criterio y quién decide si es o no es defensor de Derechos Humanos? «El Consejo de Protección es el único órgano que permite la participación de personas de la sociedad civil y representantes de las entidades profesionales que
agrupan a los funcionarios de la justicia y a los periodistas. Este órgano, sin embargo, tiene facultades limitadas de análisis y para asesorar al Sistema de Protección. De sus 14 integrantes, sólo hay dos representantes de organizaciones de derechos humanos que deben ser acreditados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, dos representantes del gremio de periodistas y de la asociación de prensa, y un representante de jueces y magistrados»,explica Amnistía en su informe.

Martín Fernández, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Una noche antes en camino a San Juan Pueblo, a la altura de El Progreso, Yoro –otra ciudad foco de resistencia contra el gobierno− dos vehículos sin placa y otro con una placa con inicio PED cruzaban el puente La Democracia y se dirigían a la salida hacia el atlántico. En la paila, los tres carros llevaban hombres vestidos de negro, totalmente encapuchados y armados. Martín Fernández y su hermano, el abogado Víctor Fernández, habrían fotografiado uno de esos carros en la Primera Estación de Policía de San Pedro Sula, mismo que sería abordado por dos hombres encapuchados vestidos de civil con armas largas de uso policial. Nos enseña la fotografía, es el mismo vehículo que vimos en la noche. Esos son los carros que rondan las comunidades como San Juan Pueblo, comunidades que paralizaron el país durante más de 8 días después de las elecciones.

“Nosotros hemos confrontado a los jefes militares, hicimos carta pública a la Secretaría de Seguridad, visitamos el Cuarto Batallón de Infantería porque es toda una orquesta con una aparente legalidad, un sector que está actuando como la policía y como militares, tienen acciones visiblemente represoras pero hay aparatos de inteligencia que están funcionando. Se está actuando bajo las sombras, se está actuando en el marco de una aparente legalidad pero hay órganos que funcionan jefeados por estos espacios que están haciendo la guerra sucia, que se esconden en la oscuridad, en carros sin placa, ocultan sus gafetes, sus rostros con pasamontañas, en uniformes, en carros que están siendo utilizados en aparentes operaciones regulares pero que son irregulares”, explica.

«Hay una deuda de todo el aparato estatal y los organismos estatales de DDHH que están muy atrás de la realidad que sufre la gente en vulneración de DDHH”,Martín Fernández.

Estos vehículos fantasmas también tienen nerviosa a doña Adriana, estos y cualquier otro vehículo que se acerca a su casa.

“Yo tengo miedo porque, más cuando miro carros así vidrios cerrados, yo soy sobadora, vienen bastantes carros pero así como decir ahorita… estoy nerviosa, para qué. Ayer fui al pueblo y viera como me puse de nerviosa”, dice.

El 2 de enero, la Alianza de Oposición contra la Dictadura dio una conferencia de prensa donde inauguraban un nuevo proceso de protestas en enero y anunciaban que el 27 de enero Salvador Nasralla tomará posesión de la presidencia, que el pueblo lo sentará en la silla presidencial. Manuel Zelaya Rosales, líder de la Alianza ha llamado a un paro nacional desde el 20 de enero hasta el 27. El 6 de enero comenzaron las movilizaciones de nuevo, y Nasralla se trasladó al norte del país a San Pedro Sula, La Lima y El Progreso, Yoro.

Hay un guión ya, dice Fernández que el guión del gobierno será disuadir los focos de resistencia. “Juan Orlando pretende prolongar su estadía, sabe que siempre será incierta, negociará con los sectores vulnerables en la política sectaria, pero en los territorios no habrá negociaciones así como lo están provocando, en los territorios la gente resistirá hasta el último momento, la gente entendió que la lucha contra el extractivismo es una lucha de las grandes mayorías y en contra del gobierno. La voz que seguirá saliendo es la voz sentida de los territorios”, concluyó.

«Yo digo que Dios debe poner la justicia, aquí quién sabe, estoy en duda, usted, aquí viera cómo estamos, aquí matan a los jóvenes como que mataran a un perro, aquí no hay justicia, aquí han matado bastantes jóvenes y así se ha quedado. Allá está Dios que es el que mira todas las injusticias”. Adriana luego se distrae del dolor suyo explicándonos cómo es que se cura a los niños del susto y nos da recetas con hierbas y huevos por si acaso algo nos aqueja el alma.

 

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

La noche de ayer José Adán Castelar, poeta amado, poeta de las causas justas, poeta sublime, poeta revolucionario, poeta del pueblo, partió hacia la eternidad. Que su vida ahora esté como las estrellas alumbrando nuestras breves noches. Su luz se mantiene en nuestras vidas y esa luz mantendrá a los que vienen detrás. A José Adán le dolía este país. Conspiró, escribió y se fajó por nuestra Honduras. Buen viaje poeta niño, poeta mayor.

José Adán Castelar, poeta y narrador hondureño nacido en 1941. Su obra ha sido clasificada por Hellen Umaña, en su libro La palabra iluminada, como parte de la Vanguardia y el Realismo Social que perteneció a la Generación de la década de los 50 (nacidos entre 1924-1953).

«Cipote airado[1]» es uno de los poemas incluidos en su libro Sin olvidar la humillación, publicado en 1987: «Este poemario es la respuesta a los años de política reaganeana en Centro América […] El lenguaje de raíz popular —con el empleo del vulgarismo— es mecanismo para expresar la cólera y la indignación frente a la prepotencia del imperio y sus crímenes de lesa humanidad. […] Poesía directa, de fuerte politización y definido sustrato ideológico» (Umaña, 2006: 507-508).

En la literatura hondureña de la época surge un notable interés por la problemática social que atraviesa el país y se genera, a su vez, un rompimiento con la tradición poética, de la misma manera que sucedió en el resto de los países de Latinoamérica y otras partes del mundo. Para el caso, un ejemplo de esa poesía directa, politizada y coloquial, que rompe con la tradición lírica, son los versos de «Cipote airado». En este poema podemos identificar elementos conversacionales y de diálogo, que además emplea un lenguaje oriundo de la región: «—¿Qué hay de nuevo/ en Comayagua, muchacho?—/ —Putas y Gringos./—¿Putas y gringos?—/ Y más burdeles». En este primer párrafo podemos apreciar como el poeta utiliza dos palabras de uso popular en la región: putas y gringos, al mismo tiempo que nos plantea una situación que es parte de un contexto histórico que se vivió en el país.

Durante la década de los 80, en Honduras se instaló, por el gobierno de Estados Unidos, la base militar aérea de Palmerola, ubicada en la ciudad de Comayagua. Estos acontecimientos generaron disgusto y preocupación en la población, y José Adán Castelar lo refleja en la voz de un cipote, que se manifiesta molesto y con ira ante el ambiente generado a raíz de los hechos ocurridos. A propósito del trabajo poético de Castelar, Eduardo Bähr expresa que «no es una poesía de contemplación. Castelar refleja también, de manera contendiente, la condición contradictoria en el seno de su población: por un lado la dignidad, la protesta, la llama de la dignidad ardiendo en el parque; por otro los enemigos con sus ruidos, sus armas y sus perros» (Sosa, 2002: 38-49).

En el segundo párrafo de este poema, encontramos un cambio en el tono, que deja de ser conversacional y pasa a ser reflexivo y argumental: «No quiso hablar más/ (Apenas tuve tiempo/ de escribir lo que dijo)/ Su cólera ardía/ como el medio día de la ciudad». En estos versos podemos ver como el poeta nos describe la emoción y los sentimientos de un joven, pero que en realidad se trata de un sentimiento colectivo que circulaba en el imaginario social.

Castelar nos retrata una de las consecuencias que trajo la apertura de esta base estadounidense. Hablamos de la llegada invasiva de los militares, en momentos de extrema pobreza en el país y en medio de un ambiente político hostil, proliferando, de esta manera, la prostitución que trajo consigo enfermedades venéreas tales como la Flor de Vietnam. «Su poesía está literalmente cruzada de parte a parte por señales de auxilio, sirenas abiertas y disparos de alta velocidad; por ellos asistido por un principio de razón suficiente, escribe para quien quiera leerlo: Guardar silencio es compartir el crimen» (Sosa, 2002: 384).

Vemos pues, que «Cipote airado» es un poema escrito en un lenguaje coloquial, conversacional, que describe la realidad que vive el poeta y su entorno. Es un poema, que forma parte de la producción literaria en Honduras, que rompe con la tradición poética y abre paso al coloquialismo que surgió años atrás en Cuba.

En Honduras los movimientos literarios, entre otras cosas, han llegado de manera tardía. Lo anterior es posible que responda a lo que afirma Óscar R. Flores cuando expone que «durante los años treinta y cuarenta, el ambiente cultural estuvo dominado por un grupo de intelectuales vinculados al régimen dictatorial (1933-1949) del general Tiburcio Carías Andino. Ellos identificaban las tendencias de vanguardia con la poesía social y revolucionaria […]. Esto trajo como consecuencia que los escritores de vanguardia fuesen, en Honduras, escritores marginales, cuyo espacio se caracterizaba por la contestación» (Umaña, 2006: 364-365).

José Adán Castelar, hoy en día, es uno de los poetas más influyentes en la poesía hondureña, con una creación poética diversa en la que sobresalen obras de poesía amorosa, vivencial, plástica, reflexiva y social. Ha recibido premios tales como el Premio Latinoamericano de poesía Roberto Sosa (1986), Premio Centroamericano de poesía Juan Ramón Molina (1988) y el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa (2003).

[1] A diferencia de España, en donde la palabra cipote hace referencia al miembro viril, en Honduras y otras zonas mesoamericanas donde el náhuatl fue una lengua predominante, la palabra cipote hace alusión a un niño o una niña.

Bibliografía

Castelar, José Adán (1987). Sin olvidar la humillación. Tegucigalpa: Litografía López.

Sosa, Roberto (2002). Honduras Poesía Política. Prefacio, selección y notas de Roberto Sosa. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras.

Umaña, Hellen (2006). La palabra iluminada. El discurso poético en Honduras. Ciudad de Guatemala: Letra Negra editores.

Mientras el repudio contra el fraude electoral se intensificaba en Honduras, apareció el fantasma desmovilizador, un fantasma que tarde o temprano iba a llegar y en esta ocasión fue acompañado por el gobierno de Estados Unidos y la ahora fragmentada cúpula de la Alianza de Oposición.

Este cierre de semana fue fundamental para la crisis política que vive el país, en la mañana del viernes se dio el primer movimiento: el gobierno norteamericano publicó su postura de reconocimiento y felicitación a Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones, el segundo movimiento lo hizo Salvador Nasralla quien en comparecencia ante medios de comunicación renunció a la Alianza y de paso a su lucha por revertir el fraude y ubicarse en la presidencia, el tercer y último movimiento fue a cargo de Manuel Zelaya quien en conferencia de prensa aceptó la renuncia de Nasralla y dijo que ahora hay que continuar con la lucha pero dando a entender que lo harán bajo otro objetivo: hacer oposición al nuevo gobierno de Hernández ,que ahora más que nunca parece irreversible.

Tanto es el poder e injerencia de Estados Unidos que solo bastó un tweet de la encargada de negocios, Heide Fulton para que se definiera el destino de la actual crisis. A partir de allí, los dirigentes de oposición tomaron decisiones que ahora dejan con dudas y desconfianza a la población que rechaza el fraude.

Con estos acontecimientos y la evidente paralización que generó en las protestas callejeras, las dudas sobre lo que pasará mañana se disipan y todo apunta a que hay de nuevo un ambiente de derrota. Un posible escenario es que la población entre en un periodo de desilusión moral y otro que sigan apostándole con la intensidad de las manifestaciones de los últimos días, sobrepasando los límites de su dirección partidaria.

En la calle la gente deja clara su intención: rechazo, incredulidad y crítica al gobierno de Estados Unidos y a la misma Organización de Estados Americanos (OEA) y por otra parte su disposición de seguir en la calles hasta que se revierta el fraude y que por primera vez en la historia se respete la voluntad popular.

Así como sucedió en el pasado con el golpe de estado y en 2015 con las movilizaciones de indignados, los dirigentes no le consultaron a sus bases, y aceptaron nuevamente la derrota, en esta ocasión de forma diplomática a pesar que la mayoría se niega a hacerlo en las calles, porque se sienten con el poder de derrotarlo a través de la movilización y no por medio de reuniones con la diplomacia internacional.

Sin embargo también hay cansancio, más de 30 muertes, batallas perdidas contra la fuerza militar y varios detenidos, hace que la gente se replantee seguir peleando en las calles cuando las soluciones se buscan en Washington.

El futuro inmediato se dibuja al calor de las celebraciones de navidad y año nuevo y bajo una decisión determinante del pueblo hondureño, con esto se conjuga el inicio de diálogo promocionado por el gobierno, avalado por sociedad civil, las iglesias y los medios de comunicación tradicionales.

Este futuro inmediato también se dibuja con una Alianza fraccionada como actor secundario, que deja por un lado a Nasralla y sus vigentes esperanzas en que la OEA repita las elecciones y por un Mel Zelaya que ahora no le queda más que replantear la lucha para enfrentar las políticas del mismo gobierno de los últimos ocho años y que ha tenido a la cabeza a Hernández.

Como tercer actor y fundamental en este futuro se encuentra la gente, que reclama y llama a cumplir la tarea de jugarse su independencia, jugársela a tal punto de lograr autonomía de los organismos internacionales, y ahora de sus propias conducciones, que una vez más los han traicionado prometiéndoles una nueva oportunidad de luchar pero ahora para oponerse a un gobierno que es ilegítimo y no para evitar su instalación y continuidad.

La gente volvió a quedar sola, abandonada por los organismos internacionales, abandonada por su conducción, abandonada por una institucionalidad que no respondió a su voluntad, con el reto de demostrar que su indignación y su reclamo no fue por líderes políticos, sino por la necesidad de cambiar las reglas del juego, reglas impuestas por Estados Unidos, por los grupos de poder y por los mismos caudillos que son incapaces de luchar junto a ellos porque en sus planes no están desagradar al poderoso gobierno norteamericano.

Juan Orlando Hernández comenzó un diálogo nacional hoy. El lunes que lo convocó, las protestas en las calles arreciaron y las principales arterias del país fueron bloqueadas, sobre todo en la costa norte. La represión no se hizo esperar y la cantidad de muertos subió de 24 a 33 en esta semana. Hoy Hernández comenzó la primera etapa del diálogo con algunos sectores de sociedad civil, mientras cientos de efectivos militares desalojaban las tomas de carretera en San Pedro Sula, Tela y El Progreso. Un diálogo hacia afuera con mucha represión dentro.

-Madre, espero que le de cuatro cuetazos a este cipote que anda vagando en las noches, lléveselo y cuídelo.- Un policía reprende a doña María Cristina, madre de Kevin de 14 años, detenido en la posta policial de El Progreso por estar cerca de una toma de carretera a las 10 de la noche de ayer. Doña María agacha la cabeza, le tiemblan los labios.

-Él me andaba haciendo un mandado, nada más.

A Kevin lo capturan cerca del puente La Democracia que lleva 4 días tomado por manifestantes en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Cuando sale le lloran los ojos, está sucio, huele a orines. “Solo andábamos jugando pelota en la calle”, dice otro menor capturado. La orden ha sido capturar, golpear, castigar a quienes se toman las calles. “Toda protesta violenta, evitarla”, ha ordenado Hernández a las Fuerzas Armadas que trasladaron 5 convoyes llenos de efectivos militares al norte del país donde alrededor de 20 bloqueos de carretera tienen aisladas a la ciudades San Pedro Sula, El Progreso y Tela.

El suboficial Carlos Aguirre asegura que hay 5 detenidos, observadores de derechos humanos dicen que hoy fueron detenidos 11, entre ellos 3 menores de edad. Pero no es solo en la cantidad de detenidos que no concuerdan los policías y los defensores, los abusos de militares y policías son muy graves, los defensores intentan convencer a los familiares que hay que denunciar, los policías les dicen a las víctimas que busquen a los derechos humanos para que les resuelvan, que ellos solo cumplen órdenes.

Mientras doña María Cristina se lleva a su niño, Juan Orlando Hernández dialoga con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera quien ha dicho que la UNAH debe dar el ejemplo apoyando el diálogo en una sociedad que está partida.

Afuera de la posta espera la familia de José Amilcar Gavarrete, un joven de 15 años. Cuando sale, el joven dice que lo han golpeado. Se desnuda la espalda y muestra los toletazos, la carne viva que le sangra en la espalda y en el pecho. No habla más. La madre cuenta que lo sacaron de su casa en la colonia Castaños, donde días atrás había una de las barricadas más grandes e imposibles de penetrar. “Él corrió porque cuando vio a los militares tuvo miedo y ellos lo persiguieron, entraron a la casa y de allí lo sacaron a golpes”, cuenta la madre. Una vecina le sugiere que no hable, que no denuncie que “gracias a Dios se lo dieron vivo” que en otras ocasiones los matan y que se conforme con eso porque “¿quién le va a resolver?”. Una defensora de derechos humanos escribe en su tablero la palabra «tortura». Se frustra cuando las familias no denuncian, cuando los casos se quedan así, como que no sucedieron. Cuando el miedo gana.

Mientras Amilcar camina dolorido, Juan Orlando Hernández dialoga con algunas iglesias evangélicas, patronatos de colonias del valle de Sula, cooperativistas. Sentar las bases de la sociedad en el diálogo es lo primordial, mientras se desalojan las calles, porque bajo presión no se puede llegar a consensos. Los militares cumplen esas órdenes, Amilcar es una prueba.

En la posta policial está Jhonny Salgado, detenido. No saldrá porque lo acusan de portación ilegal de arma comercial y uso prohibido de indumentaria policial. Ayer en Quebrada Seca, salida a Tela en El Progreso, Yoro, cuando los manifestantes le ganaron la batalla a la Policía Militar, algunos se quedaron con los escudos de los oficiales como trofeo de guerra. Los policías dicen que le encontraron uno de esos escudos a Jhonny.

Afuera de la posta llora desesperada una vecina de Jhonny, está desesperada porque su hija de 6 años vomita sangre, está mal de salud porque dentro de su casa los policías lanzaron bombas lacrimógenas. Los policías irrumpieron en su casa buscando a Jhonny quien vive a la par, tiraron bombas en la sala, y los acorralaron. Luego fueron por Jhonny a su casa. Los vecinos y su familia dicen que Jhonny ni siquiera estaba en la calle, que lo están incriminando. La vecina llevó en una cubeta unas bombas que con solo mostrarse aun huelen fuerte, pican en la nariz, huelen a recién disparadas.

En el Ministerio Público les dijeron que la Dirección Policial de Investigación (DPI) debe tomarles la denuncia, en la DPI les dicen que vayan a “los derechos humanos” a poner la denuncia. A Jhonny lo pasan a investigación y queda detenido hasta que se le sentencie. La familia carga el balde con bombas y la vecina desesperada, mientras el gobierno de Estados Unidos reconoce poco a poco el triunfo de Juan Orlando Hernández a pesar de las denuncias de fraude en las elecciones.

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“Comienza blanqueo de fraude. Gobiernos con menos legitimidad dan primer paso, seguirán los demás; UE,ONU y OEA doblarán su brazo, y gringos darán espaldarazo final. «Diálogo» adulador representa blanqueo interno, mientras armas reprimen y aplastan ferozmente oposición que estorba”, dijo en un tweet el sacerdote Ismael Moreno, SJ, director del ERIC y Radio Progreso, uno de los más fuertes opositores del gobierno actual.

El repudio de la gente hacia el gobierno norteamericano aumenta en la medida que la imposición del gobierno de Juan Orlando Hernández se hace realidad. Un grupo de manifestantes llegó la tarde de este jueves a la embajada norteamericana en Tegucigalpa para expresarles el rechazo a la postura de silencio y de aval que han tenido con el oficialismo.

-La OEA y los gringos son la misma cosa, no debemos esperar nada de ellos, acá solo el pueblo podrá revertir el fraude, yo la verdad creo que ese es el camino- dijo un manifestante. Los cohetes sonaban al ritmo de la canción de Macario Mejía «JOH es pa fuera que vas», todo ocurría con un panorama que de fondo destilaba humo, el humo que en esta ocasión no era de llantas sino de los conos policiales que pretendían controlar el tráfico.

Los alrededores de la Embajada se encontraban militarizados y por si no fuera poco en la cúspide de tres edificios cercanos los manifestantes lograron identificar a cuatro francotiradores.

Como ya es una costumbre el plantón inicia como una previa para preparar la entrada de los dirigentes, en este caso Manuel Zelaya coordinador de la Alianza y Salvador Nasrralla, presidenciable de esta convergencia partidaria.

-No les tenemos miedo, sus armas no nos amedrentan, este pueblo está enojado y va seguir en las calles de forma permanente hasta derrocar la dictadura- arrancó su discurso Mel Zelaya.

Mientras la gente gritaba «Mel amigo el pueblo está contigo», el expresidente se refirió a la propuesta de diálogo: «quieren engañarnos, quieren legitimar el fraude y por eso la OEA y la embajada norteamericana quieren endulzarle el oído a Salvador, pero no podrán con la voluntad popular, la gente seguirá de paro a partir de mañana nuevamente».

Se nota una diferencia entre Mel y Salvador en torno a la propuesta de la OEA de repetir las elecciones: Mel dice que no se debe repetir las elecciones porque el pueblo ya eligió y que es una trampa de la OEA y los gringos, mientras que Nasralla se dejó seducir por ese planteamiento y cree que se puede hacer una realidad si se da bajo la tutela y dirección de un árbitro electoral independiente e internacional.

-El presidente convocó a un diálogo, yo solo aceptaré ir si el punto de conversación es sobre su salida del gobierno-agregó Nasralla.

La acción de protesta presenció ambos discursos que a pesar de sus discrepancias sobre la propuesta de la OEA tienen dos acuerdos comunes: que no se puede asistir a un diálogo legitimador y que la gente debe seguir en las calles sin bajar la guardia.

Juan Orlando Hernández determinó cambiar al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas nombrando al general René Orlando Ponce Fonseca como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, en sustitución del también general Francisco Isaías Álvarez Urbina. Ponce pasó de la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula a liderar las Fuerzas Armadas que se han convertido en la pieza más confiable para atacar a la oposición y calmar la crisis política en la que ha caído el país.

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En la posta policial de El Progreso, Ayyi Collins comerciante de perfumes espera que suelten a su hermano Yelan Yaret, detenido en la toma de Castaños. Yaret y Ayyi viven de hacer lociones piratas, son de Roatán y viajan hacia San Pedro y El Progreso a vender. “Yo le digo al presidente que estas personas que andan protestando no andarían allí en la calle perdiendo el tiempo si tan solo tuvieran oportunidades, si él les ayudara. Los jóvenes tenemos talentos pero mire yo, solo hice hasta primer curso, yo soy escritor pero ¿dónde podría yo estudiar eso? tuve que trabajar para vivir”, cuenta Ayyi, su olor dista mucho del de las bombas lacrimógenas. Y me enseña los perfumes que hace, me ofrece. También saca una reflexión que él escribió y que guarda en la cartera, algo que habla de la fe.

“Los de arriba no ayudan a los de abajo. Mire, aquí no van a haber otras elecciones, el presidente no dejará porque sabe que ganará Salvador Nasralla”, agrega Ayyi. En eso sale su hermano Yaret, todo desorientado sale corriendo. A una cuadra hay un restaurante de pollo frito, corre hacia allí y se mete. Ayyi dice “es que no aguanta el hambre, no habíamos comido, veníamos de trabajar cuando lo agarraron confundido a él”, y se aleja, se ríe, posa a la cámara y se apura a alcanzar a su hermano.

En El Progreso, la represión fue menos de lo que se esperaba, pocos manifestantes se resistieron, muchos dejaron solas las tomas. Ante esto, los militares entraron a buscar sospechosos a las colonias, de allí sacaron los detenidos, que en su mayoría, salieron en pocas horas. Se está aplicando el terror en los barrios, porque en las barricadas no es la guerra, es en la comunidad. Esas son las condiciones del dialogo que ha convocado Juan Orlando Hernández.

Una de las defensoras de derechos humanos que estaba presente documentando los casos de detención grabó tres momentos en su memoria de hoy: «Los rostros sucios y furiosos de los policías que llegaban de la represión, y que nos veían hasta con desprecio; luego con la espalda ensangrentada, sacrificada de Josué y que sus padres tengan miedo de denunciar y por último esa frase: «para qué denunciar, si a las madres les llevan los hijos muertos a sus casas y las autoridades no hacen nada, ¿para qué denunciar?».

 

Honduras ha sido un país violento, después del golpe de Estado fue denominado el país más violento del mundo ¿es la actual situación política una excusa para evidenciar que la violencia corre por nuestras venas? ¿Es la violencia la única salida viable cuando no hay institucionalidad donde acudir, cuando las elecciones han sido manchadas por el fraude? ¿Estamos al borde de una guerra civil?

El cuerpo de Cristian Fernando Hernández Yánez, asesinado por militares el 18 de diciembre, ha tenido que pasar 15 tomas de carreteras para llegar al lugar donde fue enterrado. Desde las barricadas, jovencitos así como Cristian gritaban: ¡esto no se va a quedar así! Los vehículos de familia y amigos que acompañaron llevaban una fotografía de Cristian y un rótulo que decía: acompañamos a nuestro familiar asesinado por militares.

Cristian es el tercer hijo que pierde doña Ela desde que decidieron migrar de una comunidad en las montañas de Santa Rita, Yoro hacia San Pedro Sula. Su hijo mayor fue ejecutado por policías, el de enmedio fue asesinado por asaltantes y ahora Cristian asesinado por militares. Esta familia ha vivido en guerra desde hace mucho tiempo en un sector conflictivo de la ciudad más peligrosa del mundo. Ahora la guerra post electoral causada por unas elecciones que permitieron la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández, no solo convulsionó el país sino que enlutó de nuevo a esta familia.

Hoy a casi un mes de las elecciones más irregulares de la historia hondureña, el norte del país está prácticamente clausurado, los accesos a los puertos más importantes en el atlántico están tomados por manifestantes que son una mezcla heterogénea según el control territorial. En unos casos se ve a la ciudadanía organizada haciendo las barricadas, mujeres de la tercera edad comandando a los jóvenes de las comunidades, pero en otras se ha visto presencia de grupos criminales que han tenido el control sobre todo en barrios y colonias de San Pedro Sula, El Progreso y Tela.

De día, las represiones han sido violentas, los militares han disparado bala viva y hasta el momento van 33 muertos  de los cuales 13 son menores de edad, según Coiproden Red de Instituciones por el derecho de la niñez. A pesar de esto, cuando los policías y militares salen con toda su brutalidad a desalojar las vías, en San Pedro Sula y El Progreso han tenido que retroceder ante la furia de los manifestantes quienes se les han enfrentado con piedras y bombas molotov. En el norte y occidente del país han quemado 7 postas policiales. Pero al caer la noche, los militares llegan a los barrios y atacan, los asesinados han sido jóvenes que no se estaban enfrentando, jóvenes asesinados mientras huían, ejecutados por la espalda. Ese es el terror de la noche en Honduras ahora.

Cristian era un joven sin empleo fijo, trabajaba  cuando conseguía en la maquila y vivía en un sector conflictivo; la Felipe Zelaya en San Pedro Sula, en la entrada de la ciudad que lleva 3 días sitiada tras el anuncio del Tribunal Supremo Electoral oficializando a Juan Orlando Hernández como presidente electo. El lunes tras ese anuncio Cristian y su hermana Mariela fueron por su madre que estaba cerca del sector de la protesta y les habían anunciado que se estaba poniendo violenta la situación.

Cristian identificó a varios de sus amigos en la toma y se bajó del carro para apoyarlos. “Sólo a que lo mataran se bajó, eso sucedió en menos de 5 minutos. Un militar le disparó”, explica su hermana mientras organizaba el entierro de Cristian. Ella junto a unos primos y amigos se encargaron de dialogar con los líderes de las barricadas. Mariela dirigió todo con temple y serenidad hasta que vio cómo el cuerpo de su hermano era enterrado en la comunidad donde de niños iban para vacacionar.

El historial médico legal de Cristian apunta que fue herido por militares cuando desalojaban una manifestación en la entrada de la colonia Felipe Zelaya, 27 calle San Pedro Sula. Una bala que entró en el lado izquierdo del tórax y no salió lo mató. Fue un homicidio.

Cristian deja una bebé de 14 meses, su esposa con apenas 18 años enseñaba un video en el que la bebé simulaba llamar a su papá por teléfono, decía papá, quería hablar con él. Los vecinos de toda su vida lloraban desconsolados. “¿Quieren cuatro años más de esto? ¿Cuatro años más de Juan Orlando que mandó a sus asesinos a matar?”  Pedían a gritos que caiga el gobierno.

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En Tegucigalpa, las manifestaciones durante el día bajaron, sin embargo al caer la tarde se respiraba el ambiente de represión: helicópteros en los cielos, disparos en algunos barrios y colonias y poca gente transitando en vehículos. Los barrios solos, la gente protestando sola contra el presidente Juan Orlando Hernández que no soltó el poder y que oficializó que gobernará 4 años más. No hubo vigilancia de organizaciones de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos se mantiene ausente y ni los medios de comunicación están presentes. Los barrios como los del sector Carrizal, Hato de en medio, la entrada al bulevar Morazán y el barrio Los Jugos, de noche, simplemente están sometidos a la bota militar, les queda la autodefensa organizada.

La Coalición contra la Impunidad, una red de organizaciones de derechos humanos, creó una plataforma temporal denominada Mesa de Derechos Humanos que ha estado de forma permanente vigilando lo que está sucediendo en todo el país.

En conferencia de prensa celebrada frente a las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Tegucigalpa, la Mesa exigió a este ente gubernamental tome una postura beligerante ante las múltiples violaciones a derechos humanos que se registran en el país, sobre todo de parte de militares contra la población, según un informe de Radio Progreso.

Luego de una conferencia de prensa en la que autoridades de la Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas dijeran que los videos y pruebas de asesinatos y violaciones a derechos humanos no son de Honduras sino de otros países, la población protestó en las cercanías del Estado Mayor Conjunto en Comayaguela exigiendo a los militares que dejen de asesinar a la gente en las calles.

Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza de Oposición, en ausencia de Salvador Nasralla quien se encuentra en Estados Unidos, llamó a movilizaciones para condenar las ejecuciones por parte de militares acusando como principal responsable de esto a Juan Orlando Hernández. En el plantón frente a los militares instó a la gente a “seguir la lucha permanente hasta que caiga la dictadura”.

Salvador Nasralla, mientras tanto se reúne en Estados Unidos con miembros del Departamento de Estado y el secretario general de la Organización de Estados Americanos para saber qué pasa en el terreno desde donde siempre se han decidido las cosas del país.

«Estados Unidos se ha convertido en parte del conflicto en Honduras», dijo el sacerdote Ismael Moreno, SJ, en la cadena alemana de noticias DW. Un factor desestabilizador ha sido la posición ambigua del gobierno estadounidense ante la declaratoria de Hernández como presidente y las denuncias de fraude por parte de la Alianza de Oposición a las que se ha unido la misma OEA. «En Honduras todo mundo cree que Estados Unidos tiene la clave para solucionar este conflicto, no hay país de Latinoamérica en la que este país tenga tanta influencia como en Honduras», dijo el periodista salvadoreño Carlos Dada en un conversatorio con Interamerican Dialogue en Washington.

Esa influencia ha sido –en los últimos años– más fuerte con el apoyo militar que Honduras ha recibido bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

Nasralla expresó en conferencia de prensa que el gobierno de Estados Unidos aún no ha aceptado los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral y que aún siguen analizando la situación,  que la OEA sigue en su posición de proponer como salida la repetición de elecciones.

Pero en Honduras, mientras los enfrentamientos se vuelven cada vez más violentos en las vías tomadas, Juan Orlando Hernández agradece que el pueblo lo reeligió e invita a un dialogo nacional para sostener su gobierno en medio del caos.

«El llamado de Juan Orlando Hernández para convocar al dialogo y a la concordia lo que está haciendo es atizando el fuego porque amplios sectores de la sociedad hondureña, más del 50% no solamente no votó por él sino que lo repudia. Sí se puede hacer el dialogo pero sin Juan Orlando Hernández porque él es un factor de problema y no de soluciones», agregó el jesuita Ismael Moreno.

«Nosotros no vamos a dialogar con un presidente ilegal», decía un poblador que se quedó atrapado en El Progreso, Yoro mientras a pocos metros manifestantes encendían llantas para no dejar pasar a nadie hacia San Pedro Sula. La gente se muestra resignada pero también dice apoyar porque siente que no hay más camino que la insurrección popular, lo dicen no solo los manifestantes sino también los afectados que no pueden moverse. «Ya no hay de otra, no hay trabajo, no hay manera de vivir ya, este señor (Juan Orlando Hernández) está afectando el país», decía una mujer que lleva dos días de estar varada en Santa Rita porque el único puente que conecta El Progreso con la carretera hacia Tegucigalpa, está tomado.

En otra toma de El Progreso la gente se mostraba preocupada por la presencia de grupos criminales que además de pedir dinero han asaltado algunos vehículos. La situación se degrada y cada día aumentan los muertos. Los medios de comunicación no pueden hacer su trabajo de informar sin garantías de seguridad en medio del fuego cruzado donde, tanto los manifestantes como los militares y policías exigen no transmitir ni grabar nada. Honduras ha caído en una espiral de violencia que no sabemos aún si nombrar como una guerra civil o simplemente el estallido de un pueblo que ha pasado de «pacífico» cuando siempre ha sido conflictivo.

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En el bus que conduce a los familiares de Cristian a la comunidad Plácido donde lo enterraron, sus primos hablan de Juan Orlando Hernández y lo comparan con dictadores como Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela. Hablan de sus dudas sobre la muerte de Hilda Hernández y de cómo en este país de vive una dictadura que Estados Unidos avala.

“Yo no sé que gana Estados Unidos teniendo a ese bastardo en el poder”, dice indignada una familiar, otro le responde: adueñarse del país, eso gana.

Mientras suben la montaña un familiar  grita: ¡Fuera Joh! y la gente en el camino le responde ¡Fuera Joh! Su pequeño hijo de unos 4 años repite mientras hace una seña con su dedo alrededor del cuello como pidiendo una cabeza. “Dar la vida por la patria ya solo es ganancia” dice el joven con una bandera del partido Libertad y Refundación empuñada, habla con furia. A Cristian le han puesto la bandera de Honduras sobre el ataúd, también la camiseta de su equipo favorito: el Olimpia. Lo acompañan jóvenes como él, vulnerados siempre, violentados por el Estado ¿A quien acudirán si lo mató un militar? El germen de la violencia crece allí en el odio que produce la impunidad. Esa es la guerra hondureña.

 

Tegucigalpa amaneció este 18 de diciembre con la noticia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que oficializa la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras. La noticia movilizó a todo el país desde la noche del 17 cuando David Matamoros Batson, Magistrado Presidente del TSE, de manera unilateral y solo en cadena nacional diera el anuncio a eso de las 6 de la tarde. El anuncio se dio mientras Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, viajaba a Washington para reunirse con la OEA y el Departamento de Estado. En Honduras se habla ya de un golpe electoral, y hay quienes han especulado que Nasralla no podrá volver al país. Pero se especula –como es natural en estos casos– cualquier cantidad de cosas que no tienen forma de ser comprobadas, y se van quedando en el terreno de la ficción.

En este contexto, Tegucigalpa comienza a caer en una lenta paralización. Toda la ciudad es tomada desde los barrios y colonias. Y a la Policía Militar esto la pone nerviosa, su nerviosismo, provocado por no tener el control de la situación concluye en brutales represiones y muertes que se extienden a todo el país. Ya suman 23 muertos, según el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) en 20 días después de las elecciones del 26 de noviembre. El sector de Villa Nueva en Tegucigalpa, ubicado en la salida a Danlí, fue tomado desde la noche del 17 de diciembre, y en la mañana del 18 de diciembre, bajo una tímida pero persistente lluvia, la Policía Nacional y la Policía Militar llegaron para reprimir con brutalidad. Villanueva es insigne, fue aquí donde cayó la primera víctima del toque de queda decretado del 1 al 10 de diciembre, cuando los militares salieron de noche a disparar bala viva.

Dos tanquetas, toletes, y una cantidad inimaginable de gas lacrimógeno, fueron las herramientas para contener a una población que quemaba llantas para tapar la salida al oriente del país y que ante los gases su respuesta fue una lluvia de piedras.

Niños y ancianas ponían en contradicción a la Policía Nacional, que era presionada por la Policía Militar para reprimir, y que ante la presión y las piedras tiraron tanto gas como pudieron. La Policía Militar es brutal, en Villa Nueva demostraron que «raciocinio» y «Policía Militar» son conceptos que no van de la mano. Un niño y una anciana fueron llevados de emergencia para ser atendidos porque los gases les provocaron problemas respiratorios que de no ser atendidos inmediatamente podrían perder la vida. Esto sucedió con la luz del día y ante la presencia de diputados de Libre, la prensa nacional e internacional, y organizaciones de Derechos Humanos. La noche llegó a Tegucigalpa, y con ella las tomas no han cesado, y la represión se intensifica.

Con el comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que proponen convocar a nuevas elecciones como salida a la crisis política hondureña, un escenario inesperado se abre y se “gana la batalla internacional”, según el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía. Las elecciones del 26 de noviembre no solo nos mostraron un evidente fraude que ni la OEA y luego ni la Unión Europea pudieron avalar, también abrió un espacio para que la ciudadanía se apodere de una lucha política y se evidencia que el proyecto continuista de Juan Orlando Hernández ha fracasado, según Mejía.

Las últimas cartas las tienen la OEA y el gobierno de Estados Unidos, pero no se podrán jugar sin que Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández se sienten a dialogar. Salvador Nasralla se encuentra en Washington en reuniones con la OEA y otros actores del gobierno de Estados Unidos, mientras que el Partido Nacional a través del diputado Oswaldo Ramos Soto ha dejado claro que no aceptarán la propuesta de realizar nuevas elecciones y acusan a la OEA por injerencia en asuntos internos. Esta noche el vocero del departamento de Estado de Estados Unidos, ante la ausencia de embajador en el país comunicó que aceptan los resultados emanados del Tribunal Supremo Electoral que dan como ganador a Juan Orlando Hernández y piden a los partidos en oposición que hagan sus impugnaciones ante el mismo tribunal cuestionado por fraude.

Mejía aseguró en entrevista con Contra Corriente que las condiciones mínimas para repetir las elecciones, como salida salomónica a esta crisis, tendrán que pasar por un diálogo entre la Alianza de Oposición y el Partido Nacional.

CC: Con este escenario inesperado de la OEA, ¿qué posibilidades hay con las condiciones actuales para repetir elecciones como lo plantea la OEA?

JM: La posición de la OEA  de señalar las graves irregularidades, antes, durante y después del proceso hondureño que no permiten tener certeza de estar ante un proceso transparente y que por tanto han llegado al extremo de recomendar un llamado a nuevas elecciones, esto en un lenguaje no diplomático significa que vieron un fraude de una inmensidad impresionante y que por tanto es necesario hacer eso. Uno de los grandes perdedores es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debería garantizar transparencia, independencia, un poco de justicia para garantizar el proceso electoral con el informe de la OEA quedó totalmente deslegitimado aunque ya lo estaba frente a la sociedad.

También otro gran perdedor es el Partido Nacional y más que el partido es el proyecto continuista que representa Juan Orlando Hernández porque hay que recordar que es primera vez en la historia que no se declara vencedor el 26 de noviembre y por otro lado que el candidato declarado vencedor es un candidato que no goza de legitimidad y reconocimiento de varios sectores de la sociedad. La propuesta de la OEA es dentro de las posibilidades la más real de permitirnos dar un paso para salir de la crisis política que hay en el país.

CC: ¿Bajo qué condiciones se podrían celebrar elecciones?

JM: Los dos partidos en pugna, el PN y la Alianza deben ceder espacios y también implica que deben negociar. La posición de la OEA es un mensaje contundente para fortalecer el sistema democrático. Ya en el ERIC y Radio Progreso habíamos declarado que un primer paso sería declarar la nulidad y llamar a unas nuevas elecciones, lógicamente esto requiere unas condiciones fundamentales, la primera es que el árbitro electoral sea independiente, imparcial que dé garantías de transparencia en el proceso.

CC: ¿Que no sea partidizado?

JM: Correctamente, eso requeriría un TSE constituido por personas de alto nivel moral, nacionales o incluso internacionales porque lo que está en juego no solo es la democracia sino la inestabilidad política que afecta a todos incluso a Estados Unidos porque la ingobernabilidad genera que la gente decida migrar.

CC: ¿Cómo sería ese dialogo si es una condición importante para celebrar nuevas elecciones? ¿La gente en las calles querría esa negociación?

JM: La verdad, es bastante complejo ante esta situación donde no se ve salida. Una salida salomónica sería convocar a nuevas elecciones pero creo que una de las cosas fundamentales que se tienen que negocia primero es la participación de la candidatura de Juan Orlando Hernández porque el pecado original de esta crisis electoral es la reelección presidencial que se habilita de una manera ilegal a través de una sentencia que es ilegítima, porque ya hemos dicho hasta el cansancio, que el único que puede reformar la prohibición de la reelección es el pueblo hondureño a través de in plebiscito o una Asamblea Nacional Constituyente. Otra cuestión que se tiene que negociar es como va a estar constituido el árbitro electoral ya sea con personas de alta capacidad moral independientes de los partidos políticos o si será un órgano internacional bajo la supervisión de la OEA y la UE. Garantizar a través de qué sistema se va a tener unas elecciones transparentes.

El reto también es cómo lograr paz social en ese periodo de transición, no es que la gente se desmovilice pero sí que podamos tener un nivel de normalidad mientras confiamos en la veeduría internacional en este proceso de convocar a nuevas elecciones con estas condiciones mínimas establecidas.

CC: ¿Tendría que ser antes del 27 de enero?

JM: La constitución da una salida, en caso que no se declare presidente antes de la fecha establecida, el consejo de ministros tendrá que convocar a nuevas elecciones, cuando estos mecanismos no se ejecutan lo ideal sería llamar a un gobierno de transición, un gobierno provisional con ciudadanos y ciudadanas que gocen de credibilidad de amplios sectores de la sociedad, que ellos convoquen a nuevas elecciones, que el gobierno que surja de esas elecciones salga con el compromiso de en 2 años de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Que pueda cambiar toda la institucionalidad, la legalidad que incluye las reformas electorales. El error es creer que las reformas electorales solo tienen que ver con la ley electoral pero tiene que ver con la Constitución de la República.

CC: ¿Cómo se conforma un gobierno provisional? ¿Quién lo convoca? ¿Las FFAA podrían hacerlo?

JM: Ya  está demostrado que las FFAA que son una pesadilla para la democracia del país: el golpe de estado de 2009, asesinatos en esta crisis electoral. Aquí es importante destacar el papel que puede jugar la OEA, la Unión Europea y EEUU, en Honduras hay muchos ciudadanos y ciudadanas que reúnen las condiciones de independencia, moralidad y transparencia para formar parte de un gobierno provisional, ese es un escenario ideal pero no es muy probable. El único escenario real es el que planteó la OEA y que depende en gran medida de la negociación que puedan hacer la Alianza y el PN, pero para que el PN ceda se requiere la presión de la comunidad internacional y sobre todo de la embajada de EEUU y por eso es el llamado a la Embajada para que dialogue con su socio, el gobierno de Honduras y que pueda ceder estos espacios en pos de la democracia y la gobernabilidad el país

CC: Juan Orlando puede decir que él no tiene nada que negociar, ya fue proclamado presidente electo, puede decir que responde al mandato del pueblo y no de la OEA…

JM: Si Hernández mantiene esa posición significaría que tiene el apoyo de EEUU, pero también está claro que será uno de los gobiernos más débiles en la historia democrática del país. Su proyecto continuista fracasó, el rechazo que hay a la figura de JOH es amplio, incluso por la derecha, uno escucha a Andrés Openheimer sus criticas duras contra JOH, los grandes medios internacionales. Ese rechazo ciudadano que hay en la figura del presidente hará que no tenga legitimidad, la sombra del fraude acompañará a este gobierno hasta el fin de los días, un rechazo ciudadano de una ciudadanía más politizada, más consciente. Pero eso llevará a más represión, la mayor fortaleza que tiene JOH es el control de la institucionalidad y eso incluye a las FFAA y la Policía Militar que han demostrado que están dispuestos a asesinar al pueblo hondureño para mantener los privilegios y los intereses que representa JOH, por tanto ingobernabilidad más represión política por parte de las FFAA va a provocar mayor inestabilidad que no nos conviene a nadie.

CC: ¿Peor que en el golpe de estado?

JM: Peor, totalmente, ya no es una cuestión como se pensaba en ese momento entre Mel y Micheletti, estamos hablando de una ciudadanía que tiene claro que no es una cuestión de partidos políticos, que ha trascendido más allá. La ingobernabilidad se va a profundizar, mayor inestabilidad política, mayor migración de hondureños y hondureñas a EEUU y entonces estamos en un dilema, si hay ingobernabilidad con bendición de EEUU van a intentar imponer una dictadura con la fuerza de las armas, si el pueblo hondureño se mantiene indignado, los 2 primeros años del gobierno de Hernández serán cruciales y no serán fáciles para su gobierno.

CC: Si JOH es apoyado por EEUU ¿cuál sería la condición? ¿La regulación de la reelección? Si Juan Orlando Hernández pudo poner a su favor el sistema de estas elecciones en 4 días ¿qué podría hacer en 4 años con el control de la institucionalidad para quedarse más tiempo?

JM: Hay que ver lo que está pasando en Latinoamérica, la posición de la OEA no sale de la nada. Estamos hablando de que pronto habrá elecciones en Bolivia donde el presidente se está reeligiendo aun en contra de la voluntad de la gente que dijo NO en un referéndum, todo el control de la institucionalidad de Daniel Ortega en Nicaragua, las elecciones en Venezuela, la OEA como EEUU están en una encrucijada porque o se dan color y sus posiciones reflejan que su papel democrático solo es en contra de gobiernos aparentemente de izquierda pero sí a favor de dictaduras de derecha. La situación actual es diferente, en ese sentido está complicado.

Aquí no hay que olvidar que el actor más importante es la ciudadanía, y una de las cosas positivas a pesar de la tragedia es que hay una ciudadanía que ha visto en toda su desnudez la corrupción y el control de la institucionalidad democrática y cómo estos grupos de poder se pasan por encima de la Constitución y la legalidad para proteger sus intereses, por tanto es una ciudadanía que se hartó, esta ciudadanía va a forzar junto con los actores en el ámbito internacional para hacer las reformas necesarias para adecentar la democracia en honduras.

CC: ¿Qué papel podrían jugar las FFAA en este proceso? Pareciera que la ciudadanía también espera que jueguen un papel determinante.

JM: Las FFAA siguen jugando su papel hipócrita. Dan un golpe de Estado a Manuel Zelaya por defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia pero ante la violación de la Constitución por parte de Juan Orlando Hernández no dicen nada. Hay que recordar que Hernández se ha encargado de poner a familiares y amigos en los altos mandos de las FFAA, sin embargo aquí uno de los grandes perdedores son las FFAA, todo el prestigio que se ganaron en los 90 lo echaron a perder con el golpe de Estado y ahora lo acaban de confirmar, por tanto me parece a mí que como grandes perdedores este es el inicio del fin de las FFAA en el país. Esto va a ser un proceso largo,  no significa que habrá cambios de la noche a la mañana, si dentro de las FFAA las nuevas oficialidades que deberían tener un papel más democrático no asumen el control de esas instancias me parece a mí que las FFAA están destinadas a desaparecer.

CC: Eso es bien idealista… EEUU necesita las FFAA en este país, estamos cerca de su patio trasero…

JM: Pero creo que ese es un asunto que la ciudadanía lo tiene claro

CC: Pero en los Sondeos de Opinión que ustedes hacen la percepción de confianza de la ciudadanía era alta con las FFAA…

JM: Sí, 7 de cada 10 hondureños decían que confiaba en el ejército, pero yo sí creo que ha cambiado, así como ha cambiado la percepción del TSE. A mí me parece que aunque pueda ser ideal, si debemos avanzar, quienes tenemos influencia en la opinión publica debemos ir apuntando donde está el problema, sin las FFAA, JOH no habría sido declarado presidente, las FFAA con la bendición de EEUU permitieron esa declaratoria, si las FFAA cumplieran su rol constitucional esto no estaría pasando en este momento.  En ese sentido, en este proceso largo que se nos viene ahora es importante que comencemos a señalar a los actores que es necesario que salgan del país para fortalecer la vida democrática.

«Aquí no hay que olvidar que el actor más importante es la ciudadanía, y una de las cosas positivas a pesar de la tragedia es que hay una ciudadanía que ha visto en toda su desnudez la corrupción y el control de la institucionalidad democrática y cómo estos grupos de poder se pasan por encima de la Constitución y la legalidad para proteger sus intereses, por tanto es una ciudadanía que se hartó». Joaquín Mejía.

CC: ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer viable la propuesta de la OEA?

JM: En lo particular yo no me preocuparía tanto en el tiempo, si nos vamos a la Constitución y dice que el 27 de enero tiene que haber un presidente pero si no lo hay el consejo de ministros debe convocar. La declaratoria del presidente debe ser firmada por todos los miembros del TSE, la pregunta es porqué solo aparece Matamoros Batson en la declaratoria, sin los otros magistrados firmando adolece de legalidad. Tendríamos que esperar la posición de Nasralla después de este viaje a Washington, la comunidad internacional y la ciudadanía tenemos un papel importante para presionar que en este caso el Partido Nacional decida sentase a negociar esa declaratoria a elecciones.

CC: Pero las calles mientras tanto…

JM: Por eso creo que será importante el retorno de Salvador Nasralla que espero que de toda la información que tiene que dar y luego también ver los pasos que va a dar la Embajada de EEUU que ha tenido una posición ambigua al principio, una posición luego favorable en términos simbólicos acompañando a Batson lo cual implica un espaldarazo importante, pero ahora este momento después de lo que ha dicho la OEA ni siquiera un tweet ha dado la encargada de negocios Heide Fulton, qué raro que ha estado activa y ahora está en silencio absoluto. No se sabe que se está cocinando. Lo que sí está claro es que la posición del a OEA ha sido un golpe impresionante a este sector que representa JOH, da un pequeño hilo de esperanza a lo que pueda pasar, sin embargo siempre hay que verlo con cautela, porque puede ser que negocien que JOH aguante unos meses mientras se baja todo en las calles y que poco a poco se vaya reconociendo a este a este gobierno espurio tal y como sucedió en el golpe de Estado.

Ahora en la OEA hay una mayoría de gobiernos de derecha, la OEA es una organización de estados y las luchas que habrán en la asamblea general serán importantes. Los gobiernos de derecha son derechas democráticas, no son derechas como la de Álvaro Uribe en Colombia, son de derecha pero creen en el proceso democrático, sería un mensaje terrible para su país y hacia afuera legitimar un gobierno cuando hay un informe de la OEA tan contundente que ya no se lo quita nadie, para que la OEA de un paso atrás de este informe sería complicado, aunque no se descarta.

CC: ¿Fue un error político que la UE presentara el informe horas antes de la declaratoria?

JM: Definitivamente, creo que tenían que haber esperado porque no estaba su jefa de misión, la condición en las calles de polarización social lo que requería eran llamados prudentes por parte de la comunidad institucional y lo que hicieron fue un enorme error político porque fue interpretado por sectores afines al gobierno como un espaldarazo a los resultados. Es de humanos rectificar y a mí me parece importante que su jefa de misión desde Europa haya llamado y haya manifestado su posición que lo que se planteó en ese momento fue una visión, un informe que no era el final y que eso no implicaba el resultado del proceso electoral, alineándose a la posición de la OEA.

Aquí también otra vez la comunidad internacional tiene que tomar en cuenta cómo una palabra en sociedades tan polarizadas como las nuestras, puede profundizar la crisis política, tienen que tener mucho cuidado.

«Me parece que es muy difícil para Washington esta situación en la que se está por eso se entiende el silencio de la encargada de negocios, en términos legales significa que EEUU está de acuerdo con lo que dice la OEA porque son parte de la OEA». Joaquín Mejía.

 

CC: El papel de la OEA y la UE es diferente ¿Qué es más determinante?

JM: La UE como sucedió en el golpe se plegará a lo que diga la OEA, la OEA tiene la carta democrática interamericana a través de la cual cuando hay una situación que afecta gravemente el sistema político democrático puede tomar decisiones, un paso que acaba de dar es el llamado a nuevas elecciones, pero si se mantiene la situación que genera esa inestabilidad política, la OEA puede utilizar su último recurso que es la suspensión de Honduras de la OEA y eso no le conviene a nadie, ni al gobierno actual eso traerá implicaciones políticas y económicas con la UE, BID, BM, como con el golpe de estado, es por eso que la posición de la OEA es más importante que la UE.

Yo en lo particular esperaba algo más contundente de la UE y no de la OEA, para mí es muy difícil que Almagro diga algo como lo que dijo sin que EEUU esté de acuerdo medianamente. Honduras es un aliado principal en la región de EEUU, es la niña bonita o el niño bonito de EEUU en la región y sobre todo con esa lógica de la guerra fría con dos gobiernos de izquierda y luego Guatemala con inestabilidad política

CC: Se les agitó mucho el patio…

JM: Sí está muy agitado, requieren a una figura fuerte como JOH que en teoría esta poniendo orden pero se les fue de la mano. Me parece que es muy difícil para Washington esta situación en la que se está por eso se entiende el silencio de la encargada de negocios, en términos legales significa que EEUU está de acuerdo con lo que dice la OEA porque son parte de la OEA.

Hay que insistir que las elecciones del 26 de noviembre traen cosas positivas: se derrotó el fraude, se ganó la batalla internacional no solo con los medios internacionales pese al cerco mediático y con la excepción de medios como Une tv, Criterio, Contra Corriente, Radio Progreso. La posición de la OEA es el resultado de esa victoria electoral, la politización de la ciudadanía que ha visto en toda su crudeza la corrupción e impunidad en el manejo de la institucionalidad pública, la ciudadanía ha ganado fuerza moral creo que a mediano y largo plazo hay que entender que ese proyecto continuista fracasó, que estamos en un  momento de quiebre y que por fin puede ser una pequeña luz para salir de esta crisis que se profundizó tras el golpe de estado de 2009.

 

A pesar que la Constitución de la república de Honduras prohibe la reelección presidencial, gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Juan Orlando Hernández logra ganar 4 años más en el poder. Cuatro años más que están en entredicho, podrían ser más si la reelección sigue sin regularse legalmente, como está ahora. Las denuncias de fraude electoral son fuertes, pero más fuerte es la expresión en las calles que va desde las tomas de carreteras, hasta violentas irrupciones en comercios. La represión a estas manifestaciones ha dejado 22 muertos en los últimos 20 días después de las elecciones.

«Hubo irregularidades, errores y problemas sistémicos antes, durante y después de las elecciones. Estamos ante un proceso de baja calidad», dijo José Quiroga, expresidente de Bolivia y representante de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA) tras ser declarado presidente Juan Orlando Hernández por David Matamoros Batson, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sólo él, el representante del Partido Nacional sin el pleno de magistrados. Inmediatamente las calles en 52 puntos del país mostraron el descontento de la gente con este anuncio y de nuevo una oleada de manifestaciones, violencia y represión se muestra tras las elecciones del 26 de noviembre.

«La alteración de las evidencias del incidente del día 29 de noviembre de 2017 en el servidor de base de datos primario (SQL1) impidió a esta auditoría acotada y no invasiva obtener datos esenciales del mismo. El tratamiento del incidente no respetó las buenas prácticas aceptadas mundialmente sobre el manejo de incidentes de tecnología informática. Las acciones para restablecer la infraestructura tecnológica no fueron las apropiadas (reinstalación del sistema como SQL4 sobre el servidor primario SQL1 alterando la evidencia), y no se preservó la evidencia ni se restringió el acceso al otro servidor afectado (SQL2), dejando hasta la fecha un acceso remoto habilitado desde las oficinas de la empresa proveedora.»-muestra el informe de la OEA.

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La OEA habla de irregularidades, pero da detalles sobre un estudio que realizan con una muestra de 361 actas del Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza de Oposición en el que Hernández ganaría las elecciones con 41.36% contra 41.04% de Nasralla, un margen tan estrecho (0.32%) que entra en el margen del error de la muestra.

El TSE anunció el triunfo del Partido Nacional con 42.95% contra un 41.42% de la Alianza Libre-PINU, un 1.53% de diferencia. Mientras tanto, la Unión Europea (UE) valida el resultado aduciendo que en el escrutinio especial bajo su observación no se presentaron incongruencias entre las actas de los partidos, en físico y las subidas en el sistema de divulgación del TSE.

Por su parte, con una posición muy diferente a la UE, el informe de la OEA agrega que : «En el contexto de la observación post electoral, la MOE analizó un importante número de actas correspondientes al SIEDE y escrutinios especiales, así como a las fuerzas políticas en contienda (Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza de Oposición contra la Dictadura y el Partido Liberal). De esta revisión, la MOE puede concluir que en casi la totalidad de las actas hay coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos. Sin embargo, existen algunos casos en los que se encontraron discrepancias inexplicables entre las actas de los tres partidos y las del TSE. Es importante notar que las copias de las actas en posesión de los partidos no cuentan con las medidas de seguridad para evitar su alteración o falsificación».

«Estas elecciones nos dejan un trazo de pintura que se llama: la duda. Baja calidad en el proceso, un sistema no garantizado, esa duda de conjunto en una sociedad polarizada, la sospecha que se tiene,  se convierte en un factor de inestabilidad social que se contrapone a la insistencia de sostener el triunfo de Juan Orlando Hernández», expresó el sacerdote jesuita Ismael Moreno en la emisora Radio Progreso tras el informe de la OEA, mientras en 52 puntos del país a las 9 de la noche reportaban tomas de carreteras y protestas.

«La Alianza no va a dejar que le roben las elecciones, lo vemos ahora, la gente salió ante esta declaratoria. La situación del país está fuera de control, la gente está fuera de control y es difícil saber qué pasará en los próximos días», decía un ciudadano que en El Progreso participaba en la manifestación que cerraba el paso al bulevar que conduce al atlántico hondureño. Un grupo de jóvenes encendieron llantas, puestos de periódicos, derribaron palmeras, rótulos y semáforos. El caos se apodera de las calles. En San Pedro Sula se reportaron saqueos en un centro comercial y desesperación de la gente que andaba en las calles a esa hora tras verse sitiada.

Las calles gritan mientras la OEA concluye en una conferencia de prensa en Tegucigalpa: «A partir del análisis técnico realizado, la Misión no puede confirmar que el SIEDE haya sido manipulado con dolo. Sin embargo, sí puede afirmar que no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada. A partir del análisis presentado en este reporte y del cúmulo de observaciones comprendidas en el primer informe preliminar, la MOE considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas.»

El secretario de la OEA, Luis Almagro sostiene las dudas con este tweet y pide elecciones para evitar crisis en Honduras:

Veinte días después de las elecciones que supuestamente decidirían al próximo presidente de Honduras, no hay resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el Partido Nacional ya ganó en el Congreso Nacional. Son 61 diputados nacionalistas los electos según el TSE, dejando a varios candidatos, que parecían fuertes al inicio de la contienda con sus aspiraciones desvanecidas, entre ellos el acusado por ser uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras durante la década de los 80: Billy Joya quien ahora aparece en la televisión como defensor del presidente Juan Orlando Hernández.

El domingo 26 de noviembre en los comicios electorales más atípicos de la historia de este país, en la colonia Los Robles de Tegucigalpa una sobreviviente de la tenebrosa Honduras de los 80, Nora Miselem Rivera, caminaba con 63 años hacia la fila que la llevaría a manchar su meñique de esperanza, en un centro de votación ubicado en un barrio de militares repleto de afiches del oficialismo y donde la clase alta es mayoría. En los afiches, Billy Joya.

Mientras hace fila esperando su turno para elegir a las próximas autoridades del país, Nora Miselem sobre estas elecciones nos dice que “del Partido Nacional se puede esperar cualquier cosa”, incluso tener entre sus filas a quien fue uno de los integrantes del Batallón 3-16 que, en 1981 en las primeras elecciones “democráticas” de Honduras, la capturó a ella y otras personas que supuestamente querían boicotear esos comicios.

Después de salir libre de esa experiencia, algunos años después Miselem sería víctima de un segundo secuestro en el que según sus propias palabras estuvo “nueve días en manos de esos animales”.

“Choques eléctricos y abusos de todo tipo” fueron la carta de presentación de los escuadrones de la muerte que integraba Billy Joya ante los subversivos que se habían vuelto un obstáculo para la Doctrina de Seguridad Nacional que los Estados Unidos imponía en toda Latinoamérica.

Aunque el registro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) apunta que el Batallón 3-16 inició operaciones en 1984, los primeros créditos de desapariciones son de 1981, exactamente cuando la embajada norteamericana decidió colocar como embajador al antiguo jefe de la CIA, John Dimitri Negroponte, quien adoptó como ejecutor de sus políticas a un joven: Billy Joya.

“El licenciado Arrazola”, como se hizo llamar Joya en aquellos años de la denominada guerra sucia en Latinoamérica, fue miembro del Batallón de Inteligencia 3-16 que operó en Honduras durante la década de los 80 y 90, el cual se encargó de secuestrar y desaparecer opositores políticos, además de ser el fundador de los escuadrones “Lince” y “Cobra” que sirvieron como brazo represor al servicio del estado.

Desde muy joven Joya fue instruido en las prácticas de la dictadura al ser becado por parte del ejército hondureño para estudiar en el Chile de Pinochet y trabajar bajo las ordenes de Guillermo Suarez Mason, acusado de cometer múltiples crímenes de lesa humanidad en Argentina.

Es así como Billy Joya al ser jefe de su división táctica empieza a trabajar en sincronía con la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI); además, según las investigaciones sirvió como enlace entre el ejército hondureño, el régimen dictatorial argentino y los estadounidenses.

Para Nora Miselem Rivera, el Batallón 3-16 está más activo que nunca a través del mismo Joya que a pesar de estar evidenciado a nivel internacional como un violador de derechos humanos y estar acusado de 5 casos penales con 19 delitos imputados por particulares y por el Estado hondureño en 1990, ha intentado integrarse a la “democracia” desde las elecciones de 2009 con La Alianza Patriótica del golpista general Romeo Vásquez y ahora con el Partido Nacional del ilegal reeleccionista Juan Orlando Hernández.

¿Cómo es posible que este hombre se encuentre habilitado para optar a un cargo de elección popular? Se pregunta esta sobreviviente del terror que representó la injerencia de Estados Unidos en la sociedad hondureña, y que hoy esa misma injerencia está dejando sangre en las calles y en la punta de los fusiles de los militares. Ella misma responde a esa pregunta: “si al imperio le conviene, así será”.

Billy Joya no es cualquier militar que intenta adaptarse a las nuevas dictaduras “democráticas” impuestas por Estados Unidos en los países Latinoamericanos, ahora bajo la bandera del Partido Nacional, el licenciado Arrazola es la memoria sangrante de los desaparecidos en Honduras.

Esa misma memoria llevó a Joya al auto exilio en España a mediados de los 90, donde fungió como catequista en un colegio de Sevilla mientras se ocultaba de la justicia hondureña que a través del juez civil Roy Medina ordenó su detención el 17 de octubre de 1995 por la desaparición temporal de seis estudiantes universitarios en abril de 1982.

Noche de los lápices

Una de las estudiantes secuestradas esa madrugada del martes 27 de abril de 1982 fue Ana Suyapa Rivera quien, además, se volvió una pieza fundamental al ser la primera víctima que logra identificar a Billy Joya como uno de los ejecutores de esas operaciones de miedo y desaparición que pretendían borrar cualquier rastro de disidencia en el país.

“Nos vendaron los ojos nos sujetaron las manos, nos hicieron montar a un carro y nos llevaron a una casa fuera de la ciudad” después de eso, Rivera señala que no volvieron a saber dónde estaban.

Ana Suyapa Rivera fue capturada ilegalmente a las 5 de la madrugada por el Batallón 3-16 junto a Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto y Gilda María Rivera Sierra.

Todos fueron trasladados a una casa en las afueras de la ciudad donde, según Milton Puerto, llevaban a los desaparecidos para torturarlos hasta su muerte y donde ellos mismo sufrieron la tortura física, psicológica y sexual.

Fue casi una semana en la que Ana, de “chiripa” y por encontrarse en la misma casa con dirigentes estudiantiles perseguidos por los militares, vivió la peor experiencia de su vida en manos del Batallón 3:16 liderado por el asesor de seguridad en los últimos gobiernos nacionalistas, Billy Fernando Joya Amendola.

El caso denominado “Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras” logró que Joya después de 4 años prófugo se presentara ante los juzgados en diciembre de 1998; sin embargo, al pagar una fianza de 2,400 lempiras logró recobrar su libertad y le ha dado la posibilidad de participar en las últimas dos elecciones.

En 2017 Ana Suyapa Rivera, miembro del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), considera que es “una amenaza para el estado” que este tipo de personas sean elegibles para integrar el Congreso Nacional, a pesar de ser una práctica común en los partidos de derecha latinoamericanos.

Billy Joya aparece como analista experto en seguridad en los medios de comunicación, pero las personas que fueron víctimas de sus estructuras de tortura y muerte en los 80, lo consideran un experto en inseguridad.

Foto: Martín Cálix

Intentos Fallidos

Billy Joya con el total de las mesas electorales procesadas queda rezagado en el lugar 40 de los 23 puestos disponibles en el departamento de Francisco Morazán, con un total de 210,076 votos.

Según el Tribunal Supremo Electoral, más de doscientas mil personas votaron por un personaje que tiene acusaciones penales por tortura y asesinatos, además de ser señalado por la comunidad internacional como un violador de derechos humanos.

Para Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), “todo se ha hecho” lo único que no se ha logrado es justicia en contra de los ejecutores de aproximadamente 184 crímenes de lesa humanidad registrados entre 1980 y 1990.

Para la directora de esta organización de defensa de derechos humanos, las condiciones geopolíticas de nuestro país propician que se impulsen las candidaturas de personas que tienen deudas ante la justicia, pero pueden servir para salvaguardar los intereses del sistema.

En estas semanas de incertidumbre Billy Joya a pesar de no ser electo ha aparecido como uno de los principales defensores del proceso y la reelección, afirmando entre otras cosas que “la historia ya está escrita”. Esa misma historia le dice al pueblo que el respaldo popular no es lo fundamental en el sistema sucio que controla al país, por lo que seguramente seguiremos viendo al “Licenciado Arrazola” como el estelar de las “políticas de seguridad” en esta nueva dictadura comandada por Juan Orlando Hernández Alvarado.

 

*Para este reportaje Billy Joya fue contactado para entrevistarle, pero no recibimos respuesta de su parte.

 

Foto: Jennifer Avila

 

Desde el 26 de noviembre las tomas de carreteras en todo el país han estado a la orden del día, el litoral atlántico y la zona norte han sido el epicentro de la indignación porque a 18 días el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue sin dar resultados para nombrar un presidente en Honduras. Los resultados más amañados de la historia causan consecuencias directas: nadie le cree al TSE y las calles se han vuelto el único lugar donde la frustración se expresa, donde los votos valen algo.

Junto a los periodistas estaba Carlos, un joven activista de la Alianza, portaba una gorra, un pañuelo con los colores de la Alianza, un cigarro en su boca y su mirada llena de indignación. –Vengo de la toma de El Carrizal, éramos pocos, pero locos. Allá nos enfrentamos con la policía, a mí me vale, a mis compañeros les vale, y si acá no se hace justicia pues la tomaremos con nuestras manos–, les decía a los periodistas que esperaban una conferencia de prensa convocada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, el pasado martes en la sede de su partido en la colonia Humuya de Tegucigalpa.

Más de algún periodista puso en duda su afirmación, pero todo lo que decía este joven se comprobó este viernes, en la jornada de paro nacional que fue convocada desde el pasado martes por la dirección del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)  con el objetivo de defender el voto popular.

Las acciones de protesta arrancaron a las seis de la mañana a nivel nacional, en algunas zonas un poco antes, pero todas iniciaron bajo una dinámica particular: el juego del escondite. Los manifestantes en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y El Progreso salían a las carreteras, prendían fuego a llantas y luego se escondían, eso generó movilización de elementos policiales y militares que pretendían neutralizar las tomas, al final no pudieron y en algunas ciudades del país, las balas y las bombas lacrimógenas no funcionaron para desalojar.

En El Carrizal, punto en el que días antes manifestó Carlos haber protestado, se visualizaba una batalla campal. Mientras la Policía Preventiva, Cobras y el ejército, desalojaban con bombas lacrimógenas a la gente. La población respondía con piedras, tomando esa justicia con sus manos, como lo dijo Carlos. Un camión militar fue incendiado con gasolina y fuego y les servía de fogata para seguir encendiendo llantas para cortar la pasada.

–Acá nos están matando, vea, ellos nos disparan. La justicia no funciona en este país. –Dijo exaltada una joven que denunció la represión, pero que también se sintió satisfecha por la destrucción del camión.

En la medida que se acerca la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los ánimos se calientan y Honduras está a las puertas de cualquier escenario: desde un triunfo impositivo de Juan Orlando Hernández, una posible intervención militar o una insurrección popular.

El descontento es evidente, la gente que se manifiesta cada vez se indigna por el aumento de violaciones a Derechos Humanos, detenciones y asesinatos. Este día se reportaron 95 tomas de carreteras, varias decenas de heridos y dos muertos en represiones policiales y militares donde volaron bombas, piedras y balas.

Mientras avanzaba la mañana y con ella las tomas en distintas regiones del país, un grupo de jóvenes a cargo de Carlos venían corriendo desde El Carrizal hasta la colonia 21 de febrero, siempre en la salida al norte de Tegucigalpa. –Apúrense, allá vienen los militares. Llenen de piedras el camino hay que bloquear las carreteras, –decía Carlos a sus compañeros, cuando salían despavoridos por el desalojo.

En el fondo la gente gritaba: ¡Fuera JOH! Y los vecinos y vecinas salían a las calles a solidarizarse con el cierre de la carretera. –Venga perrín, mire así se defiende la voluntad popular, nosotros acá vamos a estar hasta que declaren ganador a Nasralla o sino le metemos fuego a esto, –dijo otro joven indignado por lo que veían sus ojos y por los escenarios que emanan de la autoridad, en este caso el TSE.

La composición de la indignación en Honduras es heterogénea, desde población de clase media, baja y alta. Todos lo hacen desde su experiencia y desde sus prácticas más comunes. El pasado domingo salieron a las calles los indignados e indignadas, bajo manifestaciones pacíficas protestaron por las cercanías de Casa Presidencial, otro sector lo hace desde las tomas de carretera, al menos ésa ha sido la dinámica del movimiento territorial, ése que desde hace más de diez años viene luchando en las comunidades contra concesiones mineras e hidroeléctricas.

Los hinchas, que han sido criminalizados por la sociedad también lo hacen en las calles, todos están indignados, prueba de ello fue lo que ocurrió en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, donde la afición respondió ante un penal ilegal y fue un claro ejemplo de lo sensible que está nuestra sociedad, a las puertas de cualquier injusticia para expresar su rabia.

Y así se dio la jornada en la capital y otros sectores del país. La gente le tiene cada vez menos miedo a las botas militares, a sus armas y a sus bombas lacrimógenas, y deciden responder a sus ataques.

En el sector de Villanueva, Tegucigalpa, lugar donde murió la primera víctima del toque de queda, Kimberly Fonseca, la gente respondió con piedras a la represión, incluso un Policía Militar resultó con una herida en la ceja. Debido a esa situación, la toma se extendió hasta el mediodía, porque la gente les dijo a los elementos de seguridad que si los desalojaban ellos volverían a la toma, porque su causa es justa.

«Todo el mundo lo sabe, acá somos víctimas de una dictadura y a nosotros lo que nos queda son las calles, ya vimos que no hay justicia, esa solo existe para los que están en el poder, por eso nosotros ahora vamos a las calles hasta que salga ese señor del gobierno», manifestó una persona que protestaba en el sector.

La capital como la zona norte, el sur y occidente ardían.

El magistrado suplente del TSE, Marco Ramiro Lobo, dijo que entre lunes y martes se hará la declaratoria oficial del nuevo presidente de Honduras, todo parece que ya tomó forma y que la espera es puro procedimiento administrativo, porque la mañana del viernes las autoridades electorales dieron a conocer que no admitieron las impugnaciones a nivel presidencial. Todo es parte de un guión anunciado y la tendencia de manifestaciones también lo es.

En horas de la mañana los medios de comunicación tradicionales también ejecutaban su guión, el que respondía al discurso empresarial. –Honduras se hunde en los daños económicos generados por las tomas, esto solo genera crisis y daño a la misma población, –decía un periodista mientras transmitía en vivo en horas de la mañana para un medio de comunicación radial.

Un día antes del paro nacional, Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),  hizo público un comunicado en el que le pedían a los partidos políticos y a la gente no apoyar los paros porque ponían en riesgo la economía e incluso sus empleos. Los empresarios marcaron su línea y luego los medios la siguieron, ambos intentan inculcar en la gente que la vida sigue y que a pesar de la impunidad lo que queda es continuar y esperar que las cosas cambien por arte de magia.

Un norte agitado

Desde el 26 de noviembre hay una región de Honduras que ha expresado indignación en todas las aristas: tomas, destrucción de peajes y manifestaciones. Esto ha ocurrido en la zona norte de Honduras.

El departamento de Atlántida es el que más ha registrado tomas de carretera en estas tres semanas de crisis política, zonas como Pajuiles en Tela, Sambo Creek en La Ceiba, Jutiapa y San Juan Pueblo se convirtieron en referentes de la lucha nacional.

A la par de Atlántida se encuentra el departamento de Yoro y Cortés en el que municipios como El Progreso, Santa Rita, San Manuel, San Pedro Sula, Choloma y Omoa han dejado tomas de carreteras, destrucción de peajes y manifestaciones permanentes.

En Atlántida, Cortés, Yoro, Colón la gente expresó su indignación en la quema de llantas y cierres de carreteras. La zona norte es la más importante para el tránsito de mercadería, por lo que las tomas de carretera golpean directamente al sector empresarial hondureño.

–Acá estamos en paro, porque queremos presionar a los empresarios, queremos presionar a este gobierno, queremos que salga el dictador, no lo queremos más en esa silla impuesta a los hondureños, –dijo un manifestante a una emisora radial capitalina.

La violencia también se hizo presente, los ataques militares se dieron a través de bombas lacrimógenas y balas, en Villanueva, departamento de Cortés, hubo cinco personas heridas, las que fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y a varios centros asistenciales de Villanueva.

En la Colonia Jerusalén de La Lima también hubo represión, los policías lanzaron gases contra los manifestantes, lo mismo ocurrió en la Colonia Planeta donde la población se tomó la carretera y los elementos policiales atacaron sin pudor ni diálogo.

En El Progreso, Yoro, se registraron dos tomas: una en la mañana en la colonia Los Castaños, la que fue desalojada a los minutos de instalarse y luego hubo una fuerte represión que incluso dejó personas golpeadas por los militares. La segunda toma en esa ciudad se registró a la altura de la colonia Quebrada Seca, en el que los manifestantes soltaron hasta las 5:30 de la tarde. El norte sigue ardiendo en una indignación que crece en la medida que se acerca la declaratoria del TSE a nivel presidencial.

Un cierre de antorchas

Las dinámicas son distintas: mientras el reloj marcaba las nueve y treinta de la noche en el norte y la gente seguía en tomas y sufriendo represión, en Tegucigalpa a las doce del mediodía las acciones se suspendieron, pero eso no significó el fin de la jornada de protesta.

Los mismos jóvenes que llenaron de palos, llantas y bases de cemento las carreteras, ayudaron a los policías a quitarlas y de esa forma reanudar el paso para los vehículos. –miren chicos, cumplimos, ahora esperemos que se viene para los próximos días, –les decía Carlos, junto a otro grupo de dirigentes populares.

Al marcar las seis de la tarde la población indignada volvió a las calles y recuperó su arma pacífica de protesta: la antorcha.

Desde el bulevar Morazán arrancaron con dirección a la Embajada de Estados Unidos. Mientras el tiempo avanza, y los principales actores internacionales definen sus posturas, la gente cree menos en ellos y los repudia más. Estados Unidos en la actualidad, está tan cerca de ser repudiado, tanto como Juan Orlando Hernández y David Matamoros Batson, magistrado presidente del TSE.

¡Pueblo únete! Gritaba la gente que desfilaba por el bulevar. Las manifestaciones de las antorchas han sido protestas totalmente pacíficas y que se caracterizan por las caminatas que cruzan en algunas ocasiones ciudades o avenidas a nivel nacional.

La jornada de este viernes, tuvo de todo: llamados pacíficos, disparos de militares, piedras lanzadas de manifestantes contra policías, quemas de camiones del ejército y heridos.

–Ustedes perdieron nuestra credibilidad, ustedes están a favor del dictador, por eso nosotros exigimos que se vayan sino van a intervenir a favor del pueblo hondureño, –gritaba Miguel Briceño, un dirigente antorchero, frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

La movilización terminó, tal  y como arrancó: pacíficamente y con la entonación del himno nacional, un himno que ya no solo se canta en los estadios, sino en cada toma de indignación ciudadana.

-¿Ven que nos les mentí?- dijo Carlos a los periodistas -esto va para largo-.

 

 

 

Ya nada cuadra. Cualquier resultado que emane del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras 17 días de las elecciones generales  ya no es confiable. Un apagón informático, denuncias de clonación de actas, un escrutinio especial fuera de tiempo, un conteo sin observadores de todos los sectores, una tendencia que cambia contra toda teoría matemática. Los votos fueron tocados, ya no es la voluntad del pueblo la que dictará quién es el presidente de Honduras.

Imagine que usted escanea 18 mil imágenes, y cada imagen tiene un peso de 10MB, tendría 180 GB de información. Una computadora básica Toshiba tiene la capacidad de 500GB de almacenamiento, las imágenes significarían  apenas un poco menos de la mitad. Aún así la Toshiba está lejos de colapsar. El TSE reseteó el sistema aduciendo que necesitaba liberar espacio, ni los discos duros, ni la nube, jamás se llenaron. Un sistema de alrededor de 45 millones de dólares jamás colapsaría por 180 GB en imágenes de actas.

Después del apagón del 27 de noviembre, la tendencia del 5% que favorecía al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, comenzó a cambiar: Juan Orlando Hernández comenzó a subir. «Los expertos dicen que eso es imposible», decía el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo cuando lo imposible comenzó a suceder. El fraude se consuma. El Tribunal miente. El Tribunal miente desesperadamente.

El TSE contrató para el procesamiento y divulgación de datos provenientes de actas electorales; a la empresa que corresponde a la firma Dale Vucanovich propiedad de Theodore Dale Vucanovich, MBA en administración de empresas e ingeniería de Software. La empresa Mapa Soluciones , que había sido contratada en anteriores elecciones fue denunciada por el Partido Liberal por no ofrecer transparencia en el proceso y de emergencia se contrató a Vucanovich, un contrato que no es público y que ni siquiera todos los miembros del TSE lo conocen.

Para la transmisión de datos, recepción de imágenes y construcción y manejo de red interna;  corresponde a ASICA, propiedad de Jorge Pohl y Ricardo Marichal, empresa fundada desde 1994, con clientes como BCIE, Banco Fichosa,  G&T de Guatemala, Fedecaes de El Salvador, entre otras.

La Alianza de Oposición y el Partido Liberal lo habían advertido desde septiembre de 2017, el fraude se daría aunque firmas internacionales manejaran el software. Aún así era muy poco tiempo para impedir que se celebraran elecciones. Pero tampoco querían eso. ¿Para qué participan en un proceso que saben que de entrada está viciado? Querían demostrar que era cierto, que el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección, había orquestado el fraude con tiempo, recursos, y con toda la institucionalidad a su favor.

Cuando por presión de la gente gritando en las afueras del centro de divulgación del TSE, y por la presión del magistrado suplente, Lobo, desde adentro, David Matamoros Batson sale en contra de su voluntad y la de Hernández a decir que va ganando Salvador Nasralla, dio un primer corte basado en un total de 57% de actas escrutadas, aunque ya estaba escrutado  el 71%. Con 57% era imposible cambiar tendencia, pero habría sido más descarado hacerlo con el 71%, así que negociaron.

Con ese 71% que tenían los partidos la tendencia seguía igual, Nasralla ganaba con 106,815 votos 5.01% y así se mantendría de no ser por lo que vino después. Las actas dejaron de llegar. La orden fue no seguir mandando actas por internet. No solo eran las actas rurales de los sitios donde no hay acceso a internet, eran actas de 16 departamentos. Así las llevaron en camiones custodiados por las Fuerzas Armadas sin protocolos de seguridad hacia las instalaciones del INFOP en Tegucigalpa. Los partidos tenían 13,375 actas que ya eran el 73% y al INFOP llegaron 4,753. Estas últimas fueron clonadas, denunció la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Con ese 27% de actas, Juan Orlando Hernández supera a Nasralla con 159,160 votos.

«Hay que cerrar la imprenta que imprimió estas actas dobles, porque si hacen eso también imprimen facturación doble para evadir impuestos. Empresas así no queremos en Honduras», denunció Nasralla en conferencia de prensa mientras mostraba actas clonadas.

Pero ¿qué sucedió primero? El apagón del sistema o el transporte y manipulación de actas. El sistema se apaga y deja de transmitir solo datos presidenciales por 3 días. En ese tiempo se intenta borrar los rastros con un reseteo del servidor local. Sin embargo, el TSE contrató un servidor en Estados Unidos con la empresa Amazon, ese servidor sigue funcionando pero existe un corte en la conexión con el servidor local. Y cuando todo se reconecta comienzan a cambiar los números y los porcentajes pareciera que responden a un algoritmo programado. Primero hicieron la manipulación del sistema informático y luego hacen cuadrar el papel con lo digital.

Miembros de la Alianza y voluntarios informáticos, matemáticos y expertos en diversos ámbitos han tratado de buscar todas las evidencias para mostrar que en Honduras hubo fraude y presentar esto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Pero las pruebas totales no se pueden recabar sin un análisis forense del sistema entero y auditar no solo el servidor sino máquina por máquina y hasta los routers de internet. El diputado de oposición Luis Redondo, ingeniero informático, asegura que también se buscará demandar en Estados Unidos este caso ya que el servidor contratado fue en Amazon y así este delito llega a jurisdicción en ese país también.

El análisis forense no solo debe ser del sistema y las máquinas, también de las actas y hasta los cuadernillos. Según un miembro de la Alianza, las actas del escrutinio especial pueden ser examinadas para determinar si fueron llenadas, selladas y hasta dobladas el 26 de noviembre o posteriormente. Si el papel es el mismo de las impresiones originales. Pero eso no lo acepta el Tribunal. Unas actas cuya metadata fue borrada y cuyos votos eran diferentes, menos para la Alianza y más para el Partido Nacional.

El fraude estaba bien pensado. A pesar que el equipo de la Alianza asegura que el fraude desde la mesa electoral se superó y que eso se vio reflejado en el primer corte de las 57% actas escrutadas, pero sobre todo en el papel de la ciudadanía en las mesas de velar que todo transcurriera bien, los siguientes niveles ya estaban cubiertos.

Cuando Hernández escucha el anuncio de que Nasralla le lleva ventaja, el discurso y el plan da un giro, y se enfoca en decir que faltan los departamentos de índole rural, que es allí donde ganan tan abrumadoramente que podrían revertir la tendencia. Ni aunque estos fueran los departamentos más poblados, la tendencia podría revertirse. Pero detrás no sucedía un cambio de actas o de datos solo en los departamentos rurales, de hecho, es en los que menos cambio se nota ya que en estos departamentos sí gana el Partido Nacional. Donde se ve el cambio es en el padrón electoral, en la supuesta participación de la gente a votar. «En departamentos donde la tendencia de participación era baja, resulta que votaron 80 o 90% de la gente en el padrón basado en un censo que no fue actualizado», explicaba Nasralla en conferencia de prensa.

El medio británico The Economist hizo su propio análisis de este fenómeno comparando los resultados por municipio en la tarde del 28 de noviembre con los de los mismos municipios el 3 de diciembre. Recordaron que los municipios son homogéneos a lo interno, o son predominantemente urbanos o son predominantemente rurales. El conteo cambió de una manera sistemática de una ventaja de Nasralla para una de Hernández. Consultaron a la antropóloga Rosemary Joyce, de la Universidad de Berkeley, para verificar si la ventaja posterior se debía en efecto al voto rural. Ella encontró que en los datos de The Economist se demostraban ejemplos de la falsedad del argumento del TSE y Hernández.

En los departamentos de La Paz y Lempira, en donde JOH obtuvo un excelente resultado, no hay grandes pueblos. Y en los municipios con las 20 ciudades más grandes de Honduras, la remontada fue igual de pronunciada que en los municipios rurales.

De un 45% de Nasralla y un 40% de JOH en la primera mitad del conteo de votos, después del apagón, la segunda mitad llevó a un resultado de 55% para JOH y un 31% para Nasralla. Esto para hacer, en total,  que JOH ganara con un 42% sobre el 41% de Nasralla.

«El fraude se da en 16 departamentos, dejaron por fuera Islas de la Bahía y Gracias a Dios porque no significan mucho en votos. Y esto es notable en Cortés, o Francisco Morazán, departamentos con municipios que no son rurales», explica un miembro del equipo antifraude de la Alianza.

Sin embargo, la Alianza sigue en desventaja para demostrar todas las pruebas del fraude. Aseguran que cada vez que descubren algo ya en el TSE lo han perfeccionado. Por ejemplo, se cambian los números en el sistema, pero cuando se pide conteo de las actas ellos ya tenían el plan B, clonarlas. Es la palabra de la oposición –incluyendo a los liberales– contra la del Tribunal Supremo Electoral, que es juez y parte en el fraude.

De eso viene el escrutinio especial, el Partido Liberal no lo acepta porque dice que ha pasado ya mucho tiempo, el tiempo suficiente para dar los giros necesarios sin ser descubiertos.

Las actas adulteradas se cuentan pero no se cotejan con los cuadernillos electorales. Las actas se cuentan pero no los votos. Ya nada cuadra porque el proceso electoral ha sido adulterado en su totalidad. Ningún documento oficial es confiable en este momento. La Alianza de Oposición recibe la filtración de un acta del TSE doblemente impresa. Con esta prueba pide un análisis de un calígrafo forense que determine si esas actas fueron llenadas y firmadas el 26 de noviembre y no después. La petición no ha sido aceptada. El escrutinio especial coloca a Juan Orlando Hernández con 1% arriba de Nasralla, con 5 mil de las 18 mil actas totales. El Tribunal miente, expertos informáticos nacionales e internacionales dicen que la tendencia no podría cambiar ni aunque estemos hablando de las actas de los centros de votación más sobrepoblados.

Denuncia criminal contra Batson

El presidente magistrado del TSE, David Matamoros Batson, fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Comunes por el delito de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por presidir un fraude electoral de esta magnitud.

«El denunciado, de forma dolosa y de manera manifiesta, suspendió el sistema de transmisión de resultados para permitir que fueran manipulados los datos de la tendencia que se informó al pueblo hondureño a la 1:45 de la mañana del día 27 de noviembre de 2017 y en donde la Alianza con su candidato presidencial Salvador Nasralla obtiene 855,847 votos que representan el 45.17% y el candidato de gobierno 761,872 votos que representan el 40.21%, con una ventaja de 4.96% en un universo de 57% de total de Mesas Electorales Receptoras y que constituye una tendencia irreversible como lo declaró el Magistrado Suplente Marco Ramiro Lobo», reza la denuncia.

Agrega además que «El señor David Andrés Matamoros Batson, abusando de su autoridad y faltando a sus deberes como funcionario, permitió que empleados de la institución que el rectora y personas militantes de su partido, el Partido Nacional, alteraran documentos electorales consistente en los cuadernos electorales, papeletas de votos y actas electorales».

La calle

El Partido Libre ha llamado a las calles para defender el voto. En Tegucigalpa solo hay conferencias de prensa, reuniones, y comunicados. Todo parece transcurrir en una aparente calma mientras surgen rumores de todo tipo sobre cuándo y cómo se darán los resultados oficiales, apenas el TSE resuelva las impugnaciones interpuestas por los partidos de oposición.

El Partido Liberal pide la nulidad, la repetición de las elecciones, pero eso implica hacerse con otra institucionalidad. El Partido Libre llama a las calles y la Alianza parece no tener una conducción más contundente. Más tarde que todos, Nasralla entregó una carta a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea con la resignada petición de no aceptar los resultados que darán ganador a Hernández, que la comunidad internacional no acepte su gobierno. A ambas instancias entregó pruebas basadas en 12 mil actas, porque tanto las actas del INFOP como las que se transmitieron después del apagón que sumarían alrededor de 6 mil no se pueden agregar sin la certeza de cuáles son las falsas y cuáles no.

La calle es donde los votos están contando. El tiempo pasa y en algunos lugares se resisten a dejar las calles, pero cada vez es menos gente la que sale. Honduras sigue sin presidente porque Hernández se dedicó a ser candidato y porque Nasralla parece que no logrará tener la banda presidencial –banda presidencial que según Zelaya será él quien se la dará el 27 de enero–. El fraude a pesar de ser evidente ya parece un cadáver sin autopsia del que nadie se quiere hacer cargo.

Eduardo Martell es el presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal. Él fue el contrincante de Luis Zelaya en las elecciones internas en la disputa de la candidatura a presidente. Martell no es cara visible,  pero está apropiado de lo que sucede en este partido que cayó en su peor crisis tras el golpe de Estado: limpiar el partido y apostar por construir la institucionalidad en el país, que según Martell nunca ha existido ni siquiera cuando los liberales gobernaron y no existirá si un presidente que no fue electo por el pueblo toma de nuevo el poder.

Luis Zelaya y Martell representan la nueva ola del Partido Liberal y ambos felicitaron a Salvador Nasralla por el triunfo que el Tribunal Supremo Electoral -donde su partido tiene representación- no reconoce. Lo felicitaron una, dos, tres veces, en conferencias de prensa y en twitter. Han solicitado la nulidad del proceso electoral y que se repitan las elecciones pero también reconocen que esto va de la mano con la movilización social en las calles de manera pacífica.

Ahora Martell asegura que si la Alianza gobierna tiene retos como construir esa institucionalidad que no existe ni siquiera en su partido político y quizá así tengan oportunidad de ganar unas próximas elecciones. Pero si Hernández queda en el poder, la democracia habrá quedado totalmente destruida.

“El primer acto de corrupción de una democracia empieza en las elecciones y hoy estamos ante uno de los mayores fraudes electorales de la historia de nuestro país. Que no se malinterpreten mis palabras, David Matamoros Batson (magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral) ya pasará a la historia del país por lo que es y no digo más. Aquí hay que pensar en nuestro país, si no se toman los correctivos del caso, acuérdense de mí, los próximos años serán conflictivos”; dijo Martell en una entrevista a Contra Corriente.

CC: ¿Cómo ve la situación de crisis política en la que ha caído Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre?

CM: La veo como la ve todo el pueblo hondureño, con tristeza, frustración. Nosotros como partido certificamos hace meses que esto iba a pasar, que no había garantías para que este proceso fuese transparente y confiable, señalamos a la empresa Mapa Soluciones como responsable del sistema de transmisión. Se reían de nosotros, no hacían caso y allí están las evidencias. Segundo, señalamos la poca autonomía del TSE como ente público, es un ente cooptado por el actual partido de gobierno y allí está la muestra, no hay independencia por lo tanto no hay confiabilidad.

A estas alturas el resultado que emane el TSE da igual, nadie le va a creer, no le va a creer el pueblo y tampoco la comunidad internacional, que tal vez ha tenido un comportamiento más diplomático, para decirlo de alguna manera. Ese ente público fracasó, se invirtieron más de 45 millones de dólares que prácticamente sirvieron para nada. Estamos muy preocupados, el país transita por el camino de la inestabilidad y eso perjudica a los sectores vulnerables de Honduras.

CC: Pero ustedes como partido tienen representante dentro del Tribunal…

CM: Nosotros dijimos, o politizamos el TSE o lo despolitizamos. El magistrado Erik Rodríguez fue electo hace 3 años, no fue electo por nuestro Central Ejecutivo, responde a otro mandato. Nosotros tomamos posesión en mayo de 2017 por lo tanto podemos decir que no tenemos representación en el TSE y podemos afirmar que las actuaciones que ha tenido el pleno de magistrados no nos representa como partido, creo que hoy el fracaso más que evidente del TSE amerita una discusión profunda para darle un giro a ese órgano, no es confiable y no garantiza transparencia.

CC: ¿No se sienten representados como Partido Liberal o como la nueva línea del partido?

CM: Hablar del partido es hablar de algo abstracto, hay una nueva visión de un nuevo liderazgo que lo encabeza Luis Zelaya en quien confiamos y que lo ha demostrado desde antes del 26 de noviembre, no todos le creían, pero después del 27 de noviembre ha quedado plasmado que sí representa una nueva forma de hacer política. En ese sentido no nos sentimos representados nosotros, el nuevo liderazgo por el magistrado supuestamente liberal. Que no se confunda esto, nosotros nunca pedimos que se nos favoreciera desde un punto de vista sectario, nosotros solo pedimos transparencia y que se tomaran las medidas correspondientes para que el 26 de noviembre ganara el que tuviera mayor cantidad de votos.

CC: ¿Han sido atacados por esta postura?

CM: Absolutamente. Confunden nuestras decisiones. Nosotros no estamos de lado de nadie, solo estamos reflejando la manifestación del soberano, esa fue la intención del pueblo hondureño que gobernase Salvador Nasralla, no se trata de que hayamos hecho alianza, o que hayamos pactado un cogobierno, se trata de que hay una verdad reflejada en nuestras actas, el presidente electo se llama Salvador Nasralla y lo único que hemos hecho es manifestarlo. Nos guste o no es lo que decidió el pueblo hondureño.

Esos acuerdos bajo la mesa para repartirse pedazos del pastel del poder, esas canonjías esos pactos de distribución de instituciones nos tiene en una crisis como partido y allí están los resultados electorales, no es Luis Zelaya ni esta administración del partido los responsables de los resultados del proceso electoral, nosotros asumimos el costo político  de estar en este momento histórico pero creo que han sido los errores que se han cometido en el pasado reciente que nos tienen en el sitial donde estamos, y lo respetamos pero asumimos el reto para cambiar esa dinámica, que lo entiendan quienes hicieron daño al partido, hay una nueva visión.

CC: Luis Zelaya habla de un lado oscuro…

CM: Nosotros estamos en una etapa de transición y es normal que haya reacciones de disgusto, malestar de quienes se sienten desplazados, los que ya estuvieron en el pasado reciente y los que han estado gobernando de manera directa o indirecta al PL en los últimos 10 a 15 años. Pero es respetable, nosotros no queremos desatar una cacería de brujas diciendo solo los culpables, lo que estamos diciendo es que creemos que se equivocaron, que sus decisiones nos pasaron factura y que miremos hacia adelante para construir un genuino PL. Yo no le digo lado oscuro porque la noche me gusta mucho, yo le digo que hay un bajo mundo del PL que no le gusta que actuemos con decencia, con firmeza, honorabilidad. Fuimos a un ajuste electoral, perdimos, no pasa nada, esa es la grandeza de la democracia, respetar al pueblo hondureño.

CC: ¿Es Carlos Flores quien juega un papel importante allí?

CM: Yo no sé si lo está jugando, todos debemos jugar un papel y que sean los liberales que valoren, premien o castiguen ese accionar, lo que quiero decir es que más allá de Carlos Flores, Gabriela Núñez, Elvin Santos, Luis Zelaya, Carlos Martell,  lo que sí les puedo garantizar es que en este nuevo liderazgo no nos vamos a prestar a acuerdos que vayan en contra de Honduras. Respetamos lo que cada quien haga individualmente o dentro de sus grupos políticos.

Nos sirvió para presentar el escrito de nulidad, en nuestras actas hemos hecho análisis ha habido manipulación respecto a lo que se está publicando, nos ha servido el análisis para reiterar lo que dijimos el 27 y para presentar la petición para la única salida que tiene este problema: la repetición del proceso electoral a nivel presidencial. No hay otra salida.-Eduardo Martell

CC: ¿Ustedes están seguros que hubo fraude en estas elecciones?

CM: Nosotros presentamos el viernes pasado una demanda de nulidad por los evidentes y manifiestos vicios del proceso, no hubo transparencia, nosotros hemos presentado actas adulteradas donde sí aparecen los mismos nombres de delegados de mesa pero con diferente letra de quienes firmaban. Lo que hubo fue una clonación de actas en muchos departamentos por ejemplo de Intibucá, Lempira. Desde el principio hubo un mal manejo del proceso con los traslados, allí empieza el esquema de manipulación de la voluntad soberana: traslados fraudulentos, la entrega de las tarjetas de identidad muy mal manejado por el Registro Nacional de las Personas (RNP), el tráfico de credenciales de partidos políticos, se les entregan 36 mil credenciales a los partidos que no obtuvieron ni 2 mil votos, abrieron tarde muchos centros de votación y cerrando centros de votación a tempranas horas.

El sistema se cayó, aunque dice el presidente que lo empujaron. El sistema no se cae, el sistema lo hacen caer, había ingresado un 57% de actas electorales que marcaban una tendencia clara, esa oscuridad de más de 4 o 5 días de no transmisión de resultados haciendo uso del sistema, eso sirvió para que la gente del Partido Nacional no abandonara sus mesas, numero dos sirvió para maquilar votos y actas de MER. Eso es lo que estamos viendo, votos sin doblar, que después cuando les avisaron empezaron enfrente de las cámaras a doblar, el sistema no se cae, lo hacen caer. Luego cambian el servidor, resetean para borrar rastros, es un burdo acto de fraude, aunque en la realidad hubiese ganado Juan Orlando, después de lo que hizo el activista nacionalista David Matamoros Batson, nadie le va a creer, cuántos días han pasado y no tenemos presidente de este país.

CC: ¿Estuvieron en el escrutinio especial?

CM: El TSE casi siempre se negó a darnos la cuota de funcionarios que debían estar en él, al final nos acreditaron unos observadores pero no fuimos a los escrutinio especial porque es extemporáneo, hubiéramos ido si se hubiera hecho cuando ingresaron las maletas electorales. Pasaron 15 días, hay un espacio de tiempo, lo dice el informe de la OEA, no se respetó el orden de llegaba de los camiones, fueron selectivos en ir descargando dependiendo del origen, lo que nos parece es que usaron este tiempo para cambiar actas, urnas, la voluntad del pueblo hondureño.

CC: ¿Qué análisis han hecho con las actas que ustedes tienen?

CM: Las actas nos sirvieron para tomar la decisión de felicitar a Salvador Nasralla como presidente electo, en físico teníamos el viernes pasado 86%  y él gana, esa tendencia es irreversible desde un punto de vista estadístico, tendría que sacar 0 votos Nasralla y la totalidad de votos Juan Orlando Hernández. Nos sirvió para presentar el escrito de nulidad, en nuestras actas hemos hecho análisis ha habido manipulación respecto a lo que se está publicando, nos ha servido el análisis para reiterar lo que dijimos el 27 y para presentar la petición para la única salida que tiene este problema: la repetición del proceso electoral a nivel presidencial. No hay otra salida. Si hoy dicen que ganó SN, no lo va a aceptar el PN y si gana JOH no lo va a aceptar el resto de sectores.

CC: Pero si repiten las elecciones con el mismo Tribunal ¿qué va a pasar?

CM: Nosotros hemos pedido que se repita el proceso como dice la Ley Electoral y que se tomen las medidas pertinentes para blindar el proceso, se lo dijimos a la OEA, al G16, a los países latinoamericanos y del Caribe, al centro Carter a la Unión Europea, y no hicieron caso en el momento, hoy no me cabe la menor duda que habrá ojos y manos dispuestos a meterse en el proceso. Desde el punto de vista personal yo sugeriría que los actuales magistrados den un paso al costado, no pueden seguir administrando un proceso que no hicieron bien, cabría la urgencia de nombrar un nuevo tribunal con nuevos representantes pero sobre todo con el acompañamiento de instituciones de primer nivel.

CC: Eso llevaría tiempo…

CM: El tiempo que se lleve, es peor tener que aguantar a alguien que no ha ganado las elecciones. Nosotros tenemos que saber que lo que está a punto de suceder puede representar una puñalada mortal para la democracia del país, si dejamos pasar esta manipulación de la voluntad soberana como si nada y asume un presidente en contra de lo que expresó el 65% de  la voluntad soberana estamos jugando con la estabilidad del país. Yo llamo a la cordura pero este pueblo está cansado de haber sido engañado en los últimos tiempos, más promesas y menos salud, seguridad, menos oportunidades. Que se lleve el tiempo prudente que se tenga que llevar, o aceptamos ese tiempo o vamos a tener que aguantar a alguien que posiblemente no haya ganado las elecciones.

CC: ¿A quién se le deducen responsabilidades si hablamos de repetir elecciones, la responsabilidad del fracaso de este proceso electoral? ¿Sería borrón y cuenta nueva?

CM: La institucionalidad no existe en este país…

CC: ¿Desde cuándo?

CM: Nunca ha existido.

CC: ¿Ni siquiera en los gobiernos liberales?

CM: No, no no… lo que habla de un buen gobierno son las cifras, los índices, vivimos en un país con niveles altos de pobreza, somos el sexto país más desigual del mundo, un país donde al año se van 100 mil personas en busca de oportunidades, esos índices nos muestran que ha habido una falta de eficiencia de distintos gobiernos, en distintos niveles, como la actualidad nunca, nunca habíamos visto niveles tan bajos de institucionalidad.

Los causales de nulidad están en la Ley Electoral en el artículo 202, ese es el primer paso para intentar utilizar parte de esa institucionalidad. ¿A quién se le deducen responsabilidades? a quienes hayan cometido delitos, sí hay causales de nulidad, por lo tanto procede a que se repita el proceso eso manda la ley electoral. Habrá tiempo también para tomar las sanciones que correspondan, pero ¿a quién le toca hacer esas sanciones? A la Corte Suprema de Justicia en la que no confiamos, la misma Corte que le permitió al actual presidente optar a una candidatura prohibida por la Constitución. Yo creo que debemos entender más que de buscar culpas, construir institucionalidad, ya habrá tiempo. No basta el borrón y cuenta nueva como dice usted, porque eso invita a la impunidad y a volver a cometer vicios sabiendo que difícilmente pasará algo. Pero, le voy a decir, a mí ya me da igual David Matamoros Batson…

CC: Pero no le puede dar igual porque él preside el TSE que ha creado el problema.

CM: Yo prefiero mil veces que David Matamoros Batson se vaya del país y nos olvidemos de él de por vida a que caiga Honduras a un nivel de ingobernabilidad que nos lleve a una convulsión civil donde habrá muertos muchos más de los que ha habido ahora, tenemos el ejemplo de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, llega un momento en que las personas trascienden. El TSE, la CSJ, el MP nunca han hecho su trabajo, ya deberían haber hecho algo pero no funciona.

CC: ¿La MACCIH debería jugar un papel aquí?

CM: Yo tenía una percepción errada de la MACCIH, desconfiaba y no le daba crédito pero he tenido comunicación con dos personas de mi entera confianza que saben lo que se maneja allí adentro y le voy a dar el beneficio de la duda. Lo más triste es que la existencia de la Maccih secunda lo que les digo, es una misión de la OEA ante el fracaso de nuestras instituciones. Mucho trabajo queda en nuestro país, hay que modificar el sistema de selección de fiscal, la Corte, el TSE, el RNP, tantas cosas que hay que hacer. El primer acto de corrupción de una democracia empieza en las elecciones y hoy estamos ante uno de los mayores fraudes electorales de la historia de nuestro país. Que no se malinterpreten mis palabras, David Matamoros Batson ya pasará a la historia del país por lo que es y no digo más, aquí hay que pensar en nuestro país, si no se toman los correctivos del caso. Acuérdense de mi los próximos años serán conflictivos.

CC: Estados Unidos ya tiene su posición al respecto…

CM: Yo le voy a decir algo, los problemas de su casa los resuelve usted no usted y el vecino, nosotros queremos a veces que el vecino nos resuelva los problemas. Estados Unidos tendrá una postura de acuerdo a sus intereses y es normal pero al final la inestabilidad la estamos sufriendo nosotros. Hoy lo dijo la Cámara de Comercio de Tegucigalpa que el 60% de las ventas ha bajado en esta época aquí y las cosas van a ir a peor, por lo tanto más allá de la posición que puedan tener EEUU y otros países nos debe preocupar como país, como sociedad y partidos políticos qué salida hay para una transición para lograr lo que anhelamos un país en paz y dedicados al trabajo

Yo prefiero mil veces que David Matamoros Batson se vaya del país y nos olvidemos de él de por vida a que caiga Honduras a un nivel de ingobernabilidad que nos lleve a una convulsión civil donde habrá muertos muchos más de los que ha habido ahora, tenemos el ejemplo de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, llega un momento en que las personas trascienden. El TSE, la CSJ, el MP nunca han hecho su trabajo, ya deberían haber hecho algo pero no funciona.-Eduardo Martell.

CC: O sea que la presión social es determinante ante las decisiones de los grupos de poder…

CM: Yo tengo una tesis, llevamos unos 500 años de agachar la cabeza desde la llegada de los españoles, la oligarquía criolla, los enclaves mineros y bananeros, las estructuras caducas de los partidos que impusieron sistemas que prácticamente atropellaban los intereses de las mayorías y lo que hizo el pueblo de manera permanente: agachar la cabeza, no estamos invitando a la anarquía, a la violencia, estamos invitando a ser ciudadanos, no simplemente habitantes de este país. Aquí no hay ejercicio ciudadano, salir a las calles pacíficamente como muestra de rechazo a una imposición es lo que le hace falta a este país, o no  convertimos en ciudadanos o no nos quejemos el día de mañana cuando el sistema nos atropelle o nos orille a tomar la decisión como la mayor parte del pueblo hondureño de migrar en busca de oportunidades.

CC: ¿Fue un error que el PL no se uniera a la Alianza?

CM: Nosotros no estamos a favor del PN o  la Alianza, nosotros estamos diciendo lo que pasó en este país, nosotros seguimos sin coincidir en puntos torales con sectores de la Alianza. El punto no es sacar a unos y meter a otros y se acabó violentando los principios, los valores, visiones de país. Desde el punto de vista electoral podría decirse que sí fue un error porque si nos hubiéramos unido hubiéramos ganado, hacer análisis después de ocurridos los hechos es muy fácil, nosotros tomamos una decisión de acuerdo a nuestros principios. Por ejemplo el PL no cree en una Asamblea Nacional Constituyente en este momento porque no hay condiciones para ello. Tampoco cree en una reelección ilegal, la Alianza pregona el socialismo y nosotros somos liberales, no pasa nada, respetamos a los socialistas, los de derecha, los liberales. Nosotros mantuvimos nuestra postura y al final hubo un veredicto. Desde el punto de vista electoral estamos seguros que hubo voto útil, había un sentimiento AntiJOH y eso primó a la hora de tomar la decisión y vieron en Nasralla la opción para derrotarlo. No lo miraría como un error porque fue una decisión analizada concienzudamente.

CC: Salvador Nasralla ha dicho que no es socialista ni comunista, la Alianza es PINU y LIBRE ninguno de los partidos tiene esas características como usted lo menciona…

CM: Nosotros no criticamos… aquí hay varios matices, en nuestro país ser socialista es sinónimo, sobre todo fue en los 80, de terrorista, yo que he tenido la oportunidad de vivir fuera del país porque mi papá fue diplomático de carrera, no pasa nada, usted puede ser derecha, de centro, socialista, siempre que se enmarque en los parámetros democráticos. Cuando nosotros vimos el documento de constitución de la Alianza de oposición hubo elementos con los que no coincidíamos.

CC: ¿No cree usted que los problemas del país van más allá de las discusiones ideológicas?

CM: Por eso le digo, a la hora de gobernar lo que se pone en práctica son políticas públicas de acuerdo a una visión. ¿Cuál es la visión liberal de la educación?: una educación pública de calidad, de un sistema fiscal progresivo que pague más quien más gane, si nos ponemos en ese análisis cada ideología tiene una variante, allí vemos como actúa el PN en su política fiscal más impuesto, más trancazos. Sí tienen implicación las visiones de donde pueden haber contradicciones, no se descarta que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, en Chile lo han hecho y ha sido exitoso en ese país.

CC: ¿Este Partido Liberal es distinto al del golpe de Estado?

CM: A raíz de la crisis surge un nuevo partido político, allí hay un drenaje de la fuerza electoral del PL hacia LIBRE. Llegamos a esa crisis ante la incapacidad de los gobernantes de ponerse de acuerdo, si no se puede dialogar ya se fracasó la democracia. El tema efectivamente de esas decisiones que se tomaron en su momento, no solo fue el reflejo de una división de criterios, desde 2005 en campaña Micheletti le envió una carta a Mel en la que decía que le tenía que cumplir como presidente del CN y que se dio cuenta que tuvo otras negociaciones, parecía una disputa de grupos.

En 2006 como miembros de la juventud liberal lo fuimos a buscar a Manuel Zelaya, iba Jorge Aldana con nosotros, y dijo una frase Mel que a mí nunca se me olvidó: no pierdan su tiempo, el PL solo sirve para ganar elecciones, mejor dedíquense a trabajar en el gobierno. Al final nuestros partidos han sido maquinarias electorales más que verdaderas instituciones o partidos consolidados como el PSOE, PP, Liberación Nacional, PRI, PAN. Fuimos maquinarias electorales que se dedicaban a prepararse como prepararse para jugar una potra, seis meses antes de las elecciones se aceita la maquinaria, si perdía se olvidaba 2 años y medio del partido, igual si ganaba, esas son lecciones que debemos aprender. Luis Zelaya apareció un día después de la derrota, no se ocultó porque el partido debe seguir funcionando. Hoy vemos como hemos recuperado cierta confianza por el rol de Luis Zelaya y el PL, el 2009 nos pasó como partido una gran factura.

CC: ¿No le genera incertidumbre un gobierno de la Alianza?

CM: Yo le digo ciertas limitaciones que tuvimos para tomar esa decisión, además del corto tiempo, nosotros como auténticamente liberales somos abiertos, tolerantes, nosotros respetamos la ideología, vamos a respetar si le toca gobernar a la Alianza siempre y cuando se enmarque en la democracia.

 

CC: ¿Cómo queda el PL si gobierna JOH los próximos 4 años?

CM: El PL tendrá que hacer lo propio independientemente de quien gobierne, la realidad es que tenemos un tercer lugar, debemos tener un rol de real oposición al gobierno que sirva para mejorar la democracia. Debemos hacer correctivos internos. El único objetivo de un partido político es ganar elecciones, llevamos 3 periodos que no ganamos, las cosas no se están haciendo bien, pero en un ambiente de poca confiabilidad del elector no descarto que las próximas elecciones las ganemos, dependerá de lo que hagamos, de quienes nos representen, quienes son nuestros candidatos, el rol de diputados y alcaldes, asi que independientemente que gobierno hacer una oposición seria constructiva, mejorar internamente nuestra institución. A mi juicio somos un partido anquilosado en el tiempo, un partido de inicio de la primera mitad del siglo XX, allí nos quedamos, fue cambiando el electorado y la cultura política, vino un momento de crisis y cuando se tenía que actuar hasta la propia institucionalidad del partido no existía cuando teníamos que hacer uso de ella.

CC: ¿Y si gobierna la Alianza cómo queda el PL, habrá algún pacto?

CM: Nosotros hemos dicho que como partido somos responsables, si el PL puede servir a que Honduras avance, incluso no habiendo ganado las elecciones, vamos a ser categóricos- y aquí esto queda grabado-, aquí no nos estamos distribuyendo chambas como sucedió en 2010 que se distribuyeron 2 o 3 ministerios para repartirse chambas. Tampoco estamos hablando de 2014 del supuesto pacto de gobernabilidad que nadie conoce porque dicen que solo hay una copia pero que nadie conoce y sirvió para distribuirse magistrados y parte de las instituciones de nuestro país. Eso no es lo que buscamos. Nosotros hablamos de un pacto de nación, si no entendemos como fuerzas políticas que debemos buscar ir en una sola dirección porque todas las demás nos llevan al abismo estamos perdidos. Con el acompañamiento de las fuerzas sociales, políticas y económicas debemos blindar un gobierno para que se dedique a gobernar y no se dedique a potenciar proyectos políticos continuistas o de grupo para hacer uso y beneficio del poder.

Honduras cada vez tiene menos tiempo, las cifras de nuestro país son poco alentadoras, se deben alrededor de 16 mil millones de dólares, según el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y el PIB ronda los 10 millones, debemos 4 de cada 10 lempiras que tenemos. Allí están los paquetazos que mencionamos antes, el déficit del país es extraordinariamente alto, el que gane y no entienda que hay que olvidarse de la política para gobernar esto, está en serios problemas. Nosotros somos un pueblo noble pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

El concepto de independencia en Honduras es propaganda que sirve como motivo para celebrar el 15 de septiembre, nada más; la realidad muestra otra cosa diametralmente opuesta.

Estamos en plena crisis política y Honduras, lejos de ser un país con poder de decisión sobre su futuro, pide a gritos una intervención internacional que nos haga sentir que hay institucionalidad donde acudir, para que la mano dura de la comunidad internacional condene el fraude electoral o cualquier otro acto de corrupción. Pide a gritos que de afuera no acepten a un presidente ilegítimo, que se diga que aquí hay una dictadura, porque adentro por más que se grite no pasa nada.

El caos que ha causado la puesta en práctica de ese dicho: “Elecciones estilo Honduras”, sigue latente en cada rincón del país.  Un extremo denuncia fraude, el otro asegura transparencia y democracia. Aunque públicamente no se ve algún acuerdo entre ambas partes, el único punto coincidente entre Partido Nacional y Alianza de Oposición contra la Dictadura es el interés de ser avalados por el gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, principales organismos interesados en las elecciones hondureñas y que más allá de la decisión del pueblo en su votación, son los que verdaderamente tienen en sus manos el nombramiento del próximo presidente.

Los meses previos a las elecciones generales nos mostraron cuál podría ser el desenlace de un proceso electoral que perdió su legitimidad al permitir al presidente reelegirse, esto a vista de lo que se hace llamar “comunidad internacional”. Honduras no había estado sin encargado de la Embajada de Estados Unidos y como presagio eso sucede antes de estas elecciones, además para hacer pasar por transparentes las elecciones, el gobierno invitó a mil observadores internacionales, por si nuestros propios ojos nos fallaban.

Antes de las elecciones representantes de la Alianza y del Partido Liberal acudieron a Estados Unidos a denunciar un fraude inminente en noviembre, llegaron también a la OEA a interponer la queja. En el otro lado de la moneda el Partido Nacional también hizo lo propio, garantizó la presencia de estos tres organismos internacionales para que brindaran la observación electoral.

La historia nos ha demostrado que en Honduras quienes ponen presidentes son las familias con poder avaladas por Estados Unidos, eso para nadie es un secreto en un país que se hunde entre los clamores de democracia y acusaciones de fraude. Los liberales y nacionalistas impusieron esa cultura a través del bipartidismo, una estructura que se debilitó desde el golpe de Estado del 2009 y que hoy vive un giro en la política nacional. Es por eso que todos los partidos estaban claros que antes de agradar al electorado había que buscar la venia de Estados Unidos y los demás entes internacionales.

Ante tanta solicitud, estos organismos deben tomar una decisión y la determinación parece que ya se tomó y se empieza a dibujar con los hechos de los últimos días. El primero es el papel del Departamento de Estado de Estados Unidos. A dos días de instalarse el estado de sitio en Honduras que dejó 17 personas muertas por la mano militar, según organismos defensores de derechos humanos, esta representación felicitó públicamente al gobierno de Juan Orlando Hernández como una administración que respeta los Derechos Humanos y que lucha visceralmente contra la corrupción.

El segundo hecho fue la aparición pública de la representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide B. Fulton quien alabó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el escrutinio especial de actas electorales. Una aparición totalmente irrespetuosa y descarada al mostrarse a la par del presidente del TSE, David Matamoros Batson como dándole una palmadita en la espalda por el esfuerzo de sostenerse de pie ante tanto caos que el mismo tribunal provocó.

Fulton representa eso, los negocios entre Honduras y Estados Unidos que se pueden reflejar no solamente en los millones del Plan de la Alianza para la Prosperidad para “frenar” la migración irregular, sino en las concesiones mineras en la franja de oro al sur de Honduras, la política neoliberal materializada en las Zonas Especiales de Desarrollo (Zede), los millones de los impuestos de sus ciudadanos invertidos en la militarización del país en su “lucha contra el narco”. Por eso es Fulton quien aparece, porque Honduras puede parecer insignificante, pero está muy cerca del patio trasero de Estados Unidos.

Ambos actos dejan clara la postura del gobierno norteamericano en este juego de ajedrez electoral.

Como tercer actor fundamental se encuentra la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), una estructura de lucha contra la corrupción que pertenece a la OEA, participante vigente del proceso electoral en Honduras. La MACCIH ha guardado silencio ante el proceso, y con este silencio no nos referimos a la celebración de elecciones porque ese no es su mandato, sino a su papel de omisión ante las denuncias de corrupción a lo interno del TSE.

Hace una semana, la Coalición contra la Impunidad presentó una solicitud ante la MACCIH pidiéndole que actúe de inmediato para presionar al Ministerio Público para que intervenga de oficio las instalaciones del TSE, que decomise todo el material electoral y que hagan una auditoría completa para así saber de una vez por todas si hay o no fraude en el escrutinio y digitalización de datos en el sistema informático electoral. La petición fue recibida, pero hasta la fecha no ha sido contestada.

Después de una semana de obtener la denuncia, la MACCIH en conjunto con el fiscal del Ministerio Público, Oscar Chinchilla sale ante la opinión pública para presentar un caso de corrupción contra cinco diputados acusados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. La presentación del caso fue timorata y poco profunda, pues a todas luces Honduras sabe que el dinero que los diputados recibieron es producto de un soborno a cambio de votar a favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2016, esa corte que permitió al presidente optar por la reelección.

La MACCIH jugaría un papel fundamental en esta crisis política si verdaderamente dijera que en ese acto de corrupción se encuentran altas figuras del Partido Nacional involucradas en la orden de Casa Presidencial al Ministerio de Finanzas para que entregara el dinero a los diputados. Al final la presentación del caso sin una denuncia completa en la red de corrupción que encierra el expediente deja muestras de ser un acto para desviar la atención de la crisis electoral que vive el país.

Pero más allá de tener los hechos en la frente, los principales actores políticos no se desprenden de esa idea de buscar a toda costa el aval de la comunidad internacional, específicamente del gobierno de Estados Unidos. El presidenciable de la Alianza, Salvador Nasralla viaja en los próximos días a Estados Unidos a interponer la denuncia por fraude, mientras que el Partido Nacional promete continuidad a los intereses del gobierno norteamericano a cambio de que avalen el proceso en marcha.

Los partidos políticos en Honduras solo mencionan al pueblo para fortalecer sus aspiraciones de llegar al poder, un pueblo que nunca ha tenido en sus manos la decisión de elegir un presidente. Todo históricamente se ha cocinado en las mesas de negociación entre los dueños de los partidos políticos y la comunidad internacional.

Ahora Honduras está a las puertas de un momento histórico, una coyuntura que le permite a la gente cuestionarse si verdaderamente está en sus manos poner a un candidato en la presidencia, por encima de lo que diga Estados Unidos, la OEA, la MACCIH y la Unión Europea, hasta por encima de sus caudillos partidarios.

El país vive un sentimiento de indignación acumulado que explotó con un proceso electoral amañado y que les demostró que verdaderamente la única tinta que representa la marca en sus dedos al votar es la representación de la utilización y validación de procesos poco transparentes.

A pesar que las manifestaciones en Tegucigalpa culminan con un plantón en la Embajada de Estados Unidos, la gente gradualmente se va dando cuenta del papel de contubernio de ellos, junto al poder político nacional. Cada vez más la indignación y el repudio apunta hacia esos sectores.

Esa postura de la gente en las calles deja clara una petición a los organismos internacionales, a los poderes detrás del trono nacional y a los partidos políticos: que respeten la voluntad popular, que respeten esa confianza que demostraron los hondureños el 26 de noviembre en las urnas y que las injerencias dañinas en el país son rechazadas cuando estas vayan en contra del sentir popular.

La gente ha sido clara en pedir a la OEA, Unión Europea, MACCIH y embajada de Estados Unidos que, si realmente están en Honduras como vigilantes del proceso electoral que denuncien las irregularidades del proceso, pero que, si no están dispuestos a eso, que se retiren y dejen a la gente ser la que por primera vez en la historia ponga a un presidente en el poder.

Un informe de Amnistía Internacional tras el proceso electoral de 2017 en Honduras asegura que «pareciera estar en medio de una peligrosa caída libre en la que ciudadanos comunes están siendo víctimas de juegos políticos egoístas e imprudentes». Tras unas elecciones cuestionadas por un posible fraude, el descontento ha salido a las calles y en esas calles se han dado múltiples violaciones a Derechos Humanos que parecieran no importar en un país que sigue bajo la sombra de un golpe de Estado y donde la impunidad sigue reinando.

Rodolfo Reyes apenas tiene 20 años. El pasado jueves 30 de noviembre cuando regresaba a su casa en la colonia El Pedregal tras una protesta en contra del fraude electoral en Tegucigalpa, casi cae abatido por el fuego cruzado. En El Pedregal fue donde se registraron los primeros homicidios a manos de la Policía Militar (PM) en esta crisis política. Y Rodolfo intentó salvar a algunos de sus vecinos heridos, a otros no pudo recogerlos mientras caían baleados a su lado. El Pedregal puso 3 de los 17 muertos que ahora hay a nivel nacional, según el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).

En este sector, uno de los más violentos de la capital, el jueves 30 de noviembre por la noche, algunos vecinos decidieron hacer barricadas en las entradas. En todo el país la estrategia del descontento fue esa, cerrar las entradas de cada barrio y colonia con llantas en llamas. Cuando Rodolfo llegó estaba la Policía Preventiva y la Policía Militar tirando bombas lacrimógenas para disuadir la protesta y abrir los caminos. Pero ya había un herido, la gente rodeaba a Daniel Isaac Suazo de 12 años quien fue herido de bala en la espalda.

«El niño venía de jugar pelota, es parte del equipo moscos de un equipo de la Liga Nacional, no era un manifestante. Fue intervenido quirúrgicamente en la sala de pediatría del Hospital Materno Infantil, donde aún permanece, la bala era explosiva, por lo que tiene esquirlas a nivel de la columna. Su familia ha reportado hostigamiento y temor a represalias por los agresores», agrega el informe del Cofadeh.

–Vámonos de aquí, que nos van a echar el clavo a nosotros. –Escuchó Rodolfo que dijeron los miembros de la Policía Nacional antes de irse. Después de eso, la Policía Militar tomó control total del territorio.

«Era una cacería humana. Capturaban y perseguían gente, para los miembros de la PM cualquier persona en la calle era enemigo y había que dispararles. Eso hicieron, dispararon a diestra y siniestra, sin presencia de la Policía Preventiva, no habían medios de comunicación porque después ellos cerraron las entradas de la colonia, ni hubo presencia de los Derechos Humanos, había un retén que no los dejaba pasar, nosotros buscamos dejar entrar a los medios pero nos siguieron y no nos dejaron», cuenta Rodolfo, y habla de los Derechos Humanos como si fueran seres de otro planeta que tienen el poder de proteger a la gente ante estos ataques.

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, algo que en Honduras sigue siendo una utopía o solo un certificado de Estados Unidos que sigue sin reflejarse en la práctica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de este año ya mencionaba que la violación a Derechos Humanos en Honduras es general: «Hay graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, recursos naturales como la tierra y medios de supervivencia. Mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son más vulnerables a violaciones de derechos humanos como resultado de la desigualdad».

«Hemos tenido la esperanza en los medios internacionales o en las salas de justicia internacionales, porque en este país a nadie le interesa los Derechos Humanos. No sirve de nada denunciar aquí porque todo queda impune si un militar es el que mata», agrega Rodolfo y se refiere luego al asesinato de Berta Cáceres, caso que sigue en la impunidad a pesar de que se ha comprobado la participación de las Fuerzas Armadas y la élite política y económica hondureña.

Lo que sucedió en El Pedregal también sucedió en varias zonas del país. Según Amnistía Internacional al menos 14 personas fallecieron, Cofadeh actualizó esa cifra hoy a 17, muchas de ellas por heridas de bala, decenas más fueron heridas en el contexto de manifestaciones que tuvieron lugar tras las elecciones del domingo 26 de noviembre.

«Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a aquellos que siguieron al golpe de estado de 2009», apunta el informe.

Solo un oficial de policía ha sido llevado ante un juez por disparar un arma contra un manifestante, de acuerdo con información dada por la Policía Nacional a Amnistía Internacional.

Uno de los casos que documentan es el de Raúl Antonio Triminio, un albañil de 39 años asesinado en Tegucigalpa durante la noche del 3 de diciembre de 2017. Su familia le dijo que Raúl estaba manifestando pacíficamente fuera de su casa cuando efectivos de la policía militar llegaron, dispararon al alumbrado público y luego le dispararon directamente a la cara. Sus allegados no pudieron asistirlo inmediatamente, ya que estaban muy temerosos de salir y enfrentar potenciales ataques de la policía. Una de sus hermanas dijo: «Lo debieron llevar a prisión, no dispararle. Él no estaba haciendo nada malo… solo pedimos justicia».

En El Pedregal, de las personas que Rodolfo pudo ayudar, siete fueron heridas en las rodillas y piernas. «Lo que ellos querían era derribar a las personas. Les valió, la gente tratando de escapar, capturaron a ocho y éstas fueron torturadas. A un compañero le echaban gas pimienta en la cara. A las 12 de la noche se olvidaron de las bombas y le dispararon a la gente como si era guerra, la gente solo tenía los gritos y piedras y el ejército respondía con balas. Yo iba corriendo, la gente caía a la par mía, yo no podía ayudarles porque me mataban. A un señor le dispararon en su pierna, mientras miraba a la gente que caía en el campo de fútbol», cuenta Rodolfo como quien narra una pesadilla.

Este joven de 20 años ha vivido ya represiones porque pertenece al movimiento universitario. «Los jóvenes que salimos ahora a luchar fuimos niños cuando el golpe de Estado y ahora la gente está más despierta», agrega.

«Este gobierno es más fuerte que nosotros»

Este día en que se busca promover los valores establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Alianza de Oposición contra la Dictadura convocó a las calles a defender el voto después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara resultados del conteo especial de 18 mil actas, la ventaja sigue del lado del candidato presidente Juan Orlando Hernández con 1,6%.

Doña Elda aprovechó la movilización de hoy para vender vuvuzelas a los manifestantes, pero ella también protesta contra los resultados del TSE. «Yo soy de Libre, cuando el golpe caminamos mucho y no logramos quitar a Micheletti. Ahora seguimos caminando pero no creo que podamos quitar a Juan Orlando, este gobierno es más fuerte que nosotros», dice, se nota cansada. La movilización fue más pequeña que el domingo anterior.

Se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos tras las declaraciones de Heide Fulton, encargada de negocios de ese país quien no solo escribió un tweet, sino que compareció ante los medios de comunicación a la par del presidente del TSE, David Matamoros Batson, avalando el proceso de conteo especial y asegurando que Estados Unidos ya está listo para trabajar con quien gane. Hasta ahora los números del TSE dicen que ese es Juan Orlando Hernández.

A la mitad de la caminata apareció Salvador Nasralla acompañado de Iroshka Elvir y su embarazo de nueve meses. En ese momento la caminata se partió, una parte se fue con él frente a Casa Presidencial y la otra siguió el rumbo hacia la Embajada de Estados Unidos. Allí quien tomó el micrófono fue la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas.

«No queremos injerencias extranjeras, queremos sacar esta narco dictadura que nos quieren imponer», decía eufórica, mientras la gente gritaba «Fuera JOH».

Una niña la miraba con admiración mientras Borjas denunciaba que en Honduras no se respeta la voluntad popular. «No es posible que mantengamos en el poder a un individuo que ha violentado todas las leyes del país, le decimos a los personeros de la embajada americana, a los miembros del más alto nivel del Departamento de Estado, de Justicia, al Congreso estadounidense, que no vamos a permitir que se sigan inmiscuyendo en las decisiones de un pueblo valiente y guerrero. Ya decidimos, vamos a defender ese triunfo con nuestra vida».

Borjas además asegura que el papel de la policía de no reprimir al pueblo sigue siendo importante, pero que ya los amenazaron, que el oficial que gestó el paro de brazos caídos será depurado por la comisión depuradora de la policía. «La plataforma de DDHH está lista para defenderlo», expresó frente a la valla militar que cuidaba la Embajada.

Cerca de allí estaba un camión con Policías Cobra. La gente se acercaba a ellos para tomarse una selfie o simplemente charlar. El subcomisionado Ordóñez, encargado de la operación, estaba tranquilo. «La gente que anda aquí no anda intenciones de destruir nada, nosotros estamos aquí para cuidar que no dañen la propiedad», dijo a Contra Corriente.

Ordóñez asegura que la policía está del bando del pueblo, porque ellos son del pueblo, a pesar de haber cometido –por muchos años– represiones brutales contra protestas. «Sí se han cometido abusos pero también a nosotros nos han atacado, ahora no queremos confrontación. Si quieren mejores resultados de la policía debe haber estrategias para que el crimen no se infiltre», asegura el subcomisionado.

–¿Qué pasará si declaran a Juan Orlando ganador?

–Vamos a defender los votos en las calles. –Dice María Luisa Borjas.

–Con las armas. –Gritó un hombre.

La mecha está encendida, dice Rodolfo, quien salió de El Pedregal hoy para asistir a la manifestación.

«Estamos en una situación de una crisis tremenda, no va a ser como en 2013 cuando robaron las elecciones y no pasó nada, la mecha está encendida. La gente está esperando que digan que JOH es el ganador, en ese momento se va a desatar una crisis caótica en el país. La gente está en las calles defendiendo sus votos, se comprueba en la calle, en los cacerolazos. Entraríamos en un proceso de anarquía en el país, la juventud es la que está abanderando la lucha. Los jóvenes le dieron el voto a Salvador y lo están defendiendo. Habrán muertos, más que durante el golpe. El gobierno tiene mucho poder y tiene mucho repudio hacia la población», asegura.

«Nuestros sueños no caben en sus urnas», se ve escrito en un letrero que porta una chica –así como Rodolfo– de un poco más de veinte años. En las urnas se expresó el derecho al voto y se ha manipulado, el derecho a expresarse se ha violado a punta de balas. Honduras está en caída libre como lo menciona Amnistía Internacional.

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Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que el gobierno hondureño ha estado combatiendo la corrupción y apoyando los derechos humanos, despejando el camino para que Honduras reciba millones de dólares en ayuda. Este anuncio se dio justo dos días después de las elecciones que han desatado una crisis social y política que se traduce ahora en 14 muertos, 51 personas heridas, 148 detenciones arbitrarias y 91 expedientes penales abiertos.

Un grupo de madres y esposas esperan en las afueras de la oficina del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev). “Mi hija me preguntó si hoy por fin le llevaré a su papa”, le dice Wendy con cara de aflicción a otra mujer que asegura solo puede dormir tomando pastillas y un té. Son las familiares de 33 detenidos tras disturbios el pasado viernes 1 de diciembre en San Pedro Sula, desde entonces no los ven porque después de tenerlos en un batallón militar los mandaron a la cárcel El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.

El Pozo es la cárcel de máxima seguridad que construyó Juan Orlando Hernández como solución a la sobrepoblación y violencia en centros penales de Honduras. Allí, al Pozo llevaron a los 33, varios de ellos con golpes y laceraciones, han pasado una semana con la misma ropa encerrados sin poder ver a sus familiares, sin siquiera poder asistir a la audiencia donde se les acusó de asociación ilícita y robo agravado.

Tras 8 días de estar en el Pozo, los 33 obtuvieron sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita pero aun 28 obtuvieron auto de prisión con medidas sustitutivas por el delito de tentativa de robo. Aun les quedan 24 horas más para salir de la cárcel.

Mientras unos insisten en la ilegalidad del toque de queda, hay pocas miradas en las violaciones a Derechos Humanos que se dan en la oscuridad del estado de sitio en un sistema de justicia que también está contaminado.

“Lo usual son tratos crueles durante las detenciones mientras los llevan a las patrullas. No hemos podido verificar si ha habido torturas, solo hemos visto tratos crueles e inhumanos en el caso de las personas que han sido liberadas casi inmediatamente pero que no han sido trasladadas a ningún centro de detención”, dijo Mery Eguiguren durante una conferencia en la que el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) presentaba las cifras arriba mencionadas. Parece que Tegucigalpa y el norte del país no están conectados y que la situación del fraude electoral, la reelección, el decreto de toque de queda no tuviera conexión con las violaciones de derechos humanos que el Estado está cometiendo en todo el país.

A los 33 detenidos por el saqueo de la tienda y la bodega del almacén Diunsa en San Pedro Sula, los llevaron el viernes pasado a la 105 Brigada de Infantería. Dos abogadas voluntarias intentaron seguirles la pista, ayudar a las madres desesperadas que iban de la posta policial a la 105 sin saber qué hacer, sin saber cómo preguntar si tenían a sus hijos a salvo. Una de las abogadas, Carmen Haydée López, cuenta que ellas hablaron con un juez provisional para presentar un habeas corpus y se nombrara un juez ejecutor para celebrar una audiencia. El juez dijo que no había visto señales de malos tratos en los detenidos y que la audiencia se celebraría el sábado.

Y la audiencia se celebró el sábado justo a las 10:30 de la noche cuando ya había comenzado el toque de queda. Sucedió sin observación de organizaciones de Derechos humanos y sin más defensa que la defensa pública. En esa audiencia en estado de sitio se determinó enviarlos al Pozo el domingo en la madrugada.

Doña Blanca Bautista al darse cuenta que se llevarían a su hijo de 19 años al Pozo, siguió el camión donde los llevaban, iba descontrolada.

“Cuando llegamos yo les hice un gran escándalo porque ni comida ni la ropita que le llevaba le quisieron dar. Nunca le había pasado esto a mi hijo, aquí están pagando justos por pecadores. Llegaron al lugar después del saqueo y a quienes miraban en el camino los agarraban y subían a un carro lleno de cosas”, contaba llorando mientras ponía la denuncia en el Conaprev.

Wendy, otra mujer en la oficina de las denuncias, mientras traga el nudo en la garganta cuenta que su esposo le ayudaba en casa, ella salía a trabajar vendiendo ropa y accesorios en la calle, sus hijas se quedaban con él, pero ese día a él le salió un trabajito como mecánico de carros y tuvo que salir de casa. “No he podido ni dormir, me ha tocado hacer todo y si no trabajamos no comemos. Pueden ir a mi casa, la lavadora que tengo todavía la estoy pagando, tengo los papeles para que verifiquen que nosotros no somos ladrones”, dice Wendy.

Esta mujer solo tiene 30 años y ya tiene 3 hijas, vive en el barrio Cabañitas y cuenta que hace años a su esposo lo detuvieron injustamente y lo querían acusar de narcomenudeo, pero logró probar su inocencia. Cosas que pasan en la vulnerable San Pedro Sula.

“Yo voté por Nasralla y lo hago público, pero nunca creí que se iba a armar todo este relajo y estoy comenzando a creer que es cierto, que si Nasralla gana esto se va a poner como Venezuela, lo estamos viviendo”, explica.

La abogada Brenda Ayala del Conaprev lee una lista donde está el nombre de los detenidos y donde también está la fotografía que les tomaron en la detención. A cada nombre que ella dice le sigue un lamento; las madres, esposas, hermanas lloran al ver las fotografías, al escuchar los nombres.

Ayala les aconseja y les dice que no dejen que se celebre la audiencia inicial sin la presencia de los acusados, que exijan poder verlos y que ella intentará entrar al Pozo para verificar su estado de salud.

La abogada logró visitar el pozo y constató que los 33 detenidos estaban en celdas de 2X2 en la Máxima 1 donde estaban los cabecillas de la pandilla 18 antes de las elecciones, antes de ser trasladados a la Penitenciaría Nacional. El Pozo estaba listo para recibir más detenidos, así como el Código Penal para acusar con fuerza a quienes generaran revueltas después de las elecciones.

Mientras tanto en el Tribunal Supremo Electoral…

Aunque en el norte del país es donde más violencia, muertes, detenciones y tratos crueles hay registrados, Tegucigalpa sigue estando en el ojo del mundo porque el fuego en las calles es generado desde las instituciones del Estado, las oficinas intactas de la capital. Esta semana la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos hicieron públicos sus posicionamientos en cuanto a estas elecciones y se sumaron a la Alianza de Oposición a la petición de un conteo especial de más de 5 mil actas que no se trasmitieron el día de las elecciones, así como la revisión de los departamentos de Lempira, Ocotepeque y La Paz y señalaron que la falta de reformas y de independencia del TSE han generado el sisma que ahora tiene a Honduras sumida en esta crisis política pos electoral.

Marisa Matías, representante de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) recomendó la máxima transparencia para que ninguna duda sobre el proceso electoral quedara sin resolver, ninguna discrepancia sin verificar, ninguna ventana sin abrir, y ningún voto sin recontar si así lo demanda cualquier partido o candidato.

Al día siguiente, el vocero de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró este mensaje, animando a partidos y candidatos a utilizar el camino institucional para canalizar sus demandas. Al mismo tiempo, la Alta Representante subrayó la necesidad de salvaguardar el derecho de manifestación y realizó un llamamiento a la calma.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, pidió esta semana, a través de un comunicado, a los actores políticos acatar las recomendaciones de los observadores internacionales.

El TSE en conferencia de prensa ayer dijo que contarían voto por voto de las actas que han denunciado tienen irregularidades, y llamó a los candidatos a respetar el triunfo de quien quede. Sin embargo la Convergencia contra el Continuismo y la Alianza de Oposición contra la Dictadura emitieron un comunicado en el que exigen que se realice un examen forense al sistema informático del TSE y se determine qué fue lo que pasó cuando se cayó y la tendencia comenzó a cambiar drásticamente en favor del presidente Juan Orlando Hernández. También llamaron a la población a expresar su repudio contra el fraude en las calles. No se pusieron de acuerdo en una posible impugnación de las elecciones y la exigencia de que se repita el proceso, las condiciones del actual contexto lo impide.

El Estado de sitio se ha suspendido en 7 departamentos del país y en ciudades como San Pedro Sula y Tela,  en los que sigue vigente ya se acortó de 10: 00 p.m. a 5 a.m. En San Pedro Sula poco se respetaba ya, las compañías de taxi trabajaban 24 horas como siempre y en las calles se vía mucho movimiento de noche. La capital industrial no se detuvo.

Y mientras tanto el candidato presidente… El Partido Nacional convocó a las calles ayer para pedir la paz en Honduras, una paz que pasa por imponer el gobierno de Juan Orlando Hernández por 4 años más.

* * *

Militares contra miles

La militarización consumada

Uno de los pilares fundamentales en campaña política del candidato presidente Juan Orlando Hernández fue la elevación a rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un brazo armado que creó en 2013 y que diseñó para seguir sus órdenes. Fue en el gobierno de Hernández que los militares salieron a las calles y tomaron las riendas de actividades que antes solo hacía la policía, una policía desacreditada y en pleno proceso de depuración por estar coludida con el crimen organizado.

Cuando mataron a Kimberly, la primera noche del toque de queda en el sector Villanueva de Tegucigalpa, los vecinos notaron que la Policía Nacional se atravesaba con sus patrullas para impedir que la Policía Militar disparara. “Cuando los policías azules llegaban los calmaban, cuando dejaban solos a los de la PM, estos nos atacaban”, es el relato de vecinos y familiares.

En las postas policiales de Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo fiesta el día en que los policías decidieron hacer huelga de rifles caídos el tercer día del toque de queda. Sonaba “JOH es pa fuera que vas”, mientras la gente les llevaba comida y agua para compartir. La situación se tornó tensa cuando la Policía Militar intentó ocupar las postas policiales que estaban en huelga. Todo quedó en roces.

La Policía Preventiva junto a sus unidades Cobras, Dirección Policial de Investigación (DPI), Tránsito y el escuadrón Tigres decidió desobedecer órdenes de represión contra manifestaciones en el marco de la crisis política y en medio de un toque de queda. En dos comunicados dejó claro que su lucha no es por aumentos salariales o mejores condiciones de trabajo, como lo insinuó el general Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad, sino por violación a los deberes de la institución. Una violación que les ordena matar, torturar y secuestrar contra su voluntad en un estado de sitio decretado desde la noche del viernes 1 de diciembre. Esa imagen de que el policía no es aquel que reprime, sino el que previene, la han intentado fortalecer de un tiempo hacia acá. La nueva currícula de la Policía Nacional que ha pasado un proceso de depuración desde 2011, incluye clases de Derechos Humanos, pero por eso no ha dejado de ser letal.

El deterioro democrático que terminó de evidenciarse con estas elecciones se había concretado después del golpe de Estado tras dar a las Fuerzas Armadas mayor poder recibiendo órdenes directas del presidente Hernández a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Este consejo decide qué se pone en secretividad y qué no, en qué se invierten los recursos destinados a seguridad que aumentaron considerablemente para fortalecer la PMOP y cómo actúan las estructuras de seguridad nacional.

El 3 de diciembre de 2011 se aprobó un decreto de interpretación del artículo 274 de la Constitución de la República en el sentido de facultar a las Fuerzas Armadas para realizar funciones específicas de la Policía Nacional, cuando se declare excepcionalmente un estado de emergencia en materia de seguridad pública, mediante un decreto ejecutivo emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Tan solo dos días después, se declaró el primer estado de excepción, el cual fue prorrogado en tres ocasiones.

En abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que responde directamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Esta dirección constituye una estructura independiente de otros ministerios e instituciones con el objetivo de recabar y ofrecer información precisa y confidencial a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial antes de tomar decisiones en materia de represión del crimen, trabajando con unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre extorsiones, sicariato, narcotráfico, así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social. Desde su creación, su titularidad y los cargos de mayor rango han estado en manos de militares; y aunque en teoría es una instancia de inteligencia civil, todo indica que el criterio militar es el que prevalece en la ejecución de las políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

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La Policía Militar creció en detrimento de la Policía Nacional. Desde 2011 que comenzó el proceso de depuración tras el involucramiento de policías en asesinatos y actividades de narcotráfico, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha informado la cancelación de cuatro mil 374 miembros de la Carrera Policial desde que fue instalada el 12 de abril de 2016. Aun no se sabe cuántos han sido llevados a tribunales para asignarles una sentencia de corte penal y no solo un castigo administrativo. A pesar de las múltiples denuncias sobre el accionar criminal de las fuerzas de seguridad, el presidente actual ha optado por militarizar y robustecer las fuerzas armadas como respuesta ante la violencia, que sigue siendo fatal.

Según el doctor en DDHH, Joaquín Mejía en su artículo El discurso militarista y sus efectos de poder: «los últimos gobiernos han adoptado una serie de medidas que han cambiado radicalmente el modelo constitucional e institucional sobre la seguridad pública, con el fin de confiar a las Fuerzas Armadas funciones relativas a tareas regulares de seguridad ciudadana, al control de los centros penitenciarios y a la educación de niños, niñas y jóvenes ».

La percepción de la población hondureña con respecto a la PMOP era de mucha confianza antes de estas elecciones. En una encuesta realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en 2016, las Fuerzas Armadas y la PMOP eran dos de las 5 instituciones con mayor confiabilidad en la población. Esta idea de que los militares son los que guardan la seguridad y fortalecen la democracia se difundió por diversas vías, una de ellas, la más estructural es la aplicación del programa “Guardianes de la patria” como parte de la formación de niños en barrios y colonias controlados por maras y pandillas para que adopten actitud militar ante la violencia que les aqueja. Este es un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas comenzaron a controlar cada espacio de la sociedad haciendo labores que no les competen, como labores educativas.

La acumulación de tensiones entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas está reventando en esta crisis política, a pesar que ambas instituciones hacen énfasis en que son apolíticas. Dos días entes de las elecciones, la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas salió a denunciar en medios de comunicación que diputados, alcaldes, empresarios y el ejército estaban coludidos en tres crímenes de alto impacto, dijo hacer esta denuncia hasta este momento porque acaba de obtener los informes que lo prueban. Además denunció que el gobierno actual tenía un trato con maras y pandillas para desestabilizar el país durante y después de las elecciones.

Estalla todo y también la policía da sorpresas sublevándose. En el guión siguió la denuncia el comisionado de policía depurado Aldo Oliva quien va más allá y asegura que desde Casa Presidencial se ha ordenado asesinatos y hace un llamado a las Fuerzas Armadas a dar un paso al lado del pueblo así como lo hizo la Policía Nacional.

Durante el estado de excepción decretado por el ministro de la presidencia, Ricardo Álvarez, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) contabiliza 14 personas que han perdido la vida en forma violenta todas en represión de protestas, 51 han resultado heridas, siete de ellas gravemente heridas, 148 personas detenidas por el delito de Robo Agravado, 91 expedientes penales han sido abiertos en Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula. Violaciones que son por parte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al informe, cuatro de las personas fueron asesinadas durante la aplicación del toque de queda y nueve en operaciones militares en barrios, colonias y aldeas de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y El Progreso.

En el funeral de Kimberly tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) decían indignados que no era el primer incidente que ellos investigaban tras el toque de queda. “No es correcto que disparen, no se puede enfrentar un ciudadano con una piedra con otro que lleva un fusil”, decían, mientras varias mujeres susurraban que para qué llegaban a preguntar si todo mundo ya sabía que el caso se quedaría en la impunidad, si nadie confía en los uniformados.

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Durante la audiencia inicial de los 33 detenidos en San Pedro Sula, un grupo de unos 50 militares se forman frente a la estatua de la diosa Temis. Se forman y levantan los toletes en símbolo de protesta, están encapuchados y no dicen nada. Bajan los toletes y se trasladan a la entrada de los juzgados. La audiencia se da entre militares. Los familiares que esperaron ver a sus hijos y que se fueron sin verlos, se asustan: “están listos para golpearnos si nos revolvemos”, dice una joven esposa de uno de los acusados.

En la audiencia les dictaron sobreseimiento definitivo a los 33 por el delito de asociación ilícita. A 3 les dictaron sobreseimiento provisional, a 2 sobreseimiento definitivo (a estos ni siquiera los capturaron en el perímetro donde sucedió el hecho) y a 28 auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas por el delito de tentativa de robo agravado. El daño sufrido esta semana no se resarce fácilmente.

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Es hora de almuerzo en la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula. Hace calor y los militares se quitan la chaqueta, están descansando. La capitana Eny Vega, sale con un pequeño libro en mano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es risueña, el panorama es agradable, como si en ese sitio no hubo detenciones arbitrarias, gritos y llantos durante todas las noches después del toque de queda. La capitán asegura que no hubo detenidos la noche anterior, aun cuando las autoridades del Conaprev verificaron que hubo 4 y uno de ellos era menor de edad. “Ah, esos eran mareros”, dice Vega, sin embargo este batallón no es un centro de detención autorizado. “Mire lo que ando en mi mano, el libro de los derechos humanos, lo estamos leyendo, todo lo que se hace aquí es en base a la ley”, explica y luego me pide mi número de teléfono para agregarme al chat de Fusina.

EL primer mensaje de la mañana en ese chat es una cita bíblica: 1 Timoteo 4:12-16 | Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina… (v. 16).

Hoy han vuelto a salir los militantes del Partido Nacional en una movilización que como punto de partida tenía las inmediaciones del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Así, como si comenzar allí significara poseer la bendición del General dictador Carías Andino, la movilización terminó en la Plaza Tigo, nada más azul, nada más «cachureco», que atravesar todo el bulevar Morazán.

Pero de qué paz hablan los nacionalistas cuando hablan de la paz, y cuando las estadísticas de las últimas semanas parecen estallarle al candidato presidente. Ayer, el informe del Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) recogía que «14 personas han perdido la vida en forma violenta todas en represión de protestas», es decir, que desde el 26 de noviembre hasta el 7 de diciembre, ha muerto una persona diaria en promedio. ¿Cómo se vinculan estas muertes, los saqueos, las detenciones, y el estado de sitio, con esa idea nacionalista de la paz?

Pero los activistas nacionalistas sí parecen tener otras cosas más claras, como el hecho de que cuando hablan de «lo bueno debe continuar» ellos se refieren, como diría un activista de la colonia 3 de mayo de Tegucigalpa, a que la gente pobre siga recibiendo la bolsa solidaria y se les siga construyendo casas por parte del partido. No existe ninguna diferencia, en este momento –para los activistas nacionalistas– entre el Partido Nacional y el gobierno de la República, «son lo mismo, nosotros pusimos al hombre allí, y queremos que continúe», dice este activista que prefiere no dar su nombre porque argumenta vivir bajo amenazas de los pandilleros de su colonia por ser activista del Partido Nacional. Otra señora gritaba –eufórica, con cierto desconcierto– que les tenían amenazados con quemarles las casas, que tienen miedo, que el miedo no les permitió llevar más gente, a una movilización que no era tan multitudinaria como las últimas del Partido Nacional.

Algunos jóvenes nacionalistas le gritaban a los autos el «yo vine porque quise, a mí nadie me pagó», consigna que surgiría en el calor de los movimientos indignados de hace algunos años y que sería reapropiada en las marchas de la Alianza contra la Dictadura. Gritan la consigna y se ponen la mano en la estrella azul bordada en su camisa blanca Columbia. Y embozan sonrisas que se vuelve difícil de entender, porque no se sabe qué país ven ellos desde sus ojos.

Juan Orlando Hernández dio el discurso de cierre de la marcha, habló de que todos los acuerdos con la comunidad internacional que se firmaron, se firmaron porque el Partido Nacional no tiene nada que esconder. Habló rodeado de la cúpula de su partido, habló entrecortado por la reproducción de «Color esperanza» de Diego Torres, y cuando por fin terminó, y se fue, y se quedaron sólo algunos en el escenario, como Miguel Pastor, el dj cachureco le dio play a «Te pido la paz para mi ciudad» de Jaime Murrell, canción que durante años ha sido símbolo de la sociedad cristiana evangélica hondureña.

Los votos siguen disputándose en las calles mientras ya no se puede limpiar la cara de un proceso electoral adulterado desde el inicio.

 

La crisis que menos se esperaba en este momento era un conato de sublevación policial. El candidato presidente Juan Orlando Hernández salió al paso prometiendo mejorar condiciones a la Policía Nacional que comenzó a negarse a reprimir a la población. Esa policía que ha sido letal en Honduras, coludida con el crimen, en medio de un proceso de depuración y denunciada por torturas, ahora reflexiona y dice: Saldremos a las calles pero no a reprimir. A 8 días de incertidumbre sobre unas elecciones cada vez más desacreditadas.

En su segundo día de rifles caídos, la Policía Preventiva junto a sus unidades Cobras, Dirección Policial de Investigación (DPI), Tránsito y ahora el escuadrón Tigres dejó claro que su lucha no es por dinero, sino por violación a los deberes de la institución. Una violación que les ordena matar, torturar y secuestrar contra su voluntad en un estado de sitio decretado desde la noche del viernes 1 de diciembre.

El acceso a la Unidad de Fuerzas Especiales en Tegucigalpa era limitado por la gran cantidad de vehículos que llegaban con alimentos, víveres y ayudas de la población a los policías que en esta ocasión se quitaron la camisa represiva y se pusieron la de manifestantes.

–Ahora ellos saben qué se siente estar pidiendo un derecho justo, ellos están con el pueblo y nosotros con ellos- dijo un manifestante mientras entregaba un paquete de bolsas de agua y pizza a los elementos cobras que estaban en suspensión de labores.

Los carros llegaban, la gente seguía otro día en solidaridad con los policías que la noche anterior habían celebrado su casamiento con el pueblo.

– Esta no es una manifestación, estamos celebrando nuestro matrimonio con el pueblo, porque no podemos ni queremos reprimirlos, no fuimos creados para eso- dijo uno de los voceros de la Policía Preventiva en la protesta del lunes en la noche en la tercera avenida, en el centro de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

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En conferencia de prensa hoy, al menos 500 elementos policiales de las distintas unidades leyeron sus exigencias ante el representante de la Secretaría de Seguridad, el subcomisionado Javier Díaz, acompañados en todo momento de defensores y defensoras de derechos humanos.

Los Policías determinaron bajar sus rifles por dos razones: pedir a su cúpula que deje de emitir órdenes que vienen de la representación militar, que incluye matar, secuestrar y torturar a la población que resiste en las calles ante un fraude electoral y mejorar su situación de precariedad laboral que viven.

«Desde Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en el país, y tengo los documentos. Ya ha habido órdenes y no se han ejecutado por estas situaciones, porque es en contra del pueblo al que ellos están ordenando secuestrar, herir y matar- dijo el Comisionado de Policía Aldo Oliva, un policía depurado, al medio televisivo UNETV, justo en este momento de crisis de la institución policial.

También circulaba en medios televisivos la denuncia de un policía de que en la 105 brigada de San Pedro Sula están torturando a la gente, los llevan, los secuestran, los golpean y luego los torturan. «Nosotros como policías no nos prestaremos a ese juego, nosotros estamos con el pueblo, ese es nuestro papel», dijo el oficial.

En la conferencia de prensa los policías en protesta pidieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que abrieran un espacio al diálogo, y que ahí pudieran llegar a acuerdos mínimos para regresar a sus labores.

-El gobierno debe saber algunas cosas, nosotros somos apolíticos no estamos a favor de ningún partido, pero hay cosas que no podemos responder, por ejemplo, atacar a nuestro pueblo, y quiero que quede claro ese es el punto central de nuestra protesta, lo administrativo es secundario aunque también es importante- manifestó un policía de la unidad de tránsito minutos antes de iniciar la reunión de acercamiento.

Ambas partes estuvieron de acuerdo y al filo de las doce del mediodía se reunieron a puertas cerradas en el comedor de la unidad, bajo la mediación de organizaciones defensoras de derechos humanos. Dos horas duró la reunión. Al final hubo acuerdos y el primero fue la resolución de las exigencias administrativas, y el segundo salir a la calle con la condición de no reprimir a la gente, ni aceptar órdenes de mandos militares que vayan orientadas a dañar al pueblo.

«Desde Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en el país, y tengo los documentos. Ya ha habido órdenes y no se han ejecutado por estas situaciones, porque es en contra del pueblo al que ellos están ordenando secuestrar, herir y matar- Comisionado de Policía Aldo Oliva.

Durante el estado de sitio han muerto 12 personas, según se reporta en medios de comunicación. En el caso de Kimberly, la primera víctima de esta crisis política se señala directamente a miembros de las Fuerzas Armadas.

Honduras cuenta con dos instituciones fuertes a nivel de seguridad: la Policía Nacional Preventiva y sus derivaciones en unidades y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y sus dependencias. La Policía Militar fue recién creada bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández quien ha usado como pilar fundamental de su campaña política esta imagen de seguridad para elevar a esta fuerza armada a rango constitucional. Esta transición se ve como una acción planificada del presidente para mantener un Estado sujeto al poder militar y acceder a él cuando más lo necesite. Y este, es un momento donde lo necesita, lo ocupa para lidiar con la crisis política generada por las irregularidades electorales.

“Recuerdo hace dos años y medio tuve una reunión con uno de los fiscales de San Pedro Sula por el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo que sigue en la impunidad, y nos comentaba un jefe de la policía que el fortalecimiento de la Policía Militar era proporcional al debilitamiento de la Policía Nacional”, comenzó valorando el analista político Oscar Hendrix.

“Ellos (la Policía Nacional) no reciben los mismos beneficios que la Policía Militar, todas esas circunstancias han sumado para que los policías nacionales sientan que no hay un apoyo general a sus necesidades”, siguió manifestando Hendrix. La acumulación ha sido la característica de este momento político de Honduras.

-Nosotros no tenemos seguro médico, ni de vida, los salarios son bajos y además tenemos un compromiso con el pueblo, por eso hemos hecho el llamado para que nos den el valor que verdaderamente tenemos- relató uno de los voceros de la Policía Tigres.

“Atrás de todo esto está la parte oscura de Estados Unidos, ellos están interviniendo porque no quieren que Nasralla sea presidente porque viene el socialismo. Nosotros somos autónomos, pero si el pueblo quiere que lo gobierne delincuentes es problema de ellos”, decía, mientras los fusiles seguían caídos, en UNETV el comisionado Aldo Oliva quien fue depurado de la institución policial.

Honduras tiene una policía letal que ha demostrado estar coludida  con el crimen organizado, no es secreto.

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Foto: Sandra Ruiz

Al caer la tarde había dos movilizaciones masivas, hacia la Unidad de Servicios Especiales se dirigían miembros de la Alianza que pretendían la noche de este martes plantarse para apoyar a los policías en paro, y por otro lado se movilizaban en dirección contraria patrullas repletas de policías que volvían a sus puestos de trabajo: las calles.

En las afueras de las instalaciones policiales en Tegucigalpa, lugar donde durante más de 12 horas la gente dio cariño, comida, bebida y hasta cigarros a los policías, la población había instalado lo que ya se ha convertido en una costumbre a la hora de una actividad política: mesas con venta de materiales de la resistencia, puestos de comida y un ambiente que lejos de ser de miedo por las armas que lo rodeaban, parecía ser de fiesta.

Los pocos policías que quedaban en las instalaciones daban declaraciones a los medios, anunciando que volvían a las calles pero que esta vez con condiciones de no atropellar los derechos de la gente. – Vamos a respetar a la gente, si ellos protestan los acompañaremos, les daremos seguridad y si ellos saben de algún infiltrado desde ya les pedimos que lo entreguen- dijo uno de los elementos a la prensa nacional.

Cuando conoció la decisión, el presidente Juan Orlando Hernández brindó una conferencia de prensa, bajo la línea que un día antes había marcado su Secretario de Estado en Seguridad, Julián Pacheco. –Hemos logrado avances importantes con la policía, reconocemos su trabajo valioso y serán recompensados por ello- dijo Hernández.

La preocupación del gobierno fue evidente, el lunes luego del inicio de la protesta la respuesta fue inmediata, el gobierno anunció el pago adelantado de aguinaldos y hasta un bono por el trabajo en tiempo extra.

“El fraude más allá de la legalidad bajo la que puede entrar, sobre todo la Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos represores del Estado, son los que pueden finalmente sostener esta dictadura que tenemos y al no tener una fuerza unitaria represiva en este contexto, lógicamente lo debilita, ante la comunidad internacional y ante todo”, asegura Hendrix.

Hendrix, quien perdió su primera contienda electoral como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por la Alianza de Oposición, cree que lo que sucede con la policía y su decisión de negarse a atender mandatos represivos de militares y altos mandos policiales, debilita la estructura represiva de Juan Orlando, la que se ha visto expresada en las calles con más fuerza después del 26 de noviembre.

Este es el peor momento en que la policía puede negarse a atender sus directrices, peor momento porque las manifestaciones están a la orden del día y la única forma de controlarlas es a través de la represión.

“Yo creo que en lo que va del gobierno de Hernández ha sido una estrategia de bajar, neutralizar los posibles daños, en vez de que estén con el pueblo entonces al menos neutralizarlos de que no estén a favor ni en contra, es el plan; es decir, dejar que la gente se manifieste y acceder a la no represión por lo menos de los policías. Pero no hay que olvidar que los militares son muchos y por ahora obedecen cualquier orden”, concluyó Hendrix.

La gente, esa que llegó desde la mañana a dejar comida se quedó con la fiesta instalada en la posta policial. La expectativa de lo que pasará de ahora en adelante es grande con una policía que supuestamente se comprometió con el mandato ciudadano, pero que como prueba de fuego tendrá las movilizaciones y tomas de carretera de los próximos días. Mientras el proceso electoral es desacreditado por las dudas de las misiones de observadores internacionales y la petición de la Alianza de Oposición de no solo contar 5 mil actas sino 18 mil actas que, según ellos, tienen irregularidades. Honduras sigue en estado de sitio y ya nadie cree en el conteo de votos como solución a la crisis.

La famosa Core 7, una de las principales postas policiales en el centro de Tegucigalpa, fue abarrotada por los habitantes de los barrios cercanos: La Leona, Buenos Aires y El Bosque. Esta vez no era para buscar a sus familiares desaparecidos o sacar a alguien de un calabozo de tortura, era más bien para reconciliarse, abrazarse con las manos de los policías que por años les lanzaron bombas lacrimógenas en lo que parece una rebelión en medio de la crisis política que atraviesa Honduras.

Niños, niñas, jóvenes y ancianos los felicitaban, mientras ellos en algunos casos gritaban un tímido ¡Fuera JOH! y en otros simplemente esbozaban una escasa sonrisa. Se nota que no están acostumbrados a tanto amor popular. Pero antes que esto se convirtiera en una fiesta, la escena era tensa, violenta. En el batallón de escuadrones Cobra (una fuerza élite que nace en las Fuerzas Armadas para misiones especiales) esta tarde comenzó la manifestación de la Policía quienes se declararon en paro de brazos caídos y se enfrentaron a la represión militar. Ellos insistían que no era una huelga, que no era por dinero, que lo hacían porque sus familias estaban preocupados por ellos, que lo hacían porque no querían seguir reprimiendo al pueblo. La orden era que si los Cobra no querían trabajar, los militares tomarían su lugar, era una ocupación y todos estaban armados.

La Policía Nacional divulgó un comunicado que raya lo incendiario para ser un ente vertical en el ejercicio del poder. «Hacemos de conocimiento público que nuestra cúpula policial se presta para seguir lineamientos políticos, por lo tanto solicitamos a los mandos medios tomar el mando de nuestra institución por la inoperancia de nuestros superiores que ayudan en poco o nada a este problema de Estado», dice en su punto 2. Una sublevación de la Policía Nacional, a la que se sumaría la Dirección Policial de Investigación (DPI), podría cambiar el rumbo de esta crisis política que cada vez huele más a golpe de Estado militar.

El domingo, la movilización de la Alianza fue principio de un coqueteo que ahora terminó con la posición desobediente de la policía que se resiste a reprimir a la gente que protesta, sobre todo en un estado de sitio creado para que las Fuerzas Armadas y de seguridad actúen impunemente. Las flores blancas que la gente llevó a los policías comenzó a crear una conexión que antes no se miraba por culpa de los gases lacrimógenos.

Desde el primer día de manifestaciones, algunos jóvenes intentaban neutralizar a los policías antimotines en las afueras del INFOP, en el conteo de actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Les llevaban agua, les hablaban: «ustedes son del pueblo también», les decían. Los policías fueron bajando la guardia cuando comenzó el estado de sitio y los militares se tomaron las calles disparando libremente. Pero esto no se da por razones meramente políticas, como todo en esta crisis, es consecuencia de la acumulación de problemas.

Policía Cobra en apoyo a la manifestación. Foto: Martín Cálix.

El abogado Omar Menjívar, quien estaba en la nómina para ser director de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cuando comenzó el proceso de depuración policial, asegura que esto responde más que a razones políticas a situaciones de vulnerabilidad de los mismos policías.

«Implícitamente uno puede identificar quizá una denuncia acerca de la orden general de reprimir al pueblo y que ya no quieren cumplir, pero me luce más bien como un argumento político con el que buscan justificar su protesta contra la prolongación de sus jornadas sin tener días libres y poder ver a su familia», expresó Menjívar.

El domingo en la movilización, Salvador Nasralla invitó a los bajos mandos de las FFAA a sublevarse en favor del pueblo porque «los altos mandos ya le han fallado antes». Ante esto, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas dijo en medios de comunicación que Nasralla quiere provocar que lo denuncien por incitar a la rebelión y eso no sucederá porque nadie quiere verlo como víctima. Lo ve como una carta que saca en medio de la desesperación de ver las elecciones perdidas.

A 8 días de las elecciones, con un Tribunal Supremo Electoral sin credibilidad, la crisis en la policía degrada aún más la situación.

María Luisa Borjas, comisionada de policía en condición de retiro dijo a Contra Corriente que esto se debe denunciar internacionalmente porque podríamos estar ante un enfrentamiento entre estas fuerzas de seguridad. La división entre entes armados es aún más peligrosa.

Mientras tanto el TSE sigue sin dar resultados y cada vez pierde más credibilidad. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han reconocido que existen irregularidades en el proceso y que se necesita contar todas las actas, incluyendo las más de cinco mil que solicita la Alianza de Oposición contra la Dictadura, posición a la que suma la Policía Nacional en su segundo comunicado.

Entre más pasa el tiempo el fuego se esparce, las explosiones son diversas en todos los espacios mientras Hernández sigue subiendo en posiciones que ya lo colocan como virtual ganador de las elecciones. En el norte del país siguen incendiando los restos del peaje, en El Progreso,Yoro hubo un amotinamiento en el centro penal que dejó 3 muertos más, en una aldea aledaña también se reportan abusos y dos muertos, así como en San Pedro Sula más de 40 detenidos. Pasan muchas cosas en las calles de Honduras pero hoy la protagonista fue la Policía.

Una semana antes de las elecciones visitamos el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula, donde un oficial de policía nos advertía que las cosas estarían conflictivas en las elecciones  y que tenía que ver con el mandato del pueblo que no ha sido escuchado por mucho tiempo. En ese sector, uno de los más violentos en la ciudad, la Policía Nacional busca recuperar la imagen de confianza en la gente con apoyo de organizaciones como USAID.

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Esa imagen de que el policía no es aquel que reprime, sino el que previene, es la imagen que han intentado fortalecer de un tiempo hacia acá, ahora, parece tener sentido. Sin embargo, el abogado Menjívar dice que la Policía siempre ha recibido formaciones en Derechos Humanos y no por eso deja de ser letal.

Quienes no recibieron mandato de la población, sino del gobierno actual fueron los miembros del ejército que Juan Orlando Hernández ha sacado a las calles y la Alianza quiere regresar a los batallones. Hernández incluso destituyó magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012, porque entre otras cosas, no se le permitió la elevación de la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional. Los militares denunciados por abusos por parte de la policía.

El general Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad de Honduras y brazo derecho de Hernández, salió para intentar calmar a las bases de la policía ofreciéndoles aumento de salarios, pago de aguinaldo para los gastos navideños y otros beneficios, como si sus demandas son económicas. Según Menjivar, la Policía está vulnerable a negociar bajo esos términos aunque cada vez hace más claros sus planteamientos, ahora están pidiendo conteo voto por voto y que las Fuerzas Armadas asuman su rol constitucional.

Ya es la tercera noche del toque de queda que se extendió para las 8 pm hasta las 6 am. Cada noche la gente se atreve más a salir y esta noche la policía decidió no salir a las calles para reprimir o guardar a palos a la gente en sus casas. El pueblo les llevó comida, les llevó consignas, les llevó canciones. La policía, de repente, fue invadida por el fervor de la lucha callejera.

En el Core 7 y en la Kennedy en Tegucigalpa la fiesta siguió rompiendo el toque de queda, tanto que hasta caminaron. El pueblo iluminado por el Cristo del Picacho, que se erige en la cima de estas históricas colonias circundantes al centro de la capital, marchó a sabiendas de que el hijo prodigo había regresado.

 

Texto: Fernando Silva, Jennifer Avila y Martín Cálix

Fotografía: Sandra Ruiz

La  segunda noche del toque de queda decretado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, miles de personas retaron el silencio con una manifestación desde sus casas que denominaron «cacerolazo», y con esa bulla también decidieron salir este domingo a las calles en Tegucigalpa y San Pedro Sula exigiendo que se nombre a Salvador Nasralla como nuevo presidente de Honduras. A esta manifestación asistieron familias enteras insistiendo que fuera pacífica después de que la violencia se apoderara de las calles en los últimos días.

Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzaba el escrutinio especial de más de mil actas, la Alianza de Oposición contra la Dictadura convocó miles de personas a las calles, una movilización que no se esperaba tras haber sido decretado estado de sitio y vivir un par de días de protestas violentas y saqueos de comercios en el país.

«No estamos de acuerdo con los saqueos, nosotros no hemos convocado a hacer eso, solo queremos y exigimos que se respete la voluntad del pueblo», expresó Kevin Chávez, un joven que con su cacerola hacía bulla en la movilización que comenzó en el Hospital Escuela Universitario para dirigirse al Instituto de Formación Profesional (INFOP) donde se encuentra el TSE.

Mujeres y niños cargaban flores blancas para regalar a policías en un recorrido de aproximadamente 10.4 kilómetros que iba al son de la canción insigne de este momento político: «Joh es pa fuera que vas» y todo era una fiesta. En el camino se fueron uniendo personas que bajaban de los cerros de Tegucigalpa, de las colonias más golpeadas por la violencia y la pobreza. La marcha pasó por la carretera que estuvo tomada antes por jóvenes del sector Villanueva, donde Kimberly, la primera víctima del toque de queda, fue asesinada por militares.

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Vehículos que pasaban por la orilla pitaban y se unían en la algarabía. Incluso un camión de las Fuerzas Especiales Cobra de la Policía Nacional pasó pitando y sus agentes hacían señales de apoyo a la marcha. Ésta no era la Honduras de hace dos días.

A la orilla de carretera, sosteniendo una bandera del partido Libertad y Refundación (LIBRE) doña Abelina López Rodríguez tenía los ojos llorosos, para ella esta movilización era como escuchar de nuevo a su hijo Fernando, quien murió en 2009 tras el golpe de estado, según doña Abelina, fue asesinado por fuerzas de seguridad del Estado.

«Ya que nosotros no nos pudimos levantar en 2009 ahora veo que sí se ha levantado la gente. A mi hijo me lo mataron los grupos represivos en Jacaleapa, allí me lo fueron a tirar, primero me lo golpearon. Yo pido que esta manifestación se levante porque nos tienen que pagar nuestros muertos», decía llorando mientras el mar de gente pasaba eufórico frente a ella.

El fantasma del golpe de Estado o de lo cerca que estuvo el movimiento social de revertirlo sin poder, está presente en la actual crisis política. El estallido es la acumulación de esa frustración y la del apaciguamiento del movimiento indignado en 2015, un chico lo decía: «Esto es como los indignados renovados. Indignados 2.0», dijo mientras se tomaba una selfie. Fue la gente joven la que salió y gritó contra el gobierno que se quiere perpetuar en el poder. Jóvenes que llegaron convocados desde las redes sociales. Los jóvenes millennials del tercer mundo que ahora exigen una Honduras donde se les respete sus derechos.

Esta movilización demostró que no hay salida institucional que valga, la gente no confía ni confiará en el Tribunal Supremo Electoral, el ente que tiene la última palabra en este proceso electoral. Salvador Nasralla llegó al INFOP mientras la gente inundaba la calle hasta donde los militares permitieron, habían 3 vallas militares y policiales, y dos tanquetas resguardando el INFOP.

Nasralla aseguró que no hay trato con el TSE y que no se suman al escrutinio especial porque no se están tomando las más de 5 mil actas que la Alianza pide, además, porque la duda de si las demás actas fueron adulteradas es fuerte desde que el sistema de cómputo se dañara durante varias horas y que después de ello la tendencia a su favor cambiara drásticamente.

Nasralla sorprendió con un discurso de insurrección llamando a las bases de las Fuerzas Armadas a sublevarse con el pueblo. El nerviosismo entre los militares que resguardaban la zona era notable. Llamó también a seguir haciendo bulla y fiesta para contrarrestar el estado de sitio que ha impuesto el actual gobierno. Después le cedió el micrófono a quienes según él mismo dijo, tienen más experiencia en política: Juan Barahona y Manuel Zelaya Rosales.

Entre lluvia y cacerolas San Pedro Sula sale

San Pedro Sula vivió en días anteriores un escenario nunca antes visto, en plena mañana se reportaban cientos de saqueos alrededor de la ciudad y represión por parte de la Policía Militar en distintas zonas del país y aunque el impacto emocional que vivían en ese momento fue inesperado, más lo fue en la noche al escuchar sonar cacerolas y fuegos artificiales acompañados de un ¡Fuera JOH! Luego de haber pasado los primeros dos días en Estado de Sitio, una vez más Honduras se convocaba a la calle a las 11 a.m. dentro del horario de circulación autorizado por un gobierno ausente.

Desde tempranas horas las personas iniciaron a llegar al Monumento a la Madre (punto de partida) para salir hacia el Parque Central de San Pedro Sula en donde los militares rodeaban el palacio municipal. Con cacerola en mano y flores blancas iniciaron la marcha, que la candidata a la alcadía de San Pedro Sula por la Alianza, Fátima Mena acompañaba junto a su familia y otros líderes políticos. Ellos junto a la multitud emprendieron el recorriendo bajo la lluvia y al son de las cacerolas y pitoretas.

«Esta es la voluntad del pueblo, yo he estado en Tegucigalpa estos días anteriores, pero hemos venido a nuestra ciudad para acompañar y demostrar que no somos unos vándalos como están queriendo hacer creer. En este momento nuestro objetivo es respaldar y resguardar la voluntad del pueblo que ha elegido a Salvador Nasralla como presidente, expresó Fatima Mena.

Eran miles de personas que caminaban hacia un solo lugar gritando fuerte ¡Fuera JOH! Acompañada de la música de la canción «JOH es pa ́ fuera que vas», Xiomara Castro apareció dentro de la multitud a dar ánimos, las personas se le acercaron rápidamente a decirle ¡Gracias! y continuaron el recorrido.

Más adelante los militares y policías que estaban alrededor de la primera calle ya tenían en sus chalecos antibalas flores blancas, las personas se les acercaban a saludarlos y ellos respondían con una sonrisa. Al ver que el Palacio Municipal estaba totalmente rodeado de militares y policías, las personas rodearon y se colocaron contiguo al parque central mostrando sus banderas, pitoretas, cacerolas y pancartas creativas que habían elaborado.

«Las cacerolas nos regresaron la libertad», decía un cartel cargado por un joven en la manifestación. Después de la oscuridad de un golpe de Estado que sigue vigente, de la contaminación de un proceso electoral en el que la gente tenía mucha fe, y de la violencia e impunidad que reina cuando son las Fuerzas Armadas que gobiernan sin vigilancia, las flores y las cacerolas sacaron de nuevo a la gente que quiere solo una cosa: que se respete el voto que depositaron el 26 de noviembre. Es el pueblo en las calles el que le está diciendo a Juan Orlando Hernández que Honduras no es un campo de concentración.

Texto: Jennifer Avila y Catherine Calderón

Tegucigalpa:

Fotos de Martín Cálix

 

San Pedro Sula:

Fotos de: Sandra Ruiz

De 6 de la tarde a 6 de la mañana Honduras se sume en la oscuridad donde gobiernan impunemente las Fuerzas Armadas. La primera noche en estado de sitio dejó 7 muertos, uno de ellos, una joven de 19 años en Tegucigalpa: Kimberly Dayana Fonseca en el sector Villanueva, donde durante el día un grupo de jóvenes había cerrado el paso y retaba a un contingente militar que se apostaba resguardando un supermercado de la zona.

“Toda Honduras sabe qué pasó anoche, no me pregunte eso”, le decía un vecino de Kimberly a un oficial de la Dirección Policial de Investigación (DPI) cuando éste último llegó con un grupo a levantar testimonio de cómo ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte de esta joven.

Kimberly, al escuchar el aviso de toque de queda anoche a las 11 pm, decidió ir a traer a sus hermanos a la residencial Honduras, una colonia cercana. Desde su casa de madera, improvisada como colgando de un cerro, se mira un panorama de pobreza, los callejones donde los jóvenes estaban y donde fueron baleados por militares.

“No es el primer incidente que nos denuncian donde hay militares involucrados, no es correcto que disparen, no se puede enfrentar un ciudadano con una piedra con otro que lleva un fusil”, decía indignado otro agente policial, mientras varias mujeres familiares de Kimberly susurraban que para qué llegaban a preguntar si todo mundo ya sabía que el caso se quedaría en la impunidad.

Que los militares no saben si disparan balas de salva o balas vivas, le decía otro agente policial a los vecinos y que la policía no actúa como ellos. “Ya ni se sabe porque hay tantas fuerzas armadas en este país que uno no sabe con quién trata”, le discutía el vecino.

El toque de queda en Honduras fue justificado tras una serie de disturbios que comenzaron como protestas en las calles bloqueando caminos y terminaron en enfrentamientos con militares y saqueos de tiendas en varias ciudades del país. La noche cobró la vida de 5 personas en San Pedro Sula, 35 personas detenidas en la 105 Brigada de Infantería y alrededor de 40 detenidos en el CORE 7 de Tegucigalpa. Esta mañana varias mujeres llegaron a la estación policial en Tegucigalpa buscando a sus seres queridos que habían desaparecido.

“Yo vi la cara de mi cuñado en el periódico y así supe que lo habían detenido. Aquí pagan justos por pecadores porque si uno queda en medio de un disturbio y sale corriendo porque no quiere que lo maten, la policía lo detiene a uno siendo inocente”, explicaba una joven que había viajado desde La Venta, una aldea al sur de Tegucigalpa.

Enfrente de la estación policial había una larga fila de personas poniendo denuncias de robo, el centro de la ciudad estaba lleno de gente que caminaba de un lado a otro buscando cómo abastecerse antes del toque de queda y con el temor de quedar en medio del fuego cruzado. La gente está nerviosa.

Un taxista comentaba que él había alquilado un arma para estos días, porque en un momento como éste no se sabe quién es quién.

“La gente que salió ayer a saquear no es la misma que se manifestaba. Los que protestan son personas con las que se puede hablar, pero con estas no se podía negociar nada”, contaba el inspector Ever Ordóñez en la estación policial CORE7. Ordóñez estuvo en las manifestaciones previas a que comenzaran los saqueos, estuvo en las represiones antes que las protestas se convirtieran en caos extendido a los barrios y colonias. El inspector llamó a que las fuerzas de seguridad tengan cautela durante el toque de queda ya que no están autorizados a disparar a las personas.

Kimberly Fonseca. Foto tomada de Noti Bomba

Una crisis de democracia

El escrutinio especial ha comenzado sin que el TSE se termine de poner de acuerdo con la Alianza de Oposición contra la Dictadura sobre 5174 actas que este partido está pidiendo se incluyan en el conteo especial. Sigue dilatándose el proceso y pesa en las calles. El conteo se hace en medio de un toque de queda.

Según el exfiscal de Honduras, Edmundo Orellana Mercado esto es una consecuencia de errores que se han venido cometiendo sucesivamente desde el golpe de Estado. “Esta diferencia tan estrecha entre los candidatos que se están reclamando el triunfo no sería un problema si nosotros hubiéramos reformado nuestra Constitución para introducir la segunda vuelta electoral. No hay confianza en las instituciones del estado, hace mucho se perdieron, menos en el TSE después que reconoce que se cayó el sistema, una cosa totalmente inusual y que pudo haber sido previsible. Algo se está cocinando en el TSE que no es consecuente con la democracia y todo el proceso electoral ya está contaminado con el olor a fraude, sobre todo por la candidatura del presidente a la reelección”, expresó en una entrevista para Play FM y Contra Corriente.

Agregó que la idea de que la Constitución se defiende con las armas es para un estado salvaje. “Es una visión trasnochada de la democracia que debe ser superada. En el caso de defender la democracia nos toca a los ciudadanos, a los partidos políticos, sociedad civil, a las Fuerzas Armadas solo les podemos exigir que no dirijan sus fusiles hacia el pueblo. Deben estar al margen de todo esto», dijo.

El estado de excepción contempla que medios de comunicación acreditados pueden circular para hacer su labor de reportear lo que pasa, inicialmente no se permitió que organizaciones de Derechos Humanos observaran el proceso de detenciones en la calle, decisión que luego fue rectificada.

Hoy la Mesa Nacional de Derechos humanos que aglutina a varias organizaciones entre ellas: Centro de Derechos Humanos, Centro de Derechos de Mujeres, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Colectivo Arcoiris, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT) y el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos de Honduras, dio una conferencia de prensa para condenar esta situación.

El estado de sitio declarado por el gobierno es ilegal y se constituye como un medio destinado a reprimir el descontento político, imponer el fraude e infundir terror, según esta mesa.

Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas “se aplican a expensas de los derechos y las libertades de los hondureños y hondureñas”, haciendo que la situación haya empeorado a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de usurpar los poderes del TSE, retrasando la transmisión de resultados.

Según el director de C-Libre, Edy Tábora,  la culpabilidad de esta crisis recae sobre los tres magistrados del TSE, Juan Orlando Hernández, el Jefe de las Fuerzas Armadas, y el Secretario de Seguridad, quienes a través de sus directrices han generado el uso excesivo de la fuerza.

Además, apuntaron que, en medio de la crisis económica y social del país, el aumento de las tensiones políticas solo elevaría el riesgo de que la situación en Honduras se deteriore más, por lo que se ha anunciado que esta mesa permanecerá en alerta permanente y publicará, en los próximos días, un informe ampliado sobre las denuncias de violación de derechos humanos recibidas.

Tábora agregó que el decreto de estado de sitio es ilegal e inconstitucional ya que ante la ausencia del representante del poder ejecutivo, Juan Orlando Hernández,  el designado presidencial Ricardo Álvarez usurpó las funciones del presidente al firmar dicho decreto.

Ante esta situación desde la Mesa Nacional de Derechos Humanos instó al fiscal general de la república para que se hicieran las investigaciones del caso y se proceda a encarcelar a Ricardo Álvarez por usurpación de funciones públicas.

Según Gilda Rivera del CDM la democracia es una “quimera” y podría alejarse más ante la concreción de un régimen dictatorial que desconoce la voluntad popular y se impone mediante la fuerza.

Lejos de esa conferencia, en la Tegucigalpa donde no llega el agua, donde el control territorial lo puntean jóvenes en maras y pandillas, en una choza de madera sobre una mesa yacía el ataúd de Kimberly. Sobre el mismo la camiseta y un gorro de su equipo de fútbol favorito: el Olimpia. Su madre migró a Estados Unidos hace 7 años y la abuela se había encargado de ella y sus 5 hermanos. Kimberly apenas había terminado su noveno grado porque por falta de recursos postergó su educación durante dos años. Hace una semana se había graduado. A Kimberly la alcanzaron las balas en la espera de saber quién es el nuevo presidente, aunque eso no hiciera mucha diferencia en su vida.

 

Con reportes de Fernando Silva

Fotografías: Martín Cálix

 

A partir del 1 de diciembre Honduras entra en estado de sitio. El gobierno de Juan Orlando Hernández- quien se declaró ganador de las elecciones antes que se terminaran de escrutar las actas- anunció un toque de queda en el que la libre circulación es prohibida de 6 de la tarde a 6 de la mañana durante 10 días. Las Fuerzas Armadas toman control de las calles tras disturbios a 6 días de las elecciones que siguen sin dar resultados finales. Los anuncios se dan con el sonido de fondo de helicópteros sobrevolando la capital.

“No deben haber manifestaciones ni celebraciones de ningún tipo, eso se los dije a mis seguidores”, dijo Hernández a medios de comunicación tras decretar la suspensión de garantías constitucionales. A 6 días de haberse declarado presidente reelecto y de insistir en dos ocasiones más que él ganó las elecciones.

Han sido 6 días de degradación. Desde el día de las elecciones las tensiones fueron aumentando, el silencio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciado por fraude, y un gobierno cuyo presidente dejó de serlo para convertirse en candidato se sumó a la frustración y la situación de vulnerabilidad social en la que se mantiene la mayoría de la población y provocó un estallido que se expresó en actos de violencia en todos los rincones del país.

Hernández asegura que son miembros de la Alianza de Oposición contra la Dictadura quienes deben controlar a sus seguidores para no seguir saqueando ni realizando actos de violencia en las calles, mientras que la Alianza asegura que son infiltrados quienes crean el caos en las calles para dar excusa al gobierno de Hernández de actuar por la vía de la fuerza contra los verdaderos opositores.

Representantes de la Alianza condicionaron el conteo de actas en el Tribunal Supremo Electoral para que se de un resultado creíble y siguen sin ponerse de acuerdo. La espera solo aumenta la crisis en las calles donde cinco centros comerciales y dos estaciones bancarias en San Pedro Sula y varios negocios en el centro de Tegucigalpa, El Progreso y Choloma han sido destruidos y saqueados. Manifestantes han entrado en batallas largas con las Fuerzas Armadas. La situación ya cobra 5 muertos en el sector López Arellano en Choloma: Victor Evelio Martinez Alvarez (35), Jose David Ramos Lambert (23), Roger Alberto Vasquez Reyes (22), mientras que en la colonia El Pedregal murieron 2 personas.

Decretar estado de excepción abre las puertas para múltiples violaciones de Derechos Humanos que no podrán ser observadas ni siquiera por la mayoría de medios de comunicación ya que solo podrán circular periodistas acreditados por el TSE.

“Es muy peligroso poner en bandeja de plata la posibilidad de que Hernández y su gobierno decreten estado de sitio y la suspensión de libertades constitucionales. La protesta social debe ser siempre pacífica”, expresaba en un tweet un par de horas antes el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía.

Honduras es un país a destiempo. Tuvo un golpe de estado en 2009, se paralizó desde el día de las elecciones y muestra en las calles una guerra que nunca tuvo antes. El TSE ya no tiene tiempo para recuperar la confianza del pueblo que votó y las elecciones cada día pierden más credibilidad, el conteo de actas ya dejó de ser el problema principal.

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