El grisi siknis es una enfermedad conocida por provocar mareos, náuseas; la gente entra en estado de trance, es la enfermedad de la histeria colectiva y de la amnesia, es –dicen– la enfermedad de la catarsis en un contexto de extrema pobreza y desesperanza. La antropóloga Jessica Martínez cree que es una enfermedad más espiritual que física. Es la enfermedad de los miskitos en Nicaragua, es la enfermedad de la que se lee con cierta regularidad en los medios de comunicación nicaragüenses. Pero ésa no es mi historia, no es la historia que escribo, mi historia es otra cosa.

Texto y fotos: Martín Cálix

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–Vos vas a buscar el grisi siknis y no te vas a encontrar ni con el rostro de un fantasma, como si entraras a Comala. –Me afirma Berman Bans, escritor y sacerdote católico, miembro de la orden de los Frayles Menores Capuchinos.

Bans es párroco de la iglesia San Isidro Labrador –fundada hace más de cien años por los capuchinos– en El Rama, departamento del atlántico sur nicaragüense, a 295 kilómetros de Managua; una parroquia de 81 comunidades. Me dice que para llegar a Waspan –lugar donde se ha dado un nuevo episodio de grisi siknis–, en la Moskitia nicaragüense, son al menos dos días de viaje por tierra desde Managua, que no hay contactos allá, sólo un sacerdote diocesano que no contesta el celular, y que no me recomienda ir sin tener una vía segura para llegar.

Waspan es una comunidad ubicada en la frontera con Honduras, lo único que la separa de la Moskitia hondureña es el río Coco, pero para llegar antes se debe llegar al triángulo minero, así se le llama a esa zona entre los municipios de Bonanza, Rosita, y Siuna, esto aún no es territorio miskito. A un lado del triángulo minero, está la reserva Bosawá, la enorme reserva nacional que ahora se ve amenazada por la deforestación y el tráfico ilegal de madera, una parte de ésta es territorio miskito. Para llegar a Waspan también se puede volar en avioneta desde Managua a Bilwi, y desde allí seguir por tierra, el trayecto se acorta.

El grisi siknis es una enfermedad que sólo parece afectar a los miskitos y a nadie más, y aunque no hay informes médicos oficiales de parte del Ministerio de Salud Nicaragüense, en los periódicos locales se habla de «un brote», aunque no haya datos para respaldar lo que parece más un montaje propagandístico: «se han hecho todas las coordinaciones con el gobierno territorial indígena para atender a los afectados», dijo el 17 de febrero de 2018 al periódico local La Prensa, Rosario Murillo, la compañera, la primera dama, la vice presidenta, la esposa del comandante.

En El Rama, los frailes capuchinos se preparan para recibir a los líderes de las comunidades de su parroquia, 81 comunidades en total, para hablar sobre la agenda del año litúrgico y las visitas de los sacerdotes a las comunidades, a muchas de ellas se llega por río y luego hacia arriba en la montaña. Estas comunidades que dependen de la ganadería y la agricultura para el consumo propio, fueron víctimas de la guerra en los años 80s, años en los que la Contrainsurgencia y el ejército sandinista  reclutaban niños para pelear una guerra que se acabaría a principios de los 90s con la llegada de los acuerdos de paz y la caída del Muro de Berlín.

Un fraile capuchino observa la realización de la asamblea anual con los líderes de las 81 comunidades de la Parroquia San Isidro Labrador.

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En Managua, por la noches, tiende a bajar el calor y la ciudad es iluminada por «los árboles de la vida», una adaptación metálica de la obra de 1909 del austríaco Gustav Klimt. El costo aproximado en gasto energético anual sólo en 2014 fue de 20 millones de córdobas (641,643.63 dólares), entonces eran 94, ahora superan los 140 árboles, en un país donde el salario mínimo más bajo ronda los 3,773.82 córdobas mensuales (121.07 dólares) y el más alto ronda los 8,445.44 córdobas mensuales (270.95 dólares), donde el alquiler más incipiente puede rondar los 3 mil córdobas (96.25 dólares). Las cifras de desigualdad social se pueden llegar a manejar en una zona gris, si bien se ha publicado un informe de la CEPAL en 2018 titulado «Nicaragua: evolución de la pobreza multidimensional, 2001-2009», la cifras quedan bastante lejanas del momento actual en el que se encuentra el país, tan lejanas que no nos sirven para entender. Que Nicaragua es un país con el poder de arrojar cifras tan espantosas como el gusto arquitectónico de la Compañera, definitivamente es algo a valorar. En 2016 Nicaragua quedó ubicado en el puesto 124 del índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, un informe en el que Nicaragua únicamente aparece mencionada tres veces.

Managua está llena de monumentos, la mayoría es una visión kitsch de un urbanismo tercermundista que ahoga a los más pobres. Por las noches, en Managua, los jóvenes se emborrachan de lunes a domingo entre malos cantantes que interpretan, casi al unísono, «La María» de los simbólicos Mejía Godoy, y borrachos pasean ante la mirada atenta de un Salvador Allende de concreto y un Hugo Chávez metálico y electrificado.

En el resto del país, esa idea de urbanidad y desarrollo de la Managua que apela a la nostalgia y a la reverencia de los símbolos latinoamericanos, parece diluirse, el país parece ser otra cosa: una enorme finca de ganado, excepto las playas de San Juan del Sur que están siempre abiertas para los mochileros extranjeros que vienen a dejar sus dólares por algo de surf y algo para esnifar.

Un niño viaja subido en lo más alto de un camión que transporta ganado desde las comunidades entre Wapí y El Rama centro.

En El Rama –una de esas comunidades rurales– inauguran el proyecto de pavimentación de una carretera de 30 kilómetros que hasta ahora ha dado grandes problemas de comunicación para los pobladores que la usan, recorrerla puede tardar 2 horas y media, y la usan para transportar leche y ganado para el matadero. Hasta aquí llega el General en condición de retiro, Óscar Mojica, en su calidad de Ministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), para dar inicio a la construcción del proyecto. «Vengo en representación de nuestro comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario Murillo», dijo luego de cantar el himno nacional con la mirada solemne y firme en la bandera nacional y la del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN).

Para Mojica, esta carretera ayudará al desarrollo económico de las comunidades de El Rama, ayudará a que la leche llegue fresca a la fábrica pasteurizadora, a mejorar las condiciones de transporte del ganado. En su discurso, el General Mojica –emocionado– dijo que gracias a la pavimentación de la carretera que comunica a las comunidades entre Wapí y el casco urbano de El Rama, saldrán los nuevos Daríos de la Nicaragua sandinista del siglo XXI.

En Calderón, una de las aldeas de El Rama, por donde atravesará la carretera pavimentada, vive Roberto. Cuando le pregunté a Roberto qué pensaba sobre la construcción de la carretera pavimentada que conecta a la comunidad de Wapí y el incipiente casco urbano de El Rama me contestó que le parecía tuanis, con el mejor acento del caribe sur nicaragüense. Roberto, de 18 años, es el cuarto de siete hermanos, de un matrimonio que se desintegró cuando él tenía ocho, fue el único que decidió irse con su padre tras la separación, y jamás se arrepintió de haber tomado esa decisión. Desde los 16, Roberto ha deambulado entre las fincas de ganado de El Rama, otras veces en casa de amigos, porque la convivencia con su padre y su nueva compañera se le hizo insoportable. «Pulseó», vivió solo, y vio que podía, por eso se fue de su casa y no volvió más. No tiene mayores pertenencias que su ropa, porque tener pertenencias implica asentarse, y él no tiene claro aún dónde va a vivir la semana próxima.

Lleva una cicatriz en el centro de su cuello, pegado a la clavícula: una vaca recién parida se le abalanzó cuando intentaba acercarle el ternero para que se le pegara a la ubre. Pero a pesar de ello, trabajar con animales es lo que él quiere hacer toda su vida.

–¿Te gustaría tener tu propia finca algún día?

–Claro, pero seguro que nunca voy a poder tenerla.

–¿Por qué?

–Porque los precios de la tierra ahora son muy elevados.

Roberto, de 18 años, ha dejado su trabajo en una de las fincas de ganado para poder engancharse a los trabajos de construcción de la nueva carretera pavimentada.

Roberto se detiene en los pequeños detalles, en explicarme con paciencia cómo es trabajar con el ganado aunque desde mis ojos intente decirle que yo no entiendo mucho de todo aquello que lo apasiona con profunda alegría. Y aunque hace tres días abandonó su trabajo en una de esas fincas para intentar engancharse en los trabajos de construcción de la carretera pavimentada, lo que de verdad le interesa a él es criar ganado, ni siquiera se nota tan entusiasmado cuando me habla del precio en el mercado de un animal para corte o de la leche, como lo hace cuando me habla de qué se necesita para que el ganado tenga las condiciones necesarias para que engorde y sean animales sanos.

Roberto nació en Wilson, y me cuenta que es una comunidad que ahora está invadida por el avance de la palma africana. Según cifras publicadas por el gobierno sandinista en sus portales web «El 19 Digital» y el portal de la Comisión Nacional de Zonas Francas, al menos 6 empresas explotan palma africana en el atlántico sur nicaragüense. Sólo Wapí Industrial –en el noroeste de El Rama, y en operaciones desde 2012– cultiva 6 mil 200 manzanas de palma africana. Le llaman «el oro verde del Caribe nicaragüense».

Plantación de palma africana en la carretera entre Managua y El Rama.

Desde hace tres meses que Roberto vive en Calderón, donde se ha inscrito en la escuela para adultos, porque no sabe leer y escribir, porque nunca su padre se interesó porque él estudiara, porque ahora –me dice– puede hacerlo por su cuenta y optar a mejores condiciones de vida si logra sacar los estudios mínimos.

Quizá Roberto nunca sea uno de esos Daríos con los que parece soñar el Ministro de Transporte e Infraestructura del gobierno sandinista, quizá Roberto ni siquiera se entere nunca quién era Darío, quizá nunca tenga la finca con la que a él se le ponen vidriosos los ojos cuando la sueña entre las palabras fáciles que sostiene con una sonrisa. Quizá Mojica nunca sepa de él.

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–Somos una generación de gente bastante frustrada– asegura María, una joven de 23 años, filósofa por la Universidad de Centro América (UCA), en medio del bullicio de un grupo de extranjeros que balbucean en inglés dentro de un café en Granada.

Para María, los jóvenes de su generación viven con la sensación de que el sistema de gobierno en su país se ha convertido en un monstruo. No se puede protestar, nadie puede tomarse una calle para denunciar las desigualdades con las que se vive en Nicaragua –me dice– porque eventualmente los cordones de seguridad de la policía y el ejército sandinista vendrán para reprimirles y meterles al Chipote, una cárcel antigua de tortura para presos políticos en tiempos de Somoza. En Chipote durante 2012 los sandinistas encarcelaron al movimiento del Ocupa INSS.

El Ocupa INSS fue grupo de estudiantes universitarios que durante tres días apoyaron a las personas mayores que protestaban por la reivindicación de la pensión reducida en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) –personas mayores, de entre 60 u 80 años– fueron violentados el último día por un grupo paramilitar, quienes llegaron a eso de la media noche para intimidar y golpearles, todo esto, narra María, realizado ante la mirada atenta de la Policía Nacional, que lejos de contener a los paramilitares, empujaban a los jóvenes para que fuesen golpeados por ellos. En esta acción les robaron cámaras, un auto, dinero, incluso llegaron a lanzarles ácido. «Algunas jóvenes huyeron asustadas creyendo que serían abusadas sexualmente por los paramilitares», afirma María.

–Los conocemos, sabemos cómo operan, ya los hemos visto en varias manifestaciones. –Dice María, sobre la forma en la que intervienen estos grupos.

En 2015, los paramilitares de los que habla María, vestidos de civil, encapuchados, y portando banderas del FSLN, volvieron a actuar para reprimir una movilización de campesinos que había llegado a Managua, que había llegado sólo después de haber superado a los militares en sus comunidades y a lo largo de la carretera hacia la capital, llegaron para protestar contra la construcción del Canal Interoceánico –que sigue sin construirse–.

Managua ha cambiado mucho desde los días de infancia del capuchino Bans, crecido en los barrios orientales de Managua, barrios donde no es difícil encontrar chicos con pinta de mareros, con tatuajes, rapados y sin camisetas. Barrios donde otros niños, y no estos que juegan a verse rudos, tiraban bombas al ejército de la guardia somocista. En estos barrios orientales de la Managua de la guerra otros niños murieron atrincherados en un enfrentamiento con este mismo ejército: Leonel Rugama, Mauricio Hernández, y Roger Núñez, asesinados el 19 de enero de 1979, tienen un monumento. En ese mismo lugar, en una pared del cementerio de los barrios orientales, hay un mural con el rostro de Rugama.

Berman Bans cree que estos son grupos de choque de las juventudes sandinistas. Según él, fueron los mismos que golpearon y asaltaron a los estudiantes que apoyaban al Ocupa INSS y fueron los mismos que actuaron el 7 de febrero de 2018 para linchar en redes sociales a Valery Moraga, una joven nicaragüense que denunció el acoso sexual sufrido por un CPF –o Cuerpo de Protección Física–, ese guardia que estaba allí para protegerla la acosa, la chica lo graba, y le reclama el acoso, le dice que su trabajo es cuidar y no decir «adiós» con segundas intenciones, sube el video desde su perfil en facebook. Las redes colapsaron, los nicaragüenses la llamaron «Lady Adiós» y luego de burlarse de ella también la amenazaron de muerte, tuvieron ella y su madre que ir a pedir disculpas públicas a un medio de comunicación.

Mientras la anestesia social en internet hacía efecto, la Asamblea Nacional aprobaba tres decretos en los que aumentaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA), eliminaba el subsidio a la energía eléctrica, y reformaba la ley electoral que garantiza impunidad a Roberto Rivas Reyes, Magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuestionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actos de corrupción a principios de noviembre de 2017. Rivas Reyes enfrenta un serio cuestionamiento por sus funciones en el CSE, ha sido incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y sancionado bajo la Ley Global Magnistsky.

«Roberto Rivas debería presentar su renuncia», concluye el editorial del lunes 19 de febrero de 2018 de El Nuevo Diario. En una encuesta de CID Gallup y publicada por El Nuevo Diario se afirma que Rivas Reyes cuenta con un índice de aprobación de apenas el 22%, pero a pesar de ello, el gobierno de Ortega considera que debe continuar en su cargo.

–El sandinismo es una ideología configurada por un grupo de personas que creyeron en un proyecto de nación en algún momento, pienso que de alguna forma, el Frente Sandinista, como tal, como partido está vaciado de contenido –dice María.

María cree que el FSLN ha perdido aquellas premisas con las que surgió, que Daniel Ortega no representa el sandinismo. Ortega –continúa– ha querido absorber lo simbólico del sandinismo. Quizá prueba de ello sea que Managua, lejos de responder a un proyecto arquitectónico de ciudad, es lo más parecido a un museo cursi de la revolución latinoamericana, con estatuas de Sandino, réplicas de su casa y un chico que te cuenta la historia en al menos 15 fotografías por 5 córdobas (0.16 de dólar).

En el bulevar Bólivar ahora «De Bólivar a Chávez» de Managua un monumento electrificado a Hugo Chávez rodeado de más árboles de la vida.

–¿Cómo es vivir como mujer joven en Nicaragua?

–Agotador, frustrante, es horrible. Número uno: acoso callejero, todos los días, a toda hora, en todo momento. El miedo constante de saber que vas de tu trabajo o de la universidad a tu casa en la noche, agarrás la ruta, y probablemente o te acosen o te roben, incluso el miedo a ser abusada, o violentada en las calles. Luego sufrir violencia en tus propios espacios, la familia o con las amistades.

Nicaragua es un país que sólo en 2017 reportó 51 femicidios, según el Observatorio de Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). En dos semanas de mi estadía, dos casos estremecieron al país y pusieron en evidencia la fragilidad en la que viven las mujeres de todas las edades: el primero sucedió en Estelí, una niña violada, torturada, asesinada y mutilada, antes de ser amarrada a piedras con un alambre de púas y lanzada a un pozo de agua, su familia no sabía nada de ella desde el 24 de noviembre. El segundo en el sector VII de Managua, donde al menos dos hombres interceptaron a una adolescente, la sedaron y la violaron para dejarla tirada, desorientada y apuñalada en un costado. Queda claro el odio de algunos hombres nicaragüenses hacia las mujeres, quienes ante la mínima protesta son reprimidas con gases lacrimógenos por parte de la Policía y el Ejército sandinista, y así, una revolución que prometía una Nicaragua libre parece haberse perdido en alguna parte del camino de ascenso que hicieron los Ortega Murillo.

Más allá de entender que Nicaragua es un país violento y gobernado por la familia Pellas –dueños del imperio Flor de Caña– y la familia Ortega Murillo, este país se muere de hambre y su juventud parece estar padeciendo un hundimiento anímico profundo, estos jóvenes –que tanto en las áreas rurales como en las ciudades– no quiere saber de guerras y muerte.

En el triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), los femicidios disparan cifras que se convierten en la radiografía de una situación de fragilidad para las mujeres en la región centroamericana. Sólo en Honduras se reportaron –según la CEPAL– 466 femicidios en 2016, seguido de los 371 femicidios reportados en El Salvador, y los 211 femicidios en Guatemala.

Una vendedora de frutas y verduras en el interior del Mercado Oriental de la ciudad de Managua.

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Atorados en el tráfico de Managua, Adán Gozález, un taxista de unos 40 años, me explica –luego de lanzarle, según él, un piropo a una chica que pasó a un costado del auto en la acera frente a la UCA– que sólo en Managua circulan al menos unos 12,665 taxis, todos regulados por el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua, IRTRAMMA. Que existen al menos unos 2 mil buses interlocales con sus 8 terminales.

La gasolina regular, la gasolina que usa su taxi, cuesta 30.89 córdobas (0.99 de dólar), y sólo tiene permiso para trabajar en el día, otros lo harán sólo durante la noche.

En mi primer día en Managua, Mario Mairena, otro taxista en el punto de la UCA me llevó a un par de cuadras y por eso le pagué 100 córdobas (3,21 dólares), la estafa hecha, y el cliente despidiéndose feliz sin saber que ha sido estafado hasta el día siguiente. Pero Adán me cobra luego 50 córdobas (1.60 dólares) por un tramo más largo.

Para don José, otro taxista de Managua, el salario mínimo para los nicaragüenses debería rondar los 14 mil córdobas (449.15 dólares), pero no es así. En Nicaragua el salario mínimo más alto apenas supera los 8 mil córdobas (256.66 dólares). Según don José –que ya es un señor mayor– esto es responsabilidad del gobierno de Ortega que ha pactado con las empresas chinas que a cambio de la generación de empleo el gobierno no las regula, entonces las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores parece ser una carretera mejor asfaltada que las que ha construido el MTI por toda Nicaragua.

–Tengo a toda mi familia en Costa Rica.

–¿Y eso por qué?

–Porque se fueron buscando mejores condiciones de vida, allá se paga mejor que acá, allá está mi papa y mi hijo.

–¿Y usted por qué no se fue?

–Porque nos acabábamos de conocer con la mujer.

–Entonces usted se quedó por amor.

–Sí… fue por amor.

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–El éxito y la fortaleza de esta institución radica en el vínculo con la comunidad. –Me dice el Comisionado Mayor de la Policía Nacional nicaragüense en El Rama.

Al Comisionado Mayor Castro me le acerco para pedirle una entrevista, mientras intenta estrechar todas las manos que se le juntan en medio de la inauguración de la nueva carretera entre Wapí y El Rama centro.

Más tarde el Comisionado Mayor dio un discurso a sus subalternos, quienes escuchaban con rostros solemnes, rostros de parecer prestar atención, las bondades del nuevo futuro que la carretera pavimentada traerá a El Rama. Más tarde me recibió, sólo después de que el alcalde de El Rama se negara a darme una entrevista argumentando que necesitaba pedir permiso y que para eso también necesitaba que yo le pasara por escrito las preguntas de la entrevista.  Algunas personas en Managua dicen que ningún funcionario público da entrevistas a un medio extranjero o nacional sin que Rosario Murillo lo sepa y lo autorice.

El Comisionado Mayor Castro comienza diciéndome que en toda Nicaragua el trabajo de la policía es garantizar la seguridad ciudadana de las familias nicaragüenses. Que la policía nicaragüense –dice el Comisionado Mayor– funciona como un sistema único, con un mando único. Dentro de las sub unidades de la Policía Nacional de Nicaragua está la Unidad de Seguridad Pública, la responsable de emitir permisos de operación a los negocios, entre estos negocios, en El Rama, a las cantinas.

Que la policía realiza muchas actividades de salvamento, y simulacros de salvamento, que existe un vínculo estrecho con la población civil. Que la comunidad hace suya a la policía y la policía hace suya a la comunidad. Que gracias a esto en El Rama y en toda Nicaragua se goza de un clima de alta seguridad, Castro, me pinta un panorama hermoso, podría ser ilustrador para las portadas de la Atalaya, si acaso no estuviéramos hablando de la Nicaragua de los 51 femicidios de 2017.

–¿Cuáles son los casos más comunes de violencia que asisten? – Le pregunto.

–La seguridad que se goza en este departamento es altamente positiva, y por eso es muy poco la ocurrencia delictiva. –Me responde, Castro, seguro de sus palabras.

El delito más común en El Rama es el robo de ganado, que ronda las 5 denuncias diarias, y uno que otro caso de agresiones. No especifica qué tipo de agresiones, porque Castro es ambiguo a la hora de responder sobre algo en concreto. En El Rama como en el resto de Nicaragua, asegura Castro, no existen pandillas ni crimen organizado.

Castro se pone esquivo cuando le pregunto dónde estuvo antes de ser asignado a El Rama, y si existe mucha diferencia entre su asignación anterior y ésta. Le pregunto por la cantidad de postas policiales, la cantidad de suboficinas que dependan de su oficina central, y vuelve a enumerar las subunidades: tránsito, seguridad pública, dirección de armas, dirección de drogas, dirección de fuerzas especiales… pero lo corto, le digo que ésas son subunidades, y yo pregunto por las subestaciones, entonces me dice que es una por municipio o comunidad.

Entre el casco urbano de El Rama y Wapí –lugar desde donde se inauguró la construcción de la carretera pavimentada– se observan únicamente dos centros educativos de primaria. Debido a que ninguna otra autoridad me atiende, ni siquiera el alcalde, entonces decido preguntarle al Comisionado Mayor Castro por las declaraciones del Ministro, el General Mojica, de que gracias a esa carretera desde allí saldrán los nuevos Daríos de la Nicaragua del siglo 21. Castro se molesta, dice que no está autorizado a hablar al respecto, que ésas son declaraciones del Ministro, que no opinará.

El Comisionado Mayor Castro, de la Policía Nacional de Nicaragua en El Rama, es saludado por uno de sus subalternos durante un acto de formación en la estación central de la policía de El Rama.

Insisto, me dice que no quiere hablar del tema. Entonces le digo que algunas personas de la comunidad me han dicho que en El Rama existen al menos 56 cantinas oficiales, y a eso habría que sumarles las clandestinas, y una sola biblioteca, qué cómo es eso posible.

–Hacé el stop, ya no te contesto. –Me dice, y entonces apago la grabadora. A partir de este momento hablamos off the record, hablamos para nosotros, y Castro me manifiesta su descontento.

Su rostro cambia, y pasa de ser el policía amable y accesible, que aparenta no tener la necesidad de pedir permiso para hablar con la prensa a ser más un tipo retraído y mal encarado, que ve cada tanto a su teléfono celular, para luego decirme que está confundido, que él creyó que la entrevista era sobre otra cosa. Yo le explico que mi deber es preguntar, se queda callado por un momento. Entonces le digo que él es la única autoridad que ha decidido atenderme, que por eso se lo pregunto, sino a quién. Me pide que me vaya, que ya no hablará más conmigo.

Las cantinas en El Rama, para funcionar deben sacar un permiso de operación, ese permiso lo extiende la unidad de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, es decir, que en El Rama, es Castro quien autoriza esos permisos.

Para el sacerdote Bans, esto genera un enorme peligro, las cantinas no sólo son cantinas, El Rama es un puerto y éstas son además burdeles –me dice–. Pero el párroco dice que no puede llevarme a conocerlas, que eso se vería mal si ven entrar a una cantina al cura de la comunidad con un extranjero, «lo entiendo» le digo, y ambos nos quedamos callados.

Un niño observa mientras los actos de inauguración de la carretera pavimentada en El Rama terminan.

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–¿Alguna vez usted ha ido a ver jugar la selección de beisbol?

–No.

–¿Alguna vez ha ido al cine?

–No, jamás.

En la comunidad de San Marcos de El Rama vive Mario, un obrero de la palma africana para la Wapí Industrial, una empresa que espera invertir –según la Comisión Nacional de Zonas Francas– al menos unos 12 millones de dólares en la construcción de su planta extractora en 2018.  Mario labora aquí desde hace año y medio, gana unos 120 córdobas diarios (3.85 dólares), unos 3 mil 600 córdobas mensuales (115.5 dólares), por sus labores de corte de la fruta de palma africana. Mario jamás ha ido a ver jugar a la selección de beisbol nicaragüense. Mario jamás ha ido al cine, porque una entrada al cine puede llegar a costar 200 córdobas (6.42 dólares), porque en su comunidad las personas como Mario ni siquiera pueden imaginar cómo es un cine ubicado en un centro comercial a muchos kilómetros de su hogar.

Los 3 mil 600 córdobas al mes (115.5 dólares) que gana Mario sólo son posibles si logra llegar a las metas de corte diario que la empresa ha establecido, de lo contrario, lo que gana es otra cosa, completamente distinto, gana lo que haya hecho aunque haya trabajado la jornada completa que comienza a las 4 de la mañana, cada día.

Cuenta Mario que las empresas como Wapí Industrial no tienen regulación laboral, lo que les da carta libre para que paguen a los trabajadores según les parezca mejor. El Grupo E Chamorro invirtió 38 millones de dólares en la primera etapa del proyecto Wapí Industrial y cuando terminé en 2018 la construcción de su planta extractora, que significará 12 millones de dólares adicionales, la inversión del Grupo E Chamorro en su proyecto Wapí Industrial será de 50 millones de dólares.

Si un obrero completa la jornada con niveles de producción dentro de los estándares de la empresa entonces gana el jornal completo, de lo contrario, no. Esto, me dice Mario, se debe a que nadie regula las condiciones contractuales entre trabajadores y empresa.

El acceso a salud es mínimo, su salario es mínimo, lo que sería un eufemismo por querer decir que es poco, escurridizo, sus posibilidades son escasas. Su esposa y sus dos hijas son su familia, en su casa, cada miembro depende de él, por lo que Mario no puede permitirse no cumplir los niveles de producción y afectar el ingreso familiar, no puede incluso permitirse estar enfermo. No puede tantas cosas que ni siquiera se pregunta por ellas, no las cuestiona, no las imagina, no tiene tiempo para pensar en todo lo que no tiene, pero está consciente que lo que gana es nada.

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Berman Bans durante la eucaristía en la iglesia central de El Rama, Bans es el párroco de la Parroquia San Isidro Labrador, una parroquia con 81 comunidades, la más grande de la región del atlántico sur de Nicaragua.

Berman tiene un poco más de dos años de estar en la Parroquia San Isidro Labrador, en este tiempo, una de sus preocupaciones como sacerdote ha sido encontrar aquellos hilos que conduzcan a la sanación espiritual de los feligreses de su parroquia: la sanación de las heridas post guerra.

La post guerra en Nicaragua ha dejado un camino de desolación y pobreza extrema en las áreas rurales como El Rama que no encontró solución ni en los gobiernos liberales ni en los gobiernos sandinistas, Bans atribuye esto a la manera en la que se distribuye la riqueza, a la forma en la que intervienen las transnacionales en el país, sin dudar, cree que esto abona como causas significativas a las condiciones adversas en las que viven las comunidades de su parroquia pero esto también es una generalidad en la que se encuentra sumergida toda Nicaragua. Una Nicaragua entristecida en la que algunos deciden emigrar a Costa Rica, otros, si lograron sacar estudios universitarios, optan por becas de estudio como forma de huir de un territorio deprimido.

–Aquí te quedás un fin de semana y parece un capítulo de The Walking Dead con todos los borrachines que andan en la calle como zombies.

Bans narra su historia y la de su parroquia desde la preocupación, narra desde la observación, en un país que no arroja cifras oficiales claras por ninguna situación, lo que queda es especular. En El Rama se especula sobre la cantidad de cantinas, se especula que funcionan como lugares donde la prostitución tiene luz verde, se especula las razones por las que es tan alarmante el incremento evidente del alcoholismo en las calles. En Managua parece ser igual, se puede ver a simple vista bares y cantinas abarrotados, el bullicio y la desorientación, caminar en una noche calurosa de Managua es caminar también para observar a los jóvenes entre la cerveza y un playlist de la revolución, iluminados sus rostros por los árboles de la vida. En el portal centralamericadata.com una gráfica sobre la importación de bebidas alcohólicas en la región indica que entre los meses de enero y septiembre de 2016 las importaciones nicaragüenses en bebidas alcohólicas fueron de 8,79 millones de dólares, estos datos pueden verse a ligera, insignificantes ante los 50,01 millones de dólares de importaciones guatemaltecas o los 26,10 millones de dólares de importaciones hondureñas. Parece que somos una región que necesita ir a la doble A con urgencia.

–¿Es feliz la gente de tu parroquia?

–Creo que allí hay que ver qué concepto de felicidad tenemos, yo creo que la felicidad no existe en el sentido como que fuera un estado, algo estático, yo no creo en esa felicidad, en eso soy más discípulo de Schopenhauer o Ciorán. No creo en la felicidad que nos ha metido el sistema estandarizado de una especie de golpe emocional. Alguien decía por allí, creo que Herman Hesse, de que la felicidad era una forma de ir caminando, en ese tipo de felicidad sí creo, y si podríamos tomar eso como premisa yo podría decir que mis feligreses son felices en ciertos momentos del camino pero son tremendamente infelices en otro tramo largo del camino.

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Cada año es una oportunidad nueva para que Daniel Ortega se muera, me dice una joven en un bar de Managua. Todos los años ésa es la noticia que los jóvenes esperan sea confirmada, como si Nicaragua haya sido escrita por Rulfo, como si al morir el patriarca nicaragüense se escribiera el final de su historia.

-Crecimos, pero pa’ que otro se aproveche
Somos un pueblo con dientes de leche
Los hijos del trabajo sin merienda
La limonada para el capataz de la hacienda-

Hijos del cañaveral, Residente.

La zafra -esos meses en que hay cosecha de caña de azúcar- pone el cielo más gris, el calor más intenso. En El Progreso, Yoro, La Lima y San Pedro Sula en Cortés, la contaminación que esto genera, los camiones gigantes cargando la caña deteriorando las calles y el movimiento de trabajadores en precarias condiciones es algo a lo que nos hemos acostumbrado.

En Honduras 77,484 hectáreas están cultivadas con caña de azúcar, según la Asociación de Productores de Azucar (APAH). La agroindustria azucarera aporta 25 mil empleos directos y 200 mil indirectos en el contexto del ciclo 2017/18 que tiene como meta cosechar 12.3 millones de quintales para abastecer el mercado interno y la generación de 85 millones de dólares en divisas en concepto de exportaciones.

Un 68 por ciento de la producción nacional se queda en el país y el 32 por ciento restante, se exporta a diferentes mercados, sobre todo al norteamericano y al chino. Allí, estos trabajadores aportan a la economía hondureña, nos abastecen de azúcar y además de energía porque la industria cañera también vende energía renovable al Estado de Honduras.

En el intenso calor del cañaveral, trabajan sin alguna protección muchos hombres, jóvenes y viejos que se ganan el día trabajando desde las 4 de la mañana, sus rostros se esconden en el carbón de la caña quemada.

 

“Si nosotras paramos, para el mundo», es una de las consignas que desde el año 2015 los movimientos de mujeres organizadas han posicionado cada 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esa fue la consigna ayer en las calles de Tegucigalpa.

La propuesta surge del movimiento de mujeres en Argentina e idealmente pretende que todas las mujeres de más de 150 países a nivel mundial “paren” sus acciones y labores cotidianas para trastocar la economía de sus países, para hacer sentir su ausencia. “Es un llamado de atención a estos gobernantes corruptos que nos tienen pobres y muriendo en la violencia” enfatizaba doña María Gregoria Meza, vice presidenta de la Red de Mujeres de La Esperanza, Intibucá, quien desde las 4:00 de la mañana viajó con rumbo a Tegucigalpa junto a unas 30 mujeres indígenas, para participar en una protesta que culminó en la Plaza Central Francisco Morazán en la capital. Una ciudad muy diferente a sus entornos rurales.

En una de las esquinas de esta misma plaza, “Maya” no paró. Maya se levantó temprano ese día, como cualquiera, para ejercer el trabajo sexual.

Esbelta, alta y de piel trigueña, con 36 años de vida, Maya trabaja a tiempo completo como trabajadora sexual desde los 22 años. A Maya le preocupaba no hacer aunque sea los 500 lempiras que en un mal día hace.

«La situación está bien difícil en este país, ya casi va a ser Semana Santa y en esa semana hay poco trabajo. Nosotras no paramos como dicen esas mujeres que vienen en la movilización, tenemos que comer, nosotras no nos podemos dar el lujo de no trabajar un día», dice Maya quien comparte realidad en esa misma plaza con 20 mujeres más, unas prostitutas, otras vendedoras ambulantes. Maya dice que las reglas de la calle son claras y ellas ya no dejan entrar a otra mujer más a trabajar en su zona, les ha costado muchos años y riesgos ganarse el territorio.

Mientras Maya cuenta esto, en la plaza suena la protesta de organizaciones feministas y de mujeres.

“Hoy paramos porque históricamente no nos dejan decidir sobre nuestros cuerpos, porque estos han servido a las organizaciones criminales, a los militares, a los funcionarios y a los religiosos como campos de batalla”, decía Katto Salinas del Colectivo 4 Lunas. En Honduras es asesinada una mujer cada 16 horas y el 90% de los casos quedan en la impunidad, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Se desconoce cuántas mujeres se dedican al comercio informal y al comercio sexual, pero las calles llenas de mujeres trabajando todos los días de forma precaria es la imagen que da rostro a la alta cifra de desempleo que tiene el país.

Liliana Andino una mujer de 51 años, comparte con Maya el espacio, solo que ella vende golosinas en su chiclera. Lleva 30 años en esa rutina, sin parar porque tiene una hija y es madre soltera.

Entre risas, peleas por el espacio compartido con doña Cruz su vecina de venta alrededor del árbol y las pláticas de sus clientes, que en su mayoría son hombres en busca de cigarros; transcurren sus días.

«Yo sé que hoy es el día de la mujer, como el 25 de enero que yo cumplo años, pero no puedo andar en esas marchas y bailes porque tengo que hacer para comer… aunque nos vienen a invitar las muchachas de las organizaciones, uno no puede dejar el trabajo botado» explicó a Contra Corriente Liliana cuando la movilización de mujeres está por terminar frente a la Catedral de Tegucigalpa.

De 3.6 millones de hondureños y hondureñas que componen la Población Económicamente Activa, sólo el 37% son mujeres y casi el doble (63%) son hombres, según datos que maneja el Observatorio del Derecho Humano la Alimentación en Centroamérica. En Honduras hay 2 millones de desempleados, ante esto la opción es el comercio informal. La postal del centro de Tegucigalpa y San Pedro Sula que cada día muestra más personas en las calles en pequeños puestos de miles de artefactos o golosinas para la venta, lo ratifica. El comercio sexual, a pesar de ser ilegal, es también otra opción que cada vez se hace más evidente.

Maya y sus compañeras vieron como las actividades finalizaban desde su banca, ni siquiera de su asiento pueden moverse, porque corren el riesgo de que otra lo tome. “Y si a eso le sumamos las peleas constantes que tenemos con los municipales (policías), sinceramente es imposible parar o moverse a esa marcha que hacen” expresa Maya mientras sigue lamentando que sin duda para ella ese 8 de marzo fue un día igual a los demás.

 

La reelección de Juan Orlando Hernández en la presidencia ha sido acompañada de varios discursos en sus apariciones públicas en este 2018, en el marco de la crisis post electoral hondureña y también en el contexto del ambiente de corrupción que impera en el país.

Hernández ha dicho que su administración ha combatido la corrupción y fundamenta esa afirmación en tres ejes: fortalecimiento institucional, transparencia y alianzas con organismos internacionales.

Contra Corriente se dio a la tarea de comprobar su discurso, consultando informes de organizaciones nacionales e internacionales y también consultando a las fuentes involucradas en este tema.

En nuestro polígrafo le contamos qué tanto ha mentido Hernández en sus discursos públicos en este 2018.

Hacer click en el + para comprobar la frase.

“Nos preocupa la renuncia de Juan Jiménez porque queremos seguir en la ruta de la lucha contra la corrupción e impunidad”

Discutible: El presidente Juan Orlando Hernández expresa cada vez que puede su apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), afirmando que desde su gestión están dispuestos a enfrentar la corrupción en el país.

El punto de discusión se da cuando el discurso no se convierte en realidad, sobre todo al observar los hechos relacionados a las investigaciones que la MACCIH ha realizado en conjunto con el Ministerio Público, específicamente el caso denominado “red de diputados” el que es directamente obstaculizado por las reformas a la Ley de Presupuesto, aprobadas el pasado 20 de enero y que limita el papel investigativo de la MACCIH.

Las reformas a la Ley de Presupuesto, se dieron a través de un proceso polémico en el Congreso, en el que por mayoría simple se aprobó un contenido en particular y al aparecer la reforma en el Diario Oficial La Gaceta tenía otro tipo de contenido adulterado por parte de los promotores (el Partido Nacional), la MACCIH reaccionó ante el procedimiento y lo calificó como un pacto de impunidad, que pretende proteger a varios diputados de las investigaciones relacionadas a uso de fondos estatales para usos personales.

Luego de la reforma, los diputados del Congreso Nacional han pedido la derogación, el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal dijo que están a la espera para que la Junta Directiva del Congreso Nacional dé el trámite correspondiente a la moción.

Villeda asegura que por el momento no ve voluntad para que avance la iniciativa y eso demuestra la falta de voluntad del partido de gobierno para avanzar en materia de investigación y de esa forma abrirle el camino a la MACCIH para que trabaje. Por su parte, Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, dijo que hubo errores de estilo en la publicación de la reforma, por lo tanto presentaron una fe de errata para justificar el cambio.

La reforma a pesar que fue aprobada en el Congreso Nacional tiene directa relación con el presidente Juan Orlando Hernández. La primera hipótesis de la MACCIH en torno al dinero desviado por parte de los diputados fue que sirvió para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en esa hipótesis se manejan sobornos que fueron entregados por el partido de gobierno para favorecer los intereses reeleccionistas de Hernández.

En ese caso de corrupción, según la MACCIH, también está involucrado el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, mano derecha de Hernández en ese poder del Estado.

“Se avanzó de manera importante en el combate a la corrupción, tenemos que seguirlo haciendo”

FALSO: En la actualidad uno de los sectores más críticos a esta afirmación es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), estructura que ha denunciado múltiples casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

A finales de febrero, el CNA presentó un informe en el que menciona varios casos de corrupción que siguen en la impunidad ante la vista y paciencia del Ministerio Público (MP). Entre los casos mencionados se encuentra el del Instituto de Formación Profesional, Tribunal Supremo Electoral, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Secretaría de Salud e incluso el despacho de la primera dama en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

En estos casos se vincula directamente a dirigentes del Partido Nacional, como: Rolando Dubón Bueso, diputado de Santa Bárbara y el diputado más votado de Francisco Morazán, David Chávez. Por ahora el único caso de los mencionados que ya tiene una captura en procedimiento es el de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo. De 67 casos presentados por el CNA, solo diez han sido judicializados.

“Felicito a todo el equipo del fiscal Chinchilla porque se ve en ustedes la voluntad de que el país cambie y mejore”.

Discutible: En términos de voluntad, la afirmación de Hernández es totalmente discutible, en este momento el Ministerio Público es una de las instituciones más ineficientes del país, con un índice de impunidad por arriba del 90% en los crímenes violentos. Asimismo la impunidad es, a criterio de economistas, el primer factor para obstaculizar el desarrollo económico del país, así lo dice el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras.

Asimismo Amnistía Internacional en sus informes oficiales sigue mencionando a Honduras como uno de los países donde la impunidad sobresale en violaciones a derechos humanos, sobre todo en la crisis post electoral que ya deja más de 34 asesinatos políticos, de los cuales ninguno ha sido judicializado.

Un sector de sociedad civil denuncia la falta de voluntad política en el Ministerio Público para investigar los asesinatos políticos, asimismo para brindar resultados sobre las denuncias a violaciones a derechos humanos.

De la misma forma el CNA denunció en su informe de 2018 de casos que continúan en la impunidad, que el MP no ha tenido la voluntad política para judicializar a muchos funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados en actos de corrupción.

En el otro extremo, la MACCIH alaba el papel del MP a pesar de las moras judiciales, y es que la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) que en este momento dictó requerimiento fiscal contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo y también puso en marcha el proceso contra la red de diputados, son factores que generan esta reacción desde la MACCIH.

“Promoví que combatiría la corrupción y la transparencia”

Discutible: Honduras en este momento es un país con límites directos en lo que corresponde a acceso a la información pública y por ende transparencia. La existencia de la Ley de Secretos Oficiales impide que la ciudadanía pida información sobre el manejo de las finanzas estatales, prohibiendo su conocimiento y judicializando su divulgación por ser denominada información de seguridad nacional.

Dos años se cumplen del asesinato de Berta Cáceres. Dos años acompañados de protestas, denuncias e impunidad. Justo este día que se cumplen dos años, las autoridades de investigación hondureñas dieron captura al expresidente de la junta directiva de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), Roberto David Castillo Mejía, quien es considerado como uno de los autores intelectuales del crimen.

La captura se dio en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, cuando Castillo se preparaba para salir del país, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público concretaron la acción.

Castillo es el noveno sospechoso del crimen de Berta, pero sus compañeros, familia y la comunidad internacional piden ir más allá de capturar a los autores materiales.

«Nosotros estamos pidiendo la captura de los miembros de la Junta Directiva de DESA, ellos cuando asesinaron a mi madre tenían a varios funcionarios y ellos eran los encargados de la campaña de odio hacia mi madre»- dijo Olivia Zúniga, horas antes de la captura en un plantón frente al Ministerio Público de Tegucigalpa. Zúniga es ahora diputada en el Congreso Nacional y ha propuesto la «Ley Berta Cáceres» que cancelaría concesiones a empresas de producción hidroeléctrica especialmente el contrato que el Estado sostiene con DESA. La moción es fundamentada en las ilegalidades que tienen estos procesos y que incluso en su momento fue denunciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

El propio Partido Nacional, principal impulsor de proyectos como DESA también reaccionó ante esa iniciativa. Gladys Aurora López, diputada por el departamento de La Paz y una de las principales funcionarias acusadas de tener vínculos con la industria hidroeléctrica, aseguró que ahora toca esperar el procedimiento correspondiente y que en su momento será el pleno el que decida si esto tiene eco o no.

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Para este viernes 2 de marzo, el plantón en exigencia por justicia se dio en el Ministerio Público. Luego del plantón en el que participaron aproximadamente unas 400 personas, un grupo de la organización de Cáceres se reunió con las autoridades del Ministerio Público, quienes detallaron los avances en las investigaciones.

El Ministerio Público, en un comunicado, amplió las pruebas que incriminan a Castillo, y es que la ATIC afirma que Castillo fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesados por el asesinato.

A la fecha suman nueve personas detenidas por este caso, entre ellos: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio,  Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

Por su parte DESA reaccionó a través de un comunicado en el que asegura que Castillo es una persona que no está vinculada con el crimen, por lo cual recalcó que harán todas las gestiones legales correspondientes para ponerlo en libertad.

Además manifestó que ellos están comprometidos con la justicia, y que esperan que verdaderamente den con los responsables del crimen, pero que en este caso el señor Castillo es inocente de los cargos que le imputan.

La captura generó reacciones de diversos sectores, uno de ellos, el de los involucrados, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras a través de sus plataformas digitales oficiales, dijo que esta captura se da gracias a la presión de la comunidad internacional y del movimiento popular hondureño.

En ese sentido, exigieron profundizar las investigaciones contra todos los implicados, especialmente los autores intelectuales del crimen.

El proceso judicial contra Castillo sigue su curso, él enfrentará las audiencias en un juzgado de Tegucigalpa, donde se determinará si el imputado se defiende en libertad o en el caso contrario será enviado a prisión preventiva.

Una mujer indígena lenca sostiene una pancarta en la que se exige justicia por el caso de Berta Cáceres durante el plantón realizado en horas de la mañana de hoy 2 de marzo, frente al Ministerio Público, a dos años de la muerte de la ambientalista. Foto: Martín Cálix

Ayer, Rosa Elena Bonilla ex primera dama por ser esposa de Porfirio Lobo Sosa, pasó su primera noche en el Centro de Detención Femenino de Adaptación Social (CEFAS) en la cárcel de Támara, Francisco Morazán. “La caja chica de la dama”, como lo nombró la Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH), es el caso por el cual se le dictó orden judicial a Bonilla y cuenta una malversación de 19.7 millones de lempiras en transferencias irregulares desde el Despacho de la Primera Dama y sobrevaloración de calzado para niños en concepto de donación.

A pocos meses de la reelección del Fiscal General y Adjunto y tras la renuncia del equipo de Juan Jiménez Mayor a la Maccih, ayer capturaron a Rosa Elena Bonilla, algo que representa un duro golpe contra la red de corrupción que ella creó y que malversó fondos estatales de 2011 a 2015. Aun algunos analistas ven con escepticismo el avance de esta investigación que desde 2013 el Consejo Nacional Anticorrupción había presentado al Ministerio Público.

“Puede ser un distractor de lo que está pasando en el país, además es un claro mensaje que ayudaría a que el actual fiscal se reelija en agosto”, expresó la abogada Miroslava Cerpas del Centro de Investigación, Promoción y Derechos Humanos (Ciprodeh).

La elección del fiscal general y adjunto se realizará en agosto y Oscar Chinchilla podría reelegirse. Chinchilla ha sido cercano a Juan Orlando Hernández desde que fue el único magistrado que no fue destituido de la Sala de lo Constitucional, el único que no votó en contra de las ciudades modelo en ese poder del Estado.

La Maccih abandera este caso como un logro y ejemplo del compromiso que tienen para luchar contra la corrupción “desde la institucionalidad hondureña”, así lo dejó claro en un comunicado la vocera interina Ana María Calderón. El caso prosperó hasta el requerimiento fiscal de ayer porque el Ministerio Público lo tenía desde 2013 y el año pasado lo pasó a la Unidad de Fiscales Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC), que lidera el fiscal Luis Javier Santos. Cuatro meses le bastó a la UFECIC para hacer lo que el MP no hizo en 4 años. A pesar de esto, el analista político Leonardo Pineda cree que el MP estará dando golpes así hasta agosto para garantizar la reelección de Oscar Chinchilla como fiscal general.

“Este caso de la familia Lobo –porque esta familia entera ha caído en desgracia- era un candidato para sacar el provecho y dar esa imagen de que se está haciendo algo”, expresó en entrevista con Contra Corriente.

Porfirio Lobo Sosa, el presidente de la reconciliación nacional después del golpe de Estado ha estado rodeado de escándalos de corrupción e involucramiento con el crimen organizado. Su hijo, Fabio Lobo fue enjuiciado en Estados Unidos por ayudar a traficar drogas al cartel de los Cachiros, Lobo Sosa también ha sido señalado por lo mismo.

Una figura sin fiscalización

Para Pineda, es un acto de corrupción solamente que la primera dama haya tenido acceso a fondos internacionales para programas sociales porque no está contemplado en ninguna ley que esta figura deba manejar esos presupuestos. “Hay un problema porque la figura de la primera dama no está regulada, no se ha podido fiscalizar”, dijo.

La Maccih instó a que la investigación continuara porque Bonilla es solo una pieza de la red de corrupción. Bonilla tenía una organización no gubernamental, “Una libra de amor”, la fundó cuando era presidenta de la asociación de esposas de los diputados y según reportes de Diario El Heraldo recibió fondos del Congreso Nacional para programas sociales.

El caso de la caja chica especifica una red de 10 personas, ella que recibía fondos directamente del despacho de la primera dama y como coordinadora del proyecto “Calzando a los niños de Honduras”, donde sobrevaloró zapatos infantiles generando un perjuicio contra el Estado de Honduras por 7.7 millones de lempiras. A pocos días de terminar su mandato, Rosa Elena Bonilla transfirió 12 millones de lempiras a su cuenta personal de cheques. La Maccih incluso reveló que parte de los fondos sustraídos de cuentas del Estado fueron destinados para el pago de colegiaturas y cirugías médicas de sus familiares.

Sin embargo, no lo hizo sola, tenía una red de 9 personas que recibieron más de 70 cheques para hacer estos movimientos, otra pieza importante en este rompecabeza fue su cuñado Mauricio Mora. Todo el acto de corrupción en el sistema financiero, específicamente a través de Banco Ficohsa.

La forma de operar permitió que el requerimiento fiscal se diera por tres delitos: malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

Por su parte, Miroslava Cerpas asegura que esto responde a la presión del gobierno de Estados Unidos de adecentar el Estado de Honduras en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo norte, el eslabón débil ha sido el gobierno de Lobo Sosa porque desde que salió del poder ha sido señalado e investigado. “Si vemos el caso de Lena Gutiérrez no hay audiencias, tiene privilegios por estar cerca del gobierno actual. También si vemos el caso de la red de diputados podría quedar impune porque ellos siguen en el poder”, concluyó.

A Bonilla ya se le han incautado 10 bienes y 3 a supuestos testaferros. Mañana continúa la audiencia y la investigación ha entrado en secretividad, según el comunicado de la Maccih y estarán pendientes de próximos requerimientos fiscales estos días para desarticular esta red diseñada para la extracción de bienes del Estado.

En el Colegio Médico de Honduras (CMH), un grupo reducido de personas rindió homenaje la semana pasada a Daniel Urrutia, Andrés Paz, Julio Arbizu y el vocero de la Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, agradeciendo su esfuerzo por la lucha contra la corrupción diciendo ¡Misión cumplida! Pero las renuncias de este equipo Maccih se dieron ante múltiples obstáculos de las instituciones nacionales como de la misma Organización de Estados Americanos (OEA) para que la Misión fuera fallida. Un acto que parecía el funeral de la lucha contra la corrupción.

En otro punto de la capital, el mismo día del homenaje, el fiscal general, Oscar Chinchilla quien podría reelegirse en el cargo, junto con el presidente Juan Orlando Hernández daba los avances en procesos investigativos, destacando avances en la lucha contra el narcotráfico. “Estos resultados mandan un mensaje de un Ministerio Público muy fortalecido y por eso destacamos el trabajo de Óscar Chinchilla. Les damos todo el mérito que se merecen”, agregó Hernández, dando el espaldarazo para la reelección de Chinchilla en la elección de agosto próximo. Chinchilla agregó que se aumentó de 500 a 940 fiscales y la meta es llegar a tener 2000.

La elección del fiscal general en agosto comienza a generar propuestas. En su cuenta de Twitter, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, opositor del gobierno actual, propuso al exfiscal del Estado Edmundo Orellana del Partido Liberal, también a Luis Javier Santos, actual fiscal de la Unidad de Fiscales Especiales contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) quien ya ha sufrido atentados y amenazas por su lucha anticorrupción, Víctor Fernández exfiscal del Ministerio Público y actual dirigente social y a Omar Menjívar, exfiscal también y abogado del movimiento social hondureño.

Chinchilla y la Maccih trabajaron los últimos meses para la creación de la Unidad de Fiscales Anticorrupción y para que casos como el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) avanzaran, Mayor se acercó al fiscal, sin embargo no fue suficiente para sostener las investigaciones que comenzaban a tocar estructuras criminales dentro de los poderes del Estado, sobre todo de los diputados en el Congreso Nacional y casos como el que involucraba al presidente Lobo Sosa con el cartel de los Cachiros y redes de corrupción en el concesionamiento para el desarrollo de hidroeléctricas. También se comenzaba a mencionar redes que tocarían al gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Mayor advirtió antes de irse que compañeros de su equipo ya sufrían intimidaciones y amenazas por el trabajo de investigación y claramente el Estado de Honduras no está dando las garantías para continuar. «Ya hay compañeros amenazados de muerte, han hackeado correos personales; esto no es de personas decentes. Hay 40 personas que siguen trabajando en UFECIC y espero que tengan apoyo internacional. Honduras no se merecía este espectáculo”, dijo.

Por su parte, el juez internacional Daniel Urrutia, acusó a Luis Almagro, Secretario de la OEA, de estar vinculado con los corruptos que le temían a la MACCIH. Esos sectores corruptos que manejan la institucionalidad.

Ese mismo día, el día de todos los funerales, con los floreros en las mesas, antorchas que simbolizaban aquel elemento que hace unos años impulsó la creación de lo que ahora era la MACCIH; la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaraba inadmisible dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto Nacional, mejor conocida como “Pacto de Impunidad” por blindar a más de 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva de ser investigados por la Maccih y el Ministerio Público por el drenaje de fondos públicos a través de ONGs. El caso que la Maccih llamaba “Red de diputados”.

“Es muy grave la declaración de inadmisible a dos recursos de inconstitucionalidad contra #PactodeImpunidad, que la OEA admita su responsabilidad. Pudimos hacer más pero tuvimos muchos enemigos. También estoy indignado como ustedes. La corrupción en Honduras es tan impune que sigue sin castigarse a pesar de dejar huellas, los sobornos los pagan con cheques y allí están. Los políticos de Honduras no entienden que no deben robar y si siguen así las cosas serán peores. Nosotros nos vamos pero ustedes se quedan”, reaccionó Juan Jiménez Mayor antes de irse.

Y como si ese día no había sido suficientemente catártico, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó a la misma hora que el evento del Ministerio Público, un informe sobre redes de corrupción que ellos han preparado y presentado ante las autoridades y que siguen sin dar respuestas desde el año pasado. El CNA presentó 6 líneas de investigación en las que el Ministerio Público no ha avanzado por tratarse de altos funcionarios del Partido Nacional: desfalcos en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Secretaría de Salud, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Despacho de la Primera Dama período 2010-2014, casos que podrían ser mucho mayores al del mismo IHSS.

Como resultado del análisis de contratos adjudicados por seis (6) instituciones públicas se identificó el monto de 401,996,468.16 lempiras, alrededor de 17 millones de dólares, que mediante la adquisición de bienes o servicios generaron variaciones en los costos que fueron cotejados con los precios reales de mercado, generaron un perjuicio para el Estado de Honduras de 195,299,178.97 lempiras, unos 8,300,007 de dólares.

Desde 2014 al 2017 el CNA ha presentado 67 líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, de las cuales únicamente 10 han sido judicializados.
En el caso de venta de medicamentos sobrevalorados al sistema de salud público es una red de 383 funcionarios públicos y 4 personas particulares las investigadas, denunciadas desde mayo de 2017, más 112 funcionarios en venta de insumos a hospitales.

En el caso de dos hidroeléctricas, Patuca III y el Campamento Aguán en Arenales, Yoro, 4 funcionarios investigados entre ellos Roberto Martínez Lozano, exgerente de la ENEE que habría pactado varios contratos con empresas de los líderes del cartel de narcotráfico de Los Cachiro para lavar dinero y drenar 17 millones de lempiras en estos proyectos.

El actual magistrado de la CSJ, de la sala de lo penal, José Odilio Rodríguez, fue señalado por un caso de corrupción que desfalcó el Instituto de Formación Profesional (INFOP). Además de presentar acusaciones contra la exprimera Dama Rosa Elena de Lobo por el desfalco al Programa de asignación familiar (PRAF).

Y aunque parecía que el funeral ya había culminado con los diferentes homenajes brindados a Juan Jimenez, la semana finalizaba el viernes con la caravana de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, liderada y convocada por José Manuel Zelaya, quien en entrevista con Contra Corriente afirmó que solo queda apelar a la moral, por eso la caravana terminaría frente a las oficinas de Naciones Unidas al no poder llegar a la OEA, volviendo al clamor por una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Aunque el mensaje de Jiménez Mayor con su renuncia a la Maccih fue fuerte, Zelaya asegura que a él ya nada le sorprende, y en su opinión la Maccih debió hablar antes, así como el CNA y todos quienes intenten dar nombres en estos momentos.

La caravana fue de noche, por sectores que en Tegucigalpa se han mantenido en resistencia, una insurrección que se hace después de las horas laborales, recorriendo calles en vehículos, cantando la famosa canción “Joh es pa fuera que vas”, exigiendo que todo se vuelva a elegir, que el Estado se rediseñe.

La convocatoria de la Alianza para el día siguiente fue continuar la insurrección y juntarse en un plantón frente a las cárceles de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, para exigir liberación de “presos políticos”.


El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió un comunicado el sábado que llevó como acción impedir la visita en las cárceles y lanzar a las carreteras a policías y militares. “De forma insistente Nasralla y Zelaya están buscando liberar a los delincuentes de alto riesgo, con los cuales están aliados para volver a los disturbios, bloqueos de calles, incendios, saqueos, agresiones y violencia, amenazando a las personas y extorsionando con “impuesto de guerra’, lo que impide que los buenos hondureños puedan ir a sus trabajos, llevar a sus hijos a las escuelas, paralizar el comercio y hasta impedir que las personas reciban atención médica orillándolos a la muerte… todas estas estrategias de Nasralla y Zelaya, que tienen como fin buscar confrontaciones y fomentar violencia, al mismo tiempo de promover su alianza con organizaciones criminales, han sido identificadas por las agencias de Seguridad, y el Estado tomará las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la población”, reza el comunicado.

Ante este comunicado, la Alianza de Oposición contra la dictadura canceló el plantón frente “El Pozo” destinado para el domingo, dejaron solos a los convoys militares, cobras y policía preventiva que se podían visualizar en las carreteras principales que llevaban al punto de encuentro. Fuera de “El Pozo”, al menos 100 personas en fila esperaban poder dejarles, al menos, la comida a sus familiares presos.

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“El que ríe de último ríe mejor”, dijo Jiménez Mayor en su propio homenaje despidiéndose de Honduras, mientras algunos acompañantes lloraban. Algo murió con el terremoto en la Maccih. Mientras tanto, Honduras queda sumido en la impunidad, encerrado y sin posibilidades de tener una misión independiente para investigar las redes de corrupción ya conocidas pero que siguen operando.

Un tweet de Juan Jiménez Mayor anunciando su renuncia como vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), marcó esta semana un nuevo punto de discusión en la agenda política nacional. Mayor argumentó que su renuncia se debe exclusivamente a diferencias con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sin embargo también la institucionalidad hondureña cerró poco a poco el camino a las investigaciones por las que la misión existe.

La Maccih fue cuestionada desde su instalación por no «tener dientes», es decir, no tener un mandato lo suficientemente fuerte como para romper la muralla que representa la institucionalidad hondureña cuando de proteger a los corruptos se trata. Mayor logró trabajar de cerca con el fiscal general Oscar Chinchilla quien además fue cuestionado por ser cercano al presidente Hernández, sin su apoyo la Maccih no pudo haber dado ningún paso en las investigaciones dijo Mayor y aseguró no tener problemas con el presidente Hernández, a pesar que miembros de su partido y allegados a su gobierno habían iniciado una campaña de desprestigio y también de amenazas en su contra.

La Misión seguirá trabajando dijo Mayor, sin embargo otro de sus pilares, el ex procurador de Perú Julio Arbizu renunció también y con otro determinante tweet manifestó su malestar con la secretaría general de la OEA por no respaldar su gestión de lucha contra la corrupción en el país.

“Yo no creo que en la política haya casualidades, y eso siempre lo he dicho, por ejemplo el caso de los diputados que fueron declarados inocentes por la red de corrupción, eso es una acción que genera impunidad”, dijo Mayor en una entrevista a un medio de comunicación capitalino.

Juan Jímenez anunció en diciembre del 2017 la investigación de una red de corrupción en el que diputados y diputadas estaban involucrados en desviar fondos del Estado, entre ellos anunció una investigación por ese mismo caso contra el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

“No he tenido amenazas concretas, pero sí me he dado cuenta que quienes están siendo investigados han pagado una firma auditora para que me investigue, pero les quiero decir a los corruptos que no gasten su dinero, que no encontrarán nada”, dijo Jiménez, días antes de interponer su renuncia.

La MACCIH ha denunciado un pacto de impunidad generado por la aprobación a la Ley de Presupuesto, que limita la investigación contra funcionarios públicos involucrados en desvío de fondos y pagos de sobornos, pero la denuncia ha quedado hasta ahí, porque la secretaría de la OEA no ha hecho nada más e incluso no atendió a Mayor cuando viajó a Estados Unidos para exponer sobre el tema. Pero no solo esta investigación muestra los obstáculos que tuvo la Maccih desde que llegó al país. Mayor comenzó a tocar estructuras intocables en el país al entrar en investigaciones como la red de corrupción en concesionamiento de proyectos como el caso que terminó en el asesinato de Berta Cáceres en el que se involcura claramente la fuerza militar, la élite económica y funcionarios corruptos, o el caso de corrupción trasnacional de Odebrecht en la construcción de una hidroeléctrica que salpicaría a varios gobiernos. Mayor en varias ocasiones mencionó que hubo maniobras por parte de funcionarios para que el caso del IHSS quedara en la impunidad y fue la presión de la Maccih la que no permitió esto. La Maccih desde su instalación exigió la derogación de la Ley de Secretividad y otras piezas del andamiaje legal que no les permite avanzar en las investigaciones.

«Cuando una ley de este tipo es aprobada la gente dice que le han echado un gol a la Maccih, pero no, le han echado un gol al pueblo hondureño a ustedes es a quien están afectando», dijo Mayor en una conferencia de prensa meses atrás recordando que la Maccih tiene las maletas hechas desde que llegó y que trabajarían hasta donde les dejaran.

Otro de los argumentos de su renuncia, fue que personal de la OEA estaba recibiendo pago de salarios sin estar trabajando en la institución, eso generó un reclamo de Mayor a Almagro a nivel de correos electrónicos. Y además mencionó a la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que dirige Omar Rivera, actual integrante de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional de estar involucrada en un monitoreo de la MACCIH, afirmación que dejó abierta para muchas interpretaciones.

Mayor se refirió en los correos electrónicos a que la contratación de ciertos personajes políticos se podría convertir en malversación de fondos, y que eso sería un escándalo en cualquier país.

Con la renuncia empezaron las valoraciones de diversos sectores políticos. “La renuncia de Mayor es un golpe a la lucha contra la corrupción en el país”, manifestaron en conferencia de prensa autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Asimismo representantes del Partido Liberal, expresaron su malestar en la decisión de Mayor y denunciaron al gobierno de ser el responsable de generar límites para que él haga su trabajo.

 

“La OEA ha jugado un papel lamentable en esta situación, en este momento deben hablar claramente como el gobierno de Juan Orlando Hernández es el que está involucrado en los sobornos a diputados para que eligieran la Corte Suprema de Justicia, y eso es parte de la investigación de la red de corrupción contra diputados, pero la OEA ha dejado sola a la MACCIH”, valoró inicialmente Salvador Nasralla, excandidato presidencial ante la renuncia de Mayor.

Nasralla dijo que ahora más que nunca en Honduras es urgente tener la presencia de una estructura como la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tenga independencia para investigar y que no deba pedirle al presidente permiso para hacerlo. Esto que pedía el movimiento indignado de 2015 que salió a las calles con antorchas y que se apagó con la llegada de la Maccih.

El viernes pasado en horas de la tarde, un grupo de ciudadanos se movilizó en Tegucigalpa para protestar en solidaridad con Mayor en las oficinas de la MACCIH, la gente llegó acompañada de Nasralla, Manuel Zelaya e incluso los liberales Mauricio Villeda, Luis Zelaya y Edmundo Orellana.

Al final del plantón, la representación de los partidos de oposición se reunieron con Juan Jímenez, a quien le pidieron que no renuncie de su cargo y le dejaron una solicitud escrita con su respaldo al trabajo que han hecho en el país.

Pero todos los políticos aprovecharon el momento para llevar agua a su molino. El presidente Juan Orlando Hernández, durante la ceremonia de ascensos de militares a nivel nacional, expresó su respaldo a Mayor, dijo que esperan que reconsidere su posición, y que sino lo hace ellos seguirán apoyando a quien designe la OEA para sustituir a Mayor en el cargo.

“La renuncia de Juan Jímenez nos muestra de que está hecha la OEA, creo que ya es momento que dejemos de confiar en entes internacionales, que siempre juegan con la voluntad de la gente, y ahora el reto es salir a movilizarnos para que si en el caso que venga otra estructura sea como la de Guatemala, que pueda investigar con independencia, sino debemos seguir en las calles de forma permanente, porque la lucha contra la corrupción es tarea de todos”, dijo un ciudadano que salió a protestar en solidaridad con la MACCIH.

Por el momento los escenarios son inciertos, en los próximos días la OEA deberá nombrar al sustituto de Mayor, mientras eso sucede los propios partidos políticos aprovechan para proponer ante la opinión pública a sus militantes en el cargo.

La decisión de Mayor no sorprende pero genera expectativas en la gente y el reto de volver a encender las antorchas, ese movimiento que generó la llegada de la MACCIH al país.

A Gabriel le dispararon el 1 de diciembre. Una de tantas balas que las fuerzas militares dispararon ese día, le pegó en el pecho y lo dejó en un estado grave de salud. Gabriel, con 38 años de edad está aprendiendo a hablar de nuevo y acostumbrándose a ser atendido hasta en las cosas más sencillas por su esposa Mariana.

Mariana es fuerte, ella quiere justicia. Un día de enero de este año, yo trabajaba con una organización defensora de Derechos Humanos y recibimos una llamada de  Mariana. Nos sorprendió porque usualmente las personas sienten temor de denunciar, de hacer conocidos estos casos por el miedo a la reacción de un gobierno que no permite que se le investigue, que se le cuestione.

El 26 de enero conocí a Gabriel y a Mariana en persona. Quienes hacemos este trabajo sabemos que debemos ser fríos frente a las víctimas; pero cuando escuché a Mariana contar cómo Gabriel se sentía de mal porque ahora ella tenía que hacerlo todo por él, que él se sentía como una carga para ella. Mariana escuchaba que otros familiares de víctimas le decían: “Yo aunque sea así hubiera querido que me dejaran a mi esposo”. Y yo, aunque debía ser fría, no podía evitar que se me salieran unas lágrimas que inmediatamente me limpiaba para que las personas no se sintieran en mayor vulnerabilidad.

El 26 de noviembre hubo una ruptura, muchas personas se dieron cuenta de cosas que nos vienen haciendo daño desde hace tiempo, cosas que solamente se dejaban pasar.

Estuvimos nerviosos, sensibles, felices, sentimientos combinados. El 27 de noviembre, a eso de las dos de la mañana, fue el momento en el que tuvimos un poco de esperanza todas las personas que estamos cansadas de tantos años de bipartidismo, el mismo bipartidismo que nos ha sumido en la violencia, corrupción y desigualdad social.

Pero en Honduras, la esperanza dura lo poco que duró el resultado en la página del Tribunal Supremo Electoral mientras le subía los puntos al ya presidente, Juan Orlando Hernández (reelegido ilegal e ilegítimamente), aplastando la posibilidad que un gobierno de oposición se instalara.

Mariana anda con Gabriel en todos lados, le pregunta “¿Se siente cansado, amor?”, lo tiene que levantar varias veces cuando él se siente muy fatigado de pasar sentado, lo queda viendo con ternura, y cuando nos cuenta cómo fue que le pasó todo esto a Gabriel, las lágrimas no las puede contener.

Gabriel, como algunos de los que han sido asesinados en las movilizaciones o de los que han salido gravemente heridos; no andaba en la manifestación, él había ido a su trabajo en su moto porque no había buses ese día, de igual forma, decidió asistir a su trabajo. Al regresar, cuando Gabriel iba por la López Arellano, una famosa colonia de Choloma donde se han perpetrado viles asesinatos por las fuerzas represivas del Estado, específicamente militares, a Gabriel ese 1 de diciembre le dispararon.

Gabriel llamó a Mariana para decirle que lo habían despachado de su trabajo, y que ya iba por la López, Mariana tranquila no pensó que en cinco minutos recibiría la llamada de su cuñado, el hermano de Gabriel; para decirle que le habían disparado y que ya no se podía hacer nada. “No bromees así, yo acabo de hablar con él” fue lo que Mariana le dijo, pero su cuñado, Raúl, no le estaba mintiendo. Gabriel si había sido víctima de un disparo de bala por parte de la Policía Militar y daban por hecho que ya no iba a vivir, pero Gabriel, a diferencia de muchos y muchas sobrevivió; y nos cuenta cómo fue, lo que sintió, la impotencia que siente actualmente de saber que Mariana tiene que hacer todo por él, de saber que además de sus tres niños, ahora Mariana debe cuidarlo a él también.

El caso de Gabriel es uno entre muchos, entre tantos asesinados, entre tantas madres que han perdido a sus hijos, entre tantos hermanos que han perdido a sus hermanos o hermanas, entre tantos hijos e hijas que les arrebataron a sus padres.  Hasta el día de hoy, según registros de la Coalición contra la Impunidad hay 36 muertos por la crisis post electoral, 33 de ellos personas que se encontraban tanto en las manifestaciones o que eran activas en estos movimientos y fueron asesinadas en situaciones aisladas haciéndolas pasar como “delincuencia común”. Los heridos gravemente por las balas militares, no se quedan atrás, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) registra 232 heridos en las fechas del 26 de noviembre al 31 de diciembre del 2017.

Gabriel me ha sorprendido tanto por cómo me cuenta lo que pasó, ahora que ya logra hablar. Me su historia y la dicha que es que él esté vivo cuando ya lo daban por muerto. Admiro el amor que le tiene Mariana y la dedicación que ella le ha dado para que él pueda ir mejorando, me asombra su fuerza, su energía y su voluntad; la de ella para apoyarlo a él y también para sacarle las fuerzas necesarias cuando muchas veces él se siente desvanecer. Como bien les dijo un doctor, “El caso de Gabriel es un milagro porque su estado no era para que él sobreviviera.”

En este mundo tan despiadado y en este país donde lo sufrimos doble, es sorprendente ver estas historias; escucharlas, conocer a estas personas que nos dan esperanza y ganas de seguir luchando por nuestros derechos y logremos que la justicia no sea solo a palabra sino que la pongamos en práctica. En este país, Gabriel y Mariana me hacen soñar en que en esta Honduras tan llena de sangre y pisoteada en la que vivimos, por fin pueda ver la claridad del sol y se rija no por corrupción y violencia, sino por igualdad, libertad y una verdadera democracia e independencia, esa independencia que al final solo fue la idea que nos vendieron.

 

Nota: Los nombres reales se cambiaron por seguridad de las víctimas.

Foto: Martín Cálix

Los señalamientos y acusaciones de fraude tras las elecciones del 26 de noviembre del año pasado, colocaron a Juan Orlando Hernández en el banquillo de los acusados, pero solamente ante la opinión pública generada por medios de comunicación digitales y redes sociales.  La red es un espacio de desahogo que comenzó a cargarse políticamente el último año y estalló con la crisis post electoral y el inicio del nuevo gobierno de Hernández. En este contexto, el pasado 1 de febrero un representante del Partido Nacional realizó una propuesta de ley que controlaría el contenido circulando en la red que ahora se ha trasnformado en una ley de ciberseguridad.

Desde 2013 el uso de internet y redes sociales en Honduras ha aumentado, con 1 millón de cuentas nuevas en Facebook, según la organización We Are Social, ha surgido una nueva herramienta de protesta ante el miedo a la represión estatal. Una propuesta de ley impulsada por el diputado nacionalista Marcos Sabillón pretende «atentar contra la libertad de expresión», según Alejandro Durón de Fundación Acceso, justo en los primeros meses de la continuidad del gobierno de Hernández.

La ley pasó de ser Ley que Regula los Actos de odio y discriminación en internet a ser una ley de Estartegia de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante actos de odio y discriminación en internet y redes sociales. El mismo Sabillón retiró la primera propuesta tras que la socializaron con organizaciones como Asociación para una Sociedad Justa (ASJ), la Confraternidad Evangélica y la Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones (ASETEL), en el proceso de conformación de un comité de ciberseguridad. Una policía más creada en este gobierno, una cyber police.

Durón afirmó que esta ley quiere regular la imagen negativa que ha generado «la dictadura establecida en Honduras través del gobierno de Juan Orlando Hernández, atentando claramente contra el Estado de derecho».

Pero esta ley solo viene a poner en papel lo que ya se hace en la práctica: el control de la disidencia a través del ciberespionaje. Una investigación del diario británico The Guardian mostró que esta ley se pudo estar gestionando desde antes de que se propusiera en el Congreso Nacional, cuando el gobierno hondureño en noviembre de 2017 compró al Reino Unido un equipo de espionaje valorado en aproximadamente 500 mil dólares.

Este periódico inglés cuestiona la venta de este equipo al gobierno de Honduras, debido a que el mismo únicamente es utilizado por las agencias policiales que «tienen un registro de los secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.»

Estas herramientas de espionaje se habrían utilizado para interceptar, monitorear y rastrear correos electrónicos, teléfonos móviles y servicios de mensajería en línea como WhatsApp, por lo que la aprobación de la «Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales» solo vendría a reafirmar una práctica que ya ha estado siendo ejecutada.

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Cyber Police ¿será confiable?

El gobierno de Hernández se ha caracterizado por la creación de múltiples fuerzas de seguridad militarizadas. Su gran proyecto nacido cuando él era presidente del Congreso Nacional en 2013 es la Policía Militar del Orden Público, que tiene control sobre el país completamente. Ahora se habla de un comité de ciberseguridad que determinará qué es y qué no es un contenido adecuado para sancionarlo.

La propuesta de ley, que en primera instancia se denominó «Ley para combatir campañas de odio y discriminación», ha sido presentada a diferentes sectores de la sociedad como una ley que busca proteger a las personas que se sientan afectadas por campañas de odio, discriminación, clonación de páginas o suplantación de identidad. Una ley con otro ente que dice “servir y proteger” la moral de los cibernautas.

Eddy Tábora de C-Libre, afirma que «esto ya está regulado en distintas normas en la legislación hondureña» y lo nuevo sería la creación de un órgano de censura integrado por un comité de diversas instituciones del estado «con supuesta vigilancia de organizaciones de sociedad civil», como la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

Este órgano represivo sería el Comité de Ciberseguridad que, según Tabora, se estaría convirtiendo en «una especie de policía cibernética política» que sería el paralelo de la Policía Militar atacando el acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión y la protesta social en internet.

En ese sentido, Gerardo Martínez, presidente de la comisión de dictamen de esta iniciativa, que ahora lleva por nombre «Estrategia de Ciberseguridad Nacional y Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales», ha afirmado que se va a favorecer a toda la población y restituir garantías para no ser víctimas de un delito a través de las redes sociales. Delitos y campañas de discriminación que según organizaciones defensoras de derechos humanos en muchas ocasiones son dirigidas especialmente hacia mujeres, comunidad LGTBI y otros grupos vulnerados.

Según Tábora, a pesar de existir una normativa para proteger a estos grupos, no se respeta y dicha unidad solo se encargará de dar persecución a casos políticos de oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández que, a través del aparato de inteligencia, se informen a la comisión.

El diputado por el Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, en relación a las campañas de odio en redes sociales reaccionó ante la publicación de una página falsa en Facebook, en la que se afirmaba, había presentado una moción para aceptar el matrimonio igualitario en Honduras.

Rivera Callejas descartó esto y afirmó que era «una noticia falsa, mentirosa y engañosa», que su postura es que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quiere obligar a autorizar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Honduras, «lo mejor es salirnos de ese organismo».

Además, Callejas mencionó en relación a la denominada «Ley mordaza en redes sociales» que no se está coartando la libertad de expresión, pero que tampoco hay que permitir la libertad de agresión.

Dicha situación es apuntada por organismos de derechos humanos que denuncian que son los sectores cercanos al oficialismo quienes mayor agresión provocan en las plataformas digitales y la sociedad en general.

Gerardo Martínez, presidente de la comisión de dictamen, aseguró que «se tiene que trabajar en el reglamento porque internacionalmente vamos a perseguir el delito.»

Copias de autoritarismo

Por su parte, Alejandro Durón cree que esta propuesta de ley también refleja desconocimiento por parte de los legisladores hondureños quienes no toman en cuenta el componente extraterritorial que implicaría, y que no está contemplado en ninguna sección de la Constitución hondureña.

«La ley mordaza en redes sociales» es una copia casi idéntica de una ley ya implementada en Ecuador que pretendía regular los actos de odio y discriminación en redes sociales, y parece seguir el mismo patrón de un decreto emitido por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela que pretendía acallar la ola de protestas generadas el año pasado en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Una de las mayores preocupaciones ante la aprobación de esta ley ha sido el posible bloqueo al que se podrían enfrentar los medios de comunicación digital.

Esta Comisión de Ciberseguridad, según Edy Tabora, podría tomar a los medios alternativos digitales como objeto de selectividad en la aplicación de la norma, generando incluso el cierre de sus páginas web.

En ese sentido, Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ante este inminente peligro afirmó: «hay que vigilar que esta ley no vaya en contra de la libertad de expresión». Instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya solicitan que se regule la apología al odio .

Sin embargo, esto se contrapone al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que «el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.»

 

Con reportes de: Vienna Herrera y Martín Cálix.

Los taxistas –dice una compañera de trabajo– son grandes contadores de historias, pero los taxistas con los que me he movido en la ciudad de Tegucigalpa en los últimos dos meses son reveladores, son estadistas de la incertidumbre, son generadores de opinión y análisis político descarnado. Algunos son la metáfora tercermundista de Travis Bickle frente al espejo posando con el arma, alucinantes de una ciudad que no les quiere pero les necesita, que les trata con desprecio.

–Yo no voté por ninguno, ni por Nasralla ni por Juan Orlando –explica Antonio, quien me lleva de Mall Cascadas a mi casa. –Pero sí voté por «Papi».

–¿Por qué no votó por ninguno?

–Porque no me convencen, son unos pícaros, yo sé que quizá usaron mi voto porque lo dejé en blanco, pero no me importa.

–Y Asfura sí merecía su voto.

–Ese hombre trabaja, usted, mire cómo ha hecho esos puentes por toda la ciudad, y eso ayuda.

Tendría que ser taxista para creérmela, para comprender lo que este hombre me dice mientras conduce con parsimonia por todo el bulevar Fuerzas Armadas y me explica las bondades del alcalde capitalino, un alcalde que además de construir puentes a desnivel por toda la ciudad ha ordenado borrar aquellos grafitis que cuestionan la autoridad del Partido Nacional. Nasry Asfura –«Papi», para sus votantes– tiene claro que una regla únicamente sirve para hacer rayas, y sobre todo la raya continua sobre los rostros de los diputados de su partido. Es quizá el único político nacionalista con un índice de aceptación creíble. Al menos los taxistas parecen creer en él.

 

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–Siempre que viene la policía tenemos que sacar los carros de acá, y así no podemos trabajar, porque esos están allá tapando la calle, y los gases lo afectan a uno, lo enferman. –Me explica el taxista, que aparenta tener la edad suficiente para estar en su casa viendo el fútbol por la televisión, pero anda en un taxi que sólo es las latas.

Me lleva temprano desde el punto de taxis en el sector de Villanueva, a una conferencia donde la MACCIH dirá lo que ya sabemos: que los diputados son todos unos corruptos. En el camino se pierde, tarda, no le importa que yo llegue tarde, y a mí tampoco me importa mucho. Los dos nos aburrimos escuchando las rancheras en su radio. Por un momento pienso en bajarme y buscar mejor un café pero me arrepiento, entonces, lo interrogo –quizá– como castigo por ser tan lento.

–¿Y usted votó?

–Sí, yo voté por Salvador. Lo que pasa es que ese hombre no se quiere salir.

–¿Será que tiene solución?

–¿Qué cosa?

–La situación del país, pues…

–Sólo sacándolo… pero como no se quiere ir, y los gringos no quieren que se vaya.

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El día llegó, finalmente llegó. Juan Orlando Hernández tomó posesión por segunda vez y pasó a la historia como el primer presidente reelecto en Honduras desde la entrada en vigencia de la actual Constitución. Pero en las calles se le ve con distancia, quienes hablan de él, hablan desde la reserva de quienes dicen haber ido a votar y no votar por él.

«Los manifestantes iban tranquilos, el relajo se armó porque los policías empezaron a tirar bombas», me decía un vendedor de anteojos de imitación. Él tuvo que correr y perder el día porque su lugar de trabajo –el bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa– se convirtió en un campo de batalla durante horas entre la Policía Nacional junto a la Policía Militar contra los manifestantes que protestaban contra la reelección de Juan Orlando Hernández. Hay quienes piensan que Hernández durará dos años nada más, que ahora que ya hizo su acto de posesión ante sus fans más pobres –esos que llegaron en buses desde horas muy tempranas llevados desde los barrios más empobrecidos de la capital hondureña la mañana del 27 de enero al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino– sus días están más que contados.

No se puede saber. Honduras  resulta ser un país incierto, con un futuro difícil de vislumbrar desde la cortina de humo que provocan los gases lacrimógenos. Lo único cierto, es que Hernández tomó posesión. Y prometió echar a andar más de 600 mil empleos. Misma promesa de hace cuatro años. Hace cuatro años dijo que no se reelegiría, cuatro años después lo hizo. Cuatro años antes prometió, jurando frente a la Constitución, que respetaría las leyes hondureñas, cuatro años después juraría sobre la biblia, esa biblia sostenida por su madre.

A sus fans, los más pobres de entre los pobres, los mueve un atisbo de esperanza, la idea de una promesa, aquello que ingenuamente repiten como «vida mejor» y «lo bueno debe continuar», pero lo dicen –o lo repiten– tartamudeando. Quizá no estén convencidos, quizá un pan con mostaza no sea suficiente argumento para comprender los planes que Hernández tiene para ellos.

 

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Carlos es taxista, es un chico que conduce uno de esos taxis «seguros» –la palabra taxi a veces es un eufemismo en esta ciudad– que no tienen número, me dice que a los hondureños les hace falta huevos. Me cuenta orgulloso que él y un amigo suyo hicieron retroceder a unos PM durante la caravana de los simpatizantes de la Alianza de Oposición realizada la noche del 26 de enero, previo a la toma de posesión. Esa noche, otro grupo de Policías Militares había sitiado una calle del Barrio Morazán en las cercanías del Tiburcio Carías Andino, golpearon a una mujer embarazada, tiraron gas lacrimógeno y le rajaron la cabeza a un chico de 29 años. Ellos –dicen– sólo estaban quemando una llanta.

–Mi amigo les dijo «fuera JOH» y les cargó el arma. –Me cuenta entre risas, mientras escuchamos a Cyndi Lauper desde la radio de su taxi.

–¿Y no te dio miedo?

–No compa, a este país lo que le hace falta son huevos para sacar a esos hijos de puta.

–¿De dónde sos?

–Yo vivo en El Pedregal, compa, pero soy de Jesús de Otoro. –Y hace un ademán con su mano, hace que blande un arma hacia enfrente, imaginando quizá que se la apunta a un PM.

 

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Nasralla dice que los Estados Unidos deben prepararse para la migración más grande jamás vista de hondureños. Que en este país no quedará nadie. Que aquí ya no se puede vivir. De eso mismo habla la canción de Macario Mejía, un cantautor olanchano que quizá jamás pensó en ser tan popular y que aunque no sepa qué es spotify se ubicó en diciembre pasado como el más escuchado en el playlist hondureño.

En enero, Honduras ha vuelto a una relativa calma, y parecen ir quedando en la memoria aquellos días de diciembre donde había una insurrección de hecho y no convocada desde el discurso incendiario de Mel Zelaya. Parecen ir quedando anclado en la memoria de los hondureños los cerca de cuarenta muertos desde que la crisis política actual se destapó tras las elecciones del 26 de noviembre pasado.

Enero es otra cosa. En enero la resaca navideña parece haber afectado la insurrección popular. En enero tomó posesión Juan Orlando Hernández y el país fue blindado por el Ejército y la Policía Militar. En enero y entre líneas la MACCIH dijo que quizá se iba, quizá si los corruptos no los dejaban trabajar, que de todos modos ellos siempre han tenido las maletas hechas. En enero Heide Fulton (la embajadora que no es embajadora) twitteaba que lo de aquel decreto que le da facultades absolutas al Tribunal Superior de Cuentas para investigar casos de corrupción –e inhabilita para lo mismo al Ministerio Público y a la MACCIH– debía corregirse, que eso era un error peligroso, y dijo más cosas sobre la democracia y dijo todavía más con su silencio cuando se reunió con el grupo de religiosos estadounidenses que le visitaron en su oficina de la «Embajada» para decirle que en Honduras –por si no se daba cuenta– se violan los Derechos Humanos y que son los gringos los culpables de armar al ejército hondureño para que mate a la población. En enero, otros religiosos le dieron la bendición a Juan Orlando Hernández para que gobierne Honduras por cuatro años más, o hasta que dios quiera.

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Milton es un taxista novato, apenas tres meses.

–¿Y por qué andan haciendo manifestaciones? Porque no hay trabajo, ¿verdad? –Me dice, retórico y calmado, Milton.

Milton es taxista en un punto de centro comercial, es de esos taxistas que acuden al llamado por radio cuando el operador ha interceptado a un cliente y con éxito ha logrado pactar la tarifa. Como la mayoría de los taxistas, Milton trabaja en un taxi que no es suyo, por lo que debe pagar una cuota al dueño de 450 lempiras (19.17 dólares), más la gasolina diaria que ronda los 400 lempiras (17.04 dólares), sólo después de eso podrá hacer el dinero que llevará a su casa para que sus hijos y esposa tengan para poder comer.

Antes de ser taxista fue repartidor de pizza, y antes de eso, por más de una década fue conserje para distintas agencias de bancos. A sus 45 años ha optado por conducir un taxi porque a su edad no logra conseguir otro trabajo. Me cuenta que en octubre pasado fue a una entrevista y el trabajo se lo terminó quedando un chico de 22 años, después de eso Milton es taxista.

–Juan Orlando volvió a prometer que crearía 600 mil empleos. –Le digo.

–Si creara 600 mil empleos saldríamos de la pobreza en Honduras. El gobierno no es capaz de crear empleos.

Le pago a Milton los 150 lempiras (6.39 dólares) por los que me ha llevado del centro comercial donde trabaja hasta una estación de buses. Quizá no nos volvamos a ver, o quizá me toque en la ruleta de taxis post crisis.

 

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Foto: Jafeth Lagos.

El Bajo Aguán despertó del letargo. Los asesinatos habían bajado durante los últimos años, pero en 2017 la violencia repuntó. Un supuesto arreglo entre terratenientes, Estado y campesinos para detener el conflicto agrario, la recomposición de las estructuras criminales del narcotráfico tras la caída del imperio de los Cachiro y un año marcado por unas elecciones irregulares, hizo que el Aguán se despertara violentamente con una nueva generación que busca sobrevivir a las mismas raíces del conflicto, adormecido pero no resuelto.

En casa de Leo aún sigue estacionada la carreta con los impactos de las balas que lo mataron. Leo apenas tenía 13 años y a esa edad en el Bajo Aguán ya había dado su primera premonición de muerte: «Yo voy a morir al pie del caballo». Y así murió Leo, al pie del caballo mientras llevaba en su carreta una carga de fruta de palma africana que un grupo de campesinos en Rigores sacan de una finca de la empresa Dinant de Miguel Facussé. Su familia no habla mucho del caso por temor, cada veinte minutos –más o menos– pasa frente a su casa un niño así como Leo, cargando en una carreta palma africana, pasan y hay un silencio total. Todo mundo lo sabe, hay militares y policías en las entradas y salidas de esa comunidad y otras aledañas. El robo de palma de una finca abandonada por procesos de recuperación de tierras ha generado otro conflicto, uno interno. La presencia militar solo lo agudiza.

«Yo creo que primero mataron al caballo y a saber el niño cómo se puso, a saber cómo fue la muerte de mi niño», dice su abuela quien habla bajito no solo porque el llanto le corta la voz sino porque tiene miedo, la comunidad donde ella ha vivido por más de 40 años se ha convertido en una laberinto confuso donde le arrebataron a su pequeño nieto el pasado 15 de noviembre, a pocos días de las elecciones.

Según estadísticas de la Policía Nacional, de 2012 a 2017 en el Bajo Aguán las muertes bajaron en un 30%, después de que entre 2008 y 2010 más de 120 asesinatos se ejecutaran en el marco del conflicto agrario y esta emergencia llamara al Estado a establecer una unidad especial de investigación de muertes por el conflicto agrario del Ministerio Público en Tocoa, Colón, la UMVIBA (Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán).

Esta oficina de la fiscalía está instalada en una casa de habitación en un barrio de Tocoa. Al entrar, hay dos banderas, la del Ministerio Público a la par de la de Estados Unidos. Frente a frente están las oficinas del coordinador de fiscales y el asesor de la Embajada, Nelson Roena. Un grupo de investigadores muy jóvenes trabajan en una oficina colectiva, donde antes apenas había dos personas encargadas de todos los casos. El segundo al mando, el fiscal Juan Villalobos nos recibe y cuenta las bondades de la Embajada de Estados Unidos que hace posible el trabajo de la UMVIBA, desde el alquiler de la casa, el combustible, cosas más logísticas, dice.

«Si pueden ver esa planta de electricidad, fue una donación de la Embajada, de repente vienen muebles, mesas, sillas, televisores para algún tipo de conferencia, impresora, las tintas, combustible, a veces viáticos para los fiscales para realizar giras. Nos ayudaron con más de 40 exhumaciones que hicimos el año pasado, entonces en realidad para nosotros como institución es de enfrentarse a la burocracia que pedimos algo y se tardan demasiado, entonces Estados Unidos dice “pídanos a nosotros que ya tenemos el dinero aquí».

Juan Villalobos, subcoordinador de fiscales UMVIBA

Hace 3 años que Villalobos es fiscal del Estado y el Aguán fue su primer destino. Es un hombre joven que tiene esperanza en que la institucionalidad funcione con el apoyo y la presión que ejerce la Embajada de Estados Unidos para que se aclare el panorama tan adverso del Aguán.

«Yo no podría decir que hubo un drástico, pero sí un gran número de reducción de las muertes provenientes de este conflicto agrario desde 2014. Para 2008, 2009, 2010, 2011 que era de entre 20 y 30 muertes al año. Cuando se crea la unidad en abril de 2014 ese año se lograron dos sentencias condenatorias. En 2015 hubo 2 muertes, en 2016 se recrudeció y hubo 5 muertes relacionadas al conflicto. De manera no oficial, sospechamos que por el ambiente político que hubo en el país el año pasado, hubo un repunte de 7 muertes relacionadas al conflicto», explica. Es inusual que un fiscal hable tanto de los casos y con tanta soltura ante la prensa.

Sobre el asesinato de Leo, Villalobos dice que está en investigación porque «el hecho de que un campesino muera no significa a ciencia cierta que haya sido por un conflicto agrario, pueda que haya sido por un problema amoroso, por uno personal, delincuencia común».

Pero la UMVIBA se esfuerza por mostrar que en el conflicto agrario las víctimas y victimarios no están muy demarcados. Las muertes violentas se dan en relación a la disputa de tierras que se ha venido suscitando entre campesinos, miembros de la empresa privada (como empresarios de palma, otros terratenientes independientes) y con el mismo Estado. Pero las trincheras no están claras y la UMVIBA tiene casos muy bien armados en los que las estructuras criminales están establecidas, sobre todo las que tienen que ver con movimientos campesinos infiltrados. Son pocos, muy contados los militares señalados por delitos contra la vida, dice el fiscal, y hay un solo caso en contra de guardias de seguridad de una empresa que al final no sufrió consecuencias penales.

Pero el caso de la banda de Céleo Rodríguez en el asentamiento campesino la Confianza del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) está cada vez más cuajado y la institucionalidad funciona en su máxima capacidad para  llegar al fondo.

«Los casos en su mayoría no son guardias y militares, sino que es más este tipo de bandas que se dedicaban a la lucha de poder en su momento», amplía. Cuando se le pregunta si hay agentes del Estado involucrados en las muertes dice que muy poco, a pesar que hay casos como el de los guardias de la empresa Agropalma propiedad del nicaragüense René Morales, que muestran cómo las estructuras militares controlan en este conflicto. Son exmilitares los imputados en este caso, son ellos los guardias de las fincas.

Pero comenzamos a tocar el tema y Villalobos nos da otro ejemplo: «Tenemos otra condena que se dio en el último cuarto de 2017 de esta banda que se hacían pasar por guardias de Dinant (empresa de la familia Facussé), se acercaban a sus mismos grupos campesinos y mataban a sus disidentes y la gente a quienes veían actuar era a los guardias de Dinant, por decirlo así. Esos uniformes eran los mismos que utilizaron guardias de Dinant que ellos asesinaron. Todo lo que estoy hablando son hechos probados, hechos que ya están en un tribunal y eso me permite divulgarlo. Mi punto de vista es que nosotros estamos trabajando para quedarnos sin trabajo, resolvemos estos casos y la unidad no tendría más razón de ser», dice Villalobos.

Cuando el presidente del MUCA, José Ángel Flores, fue asesinado con su junta directiva, dice Villalobos que fue una noticia dura para él, porque Flores había estado en su oficina un par de días antes para denunciar amenazas dentro de comunidad, conflictos internos. La banda de Céleo es a la que se refiere Villalobos y se le vincula con más de cien asesinatos, una banda liderada por el yerno de Rafael Alegría, diputado de LIBRE (Libertad y Refundación) y eterno dirigente agrario.

Alegría aseguró en su momento que su yerno el día que mataron al presidente del MUCA estaba en una clínica con sus dos nietas, quienes estaban enfermas. “Hay grupos mal intencionados que en algún tiempo dijeron que estaba armando una guerrilla y que la fuente era la inteligencia militar, fui donde el presidente Porfirio Lobo para que me explicara lo que estaba pasando y se aclaró el problema. Después me vincularon con entregar armas a los campesinos, exijo que se investigue y que no me involucren a mí en esas cosas porque todos conocen mi conducta”, expresó a medios de comunicación en octubre de 2016 cuando se dio el crimen.

Jóvenes transportan carga de palma africana en Rigores

«Venga el presidente que venga, nosotros seguiremos en la tierra»

Un grupo de campesinos jóvenes en un lote de una finca de Miguel Facussé en la comunidad Panamá de Tocoa, nos dice que tienen videos de policías recibiendo sobornos para dejar pasar a los campesinos con la palma para venderla afuera. Nos enseñan el video en el que se ve claramente a un policía embolsándose un rollito de papel, mientras se da la mano con un hombre. Nos enseñan el video y a menos de 100 metros hay una barricada de militares, detrás, una pequeña casa de bloques donde duermen los que están en turno porque allí, en ese sitio, alrededor de 25 familias se han instalado para recuperar 1200 hectáreas de tierra que la empresa DINANT de Miguel Facussé tiene cultivadas con palma africana.

Entraron a las tierras en 2012 tras la muerte de Gregorio Chávez, un campesino asesinado por guardias de Dinant en el lote 8 de la finca Panamá e intermitentemente han sido desalojados y han regresado. Ahora están instalados de nuevo.

Llueve copiosamente y los campesinos insisten en que les tomemos fotografías, no niegan el robo de palma porque aseguran estar muriendo de hambre y de todos modos la empresa no está cultivando mientras ellos tengan las tierras tomadas. El hambre no es algo que ellos dicen nada más, las condiciones en las que viven son infrahumanas, apenas han ajustado para un poco de arroz blanco ese día, y como llueve sin parar todo se queda atrapado en una mezcla de lodillo chicloso, los niños patalean charcos y el cielo está oscuro, todo es gris, triste y pobre en ese asentamiento. Las familias se protegen en champas de plástico y manacas para comer la masa blanca de arroz y un café bien dulce.

La crisis política no es determinante en el conflicto del Aguán. Angélica Gómez, una mujer con 6 hijos que se mantiene en el asentamiento dice que «venga el presidente que venga» ellos no se irán de la tierra. Los militares los han intentado desalojar pero ellos al día siguiente regresan a pesar de las amenazas. Angélica es esposa de Santos Torres, el líder del movimiento que en este lugar tiene el nombre del primer asesinado: Movimiento Campesino Gregorio Chávez. A Torres, justo después de las elecciones lo llevaron detenido por robo de palma africana.

«Nosotros luchamos porque nos mataron al finado Gregorio Chavez y al finado Alfredo Rodríguez. Pensamos seguir aquí, ya puede entrar el gobierno que entre seguimos en posición, aunque estemos durmiendo en estas varas, nosotros vamos a trabajar porque morimos de hambre. Los militares nos quitan la palma y cobran hasta 60 mil lempiras para recuperarla,  si no se agarran la palma para ellos» cuenta Angélica. Sus 4 hijos mayores fueron a cortar palma, su única hija tiene 15 años y es quien más le preocupa porque algunos militares ya la intentan seducir y la chica que apenas llegó a 6to grado corre el gran riesgo de ser violentada.

«A veces nos gritan, nos dicen malas palabras, nos dicen que estamos ricas, yo les digo que ella está muy pequeña, pero es que aquí hasta han violado mujeres», cuenta Angélica quien además explica que ver a los militares le da asco, nervios, inquietud, terror.

En 2012, la primera vez que los campesinos se organizaron tras el asesinato de Gregorio Chávez, el asentamiento fue desalojado y Dinant recuperó las tierras con apoyo de las Fuerzas Armadas. «Dispararon 20 mil tiros y 300 bombas lacrimógenas en ese desalojo», cuenta Santos Torres.

En 2014 volvieron a tomar la tierra pero en ese tiempo una banda delincuencial, según Torres contratada por Dinant, andaba en la comunidad amenazando a los campesinos hasta que lograron desalojar de nuevo la zona. Ahora en 2017 han regresado. «Aquí hay guardias vestidos de militar, el coronel Coca lo sabe, andan en una 3.0 blanca encapuchados y todo eso se ve desde aquí, continúa la amenaza contra nosotros», cuenta Torres. En el Aguán las historias de disfraces las cuentan en todos lados.

Al coronel Hugo Lorenzo Coca lo visitamos en el batallón de infantería y nos recibió aduciendo que él es un hombre de concordia y diálogo pero que «por la crisis política y social, con todas las acusaciones que recaen contra las Fuerzas Armadas, hay disposición de que no se den entrevistas sin previa autorización del Estado Mayor Conjunto». El coronel Coca nos dio la bienvenida preguntándonos si ya habíamos escuchado «las mentiras del Aguán».

El valle del Aguán es tierra de especulación, todo se presta para eso.

La comunidad alega que las 1200 hectáreas son tierras para la reforma agraria, que fueron compradas por Facussé de forma ilegal y ahora la negociación gira en torno al pago de «mejoras» por la tierra. El coronel Hugo Lorenzo Coca, nombrado como mediador en el conflicto agrario siendo jefe de la Operación Militar Xatruch, solo ha dilatado el problema, dice Torres.

Angélica, allí en su casa de manaca donde apenas tiene una hamaca y dos catres de caña brava, rodeada de sus niños pequeños asegura que ellos no quieren la palma africana, que lo que quieren es la tierra.

Pero la tierra del Aguán –el valle más productivo del país– está inundada de palmera aceitera. Entre 2004 y 2017, la superficie de palma africana se duplicó en el país, pasando de 69,000 hectáreas a cerca de 150 mil hectáreas, el tamaño de la ciudad de México. El presidente Juan Orlando Hernández prometió a inicio de su gobierno, en 2013, duplicar  los cultivos, así como la cantidad de plantas procesadoras, que en este momento son 15. Entre enero y junio de 2017 el principal exportador de aceite de palma fue Guatemala, con $166 millones, seguido de Honduras, con $136 millones, Costa Rica, con $61 millones, Nicaragua, con $9 millones, Panamá, con $6 millones y El Salvador, con $400 mil. Esos miles de dólares son inimaginables para Angélica que lo único que sueña es que no le maten a sus hijos y poder tener la tierra para criar «animalitos» y comer todos los días algo más que arroz blanco.

Intentamos hablar con Manuel Reyes, director del Instituto Nacional Agrario (INA) en el Aguán, pero a pesar de confirmar la cita no llegó y no contestó más. El INA es el encargado de solucionar el conflicto agrario, pero parece evadirlo.

Juan Frañó, director del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), ha estado 11 años asignado a Tocoa, ya poco le sorprende. El Conadeh funciona en una casa incautada a los Cachiro. Frañó se siente satisfecho por la reducción de muertes en el Aguán pero anticipa que la situación no se pondrá mejor, al contrario, la situación política puede recrudecer la violencia en la zona.

«Desde el proceso de resistencia al golpe de estado en 2009, hasta la inconformidad por las elecciones de 2013 y ahora la reelección de Juan Orlando Hernández, todo está relacionado con la problemática agraria porque aunque son situaciones políticas, los grupos campesinos siempre han apoyado a estas causas sociales, sobre todo de transformación y de lucha social contra el gobierno opresor, injusto, cruel y corrupto. En las puertas de este nuevo año ya se están anunciando las acciones de protesta sobre todo para este mes de enero ante la toma de posesión, esto debido a que las autoridades oficiales reconocieron a Juan Orlando como presidente de la república, pero los campesinos y demás movimientos populares a nivel nacional están organizando la acción de respuesta o protesta contra este tipo de situaciones», cuenta Frañó

Santos Torres no está de acuerdo y asegura que al menos, su movimiento, no solo se ha mantenido al margen de los movimientos históricos como MUCA, sino también al margen de la política partidaria. «La política allí queda y después nos dejan con el problema a nosotros», dice Torres, quien no confía en nadie. En el Aguán la inconformidad con el gobierno de Hernández no se personaliza y no mira partido político, trasciende los caudillos y las promesas políticas, en realidad no confían en nadie.

Cerca de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, el pasado 20 de enero Anselmo Torres, un campesino que se transportaba en una bicicleta hacia su trabajo fue abatido por una bala militar en medio de la represión a las protestas pactadas en el marco de un paro nacional. El Aguán se ha convertido en territorio de guerra, la logística militar con toda la potencia, la concordia del coronel Coca se traduce en más armas y convoys militares.

 

Esperando el día en que se lleven todo

«Mi hermana ya se quiere venir de Estados Unidos porque no aguanta el frío», cuenta una de las niñas en la comunidad de Luxon en Sabá, Colón. Su hermana tuvo que migrar porque en su comunidad no hay oportunidades, a ella incluso este año no la matricularán en la escuela porque la comunidad está bajo el asedio militar y en un conflicto con otra comunidad campesina que hace más peligroso que las niñas y los niños se movilicen hacia la escuela.

«Es que si me voy sola por las palmas me pueden agarrar», cuenta la niña que ahora solo espera que su hermana le ayude a irse a ella también. En Luxon casi todas las familias tienen a un miembro joven que ha migrado, a pesar de ser una comunidad campesina que se conformó por la recuperación de una tierra que fue ilegalmente vendida a un terrateniente local y pareciera que el sentimiento de pertenencia es fuerte.

Son 72 hectáreas en conflicto, parte de unas tierras adjudicadas a la cooperativa Unión San Francisco Limitada durante la reforma agraria, la cooperativa vendió irregularmente las tierras y ahora, los hijos de esos cooperativistas se tomaron las tierras en 2011 para sanearlas. Ésta es una zona vulnerable, a la rivera del Río Aguán, pero allí se han establecido los últimos 7 años. Tienen cultivos de palma africana, plátano, maíz y un centro comunal donde se reúnen. Las casas son de bloque y la comunidad no se ve sumida en la miseria, han logrado obtener varios proyectos apoyados por organizaciones sociales y de Derechos Humanos.

«Porque la zona es muy baja y es más rentable la palma a ellos como que les ha codiciado la situación y han querido de cualquier forma sacarnos de ese lugar», cuenta Jorge Mejía, miembro de la junta directiva de la cooperativa que conformaron desde 2011. Los ex cooperativistas se volvieron a unir y en 2014 comenzaron un litigio contra ellos.

Mantener enfrentados a los grupos campesinos parece una estrategia: el Instituto Nacional Agrario no resuelve, las Fuerzas Armadas mantienen el asedio y las organizaciones de Derechos Humanos tienen las manos atadas, todo es cuestión de tiempo.

Jessy. Luxon, Sabá.

Jessy tiene 26 años y 4 hijos. Desde los 16 comenzó a parir hijos y se dedicó al hogar hasta que su esposo le propuso unirse al proceso de recuperación de estas tierras. Jessy no quería, pero el hombre de la casa lo había decidido. Así, Jessy, se movió a ese potrero con sus niños y comenzó a involucrarse, un día su esposo decidió migrar a Estados Unidos y dejarle su puesto como socio de la cooperativa a ella. Ahora integra la junta directiva y es muy activa en su cargo, pero eso también le ha traído graves problemas, ahora está en un proceso judicial por usurpación de tierras y vive en una pequeña choza de adobe y manaca esperando el día que lleguen a desalojar su comunidad.

«Yo no les dirijo la palabra a los de la cooperativa, incluso por desgracia mis tíos, mis tías pasan allí, es un poco complicado pero a la vez por educación yo les saludo pero de ahí nada. Todo eso ha sucedido desde el tiempo que nos procesaron» cuenta Jessy quien debe ir a firmar a los Juzgados cada quince días como medida sustitutiva. La cooperativa paralela está conformada por familiares suyos y de los otros socios, en realidad es una comunidad que se parte entre el conflicto de tierra y rompe los lazos familiares.

Los socios de la otra cooperativa aducen que todo lo sembrado es de ellos y que les han usurpado sus cultivos, que no es de 2011 que están asentados en Luxon, sino desde hace al menos dos años.

Los riesgos son altos cuando los conflictos son internos mientras las autoridades se voltean para no ver.

«Los de la otra cooperativa dijeron en la audiencia que nosotros los hemos amenazado en la comunidad, pero es mentira, yo desde que entro no salgo, si mis hijos van a hacer mandados nosotros no volvemos, corremos riesgos porque estamos amenazados, estamos en el ojo de la bala y nosotros no vamos a  permitir perder esta tierra.» explica Jorge Mejía mientras Jessy dirige la asamblea de socios en la planta alta del barracón que les sirve de oficina y almacenamiento de granos.

A estas cooperativas solo las divide una calle y han delimitado con un cerco los cultivos de palma africana. Son vecinas.

Mientras los adultos platican, los más jóvenes, niños y niñas, ven videos de youtube en sus celulares. El barracón tiene wifi, la mayoría de la gente usa el internet para entretenerse pero sobre todo para mantenerse en contacto con sus seres queridos en Estados Unidos. La comunidad vive del cultivo pero también de la remesa.

Jessy acaba de despedirse de su única niña porque cumplió 9 años y quería estudiar, en la comunidad eso no iba a ser muy fácil, así que decidió enviarla donde su padre a Estados Unidos de manera indocumentada. Jessy se deprime, algunos días no sale de casa, piensa en todo a lo que ha tenido que decir adiós y piensa en el día que le toque ver destruida su comunidad por un desalojo.

Los nuevos rostros de la resistencia campesina

Son rostros a contraluz, tienen miedo. En la comunidad Guadalupe Carney es donde más tomas de carretera y represiones hubo en este tiempo de crisis post electoral, es una comunidad históricamente luchadora y ahora un grupo de más de 200 jóvenes lideran el movimiento campesino y se sienten amenazados.

Denia de apenas 19 años es una de las jóvenes en el grupo «Mártires del Tumbador». La comunidad Guadalupe Carney fue fundada en el año 2000 por el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) tras recuperar un territorio que perteneció a las Fuerzas Armadas y después pasó a manos de ganaderos en los años 80s y 90s. Guadalupe Carney, el nombre que adopta la comunidad es en honor a un sacerdote jesuita que impulsó una reforma agraria que le diera los valles más ricos a los más pobres de Honduras. Carney desapareció en 1983, pero su iglesia siguió, es la iglesia católica que empuja a los campesinos.

En 2002, el Movimiento Campesino del Aguán entró a las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en la hacienda El Tumbador. Allí, militares dispararon asesinando a 5 de los líderes de este movimiento, hirieron de gravedad a otros. Denia solo tenía 14 años y fue allí cuando supo que debía hacer que la lucha de sus compañeros no quedara en vano.

En marzo de 2010 hicieron su primera toma de tierras. Ese día caminaron durante horas para entrar en las 250 hectáreas del diputado Óscar Nájera, nacionalista, mencionado por los Cachiros de estar en reuniones donde sobornaban al hijo del presidente Porfirio Lobo Sosa a cambio de protección.  Los campesinos acusan a Nájera y a los empresarios Miguel Facussé y Reynaldo Canales de haberse apropiado de 1200 hectáreas de tierra en ese territorio con jugadas políticas, la medición dejó afuera de la expropiación sus tierras.

Denia sueña tener esa tierra para sus futuros hijos, pero teme, le tiembla la boca, pide no fotografiarla de frente, revisa las fotos para aprobarlas y revisará las hechas a sus compañeros porque se cuidan con la razón de sus mártires en la memoria.

«Somos 25 mujeres y de ahí la mayoría son varones. Pero en el transcurso de la recuperación tierra solo quedaron como 135 personas que siguen en la lucha, es que los jóvenes al ver las represalias contra ellos se han ido retirando y es un camino que no es fácil. Cuando estuvimos pasaban los militares, como mandaderos del gobierno, pasaban todos los días intimidando, detuvieron a uno y la golpiza que les dieron que tampoco fue para menos», cuenta.

Pero los militares son campesinos igual que ellos, en este movimiento incluso hay jóvenes que estuvieron en las Fuerzas Armadas ya que en zonas tan deprimidas como ésta,  sin empleo y sin oportunidades de estudio, entrar al ejército es una oportunidad para sobrevivir ganando un poco más que lo que se gana en el campo como jornalero. Aquí, los sueños aunque van más allá de la tenencia de la tierra, no tienen condiciones de ser materializados. Son jóvenes con cortes de cabello modernos y con la mirada fija en el futuro, o en cómo dibujar un mejor futuro para ellos. Lo tienen claro, si acaso hay futuro será el que el grupo mismo se construya.

Estos chicos hablan de enfrentarse a los militares, que los conocen, esto se ha convertido en una guerra entre jóvenes.

Fútbol en la Guadalupe Carney

«De aquí de la comunidad hay como cuatro compañeros en las FFAA y otros compañeros de la escuela, los he visto y hasta me han agredido aquí en las huelgas.

Pienso que uno desde pequeño tiene un mando y desde que uno elige una cosa así porque le gusta y hay jóvenes de nosotros que no nos ponemos a pensar a quién le vamos a hacer daño porque hay compañeros de aquí que no saben si va a andar su hermano, su familiar, su madre o su padre porque ahí ellos lo tienen que hacer porque ellos son mandados» cuenta José, él creció sin padre porque fue asesinado mientras regresaba de un día largo de trabajo en el campo, no se sabe quién, nunca se castigó al asesino y eso ha hecho que José luche por la tierra con mayor indignación. Y a José también casi lo matan en el campo un día que con 5 compañeros fueron a cortar leña a una finca de Miguel Facussé, un guardia de seguridad le disparó y solo le rozó la costilla, fue un accidente, dice José.

«Pues, la verdad solo Dios sabe porqué lo hace, porqué estamos sufriendo. Tal vez él tiene algo mejor para nosotros más allá. Hay que sufrir en este mundo para lograr algo», continúa José y piensa en sus compañeros de escuela que ahora ve con uniforme militar y que por mandato –de la vida quizá– son sus enemigos.

Mientras los jóvenes hablan con nosotros, en el kiosko en el centro de la comunidad hay una asamblea para determinar qué harán para protestar contra el fraude electoral, en contra de la violencia en las comunidades campesinas, la represión militar.

José Isabel Morales. Guadalupe Carney, Trujillo, Colón.

Allí en la asamblea está José Isabel Morales, un luchador agrario que estuvo 7 años preso injustamente, fue juzgado 3 veces por el mismo delito en el que se le acusó de incendiar la casa de la familia del comisionado Henry Osorto Canales y asesinar a 11 miembros de su familia por el conflicto de tierras en el CREM. Su inocencia se comprobó tras 7 años de cárcel y el mensaje de estigma contra la comunidad Guadalupe Carney sigue pesándoles. «Chabelo» –como cariñosamente le dicen en la comunidad– está preocupado, le cuesta creer que los jóvenes tomarán decisiones correctas, decisiones sin arrebato, desde la estrategia y no desde el resentimiento. Nadie quiere que vuelva a correr la sangre en el valle del Aguán, la sangre joven.

El 25 de enero de 2018, cuando las protestas contra el gobierno de Juan Orlando Hernández se recrudecían antes de su toma de posesión, en la Guadalupe Carney capturaron a Pedro Ulloa, un campesino de 63 años que además es conocido en la zona como miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos. La fiscalía activó una orden de captura que Ulloa tenía desde hace 10 años, justo por el mismo delito del que acusaron a Chabelo. El 31 de enero, Ulloa fue liberado de cargos con un sobreseimiento provisional, pero el mensaje está dado: la comunidad Guadalupe Carney carga con las muertes de la familia del comisionado Osorto Canales y esto puede ser un condicionante de su lucha contra el gobierno, de su nuevo camino de conquista de la tierra.

 

 

***

 

A Leo le hicieron un mural los compañeros de clase en la escuela, su abuela no soporta verlo. Con odio dice que ella sabe que ese crimen se quedará así, impune. Pudo haber sido un militar, un policía, un campesino, un traficante, un guardia “a saber”, dice mientras enlista. Su niño podía haber estado en otro sitio, en un lugar menos violento, menos confuso, un lugar con mejores oportunidades para un niño de 13 años. Carga culpa ella y toda la comunidad. Los jóvenes pasan cada tanto con una carreta llena de fruta de palma, todos cargan culpas en el Aguán. La tensión en casa de los abuelos de Leo, en la única calle de la comunidad, en la carretera de vuelta a la ciudad dice más que lo que la gente se atreve a decir.

 

El Aguán sigue siendo un territorio hostil.

 

 

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

Claire White, hija del ex diplomático estadounidense Robert White, vivió hace 50 años en Honduras. En ese tiempo su padre, estaba asignado en este país por parte de su gobierno. «Estados Unidos estaba muy bien con el golpe de Estado que le hicieron a Ramón Villeda Morales y aceptó la dictadura de López Arellano. Ahora regreso 50 años y escucho la misma narrativa. Todo lo hemos puesto en un marco maniqueísta: blanco y negro, bueno y malo, comunista y anticomunista», expresó White en entrevista con Contra Corriente en su visita a Honduras tras la crisis post electoral.

Así como Robert White, quien se negó a encubrir asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte en El Salvador en la década de 1980, Claire se niega a aceptar la política militarista que domina Centroamérica y que está generando violaciones a DDHH en Honduras en este momento.

Claire White llegó a Honduras con una delegación de alrededor 50 personas de iglesias y organizaciones de sociedad civil de Estados Unidos como una brigada de emergencia ante las violaciones a DDHH suscitadas en la crisis postelectoral, sobre todo fueron llamados para brindar protección al personal del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, que ha recibido amenazas en su ejercicio de comunicación y acompañamiento de la gente que protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.

El papel del gobierno de Estados Unidos ha sido determinante para Honduras, actualmente no hay embajador pero la encargada de negocios, Heide Fulton, se ha asegurado de que la palabra del Departamento de Estado tenga más poder que el clamor popular.

La delegación que acompañó White se reunió con Fulton en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, un grupo de 7 personas que según White, le dio un baño de realidad a Fulton, quien parece no saber realmente lo que pasa en las calles de Honduras. Para Claire, Fulton refleja exactamente al gobierno de Donald Trump, violador de DDHH e ignorante de la realidad. Pero sobre todo, Fulton responde a las directrices exactas que el verdadero jefe de Honduras le da: el general John Kelly, el arquitecto de la militarización en Centroamérica.

«Le dije a Heide Fulton : yo regreso 50 años después y son los hijos de los hijos de la misma oligarquía ¿Cómo mantienen este poder? Es la misma fórmula por medio de la ilegalidad, la corrupción, la militarización. Cuando yo regreso 50 años después es lo mismo, pero hay algo más terrible: la militarización ha incrementado de una manera escalofriante, la tecnología es mejor y los poderes de espionaje hacen más fácil encontrar gente. Nosotros estamos armando al ejército hondureño para matar a su propio pueblo», dijo.

Carlos Dada, del periódico digital El Faro, narró el día de la toma de posesión poniendo el foco sobre la represión en las calles y la procedencia del gas pimienta que se lanzó por montón en la ciudad. Bombas de gas lacrimógeno fabricadas en Pensylvania. «Sí, tal y como lo dijo Carlos Dada de una forma muy poética, esto es tan preocupante porque no solo son las bombas, tambien entrenamos en los 70’s y 80’s a los violadores de DDHH, les enseñamos cómo violar derechos humanos en la Escuelas de las Américas y esa misma gente mató a Monseñor Romero, mató a los jesuitas y a sus amas de casa y a las religiosas estadounidenses en El Salvador. Ellos son los que sembraron esta mentalidad que aun sigue, de que hay algunos que sí tienen que morir. Me da tanta preocupación ver a esos jóvenes de 19 años, armados, encapuchados, sin nombres, sin cara, sin placas, deshumanizados, cobardes, echándole bala viva a niños de 14 años, rompiéndoles la cabeza, desapareciendo niños de 15 años», agrega White.

De acuerdo al más reciente informe de la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018, se registraron 33 muertes de manifestantes vinculadas al conflicto post electoral, durante y después del desarrollo de las acciones de protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. El informe preliminar concluye que los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos, son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación.

En su recorrido, la delegación escuchó múltiples testimonios de violaciones a Derechos Humanos. White conoció a una víctima a la que le habían matado a su padre frente a ella y su madre. A este muchacho lo agarraron y le quitaron su moto, lo metieron preso con 4 niños más y lo pusieron en una celda con esos gases que queman la piel y lo dejaron así, quemándose por dentro y por fuera, según el relato que White escuchó.

«Mire, yo creo que la gente en estas embajadas no saben lo que están haciendo, están repitiendo una narrativa de décadas, hablan de la prosperidad: “estamos aquí para ayudar a las instituciones del pueblo hondureño porque históricamente han sido muy débiles” nosotros les dijimos “¿Pero ustedes no se dan cuenta que nosotros destruimos las instituciones, que nosotros sembramos la corrupción, que impusimos las dictaduras, que instalamos estructuras injustas? ¿Usted está culpando a Honduras históricamente? Usted, el gobierno, nosotros somos los responsables”. Y por décadas todas estas personas han pedido las mismas cosas: dejen de matar a la gente, dejen de poner dictaduras ¡y miren lo que estamos haciendo! Millonadas para reprimir a la gente, es una obscenidad», cuenta White. La reunión con Fulton duró un par de horas y ella solo callaba. White cree que Fulton no sabe el impacto en la vida de la gente, testimonios como el de la tortura con gases o los asesinatos selectivos pasan de largo en las oficinas de la Embajada que solamente tiene a un encargado en el área de DDHH.

«Estados Unidos también tiene un gobierno ilegítimo»

White compara la crisis política hondureña con la de su país, no los están matando en las calles pero sí Donald Trump se ha encargado de reprimir al pueblo estadounidense de una manera psicológica y restringiendo derechos a las mujeres, rechazando reglas ambientales, criminalizando a los migrantes. «Estamos nosotros librando una lucha también allá, para que no sigan mandando armas de muerte a sitios como Honduras.

En Honduras no hay embajador aun porque el gran problema con el departamento de Estado es que no hay diplomáticos, nadie quiere trabajar bajo esta administración porque nadie va a querer decir que fue embajador con Trump, la gente está huyendo, varios se están yendo como el embajador de Panamá que dijo que no quería ser embajador de un presidente racista», explica White.

«Por décadas todas estas personas han pedido las mismas cosas: dejen de matar a la gente, dejen de poner dictaduras ¡y miren lo que estamos haciendo! Millonadas para reprimir a la gente, es una obscenidad», Claire White.

Fulton no es una mujer reconocida en Estados Unidos, antes de venir a Honduras como encargada de negocios, fue jefa de la unidad antinarcóticos en Afganistán y también estuvo en Camboya. En Estados Unidos es irrelevante quién en Honduras manda.

Salvador Nasralla en una entrevista que nos dio antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández nos decía que se viene una gran diáspora, que si a Estados Unidos le preocupa que la gente de estos países huya hacia el suyo, con el apoyo a la dictadura de Hernández, la gente migrará masivamente, ponga Trump el muro que ponga.

«La criminalización de los migrantes, hombres y mujeres es fuerte. Esta administración es inepta, narcisista, no tienen información, no respetan a las mentes que conocen profundamente la geopolítica –no hay nadie así en la Casa Blanca– sino John Kelly, el general, él es el presidente de los Estados Unidos. Él es el jefe de Heide, fue quien militarizó a Centroamérica, es un guerrero, ve el mundo de una manera maniqueísta: blanco y negro, comunista-anticomunista, y aquí él quiere imponer orden, quiere militarizar, adueñarse los intereses económicos y que el pueblo sea laburador de las oligarquías. Honduras está a la venta», eso es lo que le importa a Estados Unidos según White.

Cuando la delegación le preguntó a Heide Fulton sobre el fraude en las elecciones y la posición que tomó Estados Unidos, no les contestó. «Mire, yo tengo una cita» –dijo–, «la sacamos corriendo, pero le dimos un baño de realidad, le dije: usted está apoyando a una fuerza que está matando al pueblo como lo hicimos en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua»; concluyó White, asegurando que la delegación volverá para observar de cerca lo que sucede en Honduras en este camino de crisis política y de Derechos Humanos.

Honduras entró en una nueva etapa. Por un lado, el diálogo que podría mediar la Organización de Naciones Unidas y blanquearía el fraude electoral y las muertes post electorales, y por otro lado el enfrentamiento entre militares y civiles en zonas conflictivas del país, sobre todo las comunidades que se oponen a los planes de desarrollo del gobierno de Juan Orlando Hernández.

 

Foto: Martín Cálix

 

Las calles amanecieron desoladas en los diferentes municipios del departamento de Cortés donde usualmente el sábado es el día con mayor afluencia en los comercios. Aunque aparentaba de alguna forma un día normal, en cada entrada de colonias y barrios ubicadas en las orillas de las carreteras nacionales se podían ver militares y policías en sus camiones en espera de una posible manifestación.

Barrios y colonias como Dos Caminos, López Arellano, Chamelecón (sector) y Bajos de Choloma fueron puntos estratégicos en las manifestaciones de diciembre. En San Pedro Sula los bloqueos de calles los primeros días de diciembre fueron permanentes y las manifestaciones pasaron de protestas en la calle hasta la quema de los peajes en las salidas de la ciudad.

«Choloma, ha sido uno de los lugares más aguerridos, desafortunadamente se durmieron y en gran parte se debe al miedo que este Estado ha generado al mandar a militares y policías a reprimir y si a eso le sumamos también que en las últimas manifestaciones se infiltraron delincuentes, considero que el comportamiento es normal, triste, porque están logrando que la gente tenga miedo» expresó Rosa María, una artista de Choloma que ha estado en diversas manifestaciones y que relató la inseguridad que sentía al ver que dentro de las manifestaciones hubo personas que son conocidas en los barrios por sus antecedentes criminales y policías que no hacían nada mientras se daban los saqueos.

Aún así, un grupo de mujeres se reunió en el Parque Central de Choloma para realizar un plantón con pancartas y megáfono en mano, gritando que querían medicinas y no a FUSINA (Fuerza de Seguridad Interinstitucional). No llegó mucha gente, los carros que pasaban sonaban sus bocinas y sacaban su pulgar hacia arriba, aprobando la acción.

Foto: Sandra Ruiz

De acuerdo al más reciente informe de la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre de 2017 y el 23 de enero de 2018, se registraron 33 muertes de manifestantes vinculadas al conflicto post electoral, durante y después del desarrollo de las acciones de protesta contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.  El Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), reportó 232 personas heridas y lesionadas entre el 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2017 y en la zona norte se registraron casos con heridas de gravedad 8 en Dos Caminos, Villanueva Cortés, 3 en la colonia López Arellano, 10 en San Juan Pueblo Atlántida y  en Santa Bárbara.

El informe preliminar concluye que los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos, son la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional y Dirección Policial de Investigación.

“Tuvimos que venirnos al parque, ya que no nos dejan tomarnos las calles ni carreteras, por seguridad prácticamente estamos acá porque en todos los puntos estratégicos, donde usualmente haríamos la toma están sumamente militarizados y sería una imprudencia irnos a meter ahí. Venimos a decir que no queremos a Juan Hernández como presidente, que protestar no es delito, pero asesinar y reprimir sí. Hay mucho miedo y parece que estamos en un estado de sitio. Es un riesgo estar aquí, sobre todo a las mujeres, Choloma ha sido una las ciudades más golpeadas en estas protestas, tanto por los saqueos como también por las personas asesinadas”expresó Maria Luisa Regalado de Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

La Codemuh trabaja con mujeres obreras de maquila que han sido afectadas en sus derechos, mujeres violentadas por una industria que sostiene a la zona norte, la más productiva del país. Municipios como Villanueva, Choloma y San Pedro Sula son conocidos por las diversas transnacionales de la industria textil que operan. “La zona norte es la que sostiene entre el 65% y el 70% del producto interno bruto (PBI) y dinamiza la economía del país, esta región está sostenida por importantes ejes como la agricultura, turismo y zonas libres (maquilas) ubicadas en el sector de Villanueva, Choloma y San Pedro Sula, siendo el 12% de ello el sector de manufacturación” según  Guillermo Altamirano analista en economía.

Foto: Leonela Paz

Mientras en Tegucigalpa la represión inició desde un día antes de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández a la presidencia, en San Pedro Sula y lugares aledaños se reportaban tomas pacíficas de lugares como El Progreso, Yoro que rápidamente fueron reprimidas; Contra Corriente realizó un monitoreo de lugares y consultó a dirigentes y líderes comunitarios sobre las acciones de la insurrección a la que Salvador Nasralla llamó por twitter y respondieron que sentían que había mucha desinformación, además de sentirse vigilados al tener policías y militares en las zonas estratégicas donde se han realizado las tomas, incluso dentro de los barrios y colonias.

Pero la zona norte no solo se conoce por ser “industrial”. San Pedro Sula ha llevado desde hace unos años el apellido de “la ciudad más violenta del mundo”. Según el Observatorio Nacional de la Violencia en 2017 se reportó que el 28.9% de los homicidios se reportaban en el departamento de Cortés, siendo San Pedro Sula y el Distrito Central dos de las ciudades más peligrosas del mundo.

Ante un contexto violento y una represión de semanas, los manifestantes no salieron como en días anteriores, no obstante, a las 2 de la tarde, una convocatoria espontánea llamó a través de redes sociales a una movilización. Aproximadamente 200 personas se reunieron en el Monumento a la Madre en San Pedro Sula, donde salió, inusualmente, hacia barrios y colonias de la ciudad desde donde les apoyaron y alguna gente se unió.

Caminaron hacia Megaplaza uno de los comercios saqueados el 1 de diciembre en donde quienes dirigían la movilización aclararon que los actos vandálicos no eran una forma de protestar.

Además de ser un punto estratégico, siendo la carretera principal para llegar a La Lima, El Progreso, Tela entre otras ciudades, los policías y militares comenzaron a llegar mostrando con orgullo su indumentaria oficial y los garrotes de madera en sus manos, intimidando a los manifestantes. La caminata finalizó y regresó a su punto de partida esta vez rodeada de militares en motocicletas, policías caminando entre ellos y seguidos por camiones llenos de militares. Una imagen de cómo la llama de las protestas post electorales se ha ido apagando, a pesar de que se mantiene constante y amenaza con mantenerse así los próximos cuatro años del reelecto y cuestionado gobierno de Juan Orlando Hernández.

Con reportes de Leonela Paz y fotografías de Sandra Ruiz

Con la mano derecha sobre la biblia, el presidente nacionalista Juan Orlando Hernández, juró esta mañana respetar las leyes de Honduras y prometió no reelegirse más de una vez. La reelección está prohibida en la Constitución de la República, ésa que faltó en el acto inaugural. En el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino acordonado con tres anillos de seguridad de la Policía Militar, Hernández celebró la toma de posesión de su segundo periodo de gobierno consecutivo mientras afuera, en las calles, la represión militar evitaba que la oposición llegara al Estadio Nacional para boicotear el acto.

Ningún mandatario de otro país acompañó el evento oficial y las misiones diplomáticas no enviaron a sus embajadores sino a secretarios. Sin embargo, el estadio comenzó a abrir sus puertas desde las 7 de la mañana para los simpatizantes  del Partido Nacional, gente que era llevada en buses y que por ir recibía una bolsa con un jugo de naranja y un plato de comida. Pudimos observar esto desde el segundo anillo de seguridad, como a 200 metros de la entrada del estadio porque se nos negó la acreditación de prensa. Los alrededores del estadio estaban militarizados desde ayer.

Simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura se comenzaron a reunir frente a Plaza Miraflores en el bulevar Centroamérica para partir en caminata hacia el estadio, liderados por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya Rosales a eso de las 8 de la mañana. La movilización partió y a menos de una cuadra de haber avanzado, policías militares comenzaron a lanzar bombas de gas lacrimógeno sin mediar palabra. La mayoría de manifestantes se dispersó, mujeres, niños y personas de la tercera edad corrieron mientras algunos jóvenes encapuchados y armados con palos, hondas y piedras pedían no abandonar la calle. Allí comenzó la batalla campal, piedras contra bombas en persecución.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció «condenando enérgicamente» el uso de gases lacrimógenos para dispersar esta manifestación, lo hizo a través de un tweet mientras María Soledad Pazo, la encargada de esta oficina en Honduras, saludaba de manera oficial al mandatario Hernández en el acto protocolario de inauguración de su gobierno.

Hernández asegura que su segundo mandato será guiado por un diálogo que permita crear consensos, casi aceptando que se ha visto debilitado por el descontento expresado en las calles después de unas elecciones que no solo dejaron un resultado reñido, sino que fueron denunciadas por fraude y no avaladas totalmente por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La postal de Honduras hoy muestra sobre qué se sostiene el gobierno de Hernández: las Fuerzas Armadas. El año 2018 comenzó con un despliegue militar a nivel nacional que sitió ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tocoa y Choluteca, focos importantes de resistencia contra el gobierno y un día antes de la toma de posesión Tegucigalpa parecía estar en guerra, la Fuerza TIGRES y Policía Militar y las fuerzas policiales Preventiva y COBRAS, se desplegaron para desalojar cualquier intento de bloqueo de calles por pequeño que fuera, aunque fuera en un callejón de un barrio pequeño.

«Aquí nos tienen fichados porque somos un barrio revolucionario», decía una enfermera a las 10 de la noche antes de la toma de posesión, mientras intentaba auxiliar a un vecino golpeado por un militar y a una mujer embarazada agredida también por militares después que un grupo de personas que viven en su cuadra intentaron quemar una llanta en la calle de enfrente, la Policía Militar sitió la cuadra.

«Vayan a atrapar delincuentes, no se metan con nuestra indignación», decía otro vecino, de frente a los militares que se sostenían fuerte en sus escudos, nerviosos.

Vecino de Barrio Morazán discute con militares que golpearon a un joven y una mujer embarazada en Barrio Morazán. Foto: Martín Cálix

Las protestas comenzaron desde las 7 pm con la caravana convocada por la Alianza de oposición contra la Dictadura la noche anterior a la toma de posesión y terminó en la madrugada en sectores como Villanueva, El Hato de En medio y Kennedy, zonas conflictivas de la capital. Pasaron pocas horas para el 27 de enero, día en que el despliegue militar funcionó exactamente igual, lanzando gas sin mediar palabra a toda protesta, intento de toma de calles y daño a la propiedad privada.

En San Pedro Sula y el norte del país la militarización fue evidente pero las protestas no fueron multitudinarias ni violentas. El impacto de los asesinatos en la crisis post electoral  y las detenciones arbitrarias generaron un efecto de miedo evidente en el escenario previo a la toma de posesión.

«Dios es nuestro amparo y fortaleza en la tribulación, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación» exhortó el Pastor Saúl Gómez de la Confraternidad Evangélica en la apertura de la Toma de Posesión del reelecto presidente Juan Orlando Hernández, mientras las fuerzas policiales y militares lanzaban cientos de bombas lacrimógenas a esa parte del pueblo hondureño aglutinado en la movilización de la Alianza de Oposición.

Luego de la participación de líderes de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica de Honduras, como hace cuatro años  Juan Orlando Hernández juró con su mano sobre la Biblia y frente a su familia que se conducirá con sabiduría y humildad para hacer una Honduras de reconciliación. Como la historia de Noé, la misma de la biblia, no todos los que querían entrar o llegar al arca pudieron.

Hoy en una Tegucigalpa ahogada en un diluvio de gas pimienta, bombas lacrimógenas y represión, medios de prensa nacional e internacional no acreditados no pudieron entrar al estadio y una gran cantidad de manifestantes no lograron ni acercarse al Estadio Nacional donde finalmente se realizaba el evento.

En una situación de violencia exacerbada por parte del Estado, el impedimento a medios independientes para cubrir el evento oficial y la tenacidad por parte de manifestantes, la prensa queda en medio del fuego cruzado. Periodistas golpeados, ahogados por el gas lacrimógeno y usados como tabla de salvación por parte de manifestantes que desesperadamente corrían por su vida, afectaron la transmisión de lo que sucedía en las calles de Tegucigalpa mientras en cadena nacional Juan Orlando Hernández recibía pacíficamente la bendición de las iglesias para sus próximos cuatro años. Un gobierno basado en la militarización como respuesta a la criminalidad y la inestabilidad social, al extractivismo como propuesta de desarrollo y al asistencialismo con el Programa Vida Mejor, como apuesta por una ciudadanía menos política y más hambrienta, condiciones que garantizan el fortalecimiento del control del Partido Nacional con su figura de liderazgo más fuerte: Juan Orlando Hernández.

Con reportes de Pamela Sánchez y fotografías de Martín Cálix.

 

A pocas horas de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, en Tegucigalpa algunos barrios se levantaron en protesta mientras pasaba una caravana que lideró el candidato de la Oposición: Salvador Nasralla. El llamado a la insurrección que hizo la Alianza de Oposición contra la dictadura no hizo tanto eco como para asemejar la situación en la calle con la de los últimos días de 2017. Pero los barrios más afectados por la represión militar hoy volvieron a salir y además de sonar cacerolas y cantar la canción famosa de «Fuera Joh», se enfrentaron a la fuerza militar que de inmediato aplacaba cualquier intento de toma de carretera con gas lacrimógeno y balas. El Hato de Enmedio, Villanueva, Kennedy y el Barrio Morazán pasaron la noche sitiados entre el humo del gas y la persecución militar.

«Esto no va parar aquí, faltan 4 años más de esto», gritaba un hombre que se dirigía a su casa en motocicleta enmedio de la represión militar. Un militar le contestó «nosotros estamos listos para aguantar». La violencia se agudiza en un país militarizado y con inestabilidad política tras reelección presidencial.

 

El lunes previo al día de la toma de posesión se escuchaban por todas partes las amenazas de manifestaciones, intentos de paro nacional y toma de carreteras. A dos meses de haber celebrado las elecciones generales en Honduras, las protestas en contra del presidente actual – quien además será el siguiente también – no cesan a pesar de lo mucho que ha disminuido su intensidad y su constancia.

Salí a hacer un par de mandados y siempre tuve la sensación de que me observaban; me sentía culpable por no poder unirme a las manifestaciones de ese día, era como si todos los demás se dieran cuenta y me reclamaran. Cuando mi faena terminó, caminé una calle en dirección hacia el boulevard Suyapa buscando un taxi que me trasladara a mi destino; de muy mala gana me senté en medio del asiento trasero, rogando para que mis acompañantes bajaran los vidrios de sus ventanas y así no morir de calor en una ciudad acelerada y nerviosa. Una vez en marcha, llegamos hasta el ya muy conocido semáforo ubicado en la intersección cercana a Casa Presidencial. Un grupo de personas, con megáfono en boca, nos recordaban la necesidad de gritar en la calle para evitar que se consume el fraude electoral. Pude ver las expresiones dibujadas en las caras de mis acompañantes, eran esos gestos a los que alguna vez hemos expresado nuestro malestar, ya deberíamos estar acostumbrados, pero que seguimos sin poder tolerar. Nadie decía nada, el lenguaje corporal lo hacía todo.

Cuando por fin logramos salir del atolladero en el tráfico, el primero en hablar fue el conductor.

-Ya quisiera yo andar allí, pero vivo en un país en el que, si dejo de trabajar un día, no como.

Me pareció curioso que fuera precisamente él quien mostrara la mayor señal de apoyo, dado que, trabajando como taxista, sus ingresos se ven directamente afectados por la toma de calles.

-Tengo dos hijas universitarias y me da mucho miedo que de seguir la situación como esta, que yo no pueda continuar pagando su educación.

La señora rubia sentada a mi lado derecho pareció prestarle atención por primera vez. Se unió a la conversación para decir que ella apoyaba las manifestaciones, pero que no estaba de acuerdo con la violencia y los actos delictivos. Por supuesto se mencionó la tragedia que suponía el daño material del que fue víctima recientemente un hotel capitalino.

-Pero es que nada se ha logrado sin el correr de la sangre — le contestó mi héroe taxista. Continuó explicando que hasta antes del golpe de estado en 2009 él era “cachureco” y que lo era porque sus padres se lo inculcaron. Luego habló de un despertar de conciencia colectivo y me vi muy atraída por esa selección de palabras; de cómo él trataba que sus hijas votaran siempre con responsabilidad, de cómo se había tomado por lo menos un par de horas libres para poder ir a manifestarse semanas atrás y de cómo siempre que podía, platicaba con sus pasajeros para así compensar el tiempo que no podía ir a marchar.

La señora rubia le interrumpió esta vez para argumentar que este no era el primer presidente corrupto que teníamos y que este no era el único país donde se daban los robos masivos, los fraudes electorales y el asesinato de gente inocente en nombre de la política. Yo estaba a punto de contestarle cuando mi héroe una vez demostró que quien trabaja en las calles, vive más.

-Que esto ya se haya dado antes no significa que debamos permitir que continúe.

Yo debía bajarme en la siguiente esquina. No quería hacerlo, quería seguir escuchando a aquel hombre con las manos gastadas y las piernas cansadas de conducir. Al de la voz contaminada de gritos e insultos cotidianos, misma voz que imaginé gritando muy fuerte la consigna que ya todos sabemos.

Hoy, a pocas horas de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, Honduras amaneció con el reporte de Associated Press que vincula al director de la Policía Nacional, el recién nombrado José Aguilar Morán con el narcotraficante extraditado Wilter Blanco. A la mitad de la mañana, la Misión de Apoyo Contra la Impunidad (MACCIH), convocó a una conferencia de prensa para informar que investigarán a diputados que falsificaron artículos de la Ley de Presupuesto que garantizaron lo que ellos han llamado «un pacto de impunidad» a favor de diputados investigados por corrupción, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mientras tanto la convocatoria a paro nacional por parte de la Alianza de Oposición suena como objeto que cae al vacío, en el estadio nacional se preparan para la toma de posesión de Hernández, a pesar de que no hay un comunicado oficial que determine que allí será el evento y que han negado acreditaciones a varios miembros de la prensa nacional e internacional para la cobertura.

Un informe filtrado a la AP dice que el comisionado Aguilar Morán ayudó a movilizar un cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína escoltándolo con otros agentes de la Policía hasta la casa de Blanco, esto en medio de una crisis política post electoral debería ser un terremoto, pero en Honduras esto pasa de lejos. La Secretaría de Seguridad llamó a conferencia de prensa hoy pero después de 3 horas de espera, Omar Rivera de la Comisión Depuradora fue quien se presentó para prometer que se reevaluará la cúpula policial y para decir que el informe que utilizó la AP no corresponde al oficio original que obra en el archivo de la Inspectoría General.

La Maccih, por su parte, dio fuertes declaraciones en base a pruebas que muestran cómo en el Congreso Nacional el pasado 18 de enero se discutió y aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto que otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas para todas las investigaciones relacionadas con manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad de judicializar casos de corrupción mientras el Tribunal de Cuentas no determine la existencia de irregularidades. La ley es además retroactiva, porque aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006. Lo que se publicó en La Gaceta no es lo mismo que se discutió, denunció la Maccih, y esto es un delito, no un error.

En este video la Maccih explica cómo se manipuló la ley y la voluntad del pleno de diputados en el Congreso Nacional:

La jueza Alma Guzmán utilizó este artículo de la ley alterado para archivar el caso de la «Red de diputados» en el que 5 diputados estaban procesados por corrupción en manejo de fondos de oenegés. Ante las denuncias de la MACCIH, el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas ha asegurado a medios de comunicación nacional que la Misión quiere desestabilizar el país. Rivera Callejas es el firmante de la Ley y sería uno de los investigados por la Maccih para determinar responsabilidades penales por delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.

El Congreso Nacional ha nombrado una comisión para «enmendar el error» tras la presión de un tweet de la Embajada de Estados Unidos que se pronunció a través de la encargada de negocios Heidi Fulton.

«En política no hay errores involuntarios», dijo tajante Jiménez Mayor y agregó que serán investigados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad en la Corrupción (UFECIC), también el Ministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, la comisión de dictamen del presupuesto en el Congreso, el vicepresidente Rivera Callejas y el director del Diario Oficial La Gaceta.

«Desde que llegamos, tenemos las maletas hechas pero seguimos trabajando», dijo alguien del equipo Maccih tras los señalamientos de injerencia que han hecho desde el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. La Maccih se juega su estadía en Honduras en medio de una crisis política desatada por un gobierno que ha concentrado todos los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas en una sola figura: Juan Orlando Hernández, quien recibirá la banda presidencial por segunda vez consecutiva.

El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía asegura que es positivo que la Maccih comienza a dar golpes sobre la mesa, pero que en este momento lo que evidencia es que el actual gobierno no dejará que se le investigue y lo mejor que puede hacer en estas condiciones es retirarse del país.

«La Maccih tuvo esta información y otra más antes de las elecciones pero uno no entiende porqué no abrió la boca en ese momento, la ciudadanía tiene derecho a dudar de esta institución. Esto evidencia la naturaleza arbitraria y corrupta del régimen que tomará posesión mañana», expresó Mejía en entrevista con Contra Corriente.

Mejía cree que el gobierno de Hernández, a pesar de la acumulación de poder y la impunidad de la que se rodea también se muestra debilitado por la falta de legitimidad, el descrédito por el fraude evidenciado por la misma Organización de Estados Americanos (OEA) y un diálogo que no prospera.

Militar resguarda una de las entradas al Estadio Nacional. Fotos: Martín Cálix.
 

«Con esa debilidad el gobierno tiene que comportarse como un sicario en tres dimensiones: comprando voluntades como lo hizo en el Congreso Nacional para reelegir la junta directiva, aquellos que no puede comprar los reprime con la fuerza militar que lo hemos visto y siendo un gobierno lacayo de Estados Unidos, ese gobierno que es lo único que sostiene a Hernández.  Lo que va a pasar mañana es una etapa de transición que comenzó con las elecciones y ahora abre la nueva etapa que implica lavar el fraude y la inconstitucional reelección con un diálogo», agregó.

Para Mejía en Honduras se demuestra la diferencia entre la dictadura y la democracia. «Amnistía Internacional en su informe dijo algo fundamental: en Honduras no hay espacio para que la gente se exprese libremente y si lo hace se enfrenta a la fuerza represiva del Estado. Ésa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. La ciudadanía conciente no podemos sentarnos a un diálogo convocado por el máximo causante de la crisis política, porque el factor desestabilizador fue la reelección inconstitucional y ése es el tema principal que debe llevar un diálogo, el segundo es el fraude electoral», concluyó.

Hasta este momento no hay confirmación de la presencia de presidentes de otros países a la toma de posesión, el Partido Liberal publicó un comunicado en el que llama a sus diputados a no participar de la toma de posesión del Presidente y el despliegue militar comienza a hacerse efectivo en los alrededores del Estadio Nacional , mientras la Alianza de Oposición contra la Dictadura no ha tenido mucho eco en el llamado a protestar contra el gobierno y seguir denunciando el fraude electoral.

En la zona nor occidental del país se realizaron diversas actividades en torno al Día Nacional de la Mujer Hondureña y aunque cada semáforo tenía vendedores ambulantes con flores y corazones aprovechando la fecha, las movilizaciones en zonas como El Progreso, Tocoa y Santa Bárbara fueron lideradas con la consigna: «Nada que celebrar». La conmemoración sirvió para recordar las diversas luchas que las mujeres han emprendido en el país y las brechas que aún faltan por cerrar en materia de equidad e igualdad de género en un país donde entre el año 2016 al 2017 se reportó un aumento del 45.5% de muertes violentas y femicidios según el observatorio del Foro de Mujeres por la Vida.

Las mujeres han sido fundamentales en las manifestaciones desatadas por la crisis política en la que se encuentra el país, esas mismas mujeres organizadas, sindicalistas, feministas y lesbianas se autoconvocaron en la ciudad de San Pedro Sula para realizar un plantón frente al parque central y rechazar la dictadura que en varios niveles del gobierno se expresa y se oficializa en estos días.

La gente que las veía caminar les gritaba: «Fuera JOH» y algunos comentaban sobre la valentía de las mujeres. Un niño preguntó a su padre quiénes eran ellas y qué hacían a lo que su padre respondió -Son las mujeres valientes, que van a protestar. Las mujeres saben luchar por sus derechos y hoy justamente es el día nacional de la mujer hondureña-, le respondió mientras siguió su camino.

Mientras ellas protestaban, las calles habían sido cerradas y custodiadas por los militares y policías nacionales ya que en el Palacio Municipal se estarían llevando a cabo los actos de la toma de posesión del nacionalista Armando Calidonio como alcalde la ciudad por segunda vez. Al ver eso las mujeres se trasladaron frente la municipalidad gritando «Ni fraude electoral, ni acoso sexual» entre otras consignas consiguiendo que cerraran la entrada de la municipalidad al son de los tambores que no dejaban escuchar bien el himno nacional que se entonaba en la terraza municipal.

Ya en el plantón, las mujeres realizaron actos lúdicos y simbolizaron la sangre derramada en los últimos meses recordando las mujeres que han marcado la historia y la lucha feminista en el país.

«Las mujeres siempre hemos estado en la lucha y en las movilizaciones, sin embargo hemos sido invisibilizadas y nuestras agendas siempre han sido postergadas, hoy las cosas han cambiado porque tenemos mayor consciencia y estamos despertando. No importa si somos de sindicato, individuales, de colectivos no importa porque hoy estamos acá luchando y no nos vamos a parar, porque esto apenas empieza y para ello debemos cambiar las consignas de «Cual es la ruta» por: Cuál es la misión, sacar a ese ladrón. Cuál es el camino, sacar es asesino», expresó Nelly del Cid de Tejedoras de Sueños / Foro de Mujeres por la Vida.

En Honduras entre 2016 al 2017 se han reportado 1452 mujeres desaparecidas y 3725 violaciones sexuales a mujeres y niñas, según el observatorio de Foro de Mujeres por la vida.

 

Mujeres con pancartas, claveles,  cacerolas y machetes de un lado, del otro, mujeres uniformadas y con toletes, todas hondureñas. Mujeres que en la conmemoración del Día Nacional de la Mujer hondureña, salieron a hacer frente desde sus propias trincheras a la crisis post electoral que en Honduras se vive desde noviembre de 2017.

Hoy se instaló la Primera Legislatura del período constitucional 2018-2022 en el Congreso Nacional con actos simbólicos de protesta como el de la nueva diputada de Libre, la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien mientras se entonaba el himno nacional dio la espalda a la Junta Directiva reelecta casi en su mayoría y sin la representación de diputados o diputadas de la oposición. Mientras esto sucedía, en los alrededores del centro de Tegucigalpa un grupo de mujeres organizadas en resistencia, las feministas e independientes intentaban llegar hasta los bajos del hemiciclo legislativo como cada 25 de enero, pero fueron detenidas por un operativo policial y militar que acordonó todo el centro.

«A las mujeres que andamos en las protestas nos siguen criminalizando, y hoy como es costumbre desde 2009 no nos dejan pasar por ciertos sectores. El Centro de Tegucigalpa está amurallado, no hay acceso al Congreso Nacional que se supone es una de las casas del pueblo», lamentó Delmy Ordoñez, una de las jóvenes manifestantes que desde el barrio La Guadalupe se movilizó con dirección al Congreso, sin poder llegar debido a los agentes de la Policía Nacional y Militar que las rebasaban en cantidad.

Luz María Cantillano, vestida con una sábana blanca y con manchas rojas llegó a denunciar «el derramamiento de sangre que ha hecho el gobierno del presidente Juan Orlando». En el primer año de gobierno de Hernández, su único hijo fue asesinado por delincuentes en la entrada principal de la Colonia Los Pinos cuando se dirigía a buscar trabajo.

Doña Luz hoy no vendió tamales en Los Pinos, como hace todos los días, hoy se apostó con una cruz en la mano y la Constitución de la República en el suelo, frente a una barricada de la Policía Nacional en su primera línea conformada por mujeres que escudaban a unos seis bloques más de policías antimotines y policías militares que cubrían toda la avenida.

Varias son las razones que han movido a las mujeres hondureñas a salir a las calles a luchar por sus derechos, después de 64 años de promulgado el 25 de enero como el «Día Nacional de la Mujer Hondureña» bajo Decreto Legislativo número 30 del 28 de enero de 1954. «Hoy no tenemos nada que celebrar, pero sí mucho que despreciar, porque lo que sucede en este país es el fraude más transparente de la historia, claramente hay un solo poder que dirige y manda y los demás sólo son súbditos que paga con nuestros impuestos», condenó Regina Fonseca del Centro de Derechos de las Mujeres, sentada frente a una barricada de policías que le triplicaban en número al costado trasero del Congreso Nacional.

Fonseca puntualizó  que «en un medio sexista y misógino como es la Policía, las mujeres que allí se encuentran aprenden a reprimir, pero allá adentro, ellas también son violentadas, son subordinadas y hoy objetivizadas por este sistema capitalista y patriarcal… esta lucha es por las que estamos acá afuera protestando, por las que están aún en casa cocinando y por ellas, por las que están con ese tolete y escudo frente a nosotras defendiendo a la dictadura».

Al terminar la protesta, algunas manifestantes regalaron rosas a las policías y otras las trataban de persuadir: «Dios las ama, dios ya les tiene un galardón, nosotras las entendemos, dios las ama aunque nos monten verga»,fue el mensaje final de una señora que ya iba camino de regreso con su pancarta doblada a seguir en su cotidianidad.

 

Replicado de Casi Literal con autorización del autor

La desdicha de mi país comienza desde el nombre. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, honduras significa «Tratar de cosas profundas y dificultosas», y la semántica nunca fue más acertada ya que vivimos en una hondura, un pozo creado por los mismos que promueven una democracia que no existe.

El 14 de agosto de 2007 salí de Honduras, no fue una decisión fácil pero tenía que hacerlo. Emigré a Estados Unidos por diferentes razones, pero había una en especial que en aquel entonces nadie sabía y que hasta ahora muy pocos saben: meses antes de salir del país recibí amenazas de muerte. Durante un año me desempeñé como director de comunicaciones de una entidad de gobierno ―aquel gobierno que en el 2009 fue derrocado por un golpe de estado militar― y ejerciendo ese cargo recibí una propuesta para ser parte del selecto grupo de corruptos del país la cual no acepté. Luego comenzó el acoso.

Hoy, once años después, la corrupción se ha convertido en una metástasis que ha infectado a todo nivel a la mayoría de los políticos. La situación solo ha empeorado dado que la condición política y socioeconómica de Honduras es aún peor, los índices de homicidio son altísimos y la violencia se ha apoderado de un país donde el precio de una vida es más bajo que el de un teléfono celular.

Después del caos que ha causado las pasadas elecciones por las irregularidades y las innumerables denuncias de fraude, el presidente Juan Orlando Hernández, quien de manera cínica y descarada violó la constitución al reelegirse, llamó a la unión, el dialogo y la paz. Irónicamente, como muestra de su propuesta pacífica, envía a las calles a la policía militar fuertemente armada para reprimir al pueblo que según él lo eligió; una muestra clara de que el presidente ha perdido la capacidad de gobernar un país que se le fue de las manos desde el momento en que decidió convertirse en uno más de la lista negra de gobernantes latinoamericanos adictos al poder.

Las marchas pacíficas se han vuelto violentas ―una situación que no comparto pero puedo entender― y los reportes de enfrentamientos y asesinatos son cada día más comunes en los diarios y noticieros. En las calles el pueblo se enfrenta a la policía mientras que los poderosos y gobernantes «gobiernan» desde sus casas y oficinas utilizando el caos como cortina de humo.

Las recientes elecciones presidenciales en Honduras han puesto al país al borde de una guerra civil que provocará una migración masiva como sucediera en la década de 1980 en otros países de la región como El Salvador y Nicaragua. La violencia, el hambre, los constantes abusos de poder y la ley parcializada son algunas de las razones que despertaron la ira del pueblo, y lo que debió ser una fiesta cívica se convirtió en el inicio de una guerra sin cuartel entre aquellos que pretenden gobernar a la fuerza y los que se resisten a vivir en la miseria.

El destino del país es incierto y los partidos de oposición también tienen su cuota de culpa por prestarse a la farsa de las elecciones del pasado noviembre. Mientras tanto, el presidente Hernández no abandonará el poder porque sabe que hay más que eso en juego; por su parte los hondureños hacen valer su derecho y no dan tregua, demostrando, incluso, que están dispuestos a entregar su vida en las calles por defender la democracia.

Fotografía: Jafeth Lagos.

Reproducida con autorización de El Faro.

La Misión contra la Impunidad de la OEA se replantea la continuidad de su trabajo luego de que el Congreso hondureño aprobara una ley que le quita a la misión y a la Fiscalía la potestad de investigar a funcionarios públicos. La reforma, que ya fue aplicada para aplazar un caso contra cinco diputados, suspende cualquier acción judicial contra decenas de diputados acusados o investigados de pertenecer a una red de corrupción, entre ellos el presidente del Congreso.

Carlos Dada 

El jefe de la Misión de la OEA contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, amenazó este miércoles con el retiro de la misión si el Congreso no deroga una polémica ley, aprobada en los últimos días, que frena las investigaciones de corrupción que su oficina realiza en conjunto con la Fiscalía.

Instalaciones de la MACCIH, Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix

“Estamos investigando a más de 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso, además de a la exprimera dama. ¡Si iniciamos una investigación no pueden detener esa investigación!”, reclamó Jiménez Mayor en conferencia de prensa.

Este 24 de mayo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH) denunció la reforma de ley del presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, que frena las investigaciones contra funcionarios acusados de participar en redes de corrupción. Para Juan Jiménez Mayor, vocero de la MACCIH, este es un paso hacia la impunidad en Honduras.

La reforma legal aprobada el pasado 18 de enero otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas para todas las investigaciones relacionadas con manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad de judicializar casos de corrupción mientras el Tribunal de Cuentas no determine la existencia de irregularidades. La ley es además retroactiva, porque aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006. “Durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”, dice el controversial artículo 238 con el que cierra la ley del presupuesto, conocido ya como el “pacto de impunidad”.

La MACCIH y la fiscalía hondureña denunciaron en diciembre pasado la existencia de una red de corrupción que desde el Congreso otorgaba fondos a organizaciones no gubernamentales para proyectos sociales pero que terminaban en las cuentas bancarias de varios congresistas. Los investigadores dijeron tener suficientes pruebas contra cinco legisladores y solicitaron al Congreso retirarles el fuero para procesarlos. En vez de ello, los diputados aprobaron esta reforma legislativa.

Según las investigaciones, los cinco diputados involucrados en el escándalo recibieron fondos provenientes de varias organizaciones no gubernamentales destinados a proyectos sociales. Todos ellos votaron después por la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se oponían a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y por el nombramiento de sus sustitutos que despejaron el camino para la reelección.

El primer gran logro de la reforma fue bloquear esta investigación: este miércoles 24, los cinco diputados acusados en el caso conocido como “Red de Diputados” han sido liberados por la jueza y magistrada Alma Guzmán, que aplicó en su tribunal la nueva normativa. Guzmán tenía programada una audiencia del caso la semana pasada, pero esta fue suspendida y reprogramada para la tarde de este miércoles. La reforma fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero, y cinco días bastaron para que la jueza aplicara la nueva normativa y resolviera que el proceso queda aplazado hasta que el Tribunal Superior de Cuentas concluya la investigación administrativa, para lo cual tiene tres años de plazo. “Este proceso ya terminó y esta gente está ya libre”, dijo a la salida del tribunal uno de los abogados defensores. “El juicio está ya acabado”.

Pero este no sería el único caso de la MACCIH que se vería perjudicado. El vocero de la Misión denunció que la reforma podría afectar todos los casos correspondientes a las últimas cuatro administraciones, incluyendo el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social y las investigaciones de coimas otorgadas por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios en los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa.

“Hubo una reunión previa entre Mel Zelaya y Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, pero no sé qué hablaron ni quiénes de mi partido se quedaron o cómo votaron”- Rasel Tomé, diputado LIBRE.

La MACCIH también investiga a otros 60 diputados de todas las bancadas, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, de quienes sospecha que se beneficiaron de fondos públicos mediante el mismo esquema, explicó Jiménez Mayor. También hay directivos de 30 oenegés bajo investigación. La red pudo haber desviado $1,300 millones de lempiras -casi $60 millones de dólares-, dijo el funcionario.

Jiménez Mayor anunció que ha iniciado ya consultas con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para determinar si la misión continúa en Honduras, “al considerarse esta circunstancia como una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia del poder judicial y del Ministerio Público, impidiendo el combate a la corrupción”.

El Congreso y la Corte Suprema de Justicia, dos de los tres poderes del mismo estado hondureño que pidió a la OEA el establecimiento de la Maccih, respondieron advirtiendo que Honduras es un estado soberano.

El Congreso emitió un comunicado en el que demanda a la MACCIH “respeto a las instituciones del Estado, a su independencia y autonomía y al libre ejercicio de sus atribuciones”. Además considera que la reforma, “lejos de generar impunidad, promueve transparencia”, ya que exige al Tribunal Superior de Cuentas investigar el uso de todos los fondos públicos. Pero esto ya era mandato del TSC, aunque no exclusivo, como ha quedado ahora establecido en la reforma legal, en la que además se impide a la Fiscalía ejercer el patrimonio de la investigación penal que le manda la constitución hondureña.

La Corte Suprema de Justicia, que podría determinar la inconstitucionalidad de la reforma legal, también respondió con un comunicado en el que recuerda que Honduras es un país soberano, y condena “cualquier presión e insinuación proveniente de personas, grupos o instituciones, nacionales o internacionales”.

Conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia. Foto: Martín Cálix.

La controversia se une a la profunda crisis política que atraviesa Honduras, en las vísperas de la reinvestidura del presidente Juan Orlando Hernández programada para el sábado 27 de enero. Su reelección ha sido cuestionada por las principales fuerzas opositoras, que acusan al mandatario y a su Partido Nacional de haber cometido un fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre y se niegan a aceptar los resultados.

Honduras está ahora militarizada y fuerzas sociales y políticas han llamado a tomas masivas de calles y aeropuertos.

Pero el llamado “Pacto de la impunidad” amenaza también con dividir a la oposición liderada por el expresidente Manuel Zelaya.

El diputado Rasel Tomé, del Partido Libertad y Refundación de Zelaya, se retiró de la sesión en la que fue votado el presupuesto y con él la cuestionada reforma. “Denuncié que era una sesión ilegal, que no podíamos aceptar que se sometiera a votación un presupuesto que no se había discutido”.

Según la versión de Tomé, varios diputados de su partido se retiraron de la sesión, pero no todos. Entre los que se quedaron estaba el expresidente Zelaya Rosales, jefe de la bancada. “Hubo una reunión previa entre Mel Zelaya y Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, pero no sé qué hablaron ni quiénes de mi partido se quedaron o cómo votaron”. El Faro intentó obtener la versión del expresidente Zelaya, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido a nuestra solicitud.

La votación terminó con 60 votos a favor, 11 abstenciones y dos votos en contra, pero debido a que no estaba conectado el registro electrónico aún no se sabe qué diputados aprobaron la propuesta.

La lista de asesinatos y las violaciones a los Derechos Humanos continúa agrandándose. En el norte del país, desde el 20 de enero van 4 asesinatos de personas que participaban activamente en las protestas. Honduras se encuentra militarizada y la gente sale, en menor medida que el pasado mes de diciembre de 2017, pero sale aunque tenga miedo, y es el miedo lo que se convierte en la norma. El miedo a los militares y a la imposición de un gobierno que ha asumido que si militariza el país controla la situación.

La Alianza de Oposición convocó a una semana de insurrección a partir del 20 de enero, aunque no queda claro el esquema de organización de este tan anunciado desacato al gobierno, se han realizado distintas tomas de carretera, de barrios y colonias, unas con mayor organicidad que otras. Mientras en el norte del país la tensión y la temperatura sube bajo el asedio de la muerte selectiva, en Tegucigalpa la resistencia –a lo que ya algunos analistas llaman como golpe de Estado– parece anémica. Poca gente sale, poca gente se suma a las débiles convocatorias de la Alianza y al llamado a la insurrección. Una insurrección que a pocos días de la juramentación presidencial no parece terminar de cuajar más allá de los discursos incendiarios de Manuel Zelaya y de algunos de los diputados de la Alianza.

Discursos y más discursos, que intentan encender el fuego de la ansiada insurrección de un pueblo que parece desorientado y con miedo.

La mañana del 23 de enero se volvió a convocar a la gente a que se aglutinara a la altura del Puente Estocolmo, donde el sábado anterior habrían sido reprimidos con gases lacrimógenos y toletes. Los pocos que llegaron tenían a sus espaldas el imponente Estadio Tiburcio Carías Andino donde en su interior se continúa con los preparativos para la toma de posesión de Hernández que está pactada para el día 27 de enero, y de frente las vallas policiales y militares que impidieron el acceso hacia el Congreso Nacional, donde en ese momento se juramentaba con el mayor de los cinismo la nueva legislatura nacional, o vieja, o la misma, da igual: el nacionalista Mauricio Oliva sigue presidiendo la segunda institución del Estado hondureño, un Estado que parece desdibujarse bajo la bota militar y el descaro la derecha hondureña.

A la una de la tarde se había convocado a la entrada principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para la realización de un guancasco cultural. Lo que inicialmente se pretendía que fuera una actividad cultural entre el canto y la alegría estudiantil de los universitarios terminó por ser una larga caminata hacia el sector de Villanueva en la salida a Danlí. Por la tarde la cantidad de persona era todavía menor, mucho menor que lo de la mañana. Y aquello parecía insostenible, aquello fue insostenible: el asedio policial que no se detuvo hasta ahuyentar a los pocos artistas y estudiantes de la UNAH que intentaron realizar un acto cultural en solidaridad con uno de los sectores más golpeados por la represión militar en la ciudad de Tegucigalpa. El sector de Villanueva ha sido un verdadero campo de guerra, pero en esta ocasión nadie se sumó a la actividad, nadie salió a recibir el canto y la alegría universitaria y de los artistas. En estas condiciones, lo más cercano a una actividad cultural fue la entonación del himno nacional por Karla Lara.

La toma de la carretera hacia oriente duró nada, apenas unos minutos, la paciencia de los policías no era tanta y decidieron que era hora de desalojar, no hubo gas esta vez, porque los artistas y los estudiantes corrieron antes de que se dispararan las lacrimógenas, así, la actividad quedaba desarmada y el grupo –desorientado– caminó de regreso por donde vino, custodiado por militares y policías, pero desorientados, desanimados, con miedo quizá.

 

La calma y las vacaciones terminaron en Honduras. El 2018 arrancó con la misma indignación con la que cerró el 2017 en los barrios, en las ciudades, en el comercio, conductores de autobuses y vendedores de golosinas.

Doña Laura, una señora de aproximadamente 50 años aprovecha las tomas de calles para venderle golosinas a los manifestantes y a los militares. Ella dice que hay que ganarse la vida, pero que no hay que olvidar que el pueblo tiene derecho a manifestarse y a repudiar lo que está pasando en el país. Ella busca hacer dinero vendiendo chicles, cigarros, y cacahuates. Ella sabe combinar con certeza el negocio y la indignación.

Laura es diplomática, ella cuenta que está en contra de Juan Orlando Hernández, en contra de su dictadura y en contra del abandono gubernamental a los comerciantes informales, pero cuando de vender golosinas se trata, hasta a los militares se acerca. «Yo le vendo a todo el mundo, sí, me da miedo a veces acercarme a los militares y policías, pero a veces me compran cigarros o confites y yo tengo una familia a quien responder en casa». Laura dice que tiene cuatro hijos, y ella debe llevar dinero para su alimentación.

Laura escuchó la convocatoria de la Alianza de Oposición contra la Dictadura a paro nacional para el 20 y 21 de enero, al ver la televisión dijo que se puso a pensar a qué lugar iría a vender. Ella vive en El Carrizal, pero la mañana del sábado se trasladó a la sector de Villanueva, ubicada en la salida de Tegucigalpa hacia el departamento de El Paraíso.

Hubo mucha expectativa sobre lo que podría suceder en Honduras con la convocatoria. Los recuerdos en la ciudadanía del mes de diciembre siguen vigentes y todos se imaginaron que el país se volvería a paralizar, al menos en la zona norte, sector que, a mediados de diciembre, luego de la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró sus carreteras al paso del tráfico.

Desde el sábado 20 de enero en horas de la mañana, se registraron tomas en los departamentos de Colón, Atlántida al norte del país; Yoro, Comayagua y Siguatepeque en la zona norte y centro de Honduras, y también en Tegucigalpa.

Esta nueva jornada de protestas tuvo menos intensidad que las de diciembre, pero no por ello se salvó de la represión militar. Las tomas de carretera se registraron en el departamento de Colón: en Trujillo, Tocoa y Sabá, lugar donde fue asesinado Anselmo Villareal, un campesino de la tercera edad, a manos de militares.

En Tegucigalpa hubo acciones en varios barrios y colonias: Miraflores, Carrizal, Comayagüela y Villanueva, en este último, Laura acudió a vender sus golosinas.

El sector de Villanueva es una zona donde habitan personas de bajos recursos económicos, históricamente ha sido un sitio conflictivo en la capital y además son barrios que evidencia la desigualdad y la pobreza.

Desde las 5:30 de la mañana estas colonias estaban militarizadas. Militares y policías estaban listos para reprimir a cualquier manifestante que intentara cerrar la vía de acceso hacia El Paraíso. Y esta escena se materializaba en todo el país, en el norte, sur, centro y oriente. Honduras estaba bajo el dominio militar.

Esa jornada desafió a los manifestantes, y a pesar de ello, la gente salió a las calles y logró instalar tomas de carretera, eso generó una reacción inmediata de las autoridades del orden, quienes reprimieron con gas lacrimógeno, toletes y en el peor de los casos con balas. Al final la jornada dejó una persona asesinada en el atlántico.

Pero esa realidad que se dibujaba en las calles de la colonia Villanueva no amedrentó a doña Laura, ella llegó con valentía y empezó en medio del fuego de las llantas a vender sus golosinas y también a repudiar cuando podía la represión y al gobierno que ahora se instala por cuatro años más.

Transcurría la mañana y la toma seguía instalada, a eso de las 10:30 de la mañana del sábado, la Policía Militar, junto a la Policía Nacional desalojó al calor del gas lacrimógeno, el que además de ser lanzado contra los manifestantes, también afectó a periodistas y a la gente que habita en las viviendas ubicadas en ambos lados de la carretera a oriente.

Mientras las bombas lacrimógenas eran lanzadas por los elementos de seguridad, doña Laura junto a los manifestantes corría sin freno hacia un lugar seguro, ella trató de buscar un sitio seguro, mientras los más jóvenes respondían con piedras el ataque lacrimógeno.

La represión duró más de una hora. La gente a pesar de la agresión, dos horas después –a eso de la una de la tarde– hizo otro intento de toma, el que también fue desalojado por las fuerzas del orden.

Doña Laura logró llegar a un lugar seguro, se quejó con los vendedores de verduras y tortillas que se ubican en la entrada a Villanueva y luego se fue del lugar con destino desconocido.

***

Las acciones del sábado 20 de enero terminaron, pero el sol marcaba un nuevo día, uno lleno de expectativas por la convocatoria de tomas, pero más por la sesión del Congreso Nacional que se convocó a las siete de la mañana del domingo.

Los alrededores del Congreso estaban totalmente cerrados, con único acceso a los diputados, personal del Congreso autorizado y periodistas acreditados. Ese día, además, la Alianza convocó a una movilización desde el Estadio Nacional hacia el Congreso, pues se instalaba la Junta Directiva provisional del Congreso.

La convocatoria era a las 7 de la mañana, generalmente las sesiones inician con demora, dos o tres horas después de la hora pactada, pero en esta ocasión no fue así; a las 6:50 de la mañana el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala acompañado de su secretario de despacho Ricardo Montes, dieron por inaugurada la sesión haciendo el llamado a la apertura de mociones por parte de la bancada del Partido Nacional.

De inmediato la palabra se concedió al Partido Nacional, instituto político al que pertenecen Ayala y Montes, lo han dicho públicamente y además son activistas del gobierno de Hernández. Al tener la palabra, el presidente del Partido Nacional, Reynaldo Sánchez dio a conocer la propuesta del oficialismo para integrar la Junta provisional que preparará la elección de la Junta Permanente y la instalación de la nueva legislatura.

«La propuesta es Mauricio Oliva en la presidencia, el honorable diputado por Francisco Morazán de la Alianza Patriótica Dennis Bobadilla en la vicepresidencia y el diputado Tomás Zambrano en la secretaría», dijo Sánchez.

La moción fue recibida, Ayala y Montes asintieron con la cabeza y Montes dijo a los presentes: «moción recibida y suficientemente discutida», se dio paso a la juramentación y posterior cierre de la sesión.

Mientras Montes decía que la moción estaba suficientemente discutida, varios diputados de la oposición en el Congreso levantaban la mano, para pedir la palabra y dar a conocer su propuesta que era encabezada por el Partido Liberal, para así obtener la presidencia del Congreso. Su solicitud ni siquiera fue recibida para presentar la moción, y ante el grito de «fuera JOH», los representantes de Gobernación y Justicia juramentaron a sus correligionarios nacionalistas.

Las reacciones se dieron de inmediato. Mauricio Villeda, diputado del Partido Liberal y excandidato a la presidencia por este instituto político dijo que este método demuestra el carácter dictatorial del oficialismo. Manifestó que esto no puede seguir así y que desde el Partido Liberal no respaldan esa imposición.

«Necesitamos en Honduras un nuevo aire, uno que no sea de gas lacrimógeno ni de dictadura», dijo el diputado Darío Banegas, también del Partido Liberal.

Por su parte el diputado nacionalista, exvicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas dijo que este es el reflejo de democracia y que el abogado Mauricio Oliva es un hombre capaz, que puede dialogar y que por eso el respaldo de los diputados nacionalistas, de la Democracia Cristiana y de la Alianza Patriótica. Al final 67 votos a favor de esa moción dieron positiva la juramentación de la Junta Provisional.

El martes 23 de enero se nombrará a la Junta definitiva, y por los vientos que soplan todo indica que será siempre bajo el mando de Mauricio Oliva, con la integración de las distintas bancadas en el Congreso.

Así arrancó la mañana en Tegucigalpa. Todo el país concentró su atención en lo que sucedía en el Congreso, las acciones disminuyeron su intensidad en comparación al sábado. Para la capital a las ocho de la mañana se convocó a una movilización hacia el Congreso, las condiciones para que se diera eran complejas, pues todos los accesos tanto al Estadio Nacional como para el Congreso estaban limitados por los retenes militares.

Allí estaba desde temprano doña Laura, vendiendo sus golosinas. A las nueve de la mañana había muy pocas personas, pero acompañadas de su candidato Salvador Nasralla, él estaba dando declaraciones a los medios de comunicación en el que reiteró el llamado a los diputados para que no asumieran el cargo y que con esa actitud de protesta pidieran la repetición de las elecciones, porque las mismas generaron fraude hasta en el Congreso Nacional.

Al final, ningún diputado hizo caso al llamado, cada uno de ellos, los que integran la oposición manifestaron que deben estar en el Congreso, porque de no hacerlo a pesar del fraude, sería dejar el camino abierto al oficialismo para aprobar leyes sin oposición alguna.

Doña Laura, con su cajita llena de golosinas vendía cacahuates, los andaba a cinco lempiras la bolsa (aproximadamente 25 centavos de dólar), y mientras intentaba convencer a sus clientes, de reojo ponía atención a Nasralla y sus declaraciones.

«Verdad que no deberían ir los diputados al Congreso le preguntaba a un cliente, que le compró dos bolsas de cacahuates, él le contestó, es complejo, pero en el Congreso hay que estar, sino los cachurecos harán lo que quieran con el país».

La mañana avanzó en medio de esa discusión de los manifestantes y también entre la duda de la llegada de más personas, en esta ocasión hubo muy poca presencia de gente, en el transcurso de la mañana hasta las doce del mediodía la cantidad no pasó de las 500 personas.

La jornada se dio al calor de una manifestación que por las condiciones mismas se convirtió en un plantón, no le quedó de otra a los manifestantes porque no había la cantidad necesaria para movilizarse, además la militarización y cierre de accesos era muy fuerte.

El reloj marcó las doce treinta del mediodía, doña Laura seguía vendiendo, ahora ofrecía cigarros a los militares, pero lo hacía viendo a la gente que le pedía a los militares que dejarán de atacar al pueblo, que al final ellos vienen de allí.

Mientras la gente seguía gritando «Fuera JOH», los manifestantes preparaban piedras para lanzar al contingente militar y policial que superaba los 500 elementos, fue en ese momento en el que uno de ellos lanzó una piedra contra ellos y la represión se desató.

Las bombas lacrimógenas volaban, mientras las piedras de los manifestantes sonaban en los escudos de los militares y policías, doña Laura salió corriendo con su caja de golosinas, ella junto a otros manifestantes salió fuertemente dañada por el gas lacrimógeno.

La represión se dio por todo el barrio Morazán, sector que colinda con el Estadio Nacional y el Congreso, la Policía Militar inició la cacería de brujas en búsqueda de los jóvenes manifestantes. El uso desmedido de la fuerza fue una vez más el factor determinante de la imposición del gobierno de Hernández, quien sigue controlando las protestas y sosteniendo su poder a base de gas lacrimógeno, toletes y balas.

Doña Laura tragó gas, corrió para salvar su vida, pero al menos llevó algo de dinero para darle de comer a sus hijos que la esperaban en casa.

 

Fotos: Jafeth Lagos

Salvador Nasralla es un hombre de medios que ya no cree en los medios. En su oficina en Televicentro, el canal nacional donde tiene  sus programas, los de mayor rating, Nasralla nos habla de lo que piensa sobre la insurrección y de cómo lo habría visto si fuera el mismo de hace 20 años. Nos habla con franqueza, como un hombre privilegiado en medio de la gente más empobrecida del país que ha depositado su esperanza en él. Nos habla más allá de la conferencia de prensa o un video subido a Facebook mostrándose como un hombre del pueblo.

Ayer, el candidato a la presidencia por la Alianza de Oposición contra la Dictadura del pasado proceso electoral, contestó la invitación al diálogo que le hizo Juan Orlando Hernández, el presidente que tomará posesión por segunda vez el próximo 27 de enero. Nasralla asegura que su carta desconoce el actual proceso de diálogo y pide intervención internacional de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, a pesar que parece sentirse engañado por ellas y por los intereses de Estados Unidos en específico. Y pinta un panorama adverso para los próximos días: La toma de posesión de Hernández, en la que según él se instalaría una dictadura, será «un acto de terror».

Nasralla lo dice desde su cómoda oficina pero sin desconocer que el país cuenta con un despliegue militar amplio y que su convocatoria a paro nacional desde el 20 de enero ya cobró la vida de un civil que quedó en medio del fuego. Nasralla (N) habló con Contra Corriente (CC) desde el peso que eso le representa y dice que desde que se instale la continuación del gobierno de Hernández, el país será invivible, tanto, que la gente o se irá o vivirá sin esperanza.

CC: ¿Cómo visualiza el país en estos días alrededor de la instalación del gobierno de Hernández, el 27 de enero?

N: Yo creo que la gente a partir del 27 de enero será desobediente al statu quo. Ya no hay razón para creer en la Corte Suprema de Justicia, el presidente es ilegal aunque la ley local lo valide, él solo representa al 20% de la población a la que él le paga, son sus empleados o le tienen miedo. El 80%, nosotros, en vez de hacer una manifestación única como las que hemos hecho en San Pedro Sula y Tegucigalpa decidimos hacerlo en todo el país y vimos que hubo suficiente gente en contra del gobierno, si el gobierno fuera aceptado por la mayoría, la gente no hubiera asistido.

Independientemente que el gobierno desplace a su gente a las carreteras y a las zonas neurálgicas por donde pasan los principales productos, esto será una constante durante los próximos años si se termina instalando el presidente Hernández; los gremios reclamando, toda la gente en la calle porque todas estas reclamaciones serán acompañadas por la oposición.

CC: ¿Pone en duda que el 27 se instale el gobierno?

N: No lo sé, da la impresión de que la OEA y la ONU son organismos que no tienen alguna influencia para defender la voluntad del pueblo, se nota que son organismos que defienden al proveedor de los recursos con los cuales se pagan los sueldos de los funcionarios. Es probable que ellos sigan con su posición –pese a estar convencidos de que yo gané las elecciones– de continuar con el veredicto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a favor de Juan Orlando.

CC: Usted acepta el diálogo con la mediación internacional y propone allí a la OEA y la ONU…

N: Pongo allí a la OEA o la ONU porque no se me ocurre qué otra gente poner.

CC: Pero usted acaba de decir que está consciente que ellos tienen intereses…

N: Sí, pero pedimos que al menos una persona de ellos asuma la responsabilidad de ser el mediador, la persona que condenó a Honduras porque la OEA tiene todos los datos que demuestran que yo gané por medio millón de votos, si ellos no los quieren divulgar o convocar el Consejo Permanente ya eso tiene que ver con los intereses de quienes les pagan los sueldos.

CC: El 20 de enero hubo un muerto en el Aguán ¿qué condiciones están dadas ahora con más de 30 muertos para un diálogo?

N: Son más de 40 muertos con don Anselmo asesinado por la espalda, yo publiqué en mi cuenta Salvador Presidente en Facebook y en Twitter @SalvadorAlianza, cuando fue asesinado este señor,  que no tenía nada que ver con la manifestación, se dirigía a su casa en bicicleta cuando lo balearon. Está bien un diálogo pero uno sobre el fraude electoral, porque lo que vende JOH al mundo es que él quiere un diálogo pero no dice sobre qué, habla de temas de interés nacional que hay montones, pero el tema que tiene a la gente en las calles es el fraude que me hizo, ése es el tema por el cual debemos reunirnos, el diálogo político para resolver el problema es bienvenido, el diálogo nacional con sus amigos y empleados no tiene sentido, eso es lo que dice mi carta.

CC: ¿Y ese diálogo giraría en torno a si Hernández acepta o no el fraude?

N: Tiene que haber un diálogo donde él tiene que entender, él lo sabe, lo saben los magistrados, la gente de la OEA, el hombre hasta se embriagó y por la presión de los organismos internacionales se publicó un resultado que debió haberse publicado 7 horas antes como se había anunciado con un gasto millonario de 15 millones de dólares que se le pagó a Teodoro Vucanovich, es inconcebible que con esta inversión tan cara de las últimas elecciones, solo en ésta los resultados no estaban a tiempo. Ellos saben que perdieron, si no se hubiera interrumpido el sistema con la complicidad de Vucanovich hubiera sido imposible darle la vuelta a eso y lo dicen desde The Economist hasta gente que ha vigilado los comportamientos numéricos de las elecciones en muchos países.

CC: ¿Quién acompañará la toma de posesión de Juan Orlando Hernández? ¿Usted cree que vendrán muchos presidentes?

N: Yo creo que no, nadie quiere arriesgar su vida. Venir es un riesgo enorme aunque tengan un buen sistema de seguridad, el hecho que venga un presidente a avalar un fraude. El presidente debería pensar que para tener un gobierno legítimo deberá someterse a nuevas elecciones, yo tengo la absoluta seguridad que yo ganaría otras elecciones. Yo estuve trabajando como 2 años en las reformas electorales en las cuales nos comprometimos él y yo para las elecciones de 2013 cuando también me robó las elecciones, en ese entonces yo no podía demostrarlo pero ahora sí y se lo llevamos a la OEA y al Departamento de Estado de Estados Unidos que es como el papá de Honduras, y ellos lo vieron pero tienen miedo que se instale un gobierno de izquierda, yo no soy de izquierda pero el hecho de estar asociado con un partido de izquierda les hace temer eso.

Si yo fuera un presidente de otro país no vendría a un evento de terror, puede pasar cualquier cosa, normalmente la toma de posesión es una fiesta, los presidentes caminan por la pista del estadio, corren riesgos calculados, no creo que así como está los presidentes se arriesguen ni los embajadores.

CC: Usted mencionaba que hay temor por estar asociado a LIBRE ¿le ha afectado políticamente esto?

N: Eso siempre lo supe, yo no ando buscando potenciar una ideología, yo me metí a esto para sacar a Honduras de la pobreza, el 67% de su gente. Yo no tenía otra alternativa porque el partido que fundé el Partido Anticorrupción (PAC), Juan Orlando por el temor que siempre me tuvo lo eliminó, me quitó el partido, a través del mismo ladrón que me robó las elecciones: el TSE. Yo sufrí dos robos, primero el PAC porque ellos por corruptos tienen el pavor a la palabra anticorrupción, y además me robó las elecciones.

CC: El Nasralla antes de la política ¿Cómo vería la situación actual, la insurrección?

N: Seguramente lo miraría como una persona bien acomodada que se deja llevar por las noticias de los medios de comunicación a los que tiene acceso, los medios de comunicación están encargados de instalar en la mente de las personas lo que quieren que la gente piense. Yo hasta hace unos 20 años cuando comencé un poco a analizar lo que pasaba en el mundo me dejaba llevar por las noticias, pero ahora me doy cuenta que son todos amañados, en casi todo el mundo los medios están apegados a instrucciones para defender a los que más tienen.

«Le llevamos las pruebas del fraude a la OEA y al Departamento de Estado de Estados Unidos que es como el papá de Honduras, y ellos lo vieron pero tienen miedo que se instale un gobierno de izquierda»-Salvador Nasralla.

CC: ¿Pero los medios han sido su profesión?

N: Pero yo no trabajaba en noticias, yo he estado en deporte y entretenimiento. Yo no sabía que los medios eran inducidos o comprometidos, tanto los medios como los periodistas por situaciones económicas.

CC: ¿Y cuándo lo supo?

N: En los últimos 25 años cuando comencé a comentar los problemas del país y enterarme de sus realidades. Antes de meterme en política era una persona influenciable, si así fuera ahora me sentiría incómodo porque el país está prácticamente paralizado, me doy cuenta en este momento que por encima de esa molestia que puede sentir un burgués, está el futuro inmediato de la nación, un futuro incierto porque no hay acceso al empleo ni a la salud ni a la educación, esto es una bomba de tiempo que más temprano que tarde tiene que explotar.

Es necesario un gobierno con sentido social, no la responsabilidad social que gritan algunas empresas que de responsabilidad no tienen nada, sino un gobierno que haga verdaderamente disminuir la pobreza, de nada me sirve decir que la economía en Honduras ha crecido en los últimos años si cada vez tengo más pobres, eso quiere decir que está creciendo en una dirección equivocada lejos de la gente. Eso es parte de lo que uno tiene que hacer, disminuir la pobreza no de un año para otro, en un mediano plazo poder bajar 30 o 40% la pobreza de manera que haya más personas que tengan capacidad o poder adquisitivo para comprar productos y entrar en la parte económica en vez de como ocurre ahora que la tajada va hacia un solo sector acentuando la diferencia entre ricos y pobres.

«Si yo fuera un presidente de otro país no vendría a un evento de terror, puede pasar cualquier cosa».- Salvador Nasralla

CC: Lo pueden llamar comunista a usted…

N: Eso no es comunismo, los medios internacionales que no saben dicen de mi que soy el candidato de izquierda pero los que me conocen aquí en Honduras, los mismos empresarios saben que no tengo nada de socialista, lo que tengo es una gran conciencia social de la necesidad que tiene la gran mayoría de la gente de tener acceso a lo mínimo. Por ejemplo, el salario mínimo en Honduras ronda los 8 mil lempiras pero el promedio de sueldos es 3 mil, los que están empleados tienen un sueldo menos de la mitad del mínimo y con el mínimo para una familia de 5 personas tal vez alcanza para comer, no alcanza para diversión, vivienda, transporte. Eso significa que Honduras no está produciendo las cosas que debe producir, son condiciones privilegiadas las de Honduras, territorios extensos para agricultura, dos mares, uno de ellos no lo tiene ningún país de Sudamérica, mar todo el año, mariscos, carnes, recursos naturales, minería, la ubicación geográfica de Honduras es la mejor, el centro de América, pero ha sido gobernado por 200 años por ladrones, el problema de Honduras no es un problema de ideología es un problema de sacar los ladrones. Cuando me di cuenta de eso me metí sabiendo que corría riesgo, pero nadie me había cuestionado mi reputación. No lo hice por dinero ni por fama, lo hice por devolverle al país lo que me dio durante 65 años de vida.

CC: ¿Su reputación está afectada ahora? ¿Salir en conferencia de prensa hablando de insurrección le ha afectado?

N: He perdido muchos amigos empresarios, no amigos, conocidos, uno se va dando cuenta que el interés es comercial hacia uno más no un afecto sincero, pero soy una persona con demasiada vida interior, demasiadas ocupaciones, nunca tuve vida personal por lo tanto no me afecta para nada lo que puedan . Me quedo consciente y tranquilo con mi propio yo por encima de lo que pueda pensar la gente, ahora tengo el reconocimiento de la mayor parte de la población, he perdido con el 1% de la población la gente cerca de mí por mi condición económica, pero he ganado al otro 98% que probablemente pensaba que era una persona acomodada y que no me iba a arriesgar a los gases lacrimógenos y balazos en las manifestaciones.

CC: ¿Qué siente cuando va a la calle y ve esa situación de violencia y represión?

N: Me pongo en el caso de la gente, yo digo, mal que mal yo voy a esas marchas pero cuando regreso a casa tengo comida, bienestar, comodidad, trabajo en la parte intelectual de tratar de recuperar el país. Me pongo a pensar en esas personas gaseadas, heridas, asesinadas que al llegar a la casa viven en piso de tierra, no tienen agua, energía o trabajo, se encuentran en una indefensión terrible, la han causado los políticos que ellos mismos obligatoriamente han elegido, porque el TSE ha permitido que participen en política narcotraficantes.

CC: ¿Cómo se siente al recibir esa carga de toda la gente empobrecida que usted describe, pone las esperanzas en usted?

N: Me siento como con una tremenda losa encima de mi cabeza, pero sé que en Honduras hay maneras de sacar a la población de la pobreza. El asunto es saber redistribuir los gastos porque tener un ejército tan caro, estar comprando bombas lacrimógenas, no sé si es una obligación internacional de Honduras la compra de equipo bélico, Honduras no va a ser el fiel de la balanza para que se acabe la industria bélica, 10 mil millones de dólares en aviones de guerra, tanques, si esos dineros se utilizaran para hacer hospitales, escuelas, canchas de fútbol y cosas que le sirvan a la población estoy seguro que la calidad de las personas mejoraría, Honduras es uno de los países más tristes del mundo.

Foto: Martín Cálix

CC: Honduras es uno de los países más tristes del mundo dijo usted, ahora que es padre de una niña que vive aquí, ¿Cómo ha cambiado su visión o como dibuja ese país en el que crecerá su hija?

N: Sinceramente… los padres son muy importantes en el desarrollo de sus hijos…  mi hija tendrá una formación de hogar de papá y mamá a diferencia de la tristeza que existe en el país que al no educar a las personas no existen valores y el 67% de los hogares son producto de madres solteras, no será el caso de mi hija.

CC: ¿La inestabilidad del país no le afectaría?

N: Por supuesto que nos va a afectar, yo tengo la esperanza de que independientemente de lo que pase, si este señor se reelige con la complicidad de los organismos internacionales que conocen el fraude no va a haber inversión aquí, no recibirá la Cuenta del Milenio que son 400 millones de dólares al año que no recibimos desde hace prácticamente 10 años por corrupción, habrá una situación económica complicada. Lo que estimo que puede suceder es que este hombre se imponga como dictadura, en los próximos 4 años la deuda externa de Honduras será el doble, porque va a seguir endeudándose con la compra de voluntades haciendo creer a la gente que él es la solución.

CC: Más allá de la cifra, ¿cómo le va a afectar a Salvador Nasralla como candidato, opositor del gobierno, ciudadano, padre?

N: Va a ser una situación incómoda, voy a tener muchos riesgos, tengo que esperar porque no soy una persona que se vende ni que trafico con mi pensamiento, no estaremos en una situación cómoda con mi esposa y mi hija. Yo tengo mi vida hecha, no tengo que salir a buscar trabajo en caso que esto se termine, no he dejado de trabajar permanentemente, felizmente el trabajo que hago es de tarea y no horario, entonces yo tengo que decidir si voy a continuar en política, no lo sé en este momento, si continuar en política significa estar expuesto al TSE del dictador, a una CSJ del dictador, el país seguirá sin institucionalidad.

CC: ¿Ha recibido presiones usted?

N: No, no, no, no, a través de los años en los que tuve mi partido que me robaron, el presidente Hernandez intentó negociar conmigo desde 2013, él sabe que en ese momento me robó las elecciones y en una reunión privada él lo aceptó. Pero él sabe que yo no negocio, cualquier cosa que me ofrezcan la voy a rechazar, yo no voy a tranzar beneficios personales a costa de que estrangulen al pueblo, esquilmando a la gente más humilde y como le dije en 2013 a él, yo no me metí a esto por dinero o fama, ni por un puesto de gobierno para colocar amigos o familia, eso es caer en el juego para… es como que lo compran a uno, felizmente yo no tengo precio.

CC: ¿Qué le diría a las FFAA desplazadas por todo el país?

N: Ha sido un buen ensayo para las FFAA, si alguna nación extranjera intenta invadir a Honduras, el despliegue del 20 de enero les sirve como ejercicio porque nunca se había desplazado todo el ejército con todos sus cañones, hoy en la salida a Villanueva habían fusiles, yo publiqué un video donde salen con fusiles aunque sea prohibido por la ley internacional, han violentado los tratados internacionales.

Viendo las caras de los soldados y policías de los rangos más bajos se nota que ellos no quieren estar allí, nosotros estamos luchando por las familias de ellos, ellos viven mal, ganan mal, comen mal, y no tienen otra alternativa para ganarse unos centavos que integrar la policía o las FFAA. Sin el uniforme ellos te dicen que apoyan la Alianza pero si desobedecen las órdenes del superior los cortan y no tendrán comida, el problema es económico. El dinero manda todo, si EEUU dice que no dará dinero para pagar los sueldos de Almagro y los demás, se acaba la OEA, igual con la ONU.

Pinta frente a Televicentro. Foto: Martín Cálix

CC: Y eso seguirá siendo así en su gobierno… ¿Cómo gobernaría usted?

N: Estas son las condiciones dadas, he leído libros al respecto, pero los países del mundo en los cuales he estado tienen una mejor calidad de vida para sus gentes, Chile que es donde yo estudié, Costa Rica que está a solo una hora de vuelo. Quiere decir que los gobernantes no son tan ladrones como los que hemos tenido en Honduras, se puede tener un gobierno justo donde se controle a quienes se cuelan a puestos públicos para robar  y darle mejores condiciones a la gente. Actualmente en los negocios del Estado los socios son el presidente, los ministros, la gente que los rodea, a través de las armas tienen maniatada la gente y se apañan con una ley de secretos para ocultar los proyectos de latrocinio como los peajes, los puertos, las ciudades modelo y otros en los cuales están metidos como el centro cívico gubernamental, el trans 450…

CC: ¿Cómo se cambia un país con una estructura de corrupción tan bien armada?

N: Coalianza es un proyecto en el cual el gobierno se hace socio de una empresa privada como en la construcción del aeropuerto de Palmerola, con la empresa Energía Honduras, hay varias empresas en las que el presidente, ministros, los narcotraficantes que los rodean son socios, entonces ¿cómo se cambia un país? Una parte es la empresa, y la contraparte es el gobierno, yo no seré socio de ninguna empresa.

CC: ¿Pero qué se necesita para comenzar este proceso?

N: Yo tengo la ventaja de que soy pelado, yo puedo tener a cualquier persona que me ayudó a llegar a la presidencia de la república pero si lo encuentro robando lo saco y lo entrego a la justicia, ese no es un comportamiento normal en Honduras donde los políticos se apañan sus delitos.

CC: ¿Qué se espera en estos días?

N: Tiene que haber un sacrificio de la economía nacional, en estos días se va a ver, las reclamaciones no pueden ser 24 horas al día todos los días, la gente se cansa y lo hace con sus propios recursos. Creo que los días 25, 26, y 27 serán días más dramáticos que el 20 y 21 de enero. Es de esperar, a ver si los organismos internacionales caen en razón que si insisten con JOH en la presidencia, las próximas elecciones no irá nadie a votar, hay un descrédito, la gente no cree en nada ya, cuando eso pasa el que puede irse se va. Ya en noviembre y estos dos meses, yo conozco 30 profesionales que ya se fueron que no pueden vivir en un país corrupto entonces obviamente se van, a EEUU le espera un flujo de alrededor de 300 mil nuevos migrantes que en los próximos meses van a escapar a EEUU aunque tenga más medidas para evitarlo, pueden llegar a Canadá, el hondureño es muy ingenioso, va a lograr llegar.

CC: ¿Y los que se quedan?

N: Para los que se quedan no hay solución con estos ladrones, estos seguirán robando pensando que son sus últimos años, si ahora han robado a manos llenas, en los próximos años intensificarán un robo.

CC: ¿Usted realmente ve una insurrección en las calles, más allá de una conferencia de prensa donde se llame a una?

N: Yo no se cuánto va a aguantar la gente porque la gente no tiene recursos, ése es el problema. Para reclamar se ocupa tener energías, proteínas, estar fuertes, puede ser que la gente vaya bajando, pero no va a ser una gente feliz, será un país sometido, con violación a DDHH, si la calidad de vida en este momento es 10, en los próximos años bajará a 5, los índices de calidad de vida van a empeorar, eso hasta que la gente se sienta más disgustada, mas sometida, mas disconforme, no sé si los organismos internacionales van a seguir consintiendo esto. Prácticamente la cúpula del gobierno está en el negocio del narcotráfico y EEUU lo sabe aunque lo maneja con cautela, los va llevando uno por uno, también puede influir eso, en cualquier momento se pueden llevar a figuras claves que delatarán a otras, yo dejaría en ese tipo de capturas en sus manos el futuro para que no sea tan incierto.

 

Fotos: Martín Cálix

Honduras sigue desangrándose. Anselmo Villareal, un hombre de la tercera edad, campesino del Bajo Aguán, se suma a la lista del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos  (Conadeh) que registra 32 muertes violentas en la actual crisis política tras las elecciones de noviembre de 2017, las más cuestionadas por la reelección presidencial y las denuncias de un fraude electoral. La impunidad reina con toda libertad sobre los cuerpos y el dolor de los familiares de los asesinados por mano de las fuerzas de seguridad del país. Una mano que goza de la inmunidad en las investigaciones, del apoyo mediático y del financiamiento estatal.

Honduras está en poder de la fuerza militar, el ejército es la institución que garantiza la continuidad del presidente Juan Orlando Hernández, y para eso aplica su política de inteligencia a través de la represión contra cualquier persona que se oponga abiertamente al gobierno.

Durante el día, las vías públicas permanecen militarizadas para prevenir y desalojar tomas de carreteras por parte de la población; pero en las noches ocurre otro escenario: la persecución selectiva en barrios y colonias a lo largo y ancho del país. En la zona norte, el sector Cofradía en San Pedro Sula, ha sido testigo de la búsqueda e intimidación militar contra manifestantes, mismo escenario se refleja en Choluteca, en el sur de Honduras y también en Potrerillos en el departamento de Cortés. El hostigamiento va más allá de las bombas lacrimógenas.

La Doctrina de Seguridad Nacional, fundamentada en grupos militares y paramilitares que trabajan en el frío de la noche y la impunidad del día, que parece parte del pasado, de la década de los 80´s regresó y ahora se está implementando ante el silencio institucional, religioso y mediático.

El Conadeh pide al Ministerio Público que agilice las investigaciones contra los militares responsables de estos crímenes. La solicitud sigue engavetada, pues hasta la fecha ni el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla ni los voceros del Ministerio Público se atreven a decir si se está investigando.

El primer cómplice de la inmunidad militar es la institucionalidad encargada de la justicia y los Derechos Humanos, comenzando con el Ministerio Público, ente que debería ser el encargado de investigar y proceder legalmente contra los responsables de los crímenes, y no solo de los asesinatos sino de las violaciones a los derechos humanos registradas a nivel nacional. La Fiscalía de Derechos Humanos ha dejado mucho que desear, por el momento no hay un dato público que indique lo contrario mientras el presidente Juan Orlando Hernández ha nombrado a Karla Cuevas como nueva ministra al mando de la Secretaría de Derechos Humanos, una secretaría creada bajo la presión de Estados Unidos ante las denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos en el país. Una Secretaría que nace con el pecado original, gestada en un gobierno cuestionado e inconstitucional.

René Orlando Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo ante los medios de comunicación que más de 137 militares permanecen hospitalizados producto de los ataques de los manifestantes, además hizo un llamado a los entes de investigación para que identifiquen a los responsables y les apliquen todo el peso de la ley. Ante ese llamado el Ministerio Público ya lleva investigaciones, prueba de ello son los más de 70 ciudadanos judicializados en la zona norte, según datos de la Coalición contra la Impunidad, algunos de ellos ya están en los centros de máxima seguridad. Esto evidencia otra realidad: el Ministerio Público está investigando agresiones contra militares pero no los asesinatos contra manifestantes.

La violencia no es justificable, del otro lado hay oficiales policiales y militares heridos y un policía asesinado por manifestantes en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, este caso ya tiene tras las rejas al principal sospechoso del crimen. Lo cuestionable en este caso no es el proceso de investigación, sino la parcialidad de los entes estatales para hacerlo; es decir, si el crimen es cometido por militares, nadie hace nada al respecto para investigarlos, pero si la agresión es en su contra, todo el andamiaje institucional busca aplicar la justicia a toda costa contra los responsables.

El segundo actor de complicidad son los medios de comunicación corporativos, esos medios que son propiedad de las familias poderosas, que por años se han encargado de poner presidentes, diputados y alcaldes. La cobertura mediática ha sido cómplice no solo de las violaciones a derechos humanos, sino también de la inoperancia institucional. La prensa tradicional ha sido incapaz de cuestionar a las autoridades militares sobre su responsabilidad en asesinatos y persecución a manifestantes, ha sido incapaz de cuestionar al Ministerio Público su lentitud y olvido en las investigaciones, la prensa tradicional ha sido incapaz de criticar el silencio de los órganos defensores de derechos humanos y hasta de las iglesias.

Durante la cobertura del paro cívico convocado por la Alianza de Oposición que inició hoy 20 de enero, el periodista de Hispan TV, Dassaev Aguilar resultó con una pierna rota producto de la represión militar, esto deja en evidencia que desde los hechos del pasado viernes 12 de enero donde dos periodistas de UNE TV fueron golpeados por militares en la cobertura de una protesta frente a Casa Presidencial en Tegucigalpa, misma suerte sufrió la corresponsal de Univisión en Honduras, Claudia Mendoza y Gilda Silvestrucci de Telesur llevan como objetivo silenciar a la prensa que cuestiona el gobierno de Hernández. El Colegio de Periodistas ha cuajado un profundo silencio a pesar de la denuncia de los afectados, y ante los videos que circulan en redes sociales sobre estos hechos el Ministerio Público podría actuar de hecho, pero sólo eso: podría.

Una semana después la dirigencia de este gremio salió al paso, luego que en redes sociales circularan afiches acusando a directores de medios de comunicación de ser cómplices del gobierno nacionalista, fue en ese momento en el que el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, fue al Ministerio Público a interponer una denuncia para que se investigue esa campaña de odio en contra de los periodistas. ¿Pero a qué periodistas defiende Rodríguez?

La denuncia se acompañó de un comunicado, en el que además hacen el llamado al respeto de los derechos de los periodistas en las calles, tanto de los militares como de los manifestantes, pero además pidieron a los periodistas a nivel nacional, que practiquen un periodismo ético, que no promueva la confrontación, sino que sea a favor de la paz.

El tercer cómplice es la iglesia, un sector ampliamente criticado desde el golpe de Estado de 2009. A inicios de 2018 el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dijo en una misa que hay grupos interesados en sembrar el caos en el país y lo hizo en referencia a los manifestantes que siguen protestando contra el fraude electoral. La cúpula de la iglesia católica y la iglesia evangélica ha tomado la decisión de guardar silencio ante los asesinatos y ante el aplastamiento militar.

El cuarto y más fuerte cómplice es el gobierno de Estados Unidos, este actor es fundamental para que el continuismo triunfe en el país. El gobierno norteamericano ha dado la venia al gobierno de Hernández para que busque el diálogo y para que su aparato represor obtenga inmunidad e impunidad. El gobierno norteamericano es el principal padrino de la dictadura militar, es el principal aval de la política de persecución y es el principal garante del fraude electoral.

Y así a la lista se siguen sumando actores que participan del diálogo convocado por Juan Orlando Hernández.

Honduras necesita independencia, y necesita autonomía, para construir un escenario nuevo donde se permita separar los poderes del Estado del control de Hernández. Honduras necesita la independencia de los medios de comunicación para que realmente cuestionen la realidad que enfrenta el país. Honduras necesita independencia de las iglesias para construir un verdadero Estado laico. Honduras necesita independencia de la comunidad internacional interesada en dominar nuestro territorio a cambio de aval político o de utilizarlo como zona de experimentación y exploración militar. Honduras necesita un cambio estructural, y no un simulacro de un futuro, que con las condiciones actuales del país, parece que nunca llegará.

Costa Rica celebra el fallo a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto al matrimonio igualitario y reconocimiento a la identidad de género. Era martes 9 de enero y la comunidad LGTBI o al menos quienes trabajan directamente en el activismo, estaban en espera de un comunicado oficial de la Corte IDH con respecto a la Opinión Consultiva que el Estado de Costa Rica envió el 18 de mayo de 2016.

“Ya se escuchaban rumores que el fallo podría venir favorable, desde diciembre, pero seguíamos esperando algo oficial,” comenta Emma activista lesbiana feminista de Costa Rica, quien ha venido trabajando por los derechos humanos de las personas LGTBI desde hace 30 años, ahora es coordinadora de la Colectiva Lésbico Feminista Irreversibles.

Ella es de aquella generación joven, que a finales de los 80 se fue organizando y soñaban con este momento. Emma quien estaba en el trabajo cumpliendo con sus deberes como un día normal, jamás imaginó que los resultados del trabajo de toda su vida los iba a poder ver antes de morir.

Era muy temprano, cuando su celular sonó anunciando que la Corte ya había brindado información oficial a la prensa y al Estado de Costa Rica con respecto a la opinión consultiva, empezó a verificar la información y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas de alegría, entusiasmo, pero también de esperanza: “lo que ha sucedido en Costa Rica no solamente ha impactado a nuestro país, esto ha tenido un impacto para todo Iberoamérica,” puntualizó en una entrevista con Contra Corriente.

Dado que Costa Rica forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su vez reconocen a la Corte IDH como el máximo tribunal de justicia en materia de derechos humanos para los países que suscriben a la Convención Americana de Derechos Humanos; en el caso particular de este país el Estado reconoce como mandato de ley lo que la Corte ratifique y ordene a través de sus sentencias y/o fallos, por lo tanto  el matrimonio igualitario y el reconocimiento de otras identidades de género serían un hecho según explica Emma.

“Hace doce años se ingresaron dos proyectos de ley para reconocer las relaciones de personas del mismo sexo y hace aproximadamente un año el proyecto de ley para reconocer la identidad de género, no obstante cuando no hay voluntad política el proyecto queda estancado…es más ni siquiera se llegaron a discutir, hoy estamos ante un escenario muy diferente, pues la vice presidenta del país Ana Helena Chacón ha sido una mujer muy comprometida, que ha impulsado distintas iniciativas con el fin de tener una sociedad más inclusiva y de derechos igualitarios” relató la activista.

Según el comunicado oficial de la Corte IDH, el Estado de Costa Rica deberá reconocer a las personas según ellas se identifiquen, brindando y siendo eficientes en los trámites administrativos.

“La Corte definió a la identidad de género como ‘‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento’’. El derecho a la identidad de género y sexual se encuentra ligado al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme sus propias opciones y convicciones. El Tribunal afirmó que ‘‘el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans’’. Esto incluye, entre otros derechos, la protección contra todas las formas de violencia, la tortura y malos tratos, así como la garantía del derecho a la salud, a la educación, al empleo, la vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”

El gobierno actual de Costa Rica ha sido muy claro en su posición en cuanto los derechos y deberes que la comunidad LGTBI tiene, muestra de ello fue que para el 17 de mayo de 2014 día Nacional contra la Homo – Lesbo- Transfobia en casa presidencial, la bandera LGTBI fue izada a la par de la bandera nacional. “Eso nunca había pasado, así que las reacciones fueron muy fuertes por parte de aquellas personas, que siguen en la edad de piedra, incluyendo algunos diputados de evangélicos y cristianos no estuvieron de acuerdo con lo que se hacía”

Luego en 2015 se aprobó el decreto ejecutivo 38.999, en el que se llama a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, tanto en la atención a las personas usuarias como a las personas funcionarias, lo cual hace que reglamentos internos cambien permitiendo y reconociendo a las personas de la diversidad sexual como también la identidad de género de cada persona. “Por ejemplo en mi caso que además de ser activista y funcionaria pública ya que trabajo en uno de los ministerios, si llega una persona trans y yo insisto en llamarle por su nombre registral y no cómo ella se identifica, esta persona podría denunciarme, siempre y cuando esto sea en las oficinas estatales”. Acciones como estas han hecho que Costa Rica marque un precedente para todo Iberoamérica además de brindar también a las empleadas/os como Emma -que es lesbiana- a gozar de derechos tal cual lo tienen las personas heterosexuales, como por ejemplo en caso de fallecimiento de la pareja o licencia por enfermedad terminal de la pareja.

“Creo que cuando recibí y confirmé lo del mensaje y la decisión de la Corte, estuve con los ojos aguados por más de 2 horas, estaba sola en la oficina, ya que mi jefa estaba aún de vacaciones y le mandé mensaje, me felicitó y estuve acompañada de esa manera, pues sabía lo que eso significaba para mí, luego de unas cuantas horas la presidencia llama a conferencia de prensa y nos invita; invitación que por supuesto acepté porque lo único que quería era estar con aquellas personas que habían estado acompañando todo este proceso. En ese momento querés estar con las personas que amas, querés y has compartido este sueño, la conferencia por supuesto fue muy emotiva” relata Emma quien no dejaba de llorar incluso en la conferencia de prensa.

Al finalizar la conferencia, Emma se trasladó hacia la Fuente de la Hispanidad que es conocida como ser el punto de encuentro para celebrar ganes de fútbol, elecciones electorales, pero en esta ocasión se vestía de color y alegría al ser tomada por más de 300 personas que se reunieron para abrazarse y acompañarse en ese momento histórico para la comunidad LGTBI de dicho país.

Mientras los abrazos, cantos y saltos de alegría inundaban el entorno de Emma, ella tampoco dejaba de pensar en compañeros y amigas que no lograron ver en vida ese momento de reconocimiento- “Pensaba en Abelardo Araya un amigo y compañero de lucha de los años 90, nos conocimos en ese entonces y desde ese momento fuimos muy amigos, él murió en el 2012 a causa de un infarto y recordaba como insistía en la importancia en todo este tema mediático y el impacto que causaban en la sociedad, pensaba en él que ya no estaba y en otras amigas, porque yo sí estaba siendo parte de ello y lo estaba disfrutando en vida”

La decisión de la Corte ha abierto la posibilidad para que países como Honduras, El Salvador, Guatemala entre otros también se logren procesos similares, no obstante es importante tener en cuenta que los contextos son diferentes ya que Costa Rica irá a elecciones este próximo 4 de febrero lo cual hace que el tema se vuelva “politiquero” menciona Emma quién se siente convencida que aunque algunas personas digan que para evitar la sentencia, Costa Rica debe salirse de la OEA solamente porque no quieren aceptar lo que por derecho les corresponde.

“Cuando leí el fallo y el comunicado en mi mente pasaban pensamientos como: ¿será que pedimos mucho, esto es más de lo que esperábamos? Pero luego también recordaba todo lo que ha significado esta lucha y que esto que ahora 9 de enero de 2018 se ha logrado es justamente lo que merecemos como seres humanas y humanos, no estamos pidiendo nada fuera de lo normal y la respuesta de la corte reivindica que es así, que no es más de lo que lo que esperábamos, sino lo justo y lo que nos merecemos” dice con alegría Emma quién comenta también que la celebración ha durado desde el martes en lugares icónicos como en el centro nocturno para la comunidad LGTBI La Avispa que tiene 38 años de existencia y es ahí donde realmente se hará la celebración oficial.

“La Corte consideró que el cambio de nombre, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género auto-percibida, es un derecho protegido por la Convención Americana” enuncia el comunicado de la Corte IDH rectificando lo que Emma nos comentaba.

Y aunque el escenario podría ser esperanzador la región centroamericana lo cierto es que en países como Honduras que se encuentran en una crisis política y de Derechos Humanos, con altos índices de violencia contra la comunidad LGTBI que según el observatorio de la organización CATTRACHAS  se refleja en el incremento de los crímenes de odio hacia las personas de la comunidad LGTBI justamente en crisis políticas, también ratificado por  El Informe Alternativo de la CEDAW en donde los casos judicializados de muertes violentas y la mora judicial que existe para poblaciones LGBTI en Honduras es de 46 casos judicializados por el Ministerio Público desde 2008 al 2015, Costa Rica sigue estando como en la utopía hondureña.

El pasado 9 de enero fue un día histórico para Costa Rica y para los movimientos LGBTI de toda la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respondió a una solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Costa Rica en mayo de 2016 sobre los derechos derivados de las uniones entre personas del mismo sexo y el derecho al nombre de las personas trans. La Corte IDH fue mucho más allá de lo que preguntó el estado costarricense, en su respuesta resolvió que: todos los estados acogidos a la Convención Americana de Derechos Humanos deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y ofrecer un proceso gratuito y expedito para que las personas trans cambien su nombre y su sexo registral en sus documentos de identidad, para que correspondan con su identidad autopercibida.

La opinión consultiva, según jurisprudencia de la Sala Constitucional, es vinculante y de acatamiento obligatorio e inmediato para Costa Rica. Y, además, también debe ser atacada por los demás países del sistema interamericano, quienes deberían ir adoptando estas medidas a su ritmo.

La noche del 9 de enero, decenas de personas tomaron la Fuente de la Hispanidad, un punto de referencia al este de San José, en donde usualmente los costarricense se aglomeran para conmemorar el resultado de partidos de fútbol. Sin embargo, esa noche se aglomeraron para celebrar el triunfo del amor, la cercanía para el país de la igualdad legal para las personas LGBTI. Con banderas multicolor, tambores y vítores, la noche se alegró, entre abrazos y lágrimas de felicidad.

En boca de todos y todas estaba la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, quien lideró el proceso de la opinión consultiva, y que, en la tarde del 9 de enero, en una conferencia de prensa, dio unas emotivas palabras sobre el significado de esta resolución para la vida democrática en el país.

“Quiero decirles a todas las personas que hoy encuentran esperanza y luz en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes ven en ella sus proyectos de vida futura en igualdad y sin discriminación; que este logro es gracias a ustedes, producto de sus empeños, de sus luchas, de sus dolores; y que reivindica el amor frente a ese odio que han resistido mil veces en una sociedad que, por no entenderles, les excluyó con violencia y les trató como personas sin derechos”, dijo la vicepresidenta Chacón.

“Hoy es un día esperanzador, para que incluso en los rincones más oscuros de nuestro continente, las futuras generaciones de personas LGTBI crezcan sin miedo y tengan las mismas oportunidades en igualdad, para desarrollar sus propios proyectos de vida y de felicidad”, agregó.

Chacón fue homenajeada la noche del jueves 11 de enero, en el bar La Avispa, un lugar icónico para la comunidad LGBTI costarricense. Allí se le dio una placa conmemorativa y un ramo de flores, y fue aplaudida por cientos de personas que llegaron al establecimiento. Sin embargo, a partir de ese día, el panorama de alegría empezó a hacerse sombrío.

La vicepresidenta se quedó pocos minutos en La Avispa. Su seguridad no le permitió quedarse más tiempo: había una amenaza de bomba. La noche transcurrió sin mayores accidentes, pero en redes sociales ya había reventado una oleada de odio, impulsada por el fundamentalismo religioso, y que además podría tener incidencia en la contienda electoral que el país vivirá el próximo domingo 4 de febrero.

De la noche a la mañana el candidato presidencial Fabricio Alvarado, quien disputa la presidencia de Costa Rica por un partido evangélico fundamentalista, cobró un fuerte impulso en las redes sociales. Miles de personas compartían un video suyo en el que llamaba a marchar “por la vida y la familia” y en contra de la supuesta imposición de la Corte IDH.

Sondeos en redes sociales lo empiezan a colocar entre los candidatos favoritos a la presidencia. Se trata de sondeos sin ninguna rigurosidad estadística, pero que genera alarma. ¿Será posible que la sola idea de oponerse al matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans podría darle a alguien la victoria en unas elecciones presidenciales en Costa Rica, la supuesta “Suiza centroamericana”? Sería una vergüenza internacional para un país que se ha mercadeado como defensor de los derechos humanos.

Pero Fabricio Alvarado le miente a su electorado. Eso, o desconoce cómo funciona una democracia. Aunque pudiera cumplir su promesa de sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos –posición sumamente contradictoria, pues la Convención Americana es conocida como el Pacto de San José y la Corte IDH tiene su sede también en la capital costarricense-, Alvarado no puede hacer que los demás poderes de la República desacaten la opinión consultiva. Además, incluso si el país abandonara el sistema interamericano, esto solo evitaría el cumplimiento de futuras resoluciones, no de las anteriores.

A pesar de ello, el panorama se pinta complejo y poco claro para las próximas elecciones. Todavía hay un 28% de indecisos, quienes definirán las elecciones. Es una lástima que una victoria del amor haya avivado de tal forma el odio en Costa Rica. Y sería una lástima aún mayor que una victoria para los derechos humanos en toda América Latina debilite la institucionalidad de un país que se vanagloria de ser la democracia más antigua de la región.

 

Doña Adriana cura empachos, cura mal de ojo y cura sustos desde los 20 años pero ahora a ella ¿quién le cura el alma? Toda madre y todo padre sueña con ser enterrado por sus hijos y no al revés, pero a sus 64 años Adriana tuvo que recoger a su hijo asesinado a una cuadra de su casa. Así comienza el 2018 en San Juan Pueblo, un foco de resistencia tras la crisis post electoral.

A Wilmer Paredes de 26 años lo mataron disparándole en la cabeza, con un solo disparo cayó, pero desde adentro del vehículo sin placas que lo interceptó a una cuadra de llegar a casa de su madre, alguien dio la orden de rematarlo, y así, impactaron 13 balas en su pecho. Doña Adriana estaba aseando el solar a las 8 de la mañana cuando escuchó los disparos, entró a su casa asustada pensando a quién habrían matado ese día, primero de 2018. Cuando los asesinos se fueron, los vecinos le gritaron que era su hijo. “Yo me crucé el pavimento no sé cómo, sentí que iba como levantada y allí lo vi, lo toqué, estaba calientito todavía”, dice esta mujer con el alma quebrada, ella dice que siente todo su cuerpo destrozado, que en este país las madres sufren, que son muchas a quienes les han sido arrebatados sus hijos.

Paredes era un líder, cuentan en su comunidad, por eso cuando comenzaron las tomas de carreteras y movilizaciones en San Juan Pueblo, esta comunidad ubicada en la carretera antes de llegar a La Ceiba, en el norte de Honduras, Wilmer rápidamente se involucró y comenzó a liderar el control ciudadano que había en ese momento. Antes de ser asesinado Wilmer había sido golpeado por militares y policías en una represión, una de tantas que se dieron para desalojar la vía hacia el atlántico en la crisis post electoral.

“Yo le decía que no anduviera en eso, si me hubiera hecho caso… porque él por andar defendiendo, en las protestas, yo me imaginaba que iba a pasar algo. Cuando yo miraba pasar esos carros llenos de militares sentía que algo le iba a pasar a él”, cuenta doña Adriana, sobadora del pueblo, para quien todo mal del alma y el cuerpo tiene solución mágica, menos esta violencia que mata a tantos jóvenes en su país.

El 29 de diciembre de 2017 el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) publicó un informe en el que establece que 31 personas fueron asesinadas en la crisis política tras las elecciones menos creíbles de la historia hondureña, unas elecciones manchadas por la irregularidad por llevar a un candidato a la reelección presidencial a pesar de ser prohibido en la Constitución de la República. De estos asesinatos, agrega el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH), 21 fueron cometidos por la Policía Militar, 1 por la Policía Nacional, 3 por particulares y 5 por desconocidos. Wilmer se sumó a la cifra, fue el primer muerto registrado en 2018. Enterrado con el himno nacional de fondo entonado por decenas de personas de su pueblo: sus amigos, sus compañeros, su familia.

“Mire, uno de madre queda destrozado del cuerpo, no se sabe porqué este país se ha puesto así tan… tanta gente que muere porque yo digo que el presidente se debe poner de acuerdo con el que ganó, ponerse la mano a la conciencia de que la gente pobre es la que muere más”, dice doña Adriana.

Las múltiples denuncias de fraude en el proceso electoral del 26 de noviembre, y la desconfianza de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sigue sin reconocer a Juan Orlando Hernández como presidente electo, porque las elecciones presentaron serias deficiencias, hacen que el ojo internacional esté sobre Honduras. A pesar de eso, Hernández ha anunciado que el 27 de enero tomará posesión por segunda vez.

«Cuando yo miraba pasar esos carros llenos de militares sentía que algo le iba a pasar a él”, Adriana Cantarero, madre de Wilmer.

El padre de Wilmer escucha que hay extraños en su casa y llega al sitio donde hablábamos con doña Adriana, don Secundino dice que no se sabe lo que pasó, que no se sabe si lo mataron por su militancia política. Se pone nervioso y después nos pregunta si somos del gobierno, nos dice: “Es que uno no puede confiar en nadie y a Juan Orlando hay que tenerle miedo”, su sonrisa con pocos dientes y sus ojos llorosos muestran ese miedo, pero sobre todo el dolor de haber perdido a uno de sus tres hijos. Él mismo enseñó a Wilmer a trabajar en el campo y con mucho sacrificio le puso en el colegio.

Altar donde la familia y vecinos le rezan a Wilmer Paredes.

En la fotografía colocada en un pequeño altar, Wilmer se ve como un joven duro, fuerte, como molesto con algo, o con alguien.

Pocas semanas antes del asesinato, Wilmer fue implacable con un policía en una de las tomas de carretera. El abogado Martín Fernández, defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), cuenta que este joven lideró un grupo que vigilaba acciones irregulares de los policías. Un día un policía hizo un cobro ilegal a un transportista y Wilmer, así fuerte como se ve en la foto, lo enfrentó, entre varios lo capturaron quitándole el fusil y la fatiga policial y esposado con sus propias esposas lo llevaron a la posta policial para que lo procesaran.

“Allí se generó un acto de repudio por parte de la policía porque no era posible que un civil ejerciera control sobre una autoridad, pero en realidad el ejercicio era sano. Este caballero junto con un gran número de jóvenes tuvo esa valentía sin la intención de menoscabarle ni intimidarle sino de corregir, tampoco era robo porque entregaron toda la indumentaria y lo entregaron para que le siguieran un proceso y eso no pasó. Eso marca la personalidad de un líder, también la marcación directa a sus actuaciones, lo que tenemos claro es que después de todos esos eventos en el marco de la represión se empezó a dar seguimiento a varios líderes de la zona, a los históricos y a los nuevos que venían emergiendo en este proceso. Lo de Wilmer es detestable”, explica Fernández quien también ha sido amenazado por policías y militares.

Fernández es miembro de un movimiento que lleva 8 años de trabajar en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente acompañando las luchas territoriales. Cuando Martín habla de los liderazgos históricos habla de la gente que él ha visto defendiendo los ríos de las hidroeléctricas, las montañas de las empresas mineras, a la gente de las comunidades que ha sufrido −no de ahora− la represión del Estado, la amenaza de grupos económicos con intereses grandes en el norte del país, una zona productiva con recursos naturales que parecen inagotables.

El departamento de Atlántida se constituye como uno de los departamentos más afectados por proyectos extractivos, se estima que existen al menos solicitudes para 32 concesiones mineras y 24 concesiones hidroeléctricas, mismas que se aceleraron a partir del golpe de Estado de 2009, según el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). El Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeomin), en 2017 reporta que ya habían sido aprobadas 17 concesiones mineras en este departamento.

Martín carga una cicatriz en la nariz por una pedrada recibida en pleno enfrentamiento entre comunidades divididas por la instalación de una represa en la comunidad de Pajuiles, en el municipio de Tela, Atlántida.

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“Venimos de un proceso intenso de estar en seguimiento al proceso extractivo de la región, pero que la situación electoral ha marcado un momento histórico sin igual, en el sentido de la comprensión, de cómo en Honduras no solamente se instaló un fraude electoral sino una gran cantidad de fraudes. Este ha sido el rebose del engaño histórico que ha tenido la población y que por suerte hoy ha tenido un nivel de comprensión interesante y una lectura sobre el nivel de participación que ha asumido. La paralización del sector implica de alguna manera un desconcierto en la autoridad que siempre ha creído tener el control de los territorios, cierta sorpresa porque en Atlántida no había habido espacios de resistencia tan fuertes. Hoy estamos bajo una lupa, estigmatizados por sectores de la prensa corporativa en los que se dice que se involucran sectores oscuros, Wilmer fue víctima de eso”, explica.

El abogado Fernández dice que intentó salvarle la vida a Wilmer, con toda su experiencia le explicó que las consecuencias de estar contra un gobierno opresor como el hondureño son graves, pero él no lo dimensionó así. Asegura que una sola llamada del Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos y periodistas a la policía diciendo que a Wilmer le estaban dando persecución, que él lo había denunciado y que era un defensor de derechos humanos habría reducido las probabilidades de que lo mataran. Una sola llamada, dice Fernández, y nos pone a escuchar las llamadas que hizo a la policía y a los encargados del mecanismo planteando el caso de Wilmer quien en el momento de las llamadas estaba sentado a su lado. Le contestaron que el mecanismo es solo para defensores, que es solo para beneficiarios, que eso dice la ley. ¿Cuál ley? Pregunta Fernández, ¿cuál ley? Cuando los agentes del orden, los que están llamados a hacer respetar la ley, la violan y matan.

“Yo soy beneficiario personalmente de medidas cautelares, tengo un agente policial que es el enlace, de apellido Nassar, yo le llamé dos días antes del asesinato porque el muchacho nos había señalado que el nivel de persecución era fuerte y le puse en conocimiento, llamé también a las oficinas del Mecanismo de Protección a Defensores de DDHH, faltó diligencia. Hay una deuda de todo el aparato estatal y los organismos estatales de DDHH que están muy atrás de la realidad que sufre la gente en vulneración de DDHH”; agrega.

Amnistía Internacional hizo un análisis de mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en diferentes países del mundo y sobre Honduras, aunque valoró positivamente que se tuviera el mecanismo, señaló varios retos que sigue teniendo el Estado de Honduras en la protección de estas personas. Si Wilmer no era beneficiario¿con qué criterio y quién decide si es o no es defensor de Derechos Humanos? «El Consejo de Protección es el único órgano que permite la participación de personas de la sociedad civil y representantes de las entidades profesionales que
agrupan a los funcionarios de la justicia y a los periodistas. Este órgano, sin embargo, tiene facultades limitadas de análisis y para asesorar al Sistema de Protección. De sus 14 integrantes, sólo hay dos representantes de organizaciones de derechos humanos que deben ser acreditados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un representante del Colegio de Abogados de Honduras, dos representantes del gremio de periodistas y de la asociación de prensa, y un representante de jueces y magistrados»,explica Amnistía en su informe.

Martín Fernández, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

Una noche antes en camino a San Juan Pueblo, a la altura de El Progreso, Yoro –otra ciudad foco de resistencia contra el gobierno− dos vehículos sin placa y otro con una placa con inicio PED cruzaban el puente La Democracia y se dirigían a la salida hacia el atlántico. En la paila, los tres carros llevaban hombres vestidos de negro, totalmente encapuchados y armados. Martín Fernández y su hermano, el abogado Víctor Fernández, habrían fotografiado uno de esos carros en la Primera Estación de Policía de San Pedro Sula, mismo que sería abordado por dos hombres encapuchados vestidos de civil con armas largas de uso policial. Nos enseña la fotografía, es el mismo vehículo que vimos en la noche. Esos son los carros que rondan las comunidades como San Juan Pueblo, comunidades que paralizaron el país durante más de 8 días después de las elecciones.

“Nosotros hemos confrontado a los jefes militares, hicimos carta pública a la Secretaría de Seguridad, visitamos el Cuarto Batallón de Infantería porque es toda una orquesta con una aparente legalidad, un sector que está actuando como la policía y como militares, tienen acciones visiblemente represoras pero hay aparatos de inteligencia que están funcionando. Se está actuando bajo las sombras, se está actuando en el marco de una aparente legalidad pero hay órganos que funcionan jefeados por estos espacios que están haciendo la guerra sucia, que se esconden en la oscuridad, en carros sin placa, ocultan sus gafetes, sus rostros con pasamontañas, en uniformes, en carros que están siendo utilizados en aparentes operaciones regulares pero que son irregulares”, explica.

«Hay una deuda de todo el aparato estatal y los organismos estatales de DDHH que están muy atrás de la realidad que sufre la gente en vulneración de DDHH”,Martín Fernández.

Estos vehículos fantasmas también tienen nerviosa a doña Adriana, estos y cualquier otro vehículo que se acerca a su casa.

“Yo tengo miedo porque, más cuando miro carros así vidrios cerrados, yo soy sobadora, vienen bastantes carros pero así como decir ahorita… estoy nerviosa, para qué. Ayer fui al pueblo y viera como me puse de nerviosa”, dice.

El 2 de enero, la Alianza de Oposición contra la Dictadura dio una conferencia de prensa donde inauguraban un nuevo proceso de protestas en enero y anunciaban que el 27 de enero Salvador Nasralla tomará posesión de la presidencia, que el pueblo lo sentará en la silla presidencial. Manuel Zelaya Rosales, líder de la Alianza ha llamado a un paro nacional desde el 20 de enero hasta el 27. El 6 de enero comenzaron las movilizaciones de nuevo, y Nasralla se trasladó al norte del país a San Pedro Sula, La Lima y El Progreso, Yoro.

Hay un guión ya, dice Fernández que el guión del gobierno será disuadir los focos de resistencia. “Juan Orlando pretende prolongar su estadía, sabe que siempre será incierta, negociará con los sectores vulnerables en la política sectaria, pero en los territorios no habrá negociaciones así como lo están provocando, en los territorios la gente resistirá hasta el último momento, la gente entendió que la lucha contra el extractivismo es una lucha de las grandes mayorías y en contra del gobierno. La voz que seguirá saliendo es la voz sentida de los territorios”, concluyó.

«Yo digo que Dios debe poner la justicia, aquí quién sabe, estoy en duda, usted, aquí viera cómo estamos, aquí matan a los jóvenes como que mataran a un perro, aquí no hay justicia, aquí han matado bastantes jóvenes y así se ha quedado. Allá está Dios que es el que mira todas las injusticias”. Adriana luego se distrae del dolor suyo explicándonos cómo es que se cura a los niños del susto y nos da recetas con hierbas y huevos por si acaso algo nos aqueja el alma.

 

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

La noche de ayer José Adán Castelar, poeta amado, poeta de las causas justas, poeta sublime, poeta revolucionario, poeta del pueblo, partió hacia la eternidad. Que su vida ahora esté como las estrellas alumbrando nuestras breves noches. Su luz se mantiene en nuestras vidas y esa luz mantendrá a los que vienen detrás. A José Adán le dolía este país. Conspiró, escribió y se fajó por nuestra Honduras. Buen viaje poeta niño, poeta mayor.

José Adán Castelar, poeta y narrador hondureño nacido en 1941. Su obra ha sido clasificada por Hellen Umaña, en su libro La palabra iluminada, como parte de la Vanguardia y el Realismo Social que perteneció a la Generación de la década de los 50 (nacidos entre 1924-1953).

«Cipote airado[1]» es uno de los poemas incluidos en su libro Sin olvidar la humillación, publicado en 1987: «Este poemario es la respuesta a los años de política reaganeana en Centro América […] El lenguaje de raíz popular —con el empleo del vulgarismo— es mecanismo para expresar la cólera y la indignación frente a la prepotencia del imperio y sus crímenes de lesa humanidad. […] Poesía directa, de fuerte politización y definido sustrato ideológico» (Umaña, 2006: 507-508).

En la literatura hondureña de la época surge un notable interés por la problemática social que atraviesa el país y se genera, a su vez, un rompimiento con la tradición poética, de la misma manera que sucedió en el resto de los países de Latinoamérica y otras partes del mundo. Para el caso, un ejemplo de esa poesía directa, politizada y coloquial, que rompe con la tradición lírica, son los versos de «Cipote airado». En este poema podemos identificar elementos conversacionales y de diálogo, que además emplea un lenguaje oriundo de la región: «—¿Qué hay de nuevo/ en Comayagua, muchacho?—/ —Putas y Gringos./—¿Putas y gringos?—/ Y más burdeles». En este primer párrafo podemos apreciar como el poeta utiliza dos palabras de uso popular en la región: putas y gringos, al mismo tiempo que nos plantea una situación que es parte de un contexto histórico que se vivió en el país.

Durante la década de los 80, en Honduras se instaló, por el gobierno de Estados Unidos, la base militar aérea de Palmerola, ubicada en la ciudad de Comayagua. Estos acontecimientos generaron disgusto y preocupación en la población, y José Adán Castelar lo refleja en la voz de un cipote, que se manifiesta molesto y con ira ante el ambiente generado a raíz de los hechos ocurridos. A propósito del trabajo poético de Castelar, Eduardo Bähr expresa que «no es una poesía de contemplación. Castelar refleja también, de manera contendiente, la condición contradictoria en el seno de su población: por un lado la dignidad, la protesta, la llama de la dignidad ardiendo en el parque; por otro los enemigos con sus ruidos, sus armas y sus perros» (Sosa, 2002: 38-49).

En el segundo párrafo de este poema, encontramos un cambio en el tono, que deja de ser conversacional y pasa a ser reflexivo y argumental: «No quiso hablar más/ (Apenas tuve tiempo/ de escribir lo que dijo)/ Su cólera ardía/ como el medio día de la ciudad». En estos versos podemos ver como el poeta nos describe la emoción y los sentimientos de un joven, pero que en realidad se trata de un sentimiento colectivo que circulaba en el imaginario social.

Castelar nos retrata una de las consecuencias que trajo la apertura de esta base estadounidense. Hablamos de la llegada invasiva de los militares, en momentos de extrema pobreza en el país y en medio de un ambiente político hostil, proliferando, de esta manera, la prostitución que trajo consigo enfermedades venéreas tales como la Flor de Vietnam. «Su poesía está literalmente cruzada de parte a parte por señales de auxilio, sirenas abiertas y disparos de alta velocidad; por ellos asistido por un principio de razón suficiente, escribe para quien quiera leerlo: Guardar silencio es compartir el crimen» (Sosa, 2002: 384).

Vemos pues, que «Cipote airado» es un poema escrito en un lenguaje coloquial, conversacional, que describe la realidad que vive el poeta y su entorno. Es un poema, que forma parte de la producción literaria en Honduras, que rompe con la tradición poética y abre paso al coloquialismo que surgió años atrás en Cuba.

En Honduras los movimientos literarios, entre otras cosas, han llegado de manera tardía. Lo anterior es posible que responda a lo que afirma Óscar R. Flores cuando expone que «durante los años treinta y cuarenta, el ambiente cultural estuvo dominado por un grupo de intelectuales vinculados al régimen dictatorial (1933-1949) del general Tiburcio Carías Andino. Ellos identificaban las tendencias de vanguardia con la poesía social y revolucionaria […]. Esto trajo como consecuencia que los escritores de vanguardia fuesen, en Honduras, escritores marginales, cuyo espacio se caracterizaba por la contestación» (Umaña, 2006: 364-365).

José Adán Castelar, hoy en día, es uno de los poetas más influyentes en la poesía hondureña, con una creación poética diversa en la que sobresalen obras de poesía amorosa, vivencial, plástica, reflexiva y social. Ha recibido premios tales como el Premio Latinoamericano de poesía Roberto Sosa (1986), Premio Centroamericano de poesía Juan Ramón Molina (1988) y el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa (2003).

[1] A diferencia de España, en donde la palabra cipote hace referencia al miembro viril, en Honduras y otras zonas mesoamericanas donde el náhuatl fue una lengua predominante, la palabra cipote hace alusión a un niño o una niña.

Bibliografía

Castelar, José Adán (1987). Sin olvidar la humillación. Tegucigalpa: Litografía López.

Sosa, Roberto (2002). Honduras Poesía Política. Prefacio, selección y notas de Roberto Sosa. Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras.

Umaña, Hellen (2006). La palabra iluminada. El discurso poético en Honduras. Ciudad de Guatemala: Letra Negra editores.

Mientras el repudio contra el fraude electoral se intensificaba en Honduras, apareció el fantasma desmovilizador, un fantasma que tarde o temprano iba a llegar y en esta ocasión fue acompañado por el gobierno de Estados Unidos y la ahora fragmentada cúpula de la Alianza de Oposición.

Este cierre de semana fue fundamental para la crisis política que vive el país, en la mañana del viernes se dio el primer movimiento: el gobierno norteamericano publicó su postura de reconocimiento y felicitación a Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones, el segundo movimiento lo hizo Salvador Nasralla quien en comparecencia ante medios de comunicación renunció a la Alianza y de paso a su lucha por revertir el fraude y ubicarse en la presidencia, el tercer y último movimiento fue a cargo de Manuel Zelaya quien en conferencia de prensa aceptó la renuncia de Nasralla y dijo que ahora hay que continuar con la lucha pero dando a entender que lo harán bajo otro objetivo: hacer oposición al nuevo gobierno de Hernández ,que ahora más que nunca parece irreversible.

Tanto es el poder e injerencia de Estados Unidos que solo bastó un tweet de la encargada de negocios, Heide Fulton para que se definiera el destino de la actual crisis. A partir de allí, los dirigentes de oposición tomaron decisiones que ahora dejan con dudas y desconfianza a la población que rechaza el fraude.

Con estos acontecimientos y la evidente paralización que generó en las protestas callejeras, las dudas sobre lo que pasará mañana se disipan y todo apunta a que hay de nuevo un ambiente de derrota. Un posible escenario es que la población entre en un periodo de desilusión moral y otro que sigan apostándole con la intensidad de las manifestaciones de los últimos días, sobrepasando los límites de su dirección partidaria.

En la calle la gente deja clara su intención: rechazo, incredulidad y crítica al gobierno de Estados Unidos y a la misma Organización de Estados Americanos (OEA) y por otra parte su disposición de seguir en la calles hasta que se revierta el fraude y que por primera vez en la historia se respete la voluntad popular.

Así como sucedió en el pasado con el golpe de estado y en 2015 con las movilizaciones de indignados, los dirigentes no le consultaron a sus bases, y aceptaron nuevamente la derrota, en esta ocasión de forma diplomática a pesar que la mayoría se niega a hacerlo en las calles, porque se sienten con el poder de derrotarlo a través de la movilización y no por medio de reuniones con la diplomacia internacional.

Sin embargo también hay cansancio, más de 30 muertes, batallas perdidas contra la fuerza militar y varios detenidos, hace que la gente se replantee seguir peleando en las calles cuando las soluciones se buscan en Washington.

El futuro inmediato se dibuja al calor de las celebraciones de navidad y año nuevo y bajo una decisión determinante del pueblo hondureño, con esto se conjuga el inicio de diálogo promocionado por el gobierno, avalado por sociedad civil, las iglesias y los medios de comunicación tradicionales.

Este futuro inmediato también se dibuja con una Alianza fraccionada como actor secundario, que deja por un lado a Nasralla y sus vigentes esperanzas en que la OEA repita las elecciones y por un Mel Zelaya que ahora no le queda más que replantear la lucha para enfrentar las políticas del mismo gobierno de los últimos ocho años y que ha tenido a la cabeza a Hernández.

Como tercer actor y fundamental en este futuro se encuentra la gente, que reclama y llama a cumplir la tarea de jugarse su independencia, jugársela a tal punto de lograr autonomía de los organismos internacionales, y ahora de sus propias conducciones, que una vez más los han traicionado prometiéndoles una nueva oportunidad de luchar pero ahora para oponerse a un gobierno que es ilegítimo y no para evitar su instalación y continuidad.

La gente volvió a quedar sola, abandonada por los organismos internacionales, abandonada por su conducción, abandonada por una institucionalidad que no respondió a su voluntad, con el reto de demostrar que su indignación y su reclamo no fue por líderes políticos, sino por la necesidad de cambiar las reglas del juego, reglas impuestas por Estados Unidos, por los grupos de poder y por los mismos caudillos que son incapaces de luchar junto a ellos porque en sus planes no están desagradar al poderoso gobierno norteamericano.

Juan Orlando Hernández comenzó un diálogo nacional hoy. El lunes que lo convocó, las protestas en las calles arreciaron y las principales arterias del país fueron bloqueadas, sobre todo en la costa norte. La represión no se hizo esperar y la cantidad de muertos subió de 24 a 33 en esta semana. Hoy Hernández comenzó la primera etapa del diálogo con algunos sectores de sociedad civil, mientras cientos de efectivos militares desalojaban las tomas de carretera en San Pedro Sula, Tela y El Progreso. Un diálogo hacia afuera con mucha represión dentro.

-Madre, espero que le de cuatro cuetazos a este cipote que anda vagando en las noches, lléveselo y cuídelo.- Un policía reprende a doña María Cristina, madre de Kevin de 14 años, detenido en la posta policial de El Progreso por estar cerca de una toma de carretera a las 10 de la noche de ayer. Doña María agacha la cabeza, le tiemblan los labios.

-Él me andaba haciendo un mandado, nada más.

A Kevin lo capturan cerca del puente La Democracia que lleva 4 días tomado por manifestantes en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Cuando sale le lloran los ojos, está sucio, huele a orines. “Solo andábamos jugando pelota en la calle”, dice otro menor capturado. La orden ha sido capturar, golpear, castigar a quienes se toman las calles. “Toda protesta violenta, evitarla”, ha ordenado Hernández a las Fuerzas Armadas que trasladaron 5 convoyes llenos de efectivos militares al norte del país donde alrededor de 20 bloqueos de carretera tienen aisladas a la ciudades San Pedro Sula, El Progreso y Tela.

El suboficial Carlos Aguirre asegura que hay 5 detenidos, observadores de derechos humanos dicen que hoy fueron detenidos 11, entre ellos 3 menores de edad. Pero no es solo en la cantidad de detenidos que no concuerdan los policías y los defensores, los abusos de militares y policías son muy graves, los defensores intentan convencer a los familiares que hay que denunciar, los policías les dicen a las víctimas que busquen a los derechos humanos para que les resuelvan, que ellos solo cumplen órdenes.

Mientras doña María Cristina se lleva a su niño, Juan Orlando Hernández dialoga con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera quien ha dicho que la UNAH debe dar el ejemplo apoyando el diálogo en una sociedad que está partida.

Afuera de la posta espera la familia de José Amilcar Gavarrete, un joven de 15 años. Cuando sale, el joven dice que lo han golpeado. Se desnuda la espalda y muestra los toletazos, la carne viva que le sangra en la espalda y en el pecho. No habla más. La madre cuenta que lo sacaron de su casa en la colonia Castaños, donde días atrás había una de las barricadas más grandes e imposibles de penetrar. “Él corrió porque cuando vio a los militares tuvo miedo y ellos lo persiguieron, entraron a la casa y de allí lo sacaron a golpes”, cuenta la madre. Una vecina le sugiere que no hable, que no denuncie que “gracias a Dios se lo dieron vivo” que en otras ocasiones los matan y que se conforme con eso porque “¿quién le va a resolver?”. Una defensora de derechos humanos escribe en su tablero la palabra «tortura». Se frustra cuando las familias no denuncian, cuando los casos se quedan así, como que no sucedieron. Cuando el miedo gana.

Mientras Amilcar camina dolorido, Juan Orlando Hernández dialoga con algunas iglesias evangélicas, patronatos de colonias del valle de Sula, cooperativistas. Sentar las bases de la sociedad en el diálogo es lo primordial, mientras se desalojan las calles, porque bajo presión no se puede llegar a consensos. Los militares cumplen esas órdenes, Amilcar es una prueba.

En la posta policial está Jhonny Salgado, detenido. No saldrá porque lo acusan de portación ilegal de arma comercial y uso prohibido de indumentaria policial. Ayer en Quebrada Seca, salida a Tela en El Progreso, Yoro, cuando los manifestantes le ganaron la batalla a la Policía Militar, algunos se quedaron con los escudos de los oficiales como trofeo de guerra. Los policías dicen que le encontraron uno de esos escudos a Jhonny.

Afuera de la posta llora desesperada una vecina de Jhonny, está desesperada porque su hija de 6 años vomita sangre, está mal de salud porque dentro de su casa los policías lanzaron bombas lacrimógenas. Los policías irrumpieron en su casa buscando a Jhonny quien vive a la par, tiraron bombas en la sala, y los acorralaron. Luego fueron por Jhonny a su casa. Los vecinos y su familia dicen que Jhonny ni siquiera estaba en la calle, que lo están incriminando. La vecina llevó en una cubeta unas bombas que con solo mostrarse aun huelen fuerte, pican en la nariz, huelen a recién disparadas.

En el Ministerio Público les dijeron que la Dirección Policial de Investigación (DPI) debe tomarles la denuncia, en la DPI les dicen que vayan a “los derechos humanos” a poner la denuncia. A Jhonny lo pasan a investigación y queda detenido hasta que se le sentencie. La familia carga el balde con bombas y la vecina desesperada, mientras el gobierno de Estados Unidos reconoce poco a poco el triunfo de Juan Orlando Hernández a pesar de las denuncias de fraude en las elecciones.

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“Comienza blanqueo de fraude. Gobiernos con menos legitimidad dan primer paso, seguirán los demás; UE,ONU y OEA doblarán su brazo, y gringos darán espaldarazo final. «Diálogo» adulador representa blanqueo interno, mientras armas reprimen y aplastan ferozmente oposición que estorba”, dijo en un tweet el sacerdote Ismael Moreno, SJ, director del ERIC y Radio Progreso, uno de los más fuertes opositores del gobierno actual.

El repudio de la gente hacia el gobierno norteamericano aumenta en la medida que la imposición del gobierno de Juan Orlando Hernández se hace realidad. Un grupo de manifestantes llegó la tarde de este jueves a la embajada norteamericana en Tegucigalpa para expresarles el rechazo a la postura de silencio y de aval que han tenido con el oficialismo.

-La OEA y los gringos son la misma cosa, no debemos esperar nada de ellos, acá solo el pueblo podrá revertir el fraude, yo la verdad creo que ese es el camino- dijo un manifestante. Los cohetes sonaban al ritmo de la canción de Macario Mejía «JOH es pa fuera que vas», todo ocurría con un panorama que de fondo destilaba humo, el humo que en esta ocasión no era de llantas sino de los conos policiales que pretendían controlar el tráfico.

Los alrededores de la Embajada se encontraban militarizados y por si no fuera poco en la cúspide de tres edificios cercanos los manifestantes lograron identificar a cuatro francotiradores.

Como ya es una costumbre el plantón inicia como una previa para preparar la entrada de los dirigentes, en este caso Manuel Zelaya coordinador de la Alianza y Salvador Nasrralla, presidenciable de esta convergencia partidaria.

-No les tenemos miedo, sus armas no nos amedrentan, este pueblo está enojado y va seguir en las calles de forma permanente hasta derrocar la dictadura- arrancó su discurso Mel Zelaya.

Mientras la gente gritaba «Mel amigo el pueblo está contigo», el expresidente se refirió a la propuesta de diálogo: «quieren engañarnos, quieren legitimar el fraude y por eso la OEA y la embajada norteamericana quieren endulzarle el oído a Salvador, pero no podrán con la voluntad popular, la gente seguirá de paro a partir de mañana nuevamente».

Se nota una diferencia entre Mel y Salvador en torno a la propuesta de la OEA de repetir las elecciones: Mel dice que no se debe repetir las elecciones porque el pueblo ya eligió y que es una trampa de la OEA y los gringos, mientras que Nasralla se dejó seducir por ese planteamiento y cree que se puede hacer una realidad si se da bajo la tutela y dirección de un árbitro electoral independiente e internacional.

-El presidente convocó a un diálogo, yo solo aceptaré ir si el punto de conversación es sobre su salida del gobierno-agregó Nasralla.

La acción de protesta presenció ambos discursos que a pesar de sus discrepancias sobre la propuesta de la OEA tienen dos acuerdos comunes: que no se puede asistir a un diálogo legitimador y que la gente debe seguir en las calles sin bajar la guardia.

Juan Orlando Hernández determinó cambiar al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas nombrando al general René Orlando Ponce Fonseca como el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, en sustitución del también general Francisco Isaías Álvarez Urbina. Ponce pasó de la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula a liderar las Fuerzas Armadas que se han convertido en la pieza más confiable para atacar a la oposición y calmar la crisis política en la que ha caído el país.

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En la posta policial de El Progreso, Ayyi Collins comerciante de perfumes espera que suelten a su hermano Yelan Yaret, detenido en la toma de Castaños. Yaret y Ayyi viven de hacer lociones piratas, son de Roatán y viajan hacia San Pedro y El Progreso a vender. “Yo le digo al presidente que estas personas que andan protestando no andarían allí en la calle perdiendo el tiempo si tan solo tuvieran oportunidades, si él les ayudara. Los jóvenes tenemos talentos pero mire yo, solo hice hasta primer curso, yo soy escritor pero ¿dónde podría yo estudiar eso? tuve que trabajar para vivir”, cuenta Ayyi, su olor dista mucho del de las bombas lacrimógenas. Y me enseña los perfumes que hace, me ofrece. También saca una reflexión que él escribió y que guarda en la cartera, algo que habla de la fe.

“Los de arriba no ayudan a los de abajo. Mire, aquí no van a haber otras elecciones, el presidente no dejará porque sabe que ganará Salvador Nasralla”, agrega Ayyi. En eso sale su hermano Yaret, todo desorientado sale corriendo. A una cuadra hay un restaurante de pollo frito, corre hacia allí y se mete. Ayyi dice “es que no aguanta el hambre, no habíamos comido, veníamos de trabajar cuando lo agarraron confundido a él”, y se aleja, se ríe, posa a la cámara y se apura a alcanzar a su hermano.

En El Progreso, la represión fue menos de lo que se esperaba, pocos manifestantes se resistieron, muchos dejaron solas las tomas. Ante esto, los militares entraron a buscar sospechosos a las colonias, de allí sacaron los detenidos, que en su mayoría, salieron en pocas horas. Se está aplicando el terror en los barrios, porque en las barricadas no es la guerra, es en la comunidad. Esas son las condiciones del dialogo que ha convocado Juan Orlando Hernández.

Una de las defensoras de derechos humanos que estaba presente documentando los casos de detención grabó tres momentos en su memoria de hoy: «Los rostros sucios y furiosos de los policías que llegaban de la represión, y que nos veían hasta con desprecio; luego con la espalda ensangrentada, sacrificada de Josué y que sus padres tengan miedo de denunciar y por último esa frase: «para qué denunciar, si a las madres les llevan los hijos muertos a sus casas y las autoridades no hacen nada, ¿para qué denunciar?».

 

Honduras ha sido un país violento, después del golpe de Estado fue denominado el país más violento del mundo ¿es la actual situación política una excusa para evidenciar que la violencia corre por nuestras venas? ¿Es la violencia la única salida viable cuando no hay institucionalidad donde acudir, cuando las elecciones han sido manchadas por el fraude? ¿Estamos al borde de una guerra civil?

El cuerpo de Cristian Fernando Hernández Yánez, asesinado por militares el 18 de diciembre, ha tenido que pasar 15 tomas de carreteras para llegar al lugar donde fue enterrado. Desde las barricadas, jovencitos así como Cristian gritaban: ¡esto no se va a quedar así! Los vehículos de familia y amigos que acompañaron llevaban una fotografía de Cristian y un rótulo que decía: acompañamos a nuestro familiar asesinado por militares.

Cristian es el tercer hijo que pierde doña Ela desde que decidieron migrar de una comunidad en las montañas de Santa Rita, Yoro hacia San Pedro Sula. Su hijo mayor fue ejecutado por policías, el de enmedio fue asesinado por asaltantes y ahora Cristian asesinado por militares. Esta familia ha vivido en guerra desde hace mucho tiempo en un sector conflictivo de la ciudad más peligrosa del mundo. Ahora la guerra post electoral causada por unas elecciones que permitieron la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández, no solo convulsionó el país sino que enlutó de nuevo a esta familia.

Hoy a casi un mes de las elecciones más irregulares de la historia hondureña, el norte del país está prácticamente clausurado, los accesos a los puertos más importantes en el atlántico están tomados por manifestantes que son una mezcla heterogénea según el control territorial. En unos casos se ve a la ciudadanía organizada haciendo las barricadas, mujeres de la tercera edad comandando a los jóvenes de las comunidades, pero en otras se ha visto presencia de grupos criminales que han tenido el control sobre todo en barrios y colonias de San Pedro Sula, El Progreso y Tela.

De día, las represiones han sido violentas, los militares han disparado bala viva y hasta el momento van 33 muertos  de los cuales 13 son menores de edad, según Coiproden Red de Instituciones por el derecho de la niñez. A pesar de esto, cuando los policías y militares salen con toda su brutalidad a desalojar las vías, en San Pedro Sula y El Progreso han tenido que retroceder ante la furia de los manifestantes quienes se les han enfrentado con piedras y bombas molotov. En el norte y occidente del país han quemado 7 postas policiales. Pero al caer la noche, los militares llegan a los barrios y atacan, los asesinados han sido jóvenes que no se estaban enfrentando, jóvenes asesinados mientras huían, ejecutados por la espalda. Ese es el terror de la noche en Honduras ahora.

Cristian era un joven sin empleo fijo, trabajaba  cuando conseguía en la maquila y vivía en un sector conflictivo; la Felipe Zelaya en San Pedro Sula, en la entrada de la ciudad que lleva 3 días sitiada tras el anuncio del Tribunal Supremo Electoral oficializando a Juan Orlando Hernández como presidente electo. El lunes tras ese anuncio Cristian y su hermana Mariela fueron por su madre que estaba cerca del sector de la protesta y les habían anunciado que se estaba poniendo violenta la situación.

Cristian identificó a varios de sus amigos en la toma y se bajó del carro para apoyarlos. “Sólo a que lo mataran se bajó, eso sucedió en menos de 5 minutos. Un militar le disparó”, explica su hermana mientras organizaba el entierro de Cristian. Ella junto a unos primos y amigos se encargaron de dialogar con los líderes de las barricadas. Mariela dirigió todo con temple y serenidad hasta que vio cómo el cuerpo de su hermano era enterrado en la comunidad donde de niños iban para vacacionar.

El historial médico legal de Cristian apunta que fue herido por militares cuando desalojaban una manifestación en la entrada de la colonia Felipe Zelaya, 27 calle San Pedro Sula. Una bala que entró en el lado izquierdo del tórax y no salió lo mató. Fue un homicidio.

Cristian deja una bebé de 14 meses, su esposa con apenas 18 años enseñaba un video en el que la bebé simulaba llamar a su papá por teléfono, decía papá, quería hablar con él. Los vecinos de toda su vida lloraban desconsolados. “¿Quieren cuatro años más de esto? ¿Cuatro años más de Juan Orlando que mandó a sus asesinos a matar?”  Pedían a gritos que caiga el gobierno.

***

En Tegucigalpa, las manifestaciones durante el día bajaron, sin embargo al caer la tarde se respiraba el ambiente de represión: helicópteros en los cielos, disparos en algunos barrios y colonias y poca gente transitando en vehículos. Los barrios solos, la gente protestando sola contra el presidente Juan Orlando Hernández que no soltó el poder y que oficializó que gobernará 4 años más. No hubo vigilancia de organizaciones de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos se mantiene ausente y ni los medios de comunicación están presentes. Los barrios como los del sector Carrizal, Hato de en medio, la entrada al bulevar Morazán y el barrio Los Jugos, de noche, simplemente están sometidos a la bota militar, les queda la autodefensa organizada.

La Coalición contra la Impunidad, una red de organizaciones de derechos humanos, creó una plataforma temporal denominada Mesa de Derechos Humanos que ha estado de forma permanente vigilando lo que está sucediendo en todo el país.

En conferencia de prensa celebrada frente a las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Tegucigalpa, la Mesa exigió a este ente gubernamental tome una postura beligerante ante las múltiples violaciones a derechos humanos que se registran en el país, sobre todo de parte de militares contra la población, según un informe de Radio Progreso.

Luego de una conferencia de prensa en la que autoridades de la Secretaría de Seguridad y Fuerzas Armadas dijeran que los videos y pruebas de asesinatos y violaciones a derechos humanos no son de Honduras sino de otros países, la población protestó en las cercanías del Estado Mayor Conjunto en Comayaguela exigiendo a los militares que dejen de asesinar a la gente en las calles.

Manuel Zelaya Rosales, coordinador de la Alianza de Oposición, en ausencia de Salvador Nasralla quien se encuentra en Estados Unidos, llamó a movilizaciones para condenar las ejecuciones por parte de militares acusando como principal responsable de esto a Juan Orlando Hernández. En el plantón frente a los militares instó a la gente a “seguir la lucha permanente hasta que caiga la dictadura”.

Salvador Nasralla, mientras tanto se reúne en Estados Unidos con miembros del Departamento de Estado y el secretario general de la Organización de Estados Americanos para saber qué pasa en el terreno desde donde siempre se han decidido las cosas del país.

«Estados Unidos se ha convertido en parte del conflicto en Honduras», dijo el sacerdote Ismael Moreno, SJ, en la cadena alemana de noticias DW. Un factor desestabilizador ha sido la posición ambigua del gobierno estadounidense ante la declaratoria de Hernández como presidente y las denuncias de fraude por parte de la Alianza de Oposición a las que se ha unido la misma OEA. «En Honduras todo mundo cree que Estados Unidos tiene la clave para solucionar este conflicto, no hay país de Latinoamérica en la que este país tenga tanta influencia como en Honduras», dijo el periodista salvadoreño Carlos Dada en un conversatorio con Interamerican Dialogue en Washington.

Esa influencia ha sido –en los últimos años– más fuerte con el apoyo militar que Honduras ha recibido bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

Nasralla expresó en conferencia de prensa que el gobierno de Estados Unidos aún no ha aceptado los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral y que aún siguen analizando la situación,  que la OEA sigue en su posición de proponer como salida la repetición de elecciones.

Pero en Honduras, mientras los enfrentamientos se vuelven cada vez más violentos en las vías tomadas, Juan Orlando Hernández agradece que el pueblo lo reeligió e invita a un dialogo nacional para sostener su gobierno en medio del caos.

«El llamado de Juan Orlando Hernández para convocar al dialogo y a la concordia lo que está haciendo es atizando el fuego porque amplios sectores de la sociedad hondureña, más del 50% no solamente no votó por él sino que lo repudia. Sí se puede hacer el dialogo pero sin Juan Orlando Hernández porque él es un factor de problema y no de soluciones», agregó el jesuita Ismael Moreno.

«Nosotros no vamos a dialogar con un presidente ilegal», decía un poblador que se quedó atrapado en El Progreso, Yoro mientras a pocos metros manifestantes encendían llantas para no dejar pasar a nadie hacia San Pedro Sula. La gente se muestra resignada pero también dice apoyar porque siente que no hay más camino que la insurrección popular, lo dicen no solo los manifestantes sino también los afectados que no pueden moverse. «Ya no hay de otra, no hay trabajo, no hay manera de vivir ya, este señor (Juan Orlando Hernández) está afectando el país», decía una mujer que lleva dos días de estar varada en Santa Rita porque el único puente que conecta El Progreso con la carretera hacia Tegucigalpa, está tomado.

En otra toma de El Progreso la gente se mostraba preocupada por la presencia de grupos criminales que además de pedir dinero han asaltado algunos vehículos. La situación se degrada y cada día aumentan los muertos. Los medios de comunicación no pueden hacer su trabajo de informar sin garantías de seguridad en medio del fuego cruzado donde, tanto los manifestantes como los militares y policías exigen no transmitir ni grabar nada. Honduras ha caído en una espiral de violencia que no sabemos aún si nombrar como una guerra civil o simplemente el estallido de un pueblo que ha pasado de «pacífico» cuando siempre ha sido conflictivo.

***

En el bus que conduce a los familiares de Cristian a la comunidad Plácido donde lo enterraron, sus primos hablan de Juan Orlando Hernández y lo comparan con dictadores como Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela. Hablan de sus dudas sobre la muerte de Hilda Hernández y de cómo en este país de vive una dictadura que Estados Unidos avala.

“Yo no sé que gana Estados Unidos teniendo a ese bastardo en el poder”, dice indignada una familiar, otro le responde: adueñarse del país, eso gana.

Mientras suben la montaña un familiar  grita: ¡Fuera Joh! y la gente en el camino le responde ¡Fuera Joh! Su pequeño hijo de unos 4 años repite mientras hace una seña con su dedo alrededor del cuello como pidiendo una cabeza. “Dar la vida por la patria ya solo es ganancia” dice el joven con una bandera del partido Libertad y Refundación empuñada, habla con furia. A Cristian le han puesto la bandera de Honduras sobre el ataúd, también la camiseta de su equipo favorito: el Olimpia. Lo acompañan jóvenes como él, vulnerados siempre, violentados por el Estado ¿A quien acudirán si lo mató un militar? El germen de la violencia crece allí en el odio que produce la impunidad. Esa es la guerra hondureña.

 

Tegucigalpa amaneció este 18 de diciembre con la noticia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que oficializa la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández como presidente electo de Honduras. La noticia movilizó a todo el país desde la noche del 17 cuando David Matamoros Batson, Magistrado Presidente del TSE, de manera unilateral y solo en cadena nacional diera el anuncio a eso de las 6 de la tarde. El anuncio se dio mientras Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición, viajaba a Washington para reunirse con la OEA y el Departamento de Estado. En Honduras se habla ya de un golpe electoral, y hay quienes han especulado que Nasralla no podrá volver al país. Pero se especula –como es natural en estos casos– cualquier cantidad de cosas que no tienen forma de ser comprobadas, y se van quedando en el terreno de la ficción.

En este contexto, Tegucigalpa comienza a caer en una lenta paralización. Toda la ciudad es tomada desde los barrios y colonias. Y a la Policía Militar esto la pone nerviosa, su nerviosismo, provocado por no tener el control de la situación concluye en brutales represiones y muertes que se extienden a todo el país. Ya suman 23 muertos, según el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) en 20 días después de las elecciones del 26 de noviembre. El sector de Villa Nueva en Tegucigalpa, ubicado en la salida a Danlí, fue tomado desde la noche del 17 de diciembre, y en la mañana del 18 de diciembre, bajo una tímida pero persistente lluvia, la Policía Nacional y la Policía Militar llegaron para reprimir con brutalidad. Villanueva es insigne, fue aquí donde cayó la primera víctima del toque de queda decretado del 1 al 10 de diciembre, cuando los militares salieron de noche a disparar bala viva.

Dos tanquetas, toletes, y una cantidad inimaginable de gas lacrimógeno, fueron las herramientas para contener a una población que quemaba llantas para tapar la salida al oriente del país y que ante los gases su respuesta fue una lluvia de piedras.

Niños y ancianas ponían en contradicción a la Policía Nacional, que era presionada por la Policía Militar para reprimir, y que ante la presión y las piedras tiraron tanto gas como pudieron. La Policía Militar es brutal, en Villa Nueva demostraron que «raciocinio» y «Policía Militar» son conceptos que no van de la mano. Un niño y una anciana fueron llevados de emergencia para ser atendidos porque los gases les provocaron problemas respiratorios que de no ser atendidos inmediatamente podrían perder la vida. Esto sucedió con la luz del día y ante la presencia de diputados de Libre, la prensa nacional e internacional, y organizaciones de Derechos Humanos. La noche llegó a Tegucigalpa, y con ella las tomas no han cesado, y la represión se intensifica.

Con el comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que proponen convocar a nuevas elecciones como salida a la crisis política hondureña, un escenario inesperado se abre y se “gana la batalla internacional”, según el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía. Las elecciones del 26 de noviembre no solo nos mostraron un evidente fraude que ni la OEA y luego ni la Unión Europea pudieron avalar, también abrió un espacio para que la ciudadanía se apodere de una lucha política y se evidencia que el proyecto continuista de Juan Orlando Hernández ha fracasado, según Mejía.

Las últimas cartas las tienen la OEA y el gobierno de Estados Unidos, pero no se podrán jugar sin que Salvador Nasralla y Juan Orlando Hernández se sienten a dialogar. Salvador Nasralla se encuentra en Washington en reuniones con la OEA y otros actores del gobierno de Estados Unidos, mientras que el Partido Nacional a través del diputado Oswaldo Ramos Soto ha dejado claro que no aceptarán la propuesta de realizar nuevas elecciones y acusan a la OEA por injerencia en asuntos internos. Esta noche el vocero del departamento de Estado de Estados Unidos, ante la ausencia de embajador en el país comunicó que aceptan los resultados emanados del Tribunal Supremo Electoral que dan como ganador a Juan Orlando Hernández y piden a los partidos en oposición que hagan sus impugnaciones ante el mismo tribunal cuestionado por fraude.

Mejía aseguró en entrevista con Contra Corriente que las condiciones mínimas para repetir las elecciones, como salida salomónica a esta crisis, tendrán que pasar por un diálogo entre la Alianza de Oposición y el Partido Nacional.

CC: Con este escenario inesperado de la OEA, ¿qué posibilidades hay con las condiciones actuales para repetir elecciones como lo plantea la OEA?

JM: La posición de la OEA  de señalar las graves irregularidades, antes, durante y después del proceso hondureño que no permiten tener certeza de estar ante un proceso transparente y que por tanto han llegado al extremo de recomendar un llamado a nuevas elecciones, esto en un lenguaje no diplomático significa que vieron un fraude de una inmensidad impresionante y que por tanto es necesario hacer eso. Uno de los grandes perdedores es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que debería garantizar transparencia, independencia, un poco de justicia para garantizar el proceso electoral con el informe de la OEA quedó totalmente deslegitimado aunque ya lo estaba frente a la sociedad.

También otro gran perdedor es el Partido Nacional y más que el partido es el proyecto continuista que representa Juan Orlando Hernández porque hay que recordar que es primera vez en la historia que no se declara vencedor el 26 de noviembre y por otro lado que el candidato declarado vencedor es un candidato que no goza de legitimidad y reconocimiento de varios sectores de la sociedad. La propuesta de la OEA es dentro de las posibilidades la más real de permitirnos dar un paso para salir de la crisis política que hay en el país.

CC: ¿Bajo qué condiciones se podrían celebrar elecciones?

JM: Los dos partidos en pugna, el PN y la Alianza deben ceder espacios y también implica que deben negociar. La posición de la OEA es un mensaje contundente para fortalecer el sistema democrático. Ya en el ERIC y Radio Progreso habíamos declarado que un primer paso sería declarar la nulidad y llamar a unas nuevas elecciones, lógicamente esto requiere unas condiciones fundamentales, la primera es que el árbitro electoral sea independiente, imparcial que dé garantías de transparencia en el proceso.

CC: ¿Que no sea partidizado?

JM: Correctamente, eso requeriría un TSE constituido por personas de alto nivel moral, nacionales o incluso internacionales porque lo que está en juego no solo es la democracia sino la inestabilidad política que afecta a todos incluso a Estados Unidos porque la ingobernabilidad genera que la gente decida migrar.

CC: ¿Cómo sería ese dialogo si es una condición importante para celebrar nuevas elecciones? ¿La gente en las calles querría esa negociación?

JM: La verdad, es bastante complejo ante esta situación donde no se ve salida. Una salida salomónica sería convocar a nuevas elecciones pero creo que una de las cosas fundamentales que se tienen que negocia primero es la participación de la candidatura de Juan Orlando Hernández porque el pecado original de esta crisis electoral es la reelección presidencial que se habilita de una manera ilegal a través de una sentencia que es ilegítima, porque ya hemos dicho hasta el cansancio, que el único que puede reformar la prohibición de la reelección es el pueblo hondureño a través de in plebiscito o una Asamblea Nacional Constituyente. Otra cuestión que se tiene que negociar es como va a estar constituido el árbitro electoral ya sea con personas de alta capacidad moral independientes de los partidos políticos o si será un órgano internacional bajo la supervisión de la OEA y la UE. Garantizar a través de qué sistema se va a tener unas elecciones transparentes.

El reto también es cómo lograr paz social en ese periodo de transición, no es que la gente se desmovilice pero sí que podamos tener un nivel de normalidad mientras confiamos en la veeduría internacional en este proceso de convocar a nuevas elecciones con estas condiciones mínimas establecidas.

CC: ¿Tendría que ser antes del 27 de enero?

JM: La constitución da una salida, en caso que no se declare presidente antes de la fecha establecida, el consejo de ministros tendrá que convocar a nuevas elecciones, cuando estos mecanismos no se ejecutan lo ideal sería llamar a un gobierno de transición, un gobierno provisional con ciudadanos y ciudadanas que gocen de credibilidad de amplios sectores de la sociedad, que ellos convoquen a nuevas elecciones, que el gobierno que surja de esas elecciones salga con el compromiso de en 2 años de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Que pueda cambiar toda la institucionalidad, la legalidad que incluye las reformas electorales. El error es creer que las reformas electorales solo tienen que ver con la ley electoral pero tiene que ver con la Constitución de la República.

CC: ¿Cómo se conforma un gobierno provisional? ¿Quién lo convoca? ¿Las FFAA podrían hacerlo?

JM: Ya  está demostrado que las FFAA que son una pesadilla para la democracia del país: el golpe de estado de 2009, asesinatos en esta crisis electoral. Aquí es importante destacar el papel que puede jugar la OEA, la Unión Europea y EEUU, en Honduras hay muchos ciudadanos y ciudadanas que reúnen las condiciones de independencia, moralidad y transparencia para formar parte de un gobierno provisional, ese es un escenario ideal pero no es muy probable. El único escenario real es el que planteó la OEA y que depende en gran medida de la negociación que puedan hacer la Alianza y el PN, pero para que el PN ceda se requiere la presión de la comunidad internacional y sobre todo de la embajada de EEUU y por eso es el llamado a la Embajada para que dialogue con su socio, el gobierno de Honduras y que pueda ceder estos espacios en pos de la democracia y la gobernabilidad el país

CC: Juan Orlando puede decir que él no tiene nada que negociar, ya fue proclamado presidente electo, puede decir que responde al mandato del pueblo y no de la OEA…

JM: Si Hernández mantiene esa posición significaría que tiene el apoyo de EEUU, pero también está claro que será uno de los gobiernos más débiles en la historia democrática del país. Su proyecto continuista fracasó, el rechazo que hay a la figura de JOH es amplio, incluso por la derecha, uno escucha a Andrés Openheimer sus criticas duras contra JOH, los grandes medios internacionales. Ese rechazo ciudadano que hay en la figura del presidente hará que no tenga legitimidad, la sombra del fraude acompañará a este gobierno hasta el fin de los días, un rechazo ciudadano de una ciudadanía más politizada, más consciente. Pero eso llevará a más represión, la mayor fortaleza que tiene JOH es el control de la institucionalidad y eso incluye a las FFAA y la Policía Militar que han demostrado que están dispuestos a asesinar al pueblo hondureño para mantener los privilegios y los intereses que representa JOH, por tanto ingobernabilidad más represión política por parte de las FFAA va a provocar mayor inestabilidad que no nos conviene a nadie.

CC: ¿Peor que en el golpe de estado?

JM: Peor, totalmente, ya no es una cuestión como se pensaba en ese momento entre Mel y Micheletti, estamos hablando de una ciudadanía que tiene claro que no es una cuestión de partidos políticos, que ha trascendido más allá. La ingobernabilidad se va a profundizar, mayor inestabilidad política, mayor migración de hondureños y hondureñas a EEUU y entonces estamos en un dilema, si hay ingobernabilidad con bendición de EEUU van a intentar imponer una dictadura con la fuerza de las armas, si el pueblo hondureño se mantiene indignado, los 2 primeros años del gobierno de Hernández serán cruciales y no serán fáciles para su gobierno.

CC: Si JOH es apoyado por EEUU ¿cuál sería la condición? ¿La regulación de la reelección? Si Juan Orlando Hernández pudo poner a su favor el sistema de estas elecciones en 4 días ¿qué podría hacer en 4 años con el control de la institucionalidad para quedarse más tiempo?

JM: Hay que ver lo que está pasando en Latinoamérica, la posición de la OEA no sale de la nada. Estamos hablando de que pronto habrá elecciones en Bolivia donde el presidente se está reeligiendo aun en contra de la voluntad de la gente que dijo NO en un referéndum, todo el control de la institucionalidad de Daniel Ortega en Nicaragua, las elecciones en Venezuela, la OEA como EEUU están en una encrucijada porque o se dan color y sus posiciones reflejan que su papel democrático solo es en contra de gobiernos aparentemente de izquierda pero sí a favor de dictaduras de derecha. La situación actual es diferente, en ese sentido está complicado.

Aquí no hay que olvidar que el actor más importante es la ciudadanía, y una de las cosas positivas a pesar de la tragedia es que hay una ciudadanía que ha visto en toda su desnudez la corrupción y el control de la institucionalidad democrática y cómo estos grupos de poder se pasan por encima de la Constitución y la legalidad para proteger sus intereses, por tanto es una ciudadanía que se hartó, esta ciudadanía va a forzar junto con los actores en el ámbito internacional para hacer las reformas necesarias para adecentar la democracia en honduras.

CC: ¿Qué papel podrían jugar las FFAA en este proceso? Pareciera que la ciudadanía también espera que jueguen un papel determinante.

JM: Las FFAA siguen jugando su papel hipócrita. Dan un golpe de Estado a Manuel Zelaya por defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia pero ante la violación de la Constitución por parte de Juan Orlando Hernández no dicen nada. Hay que recordar que Hernández se ha encargado de poner a familiares y amigos en los altos mandos de las FFAA, sin embargo aquí uno de los grandes perdedores son las FFAA, todo el prestigio que se ganaron en los 90 lo echaron a perder con el golpe de Estado y ahora lo acaban de confirmar, por tanto me parece a mí que como grandes perdedores este es el inicio del fin de las FFAA en el país. Esto va a ser un proceso largo,  no significa que habrá cambios de la noche a la mañana, si dentro de las FFAA las nuevas oficialidades que deberían tener un papel más democrático no asumen el control de esas instancias me parece a mí que las FFAA están destinadas a desaparecer.

CC: Eso es bien idealista… EEUU necesita las FFAA en este país, estamos cerca de su patio trasero…

JM: Pero creo que ese es un asunto que la ciudadanía lo tiene claro

CC: Pero en los Sondeos de Opinión que ustedes hacen la percepción de confianza de la ciudadanía era alta con las FFAA…

JM: Sí, 7 de cada 10 hondureños decían que confiaba en el ejército, pero yo sí creo que ha cambiado, así como ha cambiado la percepción del TSE. A mí me parece que aunque pueda ser ideal, si debemos avanzar, quienes tenemos influencia en la opinión publica debemos ir apuntando donde está el problema, sin las FFAA, JOH no habría sido declarado presidente, las FFAA con la bendición de EEUU permitieron esa declaratoria, si las FFAA cumplieran su rol constitucional esto no estaría pasando en este momento.  En ese sentido, en este proceso largo que se nos viene ahora es importante que comencemos a señalar a los actores que es necesario que salgan del país para fortalecer la vida democrática.

«Aquí no hay que olvidar que el actor más importante es la ciudadanía, y una de las cosas positivas a pesar de la tragedia es que hay una ciudadanía que ha visto en toda su desnudez la corrupción y el control de la institucionalidad democrática y cómo estos grupos de poder se pasan por encima de la Constitución y la legalidad para proteger sus intereses, por tanto es una ciudadanía que se hartó». Joaquín Mejía.

CC: ¿Cuánto tiempo nos queda para hacer viable la propuesta de la OEA?

JM: En lo particular yo no me preocuparía tanto en el tiempo, si nos vamos a la Constitución y dice que el 27 de enero tiene que haber un presidente pero si no lo hay el consejo de ministros debe convocar. La declaratoria del presidente debe ser firmada por todos los miembros del TSE, la pregunta es porqué solo aparece Matamoros Batson en la declaratoria, sin los otros magistrados firmando adolece de legalidad. Tendríamos que esperar la posición de Nasralla después de este viaje a Washington, la comunidad internacional y la ciudadanía tenemos un papel importante para presionar que en este caso el Partido Nacional decida sentase a negociar esa declaratoria a elecciones.

CC: Pero las calles mientras tanto…

JM: Por eso creo que será importante el retorno de Salvador Nasralla que espero que de toda la información que tiene que dar y luego también ver los pasos que va a dar la Embajada de EEUU que ha tenido una posición ambigua al principio, una posición luego favorable en términos simbólicos acompañando a Batson lo cual implica un espaldarazo importante, pero ahora este momento después de lo que ha dicho la OEA ni siquiera un tweet ha dado la encargada de negocios Heide Fulton, qué raro que ha estado activa y ahora está en silencio absoluto. No se sabe que se está cocinando. Lo que sí está claro es que la posición del a OEA ha sido un golpe impresionante a este sector que representa JOH, da un pequeño hilo de esperanza a lo que pueda pasar, sin embargo siempre hay que verlo con cautela, porque puede ser que negocien que JOH aguante unos meses mientras se baja todo en las calles y que poco a poco se vaya reconociendo a este a este gobierno espurio tal y como sucedió en el golpe de Estado.

Ahora en la OEA hay una mayoría de gobiernos de derecha, la OEA es una organización de estados y las luchas que habrán en la asamblea general serán importantes. Los gobiernos de derecha son derechas democráticas, no son derechas como la de Álvaro Uribe en Colombia, son de derecha pero creen en el proceso democrático, sería un mensaje terrible para su país y hacia afuera legitimar un gobierno cuando hay un informe de la OEA tan contundente que ya no se lo quita nadie, para que la OEA de un paso atrás de este informe sería complicado, aunque no se descarta.

CC: ¿Fue un error político que la UE presentara el informe horas antes de la declaratoria?

JM: Definitivamente, creo que tenían que haber esperado porque no estaba su jefa de misión, la condición en las calles de polarización social lo que requería eran llamados prudentes por parte de la comunidad institucional y lo que hicieron fue un enorme error político porque fue interpretado por sectores afines al gobierno como un espaldarazo a los resultados. Es de humanos rectificar y a mí me parece importante que su jefa de misión desde Europa haya llamado y haya manifestado su posición que lo que se planteó en ese momento fue una visión, un informe que no era el final y que eso no implicaba el resultado del proceso electoral, alineándose a la posición de la OEA.

Aquí también otra vez la comunidad internacional tiene que tomar en cuenta cómo una palabra en sociedades tan polarizadas como las nuestras, puede profundizar la crisis política, tienen que tener mucho cuidado.

«Me parece que es muy difícil para Washington esta situación en la que se está por eso se entiende el silencio de la encargada de negocios, en términos legales significa que EEUU está de acuerdo con lo que dice la OEA porque son parte de la OEA». Joaquín Mejía.

 

CC: El papel de la OEA y la UE es diferente ¿Qué es más determinante?

JM: La UE como sucedió en el golpe se plegará a lo que diga la OEA, la OEA tiene la carta democrática interamericana a través de la cual cuando hay una situación que afecta gravemente el sistema político democrático puede tomar decisiones, un paso que acaba de dar es el llamado a nuevas elecciones, pero si se mantiene la situación que genera esa inestabilidad política, la OEA puede utilizar su último recurso que es la suspensión de Honduras de la OEA y eso no le conviene a nadie, ni al gobierno actual eso traerá implicaciones políticas y económicas con la UE, BID, BM, como con el golpe de estado, es por eso que la posición de la OEA es más importante que la UE.

Yo en lo particular esperaba algo más contundente de la UE y no de la OEA, para mí es muy difícil que Almagro diga algo como lo que dijo sin que EEUU esté de acuerdo medianamente. Honduras es un aliado principal en la región de EEUU, es la niña bonita o el niño bonito de EEUU en la región y sobre todo con esa lógica de la guerra fría con dos gobiernos de izquierda y luego Guatemala con inestabilidad política

CC: Se les agitó mucho el patio…

JM: Sí está muy agitado, requieren a una figura fuerte como JOH que en teoría esta poniendo orden pero se les fue de la mano. Me parece que es muy difícil para Washington esta situación en la que se está por eso se entiende el silencio de la encargada de negocios, en términos legales significa que EEUU está de acuerdo con lo que dice la OEA porque son parte de la OEA.

Hay que insistir que las elecciones del 26 de noviembre traen cosas positivas: se derrotó el fraude, se ganó la batalla internacional no solo con los medios internacionales pese al cerco mediático y con la excepción de medios como Une tv, Criterio, Contra Corriente, Radio Progreso. La posición de la OEA es el resultado de esa victoria electoral, la politización de la ciudadanía que ha visto en toda su crudeza la corrupción e impunidad en el manejo de la institucionalidad pública, la ciudadanía ha ganado fuerza moral creo que a mediano y largo plazo hay que entender que ese proyecto continuista fracasó, que estamos en un  momento de quiebre y que por fin puede ser una pequeña luz para salir de esta crisis que se profundizó tras el golpe de estado de 2009.

 

A pesar que la Constitución de la república de Honduras prohibe la reelección presidencial, gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Juan Orlando Hernández logra ganar 4 años más en el poder. Cuatro años más que están en entredicho, podrían ser más si la reelección sigue sin regularse legalmente, como está ahora. Las denuncias de fraude electoral son fuertes, pero más fuerte es la expresión en las calles que va desde las tomas de carreteras, hasta violentas irrupciones en comercios. La represión a estas manifestaciones ha dejado 22 muertos en los últimos 20 días después de las elecciones.

«Hubo irregularidades, errores y problemas sistémicos antes, durante y después de las elecciones. Estamos ante un proceso de baja calidad», dijo José Quiroga, expresidente de Bolivia y representante de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (MOE OEA) tras ser declarado presidente Juan Orlando Hernández por David Matamoros Batson, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sólo él, el representante del Partido Nacional sin el pleno de magistrados. Inmediatamente las calles en 52 puntos del país mostraron el descontento de la gente con este anuncio y de nuevo una oleada de manifestaciones, violencia y represión se muestra tras las elecciones del 26 de noviembre.

«La alteración de las evidencias del incidente del día 29 de noviembre de 2017 en el servidor de base de datos primario (SQL1) impidió a esta auditoría acotada y no invasiva obtener datos esenciales del mismo. El tratamiento del incidente no respetó las buenas prácticas aceptadas mundialmente sobre el manejo de incidentes de tecnología informática. Las acciones para restablecer la infraestructura tecnológica no fueron las apropiadas (reinstalación del sistema como SQL4 sobre el servidor primario SQL1 alterando la evidencia), y no se preservó la evidencia ni se restringió el acceso al otro servidor afectado (SQL2), dejando hasta la fecha un acceso remoto habilitado desde las oficinas de la empresa proveedora.»-muestra el informe de la OEA.

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La OEA habla de irregularidades, pero da detalles sobre un estudio que realizan con una muestra de 361 actas del Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza de Oposición en el que Hernández ganaría las elecciones con 41.36% contra 41.04% de Nasralla, un margen tan estrecho (0.32%) que entra en el margen del error de la muestra.

El TSE anunció el triunfo del Partido Nacional con 42.95% contra un 41.42% de la Alianza Libre-PINU, un 1.53% de diferencia. Mientras tanto, la Unión Europea (UE) valida el resultado aduciendo que en el escrutinio especial bajo su observación no se presentaron incongruencias entre las actas de los partidos, en físico y las subidas en el sistema de divulgación del TSE.

Por su parte, con una posición muy diferente a la UE, el informe de la OEA agrega que : «En el contexto de la observación post electoral, la MOE analizó un importante número de actas correspondientes al SIEDE y escrutinios especiales, así como a las fuerzas políticas en contienda (Partido Nacional, Partido Liberal y la Alianza de Oposición contra la Dictadura y el Partido Liberal). De esta revisión, la MOE puede concluir que en casi la totalidad de las actas hay coincidencia entre las oficiales y las obtenidas por los partidos. Sin embargo, existen algunos casos en los que se encontraron discrepancias inexplicables entre las actas de los tres partidos y las del TSE. Es importante notar que las copias de las actas en posesión de los partidos no cuentan con las medidas de seguridad para evitar su alteración o falsificación».

«Estas elecciones nos dejan un trazo de pintura que se llama: la duda. Baja calidad en el proceso, un sistema no garantizado, esa duda de conjunto en una sociedad polarizada, la sospecha que se tiene,  se convierte en un factor de inestabilidad social que se contrapone a la insistencia de sostener el triunfo de Juan Orlando Hernández», expresó el sacerdote jesuita Ismael Moreno en la emisora Radio Progreso tras el informe de la OEA, mientras en 52 puntos del país a las 9 de la noche reportaban tomas de carreteras y protestas.

«La Alianza no va a dejar que le roben las elecciones, lo vemos ahora, la gente salió ante esta declaratoria. La situación del país está fuera de control, la gente está fuera de control y es difícil saber qué pasará en los próximos días», decía un ciudadano que en El Progreso participaba en la manifestación que cerraba el paso al bulevar que conduce al atlántico hondureño. Un grupo de jóvenes encendieron llantas, puestos de periódicos, derribaron palmeras, rótulos y semáforos. El caos se apodera de las calles. En San Pedro Sula se reportaron saqueos en un centro comercial y desesperación de la gente que andaba en las calles a esa hora tras verse sitiada.

Las calles gritan mientras la OEA concluye en una conferencia de prensa en Tegucigalpa: «A partir del análisis técnico realizado, la Misión no puede confirmar que el SIEDE haya sido manipulado con dolo. Sin embargo, sí puede afirmar que no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y que, por tanto, su seguridad se vio vulnerada. A partir del análisis presentado en este reporte y del cúmulo de observaciones comprendidas en el primer informe preliminar, la MOE considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas.»

El secretario de la OEA, Luis Almagro sostiene las dudas con este tweet y pide elecciones para evitar crisis en Honduras:

Veinte días después de las elecciones que supuestamente decidirían al próximo presidente de Honduras, no hay resultados oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el Partido Nacional ya ganó en el Congreso Nacional. Son 61 diputados nacionalistas los electos según el TSE, dejando a varios candidatos, que parecían fuertes al inicio de la contienda con sus aspiraciones desvanecidas, entre ellos el acusado por ser uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras durante la década de los 80: Billy Joya quien ahora aparece en la televisión como defensor del presidente Juan Orlando Hernández.

El domingo 26 de noviembre en los comicios electorales más atípicos de la historia de este país, en la colonia Los Robles de Tegucigalpa una sobreviviente de la tenebrosa Honduras de los 80, Nora Miselem Rivera, caminaba con 63 años hacia la fila que la llevaría a manchar su meñique de esperanza, en un centro de votación ubicado en un barrio de militares repleto de afiches del oficialismo y donde la clase alta es mayoría. En los afiches, Billy Joya.

Mientras hace fila esperando su turno para elegir a las próximas autoridades del país, Nora Miselem sobre estas elecciones nos dice que “del Partido Nacional se puede esperar cualquier cosa”, incluso tener entre sus filas a quien fue uno de los integrantes del Batallón 3-16 que, en 1981 en las primeras elecciones “democráticas” de Honduras, la capturó a ella y otras personas que supuestamente querían boicotear esos comicios.

Después de salir libre de esa experiencia, algunos años después Miselem sería víctima de un segundo secuestro en el que según sus propias palabras estuvo “nueve días en manos de esos animales”.

“Choques eléctricos y abusos de todo tipo” fueron la carta de presentación de los escuadrones de la muerte que integraba Billy Joya ante los subversivos que se habían vuelto un obstáculo para la Doctrina de Seguridad Nacional que los Estados Unidos imponía en toda Latinoamérica.

Aunque el registro del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) apunta que el Batallón 3-16 inició operaciones en 1984, los primeros créditos de desapariciones son de 1981, exactamente cuando la embajada norteamericana decidió colocar como embajador al antiguo jefe de la CIA, John Dimitri Negroponte, quien adoptó como ejecutor de sus políticas a un joven: Billy Joya.

“El licenciado Arrazola”, como se hizo llamar Joya en aquellos años de la denominada guerra sucia en Latinoamérica, fue miembro del Batallón de Inteligencia 3-16 que operó en Honduras durante la década de los 80 y 90, el cual se encargó de secuestrar y desaparecer opositores políticos, además de ser el fundador de los escuadrones “Lince” y “Cobra” que sirvieron como brazo represor al servicio del estado.

Desde muy joven Joya fue instruido en las prácticas de la dictadura al ser becado por parte del ejército hondureño para estudiar en el Chile de Pinochet y trabajar bajo las ordenes de Guillermo Suarez Mason, acusado de cometer múltiples crímenes de lesa humanidad en Argentina.

Es así como Billy Joya al ser jefe de su división táctica empieza a trabajar en sincronía con la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI); además, según las investigaciones sirvió como enlace entre el ejército hondureño, el régimen dictatorial argentino y los estadounidenses.

Para Nora Miselem Rivera, el Batallón 3-16 está más activo que nunca a través del mismo Joya que a pesar de estar evidenciado a nivel internacional como un violador de derechos humanos y estar acusado de 5 casos penales con 19 delitos imputados por particulares y por el Estado hondureño en 1990, ha intentado integrarse a la “democracia” desde las elecciones de 2009 con La Alianza Patriótica del golpista general Romeo Vásquez y ahora con el Partido Nacional del ilegal reeleccionista Juan Orlando Hernández.

¿Cómo es posible que este hombre se encuentre habilitado para optar a un cargo de elección popular? Se pregunta esta sobreviviente del terror que representó la injerencia de Estados Unidos en la sociedad hondureña, y que hoy esa misma injerencia está dejando sangre en las calles y en la punta de los fusiles de los militares. Ella misma responde a esa pregunta: “si al imperio le conviene, así será”.

Billy Joya no es cualquier militar que intenta adaptarse a las nuevas dictaduras “democráticas” impuestas por Estados Unidos en los países Latinoamericanos, ahora bajo la bandera del Partido Nacional, el licenciado Arrazola es la memoria sangrante de los desaparecidos en Honduras.

Esa misma memoria llevó a Joya al auto exilio en España a mediados de los 90, donde fungió como catequista en un colegio de Sevilla mientras se ocultaba de la justicia hondureña que a través del juez civil Roy Medina ordenó su detención el 17 de octubre de 1995 por la desaparición temporal de seis estudiantes universitarios en abril de 1982.

Noche de los lápices

Una de las estudiantes secuestradas esa madrugada del martes 27 de abril de 1982 fue Ana Suyapa Rivera quien, además, se volvió una pieza fundamental al ser la primera víctima que logra identificar a Billy Joya como uno de los ejecutores de esas operaciones de miedo y desaparición que pretendían borrar cualquier rastro de disidencia en el país.

“Nos vendaron los ojos nos sujetaron las manos, nos hicieron montar a un carro y nos llevaron a una casa fuera de la ciudad” después de eso, Rivera señala que no volvieron a saber dónde estaban.

Ana Suyapa Rivera fue capturada ilegalmente a las 5 de la madrugada por el Batallón 3-16 junto a Guillermo López Lone, Edwin Dagoberto López Lone, Milton Danilo Jiménez Puerto, Marlen Irasema Jiménez Puerto y Gilda María Rivera Sierra.

Todos fueron trasladados a una casa en las afueras de la ciudad donde, según Milton Puerto, llevaban a los desaparecidos para torturarlos hasta su muerte y donde ellos mismo sufrieron la tortura física, psicológica y sexual.

Fue casi una semana en la que Ana, de “chiripa” y por encontrarse en la misma casa con dirigentes estudiantiles perseguidos por los militares, vivió la peor experiencia de su vida en manos del Batallón 3:16 liderado por el asesor de seguridad en los últimos gobiernos nacionalistas, Billy Fernando Joya Amendola.

El caso denominado “Guillermo López Lone y otros, contra el Estado de Honduras” logró que Joya después de 4 años prófugo se presentara ante los juzgados en diciembre de 1998; sin embargo, al pagar una fianza de 2,400 lempiras logró recobrar su libertad y le ha dado la posibilidad de participar en las últimas dos elecciones.

En 2017 Ana Suyapa Rivera, miembro del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), considera que es “una amenaza para el estado” que este tipo de personas sean elegibles para integrar el Congreso Nacional, a pesar de ser una práctica común en los partidos de derecha latinoamericanos.

Billy Joya aparece como analista experto en seguridad en los medios de comunicación, pero las personas que fueron víctimas de sus estructuras de tortura y muerte en los 80, lo consideran un experto en inseguridad.

Foto: Martín Cálix

Intentos Fallidos

Billy Joya con el total de las mesas electorales procesadas queda rezagado en el lugar 40 de los 23 puestos disponibles en el departamento de Francisco Morazán, con un total de 210,076 votos.

Según el Tribunal Supremo Electoral, más de doscientas mil personas votaron por un personaje que tiene acusaciones penales por tortura y asesinatos, además de ser señalado por la comunidad internacional como un violador de derechos humanos.

Para Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), “todo se ha hecho” lo único que no se ha logrado es justicia en contra de los ejecutores de aproximadamente 184 crímenes de lesa humanidad registrados entre 1980 y 1990.

Para la directora de esta organización de defensa de derechos humanos, las condiciones geopolíticas de nuestro país propician que se impulsen las candidaturas de personas que tienen deudas ante la justicia, pero pueden servir para salvaguardar los intereses del sistema.

En estas semanas de incertidumbre Billy Joya a pesar de no ser electo ha aparecido como uno de los principales defensores del proceso y la reelección, afirmando entre otras cosas que “la historia ya está escrita”. Esa misma historia le dice al pueblo que el respaldo popular no es lo fundamental en el sistema sucio que controla al país, por lo que seguramente seguiremos viendo al “Licenciado Arrazola” como el estelar de las “políticas de seguridad” en esta nueva dictadura comandada por Juan Orlando Hernández Alvarado.

 

*Para este reportaje Billy Joya fue contactado para entrevistarle, pero no recibimos respuesta de su parte.

 

Foto: Jennifer Avila

 

Desde el 26 de noviembre las tomas de carreteras en todo el país han estado a la orden del día, el litoral atlántico y la zona norte han sido el epicentro de la indignación porque a 18 días el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue sin dar resultados para nombrar un presidente en Honduras. Los resultados más amañados de la historia causan consecuencias directas: nadie le cree al TSE y las calles se han vuelto el único lugar donde la frustración se expresa, donde los votos valen algo.

Junto a los periodistas estaba Carlos, un joven activista de la Alianza, portaba una gorra, un pañuelo con los colores de la Alianza, un cigarro en su boca y su mirada llena de indignación. –Vengo de la toma de El Carrizal, éramos pocos, pero locos. Allá nos enfrentamos con la policía, a mí me vale, a mis compañeros les vale, y si acá no se hace justicia pues la tomaremos con nuestras manos–, les decía a los periodistas que esperaban una conferencia de prensa convocada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, el pasado martes en la sede de su partido en la colonia Humuya de Tegucigalpa.

Más de algún periodista puso en duda su afirmación, pero todo lo que decía este joven se comprobó este viernes, en la jornada de paro nacional que fue convocada desde el pasado martes por la dirección del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)  con el objetivo de defender el voto popular.

Las acciones de protesta arrancaron a las seis de la mañana a nivel nacional, en algunas zonas un poco antes, pero todas iniciaron bajo una dinámica particular: el juego del escondite. Los manifestantes en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y El Progreso salían a las carreteras, prendían fuego a llantas y luego se escondían, eso generó movilización de elementos policiales y militares que pretendían neutralizar las tomas, al final no pudieron y en algunas ciudades del país, las balas y las bombas lacrimógenas no funcionaron para desalojar.

En El Carrizal, punto en el que días antes manifestó Carlos haber protestado, se visualizaba una batalla campal. Mientras la Policía Preventiva, Cobras y el ejército, desalojaban con bombas lacrimógenas a la gente. La población respondía con piedras, tomando esa justicia con sus manos, como lo dijo Carlos. Un camión militar fue incendiado con gasolina y fuego y les servía de fogata para seguir encendiendo llantas para cortar la pasada.

–Acá nos están matando, vea, ellos nos disparan. La justicia no funciona en este país. –Dijo exaltada una joven que denunció la represión, pero que también se sintió satisfecha por la destrucción del camión.

En la medida que se acerca la declaratoria oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los ánimos se calientan y Honduras está a las puertas de cualquier escenario: desde un triunfo impositivo de Juan Orlando Hernández, una posible intervención militar o una insurrección popular.

El descontento es evidente, la gente que se manifiesta cada vez se indigna por el aumento de violaciones a Derechos Humanos, detenciones y asesinatos. Este día se reportaron 95 tomas de carreteras, varias decenas de heridos y dos muertos en represiones policiales y militares donde volaron bombas, piedras y balas.

Mientras avanzaba la mañana y con ella las tomas en distintas regiones del país, un grupo de jóvenes a cargo de Carlos venían corriendo desde El Carrizal hasta la colonia 21 de febrero, siempre en la salida al norte de Tegucigalpa. –Apúrense, allá vienen los militares. Llenen de piedras el camino hay que bloquear las carreteras, –decía Carlos a sus compañeros, cuando salían despavoridos por el desalojo.

En el fondo la gente gritaba: ¡Fuera JOH! Y los vecinos y vecinas salían a las calles a solidarizarse con el cierre de la carretera. –Venga perrín, mire así se defiende la voluntad popular, nosotros acá vamos a estar hasta que declaren ganador a Nasralla o sino le metemos fuego a esto, –dijo otro joven indignado por lo que veían sus ojos y por los escenarios que emanan de la autoridad, en este caso el TSE.

La composición de la indignación en Honduras es heterogénea, desde población de clase media, baja y alta. Todos lo hacen desde su experiencia y desde sus prácticas más comunes. El pasado domingo salieron a las calles los indignados e indignadas, bajo manifestaciones pacíficas protestaron por las cercanías de Casa Presidencial, otro sector lo hace desde las tomas de carretera, al menos ésa ha sido la dinámica del movimiento territorial, ése que desde hace más de diez años viene luchando en las comunidades contra concesiones mineras e hidroeléctricas.

Los hinchas, que han sido criminalizados por la sociedad también lo hacen en las calles, todos están indignados, prueba de ello fue lo que ocurrió en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, donde la afición respondió ante un penal ilegal y fue un claro ejemplo de lo sensible que está nuestra sociedad, a las puertas de cualquier injusticia para expresar su rabia.

Y así se dio la jornada en la capital y otros sectores del país. La gente le tiene cada vez menos miedo a las botas militares, a sus armas y a sus bombas lacrimógenas, y deciden responder a sus ataques.

En el sector de Villanueva, Tegucigalpa, lugar donde murió la primera víctima del toque de queda, Kimberly Fonseca, la gente respondió con piedras a la represión, incluso un Policía Militar resultó con una herida en la ceja. Debido a esa situación, la toma se extendió hasta el mediodía, porque la gente les dijo a los elementos de seguridad que si los desalojaban ellos volverían a la toma, porque su causa es justa.

«Todo el mundo lo sabe, acá somos víctimas de una dictadura y a nosotros lo que nos queda son las calles, ya vimos que no hay justicia, esa solo existe para los que están en el poder, por eso nosotros ahora vamos a las calles hasta que salga ese señor del gobierno», manifestó una persona que protestaba en el sector.

La capital como la zona norte, el sur y occidente ardían.

El magistrado suplente del TSE, Marco Ramiro Lobo, dijo que entre lunes y martes se hará la declaratoria oficial del nuevo presidente de Honduras, todo parece que ya tomó forma y que la espera es puro procedimiento administrativo, porque la mañana del viernes las autoridades electorales dieron a conocer que no admitieron las impugnaciones a nivel presidencial. Todo es parte de un guión anunciado y la tendencia de manifestaciones también lo es.

En horas de la mañana los medios de comunicación tradicionales también ejecutaban su guión, el que respondía al discurso empresarial. –Honduras se hunde en los daños económicos generados por las tomas, esto solo genera crisis y daño a la misma población, –decía un periodista mientras transmitía en vivo en horas de la mañana para un medio de comunicación radial.

Un día antes del paro nacional, Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),  hizo público un comunicado en el que le pedían a los partidos políticos y a la gente no apoyar los paros porque ponían en riesgo la economía e incluso sus empleos. Los empresarios marcaron su línea y luego los medios la siguieron, ambos intentan inculcar en la gente que la vida sigue y que a pesar de la impunidad lo que queda es continuar y esperar que las cosas cambien por arte de magia.

Un norte agitado

Desde el 26 de noviembre hay una región de Honduras que ha expresado indignación en todas las aristas: tomas, destrucción de peajes y manifestaciones. Esto ha ocurrido en la zona norte de Honduras.

El departamento de Atlántida es el que más ha registrado tomas de carretera en estas tres semanas de crisis política, zonas como Pajuiles en Tela, Sambo Creek en La Ceiba, Jutiapa y San Juan Pueblo se convirtieron en referentes de la lucha nacional.

A la par de Atlántida se encuentra el departamento de Yoro y Cortés en el que municipios como El Progreso, Santa Rita, San Manuel, San Pedro Sula, Choloma y Omoa han dejado tomas de carreteras, destrucción de peajes y manifestaciones permanentes.

En Atlántida, Cortés, Yoro, Colón la gente expresó su indignación en la quema de llantas y cierres de carreteras. La zona norte es la más importante para el tránsito de mercadería, por lo que las tomas de carretera golpean directamente al sector empresarial hondureño.

–Acá estamos en paro, porque queremos presionar a los empresarios, queremos presionar a este gobierno, queremos que salga el dictador, no lo queremos más en esa silla impuesta a los hondureños, –dijo un manifestante a una emisora radial capitalina.

La violencia también se hizo presente, los ataques militares se dieron a través de bombas lacrimógenas y balas, en Villanueva, departamento de Cortés, hubo cinco personas heridas, las que fueron trasladadas al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y a varios centros asistenciales de Villanueva.

En la Colonia Jerusalén de La Lima también hubo represión, los policías lanzaron gases contra los manifestantes, lo mismo ocurrió en la Colonia Planeta donde la población se tomó la carretera y los elementos policiales atacaron sin pudor ni diálogo.

En El Progreso, Yoro, se registraron dos tomas: una en la mañana en la colonia Los Castaños, la que fue desalojada a los minutos de instalarse y luego hubo una fuerte represión que incluso dejó personas golpeadas por los militares. La segunda toma en esa ciudad se registró a la altura de la colonia Quebrada Seca, en el que los manifestantes soltaron hasta las 5:30 de la tarde. El norte sigue ardiendo en una indignación que crece en la medida que se acerca la declaratoria del TSE a nivel presidencial.

Un cierre de antorchas

Las dinámicas son distintas: mientras el reloj marcaba las nueve y treinta de la noche en el norte y la gente seguía en tomas y sufriendo represión, en Tegucigalpa a las doce del mediodía las acciones se suspendieron, pero eso no significó el fin de la jornada de protesta.

Los mismos jóvenes que llenaron de palos, llantas y bases de cemento las carreteras, ayudaron a los policías a quitarlas y de esa forma reanudar el paso para los vehículos. –miren chicos, cumplimos, ahora esperemos que se viene para los próximos días, –les decía Carlos, junto a otro grupo de dirigentes populares.

Al marcar las seis de la tarde la población indignada volvió a las calles y recuperó su arma pacífica de protesta: la antorcha.

Desde el bulevar Morazán arrancaron con dirección a la Embajada de Estados Unidos. Mientras el tiempo avanza, y los principales actores internacionales definen sus posturas, la gente cree menos en ellos y los repudia más. Estados Unidos en la actualidad, está tan cerca de ser repudiado, tanto como Juan Orlando Hernández y David Matamoros Batson, magistrado presidente del TSE.

¡Pueblo únete! Gritaba la gente que desfilaba por el bulevar. Las manifestaciones de las antorchas han sido protestas totalmente pacíficas y que se caracterizan por las caminatas que cruzan en algunas ocasiones ciudades o avenidas a nivel nacional.

La jornada de este viernes, tuvo de todo: llamados pacíficos, disparos de militares, piedras lanzadas de manifestantes contra policías, quemas de camiones del ejército y heridos.

–Ustedes perdieron nuestra credibilidad, ustedes están a favor del dictador, por eso nosotros exigimos que se vayan sino van a intervenir a favor del pueblo hondureño, –gritaba Miguel Briceño, un dirigente antorchero, frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

La movilización terminó, tal  y como arrancó: pacíficamente y con la entonación del himno nacional, un himno que ya no solo se canta en los estadios, sino en cada toma de indignación ciudadana.

-¿Ven que nos les mentí?- dijo Carlos a los periodistas -esto va para largo-.

 

 

 

Ya nada cuadra. Cualquier resultado que emane del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras 17 días de las elecciones generales  ya no es confiable. Un apagón informático, denuncias de clonación de actas, un escrutinio especial fuera de tiempo, un conteo sin observadores de todos los sectores, una tendencia que cambia contra toda teoría matemática. Los votos fueron tocados, ya no es la voluntad del pueblo la que dictará quién es el presidente de Honduras.

Imagine que usted escanea 18 mil imágenes, y cada imagen tiene un peso de 10MB, tendría 180 GB de información. Una computadora básica Toshiba tiene la capacidad de 500GB de almacenamiento, las imágenes significarían  apenas un poco menos de la mitad. Aún así la Toshiba está lejos de colapsar. El TSE reseteó el sistema aduciendo que necesitaba liberar espacio, ni los discos duros, ni la nube, jamás se llenaron. Un sistema de alrededor de 45 millones de dólares jamás colapsaría por 180 GB en imágenes de actas.

Después del apagón del 27 de noviembre, la tendencia del 5% que favorecía al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, comenzó a cambiar: Juan Orlando Hernández comenzó a subir. «Los expertos dicen que eso es imposible», decía el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo cuando lo imposible comenzó a suceder. El fraude se consuma. El Tribunal miente. El Tribunal miente desesperadamente.

El TSE contrató para el procesamiento y divulgación de datos provenientes de actas electorales; a la empresa que corresponde a la firma Dale Vucanovich propiedad de Theodore Dale Vucanovich, MBA en administración de empresas e ingeniería de Software. La empresa Mapa Soluciones , que había sido contratada en anteriores elecciones fue denunciada por el Partido Liberal por no ofrecer transparencia en el proceso y de emergencia se contrató a Vucanovich, un contrato que no es público y que ni siquiera todos los miembros del TSE lo conocen.

Para la transmisión de datos, recepción de imágenes y construcción y manejo de red interna;  corresponde a ASICA, propiedad de Jorge Pohl y Ricardo Marichal, empresa fundada desde 1994, con clientes como BCIE, Banco Fichosa,  G&T de Guatemala, Fedecaes de El Salvador, entre otras.

La Alianza de Oposición y el Partido Liberal lo habían advertido desde septiembre de 2017, el fraude se daría aunque firmas internacionales manejaran el software. Aún así era muy poco tiempo para impedir que se celebraran elecciones. Pero tampoco querían eso. ¿Para qué participan en un proceso que saben que de entrada está viciado? Querían demostrar que era cierto, que el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección, había orquestado el fraude con tiempo, recursos, y con toda la institucionalidad a su favor.

Cuando por presión de la gente gritando en las afueras del centro de divulgación del TSE, y por la presión del magistrado suplente, Lobo, desde adentro, David Matamoros Batson sale en contra de su voluntad y la de Hernández a decir que va ganando Salvador Nasralla, dio un primer corte basado en un total de 57% de actas escrutadas, aunque ya estaba escrutado  el 71%. Con 57% era imposible cambiar tendencia, pero habría sido más descarado hacerlo con el 71%, así que negociaron.

Con ese 71% que tenían los partidos la tendencia seguía igual, Nasralla ganaba con 106,815 votos 5.01% y así se mantendría de no ser por lo que vino después. Las actas dejaron de llegar. La orden fue no seguir mandando actas por internet. No solo eran las actas rurales de los sitios donde no hay acceso a internet, eran actas de 16 departamentos. Así las llevaron en camiones custodiados por las Fuerzas Armadas sin protocolos de seguridad hacia las instalaciones del INFOP en Tegucigalpa. Los partidos tenían 13,375 actas que ya eran el 73% y al INFOP llegaron 4,753. Estas últimas fueron clonadas, denunció la Alianza de Oposición contra la Dictadura. Con ese 27% de actas, Juan Orlando Hernández supera a Nasralla con 159,160 votos.

«Hay que cerrar la imprenta que imprimió estas actas dobles, porque si hacen eso también imprimen facturación doble para evadir impuestos. Empresas así no queremos en Honduras», denunció Nasralla en conferencia de prensa mientras mostraba actas clonadas.

Pero ¿qué sucedió primero? El apagón del sistema o el transporte y manipulación de actas. El sistema se apaga y deja de transmitir solo datos presidenciales por 3 días. En ese tiempo se intenta borrar los rastros con un reseteo del servidor local. Sin embargo, el TSE contrató un servidor en Estados Unidos con la empresa Amazon, ese servidor sigue funcionando pero existe un corte en la conexión con el servidor local. Y cuando todo se reconecta comienzan a cambiar los números y los porcentajes pareciera que responden a un algoritmo programado. Primero hicieron la manipulación del sistema informático y luego hacen cuadrar el papel con lo digital.

Miembros de la Alianza y voluntarios informáticos, matemáticos y expertos en diversos ámbitos han tratado de buscar todas las evidencias para mostrar que en Honduras hubo fraude y presentar esto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Pero las pruebas totales no se pueden recabar sin un análisis forense del sistema entero y auditar no solo el servidor sino máquina por máquina y hasta los routers de internet. El diputado de oposición Luis Redondo, ingeniero informático, asegura que también se buscará demandar en Estados Unidos este caso ya que el servidor contratado fue en Amazon y así este delito llega a jurisdicción en ese país también.

El análisis forense no solo debe ser del sistema y las máquinas, también de las actas y hasta los cuadernillos. Según un miembro de la Alianza, las actas del escrutinio especial pueden ser examinadas para determinar si fueron llenadas, selladas y hasta dobladas el 26 de noviembre o posteriormente. Si el papel es el mismo de las impresiones originales. Pero eso no lo acepta el Tribunal. Unas actas cuya metadata fue borrada y cuyos votos eran diferentes, menos para la Alianza y más para el Partido Nacional.

El fraude estaba bien pensado. A pesar que el equipo de la Alianza asegura que el fraude desde la mesa electoral se superó y que eso se vio reflejado en el primer corte de las 57% actas escrutadas, pero sobre todo en el papel de la ciudadanía en las mesas de velar que todo transcurriera bien, los siguientes niveles ya estaban cubiertos.

Cuando Hernández escucha el anuncio de que Nasralla le lleva ventaja, el discurso y el plan da un giro, y se enfoca en decir que faltan los departamentos de índole rural, que es allí donde ganan tan abrumadoramente que podrían revertir la tendencia. Ni aunque estos fueran los departamentos más poblados, la tendencia podría revertirse. Pero detrás no sucedía un cambio de actas o de datos solo en los departamentos rurales, de hecho, es en los que menos cambio se nota ya que en estos departamentos sí gana el Partido Nacional. Donde se ve el cambio es en el padrón electoral, en la supuesta participación de la gente a votar. «En departamentos donde la tendencia de participación era baja, resulta que votaron 80 o 90% de la gente en el padrón basado en un censo que no fue actualizado», explicaba Nasralla en conferencia de prensa.

El medio británico The Economist hizo su propio análisis de este fenómeno comparando los resultados por municipio en la tarde del 28 de noviembre con los de los mismos municipios el 3 de diciembre. Recordaron que los municipios son homogéneos a lo interno, o son predominantemente urbanos o son predominantemente rurales. El conteo cambió de una manera sistemática de una ventaja de Nasralla para una de Hernández. Consultaron a la antropóloga Rosemary Joyce, de la Universidad de Berkeley, para verificar si la ventaja posterior se debía en efecto al voto rural. Ella encontró que en los datos de The Economist se demostraban ejemplos de la falsedad del argumento del TSE y Hernández.

En los departamentos de La Paz y Lempira, en donde JOH obtuvo un excelente resultado, no hay grandes pueblos. Y en los municipios con las 20 ciudades más grandes de Honduras, la remontada fue igual de pronunciada que en los municipios rurales.

De un 45% de Nasralla y un 40% de JOH en la primera mitad del conteo de votos, después del apagón, la segunda mitad llevó a un resultado de 55% para JOH y un 31% para Nasralla. Esto para hacer, en total,  que JOH ganara con un 42% sobre el 41% de Nasralla.

«El fraude se da en 16 departamentos, dejaron por fuera Islas de la Bahía y Gracias a Dios porque no significan mucho en votos. Y esto es notable en Cortés, o Francisco Morazán, departamentos con municipios que no son rurales», explica un miembro del equipo antifraude de la Alianza.

Sin embargo, la Alianza sigue en desventaja para demostrar todas las pruebas del fraude. Aseguran que cada vez que descubren algo ya en el TSE lo han perfeccionado. Por ejemplo, se cambian los números en el sistema, pero cuando se pide conteo de las actas ellos ya tenían el plan B, clonarlas. Es la palabra de la oposición –incluyendo a los liberales– contra la del Tribunal Supremo Electoral, que es juez y parte en el fraude.

De eso viene el escrutinio especial, el Partido Liberal no lo acepta porque dice que ha pasado ya mucho tiempo, el tiempo suficiente para dar los giros necesarios sin ser descubiertos.

Las actas adulteradas se cuentan pero no se cotejan con los cuadernillos electorales. Las actas se cuentan pero no los votos. Ya nada cuadra porque el proceso electoral ha sido adulterado en su totalidad. Ningún documento oficial es confiable en este momento. La Alianza de Oposición recibe la filtración de un acta del TSE doblemente impresa. Con esta prueba pide un análisis de un calígrafo forense que determine si esas actas fueron llenadas y firmadas el 26 de noviembre y no después. La petición no ha sido aceptada. El escrutinio especial coloca a Juan Orlando Hernández con 1% arriba de Nasralla, con 5 mil de las 18 mil actas totales. El Tribunal miente, expertos informáticos nacionales e internacionales dicen que la tendencia no podría cambiar ni aunque estemos hablando de las actas de los centros de votación más sobrepoblados.

Denuncia criminal contra Batson

El presidente magistrado del TSE, David Matamoros Batson, fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Comunes por el delito de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, por presidir un fraude electoral de esta magnitud.

«El denunciado, de forma dolosa y de manera manifiesta, suspendió el sistema de transmisión de resultados para permitir que fueran manipulados los datos de la tendencia que se informó al pueblo hondureño a la 1:45 de la mañana del día 27 de noviembre de 2017 y en donde la Alianza con su candidato presidencial Salvador Nasralla obtiene 855,847 votos que representan el 45.17% y el candidato de gobierno 761,872 votos que representan el 40.21%, con una ventaja de 4.96% en un universo de 57% de total de Mesas Electorales Receptoras y que constituye una tendencia irreversible como lo declaró el Magistrado Suplente Marco Ramiro Lobo», reza la denuncia.

Agrega además que «El señor David Andrés Matamoros Batson, abusando de su autoridad y faltando a sus deberes como funcionario, permitió que empleados de la institución que el rectora y personas militantes de su partido, el Partido Nacional, alteraran documentos electorales consistente en los cuadernos electorales, papeletas de votos y actas electorales».

La calle

El Partido Libre ha llamado a las calles para defender el voto. En Tegucigalpa solo hay conferencias de prensa, reuniones, y comunicados. Todo parece transcurrir en una aparente calma mientras surgen rumores de todo tipo sobre cuándo y cómo se darán los resultados oficiales, apenas el TSE resuelva las impugnaciones interpuestas por los partidos de oposición.

El Partido Liberal pide la nulidad, la repetición de las elecciones, pero eso implica hacerse con otra institucionalidad. El Partido Libre llama a las calles y la Alianza parece no tener una conducción más contundente. Más tarde que todos, Nasralla entregó una carta a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea con la resignada petición de no aceptar los resultados que darán ganador a Hernández, que la comunidad internacional no acepte su gobierno. A ambas instancias entregó pruebas basadas en 12 mil actas, porque tanto las actas del INFOP como las que se transmitieron después del apagón que sumarían alrededor de 6 mil no se pueden agregar sin la certeza de cuáles son las falsas y cuáles no.

La calle es donde los votos están contando. El tiempo pasa y en algunos lugares se resisten a dejar las calles, pero cada vez es menos gente la que sale. Honduras sigue sin presidente porque Hernández se dedicó a ser candidato y porque Nasralla parece que no logrará tener la banda presidencial –banda presidencial que según Zelaya será él quien se la dará el 27 de enero–. El fraude a pesar de ser evidente ya parece un cadáver sin autopsia del que nadie se quiere hacer cargo.

Eduardo Martell es el presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal. Él fue el contrincante de Luis Zelaya en las elecciones internas en la disputa de la candidatura a presidente. Martell no es cara visible,  pero está apropiado de lo que sucede en este partido que cayó en su peor crisis tras el golpe de Estado: limpiar el partido y apostar por construir la institucionalidad en el país, que según Martell nunca ha existido ni siquiera cuando los liberales gobernaron y no existirá si un presidente que no fue electo por el pueblo toma de nuevo el poder.

Luis Zelaya y Martell representan la nueva ola del Partido Liberal y ambos felicitaron a Salvador Nasralla por el triunfo que el Tribunal Supremo Electoral -donde su partido tiene representación- no reconoce. Lo felicitaron una, dos, tres veces, en conferencias de prensa y en twitter. Han solicitado la nulidad del proceso electoral y que se repitan las elecciones pero también reconocen que esto va de la mano con la movilización social en las calles de manera pacífica.

Ahora Martell asegura que si la Alianza gobierna tiene retos como construir esa institucionalidad que no existe ni siquiera en su partido político y quizá así tengan oportunidad de ganar unas próximas elecciones. Pero si Hernández queda en el poder, la democracia habrá quedado totalmente destruida.

“El primer acto de corrupción de una democracia empieza en las elecciones y hoy estamos ante uno de los mayores fraudes electorales de la historia de nuestro país. Que no se malinterpreten mis palabras, David Matamoros Batson (magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral) ya pasará a la historia del país por lo que es y no digo más. Aquí hay que pensar en nuestro país, si no se toman los correctivos del caso, acuérdense de mí, los próximos años serán conflictivos”; dijo Martell en una entrevista a Contra Corriente.

CC: ¿Cómo ve la situación de crisis política en la que ha caído Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre?

CM: La veo como la ve todo el pueblo hondureño, con tristeza, frustración. Nosotros como partido certificamos hace meses que esto iba a pasar, que no había garantías para que este proceso fuese transparente y confiable, señalamos a la empresa Mapa Soluciones como responsable del sistema de transmisión. Se reían de nosotros, no hacían caso y allí están las evidencias. Segundo, señalamos la poca autonomía del TSE como ente público, es un ente cooptado por el actual partido de gobierno y allí está la muestra, no hay independencia por lo tanto no hay confiabilidad.

A estas alturas el resultado que emane el TSE da igual, nadie le va a creer, no le va a creer el pueblo y tampoco la comunidad internacional, que tal vez ha tenido un comportamiento más diplomático, para decirlo de alguna manera. Ese ente público fracasó, se invirtieron más de 45 millones de dólares que prácticamente sirvieron para nada. Estamos muy preocupados, el país transita por el camino de la inestabilidad y eso perjudica a los sectores vulnerables de Honduras.

CC: Pero ustedes como partido tienen representante dentro del Tribunal…

CM: Nosotros dijimos, o politizamos el TSE o lo despolitizamos. El magistrado Erik Rodríguez fue electo hace 3 años, no fue electo por nuestro Central Ejecutivo, responde a otro mandato. Nosotros tomamos posesión en mayo de 2017 por lo tanto podemos decir que no tenemos representación en el TSE y podemos afirmar que las actuaciones que ha tenido el pleno de magistrados no nos representa como partido, creo que hoy el fracaso más que evidente del TSE amerita una discusión profunda para darle un giro a ese órgano, no es confiable y no garantiza transparencia.

CC: ¿No se sienten representados como Partido Liberal o como la nueva línea del partido?

CM: Hablar del partido es hablar de algo abstracto, hay una nueva visión de un nuevo liderazgo que lo encabeza Luis Zelaya en quien confiamos y que lo ha demostrado desde antes del 26 de noviembre, no todos le creían, pero después del 27 de noviembre ha quedado plasmado que sí representa una nueva forma de hacer política. En ese sentido no nos sentimos representados nosotros, el nuevo liderazgo por el magistrado supuestamente liberal. Que no se confunda esto, nosotros nunca pedimos que se nos favoreciera desde un punto de vista sectario, nosotros solo pedimos transparencia y que se tomaran las medidas correspondientes para que el 26 de noviembre ganara el que tuviera mayor cantidad de votos.

CC: ¿Han sido atacados por esta postura?

CM: Absolutamente. Confunden nuestras decisiones. Nosotros no estamos de lado de nadie, solo estamos reflejando la manifestación del soberano, esa fue la intención del pueblo hondureño que gobernase Salvador Nasralla, no se trata de que hayamos hecho alianza, o que hayamos pactado un cogobierno, se trata de que hay una verdad reflejada en nuestras actas, el presidente electo se llama Salvador Nasralla y lo único que hemos hecho es manifestarlo. Nos guste o no es lo que decidió el pueblo hondureño.

Esos acuerdos bajo la mesa para repartirse pedazos del pastel del poder, esas canonjías esos pactos de distribución de instituciones nos tiene en una crisis como partido y allí están los resultados electorales, no es Luis Zelaya ni esta administración del partido los responsables de los resultados del proceso electoral, nosotros asumimos el costo político  de estar en este momento histórico pero creo que han sido los errores que se han cometido en el pasado reciente que nos tienen en el sitial donde estamos, y lo respetamos pero asumimos el reto para cambiar esa dinámica, que lo entiendan quienes hicieron daño al partido, hay una nueva visión.

CC: Luis Zelaya habla de un lado oscuro…

CM: Nosotros estamos en una etapa de transición y es normal que haya reacciones de disgusto, malestar de quienes se sienten desplazados, los que ya estuvieron en el pasado reciente y los que han estado gobernando de manera directa o indirecta al PL en los últimos 10 a 15 años. Pero es respetable, nosotros no queremos desatar una cacería de brujas diciendo solo los culpables, lo que estamos diciendo es que creemos que se equivocaron, que sus decisiones nos pasaron factura y que miremos hacia adelante para construir un genuino PL. Yo no le digo lado oscuro porque la noche me gusta mucho, yo le digo que hay un bajo mundo del PL que no le gusta que actuemos con decencia, con firmeza, honorabilidad. Fuimos a un ajuste electoral, perdimos, no pasa nada, esa es la grandeza de la democracia, respetar al pueblo hondureño.

CC: ¿Es Carlos Flores quien juega un papel importante allí?

CM: Yo no sé si lo está jugando, todos debemos jugar un papel y que sean los liberales que valoren, premien o castiguen ese accionar, lo que quiero decir es que más allá de Carlos Flores, Gabriela Núñez, Elvin Santos, Luis Zelaya, Carlos Martell,  lo que sí les puedo garantizar es que en este nuevo liderazgo no nos vamos a prestar a acuerdos que vayan en contra de Honduras. Respetamos lo que cada quien haga individualmente o dentro de sus grupos políticos.

Nos sirvió para presentar el escrito de nulidad, en nuestras actas hemos hecho análisis ha habido manipulación respecto a lo que se está publicando, nos ha servido el análisis para reiterar lo que dijimos el 27 y para presentar la petición para la única salida que tiene este problema: la repetición del proceso electoral a nivel presidencial. No hay otra salida.-Eduardo Martell

CC: ¿Ustedes están seguros que hubo fraude en estas elecciones?

CM: Nosotros presentamos el viernes pasado una demanda de nulidad por los evidentes y manifiestos vicios del proceso, no hubo transparencia, nosotros hemos presentado actas adulteradas donde sí aparecen los mismos nombres de delegados de mesa pero con diferente letra de quienes firmaban. Lo que hubo fue una clonación de actas en muchos departamentos por ejemplo de Intibucá, Lempira. Desde el principio hubo un mal manejo del proceso con los traslados, allí empieza el esquema de manipulación de la voluntad soberana: traslados fraudulentos, la entrega de las tarjetas de identidad muy mal manejado por el Registro Nacional de las Personas (RNP), el tráfico de credenciales de partidos políticos, se les entregan 36 mil credenciales a los partidos que no obtuvieron ni 2 mil votos, abrieron tarde muchos centros de votación y cerrando centros de votación a tempranas horas.

El sistema se cayó, aunque dice el presidente que lo empujaron. El sistema no se cae, el sistema lo hacen caer, había ingresado un 57% de actas electorales que marcaban una tendencia clara, esa oscuridad de más de 4 o 5 días de no transmisión de resultados haciendo uso del sistema, eso sirvió para que la gente del Partido Nacional no abandonara sus mesas, numero dos sirvió para maquilar votos y actas de MER. Eso es lo que estamos viendo, votos sin doblar, que después cuando les avisaron empezaron enfrente de las cámaras a doblar, el sistema no se cae, lo hacen caer. Luego cambian el servidor, resetean para borrar rastros, es un burdo acto de fraude, aunque en la realidad hubiese ganado Juan Orlando, después de lo que hizo el activista nacionalista David Matamoros Batson, nadie le va a creer, cuántos días han pasado y no tenemos presidente de este país.

CC: ¿Estuvieron en el escrutinio especial?

CM: El TSE casi siempre se negó a darnos la cuota de funcionarios que debían estar en él, al final nos acreditaron unos observadores pero no fuimos a los escrutinio especial porque es extemporáneo, hubiéramos ido si se hubiera hecho cuando ingresaron las maletas electorales. Pasaron 15 días, hay un espacio de tiempo, lo dice el informe de la OEA, no se respetó el orden de llegaba de los camiones, fueron selectivos en ir descargando dependiendo del origen, lo que nos parece es que usaron este tiempo para cambiar actas, urnas, la voluntad del pueblo hondureño.

CC: ¿Qué análisis han hecho con las actas que ustedes tienen?

CM: Las actas nos sirvieron para tomar la decisión de felicitar a Salvador Nasralla como presidente electo, en físico teníamos el viernes pasado 86%  y él gana, esa tendencia es irreversible desde un punto de vista estadístico, tendría que sacar 0 votos Nasralla y la totalidad de votos Juan Orlando Hernández. Nos sirvió para presentar el escrito de nulidad, en nuestras actas hemos hecho análisis ha habido manipulación respecto a lo que se está publicando, nos ha servido el análisis para reiterar lo que dijimos el 27 y para presentar la petición para la única salida que tiene este problema: la repetición del proceso electoral a nivel presidencial. No hay otra salida. Si hoy dicen que ganó SN, no lo va a aceptar el PN y si gana JOH no lo va a aceptar el resto de sectores.

CC: Pero si repiten las elecciones con el mismo Tribunal ¿qué va a pasar?

CM: Nosotros hemos pedido que se repita el proceso como dice la Ley Electoral y que se tomen las medidas pertinentes para blindar el proceso, se lo dijimos a la OEA, al G16, a los países latinoamericanos y del Caribe, al centro Carter a la Unión Europea, y no hicieron caso en el momento, hoy no me cabe la menor duda que habrá ojos y manos dispuestos a meterse en el proceso. Desde el punto de vista personal yo sugeriría que los actuales magistrados den un paso al costado, no pueden seguir administrando un proceso que no hicieron bien, cabría la urgencia de nombrar un nuevo tribunal con nuevos representantes pero sobre todo con el acompañamiento de instituciones de primer nivel.

CC: Eso llevaría tiempo…

CM: El tiempo que se lleve, es peor tener que aguantar a alguien que no ha ganado las elecciones. Nosotros tenemos que saber que lo que está a punto de suceder puede representar una puñalada mortal para la democracia del país, si dejamos pasar esta manipulación de la voluntad soberana como si nada y asume un presidente en contra de lo que expresó el 65% de  la voluntad soberana estamos jugando con la estabilidad del país. Yo llamo a la cordura pero este pueblo está cansado de haber sido engañado en los últimos tiempos, más promesas y menos salud, seguridad, menos oportunidades. Que se lleve el tiempo prudente que se tenga que llevar, o aceptamos ese tiempo o vamos a tener que aguantar a alguien que posiblemente no haya ganado las elecciones.

CC: ¿A quién se le deducen responsabilidades si hablamos de repetir elecciones, la responsabilidad del fracaso de este proceso electoral? ¿Sería borrón y cuenta nueva?

CM: La institucionalidad no existe en este país…

CC: ¿Desde cuándo?

CM: Nunca ha existido.

CC: ¿Ni siquiera en los gobiernos liberales?

CM: No, no no… lo que habla de un buen gobierno son las cifras, los índices, vivimos en un país con niveles altos de pobreza, somos el sexto país más desigual del mundo, un país donde al año se van 100 mil personas en busca de oportunidades, esos índices nos muestran que ha habido una falta de eficiencia de distintos gobiernos, en distintos niveles, como la actualidad nunca, nunca habíamos visto niveles tan bajos de institucionalidad.

Los causales de nulidad están en la Ley Electoral en el artículo 202, ese es el primer paso para intentar utilizar parte de esa institucionalidad. ¿A quién se le deducen responsabilidades? a quienes hayan cometido delitos, sí hay causales de nulidad, por lo tanto procede a que se repita el proceso eso manda la ley electoral. Habrá tiempo también para tomar las sanciones que correspondan, pero ¿a quién le toca hacer esas sanciones? A la Corte Suprema de Justicia en la que no confiamos, la misma Corte que le permitió al actual presidente optar a una candidatura prohibida por la Constitución. Yo creo que debemos entender más que de buscar culpas, construir institucionalidad, ya habrá tiempo. No basta el borrón y cuenta nueva como dice usted, porque eso invita a la impunidad y a volver a cometer vicios sabiendo que difícilmente pasará algo. Pero, le voy a decir, a mí ya me da igual David Matamoros Batson…

CC: Pero no le puede dar igual porque él preside el TSE que ha creado el problema.

CM: Yo prefiero mil veces que David Matamoros Batson se vaya del país y nos olvidemos de él de por vida a que caiga Honduras a un nivel de ingobernabilidad que nos lleve a una convulsión civil donde habrá muertos muchos más de los que ha habido ahora, tenemos el ejemplo de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, llega un momento en que las personas trascienden. El TSE, la CSJ, el MP nunca han hecho su trabajo, ya deberían haber hecho algo pero no funciona.

CC: ¿La MACCIH debería jugar un papel aquí?

CM: Yo tenía una percepción errada de la MACCIH, desconfiaba y no le daba crédito pero he tenido comunicación con dos personas de mi entera confianza que saben lo que se maneja allí adentro y le voy a dar el beneficio de la duda. Lo más triste es que la existencia de la Maccih secunda lo que les digo, es una misión de la OEA ante el fracaso de nuestras instituciones. Mucho trabajo queda en nuestro país, hay que modificar el sistema de selección de fiscal, la Corte, el TSE, el RNP, tantas cosas que hay que hacer. El primer acto de corrupción de una democracia empieza en las elecciones y hoy estamos ante uno de los mayores fraudes electorales de la historia de nuestro país. Que no se malinterpreten mis palabras, David Matamoros Batson ya pasará a la historia del país por lo que es y no digo más, aquí hay que pensar en nuestro país, si no se toman los correctivos del caso. Acuérdense de mi los próximos años serán conflictivos.

CC: Estados Unidos ya tiene su posición al respecto…

CM: Yo le voy a decir algo, los problemas de su casa los resuelve usted no usted y el vecino, nosotros queremos a veces que el vecino nos resuelva los problemas. Estados Unidos tendrá una postura de acuerdo a sus intereses y es normal pero al final la inestabilidad la estamos sufriendo nosotros. Hoy lo dijo la Cámara de Comercio de Tegucigalpa que el 60% de las ventas ha bajado en esta época aquí y las cosas van a ir a peor, por lo tanto más allá de la posición que puedan tener EEUU y otros países nos debe preocupar como país, como sociedad y partidos políticos qué salida hay para una transición para lograr lo que anhelamos un país en paz y dedicados al trabajo

Yo prefiero mil veces que David Matamoros Batson se vaya del país y nos olvidemos de él de por vida a que caiga Honduras a un nivel de ingobernabilidad que nos lleve a una convulsión civil donde habrá muertos muchos más de los que ha habido ahora, tenemos el ejemplo de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, llega un momento en que las personas trascienden. El TSE, la CSJ, el MP nunca han hecho su trabajo, ya deberían haber hecho algo pero no funciona.-Eduardo Martell.

CC: O sea que la presión social es determinante ante las decisiones de los grupos de poder…

CM: Yo tengo una tesis, llevamos unos 500 años de agachar la cabeza desde la llegada de los españoles, la oligarquía criolla, los enclaves mineros y bananeros, las estructuras caducas de los partidos que impusieron sistemas que prácticamente atropellaban los intereses de las mayorías y lo que hizo el pueblo de manera permanente: agachar la cabeza, no estamos invitando a la anarquía, a la violencia, estamos invitando a ser ciudadanos, no simplemente habitantes de este país. Aquí no hay ejercicio ciudadano, salir a las calles pacíficamente como muestra de rechazo a una imposición es lo que le hace falta a este país, o no  convertimos en ciudadanos o no nos quejemos el día de mañana cuando el sistema nos atropelle o nos orille a tomar la decisión como la mayor parte del pueblo hondureño de migrar en busca de oportunidades.

CC: ¿Fue un error que el PL no se uniera a la Alianza?

CM: Nosotros no estamos a favor del PN o  la Alianza, nosotros estamos diciendo lo que pasó en este país, nosotros seguimos sin coincidir en puntos torales con sectores de la Alianza. El punto no es sacar a unos y meter a otros y se acabó violentando los principios, los valores, visiones de país. Desde el punto de vista electoral podría decirse que sí fue un error porque si nos hubiéramos unido hubiéramos ganado, hacer análisis después de ocurridos los hechos es muy fácil, nosotros tomamos una decisión de acuerdo a nuestros principios. Por ejemplo el PL no cree en una Asamblea Nacional Constituyente en este momento porque no hay condiciones para ello. Tampoco cree en una reelección ilegal, la Alianza pregona el socialismo y nosotros somos liberales, no pasa nada, respetamos a los socialistas, los de derecha, los liberales. Nosotros mantuvimos nuestra postura y al final hubo un veredicto. Desde el punto de vista electoral estamos seguros que hubo voto útil, había un sentimiento AntiJOH y eso primó a la hora de tomar la decisión y vieron en Nasralla la opción para derrotarlo. No lo miraría como un error porque fue una decisión analizada concienzudamente.

CC: Salvador Nasralla ha dicho que no es socialista ni comunista, la Alianza es PINU y LIBRE ninguno de los partidos tiene esas características como usted lo menciona…

CM: Nosotros no criticamos… aquí hay varios matices, en nuestro país ser socialista es sinónimo, sobre todo fue en los 80, de terrorista, yo que he tenido la oportunidad de vivir fuera del país porque mi papá fue diplomático de carrera, no pasa nada, usted puede ser derecha, de centro, socialista, siempre que se enmarque en los parámetros democráticos. Cuando nosotros vimos el documento de constitución de la Alianza de oposición hubo elementos con los que no coincidíamos.

CC: ¿No cree usted que los problemas del país van más allá de las discusiones ideológicas?

CM: Por eso le digo, a la hora de gobernar lo que se pone en práctica son políticas públicas de acuerdo a una visión. ¿Cuál es la visión liberal de la educación?: una educación pública de calidad, de un sistema fiscal progresivo que pague más quien más gane, si nos ponemos en ese análisis cada ideología tiene una variante, allí vemos como actúa el PN en su política fiscal más impuesto, más trancazos. Sí tienen implicación las visiones de donde pueden haber contradicciones, no se descarta que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo, en Chile lo han hecho y ha sido exitoso en ese país.

CC: ¿Este Partido Liberal es distinto al del golpe de Estado?

CM: A raíz de la crisis surge un nuevo partido político, allí hay un drenaje de la fuerza electoral del PL hacia LIBRE. Llegamos a esa crisis ante la incapacidad de los gobernantes de ponerse de acuerdo, si no se puede dialogar ya se fracasó la democracia. El tema efectivamente de esas decisiones que se tomaron en su momento, no solo fue el reflejo de una división de criterios, desde 2005 en campaña Micheletti le envió una carta a Mel en la que decía que le tenía que cumplir como presidente del CN y que se dio cuenta que tuvo otras negociaciones, parecía una disputa de grupos.

En 2006 como miembros de la juventud liberal lo fuimos a buscar a Manuel Zelaya, iba Jorge Aldana con nosotros, y dijo una frase Mel que a mí nunca se me olvidó: no pierdan su tiempo, el PL solo sirve para ganar elecciones, mejor dedíquense a trabajar en el gobierno. Al final nuestros partidos han sido maquinarias electorales más que verdaderas instituciones o partidos consolidados como el PSOE, PP, Liberación Nacional, PRI, PAN. Fuimos maquinarias electorales que se dedicaban a prepararse como prepararse para jugar una potra, seis meses antes de las elecciones se aceita la maquinaria, si perdía se olvidaba 2 años y medio del partido, igual si ganaba, esas son lecciones que debemos aprender. Luis Zelaya apareció un día después de la derrota, no se ocultó porque el partido debe seguir funcionando. Hoy vemos como hemos recuperado cierta confianza por el rol de Luis Zelaya y el PL, el 2009 nos pasó como partido una gran factura.

CC: ¿No le genera incertidumbre un gobierno de la Alianza?

CM: Yo le digo ciertas limitaciones que tuvimos para tomar esa decisión, además del corto tiempo, nosotros como auténticamente liberales somos abiertos, tolerantes, nosotros respetamos la ideología, vamos a respetar si le toca gobernar a la Alianza siempre y cuando se enmarque en la democracia.

 

CC: ¿Cómo queda el PL si gobierna JOH los próximos 4 años?

CM: El PL tendrá que hacer lo propio independientemente de quien gobierne, la realidad es que tenemos un tercer lugar, debemos tener un rol de real oposición al gobierno que sirva para mejorar la democracia. Debemos hacer correctivos internos. El único objetivo de un partido político es ganar elecciones, llevamos 3 periodos que no ganamos, las cosas no se están haciendo bien, pero en un ambiente de poca confiabilidad del elector no descarto que las próximas elecciones las ganemos, dependerá de lo que hagamos, de quienes nos representen, quienes son nuestros candidatos, el rol de diputados y alcaldes, asi que independientemente que gobierno hacer una oposición seria constructiva, mejorar internamente nuestra institución. A mi juicio somos un partido anquilosado en el tiempo, un partido de inicio de la primera mitad del siglo XX, allí nos quedamos, fue cambiando el electorado y la cultura política, vino un momento de crisis y cuando se tenía que actuar hasta la propia institucionalidad del partido no existía cuando teníamos que hacer uso de ella.

CC: ¿Y si gobierna la Alianza cómo queda el PL, habrá algún pacto?

CM: Nosotros hemos dicho que como partido somos responsables, si el PL puede servir a que Honduras avance, incluso no habiendo ganado las elecciones, vamos a ser categóricos- y aquí esto queda grabado-, aquí no nos estamos distribuyendo chambas como sucedió en 2010 que se distribuyeron 2 o 3 ministerios para repartirse chambas. Tampoco estamos hablando de 2014 del supuesto pacto de gobernabilidad que nadie conoce porque dicen que solo hay una copia pero que nadie conoce y sirvió para distribuirse magistrados y parte de las instituciones de nuestro país. Eso no es lo que buscamos. Nosotros hablamos de un pacto de nación, si no entendemos como fuerzas políticas que debemos buscar ir en una sola dirección porque todas las demás nos llevan al abismo estamos perdidos. Con el acompañamiento de las fuerzas sociales, políticas y económicas debemos blindar un gobierno para que se dedique a gobernar y no se dedique a potenciar proyectos políticos continuistas o de grupo para hacer uso y beneficio del poder.

Honduras cada vez tiene menos tiempo, las cifras de nuestro país son poco alentadoras, se deben alrededor de 16 mil millones de dólares, según el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y el PIB ronda los 10 millones, debemos 4 de cada 10 lempiras que tenemos. Allí están los paquetazos que mencionamos antes, el déficit del país es extraordinariamente alto, el que gane y no entienda que hay que olvidarse de la política para gobernar esto, está en serios problemas. Nosotros somos un pueblo noble pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

El concepto de independencia en Honduras es propaganda que sirve como motivo para celebrar el 15 de septiembre, nada más; la realidad muestra otra cosa diametralmente opuesta.

Estamos en plena crisis política y Honduras, lejos de ser un país con poder de decisión sobre su futuro, pide a gritos una intervención internacional que nos haga sentir que hay institucionalidad donde acudir, para que la mano dura de la comunidad internacional condene el fraude electoral o cualquier otro acto de corrupción. Pide a gritos que de afuera no acepten a un presidente ilegítimo, que se diga que aquí hay una dictadura, porque adentro por más que se grite no pasa nada.

El caos que ha causado la puesta en práctica de ese dicho: “Elecciones estilo Honduras”, sigue latente en cada rincón del país.  Un extremo denuncia fraude, el otro asegura transparencia y democracia. Aunque públicamente no se ve algún acuerdo entre ambas partes, el único punto coincidente entre Partido Nacional y Alianza de Oposición contra la Dictadura es el interés de ser avalados por el gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, principales organismos interesados en las elecciones hondureñas y que más allá de la decisión del pueblo en su votación, son los que verdaderamente tienen en sus manos el nombramiento del próximo presidente.

Los meses previos a las elecciones generales nos mostraron cuál podría ser el desenlace de un proceso electoral que perdió su legitimidad al permitir al presidente reelegirse, esto a vista de lo que se hace llamar “comunidad internacional”. Honduras no había estado sin encargado de la Embajada de Estados Unidos y como presagio eso sucede antes de estas elecciones, además para hacer pasar por transparentes las elecciones, el gobierno invitó a mil observadores internacionales, por si nuestros propios ojos nos fallaban.

Antes de las elecciones representantes de la Alianza y del Partido Liberal acudieron a Estados Unidos a denunciar un fraude inminente en noviembre, llegaron también a la OEA a interponer la queja. En el otro lado de la moneda el Partido Nacional también hizo lo propio, garantizó la presencia de estos tres organismos internacionales para que brindaran la observación electoral.

La historia nos ha demostrado que en Honduras quienes ponen presidentes son las familias con poder avaladas por Estados Unidos, eso para nadie es un secreto en un país que se hunde entre los clamores de democracia y acusaciones de fraude. Los liberales y nacionalistas impusieron esa cultura a través del bipartidismo, una estructura que se debilitó desde el golpe de Estado del 2009 y que hoy vive un giro en la política nacional. Es por eso que todos los partidos estaban claros que antes de agradar al electorado había que buscar la venia de Estados Unidos y los demás entes internacionales.

Ante tanta solicitud, estos organismos deben tomar una decisión y la determinación parece que ya se tomó y se empieza a dibujar con los hechos de los últimos días. El primero es el papel del Departamento de Estado de Estados Unidos. A dos días de instalarse el estado de sitio en Honduras que dejó 17 personas muertas por la mano militar, según organismos defensores de derechos humanos, esta representación felicitó públicamente al gobierno de Juan Orlando Hernández como una administración que respeta los Derechos Humanos y que lucha visceralmente contra la corrupción.

El segundo hecho fue la aparición pública de la representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide B. Fulton quien alabó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el escrutinio especial de actas electorales. Una aparición totalmente irrespetuosa y descarada al mostrarse a la par del presidente del TSE, David Matamoros Batson como dándole una palmadita en la espalda por el esfuerzo de sostenerse de pie ante tanto caos que el mismo tribunal provocó.

Fulton representa eso, los negocios entre Honduras y Estados Unidos que se pueden reflejar no solamente en los millones del Plan de la Alianza para la Prosperidad para “frenar” la migración irregular, sino en las concesiones mineras en la franja de oro al sur de Honduras, la política neoliberal materializada en las Zonas Especiales de Desarrollo (Zede), los millones de los impuestos de sus ciudadanos invertidos en la militarización del país en su “lucha contra el narco”. Por eso es Fulton quien aparece, porque Honduras puede parecer insignificante, pero está muy cerca del patio trasero de Estados Unidos.

Ambos actos dejan clara la postura del gobierno norteamericano en este juego de ajedrez electoral.

Como tercer actor fundamental se encuentra la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), una estructura de lucha contra la corrupción que pertenece a la OEA, participante vigente del proceso electoral en Honduras. La MACCIH ha guardado silencio ante el proceso, y con este silencio no nos referimos a la celebración de elecciones porque ese no es su mandato, sino a su papel de omisión ante las denuncias de corrupción a lo interno del TSE.

Hace una semana, la Coalición contra la Impunidad presentó una solicitud ante la MACCIH pidiéndole que actúe de inmediato para presionar al Ministerio Público para que intervenga de oficio las instalaciones del TSE, que decomise todo el material electoral y que hagan una auditoría completa para así saber de una vez por todas si hay o no fraude en el escrutinio y digitalización de datos en el sistema informático electoral. La petición fue recibida, pero hasta la fecha no ha sido contestada.

Después de una semana de obtener la denuncia, la MACCIH en conjunto con el fiscal del Ministerio Público, Oscar Chinchilla sale ante la opinión pública para presentar un caso de corrupción contra cinco diputados acusados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. La presentación del caso fue timorata y poco profunda, pues a todas luces Honduras sabe que el dinero que los diputados recibieron es producto de un soborno a cambio de votar a favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2016, esa corte que permitió al presidente optar por la reelección.

La MACCIH jugaría un papel fundamental en esta crisis política si verdaderamente dijera que en ese acto de corrupción se encuentran altas figuras del Partido Nacional involucradas en la orden de Casa Presidencial al Ministerio de Finanzas para que entregara el dinero a los diputados. Al final la presentación del caso sin una denuncia completa en la red de corrupción que encierra el expediente deja muestras de ser un acto para desviar la atención de la crisis electoral que vive el país.

Pero más allá de tener los hechos en la frente, los principales actores políticos no se desprenden de esa idea de buscar a toda costa el aval de la comunidad internacional, específicamente del gobierno de Estados Unidos. El presidenciable de la Alianza, Salvador Nasralla viaja en los próximos días a Estados Unidos a interponer la denuncia por fraude, mientras que el Partido Nacional promete continuidad a los intereses del gobierno norteamericano a cambio de que avalen el proceso en marcha.

Los partidos políticos en Honduras solo mencionan al pueblo para fortalecer sus aspiraciones de llegar al poder, un pueblo que nunca ha tenido en sus manos la decisión de elegir un presidente. Todo históricamente se ha cocinado en las mesas de negociación entre los dueños de los partidos políticos y la comunidad internacional.

Ahora Honduras está a las puertas de un momento histórico, una coyuntura que le permite a la gente cuestionarse si verdaderamente está en sus manos poner a un candidato en la presidencia, por encima de lo que diga Estados Unidos, la OEA, la MACCIH y la Unión Europea, hasta por encima de sus caudillos partidarios.

El país vive un sentimiento de indignación acumulado que explotó con un proceso electoral amañado y que les demostró que verdaderamente la única tinta que representa la marca en sus dedos al votar es la representación de la utilización y validación de procesos poco transparentes.

A pesar que las manifestaciones en Tegucigalpa culminan con un plantón en la Embajada de Estados Unidos, la gente gradualmente se va dando cuenta del papel de contubernio de ellos, junto al poder político nacional. Cada vez más la indignación y el repudio apunta hacia esos sectores.

Esa postura de la gente en las calles deja clara una petición a los organismos internacionales, a los poderes detrás del trono nacional y a los partidos políticos: que respeten la voluntad popular, que respeten esa confianza que demostraron los hondureños el 26 de noviembre en las urnas y que las injerencias dañinas en el país son rechazadas cuando estas vayan en contra del sentir popular.

La gente ha sido clara en pedir a la OEA, Unión Europea, MACCIH y embajada de Estados Unidos que, si realmente están en Honduras como vigilantes del proceso electoral que denuncien las irregularidades del proceso, pero que, si no están dispuestos a eso, que se retiren y dejen a la gente ser la que por primera vez en la historia ponga a un presidente en el poder.

Un informe de Amnistía Internacional tras el proceso electoral de 2017 en Honduras asegura que «pareciera estar en medio de una peligrosa caída libre en la que ciudadanos comunes están siendo víctimas de juegos políticos egoístas e imprudentes». Tras unas elecciones cuestionadas por un posible fraude, el descontento ha salido a las calles y en esas calles se han dado múltiples violaciones a Derechos Humanos que parecieran no importar en un país que sigue bajo la sombra de un golpe de Estado y donde la impunidad sigue reinando.

Rodolfo Reyes apenas tiene 20 años. El pasado jueves 30 de noviembre cuando regresaba a su casa en la colonia El Pedregal tras una protesta en contra del fraude electoral en Tegucigalpa, casi cae abatido por el fuego cruzado. En El Pedregal fue donde se registraron los primeros homicidios a manos de la Policía Militar (PM) en esta crisis política. Y Rodolfo intentó salvar a algunos de sus vecinos heridos, a otros no pudo recogerlos mientras caían baleados a su lado. El Pedregal puso 3 de los 17 muertos que ahora hay a nivel nacional, según el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh).

En este sector, uno de los más violentos de la capital, el jueves 30 de noviembre por la noche, algunos vecinos decidieron hacer barricadas en las entradas. En todo el país la estrategia del descontento fue esa, cerrar las entradas de cada barrio y colonia con llantas en llamas. Cuando Rodolfo llegó estaba la Policía Preventiva y la Policía Militar tirando bombas lacrimógenas para disuadir la protesta y abrir los caminos. Pero ya había un herido, la gente rodeaba a Daniel Isaac Suazo de 12 años quien fue herido de bala en la espalda.

«El niño venía de jugar pelota, es parte del equipo moscos de un equipo de la Liga Nacional, no era un manifestante. Fue intervenido quirúrgicamente en la sala de pediatría del Hospital Materno Infantil, donde aún permanece, la bala era explosiva, por lo que tiene esquirlas a nivel de la columna. Su familia ha reportado hostigamiento y temor a represalias por los agresores», agrega el informe del Cofadeh.

–Vámonos de aquí, que nos van a echar el clavo a nosotros. –Escuchó Rodolfo que dijeron los miembros de la Policía Nacional antes de irse. Después de eso, la Policía Militar tomó control total del territorio.

«Era una cacería humana. Capturaban y perseguían gente, para los miembros de la PM cualquier persona en la calle era enemigo y había que dispararles. Eso hicieron, dispararon a diestra y siniestra, sin presencia de la Policía Preventiva, no habían medios de comunicación porque después ellos cerraron las entradas de la colonia, ni hubo presencia de los Derechos Humanos, había un retén que no los dejaba pasar, nosotros buscamos dejar entrar a los medios pero nos siguieron y no nos dejaron», cuenta Rodolfo, y habla de los Derechos Humanos como si fueran seres de otro planeta que tienen el poder de proteger a la gente ante estos ataques.

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, algo que en Honduras sigue siendo una utopía o solo un certificado de Estados Unidos que sigue sin reflejarse en la práctica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de este año ya mencionaba que la violación a Derechos Humanos en Honduras es general: «Hay graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, recursos naturales como la tierra y medios de supervivencia. Mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes son más vulnerables a violaciones de derechos humanos como resultado de la desigualdad».

«Hemos tenido la esperanza en los medios internacionales o en las salas de justicia internacionales, porque en este país a nadie le interesa los Derechos Humanos. No sirve de nada denunciar aquí porque todo queda impune si un militar es el que mata», agrega Rodolfo y se refiere luego al asesinato de Berta Cáceres, caso que sigue en la impunidad a pesar de que se ha comprobado la participación de las Fuerzas Armadas y la élite política y económica hondureña.

Lo que sucedió en El Pedregal también sucedió en varias zonas del país. Según Amnistía Internacional al menos 14 personas fallecieron, Cofadeh actualizó esa cifra hoy a 17, muchas de ellas por heridas de bala, decenas más fueron heridas en el contexto de manifestaciones que tuvieron lugar tras las elecciones del domingo 26 de noviembre.

«Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos. Los niveles de violencia son comparables a aquellos que siguieron al golpe de estado de 2009», apunta el informe.

Solo un oficial de policía ha sido llevado ante un juez por disparar un arma contra un manifestante, de acuerdo con información dada por la Policía Nacional a Amnistía Internacional.

Uno de los casos que documentan es el de Raúl Antonio Triminio, un albañil de 39 años asesinado en Tegucigalpa durante la noche del 3 de diciembre de 2017. Su familia le dijo que Raúl estaba manifestando pacíficamente fuera de su casa cuando efectivos de la policía militar llegaron, dispararon al alumbrado público y luego le dispararon directamente a la cara. Sus allegados no pudieron asistirlo inmediatamente, ya que estaban muy temerosos de salir y enfrentar potenciales ataques de la policía. Una de sus hermanas dijo: «Lo debieron llevar a prisión, no dispararle. Él no estaba haciendo nada malo… solo pedimos justicia».

En El Pedregal, de las personas que Rodolfo pudo ayudar, siete fueron heridas en las rodillas y piernas. «Lo que ellos querían era derribar a las personas. Les valió, la gente tratando de escapar, capturaron a ocho y éstas fueron torturadas. A un compañero le echaban gas pimienta en la cara. A las 12 de la noche se olvidaron de las bombas y le dispararon a la gente como si era guerra, la gente solo tenía los gritos y piedras y el ejército respondía con balas. Yo iba corriendo, la gente caía a la par mía, yo no podía ayudarles porque me mataban. A un señor le dispararon en su pierna, mientras miraba a la gente que caía en el campo de fútbol», cuenta Rodolfo como quien narra una pesadilla.

Este joven de 20 años ha vivido ya represiones porque pertenece al movimiento universitario. «Los jóvenes que salimos ahora a luchar fuimos niños cuando el golpe de Estado y ahora la gente está más despierta», agrega.

«Este gobierno es más fuerte que nosotros»

Este día en que se busca promover los valores establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Alianza de Oposición contra la Dictadura convocó a las calles a defender el voto después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara resultados del conteo especial de 18 mil actas, la ventaja sigue del lado del candidato presidente Juan Orlando Hernández con 1,6%.

Doña Elda aprovechó la movilización de hoy para vender vuvuzelas a los manifestantes, pero ella también protesta contra los resultados del TSE. «Yo soy de Libre, cuando el golpe caminamos mucho y no logramos quitar a Micheletti. Ahora seguimos caminando pero no creo que podamos quitar a Juan Orlando, este gobierno es más fuerte que nosotros», dice, se nota cansada. La movilización fue más pequeña que el domingo anterior.

Se dirigieron a la Embajada de Estados Unidos tras las declaraciones de Heide Fulton, encargada de negocios de ese país quien no solo escribió un tweet, sino que compareció ante los medios de comunicación a la par del presidente del TSE, David Matamoros Batson, avalando el proceso de conteo especial y asegurando que Estados Unidos ya está listo para trabajar con quien gane. Hasta ahora los números del TSE dicen que ese es Juan Orlando Hernández.

A la mitad de la caminata apareció Salvador Nasralla acompañado de Iroshka Elvir y su embarazo de nueve meses. En ese momento la caminata se partió, una parte se fue con él frente a Casa Presidencial y la otra siguió el rumbo hacia la Embajada de Estados Unidos. Allí quien tomó el micrófono fue la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas.

«No queremos injerencias extranjeras, queremos sacar esta narco dictadura que nos quieren imponer», decía eufórica, mientras la gente gritaba «Fuera JOH».

Una niña la miraba con admiración mientras Borjas denunciaba que en Honduras no se respeta la voluntad popular. «No es posible que mantengamos en el poder a un individuo que ha violentado todas las leyes del país, le decimos a los personeros de la embajada americana, a los miembros del más alto nivel del Departamento de Estado, de Justicia, al Congreso estadounidense, que no vamos a permitir que se sigan inmiscuyendo en las decisiones de un pueblo valiente y guerrero. Ya decidimos, vamos a defender ese triunfo con nuestra vida».

Borjas además asegura que el papel de la policía de no reprimir al pueblo sigue siendo importante, pero que ya los amenazaron, que el oficial que gestó el paro de brazos caídos será depurado por la comisión depuradora de la policía. «La plataforma de DDHH está lista para defenderlo», expresó frente a la valla militar que cuidaba la Embajada.

Cerca de allí estaba un camión con Policías Cobra. La gente se acercaba a ellos para tomarse una selfie o simplemente charlar. El subcomisionado Ordóñez, encargado de la operación, estaba tranquilo. «La gente que anda aquí no anda intenciones de destruir nada, nosotros estamos aquí para cuidar que no dañen la propiedad», dijo a Contra Corriente.

Ordóñez asegura que la policía está del bando del pueblo, porque ellos son del pueblo, a pesar de haber cometido –por muchos años– represiones brutales contra protestas. «Sí se han cometido abusos pero también a nosotros nos han atacado, ahora no queremos confrontación. Si quieren mejores resultados de la policía debe haber estrategias para que el crimen no se infiltre», asegura el subcomisionado.

–¿Qué pasará si declaran a Juan Orlando ganador?

–Vamos a defender los votos en las calles. –Dice María Luisa Borjas.

–Con las armas. –Gritó un hombre.

La mecha está encendida, dice Rodolfo, quien salió de El Pedregal hoy para asistir a la manifestación.

«Estamos en una situación de una crisis tremenda, no va a ser como en 2013 cuando robaron las elecciones y no pasó nada, la mecha está encendida. La gente está esperando que digan que JOH es el ganador, en ese momento se va a desatar una crisis caótica en el país. La gente está en las calles defendiendo sus votos, se comprueba en la calle, en los cacerolazos. Entraríamos en un proceso de anarquía en el país, la juventud es la que está abanderando la lucha. Los jóvenes le dieron el voto a Salvador y lo están defendiendo. Habrán muertos, más que durante el golpe. El gobierno tiene mucho poder y tiene mucho repudio hacia la población», asegura.

«Nuestros sueños no caben en sus urnas», se ve escrito en un letrero que porta una chica –así como Rodolfo– de un poco más de veinte años. En las urnas se expresó el derecho al voto y se ha manipulado, el derecho a expresarse se ha violado a punta de balas. Honduras está en caída libre como lo menciona Amnistía Internacional.

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Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que el gobierno hondureño ha estado combatiendo la corrupción y apoyando los derechos humanos, despejando el camino para que Honduras reciba millones de dólares en ayuda. Este anuncio se dio justo dos días después de las elecciones que han desatado una crisis social y política que se traduce ahora en 14 muertos, 51 personas heridas, 148 detenciones arbitrarias y 91 expedientes penales abiertos.

Un grupo de madres y esposas esperan en las afueras de la oficina del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev). “Mi hija me preguntó si hoy por fin le llevaré a su papa”, le dice Wendy con cara de aflicción a otra mujer que asegura solo puede dormir tomando pastillas y un té. Son las familiares de 33 detenidos tras disturbios el pasado viernes 1 de diciembre en San Pedro Sula, desde entonces no los ven porque después de tenerlos en un batallón militar los mandaron a la cárcel El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.

El Pozo es la cárcel de máxima seguridad que construyó Juan Orlando Hernández como solución a la sobrepoblación y violencia en centros penales de Honduras. Allí, al Pozo llevaron a los 33, varios de ellos con golpes y laceraciones, han pasado una semana con la misma ropa encerrados sin poder ver a sus familiares, sin siquiera poder asistir a la audiencia donde se les acusó de asociación ilícita y robo agravado.

Tras 8 días de estar en el Pozo, los 33 obtuvieron sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita pero aun 28 obtuvieron auto de prisión con medidas sustitutivas por el delito de tentativa de robo. Aun les quedan 24 horas más para salir de la cárcel.

Mientras unos insisten en la ilegalidad del toque de queda, hay pocas miradas en las violaciones a Derechos Humanos que se dan en la oscuridad del estado de sitio en un sistema de justicia que también está contaminado.

“Lo usual son tratos crueles durante las detenciones mientras los llevan a las patrullas. No hemos podido verificar si ha habido torturas, solo hemos visto tratos crueles e inhumanos en el caso de las personas que han sido liberadas casi inmediatamente pero que no han sido trasladadas a ningún centro de detención”, dijo Mery Eguiguren durante una conferencia en la que el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) presentaba las cifras arriba mencionadas. Parece que Tegucigalpa y el norte del país no están conectados y que la situación del fraude electoral, la reelección, el decreto de toque de queda no tuviera conexión con las violaciones de derechos humanos que el Estado está cometiendo en todo el país.

A los 33 detenidos por el saqueo de la tienda y la bodega del almacén Diunsa en San Pedro Sula, los llevaron el viernes pasado a la 105 Brigada de Infantería. Dos abogadas voluntarias intentaron seguirles la pista, ayudar a las madres desesperadas que iban de la posta policial a la 105 sin saber qué hacer, sin saber cómo preguntar si tenían a sus hijos a salvo. Una de las abogadas, Carmen Haydée López, cuenta que ellas hablaron con un juez provisional para presentar un habeas corpus y se nombrara un juez ejecutor para celebrar una audiencia. El juez dijo que no había visto señales de malos tratos en los detenidos y que la audiencia se celebraría el sábado.

Y la audiencia se celebró el sábado justo a las 10:30 de la noche cuando ya había comenzado el toque de queda. Sucedió sin observación de organizaciones de Derechos humanos y sin más defensa que la defensa pública. En esa audiencia en estado de sitio se determinó enviarlos al Pozo el domingo en la madrugada.

Doña Blanca Bautista al darse cuenta que se llevarían a su hijo de 19 años al Pozo, siguió el camión donde los llevaban, iba descontrolada.

“Cuando llegamos yo les hice un gran escándalo porque ni comida ni la ropita que le llevaba le quisieron dar. Nunca le había pasado esto a mi hijo, aquí están pagando justos por pecadores. Llegaron al lugar después del saqueo y a quienes miraban en el camino los agarraban y subían a un carro lleno de cosas”, contaba llorando mientras ponía la denuncia en el Conaprev.

Wendy, otra mujer en la oficina de las denuncias, mientras traga el nudo en la garganta cuenta que su esposo le ayudaba en casa, ella salía a trabajar vendiendo ropa y accesorios en la calle, sus hijas se quedaban con él, pero ese día a él le salió un trabajito como mecánico de carros y tuvo que salir de casa. “No he podido ni dormir, me ha tocado hacer todo y si no trabajamos no comemos. Pueden ir a mi casa, la lavadora que tengo todavía la estoy pagando, tengo los papeles para que verifiquen que nosotros no somos ladrones”, dice Wendy.

Esta mujer solo tiene 30 años y ya tiene 3 hijas, vive en el barrio Cabañitas y cuenta que hace años a su esposo lo detuvieron injustamente y lo querían acusar de narcomenudeo, pero logró probar su inocencia. Cosas que pasan en la vulnerable San Pedro Sula.

“Yo voté por Nasralla y lo hago público, pero nunca creí que se iba a armar todo este relajo y estoy comenzando a creer que es cierto, que si Nasralla gana esto se va a poner como Venezuela, lo estamos viviendo”, explica.

La abogada Brenda Ayala del Conaprev lee una lista donde está el nombre de los detenidos y donde también está la fotografía que les tomaron en la detención. A cada nombre que ella dice le sigue un lamento; las madres, esposas, hermanas lloran al ver las fotografías, al escuchar los nombres.

Ayala les aconseja y les dice que no dejen que se celebre la audiencia inicial sin la presencia de los acusados, que exijan poder verlos y que ella intentará entrar al Pozo para verificar su estado de salud.

La abogada logró visitar el pozo y constató que los 33 detenidos estaban en celdas de 2X2 en la Máxima 1 donde estaban los cabecillas de la pandilla 18 antes de las elecciones, antes de ser trasladados a la Penitenciaría Nacional. El Pozo estaba listo para recibir más detenidos, así como el Código Penal para acusar con fuerza a quienes generaran revueltas después de las elecciones.

Mientras tanto en el Tribunal Supremo Electoral…

Aunque en el norte del país es donde más violencia, muertes, detenciones y tratos crueles hay registrados, Tegucigalpa sigue estando en el ojo del mundo porque el fuego en las calles es generado desde las instituciones del Estado, las oficinas intactas de la capital. Esta semana la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos hicieron públicos sus posicionamientos en cuanto a estas elecciones y se sumaron a la Alianza de Oposición a la petición de un conteo especial de más de 5 mil actas que no se trasmitieron el día de las elecciones, así como la revisión de los departamentos de Lempira, Ocotepeque y La Paz y señalaron que la falta de reformas y de independencia del TSE han generado el sisma que ahora tiene a Honduras sumida en esta crisis política pos electoral.

Marisa Matías, representante de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) recomendó la máxima transparencia para que ninguna duda sobre el proceso electoral quedara sin resolver, ninguna discrepancia sin verificar, ninguna ventana sin abrir, y ningún voto sin recontar si así lo demanda cualquier partido o candidato.

Al día siguiente, el vocero de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró este mensaje, animando a partidos y candidatos a utilizar el camino institucional para canalizar sus demandas. Al mismo tiempo, la Alta Representante subrayó la necesidad de salvaguardar el derecho de manifestación y realizó un llamamiento a la calma.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, pidió esta semana, a través de un comunicado, a los actores políticos acatar las recomendaciones de los observadores internacionales.

El TSE en conferencia de prensa ayer dijo que contarían voto por voto de las actas que han denunciado tienen irregularidades, y llamó a los candidatos a respetar el triunfo de quien quede. Sin embargo la Convergencia contra el Continuismo y la Alianza de Oposición contra la Dictadura emitieron un comunicado en el que exigen que se realice un examen forense al sistema informático del TSE y se determine qué fue lo que pasó cuando se cayó y la tendencia comenzó a cambiar drásticamente en favor del presidente Juan Orlando Hernández. También llamaron a la población a expresar su repudio contra el fraude en las calles. No se pusieron de acuerdo en una posible impugnación de las elecciones y la exigencia de que se repita el proceso, las condiciones del actual contexto lo impide.

El Estado de sitio se ha suspendido en 7 departamentos del país y en ciudades como San Pedro Sula y Tela,  en los que sigue vigente ya se acortó de 10: 00 p.m. a 5 a.m. En San Pedro Sula poco se respetaba ya, las compañías de taxi trabajaban 24 horas como siempre y en las calles se vía mucho movimiento de noche. La capital industrial no se detuvo.

Y mientras tanto el candidato presidente… El Partido Nacional convocó a las calles ayer para pedir la paz en Honduras, una paz que pasa por imponer el gobierno de Juan Orlando Hernández por 4 años más.

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Militares contra miles

La militarización consumada

Uno de los pilares fundamentales en campaña política del candidato presidente Juan Orlando Hernández fue la elevación a rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un brazo armado que creó en 2013 y que diseñó para seguir sus órdenes. Fue en el gobierno de Hernández que los militares salieron a las calles y tomaron las riendas de actividades que antes solo hacía la policía, una policía desacreditada y en pleno proceso de depuración por estar coludida con el crimen organizado.

Cuando mataron a Kimberly, la primera noche del toque de queda en el sector Villanueva de Tegucigalpa, los vecinos notaron que la Policía Nacional se atravesaba con sus patrullas para impedir que la Policía Militar disparara. “Cuando los policías azules llegaban los calmaban, cuando dejaban solos a los de la PM, estos nos atacaban”, es el relato de vecinos y familiares.

En las postas policiales de Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo fiesta el día en que los policías decidieron hacer huelga de rifles caídos el tercer día del toque de queda. Sonaba “JOH es pa fuera que vas”, mientras la gente les llevaba comida y agua para compartir. La situación se tornó tensa cuando la Policía Militar intentó ocupar las postas policiales que estaban en huelga. Todo quedó en roces.

La Policía Preventiva junto a sus unidades Cobras, Dirección Policial de Investigación (DPI), Tránsito y el escuadrón Tigres decidió desobedecer órdenes de represión contra manifestaciones en el marco de la crisis política y en medio de un toque de queda. En dos comunicados dejó claro que su lucha no es por aumentos salariales o mejores condiciones de trabajo, como lo insinuó el general Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad, sino por violación a los deberes de la institución. Una violación que les ordena matar, torturar y secuestrar contra su voluntad en un estado de sitio decretado desde la noche del viernes 1 de diciembre. Esa imagen de que el policía no es aquel que reprime, sino el que previene, la han intentado fortalecer de un tiempo hacia acá. La nueva currícula de la Policía Nacional que ha pasado un proceso de depuración desde 2011, incluye clases de Derechos Humanos, pero por eso no ha dejado de ser letal.

El deterioro democrático que terminó de evidenciarse con estas elecciones se había concretado después del golpe de Estado tras dar a las Fuerzas Armadas mayor poder recibiendo órdenes directas del presidente Hernández a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Este consejo decide qué se pone en secretividad y qué no, en qué se invierten los recursos destinados a seguridad que aumentaron considerablemente para fortalecer la PMOP y cómo actúan las estructuras de seguridad nacional.

El 3 de diciembre de 2011 se aprobó un decreto de interpretación del artículo 274 de la Constitución de la República en el sentido de facultar a las Fuerzas Armadas para realizar funciones específicas de la Policía Nacional, cuando se declare excepcionalmente un estado de emergencia en materia de seguridad pública, mediante un decreto ejecutivo emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Tan solo dos días después, se declaró el primer estado de excepción, el cual fue prorrogado en tres ocasiones.

En abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que responde directamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Esta dirección constituye una estructura independiente de otros ministerios e instituciones con el objetivo de recabar y ofrecer información precisa y confidencial a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial antes de tomar decisiones en materia de represión del crimen, trabajando con unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre extorsiones, sicariato, narcotráfico, así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social. Desde su creación, su titularidad y los cargos de mayor rango han estado en manos de militares; y aunque en teoría es una instancia de inteligencia civil, todo indica que el criterio militar es el que prevalece en la ejecución de las políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

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La Policía Militar creció en detrimento de la Policía Nacional. Desde 2011 que comenzó el proceso de depuración tras el involucramiento de policías en asesinatos y actividades de narcotráfico, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha informado la cancelación de cuatro mil 374 miembros de la Carrera Policial desde que fue instalada el 12 de abril de 2016. Aun no se sabe cuántos han sido llevados a tribunales para asignarles una sentencia de corte penal y no solo un castigo administrativo. A pesar de las múltiples denuncias sobre el accionar criminal de las fuerzas de seguridad, el presidente actual ha optado por militarizar y robustecer las fuerzas armadas como respuesta ante la violencia, que sigue siendo fatal.

Según el doctor en DDHH, Joaquín Mejía en su artículo El discurso militarista y sus efectos de poder: «los últimos gobiernos han adoptado una serie de medidas que han cambiado radicalmente el modelo constitucional e institucional sobre la seguridad pública, con el fin de confiar a las Fuerzas Armadas funciones relativas a tareas regulares de seguridad ciudadana, al control de los centros penitenciarios y a la educación de niños, niñas y jóvenes ».

La percepción de la población hondureña con respecto a la PMOP era de mucha confianza antes de estas elecciones. En una encuesta realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en 2016, las Fuerzas Armadas y la PMOP eran dos de las 5 instituciones con mayor confiabilidad en la población. Esta idea de que los militares son los que guardan la seguridad y fortalecen la democracia se difundió por diversas vías, una de ellas, la más estructural es la aplicación del programa “Guardianes de la patria” como parte de la formación de niños en barrios y colonias controlados por maras y pandillas para que adopten actitud militar ante la violencia que les aqueja. Este es un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas comenzaron a controlar cada espacio de la sociedad haciendo labores que no les competen, como labores educativas.

La acumulación de tensiones entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas está reventando en esta crisis política, a pesar que ambas instituciones hacen énfasis en que son apolíticas. Dos días entes de las elecciones, la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas salió a denunciar en medios de comunicación que diputados, alcaldes, empresarios y el ejército estaban coludidos en tres crímenes de alto impacto, dijo hacer esta denuncia hasta este momento porque acaba de obtener los informes que lo prueban. Además denunció que el gobierno actual tenía un trato con maras y pandillas para desestabilizar el país durante y después de las elecciones.

Estalla todo y también la policía da sorpresas sublevándose. En el guión siguió la denuncia el comisionado de policía depurado Aldo Oliva quien va más allá y asegura que desde Casa Presidencial se ha ordenado asesinatos y hace un llamado a las Fuerzas Armadas a dar un paso al lado del pueblo así como lo hizo la Policía Nacional.

Durante el estado de excepción decretado por el ministro de la presidencia, Ricardo Álvarez, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) contabiliza 14 personas que han perdido la vida en forma violenta todas en represión de protestas, 51 han resultado heridas, siete de ellas gravemente heridas, 148 personas detenidas por el delito de Robo Agravado, 91 expedientes penales han sido abiertos en Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula. Violaciones que son por parte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al informe, cuatro de las personas fueron asesinadas durante la aplicación del toque de queda y nueve en operaciones militares en barrios, colonias y aldeas de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y El Progreso.

En el funeral de Kimberly tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) decían indignados que no era el primer incidente que ellos investigaban tras el toque de queda. “No es correcto que disparen, no se puede enfrentar un ciudadano con una piedra con otro que lleva un fusil”, decían, mientras varias mujeres susurraban que para qué llegaban a preguntar si todo mundo ya sabía que el caso se quedaría en la impunidad, si nadie confía en los uniformados.

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Durante la audiencia inicial de los 33 detenidos en San Pedro Sula, un grupo de unos 50 militares se forman frente a la estatua de la diosa Temis. Se forman y levantan los toletes en símbolo de protesta, están encapuchados y no dicen nada. Bajan los toletes y se trasladan a la entrada de los juzgados. La audiencia se da entre militares. Los familiares que esperaron ver a sus hijos y que se fueron sin verlos, se asustan: “están listos para golpearnos si nos revolvemos”, dice una joven esposa de uno de los acusados.

En la audiencia les dictaron sobreseimiento definitivo a los 33 por el delito de asociación ilícita. A 3 les dictaron sobreseimiento provisional, a 2 sobreseimiento definitivo (a estos ni siquiera los capturaron en el perímetro donde sucedió el hecho) y a 28 auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas por el delito de tentativa de robo agravado. El daño sufrido esta semana no se resarce fácilmente.

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Es hora de almuerzo en la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula. Hace calor y los militares se quitan la chaqueta, están descansando. La capitana Eny Vega, sale con un pequeño libro en mano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es risueña, el panorama es agradable, como si en ese sitio no hubo detenciones arbitrarias, gritos y llantos durante todas las noches después del toque de queda. La capitán asegura que no hubo detenidos la noche anterior, aun cuando las autoridades del Conaprev verificaron que hubo 4 y uno de ellos era menor de edad. “Ah, esos eran mareros”, dice Vega, sin embargo este batallón no es un centro de detención autorizado. “Mire lo que ando en mi mano, el libro de los derechos humanos, lo estamos leyendo, todo lo que se hace aquí es en base a la ley”, explica y luego me pide mi número de teléfono para agregarme al chat de Fusina.

EL primer mensaje de la mañana en ese chat es una cita bíblica: 1 Timoteo 4:12-16 | Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina… (v. 16).

Hoy han vuelto a salir los militantes del Partido Nacional en una movilización que como punto de partida tenía las inmediaciones del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Así, como si comenzar allí significara poseer la bendición del General dictador Carías Andino, la movilización terminó en la Plaza Tigo, nada más azul, nada más «cachureco», que atravesar todo el bulevar Morazán.

Pero de qué paz hablan los nacionalistas cuando hablan de la paz, y cuando las estadísticas de las últimas semanas parecen estallarle al candidato presidente. Ayer, el informe del Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) recogía que «14 personas han perdido la vida en forma violenta todas en represión de protestas», es decir, que desde el 26 de noviembre hasta el 7 de diciembre, ha muerto una persona diaria en promedio. ¿Cómo se vinculan estas muertes, los saqueos, las detenciones, y el estado de sitio, con esa idea nacionalista de la paz?

Pero los activistas nacionalistas sí parecen tener otras cosas más claras, como el hecho de que cuando hablan de «lo bueno debe continuar» ellos se refieren, como diría un activista de la colonia 3 de mayo de Tegucigalpa, a que la gente pobre siga recibiendo la bolsa solidaria y se les siga construyendo casas por parte del partido. No existe ninguna diferencia, en este momento –para los activistas nacionalistas– entre el Partido Nacional y el gobierno de la República, «son lo mismo, nosotros pusimos al hombre allí, y queremos que continúe», dice este activista que prefiere no dar su nombre porque argumenta vivir bajo amenazas de los pandilleros de su colonia por ser activista del Partido Nacional. Otra señora gritaba –eufórica, con cierto desconcierto– que les tenían amenazados con quemarles las casas, que tienen miedo, que el miedo no les permitió llevar más gente, a una movilización que no era tan multitudinaria como las últimas del Partido Nacional.

Algunos jóvenes nacionalistas le gritaban a los autos el «yo vine porque quise, a mí nadie me pagó», consigna que surgiría en el calor de los movimientos indignados de hace algunos años y que sería reapropiada en las marchas de la Alianza contra la Dictadura. Gritan la consigna y se ponen la mano en la estrella azul bordada en su camisa blanca Columbia. Y embozan sonrisas que se vuelve difícil de entender, porque no se sabe qué país ven ellos desde sus ojos.

Juan Orlando Hernández dio el discurso de cierre de la marcha, habló de que todos los acuerdos con la comunidad internacional que se firmaron, se firmaron porque el Partido Nacional no tiene nada que esconder. Habló rodeado de la cúpula de su partido, habló entrecortado por la reproducción de «Color esperanza» de Diego Torres, y cuando por fin terminó, y se fue, y se quedaron sólo algunos en el escenario, como Miguel Pastor, el dj cachureco le dio play a «Te pido la paz para mi ciudad» de Jaime Murrell, canción que durante años ha sido símbolo de la sociedad cristiana evangélica hondureña.

Los votos siguen disputándose en las calles mientras ya no se puede limpiar la cara de un proceso electoral adulterado desde el inicio.

 

La crisis que menos se esperaba en este momento era un conato de sublevación policial. El candidato presidente Juan Orlando Hernández salió al paso prometiendo mejorar condiciones a la Policía Nacional que comenzó a negarse a reprimir a la población. Esa policía que ha sido letal en Honduras, coludida con el crimen, en medio de un proceso de depuración y denunciada por torturas, ahora reflexiona y dice: Saldremos a las calles pero no a reprimir. A 8 días de incertidumbre sobre unas elecciones cada vez más desacreditadas.

En su segundo día de rifles caídos, la Policía Preventiva junto a sus unidades Cobras, Dirección Policial de Investigación (DPI), Tránsito y ahora el escuadrón Tigres dejó claro que su lucha no es por dinero, sino por violación a los deberes de la institución. Una violación que les ordena matar, torturar y secuestrar contra su voluntad en un estado de sitio decretado desde la noche del viernes 1 de diciembre.

El acceso a la Unidad de Fuerzas Especiales en Tegucigalpa era limitado por la gran cantidad de vehículos que llegaban con alimentos, víveres y ayudas de la población a los policías que en esta ocasión se quitaron la camisa represiva y se pusieron la de manifestantes.

–Ahora ellos saben qué se siente estar pidiendo un derecho justo, ellos están con el pueblo y nosotros con ellos- dijo un manifestante mientras entregaba un paquete de bolsas de agua y pizza a los elementos cobras que estaban en suspensión de labores.

Los carros llegaban, la gente seguía otro día en solidaridad con los policías que la noche anterior habían celebrado su casamiento con el pueblo.

– Esta no es una manifestación, estamos celebrando nuestro matrimonio con el pueblo, porque no podemos ni queremos reprimirlos, no fuimos creados para eso- dijo uno de los voceros de la Policía Preventiva en la protesta del lunes en la noche en la tercera avenida, en el centro de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Leer: Policía se rebela y exige que se respete mandato del pueblo

En conferencia de prensa hoy, al menos 500 elementos policiales de las distintas unidades leyeron sus exigencias ante el representante de la Secretaría de Seguridad, el subcomisionado Javier Díaz, acompañados en todo momento de defensores y defensoras de derechos humanos.

Los Policías determinaron bajar sus rifles por dos razones: pedir a su cúpula que deje de emitir órdenes que vienen de la representación militar, que incluye matar, secuestrar y torturar a la población que resiste en las calles ante un fraude electoral y mejorar su situación de precariedad laboral que viven.

«Desde Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en el país, y tengo los documentos. Ya ha habido órdenes y no se han ejecutado por estas situaciones, porque es en contra del pueblo al que ellos están ordenando secuestrar, herir y matar- dijo el Comisionado de Policía Aldo Oliva, un policía depurado, al medio televisivo UNETV, justo en este momento de crisis de la institución policial.

También circulaba en medios televisivos la denuncia de un policía de que en la 105 brigada de San Pedro Sula están torturando a la gente, los llevan, los secuestran, los golpean y luego los torturan. «Nosotros como policías no nos prestaremos a ese juego, nosotros estamos con el pueblo, ese es nuestro papel», dijo el oficial.

En la conferencia de prensa los policías en protesta pidieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad que abrieran un espacio al diálogo, y que ahí pudieran llegar a acuerdos mínimos para regresar a sus labores.

-El gobierno debe saber algunas cosas, nosotros somos apolíticos no estamos a favor de ningún partido, pero hay cosas que no podemos responder, por ejemplo, atacar a nuestro pueblo, y quiero que quede claro ese es el punto central de nuestra protesta, lo administrativo es secundario aunque también es importante- manifestó un policía de la unidad de tránsito minutos antes de iniciar la reunión de acercamiento.

Ambas partes estuvieron de acuerdo y al filo de las doce del mediodía se reunieron a puertas cerradas en el comedor de la unidad, bajo la mediación de organizaciones defensoras de derechos humanos. Dos horas duró la reunión. Al final hubo acuerdos y el primero fue la resolución de las exigencias administrativas, y el segundo salir a la calle con la condición de no reprimir a la gente, ni aceptar órdenes de mandos militares que vayan orientadas a dañar al pueblo.

«Desde Casa Presidencial se han ordenado asesinatos de gente importante en el país, y tengo los documentos. Ya ha habido órdenes y no se han ejecutado por estas situaciones, porque es en contra del pueblo al que ellos están ordenando secuestrar, herir y matar- Comisionado de Policía Aldo Oliva.

Durante el estado de sitio han muerto 12 personas, según se reporta en medios de comunicación. En el caso de Kimberly, la primera víctima de esta crisis política se señala directamente a miembros de las Fuerzas Armadas.

Honduras cuenta con dos instituciones fuertes a nivel de seguridad: la Policía Nacional Preventiva y sus derivaciones en unidades y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y sus dependencias. La Policía Militar fue recién creada bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández quien ha usado como pilar fundamental de su campaña política esta imagen de seguridad para elevar a esta fuerza armada a rango constitucional. Esta transición se ve como una acción planificada del presidente para mantener un Estado sujeto al poder militar y acceder a él cuando más lo necesite. Y este, es un momento donde lo necesita, lo ocupa para lidiar con la crisis política generada por las irregularidades electorales.

“Recuerdo hace dos años y medio tuve una reunión con uno de los fiscales de San Pedro Sula por el asesinato de la dirigente campesina Margarita Murillo que sigue en la impunidad, y nos comentaba un jefe de la policía que el fortalecimiento de la Policía Militar era proporcional al debilitamiento de la Policía Nacional”, comenzó valorando el analista político Oscar Hendrix.

“Ellos (la Policía Nacional) no reciben los mismos beneficios que la Policía Militar, todas esas circunstancias han sumado para que los policías nacionales sientan que no hay un apoyo general a sus necesidades”, siguió manifestando Hendrix. La acumulación ha sido la característica de este momento político de Honduras.

-Nosotros no tenemos seguro médico, ni de vida, los salarios son bajos y además tenemos un compromiso con el pueblo, por eso hemos hecho el llamado para que nos den el valor que verdaderamente tenemos- relató uno de los voceros de la Policía Tigres.

“Atrás de todo esto está la parte oscura de Estados Unidos, ellos están interviniendo porque no quieren que Nasralla sea presidente porque viene el socialismo. Nosotros somos autónomos, pero si el pueblo quiere que lo gobierne delincuentes es problema de ellos”, decía, mientras los fusiles seguían caídos, en UNETV el comisionado Aldo Oliva quien fue depurado de la institución policial.

Honduras tiene una policía letal que ha demostrado estar coludida  con el crimen organizado, no es secreto.

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Foto: Sandra Ruiz

Al caer la tarde había dos movilizaciones masivas, hacia la Unidad de Servicios Especiales se dirigían miembros de la Alianza que pretendían la noche de este martes plantarse para apoyar a los policías en paro, y por otro lado se movilizaban en dirección contraria patrullas repletas de policías que volvían a sus puestos de trabajo: las calles.

En las afueras de las instalaciones policiales en Tegucigalpa, lugar donde durante más de 12 horas la gente dio cariño, comida, bebida y hasta cigarros a los policías, la población había instalado lo que ya se ha convertido en una costumbre a la hora de una actividad política: mesas con venta de materiales de la resistencia, puestos de comida y un ambiente que lejos de ser de miedo por las armas que lo rodeaban, parecía ser de fiesta.

Los pocos policías que quedaban en las instalaciones daban declaraciones a los medios, anunciando que volvían a las calles pero que esta vez con condiciones de no atropellar los derechos de la gente. – Vamos a respetar a la gente, si ellos protestan los acompañaremos, les daremos seguridad y si ellos saben de algún infiltrado desde ya les pedimos que lo entreguen- dijo uno de los elementos a la prensa nacional.

Cuando conoció la decisión, el presidente Juan Orlando Hernández brindó una conferencia de prensa, bajo la línea que un día antes había marcado su Secretario de Estado en Seguridad, Julián Pacheco. –Hemos logrado avances importantes con la policía, reconocemos su trabajo valioso y serán recompensados por ello- dijo Hernández.

La preocupación del gobierno fue evidente, el lunes luego del inicio de la protesta la respuesta fue inmediata, el gobierno anunció el pago adelantado de aguinaldos y hasta un bono por el trabajo en tiempo extra.

“El fraude más allá de la legalidad bajo la que puede entrar, sobre todo la Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos represores del Estado, son los que pueden finalmente sostener esta dictadura que tenemos y al no tener una fuerza unitaria represiva en este contexto, lógicamente lo debilita, ante la comunidad internacional y ante todo”, asegura Hendrix.

Hendrix, quien perdió su primera contienda electoral como precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula por la Alianza de Oposición, cree que lo que sucede con la policía y su decisión de negarse a atender mandatos represivos de militares y altos mandos policiales, debilita la estructura represiva de Juan Orlando, la que se ha visto expresada en las calles con más fuerza después del 26 de noviembre.

Este es el peor momento en que la policía puede negarse a atender sus directrices, peor momento porque las manifestaciones están a la orden del día y la única forma de controlarlas es a través de la represión.

“Yo creo que en lo que va del gobierno de Hernández ha sido una estrategia de bajar, neutralizar los posibles daños, en vez de que estén con el pueblo entonces al menos neutralizarlos de que no estén a favor ni en contra, es el plan; es decir, dejar que la gente se manifieste y acceder a la no represión por lo menos de los policías. Pero no hay que olvidar que los militares son muchos y por ahora obedecen cualquier orden”, concluyó Hendrix.

La gente, esa que llegó desde la mañana a dejar comida se quedó con la fiesta instalada en la posta policial. La expectativa de lo que pasará de ahora en adelante es grande con una policía que supuestamente se comprometió con el mandato ciudadano, pero que como prueba de fuego tendrá las movilizaciones y tomas de carretera de los próximos días. Mientras el proceso electoral es desacreditado por las dudas de las misiones de observadores internacionales y la petición de la Alianza de Oposición de no solo contar 5 mil actas sino 18 mil actas que, según ellos, tienen irregularidades. Honduras sigue en estado de sitio y ya nadie cree en el conteo de votos como solución a la crisis.

La famosa Core 7, una de las principales postas policiales en el centro de Tegucigalpa, fue abarrotada por los habitantes de los barrios cercanos: La Leona, Buenos Aires y El Bosque. Esta vez no era para buscar a sus familiares desaparecidos o sacar a alguien de un calabozo de tortura, era más bien para reconciliarse, abrazarse con las manos de los policías que por años les lanzaron bombas lacrimógenas en lo que parece una rebelión en medio de la crisis política que atraviesa Honduras.

Niños, niñas, jóvenes y ancianos los felicitaban, mientras ellos en algunos casos gritaban un tímido ¡Fuera JOH! y en otros simplemente esbozaban una escasa sonrisa. Se nota que no están acostumbrados a tanto amor popular. Pero antes que esto se convirtiera en una fiesta, la escena era tensa, violenta. En el batallón de escuadrones Cobra (una fuerza élite que nace en las Fuerzas Armadas para misiones especiales) esta tarde comenzó la manifestación de la Policía quienes se declararon en paro de brazos caídos y se enfrentaron a la represión militar. Ellos insistían que no era una huelga, que no era por dinero, que lo hacían porque sus familias estaban preocupados por ellos, que lo hacían porque no querían seguir reprimiendo al pueblo. La orden era que si los Cobra no querían trabajar, los militares tomarían su lugar, era una ocupación y todos estaban armados.

La Policía Nacional divulgó un comunicado que raya lo incendiario para ser un ente vertical en el ejercicio del poder. «Hacemos de conocimiento público que nuestra cúpula policial se presta para seguir lineamientos políticos, por lo tanto solicitamos a los mandos medios tomar el mando de nuestra institución por la inoperancia de nuestros superiores que ayudan en poco o nada a este problema de Estado», dice en su punto 2. Una sublevación de la Policía Nacional, a la que se sumaría la Dirección Policial de Investigación (DPI), podría cambiar el rumbo de esta crisis política que cada vez huele más a golpe de Estado militar.

El domingo, la movilización de la Alianza fue principio de un coqueteo que ahora terminó con la posición desobediente de la policía que se resiste a reprimir a la gente que protesta, sobre todo en un estado de sitio creado para que las Fuerzas Armadas y de seguridad actúen impunemente. Las flores blancas que la gente llevó a los policías comenzó a crear una conexión que antes no se miraba por culpa de los gases lacrimógenos.

Desde el primer día de manifestaciones, algunos jóvenes intentaban neutralizar a los policías antimotines en las afueras del INFOP, en el conteo de actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Les llevaban agua, les hablaban: «ustedes son del pueblo también», les decían. Los policías fueron bajando la guardia cuando comenzó el estado de sitio y los militares se tomaron las calles disparando libremente. Pero esto no se da por razones meramente políticas, como todo en esta crisis, es consecuencia de la acumulación de problemas.

Policía Cobra en apoyo a la manifestación. Foto: Martín Cálix.

El abogado Omar Menjívar, quien estaba en la nómina para ser director de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cuando comenzó el proceso de depuración policial, asegura que esto responde más que a razones políticas a situaciones de vulnerabilidad de los mismos policías.

«Implícitamente uno puede identificar quizá una denuncia acerca de la orden general de reprimir al pueblo y que ya no quieren cumplir, pero me luce más bien como un argumento político con el que buscan justificar su protesta contra la prolongación de sus jornadas sin tener días libres y poder ver a su familia», expresó Menjívar.

El domingo en la movilización, Salvador Nasralla invitó a los bajos mandos de las FFAA a sublevarse en favor del pueblo porque «los altos mandos ya le han fallado antes». Ante esto, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas dijo en medios de comunicación que Nasralla quiere provocar que lo denuncien por incitar a la rebelión y eso no sucederá porque nadie quiere verlo como víctima. Lo ve como una carta que saca en medio de la desesperación de ver las elecciones perdidas.

A 8 días de las elecciones, con un Tribunal Supremo Electoral sin credibilidad, la crisis en la policía degrada aún más la situación.

María Luisa Borjas, comisionada de policía en condición de retiro dijo a Contra Corriente que esto se debe denunciar internacionalmente porque podríamos estar ante un enfrentamiento entre estas fuerzas de seguridad. La división entre entes armados es aún más peligrosa.

Mientras tanto el TSE sigue sin dar resultados y cada vez pierde más credibilidad. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han reconocido que existen irregularidades en el proceso y que se necesita contar todas las actas, incluyendo las más de cinco mil que solicita la Alianza de Oposición contra la Dictadura, posición a la que suma la Policía Nacional en su segundo comunicado.

Entre más pasa el tiempo el fuego se esparce, las explosiones son diversas en todos los espacios mientras Hernández sigue subiendo en posiciones que ya lo colocan como virtual ganador de las elecciones. En el norte del país siguen incendiando los restos del peaje, en El Progreso,Yoro hubo un amotinamiento en el centro penal que dejó 3 muertos más, en una aldea aledaña también se reportan abusos y dos muertos, así como en San Pedro Sula más de 40 detenidos. Pasan muchas cosas en las calles de Honduras pero hoy la protagonista fue la Policía.

Una semana antes de las elecciones visitamos el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula, donde un oficial de policía nos advertía que las cosas estarían conflictivas en las elecciones  y que tenía que ver con el mandato del pueblo que no ha sido escuchado por mucho tiempo. En ese sector, uno de los más violentos en la ciudad, la Policía Nacional busca recuperar la imagen de confianza en la gente con apoyo de organizaciones como USAID.

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Esa imagen de que el policía no es aquel que reprime, sino el que previene, es la imagen que han intentado fortalecer de un tiempo hacia acá, ahora, parece tener sentido. Sin embargo, el abogado Menjívar dice que la Policía siempre ha recibido formaciones en Derechos Humanos y no por eso deja de ser letal.

Quienes no recibieron mandato de la población, sino del gobierno actual fueron los miembros del ejército que Juan Orlando Hernández ha sacado a las calles y la Alianza quiere regresar a los batallones. Hernández incluso destituyó magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012, porque entre otras cosas, no se le permitió la elevación de la Policía Militar del Orden Público a rango constitucional. Los militares denunciados por abusos por parte de la policía.

El general Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad de Honduras y brazo derecho de Hernández, salió para intentar calmar a las bases de la policía ofreciéndoles aumento de salarios, pago de aguinaldo para los gastos navideños y otros beneficios, como si sus demandas son económicas. Según Menjivar, la Policía está vulnerable a negociar bajo esos términos aunque cada vez hace más claros sus planteamientos, ahora están pidiendo conteo voto por voto y que las Fuerzas Armadas asuman su rol constitucional.

Ya es la tercera noche del toque de queda que se extendió para las 8 pm hasta las 6 am. Cada noche la gente se atreve más a salir y esta noche la policía decidió no salir a las calles para reprimir o guardar a palos a la gente en sus casas. El pueblo les llevó comida, les llevó consignas, les llevó canciones. La policía, de repente, fue invadida por el fervor de la lucha callejera.

En el Core 7 y en la Kennedy en Tegucigalpa la fiesta siguió rompiendo el toque de queda, tanto que hasta caminaron. El pueblo iluminado por el Cristo del Picacho, que se erige en la cima de estas históricas colonias circundantes al centro de la capital, marchó a sabiendas de que el hijo prodigo había regresado.

 

Texto: Fernando Silva, Jennifer Avila y Martín Cálix

Fotografía: Sandra Ruiz

La  segunda noche del toque de queda decretado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, miles de personas retaron el silencio con una manifestación desde sus casas que denominaron «cacerolazo», y con esa bulla también decidieron salir este domingo a las calles en Tegucigalpa y San Pedro Sula exigiendo que se nombre a Salvador Nasralla como nuevo presidente de Honduras. A esta manifestación asistieron familias enteras insistiendo que fuera pacífica después de que la violencia se apoderara de las calles en los últimos días.

Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzaba el escrutinio especial de más de mil actas, la Alianza de Oposición contra la Dictadura convocó miles de personas a las calles, una movilización que no se esperaba tras haber sido decretado estado de sitio y vivir un par de días de protestas violentas y saqueos de comercios en el país.

«No estamos de acuerdo con los saqueos, nosotros no hemos convocado a hacer eso, solo queremos y exigimos que se respete la voluntad del pueblo», expresó Kevin Chávez, un joven que con su cacerola hacía bulla en la movilización que comenzó en el Hospital Escuela Universitario para dirigirse al Instituto de Formación Profesional (INFOP) donde se encuentra el TSE.

Mujeres y niños cargaban flores blancas para regalar a policías en un recorrido de aproximadamente 10.4 kilómetros que iba al son de la canción insigne de este momento político: «Joh es pa fuera que vas» y todo era una fiesta. En el camino se fueron uniendo personas que bajaban de los cerros de Tegucigalpa, de las colonias más golpeadas por la violencia y la pobreza. La marcha pasó por la carretera que estuvo tomada antes por jóvenes del sector Villanueva, donde Kimberly, la primera víctima del toque de queda, fue asesinada por militares.

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Vehículos que pasaban por la orilla pitaban y se unían en la algarabía. Incluso un camión de las Fuerzas Especiales Cobra de la Policía Nacional pasó pitando y sus agentes hacían señales de apoyo a la marcha. Ésta no era la Honduras de hace dos días.

A la orilla de carretera, sosteniendo una bandera del partido Libertad y Refundación (LIBRE) doña Abelina López Rodríguez tenía los ojos llorosos, para ella esta movilización era como escuchar de nuevo a su hijo Fernando, quien murió en 2009 tras el golpe de estado, según doña Abelina, fue asesinado por fuerzas de seguridad del Estado.

«Ya que nosotros no nos pudimos levantar en 2009 ahora veo que sí se ha levantado la gente. A mi hijo me lo mataron los grupos represivos en Jacaleapa, allí me lo fueron a tirar, primero me lo golpearon. Yo pido que esta manifestación se levante porque nos tienen que pagar nuestros muertos», decía llorando mientras el mar de gente pasaba eufórico frente a ella.

El fantasma del golpe de Estado o de lo cerca que estuvo el movimiento social de revertirlo sin poder, está presente en la actual crisis política. El estallido es la acumulación de esa frustración y la del apaciguamiento del movimiento indignado en 2015, un chico lo decía: «Esto es como los indignados renovados. Indignados 2.0», dijo mientras se tomaba una selfie. Fue la gente joven la que salió y gritó contra el gobierno que se quiere perpetuar en el poder. Jóvenes que llegaron convocados desde las redes sociales. Los jóvenes millennials del tercer mundo que ahora exigen una Honduras donde se les respete sus derechos.

Esta movilización demostró que no hay salida institucional que valga, la gente no confía ni confiará en el Tribunal Supremo Electoral, el ente que tiene la última palabra en este proceso electoral. Salvador Nasralla llegó al INFOP mientras la gente inundaba la calle hasta donde los militares permitieron, habían 3 vallas militares y policiales, y dos tanquetas resguardando el INFOP.

Nasralla aseguró que no hay trato con el TSE y que no se suman al escrutinio especial porque no se están tomando las más de 5 mil actas que la Alianza pide, además, porque la duda de si las demás actas fueron adulteradas es fuerte desde que el sistema de cómputo se dañara durante varias horas y que después de ello la tendencia a su favor cambiara drásticamente.

Nasralla sorprendió con un discurso de insurrección llamando a las bases de las Fuerzas Armadas a sublevarse con el pueblo. El nerviosismo entre los militares que resguardaban la zona era notable. Llamó también a seguir haciendo bulla y fiesta para contrarrestar el estado de sitio que ha impuesto el actual gobierno. Después le cedió el micrófono a quienes según él mismo dijo, tienen más experiencia en política: Juan Barahona y Manuel Zelaya Rosales.

Entre lluvia y cacerolas San Pedro Sula sale

San Pedro Sula vivió en días anteriores un escenario nunca antes visto, en plena mañana se reportaban cientos de saqueos alrededor de la ciudad y represión por parte de la Policía Militar en distintas zonas del país y aunque el impacto emocional que vivían en ese momento fue inesperado, más lo fue en la noche al escuchar sonar cacerolas y fuegos artificiales acompañados de un ¡Fuera JOH! Luego de haber pasado los primeros dos días en Estado de Sitio, una vez más Honduras se convocaba a la calle a las 11 a.m. dentro del horario de circulación autorizado por un gobierno ausente.

Desde tempranas horas las personas iniciaron a llegar al Monumento a la Madre (punto de partida) para salir hacia el Parque Central de San Pedro Sula en donde los militares rodeaban el palacio municipal. Con cacerola en mano y flores blancas iniciaron la marcha, que la candidata a la alcadía de San Pedro Sula por la Alianza, Fátima Mena acompañaba junto a su familia y otros líderes políticos. Ellos junto a la multitud emprendieron el recorriendo bajo la lluvia y al son de las cacerolas y pitoretas.

«Esta es la voluntad del pueblo, yo he estado en Tegucigalpa estos días anteriores, pero hemos venido a nuestra ciudad para acompañar y demostrar que no somos unos vándalos como están queriendo hacer creer. En este momento nuestro objetivo es respaldar y resguardar la voluntad del pueblo que ha elegido a Salvador Nasralla como presidente, expresó Fatima Mena.

Eran miles de personas que caminaban hacia un solo lugar gritando fuerte ¡Fuera JOH! Acompañada de la música de la canción «JOH es pa ́ fuera que vas», Xiomara Castro apareció dentro de la multitud a dar ánimos, las personas se le acercaron rápidamente a decirle ¡Gracias! y continuaron el recorrido.

Más adelante los militares y policías que estaban alrededor de la primera calle ya tenían en sus chalecos antibalas flores blancas, las personas se les acercaban a saludarlos y ellos respondían con una sonrisa. Al ver que el Palacio Municipal estaba totalmente rodeado de militares y policías, las personas rodearon y se colocaron contiguo al parque central mostrando sus banderas, pitoretas, cacerolas y pancartas creativas que habían elaborado.

«Las cacerolas nos regresaron la libertad», decía un cartel cargado por un joven en la manifestación. Después de la oscuridad de un golpe de Estado que sigue vigente, de la contaminación de un proceso electoral en el que la gente tenía mucha fe, y de la violencia e impunidad que reina cuando son las Fuerzas Armadas que gobiernan sin vigilancia, las flores y las cacerolas sacaron de nuevo a la gente que quiere solo una cosa: que se respete el voto que depositaron el 26 de noviembre. Es el pueblo en las calles el que le está diciendo a Juan Orlando Hernández que Honduras no es un campo de concentración.

Texto: Jennifer Avila y Catherine Calderón

Tegucigalpa:

Fotos de Martín Cálix

 

San Pedro Sula:

Fotos de: Sandra Ruiz

De 6 de la tarde a 6 de la mañana Honduras se sume en la oscuridad donde gobiernan impunemente las Fuerzas Armadas. La primera noche en estado de sitio dejó 7 muertos, uno de ellos, una joven de 19 años en Tegucigalpa: Kimberly Dayana Fonseca en el sector Villanueva, donde durante el día un grupo de jóvenes había cerrado el paso y retaba a un contingente militar que se apostaba resguardando un supermercado de la zona.

“Toda Honduras sabe qué pasó anoche, no me pregunte eso”, le decía un vecino de Kimberly a un oficial de la Dirección Policial de Investigación (DPI) cuando éste último llegó con un grupo a levantar testimonio de cómo ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte de esta joven.

Kimberly, al escuchar el aviso de toque de queda anoche a las 11 pm, decidió ir a traer a sus hermanos a la residencial Honduras, una colonia cercana. Desde su casa de madera, improvisada como colgando de un cerro, se mira un panorama de pobreza, los callejones donde los jóvenes estaban y donde fueron baleados por militares.

“No es el primer incidente que nos denuncian donde hay militares involucrados, no es correcto que disparen, no se puede enfrentar un ciudadano con una piedra con otro que lleva un fusil”, decía indignado otro agente policial, mientras varias mujeres familiares de Kimberly susurraban que para qué llegaban a preguntar si todo mundo ya sabía que el caso se quedaría en la impunidad.

Que los militares no saben si disparan balas de salva o balas vivas, le decía otro agente policial a los vecinos y que la policía no actúa como ellos. “Ya ni se sabe porque hay tantas fuerzas armadas en este país que uno no sabe con quién trata”, le discutía el vecino.

El toque de queda en Honduras fue justificado tras una serie de disturbios que comenzaron como protestas en las calles bloqueando caminos y terminaron en enfrentamientos con militares y saqueos de tiendas en varias ciudades del país. La noche cobró la vida de 5 personas en San Pedro Sula, 35 personas detenidas en la 105 Brigada de Infantería y alrededor de 40 detenidos en el CORE 7 de Tegucigalpa. Esta mañana varias mujeres llegaron a la estación policial en Tegucigalpa buscando a sus seres queridos que habían desaparecido.

“Yo vi la cara de mi cuñado en el periódico y así supe que lo habían detenido. Aquí pagan justos por pecadores porque si uno queda en medio de un disturbio y sale corriendo porque no quiere que lo maten, la policía lo detiene a uno siendo inocente”, explicaba una joven que había viajado desde La Venta, una aldea al sur de Tegucigalpa.

Enfrente de la estación policial había una larga fila de personas poniendo denuncias de robo, el centro de la ciudad estaba lleno de gente que caminaba de un lado a otro buscando cómo abastecerse antes del toque de queda y con el temor de quedar en medio del fuego cruzado. La gente está nerviosa.

Un taxista comentaba que él había alquilado un arma para estos días, porque en un momento como éste no se sabe quién es quién.

“La gente que salió ayer a saquear no es la misma que se manifestaba. Los que protestan son personas con las que se puede hablar, pero con estas no se podía negociar nada”, contaba el inspector Ever Ordóñez en la estación policial CORE7. Ordóñez estuvo en las manifestaciones previas a que comenzaran los saqueos, estuvo en las represiones antes que las protestas se convirtieran en caos extendido a los barrios y colonias. El inspector llamó a que las fuerzas de seguridad tengan cautela durante el toque de queda ya que no están autorizados a disparar a las personas.

Kimberly Fonseca. Foto tomada de Noti Bomba

Una crisis de democracia

El escrutinio especial ha comenzado sin que el TSE se termine de poner de acuerdo con la Alianza de Oposición contra la Dictadura sobre 5174 actas que este partido está pidiendo se incluyan en el conteo especial. Sigue dilatándose el proceso y pesa en las calles. El conteo se hace en medio de un toque de queda.

Según el exfiscal de Honduras, Edmundo Orellana Mercado esto es una consecuencia de errores que se han venido cometiendo sucesivamente desde el golpe de Estado. “Esta diferencia tan estrecha entre los candidatos que se están reclamando el triunfo no sería un problema si nosotros hubiéramos reformado nuestra Constitución para introducir la segunda vuelta electoral. No hay confianza en las instituciones del estado, hace mucho se perdieron, menos en el TSE después que reconoce que se cayó el sistema, una cosa totalmente inusual y que pudo haber sido previsible. Algo se está cocinando en el TSE que no es consecuente con la democracia y todo el proceso electoral ya está contaminado con el olor a fraude, sobre todo por la candidatura del presidente a la reelección”, expresó en una entrevista para Play FM y Contra Corriente.

Agregó que la idea de que la Constitución se defiende con las armas es para un estado salvaje. “Es una visión trasnochada de la democracia que debe ser superada. En el caso de defender la democracia nos toca a los ciudadanos, a los partidos políticos, sociedad civil, a las Fuerzas Armadas solo les podemos exigir que no dirijan sus fusiles hacia el pueblo. Deben estar al margen de todo esto», dijo.

El estado de excepción contempla que medios de comunicación acreditados pueden circular para hacer su labor de reportear lo que pasa, inicialmente no se permitió que organizaciones de Derechos Humanos observaran el proceso de detenciones en la calle, decisión que luego fue rectificada.

Hoy la Mesa Nacional de Derechos humanos que aglutina a varias organizaciones entre ellas: Centro de Derechos Humanos, Centro de Derechos de Mujeres, Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Colectivo Arcoiris, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT) y el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos de Honduras, dio una conferencia de prensa para condenar esta situación.

El estado de sitio declarado por el gobierno es ilegal y se constituye como un medio destinado a reprimir el descontento político, imponer el fraude e infundir terror, según esta mesa.

Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas “se aplican a expensas de los derechos y las libertades de los hondureños y hondureñas”, haciendo que la situación haya empeorado a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de usurpar los poderes del TSE, retrasando la transmisión de resultados.

Según el director de C-Libre, Edy Tábora,  la culpabilidad de esta crisis recae sobre los tres magistrados del TSE, Juan Orlando Hernández, el Jefe de las Fuerzas Armadas, y el Secretario de Seguridad, quienes a través de sus directrices han generado el uso excesivo de la fuerza.

Además, apuntaron que, en medio de la crisis económica y social del país, el aumento de las tensiones políticas solo elevaría el riesgo de que la situación en Honduras se deteriore más, por lo que se ha anunciado que esta mesa permanecerá en alerta permanente y publicará, en los próximos días, un informe ampliado sobre las denuncias de violación de derechos humanos recibidas.

Tábora agregó que el decreto de estado de sitio es ilegal e inconstitucional ya que ante la ausencia del representante del poder ejecutivo, Juan Orlando Hernández,  el designado presidencial Ricardo Álvarez usurpó las funciones del presidente al firmar dicho decreto.

Ante esta situación desde la Mesa Nacional de Derechos Humanos instó al fiscal general de la república para que se hicieran las investigaciones del caso y se proceda a encarcelar a Ricardo Álvarez por usurpación de funciones públicas.

Según Gilda Rivera del CDM la democracia es una “quimera” y podría alejarse más ante la concreción de un régimen dictatorial que desconoce la voluntad popular y se impone mediante la fuerza.

Lejos de esa conferencia, en la Tegucigalpa donde no llega el agua, donde el control territorial lo puntean jóvenes en maras y pandillas, en una choza de madera sobre una mesa yacía el ataúd de Kimberly. Sobre el mismo la camiseta y un gorro de su equipo de fútbol favorito: el Olimpia. Su madre migró a Estados Unidos hace 7 años y la abuela se había encargado de ella y sus 5 hermanos. Kimberly apenas había terminado su noveno grado porque por falta de recursos postergó su educación durante dos años. Hace una semana se había graduado. A Kimberly la alcanzaron las balas en la espera de saber quién es el nuevo presidente, aunque eso no hiciera mucha diferencia en su vida.

 

Con reportes de Fernando Silva

Fotografías: Martín Cálix

 

A partir del 1 de diciembre Honduras entra en estado de sitio. El gobierno de Juan Orlando Hernández- quien se declaró ganador de las elecciones antes que se terminaran de escrutar las actas- anunció un toque de queda en el que la libre circulación es prohibida de 6 de la tarde a 6 de la mañana durante 10 días. Las Fuerzas Armadas toman control de las calles tras disturbios a 6 días de las elecciones que siguen sin dar resultados finales. Los anuncios se dan con el sonido de fondo de helicópteros sobrevolando la capital.

“No deben haber manifestaciones ni celebraciones de ningún tipo, eso se los dije a mis seguidores”, dijo Hernández a medios de comunicación tras decretar la suspensión de garantías constitucionales. A 6 días de haberse declarado presidente reelecto y de insistir en dos ocasiones más que él ganó las elecciones.

Han sido 6 días de degradación. Desde el día de las elecciones las tensiones fueron aumentando, el silencio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunciado por fraude, y un gobierno cuyo presidente dejó de serlo para convertirse en candidato se sumó a la frustración y la situación de vulnerabilidad social en la que se mantiene la mayoría de la población y provocó un estallido que se expresó en actos de violencia en todos los rincones del país.

Hernández asegura que son miembros de la Alianza de Oposición contra la Dictadura quienes deben controlar a sus seguidores para no seguir saqueando ni realizando actos de violencia en las calles, mientras que la Alianza asegura que son infiltrados quienes crean el caos en las calles para dar excusa al gobierno de Hernández de actuar por la vía de la fuerza contra los verdaderos opositores.

Representantes de la Alianza condicionaron el conteo de actas en el Tribunal Supremo Electoral para que se de un resultado creíble y siguen sin ponerse de acuerdo. La espera solo aumenta la crisis en las calles donde cinco centros comerciales y dos estaciones bancarias en San Pedro Sula y varios negocios en el centro de Tegucigalpa, El Progreso y Choloma han sido destruidos y saqueados. Manifestantes han entrado en batallas largas con las Fuerzas Armadas. La situación ya cobra 5 muertos en el sector López Arellano en Choloma: Victor Evelio Martinez Alvarez (35), Jose David Ramos Lambert (23), Roger Alberto Vasquez Reyes (22), mientras que en la colonia El Pedregal murieron 2 personas.

Decretar estado de excepción abre las puertas para múltiples violaciones de Derechos Humanos que no podrán ser observadas ni siquiera por la mayoría de medios de comunicación ya que solo podrán circular periodistas acreditados por el TSE.

“Es muy peligroso poner en bandeja de plata la posibilidad de que Hernández y su gobierno decreten estado de sitio y la suspensión de libertades constitucionales. La protesta social debe ser siempre pacífica”, expresaba en un tweet un par de horas antes el abogado y doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía.

Honduras es un país a destiempo. Tuvo un golpe de estado en 2009, se paralizó desde el día de las elecciones y muestra en las calles una guerra que nunca tuvo antes. El TSE ya no tiene tiempo para recuperar la confianza del pueblo que votó y las elecciones cada día pierden más credibilidad, el conteo de actas ya dejó de ser el problema principal.

Por: Vienna Herrera y Maryam Zelaya

Ante el silencio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) -quienes llevan casi una semana sin declarar un ganador para la presidencia de Honduras- y con la polarización que existe en los medios de comunicación convencionales, la única herramienta de acceso a la información para la juventud son las redes sociales.

Vivir procesos políticos y sociales en la actualidad tiene esa clara diferencia de cómo décadas atrás la juventud buscaba espacios para expresar su opinión, sus sentimientos, presentar denuncias y buscarle un lado ameno. Ahora se hacen memes, se publica un estado, un tweet, historias. Todo lo posible para no sentirse fuera del proceso.

Los memes forman parte importante de estos espacios y provocan reacciones diferentes, pero, aunque se suelten carcajadas y nos preguntemos de dónde sale tanto ingenio de la gente en estas circunstancias, muy en el fondo compartimos una chispa de indignación y molestia porque llevan detrás graves denuncias.

Pero las denuncias no sólo aparecen con risas, muchas se realizan acompañadas de pruebas: vídeos, fotografías, audios, capturas de pantalla y textos con la información precisa.

Durante el día de votación, las redes sociales se inundaron con mensajes que denunciaban la falta de sello para los votos, cierre de urnas antes del tiempo estipulado e incluso vídeos donde se mostraba una manipulación de actas a favor del Partido Nacional en distintas zonas del país mientras la ciudadanía reclamaba afuera de las urnas.

Estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fundamentan que los 200 millones de lempiras que se invirtieron para la base de datos del Tribunal Supremo Electoral son más que suficientes para que esta sea segura, señalan que la declaración de David Matamoros Batson que asegura que la red se cayó por 5 horas es una mentira.

El tiempo transcurre, las calles de varias zonas del país se muestran rodeadas de manifestaciones que podrían anticipar una grave crisis política y social, mientras tanto los memes, las denuncias y el descontento crece en las redes sociales.

El Partido Nacional aumenta ligeramente sus votos, mientras la Alianza de oposición contra la Dictadura reduce su ventaja. Los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) favorecen a Juan Orlando Hernández mientras la distancia de mesas por escrutar se acorta y también parece hacerlo la paciencia de la ciudadanía hondureña.

Los jóvenes siempre buscan la manera de buscar el lado gracioso e ingeniárselas para llamar la atención, es por ello que en las redes sociales ante la situación actual de crisis política que vivimos en el país han circulado los ya antes mencionados famosos memes que más allá de provocar risa al mal tiempo, estas ocurrencias buscan la manera de crear conciencia a la población.

Reproducida con autorización de El Faro

Ante la poca transparencia del proceso y el silencio de los observadores de la OEA y la Unión Europea, el candidato opositor, Salvador Nasralla, opta por la calle “para evitar el fraude”. En el TSE, el procesamiento de actas ya le da la ventaja por un punto a Juan Orlando Hernández, que busca la reelección.

Tegucigalpa, HONDURAS. Miles de manifestantes se reunieron la noche del miércoles frente al Instituto de Formación Profesional de Tegucigalpa, hoy convertido en un fortín donde se reciben y custodian las boletas electorales. No eran todos, necesariamente, seguidores del candidato opositor Salvador Nasralla. Lo que los unía era el rechazo a las intentonas de reelección del presidente Juan Orlando Hernández y lo que para todos ellos es un fraude electoral.

Era ya 29 de noviembre, pasadas las 72 horas del cierre de urnas, y el Tribunal Supremo Electoral ya había actualizado su lentísimo recuento de actas. El presidente, que apenas 24 horas antes perdía por cinco puntos, ya tenía más votos que Nasralla.

Aquellos manifestantes eran en su mayoría estudiantes, pero había también familias, hombres y mujeres que cantaban a coro el himno nacional mientras agitaban una gigantesca bandera de 20 metros de longitud. Alguien trajo palos de madera y organizó una fogata alrededor de la cual hacían turnos para sentarse, porque la noche había refrescado.

“Esta es una oportunidad para romper las cadenas que se formaron en 2009 con el golpe de Estado”, decía un joven llamado Antony, de 24 años, que había llegado a Tegucigalpa esa misma tarde desde Santa Bárbara, para unirse a las protestas. “Espero que el tribunal respete la voluntad del pueblo, pero me temo que esto terminará en sangre”.

Antony tenía 16 años en junio de 2009, cuando el Ejército hondureño irrumpió de madrugada en la residencia presidencial y derrocó al presidente Manuel Zelaya, dando origen a una crisis política de la que Honduras aún no termina de reponerse. Esa misma noche, organizaciones sociales y movimientos populares organizaron un plantón frente a Casa Presidencial, del que fueron -fuimos- desalojados por el Ejército a culatazos y gases lacrimógenos, tres días después.

La noche del miércoles, frente al Infop, tres días después de la jornada electoral, había una cantidad inferior de manifestantes, pero terminó igual. Poco después de la medianoche, Nasralla y el expresidente Zelaya se unieron a la manifestación. «Llegaron Mel (Zelaya) y Nasralla, que iba con su esposa (Iroshka Elvir, que está embarazada). Se fueron a tocar las puertas del INFOP. Exigían que les abrieran. La gente se emocionó y se aglutinó alrededor de ellos y lo santimotines comenzaron a lanzar gases. Pero luego sacaron una tanqueta», dice Angie Ávila, una profesional de 30 años que protestaba junto a dos de sus hermanos. «Ellos (Mel, Nasralla y su esposa) se fueron. Los estudiantes corrieron pero luego regresaron con piedras. A mi también me cayeron gases pero nada más».

El Ejército continuó el desalojo arrojando latas de gases lacrimógenos. Desde el otro lado los manifestantes lanzaron piedras y botellas. Algunas lastimaron a manifestantes que iban adelante. Fue la primera batalla de esta crisis política.

Uno de los manifestantes se acercó a una cámara de televisión y dijo: “Yo quiero decirles a los líderes, a las bases de Libre en todo el país: Ya estamos aquí. ¿Ahora qué quieren que hagamos? Dígannos, porque ya estamos aquí defendiendo el voto, tragando gas. Dígannos, ¿qué quieren que hagamos?”.

Se habían congregado ahí porque un par de horas antes el candidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, les pidió que fueran a defender las actas que estaban retenidas. Solo eso. Sin estrategia, sin ningún plan. Pero la calle, él mismo lo ha dicho, es su última apuesta para evitar que el Tribunal le quite la presidencia que parecía ya tener en las manos. La calle como respuesta a lo que él, y millones de hondureños, consideran un fraude.

En la tarde del lunes 27, 13 horas después del último pronunciamiento del TSE, miles de hondureños se reunieron frente al edificio central del ente electoral para exigir que Salvador Nasralla fuese declarado como presidente electo de Honduras. Foto: Fred Ramos
Foto: Fred Ramos
 

En la tarde del lunes 27, 13 horas después del último pronunciamiento del TSE, miles de hondureños se reunieron frente al edificio central del ente electoral para exigir que Salvador Nasralla fuese declarado como presidente electo de Honduras. Foto: Fred Ramos

Habida cuenta de lo accidentado, torpe y poco transparente de este proceso, no parece haber más que dos opciones: o el Tribunal Electoral está maquinando un fraude a la vista de todos o su incapacidad es olímpica. La historia política hondureña, como la de los demás países centroamericanos, está llena de capítulos marcados por la incapacidad de sus líderes, pero no ha sido esa su principal motor. Particularmente no en dudosos procesos electorales.

Nasralla se presentó ante la prensa el miércoles por la noche y mostró actas sin firma que están siendo incluidas en el proceso. De las cuatro actas que mostró, El Faro confirmó que tres de ellas no están disponibles en la página del TSE por estar “en monitoreo”; la cuarta, correspondiente a la mesa 06855, está en línea y muestra los mismos resultados que la que mostró el candidato; pero está firmada y la caligrafía es distinta. Es otra acta, con el mismo resultado.

El candidato de la Alianza Opositora denunció que el TSE ha colocado 1,800 actas en monitoreo especial y que uno de los magistrados del Tribunal ordena sacar las que le favorecen a él. También denunció que en el INFOP se encuentran retenidas miles de actas que le favorecen. No hay ninguna confirmación independiente de estas acusaciones, y quienes podrían verificarlo, las misiones de observadores de la Unión Europea y de la OEA, no han servido de garantes.

Al igual que en la crisis posterior al golpe de Estado de 2009, la comunidad internacional es también ahora pasiva, inútil, intrascendente. “Vamos a ver de qué madera están hecha la OEA y la Unión Europea”, dijo Nasralla en la conferencia, quien ha pedido que en vez de misión de observadores envíen una misión de investigación.

Al mediodía del jueves 30, el jefe de la misión de la OEA, el expresidente boliviano Jorge Quiroga, convocó por primera vez a conferencia de prensa para pedir al TSE que no declare ganador hasta que procese todas las actas, incluyendo aquellas en “monitoreo especial”. Después se despidió de los hondureños porque retornaba a su país a votar. “Vuelvo el lunes”, dijo.

A la misma hora, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, justificó el retraso en el recuento y la suspensión de actualizaciones: la noche anterior, dijo, debido a los disturbios, tuvo que desalojar a los empleados y observadores del Infop. “Casi perdemos toda la elección”, dijo.

El Tribunal está compuesto por cuatro magistrados. Uno representante del Partido Nacional, David Matamoros; uno del Partido Liberal y uno de la Democracia Cristiana, partido que en las elecciones de 2013 no sacó más de 5 mil votos en todo el país y que en esta, con el 90 % de las actas procesadas, ha obtenido 0,18 % de los votos. La Alianza Opositora y su principal partido, Libre, no tienen ningún representante. Tanto su candidato, Salvador Nasralla, que mantenía el lunes 27 más de 5 puntos de ventaja, como Juan Orlando Hernández, habían pronosticado casi al pie de la letra la remontada.

Foto: Martín Cálix

***

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández se presentó la mañana del martes 28 de noviembre ante la prensa. Habían transcurrido 40 horas desde el cierre de urnas. Acuerpado por decenas de seguidores, mostró tablas de números y habló de actas cruzadas con resultados del Tribunal Supremo Electoral y proyecciones que le permitían aventurar un triunfo electoral. Sus seguidores aplaudieron y el presidente plagió mal una frase de Yogi Berra, el legendario entrenador de beisbol, para usarla como eslogan de su campaña poselectoral: “Esto se acaba hasta que se acaba”. Adelantó algo que en ese momento parecía más un deseo que un anuncio: Cuando comiencen a llegar las actas rurales, dijo, “vamos a subir así, así, así” y estiró la mano y elevó el brazo en diagonal.

A las 8 de la noche, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ofreció una nueva conferencia de prensa. Publicaba nuevos datos de la contienda presidencial: Con casi setenta por ciento de las actas contabilizadas, Nasralla mantenía la punta, con 43,5 por ciento de los votos. Juan Orlando Hernández había subido ya a 41. La brecha se recortaba a 2,5 puntos, la mitad de la ventaja reflejada en el primer informe. Al caer la medianoche del miércoles, la distancia se había reducido ya a un punto. Los números del presidente subían así, así, así.

Cientos de personas demostraron su apoyo al presidente Juan Orlando Hernández frente a casa presidencial la tarde de este martes. Tanto Salvador Nasralla como Juan Orlando Hernández aseguran que son los ganadores de las elecciones presidenciales. Foto: Fred Ramos 
Foto: Fred Ramos
 

Cientos de personas demostraron su apoyo al presidente Juan Orlando Hernández frente a casa presidencial la tarde de este martes. Tanto Salvador Nasralla como Juan Orlando Hernández aseguran que son los ganadores de las elecciones presidenciales. Foto: Fred Ramos

El martes mismo Nasralla hizo una nueva previsión: “Para el jueves van a declarar ganador a Juan Orlando Hernández. Nos van a hacer un fraude pero no vamos a permitirlo”. Acusó al Tribunal de haber desconectado los candados protectores del sistema electrónico de recepción de actas y de estar introduciendo nuevas actas.

En la calle casi todos, incluidos algunos nacionalistas, creen que hay un fraude en marcha. En la calle pretenden reivindicar la victoria de Nasralla. Las marchas se multiplican por todo el territorio hondureño, pero en Tegucigalpa comienza a asomarse la violencia, ausente hasta el miércoles, incluso durante la manifestación masiva del lunes por la tarde, que reunió a unas 20 mil personas.

Ese día se concentraron en las afueras del Tribunal Supremo Electoral y esperaban al candidato opositor. Cantaban consignas y advertían que no aceptarían ningún resultado. La tendencia del voto, les había dicho Nasralla, era ya irreversible. Un hombre bajaba desde el puente de El Prado con un mortero de medio metro en la mano derecha, sobre la que colgaba la mecha. El hombre detenía a los transeúntes: “Disculpe, ¿tiene fuego?… Disculpe, ¿tiene fuego?” Pocos minutos después alguien debió compartirle llama, porque el mortero hizo un estruendo tal que las veinte mil personas concentradas abajo estallaron en júbilo. Comenzaron a cantar: “Fuera JOH, Fuera JOH”.

Justo debajo del puente un muchacho que atendía un puesto móvil de comida repetía las consignas. La muchacha que le acompañaba gritó: “Viva JOH”. Atrajo una docena de miradas inquisidoras y tuvo que explicarse: “Que viva muchos años, para que lo metamos al pozo”, dijo. Se refería a la cárcel de El Pozo, de máxima seguridad.

En el perímetro de la marcha, policías desviaban el tráfico y colocaban conos para cerrar el paso. Le pregunté a uno de ellos qué pensaba de esto. “Es que Juan Orlando no quiere irse”, me dijo. “Eso es todo el problema. Hay demasiados intereses ahí”. ¿Y cómo pensaba él que esta situación encontrará una salida? “Ahorita esto está tranquilo. Pero ya mañana a saber porque el hombre no se va a ir”.

El problema a estas alturas ya no es técnico, sino político. No se trata de contar los votos que faltan, poco menos del 10 por ciento de las actas, sino de hacerlo de manera creíble y la oposición no le cree al TSE. El proceso ha sido tan mal manejado por el presidente, por sus funcionarios, por los encuestadores, por el Tribunal Supremo Electoral y por la oposición que el momento es muy delicado. Volátil. Los rumores llenan siempre el silencio institucional.

Es fácil para muchos hondureños creer en los rumores de fraude. Los creían antes incluso de depositar su voto. El presidente Hernández ha acumulado tanto poder que cambió a los magistrados de la Corte Suprema y colocó a unos que le resolvieron que tenía derecho a buscar la reelección, aunque la Constitución lo prohíbe. Uno de esos magistrados que votaron por su reelección es hoy el fiscal general de la República. Su gabinete entero está volcado a su campaña presidencial que, a estas alturas, sin ganador oficial, continúa. Hernández controla el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso, el Ejecutivo y es el Comandante en Jefe de las fuerzas Armadas, la institución responsable del traslado y la custodia de las boletas electorales desde las 18 mil mesas receptoras de votos. Ha hecho campaña con el apoyo de los grandes medios de comunicación. En otras palabras, un fraude solo es posible a favor del mandatario, no del opositor que ni siquiera tiene representante en el Tribunal Supremo Electoral.

Por eso cada actualización del TSE despierta más sospechas, porque los números del presidente suben de manera continua, mientras los presentadores o animadores de televisión solo repiten la paráfrasis de Yogi Berra, ahora acreditada al presidente. “Como dice Juan Orlando, esto se acaba hasta que se acaba”. Y tanto el presidente como el opositor han anunciado el mismo final institucional: el Tribunal terminará declarando vencedor a Juan Orlando Hernández.

Cuando el Tribunal Supremo Electoral no tiene credibilidad, el fraude puede ser inexistente técnicamente (nadie lo ha probado aún), pero se convierte en un hecho político cuando lo denuncia la parte más indefensa.

Nasralla ha repetido esta semana, conferencia tras conferencia, que ya no queda ninguna institución a la que apelar para defender su derecho a gobernar. Que defenderán el voto en la calle. En la calle.

El martes por la tarde fue el presidente mismo el que invitó a sus seguidores a marchar. Eran tantos como los opositores del día anterior, pero vestidos de azul. Y ellos creen que Nasralla ha desatado demasiados rumores con el propósito de deslegitimar la reelección de Juan Orlando Hernández. Así está la calle. Tensa, agresiva, esperando lo peor. “Dígales a los salvadoreños que los nacionalistas somos un partido de gente buena y educada”, me dijo una señora que aseguraba controlar 50 colonias de la ciudad para el partido del presidente. “No somos chusma como ellos. Somos el partido más grande de Centroamérica… junto a los arenas (sic)”. Así está la calle.

Mientras que el Partido Libre celebraba la eminente victoria el dia lunes 27, frente al edificio central del TSE. El presidente Juan Orlando Hernández invitó los simpatizantes del Partido Nacional a unirse a una carava por la victoria en las calles de Tegucigalpa. Foto: Fred Ramos
Foto: Fred Ramos
 
Mientras que el Partido Libre celebraba la eminente victoria el dia lunes 27, frente al edificio central del TSE. El presidente Juan Orlando Hernández invitó los simpatizantes del Partido Nacional a unirse a una carava por la victoria en las calles de Tegucigalpa. Foto: Fred Ramos

Pero Nasralla no parece ser un gran estratega, ni alguien seguro de los pasos a dar. Es un presentador de televisión metido a la política más como una forma de protesta contra la corrupción del sistema que como alguien dispuesto a formarse. Un famoso metido a candidato. El miércoles firmó un acuerdo redactado por la OEA en el que se comprometía a respetar los resultados. Lo hizo sin consultar con el coordinador de la Alianza, el expresidente Manuel Zelaya, un viejo lobo en el mar de la política hondureña. Cuando Zelaya se enteró, le explicó al hombre al que llama “nuestro presidente electo” su torpeza. Le hizo ver que había firmado su propia sentencia: Si el Tribunal, en el que no confían declara electo a Hernández, Nasralla debía reconocer el resultado. Por la noche Nasralla se retractaba del compromiso y alegó que la OEA le había tendido una trampa. En realidad la trampa se la tendió su ingenuidad política, su ignorancia, su candidez.

Durante la manifestación del miércoles, Michel, un joven que también venía de Santa Bárbara, dijo lo que nadie quiere decir: que sospechaba de los líderes políticos, que los alcaldes de la Alianza que ganaron en sus municipios estaban demasiado pasivos, que ninguno se había movilizado a la capital para defender el voto. “No están a la altura. El pueblo ha superado una vez más a sus líderes”.

Al cierre de esta nota, el Tribunal Supremo Electoral había actualizado nuevamente sus datos: Con más del 90 por ciento de las actas procesadas, Juan Orlando Hernández tenía ya una ventaja de un punto sobre Nasralla. Los números del presidente siguen subiendo, así, así, así.

Por las carreteras de Honduras hay autobuses en camino a la capital. Organizaciones sociales, indígenas y ambientalistas y movimientos campesinos. En las redes sociales, algunas de estas organizaciones hablan ya de “insurrección”. Al mediodía del jueves hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Infop. Llovieron más gases lacrimógenos, más piedras. En medio de los disturbios, una señora recogía las latas de los gases. Dijo que las llevaría a la Procuraduría de Derechos Humanos. Al menos ella se acordó de la existencia de esa institución.

El TSE terminará pronto de procesar los datos, probablemente al final del jueves, antes de que llegue diciembre. Pero eso no será el final de esta elección.

Foto: Martín Cálix

La acumulación de 8 años se plasma hoy en las calles del norte, occidente y centro de  Honduras. En 2009 hubo un golpe de Estado y hoy ya la lucha pasó de la defensa del voto a una revancha en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández quien podría ser nombrado como presidente reelecto en Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre. Quemar los peajes, sitiar las colonias en la capital, cerrar las carreteras en los corredores más importantes del país, quemar alcaldías e iglesias y causar disturbios confusos en medio de la oscuridad parece ser un intento popular de quebrar a este gobierno de manera irreversible. ¿Estamos ante una insurrección?

En San Pedro Sula, Cortés destruyeron los peajes. En San Pedro Sula los peajes colocados en sus tres salidas representan la crisis de esta ciudad, la segunda más importante de Honduras. Una crisis que pasa por la corrupción que se ha robado las arcas de la zona más productiva del país. Pero también representa un modelo más nacional, la privatización de bienes públicos en manos del capital trasnacional y el control militar de los corredores logístico y turístico de Honduras. Uno de los pilares fundamentales del gobierno de Juan Orlando Hernández.

Pero no solo los peajes ardieron, en Siguatepeque quemaron la municipalidad, en San Pedro Sula metieron cosas con fuego dentro de la catedral e intentaron quemar la municipalidad, en Tegucigalpa cada entrada de cada colonia y barrio tenía fuego. «Nosotros somos de la Alianza y no queremos a Juan Orlando», era el grito de bienvenida. En base a monitoreo de medios y organizaciones, Carmen Haydeé López, Diana Sabillón y Andrea Nuila,  difundieron ayer un reporte que indica los siguientes lugares como puntos de protesta y conflicto: San Pedro Sula, Puerto Cortés y Choloma en Cortés; Tela, La Ceiba y San Juan Pueblo en Atlántida, Marcala en La Paz y El Progreso y Santa Rita en Yoro. El 30 de noviembre se registraron acciones de protesta en 16 departamentos, registrando un aproximado de 53 puntos de conflicto de los cuales 10 han sufrido represión militar, según este informe.

Un joven en una manifestación ayer por la tarde dijo a Contra Corriente que las consecuencias a las que se enfrentará Juan Orlando de quedarse en el poder van desde saquear tiendas, supermercados hasta sitiar toda Honduras.

Mientras el Tribunal Supremo Electoral dilata la presentación de resultados finales de las elecciones y muestra ahora una ventaja de 46 mil votos en favor de Juan Orlando Hernández, la desesperación se mostró en acciones que parecieran ser el estallido que Honduras no había experimentado antes. En Tegucigalpa toda la noche sonaron bombas, tiros, golpes, ardió el fuego y sobrevolaron helicópteros. Desde el aire se lanzaba gas lacrimógeno, las Fuerzas Armadas persiguen en las calles sin hacer demasiado ruido.

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Hoy es el quinto día después de las elecciones, las protestas fueron aumentando la agresividad a medida pasó el tiempo y hoy ya estamos ante un enfrentamiento de la gente contra el Estado y la propiedad privada. Los líderes de la Alianza de Oposición y el presidente Juan Orlando Hernández ya no salen a buscar cámaras para decir algo como cuando se proclamaron ganadores, el Tribunal Supremo Electoral solo dice que no puede dar resultados aún, mientras el fuego arde en toda Honduras. La institucionalidad guarda silencio y si hace ruido, solo lo hace con bombas y balas. El llamado a la paz es una caja hueca.

En San Pedro Sula salieron a la calle desde las 5 de la tarde,  salían de los negocios que estaban en la ruta del recorrido para incorporarse a la caravana que se iba formando en el trayecto de la primera calle hacia los peajes en las salidas sur y occidente.

Durante el recorrido que realizó Contra Corriente, jóvenes iban dirigiendo el camino, indicando que dejaran un carril libre en la avenida circunvalación para que quienes no quisieran ser parte de la caravana, pudieran seguir circulando. “Den espacio a que pasen los carros, que acá lo que queremos es a JOH afuera” dirigía la joven que en ese momento lideraba la marcha.

El objetivo era llegar al peaje, unos iban a pie, otros en motos y muchas de las personas se subían a carros de completos desconocidos que encontraban en la indignación razón suficiente para apoyarse y hacer que las calles sampedranas cantaran en un solo son la canción que le han compuesto al gobierno al estilo campechano: «JOH es pa´ fuera que vas».

Zuly, una madre de familia de Chamelecón, uno de los sectores más conflictivos de San Pedro Sula iba con sus dos hijas, una de 10 y la otra de 11 años, quienes gritaban consignas juntas y resguardándose en el carro en el que iban animando a todas las personas que iban caminando para que siguieran gritando “Fuera JOH”.

“A ese viejo no lo queremos, nos ha hecho mucho daño en la colonia, desde que llegó nuestras vidas han cambiado y si no entrega la presidencia ya va a ver a este pueblo armarle un buen relajo, ese pícaro nos ha robado todo y ahora quiere robarle a Salvador” decía la madre de estas dos niñas que trabajan en los semáforos de la ciudad, limpiando vidrios. -Mamá, grita la de Fuera JOH para que sigamos- le decía su niña de 10 años.

Dos kilómetros antes de llegar al lugar de la convocatoria, se podía visualizar una llama de fuego alta rodeada de banderas rojas, blancas y verdes que se movían con el viento que favorecía a esta población acostumbrada al calor intenso. Durante ese momento no se miraba represión, aunque había un grupo de policiales militares y policías nacionales del otro lado del peaje, atentos a cualquier incidente u oportunidad para contra atacar, ya que en horas de la tarde el personal y elementos policiales que usualmente están en dicho espacio, había sido desalojado al ver que al igual que ayer las personas llegaban y no dejaban que los carros pagaran el impuesto por pasar.

Tenían 3 horas de haber iniciado la manifestación, cuando las personas salieron corriendo, algunas sin saber porqué, otras gritaban que corrieran que estaban gaseando y buscaban refugio en tiendas abiertas, pero nadie se quería ir.

“No creo que nos vayamos, muchos andan preparados con máscaras y trapos porque saben que este gobierno se ha caracterizado por reprimir, estamos cansadas y hartas que nos roben, estoy tan contenta de ver como la población ha salido a defender nuestro voto y democracia” exclamaba una de las jóvenes de la marcha que hacía hincapié en que no iban a descansar hasta no tener una respuesta favorable del Tribunal Supremo Electoral.

“Estamos cansadas, acá estamos los que estuvimos resistiendo en el golpe de estado, pero también andan aquellos que luego de la marcha de los indignados salieron a la calle, este es un momento único y la población lo sabe, si no es ahora no será nunca, es como estar ante una oportunidad como en la huelga del 54” exclamaba Estefanía una joven que andaba con su familia.

Gritaban que si Juan Orlando Hernández ya les había metido fuego a ellos y al país entero que el turno ahora era del pueblo. Con esa idea un grupo decidió realizar el recorrido de regreso hacia el Parque Central de San Pedro Sula con la intención de incendiarlo también.

De regreso, muchas familias y amigos se acompañaban para llegar a sus hogares, no obstante en el camino se encontraron con varios camiones llenos de Policías Militares, que sin mediar palabra iniciaron a bombardearlos con gas. Aun así la movilización siguió hasta llegar al parque para intentar meter fuego al palacio municipal como una respuesta agresiva a la crisis política que el país enfrenta.

En distintos puntos del país las calles parecen un campo de batalla.

La crisis de este país violento se ha canalizado con la crisis política y podríamos estar ante algo nunca visto. El caos está reinando porque las instituciones del Estado se dedicaron a perpetuar al presidente en el poder y no a solucionar los problemas de la población. El caos reina porque la incertidumbre nos muestra una insurrección popular sin guía. Han pasado 5 días después de las elecciones y el presidente -y candidato por el Partido Nacional- no ha dado alguna declaración en su calidad actual de mandatario, Honduras parece haber caído en el vacío.

El lugar donde se cuentan las actas, el Instituto de Formación Profesional (INFOP) está sitiado. Nadie pasa por las vallas militares que se han colocado en los accesos. Esta madrugada una manifestación de simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura fue disuelta con gas lacrimógeno y a las 6 de la mañana se estaba reuniendo de nuevo. Aunque este día el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prometió dar los resultados a más tardar las 6 de la tarde, ya esta gente no le cree. Nadie aceptará los resultados y el descontento se muestra en las calles.

En diferentes puntos del país: La Ceiba, El Progreso, Tela en el norte y en Tegucigalpa, la capital hubo manifestaciones que fueron desalojadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional este día. David Matamoros Batson, magistrado presidente del TSE aseguró esta tarde que casi se pierden las elecciones por el altercado en el INFOP en la madrugada porque tuvieron que suspender el conteo y dejar de actualizar el sistema. La gente grita en las calles que se fragua un fraude, mientras en las últimas horas Juan Orlando Hernández ya le lleva ventaja a Salvador Nasralla con 1.19%.

“Hoy el Tribunal va a proclamar a Juan Orlando Hernández como presidente ganador, pero si este gobierno se queda en el poder se tendrá que someter a las consecuencias. Esta vez  la gente no se va a dejar robar las elecciones”, expresó Jari Dixon, actual diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) quien se encontraba en las afueras del INFOP durante la protesta.

Con el paso de las horas los ánimos de la gente se fueron caldeando y eso hizo que la manifestación se partiera, un grupo se tomó el Bulevar Centroamérica haciendo barricadas con láminas, vallas destruidas y pedazos de madera. De inmediato ubicaron piedras para enfrentarse con los militares quienes hasta las 12 del mediodía hicieron presencia para desalojar la calle.

Mientras en el bulevar Centroamérica la situación se tornaba violenta, frente al INFOP la gente departía, incluso un par de señoras de la iglesia evangélica repartía panes con mantequilla para el desayuno.

El despliegue militar comenzó a lanzar gas lacrimógeno y los manifestantes piedras, la batalla comenzó en ausencia de los líderes de la Alianza: Salvador Nasralla y Manuel Zelaya.

Juan Ramón Flores, candidato a diputado electo por la Alianza en el departamento de Comayagua estaba en la protesta, fue gaseado. Flores asegura que la situación se torna cada vez más peligrosa, al punto de que Salvador Nasralla puede ser asesinado. “Ayer él y Manuel Zelaya fueron lesionados”, y una señora interrumpió para decir que una persona disparó al carro donde los líderes de la Alianza e Iroska Elvir, esposa de Nasralla quien además está en estado de embarazo, se transportaban después de la represión en el INFOP.

“Eso pasa en las dictaduras y eso es lo que hay aquí, si los matan a ellos ¿quién nos va a gobernar?” expresó Flores.

Durante la protesta, un hombre en motocicleta pasó haciendo disparos, los manifestantes lo capturaron. “Hay infiltrados”, asegura Flores y por eso insiste que la gente se debe autoconvocar  a las calles que solo allí se van a ganar estas elecciones.

 

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

 

A medianoche los policías antimotines sacaron los gases lacromógenos contra miles de personas que protestaban en las afueras del Instituto de Formación Profesional (INFOP) en Tegucigalpa, donde han llegado las actas que faltan por contar y que definirán quien será el presidente electo de Honduras. Ni los observadores de Derechos Humanos que llegaron de Chicago a observar el proceso de llegada de actas se salvaron del gas.

El altercado sucedió después de que llegaron unos camiones con material electoral al mismo tiempo que llegó el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Los ánimos se caldearon y algunos manifestantes botaron el portón de entrada. Esta fue la excusa para reprimir una protesta que había sido pacífica hasta esa hora de la noche.  

Hace apenas 8 años en Honduras ocurrió un golpe de Estado por suponer que Manuel Zelaya consultaría al pueblo si lo quería como candidato a la reelección. Hoy el presidente Juan Orlando Hernández está ganando las elecciones como primer presidente que se reelige desde la entrada en vigencia de la actual constitución de la república. Con una estrecha ventaja de 1% supera a Salvador Nasralla, un outsider sin partido que no tuvo más remedio que unirse a Manuel Zelaya en lo que parece ser una revancha. En medio, un pueblo empobrecido –con la dignidad intacta— que aun no pierde la esperanza, pero se enfrenta al desgaste.

Nasralla denunció esta noche que le están robando las elecciones. “Según el conteo de nuestras actas, Salvador Nasralla es el presidente electo de Honduras”, dice como si hablara de alguien más, habla en tercera persona. Está nervioso, transpira, Iroska Elvir limpia su frente, su cuello. Él levanta la mirada, traga grueso. Las caras de todos los presentes en la mesa de conferencia de prensa en la sede del partido Libertad y Refundación, muestran desconcierto.

El Tribunal Supremo Electoral cometió un grave error, en horas de la tarde se puso en evidencia al apagar el sistema  y después pedir perdón. Nasralla también puso en evidencia su falta de cálculo al firmar un convenio de no agresión con la Organización de Estados Americanos prometiendo aceptar los resultados del TSE, esto un par de horas antes del apagado del sistema.

Manuel Zelaya asegura que Nasralla fue engañado y públicamente lo hace retractarse. Nasralla se pone aun más nervioso. La gente comienza a gritar: ¡Fuera Joh! ¡Queremos resultados hoy! ¡Vamos al INFOP! Nasralla como quien no puede controlar un mar de gente enardecida les dice que él no puede apurar al Tribunal y que quien quiera salir que salga. En un minuto cambia de opinión y le dice a la gente que salga y que él irá con ella.

Se encontraron en el INFOP que ahora es un campo de batalla.

El pueblo lenca al que Berta Cáceres protegía parece haber votado por Gladys Aurora López quien con un arrasador resultado se lleva la primera diputación del departamento de La Paz donde funcionan sus empresas hidroeléctricas a pesar de haber sido señalada esta semana de participar en el asesinato de Cáceres.

El gran ganador de las elecciones en Honduras es el Partido Nacional, aun cuando no gane la presidencia. El Congreso Nacional lleva ya 46% de mayoría nacionalista y el 53% de las municipalidades. Y muchos de los candidatos a reelección en puestos de diputación y alcaldía que han creado sus feudos en los municipios que gobiernan siguen ganando arrolladoramente: Rodolfo Irías Navas, Óscar Nájera, Oswaldo Ramos Soto, Antonio Rivera Callejas y no podía faltar Gladys Aurora López. Todos ellos piezas claves para continuar los planes del gobierno actual.

López tiene una sonrisa como fijada con pegamento, se ve cansada pero sonríe. En una conferencia de prensa en la que Juan Orlando Hernández, por tercera vez se proclama ganador, Aurora López celebra y dice estar contentísima.

“Quiero hacer un llamado a la gente en Honduras que mire en el pasado, ya se han declarado presidentes con 3% de ventaja. El Partido Nacional con sus actas podemos ver que ganamos con una diferencia de más de 90 mil votos sobre quien ya se está declarando sin que el Tribunal Supremo Electoral haya terminado de escanear más del 50% de las actas”, López no habla de su presidente que se acaba de declarar ganador, habla de Salvador Nasralla quien también lo hizo.

Gladys Aurora López es una mujer poderosa y controla su departamento, de mayoría indígena lenca. En La Paz, su esposo Arnold Castro tiene dos concesiones de uso de ríos para la producción de energía hidroeléctrica, a pesar que eso viola la ley de contratación del Estado que dice que ningún familiar de un funcionario público puede celebrar contratos con el Estado.

Pero eso no es lo más grave, y no parece importarles mucho a los Castro López. Gladys Aurora López fue señalada esta semana por María Luisa Borjas, comisionada de policía en condición de retiro, de estar involucrada con su esposo en el asesinato de Berta Cáceres. Aurora López es por ahora la pieza clave para sostener el plan del extractivismo que pasa por las concesiones de ríos para producir energía (hay 111 concesiones hidroeléctricas a nivel nacional) y las concesiones mineras, petroleras y de zonas especiales de desarrollo en todo el territorio nacional.

Felipe Benítez, del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (Milpah), asegura que las cosas se pondrán peor en su comunidad. Benítez es un hombre lenca que vive en Santa Elena, La Paz, donde se oponen a la instalación de una de las represas de Castro: la Aurora III. “Ella queda como diputada porque allí anda regalando cosas a la gente pobre, pero sabemos que si queda todo se pondrá peor aquí y debemos planificar qué acciones hacer”, expresa preocupado. Benítez ha sido amenazado en múltiples ocasiones por empleados de las hidroeléctricas por denunciar el robo de sus ríos, esos ríos que antes pasaban cerca de su casa y que hoy son nada más un camino de piedras secas por las que atraviesa un tubo que es donde va el agua.

Gladys Aurora se ríe cuando se le mencionan estos señalamientos de Borjas −quien también ha quedado como diputada por la Alianza de Oposición en el Congreso Nacional− y agradece la publicidad.

“Veo que lo hicieron como medida desesperada, mi departamento es un departamento que no estaban ganando quienes militan en ese partido de donde vino la denuncia. Es un tema político, recuerdo que lo hicieron cuando yo estaba fungiendo como presidenta del partido y yo fui a aclararlo a la fiscalía. A quienes trataron de dañarme que revisen las actas, me hicieron el favor, aprovecho para agradecer el favor, porque la indignación de esas denuncias se volcó hacia mí, fue un gane arrollador. Me dieron el empujón para ganar, indignar a la gente con acusaciones injustas beneficia a quien señalan”, indicó con aparente paz y la sonrisa fijada con maquillaje.

¿Es real la paz de Gladys Aurora?

Con una diferencia irreversible de más de 140 mil votos por debajo de su contendiente más votado, Rihanna Ferrera la primera mujer transgénero de Honduras en llegar hasta unas elecciones generales, deja atrás su sueño de ser diputada por los próximos cuatro años.

Uno de los más difíciles retos que en esta contienda electoral no pudo vencer, fue ser inscrita por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el nombre de Rihanna Ferrera que la define con su identidad de género, y por el contrario, su fotografía apareció bajo el nombre de Pedro Ernesto Ferrera Sánchez.

“Yo sabía que mi inscripción como Rihanna Ferrera era ilegal porque en este país no tenemos leyes sobre identidad de género, pero como yo vi que inscribieron a Juan Orlando siendo ilegal la reelección, pensé que me podrían inscribir también a mí como Rihanna” expone al referirse a su inscripción para estas elecciones.

Sin embargo, para Rihanna Ferrera Sánchez el simple hecho de haber llegado hasta los comicios generales ya es un gran avance en su lucha por la reivindicación de los derechos de las personas de la comunidad LGTBI.

Previo a que Rihanna ejerciera el sufragio la mañana del domingo 26 de noviembre en el Instituto Técnico Honduras de la Colonia Kennedy, manifestó que su gran expectativa era ganar “para poder desde adentro (en el Poder Legislativo) trabajar por construir en Honduras una democracia más participativa, inclusiva y sin discriminación”.

Aunque en Honduras estamos cerca de la inclusión, aún hay mucho trabajo por realizar, según lo valora Erick Martínez, secretario de asuntos de la comunidad LGTBI en el Partido Libertad y Refundación que integra la Alianza de Oposición contra la Dictadura en los presentes comicios electorales, al consultársele si realmente al ganar La Alianza se garantizarán los Derechos Humanos a la comunidad LGTBI.

Martínez reconoce que aunque en Libre y en el Pinu hay apertura e inclusión para los representantes de diferentes grupos vulnerabilizados, es necesario trabajar más a nivel estructural y de base para lograr que más candidatos de la comunidad LGTBI lleguen no solo a participar, sino que logren ostentar el poder y la toma de decisiones.

Erick reconoce en Rihanna a una lideresa que ha trabajado desde otras trincheras por la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, por los derechos de las mujeres transgénero y transexuales y por los Derechos Sexuales y Reproductivos en general y es probable que eso le adjudicara los 11 mil votos obtenidos durante esta contienda.

De forma peculiar, Rihanna obtuvo mayor número de votos en la urna 9632 del Instituto Salesiano San Miguel, uno de los centros educativos donde generalmente votan personas de clase social media y alta, no así en la mayoría de los centros educativos de zonas rurales de Francisco Morazán donde no logró ni un voto.

¿Es entonces el tema de la inclusión un tema de clases sociales? ¿Será el respeto a la identidad de género un tema de formación académica? ¿Está relacionada la inclusión y respeto a la diversidad sexual al poder adquisitivo?

Rihanna Ferrera, una mujer de 29 años, que nació un 2 de febrero de 1988 en la turística ciudad de Tela, Atlántida enfrentó a lo largo de su vida diferentes formas de discriminación y rechazo, y durante el proceso electoral no fue diferente al ser sentenciada por uno de los magistrados del TSE, al decir que agradeciera por dejar que saliera maquillada y con el pelo largo en la papeleta y no con corte de varón, como lo cuenta ella.

Para Erick Vidal Martínez “la lucha por el respeto de los Derechos Humanos debe ser una tarea de todos y todas y no sólo responsabilidad de unos cuantos”, y a propósito rememora el asesinato en 2012 del periodista y defensor de Derechos Humanos Erick Ávila, quien además fue uno de los primeros líderes de la comunidad LGTBI en intentar participar en la vida político-partidaria de Honduras.

Martínez concluye que es indispensable para la construcción de una democracia participativa, que la comunidad LGTBI no sólo sea incluida en la agenda política de los partidos, sino que se garanticen las condiciones para que la comunidad LGTBI pueda acceder a la toma de decisiones y allí defiendan por mérito propio, sus luchas vividas.

La organización Lésbica Cattrachas da seguimiento a la denuncia interpuesta por Rihanna Ferrera en cuanto a las anomalías de su inscripción y a las amenazas a muerte que durante el proceso electoral ha recibido. Esta misma organización reporta un total de 50 asesinatos de odio de personas de la comunidad LGTBI entre 2016 Y 2017 y sólo 9 de ellas fueron judicializadas.

“Siguen siendo las mujeres transexuales las mayormente impactadas por esta forma de violencia” lamenta Rihanna quien seguirá luchando desde otras trincheras.

San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras vivió las elecciones  en un ambiente de más tensión, sobre todo por haber sido escenario de una campaña política basada en el combate a la inseguridad, después de ser la ciudad más violenta del mundo. En sectores conflictivos como la RIvera Hernández la gente salió a las calles, votó con esperanza que las cosas mejorarán en su colonia.

El sector Rivera Hernández está conformado por 189 colonias. Un sector conocido por la violencia pero que tiene expresiones multiculturales y diversas. Más de 200 mil personas viven en esta zona de la ciudad de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas en América Latina. En este sector, el 26 de noviembre era esperado, la Rivera Hernández fue usada para la campaña política del actual presidente, candidato a la reelección para justificar mayor militarización y criminalización de jóvenes, para decir que sus políticas de seguridad pública sí funcionan.

Las casas de los partidos políticos son visibles en la calle principal que une a todas las colonias, llaman la atención incluso fuera del ambiente electoral. El 26 de noviembre se miraban mucho más coloridas que otros días, pero menos visitadas.

El transporte urbano aparentaba transitar la ruta normal en las calles, sin embargo, en esta ocasión lo hacían en un término de camuflaje para poder transportar a las personas de los diferentes partidos políticos en contienda, mientras que las familias y amigos compartían en sus espacios privados con algo de indiferencia ante lo que sucedía en los centros de votación, aprovechando también el momento para vender frutas, golosinas e incluso lotería por si la suerte no cambiaba con el voto.

El presidente Juan Orlando Hernández se ha declarado presidente reelecto y señala un mapa donde 13 departamentos son azules como símbolo que ha ganado a nivel municipal, en el Congreso Nacional y en la presidencia. Su militancia celebra, no con mucha alegría, sino más bien molesta por no sentirse segura que su presidente queda 4 años más. En las calles se disputan los resultados que el Tribunal Supremo Electoral no termina de dar, mientras Salvador Nasralla también se proclama presidente y denuncia un fraude electoral.

“No queremos ser como Venezuela” “No queremos un presidente homosexual” “No queremos que los mareros nos gobiernen”, gritaban nacionalistas que se unieron a una caminata multitudinaria en apoyo al presidente Hernández. Los ánimos están caldeados en la calle, el TSE libera poco a poco los datos y comienza a mostrar una diferencia cada vez menor entre el resultado que coloca a Nasralla como ganador y a Hernández en segundo lugar.

Las actas definitivas son las de la zona rural, según Juan Orlando Hernández, pero Marcos Ramiro Lobo, magistrado suplente del TSE dijo a Contra Corriente que los expertos asesores del Tribunal Supremo Electoral han dicho que es irreversible la tendencia que da el gane a Nasralla.

Las calles son ahora el escenario, las urnas  no están siendo bien contadas.

 

 

Texto: Jennifer Avila

 

El magistrado Marcos Ramiro Lobo, miembro del Tribunal Supremo Electoral ha dicho hasta el cansancio que la tendencia brindada la madrugada del 27 de noviembre que coloca a Salvador Nasralla como ganador de los comicios, es irreversible. Pero hoy que las actas de la zona rural llegan a la capital y ese voto se cuenta, la tendencia a favor de Nasralla ha ido bajando, ahora solo lo separan del presidente Juan Orlando Hernández apenas un 2% de los votos. Mientras los números cambian las calles gritan.

Juan Orlando Hernández convocó a una conferencia de prensa para decir que “esto no se acaba hasta que se acaba” y que las actas que su partido reflejan que ha ganado las elecciones. Mencionó que es tendencia en el mundo tener elecciones reñidas, su ejemplo: Estados Unidos con Donald Trump y Hillary Clinton.

“Hacemos llamado a la prudencia a los partidos, probablemente este día ya tengamos la totalidad de las actas procesadas, eso dará que el TSE de un escrutinio oficial. Entendemos que hay una gran tensión en el pueblo, la ciudadanía está expectante, tratamos de hacer las cosas correctamente, tal y como resultan los escrutinios, debemos ser transparentes, declarar ganador al presidente que eligió el pueblo hondureño. Los votos ya fueron contados, las actas completadas, solo falta sumar actas, tenemos un sistema seguro y confiable. Se ha marcado una tendencia muy clara y se mantiene, una tendencia que arroja muestro sistema electoral”, expresó Lobo después de la declaratoria de Hernández.

Lobo dice que no hay tensiones dentro del TSE pero el Partido Nacional lo ha declarado aliado de la oposición por dar estas declaraciones. Mientras en la calle los seguidores del PN gritan 4 años más y aseguran que Hernández ha ganado y que les quieren robar el triunfo.

“Juan Orlando ya ganó, que eso te quede claro”, nos respondió un militante cuando preguntamos cómo reaccionarán si el TSE declara ganadora a la Alianza en la presidencia.

“Un robo se está fraguando”

Hace sólo unas horas el candidato presidencial de la Alianza de oposición contra la dictadura Salvador Nasralla, en conferencia de prensa denunció que en Honduras “se está fraguando un robo” de las elecciones por parte del Partido Nacional.

Nasralla solicitó formalmente que tanto la ONU, como la OEA instauren en Honduras comisiones de investigación y no de observación, debido a que están recibiendo denuncias de que empleados del Tribunal Supremo Electoral “fueron presionados para introducir actas adulteradas que no son parte del proceso”.

Además, el presidenciable de la Alianza instó a que el TSE brinde un veredicto parcial sobre los resultados hoy, y no mañana jueves como lo han determinado las autoridades de esta institución, ya que asegura que el magistrado presidente del TSE David Matamoros Batson está siguiendo órdenes del Presidente de la República para demorar el proceso y así “concretar un posible fraude”.

David Matamoros Batson ha declarado en conferencia de prensa que el 100% de las actas estarán escrutadas en la madrugada del jueves y que aun no pueden dar resultados preliminares.

“No hemos tenido intervención de nadie, estamos actuando conforme a la responsabilidad como funcionarios”; salió al paso Marcos Ramiro Lobo del TSE y agregó que esta debe ser la última forma en que se debe celebrar elecciones de esta naturaleza, es altamente arriesgado con la actual ley electoral, debemos modernizar el sistema, en el tema de depuración del censo, conformación de una mesa partidizada, no podemos seguir con una mesa representante de partidos políticos. Hicieron campaña atacando al TSE, muchos dijeron del fraude y les podemos decir que actuamos de forma transparente contando las actas tal y como lo han entregado las mesas”,culminó.

Minutos después de la conferencia de prensa en la que la tendencia comienza a estrecharse, Nasralla llamó a la gente a las calles a defender el voto. «Vengan a Tegucigalpa a salir a las calles a defender el voto que dieron en las urnas», pidió.

El diputado de Libertad y Refundación, Jorge Cálix dijo seguro que no hay de qué preocuparse con la baja de la tendencia, porque con el 100% de las actas Nasralla gana.

«Todos tenemos el 100% de las actas, ahora solo van a ingresar en las que va ganando Juan Orlando Hernández, para mostrar que el margen se va reduciendo, y lo van a estrechar al mínimo. Jamás nos van a superar, ténganlo claro, lo que quieren es negociar, llevarnos al extremo para negociar. Acuérdense que esta gente tiene problemas, los quieren extraditar, van presos, se robaron el IHSS, son socios de los “Cachiros”. Eventualmente meterán las actas en que gana Salvador y el margen regresará, la tendencia es que Salvador va a ganar por 5% », expresó.

Mientras tanto, las calles de Tegucigalpa se llenan de bulla: “Fuera Joh” “Viva Joh”.

 

Con reportes de Pamela Sánchez, Vienna Herrera y Jennifer Avila.

Fotografías de Martín Cálix.

Honduras fue a elecciones el 26 de noviembre sin reformas a la ley electoral, con una candidatura inconstitucional a la reelección presidencial y un candidato de oposición “outsider”, el comentarista deportivo Salvador Nasralla que se posiciona con 5% de ventaja como presidente electo en estos comicios. Pero ambos candidatos se han declarado vencedores y ninguno quiere dar su brazo a torcer.

Ayer frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) miles de personas celebraban el triunfo de la Alianza de Oposición contra la Dictadura con Salvador Nasralla en la presidencia. Era una fiesta, pero también había indignación por el silencio del TSE y exigían resultados.

Después de los resultados preliminares dados en la madrugada del 27 de noviembre, el TSE apenas ha actualizado 178 mesas electorales receptoras y aún faltan más de 700 mil para dar el resultado definitivo. Sin embargo, según el magistrado suplente Marco Ramiro Lobo la tendencia ya es irreversible.

Pero no es un triunfo avasallador el del outsider. Si gana la presidencia con el poco rango de diferencia, según los resultados preliminares del TSE, Nasralla cogobernaría con un Congreso Nacional con mayoría nacionalista.

En la fiesta de la Alianza, en medio del tumulto de gente estaba el dirigente popular y ex candidato a la presidencia por una candidatura independiente que se retiró tras el golpe de Estado. Carlos H. Reyes dice que Nasralla tendrá que gobernar sabiendo que se enfrenta a los militares, a una élite económica que no dará su brazo a torcer y a un Congreso Nacional nacionalista. La transición del poder no será fácil. “Yo me imagino que él (Juan Orlando) estará negociando a ver qué cuota de poder le queda para seguir impune, lo que buscaría negociar es que no se le toque”, dijo Reyes.

Advirtió además a miembros de la Alianza que podrían estar negociando en esta transición del poder que pueden caer en alguna trampa.

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Pero la gente no se siente nerviosa por esto, el ambiente de celebración y esperanza era evidente y el triunfalismo se concretó en una frase de Manuel Zelaya Rosales “cumpliremos lo que prometimos en campaña”, mientras a su lado estaba Xiomara Castro y su hija Hortensia “La Pichu” Zelaya, la familia presidencial que llegó antes que el ganador Salvador Nasralla.

En el plantón de la Alianza estaba Ann-Margarethe Lihv, vicealcaldesa de Estocolmo, quien con una delegación de políticos de la Unión Europea observó el proceso electoral. “Esto es desastroso, que el Tribunal no presente los resultados cuando debe y que genere esta incertidumbre. Es desastroso que los candidatos se declaren ganadores así”, dijo Lihv quien además aseguró que vio muchos abusos en las mesas electorales donde faltaba material y además trataban de manipular a los votantes.

Los azules a defender el voto

Antes que el Tribunal habla en medios de comunicación habla el presidente Hernández y se proclama ganador, ya lo ha hecho 3 veces.

Hernández en conferencia de prensa presentó un nuevo mapa, uno azul que lo declara ganador no solo a él sino a su partido en el Congreso Nacional y las alcaldías.

“Esto no se acaba hasta que se acaba”, dijo Hernández quien además llamó a no confrontarse con la Alianza Opositora pero sí a celebrar porque no hay duda de su éxito en las urnas.

Contrarrestando los resultados del Tribunal, quien ha declarado ganador a Hernández es Arturo Corrales Álvarez con su empresa Ingeniería Gerencial. Corrales quien ha sido asesor, canciller y ministro en los gobiernos nacionalistas los últimos 7 años.

El silencio del tribunal es solo la cereza en el pastel de un proceso lleno de irregularidades desde el inicio. Las elecciones se dieron en medio de un ambiente de desconfianza por la falta de reformas electorales que no permitieron un proceso en el que todos los partidos políticos tuvieran voz de decisión, además por la concentración de poder y control del actual presidente que también era candidato y su posible injerencia en el Tribunal Supremo Electoral.

“Hay muchas cosas graves en el país, por ejemplo que el Tribunal Supremo Electoral inscribió la candidatura del presidente cuando la Constitución de la República lo prohíbe”, dijo el dirigente Carlos H. Reyes.

El Partido Nacional ha llamado a sus militantes a defender el voto en las calles. “En las calles nos está ganando la Alianza, ahora debemos salir a defender el triunfo que estamos teniendo en el Congreso Nacional y que no dudamos también hemos logrado en la presidencia de la república”, dijo Ricardo Álvarez en la cadena Radio América. Un grupo de nacionalistas atendieron el llamado en minutos y realizaron una caravana del Partido Nacional cerca de su sede.

Foto: Jennifer Avila

El otro outsider

Un actor que en estas elecciones ha ganado confianza es el Partido Liberal con la candidatura de quien dice ser un outsider también: Luis Zelaya. A 24 horas de las elecciones, Zelaya aceptó el triunfo de Nasralla y se sentó con él en una conferencia de prensa para anunciar un pacto de unidad con el gobierno de la Alianza.

Zelaya no se representa a sí mismo, representa a un partido político hecho trizas después del golpe de Estado, pero sobre todo responde a la élite económica de cepa liberal. El gobierno de la Alianza tendrá una correlación de fuerzas diversa. Los dos outsiders en esa mesa lo muestran y en el Congreso Nacional se necesitan ante la aplanadora nacionalista que lleva 62 diputados según el último conteo del TSE frente a 32 de LIBRE y 26 del Partido Liberal.

El gobierno de la Alianza podría romper la dinámica que desde el golpe de Estado se materializó: el control de los tres poderes del Estado que no permitió su complementariedad en el ejercicio del poder, sino que aumentó el autoritarismo del presidente Hernández. Nasralla no puede ser solo un outsider que ganó la presidencia, los retos lo rebasan.

Las elecciones generales en Honduras el 26 de noviembre mostraron un clamor popular de rechazo a la reelección presidencial. Aunque la ventaja de Nasralla sobre Hernández es aun corta, las expresiones del «Fuera Joh» fueron evidentes y el voto fue más de castigo al presidente que de simpatía con Nasralla. En las mesas electorales la gente observó, fiscalizó y exigió elecciones transparentes.

 

Hoy podría ser histórico, el Tribunal Supremo Electoral ha declarado una ventaja de 5 puntos que le podría dar la victoria en los comicios a Salvador Nasralla de la oposición por encima de Juan Orlando Hernández, el presidente actual, a quien las encuestas proclamaban vencedor. El 26 de noviembre Honduras vivió elecciones en medio de la tensión y la ilegalidad. El actual presidente, Juan Orlando Hernández logró maniobrar para ser candidato a la reelección presidencial aunque la Constitución de la República lo prohíbe. Por otro lado, un candidato «outsider» dentro de una Alianza de Oposición cuyo líder es el ex presidente derrocado en 2009.

En la zona hotelera donde el Tribunal Supremo Electoral instaló su centro de cómputo en Tegucigalpa, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional organizaron una fiesta para celebrar el triunfo. Un triunfo que es posible no llegue. Con un despliegue de seguridad, en su fiesta privada aseguró ser el presidente por 4 años más. Pero el entusiasmo estaba opacado por el silencio del Tribunal Supremo Electoral que aun no daba resultados preliminares y por Nasralla, quien también se había proclamado ganador minutos antes.

El TSE convocó a una conferencia de prensa posterior al cierre de urnas a las 7:30 pm, pero esa conferencia no se dio hasta las 2 de la mañana del 27 de noviembre. Ese silencio estaba generando un clima de temor, y comenzaron a llegar los comandos antimotines a la zona hotelera. El TSE tuvo que hablar, la Alianza de Oposición cantó el himno nacional y bailó las canciones AntiJoh para celebrar un triunfo que aun tampoco está dado.

Reproducido con autorización de El Faro

En menos de una década, el general hondureño Romeo Vásquez pasó de encabezar un golpe de Estado a ser candidato presidencial. Este domingo 26 de noviembre se enfrenta en las urnas al partido del hombre al que derrocó en junio de 2009, Manuel Zelaya, y a un presidente, Juan Orlando Hernández, que se quiere reelegir contra lo que ordena la Constitución.

Carlos Dada / Fotos Fred Ramos

Romeo Vásquez Velázquez, general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Foto Fred Ramos.

El general Romeo Vásquez Velázquez pasó a la historia el 28 de junio de 2009, cuando, siendo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, ordenó la captura y expulsión del presidente Manuel Zelaya Rosales, dando origen a una crisis política de la cual su país todavía no termina de salir. Ahora, ocho años y medio después, aquel militar duro y disciplinado viste de civil, sonríe a todo mundo y se deja entrevistar, aunque para ello haya que esperar a que salude a todos los comensales de un restaurante y converse unos minutos con cada uno. Les pide el voto. Aquel golpista o héroe, según a quién se le pregunte, es hoy candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica y se declara enemigo de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández.

Las encuestas no auguran un triunfo electoral para el general Vásquez y acaso eso le permite elaborar un discurso menos precavido, con la libertad de aquel que sabe que sus críticas al poder tradicional hondureño, el político y el económico, no le impedirán gobernar. Porque no parece que el general vaya a gobernar este país. Al menos no a partir de las elecciones de este domingo, 26 de noviembre.

Este hombre confiesa haber albergado esperanzas en junio de 2009, de que con sus acciones el sistema político podría enmendarse y servir al pueblo. Ahora, confiesa, está desencantado: “Las cosas están peores”.

¿Qué lo llevó a pasar de las armas a la política?
El desencanto con el sistema político. Si nos vamos a una guerra interna, perdemos todos. Las Bolsas Solidarias no son una solución. La gente espera más. Es la revolución de las expectativas.

¿La revolución de las expectativas?
Sí. En las Fuerzas Armadas me enseñaron que antes de cada misión había que asegurarse de que los soldados estuvieran bien alimentados, que les hicieran chequeos médicos para que estuvieran en óptimas condiciones físicas, de salud, y que conocieran muy bien los detalles de la operación, la información… Es lo mismo: necesitamos garantizar a los hondureños alimentación, salud y educación. Eso es lo primero.

¿Eso cómo se logra?
Estamos en una crisis de empleo. Hay 3 millones de hondureños con problemas laborales. Necesitamos atraer inversiones, y eso solo se logra con seguridad. Honduras necesita un cambio, y estas elecciones son nuestra mejor oportunidad.

¿Se da cuenta, general, de que ese es el mismo discurso del presidente Hernández?
¿Cómo va a ser el mismo discurso?

Él ha basado su campaña en pedir “que continúen los cambios”, y alardea de supuestos éxitos en materia de seguridad y en creación de empleos.
Juan Orlando Hernández no ha hecho los cambios en seguridad ni han venido las inversiones. ¿Cuáles cambios? El presidente ha hecho una altísima inversión en seguridad, y la solución no es sacar a los soldados a las calles y meter a todos a la cárcel.

Es curioso escuchar a un general decir que la solución no es sacar a los soldados a la calle…
Precisamente porque sé de eso. La seguridad debe ser integral, global. Necesitamos invertir en los lugares donde hay jóvenes que no encuentran trabajo ni soluciones para su vida. Yo entré en la política por razones humanistas, no políticas. Porque alguien necesita ayudar a todos esos jóvenes. Hay que hacer mucho en prevención y en inversión social.

Los dos partidos principales de oposición, la Alianza Opositora y el Partido Liberal, dicen que desconfían del Tribunal Supremo Electoral y que no reconocerán los resultados si dan por ganador al presidente Hernández. ¿Usted confía en el TSE?
No. Nadie confía en el TSE. Yo tampoco. Está controlado por el partido que gobierna.

Y si nadie confía en el árbitro, ¿cómo se legitima un resultado?
Esperamos que los observadores hagan bien su trabajo y que determinen que el proceso electoral ha sido transparente.

¿No le parece paradójico que usted, la persona que ordenó el derrocamiento de Zelaya por pretender preguntar a los hondureños qué pensaban sobre la reelección, ahora se enfrenta a un presidente que busca la reelección?
La reelección del presidente es ilegal. Lo que era ilegal ayer es también ilegal hoy. ¡Es ilegal! Aquí ha habido una componenda entre los partidos políticos.

Usted era el jefe de las Fuerzas Armadas y ordenó el derrocamiento. Ahora el Ejército apoya al presidente Hernández.
Yo no ordené nada. Sólo cumplí la ley. La Corte Suprema dijo al presidente Zelaya que no podía proceder con la cuarta urna y él insistió. Yo sólo cumplí una orden de la Corte. Ya después los políticos se arreglaron.

¿Qué haría usted si ahorita mismo fuera el jefe de las Fuerzas Armadas?
¡Haría exactamente lo mismo! Yo defiendo la Constitución, y nuestra Constitución es muy clara a pesar de la resolución de la Corte. Si la Corte no ordenó ahora lo mismo que en el 2009, al menos la Fuerza Armada ejercería mucha presión para evitar esto.

¿Por qué cree que la Fuerza Armada no lo hace?
Porque la Fuerza Armada ahora está controlada por el poder político. Estas elecciones son atípicas, porque puede haber una confrontación.

Foto: Fred Ramos

Me queda claro su desencanto con el sistema político. ¿Usted esperaba algo distinto después del golpe o crisis del 2009?
Por supuesto. Tenía la esperanza de que con ese acto (el derrocamiento de Manuel Zelaya) las cosas iban a cambiar. Pero fueron para peor.

Y ahora, con el beneficio de ocho años y un largo proceso político de distancia, ¿cómo evalúa lo que pasó entonces?
Solo la historia puede evaluar eso. Había un conflicto serio con el Socialismo del Siglo XXI. Estados Unidos retiró los fondos del Milenio por corrupción, y allí Chávez vio una oportunidad en Honduras. Vino y ofendió al pueblo hondureño, nos llamó pitiyanquis. Fue un proceso largo que venía desde antes. Tenía que ver con la corrupción. Todo tiene que ver con la corrupción.

Es curioso: en 2009 a usted le llamaban héroe nacional los empresarios, algunas capas de la clase media y media alta, los políticos del Partido Nacional y una parte del Liberal, el Ejército, los medios de comunicación… Justo los mismos que ahora apoyan la reelección del actual presidente. Usted ha sido marginado.
Esas son las hipocresías. Yo nunca me he sentido como héroe sino soldado. Lo que he buscado es cumplir con la Constitución. Me mueve el amor por mi pueblo.

Eso suena exactamente como Hugo Chávez, quien también era militar.
Sí, pero yo lo veo desde un punto de vista humanitario, no ideológico. Soy un hombre de fe.

¿No es ideológico? En el 2009, para justificar el golpe, el coronel Bayardo Inestroza me dijo que en Honduras habían parado a los comunistas en los ochenta y que no iban a permitir que un comunista les diera órdenes en pleno siglo XXI.
Yo nunca he pensado así. El conflicto de los ochenta ya pasó. Yo para entonces estaba en la frontera con Nicaragua y tenía amigos sandinistas y amigos contras. A veces nos matamos por tonteras, por ideologías. Las dictaduras son tan malas cuando son de izquierda como cuando son de derecha, y Juan Orlando Hernández quiere establecer una dictadura de hecho y de derecho. No creo en ninguna dictadura. Aquí hay sectores coludidos que hacen negocios con el Estado y a costa del Estado. Por eso estoy en contra de todos ellos. ¡De todos!

Desde aquellos eventos del 2009, general, se han multiplicado los aterrizajes de avionetas con drogas y hay serios señalamientos contra miembros del Ejército y de la Policía.
El narcotráfico no es una guerra hondureña sino norteamericana. Ellos son los principales consumidores y los que permiten que toda esa droga entre en su país. Esa no es nuestra guerra.

¿Pero cómo se explica que los aterrizajes se multiplicaron a partir del golpe o crisis política o como usted prefiera llamar aquello?
En 2009, los estadounidenses apagaron los radares. Desde junio hasta más allá de enero de 2010. Apagaron los radares y nos quedamos ciegos. Ellos son los que dirigen esta guerra, no nosotros. No nos dieron ninguna explicación. Allí aprovecharon los narcotraficantes para incrementar su actividad aquí. Ahora por Honduras pasan 1,200 toneladas anuales de cocaína. Honduras solo es un cooperante, no el que comanda esa guerra.

¿Y qué propone?
Tenemos que descontaminar todo el país. Que los narcos dejen de utilizar Honduras como su plataforma. Tenemos que seguir nuestras propias estrategias para evitar que entren en Honduras. El resto ya no es nuestra guerra. Lo nuestro es evitar que entren aquí. Hay que limpiar todos los sectores, incluyendo a militares y a policías. Eso es lo que necesita este país, un verdadero cambio.

¿Qué hará si pierde las elecciones?
Eso pregúntemelo pasado mañana.

Adelánteme algo. ¿Continuará en política?
Yo tengo un sueño, y se me puede cumplir a corto, mediano o largo plazo. Vamos a ver. Ahora mismo no sabemos ni qué pasará mañana por la noche. Uno nunca sabe lo que puede pasar.

Foto: Fred Ramos

Kilvett Beltrand es la imagen fresca del partido con liderazgos más antiguos en Honduras. El relevo generacional se ve con la figura de Juan Orlando Hernández en el Partido Nacional, aunque siempre agradezca a la vieja guardia llevarlo a ser uno de los presidentes más jóvenes de la historia. Beltrán dice que está en política porque su generación ha crecido inconforme, pero se está formando en el partido más viejo y que en este momento está promoviendo la imagen de un líder absoluto que se podría reelegir como si no hubiera un liderazgo nuevo para relevar.

Cuando Kilvett llega a un lugar no falta quien le pida una selfie para subir a redes sociales. Se ha convertido en el icono de una nueva generación de nacionalistas que promueven la reelección de Juan Orlando Hernández convencidos que el modelo de su gobierno es lo mejor que le puede pasar al país. Si a Juan Orlando lo acusan de estar ligado al crimen, Kilvett sale en la televisión diciendo que son ataques sin pruebas, que son callcenters venezolanos. Si se critica a su partido por actos de corrupción en los que están involucrados dice que pide equilibrio, porque todos los partidos han robado. Si le piden coherencia porque antes criticaba a Hernández y ahora lo alaba, él también pide hablar de cuando Salvador Nasralla criticaba a Mel Zelaya. Kilvett es un entusiasta.

Esta semana con el editorial publicado en el New York Times, se volvió a poner en el ojo mundial la crítica al autoritarismo de Juan Orlando Hernández; Beltrand, quien parece ser la cara amable para defender su partido, dice que un editorial escrito por alguien de extrema izquierda y además acusada de violencia política, no es veraz en lo que dice y que todo se toma de donde viene.

Y cuando se le pregunta sobre el acto de corrupción que señala al Partido Nacional directamente en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dice que es propaganda política.

–Hay una maquinaria bien orquestada para achacarle esto solo al Partido Nacional. Hay actores de todos los partidos en esto, es un ataque político electoral para generar una percepción y una imagen. Es entendible por la competencia política, desleal o leal, porque en política se vale de todo. Decía Joseph Goebbels estratega de marketing de la Alemania socialista «una mentira dicha tantas veces se convierte en verdad», y esto ha sucedido. Se habla de la cantidad de 7 mil millones que es mentira y otras cosas. Yo sostengo que debe ir a la cárcel todos los culpables del partido que sea.

Beltrand se considera un indignado, miembro de una generación que creció gritando, incómoda, sin embargo dice que el grito depende de donde se da, es útil y en las calles, el grito no soluciona nada. Tiene 30 años, lo que llamaríamos un millenial.

«Tengo que decir que yo era parte de las personas que me sentí indignado con lo del IHSS, debe caer hasta la última persona involucrada. Pero hay partidos políticos que se han encargado de acusar sin sustento. Por ejemplo, el líder de la Alianza, Salvador Nasralla dice que todos los periodistas son comprados, y no ha presentado ni una prueba. Él nunca ha ido a una conferencia de prensa presentando pruebas de acusaciones. Yo puedo decir cualquier cosa tuya, mientras no tenga como sustentarla se convertirá en un rumor de pasillo, un cierto sector de la población lo puede creer aunque no lo pueda probar», explica Kilvett, y al hacerlo parece no darse cuenta que es miembro del partido que ahora tiene control de todas las instituciones del Estado.

Y muchas cosas son de «show político». Beltrán ilustra esto diciendo que uno de los miembros del movimiento indignado, ahora candidato a diputado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Miguel Briceño, lo abraza en persona y lo ataca en redes. Aún a esa forma de hacer política, dice Beltrán, no se acostumbra.

Reelección

Kilvett apenas tiene un año de haber comenzado su carrera política en el Partido Nacional, estudia y sabe manejar el discurso de acuerdo a la imagen que proyecta. Podría ser un cuadro en formación para la presidencia. Él habla de la reelección presidencial como que solo fuera un tema de modernidad, de estar a la vanguardia en la política frente a nuestros vecinos.

–Es duro el choque generacional, no puedo decir que no, el partido se ha formado en base a liderazgos fuertes, sin embargo hay una apertura real. Hoy lo podemos ver en el partido, el presidente Hernández es el más joven en la historia del país, Reynaldo Sánchez, presidente del Partido Nacional es el más joven de la historia del partido. Hay hartazgo de la gente en política tradicional en esa imagen cuadrada del político que existe. Honduras era de los pocos países que no tenían la reelección. Incluso bajo el mismo proceso, Colombia la aprobó, está Nicaragua. Ortega es casi un prócer para la Alianza.

–¿Pero no es también un aliado del actual presidente Juan Orlando Hernández?

–Ortega es un aliado de Juan Orlando, muy fuerte, que ha reconocido los enormes avances, hemos trabajado de la mano con Nicaragua en el tema del triángulo norte. Supuestamente alguien de corte izquierda tiene relaciones con alguien de centro derecha pero si encuentran algo que beneficia a los dos trabajan juntos.

Según Beltrand, cuando la militancia nacionalista le pidió a Juan Orlando Hernández ser candidato nuevamente por parte del partido, entendieron desde el inicio que la reelección no es algo dado, que la gente lo decidirá en las urnas, y que ésa es la forma correcta, aunque no lo permita la Constitución de la República.

A pesar de eso, Beltrand no ve que sea necesario cambiar la Constitución, así puede quedar, siempre y cuando se sepa maniobrar.

Voto en plancha

La línea continua, base de la campaña del Partido Nacional, revive esa antigua práctica del voto en plancha, que había sido prohibido antes de estas elecciones y se reactivó ante la necesidad del Partido Nacional de ganar el Congreso de la República. A Kilvett, siendo un joven inconforme no le parece raro, ni molesto, lo importante es que la línea pase por su rostro en la papeleta.

–¿Para qué se crean los partidos políticos? –Pregunta, retórico, confiando en tener la respuesta–. –Para ganar elecciones, es para lo único, para llegar al poder. Recordame una vez que un partido político dejara de pedir el voto en plancha, mi primera noción es de 1994, yo recuerdo escuchar a Reina pedir el voto en plancha. Lo que te quiero decir es que ésa es una posición partidaria, el elector tiene la última palabra, hay gente como tú que no le gusta votar en plancha, hay otra que piensa como partido. «La línea continua», decían que es ilegal, es una forma diferente, pero no te estoy influyendo a ti, claramente veo que estás en contra del voto en plancha, no te estamos obligando a nada. –Dice, intentando su mejor sonrisa, la más simpática.

Hernández convenció a Kilvett y él, de paso se libra de toda la culpa de su partido, él dice no ser responsable de lo que otros nacionalistas hicieron. Confía en que lo avale su juventud, y su corta experiencia dentro del Partido Nacional, aún –confían– no ha tenido la oportunidad de llegar al poder. Pero este joven asegura que Hernández ha convencido con obras.

–En año electoral el país siempre iba mal económicamente. Ahora este es el año con más crecimiento económico a nivel macro que ha tenido el país. Hemos bajado casi en 30 puntos la violencia, es casi un milagro. Cuando me critican, esto sí creo que es demasiado, esos parques que ha hecho Juan Orlando para el esparcimiento, el desarrollo cultural, eso no se puede criticar. –Asegura Kilvett, quien además pone como prioridad el arte y los deportes en su propuesta para ser diputado, porque él –dice– también ha sido artista, ha  «declamado» poesía.

Kilvett, sin duda, es un entusiasta. Y podría ser el cuadro en formación del próximo liderazgo del partido más viejo de Honduras. Qué le falta. Qué tiene. Mañana lo sabremos.

Fotos: Martín Cálix

Una frase en un grafitti ha valido la censura al artista Maeztro Urbano. «Línea continua = muerte», escrita debajo de lo que emularía la gráfica de la muerte física de una persona vista desde un medidor de signos vitales. Pero ésta no es la primera vez que en la ciudad de Tegucigalpa se censura una pieza de Maeztro Urbano, y él no ha sido el único en ser censurado.

La última pieza de este artista callejero -siempre en el anonimato- llega en un momento en el que Honduras parece estar en una encrucijada de la que al parecer no podrá salir bien librada: las elecciones 2017, cruzadas por la reelección de Juan Orlando Hernández.

–Era parte de una serie de acciones que se iban a desarrollar en el espacio público. La idea era lograr de una manera básica, muy sencilla, pero muy sencilla, reflejar lo que realmente representa el hecho de una línea continua, que es lo que se está planteando desde el gobierno actual, el permitir que la bancada nacionalista sea mayoría en el Congreso y puedan reformular y cambiar leyes a su gusto, y lo que todo mundo suponemos que va a pasar: la continuidad indefinida de Juan Orlando. –Explica sobre la realización de su última pieza.

Dura, concisa, de carácter incendiaria. La pieza, pensada inicialmente para generar expectativa como parte de un proyecto de denuncia mucho más grande, ha puesto en evidencia la poca tolerancia que existe a las críticas públicas hacia el gobierno, hacia la reelección, hacia el Partido Nacional.

Juan Orlando Hernández ha llamado en distintos espacios –entrevistas y spots de radio y televisión– a los electores a marcar en raya continua por todos los diputados del Partido Nacional: «el cambio empezó, vota raya continua, vota Partido Nacional». Para Maeztro Urbano lo que sucedería tras las elecciones, es la instauración de una dictadura.

Explica también que existe desde hace unos años una regulación que implica la penalización del arte de calle, restringiendo las posibilidades de los artistas desde una serie de reformas al plan de arbitrios de la municipalidad del Distrito Central. «Hay penalizaciones si te agarran pintando, penalizaciones judiciales, podés ir preso y luego pagar multas excesivas», narra Maeztro Urbano.

–Existe ese temor a la represión, ese temor a ser enjuiciado, ese temor hasta de perder tu vida, por el hecho de opinar y de generar esa inquietud en la sociedad pasiva que también está amedrentada por la Policía Militar.

Maeztro Urbano cree que con la represión a los artistas gana el gris. «Al final ganó el gris ante el color», dice en una frase que cae como una sentencia. En 2014, una campaña impulsada desde el gobierno local de la ciudad de Tegucigalpa, implementó jornadas de limpieza de la ciudad, ésta consistía en borrar los grafitis que habían sido pintados en el espacio publico por artistas nacionales. En esa oportunidad la respuesta de los artistas sería con humor, pintando la frase «Yo amo el concreto» y bajo la frase el nombre del alcalde nacionalista Nasry «Tito» Asfura, como si él hubiese sido el autor de la frase. Pero las cosas han cambiado desde entonces, y para Maestro Urbano, sólo se ha recrudecido la represión y la intimidación a los artistas.

–Cuando el arte urbano empezó a tomar fuerza acá, y de alguna manera ocupar ese espacio abandonado que era el espacio público, en su momento se luchó contra las pandillas, se luchó contra las marcas territoriales de las maras, contra los puntos de narcomenudeo que están marcados con ciertas señales que indican ese tipo de acciones. Luego vino la aceptación de las personas, a la gente le empezaba a gustar, y ya no lo miraba como algo meramente vandálico o algo de gente sin quehacer. Apreciaban el arte, apreciaban los mensajes, reflexionaban sobre lo que se ponía en los espacios públicos. Luego vino la censura por parte del alcalde actual, donde se empezaron a borrar todos (los grafitis), vino una manifestación por parte de los artistas, de que esto era parte del retroceso como país. En un país para que exista desarrollo debe haber libertad de expresión.

Pero los artistas se cansaron de denunciar la represión. Maeztro Urbano explica que desde 2014 se está en un momento difícil para los grafiteros de la ciudad, ya que una pieza que podía llevarles entre cuatro o cinco horas de elaboración, era borrada en diez minutos por las cuadrillas de la municipalidad. El desgaste de los artistas que tienen que cubrir la producción de sus obras con su propio dinero, en una ciudad que no apoya la diversidad de pensamiento y el desarrollo del arte callejero, ha provocado que cada vez haya menos expresión del arte de calle en Tegucigalpa.

–Lo que queremos más allá de un «like» o de ser virales es crear reflexión en las personas.

Para Maeztro Urbano la vida de los artistas de la calle hoy está en riesgo. Cuenta que ya no sólo borran las piezas en la calle, ahora bloquean sus páginas de facebook y les sacan fotos, les levantan perfiles, les dicen que ya los conocen. Y jamás se identifican.

Foto: Maeztro Urbano

Reproducido con autorización de El Faro

Desconfianza quizá sea la palabra clave en los días y horas previas a las elecciones en Honduras, de las que surgirá quién asumirá en enero la Presidencia de la República. Los dos principales partidos de oposición desconfían del Tribunal Supremo Electoral porque creen que tiene los dados cargados a favor del presidente Juan Orlando Hernández, que se postula a la reelección avalado por una Corte Suprema, pero contra la prohibición expresa recogida en el artículo 239 de la Constitución.

A pesar de los afiches, las banderas y los colores, a la vista en toda ciudad latinoamericana en vísperas electorales, apenas hay movimiento en los locales de las tres principales fuerzas políticas que este domingo 26 de noviembre se disputan la presidencia de Honduras. Ni candidatos ni seguidores, ni siquiera alguien que entregue propaganda o consignas. Apenas deambulan unos cuantos administrativos de la campaña.

Los capitalinos andan tensos, inseguros. Esta tarde, en el supermercado, una señora compraba comida enlatada y botellas de agua “por si se pone fea la cosa”. Le pregunté qué creía que iba a pasar.

—Si gana Juan Orlando, los opositores no van a aceptar el resultado y puede ponerse violenta la situación.
—¿Y si ganan los opositores?
—¿Usted cree que Juan Orlando va a dejar que ganen? Eso no va a pasar.

Esta elección no se trata de votos, sino de quién los cuenta y cómo los cuenta. Y quién va a creer o no los resultados.

*

Los hondureños no han visto aún las papeletas y la Alianza Opositora ya está cantando fraude. Desconoce a los miembros Tribunal Supremo Electoral (TSE) y adelanta que no aceptará los resultados de las elecciones generales si dan por ganador a Juan Orlando Hernández.

Seis millones de ciudadanos han sido convocados para elegir al presidente, a los 298 alcaldes y a 128 diputados, pero dos millones de hondureños no votarán porque o están muertos o porque abandonaron el país hace varios años, lustros. El censo electoral no ha sido depurado a pesar de que ya en la anterior elección, en 2013, se advirtió que los “fantasmas” componían la tercera parte del censo. Con ese mismo censo, que data de 2004, se han convocado estas elecciones, cuatro años después.

La Alianza Opositora, compuesta por el derechista movimiento Anticorrupción de Salvador Nasralla y el izquierdista Libre, del depuesto presidente Manuel Zelaya, no tiene representantes en el TSE, al que la Alianza acusa, además de haber inscrito a seis partidos “bonsái” afines al oficialista Partido Nacional y de actuar a favor del presidente Hernández.

“Jugamos con sus reglas, con su árbitro, su pelota y en su cancha”, dice Rodolfo Pastor, el encargado de plan de gobierno de la Alianza, que lleva como candidato presidencial a Nasralla, un popular exlocutor deportivo. ¿Por qué entonces aceptan jugar en esas condiciones? “Porque tenemos suficiente ventaja como para sobrepasar cualquier posibilidad de fraude”, dice.

La mayoría de las encuestas realizadas por los grandes medios de comunicación –que apoyan la reelección del presidente Hernández– colocan a Nasralla en segundo lugar, más o menos diez puntos por debajo del mandatario (depende de la encuesta), y muy por encima de Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, la formación que tradicionalmente disputó el poder con el Partido Nacional.

“Vamos a una victoria total”, dijo el presidente Hernández en uno de sus últimos mítines de campaña. Según los números de su Partido Nacional, el presidente ganaría en 16 de los 18 departamentos que conforman el país.

Pero según las encuestas internas de la Alianza Opositora, Nasralla se encuentra entre 15 y 20 puntos por encima del presidente Hernández.

En otras palabras, los dos principales candidatos se dan por ganadores antes de la elección. Esto no es extraño en la previa de una presidencial. Lo grave es que, en Honduras, ni la Alianza Opositora ni el Partido Liberal reconocen la legitimidad del árbitro, el TSE, ni siquiera reconocen la legitimidad del proceso.

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Juan Orlando Hernández es candidato a algo prohibido de forma expresa por la Constitución hondureña: la reelección. Lo hace gracias al control férreo sobre toda la institucionalidad del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia, y el apoyo de todas las fuerzas que hace ocho años y medio respaldaron el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, argumentando que la consulta popular que estaba por emprender tenía por objeto abrir la puerta a la reelección. Aquel golpe, que los golpistas llamaban una “sucesión constitucional” y que hoy los grandes medios llaman “la crisis política de 2009”, contó con el empuje del entonces diputado Juan Orlando Hernández. Fue perpetrado por el Ejército y acuerpado por la Corte Suprema, el gran empresariado, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad. Y Estados Unidos. Los mismos actores que hoy impulsan la reelección del presidente.

“No compare el 2009 con el 2017”, advierte el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas. “La Corte Suprema advirtió a Zelaya que la cuarta urna era inconstitucional. En cambio, a Juan Orlando la Corte resolvió que negarle la posibilidad de reelegirse sería negarle sus derechos”. Es cierto, pero eso sólo pasó después de que, en una sesión de medianoche, el Legislativo destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema que se oponían a la reelección y también a las Zedes. El presidente Hernández presidía entonces el Congreso. La destitución de los magistrados terminaría abriendo el camino por el que hoy circula el primer candidato a la reelección presidencial en la historia democrática del país.

El presidente Hernández ha desmontado los equilibrios del sistema democrático para ajustarlos a su favor. Es un populista de derecha que controla los tres poderes y que ha amarrado su modelo económico a entregar al sector privado las infraestructuras y la estructura productiva del Estado. Ha impulsado políticas de manodurismo que han reducido considerablemente las tasas de homicidios pero que han multiplicado la impunidad, la corrupción y los asesinatos de opositores a los proyectos extractivos impulsados agresivamente por la administración. Ha promovido el regreso de los militares a la administración de muchas instituciones. Y también ha entregado subsidios a los más pobres a manera de canastas básicas en bolsas que llevan impresas su firma y su rostro.

En algunas poblaciones rurales, campesinos y pescadores han recibido casas de concreto construidas por el Estado, que incluyen, junto a la puerta, la firma del presidente estampada en cemento y enmarcada.

El presidente Hernández se ha beneficiado de un decidido y abierto apoyo de Estados Unidos gracias a su autorización para extraditar a narcotraficantes y criminales organizados; para ampliar las bases militares estadounidenses y los patrullajes de agentes de la DEA en suelo hondureño. Además, representa mejor que ningún otro candidato los intereses comerciales de Washington, mediante el impulso de proyectos y concesiones especiales atractivas para el capital norteamericano. Nasralla, en cambio, es el candidato de una alianza dominada por el partido Libre, cuyo líder, Mel Zelaya, es un izquierdista cercano a Caracas. Una persona non grata para Estados Unidos. Una amenaza para los grandes empresarios hondureños.

De ellos es esta elección. No es una fiesta del pueblo, sino de los poderosos. Por eso cuentan los votos como si fuera dinero y no personas y hacen cálculos por municipios, por departamentos y no por pobladores. Por eso la gente en Tegucigalpa no parece andar de fiesta sino precavida, acaparando víveres quien puede hacerlo, sin hablar mucho de la elección.

Foto: Martín Cálix

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En la sede de Libre, tres empleados se entretenían el jueves mirando televisión frente a una enorme pancarta de propaganda que incluía una fotografía gigantesca de Berta Cáceres, la líder indígena ambientalista asesinada el año pasado. Frente a ella, aquellas tres personas parecían diminutas. La recepcionista llevaba apenas dos días trabajando en el partido, por lo que no supo de quién le hablaba cuando le dije que venía a reunirme con el señor Pastor, que despacha al lado de recepción y que es el principal arquitecto del plan de gobierno.

Un hombre llamado Héctor, que asegura ser amigo personal del expresidente Zelaya desde que eran jóvenes en su departamento natal de Olancho, intentó explicarme por qué aquello estaba tan vacío tres días antes de las elecciones: “Es que como es una alianza, cada partido tiene su propia oficina, y este año no ha habido mucha movilización. El candidato casi no viene por aquí. La gente viene a ver a Mel, pero Mel ahora pasa arriba y sale por otra puerta. Nadie lo ve”.

Por supuesto, cualquier imagen de los mitines de campaña desafía esa observación, pero las fotos de esos encuentros raras veces incluyen los cientos de buses en que hay que transportar a gente en su mayoría pobre que no puede darse el lujo de participar en política. Raras veces esas fotos incluyen la bolsita con un sándwich, la botella de agua y un jugo que dan a cada uno de los asistentes.

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Los grandes medios, en manos de grandes grupos económicos, también se han convertido en agentes de campaña directa. El periódico La Prensa, uno de los más tradicionales, publicó el viernes este tuit: “Con un país en crecimiento, hondureños van a elecciones”. Incluía una foto del presidente pasando revista al Ejército. Lo que no decía el periódico –ni dijo ningún noticiero nacional– es que el día anterior la excomisionada policial María Luisa Borjas reveló que las investigaciones de la Policía Nacional sobre el asesinato de Berta Cáceres, mantenidas en secreto, señalan como autores intelectuales del crimen a la actual vicepresidenta del Congreso y expresidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López; y a su esposo, Arnold Castro, un empresario de empresas hidroeléctricas con contratos exclusivos con el Estado.

Gladys Aurora López ha sido aliada clave del presidente Hernández en su afianzamiento del poder, pero es apenas una de muchos funcionarios estatales investigados por corrupción o crimen organizado. El expresidente Porfirio Lobo es investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Su hijo guarda prisión en Nueva York tras confesar tráfico de drogas para el cartel de Los Cachiros, y en ese mismo país esperan sentencia policías y militares hondureños por el mismo delito.

Los Cachiros también han confesado negocios con el hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández. La semana pasada, un reportaje de Univisión lo vinculó a un helicóptero utilizado para el narcotráfico, pero en Honduras ninguno de los principales medios publicó la noticia. “Vivimos un cerco mediático propio de una dictadura”, dice Olivia Zúñiga, la hija de Berta Cáceres. “Nos informamos por lo que sale afuera”.

De afuera de la capital llegan reportes de un país militarizado. El gobierno lanzó en los últimos días un operativo especial “para encontrar a desestabilizadores”, en una campaña de miedo para que la población no salga a votar. “Si vota el 50 % de la población, lo más seguro es que gane Juan Orlando, pero entre más gente vote, más se reducen sus posibilidades”, dice Hugo Noé Pino, analista político hondureño.

En un noticiero local, la presentadora leía el viernes quejas de trabajadores de varias maquilas que denunciaban que sus patronos no les dieron el domingo libre para ir a votar; que la jornada laboral terminará a las 3 de la tarde y que a muchos de ellos no les dará tiempo de viajar a sus centros de votación.

La semana anterior, militares y policías anunciaron haber encontrado en una casa destroyer bombas caseras y propaganda a favor de Libre. Circularon fotos con el material incautado, pero no mostraron nunca a los pandilleros detenidos.

Del interior también proceden informaciones que hablan de un país militarizado, con aviones que surcan los cielos en busca de malhechores y grandes despliegues de uniformados, que además son los responsables de transportar el material electoral. Pero en Tegucigalpa no se ve presencia militar; apenas un helicóptero que atraviesa la ciudad de vez en cuando. No, aquí no parece que se avecine ninguna fiesta. Tampoco ninguna tragedia. Pero todos, a favor o en contra del presidente Hernández, advierten de los riesgos de jornadas violentas a partir de la noche del domingo.

Consciente de la posibilidad de que su triunfo no sea reconocido, el pidió a sus aliados evangélicos llamar a la calma, pero no se quedó ahí: hace algunas semanas, el Congreso que controla aprobó una ley que criminaliza la protesta y permite en algunos casos detenciones por varios años.

El viernes por la mañana, en la víspera electoral, pastores miembros de la cofraternidad evangélica fueron a la televisión nacional a hablar a los votantes. “Hacemos un llamado a respetar el resultado de las elecciones. Dios decidirá quién será nuestro próximo presidente”, dijeron. En uno de sus últimos mitines de campaña, Nasralla pareció responder al discurso de los grupos evangélicos con sus mismas armas: “Un fraude no puede ser considerado la voluntad de Dios”.

El artículo de la senadora demócrata, Jan Schakowsky en el New York Times que expresa su preocupación por el autoritarismo y un posible fraude por parte del presidente Juan Orlando Hernández, surgió del asesoramiento de más de 30 organizaciones de Estados Unidos y Canadá que hoy tienen representación en Honduras como observadores de Derechos Humanos durante las elecciones. Esta delegación denuncia el discurso hipócrita de los Estados Unidos al señalar, pero a la vez apoyar a candidatos y presidentes presuntamente vinculados con actividades ilícitas, con tal de no poner en riesgo sus intereses geopolíticos.

Victoria Cervantes conoce Honduras y ha estado trabajando gran parte de su vida informándose y difundiendo lo que ha visto con la Red de Solidaridad con Honduras que integran estas 30 organizaciones. Cervantes, estuvo con una delegación de observadores electorales en las elecciones de 2013 en la Honduras post golpe de Estado, y nota una mayor fragilidad en el proceso electoral actual. Una cosa que le preocupa es la concentración de poder que el presidente actual, Juan Orlando Hernández, ha logrado orquestar en sus 4 años de gobierno.

El Tribunal Supremo Electoral invitó a mil observadores internacionales para mostrar que los resultados serán verídicos, que un posible fraude, sobretodo denunciado desde la Alianza de Oposición, no será posible. Pero Cervantes cree que el miedo al fraude va más allá, porque Honduras sigue en un contexto de golpe de Estado, de rompimiento del Estado de derecho.

«En Honduras hay tantas violaciones de Derechos Humanos, tantas intimidaciones y violencia en contra de defensores de DDHH y el pueblo en general, estamos conscientes de que es muy difícil que la gente pueda ir a votar sin el goce de sus derechos, por eso pensamos que es importante observar y documentar este ambiente», expresó Cervantes a Contra Corriente. Y se refirió a los últimos asesinatos de activistas de diferentes partidos políticos y el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Aguán.

El ambiente de miedo que se ha generado alrededor de este proceso electoral es algo que Cervantes denuncia y asegura que existe hostilidad contra observadores que son críticos de la reelección y que buscan romper el discurso de que en Honduras todo ha mejorado. «Esto es parte de la creación de un ambiente de miedo para detener a la gente de ejercer su expresión libre», dijo.

«El hecho de que la reelección ha sido aprobada sin seguir los requisitos legales –como lo han explicado algunas organizaciones de Derechos Humanos– ha hecho que exista inconformidad en Honduras sobre la reelección. La acumulación de poder lo ha permitido. Y el control sobre las fuerzas de seguridad en una sola persona o su oficina», explicó.

Un papel injerencista

Victoria viene de Chicago, y en su estado así como en el resto del país, la ciudadanía está pendiente de lo que hace Estados Unidos con sus impuestos. Mucho del dinero de los contribuyentes llega a países como Honduras con programas de seguridad, justicia, asistencia social y desarrollo económico, pero Cervantes cree que, al menos en Honduras, ese dinero no ha sido bien invertido y solo responde a intereses particulares de control de Estados Unidos sobre la región.

Y recuerda el papel negativo de su país con el golpe de Estado de 2009 o las declaraciones tempranas de la entonces embajadora de EEUU en Honduras durante las elecciones de 2013 anunciando ganador a Juan Orlando Hernández cuando antes nadie lo había hecho. «Eso es quitar la democracia aún más y quizá dar la orden de que ya estuvo. No estamos de acuerdo pero no nos sorprende. Ahora tienen esa propuesta de la Alianza para la prosperidad que comenzó con Obama que supuestamente es para mejorar condiciones pero da más dinero todavía a las fuerzas de seguridad que en nuestra opinión son fuerzas de inseguridad. Nuestro dinero de impuestos está siendo usado para matar e intimidar gente en Honduras y eso no es correcto», expresó.

La hipocresía de Estados Unidos se refleja en distintos niveles, explica Cervantes, pero es evidente en su lucha contra el narcotráfico que es la más invasiva cuando se trata de apoyo militar para la misma.

«La hipocresía de los EEUU, siempre haciendo esas guerras contra los narcos usando violencia y militarización en los países pero sin realmente hacer nada efectivo en el control de evitar el problema de consumo de droga en el mercado de su mismo país. También hay hipocresía porque los EEUU tiene relaciones amables con tantos presidentes, partidos políticos, candidatos que están ligados a los narcos y entonces hablan mucho pero siguen apoyando, usan la persecución muy selectivamente. Está saliendo bastante noticias en los EEUU sobre supuestamente lazos con el narco con el hermano del Presidente Hernández, antes el hijo del presidente Lobo, lo usan como para controlar y justificar lo que quieren hacer por razones de intereses económicos y políticos».

Agregó que existe incertidumbre ante un posible triunfo de la Alianza contra la Dictadura y que por eso el apoyo a Hernánez es hasta el último minuto.  «El hecho que han mantenido el apoyo para Juan Orlando Hernández a pesar de que ellos mismos hablan que hay problema con la reelección y el tema de la inseguridad, temen que si gana la Alianza, ellos no van a poder controlar tanto porque puede que no tengan la misma agenda o puntos en común. Mi consejo es nunca subestimar, el gobierno de los EEUU en cómo puede maniobrar y trabajar para mantener sus intereses para trabajar con gente que no son sus favoritos, siempre trabajarán juntos».

Mantener el control y evitar que Honduras sea más independiente o que empiece a tener políticas menos neoliberales, menos extracción, es algo que se ve en los programas sociales también. «Me preocupa que mi gobierno no está haciéndolo para desarrollar a Honduras a tener una economía más justa, es parte del paquete de controlar y maniobrar que tienen», dijo.

Entre Trump y Hernández

Cervantes cuenta que en Estados Unidos se percibe de mucha gente la esperanza en las elecciones, que hay ciudadanos que se mueven, que saldrán a votar y que apoyan a varios partidos, pero sobre todo a la Alianza.

«Yo creo que para un migrante en EEUU cuesta tanto la lucha por sobrevivir, hacer algo de dinero, mantener a su familia en Honduras y mantenerse ellos, no están concentrados en actividades políticas. Pero hemos visto hondureños organizados para apoyar la Alianza. Hay preocupación sobre el TPS (Estatus de Protección Temporal) tenemos gente que ha estado viviendo allí por más de 20 años, tienen su vida, sus hijos nacidos allá. Una de las medidas antiinmigrantes es la revocación del TPS. Dicen que van a reconsiderar lo de Honduras en 6 meses, simplemente no quisieron anunciar nada tan cerca de la elección porque lo hablaron con Hernández, por su apoyo hacia él, no quisieron hacerlo para no dañarlo a él en las elecciones», expresó.

Cervantes espera a un grupo de 10 personas que se dividirán en Tegucigalpa y Santa Bárbara para hacer observación de derechos humanos el próximo 26 de noviembre. «Como observadores internacionales vamos a estar atentos a las fuerzas del Estado, hay muchas maneras de violar derechos pero nos preocupamos más que todo por los actores del Estado. Siendo policías, militares del gobierno, ellos tienen la responsabilidad de garantizar los derechos, no de violarlos, en Honduras desde el golpe de Estado hay un resto de golpeados, detenidos, encarcelados en manos del Estado. Estamos al tanto de la relación de las fuerzas de poder y las fuerzas represivas, como las que nos mostró el asesinato de Berta Cáceres», explicó Victoria Cervantes.

Foto: Martín Cálix

El fútbol, el deporte más popular del mundo, en Honduras es parte del diario vivir de la población. El país come, respira y sueña fútbol. Muchas veces este deporte es el motivo de depresión social e incluso de reacciones que generan violencia e inseguridad.

Esta semana en el conversatorio: Fútbol, medios y política en el escenario electoral desarrollado en Tegucigalpa y organizado por la organización no gubernamental Interpeace y Contra Corriente, se encontraron periodistas, integrantes de barras, diputados y exjugadores para abordar un tema que genera discusión en los conocedores del fútbol: Barras y el abordaje de la violencia en los estadios. Los medios de comunicación culpan directamente a las hinchadas de ser las responsables de generar violencia en los estadios y alejar a las familias de los mismos.

Por otra parte los legislativos en el Congreso Nacional apuestan a tratar la problemática desde medidas coercitivas, un ejemplo de ello es la promoción de la llamada Ley Antibarras, que ha sido propuesta por exjugadores, que en su caso se convirtieron en ídolos incluso de las mismas hinchadas con las que no saben relacionarse.

En el foro participaron dos líderes de las barras, Jairo Martínez del Motagua y Melvin Servellón del Olimpia, asimismo los periodistas internacionales Rodrigo Abd de Argentina, Simone Dalmaso de Italia, el exjugador argentino del Olimpia Carlos Prono y el diputado Luis Redondo.

Redondo, quien ha estado de cerca en la conformación de una barra que apoye a la selección nacional habló de su experiencia con los chicos de las hinchadas, de la formación de esa barra nacional que se estrenó apoyando a la selección en el partido eliminatorio entre Honduras y Costa Rica en San Pedro Sula, en la ronda clasificatoria para el mundial de Alemania 2006.

«Yo recuerdo que estos jóvenes cuando fueron parte de ese proceso nunca se pelearon, pero es que se estaba conformando un proceso en el que se pretendía ser inclusivos y no excluyentes. Estos chicos tienen mucho potencial y como gobierno, como autoridades tenemos el deber de orientarles», dijo.

Redondo se refirió al abordaje que desde el Congreso se le da a la problemática. En Honduras es muy común que después de un enfrentamiento entre barras, se discuta la necesidad de aprobar una ley que limite la asistencia de hinchas a los estadios y que registre un control de entradas de los mismos, asimismo que agudice las medidas penales contra los que incurran en actos delictivos.

«Muchas veces este tipo de medidas son propuestas por exjugadores que no saben ni papas del tema y son ellos los que proponen salidas y abordajes de ese tipo», recalcó Redondo.

Luis Redondo, diputado, Fotos: Martín Cálix

Luego del diputado, participó el periodista argentino Rodrigo Abd, quien recordó la realidad del fenómeno «barra brava» en países como Argentina. «Yo recuerdo todo el ambiente tenso que esto genera, por ejemplo, antes cubría tomando fotografías en los clásicos Boca contra River, esos juegos se disputan con mucha rivalidad». Rodrigo dijo que en Argentina también hay medidas concretas para tratar la problemática, que también se orientan a lo coercitivo, por ejemplo los retenes de seguridad, la prohibición de entrada de hinchada visitante a los partidos que no son de local y el registro de aficionados al ingresar a los estadios.

El fenómeno de las hinchadas es mundial, no es cierto, tal y como lo recalcan los medios de comunicación que solo en Honduras se den estos enfrentamientos, la composición brava de las hinchadas responde a las distintas realidades que tiene cada cultura en particular.

En Europa, los movimientos barrísticos tienen una composición más ideológica, por ejemplo: en España la Ultra (barra del Real Madrid) responde a una política fascista y de derecha, en el otro extremo, siempre en España, encontramos a la hinchada del Rayo Vallecano, que se caracteriza por su estructuración de apoyo a la clase obrera.

Lo mismo sucede en Italia, Inglaterra, Grecia, Ucrania, entre otros. El fotoperiodista del periódico digital guatemalteco Plaza Pública, Simone Dalmaso, habló de la realidad del fenómeno en Italia. «En Italia, como en varios países de Europa, esta realidad se da a través de ideologías que estos grupos siguen y promueven. Allá es común conocer sobre hinchadas como la Lazzio, la Roma, la misma Juventus, cada una tiene su dinámica política además de futbolística».

A pesar de las diferencias que existen entre ambos continentes, hay una realidad que los une, y es el amor por el fútbol. Carlos Prono –periodista deportivo y exfutbolista– fue uno de los promotores del movimiento barrístico en Honduras, al ayudar a la conformación de la Ultra Fiel, hinchada del Olimpia de Tegucigalpa, habló de cómo se vive la pasión expresada en las gradas.

Carlos Prono. Foto: Martín Cálix

Prono era arquero del Olimpia, en sus tiempos de jugador, incluso incentivaba a la barra de su equipo para que alentara en los momentos más difíciles de los partidos, en el que perdían o empataban.

El ahora periodista deportivo dijo que es lindo ver cómo en la grada se da el espectáculo generado por las barras, también el aliento que es fundamental cuando los equipos juegan y por supuesto el color que le dan estos fanáticos a un evento futbolístico.

Sin embargo, con un aparente peso de culpa expresó que cada vez que se juega un clásico él espera que no pase nada, porque siente que si alguien muere, los medios volverán a culparlo a él por haber alentado a la práctica de la barra.

En esa línea, los integrantes de la barra del Motagua y Olimpia: Jairo Martínez y Melvin Serbellón, respectivamente, hablaron de los múltiples acercamientos que como líderes han tenido para buscar la paz e intentar evitar enfrentamientos en los estadios.

«Nosotros estamos en contra de la violencia, tenemos la disposición de colaborar, pero también los periodistas, los medios, la policía y las autoridades deben poner de su parte», los dirigentes coincidieron que la criminalización hacia ellos, hacia su organización solo genera mayor violencia.

En el foro también se dieron algunas conclusiones, por ejemplo que desde el gobierno y más en una coyuntura electoral se debe apostar desde enfoques de abordaje distintos a la juventud, para generar programas de reinserción, de acompañamiento y de prevención.

La violencia en una sociedad como la hondureña es generalizada, el fútbol es solo un apéndice más de esa realidad que desde el gobierno no se ha abordado desde una perspectiva social, inclusiva y rehabilitadora.

Los hinchas piden que no se les vea como criminales, que exista un verdadero acompañamiento que vaya de la mano de un plan preventivo para evitar más conflictos en los estadios del país.

El foro lo cerró Simonne Dalmasso, con una escena que muestra cómo los medios de comunicación pueden profundizar desde la cotidianidad, lo que parece normal pero explica el fenómeno.

«Esto pasa aquí y en ningún otro país del mundo. Fui al estadio a ver dos partidos del Motagua y el Olimpia, en ambas situaciones participé en un espacio de fiesta, para pasarla bien, se percibe. Más alla de la pasión, la gente que brinca por una hora y media constantemente a pesar que el equipo pierda o gane, obviamente si gana brinca más. A la hora de que los jugadores del Olimpia y el Motagua meten un gol, yo como extranjero, acostumbrado a la escena, espero que el delantero que metió el gol se tire a recibir el abrazo y me pongo un rato allí y pienso que se equivocó porque se va y saluda desde lejos , de repente. Eso es algo que no funciona, allí sí es algo bastante fácil de entender y es la demostración de que hay un mecanismo un poco perverso que no facilita para nada la comprensión. Aquí no se trata de que los miembros de las barras se abracen sino que haya reconocimiento hacia gente que dedica gran parte de su vida a esto. Me parece bastante fuerte que la prensa tengamos mucha facilidad en homologar la barra dentro de un contexto de violencia, confundiendo términos, lógicas y dinámicas y no haya atención hacia estas cosas, que suenan normales, pero bajo una óptica periodística, un titular diciendo que los dos equipos más grandes del país tienen una afición que ni siquiera un delantero al echar un gol le dedica un gol, eso llamaría la atención, antes de querer la paz en el mundo.»

Rodrigo Abd y Simonne Dalmasso. Foto: Martín Cálix

A pocos días de las elecciones generales, las denuncias de colusión de miembros del actual gobierno en redes ilícitas nacionales e internacionales agregan tensión al ambiente de terror que ha marcado la agenda política en Honduras, particularmente después del golpe de Estado y con el actual presidente optando por la reelección.

María Luisa Borjas es la comisionada de Policía destituida por haber denunciado corrupción al interior de la Policía Nacional mucho antes de 2011 cuando se comenzó la depuración policial, que ella misma ahora cataloga como un fracaso. Actualmente es regidora de Tegucigalpa por el Partido Libertad y Refundación y es candidata a diputada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura. En esta posición, y a un par de días de las elecciones generales, convocó a una conferencia de prensa para hablar de tres informes que llegaron a sus manos en los que se señala a miembros de la élite política y económica involucrados en asesinatos de alto impacto. También habló de una colusión del actual gobierno con las pandillas para generar terror antes y durante las elecciones.

Borjas asegura tener tres investigaciones de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad sobre los asesinatos de Alfredo Landaverde, exasesor de la Secretaría de Seguridad, Orlan Chávez, conocido como el «fiscal de oro», y el de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, a quien Borjas llama «nuestra Berta». Según la comisionada estos informes están en poder del Ministerio Público desde 2016 y éste no ha actuado «porque para eso hay que pedir permiso al presidente y éste no va a dejar», expresó en entrevista a este medio.

«En el mismo informe establece que mediante escuchas telefónicas, lograron identificar los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Entre otros, señalan a la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora López. Su esposo (Arnold Castro) aparece que andaba con los sicarios, los individuos de seguridad, en uno de los vehículos propiedad del ejército, en el que llegaron a la casa de Berta.

Otros autores intelectuales: Ricardo Álvarez Guerrero, hermano del diputado nacionalista Oscar Álvarez, él es empresario de la cervecería hondureña, también aparece un pariente del actual ministro de seguridad (Julián Pacheco Tinoco). El presidente y propietario de Grupo Ficohsa, Camilo Atala y los Atala Zablah y tres alcaldes que planificaron y financiaron este asesinato. En este país la ley tiene dedicatoria», denunció Borjas.

En el caso de Alfredo Landaverde, asesinado en 2014 tras denunciar que élites económicas estaban involucradas en redes de narcotráfico, Borjas asegura que el informe señala a la cúpula policial como autores materiales del crimen por órdenes de un narcotraficante. Este informe fue de conocimiento público tras el reportaje del New York Times publicado en 2015.

También asegura que el asesinato de Orlan Chávez, un fiscal que ella cataloga como honesto, fue planificado y ejecutado en la Policía Nacional.

«Esa depuración es falsa. Con voluntad política se puede hacer, pero no con una falsa comisión de depuración que depura gente honesta y deja en las filas policiales a involucrados en actos ilícitos, esta mal llamada depuración policial lo que traía era un mandato de protección de oficiales que se han coludido con funcionarios y políticos corruptos para hacer actos ilícitos», expresó.

Pandillas y campaña de terror

La semana previa a las elecciones ha estado envuelta en un ambiente de entusiasmo en las calles, la gente habla de estas elecciones como algo histórico en el país, no solo por las maniobras legales alrededor de la reelección presidencial, sino por una alianza de partidos en oposición. Sin embargo, el ambiente también ha estado lleno de tensión por denuncias de ambas partes sobre colusión del crimen con los partidos políticos.

El Partido Nacional en el gobierno ha señalado que la Alianza de Oposición tiene vínculos con la pandilla 18 y con policías depurados con el obejtivo intimidar a las personas para que el 26 de noviembre no voten por Juan Orlando Hernández, igual para reaccionar con violencia ante un posible gane del presidente Hernández.

Por su parte, Borjas denunció que el gobierno tiene un acuerdo con la Mara Salvatrucha y con el Barrio 18 para crear falsos positivos y generar disturbios que afectarían, sobre todo, a la Alianza.

«Existe colusión con ambas pandillas, en este momento quieren utilizar a la 18 porque es la que está en los barrios, en las calles, la MS está en un nivel más alto. Sería importante que el Ministerio Público llame al subdirector del Instituto Penitenciario, German McNiel, para que declare qué negoció con los cabecillas de la 18 en el Pozo».

Borjas cuenta que McNiel viajó a El Pozo –una de las cárceles de Máxima Seguridad construida en el gobierno de Hernández– para negociar con los cabecillas de la pandilla 18 su regreso a la Penitenciaría Nacional y retornarles sus antiguos beneficios en esa cárcel.  «La alianza no tiene ni dinero ni poder ni los medios para hacer esto, ellos sí. Si hay un disturbio el día de las elecciones es ordenado desde el Presidente de la República. La alianza no tiene nada que ver, un disturbio más bien opacaría el triunfo», dijo.

«El hermano del presidente está preso»

Una de las noticias que ha agregado más tensión en el contexto de este proceso electoral es la implicación del hermano del presidente y actual diputado por el Partido Nacional, Antonio «Tony» Hernández en crímenes de narcotráfico. Los Hernández han declarado este 2017 que no temen ser acusados porque no son culpables, pero Borjas, ayer aseguró que Tony Hernández lleva un mes preso en Estados Unidos. Nada está confirmado, pero Borjas lo dice con certeza.

«Estados Unidos vela por sus intereses, a ellos no les interesa que aquí nos matemos unos cuantos indios, usa a Juan Orlando para sus fines, pero cuando estos personajes ya no les sirven, los desechan. A mí no me cabe duda que Juan Orlando va a ir a parar a una cárcel de Estados Unidos.

(Tony Hernández) …tiene un mes de estar en EEUU a orden de un juzgado.

Ya lo dijo la jueza que está llevando el caso de Los Cachiros: En Honduras la impunidad es monopolio del Estado, del gobierno, porque dentro de esas organizaciones del crimen están funcionarios del poder ejecutivo, diputados, funcionarios del poder judicial, policías y militares».

Escenario electoral

Para María Luisa Borjas –que pasó de ser policía a política– una de las estrategias de este gobierno es sembrar el terror en la ciudadanía para no ejercer el sufragio el próximo 26 de noviembre. «Yo le hago el llamado a los ciudadanos que se apersonen en las primeras horas de la mañana a ejercer el sufragio, en las primeras horas de la mañana. Solo con la voluntad soberana, con el hecho que los ciudadanos salgan a depositar su voto, a darle un voto de castigo al gobierno dictatorial que en este momento tiene capturadas todas las instituciones del Estado incluyendo las otroras Fuerzas Armadas que en este momento están prácticamente castradas». Concluyó la Comisionada.

Borjas ahora pide protección al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, cree que su vida está en riesgo y asegura que tiene la lista de personas que serían responsables en caso de pasarle algo, la misma lista que se puede armar con los tres informes en su poder.

 

Fotos: Martín Cálix

“La política es un espacio de poder que se pierde o se gana, pero actuar en política y avanzar empodera siempre a quien lo hace. La política puede ser un recurso de empoderamiento para las mujeres” – Marcela Lagarde

Texto: Carmen H. López, Diana Sabillón, Andrea Nuila H., Dominique Galeano.

¡Ay, qué ingenua, compañera! Hay que resignarse, esos espacios son anti-mujeres. La experiencia de nuestras compañeras nos ha enseñado que no es posible. Entonces, ¿cómo participa una feminista de la política del país en el único partido de izquierda de Honduras? No lo sabemos. No existe un manual. Pero hay un debate que tenemos que dar camino a las urnas este domingo 26 de noviembre.

En este contexto de elecciones, la discusión planteada por algunas feministas se dirige a hacer una crítica a Libre (Partido Libertad y Refundación). Columnas que llaman -directamente- a no votar. Discursos que nos alejan de procesos que bien podrían contribuir a la emancipación política de las mujeres. Porque participar en cualquier partido político, aseguran, sería una grave inconsistencia. ¿Pero esto último, no refuerza la idea -hoy caduca-  que la política es un espacio que no nos pertenece?

La pregunta sobre la participación partidaria de las mujeres es tan vieja como la discusión sobre el derecho al voto femenino en Honduras. Entre líneas hay una historia de exclusión social y de invisibilización que marginaliza a los movimientos de mujeres a pesar de su abnegada permanencia en las luchas del movimiento social.

Graciela García, dirigente obrera y reconocida por su lucha por los derechos de la mujer, escribía con razón en 1931, que “el sufragio, que es una conquista de la democracia, está supeditada a la burguesía, que posee todos los medios de propaganda, cohesión y engaño, para ejercerlo en beneficio de su hegemonía. La clase explotada, obreros y campesinos pobres forman la mayoría del pueblo hondureño; sin embargo esta mayoría nunca se ha visto representada en un Congreso, en una de esas reuniones, en que según la expresión burguesa, se defienden los intereses del pueblos[2]

Rina Villars ha señalado en su recorrido por el sufragismo en Honduras, los argumentos a los que acudían algunas mujeres en ese contexto, para justificar su desinterés hacia la lucha por el voto femenino. Por un lado, constituía para ellas una práctica corrupta y viciada de la cual debían estar apartadas las mujeres “para no contaminarse con su vaho venenoso”. Y por otro, era un medio inútil para resolver los problemas esenciales de las mujeres. El resultado era que las que buscaban el voto femenino eran vistas como “utopistas desconectadas de la realidad e idiosincrasia hondureña”.[3]

Es bastante curioso para estas discusiones, que el voto femenino  fuese concebido como un reclamo objetivamente válido para la lucha por la igualdad, pero que a la vez entre las mismas mujeres intelectuales haya predominado el rechazo a votar. El peligro, en esos años, era que “sus virtudes y su potencial transformador se contaminaran en la atmósfera viciada de la política hondureña.”[4]

Es cierto que siempre resuenan esas lógicas absurdas que sugieren que por una naturaleza femenina, la mujer está imposibilitada de hacer política. Cómo olvidar a uno de los ejemplares más conservadores y sexistas, el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, asegurando que las mujeres no debían participar en política porque -vaya una a saber qué método de investigación utilizó- van con más frecuencia al baño. Así, en medio de lo más absurdo del patriarcado, las feministas hemos logrado ocupar múltiples espacios de la política hondureña que han sido determinantes para transformar la condiciones en las que viven las mujeres. La apertura de espacios que ahora nosotras ocupamos y transformamos es una herencia innegable de las luchas de las que nos anteceden. Que la participación de las mujeres en la esfera pública implica un daño a las supuestas “virtudes femeninas” no puede ser considerado un planteo feminista.

El Estado liberal es una institución androcéntrica y misógina, es además clasista, colonialista y racista. Pero si cualquier relación con el Estado es abominable, ¿por qué se consideraría más estratégico el trabajo de incidencia política que realizan las organizaciones de derechos humanos, que la pretensión de ocupar un rol activo dentro de esas mismas instituciones a las que se les exige derechos? Entonces, vale la pena abordar el debate con sinceridad, reconocer que todas caminamos en espacios machistas e imperfectos.

¿Es en realidad  la participación activa en una estructura formal y funcionalmente androcéntrica el problema? O ¿Son algunos “espacios patriarcales” más válidos que otros?  ¿Las luchas de algunas mujeres más importante que otras?

A la espera de la llegada de  ese espacio óptimo, con condiciones ideales para participar en la política partidaria. Desde esa pulcritud idealizada, el partido como espacio, genera una aversión especial, inclusive en comparación con los del movimiento social, sociedad civil y cooperación internacional. Algunos juicios morales que se emiten en contra de Libre parecen sugerir que participar en la política partidaria implica necesariamente la “contaminación” del proyecto que busca la emancipación de las mujeres. A las “electoreras”, se les señala no por capacidad política o estratégica, sino por ingenuas u oportunistas, que están en función y servicio del otro. La incomodidad es aún más estricta si las mujeres se deciden por un cargo de elección popular.  Casos como los de Beatriz Valle, Scherly Arriaga o Suyapa Martínez, son ejemplos de mujeres que difícilmente podrán escapar de ser condenadas de haber fallado el test de un feminismo puro y absoluto, solamente considerado como tal cuando se practica en lugares donde se insinúa que hay un déficit de misoginia.

También corresponde aceptar con honestidad que todos los espacios donde hacemos política son propicios de avalar y fomentar actitudes patriarcales. Pero aceptar esto implica admitir que no se miden ambos espacios con la misma rigidez con la que algunos liderazgos del espacio social promulgan su altura moral, puesto que de lo contrario, el abandono de esas plataformas, convergencias, redes, movimientos, también sería un asunto en cuestión.

El efecto boomerang de este sesgo puede resultar contraproducente si en nuestro afán por “salvarnos de la suciedad política”, hemos llegado a transmitir el mensaje de que las mujeres en actividad partidaria no tienen el potencial de embarcarse en actos de transgresión en los espacios que se encuentran a su alcance. Un error más que nos aleja a las feministas de otras mujeres que deciden luchar por nuestros derechos aunque el espacio les resulte incómodo y las exponga a diferentes actos de violencia.

Además, ¿estamos en realidad sugiriendo que las mujeres somos seres pulcras y gentiles ,que por ello solo podríamos hacer política en espacios que hemos denominado como feministas? ¿Acaso en los espacios feministas las relaciones son por naturaleza benevolentes, tolerantes y solidarias? Muchas afirman que así lo son, a pesar de repetir que “las otras” carecen de astucia y consistencia, están perdidas y/o  derrotadas, ya sea por torpeza política o por haberse dejado engañar por la política masculina.

Es paradójico en este sentido, que el concepto de sororidad reiterado en los debates feministas, solamente resulte válido cuando existe una total aquiescencia política.  El concepto de sororidad  “no quiere decir que nos debemos querer mucho, que tenemos que estar de acuerdo, o que seamos amigas,”[5] lo que se ha planteado bajo esta figura ha sido más bien la posibilidad de realizar pactos políticos para abolir la misoginia entre mujeres. En ese sentido, hay un principio ético y político al que apelar pero cuya intención no es finalmente imponer la validez de una estrategia política por sobre otra, ni homogeneizar a un grupo que se construye y crece a partir de sus diferencias. No nos podemos limitar a emprender una única lucha que pretenda representarnos a todas. No sería posible. Nos encontramos en todas las capas sociales, de forma que el uso de todas las herramientas que nos ayuden a llevar a cabo transformaciones que alcancen al mayor número posible de mujeres, es necesario.

La repulsión moral para justificar la distancia hacia ciertos espacios políticos dificulta la reflexión activa sobre la realidad del quehacer político androcéntrico y sexista en cada uno de los partidos y espacios en los que converge el movimiento social. Nos aisla de una realidad y restringe de hacer una evaluación verdadera sobre el capital político y estratégico a nuestra disposición o de un balance sobre el fracaso de las políticas reformistas.

Los sueños no caben en las urnas, ni deberían. Las elecciones son sólo parte de un proceso político -que sin duda afecta la vida de todas las hondureñas-, no excluye los demás procesos de cambio que tenemos en construcción.

Nuestros sueños tampoco caben en las ONGs, en el lugar pasivo que nos asigna la retórica de los derechos o únicamente en la luchas sociales. Se trata entonces de unirnos desde esos espacios, porque ni nosotras somos pulcras, ni la política inmoral, “ni las herramientas son nuestras, ni tampoco son totalmente del amo”.  El desafío de la lucha feminista es superar las papeletas, hacer política más allá de nuestra zona de confort y ocupar los diferentes espacios, públicos y privados, en los que se disputa el poder. De lo contrario, ¿cómo podemos avanzar en la transformación de la realidad?

“Nadie aprende a nadar si primero no se tira al agua y hace el ejercicio indispensable que exige la natación. Por eso las hondureñas haremos nuestro aprendizaje de sufragistas echando papeles en las urnas.”  Lucila Gamero de Medina


[1] Claves feministas para liderazgos entrañables, pág.97.

[2] Ver en Rina Villars Para la casa más que para el mundo: Sufragismo y Feminismo en la Historia de Honduras, pág. 276.

[3] Idem,, pág. 281.

[4] Idem,, pág. 286.

[5] Claves feministas para liderazgos entrañables, pág..

 

Tras cuatro días de recorrer la zona norte y centro de Honduras, el congresista estadounidense del Partido Demócrata, Keith Elisson, asegura haber escuchado historias muy duras de violencia pero también haber visto la resiliencia y el coraje de la gente que todos los días lucha por sobrevivir en este país.

Keith Elisson es congresista representante del Estado de Minessota en Estados Unidos, promotor de la “Ley Berta Cáceres” impulsada tras el asesinato de la defensora de derechos humanos y feminista Berta Cáceres, para resitringir el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas militares de Honduras por su involucramiento en este crimen y otras violaciones de derechos humanos.

Elisson en 2006 fue electo al Congreso y fue el primer afroamericano musulmán en llegar a este puesto. Ahora, figura como uno de los más fuertes líderes del Partido Demócrata en su país. Minessota es un Estado que para 2015 albergaba 4000 migrantes hondureños, no es el que más población inmigrante tiene pero Elisson asegura que la gente en su Estado habla de la necesidad de tender puentes con Honduras.

“Honduras es un país hermoso con gente maravillosa y resiliente. Estoy aquí por el asesinato de Berta Cáceres, estoy trabajando por una pieza legislativa con 70 de mis colegas que se llama Acta de Derechos Berta Cáceres porque creemos que los Estados Unidos deben jugar un papel positivo en todo el mundo y estamos preocupados porque el apoyo aquí en el tema de seguridad no ha sido bien utilizado. Estoy haciendo monitoreo y he hablado con alguna gente, con líderes de la sociedad civil y otros”, explicó Elisson en entrevista con Contra Corriente.

El apoyo de USAID debe cambiar

Elisson también habló con nosotros sobre el apoyo de USAID en Honduras y su papel en el área de seguridad,  justicia y desarrollo económico.

“Cuando la gente en EEUU apoya los programas de USAID, lo hace con buenas intenciones pensando que ayudarán a personas que lo necesitan en momentos difíciles; para mantener la integridad pública, batallar contra la corrupción, la impunidad y defender el Estado de derecho, creen que el dinero se usará apropiadamente. Pero he hablado con alguna gente que está preocupada porque esto no está sucediendo”, expresó.

Elisson visitó comunidades como Pajuiles donde la Policía Nacional, apoyada por Estados Unidos, ha reprimido brutalmente las protestas contra una hidroeléctrica que sin consultar se instaló en la comunidad. También el congresista habló con organizaciones de mujeres en Tegucigalpa y San Pedro Sula sobre los altos índices de violencia e impunidad contra las mujeres sin que nadie haga algo para frenarlo.

“Quedo preocupado por esto, y creo que es importante que mi país tenga una política exterior basada en la justicia, en iniciativas locales, que las comunidades puedan dirigir el tipo de desarrollo que ellas quieran, no que les sea impuesto”, aseguró.

Sobre el TPS y políticas antiinmigrantes

Estamos a pocos días de las elecciones en Honduras y a pesar que el congresista aseguró haber conocido lo que pasa en Honduras, más allá de las cifras, de lo que los gobiernos han intentado hacer ver como un momento en que la crisis de violencia mermó, no quiso referirse al actual proceso electoral, muy controversial en Honduras.

“No es apropiado que un congresista norteamericano interfiera en las elecciones de Honduras, no tengo puntos de vista que ofrecer sobre las elecciones. Lo que espero es que las elecciones se den de manera justa, que la gente vaya a votar y que los votos sean bien contados, que la voluntad de la gente prevalezca”, expresó.

Sin embargo sí se refirió a las políticas antiinmigrantes de Donald Trump y la amenaza que existe de que a Honduras se le retire el beneficio del Status de Protección Temporal (TPS).

“Estoy preocupado por los efectos de las políticas de Trump en Honduras. El desempleo en los lugares donde fui es del 50% o 60% . Si de repente mandamos de regreso cientos o miles de personas a estas comunidades donde la situación está difícil, ¿qué opciones tendrán más que ser atraídos por el crimen? Trabajaré con hondureños viviendo en EEUU para ver cómo enfrentamos este problema, no queremos que Honduras vaya en retroceso, sino que vaya para adelante y creo que un abrupto cambio con el TPS puede ser muy dañino”, explicó.

El apoyo de Estados Unidos se queda en pocas manos

En Honduras está popularizado el saber que Estados Unidos ejerce control sobre la vida y las decisiones del país. Esta influencia se ha visto normal a pesar de atentar contra la soberanía del país, aunque  siempre intenten disimularlo.

Por su parte, el congresista puntualizó en que el apoyo de Estados Unidos a Honduras debe ser revisado. “Estados Unidos ha enviado dinero desde hace muchos años a Honduras y la gente sigue siendo pobre, la violencia sigue siendo alta porque no solo es hablar de homicidios; también están los asaltos, las violaciones, la violencia de muchas maneras. Creo que debemos cambiar nuestro apoyo ya que el dinero que mandamos llega a manos de las élites, no parece que está beneficiando a la gente de abajo”, dijo.

“Quedo preocupado por esto, y creo que es importante que mi país tenga una política exterior basada en la justicia, en iniciativas locales, que las comunidades puedan dirigir el tipo de desarrollo que ellas quieran, no que les sea impuesto”, Keith Elisson.

Una de las luchas de Berta Cáceres fue señalar la injerencia de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas de Honduras y su control del territorio a través de varias bases militares. Cáceres también denunciaba y exigía que estas bases militares fueran desalojadas del país, que se retirara el apoyo en entrenamiento militar a las fuerzas armadas hondureñas. Cáceres fue asesinada y miembros de esas mismas fuerzas armadas formaron parte de la red criminal que la mató. Hoy Ellison hace notar esto y pide con La ley Berta Cáceres que si los EEUU a través del pago por asistencia en seguridad a través de entrenamiento, equipamiento, y cualquier apoyo, está construyendo a la impunidad y al detrimento del Estado de Derecho, a la violencia y a la corrupción en Honduras, entonces se restrinja esta ayuda.

“EEUU sí tiene presencia militar aquí, presencia corporativa, no podemos dar la espalda a este país como que no tenemos un papel que jugar aquí. Creo que es importante para mí estar aquí escuchar, platicar, escuchar lo que la  gente tiene que decir. Honduras es importante en EEUU, hay una gran diáspora de hondureños allá, Honduras es nuestro vecino, es un viaje corto desde Atlanta a Tegucigalpa y tenemos mucho en común. Necesitamos construir una red más rica de conexiones, conexión de personas a personas no solo de corporaciones a corporaciones, de gran gobierno a gran gobierno, de militares a militares, y esto es por lo que estoy aquí”, concluyó el congresista quien regresa a Estados Unidos a promover la Ley Berta Cáceres.

A pocos días de las elecciones generales, en Honduras aumentan las tensiones. Por un lado, un reportaje que señala directamente a Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández por estar coludido con el narcotráfico, y por otro, una operación policial que pretende vincular a la pandilla Barrio 18 con la Alianza de Oposición contra la Dictadura con un supuesto plan de desestabilizar las elecciones.

Esta semana, el gobierno con su brazo de seguridad militar lanzó uel Operativo Democracia en el que se difundió por diversos medios de comunicación que miembros de la pandilla Barrio 18 planificaban desestabilizar las elecciones. En el operativo encontraron material para hacer explosivos caseros, banderas del partido LIBRE y un “manual de insurrección” con el logotipo del Movimiento Estudiantil Universitario. Un montaje sin alguna captura. Esta escena sirvió de excusa para que se lanzara un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad en el que advierten que cualquier acto que subvierta el orden público será sancionado estrenando el delito de terrorismo.

Pero el delito de terrorismo se podría aplicar a muchos que están en el poder.

Las elecciones del 26 de noviembre de 2017, sin duda son inusuales. Un candidato a la reelección presidencial que hizo legal la violación de los artículos pétreos de la Constitución de la República atentando contra la alternabilidad del poder, que hizo lo que hace ocho años fue excusa para un golpe de Estado. Esta candidatura ya hace diferentes estas elecciones, pero a esto le sumamos lo que rodea al presidente y tenemos un proceso electoral sumamente tenso.

Esta semana la cadena internacional de noticias Univisión reveló una investigación que conecta al hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, con el tráfico ilegal de drogas. El reportaje habla de un helicóptero con matrícula estadounidense que fue retenido por un miembro de las Fuerzas Armadas de la sección antinarcótica en la selva hondureña. Este helicóptero pertenecía, según el militar, a Tony Hernández y por retenerlo a él lo separaron de las Fuerzas Armadas y ahora prácticamente se esconde en una montaña del país. También nos recuerda el testimonio de Devis Leonel Maradiaga, líder del cartel de narcotráfico «Los Cachiros», que mencionan a Tony Hernández, a Porfirio Lobo Sosa y a Fabio Lobo, su hijo.

El poder detrás de los gobiernos en un país como Honduras, donde transita más del 80% de la droga en su camino hacia Estados Unidos, está condicionado por el poder de redes criminales internacionales que se sostienen del negocio de las drogas. A esto se le ha llamado un narco estado por mucho tiempo, pero en el actual gobierno ha sido más evidente porque además es un poder que se quiere perpetuar. Podemos ver que el bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) está lleno de casos de involucramiento de las élites políticas con el crimen. El testimonio de “Los Cachiros” en Estados Unidos es solo la cereza del pastel, porque en el interior del país hay alcaldes, diputados, activistas enredados en estas redes ilegales.

Así es el caso de Los Urbina en Yoro o el caso de Oscar Nájera en Colón.

Por otro lado, el gobierno de Juan Orlando se ha construido después de un golpe de Estado donde las Fuerzas Armadas retomaron su poder en el país y es evidente por las prioridades de Hernández en su gobierno y campaña política: la represión es la forma de gobernar. Esto no solo lo podemos ver con la insistencia de querer cuatro años más en el poder y tener un Congreso Nacional totalmente azul para darle rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público, sino también con las leyes represivas que se han aprobado, especialmente el aumento de penas y la tipificación del delito de terrorismo, ahora utilizado como seria amenaza para quienes atenten con su plan reeleccionista.

Que se vincule al Barrio 18 con acciones opositoras al gobierno no es nada nuevo. Tampoco es nuevo saber ver que no será la Mara Salvatrucha la  por ser una organización criminal con mayor capacidad de colusión con el Estado, esto último fue ratificado en una entrevista con un policía al mando de una de las postas más grandes de San Pedro Sula; que el Barrio 18 es el verdadero enemigo y que la MS es una estructura criminal mucho más potente y con mayor nivel de infiltración en el Estado a través de los gobiernos, de partidos políticos, incluso a través de las mismas fuerzas de seguridad.

La campaña sucia contra la oposición siempre ha señalado a la pandilla 18 de estar coludida contra el gobierno de Hernández y ha mostrado públicamente que la oposición mantendrá al país en manos del crimen, cuando los grandes tentáculos del narcotráfico y extorsión hace mucho tiempo (en este y anteriores gobiernos de diversos colores) mueven las estructuras estatales a su conveniencia.

Así se desenvuelven las elecciones en un Estado que solo funciona para quienes pueden controlarlo y usarlo a su favor. Mientras millones de ciudadanos depositan sus sueños en urnas rotas de cartón. De eso se tratará cada 4 años la Operación Democracia, mientras la ciudadanía no ejerza sus derechos ni su poder constituyente.

Esta tarde, los 4 integrantes de la histórica banda venezolana «Los Guaraguao» fueron detenidos en el aeropuerto de San Pedro Sula. No los dejaron ingresar al país y fueron declarados Inadmisibles por el gobierno de la república. Los músicos llegaron a Honduras con el propósito de cantar en el concierto de cierre de campaña de la Alianza Opositora contra la Dictadura el próximo 20 de noviembre. Estos son los argumentos legales de porqué su retención y negación a ingresar al país viola sus derechos.

El artículo 31 de la Constitución de la República establece que los extranjeros tienen exactamente los mismos derechos que los nacionales de Honduras, con excepción de las restricciones establecidas por la ley, motivadas en razones calificadas de orden público y/o seguridad nacional.

Uno de los derechos reconocidos a los hondureños y hondureñas es el del «debido proceso legal», establecido en el artículo 90 de la Constitución. Por ende es un derecho igualmente reconocido a las personas extranjeras, como, para el caso, los integrantes del grupo Los Guaraguao.

El debido proceso legal, es complejo y a la vez simple conjunto de derechos, garantías y formalidades que debe ser observado y respetado a plenitud en todo proceso que derive o pueda derivar en restricción de Derechos fundamentales. Un derecho que integra y constituye el Centro neurálgico del conjunto del debido proceso, es el derecho de defensa (artículo 82 de la Constitución) y este implica, entre otros aspectos para su realización efectiva, la posibilidad de recurrir resoluciones que afecten derechos fundamentales (como el de ingresar y salir libremente del país – artículo 81 CR-)

Pero para poder recurrir, antes el,o la afectada, debe conocer la resolución escrita y motivada que la autoridad que pretende restringir el derecho, haya emitido. Obviamente una de las formalidades que deben respetarse en un debido proceso, es que las resoluciones deben ser por escrito; nunca verbales, y, además deben ser debidamente motivadas y fundadas en criterios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Nunca puede ser una resolución arbitraria.

Es entendido que para ejercer eficazmente el derecho de defensa, la persona afectada debe ser asistida por un abogado o abogada de su elección, que garantice el ejercicio técnico y profesional de ese derecho.

En el caso concreto de los Guaraguao, tal como aparece hasta ahora, la decisión de impedirles la entrada al país, resulta arbitraria y no fundada en motivos calificados de seguridad nacional u orden público, por lo tanto la decisión evidentemente constituye un acto de discriminación por razones políticas, lo cual es inadmisible en un estado democrático y de derecho y por ello el artículo 60 de la Constitución de la República, prohíbe la discriminación, declarándola punible.

Los Guaraguao ya han ingresado y se han presentado en múltiples ocasiones en el país, lo cual refuerza el carácter arbitrario y discriminatorio por razones de orden político, de la decisión tomada.

Juan Orlando Hernández dice a su público, miles de hambrientos, que se siente orgulloso porque en un siglo no le habían dado la oportunidad a alguien más de reelegirse, solo a él. Hernández es el primer presidente que logra concentrar tanto poder como para legalizar una dictadura y mostrarse absoluto como la estrella solitaria que representa su partido, la que inunda la publicidad de su candidatura para demostrar que ni fotografía necesita para captar votos. Aunque solitario no esté del todo.

La biografía publicada en el portal de gobierno dice que Juan Orlando Hernández es el presidente más joven que ha llegado a ese cargo desde 1980. “A sus 45 años, Juan Orlando Hernández ha escalado por todas las posiciones políticas a las que alguien puede aspirar: diputado al Congreso Nacional; presidente del Comité Central del Partido Nacional; presidente del Congreso Nacional y, desde el 27 de enero del 2014, Presidente de la República de Honduras”. Ahora se le suma candidato a la reelección.

Hernández comenzó su andanza en la política acompañado de su hermano mayor, Marco Augusto quien fue vicepresidente del Congreso Nacional. Ambos vienen de una familia numerosa de Gracias, Lempira. Hernández estudió en el Liceo Militar del Norte y Derecho en la Universidad en Tegucigalpa, al graduarse estudió en Estados Unidos una maestría en Administración Pública.

El Partido Nacional ha apostado al liderazgo de Hernández como pilar fundamental para seguir controlando el Estado de Honduras, sobre todo después del golpe de Estado.

Hace ocho años cuando José Manuel Zelaya impulsaba una consulta popular para la instalación de una cuarta urna que abría una posibilidad de aprobar la reelección presidencial, Hernández era diputado. “Nosotros les dijimos: no se peleen entre ustedes, las consecuencias las va a sufrir el país. No hicieron caso y seguimos pagando la factura de eso”, dijo Hernández en un reciente discurso refiriéndose a que el golpe de Estado era culpa del Partido Liberal liderado en aquel entonces por Zelaya, ahora líder de la alianza opositora.

Hernández fue, en ese entonces, de los más férreos defensores del golpe de Estado y tras el mismo logró escalar peldaños de manera que en 2010 se convirtió en el presidente del Congreso Nacional. Las Fuerzas Armadas, fortalecidas tras el golpe, se volvieron en su aliado más importante en este periodo.

Uno de los pilares fundamentales de su gobierno y de su campaña actual es el tema de seguridad, una seguridad militarizada. La consigna de una lucha que no ha ganado sigue siendo fuerte: la elevación a rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público, su más importante creación.

Mientras fue presidente del Congreso Nacional aprobó 25 leyes en materia de seguridad en esta línea y creó 14 fuerzas de seguridad que son un híbrido entre militares y policía civil.

La fragua de su reelección

En 2012, durante las elecciones internas de los partidos, su contrincante en el Partido Nacional, Ricardo Álvarez, lo acusó de fraude y realizó una campaña mediática para solicitar el conteo voto por voto. Álvarez fue silenciado y ahora es ministro de la presidencia, el hombre al que Hernández le agradece primero en los discursos. Los escándalos de corrupción dentro del Partido Nacional son los que mueven las piezas. En ese momento Ricardo Álvarez estaba siendo señalado por actos de corrupción en la alcaldía de Tegucigalpa que administró antes de su candidatura a la presidencia.

Así se fue abriendo paso Hernández entre los viejos liderazgos manchados de corrupción. Así pasó con Porfirio Lobo Sosa quien en su gobierno nombró a las personas que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), o cuyo hijo ahora está en Estados Unidos en un juicio por colusión con el narcotráfico. Hernández gobernaba desde 2010 mientras todo esto pasaba.

Mientras gobernó desde el Congreso Nacional, Hernández movió todas las piezas para asegurar su candidatura por la reelección y que su plan de gobierno basado en la militarización y en la concesión del territorio no tuviera oposición. En 2012, Hernández también dio un golpe al poder judicial suspendiendo a 4 magistrados de la Corte de lo Constitucional por haber declarado inconstitucional las ciudades modelo y no permitir la elevación a rango constitucional de la Policía Militar, pero sobre todo poner magistrados en esta sala le garantizaba la aprobación de la reelección presidencial. Algo fundamental para ser presidente era tener los tres poderes del Estado a tono con su plan de gobierno continuista.

El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía en un artículo publicado originalmente en el New York Times en Español explica el camino que Hernández trazó para establecer una dictadura de corte legal.

Fotografía: Martín Cálix

“La decisión (de dar vía libre a la reelección a pesar de estar prohibido en la Constitución) fue bienvenida por los aliados del presidente Juan Orlando Hernández, quienes promueven una exaltación de sus virtudes personales y la necesidad de avanzar con un proyecto de país que solo es posible bajo su liderazgo. Sin embargo, el resultado ha sido una polarización social creciente que ve con sospecha esta intención continuista. Este acatamiento, además, se encuadra dentro de una tendencia que se disparó con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 y aparenta todas las formalidades de la democracia representativa mientras, en la práctica, se consolida un régimen autoritario y militarizado que subordina toda la institucionalidad al Poder Ejecutivo.

El presidente Hernández ha logrado el control de los principales poderes públicos, incluyendo el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Asimismo, activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un órgano con características de supragobierno presidido por el presidente de la República, en el que se toman las decisiones más importantes”.

En Honduras no se mueve una hoja de papel sin el consentimiento del Consejo Nacional de Defensa: el uso de fondos de la Tasa de Seguridad está en manos del Consejo, las llamadas telefónicas son escuchadas por el Consejo, el manejo de las unidades de investigación está bajo mandato del Consejo, las leyes en materia de administración pública, judicial y penal también son coordinadas desde esa superinstancia.

Con la entrada en vigencia de la Ley del Consejo Nacional se aprobó una entidad de investigación para que diera funcionamiento a las obligaciones de esa estructura. En el artículo 6, la Ley estipula que para el debido funcionamiento del Consejo se ordena la creación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, ente encargado de ejecutar las políticas públicas que establezca el Consejo. Tiene libertad e independencia funcional, presupuestaria y administrativa. Todo bajo el mandato del presidente Hernández.

RECOMENDAMOS: Consejo Nacional de defensa y seguridad corazón de la dictadura en Honduras

Robo del IHSS

El actual presidente, que provocó el rechazo popular en 2015 por el involucramiento de su partido en el latrocinio del IHSS (el robo de alrededor de $300,000), ahora se muestra ante el mundo como un presidente transparente, promotor del cambio y merecedor de continuar en el poder para seguir “luchando contra la violencia e impunidad”. Sin embargo la realidad está lejos de lo que pinta la publicidad.

El investigador alemán Harald Waxenecker realizó un estudio de red de corrupción sobre el caso del Seguro Social basado en los resultados de la Comisión interventora, el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Anticorrupción en base a un total de 2 mil 552 millones de lempiras de los cuales directamente 6.1 millones fueron a dar al Partido Nacional para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández.

A pesar de que Ricardo Álvarez denunció el proceso electoral como fraudulento, fue él quien salió a defender al Partido Nacional cuando la prensa hondureña destapó este desfalco y los cheques firmados para el Partido Nacional aduciendo que del dinero no se sabía la procedencia al momento de recibirlo y que se había devuelto.

Waxenecker concluye en su estudio que: «las formas de enriquecimiento indebido se materializaron mediante el saqueo deliberado de recursos estatales (red de empresas fachada), la sobrevaloración y el incumplimiento contractual como práctica púbico-privada (empresas asociadas a la élite hondureña), y la generación de rentas extraordinarias para el sector bancario en forma de líneas de crédito. El origen de los fondos es el Estado. El conjunto de esas formas de enriquecimiento indebido ha estado vinculado al financiamiento político ilícito del Partido Nacional (PN) con la finalidad de perpetuarse en el poder gubernamental (elecciones 2013) y “aceitar” la maquinaria de impunidad.»

 

Imagen de estudio Honduras: ¿Redes indebidas de poder, impunidad y enriquecimiento?

Waxenecker explica que «la gráfica muestra la sobreposición de redes al modelo del sistema político, visibilizando las fronteras difusas que van desde lo público hasta lo privado, desde lo lícito hasta lo ilícito (pasando por lo ilegal), y desde lo formal hasta lo informal. Las relaciones entre los nodos ilustran una capa de interacción que opera de manera subyacente en y desde el Estado, el sistema político y el sistema económico, involucrando a actores institucionales (internos del Estado) y actores lícitos e ilícitos (externos al Estado). No es meramente un agregado de individuos, sino la suma/confluencia de relaciones que individuos y estructuras (estatales, económicas, criminales, judiciales, (ex)militares, políticas, etc.) sostienen entre sí con la finalidad del enriquecimiento indebido, impunidad y poder indebido. Es un conjunto de actores que forman parte de un todo mayor, y que son resultado de procesos sociohistóricos.»

Pero la forma en que la mafia se mueve dentro del Estado no solo fue visible con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por el que ahora hay varios enjuiciados, los principales de conectar los nodos. Otro caso fue el asesinato de Berta Cáceres que también es reflejo del plan de gobierno de Juan Orlando Hernández.

Honduras muestra alarmantes actos de violencia contra defensores de derechos humanos y su estructura de poder ligada al crimen organizado muestran a este país como un narco estado al servicio de las élites que han logrado crear mecanismos para trabajar desde la institucionalidad sus planes de saquear los recursos del Estado. En el caso de Berta, fuerzas de seguridad del Estado, la misma secretaría de seguridad del país, actuaron en operativos de inteligencia conjuntamente con los encargados de la empresa Desarrollos Energéticos SA según el informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) a falta de una investigación independiente por parte de las instituciones correspondientes en Honduras.

Este asesinato ocurre en un contexto donde las prioridades del actual gobierno están en concesionar el territorio al capital trasnacional y a la élite económica local para la minería, la generación de energía, el mantenimiento vial y el manejo del servicio de agua. La tercera parte del territorio está concesionada para proyectos mineros, 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar, según un estudio del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras.

A esto se suma la apuesta por desarrollar las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) un proyecto de la corriente libertaria de la Escuela de Chicago, Estados Unidos, en la que el Estado se minimiza a tal grado de no existir porque el territorio se vende a trasnacionales o países con todo y su población para regirse por un comité y el Common Law y no por las leyes del país. Todo controlado por el actual presidente.

Estos proyectos no pueden ser sin que las alianzas entre la élite local y el gobierno de Hernández estén fortalecidas. Un Grupo Terra, de Freddy Nasser, yerno de Miguel Facussé, muy cercano al gobierno y con negocios en el rubro de la energía renovable cada vez más grandes. Una familia Atala, señalada por pertenecer a la junta directiva de la empresa que mandó a asesinar a Berta Cáceres, es la familia con mayor influencia por sus múltiples inversiones en el país. Hernández ha convertido el banco de esta familia (Grupo Ficohsa) en uno de los más importantes para los negocios estatales y los fideicomisos. Y el hombre más rico de Honduras, según la revista Forbes, Mohammad Yusuf Amdani, un empresario de la industria textil y del “call center”, con quienes Hernández ha hecho su campaña de nuevas fuentes de empleo.

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Crimen y Estado

A partir de 2016 comenzaron no solo las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos sino también las entregas voluntarias que han representado un verdadero terremoto para las fuerzas políticas del país.

Cuando “Los Cachiros”; unos famosos narcotraficantes hondureños, declararon en Estados Unidos, muchos se pusieron nerviosos. Y cuando confesaron que el expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió sobornos de su parte y su hijo coordinó toda la relación, se le comenzó a tambalear el piso al oficialista Partido Nacional, que en este momento está en la recta final para establecer su dictadura. El hijo del expresidente, con el que cogobernó Juan Orlando Hernández tras el golpe de Estado de 2009, está preso en Estados Unidos. La red de corrupción alrededor del caso “Cachiros” penetra hasta lo más profundo de las estructuras del Estado, sobre todo las estructuras del partido en el poder.

De 2009 a 2012 aumentó la tasa de homicidios, llegando a su punto máximo en 2011 según un informe de seguridad ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA). El gobierno tomó el control de todos los poderes del Estado, y la DEA entraba y salía de los territorios libremente, se llevaba y traía presidentes para hablar de la lucha contra el narco, en sus helicópteros, con sus condiciones. La dupla del poder: Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. La política de mano dura contra el crimen organizado que promulgaron en su gobierno, al parecer es solo pantalla de lo que ocurre: una relación de concubinato entre las mafias y el Estado.

Fotografía: Martín Cálix

Escenarios políticos

El analista político hondureño Tomás Andino, en un análisis de escenarios asegura que podrían haber tres en las próximas elecciones, una contienda entre once partidos políticos, tres de ellos unidos en la Alianza de Oposición contra la Dictadura con la cara visible de Salvador Nasralla, un outsider, con el liderazgo predominante de Manuel Zelaya Rosales, el presidente víctima del golpe de 2009.

El escenario más probable, dice Andino, es que el gobierno de Juan Orlando Hernández se consolide cuatro años más en el poder con un gobierno totalitario y fortalecido, con el compromiso de regular la reelección.

Uno de los problemas de la actual contienda es que no se hicieron reformas electorales, ni siquiera se reguló la reelección presidencial. Es por esto que en su campaña, el presidente Juan Orlando Hernández ha llamado a votar en línea por todos los diputados del Partido Nacional de un Congreso Nacional del cual 98 diputados van a reelección. Necesita garantizar el Congreso Nacional para amarrar reformas electorales que convengan a su gobierno ya en el poder.

El segundo escenario es que se desate una crisis política social y la aceleración del advenimiento de una dictadura de carácter legal. A corto plazo, con la emergencia de un movimiento popular espontáneo que se rebele a un posible fraude electoral pero que sería contenido por la represión o por su propia dirigencia. Esto podría hacer que, aunque Hernández continúe en el poder, su gobierno entre con más debilidad por la convulsión social y podría condicionar las reformas electorales y la regulación de la reelección.

El escenario tercero es un cambio de gobierno con la venia del gobierno de Estados Unidos. Un cambio de gobierno que no necesariamente puede ser la Alianza de Oposición con Nasralla en la presidencia, sino el Partido Liberal con su candidato Luis Zelaya, un hombre cercano a la élite económica y política del país. Este cambio podría ser urgente si la presión ciudadana logra hacer tambalear al gobierno autoritario de Juan Orlando Hernández y su plan continuista. También podría ser necesario de seguirse ventilando la corrupción y los vínculos del presidente con el crimen organizado.

Este último escenario, el menos probable, está siendo visualizado por el actual mandatario, quien en su campaña ha puesto mayor énfasis en que en el Congreso Nacional, el Partido Nacional tenga mayoría y total poder de decisión.

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Resistencias y oposición política

Sin embargo, a pesar del panorama adverso que se muestra de Honduras, existen pequeñas resistencias que se han multiplicado desde el asesinato de Berta Cáceres. Comunidades enteras que defienden ríos, carreteras, montañas como herencia y legado de Cáceres.

Existen contrapesos al actual gobierno autoritario y su plan privatizador. Las comunidades que se oponen a la explotación minera, a la concesión de los ríos, a la instalación de proyectos de generación de energía sin consultarlos. Los movimientos que siguen llamándose “indignados” a pesar de que las manifestaciones masivas en las calles pidiendo una Comisión Internacional contra impunidad ya cesaron. Indignados que se organizaron y ahora defienden la soberanía vial en contra de la privatización de las carreteras públicas.

Otro contrapeso podría ser la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que si bien es cierto, no tiene las facultades mismas que la CICIG en Guatemala, en Honduras comienza a hacer ruido. Ya conformó una Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción y ha tomado casos en los que se podrían desarticular redes criminales insertas en el Estado. El obstáculo más palpable ahora es el gobierno actual, que no le da las facultades que necesita para enfrentarse a la corrupción y que sigue sin atender a sus peticiones de crear un marco legal que le permita actuar. Por ejemplo, la MACCIH ha exigido en repetidas ocasiones la creación de la “Ley de Colaboración Eficaz” sigue siendo ignorada en el Congreso Nacional.

También ha exigido la derogación de la ley de secretos oficiales, pero no hay respuesta. Esto sigue mostrando que este país es el presidente y su voluntad.

Por otra parte, histórico es que tantas fuerzas políticas vayan a contienda en las elecciones y que exista una alianza de partidos para hacerle oposición a la reelección del actual presidente. A pesar de que la fuerza popular sigue sin radicar en los partidos políticos, la oposición busca hacer un contrapeso.

Honduras podría estar avanzando a una agenda conjunta del movimiento social en contra de una aparente dictadura con consentimiento legal. A menos de un mes para las elecciones la Convergencia contra el Continuismo convocó a una movilización el pasado 7 de noviembre en Tegucigalpa para pronunciarse contra la dictadura y medir el pulso de sus seguidores. En esa movilización, el movimiento social representado por el sacerdote jesuita Ismael Moreno, un actor articulador entre el movimiento social y los partidos de oposición, leyó 12 puntos de la agenda consensuados con esta coalición de organizaciones de sociedad civil enfrentadas con el actual gobierno.

La Coalición contra el continuismo, como se ha llamado la nueva convergencia del movimiento social pidió a la Alianza opositora mantener la lucha contra la ilegalidad de la reelección, que siendo gobierno reviertan el proceso de privatizaciones y recuperar el liderazgo del Estado en su responsabilidad social, en este mismo sentido que se deroguen las ciudades modelo y la ley de minería así como concesiones de ríos y carreteras. Exigieron también la derogación de leyes como la ley de empleo temporal, las reformas al código penal que penalizan y coartan la libertad de expresión. Agregaron también que se realice una reestructuración agraria y que se garantice el liderazgo de la mediana y pequeña empresa de producción para desarticular las redes que se tejen en reducidas élites locales y trasnacionales, que se impulse una verdadera política fiscal. En temas de seguridad pidieron la desmilitarización de las fuerzas de seguridad y que se derogue la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

El movimiento social pide a la Alianza, de ganar las elecciones, destruir todo el andamiaje que Juan Orlando Hernández ha construido durante 24 años en el poder con la guía de las élites a las que responde.

“Ustedes se comprometen con estas demandas y contarán con nuestra presencia y nuestra vigilancia crítica. Ustedes no cumplen y nosotros estaremos en las calles presionando y exigiendo, porque siempre seremos Convergencia con nuestra identidad política ciudadana, activa y movilizada”, culminaron.

Mientras tanto Hernández, con su discurso eufórico, sin haber asistido a un tan solo debate presidencial discursaba un par de días antes en la capital:

“Si sienten ganas de pelear vamos a mandarles un tecito de valeriana. Pero eso sí, cuando se trate de luchar por Honduras, de generar empleo masivo que es lo que vamos a hacer en el próximo gobierno, vamos a tener un país seguro, yo le digo a los de la oposición tratándose de servir a Honduras yo les digo: como quieran quiero y como se pongan puedo, estoy listo. Estamos listos”.

 

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Ilustración: Marcela Lara

La crisis interna del Partido Liberal no impide que los viejos liderazgos políticos sigan vigentes y con poder en su instituto político y sobre las decisiones económicas y sociales del país. El expresidente Carlos Flores Facussé es un ejemplo de ello, él es un líder de la vieja escuela que todavía tiene incidencia en el Estado y sobre todo en su partido para nombrar, apoyar y elegir candidatos.

Un 28 de julio del 2009, un mes después del golpe de Estado, un grupo de abogados, defensores de derechos humanos presentaron una denuncia contra el expresidente Carlos Flores Facussé y contra el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. La acusación fue por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración del Estado.

Los delitos de los que acusaban en ese momento a Flores y Maradiaga se desprendieron de la aprobación del Acuerdo Ejecutivo Número 046-2001 de Consejo de Ministros en el gobierno de Flores (1998-2002) que aprobó asignar del presupuesto del Estado una partida de cien mil lempiras mensuales en beneficio del cardenal Oscar Rodríguez, con el fin de atender diversos gastos institucionales del cardenalato.

Lejos de separar la iglesia del Estado, ese acuerdo aprobado en diciembre del 2002 unificaba más a estos dos sectores que siete años después, año en el que se interpuso la denuncia estaban más unidos promoviendo un golpe de Estado. Oscar Andrés fue nombrado cardenal en el Vaticano y el Estado lo premió con cien mil lempiras mensuales.

Flores Facussé era el presidente y su extenso poder en el Estado, en su partido y en la industria mediática lo acuerpó para tomar esa decisión, sin temor a que la laicidad del Estado o las mismas leyes le jugaran en contra.

-Presentamos esa denuncia. Es increíble lo que ha sucedido, el Ministerio Público lejos de investigar con la seriedad del caso, simplemente lo archivó y hasta la fecha además de inactivo está en la impunidad- , mencionó uno de los abogados que suscribió la denuncia, Omar Menjívar.

Para Menjívar la denuncia significó exigir el respeto del Estado ante las finanzas del pueblo y también a respetar a un país laico y que no tiene necesidad de financiar a una institución religiosa, menos a un sacerdote.

-Yo no dudo que acá tuvo algo que ver el poder que tienen estos dos sujetos: Carlos Flores y Oscar Rodríguez Maradiaga. Flores en ese momento era el presidente, todo el mundo sabe que él tiene mucha influencia en el país y en la política. Justo ese año el fiscal era Luis Rubí, alguien que él ubicó como fiscal, antes como magistrado del Tribunal Nacional Electoral y también en la Corte Suprema de Justicia, eso nos demostraba en ese momento a qué nos enfrentábamos- continuó relatando.

Carlos Flores inició en la política hondureña en 1970. Luego de culminar sus estudios universitarios. Su padre fue un empresario de la industria editorial y medios de comunicación, Flores heredó ese legado.

Facussé asumió puestos públicos importantes, fue miembro de la junta directiva del Banco Central de Honduras, ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

A finales de la década de los setenta desarrolló con más fuerza su carrera política en las filas del Partido Liberal, siempre vinculado al departamento de Francisco Morazán. De presidente del Consejo Departamental Liberal pasó a ser diputado, primero en la Asamblea Nacional Constituyente, de 1980 a 1981, y luego en el Congreso Nacional inaugurado en 1982 tras una década de gobiernos militares.

Sirvió de ministro de la presidencia en el gobierno de José Azcona Hoyo (1986-1990), perteneciente como él a la fracción Movimiento Liberal “Rodista” dentro del partido, y en 1989 fue nominado candidato del PLH a las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de aquel año, las cuales, transcurridas entre denuncias de irregularidades, dieron la victoria al candidato del Partido Nacional (PNH), Rafael Leonardo Callejas Romero, quien con el 52,3% de los votos le superó en ocho puntos porcentuales.

 

El “Rodismo” representa al sector conservador del Partido Liberal, sector que por ahora impone su poder en el partido, y del que en este momento forma parte también el candidato a la presidencia Luis Zelaya, apadrinado por Facussé, Micheletti y otros viejos liderazgos de influencia.

Así como otros expresidentes, antes de llegar al cargo en 1994 fue electo presidente del Congreso y tres años después recibió su segunda nominación en la que se convirtió en presidente en 1998.

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La denuncia pedía que a los imputados se les dictara prisión y sentencia condenatoria, de la misma forma pedían que se realizaran las investigaciones correspondientes para que el dinero entregado a Maradiaga regresara a las arcas del Estado.

-Solo el hecho de pedir cárcel para Flores ya era algo casi imposible, pero a veces hay que retar a la institucionalidad- dijo Menjívar.

Enjuiciarlo era casi imposible porque Carlos Flores es hoy por hoy un caudillo con mucho poder en la política hondureña, en la institucionalidad y sobre todo en su partido. Todo su poderío fue construido con más de 40 años de recorrido al frente de instituciones del Estado, del mismo partido, del Congreso Nacional y hasta de la presidencia de la república, todo eso lo convirtió en una de las autoridades a las que hay que convencer para convertirse en candidato liberal.

Además de poder político, tiene influencia mediática, la que le permite orientar su maquinaria de apoyo a sus ahijados políticos. Él es dueño del Diario La Tribuna en Tegucigalpa, y socio mayoritario de Diario El País, medio recién fundado en San Pedro Sula, que surge como plataforma de competencia a Grupo OPSA, propiedad de la familia Canahuati.

Carlos es uno de los caudillos que manda en su partido, en las elecciones primarias del 2012 del Partido Liberal, su hija Lizzy Flores presentó su precandidatura como diputada simultáneamente en dos movimientos internos, eso provocó malestar en el liberalismo, que consideró esa aspiración como una acción ventajosa y poco ética.

En ese momento la indignación aumentó en la militancia liberal porque Lizzy apareció en la posición número 14, cuando en los conteos iniciales ni siquiera figuraba en la lista de los 23 diputados, que es el número representativo de legislativos por Francisco Morazán. Actualmente, Lizzy Flores Flake es embajadora de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas, otro cargo muy cuestionado por la población hondureña.

Durante el golpe de Estado del 2009 contra Manuel Zelaya, Flores representó a una de las familias poderosas que bendijo la ruptura democrática, y brindó todo su apoyo a Micheletti, personaje que en su gobierno formó parte de su equipo de trabajo al frente de Hondutel. En la crisis política de ese año, Facussé lanzó toda su maquinaria mediática para criticar cualquier acción contra el golpe y mantuvo su postura conservadora.

-Acá todo mundo sabe quién es Carlos Flores, fue uno de los principales orquestadores del golpe del 2009, se asoció con las demás familias poderosas del país y hasta lo hizo con las iglesias, el mismo cardenal al que ayudó con los bonos que denunciamos- recordó el abogado que quiso encarcelarlo.

Menjívar lamenta que la denuncia haya quedado en la impunidad, así como quedó el golpe de Estado, las violaciones a los debidos procesos dentro de la justicia hondureña y sobre todo a la misma Constitución a la que en su momento los mismos políticos juraron defender.

 

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Ilustración: Marcela Lara

El departamento de Yoro es una zona totalmente dividida por la incidencia de los partidos tradicionales, el Partido Liberal hasta el momento mantiene un amplio dominio sobre los demás institutos políticos y esto se debe al poder de un político de antaño e influencia: Roberto Micheletti, diputado en cinco ocasiones y expresidente en 2009 gracias a un golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Micheletti hasta la fecha mueve todos los hilos electorales en este departamento y ha creado una dependencia mutua con el actual alcalde, Alexander López, un leal alumno que va por la reelección en la administración local para un cuarto periodo consecutivo.

Hablar de Roberto Micheletti es sinónimo de poder, en El Progreso, Yoro tiene su finca “Villa Dona”, pero el pueblo entero se siente su finca. A pesar de que con el golpe de Estado bajó su perfil, aún sigue generando temor hablar de él de manera opositora, pero se ve su sombra tras la administración local de la ciudad con el alcalde Alexander López.

El departamento de Yoro en su totalidad, es uno de los pocos sectores que todavía son dominados por la maquinaria del Partido Liberal, un instituto resquebrajado luego del golpe de Estado, acto impulsado por el mismo Micheletti.

Don Roberto, como le suelen decir sus activistas, es un político que se mantiene en la cúspide de los diputados reelectos en la historia política hondureña, él logró ese repetido nombramiento por cinco ocasiones, fue presidente del Congreso Nacional desde el 2006 al 2009 y luego dio un golpe de Estado que lo convirtió en presidente de facto, pero al fin de cuentas presidente de la nación. Actualmente es diputado vitalicio, nombrado por el mismo Congreso del que fue miembro.

Una de las características de los últimos años, es que los presidentes tanto electos como impuestos salgan del Congreso Nacional. Micheletti, así como Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, antes de ser presidentes fueron diputados, esa plataforma es fundamental para quienes intentan convertirse en presidente.

Micheletti comenzó su participación política en el Partido Liberal de Honduras en El Progreso, Yoro. En la década de los ochenta en el departamento de Yoro, logró la presidencia del Consejo Local Liberal y luego nombrado secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

A don Roberto lo lanzó a la política su primo William Hall Micheletti, padre del actual presidente del Consorcio San Pedro Sula Siglo XI, que es dirigido por la constructora William y Molina, una de las empresas constructoras (entre las varias que tiene Hall), con mayor fuerza en la zona norte de Honduras. A finales de los setenta, Hall llamó a Micheletti quien vivía en Estados Unidos para que trabajaran juntos un liderazgo liberal que estaba necesitando su pueblo.

Así Micheletti regresó y realizó inversiones como cooperativista y directivo de la empresa de transporte interurbano Tupsa, hasta que con el avance, incidencia y poder adquirido políticamente se adueñó totalmente de la misma. Cuando llega la década de los 90 y con ella el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas, Micheletti ya se había convertido en un empresario y político importante en su ciudad.

Se convirtió en diputado desde el tiempo del presidente Azcona, pero fue hasta 1998, bajo la bendición de Carlos Flores Facussé, sector liberal al que pertenecía don Roberto, que adquirió más poder. Para ese entonces, también tenía en su poder una frecuencia radial en AM: Radio Perla, emisora que todavía está en funciones con cobertura local a través del sistema AM.

Durante el gobierno de Flores, fue nombrado gerente de Hondutel, en ese mismo periodo ubicó a uno de sus ahijados políticos: Alexander López al frente de la empresa en San Pedro Sula, según cuenta un dirigente social de la ciudad que vio cómo Alexander López, siendo un dirigente de patronato con un discurso social muy progresista, fue acercándose al caudillo más fuerte de la zona hasta convertirse en su mano derecha en Hondutel.

Así Micheletti fue saliendo de lo local a lo nacional. Y además de su incidencia política en Yoro pudo escalar, convirtiéndose en 2002 en presidente de la Bancada del Partido Liberal. Demostró capacidad, dominio y control sobre su territorio a tal grado que la única alcaldesa nacionalista que ha tenido El Progreso, fue Nelly Solimán y lo consiguió porque en ese momento su otro ahijado liberal, Virgilio Padilla, estaba teniendo diferencias con Micheletti. Padilla salió totalmente del escenario político.

El libro sobre historia en forma de sátira escrito por José Ignacio López Vigil titulado: “Radio Progreso: Historias cabales, picantes y catrachas”, cuenta sobre el cacicazgo de Micheletti:

-Es tan cacique, que si vos querés una línea de teléfono, te la dan si llevas una carta firmada por Roberto Micheletti. Los médicos, las enfermeras que tienen trabajo en el hospital lo consiguen a través de la recomendación de él. O de su familia. Porque él ha puesto a su suegra a controlar la venta de comidas típicas, a su esposa aquí, a otro allá. Él controla todo y la gente le tiene miedo.-

Esto dice Radio Progreso en su libro, una radio que tiene 61 años funcionando y que se ha enfrentado a este caudillo no solamente durante el golpe de Estado de 2009, sino durante gran parte de su tiempo al aire.

Sale de su pueblo y quiere controlar el país

En la rama ejecutiva, siete de los nueve presidentes electos eran empresarios conocidos o políticos vinculados estrechamente con el sector empresarial. José Azcona (1986-1990, en la industria de la construcción), Rafael Callejas (1990-1994, banca privada), Carlos Flores (1998-2002, industria editorial y medios de comunicación), Ricardo Maduro (2002-2006, grupo Unimer y Grupo Roble), Manuel Zelaya (2006-2009, agricultura y ganadería), Roberto Micheletti (presidente de facto entre junio de 2009 y enero de 2010, rubro del transporte), Porfirio Lobo (2010-2013, agroindustria y ganadería), Juan Orlando Hernández (2014-2018, diversos negocios familiares y estrechos vínculos con la banca privada y el sector exportador).

-Micheletti es el ejemplo de poder político, en el departamento de Yoro, todo mundo sabe que él tiene influencia sobre la justicia, sobre los políticos, en el registro, en la municipalidad de El Progreso, en los barrios, con los patronatos- , dijo una fuente que prefirió no revelar su nombre por temor a que eso le genere consecuencias.

Tanto es el poder de este personaje, que todo mundo en El Progreso sabe que cuando se inicia en política y tiene perfil para convertirse en candidato debe firmar una hoja en blanco a Micheletti, esa es su garantía por si en algún momento deciden traicionarlo.-

En el último periodo electoral, Roberto Michelleti apoyó a Mauricio Villeda a la presidencia, él garantizó como todos los años el despliegue de su maquinaria departamental y municipal en El Progreso y siguió apoyando al candidato Alexander López, quien busca su cuarto periodo consecutivo a lo interno de la alcaldía.

Para las elecciones donde se coronó Juan Orlando Hernández presidente, su hijo Aldo Micheletti era el coordinador departamental en Yoro, tenía como contrincante al otro extremo de apoyo al candidato Yani Rosenthal (actualmente preso en New York por involucramiento con cártel de narcotráfico “Los Cachiros”, al empresario progreseño de origen palestino Juan Bendeck, quien coordinaba su campaña.

La política es también una estrategia de ajedrez, y quienes mejor muevan sus piezas obtendrán los mejores resultados. La división entre Bendeck y Micheletti es muy conocida en El Progreso. Un ejemplo de ello fue la definición del candidato a la alcaldía del municipio en ese periodo. Juan Bendeck quien era el coordinador de Yani, intentó hacerle la competencia a Alexander y a Micheletti, previamente sostuvo muchas reuniones con el actual vicealcalde Pompilio Tejeda y reconocido artista nacional, para que con su popularidad llegara a ser el candidato por la corriente Yanista.

Cuando Micheletti y su maquinaria se dieron cuenta, citaron a Pompilio para hacerlo desistir de unirse al sector de Bendeck. Actualmente continúa ostentando el lugar de vicealcalde, en apoyo a López en El Progreso. Al final el “Yanismo” ubicó  a Juan Ramón Morales, exreconocido dirigente del “Micheletismo” en el pasado.

-Historias como esas son tan comunes en El Progreso. Micheletti políticamente lo domina todo, yo recuerdo una concentración política de Yani, la convocaron esa vez frente al restaurante Canela y Trigo del bulevar, sus activistas que son muy peligrosos pagaron a personas para llevar papeles que decían: “si no se van de acá, nosotros los pandilleros de la mara 18 los asesinaremos”, y eso obligó a la gente a salir de la concentración y fue boicoteada totalmente-, siguió relatando nuestra fuente.

Las rivalidades políticas se plasman en los recursos mediáticos que los involucrados tienen. Micheletti usa actualmente su radio emisora Radio Perla para defender sus políticas y atacar a sus adversarios, lo mismo sucedió durante esa campaña en Teleprogreso, propiedad de Juan Bendeck. En esa campaña desde Teleprogreso sacaron varios reportajes auditando la inversión política de Alexander López en su campaña, el canal recibió amenazas, que luego fueron investigadas por su propietario, que involucraba directamente a activistas de Micheletti.

Frente a una resistencia fuerte

Las entradas de El Progreso, Yoro son simbólicas. En la carretera que llega del atlántico hondureño entrando a la ciudad a un costado se lee un rótulo que dice: Alexander López es malo porque no quiere que los pobres tengan casa.  En la entrada que viene de Santa Rita y carretera a la Barca está la finca de Micheletti que a orilla de calle tiene una fila de banderas del partido liberal para dar la bienvenida a los turistas. Y en la entrada que viene de San Pedro Sula, Lima y San Manuel, está la resistencia más fuerte en los últimos dos años contra el modelo privatizador de las carreteras: el campamento permanente contra el pago de peaje. Allí hay una tranca que se levanta aun cuando los vehículos que transitan por esa carretera no quieren pagar.

Estos símbolos también muestran la convivencia de caudillos con una ciudadanía que exige derechos.

La historia de Micheletti después de 2009 se hizo más pública. Su rostro, su biografía, el apodo que Hugo Chávez le colocó llegó a muchos países del mundo. “Gorilleti” en varios idiomas. Pero ahora, Micheletti parece un fantasma. Se le ve en las calles de El Progreso sin escolta, tranquilo como paseando por “Villa Dona”. Ya no se ve militarizada, como después del golpe de Estado, la calle donde su familia vive, o la ruta que él transita. Públicamente su imagen se apagó, sin embargo su poder tiene las raíces bien puestas, actualmente su representación es el alcalde Alexander López.

El primer mensaje de bienvenida es el caso de la Colonia Alemania, un sitio en disputa de tierras que ha generado desplazamiento forzoso, violencia contra líderes comunitarios y hasta un asesinato recientemente. Este es el ejemplo de los problemas de tierras y reubicación que se dan en El Progreso, Yoro con la actual administración.

La historia de la colonia Alemania es como la de miles de casos en la zona norte de Honduras, sobre todo, en los valles más productivos donde la tierra ha sido facilitada a grandes empresarios y negada a los campesinos. El predio donde viven alrededor de 300 familias en el sector Camalote de la ciudad, era propiedad de un alemán llamado Bernard Gunter quien murió sin heredar estas tierras, solamente con el compromiso oral de dejársela a los pobres. Pero la municipalidad presidida por López vio mucha oportunidad en este terreno y peleó en los juzgados que se nombrara la tierra municipal y no ejidal. El conflicto viene desde 2011 y actualmente la violencia se ha arreciado porque la división comunitaria es tal que las amenazas vienen desde adentro.

Ese rótulo representa la desesperación de una comunidad de no poder acudir a las autoridades. López prometió soluciones en tiempo de campaña, pero ya en el poder incluso amenazó con desalojar para construir una obra municipal. “Nosotros no tenemos nada en contra del alcalde y no queremos que se meta, estas tierras las estamos peleando con gente que nos la ha querido quitar con violencia y amenazas”, cuenta una lideresa de la Alemania.

Pero este caso no es aislado, en temas de desalojos y reubicación, López tiene muy mala reputación en su ciudad. Comunidades como Monte de los Olivos también muestran el abandono en el que están miles de personas desalojadas de la parte céntrica de la ciudad y reubicadas en zonas pantanosas y no aptas para la vida en las afueras de la ciudad. Alexander se ha encargado de que su lema “Ciudad bonita” sea eficiente.

En la aldea donde Micheletti tiene esta hacienda, la que da la bienvenida con una fila de banderas rojo-blanco-rojo, también se han enfrentado a los caudillos, sobre todo a López. En 2014 en Arena Blanca, aldea de El Progreso, Yoro, algunos vecinos comenzaron a reunirse para hablar sobre auditoría social. En ese año, la corporación municipal había construido una obra de pavimentación en la calle principal de esa aldea, que es muy visitada por turistas una vez al año por tener un santuario al Cristo de Esquipulas, y pasaron apenas cinco meses para que el pavimento ya solo fuera piedras lavadas.

Se conformó ese año una comisión de transparencia comunitaria que ha denunciado corrupción en la construcción de ese pavimento y en otros proyectos comunitarios que llegan tanto de la corporación municipal como del gobierno central. En esa comisión ya hubo personas amenazadas por ese señalamiento y hasta ahora no existe denuncia formal por corrupción en este caso, tampoco el contrato de construcción para esta obra está en la base de datos de Honducompras. El tema no tuvo ni siquiera cobertura de medios de comunicación. Lo saben en Arena Blanca, nada más. El poder de la finca es grande.

Fotografía: Radio Progreso-ERIC

Tensiones y juegos de intereses

Alexander López ha sido un político muy popular y amistoso. Ha sido todo lo contrario a Micheletti quien es impulsivo y molesto. Además López ha sabido negociar.

En 2003 que se aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico que pasaba la administración de las aguas a las municipalidades, en El Progreso se encendió una lucha fuerte contra esta ley porque se estimaba que fuera un paso para la privatización del recurso más preciado.

El sacerdote Ismael Moreno, SJ director de Radio Progreso, cuenta en un artículo de la Revista Envío Nicaragua que:

El 4 de octubre, una asamblea de dirigentes de patronatos y de organizaciones sociales y populares se reunió en El Progreso, Yoro.  Por unanimidad, la gente convocada decidió comenzar acciones de presión para impedir la realización del tercer debate programado para esa misma semana.  El 7 de octubre los pobladores realizaron un plantón frente a la municipalidad de El Progreso, con un documento firmado por un centenar de comunidades y barrios del municipio. Expresaban su total rechazo a la aprobación de la ley.

Se cuestionó con firmeza el manoseo de “la municipalización”, destinada a ocultar la real privatización del agua.  Al día siguiente, miles de pobladores se tomaron el puente La Democracia, única vía de acceso directo a El Progreso, al litoral atlántico, a San Pedro Sula y al resto del Valle de Sula con una única demanda: que el Congreso Nacional se olvidara para siempre de la ley de aguas. Para el 12 de octubre se logró que en los contenidos de las movilizaciones del Bloque Popular en Tegucigalpa y en otros municipios del país con ocasión de los 510 años de la Conquista de América, se expresara el rechazo a la ley de aguas como una concreción del rechazo popular al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).-

Un dirigente del Bloque Popular en ese entonces comentó que Alexander López estaba involucrado en la dirigencia de patronatos y su discurso fue totalmente incendiario, en contra de la municipalización del agua. Esto le ayudó a ganar adeptos porque no hay lucha que más ha articulado a la ciudad que la lucha por el agua.

El siguiente gobierno Alexander ya era alcalde y ratificó su compromiso de no municipalizar el agua, hasta hoy. Sin embargo, durante la administración de López Orellana la construcción y el monocultivo expansivo de palma africana han sido problemas que han afectado la zona de reserva en la montaña Mico Quemado y por eso ha sido cuestionado.

Otro momento de tensión que López ha tenido la audacia de matizar es la lucha contra el peaje, aunque quizá es la que más dolores de cabeza le ha dado. La privatización de los corredores logístico y turístico ha sido prioridad para el gobierno de Juan Orlando Hernández, y hasta que el peaje se acercó a El Progreso, Yoro, su plan no había tenido tropiezos. El corredor logístico ya está concesionado a una empresa trasnacional de Ecuador y el corredor logístico se concesionó a una trasnacional mexicana. La población de El Progreso se organizó y a finales de 2015 comenzó a investigar sobre el plan de poner peajes en las entradas de la ciudad.

Así comenzó una lucha que lleva casi dos años y que en un año ha logrado estar permanentemente en las casetas del peaje ya construido para concientizar a los que por allí transitan para no pagar. Un reporte reciente en medios de circulación nacional aseguraba que el 90% de los vehículos que pasan por ese peaje, no lo pagan.

El alcalde sufrió presiones por parte del gobierno para calmar esta resistencia y de la ciudadanía de parar este peaje. Al final, su salida fue decir que el peaje se construyera fuera de territorio progreseño y así no sería ya su problema. El peaje está en una aldea que pertenece a San Manuel, Cortés, donde la frontera es imaginaria, a menos de 2 kilómetros del río que da la entrada a El Progreso, Yoro.

En el momento más crucial de las negociaciones por el peaje, la Agencia Técnica e Investigación Criminal intervino la comuna progreseña para sustraer documentos por “denuncias por casos de corrupción por parte de la ciudadanía”. En 2016 hubo varias intervenciones de este tipo, aun cuando el alcalde venía siendo señalado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por abuso de autoridad, violación a los derechos de los funcionarios y fraude por un caso en que la municipalidad valoró en 6 millones de lempiras un proyecto de alumbrado de canchas públicas que apenas costaba 1 millón de lempiras.

Municipalidad de El Progeso PDF

El Progreso, Yoro; no solo es cuna del presidente golpista Micheletti, también es cuna de las resistencias a favor de derechos, en contra de la privatización de los bienes naturales, del Estado mismo. Es allí donde se encuentra ahora la lucha más frontal contra la reelección de Juan Orlando Hernández y su plan continuista y es allí donde políticos como López han aprendido a negociar, a las buenas o a las malas.

A Micheletti y Alexander no solo les conviene estar juntos porque es un negocio la municipalidad. Como uno de los casos con contratos de publicidad y propaganda que sostiene la administración de López con la radio de Micheletti con el pago casi permanente de Lps.17,250 cada mes o el pago a algunos de sus periodistas según contratos que se pueden encontrar en la Plataforma Honducompras. Uno de los tantos negocios que se pueden derivar de una municipalidad.

Ambos se necesitan políticamente, para enfrentar una ciudad que se resiste a vivir bajo el mando de los caudillos.

 

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Las campañas políticas de los mayores contrincantes: el Partido Nacional con su candidatura por la reelección y la Alianza opositora contra la Dictadura con su lucha frontal contra la reelección de Juan Orlando Hernández, parecen estar enfrentando una guerra en la que los rostros más empobrecidos, el contexto de crisis que tiene el país no son los protagonistas, son más bien instrumentos para la demagogia.

Texto: Jennifer Avila y Martín Cálix

Fotografía: Martín Cálix

«¿Para qué sirve la regla?» preguntaba eufórico Nasry «Tito» Asfura a una multitud de varios miles de personas en Tegucigalpa, su municipalidad. Retórico, él mismo respondió «la regla sirve para poner rayas ¿y dónde vamos a poner la raya? en los diputados del Partido Nacional», la gente, mucha gente empobrecida, gritaba «¡Cuatro años más!». La campaña del Partido Nacional representa el gran retroceso del proceso electoral actual, lleva en la cabecera una candidatura presidencial por la reelección, en contra de la misma Constitución de la República e invita a la ciudadanía no a elegir a sus diputados sino a marcar una línea en todos los diputados de un solo partido, reviviendo el voto en plancha.

El pasado 5 de noviembre «la marea azul» inundó el bulevar Suyapa de Tegucigalpa. Antonio Rivera Callejas, un diputado que va por su cuarto periodo en el Congreso Nacional, aseguraba que eran alrededor de 40 mil personas que venían de todos los rincones del país. Filas largas de buses grandes estacionados en todo el bulevar, la Policía Nacional y la Policía Municipal cerraron juntos las calles y la capital simplemente obedeció, no hubo oposición a la obstrucción de la libre circulación.

La gente caminó hasta llegar a un escenario donde estaban los diputados, las caras donde la gente debe poner la raya con la regla, según el alcalde capitalino. Enfrente de todos estaba Juan Orlando Hernández con su esposa –Ana García Carías– bailando una ranchera que hablaba sobre la noble familia presidencial.

«Yo estoy aquí porque amo al presidente, a mi partido lo amo. Yo ahorita he tenido un problema en mi casa que no me lo han podido arreglar, pero espero, estoy con paciencia esperando que me arreglen lo que se me cayó de mi casa. Tengo 79 años y siempre he sido nacionalista, espero que me ayuden», doña Crucita (79 años).

Jóvenes, ancianos, mujeres con sus hijos, todos cargaban una bolsa transparente que  contenía un jugo de naranja pequeño, un bote con agua y una bolsa de churros.

–Lo más seguro es que él va a ganar mi amiga. –Dice don José, un señor que descansaba en una acera junto con una mujer y una niña. –Venimos de acá, del lado de las Ayestas, esa zona es bien tranquila, bien suave, todos los aleros son clase. Venimos por el partido porque somos nacionalistas y andamos en esto. Pensamos que puede ser buen presidente de nuevo, creemos, no sabemos, pero estamos por él siempre, estamos en nombre de nuestro señor Dios.  –Se levanta, y se retira como puede porque ha venido borracho.

Navegando por la marea azul se ven familias enteras vistiendo de azul y los líderes de los barrios con un chaleco que dice «Guerreros azules». En medio de la multitud se abre paso una camioneta de lujo con un equipo de sonido, varios hombres en la camioneta vestidos con camisas blancas. Alrededor también se abren paso algunas mujeres vestidas de blanco. Los nacionalistas se dividen en colores por clases sociales en esta marea.

Mientras tanto, Hernández, conmovido dice que se siente orgulloso, se siente privilegiado, de que el pueblo le esté dando la oportunidad única de reelegirse. Una oportunidad que no se había tenido antes.

«Quiero agradecerle al Señor porque me ha dado un privilegio que poca gente ha tenido en Honduras. Ana y yo cuando hablábamos nos quedábamos sorprendidos porque casi en un siglo nadie ha tenido el privilegio que ustedes me han dado a mí, me hicieron candidato de mi partido en la elección anterior, después me hicieron presidente de Honduras, en marzo recién pasado me hicieron candidato otra vez del partido, y como vemos en esta marcha pujante, primero Dios y el pueblo hondureño el próximo 26 de noviembre seré presidente otra vez de Honduras».

Doña Amada Ramos, líder de su comunidad en la colonia San Rafael en Tegucigalpa, asegura que Juan Orlando ha sido un buen presidente, «una persona que me llega porque le está ayudando a la gente pobre, eso lo estamos viendo a nivel nacional con el programa de Vida Mejor, un programa que ha beneficiado a miles y miles de personas de escasos recursos económicos, eso queremos el pueblo, un gobierno que se mire que ayuda al pueblo», dijo.

Juan Orlando y la pornomiseria

El programa Vida Mejor dirigido por la presidencia de la república y bastión principal de la campaña anterior y actual de Hernández, comprende la asistencia social en ámbitos de mejoras a la vivienda, instalación de eco fogones, la bolsa solidaria con alimentos de consumo básico y construcción de espacios de recreación comunitaria. Este programa es financiado con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, un programa que según análisis del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) no incentiva la capacidad productiva de las personas.

«Creyeron que a mí me iba a ofender que me dijeran Juan Fogón, pero no. Criticaron y cuestionaron todos los beneficios de Vida Mejor, ¿saben por qué? Porque no le puede pedir a un candidato que nunca ha puesto el pie ni descalzo ni con zapato en el piso de tierra de una casa donde vive gente, nunca ha visto a un niño gatear allí donde nace el lodo. Nunca han visto eso porque nacieron en cuna de oro, nacieron con piso de cerámica, no le pidan peras al olmo, ayúdenme a que el pueblo de Honduras comprenda que la única manera de masificar Vida Mejor, es votar por todos los diputados del Partido Nacional de Honduras», decía en su discurso Juan Orlando ante miles de rostros cansados, quemados, hambrientos. Él con su camisa blanca reluciente.

Crucita Ramos, una anciana de 79 años estaba allí escuchando, emocionada. Ella fue a caminar para pedir 4 años más de gobierno de Juan Orlando porque tiene la esperanza de que después de ese sacrificio, de caminar a su avanzada edad, los nacionalistas le reconstruyan su casita.

–Yo estoy aquí porque amo al presidente, a mi partido lo amo. Yo ahorita he tenido un problema en mi casa que no me lo han podido arreglar, pero espero, estoy con paciencia esperando que me arreglen lo que se me cayó de mi casa. Tengo 79 años y siempre he sido nacionalista, espero que me ayuden. –Cuenta Crucita.

Con 79 años, doña Crucita marcha porque le reconstruyan su casa. Foto: Martín Cálix

«En aquella época que gobernaban los de la oposición, recibieron miles y miles de dólares para invertir en la reducción de la pobreza para que el país fuera solidario con los más necesitados, pero ese dinero pregunto ahora, que si los de la alianza que hoy tienen como partido eran gobierno en aquella época le llevaron a ustedes el dinero de la Estrategia de Reducción de la Pobeza ¿no verdad? No, esa es la misma respuesta que escucho siempre, los humildes se sintieron burlados. Si algo va a hacer el Congreso Nacional es honrar el principio cristiano que dice que ante Dios todos los seres humanos somos iguales, en el lenguaje nacionalista eso se llama justicia social. Por eso decidimos dejar un presupuesto especial para aquellos que han vivido en pobreza, en cajas de cartón. Por eso decidimos lanzar el programa más grande y agresivo para atender a los pobres, por eso hace unos meses ONU invitó al gobierno de Honduras para presidir el foro del tratamiento de la pobreza multidimensional por lo que Honduras había avanzado atendiendo a sus hermanos más humildes a través de la plataforma Vida Mejor», decía con rabia Hernández. La gente respondía con la misma rabia con la que alguien se indigna porque le quieren quitar algo que le ha costado mucho.

El FOSDEH hizo un análisis del Programa Vida Mejor en el que determina que los mismos pobres financian sus propios programas de asistencia. El Congreso Nacional  aprobó el  incremento del 12% al 15% en el Impuesto Sobre Ventas en diciembre de 2013, luego de las elecciones generales de ese año, periodo en el cuál Hernández se convirtió en el presidente electo de Honduras.

El diferencial del 3% correspondiente de incremento al gravamen, se destinó directamente a programas de asistencia social, y en particular al programa «Vida Mejor». Programa que desde su creación le ha apostado a las transferencias de fondos condicionados en la línea de reducción de la pobreza.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2016 Honduras tenía un 60.9 por ciento de la población viviendo en pobreza y el 38.4 por ciento en extrema pobreza, en su mayoría residiendo en el área urbana. Han sido 15 años en que la pobreza no se ha reducido, y para Juan Orlando Hernández son más que cifras, es por eso lo que lo ubica como tema principal en su discurso, porque está frente a miles de personas que representan esos números y que votarán por el asistencialismo.

Discurso de terror

«Dicen que de todos los seres vivos en la tierra, el ser humano es el que no aprender del error, vuelve a tropezar con la misma piedra. A los hondureños casi nos robaron la libertad, la esperanza, el deseo genuino de ser dadivoso con el que más necesita, casi nos roban la alegría, casi lo perdemos todo. Nunca olviden de dónde venimos ni quiénes estaban en el gobierno cuando se pelearon entre ellos sin importarles, ni su partido, ni el compromiso de gobierno, ni el país, aún estamos pagando esa factura. En aquella época los aviones cargados de droga parecían enjambres de abejas o zancudos aterrizando en Honduras, trayendo muerte y dolor, nos decían que éramos el país más violento del mundo, una nación fracasada, muchos de la oposición decían que no había manera de levantar Honduras, que el país había tocado fondo, que estábamos destinados a trabajar y todos en el lado oscuro, sin esperanza. Pero miles, millones de hondureños, los últimos años hemos trabajado arduamente, ahora Honduras recibe calificaciones que nunca había recibido en la historia, el despliegue económico de Honduras es el más grande visto en la región, ahora decimos los hondureños que sí se puede», continuó Hernández.

Una prioridad en su discurso también ha sido la seguridad. Ahora con la presentación de la tasa de homicidios de los último 6 meses que presenta una reducción grande con 42 homicidios por cada 100 mil habitantes, el gobierno asegura ir por el buen camino: hacia la paz.

«A  aquellos que quieren que nos pongamos a pelear usted dígales: sssshhhh  calladito, calmadito se ve más bonito». Juan Orlando Hernández.

En ese sentido se ha desatado una campaña de terror, quien se oponga a la reelección se opone a la seguridad y la paz. En esta semana fue asesinado Mario Reinieri González, un activista nacionalista cuya familia asegura que fue asesinado por pandilleros que lo habían amenazado por apoyar a Hernández. Esto se mueve como una campaña sutil para mostrar lo que Hernandez asegura, que la oposición debe estar involucrada en el crimen para no querer que los cambios en seguridad sigan.

«Hoy en esta campaña muchos quieren que usted y yo nos prestemos al pleito pero el Partido Nacional no va a pelear con nadie en esta contienda política, mi papá decía que para pelear se ocupan dos y nosotros no vamos a pelear con otro partido. Eso sí, voy a agarrar de frente siempre el tema de la pobreza, a agarrar de frente en todos sus niveles la corrupción y vamos a agarrar de frente a las bandas criminales que han querido tener arrodillada a la población. A  aquellos que quieren que nos pongamos a pelear usted dígales: sssshhhh  calladito, calmadito se ve más bonito», dijo Hernández.

La apuesta nacionalista es llamar a votar por un Congreso Nacional azul. Esto responde a la amenaza que pueda representar la Alianza, disputándose el Congreso Nacional, lugar que controla el presupuesto de la república, la posibilidad de darle rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público y que ha logrado concentrar mucho poder en los últimos años, desde que Hernández fue presidente del mismo. La guerra no es únicamente por la presidencia.

La Alianza: entre lo electoral y las demandas populares

Foto: Martín Cálix

La Alianza se movilizó este siete de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa desde el parque El Obelisco en Comayaguela hasta el Tribunal Supremo Electoral en compañía del movimiento popular aglutinados en «Convergencia contra el Continuismo» para demandar el cese de la candidatura por la reelección de Juan Orlando Hernández actual presidente de la república y candidato presidencial del Partido Nacional por considerarse la misma como un atentado contra la endeble institucionalidad hondureña.

La presencia del movimiento popular no se puede explicar sin entender que son la columna fundadora del Frente Nacional de Resistencia Popular –plataforma de donde luego saldría LIBRE como proyecto de partido político–. Dicha presencia parece ser el mal menor, algo no convence en la Alianza de Oposición justo sobre la recta final de la campaña electoral. Quién se fortalece, quién pierde más, si LIBRE podrá soportar el aliento hacia el final de noviembre, qué tanto cederá el movimiento popular ante lo electoral –terreno poco conocido para dirigentes como Carlos H. Reyes–, qué tanto más podrán soportarse.

–No somos partido político, somos ciudadanía, sectores sociales, alarmados y en alerta por el peligro en el que se encuentra la patria ante la amenaza de una dictadura por la vía electoral. –Comenzaba diciendo Ismael Moreno, sacerdote jesuita, y el primero en hablar en un festival de discursos que rozarían lo incendiario.

El movimiento popular llegó a plantear un pliego de demandas al candidato de la Alianza en el cierre de la movilización. Los nuevos doce puntos, que recuerdan de alguna manera a la desaparecida Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, emplazan a la candidatura de la Alianza de Oposición –formada por LIBRE, PINU y Salvador Nasralla– principalmente en que no se puede aceptar los resultados electorales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por considerar a esta institución como una institución carente de autonomía e independencia. Este fuego que se agitaría aún más tras las recientes declaraciones del presidente del TSE, David Matamoros Batson, que en conferencia de prensa anunciaba que los insultos serán tomados como votos válidos.

Un pliego de peticiones construido esencialmente desde lo coyuntural, desde la necesidad inmediata de los movimiento sociales, leído íntegramente por Moreno unificaría viejas y nuevas consignas: la constituyente, la lucha contra las privatización de las instituciones públicas, la lucha contra el extractivismo y la defensa de la soberanía, los derechos laborales, la reestructuración urgente del engranaje agrario, la lucha contra la oligarquía, que se impulse una verdadera política fiscal, la necesidad de una verdadera política en materia de seguridad que desmilitarice la sociedad hondureña, la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres, que el gobierno de la Alianza impulse una verdadera democracia participativa y no sólo se limite al plano electoral.

–Ustedes, representantes de la oposición política van a las elecciones, si se comprometen con estas demandas contarán con nuestra presencia y nuestra vigilancia crítica. Ustedes cumplen y nosotros estaremos en las calles presionando y exigiendo porque siempre seremos Convergencia con nuestra identidad política ciudadana activa y movilizada. –Concluía Melo la lectura de las peticiones.

Terminada la lectura del pliego de demandas se hacía sonar a todo volumen «El pueblo unido», para darle paso a Berta Zúniga, y la gente, que había llegado de muchas regiones del país, gente pobre, gente que tiene puesta las esperanzas en la Alianza, gritaba a coro aquello de que «Bertha no murió, multiplicó». Berta hablaría en contra de la militarización, hablaría en contra del modelo extractivo, vaticinó que la dictadura va a imponerse.

–Desde los territorios nuestra apuesta es contra ese modelo extractivo que impone este gobierno y que sabemos que no va a parar en cuatro años de dictadura.

Mientras Berta continuaba con su discurso, abajo en el público que la escuchaba –o no– y que ondeaba banderas de las alianza, de Libre, alguna del Pinu, los olores se mezclaban entre el sudor de los miles de simpatizantes que habían llegado para ubicarse frente al escenario y el TSE que se mantuvo custodiado por la Policía Nacional. Arriba, en el escenario, Salvador Nasralla parecía prestar atención, y cada tanto parecía también tomar nota, y cada tanto alguien le gritaba a los camarógrafos que se hicieran a un lado para hacerle la foto con el celular a Nasralla, o a Mel.

–Llamamos primordialmente a la organización que no se trata únicamente de un presidente que hoy es un títere que se llama Juan Orlando Hernández, es una estructura criminal, una estructura que se sostiene en la corrupción, en el uso de las fuerzas represivas, en la empresa privada, en una maquinaria mediática de comunicación que invisibiliza las luchas, incluso en fuerzas paramilitares que ya se están construyendo en nuestro país y que asesinan como asesinaron a Berta Cáceres. –Y así como había iniciado, Berta terminaba su discurso, entre consignas y «El pueblo unido».

«No somos partido político, somos ciudadanía, sectores sociales, alarmados y en alerta por el peligro en el que se encuentra la patria ante la amenaza de una dictadura por la vía electoral.» Ismael Moreno, SJ.

Algo que aún no se comprende es la forma en la que el representando de los estudiantes universitarios comenzaba cuando le tocó tomar el micrófono, algo de Morazán, algo de la juventud decía, pero su voz se diluyó entre el tartamudeo y el griterío de una multitud que no terminó de entender lo que el joven dijo.

–Ellos asesinaron a nuestro General Morazán, y lo siguen asesinando. –Dijo –o gritó, que es casi lo mismo en este caso– Efraín Ordóñez, quién hablaba en representación de los estudiantes de la UNAH.

De este discurso militante nada nuevo se saca, y en una situación similar quedaría la participación de Carlos H. Reyes. Quien no dudó en recordar el esfuerzo y el aporte que a la lucha por la liberación de la patria han hecho los sindicatos del país.

–Este mar de hondureños y hondureñas me recuerda las enormes y patrióticas movilizaciones que hicimos y que tuvimos después del Golpe de Estado de 2009. –H. Reyes lo decía y la gente se fundía en el «¡qué viva la resistencia nacional!».

Carlos H. Reyes también hablaría del militarismo, y también diría que Juan Orlando Hernández es un títere, que detrás de él lo que está es la oligarquía hondureña y el imperialismo de los Estados Unidos. Hablaría de la inconstritucionalidad de la candidatura por la reelección que el Partido Nacional ha asumido de manera oficial desde el mes de marzo de 2017, y recordaría la gran patria centroamericana que fuera desarticulada –decía H. Reyes– por los intereses del imperio español, del imperio estadounidense y de las oligarquías criollas. Luego del discurso de H. Reyes el «¡Fuera JOH!» llenaba las gargantas de los presentes.

–Mel amigo, el pueblo está contigo. –gritaba una pareja de señores que se abrazaban, pero el grito de la consigna era callada por el bullicio irreconocible de las personas a su alrededor.

Zelaya hablaría en un tono conciliador, reconociendo en sus palabras el aporte del movimiento popular, pero recordando la importancia de la lucha en el plano de lo electoral, que la alianza era posible gracias a Salvador, a Libre y al Pinu. Que la Alianza contra el Continuismo era una propuesta de gobierno del pueblo hondureño, que era pacífica pero revolucionaria, que era una propuesta para cambiar la realidad hondureña. En su breve discurso también se atrevía a decir que el mejor gobierno en la historia de Honduras había sido el interrumpido gobierno del poder ciudadano.

–La Alianza de oposición en su propuesta de gobierno asume, retoma, todo el planteamiento que hoy se ha hecho en esta tribuna de parte de este proceso social de la Convergencia contra el Continuismo. –Aseguraba Zelaya.

La Alianza afirma que no aceptará los resultados que emanen del Tribunal Supremo Electoral, que únicamente reconocerán los resultados del conteo de las actas físicas, una decisión tomada en base a la desconfianza que existe en las instituciones del Estado. Se llama a votar, se llama a defender el voto, pero también se llama desconfiar en los resultados oficiales. Este ambiente, que es mucho más parecido al de un hervidero, es el ambiente de la realidad alterada de la Honduras de noviembre 2017, una Honduras que escribe su historia con protagonistas que parecen sacados del realismo mágico, donde todo es posible, donde nada es tan fácil de comprender porque el entramado es cada vez más largo y más complejo.

El «¡yo vine porque quise, a mí no me pagaron!», consigna que se corea como respuesta a los supuestos pagos que el Partido Nacional hace a las personas que llenan las concentraciones nacionalistas, hacía eco del «gracias por hacer este esfuerzo por venir gratis, ¿a alguien le pagaron?» de Salvador Nasralla.

«Llamamos primordialmente a la organización que no se trata únicamente de un presidente que hoy es un títere que se llama Juan Orlando Hernández, es una estructura criminal, una estructura que se sostiene en la corrupción, en el uso de las fuerzas represivas, en la empresa privada, en una maquinaria mediática de comunicación que invisibiliza las luchas, incluso en fuerzas paramilitares que ya se están construyendo en nuestro país y que asesinan como asesinaron a Berta Cáceres», Berta Zúniga Cáceres.

Salvador comenzó afirmando estar de acuerdo en cada uno de los puntos leídos por Ismael Moreno al principio de la larga cadena de discursos. Todos y cada uno de los puntos, Nasralla firmaba el pliego de demandas. Se limitó a ello, se limitó a conciliar con el movimiento popular de cara a la recta final hacia el 26 de noviembre. Luego no dijo mucho más de lo que ya se había dicho. Que no aceptaba los resultados emitidos por el TSE.

–El único documento que reconoceremos para el escrutinio es el acta física, no nos importa si los resultados los tenemos que conocer hasta el 28 o 29 de noviembre.

Según Nasralla, la Alianza hará cuatro cosas el día de las elecciones: encuestas a boca de urna, se realizarán conteos rápidos de muestras de urnas preseleccionadas, los representantes de la Alianza  transmitirán desde cada una de las 18 mil mesas el resultado al centro de cómputo de la Alianza, se tomarán fotografías de las actas y se transmitirán al centro de cómputo de la Alianza. Y así, Nasralla concluía llamando a votar por los diputados de la Alianza.

“Un aplauso a la vieja guardia del Partido Nacional que nos ha heredado un partido robusto, beligerante, efervescente… serán cuatro años más”, gritaba eufórico Juan Orlando Hernández en una concentración política en Tegucigalpa, cerca de las elecciones de 2017 donde va como candidato a la presidencia por la reelección. Allí, detrás de él estaban Oswaldo Ramos Soto y Antonio Rivera Callejas, dos piezas de la maquinaria que mueve al Partido Nacional desde hace mucho tiempo.

Cuando se piensa en la vieja guardia del Partido Nacional se piensa en Oswaldo Ramos Soto, un político de 70 años que mira en Juan Orlando Hernández, su sueño incumplido de ser presidente de Honduras. A pesar de ser un abogado constitucionalista, Ramos Soto aceptó la decisión de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) de anular la misma constitución para permitir la reelección. “Cuatro años no son suficientes cuando un presidente es tan bueno, yo aspiro a la presidencia por mi partido”, dijo a diversos medios de comunicación cuando comenzó la campaña por la reelección de Hernández.

Ramos Soto fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de 1982 a 1988, en época de golpes de Estado militares y persecución de estudiantes en la que resultaron varios desaparecidos y asesinados, entre ellos Eduardo Becerra Lanza, dirigente estudiantil encontrado muerto con signos de tortura. En ese momento, los estudiantes pedían la rectoría para el doctor Juan Almendarez, pero la CSJ determinó que el rector fuera Ramos Soto.

El excatedrático de la UNAH, Félix Cesario escribió en una columna recordando los tiempos de persecución a la disidencia en época de guerra contrainsurgente. La UNAH estaba militarizada y había un contubernio entre el Frente Unido Democrático (FUUD), (estructura que también formó a líderes como Óscar Nájera, diputado y caudillo del departamento de Colón), el batallón 3-16 comandado por Billy Joya (actual diputado por el Partido Nacional) y la rectoría para evitar que el movimiento estudiantil tuviera logros en la UNAH.

“Un día como hoy, de aquel año 1982, en que parece que fue ayer por el impacto brutal como comenzó a escribirse la ANTOLOGIA DEL TERROR, en la UNAH, diseñada y por la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), impuesta desde las barras y las estrellas asesinas, comandadas por el Pentágono y ejecutadas en el alma mater por el “mazacuate” de Oswaldo Ramos Soto; para ese entonces impuesto como rector (cualquier semejanza con la actual rectoría es secuencia del pavor gubernamental de aquel entonces) por el ya ajusticiado Gustavo Adolfo Martínez (de nada le sirvió acobijarse en el cristianismo) y el crótalo senil, el “Licenciado Arrazola” anfibiamente conocido como Billy Joya del Terror. Decimos estos nombres para que las generaciones presentes y futuras, no lo olviden jamás, ¡Nunca Jamás!”.

Después de esa época cruenta, Ramos Soto aspiró al Congreso Nacional y ganó como diputado en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, en 1990 cuando se estructuró el Estado y la maquinaria política que conocemos ahora. En ese gobierno fue presidente de la CSJ y no terminó su periodo porque, según él, dentro de su partido le puso la trampa. Ramos Soto hizo público que su salida de la CSJ fue porque le estaban pidiendo nombramientos de jueces sin pasar por el procedimiento legal.

Ya son 20 años los de Ramos Soto en el poder, reconocido como un abogado que ha logrado maniobrar en el Congreso Nacional. Vocero de empresarios y trasnacionales de la minería. En 2003, Oswaldo Ramos Soto acompañó a  miembros de la empresa Entre Mares a una reunión con el entonces presidente Ricardo Maduro. No era la primera vez que Soto era relacionado con empresas mineras ya que él participó en la redacción de la Ley de Minería aprobada en 1998.

El periódico digital Revistazo consultó a Ramos Soto sobre su papel como diputado pero también como acompañante de la empresa minera, un evidente conflicto de intereses.

“Como diputado al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, tengo la obligación de atender lo que tiene que ver con mis ciudadanos que me dan el voto para ser diputado, en tal sentido gestioné una cita con los representantes de Entre Mares con el Presidente Ricardo Maduro y los acompañé.

Foto: Revistazo

El Presidente les felicitó por estar invirtiendo en Honduras, un país que requiere que se venga a crear riqueza y generar más trabajo. Los empresarios le expresaron al mandatario que estaban ayudando mucho a los municipios vecinos y que estaban contentos; además que en Guatemala también les estaban ofreciendo oportunidades y que ellos deseaban seguir invirtiendo en Honduras».

Entre Mares ha sido de las empresas mineras que más daño ha ocasionado al territorio nacional. En 2008 hicieron el cierre de mina en San Ignacio, Francisco Morazán, pero en 2009, la Agencia Católica de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD, por sus siglas en inglés) realizó dos investigaciones que estuvieron a cargo del Dr. Adam Jarvis y el Dr. Jaime Amazega de la Universidad de Newcastle, sobre los niveles de acidez del agua en los afluentes de la zona del valle, los estudios revelaron que el agua alcanzó un pH entre 2,5 y 3, y altos niveles de cadmio, cobre y hierro, estos resultados serían recogidos en el documento «Ficha de Registro Impactos Negativos de la minería Centroamérica: San Martín» publicado por CEICOM. La empresa –dicen los ambientalistas– respondió con el montaje de criaderos de tilapia.

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Este es el quinto periodo por el que opta a ser diputado, Oswaldo Ramos Soto, y su apuesta ahora sigue siendo el concesionamiento del territorio, ahora con las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE).

Hijo del “zorro”

Antonio Rivera Callejas, otro nacionalista de la vieja guardia. Visible cara del Partido Nacional y defensor de Juan Orlando Hernández ahora, a pesar que en las elecciones pasadas estuvo en el movimiento de Ricardo Álvarez que señaló de fraude a Hernández. Antonio o “Toño” como se le conoce popularmente es amigo cercano, excompañero de escuela con Ricardo Álvarez que ahora también abraza la reelección de Hernández.

Toño es la tercera generación de una familia de políticos nacionalistas, su madre es prima hermana de Rafael Leonardo Callejas. Su padre era el abogado y diputado Mario Rivera López a quien le decían “el zorro” por su astucia política, él fue diputado constituyente, y su abuelo era Antonio Clavasquín Rivera presidente del Congreso Nacional durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino.

Rivera Callejas ha contado en múltiples ocasiones cómo cuando era niño jugaba al fútbol con sus amiguitos de escuela: el ahora ministro de la presidencia Ricardo Álvarez, el empresario Camilo Atala, de quien es socio con el Club Deportivo Motagua de esta familia, la empresaria y periodista Ana María Villeda, y el político y excandidato presidencial por el Partido Liberal, Elvin Santos. Todos egresados en la misma promoción del a Escuela Americana en Tegucigalpa.

Antonio Rivera Callejas en marcha pidiendo Policía Militar
Fotografía: Martín Cálix

Callejas se considera un demócrata, pero apoyó el golpe de Estado de 2009 aduciendo que era “una amenaza del chavismo para la democracia hondureña”, en medios de comunicación nacional. Su fiel compañero en esos momentos fue Juan Orlando Hernández, quien ya se perfilaba como el nuevo liderazgo del partido.

Esta es la tercera vez que se reelige como diputado y asegura que el pueblo lo tiene en el Congreso por su iniciativa de ley a favor del pueblo, a pesar de haber sido evaluado con 42% en producción legislativa según la Fundación Democracia sin Fronteras.

“Este sería mi cuarto periodo para seguir legislando para el pueblo. Yo introduje la Ley de lavado de activos, la de igual salario para hombres y mujeres, la ley de parar la violencia en los estadios, mayor seguridad, vida mejor, más proyectos sociales, más empleos. La oposición es una amenaza para seguir con los cambios”, nos dijo Rivera Callejas mientras caminaba hacia el escenario donde el presidente Juan Orlando Hernández daba su discurso.

Pero Rivera Callejas no solo fue diputado, también fue regidor en la alcaldía de Nora Gúnera de Melgar, del Partido Nacional en 1990. En esta administración, toda la corporación fue llevada a los juzgados por el delito de abuso de autoridad y por el de malversación de caudales públicos por el traspaso de un terreno denominado para área verde en Tegucigalpa para beneficiar a una persona cercana de la administración. Este caso fue a casación en 2002, pero no tuvo efectos en contra de Rivera Callejas y sus compañeros.

La campaña de terror ya inició, este diputado asegura que la oposición impedirá que los cambios en temas de seguridad sigan y que no impulsará el desarrollo, hasta insinuó que quizá impidan el proceso normal de las elecciones.

“Que la oposición vaya a las elecciones y que le vaya bien, con tal que vayan a las elecciones. Ahora estamos marchando para que continúe la Policía Militar del Orden Público (PMOP) porque la oposición no quiere que esté en las calles, quiere que esté en los cuarteles. Para que se aprueben las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE), pero no solo en los lados costeros sino en cualquier lugar del territorio nacional, para que JOH pueda cumplir lo que promete, que haya empleo en todos lados. Los cambios deben continuar.

El pueblo es entendido, y nosotros vamos a ganar contundentemente”, expresó.

 

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Ilustraciones: Marcela Lara

 

La selección mayor de fútbol de Honduras juega el partido de ida por el repechaje contra Australia en San Pedro Sula en búsqueda del último boleto para el mundial de Rusia 2018. Toda la atención mediática se encuentra en este encuentro, pero al otro lado de esa realidad hay una selección de fútbol que también busca un boleto a un mundial, pero que por sus características a nadie le interesa. La selección de fútbol nacional de ciegos.

En la boca de todos los hondureños y hondureñas se encuentra el partido de esta tarde; la “bicolor”, como le dicen de cariño a la selección que este viernes se juega su primera final para poder llegar a Rusia 2018, lo hace contra Australia, un país del primer mundo y que por primera vez hace su experiencia futbolística en una nación como la nuestra.

Por años el fútbol ha predominado en Honduras y sin importar el club nacional al que pertenezcan los aficionados siempre apoyan al equipo de todos: la selección. Cruzar San Pedro Sula en este momento, es respirar ambiente futbolístico: gente con su camiseta puesta, comerciantes vendiendo banderas y adornos, el mercado negro haciendo su negocio con la boletería para el partido, los taxistas, conductores de autobús, los lustrabotas, los políticos, todos hablan de la selección, discuten cómo Jorge Luis Pinto debe alinear a los jugadores para pegar primero en el repechaje.

A esa gran campaña se suman los medios de comunicación, la Federación de Fútbol y hasta la empresa privada. Apoyar a la selección no solamente es un acto patriota, también es un negocio que genera mucho dinero. El combinado catracho no se puede quejar por apoyo, lo tienen todo: desde la atención del lustrabotas, hasta la cobertura mediática de todas las televisoras, radios y prensa escrita.

Pero al otro lado de la moneda, están los olvidados, esos que también juegan al fútbol, pero que por no generar las ganancias del caso, no son apuesta ni de la federación, ni de los medios de comunicación. Se trata de la selección de fútbol para ciegos, un combinado que también pelea en este momento un cupo para un mundial: el mundial de España 2018.

La selección de ciegos disputa un torneo eliminatorio en Guatemala, junto a los demás países centroamericanos. Actualmente ha jugado dos partidos uno contra Guatemala que perdió dos goles por uno y el otro contra El Salvador, el que ganó siete a cero. Este equipo no tiene cobertura mediática, tampoco el apoyo de una federación que sí gasta millones en el fútbol tradicional, pero sí tiene las ganas, esas que muchas veces le faltan a los seleccionados convencionales.

“Es duro cuando nos ponemos a comparar los dos casos, todo el país apuesta en este momento al fútbol convencional, a ellos se les ha dado logística, dinero y todo, pero a la otra parte, a este tipo de movimiento futbolístico no recibe ni en lo mínimo el apoyo que debería darse”, relató la directora técnica de la selección de ciegos Karen Gutiérrez.

La selección de ciegos estuvo a punto de no participar en el eliminatorio centroamericano porque no tenían fondos para movilizar a la delegación de jugadores y cuerpo técnico, a ellos nadie se les acercó para apoyarles económicamente. En la selección convencional sobran los patrocinadores, desde las instituciones bancarias hasta empresas, que aprovechando el impacto mediático de la bicolor brindan financiamiento a cambio de poner su marca en el uniforme.

“Así como en la selección convencional, en este grupo de chicos tenemos mucho talento, que debe ser apoyado, pero lamentablemente sabemos que esto no vende ante la sociedad ni ante el comercio”, siguió relatando Karen.

En este momento la Federación de Fútbol discute sobre el protocolo logístico para el viaje a Australia, el próximo miércoles se juega el partido de vuelta, el crucial para ir a Rusia. Se habla del alquiler de un vuelo chárter, del pago de hotel de lujo y también de premios para los jugadores en caso de clasificar, es decir: una inversión millonaria.

El seleccionado catracho de fútbol para ciegos, tuvo muchos inconvenientes para viajar, primero el presupuesto, al final lograron conseguir donaciones de organizaciones para financiar con lo justo su viaje, el que concretaron en un autobús que sale en horas de la madrugada de San Pedro Sula a Guatemala, el hospedaje en este país lo cubre la inscripción que la Federación de Fútbol Internacional para ciegos ya ha estipulado y que supera los mil dólares.

“La condiciones para el deporte de personas con discapacidad está por muy por debajo en cuanto al apoyo se requiere, este campeonato que se disputa en Guatemala lleva los reglamentos de ley y tiene un costo de inscripción de1899 dólares por país. Se ha hecho un esfuerzo por la federación de deportes para ciegos y otras organizaciones para conformar una delegación nacional, no es fácil”, dijo Rubén Vásquez, director de la Fundación Luis Braile, institución que ha acompañado este tipo de procesos.

“Nos hemos encontrado con un problema grave, nuestras organizaciones funcionan por gestión, subsistimos por aportaciones de la población, gobierno y gente que tenga voluntad, las gestiones no han dado el resultado y esto también es parte del abandono a este sector”, lamentó Vásquez.

Para Vásquez, el sector discapacidad es invisibilizado tanto por la sociedad, como por el gobierno, la experiencia de la selección de fútbol de ciegos lo demuestra, alrededor de ella y de sus aspiraciones mundialistas solo hay abandono y desinterés.

“La respuesta es sencilla: el grupo de personas con discapacidad todavía somos un grupo invisibilizado, no tenemos la fuerza ni incidencia o no hemos sido considerados suficientemente importantes por parte de la gente que tiene capacidad de decisión en el país. Lamentablemente no se tiene la importancia ni el apoyo necesario estuvimos a las puertas de no participar”, consideró Rony Chavarría, presidente de la Federación Nacional de Deportes para Ciegos (Fenadeci).

Rony asegura que el año pasado realizaron un centroamericano de fútbol para ciegos, se acercaron a la Fenafuth y lo único que recibieron de ellos fue el uniforme, él asegura que desde la Federación les dijeron que no contemplaban en sus estatutos, alianzas con selecciones o federaciones de personas con discapacidad.

Chavarría recuerda el proceso de estructuración de esta selección, que se emociona por el fútbol un deporte interesante, pero que está secuestrado por los grupos de poder, que se aprovechan de la plataforma para hacer dinero.

Todos los sábados de agosto, hubo convocatorias y pruebas por parte de los seleccionadores técnicos, entre ellos Karen, quien formó el equipo y ahora sueñan con ir al mundial de España, un torneo que a pesar de que se logre clasificar no tendrá el mismo apoyo que la selección convencional en el caso de llegar a Rusia.

Ante la opulencia de una selección se encuentra el abandono de la otra, un olvido tan común  en las apuestas alternativas y que incluyen a sectores eternamente invisibilizados por un Estado que se diluye como su sociedad en la propaganda y el comercio mediático.

En La Ceiba está uno de los responsables del establecimiento del modelo neoliberal en Honduras durante el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas. Él es Rodolfo Irías Navas, un líder nacionalista quien fue presidente del Congreso Nacional que aprobó el Plan de Ajuste Económico, dejó sin efecto la reforma agraria para privatizar las tierras y después de más de 20 años en el poder, sigue siendo pieza clave para la nueva estructuración del Estado, ahora en manos de Juan Orlando Hernández.

La mañana del sábado 8 de marzo de 2017 nos indicaba que faltaba menos de un mes para el proceso electoral primario y los políticos seguían como locos por garantizar su estructura para las votaciones. Ese sábado además de preparar el despliegue en las mesas electorales, los activistas nacionalistas también  organizaban la llegada del candidato a la presidencia Juan Orlando Hernández a la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

Todas las actividades en la sede del Partido Nacional en La Ceiba, eran orquestadas por el diputado Rodolfo Irías Navas, un político de tradición e historia, respaldada por 28 años en el poder, es decir nueve periodos consecutivos y actualmente en búsqueda de su décima reelección.

Navas nació en La Ceiba en 1965, fue presidente del Congreso Nacional durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas en 1990, acompañó además en ese periodo a Oswaldo Ramos Soto, quien fungió como presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Fito”, como le dicen popularmente es el político más importante e influyente del Partido Nacional en el departamento de Atlántida.

Atlántida es un departamento con muchas condiciones para el desarrollo, solo tiene un 4% de analfabetismo, uno de los más bajos del país, pero paralelamente cuenta con un 64% de desempleo. Además, Atlántida es uno de los departamentos con más cuencas hidrográficas y rico en biodiversidad. Ubicado en la costa norte, con acceso al océano, también Atlántida se convierte en una zona de tráfico de drogas, por ende, violenta.

Es también uno de los más afectados por proyectos extractivos, según el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric y Radio Progreso al menos 32 concesiones mineras y 24 concesiones hidroeléctricas se aprobaron en este territorio después del golpe de Estado. Navas ha confesado su apoyo a esas iniciativas, que desde su perspectiva planteada en medios de comunicación, es la vía del desarrollo departamental.

Navas es conocido en el departamento, no solo porque hay rótulos con su rostro en todos los postes o en las carreteras, sino porque tiene medios de comunicación.  A su nombre y de sus familiares, están ocho frecuencias de radio y una de televisión, de esa forma ha promovido su propuesta política, los anuncios de su candidatura suenan en cada pausa comercial, con la misma fuerza que los de Juan Orlando Hernández.

La Ley de Contratación del Estado en su artículo 15, numeral 4 establece que un funcionario o empleado, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos,  no puede celebrar contratos con el Estado. Y Rodolfo Irías Navas no solo es un funcionario cualquiera, estuvo en la redacción de la actual Constitución de la república, también era diputado cuando la aprobación de esta ley de contratación en el gobierno de Carlos Flores Facussé. A pesar de esto, tiene concesiones con el Estado.

Silencio

La Ceiba es la tercera ciudad más importante del país. Una ciudad turística pero también la tercera ciudad más violenta del país según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, con una tasa de 46.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2016.

El periódico El Faro de El Salvador describía el departamento así: «Resulta que Atlántida se hunde. La zona turística más próspera de Honduras se ha convertido en el departamento más violento de la región más violenta del mundo. Atlántida es una mezcla compleja de ingredientes tales como narcotraficantes, reyes del narcomenudeo, bandas que roban droga, policías infiltrados, pandillas… ¿Será por eso que se matan tanto en Atlántida?»

Es por eso que también existe poca probabilidad de oposición o cuestionamiento a poderes establecidos. La Ceiba nos mostró su cara menos festiva, su actitud de silencio. Consultamos a diferentes pobladores, miembros de fuerzas vivas, sobre el papel de Rodolfo Irías Navas y nos advirtieron que nadie habla de él, ni para bien porque no levanta mucha simpatía,  ni mucho menos para mal.

El poder que ha construido Navas en su región implanta miedo en sus opositores  y también  en compañeros de partido.

«Mire nosotras conocemos tantas historias sobre Fito, pero no nos atrevemos a denunciarlas por miedo, ya estamos fichadas y ante todo están nuestras vidas»; nos contó una joven de La Ceiba, que prefirió no revelar su identidad, porque afirma que Navas y sus activistas son peligrosos.

Así como ellas, muchas personas tienen precaución ante la imagen de Navas, un hombre con poder incluso para enfrentarse a cualquier obstáculo aunque venga de su mismo partido. Es en ese contexto que entra en juego la candidata a diputada Carmen Rivera, exministra de Justicia en el gobierno de Porfirio Lobo y que también dueña de un medio de comunicación en La Ceiba: Tv Litoral Atlántico, ella ha disputado el liderazgo con Navas a lo interno del Partido Nacional.

-En el canal de Fito y también en las radios a veces hacen hasta campañas a través de noticias contra la candidata Carmen, incluso en el canal de ella a veces responden, se nota la disputa de poder a lo interno del partido- nos siguió comentando nuestra fuente.

En el Partido Nacional se vive una etapa de transición, la llegada de Juan Orlando Hernández marca el inicio de un liderazgo más joven, relegando en cierta forma a la vieja guardia. “Debemos dar paso a los nuevos liderazgos”, dijo Juan Orlando, al ser presidente del Congreso y candidato en primera ocasión a la presidencia de la república.

Esa tendencia se ha extendido a los departamentos, pero no es una transición que se concreta en un solo periodo, sobre todo cuando los viejos liderazgos ya construyeron poder y  son los que mueven las bases de partido, los que garantizan también los votos presidenciales.

1990: año crucial

Navas es parte de los viejos liderazgos del Partido Nacional, junto a Oscar Nájera, Oswaldo Ramos Soto y Rafael Leonardo Callejas,  cuando fue presidente del Congreso Nacional. Participó en la estructuración de la Ley de Modernización Agrícola, iniciativa que permitió la venta de tierras en el sector agrario y activó la monopolización de las parcelas por grupos empresariales, esto desató la crisis agraria que ahora sigue cobrando vidas en el litoral atlántico. Asimismo fue promotor junto a Callejas del programa de Ajuste Económico, medida por la que se le conoció a esa administración como la impulsora del neoliberalismo en el país.

Ese programa, planteaba un conjunto de medidas de reajuste orientadas a las privatizaciones, reducción de derechos laborales, facilidades al mercado internacional para la inversión en el país y una reestructuración de la economía nacional. De todo eso fue arquitecto Navas, junto a Callejas y Oswaldo Ramos.

Cuando fue presidente del Congreso Nacional, a Navas se le acusó de participar en la desaparición de la línea férrea en el sector, caso que se quedó en denuncias y que nunca fue investigado por las autoridades.

Irías tal y como lo mencionó su correligionario nacionalista Oscar Nájera, también fue partícipe de ese proceso de diseño de política agraria a través de la Ley de Modernización Agrícola. Durante el gobierno de Callejas uno de los más corruptos de la historia, ocurrieron varios actos polémicos, como el “Chinazo”, iniciativa que también se aprobó en la cámara legislativa, mediante la Ley para la naturalización de ciudadanos orientales, que después permitió el tráfico de pasaportes para entrega de nacionalidades.

***

Oscar Nájera, diputado de Colón, aseguró ser amigo de Rodolfo Irías Navas, y nos dijo en una entrevista anterior que recomendados por él, Navas no se negaría a darnos entrevistas.  Navas nos atendió después de la entrevista de Nájera, justo el día que llegaba Juan Orlando Hernández a La Ceiba.

Irías Navas ha envejecido plasmado en papeleras electorales. Con cara de distracción nos  atendió en una pequeña oficina, con muebles de lujo, fría por el aire acondicionado. Se tomó el tiempo para preguntarnos quiénes éramos, qué le preguntaríamos y respondernos que estaba muy ocupado para entrevistas y que ese día todo giraba en torno a Hernández.

– Mire justo ahora acabo de darle un dinero a una gente para garantizar unos buses, la verdad no puedo, pero llámeme después-, dijo agitado.

Después intentamos comunicarnos con él para hacer la entrevista, cuando le llamábamos nos pasaba a su asistente, quien nos decía que pasaría nuestro mensaje. Al final no tuvo interés de atendernos.

El domingo, día que llegó Juan Orlando, Navas y sus activistas demostraron el poder de movilización que tienen en el departamento de Atlántida, ese día las carreteras que conducen de La Ceiba a Colón y a El Progreso estaban repletas de autobuses con banderas nacionalistas, que se dirigían a la ciudad para rendir culto a su presidente y pedir 4 años más.

Irías Navas triunfó en las elecciones primarias y ahora a las puertas de las generales, su poder sigue tan intacto como en sus inicios. A través del dinero, influencia e implantación de miedo, domina el departamento con su maquinaria mediática y política la que ha utilizado por ocho periodos consecutivos.

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Ilustración: Marcela Lara

San Pedro Sula es la segunda ciudad más importante del país, su dinámica industrial hace que el acontecer político sea menos notable que el económico. Sin embargo, después de la caída de imperio de la familia Rosenthal, la maquinaria política y económica se está reestructurando. En este momento aparece Marlon Lara, el exalcalde de Puerto Cortés por el Partido Liberal como carta de la élite ahora predominante.

Con una sonrisa de oreja a oreja y saludando a todos los clientes, entró Roberto Valenzuela a un café ubicado en el centro de Puerto Cortés. Don Roberto llegó para hablar de Marlon Lara, actual diputado y candidato a la alcaldía de San Pedro Sula.

Llegar a Puerto Cortés y preguntar sobre Marlon Lara genera diversas reacciones, unos dicen que el exalcalde por tres periodos y ahora diputado del Congreso Nacional fue el mejor mandatario que ha tenido la ciudad y otros manifiestan que es un político inteligente que a pesar de ser diputado todavía sigue dominando el  municipio aún con nuevas autoridades municipales.

Lara, ingeniero Civil de profesión,  actualmente es candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Liberal. En su declaración patrimonial subida a la plataforma 3 de 3, declara que gana anualmente de 3 a 6 millones de lempiras provenientes de su trabajo como funcionario público pero también de actividades comerciales y agrícolas.

Luego de ser alcalde por tres ocasiones consecutivas en Puerto Cortés, llegó al Congreso Nacional y en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales del mismo Partido Liberal fungió como ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), siendo reprobado en este cargo por la administración de Zelaya.

En ese tiempo, el ministro de la presidencia era Yani Rosenthal, su principal contrincante dentro del Partido Liberal ya que ambos buscaban la candidatura a la presidencia después de ese periodo. Rosenthal, con un poder no solo político, sino económico a nivel nacional pero sobre todo en el norte del país, era un enemigo claro para las aspiraciones políticas de Lara, tanto a nivel nacional como a nivel local en el valle de Sula.

La figura de Lara es conocida en la política nacional como ejemplar luego de su gestión en Puerto Cortés, en este municipio el exalcalde conformó un gobierno local fuerte que aun mantiene su sucesor Allan Ramos, quien  busca su tercera reelección en el cargo. Pero su poder no se expandió hasta ahora que se ha posicionado como diputado.

Son pocas las personas que se atreven a contar un poco sobre el poder de Lara en el norte del país. Don Roberto Valenzuela es un político de antaño, tiene 82 años, fue alcalde por dos ocasiones de Puerto Cortés, derrocado por los golpes de Estado de 1961 y 1973, también fue gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) durante el gobierno liberal de Carlos Roberto Reina.

-Lara como todos sabemos es un hombre inteligente, él sabe manejar el poder y construir su estructura para alcanzar sus objetivos- inició Valenzuela.

Puerto Cortés es el puerto más importante de América Central, de ese municipio parte mercadería de todo tipo hacia varios países, la circulación de dinero es abundante, para el caso Puerto Cortés es una de las ciudades con más fondos estatales asignados para su gestión municipal, por parte del gobierno recibe el 4% del presupuesto, más el ingreso que genera el funcionamiento de la ENP y de las empresas navieras.

“Mire, Marlon es un ejemplo de cómo estructurar poder político, de cómo crecer aprovechando las oportunidades”, agregó.

Lara levantó su perfil a través de programas de desarrollo vial y asistencia social en el municipio, esto le permitió saltar de la plataforma local a la departamental, de esa forma se convirtió en diputado.

-Él dio su apoyo a Zelaya, quería ser candidato presidencial, pero tenía dentro del gobierno varios rivales-, dijo a Contra Corrien el exministro de Cultura Artes y Deportes, en el gobierno de Zelaya, el doctor Rodolfo Pastor Fasquelle.

Marlon Lara ante el conflicto que ya tenía dentro de su partido con los Rosenthal (ahora enjuiciados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico), después del golpe de Estado decidió estar del lado del Rodismo en el Partido Liberal, apoyando el golpe de Estado y a Roberto Micheletti. Desde la perspectiva del historiador Fasquelle los nuevos personajes se han fundamentado en la construcción de maquinarias políticas, que fue desde 1920 una respuesta inmediata a la democratización de la sociedad.

-Las maquinarias lo que hacen es convertir al cargo público en el eje de una red de patronazgo y clientela, cuando te convertís en alcalde o cuando lo seas vas a poseer probabilidades de concesión y contrataciones para ponerlo a tu beneficio, y con eso vas a enganchar gente a tu favor para que te hagan activismo-

Las maquinarias son las que se conforman para concentrar poder, decidir quiénes son los candidatos y extender su poderío hasta donde sea posible. Todos los partidos conforman maquinarias y con ellas aglutinan poder y dinero para tomar decisiones por encima de la voluntad de la ciudadanía no organizada.

Lara es un ejemplo de esa maquinaria, la que logró consolidar en Puerto Cortés y que ahora es continuada por el alcalde Allan Ramos, representante del “Larismo” en la ciudad. Para don Rodolfo el fracaso en la aspiración de Lara a la presidencia se debió a que su maquinaria es local y no nacional.

Lara ha tenido varios padrinos políticos, uno de ellos ha sido Emil Hawit, a pesar de ser un personaje con tendencia nacionalista. Su vínculo es familiar por ser el esposo de su hermana, quien falleció en el 2010. Según registros mercantiles de empresas que brindan servicios múltiples en Cortés, adjuntas a la Cámara de Comercio, el hermano de Emil Hawit, Romel Oswaldo Hawit Medrano, es el gerente y socio de la empresa de transporte transnacional Tranycop, en Honduras,  industria que además tiene oficinas en Puerto Cortés y trae material de todo tipo al puerto proveniente de El Salvador.

-Recuerdo aquél tiempo cuando el ferrocarril nacional funcionaba en el puerto, ahora ya no, somos de los únicos puertos del mundo sin ferrocarril, y todo porque se ha promovido la privatización y ahora se hace vía terrestre- nos contó don Roberto en esta ocasión refiriéndose a empresas como Tranycop.

La familia Lara además de dedicarse a la política también ha invertido en la industria naviera, esos registros mercantiles también reflejan que su hermano Wenceslao Lara y actual candidato a diputación por Cortés a través de la Alianza de Oposición, es el gerente de la Agencia Aduanera y Naviera Profesional. Es un negocio común en Puerto Cortés, aunque solo común para los que tienen dinero para invertir en ese rubro y gracias al proceso de privatización que también ha sufrido la Empresa Nacional Portuaria.

Un gran destino: San Pedro Sula

La fractura del Partido Liberal a nivel nacional con el golpe de Estado, también se notó en la corporación municipal de San Pedro Sula. Un sector se fue con Rodolfo Padilla Sunseri, quien repudió el golpe y el otro se quedó con la tendencia conservadora del partido.

En ese momento de crisis política, Lara alcanzó la diputación por Cortés apoyado por la corriente de Roberto Micheletti, de esa forma garantizó por dos periodos incluyendo el actual ponerse al servicio de la clase empresarial de San Pedro Sula, sector que actualmente le está respondiendo con su apoyo incondicional.

Como diputado, en 2013 presentó el proyecto de Ley encaminado a reformar los límites de la Cota 200 en San Pedro Sula, medida que generó polémica, oposición y críticas contra el Poder Legislativo.

La Cota 200 es un límite establecido desde 1990 para no permitir la construcción de inmuebles en zonas que pertenecen a la Cordillera El Merendón. En ese sentido el Congreso Nacional modificó a petición de Lara el decreto 46-90 que altera la Cota y permite urbanizar donde antes era prohibido.

En el decreto se acordó excluir de la zona de reserva el tramo que va desde el Cerro Will hasta la intercepción de Cota 200 con río Armenta, también la intercepción del río Santa Ana hasta La Puerta, asimismo las colonias Lempira 1 y 2, la Colonia Fortaleza, Casa Quemada  que se dirige hasta la intercepción del río Naco de Cofradía.

Al final la reforma se realizó, y la Cota 200 se delimitó, todo fue a petición de la municipalidad de San Pedro Sula, que en ese momento era dirigida por el doctor Juan Carlos Zúniga, también del Partido Liberal.

En la actualidad el repudio de las organizaciones defensoras del ambiente sigue vigente, hablar de Marlon Lara para ellos es mencionar a un enemigo de la naturaleza.

El tema de El Merendón generó muchos anticuerpos a Lara, y se da por la importancia que tiene para San Pedro Sula El Merendón como el pulmón de la ciudad, además como la garantía de sobrevivencia de los afluentes de agua en la zona, es decir, construir ahí puede afectar al desarrollo ambiental y poblacional.

En lo profundo de la Cordillera ya hay gente habitando, quienes ante la falta de política habitacional se han trasladado al sector, que desde la perspectiva de expertos en el ambiente no debe ser poblado.

En el marco de ese contexto social, El Merendón ha sido motivo de experimento en varios ámbitos durante los últimos años. Violencia en sus comunidades, la concentración de narcolaboratorios en zonas urbanizadas en medio de la propia cordillera y también las iniciativas hidroeléctricas que se han impulsado con la oposición directa de las comunidades.

Es en medio de una realidad violenta que sobrevive El Merendón, San Pedro Sula sigue catalogada por organismos internacionales como una de las ciudades más violentas del mundo, y todas las zonas rurales y urbanas están diluidas en ese fenómeno.

Conversamos con Alex Vallejo, quien trabajó en el Instituto de Conservación Forestal, es uno de los biólogos que participó en la delimitación de la Cota 200 – La verdad no se violentó ese proceso, se respetó los límites establecidos, alrededor de esto lo que existe es una campaña mediática, pero sí le puedo decir que en ningún momento se está afectando el ambiente-

Alex comentó que hubo una confusión al momento de interpretar el contenido de la delimitación. “Ahora esto se interpreta desde el campo político, más a las puertas del proceso electoral”.

El actual alcalde de San Pedro Sula, es Armando Calidonio del Partido Nacional, exviceministro de Seguridad y cuestionado por esa gestión, una de las más violentas y en las que las instituciones de seguridad estuvieron más involucradas en el crimen organizado. Calidonio ha hecho campañas en las comunidades del Merendón y también ha sido un actor importante en los procesos de concesionamiento en temas de construcción tanto en esa zona como en toda la ciudad. No es un contrincante fácil para Lara porque cuenta con el apoyo del presidente Juan Orlando Hernández. Pero Lara tampoco está solo.

A pesar que la oposición en Alianza contra la Dictadura es la que más denuncia a Marlon Lara por la privatización del Merendón, los medios de comunicación  más influyentes en la zona son propiedad de empresarios simpatizantes del Partido Liberal que claramente inclinan sus intereses hacia Lara: la familia Canahuati, élite árabe que ha ganado terreno aún más después de la caída de los Rosenthal, al menos en el ámbito político. Marlon Lara es su pieza.

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En ese marco, varios proyectos de desarrollo en infraestructura se han aprobado en San Pedro Sula, vía Congreso Nacional. Uno de ellos ha sido San Pedro Sula Siglo XXI, y también la construcción de un programa habitacional privado denominado Jaraguá, complejo que se elabora en las faldas de la Cordillera El Merendón y del que en el 2015 el Ministerio Público ordenó su cancelación por irregularidades en el otorgamiento de permisos ambientales.

Sin esa modificación, Jaraguá y cualquier proyecto a escasos metros de El Merendón, no se podía concretar, la iniciativa propuesta por Lara abrió el camino para ello y ahora está en marcha.

El proyecto San Pedro Sula Siglo XXI es impulsado por inversionistas nacionales, el más poderoso ahora después de la salida de los Rosenthal de este consorcio es la Constructora William y Molina de William Frankin Hall Michelleti, primo de Roberto Micheletti, socio político de Lara.

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Vendedores en la calle en condiciones precarias, uno de los graves problemas del centro de San Pedro Sula.

Como todo político, Lara en este momento se encuentra en plena actividad electoral, su agenda pasa llena de compromisos, comparecencias ante empresarios, debates y medios de comunicación. Lo buscamos en reiteradas ocasiones pero en respuesta a nuestra solicitud manifestaba que  su agenda no le permitía atendernos por más de diez minutos e incluso nos preguntó que si la entrevista le costaría algo de dinero.

“Acá los medios de comunicación piden dinero para entrevistar a los políticos, algunos me vienen incluso a entrevistar a mí y luego salen corriendo a decirle las cosas a otro a cambio de dinero, generalmente le piden a los políticos y por eso los políticos piensan siempre que les quieren cobrar para ser entrevistados”, opina al respecto don Roberto Valenzuela.

Al final, Lara no nos brindó el espacio, pero sí lo hizo ante otro medios de comunicación, uno de ellos fue Televicentro en el programa “Banegas”, que dirige su correligionario Dario Banegas, diputado liberal y actual candidato a la reelección por el departamento de Cortés.

En el programa habló de varios temas, uno de ellos fue la ampliación de la Cota 200, ahí manifestó que en ningún momento propuso la iniciativa para dañar El Merendón, además dijo que es un hombre comprometido con el ambiente y que su gestión como alcalde de Cortés lo demuestra, porque fue premiado por varios organismos internacionales por proteger el río Tulián, junto a los alcaldes de Omoa y Choloma.

En su aspiración por la alcaldía ha pasado varios momentos, en las primarias fue cuestionado ganador, denunciado por su contrincante José Abastida por supuesto fraude electoral. Lara en este proceso representa la nueva cara del liberalismo en San Pedro Sula, un partido que desde el golpe de Estado se vio debilitado con la fragmentación de sus simpatizantes.

El sector del liberalismo que en aquél momento se fue con Rodolfo Padilla, fue heredado por el actual candidato a la alcaldía por Libertad y Refundación y actual  regidor por varios periodos y presidente de la comisión de tierras en la municipalidad, Antonio Rivera. A ellos llegaron propuestas para unificar acciones y buscar mediante una candidatura en alianza la alcaldía, al final la unidad no se concretó y ambos lo hacen por distintas instituciones políticas.

-Marlon ahora es la apuesta de los empresarios liberales que creen que todavía pueden levantar su partido, y lo hacen con un perfil nuevo como el de Lara, ellos han puesto su maquinaria mediática para apoyarlo- concluyó Fasquelle.

Mientras tanto, en San Pedro Sula la vida transcurre en la sobrevivencia. Esta ciudad sigue siendo la más violenta y las propuestas de campaña locales no se han centrado en eso. La ciudad es vulnerable por estar rodeada de ríos, el Valle de Sula es enteramente vulnerable, las campañas no priorizan esto. Las campañas, tanto la de Lara como la de su contrincante, Calidonio, van en el camino de convertir a San Pedro Sula en una ciudad de concreto, una máquina que beneficia a la élite predominante.

 

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Ilustración: Marcela Lara

Yoro estaba de feria cuando capturaron al alcalde Arnaldo Urbina en julio de 2014. A Leonardo lo llamaron para unirse a una fiesta secreta donde iban a celebrar la caída de este político nacionalista que hacía más que administrar un municipio, había instaurado una dictadura del terror y el crimen en un territorio que su familia convirtió en feudo.

Leonardo lleva un año huyendo de la familia Urbina. Directamente fue amenazado por su militancia política de oposición y por trabajar con comunidades indígenas recogiendo denuncias sobre violencia, desplazamiento forzado y amenazas en contra del gobierno municipal en manos de esta familia.

En este tiempo, intentó irse para Estados Unidos pero no pasó. Solicitó refugio en México pero no soportó la espera y se resignó a regresar a un país donde no existe institucionalidad que lo proteja, porque quien lo amenaza es parte del gobierno. Leonardo ha tenido que abandonar todo, sus estudios, familia y su lucha social e intentar olvidar lo que pasó, olvidar ese apellido que le causa terror.

El municipio de Yoro es la cabecera del departamento con el mismo nombre, al norte de Honduras. Es una zona montañosa donde vive el pueblo indígena tolupán, entre bosques de pino y reservas mineras. Ha sido un pueblo postergado, empobrecido. En las montañas de Locomapa, donde hay varias tribus tolupanes, en la montaña de Flor y en el sector de Ayapa, se han dado masacres, desplazamientos forzosos y asesinatos al pueblo tolupán que han sumido en un silencio absoluto a las comunidades.

Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el pueblo Tolupán han sido asesinados aproximadamente un centenar de indígenas sin que hasta ahora el Estado de Honduras haya hecho justicia en siquiera algunos de dichos crímenes. “En la web de la secretaría de Etnias podía leerse que éste es el pueblo originario más martirizado de Honduras. Sin embargo, con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al reducir este ministerio a sub secretaría se eliminó de la web tan flagrante afirmación martirial”, reza un comunicado emitido en 2016 justo después de una masacre en la que siete indígenas perdieron la vida en un contexto de lucha por los bosques y en contra de la explotación minera.

Un asesinato emblemático en Yoro es el de Vicente Matute en la aldea Plan Grande en 1990, porque semanas más tarde al único testigo ocular del hecho lo mataron a golpes con un garrote. Un investigador que ha estudiado la violencia que ha sufrido el pueblo tolupán asegura que todos los crímenes contra líderes comunitarios en defensa de los recursos naturales se hacen con tal saña que la comunidad entienda el mensaje intimidatorio detrás. A Vicente Matute lo asesinaron a balazos pero otros, como Teodoro Martínez fueron decapitados, o como Marcelino Centeno, de la misma zona que fue castrado y baleado.

Estos asesinatos vienen desde la década de los 80, donde los militares tenían mayor poder sobre la institucionalidad y en Yoro involucraron con el negocio maderero. Es hasta la década de los 90 que aparece en el escenario la familia Urbina Soto quienes de inmediato se conectaron con los líderes militares para co gobernar la zona.

En Locomapa ubican a Finlander Uclés como un terrateniente con conexiones directas con los Urbina. Uclés es ex miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras y es conocido empresario de la madera en la zona.

Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) sobre deforestación en Honduras señalaba que Yoro tenía el mayor número de casos de tala ilegal en el país.

La violencia desde entonces ha sido imparable. Este año en febrero, aun con el alcalde Arnaldo Urbina preso, fue asesinado un líder tolupán en la montaña de la Flor. La comunidad se ha aislado y se ha llamado al absoluto silencio para no seguir sufriendo represalias. En otras comunidades sienten que se hizo justicia al meter al alcalde a la prisión aunque no sea por los asesinatos.

El inicio de la dinastía

Darío Rolando Urbina Fernández comenzó el poderío. Fue alcalde de Yoro en los 90. Fue en su gobierno que asesinaron a Vicente Matute.

Urbina, el padre, era un hombre también temido por la oposición. Fue asesinado antes de terminar su segundo periodo y su hermano asumió la alcaldía.

Darío Urbina y Lila Soto tuvieron cuatro hijos. Cuando el padre fue asesinado, la familia se retiró del foco político en la zona, asumió el poder su contrincante Lando Burgos, siempre miembro del mismo Partido Nacional. Los hijos estudiaron en San Pedro Sula en una universidad privada. Arnaldo estudió Derecho y Diana, arquitectura. Fernando, el mayor, llevaba los asuntos familiares.

Diez años después del asesinato de su padre, la familia sufrió un atentado, un tiroteo en el que murieron guardaespaldas y terminaron heridas Lila Soto y el menor, Mario. La familia estaba en medio de una refriega que venían arrastrando desde Olanchito, de donde era originaria Lila Soto.

En 2009, con el golpe de Estado, la familia Urbina se incorpora al espectáculo político. A partir de allí, Yoro se convierte en su finca familiar y en pista para negocios ilícitos, según los cargos que se les imputaron a Arnaldo y sus hermanos. Las caras visibles a nivel nacional: Arnaldo Urbina y Diana Urbina. Fernando y Mario eran solo conocidos localmente.

Según estadísticas del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los homicidios en el departamento de Yoro pasaron de 27 por 100.000 en 2005, a 86 por 100.000 en 2014; en el municipio de Yoro, la tasa era de 104, en segundo lugar después de San Pedro Sula, a la que se llamaba en aquel entonces «la ciudad más violenta del mundo».

Fue en ese momento en que Leonardo fue amenazado por estar en contra del golpe de Estado y apoyar a candidatos de la oposición que eran muy populares y representaban una amenaza para los Urbina, ahora metidos en política. El país entró en unos comicios electorales donde asume el Partido Nacional con el binomio Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Los Urbina se volcaron en total apoyo al plan de gobierno nacionalista y garantizaron los votos en su departamento, sobre todo en aldeas ubicadas en las zonas indígenas.

“Para esas elecciones llegaron a Locomapa a pedir el voto para el Partido Nacional. Para las siguientes, pedían el voto para Juan Orlando Hernández. Pero lo pedían amenazando, porque el terror es su estilo”, cuenta el mismo investigador.

Cuando en 2014, a Leonardo lo llamaron para celebrar la detención de Arnaldo Urbina, o como le llaman en Yoro “Moreno”, él sabía que no había motivo para celebrar. Que el peligro seguía latente.

“En Yoro me tocó vivir con la gente la violencia de esta familia, a un señor que se negó a dar su casa lo mataron y lo arrastraron por toda la calle. Familias enteras sin saber donde ir, lo único que podíamos hacer era ayudarles a cargar sus cosas e irse. Cuando lo meten preso, el control seguía igual y la amenaza era peor. Lo denunciamos, pero las autoridades son controladas por ellos. Él desde la misma cárcel sigue administrando la alcaldía”, cuenta Leonardo.

Justo antes del arresto, en el Sector Mejía, cerca de Locomapa sucedió un desplazamiento forzado de tres comunidades por parte de los Urbina. Leonardo cuenta que la Iglesia Católica ofreció ayuda a esas familias que quedaba desamparadas, pero esto le costó a un sacerdote de la comunidad también ser amenazado y desplazado forzosamente del país.

Crimen organizado

Una publicación reciente de Insight Crime relata varias acciones delincuenciales en las que estuvo involucrada la familia Urbina. Comienza con la escena de un avión que se estrelló en Olancho y en el que murieron dos colombianos, hecho por el cual un hermano del alcalde en aquel entonces fue arrestado. Era 2012:

“La familia Urbina Soto ya era conocida por las autoridades. El hermano mayor de Miguel Ángel, Carlos Fernando Urbina Soto, había sido arrestado y condenado por homicidio. Luego huyó de prisión, y eventualmente había arreglado el caso por fuera de los tribunales.

El menor de los hermanos, Mario Urbina Soto, presuntamente participaba en el comercio de drogas en su ciudad natal, el municipio de Yoro, en el departamento del mismo nombre. Su madre, Lilian Soto, también había sido acusada de homicidio, pero posteriormente fue dejada en libertad.

Las probabilidades de que Mario fuera a ser responsabilizado por sus actividades ilegales eran pocas porque sus tentáculos políticos se extendían hasta los niveles más altos, y ejercían un fuerte control en los temas locales relacionados con la policía y lo judicial en el área.”

Varias organizaciones de Derechos Humanos que han acompañado denuncias del pueblo tolupán se han encontrado con el control de los Urbina en las instituciones de justicia. “Los juicios nunca los ganamos en Yoro, siempre los ganamos en Tegucigalpa cuando apelamos”, asegura un miembro de una organización de derechos humanos.

Fotografía: reporte de El Heraldo

Según tres investigadores del gobierno consultados para Insight Crimen, el prospecto de tener un alcalde implicado en operaciones de narcotráfico llevó a un acuerdo entre la familia Urbina Soto y el mayor grupo criminal de la zona, Los Cachiros. Al igual que la familia Urbina Soto, Los Cachiros eran una operación criminal familiar que se inició con actividades de poca monta —en su caso, el robo de ganado—. Desde 2005 aproximadamente, Los Cachiros también comenzaron a recibir y transportar grandes cantidades de cocaína a lo largo de su zona costera, al norte del país.

Establecieron una alianza: Los Cachiros pagarían al clan Urbina Soto para recibir aviones cargados de cocaína en su zona de influencia, almacenar los narcóticos y transportarlos al siguiente punto de entrega. Esto incluía el mantenimiento de las pistas de aterrizaje, la iluminación y los generadores, combustible para los aviones, cuadrillas de seguridad que recibieran y resguardaran la mercancía, así como otros servicios, que incluían la destrucción de evidencia, de ser necesario.

Pero hubo tensiones políticas, que probablemente derivaron en la captura de “Moreno. Al contrario de Los Cachiros, que interactuaban de manera regular con los dirigentes del Partido Nacional, los protectores más fuertes de los Valle Valle pertenecían al rival Partido Liberal. El clan Urbina Soto, comentó el investigador, estaba literalmente «entre los dos bandos», en un sentido geográfico, de negocios y  político.

Según Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras actualmente hay 16 exalcales acusados por delitos que iban desde homicidio hasta tráfico de armas, corrupción y extorsión. Vienen de municipios pequeños y grandes, y de todo el espectro político. Las autoridades aseguran que usaban su poder político para crear empresas criminales. En un caso, el alcalde tenía relación con el tráfico de armas.

Pero de los Urbina encarcelados en 2014, dos fueron liberados por falta de pruebas y solamente Moreno enfrenta una condena de 36 años por tráfico ilegal de armas y lavado de activos. Los asesinatos y casos de violencia que se denunciaron en su momento no se pudieron sustentar, no hay testigos. “Son historias de cantina”,dice el abogado defensor de Arnaldo Urbina, con el poder que le da tener control del Ministerio Público de la localidad.

Leonardo cuenta que cuando él regresó de su intento por cruzar hacia Estados Unidos, apoyó una denuncia por terrorismo en contra de los hermanos liberados y en contra del alcalde para que el proceso judicial no muriera. Intentó no ser tan visible pero un día, hace un par de meses, la casa de un amigo donde él guardaba sus cosas sufrió un asalto y lo único que se llevaron fue la información que él tenía sobre el asunto. Días más tarde recibió un mensaje anónimo que decía: gracias por la información. Para Leonardo no es historia de cantina el hecho de que el alcalde, aun preso tiene poder y que sus hermanos en libertad han retomado el control y el terror de cara a un nuevo proceso electoral donde es ahora Diana Urbina, la hermana la que se lanza como candidata a alcaldesa.

En agosto de 2016, los fiscales hicieron un allanamiento sorpresa en la habitación privada que tenía Arnaldo Urbina en el Centro Penal de San Pedro Sula donde encontraron varias copias de cheques del gobierno municipal de Yoro a Lenay Urbina Urbina por el pago de servicios de construcción. También encontraron algunos relojes Rolex, que dijeron que el alcalde vendía como negocio secundario. Ahora Arnaldo Urbina fue tralsado al Centro Penal de El Progreso, Yoro y sigue teniendo estos privilegios. A Leonardo le ha mandado varios mensajeros desde allí.

Las heridas sin cerrar y el clan de nuevo en el poder

Antes de que Leonardo se fuera buscando refugio, dijo que estaba seguro que en las próximas elecciones la posibilidad de que Arnaldo Urbina saliera libre y se volviera a lanzar como alcalde eran altas. Su pronóstico fue casi acertado. En las elecciones del 26 de noviembre, con Juan Orlando Hernández buscando la reelección, va Diana Urbina, la hermana que ha sido diputada el último periodo. Ella es la nueva encargada de pedir los votos para Hernández y de garantizar el poderío de los Urbina.

Hace una semana, Juan Orlando Hernández visitó Yoro en su gira de campaña por la reelección, su acompañante era Diana Urbina. Así fue en 2009 en la campaña donde Arnaldo era su compañero en Yoro. El clan del terror.

“Yo quiero regresar el día, cuando el país sea un poco más libre, cuando ya no esté en la dictadura de JOH, la dictadura de quien desde la cárcel firma cada solicitud que llega a la municipalidad de Yoro”, dice Leonardo quien desea algún día salir de su encierro sin miedo a ser asesinado.

 

Nota: Leonardo no es el verdadero nombre de la víctima, se ha cambiado por seguridad.

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Ilustración: Marcela Lara

En Quimistán, Santa Bárbara todos saben dónde es la casa de los Guevara. Los fines de semana se aglomeran decenas de mujeres y hombres de todas las edades para extender la mano pidiendo a “Chonita” recordar su promesa de vida mejor y recibir aunque sea para el pasaje. A veces les da una burrita, pero otras tantas sale en su carro con los vidrios polarizados arriba y cuando se va alejando deja caer billetes de 20 o 50 lempiras para que sus súbditos hambrientos recojan de las polvorientas calles de su pueblo.

Doña Carmen carga a su bebé y mira con desprecio el carro que se va alejando. Esa mañana doña Chonita, como le dicen a Martha Concepción Figueroa de Guevara, diputada del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara, “no quiso” ayudarla a ella que ya no aguanta el hambre y carga con su bebé de 13 meses mientras lleva de la mano a su hija de seis años. “Que ni piense esa vieja que le voy a dar el voto, tiene ya un mes en que no nos da nada. Solo la vemos cargar los carros de comida y se va para las montañas, a nosotros nos ha olvidado”, dice lamentándose, su pequeña intentó correr detrás del carro de Chonita para ver si lograba agarrar algún billete, pero era muy peligrosa la estampida humana.

Martha Concepción Figueroa de Guevara es diputada desde 1990. En las últimas tres legislaturas fue calificada con 22% por su baja productividad por faltar la mitad de las veces a las sesiones del Congreso Nacional y por solo haber presentado dos proyectos de ley que ni siquiera pasaron a debate. Estos datos los arrojó Democracia sin Fronteras en el último informe sobre productividad legislativa. El departamento para el cual “Chonita” legisla es Santa Bárbara, uno de los más importantes en reserva de recursos naturales se trata, pero también uno de los más empobrecidos del país.

Aunque los departamentos más pobres son Lempira, La Paz y Ocotepeque, Santa Bárbara cuenta con municipios en extrema pobreza. Estos son datos del INE en 2006, actualizado en su página web.

Con 27 años en el poder, Chonita “la madre de los pobres”, como la llaman en su comunidad, sigue reeligiéndose y no está sola, la acompaña su hijo, Juan José Guevara, quien es el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara y siguiendo los pasos de su madre, lleva 16 años gobernando ese municipio. Un lugar donde parece que nada pasa.

Esperando la ayuda en casa de Martha Concepción Figueroa.

 

La dinastía comenzó con don Juan José Guevara, esposo de Chonita, a quien en los 80 se le conoció como un hombre muy cercano de los militares, en ese entonces el poder supremo que gobernaba todo, época de golpes de Estado y guerra contra insurgente. Don Juan José fue alcalde durante dos periodos, a partir de allí la familia tomó el mando sin soltarlo ni una sola vez. La familia Guevara se ha conocido siempre por tener negocio de ganadería a mediana escala y producción de café, pero no se les conoce por millonarios ni por tener grandes negocios en el departamento. Si preguntan en Quimistán de qué viven los Guevara, muchos dirán que de la política.

El asistencialismo ha sido parte fundamental de su mecanismo para mantenerse en el poder, y esto ha aportado a hacer crecer las bases del Partido Nacional que a su vez votarán por la reelección del presidente.

David, un joven que nos dio su entrevista en anonimato, ahora vive lejos de su casa porque fue amenazado por un activista de Chonita. Cuenta que esta diputada eterna ha logrado ganarse a la gente más empobrecida del departamento a punta de regalías baratas y falsas esperanzas de desarrollo. David vivía en una comunidad que después del golpe de Estado se  denominó en resistencia y comenzó a luchar por el concesionamiento de dos ríos que pasan por sus territorios. La represa que generaría 6 MW de energía es construida por Grupo Montecristo y el gerente del proyecto hidroeléctrico Cuyagual es Miguel Antonio Medina, quien con la familia Hawit, Larach y el Grupo Lazarus & Lazarus de San Pedro Sula conforman el consorcio que va desde el rubro del petróleo, la construcción hasta la generación de energía hidroeléctrica.

En Santa Bárbara hay seis concesiones aprobadas para proyectos hidroeléctricos y 46 concesiones aprobadas para exploración y explotación minera, el plan económico del gobierno está bien posicionado en cada rincón gracias a personajes como Chonita.

Hace un año, un activista nacionalista agredió a la familia de David porque éste compartía información sobre los daños que podría causar la hidroeléctrica en sus comunidades. Para disidentes no hay espacio en las comunidades donde Chonita tiene todo un ejército.

Así tuvo que marcharse. Su comunidad quedó aislada de todo apoyo municipal y la misma comunidad comenzó a ponerse en su contra.

“Ella no es tan peligrosa como la diputada Gladys Aurora Lopez en La Paz, pero sí tienen seguidores que son sicarios. Así que ella directamente sea mala, no creo, hasta nos abraza cuando nos ve, me dice: ¿quién te está calentando la cabeza? Mira que hay que estar con el desarrollo” cuenta David, muy lejos de su pueblo.

Juan José Guevara: un nombre “popular”

Si en la casa de doña Chonita no atienden a la gente, ellos pueden caminar un poco más y llegan a la vivienda del hijo: Juan José. Los portones pasan abiertos y los perros son amigables. Un niño de unos cinco años, heredero de la dinastía juega con sus carritos en el garaje donde varias ancianas esperan que el alcalde sí se apiade de ellas y Carmen con sus dos hijos esperan por los menos que les den agua.

Mientras tanto, van y vienen activistas del Partido Nacional, uno recoge tarjetas de identidad. La casa de Juan José es un centro de acopio, el garaje es como una bodega llena de afiches y rótulos de su cara en todos los tamaños y el lugar donde van a parar cientos de tarjetas de identidad que personas de diferentes lugares llevan para anticipar su voto.

Juan José Guevara ha sido más polémico que su madre. En su primer periodo como alcalde en 2002, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo tres reparos a su administración por el mal uso de los recursos municipales, derroche de dinero en pagos de dietas a regidores, bonificaciones a corporativos, pago excesivo de su línea telefónica personal (80 mil lempiras en saldo), proyectos cuyos desembolsos estaban en 98% pero el porcentaje de ejecución era bajo, falta de control e información en la entrega de combustible, préstamos irregulares a empleados municipales, entre otros.

“En las pruebas efectuadas con el propósito de determinar el cálculo correcto de los impuestos, tasas y servicios se analizaron 15 casos de los años 2005, 2006 y 2007, en cuanto a cuentas por cobrar presenta saldos inconsistentes, desactualizados debido a la falta de organización en los archivos físicos existentes en la municipalidad así como también no existe un sistema digitalizado para evaluar este rubro y los valores que presentaron tiene muchas irregularidades para poder determinar una responsabilidad”, reza el informe del TSC.

La Fiscalía contra la Corrupción lo llamó a declarar en 2008 por haber impreso cientos de cuadernos escolares con su fotografía con el fin de realizar campaña política para su reelección con fondos municipales.

Esta auditoría fue en su primer periodo de gobierno. Después le siguieron otras polémicas. En 2016 trascendió la polémica mansión que Juan José Guevara  tenía en San Pedro Sula valorada en 1.5 millones de dólares. El alcalde se la había comprado al exfutbolista Carlos Pavón. En medios de comunicación se informó sobre el señalamiento que Guevara tuvo en un informe policial en el que se le señala de ser colaborador de cárteles de la droga que operaban en el occidente del país y que ahora están desarticulados, Guevara se defendió diciendo que tanto la policía como la Embajada de Estados Unidos debían aclarar estas acusaciones y que no temía ser capturado o extraditado ya que nada se le puede comprobar.

Plaza central de Quimistán, Santa Bárbara. Frame del documental Guardiana de los ríos (Eric y Radio Progreso)

En Quimistán basta con ir a la plaza central para conocer el poder de Juan José Guevara. El quiosco central tiene su nombre en letras grandes de metal, así como cada banca del parque plasmado su nombre. En las comunidades ha colocado grandes placas en una estructura de un material parecido al mármol, con su nombre y la fecha del proyecto de energía o agua potable llevado a esa comunidad. El uso excesivo de su imagen es algo que sigue haciendo libremente.

Ese día en el garaje de su casa, un activista asegura que Guevara está descansando y que si lo llamamos saldrá a darnos la entrevista. Sin embargo, el alcalde aseguró estar lejos de la ciudad, inaugurando un proyecto de energía en una comunidad en la montaña. Posteriormente intentamos acceder a él para una entrevista y se negó.

La gente en su garaje esperando ayuda fue atendida por una mujer que les dio un vaso de refresco y unos paquetes de galleta, y les dijo que no podía hacer nada porque era feriado. Las ancianas pedían una recomendación para ser atendidas en un centro de salud pública, y Carmen con sus hijos pedía dinero para comer ese día.

David dice que mucha gente en el municipio cree que es responsabilidad del alcalde o de la diputada entregarle sus documentos de identidad, una recomendación para ir al hospital, cualquier trámite en instituciones del Estado, porque Chonita y Juan José se han convertido en la única institución del Estado a la cual acudir.

Un exfuncionario que no quiso dar su nombre asegura que esta familia ha basado su poder en el asistencialismo y conexiones con políticos y empresarios poderosos. Aseguró que la pequeña élite de la zona, empresarios del café, ganado y otros productos, no se lleva con los Guevara pero que ellos tienen conexiones fuertes con otra élite, las familias en el negocio maderero de la zona: La familia Lobo y la familia Noriega de Olancho y las corporaciones en el negocio hidroeléctrico. Pero su poderío también está basado en el terror. Y eso es notorio en Quimistán. Intentamos acceder a empresarios, activistas, personas del pueblo en general y cuando pedíamos entrevistas, la mayoría nos aseguraba que era peligroso hablar de los Guevara, que tendrían repercusiones si hablaban la verdad sobre ellos. El terror es algo que comparten todas las historias de políticos eternizados en el poder.

Instalacioneso de hidroeléctrica Cuyagual, en El Listón, Santa Bárbara. Frame del documental Guardiana de los ríos (ERIC y Radio Progreso)

Mantener al patrón para poder comer

Según David, “Chonita” comenzó a ganarse a la gente más empobrecida porque sacó de la cárcel a muchas personas que había cometido delitos menores. Los Guevara son el Estado, nada más. Así logró tener un grupo de activistas fieles a sus mandatos.

“A partir del golpe de Estado la gente empezó a despertar y a independizarse de ella y allí vinieron los problemas. Ella aisló varias comunidades donde nunca llegan los proyectos municipales, porque estas están en contra de las hidroeléctricas y de las mineras. En esas comunidades mucha gente quemaba la ropa que Chonita les llevaba para comprar conciencias. A partir de allí comenzaron las amenazas. A mí me amanazaban en su nombre por estar en contra de la hidroeléctrica que nos quita el río. Por ejemplo, comunidades como El Listón y El Cacao, están abandonadas por el Estado y amenazadas por luchar por los ríos”, cuenta David.

A Chonita la comparan con Gladys Aurora López, diputada nacionalista en La Paz, donde su esposo es empresario hidroeléctrico. Sin embargo, los Guevara no son dueños de las hidroeléctricas en su zona, aunque sí son promotores de este tipo de proyectos por mandato nacional del gobierno central.

“No es tan mala Chonita, pero sus activistas sí son peligrosos. Cuando me ve me abraza y me dice: ¿quién te está calentando la cabeza? Mira que hay que estar con el desarrollo, no en contra”, cuenta David.

Un líder de la iglesia católica en el sector asegura que los Guevara invierten en sobornos para los medios de comunicación y así no verse mal, a pesar de esa pequeña oposición en las comunidades contra las hidroeléctricas. “Los medios en este departamento siempre tratan de mantenerla bien, a ellos les da para el transporte, para lo que necesiten. Hay que mantener el patrón para comer, ellos han creado una base política de acuerdo a las necesidades del pueblo. Aun hablar de Chonita en el municipio es un impacto, en cada esquina tiene gente de ella escuchando, sus activistas son peligrosos”, aseguró.

Solicitamos al TSC las declaraciones patrimoniales tanto de Martha Concepción Figueroa, como de Juan José Guevara, pero fue denegada aduciendo que dicha información está en reserva por contener datos personales y delicados en cuanto a las finanzas individuales de los funcionarios según el Artículo 23 (Prohibiciones) numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 64 (Confidencialidad y Reserva) del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, Artículo 3 (Definiciones) numerales 7 (datos personales confidenciales) y 9 (información confidencial), Artículo 16 (Restricción del Acceso a la Información) numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se puede divulgar el contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.

Esta información es vital para conocer qué tanto ha crecido el patrimonio de esta familia que lleva más de 20 años en el poder, y que muestra un poderío y control sobre su municipio y sobre todo sobre el departamento. Pero no es pública.

Frente a la casa de Chonita solo ha quedado un hombre borracho, dice que le llaman “Chancleta” y que respeta mucho a la doña. “A mi ella me sacó de la cárcel”, cuenta Chancleta quien recuerda haber caído preso por “tomar por la fuerza a una mujer”. Agradecido siempre le sirve para lo que ella ordene.

La casa de Chonita ya está desalojada, esa calle polvorienta carga con la desesperación y la decepción de una turba de gente pobre que cada semana regresa a pedir ayuda, a veces a pedir solo el pasaje de regreso. Es una tradición de la miseria.

 

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Ilustración: Marcela Lara

El gobierno de Estados Unidos anunció en las últimas horas la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por seis meses para 57 mil hondureños y hondureñas que residen en el país del norte, la incertidumbre se extiende.

A los dieciocho años Hernán Dubón emprendió camino para cumplir el sueño americano. Él vivía junto a su madre y hermanos en Cuyamel, Omoa, Cortés al norte de Honduras. La falta de oportunidades obligó a Dubón a probar suerte en otra tierra, una muy distinta a la suya.

Un mes antes del huracán Mitch en septiembre de 1998, Dubón logró ingresar indocumentado a Estados Unidos, lo hizo por la frontera mexicana de Matamoros y su panorama cambió, se llenó de esperanzas y retos para ayudar a su familia en Honduras.

Al cruzar la frontera se trasladó a Nueva Jersey, primera ciudad en la que hizo su experiencia americana. Como todo inmigrante buscó ganarse la vida, conseguir un empleo sin documentos, su primera tarea era adaptarse a una nueva cultura y a estar oculto.

El paso del Huracán Mitch activó la migración  de más hondureños y hondureñas hacia Estados Unidos, que ante la vulnerabilidad, falta de empleo y violencia se encontraban entre la espada y la pared. En 1999 el gobierno norteamericano fundamentándose en los daños y necesidades de la población aprobó el Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso para que las personas afectadas por esa situación en su país de origen, pudieran permanecer de forma legal en Estados Unidos, y así obtener un trabajo e incluso formación educativa.

-Desde ese año logré mi TPS, gracias a Dios eso me ayudó a permanecer legal y conseguir trabajo, una licencia de conducir y también aprender inglés en una escuela de New York- relata Hernán.

Dubón logró junto a 57 mil hondureños y hondureñas más, el permiso temporal y eso le ayudó a obtener estabilidad. Luego él se unió a un grupo de obreros de la carpintería con quienes aprendió el oficio y en su tiempo libre acudía a una escuela de inglés para aprender lo básico del idioma y así adaptarse mejor a las oportunidades que se presentaran en este país.

-Compré mi carrito, conseguí trabajo, aprendí el oficio y eso me ayudó a crecer en mis primeros tres años acá- cuenta.

Hernán es el menor de sus tres hermanos, cuando vivía en Honduras su familia con muchas limitaciones le daba el estudio, pero la situación era totalmente insostenible y por eso tomó la decisión de salir y buscar otras opciones. –Algunas personas salen de Honduras por violencia, en mi caso lo hice por necesidad, uno debe buscar en Honduras como ganarse la vida, pero a veces las opciones que se presentan te permiten vivir pero no ayudar a tu familia-

“Da igual que suspendan el TPS ahora como dentro de seis meses, si lo hacen por seis meses tocará vender todo y tomar una decisión, estamos contra la espada y la pared”, siguió relatando Hernán.

Según el informe Panorama Laboral presentado por la Organización Mundial del Trabajo, Honduras se encuentra entre los 20 países de América Latina y el Caribe con la tasa de desempleo más alta, en el 2016 el índice de desocupación pasó del 6,6% al 8,1 %.

Al aprender el oficio de carpintero Hernán siguió trabajando en New Jersey, la experiencia que adquirió le permitió constituir una compañía que en ese caso fue de construcción, después conoció a muchas personas que le tendieron la mano.

-Eso lo conseguí porque además de mi esfuerzo, tenía el TPS, de forma ilegal era muy difícil lograrlo-

Dubón asegura que durante los 20 años que tiene de vivir en Estados Unidos, él se apegó a las leyes de ese país, desde la adquisición de un trabajo, pago de impuestos y también el respeto que incluyen las normativas legales y judiciales.

En el 2003, Hernán con su empresa de construcción logró ver un nuevo horizonte de oportunidades en el Estado de New Hampshire, fue en ese momento que trasladó sus operaciones a este sector. –Me gustó New Hampshire,  había en ese momento pocos migrantes, eso facilitaba el ambiente de oportunidades para lo que hacíamos-

Mientras la vigencia del TPS se mantenía, Hernán su esposa, hijos, hijas y familiares en Honduras salieron adelante, pero actualmente en el 2017 el fantasma de la deportación vuelve a sonar en sus cabezas, el gobierno norteamericano a pesar de ampliar el TPS por seis meses,  amenaza con la suspensión del permiso cuando este plazo culmine. Esto ha generado miedo, zozobra y preocupación en los migrantes.

Así como Hernán hay más de 60 mil hondureños bajo amenaza de ser deportados al país, a las puertas de un retorno forzado. –Yo dependo del TPS para sobrevivir y ayudar a mi familia, yo estoy preocupado, logré lo que tengo gracias a 20 años de permiso temporal, a veces uno pensaba que eso ayudaría a lograr la residencia, pero la llegada de Donald Trump botó todo esto-

Sin el TPS Hernán debe replantearse su futuro de inmediato. Hernán nos comentó que a veces se sienta con su esposa en el mueble de su casa a pensar frente al televisor, justo cuando ve las noticias sobre la suspensión del TPS y se cuestiona ¿Qué harán, qué decisión tomarán? Para Hernán, su esposa, y sus gemelas hay dos opciones en el tapete: una es vender todo lo que tienen, mandar lo que puedan y esperar que la justicia norteamericana los deporte a Honduras, de esa forma lograr fondos para sobrevivir en este país, y la otra es iniciar una vida bajo las sombras, escondidos, en otra ciudad, otro apartamento, y con el ejercicio de otro oficio para sobrevivir, labor que será de forma ilegal, así como la de  miles de compatriotas.

-Imagínese, quedaré sin licencia, en el caso que cuando nos suspendan el permiso nos para la policía , pues lo que me espera es la deportación, la verdad es una situación bien complicada-

“Da igual que suspendan el TPS ahora como dentro de seis meses, si lo hacen por seis meses tocará vender todo y tomar una decisión, estamos contra la espada y la pared”, siguió relatando Hernán.

Dentro de seis meses, el gobierno norteamericano emitiría una postura final sobre el TPS para los hondureños, la moneda sigue en el aire porque el permiso puede ser extendido o suspendido definitivamente, tal y como les tocó a los nicaragüenses, a quienes se les terminó la licencia.

Para Hernán la determinación del gobierno estadounidense de considerar suspender el TPS es injusta, porque en su caso se portó bien, respetó las leyes, pagó impuestos y hasta contribuyó al desarrollo de ese país, el que ahora ve como más suyo que Honduras. Hernán ha vivido más tiempo en Estados Unidos que en Honduras y logra ver las diferencias abismales entre ambas naciones, incluso habla de la razón por la que Trump debe ampliar el TPS:

-El gobierno debe ampliar el permiso pensando en nuestros hijos, yo tengo dos gemelas norteamericanas, ellas nacieron acá, saben que soy hondureño pero nunca han ido al país, ellas ya son de acá y como gobierno deben pensar en el mejor futuro para sus ciudadanos, si me deportan a mí, a mí esposa, entonces nos las tendremos que llevar y a Honduras vamos a exponernos a la falta de oportunidades, a la violencia y un cambio radical de vida. Ahora no sé cómo hará mi familia que depende de mí porque yo ya no podré seguir ayudando, allá nadie me ayudará, estamos preocupados por esta situación, uno no desea regresar a honduras pero si me están sacando no podemos quedarnos huyendo-

Andar a escondidas, violar las leyes no es un destino que quiere correr Hernán y su familia, aunque sí lo considera. Es difícil huir primero de un país sin oportunidades y segundo de una nación que le brindó por años desarrollo pero que en un abrir y cerrar de ojos le da la espalda.

Hernán ha visto las distintas políticas norteamericanas contra los migrantes, en el gobierno de Barack Obama las deportaciones no se detuvieron, Hernán dice que en New Hampshire la gente que estaba indocumentada fue sacada y deportada a sus países, y eso ocurrió mucho antes de la llegada de Donald Trump.

 –Para serle sincero acá del gobierno de Honduras no sabemos nada, ellos solo se acercan cuando vienen las elecciones, y este es uno de esos momentos, pero no tienen ninguna capacidad de gestión por nosotros, y sobre todo ahora que estamos amenazados con regresar de nuevo- asegura Hernán.

Hernan dice que con la llegada de un nuevo presidente, con un antecedente y discurso antimigrante, las políticas de persecución han aumentado: hay operativos de búsqueda, vigilancia y deportaciones, incluso ya fueron víctima de ello su cuñado y un sobrino, quienes fueron vigilados por migración, atrapados, encarcelados y luego deportados.

-Guardo la esperanza que esto sea así solo con este presidente, quizá con otro presidente que llegue en el futuro las cosas vuelvan a ser como antes, por lo menos para los que tenemos TPS-

Las esperanzas son las últimas que se pierden, pero sí se deterioran cuando la realidad que los rodea es amenazante.  -Esta decisión está difícil, o nos escondemos o nos vamos.

Hernán lamenta el abandono de dos gobiernos, el norteamericano y sobre todo el hondureño. –Para serle sincero acá del gobierno de Honduras no sabemos nada, ellos solo se acercan cuando vienen las elecciones, y este es uno de esos momentos, pero no tienen ninguna capacidad de gestión por nosotros, y sobre todo ahora que estamos amenazados con regresar de nuevo-

A pesar que el gobierno anunció a través de su representación diplomática en Estados Unidos y vía presidente Juan Orlando Hernández, su postura es impotente ante la determinación del país del norte, el reto de atención a los migrantes en ese país ha sido improductivo al menos desde la perspectiva de los afectados.

El papel del gobierno en materia de generación de oportunidades y reducción de la violencia en Honduras son factores de discusión continua en un país que está diluido en el ambiente electoral.

Además en lo que respecta a violencia, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señala que en Honduras se registran 14 asesinatos violentos diarios, situación que genera miedo y también desplazamiento de compatriotas a otros países.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, el último informe presentado sobre cifras de desplazamiento en el 2016 en América Central, reflejan que la violencia de pandillas en estos países es la causa de más de 545,296 solicitudes de asilo en Estados Unidos y  México, mostrando un aumento significativo al 2012.

Las cifras dicen que la vulnerabilidad y factores como la violencia y falta de oportunidades es un contrapeso al argumento norteamericano para suspender el TPS, el cual indica que las condiciones en estos países no son las mismas que en 1998, cuando pasó el huracán Mitch. Actualmente estos datos evidencian la crisis social que vive el país y sigue generando salidas forzadas.

Si Hernán, sus gemelas, sus dos hijos varones y su esposa no deciden quedarse huyendo entonces tendrán que tomar el camino del retorno forzado, al final Hernán no sabe que será peor si huir o regresar a una realidad precaria.

Actualmente, más de 70 estudiantes enfrentan procesos judiciales por participar en acciones de protesta contra las disposiciones de las autoridades universitarias, 26 de las personas criminalizadas son mujeres.

Hasta el momento las nuevas autoridades no han retirado los procesos criminales contra los estudiantes, por lo que este grupo de estudiantes en solidaridad con los judicializados anunciaron nuevas acciones de protesta para los próximos días, con el fin de presionar para el retiro de los cargos.

 

Honduras acaba de vivir una emergencia por lluvias, alrededor de 47 mil personas afectadas por las inundaciones en las zonas más vulnerables del país, entre ellas el Valle de Sula. El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró las tres alertas en distintos momentos para las zonas bajas de La Fragua y Ramal del Tigre en Atlántida y  Baracoa en Cortés, eso incluía La Playita, ubicada en el sector Chamelecón en San Pedro Sula, donde las familias tuvieron que salir de emergencia, pues lo que habían anunciado como frente frío, se estaba convirtiendo en un recuerdo del Huracán Mitch que azotó en 1998 el país y lo puso en el camino del retroceso.

Andrea, una joven del sector Chamelecón transmitía en vivo a través de su perfil de Facebook las inundaciones que estaban enfrentando sus vecinos y su familia, pedía ayuda y daba a conocer su situación de riesgo. Entre suspiros y una voz que trataba de no quebrar, relataba a sus amigos en esta red social cómo su casa iba llenándose de agua y su miedo de no saber qué hacer ante las inundaciones que incluso llegaron al campo de fútbol de su colonia.

Aun así, la realidad de Andrea no fue vista por muchas personas. La emergencia se limita a las cifras, 47 mil afectados, 800 centros educativos inundados, 1 fuerza de tarea conjunta del gobierno para enfrentar esto, cientos de políticos aprovechando la emergencia para hacer campaña política.

-Aló, papi la casa se está inundando.- Andrea llama a su padre, llorando de impotencia, para que regrese a casa.

Los muchachos (integrantes de la Mara Salvatrucha) le ayudaban a sacar las cosas de su casa o al menos a elevarlas para que no se dañaran y no perdiera todo, esto mientras llegaba la ayuda. La espera se hizo eterna porque a pesar de tener dos batallones militares en el sector, la ayuda nunca llegó.

“Acá solo llegó la Cruz Roja y un comité de jóvenes que vinieron a sacarnos en unos camiones, incluso uno de esos camiones se quedó un momento sin moverse porque el agua estaba entrando al motor y aún con esas complicaciones, lograron trasladar a varias familias a la escuela cerca del parque del sector”, relata Andrea.

Ya son 20 años los que tiene Andrea de vivir en el sector Chamelecón, desde la fundación del mismo en 1952. Su colonia se inició con el estímulo migratorio al caserío de Chamelecón por parte de la municipalidad de San Pedro Sula, concediendo cuatro años de trabajo libres de carga; y en 1902, el General Terencio Sierra otorgó título a Chamelecón que constaba de cuatro caballerías; una para población y tres para agricultura. El poblamiento del sector inicia a principios de los 70’s después de que el alcalde Juan Fernando López quien, con la ayuda del Cuerpo de Paz, logra el trazado de calles y la instalación de servicios básicos. Un trazado de calles sin las fronteras de hoy.

Lea: Las fronteras mortales de los barrios en Chamelecón

Ahora Chamelecón es uno de los sectores más peligrosos de San Pedro Sula que cuenta con dos batallones militares y varias postas policiales que no han logrado controlar la situación de violencia y en esta emergencia tampoco lograron servir a todas las colonias.

El miedo al agua, a las inundaciones se equipara al que siempre se vive, que paraliza y pone entre la espada y la pared a cientos de familias que tienen que elegir entre quedarse en su casa con el agua hasta la cintura o irse a un albergue cruzando la frontera, donde la vida corre también riesgo de muerte, tal cual fue el caso de la zona donde Andrea vive, donde alrededor de 50 familias tuvieron que moverse muy cerca del límite.

Andrea nunca ha vivido sin fronteras, desde pequeña ha sabido practicar el lema de oír, ver y callar, la ha ayudado a sobrevivir en la colonia. Nunca tuvo amigas o amigos. Dos de sus primos eran pandilleros y habían entrado en guerra con su propia pandilla, por lo que todos los días caminaba hacia el colegio escoltada por un pandillero asignado a cuidarla y aunque nunca le pasó algo directamente, tuvo que ver como asesinaban a su primo a los 13 años de edad y meses después a su tío.

“Siempre ha sido complicado para una, porque recuerdo que no tenía amigas, nadie me hablaba por miedo y de paso tuve que vivir esas experiencias en que no solo asesinaron frente a mí a mi tío y primo, sino también saber que años después mi otro primo de 15 años y su hermano eran asesinados adentro de su casa. Aprendí a vivir con el miedo y gracias a él creo, tengo el carácter con el que me defiendo”, Andrea lo dice con la mirada altiva, es una sobreviviente.

Cuando comenzó la emergencia y el agua comenzó a inundar su colonia, su casa. Andrea no consideraba como una opción moverse a otra colonia para salvar su vida, incluso moverse a lugares cercanos donde la pandilla (Barrio 18) controle y no se inunde porque es un riesgo para quienes son habitantes del territorio MS.  Al final la mejor decisión para los habitantes de La Playita, fue moverse a la escuela más cercana que quedaba siempre en el territorio MS para reducir el riesgo de cualquier enfrentamiento, aunque según Andrea siempre había una posibilidad que la pandilla 18 pudiese llegar.

“Cuando nos tuvimos que ir para la escuela, no podíamos dormir, cada integrante de las familias que estábamos, se turnaban para vigilar, porque en cualquier momento podían llegar los otros a hacer relajo. Además de eso nos tocó lidiar con los activistas nacionalistas, que horas antes, habían estado discutiendo con varias personas que estábamos como damnificados. Hubo un altercado en el que un hombre quiso incluso apuñalar a una vecina porque ellos querían quedarse con todo lo que estaba llegando de donación. Regresar a nuestras casas era mejor en cierto modo”; explica Andrea. A las familias en esta escuela las desalojó un grupo que se identificó como activistas nacionalistas aduciendo que la escuela ya no sería más albergue y que todos regresaran a sus casas, a pesar de que la emergencia aún seguía.

Ya en su casa, Andrea y su familia se sienten menos amenazados, al menos por la pandilla. Llegaron y comenzaron a pedir a dios que cesara de llover. Ya donde son conocidos, los pobladores se sienten incluso protegidos por el grupo criminal que controla.

El miedo está interiorizado y normalizado en la cotidianidad de las personas que viven en sectores controlados. Por más que existan colonias aledañas donde no se inunda donde poder huir, muchas personas prefieren no arriesgarse porque se sienten vigilados y saben que por más que intenten verse a escondidas o creen estrategias para movilizarse de una colonia a otra, hay un riesgo que prefieren no correr.

“Nosotros, por ejemplo, podíamos movernos a Villanueva pero no teníamos cómo hacerlo ni dinero, pero hay muchas personas de acá que no tienen tampoco esa posibilidad, así que les toca quedarse o irse donde sea más seguro aunque no lo sea del todo, acá siempre ha sido así. Cuando el Huracán Mitch, se nos movilizó a lugares relativamente seguros, mi mamá me cuenta que uno de esos lugares fue el Campo AGAS y cómo ahí atrás quien controla es la Pandilla 18, dice que se metían y aprovechaban a matar a sus contrarios, se miraban muertos por todos lados”.

Andrea no recuerda mucho lo ocurrido en el Mitch, pero sí tiene certeza de que eso ocurrió, porque lo ha visto toda su vida viviendo en la frontera, escondiéndose de las balas disparadas en enfrentamiento entre pandillas y/o policías, cada día siempre a la misma hora.

Así como Andrea, millares de familias en Honduras viven la situación de estar en emergencia climática en medio de una emergencia constante por sus vidas y su movilización coartada por fronteras invisibles pero densas en los imaginarios de estas personas que nunca han sabido qué es vivir sin vigilancia y en libre movilización.

Ella y su familia se sienten presos, por eso Andrea sueña con ser enfermera y seguir ayudando a su comunidad desde otros espacios y poder sacar a su familia de la colonia, para que, aunque sea ancianos sus padres puedan disfrutar de la libertad.

Para ser un personaje político hay que saber quedar bien, es decir, no desaprovechar cualquier oportunidad o espacio para ganar votos, aunque esto los obligue a fundamentarse en mentiras y hasta en la fe. Eso ocurrió en el foro político organizado por la Iglesia Vida Abundante, que dirige el pastor Evelio Reyes donde el gran ausente fue Juan Orlando Hernández, candidato a presidente por la reelección.

La Confraternidad Evangélica de Honduras abrió sus puertas a los políticos para escuchar sus propuestas y saber qué tanto se responden a sus dogmas religiosos. Sin perder el tiempo ni la oportunidad, los participantes aprovecharon la plataforma para postularse como sujetos temerosos de Dios, con principios éticos, morales y sobre todo devoción inquebrantable ante el poder divino.

Según un estudio de la organización Latinobarómetro sobre religiones en América Latina, en Honduras el 53% de las personas profesan la religión protestante y el 47% católica. Es por esto que es tan importante para los candidatos a cargos de elección popular llegar al discurso religioso, además de que ambas iglesias tienen frecuencias radiales y televisivas para hacer eco de ese discurso.

“Yo aseguro que no permitiré la pena de muerte, no aprobaré el aborto ni el matrimonio de personas del mismo sexo”, comenzó su discurso el presidenciable del Partido Liberal Luis Zelaya.

“Prometo orar a Dios para pedirle su luz, para que me de la paz y ser un buen gobernante que no le falle a las personas”, dijo el candidato de la Alianza Salvador Nasralla.

Por su parte el general Romeo Vásquez de Alianza Patriótica e Isaías Fonseca del FAPER arrancaron sus discursos bendiciendo al público y asegurando que su gobierno se fundamentaría en el respeto a los diez mandamientos bíblicos.

El foro solo incluyó una participación por candidato, un espacio de diez minutos cada uno. El primero en hacerlo fue Luis Zelaya quien dejó claro su pensamiento conservador que rechaza demandas del movimiento feminista y de la comunidad LGTBI. El candidato liberal fue breve en su comparecencia y afirmó que se puede construir un país distinto si se respeta la fe y se teme a Dios.

Mientras que el militar que dio golpe de Estado en 2009, Romeo Vásquez comenzó su discurso con la parábola de un anciano y de un pueblo que quitó la piedra la maldad para ser libre. “Debemos ser como el anciano que impulsó al pueblo a liberarse, en Honduras hay que vencer dos grandes pecados: la corrupción y el derramamiento de sangre”.

“Como soldado de la fe y del país, yo quiero construir una Honduras justa, de  principios y valores de la moral y sobre todo de la fe en Dios, porque muchos dicen que debemos sacar a Dios de la política pero es uno de los principales errores, porque el temor a Dios nos hará diferentes, sino cumplimos con los mandamientos no podemos hacer lo terrenal”, culminó el exjefe de las Fuerzas Armadas.

“Honduras actualmente pasa momentos difíciles, con políticos  excluyentes que han endurecido su corazón y lo apartaron del mandato de Dios. Honduras le pertenece a Cristo y no a los grupos de poder”, culminó Fonseca.

Mencionar a Dios en cada intervención era el objetivo de los participantes, su público era creyente y como buenos políticos tenían que quedar bien con ellos, bajo ese enfoque continuó Fonseca:

“Que Dios derrame bendiciones en cada uno de sus hogares, saludo a mi pastor Roger Rivera de la Iglesia Centro Cristiano de la cual nací y hasta el día de hoy soy miembro porque sigo con fe y convicción en este camino porque sin Dios nada somos”, arrancó diciendo.

“Honduras actualmente pasa momentos difíciles, con políticos  excluyentes que han endurecido su corazón y lo apartaron del mandato de Dios. Honduras le pertenece a Cristo y no a los grupos de poder”, culminó.

El foro contó con promesas bíblicas pero no con propuestas coherentes sobre la realidad del país. El candidato de la Alianza, Salvador Nasralla no fue tan diferente a los demás e incluso se atrevió a citar un versículo de la Biblia.

“En Isaías 28 verso 4 dice que no todos los gobernantes son puestos por Dios, por eso digo que no es voluntad de Dios un fraude ni que un dictador se consolide en el poder sobre la voluntad del pueblo”. Nasralla manifestó su fe y dijo que es una tradición familiar, hasta recalcó que su familia fue promotora del evangelio hace cien años en el país.

“Si por gracia de Dios logro ser presidente prometo ser fiel a las leyes a la república, al pueblo, a las religiones. Prometo orar para pedir dirección sobre cómo gobernar”, dejó claro Nasralla.

Durante el foro faltó propuestas de país, esas que siguen ausentes de los discursos políticos a menos de un mes del proceso electoral.

Caronte: pienso ahora en Caronte.

Ha pasado un año desde que conocí a Tomás –un pescador que ya no pesca– en Playa Blanca. Tomás vive en el sur, mucho más al sur de todos los puntos cardinales. Allá en el Golfo de Fonseca, donde se desdibuja Honduras. Ese punto incómodo que se llama Amapala. Hace un año subimos a una lancha pequeña, una lancha pesquera en dirección a la isla de los muertos. Subimos con él para que nos llevara a la isla de los padres, dice también que así se llama: la isla cementerio de Amapala.

Es inevitable no pensar en Caronte, cuando escuchamos el relato de Tomás, un relato que flota cercano de la tradición, cercano de la mitología. Nos describe el cortejo fúnebre: las lanchas que recorren la franja angosta de agua, llevando al ataúd, llevando al muerto al inframundo, cuidando los detalles, que no vaya a ser posible que su alma quede errante en el Océano Pacífico.

Diez minutos nos hacemos en llegar hasta la isla de los muertos. Poco hace más de cien años desde que la isla hace de cementerio. El tiempo ahí parece como inflarse, como si ya no importara. Lo único que importa es el sonido del agua en una playa llena de conchas de mar. El aire que hiperboliza lo salado, la carne que se nos pone roja. A Tomás su piel le conjura la tonalidad rojiza –pero más profunda– de los hombres de mar, de los pescadores. La dureza y la ternura que se funden en ellos, gravita en sus miradas, en la ausencia de una conversación extensa y no se sabe si para ahorrar las palabras como si alguien acaso pudiera. Duda, camina –anda, digamos– como pensando en algo importante, algo que sólo los pescadores conocen.

–Hace como cinco años vino una lancha de Amapala a botar todas las cruces.

Tomás habla cortando las consonantes que suelen habitar en el final de algunas palabras, como las cosas que se pierden sin explicación. Quizá sea el mar que se las traga, en el sur uno puede hacerse hipótesis tan alejadas de toda explicación que pueda ser racional para entregarse a la ficción del relato. Cuando Tomás dice Amapala en realidad quiere decir la Isla del Tigre. Isla del Tigre es el centro político del municipio, de este antiguo puerto venido a menos que alguna vez –cuenta la leyenda– fuera visitado por Albert Einstein.

Dice Tomás que Alfredo Saavedra –diputado del Partido Liberal por el departamento de Valle– habría sido el responsable de mandar a destruir las cruces del cementerio en 2011. Saavedra fue presidente del Congreso Nacional tras el Golpe de Estado en junio de 2009.

Las comunidades de El Zope y de Playa Blanca –comunidades que han sido las protectoras de la isla cementerio– se unieron para defenderla, para recuperar las cruces, para proteger a sus muertos.

La isla cementerio, la isla de los padres, la isla de los muertos figura en las actas oficiales como Isla Jacobo Corea.

Dice Tomás que a Corea –quien era líder comunitario– lo secuestraron, y se lo llevaron con la intención de asesinarlo en esta isla porque se opuso a cederla a un consorcio hotelero. Pero Tomás no recuerda con exactitud cuándo es que todo esto ocurrió y quiénes estuvieron implicados. Una constante en la memoria de las comunidades es el olvido espacial de los hechos. Cuentan muchas cosas, pero siempre existe un halo de duda sobre cuándo es que estos hechos ocurrieron. Es por eso que la ficción y la realidad parecen mezclarse en una masa de cosas inconclusas.

Cuando se suele pensar en el mar se piensa también en la comida que éste nos provee, pero en octubre de hace un año la temporada de pesca era baja. Los pescadores como Tomás cuentan que antes era mejor, que antes el mar era de ellos, que antes no habían empresas que marcaran con líneas ficticias en qué lugar sí se puede pescar y en que lugar no. Tomás dice también que los barcos pesqueros no les dejan nada a ellos. Al cabo de varias horas haciendo lo que muchas generaciones de pescadores artesanales antes que ellos hicieron, los pescadores actuales de Playa Blanca regresan apenas con unos cangrejos pequeños, que serán usados para la sopa, una sopa de cangrejos y tomates, acompañada con tortillas. La cena carece de aquello que antes abundaba: los mariscos. Entonces la sopa se convierte en un símbolo que habla del olvido, del abandono, del empobrecimiento, de la lejanía que se siente en el sur.

–Por ese señor tenemos nuestra isla cementerio, donde enterramos aquí a nuestros muertos. Aquí está mi mamá, aquí tengo un tío, dos hermanos y una hermana. La mayoría tenemos familiares en esta isla. Usted mira aquí, que éstas son unas islas preciosas y sus playas, por eso los grandes llevan ese gran deseo de tenerlas.

Recientemente el gobierno hondureño anunció la inauguración de la primera Ciudad Modelo, o ZEDE, la cual estará instalándose en las islas que forman el municipio de Amapala, en el departamento de Valle. El modelo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico atentaría contra la vida de las comunidades, comunidades que dependen únicamente de la agricultura y la pesca. Estas comunidades no son amparadas por el Convenio 169 de la OIT porque no son indígenas, comunidades empobrecidas, comunidades que tendrían que salir de sus hogares ante la amenaza latente de la llegada de consorcios que estarían pactando con el gobierno de Honduras la instalación de un mega puerto aduanero para abaratar los costos de transporte de mercancía que tiene como destino principal Estados Unidos.

Así lo cuenta Tomás y un grupo de lugareños que se resisten a este plan del gobierno de Juan Orlando Hernández o que se han resistido a la constante de hace muchos años de sacarlos de ese territorio para que familias poderosas tengan sus casas de playa o complejos hoteleros allí.

–Somos tres compañeros los que estamos procesados por Jorge Cassis.

Tomás y sus dos compañeros –Abel y Santos– han sido criminalizados por la defensa territorial desde el año 2015. Jorge Luis Cassis, terrateniente de la zona, pretende instalar un hotel de lujo en Playa Blanca. Pero la familia Cassis no es la única que ha expropiado de sus tierras a los habitantes de la zona de Zacate Grande –convertida ahora en península–, aquí los intereses de la familia Facussé han dejado la marca de la expropiación de tierras a los amapalinos. En 2008, durante la administración de Manuel Zelaya, el Legislativo hondureño generó el Decreto 18-2008, que otorgaría la titulación de tierras en favor de los pescadores de Amapala, pero este decreto sería obstaculizado tras el golpe de Estado de junio de 2009 y derogado en diciembre de 2010.

En la Isla del Tigre las personas se piensan desde el pasado como una fotografía húmeda, sepia, como la pintura que se descascara en las casas de madera en las que habitan. Se piensan, ellos, desde la lejanía posible sólo en lo anecdótico. Se vive con la esperanza de que Amapala vuelva a brillar como en el pasado gracias a la llegada de nuevos proyectos turísticos y la vida de este antiguo puerto sea reinventada desde la lógica de las Ciudades Modelo. En Playa Blanca, en cambio, la vida de los pescadores como Tomás transcurre en un futuro –no muy distante– que se dibuja amenazado por las ZEDE’s, por la posibilidad de la instalación de un nuevo puerto y sus proyectos hoteleros. Estos hoteles a los que Tomás dice no podrán tener acceso.

La vida de las comunidades pesqueras de Amapala parece estar muriendo frente al carácter invasor de las Ciudades Modelo, y hace pensar que de alguna manera u otra, Caronte siempre cobra sus monedas para llevarnos en su bote a través del río de la vida y la muerte, para llevarnos al inframundo, para que nuestras almas no queden errantes.

 

 

Hoy se presentó el informe «Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres» realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) que muestra la red de mando que desarrolló el plan que terminó con la vida de la lideresa social. La cadena comienza con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. hasta llegar a estructuras estatales. Esta información está en manos del Ministerio Público desde mayo de 2016. Decenas de indígenas lencas se movilizaron hacia Tegucigalpa para escuchar los hallazgos, varios de ellos aseguraron sentirse en mayor riesgo porque la situación de violencia sigue en las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico y la impunidad sigue predominando en el caso.

Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación del asesinato de la líder social y ambientalista, Berta Cáceres, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes, según el informe. Los expertos hablaron esta mañana y allí sentada los escuchó Rosalina con su bebé de 3 meses. También escuchaba atenta María mientras cargaba a su hijo de 19 meses. Ambas mujeres no se sorprenden con el informe, pero sí se preocupan. «Las cosas en la comunidad están más difíciles, a nosotros nos pueden matar y ni cuenta se van a dar», dijo Rosalina.

El Gaipe tuvo acceso parcial a algunas pruebas en poder del Ministerio Público basadas en vaciados telefónicos de los procesados por el asesinato de Cáceres. Sin embargo omiten todos los nombres de las personas al mando de la operación según los mensajes de texto.

“[…] Fíjese que nos acaban de informar que los Copines van a presidencial… Yo acabo de presentar la Denuncia ante la Fiscalía… Sabe si su tío pudo hablar con el ministro de seguridad??”

Este es uno de los mensajes publicados en el informe que muestran cómo la empresa se vinculaba a instituciones del Estado y eso logró que el operativo culminara en el asesinato de Cáceres.

El día en que asesinaron a Berta Cáceres, miembros de la base del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) estuvieron con ella en un taller sobre energía renovable que facilitaba el líder social mexicano Gustavo Castro, un amigo de la organización por muchos años. Castro casi fue asesinado esa noche con Berta. De inmediato, las líneas de investigación del Ministerio Público apuntaban a un crimen pasional o a un plan que viniera desde el mismo Copinh. La familia y la organización acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes para realizar una investigación verídica que diera con los verdaderos asesinos.Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Desde mayo el Ministerio Público tiene esta información y no ha logrado identificar autores intelectuales

El informe del Gaipe muestra las pláticas entre autores materiales e intelectuales, pero no muestra nombres. Los expertos aseguran que fue porque no pueden violar el principio de inocencia de las personas involucradas ya que el Ministerio Público (MP), el ente encargado de hacerlo, no los ha requerido apesar de tener las evidencias.

Roxana Althoz, miembro del Gaipe puntualizó que «es claro el involucramiento entre DESA y las fuerzas de seguridad del Estado. Hubo operativos conjuntos de inteligencia, seguimiento a Berta Cáceres y otros líderes de Copinh casi a diario, sabían incluso cuando llevaba Berta a su madre al doctor, cuando llegaba a las comunidades. Había inteligencia compartida entre DESA y la policía nacional que en la región es cooptada con la bendición del ministerio de seguridad. Es la empresa y los ejecutivos quienes determinan donde van los agentes, cuando se deben movilizar, cuales deberían ser sus acciones en cuanto al conflicto con Copinh».

Aseguró que desde noviembre del año pasado el Gaipe solicitó reuniones con el MP, pero solo hasta ayer aceptaron la solicitud.

«Desde mayo de 2016 el MP tiene la evidencia para identificar quienes son los autores intelectuales del asesinato de Berta además de una serie de actos delictivos incluyendo investigar agentes del ministerio de seguridad que son responsables por omisión en la protección de Berta Cáceres», expresó.

Más líneas de investigación

Roxana Althoz, GAIPE.

Althoz también se refirió a la investigación que está haciendo la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) en cuanto a casos de corrupción en el proyecto. «La empresa tenía problemas financieros en 2012 y 2013, es en ese momento que les llega el financiamiento internacional y parece que ese dinero se utilizó para contratar empresas de relaciones públicas y empresas de seguridad que llevó a un incremento de la violencia en las comunidades.

Yo creo que es importante que cualquier institución internacional, penal o de DDHH que tenga jurisdicción en Honduras investigue este caso», culminó.

Por su parte, Berta Zúniga Cáceres, la hija de Berta que heredó la coordinación del Copinh, asegura que lo que sigue es traducir este informe en acciones jurídicas que permitan la captura, el enjuiciamiento y la condena de los autores intelectuales que pertenecen a estructuras del poder económico de Honduras «casi intocables».

El hallazgo más sorprendente para Zúniga Cáceres es la confianza y la impunidad con la que los autores intelectuales hablaban en la planificación del crimen.

«Nosotros pedimos la destitución de los fiscales que han conocido el caso porque creemos que no hay voluntad para desenmascarar el crimen en su integralidad. La captura de los autores materiales solo fue una pantalla de humo para decir que están haciendo acciones en la búsqueda de justicia pero creemos que no, han tenido esta información desde hace tiempo y  no han querido dar seguimiento, vamos a seguir las vías legales para la cancelación del proyecto Agua Zarca como acto de justicia para nuestra compañera y el Copinh», dijo a Contra Corriente.

También se refirió a la Maccih aduciendo que quieren confiar que esta instancia abrirá otras líneas de investigación sobre crímenes que estuvieron alrededor del asesinato de su madre. «El tema de corrupción que parece muy evidente en las instancias locales, alcaldías, comunidades, y hasta en un alto nivel parece ser un buen mecanismo, una línea para también capturar a estas personas», se refirió Zúniga Cáceres.

Rosalina de Copinh.

Las comunidades siguen heridas

Rosalina  cree que este grupo de expertos han avanzado en la investigación, pero sigue exigiendo conocer los nombres de quienes estuvieron detrás de este asesinato que ha puesto a su comunidad en mayor riesgo. «Poco a poco lo vamos a descubrir, hemos visto desde que fecha persiguieron a Berta. Esto no va a acabar porque el fin es que caigan los intelectuales», dijo esta líder lenca. Además denunció que en la comunidad San Ramón en San Francisco de Ojuera asesinaron a una mujer, hermana de dos miembros de Copinh. Ella cree que estas son señales del odio y la violencia que sigue enraizada en las comunidades donde el proyecto sigue siendo una realidad.

«Nosotros creemos que ese asesinato es parte de este conflicto, cuando uno se involucra, la familia está en riesgo por las enemistades, a veces se dan casos de esta forma para que no se descubra quien hace las cosas», explicó Rosalina mientras chineaba a su bebé.

Las comisiones internacionales son un apoyo, dice Rosalina, porque no confía en las autoridades locales. «Nosotros pedimos que cancelen esa concesión para que no sigan afectando nuestras comunidades ni la madre tierra», culminó Rosalina.

Althoz también reforzó la petición de que se revoque la concesión de este proyecto «ya que no existen condiciones para realizar una consulta previa, libre e informada porque esta comunidad sigue en condiciones de extrema violencia».

Berta Zúniga asegura que las comunidades están en un proceso de reestructuración siempre en la convicción de seguir la lucha para respaldar los procesos de las comunidades de enfrentarse a este modelo económico.

«Hay una decisión que se reafirmó en asamblea general en continuar el trabajo de lucha que Berta nos heredó», expresó.

Berta Zúniga Cáceres, Copinh.

Tras la presentación del informe, el senador estadounidense Patrick Leahy emitió un comunicado de prensa en el que asegura que «cualquier esperanza que el gobierno hondureño pueda tener de la asistencia continuada de Estados Unidos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad dependerá, en parte, del resultado del caso de Cáceres, la aceptación del papel legítimo de la sociedad civil y la prensa independiente, y la reforma del sistema judicial».

Además aduce que el informe solo confirma lo que todos ya sospechaban: que la investigación del asesinato de Berta Cáceres ha estado plagada de incompetencia, intentos de bloquear y desviar la culpa para proteger a quienes concibieron y pagaron por este complot, y una flagrante falta de voluntad política.

«El Ministerio Público debe divulgar completamente, sin más demora, todos los testimonios y pruebas electrónicas y balísticas a los representantes legales y abogados de los acusados ​​de la familia de Cáceres, tal como lo exige la ley. El Ministerio también debe asegurarse de que cada prueba esté debidamente protegida y seguir las pruebas allí donde conduzca a la detención de los responsables», establece el comunicado de prensa del congresista.

La Maccih apoya la petición de algunas organizaciones de sociedad civil para que se dé una sesión extraordinaria en la que se apruebe la Ley de Colaboración Eficaz mientras incluye tres casos más a sus líneas de investigación, entre ellos los contratos del proyecto hidroeléctrico Patuca III vinculados al cartel del narcotráfico de “Los Cachiros”.

Un grupo de organizaciones de sociedad civil junto con el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maccih solicitaron mediante una carta dirigida al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, una sesión extraordinaria en las primeras dos semanas de noviembre para que se discuta y apruebe la Ley de Colaboración Eficaz como herramienta de lucha contra la corrupción que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) ha visto como urgente para el avance en las investigaciones que desarticularán redes criminales que han capturado al Estado.

La carta hace notar que el proyecto de ley, a pesar de tener apenas 22 artículos, ha tenido una discusión muy lenta y que esto pone en peligro que alguna vez se apruebe ya que estamos cerca de las elecciones.

¿Por qué urge la ley de colaboración eficaz en este momento? Según Jiménez Mayor la necesidad de una ley de ese tipo está justificada por la experiencia comparada. En Guatemala, en Brasil con el caso Lava Jato, Perú con el caso Fujimori Montecinos se estructura la estrategia de desmantelar las redes de corrupción a través de colaboradores que comienzan a entregar información que van generando la construcción de investigaciones que apuntan a desmantelar estas redes, a identificar a delincuentes de cuello blanco que han estado capturando instituciones para apropiarse ilegítimamente de recursos del estado.

El poder Ejecutivo entregó al Legislativo este proyecto de ley elaborado por la Maccih y el Ministerio Público, sin hacer cambios, con la petición de que se aprobara en abril de 2017, sin embargo el proyecto estuvo en revisión en la Corte Suprema de Justicia por 133 días hasta que ésta emitió una opinión favorable. El Congreso se pronunció diciendo que esta ley se discutiría después de elecciones para socializarla correctamente.

Para organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), CEO La generación del cambio, Cáritas de Honduras, Federación de organizaciones no gubernamentales de Honduras (Foprideh) y Sien Comunicaciones, este proceso ha tardado más de lo normal y dejarlo para después de las elecciones no es conveniente porque después de elecciones hay baja asistencia de diputados y porque la agenda suele estar llena a finales de año.

Honduras está viviendo un proceso electoral inusual, con una reelección inconstitucional del presidente y con el señalamiento de líderes políticos involucrados en actividades ilícitas descubiertas por confesiones de narcotraficantes que se han entregado a la ley de Estados Unidos para negociar condenas.

Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maccih, asegura que él no actúa en concepto de cálculos políticos, sino con la certeza de estar “del lado correcto” y eso es acompañar la petición de estas organizaciones de que se apruebe cuanto antes la ley.

Nuevos casos para la Maccih, más urgente se vuelve la ley

Uno de los casos que evidencia cómo las redes criminales han capturado el Estado es el caso “Cachiros” donde no solo se hace mención de diputados, alcaldes, hijos de presidentes o ministros, sino que se ve la penetración del narco en el Estado a través de contratos y proyectos que no podrían ser posibles sin el tráfico de influencias. Esta información se conoce por la confesión de Devis Leonel Maradiaga en una corte de Estados Unidos donde se entregaron los líderes de este cartel y han estado negociando su condena en la medida que confiesan quienes más estuvieron involucrados en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y asesinatos.

En este caso se han revelado contratos de construcción de obras públicas y otros proyectos. Ahora, el caso del proyecto hidroeléctrico Patuca III en Olancho que acaba de ser solicitado al Ministerio Público para que pase a ser investigado por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) manejada por la Maccih.

El Estado de Honduras tuvo un perjuicio económico que alcanza los 102 millones de lempiras por Irregularidades en los proyectos hidroeléctricos Patuca III, IIA y II. Los Llanitos y Jicatuyo, el Complejo Energético Valle de Aguán, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Mayor asegura que con la Ley de Colaboración Eficaz sería más rápida la investigación en este y los demás casos que tienen en proceso.

¿Por qué urge la ley de colaboración eficaz en este momento? Según Jiménez Mayor la necesidad de una ley de ese tipo está justificada por la experiencia comparada. En Guatemala, en Brasil con el caso Lava Jato, Perú con el caso Fujimori Montecinos se estructura la estrategia de desmantelar las redes de corrupción a través de colaboradores que comienzan a entregar información que van generando la construcción de investigaciones que apuntan a desmantelar estas redes, a identificar a delincuentes de cuello blanco que han estado capturando instituciones para apropiarse ilegítimamente de recursos del estado.

“Esas malas prácticas que han sido muy recurrentes en estos países, requieren de instrumentos que permitan que podamos penetrar a las organizaciones criminales, conseguir información y desarticular las redes de corrupción. Honduras no tiene una ley de colaboración eficaz, necesitamos instrumentos que permitan que podamos hacer el trabajo con mayor eficacia”, explica.

Sin ley se podría, asegura Mayor, pero el trabajo es más difícil porque las personas no quieren hablar, porque no tendrán beneficios por ser colaboradores.

“Una cosa es el camino rápido, la otra es el camino difícil. En este momento estamos transitando el camino difícil de las investigaciones porque no tenemos las herramientas. El trabajo se está haciendo pero la cuesta es un poco más alta”, asegura Mayor.

La Maccih ya entregó su informe de los últimos 6 meses a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos quien decidirá cuándo hacerlo público. Jiménez Mayor viaja esta semana a Guatemala para acordar trabajos conjuntos entre la Maccih y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mientras en Honduras existe un silencio por parte de la ciudadanía en general sobre la presión que hace la Maccih y estas organizaciones no gubernamentales sobre la ley de colaboración eficaz y la bulla de campaña política sobrepasa cualquier petición.

Christian tiene 34 años de edad, es padre de familia y asalariado del transporte público en una de las ciudades más violentas del mundo para realizar esa labor: Tegucigalpa. Se siente valiente porque sabe que su trabajo es peligroso. El miedo lo lleva en el alma, en la vida: “preferí que la entrevista fuera así, personal, porque esto es verdaderamente delicado”, explica, “es duro lo que vivimos los transportistas, caminamos con miedo”, comienza.

Y tiene razón, porque Honduras, a raíz del imparable control territorial que van adquiriendo maras, pandillas u otras bandas criminales que operan en el país, el rubro del transporte público ha sido uno de los más afectados por la extorsión, modus vivendi de estos grupos criminales.

De acuerdo con el informe “Maras y pandillas en Honduras”, elaborado por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (InSight Crime) en 2015, en Honduras las maras y pandillas dependían directamente de los ingresos provenientes de la extorsión al sector del transporte público. El informe indica que, anualmente, estas organizaciones criminales pueden alcanzar ganancias de hasta 2.5 millones de dólares (cerca de 58.5 millones de lempiras).

La extorsión se ejecuta en dos vías: de manera micro, involucrando el cobro de extorsión, coloquialmente conocido como impuesto de guerra a pequeños negocios como pulperías, mercaditos o puestos del mercado. Por otra parte, el cobro a nivel macro se le realiza, sobretodo, a empresas del transporte público: taxis, mototaxis, buses colectivos (mayormente conocidos como Rapiditos) y, recientemente, a empresas de transporte interurbano. Estos cobros han sido organizados, en la mayoría de casos, desde las cárceles como centros de operación de las maras y pandillas, sin embargo el actual presidente candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, asegura estar combatiendo este flagelo con la construcción de cárceles de máxima seguridad y trasladando cabecillas del crimen a diferentes centros penales.

“Es bastante difícil salir de tu casa cada mañana, sin ninguna garantía de poder retornar a ella. Hay ocasiones que los dueños de los buses, por alguna u otra razón, no consiguen la cantidad estipulada por los extorsionadores y nosotros, los conductores, arriesgando nuestras propias vidas, somos quienes sufrimos las consecuencias.

Está difícil esto del transporte público, cada vez más difícil, pero así nos ganamos nuestro dinero, que es poco y apenas alcanza para llevar el pan a nuestros hogares, para saldar algunas deudas. A mí, como a muchos otros, no me queda de otra que encomendar mi vida y la de mi familia a Dios. Esa es mi única esperanza”, relata Christian, no hay esperanza en las medidas que sirven al presidente en su campaña política.

Christian cuenta que la situación no siempre fue tan dura para los transportistas públicos: “cuando comencé a trabajar, hace aproximadamente doce o trece años, la situación era más tranquila, la extorsión, por ejemplo, no era ese gran imperio que es ahora, antes se nos permitía trabajar, ahora no, ahora nosotros los transportistas vivimos con miedo a que en cualquier momento llegue un chavalo y nos mate como lo hicieron con Henry”, expresa.

– ¿Henry?

– Sí. Henry.

Christian hace una pausa y, mientras contiene un leve llanto, recuerda un hecho que marcó su vida: la muerte de un amigo cercano y compañero de trabajo. “Aquel día, viernes 20 de febrero del 2015 mataron a Henry, sucedió temprano, en la mañana y según lo recopilado por las posteriores investigaciones policiales, los responsables de su muerte fueron «Los Benjamins», una banda extorsionadora de la capital. Un par de horas después del asesinato, la policía capturó a unos chavalitos en posesión de AKs-47 y no sé qué más, pero nunca se supo si en realidad fueron ellos los culpables”.

Para Christian el asesinato de Henry les mostró lo difíciles que se pondrían las cosas. “Muchos compañeros de ruta en la que trabajaba Henry y, hasta el día de hoy, trabajo yo teníamos miedo de salir a trabajar. En cualquier momento podían matar a uno de los nuestros, me podían matar a mí”, recuerda con una expresión similar a una sonrisa. “Dolió mucho ver cómo mataron a Henry, no es justo que por hacer nuestro trabajo nos expongamos a ese tipo de situaciones”.

De acuerdo con datos recabados por Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en Honduras cada mes mueren violentamente entre 13 y 15 personas relacionadas al transporte público. Asimismo, siempre en palabras de Herrera Cáceres, un 90% de estos asesinatos se producen con armas de fuego.

Esta situación, que durante los últimos años ha ido agravándose, siembra el miedo dentro de los empleados del transporte público. Por tal razón, en distintas ocasiones éstos se han visto obligados a salir a las calles a protestar, a pedir que no los maten.

“Somos los que más temprano nos levantamos y los últimos en acostarnos. Trabajamos muy duro para llevar sustento a nuestros hogares y no es posible que se nos esté matando como a perros”, dijo un transportista sampedrano durante una protesta a inicios de este año.

En Honduras, la protección para los empleados del transporte público es poca y lo más grave es que ellos mismos reconocen su vulnerabilidad ante la violencia. “Nadie nos protege, nadie se preocupa por nosotros, las autoridades hacen poco –o nada– por disminuir la extorsión. En Honduras todos los transportistas estamos expuestos a la violencia, a que las maras nos tengan vigilados y que en cualquier momento nos maten. Es tremendo esto, pues cada vez que matan a uno de los nuestros una familia se queda sin un padre a la cabeza del hogar. Ese es mi mayor miedo, dejar solas a mi esposa y a mi hija de siete años”.

Christian no quiere seguir pensando en la muerte todos los días.

Según datos proporcionados por el Programa de Transporte Público del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), hay aproximadamente 13,000 vehículos –entre taxis y autobuses– que prestan servicio al transporte público. Y, diariamente, son al menos 600,000 las personas que hacen uso de este transporte. Muchas de estas, junto con conductores y cobradores, se ven expuestas a la delincuencia.

“La delincuencia”, dice un habitual usuario del transporte público en la capital, “es uno de los mayores miedos que tengo al momento de subirme a un autobús o taxi”.

Hace aproximadamente dos años, con el objetivo de reducir la delincuencia en los autobuses y taxis de la capital el actual gobierno colocó elementos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), como método de resguardo en varias unidades del transporte público. Sin embargo la situación no ha mejorado.

A inicios de este año, Roberto Zacapa, Comisionado Presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), aseguró “que, a partir de octubre, serían implementados nuevos mecanismos de seguridad a las unidades de transporte público, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula”. Los métodos que se implementarían son: sistemas de cámaras y GPS, detectores de metales y botones de alerta. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se han implementado estas medidas.

Mientras tanto, de acuerdo con testimonios de empleados del rubro, en la capital se dan entre tres y cinco asaltos semanales a unidades del transporte público.

Christian tiene sueños, pero su principal anhelo es sobrevivir a la ruta de la muerte, trabajar sin miedo.

El presidente Juan Orlando Hernández presentó su propuesta de gobierno ante sus activistas esta semana. La propuesta se basa en siete pilares con los que el Partido Nacional, con Hernández al frente, espera gobernar el país por cuatro años más.

El actual presidente candidato a la reelección manifestó que en su gobierno han reducido la pobreza, el déficit fiscal y la violencia. Pero sobre todo enfatizó en que el país va por un buen camino y necesita más tiempo para transformar a Honduras.

Hernández dijo que uno de esos logros que se materializará aún más en su próximo gobierno es el respeto a los derechos humanos ¿Qué tanto mintió?

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“Estamos construyendo un país de pleno respeto a los derechos humanos de cada hondureño y hondureña”.

FALSO: Según la investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a otras organizaciones internacionales ven la situación de derechos humanos en Honduras con mucha preocupación, desde antes del 2015 han presentado informes en el que han aprovechado para llamar a las autoridades a plantear una nueva política de respeto a los derechos fundamentales de la gente.

De la mano de esos asesinatos, se presentan las violaciones a derechos humanos, que han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos para luchar contra el extractivismo y proyectos hidroeléctricos.

Recientemente han sido procesados varios defensores de derechos humanos, que acompañaron a través de la vigilancia la represión policial y militar contra estudiantes universitarios en Tegucigalpa.

“Las calificaciones de riesgo dicen que nuestra economía va creciendo, que es pujante”.

Verdad a medias El Banco Mundial resalta que desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado una recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas. En 2016 el país creció un 3.7 por ciento, según las últimas estimaciones, el mismo crecimiento que se prevé para 2017.

A pesar de que las perspectivas económicas son positivas, Honduras enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de Latinoamérica, por lo tanto no es tan pujante como lo ha dicho el presidente Hernández.

Otro de sus grandes desafíos es el alto nivel de crimen y violencia. Si bien en los últimos años, el número de homicidios han disminuido, Honduras sigue teniendo una de las tasas más altas en el mundo (59 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2016, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras).

“Honduras pasó de ser el sexto al quinto exportador de café del mundo”.

Verdadero Según las tablas de medición internacional, Honduras pasó de ser el sexto mayor exportador de café al quinto y la tendencia indica que podría ubicarse en los próximos años en el cuarto lugar.

“Bajamos casi seis puntos la pobreza, de 66 a menos del 61”.

FALSO: Según el Banco Mundial, Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 66 por ciento de la población viviendo en la pobreza desde 2016, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente uno de cada cinco hondureños viven en pobreza extrema o con menos de US$1.90 al día.

“Reducimos a la mitad los homicidios, los secuestros y las extorsiones”.

Verdad a medias Un informe publicado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos se destaca una disminución del 30 por ciento de la tasa de homicidios en Honduras, pero a pesar de la estadística todavía existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos, y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). La destacada activista por los derechos indígenas y ambientalista Berta Cáceres fue asesinada en marzo de 2016; la policía no había investigado amenazas previas contra su vida.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados más de 2.300 hondureños solicitaron la condición de refugiado en Norte y Centroamérica de acuerdo con cifras provisionales de los gobiernos correspondientes. Esta cifra se suma a más de 16.400 nuevas solicitudes de la condición de refugiado que los hondureños presentaron durante el año 2015 a nivel mundial, es decir, cuatro veces el número de solicitudes registradas en 2013 y casi el doble que aquellas de 2014. La mayor parte de solicitudes van vinculadas al tema de la violencia y extorsiones de maras y pandillas.

“Capturamos y extraditamos a líderes del narcotráfico”.

Verdad a medias A pesar de las extradiciones que se han desarrollado en Honduras con respecto a líderes del narcotráfico, todavía el gobierno a través de sus funcionarios, incluyendo al mismo Juan Orlando Hernández, no han podido desvincularse de acusaciones de participar en actividades ilícitas.

Las entregas de Los Cachiros y ahora de Ramón Mata demuestran la desconfianza hasta de los propios narcotraficantes en la institucionalidad hondureña, por ahora Los Cachiros han denunciado que funcionarios participaron en sobornos que sirvieron hasta para financiar la campaña del Partido Nacional en varias ocasiones.

Los acusados y extraditados de los que tanto presume Hernández no han sido condenados en el país, sino que en Estados Unidos, por lo tanto el gobierno además de tener serias acusaciones de vínculos con el narcotráfico no ha movido la institucionalidad para actuar contra criminales, tal y como lo dice el mandatario en su discurso.

“Bajamos el déficit fiscal de 8 a 3%”.

Verdad a medias Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)  y la Asociación Servicios Técnicos Legales y Económicos (Setelec), reconoce avances en reducción de déficit fiscal, pero a costa de aumentar las desigualdades.

Los acusados y extraditados de los que tanto presume Hernández no han sido condenados en el país, sino que en Estados Unidos, por lo tanto el gobierno además de tener serias acusaciones de vínculos con el narcotráfico no ha movido la institucionalidad para actuar contra criminales, tal y como lo dice el mandatario en su discurso.

Hoy el presidente Juan Orlando Hernández visitó San Pedro Sula. Se encerró en un hotel lujoso de la ciudad para hablar de seguridad con ministros de la materia de los Estados aglutinados en la OEA, políticos locales y actores privados. La ciudad dobló militarización, retenes policiales en todas partes, helicópteros sobrevolando. El ruido del despliegue de seguridad se sumó a la algarabía por el partido de la selección hondureña contra México que definiría la clasificación al mundial de fútbol Rusia 2018. Pero ni todo ese ruido junto pudo aplacar la violencia que se come a esta ciudad cada día, lentamente. No pudo silenciar el ruido que provocó una bala detonada contra la vida de otra mujer.

Stefany Sevilla tenía 19 años y hoy ya no pudo levantarse temprano para ir a trabajar. Antes que saliera el sol, Ariel, su pareja le pegó un tiro en el cuello. La mató. Las noticias lo reportaron, dicen que fue por celos. Stefany trabajaba en una repostería con su madre Aracely, una señora de 44 años que ha envejecido antes de tiempo porque su vida ha estado llena de dolor. «Yo no quiero volver a esa casa, a la casa donde me mataron a mi niña», dice Aracely, trata de no llorar, ella cree que eso la hace más fuerte.

Hace dos años Stefany iniciaba una relación con Ariel, pero doña Aracely no está segura si el joven se llamaba así realmente. Siempre sospechó que algo andaba mal con ellos y aunque vivía en la misma casa ella no pudo hacer nada para evitar que su hija sufriera con ese hombre. Su barrio está controlado por el crimen y temía que «Ariel» fuera parte de eso. Muchos dirán que este es un caso más, un femicidio provocado por un hecho en la vida personal de esa pareja, una discusión amorosa que terminó mal. Pero no es así. Doña Aracely lo dice claro: «Yo no voy a exigir justicia porque eso no va a revivir a mi hija. No lo voy a hacer porque este país es peligroso. Yo tengo miedo de volver a mi casa y después aparecer muerta solo por haber denunciado. A él no lo van a agarrar porque en la misma policía se esconden los criminales y eso se sabe. Esa es la ley en nuestro país».

Doña Aracely apenas puede asimilar lo que le hicieron a su hija y solo quiere olvidar, irse, huir para no morir. En Honduras se han registrado 16 mil personas desplazadas internamente en 2017. La violencia enraizada en la institucionalidad pone a este país en movimiento forzado, la causa por la que Aracely ni regresará por sus cositas a la casa.

Cuando esta madre acudió al Ministerio Público, un fiscal le dijo que ella era la principal sospechosa del asesinato de su hija, que le daban permiso de velarla pero que después debía presentarse para declarar porque ella podía ser la asesina. «Así es la ley en este país», dice asustada.

Una prima de Stefany espera afuera de la funeraria de «mala muerte» en la que preparan el cuerpo, carga un bebé de apenas dos meses y dice: «yo por eso prefiero los pueblos, porque aunque son pobres no hay tanto relajo como en las ciudades, no termina uno así». Doña Aracely está como sedada y repite una y otra vez que quizá Stefany lo provocó, que ella era depresiva y que quizá por eso se juntó con un hombre como ese, que quizá su deseo era morir y supo que ese hombre la mataría algún día. Lo dice y después se retracta ¿quién va a querer morirse?

El barrio donde está la funeraria de mala muerte oscurece y San Pedro Sula comienza a mostrarse, de noche se pone más agresiva. Antes que termine de ponerse oscuro entregan el cuerpo y lo cargan a un carro, se van en caravana 3 vehículos con familiares, se van lejos a la comunidad de donde salió Aracely para buscar mejores oportunidades para sus hijos e hija. Mientras tanto se aglutinan varios hombres en la pulpería de enfrente para ver en un televisor viejo el partido de fútbol. Todas las esperanzas puestas en esa pantalla polvosa. Aracely ya no está en este mundo, algo de ella se fue con su hija. Sobrevuelan helicópteros, el presidente estuvo en San Pedro Sula hablando de la situación de seguridad que ha mejorado en su gobierno pero no en los barrios donde sigue corriendo la sangre impunemente.

Honduras sigue siendo un país donde cada 13 horas es asesinada una mujer y se sigue diciendo, desde la resignación, que la culpa es de ellas, las asesinadas que ya no pueden defenderse. Las víctimas callan mientras la bulla electorera inunda todos los espacios y la esperanza se pone en ir al mundial de fútbol.

Stephany Sevilla, asesinada hoy en Cofradía, Cortés.

Cuando era niña me tocó crecer en un hogar peculiar, nada de superior ni particularmente sufrido. Unas de las medidas que recuerdo que mis padres implementaban con sus dos hijos y conmigo eran prohibiciones como comer en las habitaciones y siempre que fuera posible hacerlo en familia, tener televisor en nuestro cuarto o desvelarnos viendo televisión. Para evitar que eso sucediera nos daban turnos para cada uno y en caso de no cumplirlos escondían el enchufe que permitía conectar la tele a la electricidad. Ya se imaginarán cuánto nos peleábamos entre hermanos por procurar siempre obtener los mejores turnos o para burlar las prohibiciones cuando era posible.

Los pleitos eran especialmente con uno de mis hermanos, él siempre se ideaba la forma de robarme mis turnos o influenciarme en ver lo que a él le gustaba en la tele y en la mayoría de ocasiones lo lograba porque las condiciones que nos rodeaban se lo permitían: era más grande que yo -todo un hombrecito-, era mayor y más inteligente, conocía muy bien mis debilidades, existía la percepción general de que yo era muy consentida por ende delicada y en el ámbito de espacio-tiempo, la mayoría de las veces no había nadie más.

Rememoro estas experiencias porque hasta ahora no he encontrado un mejor ejemplo práctico para describir de manera sencilla lo que significa el privilegio que tienen los hombres sobre las mujeres en esta sociedad, desde muy pequeños.

Ahora reflexiono que para los hombres desaprender el privilegio con el que viven cotidianamente es como abstenerse a hacer lo que más les gusta en la vida: ser el centro. Es en definitiva cederle su turno de ver la tele a la hermanita y dedicarse a desentrañar internamente, todos los días, porqué guardan la capacidad incluso de hacer que ella nunca vea más la tele o la capacidad de mantener en el encierro a las mujeres.

¿Cuáles son los elementos que les da ese poder, esa posibilidad? Deberían preguntarse: ¿Seré tan genial, tan convincente y estratégico? ¿O estaré aprovechándome de una situación concreta de desventaja? ¿Es posible que alguien esté siempre en desventaja? ¿Aunque no parezca? ¿Qué pasaría si decido simplemente no ceder, no renunciar a mis comodidades? ¿No deberían ellas conseguir lo que a mí me ha costado tanto? ¿Realmente me ha costado tanto? ¿Por qué cuando nos reunimos en familia mi hermanita y mis primitas casi no hablan?

La necesidad e impulso de escribir sobre este tema ha estado latente en mí por al menos dos años y siempre lo imaginé como un llamado a la salud mental de todas las mujeres y compañeras que llevo en mi corazón. Y para las que quieran leerme.

Estemos donde estemos siempre nos relacionaremos con cientos de hombres en nuestras distintas etapas y espacios, como nos dé la gana hacerlo. Lo que me parece ingenuo es que si estamos decididas a desnormalizar y cuestionar las situaciones de desigualdad producto del patriarcado en nuestros entornos, creamos  que en ese relacionarnos y quererlos no necesitaremos apoyo para mantenernos mental y emocionalmente bien con nosotras mismas.

No es fácil cuando la subordinación en la que nos mantiene el sistema se mete en la casa, en el trabajo, en la plaza, en la organización, en el partido y en la cama. Incluso implica seguir reproduciendo la imposición social y cultural de ser “súper mujeres”, las que hacen malabares por responder  a cánones machistas cotidianos mientras cuestionamos la imposibilidad de abstraernos de ellos y al mismo tiempo soñamos y trabajamos por crear alternativas más igualitarias. Y encima de toda esa inversión de tiempo, trabajo, pensamientos y emociones, pretendemos mantenernos sanas y felices por cuenta propia, sin permitirnos flaquear o gritar auxilio porque todo lo podemos las feministas, ¿no? ¿Qué sentido tiene querer cambiar el mundo por uno más vivible para las mujeres si no podemos lidiar con los propios monstruos mentales?

Pues no. Las feministas reafirmamos la necesidad de destruir  al patriarcado en el reflejo de cada una de las crisis que han vivido todas las mujeres que se han salido de la norma, precisamente la justificación de nuestro trabajo radica en cuestionar por qué los monstruos mentales de una mujer están directamente relacionados a cómo la sociedad nos subordina, nos utiliza y desvaloriza. Y no es para menos. Es cuando una se da cuenta que urge generar herramientas para equilibrar el continuum de desigualdad y violencia machista al que nos enfrentamos en Honduras, el trabajo que implica las iniciativas políticas que generamos en organización y nuestra sanación personal.

Y es acá donde a mí me gustaría que personal y colectivamente reflexionemos en torno a las expectativas que generamos en torno a los hombres con los que compartimos espacios. Es mentira que en este mundillo de defensores, activistas y militantes por causas “progresistas”, especialmente reducido en Honduras, alguna de nosotras no nos hayamos encontrado con la triste historia del tipo que violó a su compañera de lucha, o la del profesor más progre de la Universidad que se acuesta con todas con las que puede y logra sistemáticamente ocultarlo, el novio de una prometedora militante que la utiliza como trampolín,  los compañeros de organización que se dedican a embarazar mujeres aleatoriamente sólo porque pueden, el papá de una joven feminista que la manipula en función de sus poses, el amigo más querido que mintió para poder adelantarse a un trabajo que vos esperabas obtener, a las más radicales activistas por el anarquismo que reciben violencia doméstica de su pareja, por mencionar sólo algunas de las situaciones en las que la realidad patriarcal nos jode y anota un golazo sin darnos posibilidad de prepararnos para bloquearlo.

En cada una de estas ocasiones he notado que lo que más nos duele, más nos afecta y desestabiliza, es la confusión que emerge del creerlos “diferentes” u “hombres distintos”. Es como que todos nuestros análisis racionales y objetivos de cómo el machismo cruza clases sociales, orígenes, afiliaciones ideológicas y proyectos de vida diversos simplemente desaparecen y nos convertimos en una incesante máquina de lamentos. Es el doble de carga emocional al recibir una agresión o vivir una situación de desigualdad machista y además querer justificar al hombre que lo perpetuó. Es doblemente doloroso intentar explicar una situación como las anteriores imaginando al hombre responsable como “distinto”. Es perpetua la atadura de los ideales y expectativas de que “ellos podían ser mejores”, te enfrenta no sólo al dolor que encarna la situación concreta sino a una enorme decepción que termina vaciándote la vida.

Es por ello que destaco la importancia de cuestionar nuestras expectativas respecto a los hombres que creemos que no harían algo parecido, porque pretenden o intentan ser “distintos”. ¿En base a qué lo pensamos? Sabemos que existe información de sobra respecto al hecho de que son los hombres más cercanos a nosotras quienes más daño nos hacen, que existen estadísticas y planteamientos que muy bien lo explican, ¿por qué nos empeñamos en pensar que porque los conocemos, admiramos o queremos son, en efecto, distintos? ¿Y por qué deseamos incesantemente que nuestras expectativas sean la realidad si estamos conscientes que se deben a un sistema que los deforma y da preferencia? ¿Alguna vez hemos hecho el cálculo de cuánto tiempo y corazón nos llevan la deconstrucción de estos ilusos ideales? ¿No creen que partir de la certeza de que ningún hombre puede ser realmente “distinto” nos ayude a delimitar las relaciones que decidimos y quizás, nos ayude a concentrarnos en nosotras? Y no hablo de odiarlos, ni marginarlos, ni extinguirlos; me refiero simplemente a no ayudarles a construir castillos de arena, a no ser nosotras las columnas de esos castillos desde donde ocultan sus imperfecciones machistas.

Cierren los ojos. Imagínense solas y totalmente dueñas de sí mismas y de todo lo que les rodea. Imaginen al mismo tiempo que se acerca una situación de riesgo que les quitará ese poder y con ello cualquier capacidad de autocontrol y felicidad preferencial, ahora agregue al panorama el entendido de que así ha vivido por miles y miles de años decidiendo y siendo, que ahora esa es la única identidad que conoce de sí misma. Ahora exacerben la preocupación de ese peligro inminente que viene a arrebatarles todo, magnifíquenlo, imaginen su indestructibilidad, inventen el número de otras vidas en comodidad que ya han destruido.

¿Imaginan todas las posibles reacciones que tendría para defender la comodidad a la que han estado acostumbradas si identifican que el inminente peligro está en cualquier persona que les cuestione su estilo de vida? O quien sea que se niegue a ser otra preciada adquisición en su mundo de abundancia y poder. Los resultados en muchas ocasiones son los titulares de periódicos en cualquier país de la región, especialmente en Honduras, en los que exhiben a las mujeres asesinadas, mutiladas, secuestradas, amarradas o en costales. Lo que ustedes imaginaron es un hombre defendiendo su privilegio masculino en una sociedad que le permite sostenerlo y profundizarlo cotidianamente, que tampoco le da muchas posibilidades de imaginarse otra forma de ser que no sea dominando y oprimiendo.

Mis palabras no pretenden justificar a los agresores y machos militantes, tampoco les deseo un mal mayor al que ya hacen. Mi intención es aliviarnos la carga a nosotras a partir de construir colectivamente el supuesto de que realmente ninguno es tan distinto. Y a partir de ahí administrar nuestras afectaciones como mejor nos convengan. Para eventualmente recargarnos y seguir quemando el patriarcado como sistema y no a sus individuos, sin malgastar nuestro tiempo y arriesgar nuestra salud mental en seleccionar quiénes pueden, quiénes podrían, quiénes más o menos pueden, quiénes son pero no son o quiénes quizás son “distintos”.

Porque al final en estas honduras que llevan como consigna la ley del más fuerte, del que más se impone, ¿quién va a ceder sus turnos de ver la tele a su hermanita?

Desperté de un sueño triste, no se cómo fue, solo tengo la sensación de tristeza clavada en el pecho. Recordé que debía asistir a un taller de escritura, después de un debate interno entre salir de la cama o quedarme; el olor a café me hizo salir del cuarto a la sala, un tarro de café y las noticias. Mala decisión en un país como el nuestro recibir el día así, pasando de tristeza a tristeza e impotencia. Regresé a la cama y decidí que no quería salir ni cumplir deberes, revisé twitter y demás males de la posmodernidad, puse un tweet sobre Nacho Vegas y descubrí dos fans más de él (me encanta encontrarme gente así). Iniciamos una conversación sobre las ganas de encerrarme con la luz apagada, cigarros y la música de Nacho; era un día que no comenzaría; pero una encomienda me regresó al mundo ya que recibí “Reanudación de las hostilidades”. Llevaba meses esperándolo, tomé la señal de alegría parcial como una necesidad de no rendirme al mundo en la cama y a pesar de la hora tarde asistiría al taller.

Corrí (metafóricamente) a la calle principal para esperar transporte, “por suerte” un rapidito se detuvo al llegar, a las cuadras se subió un joven que quedó viéndome al entrar, se dirigió al asiento detrás del conductor, iba nerviosa y debatiéndome si debía bajarme pero ya era tarde y no quería llegar tan tarde. Casi llegando al centro escuché al joven decirle al conductor que tomara otra ruta porque allá esperaban a dos más; aproveché a bajarme casi de inmediato y el joven se bajó tras de mí, corrí aterrorizada como cualquiera que pasa temiendo a un momento violento en la calle. Me subí al primer bus que vi y no sé en donde me bajé pero fue cercano al centro así que cuando no vi más al joven regresé a mi ruta, bastante tarde ya para el taller pero quería ir. Caminé pensando en lo jodida que es la ciudad, en cómo me gustaría vivir lejos de ella y en mi incapacidad para aventurarme a abandonar todo y largarme sin contemplaciones de ella. Llegué una hora tarde al taller, el fantasma de siempre no me dejó ser puntual. ¿No es curioso cómo el escribir te saca del mundo aunque también escribas sobre lo de estar inmerso en él?

Estando en el taller y escuchando las crónicas de las demás personas me sentí bien por fin;  ni la tristeza/impotencia, nervios de casi asaltos, nada de esas sensaciones. El agendado narrador Gustavo Campos aun no llegaba y eso me dio confianza de no ser la última en llegar. Se hicieron planes para el próximo taller y en eso entró salvándome de la impuntualidad, intuyo que antes de llegar debatió internamente el consejo de Juana sobre las formas de vivir en este país: enamorado o a verga, tengo indicios de creer que al no decidirse optó por ambas.

Hubo monólogos, preguntas, risas, aprendizaje, lecturas, miradas cómplices, bostezos y todo cuanto puede  ocurrir en una mesa llena de gente creativa, (bueno no todo, pero un algo). Cerrado el taller se abre el post taller que es la esquina donde quienes fumamos compartimos humo pero el espacio es tan amplio que hasta las personas que no comparten humo van y compartimos palabras, hablamos del bostezo cómplice de una compañera ante los monólogos, reímos y eso es una bandera ante la realidad. Nos quitan todo pero no pueden robarnos la complicidad en este país gobernado por dinosaurios. ¡Cuántas historias hay en este país! La colocha y yo llevamos la misma ruta al igual que Gustavo que debe ir a buscar a una amiga pero no anda teléfono así que espera que a pesar de estar una hora retrasado ella se encuentre en el lugar indicado (el tiempo siempre anda equivocado, habrá que buscar alternativas a las horas porque ya no nos cuadran, cada persona carga fantasmas que impiden la puntualidad).

Bajo con Gustavo del auto pero su amiga se fue, concluimos que hay un espacio donde puede estar y vamos a Café Paradiso, la encontramos y nos invita a un ron mientras conversamos sobre festivales, la sonrisa de un amigo en común, lo cotidiano del país, el tiempo pasa hasta que me despido al  apagase  mi cigarro y mientras camino al colectivo pienso en la frase de las vidas posibles de Mr. Nobody “Mientras no escojas, todo es una posibilidad”.

  1. De niño el súper héroe que yo quería ser era Mazinger Z –no Koji Kabuto, sino el robot–. Y cada que el intro de la serie japonesa salía disparado de aquel televisor en blanco y negro que mi madre había comprado a plazo con su incipiente salario de enfermera poco después de que yo naciera, corría para tomar un palo seco que me había conseguido –quién sabe cómo y quién sabe dónde– y siempre tenía a mano para poder blandirlo, creyendo que era la espada de Mazinger. Entonces le preguntaba a mi madre que cuándo íbamos a tener nosotros una piscina en el patio de casa porque yo imaginaba que debajo de esa piscina imaginaria podría emerger como el robot japonés y salir a combatir monstruos como los de la serie.
  1. Hoy ha muerto Tom Petty. Ese hombre que rompió la estratosfera con Mary Jane’s last dance, lo ha hecho de nuevo, ahora con su muerte. Nació en el octubre de 1950, siete años más tarde: el 4 de octubre de 1957 los soviéticos ponían en órbita el primer satélite no tripulado, el Sputnik 1. Tom Petty and the Heartbreakers –su eterna banda– publica su primer álbum en octubre de 1979: Damn the Torpedoes. Como muestra de aquello de que «nada es coincidencia», o quizá de que Petty era el Sputnik del rock, es octubre de 2017 el mes que recordaremos como la estación en la que Tom Petty asciende a la eternidad. Cuarenta años de rocanrolear duro y prologado estallan en la memoria. La música de mi infancia rondó siempre entre los videos de canal 6 a las diez de la mañana –y que Maritza, la joven que mi madre convenció de cuidarnos a mi hermano y a mí, sintonizaba para asear la casa– y la radio siempre sintonizada en FM Fama o Súper 100. La sinestesia que llegaba es algo que se descubre como una anomalía de la vida. Eso que algunas personas brillantes disfrutan cuando desarrollan sus procesos creativos. Yo no seré jamás ni la mitad de genial que muchas de estas personas, por lo que me apena que la música produzca en mí una sinestesia cuyas intenciones ahora sospecho menos que antes. Runnin’ down a dream era una de esas canciones que producían dicho efecto en mí. Su video en formato de cartoon, en blanco y negro, pero de lo que yo no me di cuenta hasta muchos años después, cuando el acceso al internet desde una pantalla a color me permitió enterarme que algunos videos de mi infancia siempre estuvieron en blanco y negro, y que la fidelidad de mi televisor era más que asombrosa para reproducirlos. Hoy ha muerto el sombrero del rock. Desbordó siempre en genialidad. Ahora que sé de su muerte pienso que quizá esa falla fulminante en su corazón haya sido una bola de color amarillo en medio de un sobresalto de la sinestesia provocada por haber encontrado una nueva forma de tocar la guitarra.
  1. En mi familia el fútbol no fue nunca cuestión de tradición, mucho menos se le trató como en la mayoría de las familias futboleras: esa religión que hace del domingo la razón para sobrevivir a la idea de la llegada infame del lunes. Básicamente fue esa displicencia en la unidad familiar por la que cada quien eligió según dictara su corazón el color del que iba a vestir sus sufrimientos dominicales. Es por eso que le voy al Marathón con estoicismo. De la época en la que mi infancia transcurría entre la casa de mi madre y las casas de mis abuelas recuerdo al tío Marel. Lo recuerdo como el hincha más fiel que pude llegar a conocer. Su corazón rojo le iba al Club Deportivo Vida. Semanalmente regalaba insultos y maldiciones sólo entendibles desde los límites futboleros. Esa catarsis inmaculada que hace del hincha de fútbol una obra de arte de la contemporaneidad. Prefería escuchar los partidos desde un viejo radio Sony de vigilante, jamás los veía en televisión. Ensimismado en la narración disparada desde su AM su corazón latía al ritmo del vaivén del CD Vida. El Vida, siempre fue un equipo de media tabla, de triunfos escasos, de sufridos desenlaces, siempre al borde del descenso, siempre a punto de acabar como una triste estrella solitaria que lejana en el firmamento un día explota y de la que sólo veríamos –siglos después– su tímida luz apagándose. El tío Marel murió de un ataque al corazón –provocado quizá por su tabaquismo– y al Vida le pasó algo similar, finalmente terminó despidiéndose de la primera división de la liga nacional –una despedida que se venía fraguando hacía años–. Jamás nadie en mi familia volvió a vestir los colores del equipo ceibeño.
  1. Por alguna razón, siempre terminamos hablando de la infancia. Con mis amigos –que a medida envejezco son menos– cualquier excusa es perfecta para contar una anécdota en la que avergonzamos o rebozamos de ternura al niño que fuimos. En mi caso, siempre me sirve el recurso infalible de utilizar a mi abuela Eloísa como personaje central de un lugar que recompongo cada vez con mayor dificultad. Recuerdo cosas, sí. Y digo cosas, sí, pero según mi necesidad. De la infancia, recuerdo siempre a mi abuela, y después de ella todo lo demás. Por ejemplo, que cada domingo intentaba resolver la cábala de la lotería del tal Zavaleta ése que aparecía publicada entre los clasificados dominicales. A mitad de mañana parecía que ella lo tenía todo resuelto. Entonces a mi primo Alejandro y a mí –que éramos los mayores de sus nietos– nos encomendaba la misión de ir a la calle siguiente a la nuestra y comprar para ella cincuenta lempiras de lotería apuntada al travesti del que nunca recordaré su nombre. Para el niño de doce años que era entonces, hacer aquello era una tortura. Sus clientes se amotinaban en el largo pasillo donde él les recibía. Al final de la larga fila una mesita y él sentado como señor feudal, peluca rubia de Marilyn Monroe, camisas playeras hawuaianas y los labios rojos, era como estar en una película de Almodóvar. Yo le daba los cincuenta lempiras, y él nos agarraba el rostro y nos lo apretaba, nos decía siempre algo como si le estuviera hablando a un bebé de meses de nacido. Entonces salíamos con el encargo de la abuela, limpiándonos los rostros, jurándonos jamás volver. Hasta que al domingo siguiente escuchábamos nuestros nombres pronunciados por la voz de dios, que fuéramos por los números y una coca medio.

Los candidatos a cargos de elección popular siguen aprovechando cada plataforma mediática para hacer pública su propuesta de gobierno, muchos lo hacen amparándose en datos que en la mayoría de los casos son poco acertados. Estamos a menos de dos meses de las elecciones y no hemos visto un solo debate presidencial que nos aclare las propuestas concretas, la atención se centra en la reelección presidencial.

En sus últimas comparecencias ante medios de comunicación el discurso del presidenciable por el Partido Liberal Luis Zelaya se ha fundamentado en datos de la situación del país en materia económica y social. Zelaya es apoyado por una maquinaria mediática que busca una popularidad que aun no tiene.

En Honduras se ha vuelto característico que los candidatos se amparen en datos para fortalecer sus discursos, en su mayoría las cifras son otorgadas por sus asesores, pero el desacierto se debe por una parte a la falta de comprobación de las estadísticas adquiridas y por otra parte a la intención de desprestigiar a las administraciones gubernamentales de turno.

Los candidatos presidenciales de los distintos partidos continúan mintiéndole a los electores en un país en el que han ganado descredito por sus actuaciones en el plano político. En la plataforma electoral actual, los aspirantes a cargos de elección popular consideran que con el simple hecho de citar un dato se convence a los electores, pero para ganar terreno, confianza y credibilidad se necesita mucho más que eso.

A continuación hacemos un resumen de sus argumentos y nuestro polígrafo nos indica que tan verídicos son.

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“La CEPAL dice que la pobreza aumentó en Honduras de un 57 al 67”.

Verdadero La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica que Honduras ocupa el primer lugar entre algunos países de América Latina con altos índices de pobreza con un 67.4 %.

“La inversión extranjera cayó en 2016-2017 un 16%”.

FALSO: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que la inversión extranjera en el 2015 aumentó un 4.5%, mientras que en el 2016 el Banco Central de Honduras informó del crecimiento en un 10%, finalmente en lo que va del 2017 la cifra registra un incremento del 5,8%.

“Perdimos ocho puestos en competitividad debido a los altos impuestos, tasas impositivas, criminalidad y corrupción”.

Verdad a medias Un informe de la Escuela de Negocios Internacionales (INCAE) refleja que desde el 2012 hasta la fecha Honduras cayó seis puestos en competitividad.

“Honduras cayó el doble de lo que cayó El Salvador en competitividad y ahora Nicaragua ya está mejor que nosotros”.

Verdad a medias El Informe del INCAE también muestra que El Salvador tuvo aumentos y descensos en su posición de competitividad, por el momento en comparación al 2012 tiene un descenso de 6 puestos, en el caso de Nicaragua se ubica por encima de Honduras en la escala de países competitivos.

Un artículo de New York Times que señala como narcotraficantes hondureños negociaron con la DEA se ha convertido en una especie de aviso a pocos días de las elecciones donde por primera vez se reelige un presidente en Honduras, pero ¿qué mensaje está queriendo dar Estados Unidos antes de este proceso electoral? ¿A quiénes está dirigido?

El artículo habla de la confesión que hizo Devis Leonel Maradiaga, líder del cartel “Los Cachiros” en marzo de este año sobre el asesinato de 78 personas incluidas periodistas, abogados y el zar antidrogas asesinado por la cúpula policial pagada por dinero del narco. Nada nuevo. El mismo New York Times reveló hace un año la corrupción en la cúpula policial, las confesiones de los Cachiros que vinieron después salieron a la luz en marzo y a partir de allí vino la extradición de otros narcos como Wilter Blanco y miembros de sus carteles. La reestructuración de poder en sus zonas de influencia se ha venido dando desde ese entonces. Sin embargo, aunque este caso podría revelar toda la red de corrupción que está inserta en lo más profundo de Honduras, desde los mismos territorios hasta la cabeza que controla toda la institucionalidad, eso no ha sucedido.

El Cachiro reveló esto durante el juicio en contra de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, por complicidad en el tráfico de cocaína con el cartel más poderoso de Honduras. Y contó como el mismo Porfirio Lobo Sosa recibió sobornos a cambio de protección, también hace mención de diputados, alcaldes, hijos, hermanos de presidentes, personajes de diversos partidos políticos, pilares fundamentales de la maquinaria que lleva ahora a la reelección a Juan Orlando Hernández. Una reelección que, si bien es cierto, no tiene la oposición por parte de Estados Unidos como la que tuvo la pretensión de Manuel Zelaya en 2009, no deja de causar incomodidad. Podría ser un mensaje de presión para que Hernández regule la reelección.

A pocas horas de la nota (recordatorio) de New York Times, el gobierno de Hernández a través de un comunicado se adelanta y prácticamente suscribe el artículo del Times, lo firma y lo coloca como propaganda política. En el comunicado el gobierno afirma que el Times solo ratifica el trabajo exitoso que ha realizado Hernández en la lucha contra el narcotráfico y que los únicos interesados en evitar la reelección son quienes buscan la reestructuración de los grupos criminales para seguir garantizando el paso de la droga por Honduras hacia Estados Unidos. ¿A quién le beneficiaría que Hernández no salga electo siendo el único presidente que ha extraditado a tantos narcos y metido en el Pozo a los líderes de pandillas? pregunta el gobierno, como si todo esto ha tenido que ver con la institucionalidad hondureña, como si los que ahora están siendo juzgados en Estados Unidos han pasado por tribunales hondureños.

Mientras tanto seguimos viendo en la papeleta a funcionarios corruptos que participaron en esa red de corrupción que ha permitido a los grupos criminales cogobernar este país con las élites económicas y políticas por décadas. Un país que no camina hacia “la anarquía”, como dice el New York Times, sino hacia la barbarie contra un pueblo que sigue sin exigir justicia.

En las últimas semanas, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), anunció que investigarán la red de corrupción alrededor de “Los Cachiros” y su involucramiento con políticos de poder en Honduras. Esta misión está en Honduras respondiendo a la exigencia de la clase media hondureña que se sintió agraviada por el saqueo del Instituto Hondureña de Seguridad Social (IHSS), un caso que muestra ese cogobierno entre élites, crimen y partidos políticos.

Falta poco para las elecciones generales y hay muchos que esperan que antes de las mismas salga la lista de extraditables u otro mensaje desde afuera que tambalee un poco más la estructura que Hernández y su élite ha conformado desde 2009 para garantizar el poder. En este momento mantener ese poder garantiza no ser tocado por la justicia o la venganza.

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