El concepto de independencia en Honduras es propaganda que sirve como motivo para celebrar el 15 de septiembre, nada más; la realidad muestra otra cosa diametralmente opuesta.
Estamos en plena crisis política y Honduras, lejos de ser un país con poder de decisión sobre su futuro, pide a gritos una intervención internacional que nos haga sentir que hay institucionalidad donde acudir, para que la mano dura de la comunidad internacional condene el fraude electoral o cualquier otro acto de corrupción. Pide a gritos que de afuera no acepten a un presidente ilegítimo, que se diga que aquí hay una dictadura, porque adentro por más que se grite no pasa nada.
El caos que ha causado la puesta en práctica de ese dicho: “Elecciones estilo Honduras”, sigue latente en cada rincón del país. Un extremo denuncia fraude, el otro asegura transparencia y democracia. Aunque públicamente no se ve algún acuerdo entre ambas partes, el único punto coincidente entre Partido Nacional y Alianza de Oposición contra la Dictadura es el interés de ser avalados por el gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, principales organismos interesados en las elecciones hondureñas y que más allá de la decisión del pueblo en su votación, son los que verdaderamente tienen en sus manos el nombramiento del próximo presidente.
Los meses previos a las elecciones generales nos mostraron cuál podría ser el desenlace de un proceso electoral que perdió su legitimidad al permitir al presidente reelegirse, esto a vista de lo que se hace llamar “comunidad internacional”. Honduras no había estado sin encargado de la Embajada de Estados Unidos y como presagio eso sucede antes de estas elecciones, además para hacer pasar por transparentes las elecciones, el gobierno invitó a mil observadores internacionales, por si nuestros propios ojos nos fallaban.
Antes de las elecciones representantes de la Alianza y del Partido Liberal acudieron a Estados Unidos a denunciar un fraude inminente en noviembre, llegaron también a la OEA a interponer la queja. En el otro lado de la moneda el Partido Nacional también hizo lo propio, garantizó la presencia de estos tres organismos internacionales para que brindaran la observación electoral.
La historia nos ha demostrado que en Honduras quienes ponen presidentes son las familias con poder avaladas por Estados Unidos, eso para nadie es un secreto en un país que se hunde entre los clamores de democracia y acusaciones de fraude. Los liberales y nacionalistas impusieron esa cultura a través del bipartidismo, una estructura que se debilitó desde el golpe de Estado del 2009 y que hoy vive un giro en la política nacional. Es por eso que todos los partidos estaban claros que antes de agradar al electorado había que buscar la venia de Estados Unidos y los demás entes internacionales.
Ante tanta solicitud, estos organismos deben tomar una decisión y la determinación parece que ya se tomó y se empieza a dibujar con los hechos de los últimos días. El primero es el papel del Departamento de Estado de Estados Unidos. A dos días de instalarse el estado de sitio en Honduras que dejó 17 personas muertas por la mano militar, según organismos defensores de derechos humanos, esta representación felicitó públicamente al gobierno de Juan Orlando Hernández como una administración que respeta los Derechos Humanos y que lucha visceralmente contra la corrupción.
El segundo hecho fue la aparición pública de la representante de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide B. Fulton quien alabó el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el escrutinio especial de actas electorales. Una aparición totalmente irrespetuosa y descarada al mostrarse a la par del presidente del TSE, David Matamoros Batson como dándole una palmadita en la espalda por el esfuerzo de sostenerse de pie ante tanto caos que el mismo tribunal provocó.
Fulton representa eso, los negocios entre Honduras y Estados Unidos que se pueden reflejar no solamente en los millones del Plan de la Alianza para la Prosperidad para “frenar” la migración irregular, sino en las concesiones mineras en la franja de oro al sur de Honduras, la política neoliberal materializada en las Zonas Especiales de Desarrollo (Zede), los millones de los impuestos de sus ciudadanos invertidos en la militarización del país en su “lucha contra el narco”. Por eso es Fulton quien aparece, porque Honduras puede parecer insignificante, pero está muy cerca del patio trasero de Estados Unidos.
Ambos actos dejan clara la postura del gobierno norteamericano en este juego de ajedrez electoral.
Como tercer actor fundamental se encuentra la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), una estructura de lucha contra la corrupción que pertenece a la OEA, participante vigente del proceso electoral en Honduras. La MACCIH ha guardado silencio ante el proceso, y con este silencio no nos referimos a la celebración de elecciones porque ese no es su mandato, sino a su papel de omisión ante las denuncias de corrupción a lo interno del TSE.
Hace una semana, la Coalición contra la Impunidad presentó una solicitud ante la MACCIH pidiéndole que actúe de inmediato para presionar al Ministerio Público para que intervenga de oficio las instalaciones del TSE, que decomise todo el material electoral y que hagan una auditoría completa para así saber de una vez por todas si hay o no fraude en el escrutinio y digitalización de datos en el sistema informático electoral. La petición fue recibida, pero hasta la fecha no ha sido contestada.
Después de una semana de obtener la denuncia, la MACCIH en conjunto con el fiscal del Ministerio Público, Oscar Chinchilla sale ante la opinión pública para presentar un caso de corrupción contra cinco diputados acusados de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. La presentación del caso fue timorata y poco profunda, pues a todas luces Honduras sabe que el dinero que los diputados recibieron es producto de un soborno a cambio de votar a favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2016, esa corte que permitió al presidente optar por la reelección.
La MACCIH jugaría un papel fundamental en esta crisis política si verdaderamente dijera que en ese acto de corrupción se encuentran altas figuras del Partido Nacional involucradas en la orden de Casa Presidencial al Ministerio de Finanzas para que entregara el dinero a los diputados. Al final la presentación del caso sin una denuncia completa en la red de corrupción que encierra el expediente deja muestras de ser un acto para desviar la atención de la crisis electoral que vive el país.
Pero más allá de tener los hechos en la frente, los principales actores políticos no se desprenden de esa idea de buscar a toda costa el aval de la comunidad internacional, específicamente del gobierno de Estados Unidos. El presidenciable de la Alianza, Salvador Nasralla viaja en los próximos días a Estados Unidos a interponer la denuncia por fraude, mientras que el Partido Nacional promete continuidad a los intereses del gobierno norteamericano a cambio de que avalen el proceso en marcha.
Los partidos políticos en Honduras solo mencionan al pueblo para fortalecer sus aspiraciones de llegar al poder, un pueblo que nunca ha tenido en sus manos la decisión de elegir un presidente. Todo históricamente se ha cocinado en las mesas de negociación entre los dueños de los partidos políticos y la comunidad internacional.
Ahora Honduras está a las puertas de un momento histórico, una coyuntura que le permite a la gente cuestionarse si verdaderamente está en sus manos poner a un candidato en la presidencia, por encima de lo que diga Estados Unidos, la OEA, la MACCIH y la Unión Europea, hasta por encima de sus caudillos partidarios.
El país vive un sentimiento de indignación acumulado que explotó con un proceso electoral amañado y que les demostró que verdaderamente la única tinta que representa la marca en sus dedos al votar es la representación de la utilización y validación de procesos poco transparentes.
A pesar que las manifestaciones en Tegucigalpa culminan con un plantón en la Embajada de Estados Unidos, la gente gradualmente se va dando cuenta del papel de contubernio de ellos, junto al poder político nacional. Cada vez más la indignación y el repudio apunta hacia esos sectores.
Esa postura de la gente en las calles deja clara una petición a los organismos internacionales, a los poderes detrás del trono nacional y a los partidos políticos: que respeten la voluntad popular, que respeten esa confianza que demostraron los hondureños el 26 de noviembre en las urnas y que las injerencias dañinas en el país son rechazadas cuando estas vayan en contra del sentir popular.
La gente ha sido clara en pedir a la OEA, Unión Europea, MACCIH y embajada de Estados Unidos que, si realmente están en Honduras como vigilantes del proceso electoral que denuncien las irregularidades del proceso, pero que, si no están dispuestos a eso, que se retiren y dejen a la gente ser la que por primera vez en la historia ponga a un presidente en el poder.
