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La finca familiar

Yoro estaba de feria cuando capturaron al alcalde Arnaldo Urbina en julio de 2014. A Leonardo lo llamaron para unirse a una fiesta secreta donde iban a celebrar la caída de este político nacionalista que hacía más que administrar un municipio, había instaurado una dictadura del terror y el crimen en un territorio que su familia convirtió en feudo.

Leonardo lleva un año huyendo de la familia Urbina. Directamente fue amenazado por su militancia política de oposición y por trabajar con comunidades indígenas recogiendo denuncias sobre violencia, desplazamiento forzado y amenazas en contra del gobierno municipal en manos de esta familia.

En este tiempo, intentó irse para Estados Unidos pero no pasó. Solicitó refugio en México pero no soportó la espera y se resignó a regresar a un país donde no existe institucionalidad que lo proteja, porque quien lo amenaza es parte del gobierno. Leonardo ha tenido que abandonar todo, sus estudios, familia y su lucha social e intentar olvidar lo que pasó, olvidar ese apellido que le causa terror.

El municipio de Yoro es la cabecera del departamento con el mismo nombre, al norte de Honduras. Es una zona montañosa donde vive el pueblo indígena tolupán, entre bosques de pino y reservas mineras. Ha sido un pueblo postergado, empobrecido. En las montañas de Locomapa, donde hay varias tribus tolupanes, en la montaña de Flor y en el sector de Ayapa, se han dado masacres, desplazamientos forzosos y asesinatos al pueblo tolupán que han sumido en un silencio absoluto a las comunidades.

Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el pueblo Tolupán han sido asesinados aproximadamente un centenar de indígenas sin que hasta ahora el Estado de Honduras haya hecho justicia en siquiera algunos de dichos crímenes. “En la web de la secretaría de Etnias podía leerse que éste es el pueblo originario más martirizado de Honduras. Sin embargo, con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al reducir este ministerio a sub secretaría se eliminó de la web tan flagrante afirmación martirial”, reza un comunicado emitido en 2016 justo después de una masacre en la que siete indígenas perdieron la vida en un contexto de lucha por los bosques y en contra de la explotación minera.

Un asesinato emblemático en Yoro es el de Vicente Matute en la aldea Plan Grande en 1990, porque semanas más tarde al único testigo ocular del hecho lo mataron a golpes con un garrote. Un investigador que ha estudiado la violencia que ha sufrido el pueblo tolupán asegura que todos los crímenes contra líderes comunitarios en defensa de los recursos naturales se hacen con tal saña que la comunidad entienda el mensaje intimidatorio detrás. A Vicente Matute lo asesinaron a balazos pero otros, como Teodoro Martínez fueron decapitados, o como Marcelino Centeno, de la misma zona que fue castrado y baleado.

Estos asesinatos vienen desde la década de los 80, donde los militares tenían mayor poder sobre la institucionalidad y en Yoro involucraron con el negocio maderero. Es hasta la década de los 90 que aparece en el escenario la familia Urbina Soto quienes de inmediato se conectaron con los líderes militares para co gobernar la zona.

En Locomapa ubican a Finlander Uclés como un terrateniente con conexiones directas con los Urbina. Uclés es ex miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras y es conocido empresario de la madera en la zona.

Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) sobre deforestación en Honduras señalaba que Yoro tenía el mayor número de casos de tala ilegal en el país.

La violencia desde entonces ha sido imparable. Este año en febrero, aun con el alcalde Arnaldo Urbina preso, fue asesinado un líder tolupán en la montaña de la Flor. La comunidad se ha aislado y se ha llamado al absoluto silencio para no seguir sufriendo represalias. En otras comunidades sienten que se hizo justicia al meter al alcalde a la prisión aunque no sea por los asesinatos.

El inicio de la dinastía

Darío Rolando Urbina Fernández comenzó el poderío. Fue alcalde de Yoro en los 90. Fue en su gobierno que asesinaron a Vicente Matute.

Urbina, el padre, era un hombre también temido por la oposición. Fue asesinado antes de terminar su segundo periodo y su hermano asumió la alcaldía.

Darío Urbina y Lila Soto tuvieron cuatro hijos. Cuando el padre fue asesinado, la familia se retiró del foco político en la zona, asumió el poder su contrincante Lando Burgos, siempre miembro del mismo Partido Nacional. Los hijos estudiaron en San Pedro Sula en una universidad privada. Arnaldo estudió Derecho y Diana, arquitectura. Fernando, el mayor, llevaba los asuntos familiares.

Diez años después del asesinato de su padre, la familia sufrió un atentado, un tiroteo en el que murieron guardaespaldas y terminaron heridas Lila Soto y el menor, Mario. La familia estaba en medio de una refriega que venían arrastrando desde Olanchito, de donde era originaria Lila Soto.

En 2009, con el golpe de Estado, la familia Urbina se incorpora al espectáculo político. A partir de allí, Yoro se convierte en su finca familiar y en pista para negocios ilícitos, según los cargos que se les imputaron a Arnaldo y sus hermanos. Las caras visibles a nivel nacional: Arnaldo Urbina y Diana Urbina. Fernando y Mario eran solo conocidos localmente.

Según estadísticas del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los homicidios en el departamento de Yoro pasaron de 27 por 100.000 en 2005, a 86 por 100.000 en 2014; en el municipio de Yoro, la tasa era de 104, en segundo lugar después de San Pedro Sula, a la que se llamaba en aquel entonces “la ciudad más violenta del mundo”.

Fue en ese momento en que Leonardo fue amenazado por estar en contra del golpe de Estado y apoyar a candidatos de la oposición que eran muy populares y representaban una amenaza para los Urbina, ahora metidos en política. El país entró en unos comicios electorales donde asume el Partido Nacional con el binomio Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Los Urbina se volcaron en total apoyo al plan de gobierno nacionalista y garantizaron los votos en su departamento, sobre todo en aldeas ubicadas en las zonas indígenas.

“Para esas elecciones llegaron a Locomapa a pedir el voto para el Partido Nacional. Para las siguientes, pedían el voto para Juan Orlando Hernández. Pero lo pedían amenazando, porque el terror es su estilo”, cuenta el mismo investigador.

Cuando en 2014, a Leonardo lo llamaron para celebrar la detención de Arnaldo Urbina, o como le llaman en Yoro “Moreno”, él sabía que no había motivo para celebrar. Que el peligro seguía latente.

“En Yoro me tocó vivir con la gente la violencia de esta familia, a un señor que se negó a dar su casa lo mataron y lo arrastraron por toda la calle. Familias enteras sin saber donde ir, lo único que podíamos hacer era ayudarles a cargar sus cosas e irse. Cuando lo meten preso, el control seguía igual y la amenaza era peor. Lo denunciamos, pero las autoridades son controladas por ellos. Él desde la misma cárcel sigue administrando la alcaldía”, cuenta Leonardo.

Justo antes del arresto, en el Sector Mejía, cerca de Locomapa sucedió un desplazamiento forzado de tres comunidades por parte de los Urbina. Leonardo cuenta que la Iglesia Católica ofreció ayuda a esas familias que quedaba desamparadas, pero esto le costó a un sacerdote de la comunidad también ser amenazado y desplazado forzosamente del país.

Crimen organizado

Una publicación reciente de Insight Crime relata varias acciones delincuenciales en las que estuvo involucrada la familia Urbina. Comienza con la escena de un avión que se estrelló en Olancho y en el que murieron dos colombianos, hecho por el cual un hermano del alcalde en aquel entonces fue arrestado. Era 2012:

“La familia Urbina Soto ya era conocida por las autoridades. El hermano mayor de Miguel Ángel, Carlos Fernando Urbina Soto, había sido arrestado y condenado por homicidio. Luego huyó de prisión, y eventualmente había arreglado el caso por fuera de los tribunales.

El menor de los hermanos, Mario Urbina Soto, presuntamente participaba en el comercio de drogas en su ciudad natal, el municipio de Yoro, en el departamento del mismo nombre. Su madre, Lilian Soto, también había sido acusada de homicidio, pero posteriormente fue dejada en libertad.

Las probabilidades de que Mario fuera a ser responsabilizado por sus actividades ilegales eran pocas porque sus tentáculos políticos se extendían hasta los niveles más altos, y ejercían un fuerte control en los temas locales relacionados con la policía y lo judicial en el área.”

Varias organizaciones de Derechos Humanos que han acompañado denuncias del pueblo tolupán se han encontrado con el control de los Urbina en las instituciones de justicia. “Los juicios nunca los ganamos en Yoro, siempre los ganamos en Tegucigalpa cuando apelamos”, asegura un miembro de una organización de derechos humanos.

Fotografía: reporte de El Heraldo

Según tres investigadores del gobierno consultados para Insight Crimen, el prospecto de tener un alcalde implicado en operaciones de narcotráfico llevó a un acuerdo entre la familia Urbina Soto y el mayor grupo criminal de la zona, Los Cachiros. Al igual que la familia Urbina Soto, Los Cachiros eran una operación criminal familiar que se inició con actividades de poca monta —en su caso, el robo de ganado—. Desde 2005 aproximadamente, Los Cachiros también comenzaron a recibir y transportar grandes cantidades de cocaína a lo largo de su zona costera, al norte del país.

Establecieron una alianza: Los Cachiros pagarían al clan Urbina Soto para recibir aviones cargados de cocaína en su zona de influencia, almacenar los narcóticos y transportarlos al siguiente punto de entrega. Esto incluía el mantenimiento de las pistas de aterrizaje, la iluminación y los generadores, combustible para los aviones, cuadrillas de seguridad que recibieran y resguardaran la mercancía, así como otros servicios, que incluían la destrucción de evidencia, de ser necesario.

Pero hubo tensiones políticas, que probablemente derivaron en la captura de “Moreno. Al contrario de Los Cachiros, que interactuaban de manera regular con los dirigentes del Partido Nacional, los protectores más fuertes de los Valle Valle pertenecían al rival Partido Liberal. El clan Urbina Soto, comentó el investigador, estaba literalmente “entre los dos bandos”, en un sentido geográfico, de negocios y  político.

Según Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras actualmente hay 16 exalcales acusados por delitos que iban desde homicidio hasta tráfico de armas, corrupción y extorsión. Vienen de municipios pequeños y grandes, y de todo el espectro político. Las autoridades aseguran que usaban su poder político para crear empresas criminales. En un caso, el alcalde tenía relación con el tráfico de armas.

Pero de los Urbina encarcelados en 2014, dos fueron liberados por falta de pruebas y solamente Moreno enfrenta una condena de 36 años por tráfico ilegal de armas y lavado de activos. Los asesinatos y casos de violencia que se denunciaron en su momento no se pudieron sustentar, no hay testigos. “Son historias de cantina”,dice el abogado defensor de Arnaldo Urbina, con el poder que le da tener control del Ministerio Público de la localidad.

Leonardo cuenta que cuando él regresó de su intento por cruzar hacia Estados Unidos, apoyó una denuncia por terrorismo en contra de los hermanos liberados y en contra del alcalde para que el proceso judicial no muriera. Intentó no ser tan visible pero un día, hace un par de meses, la casa de un amigo donde él guardaba sus cosas sufrió un asalto y lo único que se llevaron fue la información que él tenía sobre el asunto. Días más tarde recibió un mensaje anónimo que decía: gracias por la información. Para Leonardo no es historia de cantina el hecho de que el alcalde, aun preso tiene poder y que sus hermanos en libertad han retomado el control y el terror de cara a un nuevo proceso electoral donde es ahora Diana Urbina, la hermana la que se lanza como candidata a alcaldesa.

En agosto de 2016, los fiscales hicieron un allanamiento sorpresa en la habitación privada que tenía Arnaldo Urbina en el Centro Penal de San Pedro Sula donde encontraron varias copias de cheques del gobierno municipal de Yoro a Lenay Urbina Urbina por el pago de servicios de construcción. También encontraron algunos relojes Rolex, que dijeron que el alcalde vendía como negocio secundario. Ahora Arnaldo Urbina fue tralsado al Centro Penal de El Progreso, Yoro y sigue teniendo estos privilegios. A Leonardo le ha mandado varios mensajeros desde allí.

Las heridas sin cerrar y el clan de nuevo en el poder

Antes de que Leonardo se fuera buscando refugio, dijo que estaba seguro que en las próximas elecciones la posibilidad de que Arnaldo Urbina saliera libre y se volviera a lanzar como alcalde eran altas. Su pronóstico fue casi acertado. En las elecciones del 26 de noviembre, con Juan Orlando Hernández buscando la reelección, va Diana Urbina, la hermana que ha sido diputada el último periodo. Ella es la nueva encargada de pedir los votos para Hernández y de garantizar el poderío de los Urbina.

Hace una semana, Juan Orlando Hernández visitó Yoro en su gira de campaña por la reelección, su acompañante era Diana Urbina. Así fue en 2009 en la campaña donde Arnaldo era su compañero en Yoro. El clan del terror.

“Yo quiero regresar el día, cuando el país sea un poco más libre, cuando ya no esté en la dictadura de JOH, la dictadura de quien desde la cárcel firma cada solicitud que llega a la municipalidad de Yoro”, dice Leonardo quien desea algún día salir de su encierro sin miedo a ser asesinado.

 

Nota: Leonardo no es el verdadero nombre de la víctima, se ha cambiado por seguridad.

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Ilustración: Marcela Lara

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