Hablamos con Claudia Neira, la directora del Festival Centroamérica Cuenta, un festival que junta a creadoras y creadoras literarias pero también académicos y periodistas, con una comunidad interesada en las historias y la democracia.
Esta semana, el espectáculo político hondureño ha sido un desfile digno del realismo mágico o del terror folklórico. El general golpista, Romeo Vásquez Velásquez, rezando en un cerro, se reveló como una aparición fantasmal en redes sociales, recordando a las autoridades su incapacidad para recapturarlo y llevarlo a juicio. Mientras tanto, Salvador Nasralla, el «señor de la televisión», fue exhibido negociando cargos en un gobierno que aún no ha ganado, dejando claro que el fantasma del nepotismo y la corrupción también le ronda.
El periodismo sirve para contar, quizá para advertirle a la sociedad que hay males que le afectan, que la destruyen desde adentro. ¿Quieren ustedes saber lo que pasa para estar preparados y cambiar los rumbos equivocados?, o ¿es mejor solo ser parte del espectáculo político del momento, para entretención de una conciencia que prefiere estar anestesiada? La advertencia de hoy es: más cárceles no significan más libertades.
En una burbuja libertaria en la paradisíaca isla de Roatán, que está en Honduras, un país empobrecido, autoritario y violento de Centroamérica, surgieron Próspera e Infinita con el ambicioso y controvertido propósito de desafiar la muerte y ser el experimento libertario para probar un nuevo modelo de Estado. En Honduras ese nuevo modelo se llama Zona Especial de Empleo y Desarrollo (ZEDE), y después de ser aprobado por un expresidente convicto, ha sido condenado a la inconstitucionalidad. A pesar de esto, Próspera e Infinita son ahora el lugar intocable donde los más reconocidos millonarios de la tecnología invierten en tratamientos para prolongar la vida, para lograr la inmortalidad.
Sí, hay un cambio de rumbo en la política hondureña, y también resistencia por parte de los políticos que aspiran a continuar en el poder; éstos se resisten a cambiar sus hábitos de hacer política clientelista, mientras el cambio de rumbo lo han dado los miles de hondureñas y hondureños que han dejado atrás la idea de que el partido político se lleva en la sangre o que el voto tiene un costo, un costo que políticos corruptos están dispuestos a pagar. Pero ¿construiremos democracia o torceremos el camino hacia otro tipo de autoritarismo?
Con el doble de presupuesto del proceso electoral pasado, las elecciones internas marcan el inicio de una campaña política agresiva y proselitista ya conocida en Honduras. El costo no solo se eleva por lo presupuestado para el sistema de votación, también por el uso de fondos públicos por parte de funcionarios para clientelismo y directamente para hacer campañas políticas. Mientras tanto, la democracia por la que pagan con sus impuestos las hondureñas y hondureños sigue en función de partidos políticos manchados por la falta de transparencia, la corrupción y el narcotráfico.
El Gobierno de Xiomara Castro ha priorizado la propaganda antes que la inversión pública en sectores como transparencia, desarrollo económico, derechos humanos, derechos de las mujeres, recursos naturales, cultura, turismo, atención a emergencias y niñez y adolescencia. ¿Por qué? En 2025 habrá elecciones, y es conocido que el proyecto de la refundación que comenzaron Castro y su familia está pensado para continuar por varios periodos más. Su narrativa sobre la extradición, la cooperación internacional, la sociedad civil y la mano dura contra el crimen pretende ocultar una realidad que se desborda todos los días: que Honduras sigue siendo una narco-cleptocracia.
El primer viaje de Marco Rubio como secretario de Estado a la región enfatizó que Washington, aún con su influencia menguada, sigue decidiendo el sino de un istmo dependiente de Estados Unidos, sobre todo a nivel comercial. Bukele le abre las prisiones salvadoreñas a Trump; Arévalo acepta más vuelos de deportaciones a Guatemala; Chaves se muestra orgulloso por el elogio lanzado por Rubio de que Costa Rica es modelo para la región… y Panamá sigue pulsando por el control del canal de Panamá. Los ausentes de la gira fueron Honduras y Nicaragua, lo cual no quiere decir que la nueva administración republicana no los tenga en su radar.
Narcotraficantes de alto perfil en la política hondureña han sido procesados en los últimos años en las cortes estadounidenses, pero eso no ha cambiado la percepción de las y los ciudadanos sobre el narcotráfico como uno de los problemas que menos les quita el sueño; por el contrario, existe cierta añoranza ante la posibilidad de su retorno no solo al país, sino también al poder.
Un exalcalde acusado por corrupción, la esposa del expresidente preso por narcotráfico en Estados Unidos, la actual ministra de defensa del partido oficialista recientemente salpicado por involucramiento con el narcotráfico y un par de contendientes más apoyados por un exconvicto son los candidatos en las elecciones primarias de Honduras que se llevarán a cabo en marzo de 2025. La mayoría de estos candidatos –o de quienes están detrás de ellos– han alegado ante el sistema de justicia ser víctimas de persecución política después de enfrentar cargos graves. El Lawfare es la defensa de moda en la campaña. ¿Qué tanto se está usando el sistema de justicia para fines electorales? ¿Es el lawfare una falla en el sistema democrático?
A Juan López lo asesinaron la noche del 14 de septiembre después de un evento religioso que la Iglesia católica llama «Celebración de la palabra». Juan era un delegado de esa Iglesia y acababa de «celebrar la palabra» cuando un sicario le arrebató la vida. Pero Juan realmente celebraba la palabra todos los días, y no solo en la iglesia. Él era un reconocido líder ambientalista y también dirigente político en el Partido Libertad y Refundación (Libre), por el cual resultó electo regidor de la alcaldía de Tocoa, en el departamento de Colón, en donde siempre señaló la corrupción y los vínculos entre el crimen organizado y los caciques políticos, incluso los de su propio partido.
La noche del 14 de septiembre, después de una celebración religiosa en su comunidad, Juan López — regidor de la alcaldía de Tocoa y reconocido líder ambientalista en la región — fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario en una motocicleta. La presidenta Xiomara Castro ha prometido poner todas las capacidades de las fuerzas del orden para investigar este asesinato.
La presidenta de Honduras ganó el poder con una promesa de cambio, pero ahora queda claro que el único cambio que hubo fue de partido porque el país está más cerca de ser una cárcel que un territorio donde las libertades y la democracia tienen futuro.
Un terremoto político ha sacudido a Honduras. Tras finalizar el tratado de extradición, las piezas clave del gobierno se han movido para proteger y consolidar su plan de «refundación». En una semana, hemos escuchado al gobierno decir que se protege de un golpe de Estado y, tras hacer evidente que no hay más voluntad política para tramitar extradiciones hacia Estados Unidos, los miembros de la familia Zelaya –señalados por su presunta vinculación con el narco— se entregan al fiscal hondureño. En una réplica sísmica, la presidenta Xiomara Castro nombró a Rixi Moncada como ministra de Defensa, a pocos días del lanzamiento de su candidatura a la presidencia.
La operación de la empresa minera Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) que ha exportado piedra caliza a Estados Unidos, Aruba e Islas Caimán desde 2010, se encuentra suspendida luego de una resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) que ordena su cierre temporal por un año, tras la muerte accidental de una contratista, Dayana Paola Velesquez Valdivieso. Según la resolución a la que tuvo acceso de manera parcial este medio, la empresa tardó casi un mes en reportar el incidente.
Los activistas detenidos dijeron haber sido torturados y amenazados con violarlos
En el Pasaje Rubio –un edificio que se erige como un símbolo de la memoria latente en la sexta avenida de la Zona 1 en Guatemala–, el presidente Bernardo Arévalo de León y el historiador Arturo Taracena hablaron sobre la construcción histórica de la memoria y su importancia para entender los mitos del pasado vigentes en el presente, especialmente en países con una democracia incipiente o en constante riesgo.
«¡Inocente!».
Ovania escucha esa palabra salir de la boca del juez y grita, llora, se pega a ella misma y le pega a él, a Gilbert Reyes, el hombre que asesinó a su sobrina y sus amigas. Se pega y le pega fuerte; entonces despierta, con el eco de los golpes que le duelen en la piel.
Hace unos días vi American Fiction, la película que ganó un Oscar por mejor guión adaptado y que pasó desapercibida, opacada por fenómenos como «Barbenheimer» y películas muy complejas, como Zona de interés o Anatomía de una caída. Todas me gustaron, pero con American Fiction llevo ya varios días pensando en los ejemplos que aparecen en la película, sus situaciones, dramas y conflictos.
El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras realizó una denuncia en contra del contrato del Estado con la Central Térmica Brassavola, que ya está generando energía a base de diesel. Según esta organización, el contrato representa una presión financiera insostenible para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), superior a los 10,185 millones de lempiras, el 35 % del presupuesto para compras de energía de la estatal. La central Brassavola emergió en los últimos años, mientras se renegociaba un contrato aprobado con irregularidades en el gobierno de Manuel Zelaya en 2008, cuando la ministra de la ENEE era la actual precandidata presidencial Rixi Moncada. Con el gobierno de Xiomara Castro y su familia, el contrato, que estuvo en proceso de cancelación en 2014, fue renegociado sin la aprobación del Congreso y opacidad con respecto a su licencia ambiental.
Tres generales del ejército hondureño fueron presentados como testigos por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los únicos que hablaron en favor de Hernández son sus hombres fieles: el general de brigada Tulio Armando Romero Palacios, actual asesor del Estado Mayor Conjunto; el general en condición de retiro Javier René Barrientos Alvarado; y Willy Joel Oseguera Rodas, actual asesor del Estado Mayor Presidencial. Los dos primeros fueron compañeros de Hernández en el Liceo Militar, y el último su mano derecha en las Fuerzas Especiales de Honduras. Pero estos generales tienen más vínculos que explican su rápido ascenso en las Fuerzas Armadas, su poder y lealtad militar hacia el expresidente.
Amilcar Alexander Ardón Soriano caminó hacia el estrado para testigos, debajo del imponente altar en donde el juez Castel dirige el juicio que nos supura en la herida a todos los hondureños. Una herida que no podemos explicar, pero que nos ha roto como sociedad, que nos ha hecho resolver o, mejor dicho, complicar todo a golpes a través del despojo.
En la noche del 31 de octubre, diputados del Partido Nacional fueron agredidos en los bajos del Congreso Nacional por activistas del Partido Libre, luego de que estos y otros diputados de oposición celebraran una sesión extraordinaria en la que se aprobó extender el periodo de sesiones desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 24 de enero del 2024.
Estados de cuenta de las tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional revelan que solo en dos meses de 2022 se gastaron casi medio millón de lempiras en retiros en efectivo, compras en servicios de entrega a domicilio, supermercados, restaurantes, hoteles y vuelos. Ninguna de estas facturas se encuentra en los portales de transparencia, tampoco están los estados de cuenta de las tarjetas. En conferencia de prensa, el presidente del CN, Luis Redondo, dijo que estas eran utilizadas para hacer compras por internet con el objetivo de ahorrar costos a la institución, pero en los portales tampoco hay recibos de este tipo de compras.
Según información en poder de Contracorriente, dos tarjetas de crédito fueron solicitadas por el Congreso Nacional ante un banco privado desde abril de 2022 para uso del presidente Luis Redondo y su secretario privado Edson Argueta. Este equipo periodístico solicitó, en dos ocasiones, los estados de cuenta de dichas tarjetas y la copia de todas las actas de junta directiva del Congreso para determinar si éstas fueron aprobadas por la misma. En ambas ocasiones el Poder Legislativo solicitó prórroga, en la primera dejó vencer los plazos sin responder a las peticiones y en la segunda continúa la prórroga. En los estados financieros publicados en los portales de transparencia no figuran pagos a tarjetas y miembros de la junta directiva niegan haber aprobado su adquisición.
Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, prometió una refundación con bandera socialista y feminista. A poco más de un año y medio de gobierno, la presidenta logró despenalizar la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), algo disruptivo en la cultura conservadora hondureña, sin embargo, ese logro en los derechos de las mujeres queda opacado por su reacción intolerante ante la crítica, su silencio ante hechos de violencia basada en género y femicidios, el veto a la ley de educación sexual y por la copia que ha pretendido hacer del modelo de represión del presidente vecino, Nayib Bukele. La presidenta lleva a cabo una refundación de la mano de los militares, los colectivos de su partido político y sus familiares cercanos, contradiciendo aquello que una vez promulgó: la desmilitarización del país y el camino hacia la democracia.
El Movimiento Semilla y su candidato Bernardo Arévalo arrasan en el balotaje con 58.8 % de los votos frente a un 36.49 % de Sandra Torres, quien ha guardado silencio al confirmarse su derrota. Esta vez las encuestas atinaron y se evidenció con la palabra que se repitió durante los escrutinios en los centros de votación:“Semilla, Semilla, Semilla”. Ha sido una jornada de segunda vuelta marcada por 55 % de abstencionismo, pero que abre un escenario inédito e incierto en Guatemala, ya que las investigaciones que impulsa el Ministerio Público contra Arévalo y su formación política penden como una guillotina lista para ser soltada por la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche
Un conflicto armado no sanado, un experimento anticorrupción recién desmantelado y la desigualdad profunda que aun quiebra a la sociedad, supuran en la herida de una Guatemala que puede dar una lección de democracia a la región.
La tarde del martes 18 de julio, miles de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizaron desde el Bulevar Morazán en Tegucigalpa hacia el Congreso Nacional para presionar a la oposición en ese poder del Estado para que aprueben la Ley de justicia tributaria, la adhesión al CAF y para acelerar la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). La presidenta Xiomara Castro convocó a esta marcha a la misma hora y en el mismo lugar en que organizaciones de sociedad civil habían convocado para marchar contra la corrupción. Esa movilización fue cancelada para evitar posibles confrontaciones.
La muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) expuso las malas decisiones del Estado frente a una crisis penitenciaria que ya había generado alertas. El Gobierno de Xiomara Castro improvisó una intervención del sistema penitenciario que, según la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva –quien presidía la intervención– no tuvo el tiempo necesario para hacer los cambios que esperaban y, además, fue afectada por la falta de acciones de la Policía Nacional. La tragedia estaba anunciada, pero ahora con la remilitarización del sistema penitenciario como respuesta hay quienes temen que nunca se sepa quiénes fueron los autores intelectuales, los que se beneficiaron del caos en la PNFAS.
Acepto este reconocimiento que no solo es motivo de gran alegría y satisfacción, sino que, sobre todo, me da la responsabilidad de honrar este oficio y ejercerlo desde la trinchera ética en la que he decidido estar.
El gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter —que a su vez subcontratará a la firma Global Partners LLC del exembajador de los Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens— para «mejorar y profundizar» la relación con los Estados Unidos. El contrato es por 630,000 dólares a pagarse en siete meses con una cuota mensual de 90 mil dólares.
En septiembre de 2022 se creó por decreto ejecutivo la Dirección General de Prensa e Información que funciona en la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) a cargo del ministro Ricardo Salgado. Esta dirección aumentó su personal en abril de 2023 y ahora emplea a 163 personas entre periodistas, comunicadores y personal que trabaja en los tres medios gubernamentales además de otro personal que realiza monitoreo de medios. Los gastos de contratación ascienden a 3,701,107.58 lempiras mensuales. El ministro Ricardo Salgado explicó que en esa institución se pretende crear una estrategia de comunicación integral sin censurar ni atacar a la prensa tradicional como ocurre en los países vecinos.
Las mujeres hondureñas que huyeron de la violencia en sus hogares cargando a su hijos e hijas, huyeron también de un país que no las escuchó ni las protegió. En su camino de escape han encontrado más violencia pero también pequeños refugios. Las políticas migratorias las han hecho asentarse temporalmente en las ciudades de la frontera norte de México con los Estados Unidos, pero ahora, con la oportunidad de avanzar, deben justificar «el miedo creíble» que las hizo escapar para preservar su vida. La migración y la búsqueda de asilo ha sido para ellas una forma de aceptar las cicatrices y avanzar a pesar del dolor de abandonar su hogar, un lugar al que no pueden regresar.
La comunidad garífuna de San Juan en Tela, en la costa caribe hondureña, denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar su derecho a la tierra ancestral. En medio de la denuncia, también han detenido la construcción de nuevos complejos hoteleros en tierras que reclaman como suyas y han abierto caminos que antes fueron cerrados por el desarrollo urbano. Se han organizado para solicitar que se titule a favor del pueblo garífuna 1770 hectáreas en la Bahía de Tela, una de las zonas más codiciadas por las inversiones turísticas en el país.
El sábado 8 de abril, en pleno feriado de Semana Santa y en día de visita conyugal, se registraron enfrentamientos armados en cuatro centros penitenciarios del país, dos de ellos cárceles de máxima seguridad. El Instituto Penitenciario asegura que ha tomado el control de los centros y la presidenta Xiomara Castro ha anunciado vía twitter una intervención «enérgica» y con «mano dura» del sistema penitenciario, mientras en la cárcel de máxima seguridad «El Pozo», continúan los tiroteos.
Uzra Zeya, subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos del gobierno de los Estados Unidos, visitó Honduras entre el 9 y el 12 de enero de 2023 liderando una delegación de funcionarios de alto nivel para sostener el segundo diálogo bilateral que se realiza en lo que va del gobierno de Xiomara Castro.
Honduras es un país con conflictos, pero quizá el más largo y persistente de todos es el agrario. También es un país de migrantes, la economía nacional se sostiene por las remesas. Y es, sobre todo, un país de jóvenes, en su mayoría campesinos o migrantes -o ambos-. Pero en el Bajo Aguán, ubicado en uno de los valles más fértiles y productivos del país, un grupo de jóvenes no quiere migrar, quiere enraizarse, como una vez sus padres lo hicieron o intentaron hacer. Con el nuevo gobierno, que prometió «la refundación» del Estado, vieron una oportunidad y después de tomarse tierras en poder de grandes corporaciones, han hecho una tregua con el gobierno. Se enfrentan a la gran industria de la palma africana que es más que un Goliat para ellos y esa lucha , ha llenado de sangre la tierra por décadas.
Los cónsules honorarios son actores voluntarios de la diplomacia, con funciones limitadas y por un periodo indeterminado. Además de tener a sus propios cónsules honorarios en varios países, en Honduras hay hoy 62 diplomáticos que representan a otros países; la mayoría de ellos son empresarios hondureños. Esta es la historia de ocho miembros de la familia Kafie que portan carnet consular, a pesar de que algunos han estado señalados en casos de corrupción o de vulneración a los derechos humanos.
Es común que cuando ocurre una tragedia haya un altavoz que la amplifica y que, a veces, la distorsiona y profundiza. Es importante que se sepa lo que sucede, esa es una de las premisas del periodismo, un oficio que se ha vuelto cada vez más importante para los países que construyen democracia. Pero en la tendencia antidemocrática actual, la ciudadanía está atrapada entre un periodismo que se vuelve repetidor de malas noticias y la maquinaria propagandística de gobiernos autoritarios que repiten utopías. ¿Qué pasa cuando un periodista solamente cuenta tragedias? ¿Qué pasa cuando el periodismo es complaciente con la maquinaria propagandística oficial? ¿Estamos reflexionando los periodistas sobre el daño que podemos hacer con nuestro oficio?
En la entrada a la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP) 19, ubicada en Trujillo, la ciudad que alguna vez fue el paraíso del cartel de narcotráfico «Los Cachiros», hay un vehículo con más de un centenar de orificios de bala de grueso calibre. Los turistas se toman fotos con el carro que está allí, expuesto en la acera de enfrente de la estación policial, donde algunos agentes salen a fumar un cigarro en un intento por sobrevivir al calor de una tarde de verano en la costa hondureña.
Todos y todas recordamos las fiestas patrias como el momento en que nos adentrábamos en el folclore hondureño y aprendíamos frases de los ilustres «Padres de la Patria». Cuando leíamos en el libro El Hondureñito la letra de aquella canción que resonaba en las aulas de clase: «No hay otro pueblo más macho, que el pueblo catracho, del cual vengo yo», y los niños y niñas hacíamos énfasis –con un zapatazo– en la palabra «macho».
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la semana pasada la Lista Engel, que incluye a 60 funcionarios, exfuncionarios, empresarios, fiscales y jueces centroamericanos a quienes ese país ve como corruptos y antidemocráticos. Su publicación provocó rechazos, menosprecios o desafíos de la clase política de una región atrincherada cada vez más contra el país que es su principal socio comercial. Este golpe sobre la mesa de la administración de Joe Biden no ha provocado cambios visibles en los gobiernos, pero algunos nombres sí han causado sobresaltos en las élites empresariales, judiciales y fiscales.
Díaz fue señalado en Honduras por un caso de corrupción que suma los 2,809,000 de dólares en un proyecto habitacional fallido de casas contenedores para damnificados de las tormentas Eta y Iota. También fue nacionalizado otra pieza clave del gobierno del exmandatario extraditado a Estados Unidos: Ricardo Cardona López. La dictadura Ortega-Murillo amplía su refugio para prófugos de la justicia y cuestionados por corrupción.
Xiomara Castro se convirtió en la primera presidenta de la historia de Honduras impulsada por Libre, el partido fundado por su esposo, José Manuel «Mel» Zelaya, después del golpe de Estado que lo derrocó en 2009. Castro ha prometido un nuevo futuro para el país después de 12 años de autocracia del Partido Nacional. Sin embargo, en estos primeros meses de mandato el pasado ha regresado en forma de una amnistía que ha beneficiado a los viejos aliados de su esposo acusados de corrupción, un gobierno plagado de exfuncionarios de Zelaya y la sombra del nepotismo con varios familiares en puestos clave. Mel, ahora asesor de la presidencia, influye cada vez más en la política del país.
El 3 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que la lucha contra la corrupción sería un objetivo fundamental de su gobierno. Por esto, los departamentos y agencias gubernamentales comenzaron a acelerar y ampliar sus esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción doméstica y también fuera de sus fronteras. La relación con el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras y que éste país se convierta en el socio estratégico de EEUU en la región, podrían ser temas condicionados por esta estrategia anticorrupción que Biden pretende exportar al mundo.
Un grupo de amigos y familiares del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández — a quien el Gobierno estadounidense acaba de pedir en extradición para enfrentar juicio en Nueva York acusado por tres delitos de narcotráfico — han sido socios desde hace una década en un enjambre de empresas con y sin ánimo de lucro en Honduras y en Florida, Estados Unidos, muchas de ellas sin actividad aparente. Los rastros también llevan a Panamá. Eso dicen los documentos. Los socios, entre los que figuran los embajadores actuales en México y República Dominicana, un sobrino del expresidente y un exconsultor financiero del Congreso Nacional, explican que el escándalo de la ONG Fundecima les arruinó sus sueños de emprender juntos y que por eso la mayoría de las empresas no funcionaron.
El pasado 5 de enero trascendió en medios nacionales e internacionales un comunicado de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno que afirmaba: «Las cuatro barras históricas (del fútbol hondureño) firmaron un compromiso de paz y de trabajo conjunto en la mejora de las relaciones de la juventud fanática del deporte en el país». Sin embargo, tres de los cuatro líderes de estas barras confirmaron a Contracorriente que lo que se logró fue un acuerdo de no agresión para asistir a una reunión en la que expondrían sus necesidades al nuevo Gobierno.
Un golpe de Estado nos puso en la cara quiénes mandaban en Honduras, cuando las élites económicas de origen extranjero fueron señaladas como las que movieron las piezas para no perder sus beneficios. Doce años han pasado desde esa ruptura y en este tiempo, en que un régimen autoritario se instauró, se volvió más evidente la vinculación entre élites económicas, políticos y grupos criminales. Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno de corte izquierdista, no solamente está la expectativa de que la autocracia se desmonte, sino también de que se acaben los privilegios de una élite que colaboró en el saqueo del Estado.
El próximo 27 de enero tomará posesión en la presidencia de la república Xiomara Castro quien ha prometido un Gobierno de unidad y reconciliación. Pero esto dependerá de qué tanto la alianza «de hecho» que firmaron Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) se mantenga después de definir quién presidirá el Congreso Nacional, si se cumple la promesa de que Salvador Nasralla elija al presidente de ese poder a pesar de que su partido no está logrando una bancada numerosa.
Los representantes de los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia presidida por el Gobierno de Estados Unidos, en un claro mensaje de rechazo a las medidas autocráticas que han tomado los gobernantes del llamado «triángulo norte». Ahora, con la llegada de un nuevo Gobierno en Honduras, que ha sido recibido local e internacionalmente como una promesa de cambio, el Gobierno de EE. UU. apuesta por Honduras como un aliado estratégico en una región que se le ha salido de las manos.
A tan solo una semana de las elecciones que definirán un cambio de gobierno, el testigo protegido y también imputado por el Caso Pandora, Fernando Suárez, desapareció. Hoy un tribunal de sentencia le dictó orden de captura inmediata y lo declaró en rebeldía, el Ministerio Público, a través de la Dirección del programa de testigos protegidos, sostiene que Suárez abandonó al programa, sin embargo aún no hay un informe que determine qué pasó con él.
Apenas cinco días después de que se revelaron los Pandora Papers en Honduras, en una sesión cuestionada por diputados de oposición, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley de Lavado de Activos. Una de ellas define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a organizaciones de sociedad civil que realizan veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública y otras quitan potestad al Ministerio Público de investigar corrupción.
Yaudet Burbara Canahuati, empresario y popular diputado hondureño que va a la reelección para su cuarto periodo no declaró al Tribunal de Cuentas su patrimonio en 2010, como está obligado, y después de contrastar diversas fuentes, no fue posible establecer si declaró los movimientos que tuvo en las Islas Vírgenes Británicas de la offshore que manejó allí desde 2015. Aunque la ley lo prohíbe, el hotel de su familia ha suscrito varios contratos con el Estado.
Después de haberle vendido equipos al Seguro Social, que según la Fiscalía sobrevaloró al triple, el empresario Fauzi Rishmawy creó múltiples empresas en paraísos fiscales. Equipos Industriales, la empresa hondureña de Rishmawy sigue siendo contratista del Estado y es una de las proveedoras de la Empresa de Energía Honduras (EEH) que maneja el cobro y la distribución de la energía en el país.
Durante el juicio que terminó en una condena efectiva de dos años de cárcel en Estados Unidos por haber intentado hacer negocios con recursos del narcotráfico, se conoció que el exministro hondureño Yankel Rosenthal Coello tenía tres sociedades offshore. Esta investigación periodística revela que en realidad tenía otras seis empresas en paraísos fiscales.
En un análisis de miles de documentos de los Pandora Papers, salió a la luz que no solo el cuestionado político y ganadero tenía tres empresas de papel en Panamá, sino que también su esposa manejó otra offshore de la que no se sabía, mientras era primera dama. Asimismo, su hijo y su mano derecha buscaron crear sociedades en paraísos fiscales. El hallazgo cobra relevancia pues el expresidente y su esposa fueron incluidos en la lista Engel y ella enfrenta hoy un juicio por sospecha de corrupción.
Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa y popular candidato presidencial, y su antecesor en el gobierno de la capital y actual vicepresidente de Honduras, Ricardo Álvarez, manejaron sociedades offshore en Panamá, mientras estaban en cargos de elección popular. Esta revelación cobra importancia, dado que en el pasado ambos fueron investigados por posibles desvíos de dinero. Ninguno de los dos explicó para qué las usaron.
La lista, conocida popularmente como Lista Engel, se ampliará por lo menos una vez al año e incluye sanciones migratorias contra los señalados. En el caso de Honduras, la mayoría de los señalados fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC), el binomio anticorrupción que el gobierno de Hernández desarticuló.
El pasado 6 de abril de 2021, el Congreso de los Estados Unidos recibió una lista de funcionarios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador señalados por corrupción o narcotráfico en un reporte preparado por el Departamento de Estado.
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