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Hernández incumplió la mayoría de compromisos en combate a corrupción en su primera gestión de gobierno

La reelección de Juan Orlando Hernández en la presidencia ha sido acompañada de varios discursos en sus apariciones públicas en este 2018, en el marco de la crisis post electoral hondureña y también en el contexto del ambiente de corrupción que impera en el país.

Hernández ha dicho que su administración ha combatido la corrupción y fundamenta esa afirmación en tres ejes: fortalecimiento institucional, transparencia y alianzas con organismos internacionales.

Contra Corriente se dio a la tarea de comprobar su discurso, consultando informes de organizaciones nacionales e internacionales y también consultando a las fuentes involucradas en este tema.

En nuestro polígrafo le contamos qué tanto ha mentido Hernández en sus discursos públicos en este 2018.

 

Hacer click en el + para comprobar la frase.

Discutible: El presidente Juan Orlando Hernández expresa cada vez que puede su apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), afirmando que desde su gestión están dispuestos a enfrentar la corrupción en el país.

El punto de discusión se da cuando el discurso no se convierte en realidad, sobre todo al observar los hechos relacionados a las investigaciones que la MACCIH ha realizado en conjunto con el Ministerio Público, específicamente el caso denominado “red de diputados” el que es directamente obstaculizado por las reformas a la Ley de Presupuesto, aprobadas el pasado 20 de enero y que limita el papel investigativo de la MACCIH.

Las reformas a la Ley de Presupuesto, se dieron a través de un proceso polémico en el Congreso, en el que por mayoría simple se aprobó un contenido en particular y al aparecer la reforma en el Diario Oficial La Gaceta tenía otro tipo de contenido adulterado por parte de los promotores (el Partido Nacional), la MACCIH reaccionó ante el procedimiento y lo calificó como un pacto de impunidad, que pretende proteger a varios diputados de las investigaciones relacionadas a uso de fondos estatales para usos personales.

Luego de la reforma, los diputados del Congreso Nacional han pedido la derogación, el diputado Mauricio Villeda del Partido Liberal dijo que están a la espera para que la Junta Directiva del Congreso Nacional dé el trámite correspondiente a la moción.

Villeda asegura que por el momento no ve voluntad para que avance la iniciativa y eso demuestra la falta de voluntad del partido de gobierno para avanzar en materia de investigación y de esa forma abrirle el camino a la MACCIH para que trabaje. Por su parte, Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, dijo que hubo errores de estilo en la publicación de la reforma, por lo tanto presentaron una fe de errata para justificar el cambio.

La reforma a pesar que fue aprobada en el Congreso Nacional tiene directa relación con el presidente Juan Orlando Hernández. La primera hipótesis de la MACCIH en torno al dinero desviado por parte de los diputados fue que sirvió para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en esa hipótesis se manejan sobornos que fueron entregados por el partido de gobierno para favorecer los intereses reeleccionistas de Hernández.

En ese caso de corrupción, según la MACCIH, también está involucrado el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, mano derecha de Hernández en ese poder del Estado.

FALSO: En la actualidad uno de los sectores más críticos a esta afirmación es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), estructura que ha denunciado múltiples casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos.

A finales de febrero, el CNA presentó un informe en el que menciona varios casos de corrupción que siguen en la impunidad ante la vista y paciencia del Ministerio Público (MP). Entre los casos mencionados se encuentra el del Instituto de Formación Profesional, Tribunal Supremo Electoral, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Secretaría de Salud e incluso el despacho de la primera dama en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

En estos casos se vincula directamente a dirigentes del Partido Nacional, como: Rolando Dubón Bueso, diputado de Santa Bárbara y el diputado más votado de Francisco Morazán, David Chávez. Por ahora el único caso de los mencionados que ya tiene una captura en procedimiento es el de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo. De 67 casos presentados por el CNA, solo diez han sido judicializados.

Discutible: En términos de voluntad, la afirmación de Hernández es totalmente discutible, en este momento el Ministerio Público es una de las instituciones más ineficientes del país, con un índice de impunidad por arriba del 90% en los crímenes violentos. Asimismo la impunidad es, a criterio de economistas, el primer factor para obstaculizar el desarrollo económico del país, así lo dice el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras.

Asimismo Amnistía Internacional en sus informes oficiales sigue mencionando a Honduras como uno de los países donde la impunidad sobresale en violaciones a derechos humanos, sobre todo en la crisis post electoral que ya deja más de 34 asesinatos políticos, de los cuales ninguno ha sido judicializado.

Un sector de sociedad civil denuncia la falta de voluntad política en el Ministerio Público para investigar los asesinatos políticos, asimismo para brindar resultados sobre las denuncias a violaciones a derechos humanos.

De la misma forma el CNA denunció en su informe de 2018 de casos que continúan en la impunidad, que el MP no ha tenido la voluntad política para judicializar a muchos funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados en actos de corrupción.

En el otro extremo, la MACCIH alaba el papel del MP a pesar de las moras judiciales, y es que la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) que en este momento dictó requerimiento fiscal contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo y también puso en marcha el proceso contra la red de diputados, son factores que generan esta reacción desde la MACCIH.

Discutible: Honduras en este momento es un país con límites directos en lo que corresponde a acceso a la información pública y por ende transparencia. La existencia de la Ley de Secretos Oficiales impide que la ciudadanía pida información sobre el manejo de las finanzas estatales, prohibiendo su conocimiento y judicializando su divulgación por ser denominada información de seguridad nacional.

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