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El escarmiento de Pimienta

En Honduras no existen personas presas por delitos políticos, pero sí hay presos políticos. La oposición ha llamado presos políticos a 23 personas acusadas por diversos delitos cometidos durante las protestas post electorales que se desarrollaron a finales de 2017. La mayoría son jóvenes analfabetos, jóvenes que crecieron en barrios conflictivos y que alguna vez en su vida migraron desesperados buscando una vida mejor. Ahora quedan 14 encarcelados en dos cárceles de máxima seguridad y distribuidos en otro centro penal al norte del país, los demás continúan el proceso en libertad, los últimos liberados fueron los de Pimienta, Cortés. Estos presos cuentan la crisis política que en Honduras encendió una llamarada hace 4 meses, una llama que se ha ido extinguiendo.

Texto: Jennifer Avila

Fotografías: Martín Cálix

El 4 de mayo Astrid lloraba de alegría luego de recibir la noticia de que sus familiares serían puestos en libertad.

Cuatro meses y medio pasaron, y ella tenía una angustia que parecen soportar únicamente quienes se aferran a la esperanza. Su vida durante estos meses estuvo dedicada a la lucha por sacar de la cárcel a su esposo Francisco Miguel, a su hermano Melvin Chávez  y a su cuñada Lourdes Núñez.  Astrid tiene 19 años y un hijo de dos. El 26 de diciembre –durante los días de la crisis post electoral– vivió el miedo más grande de su vida al ver a la policía irrumpir en su casa con violencia para llevarse a sus familiares en plena madrugada.

Pimienta es un pequeño municipio en Cortés, a la orilla de la carretera que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Tiene solo una calle  pavimentada. Las protestas después de las elecciones de 2017 terminaron en este pueblo como en muchos otros del norte del país, con la quema de la posta policial y posteriormente con 11 personas encarceladas por el hecho. En todo el territorio controlado por la Unidad Municipal de Policía (UMEP 12): Dos Caminos, Pimienta, Villanueva y El Marañón, las postas fueron quemadas pero los oficiales estaban avisados, ninguno estaba en las estaciones.

Lourdes, cuñada de Astrid, estuvo recluida en el Centro Penal de Tela, Atlántida y estando allí contó que antes de que las postas fueran quemadas el alcalde nacionalista Raúl Alfredo Ugarte la llamó por teléfono para preguntarle si ella sabía de ese rumor terrible que recorría el pueblo, que si era cierto que quemarían la posta. Lourdes no sabía con certeza, pero el rumor era fuerte y le dijo que sí, que ella había escuchado esto.

Lourdes es una mujer corpulenta, grande, no se mueve con facilidad, era muy fácil distinguirla entre un grupo de hombres encapuchados en los videos que se utilizan como medio de prueba, donde según la defensa, no se logra ver a una mujer con sus características en el lugar del crimen.

Sin embargo, el problema de Lourdes comienza antes de las protestas. Ella y su esposo Melvin tenían un negocio de venta de bebidas alcohólicas, un bar llamado «Los amigos de Hojas», «Hojas» es el apodo de Melvin heredado de su padre.

«Es que hay bastantes miembros de pandillas y mi negocio era grande y a raíz de eso la policía visitaba bastante, nunca encontró ahí una persona, pero decían que yo los conocía a los muchachos de ahí, él andaba buscando información, y habíamos tenido problemas por eso. Donde me miraba me amenazaba con que yo tenía que decirle quiénes eran los mareros de ahí». Lourdes cuenta que sufrió hostigamiento policial y que incluso puso una denuncia ante el Ministerio Público por acoso en contra del subinspector Práxedes Mejía quien después de la crisis política fue trasladado al sur de Honduras.

Lourdes mientras estaba recluida en el Centro Penal de Tela, Atlántida. Foto: Jennifer Avila

Después de la quema de la posta, había rumores en la comunidad de que ella y su hermano serían acusados de esto, Lourdes habló con el alcalde e incluso llamó a la Policía porque ella quería colaborar a que se diera con los culpables para no ser acusada. Así fue citada por miembros de la Policía para ser interrogada.

«Me llevaron en un carro lleno de policías, una patrulla de Pimienta. Me citaron en Villanueva para llevarme hasta La Barca en la patrulla. El policía sacó su teléfono y me dijo “¿verdad que éste es fulano de tal?”. Si yo hubiera sabido, por mis hijos mejor no hubiera ido. Incluso nosotros llamamos a un número que me dieron de derechos humanos porque en la casa la DPI rodeaba 2-3 de la mañana y nosotros sentíamos que íbamos a tener problemas por haber andado en manifestaciones y no dormíamos los primeros días», nos contó Lourdes mientras estaba recluida en Tela, Atlántida. Ahora ha salido para defenderse en libertad tras una audiencia de revisión de medida solicitada por su abogado defensor quien también defiende al resto de los acusados de Pimienta, el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Samuel Madrid.

Lourdes tiene tres hijos, un adolescente de 16 años, una niña de 13 y el menor de 6 años. Vladimir, el mayor, estuvo todo el día en los Juzgados de San Pedro Sula el pasado 4 de mayo durante la audiencia. Ese día Vladimir celebró con sus amigos que sus padres fueron liberados después de pasar 4 meses en prisión.

Vladimir a la derecha esperando resolución en caso de sus dos padres acusados por quema de la posta en Pimienta, Cortés. Foto: Martín Cálix.

Pero si algo escucharán al regresar a la comunidad los 8 de 11 imputados que salieron con libertad condicional de la cárcel, es el ensordecedor sonido del miedo. El silencio se estableció en Pimienta desde que los encarcelaron. Lourdes dice que es claro que es un mensaje de intimidación para que la gente ya no siga protestando. «Por lo que se ve ya no se ve nada en mi pueblo y como de por sí yo tengo bastante gente entonces ya se unía la gente con nosotros». Estando en la cárcel Lourdes pensaba en las posibilidades que tendría una vez en libertad. Su negocio no va a resurgir y siente que después de lo que le pasó a su familia ya Pimienta no es un sitio bueno para vivir.

Astrid, quien no sabe ahora mismo qué quiere hacer con su vida, si estudiar, trabajar o migrar,  a veces extraña el sonido del cacerolazo y recuerda con nostalgia los días en que sonaba y todo mundo gritaba «Fuera JOH» porque aunque en Pimienta la gente había sido nacionalista –el mismo alcalde que es del Partido Nacional se ha reelegido por cuarta vez en esta ocasión– después del golpe de Estado en 2009 algo cambió y se reflejó con mayor indignación tras las elecciones de noviembre de 2017.

«Lourdes y Francisco sí se manifestaron porque amanecían ahí, eran digamos los organizadores porque ellos le compraban comida a la demás gente que se manifestaba por los votos perdidos, aquí todo el mundo sabe que fue fraude. Aquí ganó Nasralla, y ganó el alcalde Ugarte, pero a Nasralla no lo dejaron llegar», explica.

Posta policial quemada en Pimienta, Cortés. Actualmente en reparación. Foto: Martín Cálix

Antes de la quema de la posta policial, en Pimienta un grupo de hombres amarraron y desnudaron a cuatro agentes de la Policía de Tránsito. Este acto desató el enojo de las autoridades en la comunidad.

El vocero de la UMEP 12, el subinspector Díaz Cifuentes, se queja, dice que en su territorio fue donde los policías más sufrieron. Él fue a traer a los policías cuando estaba la amenaza de la quema de las postas.

«Si hubo abusos de parte de la Policía eso le toca investigar y requerir a los responsables al Ministerio Público, pero lo que en realidad lo que uno estaba haciendo era protegiendo la manifestación para que no hubiera caos, pero hubo otro tipo de gente que lo hizo. La gente puede decir que hubo abuso pero a veces el caso era que los policías cuidaban la manifestación y la gente dice que era reprimiendo. No queríamos que otro tipo de personas agrediera a los manifestantes, y allí cuando empezaban a agredir a los policías allí usábamos lo que se conoce de acuerdo con las leyes, el gas lacrimógeno para dispersar a las personas. Nunca vamos a agredir con golpes o con armas», justifica Díaz y hasta ahora no hay requerimientos contra policías por abusos.

La investigación indica que la quema de las postas fue planificada dice Cifuentes y asegura que ningún ciudadano ha sido acusado sin pruebas y sin un testigo que los señala. Agrega además que la policía estaba teniendo una buena relación con las comunidades con todo el concepto de Policía Comunitaria tan apoyado por agencias internacionales como USAID y la Unión Europea, pero que ahora tras la crisis política el proceso comienza de cero.

Astrid no piensa lo mismo, la Policía siempre ha sido de temer, ahora más. «Pues cuando se hacía el cacerolazo, se molestaban los policías porque a Lourdes varias veces le fueron a cerrar el negocio cuando hacía el cacerolazo porque ahí lo hacía, ellos sí se molestaban porque en Pimienta nunca se había dado que la gente se manifestara».

La madrugada del 26 de diciembre Astrid se levantó para hacer un biberón a su hijo de 2 años. Escuchó la bulla y abrió la ventana. «Abran, es la Policía» y allí vio que eran alrededor de 10 agentes de la Policía los que rodeaban su casa.

«Cambiate que vos te vas a ir», le dijeron a Melvin, su hermano. «¿Y yo por qué, qué hice?» Dijo éste asustado. «Que te cambies, ya», amenazaron, relata Astrid.

A Astrid no se la llevan porque ven el cuadro completo, cuatro niños quedarían solos. A Lourdes la detienen y aún le queda tiempo de decir:  «¿usted tiene pruebas? mire, si es delito gritar “Fuera JOH” vaya enchácheme porque eso fue lo único que dije, porque yo no estoy de acuerdo, él no es mi Presidente. Me robaron mi voto y por eso me manifesté».

Al día siguiente salió en los medios de comunicación que una peligrosa banda de delincuentes había sido capturada en Pimienta. «Yo creo que para darles un escarmiento porque por eso lo hacen, para meterles miedo», dice Astrid, convencida.

–¿Y les han metido miedo a la gente?

–Sí, aquí en el parque ya no se pueden estar más allá de las 9 de la noche porque ahí llegan ellos, y antes estábamos hasta tarde porque hay puestos de comida. Y ya no hay manifestaciones y nadie quiere salir ni convocan porque los guerreros están encerrados.

Los allanamientos en los que la Dirección Policial de Investigación (DPI) dio captura a los 11 imputados de Pimienta se dieron con violencia, los familiares denuncian que se hicieron antes de las 6 de la mañana, fuera del horario legal y en la mayoría de los casos la Policía realizó daños a la propiedad. Buscamos la versión de la DPI tras escuchar múltiples denuncias de este tipo. En las nuevas oficinas de esta estación en San Pedro Sula nos firmaron y sellaron la carta de solicitud como recibida pero el subcomisionado Geovanny Serrano no nos atendió en nuestras visitas presenciales ni por teléfono.

Yeny Cirú, líder comunitaria en Pimienta, Cortés. Organizó a los familiares de los presos políticos en su comunidad. Foto: Martín Cálix.

Yeny Cirú, la mujer que comenzó a organizar a los familiares de los presos políticos en Pimienta cuenta que ella siempre repudió a la Policía, y siempre pensó que la gente fue ingenua al celebrar cuando ellos dijeron unirse al pueblo con su huelga de brazos caídos. En diciembre, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, varias unidades de la Policía Preventiva y la Policía Cobra realizaron una huelga de paralización de labores en desobediencia a las órdenes de represión. Se dio un movimiento que en varias comunidades se tomó por parte de la población como una rebelión de la Policía. Pero no fue así, Yeny que sufrió la brutalidad de la represión nunca lo creyó así.

Esta mujer es madre soltera y no tiene empleo porque padece de diabetes y asegura que en las maquilas no le dan trabajo por su condición de salud. Se dedica a vender ropa usada o cualquier trabajo temporal que le salga. Ella era de las líderes más fuertes en Pimienta desde el golpe de Estado.

Su hijo tiene 13 años y ella ya no puede sostenerlo para que siga estudiando. Yeny cuenta que cuatro militares la golpearon durante una toma de carretera.

«Perra, sos manifestante, hija de…», golpe.

Eran las 2 de la mañana en la toma de la carretera que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Esa noche declararon a Juan Orlando Hernández como Presidente. Golpe por la espalda. Yeny cae al suelo, allí abajo -como saben hacer- la patearon.

«Gracias a un trailero estoy viva porque él bajó cuando vio de que eran cuatro, él bajó y preguntó que qué pasaba, que yo era su mujer y que no era manifestante –él para salvarme– entonces vinieron, me levantaron del pelo y me tiraron al pecho del señor trailero y le dijeron “entonces llevate esta hija de… si no es manifestante”, le dijeron, y luego con mis mismos dientes, el golpe, el impacto, me rompí el labio», y allí iba Yeny con un desconocido sin rumbo. El hombre la dejó en Dos Caminos y allí consiguió un jalón en la calle.

«Hubo mucha gente ignorante que les fue a dar comida, pero yo no participé de eso ¿y sabe por qué no lo hice? Porque yo sabía que lo que ellos querían era un aumento, que el Presidente se pusiera nervioso y luego decir ‘aquí está’».

–¿Y usted denunció ante el MP esta golpiza?

–No, no…

–¿Por qué?

–Porque en aquel momento teníamos temor a que… no creíamos en derechos humanos. Yo por este problema recibí invitaciones a tres talleres de derechos humanos y pues gracias a eso y a las personas de Villanueva yo pude ser y soy partícipe de derechos humanos, pero en ese entonces yo no sabía nada.

«Nos llaman pandilleros, eso sí –se ríe– vándalos, pero no, nada que ver. Ahí andábamos personas indignadas no más».

Yeny se fue, tuvo que migrar a otro país para trabajar y sostener a su hijo, tuvo que separarse de él para que estudie. Ésa es la vida tras la crisis política para muchos.

Su hijo va a nacer gritando «Fuera JOH»

Yolanda Contreras tiene 42 años y es esposa de Wilfredo Cáceres de 26 años, juntos tienen 3 hijos, el menor nació en medio de la crisis política. La doctora que atendió su parto le dijo en burla que por milagro su bebé no había nacido gritando «Fuera JOH».

El primer día del toque de queda Yolanda pidió ayuda a la Policía para que la llevara junto con Wilfredo al hospital porque comenzó a sangrar y necesitaba una cesárea. No había paso y al ver la patrulla un grupo de manifestantes se abalanzó contra ellos para quebrar los vidrios del vehículo. La Policía hizo lo que pudo por buscar un camino alterno pero no lo logró. Parados en una gasolinera pidieron a otra persona que manejaba un carro que los llevaran al hospital y con la instrucción de gritar «Fuera JOH» al llegar a la barricada partieron. Lograron llegar al hospital en San Pedro Sula y el bebé de Yolanda y Wilfredo nació prematuro.

Yolanda (42) esposa de Wilfredo, esperando en los pasillos de los Juzgados en San Pedro Sula la resolución de la revisión de medidas de su esposo. Foto: Martín Cálix

Pocos días después los mismos policías que los apoyaron para salir de emergencia, irrumpieron violentamente en la casa en la madrugada y se llevaron a Wilfredo frente a Yolanda y sus hijos.

«Vinieron  a registrar la casa y va de buscar, no hallaron nada y afuera le empezaron a decir “¿no sos vos uno de los pijeadores de policías?” Bien malcriados ellos. Entonces él le dijo “con el respeto que ustedes y que yo me merezco, yo no andaba en eso y no tengo porqué ir a golpear a otra persona. Mire ahí tengo el cajón donde salgo a vender” y el policía le contestaba bien malcriado», cuenta Yolanda.

Wilfredo iba a las protestas pero ella se quedaba en casa por su estado de embarazo aunque también se sentía molesta por lo que estaba pasando con los resultados de las elecciones.

«Usted sabe que uno a veces elige quien es el presidente y a nosotros nos gustaba que fuera Salvador. Pero no se pudo. Viendo a Salvador en la tele como él hace esas actividades de ayuda las personas me imagino que podía ayudar a la gente. Mire cuando salía con una madrecita bien viejita se le miraba bien, era bien popular con niños y todo», dice Yolanda quien ahora ya tiene a Wilfredo de regreso en casa pero éste enfermó en El Pozo. Wilfredo con 26 años tiene un problema cardiaco y en la cárcel no le daban los medicamentos, perdió alrededor de 30 libras y estaba comenzando a sufrir parálisis en el brazo izquierdo.

Yolanda y Wilfredo eran vendedores ambulantes, ahora con el estado de salud de Wilfredo, Yolanda busca la vida para toda la familia.

Astrid (19) rezando por la libertad de su cuñada Lourdes, su esposo Francisco y su hermano Melvin. Foto: Martín Cálix.

No todos salieron

El abogado defensor de los presos en Pimienta, Cortés es Samuel Madrid, diputado de la oposición. Cuando el 4 de mayo dieron la resolución de que 8 de los 11 presos se defenderían en libertad la primera reacción de Madrid fue llorar.

«He liberado más de 1800 personas en mis 25 años de carrera, me han pagado antes, pero hoy no tengo ni un peso en la bolsa pero estoy llorando de alegría porque esta gente se fue a la calle por dignidad a cambio de nada, ésta es una lucha por justicia esta gente no anda detrás de políticos se fue a la calle por dignidad, muchos de ellos votaron antes por cachurecos porque ese pueblo ha sido cachureco, yo juré que iba a sacarlos», decía, llorando.

Madrid estuvo ausente gran parte de los 4 meses que sus acusados guardaron prisión y fue duramente criticado por haber interpuesto un recurso de apelación fuera del tiempo indicado, tras este error Madrid solicitó una revisión de medidas alegando que trasladar a la mayoría de los acusados a la cárcel de máxima seguridad, raparles el cabello y proporcionarles tratos crueles constituía un abuso y era desproporcionado con respecto a los delitos de los que se les acusa. Los familiares de la mayoría no podían pagar un abogado privado y no confiaban en la defensa pública. Madrid asegura que fue mandato y prioridad de la Alianza de Oposición que él tomara los casos para que se lograra la liberación y un proceso justo para salir limpios de las acusaciones.

Ese 4 de mayo Madrid salió de los Juzgados y dijo a las madres que lloraban de nervios, que rezaban en los pasillos del Palacio de Justicia, que había anuencia de la Corte y que seguramente era una línea desde arriba.

«Mire, yo a ellos los tengo organizados. A mí me pueden decir que esto es demagogia, pero yo no hago eso, yo los defiendo porque son mi sangre, no estoy haciendo campaña con esto», repetía insistentemente mientras organizaba la fotografía grupal, los vivas y el proceso de liberación.

Pero no todos salieron. Tres jóvenes más siguen en El Pozo porque acumulaban más delitos, uno de ellos, el uso indebido de indumentaria policial.

Dos de los que siguen presos son los hijos de Norma Ordóñez, una mujer que ha sacado adelante a su familia vendiendo pollo frito desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días en el garaje de su casa en Pimienta.

Doña Norma asegura que sus hijos no anduvieron en protestas y que el problema fue que los muchachos que se tomaban las calles se organizaban en la esquina de su casa.

«Cuando llegó la policía a la casa yo no creí que era a mí que me estaban rodeando. Si mis hijos no son delincuentes, no son vagos, nadie los miraba en la calle a medianoche o a las 11, si el papá es delicado y ellos ni siquiera podían salir de noche. Podían salir e ir a dar sus vueltas, pero jamás en protestas porque a mí me daban miedo estos problemas y mire, me tocó a mí», relata y cuenta que durante las tomas de carreteras ella incluso pasando encima de las llantas quemadas salía a comprar el pollo y los ingredientes para su negocio, porque si no trabajaba no comía toda su familia.

–¿Y ustedes fueron a votar?

–Pues no, ahora no se puede hacer nada en este país porque, aunque uno hubiera ido a votar a la hora de llegada mire lo que pasa.

Madre de hermanos que siguen presos en El Pozo. Foto: Martín Cálix.

La ansiada salida

Cuando los 8 salieron sus familias tenían ya muchas horas de estar esperando afuera, refugiados del inclemente sol de Ilama en el departamento de Santa Bárbara, cerca de El Pozo en un balneario a orilla de carretera.

Samuel Madrid –el abogado defensor– había llegado y se había vuelto a ir cerca del mediodía acompañado de Luis Redondo, diputado de la oposición, porque fueron en busca de más diputados. Los políticos llegaron tarde, apenas para hacer las mejores promesas de acompañar el proceso y de luchar por la liberación de los tres que quedan aún, apenas para hacer que los recién liberados regresaran frente a la entrada principal de El Pozo para hacerse «la foto histórica», diría Redondo.

En medio de lágrimas, en medio de mucho nerviosismo, sus familiares corrieron a abrazarles, aquellos hombres venían con rostros desubicados, con el desconcierto de quien no parece creer aunque vea. Ahora se defenderán en libertad, han vuelto a sus hogares, pero se hicieron una promesa a sí mismos: no celebrar hasta que el resto también salga.

Desde el centro penal de Tela en el departamento de Atlántida, y sólo retenida para dar declaraciones en Radio Progreso, llegó Lourdes, para reunirse con quienes no había estado en muchos meses. Y fue recibida como se recibe a quien ha hecho una proeza que parecía inalcanzable. Esta mujer y estos 8 hombres venidos a menos en su salud física materializan una lección enseñada por las instituciones del Estado hondureño: protestar contra el resultado de las elecciones de 2017 no está permitido en Honduras.

 

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