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En un pozo ha caído Honduras tras elecciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos certificó que el gobierno hondureño ha estado combatiendo la corrupción y apoyando los derechos humanos, despejando el camino para que Honduras reciba millones de dólares en ayuda. Este anuncio se dio justo dos días después de las elecciones que han desatado una crisis social y política que se traduce ahora en 14 muertos, 51 personas heridas, 148 detenciones arbitrarias y 91 expedientes penales abiertos.

Un grupo de madres y esposas esperan en las afueras de la oficina del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (Conaprev). “Mi hija me preguntó si hoy por fin le llevaré a su papa”, le dice Wendy con cara de aflicción a otra mujer que asegura solo puede dormir tomando pastillas y un té. Son las familiares de 33 detenidos tras disturbios el pasado viernes 1 de diciembre en San Pedro Sula, desde entonces no los ven porque después de tenerlos en un batallón militar los mandaron a la cárcel El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.

El Pozo es la cárcel de máxima seguridad que construyó Juan Orlando Hernández como solución a la sobrepoblación y violencia en centros penales de Honduras. Allí, al Pozo llevaron a los 33, varios de ellos con golpes y laceraciones, han pasado una semana con la misma ropa encerrados sin poder ver a sus familiares, sin siquiera poder asistir a la audiencia donde se les acusó de asociación ilícita y robo agravado.

Tras 8 días de estar en el Pozo, los 33 obtuvieron sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita pero aun 28 obtuvieron auto de prisión con medidas sustitutivas por el delito de tentativa de robo. Aun les quedan 24 horas más para salir de la cárcel.

Mientras unos insisten en la ilegalidad del toque de queda, hay pocas miradas en las violaciones a Derechos Humanos que se dan en la oscuridad del estado de sitio en un sistema de justicia que también está contaminado.

“Lo usual son tratos crueles durante las detenciones mientras los llevan a las patrullas. No hemos podido verificar si ha habido torturas, solo hemos visto tratos crueles e inhumanos en el caso de las personas que han sido liberadas casi inmediatamente pero que no han sido trasladadas a ningún centro de detención”, dijo Mery Eguiguren durante una conferencia en la que el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) presentaba las cifras arriba mencionadas. Parece que Tegucigalpa y el norte del país no están conectados y que la situación del fraude electoral, la reelección, el decreto de toque de queda no tuviera conexión con las violaciones de derechos humanos que el Estado está cometiendo en todo el país.

A los 33 detenidos por el saqueo de la tienda y la bodega del almacén Diunsa en San Pedro Sula, los llevaron el viernes pasado a la 105 Brigada de Infantería. Dos abogadas voluntarias intentaron seguirles la pista, ayudar a las madres desesperadas que iban de la posta policial a la 105 sin saber qué hacer, sin saber cómo preguntar si tenían a sus hijos a salvo. Una de las abogadas, Carmen Haydée López, cuenta que ellas hablaron con un juez provisional para presentar un habeas corpus y se nombrara un juez ejecutor para celebrar una audiencia. El juez dijo que no había visto señales de malos tratos en los detenidos y que la audiencia se celebraría el sábado.

Y la audiencia se celebró el sábado justo a las 10:30 de la noche cuando ya había comenzado el toque de queda. Sucedió sin observación de organizaciones de Derechos humanos y sin más defensa que la defensa pública. En esa audiencia en estado de sitio se determinó enviarlos al Pozo el domingo en la madrugada.

Doña Blanca Bautista al darse cuenta que se llevarían a su hijo de 19 años al Pozo, siguió el camión donde los llevaban, iba descontrolada.

“Cuando llegamos yo les hice un gran escándalo porque ni comida ni la ropita que le llevaba le quisieron dar. Nunca le había pasado esto a mi hijo, aquí están pagando justos por pecadores. Llegaron al lugar después del saqueo y a quienes miraban en el camino los agarraban y subían a un carro lleno de cosas”, contaba llorando mientras ponía la denuncia en el Conaprev.

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Wendy, otra mujer en la oficina de las denuncias, mientras traga el nudo en la garganta cuenta que su esposo le ayudaba en casa, ella salía a trabajar vendiendo ropa y accesorios en la calle, sus hijas se quedaban con él, pero ese día a él le salió un trabajito como mecánico de carros y tuvo que salir de casa. “No he podido ni dormir, me ha tocado hacer todo y si no trabajamos no comemos. Pueden ir a mi casa, la lavadora que tengo todavía la estoy pagando, tengo los papeles para que verifiquen que nosotros no somos ladrones”, dice Wendy.

Esta mujer solo tiene 30 años y ya tiene 3 hijas, vive en el barrio Cabañitas y cuenta que hace años a su esposo lo detuvieron injustamente y lo querían acusar de narcomenudeo, pero logró probar su inocencia. Cosas que pasan en la vulnerable San Pedro Sula.

“Yo voté por Nasralla y lo hago público, pero nunca creí que se iba a armar todo este relajo y estoy comenzando a creer que es cierto, que si Nasralla gana esto se va a poner como Venezuela, lo estamos viviendo”, explica.

La abogada Brenda Ayala del Conaprev lee una lista donde está el nombre de los detenidos y donde también está la fotografía que les tomaron en la detención. A cada nombre que ella dice le sigue un lamento; las madres, esposas, hermanas lloran al ver las fotografías, al escuchar los nombres.

Ayala les aconseja y les dice que no dejen que se celebre la audiencia inicial sin la presencia de los acusados, que exijan poder verlos y que ella intentará entrar al Pozo para verificar su estado de salud.

La abogada logró visitar el pozo y constató que los 33 detenidos estaban en celdas de 2X2 en la Máxima 1 donde estaban los cabecillas de la pandilla 18 antes de las elecciones, antes de ser trasladados a la Penitenciaría Nacional. El Pozo estaba listo para recibir más detenidos, así como el Código Penal para acusar con fuerza a quienes generaran revueltas después de las elecciones.

Mientras tanto en el Tribunal Supremo Electoral…

Aunque en el norte del país es donde más violencia, muertes, detenciones y tratos crueles hay registrados, Tegucigalpa sigue estando en el ojo del mundo porque el fuego en las calles es generado desde las instituciones del Estado, las oficinas intactas de la capital. Esta semana la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos hicieron públicos sus posicionamientos en cuanto a estas elecciones y se sumaron a la Alianza de Oposición a la petición de un conteo especial de más de 5 mil actas que no se trasmitieron el día de las elecciones, así como la revisión de los departamentos de Lempira, Ocotepeque y La Paz y señalaron que la falta de reformas y de independencia del TSE han generado el sisma que ahora tiene a Honduras sumida en esta crisis política pos electoral.

Marisa Matías, representante de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE) recomendó la máxima transparencia para que ninguna duda sobre el proceso electoral quedara sin resolver, ninguna discrepancia sin verificar, ninguna ventana sin abrir, y ningún voto sin recontar si así lo demanda cualquier partido o candidato.

Al día siguiente, el vocero de la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró este mensaje, animando a partidos y candidatos a utilizar el camino institucional para canalizar sus demandas. Al mismo tiempo, la Alta Representante subrayó la necesidad de salvaguardar el derecho de manifestación y realizó un llamamiento a la calma.

El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, pidió esta semana, a través de un comunicado, a los actores políticos acatar las recomendaciones de los observadores internacionales.

El TSE en conferencia de prensa ayer dijo que contarían voto por voto de las actas que han denunciado tienen irregularidades, y llamó a los candidatos a respetar el triunfo de quien quede. Sin embargo la Convergencia contra el Continuismo y la Alianza de Oposición contra la Dictadura emitieron un comunicado en el que exigen que se realice un examen forense al sistema informático del TSE y se determine qué fue lo que pasó cuando se cayó y la tendencia comenzó a cambiar drásticamente en favor del presidente Juan Orlando Hernández. También llamaron a la población a expresar su repudio contra el fraude en las calles. No se pusieron de acuerdo en una posible impugnación de las elecciones y la exigencia de que se repita el proceso, las condiciones del actual contexto lo impide.

El Estado de sitio se ha suspendido en 7 departamentos del país y en ciudades como San Pedro Sula y Tela,  en los que sigue vigente ya se acortó de 10: 00 p.m. a 5 a.m. En San Pedro Sula poco se respetaba ya, las compañías de taxi trabajaban 24 horas como siempre y en las calles se vía mucho movimiento de noche. La capital industrial no se detuvo.

Y mientras tanto el candidato presidente… El Partido Nacional convocó a las calles ayer para pedir la paz en Honduras, una paz que pasa por imponer el gobierno de Juan Orlando Hernández por 4 años más.

* * *

Militares contra miles

La militarización consumada

Uno de los pilares fundamentales en campaña política del candidato presidente Juan Orlando Hernández fue la elevación a rango constitucional de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), un brazo armado que creó en 2013 y que diseñó para seguir sus órdenes. Fue en el gobierno de Hernández que los militares salieron a las calles y tomaron las riendas de actividades que antes solo hacía la policía, una policía desacreditada y en pleno proceso de depuración por estar coludida con el crimen organizado.

Cuando mataron a Kimberly, la primera noche del toque de queda en el sector Villanueva de Tegucigalpa, los vecinos notaron que la Policía Nacional se atravesaba con sus patrullas para impedir que la Policía Militar disparara. “Cuando los policías azules llegaban los calmaban, cuando dejaban solos a los de la PM, estos nos atacaban”, es el relato de vecinos y familiares.

En las postas policiales de Tegucigalpa y San Pedro Sula hubo fiesta el día en que los policías decidieron hacer huelga de rifles caídos el tercer día del toque de queda. Sonaba “JOH es pa fuera que vas”, mientras la gente les llevaba comida y agua para compartir. La situación se tornó tensa cuando la Policía Militar intentó ocupar las postas policiales que estaban en huelga. Todo quedó en roces.

La Policía Preventiva junto a sus unidades Cobras, Dirección Policial de Investigación (DPI), Tránsito y el escuadrón Tigres decidió desobedecer órdenes de represión contra manifestaciones en el marco de la crisis política y en medio de un toque de queda. En dos comunicados dejó claro que su lucha no es por aumentos salariales o mejores condiciones de trabajo, como lo insinuó el general Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad, sino por violación a los deberes de la institución. Una violación que les ordena matar, torturar y secuestrar contra su voluntad en un estado de sitio decretado desde la noche del viernes 1 de diciembre. Esa imagen de que el policía no es aquel que reprime, sino el que previene, la han intentado fortalecer de un tiempo hacia acá. La nueva currícula de la Policía Nacional que ha pasado un proceso de depuración desde 2011, incluye clases de Derechos Humanos, pero por eso no ha dejado de ser letal.

El deterioro democrático que terminó de evidenciarse con estas elecciones se había concretado después del golpe de Estado tras dar a las Fuerzas Armadas mayor poder recibiendo órdenes directas del presidente Hernández a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Este consejo decide qué se pone en secretividad y qué no, en qué se invierten los recursos destinados a seguridad que aumentaron considerablemente para fortalecer la PMOP y cómo actúan las estructuras de seguridad nacional.

El 3 de diciembre de 2011 se aprobó un decreto de interpretación del artículo 274 de la Constitución de la República en el sentido de facultar a las Fuerzas Armadas para realizar funciones específicas de la Policía Nacional, cuando se declare excepcionalmente un estado de emergencia en materia de seguridad pública, mediante un decreto ejecutivo emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Tan solo dos días después, se declaró el primer estado de excepción, el cual fue prorrogado en tres ocasiones.

En abril de 2013 se creó la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia que responde directamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Esta dirección constituye una estructura independiente de otros ministerios e instituciones con el objetivo de recabar y ofrecer información precisa y confidencial a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial antes de tomar decisiones en materia de represión del crimen, trabajando con unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre extorsiones, sicariato, narcotráfico, así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social. Desde su creación, su titularidad y los cargos de mayor rango han estado en manos de militares; y aunque en teoría es una instancia de inteligencia civil, todo indica que el criterio militar es el que prevalece en la ejecución de las políticas aprobadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Recomendamos: Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: corazón de la dictadura en Honduras

La Policía Militar creció en detrimento de la Policía Nacional. Desde 2011 que comenzó el proceso de depuración tras el involucramiento de policías en asesinatos y actividades de narcotráfico, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, ha informado la cancelación de cuatro mil 374 miembros de la Carrera Policial desde que fue instalada el 12 de abril de 2016. Aun no se sabe cuántos han sido llevados a tribunales para asignarles una sentencia de corte penal y no solo un castigo administrativo. A pesar de las múltiples denuncias sobre el accionar criminal de las fuerzas de seguridad, el presidente actual ha optado por militarizar y robustecer las fuerzas armadas como respuesta ante la violencia, que sigue siendo fatal.

Según el doctor en DDHH, Joaquín Mejía en su artículo El discurso militarista y sus efectos de poder: «los últimos gobiernos han adoptado una serie de medidas que han cambiado radicalmente el modelo constitucional e institucional sobre la seguridad pública, con el fin de confiar a las Fuerzas Armadas funciones relativas a tareas regulares de seguridad ciudadana, al control de los centros penitenciarios y a la educación de niños, niñas y jóvenes ».

La percepción de la población hondureña con respecto a la PMOP era de mucha confianza antes de estas elecciones. En una encuesta realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en 2016, las Fuerzas Armadas y la PMOP eran dos de las 5 instituciones con mayor confiabilidad en la población. Esta idea de que los militares son los que guardan la seguridad y fortalecen la democracia se difundió por diversas vías, una de ellas, la más estructural es la aplicación del programa “Guardianes de la patria” como parte de la formación de niños en barrios y colonias controlados por maras y pandillas para que adopten actitud militar ante la violencia que les aqueja. Este es un ejemplo de cómo las Fuerzas Armadas comenzaron a controlar cada espacio de la sociedad haciendo labores que no les competen, como labores educativas.

La acumulación de tensiones entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas está reventando en esta crisis política, a pesar que ambas instituciones hacen énfasis en que son apolíticas. Dos días entes de las elecciones, la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas salió a denunciar en medios de comunicación que diputados, alcaldes, empresarios y el ejército estaban coludidos en tres crímenes de alto impacto, dijo hacer esta denuncia hasta este momento porque acaba de obtener los informes que lo prueban. Además denunció que el gobierno actual tenía un trato con maras y pandillas para desestabilizar el país durante y después de las elecciones.

Estalla todo y también la policía da sorpresas sublevándose. En el guión siguió la denuncia el comisionado de policía depurado Aldo Oliva quien va más allá y asegura que desde Casa Presidencial se ha ordenado asesinatos y hace un llamado a las Fuerzas Armadas a dar un paso al lado del pueblo así como lo hizo la Policía Nacional.

Durante el estado de excepción decretado por el ministro de la presidencia, Ricardo Álvarez, el Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH) contabiliza 14 personas que han perdido la vida en forma violenta todas en represión de protestas, 51 han resultado heridas, siete de ellas gravemente heridas, 148 personas detenidas por el delito de Robo Agravado, 91 expedientes penales han sido abiertos en Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula. Violaciones que son por parte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al informe, cuatro de las personas fueron asesinadas durante la aplicación del toque de queda y nueve en operaciones militares en barrios, colonias y aldeas de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y El Progreso.

En el funeral de Kimberly tres agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) decían indignados que no era el primer incidente que ellos investigaban tras el toque de queda. “No es correcto que disparen, no se puede enfrentar un ciudadano con una piedra con otro que lleva un fusil”, decían, mientras varias mujeres susurraban que para qué llegaban a preguntar si todo mundo ya sabía que el caso se quedaría en la impunidad, si nadie confía en los uniformados.

 

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Durante la audiencia inicial de los 33 detenidos en San Pedro Sula, un grupo de unos 50 militares se forman frente a la estatua de la diosa Temis. Se forman y levantan los toletes en símbolo de protesta, están encapuchados y no dicen nada. Bajan los toletes y se trasladan a la entrada de los juzgados. La audiencia se da entre militares. Los familiares que esperaron ver a sus hijos y que se fueron sin verlos, se asustan: “están listos para golpearnos si nos revolvemos”, dice una joven esposa de uno de los acusados.

En la audiencia les dictaron sobreseimiento definitivo a los 33 por el delito de asociación ilícita. A 3 les dictaron sobreseimiento provisional, a 2 sobreseimiento definitivo (a estos ni siquiera los capturaron en el perímetro donde sucedió el hecho) y a 28 auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas por el delito de tentativa de robo agravado. El daño sufrido esta semana no se resarce fácilmente.

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Es hora de almuerzo en la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula. Hace calor y los militares se quitan la chaqueta, están descansando. La capitana Eny Vega, sale con un pequeño libro en mano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es risueña, el panorama es agradable, como si en ese sitio no hubo detenciones arbitrarias, gritos y llantos durante todas las noches después del toque de queda. La capitán asegura que no hubo detenidos la noche anterior, aun cuando las autoridades del Conaprev verificaron que hubo 4 y uno de ellos era menor de edad. “Ah, esos eran mareros”, dice Vega, sin embargo este batallón no es un centro de detención autorizado. “Mire lo que ando en mi mano, el libro de los derechos humanos, lo estamos leyendo, todo lo que se hace aquí es en base a la ley”, explica y luego me pide mi número de teléfono para agregarme al chat de Fusina.

EL primer mensaje de la mañana en ese chat es una cita bíblica: 1 Timoteo 4:12-16 | Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina… (v. 16).

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