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Una captura que se debe a la presión popular

Dos años se cumplen del asesinato de Berta Cáceres. Dos años acompañados de protestas, denuncias e impunidad. Justo este día que se cumplen dos años, las autoridades de investigación hondureñas dieron captura al expresidente de la junta directiva de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), Roberto David Castillo Mejía, quien es considerado como uno de los autores intelectuales del crimen.

La captura se dio en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, cuando Castillo se preparaba para salir del país, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público concretaron la acción.

Castillo es el noveno sospechoso del crimen de Berta, pero sus compañeros, familia y la comunidad internacional piden ir más allá de capturar a los autores materiales.

“Nosotros estamos pidiendo la captura de los miembros de la Junta Directiva de DESA, ellos cuando asesinaron a mi madre tenían a varios funcionarios y ellos eran los encargados de la campaña de odio hacia mi madre”- dijo Olivia Zúniga, horas antes de la captura en un plantón frente al Ministerio Público de Tegucigalpa. Zúniga es ahora diputada en el Congreso Nacional y ha propuesto la “Ley Berta Cáceres” que cancelaría concesiones a empresas de producción hidroeléctrica especialmente el contrato que el Estado sostiene con DESA. La moción es fundamentada en las ilegalidades que tienen estos procesos y que incluso en su momento fue denunciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

El propio Partido Nacional, principal impulsor de proyectos como DESA también reaccionó ante esa iniciativa. Gladys Aurora López, diputada por el departamento de La Paz y una de las principales funcionarias acusadas de tener vínculos con la industria hidroeléctrica, aseguró que ahora toca esperar el procedimiento correspondiente y que en su momento será el pleno el que decida si esto tiene eco o no.

Lea además: Violencia sigue en comunidades después del asesinato de Berta Cáceres

Para este viernes 2 de marzo, el plantón en exigencia por justicia se dio en el Ministerio Público. Luego del plantón en el que participaron aproximadamente unas 400 personas, un grupo de la organización de Cáceres se reunió con las autoridades del Ministerio Público, quienes detallaron los avances en las investigaciones.

El Ministerio Público, en un comunicado, amplió las pruebas que incriminan a Castillo, y es que la ATIC afirma que Castillo fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesados por el asesinato.

A la fecha suman nueve personas detenidas por este caso, entre ellos: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio,  Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

Por su parte DESA reaccionó a través de un comunicado en el que asegura que Castillo es una persona que no está vinculada con el crimen, por lo cual recalcó que harán todas las gestiones legales correspondientes para ponerlo en libertad.

Además manifestó que ellos están comprometidos con la justicia, y que esperan que verdaderamente den con los responsables del crimen, pero que en este caso el señor Castillo es inocente de los cargos que le imputan.

La captura generó reacciones de diversos sectores, uno de ellos, el de los involucrados, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras a través de sus plataformas digitales oficiales, dijo que esta captura se da gracias a la presión de la comunidad internacional y del movimiento popular hondureño.

En ese sentido, exigieron profundizar las investigaciones contra todos los implicados, especialmente los autores intelectuales del crimen.

El proceso judicial contra Castillo sigue su curso, él enfrentará las audiencias en un juzgado de Tegucigalpa, donde se determinará si el imputado se defiende en libertad o en el caso contrario será enviado a prisión preventiva.

Una mujer indígena lenca sostiene una pancarta en la que se exige justicia por el caso de Berta Cáceres durante el plantón realizado en horas de la mañana de hoy 2 de marzo, frente al Ministerio Público, a dos años de la muerte de la ambientalista. Foto: Martín Cálix

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