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Los funerales de Honduras

En el Colegio Médico de Honduras (CMH), un grupo reducido de personas rindió homenaje la semana pasada a Daniel Urrutia, Andrés Paz, Julio Arbizu y el vocero de la Misión de Apoyo contra la Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, agradeciendo su esfuerzo por la lucha contra la corrupción diciendo ¡Misión cumplida! Pero las renuncias de este equipo Maccih se dieron ante múltiples obstáculos de las instituciones nacionales como de la misma Organización de Estados Americanos (OEA) para que la Misión fuera fallida. Un acto que parecía el funeral de la lucha contra la corrupción.

En otro punto de la capital, el mismo día del homenaje, el fiscal general, Oscar Chinchilla quien podría reelegirse en el cargo, junto con el presidente Juan Orlando Hernández daba los avances en procesos investigativos, destacando avances en la lucha contra el narcotráfico. “Estos resultados mandan un mensaje de un Ministerio Público muy fortalecido y por eso destacamos el trabajo de Óscar Chinchilla. Les damos todo el mérito que se merecen”, agregó Hernández, dando el espaldarazo para la reelección de Chinchilla en la elección de agosto próximo. Chinchilla agregó que se aumentó de 500 a 940 fiscales y la meta es llegar a tener 2000.

La elección del fiscal general en agosto comienza a generar propuestas. En su cuenta de Twitter, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, opositor del gobierno actual, propuso al exfiscal del Estado Edmundo Orellana del Partido Liberal, también a Luis Javier Santos, actual fiscal de la Unidad de Fiscales Especiales contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) quien ya ha sufrido atentados y amenazas por su lucha anticorrupción, Víctor Fernández exfiscal del Ministerio Público y actual dirigente social y a Omar Menjívar, exfiscal también y abogado del movimiento social hondureño.

Chinchilla y la Maccih trabajaron los últimos meses para la creación de la Unidad de Fiscales Anticorrupción y para que casos como el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) avanzaran, Mayor se acercó al fiscal, sin embargo no fue suficiente para sostener las investigaciones que comenzaban a tocar estructuras criminales dentro de los poderes del Estado, sobre todo de los diputados en el Congreso Nacional y casos como el que involucraba al presidente Lobo Sosa con el cartel de los Cachiros y redes de corrupción en el concesionamiento para el desarrollo de hidroeléctricas. También se comenzaba a mencionar redes que tocarían al gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Mayor advirtió antes de irse que compañeros de su equipo ya sufrían intimidaciones y amenazas por el trabajo de investigación y claramente el Estado de Honduras no está dando las garantías para continuar. “Ya hay compañeros amenazados de muerte, han hackeado correos personales; esto no es de personas decentes. Hay 40 personas que siguen trabajando en UFECIC y espero que tengan apoyo internacional. Honduras no se merecía este espectáculo”, dijo.

Por su parte, el juez internacional Daniel Urrutia, acusó a Luis Almagro, Secretario de la OEA, de estar vinculado con los corruptos que le temían a la MACCIH. Esos sectores corruptos que manejan la institucionalidad.

Ese mismo día, el día de todos los funerales, con los floreros en las mesas, antorchas que simbolizaban aquel elemento que hace unos años impulsó la creación de lo que ahora era la MACCIH; la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaraba inadmisible dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto Nacional, mejor conocida como “Pacto de Impunidad” por blindar a más de 60 diputados, incluyendo al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva de ser investigados por la Maccih y el Ministerio Público por el drenaje de fondos públicos a través de ONGs. El caso que la Maccih llamaba “Red de diputados”.

“Es muy grave la declaración de inadmisible a dos recursos de inconstitucionalidad contra #PactodeImpunidad, que la OEA admita su responsabilidad. Pudimos hacer más pero tuvimos muchos enemigos. También estoy indignado como ustedes. La corrupción en Honduras es tan impune que sigue sin castigarse a pesar de dejar huellas, los sobornos los pagan con cheques y allí están. Los políticos de Honduras no entienden que no deben robar y si siguen así las cosas serán peores. Nosotros nos vamos pero ustedes se quedan”, reaccionó Juan Jiménez Mayor antes de irse.

Y como si ese día no había sido suficientemente catártico, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó a la misma hora que el evento del Ministerio Público, un informe sobre redes de corrupción que ellos han preparado y presentado ante las autoridades y que siguen sin dar respuestas desde el año pasado. El CNA presentó 6 líneas de investigación en las que el Ministerio Público no ha avanzado por tratarse de altos funcionarios del Partido Nacional: desfalcos en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Secretaría de Salud, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y Despacho de la Primera Dama período 2010-2014, casos que podrían ser mucho mayores al del mismo IHSS.

Como resultado del análisis de contratos adjudicados por seis (6) instituciones públicas se identificó el monto de 401,996,468.16 lempiras, alrededor de 17 millones de dólares, que mediante la adquisición de bienes o servicios generaron variaciones en los costos que fueron cotejados con los precios reales de mercado, generaron un perjuicio para el Estado de Honduras de 195,299,178.97 lempiras, unos 8,300,007 de dólares.

Desde 2014 al 2017 el CNA ha presentado 67 líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, de las cuales únicamente 10 han sido judicializados.
En el caso de venta de medicamentos sobrevalorados al sistema de salud público es una red de 383 funcionarios públicos y 4 personas particulares las investigadas, denunciadas desde mayo de 2017, más 112 funcionarios en venta de insumos a hospitales.

En el caso de dos hidroeléctricas, Patuca III y el Campamento Aguán en Arenales, Yoro, 4 funcionarios investigados entre ellos Roberto Martínez Lozano, exgerente de la ENEE que habría pactado varios contratos con empresas de los líderes del cartel de narcotráfico de Los Cachiro para lavar dinero y drenar 17 millones de lempiras en estos proyectos.

El actual magistrado de la CSJ, de la sala de lo penal, José Odilio Rodríguez, fue señalado por un caso de corrupción que desfalcó el Instituto de Formación Profesional (INFOP). Además de presentar acusaciones contra la exprimera Dama Rosa Elena de Lobo por el desfalco al Programa de asignación familiar (PRAF).

Y aunque parecía que el funeral ya había culminado con los diferentes homenajes brindados a Juan Jimenez, la semana finalizaba el viernes con la caravana de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, liderada y convocada por José Manuel Zelaya, quien en entrevista con Contra Corriente afirmó que solo queda apelar a la moral, por eso la caravana terminaría frente a las oficinas de Naciones Unidas al no poder llegar a la OEA, volviendo al clamor por una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

Aunque el mensaje de Jiménez Mayor con su renuncia a la Maccih fue fuerte, Zelaya asegura que a él ya nada le sorprende, y en su opinión la Maccih debió hablar antes, así como el CNA y todos quienes intenten dar nombres en estos momentos.

La caravana fue de noche, por sectores que en Tegucigalpa se han mantenido en resistencia, una insurrección que se hace después de las horas laborales, recorriendo calles en vehículos, cantando la famosa canción “Joh es pa fuera que vas”, exigiendo que todo se vuelva a elegir, que el Estado se rediseñe.

La convocatoria de la Alianza para el día siguiente fue continuar la insurrección y juntarse en un plantón frente a las cárceles de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, para exigir liberación de “presos políticos”.


El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad emitió un comunicado el sábado que llevó como acción impedir la visita en las cárceles y lanzar a las carreteras a policías y militares. “De forma insistente Nasralla y Zelaya están buscando liberar a los delincuentes de alto riesgo, con los cuales están aliados para volver a los disturbios, bloqueos de calles, incendios, saqueos, agresiones y violencia, amenazando a las personas y extorsionando con “impuesto de guerra’, lo que impide que los buenos hondureños puedan ir a sus trabajos, llevar a sus hijos a las escuelas, paralizar el comercio y hasta impedir que las personas reciban atención médica orillándolos a la muerte… todas estas estrategias de Nasralla y Zelaya, que tienen como fin buscar confrontaciones y fomentar violencia, al mismo tiempo de promover su alianza con organizaciones criminales, han sido identificadas por las agencias de Seguridad, y el Estado tomará las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la población”, reza el comunicado.

Ante este comunicado, la Alianza de Oposición contra la dictadura canceló el plantón frente “El Pozo” destinado para el domingo, dejaron solos a los convoys militares, cobras y policía preventiva que se podían visualizar en las carreteras principales que llevaban al punto de encuentro. Fuera de “El Pozo”, al menos 100 personas en fila esperaban poder dejarles, al menos, la comida a sus familiares presos.

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“El que ríe de último ríe mejor”, dijo Jiménez Mayor en su propio homenaje despidiéndose de Honduras, mientras algunos acompañantes lloraban. Algo murió con el terremoto en la Maccih. Mientras tanto, Honduras queda sumido en la impunidad, encerrado y sin posibilidades de tener una misión independiente para investigar las redes de corrupción ya conocidas pero que siguen operando.

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