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En la mira de la Policía

Si hay un preso político, ferviente activista y líder comunitario, ése es Edwin Espinal.

Algo pasó en el golpe de Estado que lo cambió, dice su hermana menor Mirna, algo hizo que Edwin se indignara tanto que convirtiera la calle, la lucha popular, en su trinchera más importante. Esa trinchera ha hecho que ahora su familia sufra su ausencia. Edwin está preso en una cárcel de máxima seguridad acusado de incendio agravado y otros daños en perjuicio del Hotel Marriot de Tegucigalpa. Por el mismo caso, Raúl Álvarez guarda prisión en la Tolva, la misma cárcel donde se encuentra Edwin. Ambos tienen más que esa protesta del 12 de enero de 2017 en común: fueron blancos de la Policía Nacional anteriormente.

Edwin creció en un barrio conflictivo de Tegucigalpa, la colonia Flor del Campo. De allí, tuvo que emigrar para poder construir la casa a su madre y aportar a la economía familiar. Edwin vivió seis años en Estados Unidos, trabajando día y noche para ayudar a su familia y cuando cumplió la meta regresó a Honduras, apenas a un año del golpe de Estado.

«La situación era caótica, en ese momento nos preocupamos por su salud pero sabemos que él tiene convicción. Él no estaba allí para ganarse méritos con los políticos, lo hacía por vocación, por ayudar al prójimo, el ve la situación del país, cómo ha empeorado», cuenta Mirna.

Edwin perdió a su novia Wendy Ávila quien murió en una represión en las afueras de la Embajada de Brasil durante las protestas contra el golpe de Estado y donde Manuel Zelaya se refugiaba después de ser derrocado. Edwin fue  un fiel militante del Frente Nacional de Resistencia Popular. Allí encontró de nuevo el arraigo tras su regreso de un país ajeno.

Hermanas de Edwin Espinal. Foto: Martín Cálix.

Edwin no les contaba mucho a sus hermanas Delmis y Mirna. Su pareja  actual, Karen Spring, cuenta que en el caso de Edwin existe una persecución directa  por parte de la Policía contra él. En 2010 Edwin fue retenido por 5 policías quienes le aplicaron gas pimienta y shocks eléctricos para pedirle información y amedrentarlo por ser seguidor de Manuel Zelaya. Edwin había sido testigo de un asesinato extrajudicial de la Policía en 2009 y eso le trajo problemas. Él denunció a esos policías y cada semana llegaban  a amenazarlo, cuenta Spring.

Después, en 2013 la familia de Edwin tuvo que mudarse de casa. A pesar que la colonia Flor del Campo tiene control de maras y pandillas, a los vecinos no les han cobrado extorsión, sin embargo a ellos los llamaban para pedir el famoso «impuesto de guerra». Pero el lenguaje y la forma de hacerlo les hizo sospechar que era la policía, aún así denunciaron y al momento en que huían de la casa, la Policía en lugar de resguardarlos los hostigó para que les mostraran sus cosas personales.

«Estábamos afuera de la casa. Ellos (los policías) rompieron portones, llavines, puertas, hicieron muchos daños a la propiedad» narra Mirna a lo que Delmis agrega: «me imagino que esto era de la misma persecución a la familia, porque él también se opuso a la construcción del campo de fútbol porque ahora es privado. Estar fuera de la casa fue horrible, pensábamos que podía ser tomada por mareros, había un tiempo en que las casas se dejaban solas y ellos se adueñaban de las casas», explica.

A Edwin no le daba miedo, incluso puso una bandera del Frente Nacional de Resistencia Popular en su casa. Estaba bien identificado.

Es que Edwin estaba involucrado en varias luchas y en su barrio lideraba la resistencia contra la privatización del campo de fútbol en la administración de Ricardo Álvarez como alcalde y Porfirio Lobo Sosa como presidente.

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En el tiempo en que Edwin sufría persecución policial, Raúl era  policía.  Ambos estaban en bandos contrarios, hoy comparten celda en La Tolva y se les llama por igual: «presos políticos».

La familia de Raúl es de San Marcos de Colón en Choluteca, al sur del país, y migró a la capital para buscar oportunidades. «Así somos los seres humanos, siempre nos movemos para buscar mejores condiciones y resulta que nos encontramos con lo peorcito», dice Jeaneth, su tía. Ella desprecia el barrio donde vive en Tegucigalpa, está muy incómoda con su condición de pobreza moderada.

«Yo les decía que andar allí en la calle era peligroso, este país es complicado usted». Dice Jeaneth, su hijo y su sobrino Raúl salían a manifestarse tras las protestas post electorales, como mucha gente de su barrio, la Venezuela. Y Raúl tenía razones personales también, había sido depurado de la Policía Nacional hace un año aunque con la promesa de regresar a sus funciones.

Desde 2016 hasta la fecha se han depurado 4445 policías de distintos rangos, sin embargo este proceso ha sido cuestionado porque no ha bajado el nivel de colusión de las autoridades policiales con el crimen organizado, además de que los policías depurados quedan despedidos pero libres sin procesos judiciales por sus faltas.

El abogado Benedicto Santos, coordinador de la red de solidaridad con los presos políticos conoce el caso de Raúl y asegura que es muy complicado por su condición de policía depurado. Varios oficiales en esa categoría rodeaban a los liderazgos de la Alianza durante la crisis, el caso de Henry Osorto Canales, subcomisionado de policía depurado es el más relevante.

«Raúl lideraba las tomas en la Centroamérica Oeste y ahora está acusado por daños agravados e incendio agravado contra grupo Intur y el Hotel Marriot. Por acumulación pueden ser de 6 a 12 años de prisión lo que le esperan», explica el abogado Santos, sin embargo ya lograron extinguir el peor de los delitos: tentativa de asesinato contra más de 100 huéspedes del hotel en aquella protesta antes de la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández.

Reporte de Diario La Tribuna. Foto: Martín Cálix.

El caso de Edwin y Raúl lo ve un juez de jurisdicción nacional, Claudio Aguilar, hijo del magistrado suplente Sixto Aguilar. El juez Claudio Aguilar tiene ya varias denuncias por prevaricato y por atrasar procesos de apelación en la Corte, también ha sido señalado por el periódico digital Confidencial, propiedad de David Romero, como un juez nacionalista.

Pero la mayor evidencia de que el juez Aguilar tiene la práctica de engavetar las apelaciones es que el caso de Edwin y Raúl está en apelación y no avanza en los tiempos que debería. Mientras tanto, ni la revisión de medidas ayudó a Edwin a salir de la Tolva para defenderse en libertad.

Karen Spring,  visitó a Edwin con un carnet de visita especial hace unos meses y lo notó con bajo peso. «No les dan suficiente comida, no hay agua y sólo les llega por 10 minutos. La Tolva y El Pozo están bajo control militar y eso cambia la dinámica, no son centros penales civiles», explicó.

Karen tiene 9 años de vivir en Honduras, ya tiene una familia. Sin embargo, después de las visitas a La Tolva, a Karen le pusieron una alerta migratoria y desde que salió a inicios de año de Honduras, no ha podido regresar con el temor de ser deportada del país.

Edwin estaba muy susceptible a la crisis política de 2017. En 2009 perdió a su novia, despertó como dice su hermana, pero en 2015 vivió algo más dramático. Justo en el momento en que se destapa el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social, su madre muere de un problema en el corazón mientras era atendida en el IHSS.

«Mire, en esa cuenta de víctimas del IHSS iba mi mamá, porque ni sabemos si los medicamentos que le daban eran de harina», agrega Mirna. En ese momento cuando las calles se inundaban de indignación, el sistema de salud mostraba su verdadera cara, la cara de la precariedad y la corrupción. Ese dolor y esa indigncióin se acumularon en las elecciones pasadas, en una gran masa de jóvenes, pero sobre todo en personas como Edwin que se reconocían como víctimas directas a pesar que no se sabe a ciencia cierta cuántas víctimas dejó el desfalco.

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Jeaneth Lagos es comerciante, es perito mercantil pero como no hay trabajo entonces vende cosas. Está recolectando todos los papeles que le piden para tener el carnet de visita en la cárcel. Es la única de la familia de Raúl que intenta hacerlo. «Él me ha dicho por teléfono que él perdió todo por andar en las protestas, perdió a su mamá porque a raíz que él cayó preso su madre enfermó y se regresó al pueblo, perdió a su hijo, porque su esposa estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo, y a su esposa de quien no sabe nada», relata Jeaneth.

«El abogado dice que todos son presos políticos por terrorismo. Lo que yo sé es que Raúl está bien mal, está amarillo, no come, ha perdido peso, en tres meses ha perdido como 30 libras, bien delgadito», cuenta la tía. Raúl apenas tiene 25 años y es el menor de los hijos de su hermana.

Raúl estudió en el colegio, nunca había pensado en migrar a Estados Unidos pero ahora su tía dice que si él llegara a salir, simplemente lo mejor es que pida asilo en el norte.

Jeaneth Lagos, tía de Raúl. Foto: Martín Cálix

«Yo no le voy a mentir que no anduve en las protestas del barrio, casi todo el barrio iba, íbamos con las amistades, ahora están callados, no dicen nada, uno no entiende, los que  dicen una cosa hoy mañana dicen otra, aquí montón de gente aceptó que le pusieran su techito y la gente se conforma con nada, allí están contentos y calladitos, la pobreza hace cualquier cosa, por una bolsa solidaria o un techito la gente cambia.

Este gobierno ya todos lo conocemos, es el mismo anterior, no podemos esperar cambio cuando es el mismo Presidente de hace 4 años. No me gusta opinar sobre política y religión porque es peligroso, mire Raulito, pobre, a él nadie lo conoce, él se va colado con Edwin», cuenta Jeaneth, mientras muestra las fotografías de Raúl cuando era policía, cuando se graduó del colegio, selfies y demás.

Tanto Jeaneth como las hermanas de Edwin no conocen bien cómo va el caso, pero agradecen el acompañamiento del Comité de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) que se ha encargado de la defensa de los casos.

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michel Forst, visitó Honduras hace una semana y mostró preocupación por la situación de los derechos humanos pero no se refirió a cómo esta situación se ha agravado tras la crisis política, con denuncias graves como vejámenes realizados contra personas presas por diversos actos en las protestas, contra los presos políticos que ni siquiera son aceptados por el Estado.

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Mirna y Delmis hablan mientras la sala de su casa en la que conversamos con ellas es rondada en todo momento por las sobrinas de Edwin, sólo escuchan su nombre y una rompe a llorar. Edwin no se había separado de ellas, la mayor de sus sobrinas nació durante el golpe de Estado y quizá por eso también él no quiso regresar a Estados Unidos. «Las consecuencias de esa militancia para todos y para él han sido grandes», dice Delmis con cierta serenidad, mientras todo el ambiente se rompe con el llanto de las niñas.

«Aquí ya nadie quiere protestar. Una noche del toque de queda aquí varios jóvenes fueron detenidos, uno apareció al día siguiente muerto en una calle cercana aquí. Nadie quiere acabar muerto o preso, por eso ya ni el cacerolazo se oye», dice Mirna como extrañando el sonido de las cacerolas, o la emoción de salir a las calles a manifestarse.

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Jennifer Ávila Contributor
Directora de Contra Corriente
Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.
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