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El Progreso, donde la policía retrocedió

Una semana y cuatro días después de salir de prisión, Johnny Salgado ahora se encierra en casa. Teme salir a la pulpería en la comunidad que lo vio crecer, Berlín –una colonia de El Progreso en la salida a Tela y donde los manifestantes interrumpían el paso al litoral atlántico durante los días de la crisis post electoral–, porque debe pasar por la posta policial, que aunque no funciona después de ser quemada en las protestas de diciembre de 2017, representa la institución que le ha dañado la vida, que lo mostró en medios de comunicación como un delincuente peligroso y que le quitó su libertad por 4 meses.

Cuando a Johnny le preguntan cómo se siente cuando le dicen preso político, se pone nervioso, dice que él nunca ha sido político, que los políticos nunca le han dado de comer y que la policía lo agarró porque les quedaba cerca, era una presa fácil. Pero Johnny sí fue a las protestas, su esposa Elena dice que ella no salió pero que cuando podía auxiliaba a las personas que huían de la policía que tiraba gases lacrimógenos y disparaba contra los manifestantes que corrían a buscar apoyo en las casas de su cuadra.

«Yo allí tenía un balde de agua y cómo no le iba a ayudar a la gente, si son humanos», dice Elena, una mujer fuerte que comienza susurrando y termina hablando acalorada, indignada.

A Johnny lo acusan de portar ilegalmente una escopeta y un escudo de la policía. En El Progreso departamento de Yoro durante las protestas que se dieron al ser nombrado Juan Orlando Hernández presidente reelecto, varios enfrentamientos entre manifestantes y policías preventivos y militares terminaron con la huida de las fuerzas policiales y manifestantes posando en fotografías con sus trofeos de guerra: escudos, botas, protectores, cascos. A los escudos les pintaban Fuera JOH.

El Progreso era estratégico para la toma de carreteras. Esta ciudad es el paso hacia el atlántico, pero también históricamente representa un punto de resistencia permanente. Durante el golpe de Estado, luego en 2015 y después con la lucha contra el peaje y la concesión vial que el presidente Hernández ha promovido, El Progreso siempre ha sido una piedra en el zapato para los gobiernos, quedó archivado en la historia hondureña del siglo XX como un lugar de resistencia ciudadana.

Jhonny muestra fotografía de su captura. Foto: Jennifer Avila

Johnny es un hombre sencillo, toda su vida fue albañil e intentó irse dos veces para Estados Unidos a trabajar allá con sus hermanas que migraron hace muchos años. Pero siempre encontró excusas para regresar, al final su vida está en esa casa que él construyó, en la cuadra donde él construyó la mayoría de las casas. En ese mismo sitio cerca de la posta policial donde él mismo trabajaba reparando cualquier cosa que se dañara. Dice que esos escudos pesan y que le acusan de andar una escopeta y uno de esos escudos «ni correr bien puedo yo», dice este hombre pequeño y corpulento.

La policía de investigación ha sido denunciada en los puntos donde hubo detenidos tras las protestas, por abuso de autoridad, por allanamientos con violencia, tratos crueles e ilegales. Cuando la policía llegó a casa de Johnny, llegó golpeando puertas. «Me dijeron: “hey vos perro salí de allí”. Tuve que abrir la puerta por miedo que me llevaran mis niños, no les bastó y me registraron la casa y todavía al llevarme no les bastó y a la vuelta me pusieron una bomba, abrieron la bomba le pusieron el tambo y el gas se esparció adentro de la casa donde había niños», continúa con su narración.

En un video tomado desde la casa de enfrente se ve cómo suben a Johnny a la paila de la patrulla de la Policía y después desde otra patrulla se bajan alrededor de 5 oficiales de policía y sigilosamente entran de nuevo al solar de Jhonny y entran a la casa que está a la par y dejan una bomba de gas. En segundos salen corriendo una mujer con una niña en brazos, otros niños gritando, llorando, ahogados por el gas.

En esa semana que apresan a Johnny, el presidente había ordenado limpiar las carreteras, habían pasado 4 días de un paro total en el norte del país, no había auto que pasara de la capital a la costa norte, a ninguno de los puertos importantes del país. Las barricadas eran duras, mucho fuego, muchachos encapuchados y en varias, personas que se quedaban atrapadas denunciaban que sucedían asaltos y actos violentos.

Hubo confusión en los hechos en que atrapan a los 8 hombres que caen presos en El Progreso, Yoro.

«Es injusto cómo nos encerraron, 8 éramos hay 7 presos todavía. Puros chavalos», cuenta Johnny quien compartió centro penal con el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, nacionalista y el exalcalde de San Pedro Sula, Oscar Kilgore también nacionalista. Compartió espacio pero no condiciones. Mientras estos políticos involucrados con el crimen organizado y con actos de corrupción vivían en zonas exclusivas dentro del penal, con aire acondicionado, cocina, dándose lujos, Johnny dormía en el suelo, porque en un camarote de dos pisos, ponen al preso nuevo en el suelo, debajo del camarote, luego otro encima y uno último en el colchón de arriba. Johnny le pedía a su hijo que ya trabaja que le diera dinero para alquilar noches en la cama, que aunque le tocara dormir con otro preso en una cama unipersonal, eso era mejor que dormir en un hueco en el suelo.

Allí en el Centro Penal, Johnny conoció a los demás acusados durante las protestas. Uno de ellos, Gustavo Cáceres quien fue capturado el mismo día que él. A Gustavo lo acusan, además de portar arma ilegal de portar artefactos de guerra. Gustavo se dedicaba a vender agua en la calle y el día que lo agarran, se quedó en la calle viendo lo que pasaba, un grupo de encapuchados no dejaban que les tomaran fotografías mientras destruían semáforos y evitaban el paso hacia San Pedro Sula. Un pelotón de policía preventiva y otro de policía militar llegó a la zona a desalojar y hubo disparos, explosiones, mucho gas.

«Gustavo no debe ser completo porque él viviendo tan largo, un día que no pudo trabajar y quedarse allí es una locura», dice Jhonny. Y quizá tiene razón en que Gustavo tiene limitaciones mentales.

La madre de Gustavo, María Elena Ayala, no sabe cuántos hijos parió –6 tuviste mamá. –Le dice Justin de 11 años, el menor de sus hijos. Tampoco sabe cuántos años tiene –52 años mamá, eso tenés. –Vuelve a interrumpir el niño. Justin lleva las cuentas, ayuda en las compras y sabe que su madre tiene las limitaciones que también tiene Gustavo, uno de sus hermanos mayores. Pero a Gustavo no le han hecho un análisis psiquiátrico, bajo coacción le hicieron confesar que era de él un arma que le pusieron de frente y unas bolsas con marihuana.

Justin y María Elena, familia de Gustavo Cáceres. Foto: Martín Cálix.

Pero que Gustavo está gordito y hasta novia ha encontrado en el Centro Penal, dice una abogada defensora de derechos humanos que acompaña los casos de El Progreso. Es que en la casa diminuta donde vivía Gustavo, un cuarto con una cama, vivían 4 personas. La pobreza extrema y la violencia de su barrio, eso es peor que estar en prisión. Johnny le decía a la madre de Gustavo que no le llevara arroz y frijoles que eso comían todos los días, pero doña María Elena le lleva siempre a la prisión lo mejor que puede, arroz y frijoles hechos por ella.

Gustavo creció en la calle, nunca fue a la escuela, no pudieron comprender su deficiencia, nadie sabe realmente qué tienen él y su madre, pero no los aceptaron en la escuela. Así que Gustavo comenzó desde muy pequeño trabajando en la calle, haciendo mandados, halando cosas, cuenta su hermana Mercedes, ella habla con enojo, para el Estado Gustavo fue siempre invisible. Mercedes siente que lo engañaron al ser detenido para aceptar sus delitos,  así como lo han engañado quienes lo contrataban pagando lo que querían ya que Gustavo no sabía contar.

Johnny es el único acusado de El Progreso que ya salió en libertad condicional. Fue defendido por el abogado Merlyn Bonilla, un hombre que conoce la brutalidad policial en carne propia. Hace 5 años, su hijo Narcy Bonilla que ahora tendría 28 años, fue asesinado por 3 policías en la aldea de Agua Blanca al sur de El Progreso. Él con su tenacidad llevó a los tribunales a estos policías que al final fueron condenados, al final de 4 años de impunidad, tiempo en el que él estudió derecho para poder defenderse y poder defender a personas como Johnny. A Bonilla la crisis le hace escuela y Johnny ahora se defiende en libertad por la defensa técnica que él hizo. La fiscalía no supo qué responder ante la corte de apelaciones cuando Bonilla presentó los abusos a los que fue sometido Jhonny, uno de los más graves, haberlo obligado a firmar una declaración donde acepta los cargos aun cuando Johnny nunca fue a la escuela. Johnny tampoco sabe leer ni escribir, igual que Gustavo.

Pero con Gustavo la defensa está más atrasada y éste sigue en la prisión. La familia no sabe ni quien lo defiende, no entiende de qué lo acusan y parece que están resignados.

Quien lo defiende es Marcelino Martínez, un abogado muy conocido por su militancia en el movimiento popular de izquierda en El Progreso. Marcelino está concentrado específicamente en dos casos: el de Néstor Alméndarez y Marvin Godoy, acusados por el asesinato de un policía el 30 de diciembre.

«La policía quería dar una imagen de efectividad ante lo que ocurría, pudo haber sido cualquiera el acusado», explica el abogado además que los jueces usan la figura jurídica del mínimo indicio algo que se reformó con el cambio en el Código Procesal Penal en sus artículos 184 y 332 A y B, en el primero agregan los delitos relacionados con Armas de Guerra y Terrorismo, de lo que  también acusan a Gustavo.

Marcelino Martínez, abogado defensor de Gustavo, Marvin y Nestor. Foto: Martín Cálix

En el caso de Marvin y Néstor, Martínez asegura que ellos estuvieron en la protesta donde se dio la confusión y el asesinato, él mismo también estuvo por allí. Pero las declaraciones del testigo protegido no concuerdan con las posibilidades de que estos acusados hayan disparado desde el tejado de un edificio contra la cabeza del policía. Hubo petardos grandes en la protesta dice el abogado, y es posible que con uno de estos se le diera en el casco al policía y que este no resistiera.

Doña Virginia Arias, madre de Marvin tampoco sabe quién defiende a su hijo. Trabaja todo el día para mantener a sus hijos y más ahora que el mayor está preso. Marvin la ayudaba con los ingresos de la casa que él hacía vendiendo verduras en la salida a San Pedro Sula. Apenas hizo hasta sexto grado, se dedicó a trabajar desde pequeño. Doña Virginia vive detrás de una maquila en El Progreso, siente que toda la ciudad le da la espalda y que así pasa con su hijo, que está en prisión y que le dan la espalda, él simplemente es un nadie. Cuando preguntan por él parece un milagro y doña Virginia se llena de esperanza, solo con que alguien se acuerde que él está preso por andar en las protestas, porque ella cree que él jamás atentó contra la vida de nadie.

Miembros de la policía se quejan cada vez que pueden que las organizaciones de derechos humanos no velan por sus derechos, que cuando un policía muere no se da tanta relevancia como cuando muere un manifestante. Pero las cifras son arrasadoras, en la crisis post electoral: por un policía muerto hubo 43 personas civiles asesinadas, en su mayoría por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Y luego se acusa a estos hombres pero el Estado niega que son presos políticos. «Todos son presos políticos, pero el Estado en toda su persecución política evade esto con figuras jurídicas limpias de esa responsabilidad. Ha dejado la línea de acusar por delitos comunes graves como la posesión de armas graves, sin tener dictamen por parte de expertos para decirnos qué clase de explosivos especiales se usaron allí, qué clase de explosivos de guerra»; agrega Martínez.

Posta policial quemada en Berlín, El Progreso, Yoro. Foto: Martín Cálix.

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Karla Patricia y Donatila Reyes están sentadas en el puente donde en diciembre había una barricada permanente. Es 1 de mayo de 2018 y ellas quieren que se recuerde a su esposo y su hijo, respectivamente, que están presos tras las protestas post electorales. Mientras los sindicatos y gremios se ponen de acuerdo con activistas de LIBRE en si se toman el puente o siguen avanzando, en que si esperan más gente porque el 1 de mayo está decadente, estas señoras se sientan junto a Elena, esposa de Johnny quien a pesar que sabe que su esposo al menos tiene libertad para defenderse, hay 7 presos políticos más. Esperan y son como invisibles.

Karla es esposa de Olvin Villanueva, no tienen hijos, han intentado pero nada. Ella agradece ahora no tener, porque no sabe qué haría con su esposo en la cárcel y ella con un hijo cuando quien proveía la casa siempre fue él. El 25 de diciembre Olvin estaba en el campo de fútbol, pasando la resaca de la navidad, allí le cayó la policía. Dice Karla que lo que enfureció a los policías es que Olvin los filmó con su celular deteniendo a dos de sus vecinos.

Donatila en su casa en El Porvenir, El Progreso, Yoro. Foto: Martín Cálix.

«Él sí había estado en protestas en esa vez cuando andaban las avionetas así que supongo que lo tenían vigilado. Yo no iba, sólo lo miraba desde la casita que tenemos ahí por un bordo, esta era la primera vez que él iba a protestas solo porque escuchó de ir a pelear el derecho al voto, había votado por Nasralla», dice Karla. A Olvin lo acusan de robo agravado e incendio agravado en perjuicio de la seguridad de Honduras, por la quema de la posta en Berlín, cerca de la casa de Johnny.

Olvin era taxista, no era muy afín a las protestas antes pero dice Karla que sí, ahí andaba todo el mundo, incluso los niños que gritaban «Fuera JOH», y nadie pensó que esto traería estas consecuencias.

La gente en su comunidad lo apoya pero nadie quiere salir a protestar, ni siquiera el 1 de mayo que ya es casi costumbre. «Claro, la gente no quiere terminar como él, la policía local conoce a todos en los barrios, la gente tiene miedo», continúa  Karla con su relato sin estar segura de saber qué está pasando con el caso de su esposo, ella cree que Marcelino lo defiende pero Marcelino no lo menciona como uno de sus defendidos.

Donatila no se despega de sus dos hijas adolescentes, de 15 y 16 años que dejaron la escuela porque parecen estar convencidas que la escuela no es para ellas. Su hijo Danny Banegas es otro niño, tiene 18 años y tampoco estudiaba, trabajaba en un taller de enderezado y pintura, llegó hasta sexto grado. Danny andaba en el parque el 25 de diciembre, andaba buscando el wifi del pueblo, para hacer lo que los jóvenes hacen con su celular inteligente en un día de ocio.

Danny iba a ver cómo estaban las tomas de carreteras, no pudo trabajar todos esos días y se quedaba en las protestas. «Usted sabe que al joven le gusta ver», dice Donatila.

El abogado Marcelino asegura que hizo investigaciones de los casos antes de tomarlos, también hubo gente que se infiltró para causar daños, pero tampoco asegura que sean miembros del crimen organizado.

«Hubo casos donde personas desconocidas en vehículos aparentemente en los vehículos que usa la policía, se acercaron a algunos testigos y les ofrecieron hasta 20 mil Lempiras por incendiar la gasolinera frente al supermercado, ese mismo día ocurrió el incendio de la panadería Canela y Trigo, alguien pudo haber agarrado los 20 mil. Esto es una misión psicológica de terror que usan los expertos que dirigen las FFAA. Porque con la participación del crimen organizado lo que hemos venido viendo es una parte del crimen organizado peleando con otra, ligadas al Estado, pudo haber intentos del crimen organizado para incorporarse pero la esencia de este evento no fue ésa, no es la esencia, que el crimen organizado estaba siendo defendida por la oposición, ése es solo el juego mediático», asegura Martínez.

Una abogada que no ha querido agarrar ningún caso pero que sí los conoce cuenta que ella recibió muchas llamadas anónimas de muchachos que pedían que sacara a sus compañeros de las cárceles, voces amenazantes que ordenaban y no pedían apoyo. En muchas zonas de El Progreso se habló de miembros de maras y pandillas controlando las barricadas, pero nada se ha podido confirmar y las maras y pandillas oficialmente se mantienen al margen de las situaciones políticas del país.

Elena, esposa de Johnny asegura que quienes quemaron la posta policial no eran de la zona, que eran de otra ciudad, que nadie los conocía.

«A Johnny lo están confundiendo con un gordo que andaba ahí en moto pero las motos no las conocemos, nunca hemos tenido una», asegura.

Y Johnny sentencia: «Pienso sobre los presos políticos que ya no deben volver a lo mismo porque está macaneado volver a caer preso, a mi ni me gusta andar allí (en las protestas), a mí me llevaron injustamente.

Para mí sí es peligroso seguir viviendo aquí, me pueden agarrar de nuevo ellos y me pueden llevar a las cañeras, y a ellos ¿quién les gana? A mí me decían eso cuando me agarraron: ya te vamos a llevar a las cañeras y reporto que te querías tirar de la patrulla. Allí sólo me tocaba bajar la cabeza. Después de esto tengo ganas de regresarme para Estados Unidos porque allá tengo a mi familia también, tengo mis hermanas. Allá está difícil pero no crea, no es tan difícil, aquí está más feo», agrega, nervioso. Y la perra ladra, Burka, la perra por la que él tampoco peleó con los policías que entraron a la fuerza a su casa, temió que la mataran a ella primero y a ese animal lo que casi la mata fue la ausencia de su amo por 4 meses. Pero Johnny dice  que deja su juicio en manos de Dios y que antes que vivir en el terror, es mejor estar ausente y su familia tendrá que soportarlo, igual Burka.

 

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Jennifer Ávila Contributor
Directora de Contra Corriente
Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.
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