Hoy, a pocas horas de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, Honduras amaneció con el reporte de Associated Press que vincula al director de la Policía Nacional, el recién nombrado José Aguilar Morán con el narcotraficante extraditado Wilter Blanco. A la mitad de la mañana, la Misión de Apoyo Contra la Impunidad (MACCIH), convocó a una conferencia de prensa para informar que investigarán a diputados que falsificaron artículos de la Ley de Presupuesto que garantizaron lo que ellos han llamado “un pacto de impunidad” a favor de diputados investigados por corrupción, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mientras tanto la convocatoria a paro nacional por parte de la Alianza de Oposición suena como objeto que cae al vacío, en el estadio nacional se preparan para la toma de posesión de Hernández, a pesar de que no hay un comunicado oficial que determine que allí será el evento y que han negado acreditaciones a varios miembros de la prensa nacional e internacional para la cobertura.
Un informe filtrado a la AP dice que el comisionado Aguilar Morán ayudó a movilizar un cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína escoltándolo con otros agentes de la Policía hasta la casa de Blanco, esto en medio de una crisis política post electoral debería ser un terremoto, pero en Honduras esto pasa de lejos. La Secretaría de Seguridad llamó a conferencia de prensa hoy pero después de 3 horas de espera, Omar Rivera de la Comisión Depuradora fue quien se presentó para prometer que se reevaluará la cúpula policial y para decir que el informe que utilizó la AP no corresponde al oficio original que obra en el archivo de la Inspectoría General.
La Maccih, por su parte, dio fuertes declaraciones en base a pruebas que muestran cómo en el Congreso Nacional el pasado 18 de enero se discutió y aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto que otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas para todas las investigaciones relacionadas con manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad de judicializar casos de corrupción mientras el Tribunal de Cuentas no determine la existencia de irregularidades. La ley es además retroactiva, porque aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006. Lo que se publicó en La Gaceta no es lo mismo que se discutió, denunció la Maccih, y esto es un delito, no un error.
En este video la Maccih explica cómo se manipuló la ley y la voluntad del pleno de diputados en el Congreso Nacional:
La jueza Alma Guzmán utilizó este artículo de la ley alterado para archivar el caso de la “Red de diputados” en el que 5 diputados estaban procesados por corrupción en manejo de fondos de oenegés. Ante las denuncias de la MACCIH, el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas ha asegurado a medios de comunicación nacional que la Misión quiere desestabilizar el país. Rivera Callejas es el firmante de la Ley y sería uno de los investigados por la Maccih para determinar responsabilidades penales por delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad.
El Congreso Nacional ha nombrado una comisión para “enmendar el error” tras la presión de un tweet de la Embajada de Estados Unidos que se pronunció a través de la encargada de negocios Heidi Fulton.
Esta acción es un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción. El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error. https://t.co/xnJFZ5rSpE
— Chargé Heide Fulton (@USAmbHonduras) 24 de enero de 2018
“En política no hay errores involuntarios”, dijo tajante Jiménez Mayor y agregó que serán investigados por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad en la Corrupción (UFECIC), también el Ministro de Finanzas Wilfredo Cerrato, la comisión de dictamen del presupuesto en el Congreso, el vicepresidente Rivera Callejas y el director del Diario Oficial La Gaceta.
“Desde que llegamos, tenemos las maletas hechas pero seguimos trabajando”, dijo alguien del equipo Maccih tras los señalamientos de injerencia que han hecho desde el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. La Maccih se juega su estadía en Honduras en medio de una crisis política desatada por un gobierno que ha concentrado todos los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas en una sola figura: Juan Orlando Hernández, quien recibirá la banda presidencial por segunda vez consecutiva.
El doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía asegura que es positivo que la Maccih comienza a dar golpes sobre la mesa, pero que en este momento lo que evidencia es que el actual gobierno no dejará que se le investigue y lo mejor que puede hacer en estas condiciones es retirarse del país.
“La Maccih tuvo esta información y otra más antes de las elecciones pero uno no entiende porqué no abrió la boca en ese momento, la ciudadanía tiene derecho a dudar de esta institución. Esto evidencia la naturaleza arbitraria y corrupta del régimen que tomará posesión mañana”, expresó Mejía en entrevista con Contra Corriente.
Mejía cree que el gobierno de Hernández, a pesar de la acumulación de poder y la impunidad de la que se rodea también se muestra debilitado por la falta de legitimidad, el descrédito por el fraude evidenciado por la misma Organización de Estados Americanos (OEA) y un diálogo que no prospera.
Militar resguarda una de las entradas al Estadio Nacional. Fotos: Martín Cálix.
“Con esa debilidad el gobierno tiene que comportarse como un sicario en tres dimensiones: comprando voluntades como lo hizo en el Congreso Nacional para reelegir la junta directiva, aquellos que no puede comprar los reprime con la fuerza militar que lo hemos visto y siendo un gobierno lacayo de Estados Unidos, ese gobierno que es lo único que sostiene a Hernández. Lo que va a pasar mañana es una etapa de transición que comenzó con las elecciones y ahora abre la nueva etapa que implica lavar el fraude y la inconstitucional reelección con un diálogo”, agregó.
Para Mejía en Honduras se demuestra la diferencia entre la dictadura y la democracia. “Amnistía Internacional en su informe dijo algo fundamental: en Honduras no hay espacio para que la gente se exprese libremente y si lo hace se enfrenta a la fuerza represiva del Estado. Ésa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. La ciudadanía conciente no podemos sentarnos a un diálogo convocado por el máximo causante de la crisis política, porque el factor desestabilizador fue la reelección inconstitucional y ése es el tema principal que debe llevar un diálogo, el segundo es el fraude electoral”, concluyó.
Hasta este momento no hay confirmación de la presencia de presidentes de otros países a la toma de posesión, el Partido Liberal publicó un comunicado en el que llama a sus diputados a no participar de la toma de posesión del Presidente y el despliegue militar comienza a hacerse efectivo en los alrededores del Estadio Nacional , mientras la Alianza de Oposición contra la Dictadura no ha tenido mucho eco en el llamado a protestar contra el gobierno y seguir denunciando el fraude electoral.
