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Los nadie y una guerra por los recursos

Texto: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

1. Las víctimas de Warunta

–Miska tonta, no entendés que no podés entrar aquí. –Alba Sofía Macier lo cuenta y de la rabia le salen lágrimas, le tiembla la voz cuando recuerda la escena en la que un militar le gritó así cuando ella preguntaba por el cadáver de su primo, Patricio Pravia, asesinado por miembros del ejército en la comunidad de Warunta en Ahuás, Gracias a Dios, el pasado 19 de mayo de 2018.

Desde adentro de la casa donde provisionalmente viven Denia Soto (24) la viuda y doña Sara la madre, se escucha una voz: «los miskitos no valemos nada aquí». Doña Sara llora, le tiembla la quijada y su rostro agrietado se comprime. Hace apenas una semana, su hijo menor –el seca leche– murió en un tiroteo perpretado por militares asignados a la Fuerza de Tarea Conjunta en la comunidad de Warunta en Ahuás en el que también murieron 2 jóvenes más. Llora y mira a su nieta de apenas 4 meses que allí en el suelo a la par de ella toma de la leche de su madre que también llora.

En pocas horas Alba Sofía acompañará a la esposa de su primo muerto y a otras viudas y madres a Tegucigalpa. Apenas hablan español y nunca han ido a la ciudad, pero van porque creen que sólo allá escucharán su clamor de justicia.

Mujeres, madres y viudas de las víctimas de Warunta esperan el avión que las llevará a Tegucigalpa en la pista de Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix.

Como si el tiempo y las circunstancias se pusieran de acuerdo, el día que las familias partían a Tegucigalpa, en Puerto Lempira se daba la primera audiencia del juicio oral y público contra el oficial de la policía de investigación Alex Robelo asignado a una misión especial en conjunto con la DEA. Pero a Robelo lo acusan sólo por el asesinato de Emerson David, uno de las 4 víctimas que cobró una operación conjunta entre Honduras y la DEA para la recuperación de drogas hace 6 años.

Conocido como el Foreign-deployed Advisory Support Team, o equipo de asesoría con despliegue en el extranjero, sus integrantes recibieron entrenamiento militar para combatir a traficantes de opio vinculados al Talibán en la guerra de Afganistán. El programa después se expandió a América Latina en 2008 con el fin de combatir el narcotráfico trasnacional, y desembocó en los enfrentamientos violentos en Honduras en 2012, según reportes del New York Times.

A seis años, las familias de cuatro personas asesinadas en Ahuás que siguen arañando justicia, se cruzaron por unas horas con las nuevas víctimas, las que comienzan el camino.

Denia Soto y Sarah Macier, viuda y madre de Patricio Pravia, agricultor y buzo asesinado por militares en Warunta, Ahuás. Foto: Martín Cálix

Nueve horas pasaron estas mujeres, madres y esposas de los jóvenes asesinados para llegar a Puerto Lempira en pipante. Sirilo Gómez, el conductor de la barcaza y presidente del consejo comunal, era el suegro de Joval, otro de los asesinados. Su hija Fidelia Gomez de 24 años ya tiene 4 hijos y con el menor de 3 meses de edad pegado a su pecho decidió contar lo que pasó.

Joval era agricultor y así mantenía a sus hijos. Fidelia explica que estaban en casa pero esperaban el pipante que llevaba mercadería para la comunidad, cuando escucharon unos disparos.  Su esposo apenas pudo tomar la camiseta sin ponérsela por salir corriendo a ver lo que sucedía, luego de eso Fidelia sólo recuerda más disparos y un grito: ¡hay un muerto! Ése era su marido.

«Pedimos justicia, eran inocentes, quedamos con niños pequeños ¿cómo van a sostenerse ahora?», dice Fidelia con la voz llena de rabia.

La comunidad se había acostumbrado a la presencia de militares, Fidelia asegura que convivían, ellos llegaron buscando drogas y hasta ahora no habían encontrado nada. A pesar de la pobreza en la que vive, Fidelia cuenta que su marido le apoyaba a estudiar y ya pronto iba a estudiar el plan básico, ahora su destino se ha quedado paralizado.

Sirilo interrumpe de vez en cuando, es el que mejor habla el español y el que acumula más rabia. Antes era amigo de militares, ahora no quiere verlos en la comunidad.

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«Yo le dije al coronel que no quiero la presencia de los militares, si van tendrán problemas, ellos pasan cerca de mi casa, le dije claro al coronel que no piense que este problema se va a calmar, si no llegan se va a calmar pero si llegan esto se va a poner peor», declara como amenaza, no sólo a los militares sino a todo poblador que los apoye.

Y como si fuera el mejor momento, mientras en un salón de iglesia en Puerto Lempira se daba el juicio y las familiares de las víctimas de Wuarunta volaban en una avioneta hacia Tegucigalpa para denunciar a los militares, el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández se reunía en Washington con Preston Grubbs, director interino de la DEA. A su regreso Hernández aseguró que la narcoactividad ha vuelto a tomar fuerza en la Moskitia, a pesar que desde hace 5 años que comenzaron las operaciones conjuntas entre fuerzas especiales militares hondureñas con apoyo del gobierno de Estados Unidos, estaban dando resultados. Ahora, la producción de coca en el sur de América está presionando en la moskitia hondureña y se comienzan a ver de nuevo conflictos en esa zona, dijo el mandatario. «Se buscará detenerlo con mayor presencia policial y militar», expresó sin mencionar los asesinatos de miskitos por estas mismas fuerzas.

«El aumento de la presencia del crimen organizado en Honduras, a partir de julio de 2009, afianzó las estructuras económicas feudales existentes en el país. El incremento del narcotráfico a lo largo de la costa norte de Honduras, fue consolidado mediante el contubernio entre crimen organizado, fuerzas de seguridad y operadores de justicia. La fiesta se agrió, cuando en mayo 11 de 2011, helicópteros portando elementos de la Policía Nacional y de la Drug Enforcement Adminitration (DEA), masacraron a cuatros indígenas miskitos e hirieron a siete, en un operativo de interdicción que culminó en un baño de sangre de personas inocentes. Es a partir de 2012 cuando la intervención estadounidense supuestamente en contra del narcotráfico se comienza a sentir y el Estado de Honduras es presionado para comenzar de forma tardía a desmantelar las bandas de narcotraficantes que prestaban sus servicios a los carteles de México y Colombia», dice una nota de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) que actualmente lleva el caso Ahuás en el que los dos policías antes acusados por dirigir el operativo: Noel Hernández y Luis Vallecillo obtuvieron un sobreseimiento provisional y ningún agente de la DEA está siendo procesado.

El coronel Héctor Cabrera, el actual jefe del estado de la Fuerza de Tarea Conjunta Policarpo Paz García en Gracias a Dios se une al discurso de las fuerzas de seguridad en la región: las comunidades miskitas son altamente tolerantes al narcotráfico.

«La lucha de nosotros es contra el narcotráfico pero usted bien sabe que esos tentáculos corrompen a ciudadanos, gobiernos, a todos, estamos tratando de erradicar esa amenaza. Sobre lo sucedido en Warunta estamos esperando un informe que está trabajando una comisión que se apersonó aquí después de los hechos, conformada por inspectores, medicina forense, investigadores para esclarecer este caso.

Nosotros en las operaciones tenemos las reglas de enfrentamiento que son empleadas en todos los tipos de operaciones, respetando los DDHH, pero estamos librando una lucha, estamos en una guerra, librando esta lucha contra el flagelo del narcotráfico y será esta comisión la que determinará lo que sucedió», mientras explica esto, Cabrera tiene el ceño fruncido todo el tiempo, alrededor de él hay varios agentes de la Policía Militar. Los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta vienen de otras regiones del país, no hay miskitos en esta fuerza.

Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), en lo que va del año han sido dinamitadas 26 pistas clandestinas de aterrizaje de avionetas que no cuentan con autorización de vuelo y que se usan para transportar droga. Según Cabrera todo está mejor ahora.

Héctor Cabrera, coronel de la Fuerza de Tarea Conjunta en Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix

«Es lamentable que estas personas se presten a este tipo de actividad a favor del flagelo del narcotráfico. Nosotros desde que vinimos estamos en constante comunicación con la población, nosotros somos el brazo armado del pueblo, ellos saben de la guerra que libramos aquí pero hay un sinnúmero de delitos conectados al narco como la extracción de madera, tenemos destacamentos de protección al bosque, 3 como Fuerza de Tarea (Tipidalma, Lapiur y Caukira), y el Quinto Batallón», agrega.

Don Sirilo recuerda cuando llegaron los militares a Warunta, llegaron por la droga, pero comenzaron a meterse con ellos por la extracción de madera.

«Una semana atrás yo salí por problemas de enfermos, mi hermana había muerto, yo  traía cuatro tablas de madera de color de caoba y me detuvieron, yo les dije que era consejo comunal y me preguntaron qué era eso, yo les dije que los recursos está en manos de nosotros que ellos andan en misiones de droga no en misión de recursos. Me insultaron, me querían hacer culucas (cuclillas), yo les dije que los iba a enfrentar. A mi regreso ellos ya habían matado. Yo le dije al coronel que sólo me faltaban 3 segundos para tenerlos en la cara, antes, ellos mismos me habían insultado antes…», relata y agrega indignado, casi gritando: «Si ya no podemos ni usar los mangos o la madera nos vamos a enfrentar al Presidente, en tiempos de hambriento no podemos hacer nada y nos matan por eso».

Ermelita Soto, la madre de Darlin Alfred Soto (23 años), el tercer asesinado en Warunta, un agricultor, ha perdido el segundo hijo ya, y ella está anciana, consumida, pálida. «¿Quién me va a mantener ahora?», pregunta. Su primer hijo murió en un accidente de motocicleta y ahora su último hijo que había salido a buscar provisiones que el pipante traía, sólo fue a encontrar la muerte.

«Nunca le habíamos tenido miedo a los militares, convivíamos. Ahora no quiero ver la presencia de los militares, cada vez que los veo y escucho sus tiroteos tengo problemas porque padezco de la presión. Ellos vivían tranquilamente y ahora también porque el problema de la droga ya no se da allí. Antes salían a pescar a cualquier hora pero ahora salir de noche está prohibido, ahora está prohibido cazar iguana, pescar», dice afligida, además porque se sabe atrapada, en su comunidad se vive una guerra, pero nadie allí piensa migrar ¿adónde iríamos?, me preguntan y casi responden: nadie nos entiende, no nos aceptan, no hay lugar para nosotros.

Genaro Wallys y Alba Sofía Macier, familiares de Patricio Pravia. Foto: Martín Cálix

Sara Macier, la madre de Patricio está desesperada en Puerto Lempira, su sobrina la tiene allí refugiada, pero ella quiere regresar a su comunidad, a Crata, donde su hijo está enterrado.

«Cuando me llevaron su cuerpo ni siquiera lo llevaron a la comunidad, lo dejaron allí tirado en la playa. Tirado lo dejaron», dice doña Sara.

Mientras ella llora, Denia, con rabia habla y recuerda lo sucedido.

«A las 8 de la noche escuché ruido de motor, entonces pasó como un minuto y escuché disparos, el motor siempre cruza por el destacamento, como es verano, estaba seco donde estaban ellos, entonces se desviaron y cuando el motor pasó, los militares dispararon. La gente se levantó a ver qué estaba pasando. Mi esposo estaba dentro de la casa, cuando escuchó la bulla salió a ver, él cuando salió vio que había bastante gente, nosotros vivimos cerca del landin, los otros soldados que vienen corriendo por la tierra vienen disparando también».

El pipante lo iban a revisar, pero los muertos no fueron los del pipante, fueron los que salieron a ver qué pasaba.

Patricio era agricultor pero cuando había pesca era buzo. «Antes sólo trabajaba de agricultor pero después aprendió a bucear. Los hombres cuando salen al mar van a bucear, como no hay otro trabajo sólo se puede conseguir de eso. Tengo 4 hijos, me quedé sin marido. El bebé solo tiene dos meses, el mayor tiene 10 años todavía es chiquito. Los que murieron fueron inocentes, ellos nos atacaron», dice Denia.

Las mujeres de Warunta no lloran, aprietan los dientes cuando hablan. Tienen rabia y cargan a sus bebés en brazos. Creen que las tienen que escuchar, porque no se puede matar a su pueblo sin que pase nada.

 

Mujeres abordando avión hacia Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.

2. Advertencia a un guardabosques

Tomás aún tiene en el cuerpo los plomos que le dispararon por defender el bosque en su comunidad. De vez en cuando vuelve y ve su casa vacía, visita los cuatro postes y las cenizas en las que quedó la casa de sus padres y la casa abandonada de su hermano. Hace 9 años tuvieron que huir porque Tomás era guardabosques voluntario del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y sufrió un atentado por denunciar la presencia de personas extrañas que descombraban el bosque en la montaña, donde nace el río Rus Rus en Gracias a Dios, la moskitia hondureña.

A Tomás lo contrataron en el ICF como conductor ganando menos del salario mínimo, con ese sueldo –y ayuda de sus amigos– logró rearmarse el brazo con nueve tornillos, y vivir, aunque sea con una bala que no salió del codo y la cicatriz en su pecho de una bala que milagrosamente no fue mortal.

«Yo reclamé por el bosque y no les gustó, eran unos ladinos de Olancho. Me balearon, me fui para Puerto Lempira y ellos están libres, algunos se mataron entre ellos pero allí siguen algunos», relata, mientras camina por las casas vacías en la comunidad de Rus Rus rodeada de un bosque húmedo al que le antecede un inmenso bosque de pino y un río que ha bajado su caudal. Una calle vacía, donde pasan días y a veces semanas sin que pase un vehículo y un puente colgante remendado con tablas de madera podrida.

Tomás Manzanares, guardabosques sobreviviente a atentado por cuidar el bosque. Foto: Martín Cálix.

En la Moskitia se pierden al menos 50 mil hectáreas de bosque cada año por el avance de la frontera agrícola. Un estudio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) de 2017 establece que   una de las regiones más desafiantes para la garantía de los derechos territoriales étnicos es la región de La Moskitia. Pero es allí, en ese paraíso escondido donde se encuentra una de las reservas más importantes de Honduras, además nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: La Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano.

A juicio de investigadores citados por ACNUR en esta región, coinciden que la difusión de las plantaciones de palma africana en el norte del país representa una amenaza significativa también para los territorios indígenas, puesto que la venta de tierras para dar paso a las plantaciones contribuye a impulsar el traslado de fincas ganaderas hacia el interior de esta región (PRISMA, 2012). La expansión de la ganadería no constituye un fenómeno nuevo en La Moskitia. Sin embargo, hay mucha evidencia de una intensificación de esta actividad, estrechamente relacionada con el crecimiento del narcotráfico en los últimos años (McSweeney y Pearson, 2013). Estos mismos autores insisten en señalar que, los narcotraficantes necesitan controlar el territorio por donde transita la droga, lavar sus ganancias y legitimar su presencia como supuestos ganaderos. La compra de tierras y la siembra de vastos potreros les permiten alcanzar esos objetivos.

Incendio forestal en carretera hacia Rus Rus. Los incendios se dan para despejar áreas que se quieren usar para ganadería, a veces también para sacar a los venados y cazarlos más fácilmente y otras veces simplemente pirómanos, explicó autoridad del ICF.

La respuesta del Estado hondureño –promovida y apoyada por los Estados Unidos– ha sido la militarización de La Moskitia. Pero existe una fuerte preocupación de que la presencia militar no sea utilizada únicamente para frenar el narcotráfico, también puede ser utilizada para resguardar los intereses económicos de personas influyentes en la región, establece la ACNUR.

Aunque la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre reconoce el derecho de los pueblos indígenas a poseer sus áreas forestales, esta ley asigna al Instituto de Conservación Forestal el poder exclusivo en la regulación de los recursos forestales del país (artículo 14), negando así el derecho de los pueblos indígenas a participar, con sus propias instancias de autogobierno, en la gestión y vigilancia de los bosques en sus territorios.

Sirilo Fellman, miembro de uno de los 12 consejos comunitarios tribales en La Moskitia, el consejo de Truxinasta, asegura que  tras la titulación de tierras que comenzó en 2013 con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y continuó con el gobierno de Juan Orlando Hernández después de 40 años de luchar por la misma, el problema que ahora enfrentan es el saneamiento de estas tierras.

«Hay terceros, hay gente que no comparte con la idiosincrasia nuestra, entraron de manera ilegal, hay dificultades», dice Sirilo y recuerda uno de los conflictos que más les generó preocupación en los últimos años. Un enfrentamiento armado en Auka, llegando a la frontera con Nicaragua, cerca de Rus Rus.

Sirilo Fellman, consejo comunitario, miembro de MASTA.

En 2015 un grupo de miskitos decidieron realizar un «autosaneamiento», así le llama, Sirilo, a esta acción. Después de recibir los títulos comunitarios en 2013, la población de Auka hizo denuncias de que el lugar estaba ocupado por ladinos o colonos procedentes de otros departamentos como Colón, Atlántida y Olancho.

Según información publicada en aquel entonces por medios de comunicación nacional el 13 de marzo de 2015 un grupo de miskitos retuvo alrededor de 28 personas, entre ellos niños y mujeres para pedir su desalojo.

Estas personas habían explotado las parcelas de tierra, sembrando arroz, frijoles y montaron fincas ganaderas descombrando varias hectáreas de bosque. Algunos tenían su residencia en Puerto Lempira y otras zonas aledañas a La Moskitia.

«La gente se cansó de tanto reclamo a las autoridades y no había eco, la gente se levantó con sus palos, machetes, hicieron un proceso de autosaneamiento y llegó las autoridades pero la gente ya volvió a invadir.

En el sector de Mocorón que ha sido otra amenaza por la frontera agrícola que ha avanzado por Wampusirpi, están haciendo descombros y apropiándose de manera ilegal. Ellos saquean el bosque, ponen su vivienda, se adueñan del terreno. Lo peligroso es que a veces mandan a sus trabajadores, agarran grandes cantidades de manzanas, agarran otra parte y avanzan. Ha habido muertos en las zonas por el sector de Auka, amenazas a muerte a la gente que vive allí», explica Sirilo.

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Los guardabosques voluntarios son los que se ponen de frente a las amenazas, su trabajo no remunerado es riesgoso en comunidades empobrecidas y abandonadas. Tomás cuenta que antes de su atentado, en 2007, un compañero guardabosques llamado Mario Guifarro fue asesinado junto con su hijo en Olancho. Defendía el bosque.

«Como tienen billete los narcos ellos pueden hacer lo que quieren en la montaña, a veces descombran y es mucha madera la que se pudre porque ni la aprovechan», Tomás lo cuenta y no le tiembla la voz. Apenas llegó a tercer grado pero ha leído cada libro de biología que se publica sobre las especies que viven en los bosques miskitos, esos que él protege con tanta pasión.

Un fiscal desplazado de la zona por recibir atentados por decomisar especies silvestres y madera traficada, asegura que son «grandes» quienes se lucran de este dinero, familias poderosas, políticos del interior, narcotraficantes.

La guerra también ha llegado a las montañas, a los bosques, a las comunidades más escondidas.

En las comunidades miskitas no hay servicios de agua potable. Los niños y niñas halan agua que sacan de pozos que ellos mismo hacen. Foto: Martín Cálix.

 

  1. Estado militarizado: estado de calamidad y emergencia

 

Un día después de las muertes en Warunta, Ahuás, en Puerto Lempira el centro casi se consume en llamas. Un grupo de personas intentaron quemar las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta, saquearon el único banco del pueblo y la única farmacia. El alcalde, José Edgardo Saicon declaró estado de calamidad y emergencia a raíz de esto. No hubo dinero circulando en Puerto Lempira durante una semana y los militares pidieron refuerzos, el pueblo tuvo bajo custodia todas sus calles por parte de la Policía Militar.

«Nosotros estábamos reclamando por el cuerpo para que lo trasladaran para enterrarlo. Mi prima me contó a mí que su hermano estaba muerto que estaba tirado en sol a las 12 del mediodía del domingo y lo habían matado la noche anterior a las 8», cuenta Alba Sofía. Buscó a los militares en el muelle, pedía información del traslado, si ellos eran responsables, que al menos los llevaran a enterrar. Pero no, no le dieron respuesta. Por eso, ya molesta, con otro grupo de personas se movió a la Fuerza de Tarea y allí tampoco le dieron respuesta.

«Mi jefe dice que sólo puede pasar una persona, yo le dije que no podía entrar sólo una persona, él (mi esposo) es una autoridad civil, juez de policía de la municipalidad, nosotros queríamos entrar con él y me gritó: ¡Miska tonta! ¡Usted no entiende lo que le estoy diciendo, ya puede ser Juan Orlando o quien sea, no los voy a dejar entrar!», y faltaron pocos gritos más para que el ambiente se caldeara y las personas que estaban alrededor se enojaran.

Genaro Wallys, juez de policía de la municipalidad, les advirtió que tuvieran cuidado a los soldados.  «Usted grita así porque anda moteado pero le quiero decir que nosotros somos de una raza humilde y por eso nos grita así pero tenga cuidado porque somos humildes pero somos unidos.

–A mi me vale verga, nos dijo».

«Los miskitos no somos como perros o animales, incluso cuando matan a un perro el dueño lo reclama, sólo queríamos que enterraran el cuerpo, nos miran no como personas sino como animales. Así esperamos.

Y nos dejó esperando de nuevo, hasta las 4 de la tarde. A eso de las 5 de la tarde la gente comenzó a recoger piedras y tiraron y uno de los militares disparó por el portón y cuando él disparó el pueblo se levantó. Yo les expliqué a los MASTA que los militares nos tomaron fotos a escondidas, yo les he mandado a decir que no piensen hacer más daño a la familia, nosotros andamos reclamando nuestros derechos, si van a hacer daño a nosotros, los miskitos somos humildes pero cuando estamos enojados las familias piensan hacer. En el interior matan la gente que reclama sus derechos y se queda así nomás pero nuestra raza no es así, siempre se busca la forma para que todo salga a la luz. Yo le expliqué a MASTA que les diga eso a los militares», interrumpe Denia, la prima.

Mientras las familias buscan iniciar un proceso de denuncia, que este caso se lleve a la justicia, el alcalde de Puerto Lempira está contento, en menos de tres días el gobierno central, el mismísimo secretario de Juan Orlando Hernández le ha contestado positivamente, por fin les pondrán la energía permanente en Puerto Lempira. Actualmente solamente tienen energía 4 horas al día, quienes han podido comprar una planta eléctrica o un panel solar son pocos, el resto del día la gente transpira, agitan papeles en la cara, hay silencio. Pero eso va a cambiar porque José Edgardo Saicon ha conseguido que le hagan caso en Tegucigalpa después de declarar su municipio (uno de los tres de la moskitia) en calamidad y emergencia.

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Saicon fue alcalde antes por el Partido Liberal y ahora es alcalde por el partido Libre. «Soy seguidor de Mel», dice con emoción y asegura que él también ha quemado llantas, que también protesta.

Ha recibido la alcaldía con una deuda de casi 9 millones  de lempiras –cuenta– y una mala gestión del antiguo alcalde nacionalista que buscaba su tercera reelección.

«El secretario de estado nos mandó a llamar en un vuelo expresso. Hay más cosas sumado porque en nuestro pueblo pasa un problema que las autoridades no les importa, hay dos zonas pobres: Auka y Tipi, sólo hay oportunidad de sacar madera para subsistir ¿sabe qué pasa? Los militares por 3 pedazos de madera los guardan (encarcelan) a uno. La gente se unió y la Fuerza Tarea no aguantó. No estoy de acuerdo pero a veces el pueblo hace las cosas porque no hay opciones», el alcalde se refiere al enojo acumulado del pueblo contra los militares, los muertos de hace 6 años en Ahuás, los muertos de ahora de Warunta y las restricciones, la falta de acceso a sus recursos.

«Hacemos ataúdes con la madera permutada por los favores. Están sacando madera de Mocorón pero descombran en Auka y Tipi, hay cooperativas pero aquí hay 3 señores que sacan grandes cantidades de madera, uno no es de aquí. Se sabe, pero no se hace mucho», dice el alcalde, un profesor, jovial y activo, le emociona que el presidente ponga atención a la Moskitia y que le ayude a resolver uno o dos de sus 5 promesas de campaña: 1. La luz 2. La construcción de calle. 3. Agua potable 4. Construcción del estadio 5. Continuar pavimentando.

Una de las promesas de campaña del presidente Hernández para su reelección ilegal fue la creación del Plan Alianza de Desarrollo de la Moskitia que se basa en llevar el programa Vida Mejor a esta zona olvidada del país, apoyar a los buzos lisiados con viviendas y titular las tierras.

Buzo lisiado. El gobierno le construyó una pequeña casa que no usa porque no cabe con su familia. Construye poco a poco una de madera. Es tío de un joven víctima de militares en Ahuás, 2012. Foto: Martín Cálix.

Pero el interés en la Moskitia no es únicamente para llevar una vida mejor, en 2015 se hizo la concesión más grande y la única en materia de extracción de petróleo en el país.

La Ofraneh recuenta que la entrega de 35,246 kilómetros cuadrados de la plataforma continental frente a la Moskitia hondureña por un período de cuatro años de exploración, prolongable por dos años más, y de 20 años de explotación, no tuvo la licitación que implicara la presencia de otros postores mas allá del Grupo BG de Inglaterra.

Según el contrato (abril 2013) BG, que luego le vendió a Shell, cancelará «50 mil dólares por la totalidad del área del contrato y en el período de desarrollo y producción un dólar por hectárea de la zona seleccionada para explotación». Las ganancias se repartirán un 50% para el Estado en caso que la producción no supere los 100 mil barriles por día, y de un 58% para el Estado en caso que la producción supere los 100 mil barriles por día; además de un canon simbólico de seis millones de dólares.

El contrato señala la entrega de $250,000 por año para programas sociales en las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, donde habitan los pueblos Miskito y Garífuna; que denuncian en Ofraneh, no fueron consultados de forma previa libre e informada.

Y hay más intereses. Según Elser Brown, director de la organización no gubernamental más antigua de la Moskitia: Mopawi.

«El acaparamiento ilegal de tierras y con ello la deforestación de parte de los que llamamos terceros, vienen a las comunidades, a veces usando conducta de respeto a la cultura local, de no discriminación pero pasados unos meses ya con la confianza traen otras personas, hacen grupos grandes y entonces ya sacan las uñas y entran en problemas con la comunidad. Ellos no agarran pequeñas cantidades de tierra, son grandes extensiones de tierra, los miskitos poco practican la ganadería, sino la economía de subsistencia, pero esta gente viene e instala actividades de ganadería y tienen esta práctica nociva de deforestar todo. Entran en conflicto con la ley que prohíbe esto, 250 metros es la zona riparia que no se puede tocar y es la que más les agrada.

A veces usan la iglesia, se ganan la confianza de la gente que se tarda en dar cuenta que no era una actividad de la iglesia sino que acaparar tierras que venían. En Warunta ellos están socolados, la mayor parte de Warunta, había gente que se dedicaba a cacería y agricultura en menor escala pero han llegado ellos y acaparado las tierras mas fértiles de Warunta, allí no puede entrar uno porque tienen fuerte armamento. Si se sobrevuela la biosfera da tristeza como se están comiendo la biosfera», explica.

Y Brown también habla de represas ilegales, tráfico de madera y todo esto en presencia del ICF, por lo cual también pone en duda de que estas autoridades administren los territorios mientras no se dé la participación de las comunidades.

El agua más comercializada en Puerto Lempira es Agua Pinares. Esta empresa es de Juan Escalante, un empresario local denunciado por construir una represa en una reserva natural, la Posa Marconi. Foto: Martín Cálix

***

 

«Tenemos fe que se hará justicia porque oramos a Dios y Dios sabe todo lo que hace, hay un Dios para los pobres, para los niños huérfanos, para las viudas también. Estos niños sufren, aquí en La Moskitia no hay trabajo no hay otras cosas para sobrevivir pero se lucha, pero ahora lo mataron al padre de estos niños así nomás. Hay un Dios para estos niños también», dice Alba Sofía y ve allí sentadas en el suelo de su casa a su tía y a la esposa de su primo con la bebé pegado al pecho. Y llora. Lloran todas.

«Con esto no se necesitan lentes para ver. Uno de civil cómo va a pelear con el militar, pelear contra el gobierno, el pobre nunca sale ganando ante el gobierno pero ante la justicia sí, ahorita estamos viendo que la justicia se ha perdido, se basa en el poder que se tiene», completa Wallys, su esposo.

Hay un dios para los pobres dice Denia, los militares también creen en un dios para ellos. Ese domingo, un día antes del juicio de Ahuás, un día antes de partir a Tegucigalpa, la iglesia Católica estaba llena,  y allí estaban los militares y policías rezando. «Son nuestros antagonistas los que protestan contra nosotros, se sabe que hay personas que no quieren los militares aquí porque nosotros estamos en guerra con el narcotráfico», dice el coronel Cabrera.

Militar en misa dominical en Puerto Lempira. Foto: Martín Cálix

Don Sirilo no entiende demasiados detalles de esa guerra, sólo entiende que antes era amigo de los militares y ahora ya no, ya no tiene amigos. Y aunque es ilógico que sean flechas y arpones contra armas, ya todo está dicho, los militares no pueden entrar en su comunidad ni así sean enviados por el mismo Presidente.

«Cuando fui a enterrar a mi yerno y regresé investigué y me estoy dando cuenta que unas mujeres puyaron a un militar con arpón pero si hubiera sido fuerte ni tortilla pudiera comer, sólo fue una raspadita, si un hombre con ganas de matar lo hubiera hecho lo hubiera clavado dos o tres veces. Dice que fue enfrentamiento, pero no es así. Si hubo enfrentamiento no tiene sentido que hayan tirado así como les tiraron a mi yerno, le dieron en la boca, uno en la nuca, uno en el pecho, si estuviera peleando no le hubieran podido tirar así, eso está claro. Ellos iban a mi negocio a comprar comida, sacaban hasta fiado. Antes yo hasta les servía comida, era amigo de ellos, era aliado de ellos, y me sucedió a mí, yo ya no tengo amigos militares, ya no quiero, ya pasó la amistad con los militares, ya les digo que no pasen por mi solar, y a quien le de alojamiento, ese alojamiento lo voy a quemar», dice don Sirilo quien después de la misa se aprestaba a regresar 7 horas manejando pipante a Warunta, su hija ya iba en el avión a Tegucigalpa a hacerse escuchar.

Creen que los miskitos somos nadie, decía Wallys, y no es así. Los nadie no entienden la guerra en su territorio que es rico como reserva en recursos naturales, que es patrimonio de la humanidad, una guerra que los deja pobres y muertos. Los nadie gritan y apenas los escuchan, ya no se quieren quedar así.

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Escrito por:

Directora de Contra Corriente. Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.

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