A casi un año de que el país se declarara en Emergencia Nacional por la pandemia y en medio de un rebrote de casos de COVID-19, apenas dos de los siete hospitales móviles funcionan, pero con menor capacidad de la prometida. El Tribunal Superior de Cuentas remitió al Ministerio Público dos auditorías que resumen las irregularidades en las compras realizadas por Invest-h y Copeco para atender la emergencia.
El Instituto Hondureño Cardiopulmonar, también conocido como Tórax, entre junio y julio del 2020 sobrepasaba su capacidad y se había quedado sin ventiladores disponibles para atender pacientes graves por COVID-19, por lo que los médicos decidieron utilizar dos ventiladores de la marca Breas Vivo, adquiridos por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Sin embargo, al quinto día de uso, dos pacientes que estaban conectados a los respiradores murieron cuando estos dejaron de funcionar.
Los ventiladores fueron la primera compra realizada por Copeco para la emergencia. Esta institución a cargo de la emergencia adquirió 90 equipos de asistencia para la tos: Phillips T70, 90 ventiladores Trilogy Evo portable, 40 ventiladores Breas y Vivo 65, todo por un monto de 57 millones de lempiras (2,280,000 dólares). Los ventiladores comprados tenían alertas emitidas por la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos (FDA), la última salió en febrero de 2020.
Un paciente es atendido en el triaje del Hospital Nacional Cardio-Pulmonar el pasado mes de diciembre, a finales de 2020 Honduras cerró superando los 115 mil contagios a nivel nacional según cifras de Sinager. Tegucigalpa, 9 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Suyapa Sosa, jefa de neumología del Tórax, le dijo a Contracorriente que desde enero de 2020 un equipo multidisciplinario había enviado a la Secretaría de Salud especificaciones del equipo necesario para atender la emergencia: «no queríamos que ocurriera lo que siempre ocurre: se compran equipos desechables, sin garantía y solo sirven para robarse el dinero», añadió Sosa.
Pero los ventiladores no solo no funcionaban, sino que también vinieron incompletos, por lo que el Gobierno tuvo que pagar más de 4 millones y medio de lempiras (184,083 dólares) para completarlos. La compra se realizó a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h). Aún con las adiciones realizadas los ventiladores siguen sin funcionar.
«Un ventilador Vivo 50 se recibió dañado con la pantalla mala y otro Vivo 65 tiene fuga internamente, de esto no se ha reportado a ningún proveedor, ya que nunca indicaron quien tenía la garantía o representatividad de dicho equipo, y 13 se encuentran aún en almacén sin uso», mencionó en el documento el personal del hospital Leonardo Martínez, en San Pedro Sula.
La información sobre las muertes forma parte de una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre las compras realizadas por Copeco. El informe fue redactado por el doctor Luis Fernández de medicina interna de cardiología, y en él mencionó que después del incidente en el que murieron dos pacientes recomendaba «fuertemente no utilizar dichos ventiladores, esta recomendación está basada también por la alerta emitida por el FDA sobre el uso de estos dispositivos que consiste en la falla de seguridad en el potencial mal funcionamiento».
Las compras de los ventiladores fueron realizadas por el entonces titular de Copeco, Gabriel Rubí, quien fue destituido en abril tras los cuestionamientos en su gestión durante las compras. Rubí le dijo al TSC que las cotizaciones de los ventiladores las hizo la Cancillería de Honduras en Estados Unidos, y que la ministra de Finanzas de ese entonces, Rocío Tabora, le pidió que solicitara los fondos por el desabastecimiento del mercado. Sin embargo, el TSC señala que Rubí no presentó ninguna documentación que acredite su argumento.
Rubí después de salir de Copeco, regresó al cargo que ocupaba anteriormente: diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional por el departamento de Yoro. Rubí también conforma la planilla de candidatos a diputados por el movimiento de Nasry Asfura, actual alcalde capitalino que enfrenta un proceso de antejuicio por la supuesta malversación de 28 millones de lempiras provenientes de la alcaldía.
Entre otras inconsistencias de la compra de los ventiladores, el informe detalla que las facturas fueron emitidas por la empresa Partners Medical Supplies, Inc, dba City Stair lift, pero el pago se le realizó a International Medical Equipment, LLC. Además no se encontró la dirección en Google www.partnersmedicalsupplies.com descrita en la factura, ni que el correo electrónico info@partnersmedicalsupplies.com.
Otra irregularidad es que Copeco nunca verificó si la empresa era apta para contratar con el Estado de Honduras, si estaba constituida legalmente en su país de origen, ni una declaración jurada en donde la empresa garantizara no tener inhabilidades que en un futuro pudieran causar la nulidad de la contratación.
Sosa indica que en un momento se les intentó obligar a utilizar el equipo, por lo que tuvieron que decir que no lo iban a utilizar debido a las malas experiencias, y documentaron las dos muertes ocasionadas.
La titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, le dijo a medios de comunicación que están investigando las muertes para «hacer un análisis de las causas de esas muertes y ver si realmente tuvieron que ver los equipos y también ver por qué no se revisaron previamente».
Además de eso, Copeco realizó la compra de equipos succionadores para la tos, que no eran necesarios para atender pacientes con COVID-19. La compra de los equipos costó más de 15 millones de lempiras (USD 702,000) y según el informe del TSC, estos se encuentran almacenados en el almacén nacional de medicamentos de la Secretaría de Salud.
Mientras que los ventiladores tampoco funcionan «creo que están en la bodega de nuestro instituto, aunque sé que se ha pedido que se descarguen porque nosotros no queremos saber nada de estos ventiladores que definitivamente no tienen ninguna función», añadió Sosa.
Aunque estas son las primeras dos muertes relacionadas directamente a las compras irregulares durante la emergencia, esta fue la primera de muchas malas decisiones para atender la pandemia.
La eterna espera por los hospitales móviles
A pocas semanas de haber decretado emergencia nacional en el país y ante la inminente idea de que la red hospitalaria colapsaría con los casos, Invest-h realizó la compra de 7 hospitales móviles con su planta de tratamiento de desechos médicos, equipos biomédicos y de bioseguridad, transporte de los hospitales, contratación de especialistas y construcción de los espacios donde se habilitaría. Todo esto por un monto de 1,741,188,839 lempiras (69,647,553 dólares).
El ingeniero German Pérez, representante de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), le dijo a Contracorriente en una entrevista que «con el dinero invertido y que se sigue invirtiendo se hubiera construido un hospital de verdad, con todas las especificaciones que hubiera tardado el mismo tiempo o un poco más, pero nos hubiera quedado un nuevo hospital que habría servido para muchas cosas una vez que pase la pandemia».
Gustavo Irías, director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), añade que los casos de corrupción en medio de la crisis económica que vive Honduras solo indican que los próximos años serán difíciles: “El país está colapsando, sus importaciones y exportaciones han caído y paradójicamente vemos una sobrevaloración del lempira y luego vemos que, a pesar de la millonaria inversión para atender la pandemia, igual la red hospitalaria se ha visto colapsada».
Los primeros dos hospitales móviles comprados por Invest-h llegaron al país el 9 de julio de 2020 y en noviembre llegaron los últimos 3 hospitales, todo esto a pesar de que se habían prometido que llegarían entre mayo y junio. Hasta ahora solo el destinado a San Pedro Sula comenzó a funcionar en octubre de 2020 y el de Tegucigalpa comenzó a operar el viernes 29 de enero de 2021.
El hospital móvil de Tegucigalpa llevaba 6 meses en el país sin haber iniciado operaciones, de acuerdo con un medio televisivo, los módulos tenían 56 fallas que fueron corregidas en un 90 %. El centro de atención se coordina con el Hospital Escuela Universitario (HEU) y aunque inicialmente se contemplaba que atendería a 91 pacientes, se redujo el número a 64 de los cuales se decía que 16 cupos eran para Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 16 de cuidados intermedios y 32 de cuidados básicos con monitoreo de signos vitales.
Sin embargo, en los últimos días de enero se dio a conocer que murió uno de los dos primeros pacientes trasladados desde el HEU hacia el hospital móvil, esto pese a los intentos de movilizarlo nuevamente al HEU porque el hospital móvil no tiene funcional ningún cupo para UCI.
Fachada del Hospital Escuela Universitario ubicado sobre el bulevar Suyapa de Tegucigalpa. 13 de mayo de 2020. Foto: Martín Cálix.
«Hay módulos que están designados para ser de cuidados intensivos, pero como decía previamente para lograr que este hospital funcionara para pacientes de cuidados mínimos e intermedios fue una labor titánica, va a tomar mucho más tiempo lograr tener una UCI en el mismo», dijo Franklin Gómez, subdirector del HEU, a varios medios.
Sinely Díaz, familiar del paciente fallecido, declaró en el noticiero Hoy Mismo que nunca le informaron del traslado hacia el hospital móvil ni de su regreso al HEU: «no se sabe mucho de los hospitales móviles y debería haber alguien para informar si en verdad están preparados para recibir pacientes tan complicados y para tomar la responsabilidad de aceptar traslados, sabiendo que están estables y haciéndose responsable de que los van a mantener estables y no que los van a complicar como pasó con mi tío». Díaz añadió que su tío solo sobrevivió una hora después de ser nuevamente internado en el HEU.
Una de las dificultades para que el hospital móvil de Tegucigalpa comenzara a funcionar era que no se había contemplado que necesitaría un presupuesto específico. Sin embargo, el viceministro de salud, Fredy Guillén, dijo que ya se tenía realizada la transferencia al HEU que ronda entre los 24 y 25 millones, monto que se destinará mensualmente para su funcionamiento.
Guillen dijo en medios que los hospitales móviles «han sido muy criticados por voces sesgadas por política, yo no voy a entrar en controversia porque no es mi fuerte, me gusta más trabajar que hablar. Pero sí es importante mencionar que la gran credibilidad que tiene todo el equipo del HEU nos demuestra que estos hospitales van a venir a apoyar al pueblo hondureño».
Contracorriente intentó contactar a Rony Antúnez, encargado del hospital móvil en Tegucigalpa que anteriormente coordinaba el centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental, pero no respondió a las solicitudes de entrevista. En declaraciones a otros medios, Antúnez dijo que la atención estará disponible las 24 horas y contará con 275 empleados: «es oportuno ver hacia adelante, echando andar el hospital lo más pronto posible, ya hay que dejar atrás cuanto tiempo se tardaron».
Sin embargo, la auditoría presentada por el TSC considera que Invest-h no cubrió la compra con una garantía que asegurara los tiempos de entrega, lo que provocó un perjuicio al sistema sanitario del país, ya que la compra se hizo para «atender a la población del país afectada por el COVID-19 sin mayores dificultades, permitiéndose descongestionar los demás centros de atención sanitaria del sistema nacional de salud, los cuales en su momento se han visto congestionados por falta de capacidad de atención».
Una de las decisiones más cuestionadas es que Marco Bográn, exdirector de Invest-h, hizo el pago total por los siete hospitales móviles sin firmar antes un contrato en el que se pudiera garantizar la calidad de los hospitales comprados o multas por no entregar en tiempos definidos los productos.
Según el TSC el Estado de Honduras debería cobrar una multa de más de 6 millones de lempiras (281,115 dólares) solo por la entrega tardía de los primeros hospitales móviles.
Invest-h al ver los retrasos le enviaba correos a Axel López, representante de Elmed Medical Systems, para que señalara a qué se debía la demora, quien contestó que había restricciones de movilidad dentro de Turquía, país donde se construían los hospitales, pero nunca se hizo una solicitud formal para pedir una prórroga.
El TSC envió un oficio, a través de la Cancillería de la República, a autoridades competentes en Turquía para obtener más información sobre la movilización. La embajada de Turquía en Guatemala respondió que «no hubo alguna restricción tanto para la producción, así como para el transporte de bienes comerciales, para el sector industria ya sea, terrestre, aéreo y marítimo, tanto a nivel nacional como internacional».
Una vez llegaron los hospitales con meses de retraso, nunca llegaron los ingenieros expertos, prometidos por el fabricante, para formar parte de los equipos especializados para la instalación local, tampoco se instalaron en una semana como habían prometido y aún faltan 61 ventiladores mecánicos.
Además, en el documento de oferta que presentó la empresa Elmed Medical Systm dba Hospitalesmoviles.com, se incluyeron fotografías de instalaciones hospitalarias móviles que pertenecen a las compañías Turmaks Health Care Mobile Solutions y SDI Global LLC, ambas con sede en Turquía, de igual manera se presenta imágenes de especificaciones técnicas de módulos hospitalarios ya instalados de una de estas empresas.
«No contaba con experiencia que demostrar, por tanto, recurrió de forma indebida al uso de información que no le pertenece para lograr una venta con el Estado de Honduras, de igual forma no se presentó evidencia que demuestre que las patentes de los hospitales ofrecidos estén registrados a su favor».
El código que aparece en la factura de Elmed Medical Systems es TH663, uno que pertenece a SDI Global LLC, de acuerdo con la herramienta de verificación de la página de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NATO).
Otra de las compras realizadas por Invest-h y mencionadas en la auditoría es la compra de 350 ventiladores mecánicos a las empresas Dimex Médica, a quien se le pagó un 80 % de anticipo por esa compra, y 200 a Grupo Técnico S de RL, a la que se le pagó un 75 %. En ambas compras Invest-h entregó más de 218 millones de lempiras (8,758,500 dólares).
Dimex debía comenzar a entregar los ventiladores en agosto, pero en la auditoría indican que no los han entregado y que ya no podrán hacer la venta total por lo que Dimex solo entregará producto por el total de lo pagado. Sin embargo, el TSC indica que solo por los atrasos el Estado debería cobrar más de 5 millones de lempiras (209,168 dólares) de multa.
En el caso de Grupo Técnico, la empresa indicó que no podía entregar los ventiladores a tiempo «por motivos de fuerza mayor», pero tampoco entregó guías de embarque que le debería suministrar su fabricante, por lo que se analiza la posibilidad de cancelar la orden completa.
Sumado a esto, Invest-h también realizó la compra de 250,000 pruebas para detectar COVID-19 por más de 48 millones de lempiras (1,932,550 dólares) que se dañaron por mal manejo de temperatura y tampoco se ha exigido su reposición. La compras se realizaron a la empresa coreana Bioneer, pero no existe evidencia de que se negociaran los precios con otros proveedores, ni que se le consultara a un experto y por eso Invest-h en un principio solo adquirido kits que eran complementos y no contenían hisopos, tubos, medios de transporte.
Invest-h además realizó un anticipo del 100 % sin establecer garantías concentras, Invest-h realizó gestiones de reclamo ante el proveedor para la reposición de al menos 150,000 pruebas, pero Bioneer le ofreció reponerlas a costo de 2 dólares cada una, en lugar de 7 dólares más el transporte y el seguro.
Otra de las inconsistencias fue la compra de 150,000 mascarillas KN95 a la empresa Access Telecom por un precio unitario de 116.32 lempiras (4.64 dólares).
Contracorriente investigó que la empresa está vinculada a Arturo Osmond Maduro Zelaya, sobrino del expresidente Ricardo Maduro, a pesar de que Bográn dijo que había colocado por error su nombre en la orden de compra. El TSC además reveló que la oferta en mascarillas que realizó Access Telecom fue la más alta, en comparación con otras.
Aunque el TSC ha pedido que el MP realice las acciones correspondientes, hasta octubre del año pasado el MP solo había emitido dos requerimientos fiscales en contra de Marco Bográn y ninguna contra Gabriel Rubí.
Bográn estuvo en prisión preventiva por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios, pero no por las compras irregulares mencionadas anteriormente, sino por el pago del alojamiento a empleados de Invest-h y por otorgar un contrato a su tío, Napoleón Corrales, para la construcción del plantel del hospital móvil en Santa Rosa de Copán. Dos días después de estar preso, el juez que conoce el caso le dictó medidas sustitutivas.
Irías dice que «existe una red corrupta que realmente se ha blindado, en el contexto de casos que llevó la Maccih (Misión de apoyo contra la impunidad y corrupción) vemos que se generaron un conjunto de actos de pacto de impunidad que tiene como propósito evitar la acción penal a los altos funcionarios del Estado, además sabemos que el partido de Gobierno ha tenido una inconsistente práctica del uso indebido de fondos para financiar campañas políticas en años electorales como este».
Al menos 4 de los 13 casos de corrupción que llevó la Maccih cuando existía en el país, uno de los cuales involucraban una red de malversación de fondos públicos para usos electorales, recibieron sobreseimientos en al menos la mitad de los imputados de cada caso el año pasado. Además, muchas de las regulaciones jurídicas que fueron modificadas para favorecer a los acusados por corrupción siguen vigentes.
«La pandemia y luego las inundaciones han sido un contexto favorable para esas acciones de corrupción porque esa impunidad se ha venido consolidando y no ha logrado revertirse. Sumado a esto, la economía en muchos sectores ha entrado en colapso y Honduras va a necesitar muchos años para recuperarse, no hay indicios de que el país vaya a recuperarse a corto plazo», finaliza Irías.
«Del dicho al hecho hay mucho trecho», dicen en la sabiduría popular. Y esto se puede observar en las calles de las ciudades más importantes del norte del país, ante las promesas que siguen sin cumplirse. El 7 de noviembre de 2020, cuando Honduras recién estaba sacudida por la tormenta Eta y se preparaba para resistir a Iota —el segundo ciclón tropical en menos de 10 días—, el presidente Juan Orlando Hernández lanzó la operación gubernamental No están solos. Sin embargo aún se ven miles de personas abandonadas a su suerte, tres meses después de que perdieron todo por las tormentas.
Con un discurso efusivo, acompañado del jolgorio de los medios corporativos, el Gobierno anunció que no dejaría solos a los damnificados del Valle de Sula. Prometió viviendas, dinero y ayuda a miles de hondureños que perdieron la esperanza después de los fenómenos naturales.
En el puente a desnivel ubicado por Chamelecón en la intersección de la CA-5 (rumbo a occidente) y CA-4 (a Tegucigalpa), casi tres meses después de la devastación, encontramos a Xiomara apoyada en una de las bases de la construcción. Desde que la bravura de las aguas del río Chamelecón se llevó su casa en la colonia Morales, San Pedro Sula, ella y unas 80 personas más permanecen en precarias champas debajo del puente.
Xiomara solo tiene 19 años. Cuando llegaron las tormentas estaba embarazada por segunda vez, así que su segundo bebé nació en el hospital Leonardo Martínez, pero vive junto a su madre debajo de un puente. Apenas tiene 10 días y fue dado a luz por cesárea.
Una joven y su bebé frente a la carpa donde habitan desde que Eta y Iota devastaron varias colonias en el sector Chamelecón. San Pedro Sula, 27 de enero del 2021. Foto Délmer Martínez
Los embarazos y jóvenes en la adolescencia son un problema olvidado en un país cuyo Gobierno parece desinteresado por la educación. De acuerdo con el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en el año 2017, Honduras registró 101 partos de adolescentes por cada 1000 embarazos de todas las edades. De acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en el 2019, el país ocupaba el quinto lugar en el ranking latinoamericano en embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.
En el puente, Xiomara ha encontrado un hogar para sus hijos y ella, después que el río Chamelecón arrancara su vivienda ubicada en uno de los bordos protectores. Y ella, esa joven de 19 años, que muerde una golosina y tiene el cabello desaliñado, nos deja una frase que contrasta con lo dicho por el gobernante: «Se olvidaron de nosotros».
En redes sociales se levantó un rumor acerca del desalojo de las personas en puentes y bulevares en las ciudades afectadas. La Alcaldía de San Pedro Sula lo negó, también la de La Lima. A los damnificados tampoco les han notificado nada.
«Nosotros queremos que nos den una opción ¿para dónde vamos a agarrar ? si no tenemos», nos dice Daisy Herrera. Ella vivía en el bordo de la colonia San Jorge, en Chamelecón. Perdió todo y desde hace tres meses vive bajo el puente.
En sus brazos hay una docena de jugos que fueron regalados por buenos samaritanos. Las ayudas ya no llegan con tanta frecuencia. «Se han olvidado de nosotros. Aquí antes la gente venía a ayudar bastante con comida, ahora ya no», reclama.
«¿Y el Gobierno, Daisy?», preguntamos, —mientras el ruido atronador de una rastra apenas nos deja conversar—, «pues yo no sé, aquí no se han asomado. He oído que el presidente ha andado en los albergues, pero aquí no ha venido ni presidente ni alcalde», responde.
Daisy Herrera vivía en el bordo de la colonia San Jorge en Chamelecón. Desde hace tres meses vive, junto a su esposa y su suegra, debajo del puente aéreo en la intersección de la CA-5 y CA-4. San Pedro Sula, 27 de enero del 2021. Foto Délmer Martínez
El 5 de febrero, ese improvisado asentamiento humano cumple tres meses. No hay sanitarios. Tampoco agua y luz. En estos momentos, Daysi se aferra a su fe: «yo digo que Dios puso el problema, él pondrá la salida».
Ella sostiene que la ayuda ha llegado de buenas personas y las iglesias, los entes gubernamentales no han respondido, incluso manifestó que hay activistas del partido de Gobierno que se molestan si a ellos les llegan ayudas: «La cosa no debe ser así. Todos necesitamos».
Les quitaron la luz
En La Lima, epicentro de la tragedia, Eta y Iota siguen presentes. Las lluvias todavía azotan los corazones de miles de hondureños que se mantienen viviendo en maltrechas carpas en el bulevar que conecta San Pedro Sula y El Progreso.
La trocha que va de la Perla del Ulúa a San Pedro Sula sirve de hogar para limeños que residían en colonias que fueron completamente inundadas. Sus casas están inhabitables o ya no existen.
En días anteriores, a través de Radio Progreso, se denunció que las alcaldías del Valle de Sula estaban en plan de hacer un desalojo de las personas que viven en los bulevares. Las autoridades edilicias de La Lima se apresuraron a emitir un comunicado en el cual negaron intenciones de desalojo. Y los damnificados tampoco han recibido notificación especial, aunque no se confían.
Han escuchado rumores acerca de que en 15 días tendrían que abandonar el bulevar, pero desde el terreno oficial esto ha sido negado. No obstante, algunos de los damnificados nos refieren que han llegado empleados municipales a pedirles que se vayan a los albergues. Además, hay un tramo del bulevar cuyo fluido eléctrico fue cortado desde hace dos semanas. La noche es más oscura en esa calle llena de angustias y desesperanzas. «Quieren que nos vayamos», dicen.
Vecinos de las colonias Filadelfia y colonia Martínez viven en bulevar que conecta San Pedro Sula y El Progreso. Dicen que sus casas todavía no son habitables. La Lima, Cortés, 27 de enero del 2021. Foto Délmer Martínez
¿Y por qué no se van?
Ellos no confían, dicen. Don Mercedy, un hombre de 65 años, nos cuenta que una de sus nueras fue llevada a un albergue. «Le prometieron el mundo y no le han cumplido.Tiene un hijo con síndrome de Down y ni al niño le han cumplido todo lo que le prometieron, ¿entonces cómo nos vamos a mover?».
Avanzamos un poco más por el bulevar de La Lima, mientras saludamos a Francisco, más vecinos se acercan. «En la colonia Filadelfia nos tienen abandonados», dice una señora de baja estatura y tez mestiza. «Aquí no ha venido nadie de la alcaldía, ni agua nos traen», menciona otra voz.
Eso sí, ninguno de los vecinos ha recibido alguna notificación oficial de desalojo. Mencionan que han visto al alcalde Santiago Motiño hablar sobre el tema en algunos medios de comunicación, pero con ellos no ha cruzado palabra.
«Vaya a ver esas colonias cómo las tienen y dicen que no están solos. Durante hemos estado aquí, ese alcalde solo vino a dar una cajita de comida, y no nos la daba en la mano, sino que la hacía tirada», nos dice Francisco Galeano, uno de los damnificados.
Su casa está ubicada en la colonia Filadelfia donde ya se ha iniciado la limpieza, pero ellos dicen que todavía no es habitable. «Dicen (en la Municipalidad) que ahí no le meten mano porque ahí no se paga impuestos», sostiene Francisco.
Nos muestran videos y fotos en donde se observa la precariedad en la que han quedado las viviendas. «Todavía hay lodo, una se hunde hasta aquí», cuenta una de las vecinas, tocándose la rodilla. «En la última calle, el lodo está a la altura de la ventana», grita una mujer que recién llega a la plática.
«No es que nosotros queramos estar aquí, estamos porque no tenemos a dónde ir. Ellos no se han preocupado por esta colonia», se queja Francisco.
Hasta el miércoles 27 de enero, todas las personas consultadas que viven a la intemperie, no habían recibido el bono de 5000 lempiras ofrecido por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, quien el jueves 28 se trasladó en su helicóptero presidencial por diferentes comunidades del norte del país, entregando ese dinero. Dio discursos y consejos a los damnificados. Prometió trabajo y préstamos blandos para adquirir una casa. «Deje de alquilar», les aconsejaba el presidente.
A personas como Nubia este consejo no le sirve. Ella residía en la colonia Roma de La Lima, antes de la llegada de las tormentas Eta y Iota. Ahora vive en una champita en el bulevar. Ahí hace tortillas para vender. Con eso se gana la vida.
En esa colonia la limpieza ya inició, pero hay montañas de pestilente lodo y agua estancada. Ella no quiere regresar a su casa, porque su marido está enfermo: «Se me va a morir ahí», expresa, aunque no explica la afección de su cónyuge.
¿Y ustedes ya recibieron el bono anunciado por el Gobierno?, le preguntamos a Nubia, «que nosotros sepamos aquí no ha venido. Rumores que va a venir, pero eso desde que estamos aquí (hace tres meses), solo es la bulla».
Ella relata que los damnificados han recibido apoyo en dos ocasiones de la alcaldía limeña, pero la mayor parte de ayudas han llegado de buenas personas, oenegés e iglesias. «A mí me han anotado para recibir muchas provisiones y no me han venido. Por eso hago tortillas y de eso paso sobrevivo».
Cerca nos encontramos a Yolanda, quien es residente de la colonia Martínez, ella tiene más esperanzas. El lunes 25 fue anotada en un listado para recibir el kit de ayuda que está siendo entregado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la oenegé World Vision.
De acuerdo con una nota publicada por el diario La Prensa ya fueron entregados los primeros 400 kits que contienen una refrigeradora, estufa, cama y un tanque de gas LPG. Esta es una iniciativa privada distinta a la anunciada por el Gobierno como parte de la operación No Están Solos.
Los paquetes prometidos por el Gobierno desprendieron una gran polémica en redes, luego que mencionara que el precio propuesto para cada uno sería de 50,000 lempiras. Incluso el Ministerio Público abrió una línea de investigación en este caso. Zoila Cruz, ministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión (Sedis), dijo en aquella ocasión que rayaba la irresponsabilidad hablar de un valor cuando apenas empezaban el proceso. De estos kits no se sabe nada en los bulevares de La Lima y Chamelecón.
Muchos damnificados no solo no han recibido la atención esperada, otros han sido maltratados después de tanta tragedia. En la colonia La Libertad, pobladores que habían ocupado estas tierras desde hace dos años fueron desalojados.
Esta colonia fue una de las primeras en inundarse tras la llegada de Eta a Honduras. Ahí todas las casas desaparecieron entre las aguas del río Ulúa. Cindy Rodríguez entre lágrimas lamentó que las personas que dicen ser dueños reclamen hasta ahora, justamente después de que perdieron todo. «Eso no es tener conciencia, pero hay un Dios en el cielo. A él se lo dejo todo».
Cindy relató al canal Villavisión que el jueves 28, cuando ocurrió el desalojo, habían más de 40 familias que ya habían regresado a sus hogares. Un juez competente emitió la orden de desalojo. El oficial Daniel Banegas dijo que no hubo uso de la fuerza.
Así viven los damnificados debajo del puente de Chamelecón. La mayoría de los que permanecen en estas precarias condiciones vivían en la colonias San Jorge, San José y Morales 1. San Pedro Sula, 27 de enero del 2021. Foto Délmer Martínez
Enmudecen en las municipalidades
En los bulevares hay rumores de desalojo y evidencias de abandono. En las municipalidades del Valle de Sula hay silencio. No hay respuestas claras y contundentes acerca de cómo tratarán la situación calamitosa que viven estas familias.
Contracorriente contactó sin éxito a la oficina de Relaciones Públicas de la municipalidad de San Pedro Sula. No hubo respuesta alguna. En la comuna sampedrana, al menos desde la oficina del alcalde Armando Calidonio parece que no quieren referirse a este tema.
Calidonio lleva dos períodos al frente de la comuna sampedrana. Su mandato comenzó en las elecciones de 2013, cuando ganó en una reñida y controvertida batalla al candidato del Partido Anticorrupción, Guillermo Milla. El actual edil busca seguir gobernando un tercer período como precandidato de la corriente Juntos Podemos de Mauricio Oliva del Partido Nacional.
Buscamos la reacción sobre el tema del regidor del partido Libre, Antonio Rivera, pero al final no pudo cumplir con la hora pactada para la entrevista. Estuvo ocupado en reuniones todo el día, porque, según el vigilante del edificio donde está su oficina, en rara ocasión llega.
Toñito, como se le conoce en el ámbito política, perdió las elecciones de 2013 y 2017 como candidato a la alcaldía por el partido Libertad y Refundación. Para las elecciones de este año es el precandidato de la corriente de Darío Banegas del Partido Liberal, institución política a la que pertenecía antes del golpe de Estado de 2009. Ahora ha regresado y busca por tercera vez la alcaldía sampedrana.
En El Progreso hablamos con Nohely Girón, coordinadora de la Comisión de Albergues y Ayuda Humanitaria. La servidora pública explicó que en ese municipio llegaron a tener 92 albergues, con unas 15,000 familias en los mismos.
Aseguró que la municipalidad progreseña no permitió que ninguno de sus ciudadanos se quedara en calles y bulevares. En este momento todavía hay dos albergues activos, donde permanecen unas 25 familias. Dijo que mediante una mesa de cooperantes, la municipalidad está buscando soluciones habitacionales. De acuerdo con los registros municipales, 636 viviendas fueron destruidas por las tormentas.
Manifestó que la alcaldía progreseña ya cuenta con un terreno de 10 manzanas para la construcción de viviendas, pero primero se deben construir los bordos de contención, de los cuales se perdieron unos cuatro kilómetros con las crecidas del río Ulúa.
Afirmó que los damnificados que permanecen cerca del puente La Democracia son oriundos de San Manuel, Cortés, pero que la municipalidad de El Progreso «está en la completa disponibilidad de apoyar las acciones para ordenar las ciudades».
Sobre una posible reubicación de las personas fuera de los albergues, declaró que los municipios del Valle de Sula tendrán una reunión para realizar planes en conjunto. «Esto se debe abordar para procurar que el Valle de Sula esté ordenado».
Este medio intentó también comunicarse con la municipalidad de San Manuel, pero únicamente recibió como respuesta que la persona indicada para tratar el tema era el alcalde Arturo Castro(Libre), quien está incapacitado. La oficina de relaciones públicas no ofreció más detalles acerca de la incapacidad del edil y tampoco respondieron cuando consultamos si había intención de reubicar a los damnificados.
La oficina de comunicaciones en La Lima tampoco respondió a nuestra solicitud de entrevista, pero el martes 26 emitió un comunicado negando que se tenga intenciones de sacar de los bulevares. «En ningún momento ordené el desalojo de mis hermanos y vecinos limeños que están en calamidad doméstica», cita el documento del alcalde Santiago Motiño.
Motiño reitera su solidaridad con los afectados y sostiene que continúan realizando gestiones para que estas personas puedan regresar a sus casas. «Seguimos trabajando de forma diaria e incansable en la reconstrucción del municipio», cierra el comunicado.
Damnificados conversan enfrente de una de las 55 carpas que hay debajo del puente de Chamelecón. Ellos dicen que han sido abandonados por la alcaldía y el gobierno. San Pedro Sula, 27 de enero del 2021. Foto Délmer Martínez
«No están solos»
«Vamos a tener que invertir este año lo que teníamos que invertir en los próximos tres años», dijo el mandatario Juan Orlando Hernández ante varias personas damnificadas de El Progreso, Yoro. Estaba entregando algunos bonos con un valor de 5000 lempiras.
Al cerrar su discurso advirtió a los beneficiarios que no podían comprar cerveza con ese dinero. Hubo carcajadas y aprovechó para mandarle un mensaje a sus detractores: «aquí está el dinero, diganle a aquellos que se opusieron a estos bonos que lo lamento mucho», declaró.
El presidente quiso responder a la campaña que inundó las calles hondureñas con la pregunta «¿Dónde está el dinero?», después de la dudosa y sobrevalorada compra de los hospitales móviles, que a nueve meses de su compra, solo funcionan dos. Uno en San Pedro Sula y el otro en Tegucigalpa, que recibió sus primeros pacientes el viernes 29 de enero del 2021. Nueve meses después de la compra.
Y cuando Hernández menciona que «invertirán» lo destinado a tres años en solamente uno, hay que poner atención. Todavía no hay un sitio de transparencia donde el Gobierno publique cómo está gestionando estos fondos.
Contracorriente solicitó vía correo electrónico a Sedis la cantidad de fondos asignada y ejecutada al momento en la operación No están solos y a cinco días, aún no tenemos respuesta.
El Gobierno ha brindado información muy general. Por ejemplo, el presidente de la república anunció que construirá 3500 viviendas para los damnificados en Valle de Sula, pero no brindó más detalles, únicamente pidió la donación de terrenos para las edificaciones.
Esta operación arrancó con la limpieza de las calles de las colonias afectadas, pero el equipo de Contracorriente ha constatado que gran cantidad de colonias en Chamelecón y La Lima continúan sitiados por el lodo.
Damnificados que habitan debajo del puente aéreo de Chamelecón reciben donaciones. Unas 80 familias viven en pequeñas champas desde hace tres meses. Eta y Iota los dejaron a la intemperie. San Pedro Sula, 27 de enero del 2021. Foto Délmer Martínez
También se ha anunciado que se entregarán 60,000 paquetes de ayuda humanitaria, los cuales constan de dos camas,una estufa con tanque de gas, un filtro de agua y otros utensilios de limpieza. El sitio presidencial recoge que el miércoles 27 fueron entregados 119 en Choloma, Cortés.
El ministro de Finanzas, Marco Midence, afirmó que el Gobierno se preparaba para brindar atención integral a 437,000 personas afectadas. Esta atención no ha llegado ni a Xiomara, Nubia o Francisco, quienes permanecen a la intemperie. Ellos dicen que están solos.
El número de mujeres de El Salvador y Honduras solicitantes de asilo en Guatemala aumentó en 300 % en los últimos cuatro años. Dentro de esta población crece, imperceptible, la cantidad de mujeres trans que piden refugio en el país. Francesca, de Honduras, fue la única mujer trans de la caravana migrante de octubre de 2020,que eligió quedarse en el país. Esta es su historia.
Llevaba el pelo negro a la altura de las orejas. Tenía un corte paje. Llegó a Guatemala el 1 de octubre de 2020. Vestía pantalón de lona y una camisa de los Rugrats, una de sus caricaturas favoritas. Hasta ese momento, públicamente, solo se había identificado como hombre gay.
La llamaremos Francesca. Pero no es su nombre. Por cuestiones de seguridad, la organización que la acogió le recomendó no decir su verdadero nombre, ni compartir el contacto de sus amigas, ni de su familia. La historia de Francesca la cuenta Francesca.
Habla rápido, sin pausas. Se muestra elocuente y segura de lo que dice. Mira al frente. Usa mucha jerga de su país, pero de inmediato, explica qué significa. Dice «está largo» para referirse a que ahora se encuentra lejos de su barrio. Guatemala está largo de Honduras.
Es 25 de noviembre. Está de pie a un costado de la que ahora es su cama, en un refugio en Ciudad de Guatemala. La viste con una colcha rosada con estampado de las princesas de Disney. Desde pequeña había querido una así. Pero su familia se la negó. Por primera vez, en 17 años, se identifica como mujer trans. Tiene el pelo rubio, como un amarillo desteñido. Ahora, lleva el cabello a un lado y el fleco le cae al lado derecho del rostro.
Francesca se atrevió a existir en Guatemala, cuando solicitó al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) la condición de refugiada, a finales de 2020. Le permitiría tener un documento de identificación personal oficial y un permiso para trabajar. Un papel, el permiso, poco práctico porque las empresas privadas, bancos y hasta instituciones estatales no lo aceptan porque lo creen falso.
La única solicitante de asilo trans en Guatemala, de la segunda caravana de migrantes hondureños de 2020, se llama Francesca. Ella fue una de las 486 personas que pidieron refugio en Guatemala el año pasado. De este grupo, 13 se autoidentificaron como lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual —persona con características biológicas masculinas y femeninas— o queer —individuo que se percibe fuera de las categorías preestablecidas— (LGBTIQ+).
El número de mujeres que pidieron asilo en el país creció un 300 %, entre 2016 y 2020. Once de ellas fueron mujeres trans. La última fue Francesca. Para entender este aumento, hay que pensar en cómo la política del Gobierno de Donald Trump limitó las posibilidades de pedir asilo en EE. UU. y en cómo forzó en 2019 a los países del norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) a constituirse como «países seguros», sobre el papel, para los migrantes que buscaban protección. Los tres países y México endurecieron su seguridad fronteriza. Y las caravanas fueron cada vez más reprimidas, muy lejos de EE. UU.
El bloqueo político derivó en un movimiento invisible y creciente, que ni una pandemia frenó: mujeres trans centroamericanas solicitantes de asilo en Guatemala. Mientras una mujer trans hondureña pidió refugio en Guatemala en 2016, en 2020 fueron cuatro.
Aquel 1 de octubre, Francesca no tenía planeado hacer un cambio de estilo en su cabello. Su plan era huir. Iba con una de las llamadas caravanas, esas muchedumbres que optan por migrar en masa y que salen periódicamente desde la estación de buses de San Pedro Sula, en Honduras. Un éxodo que ilustra miles de razones para abandonar su país. La de Francesca, el rechazo social a su género.
El destino final de esta hondureña era San Luis Potosí, México, porque ahí vive uno de sus dos hermanos. Dos cosas la detuvieron en Guatemala: los peligros que enfrentan los migrantes en México y la lejanía de su mamá.
Cinco días después de haber emprendido la ruta, Lambda —una organización que defiende y asiste a la población LGBTIQ+—, le propuso pedir refugio en Guatemala. Un delegado de la asociación encontró a Francesca y a otras cuatro mujeres trans cerca de Puerto Barrios, al oriente del país. Ellas decidieron frenar su camino porque el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a casi toda la expedición de hondureños. Francesca aceptó quedarse. Se convirtió en una excepción a la regla de migrar más hacia el norte, como hicieron sus otras compañeras.
Al saber que las otras mujeres trans habían cruzado la frontera, Francesca se vino abajo. Se arrepintió de haberse quedado. Pero, oculta la frustración, solo la expone con quienes la ayudaron en el albergue de Lambda en Ciudad de Guatemala.
Foto: Oliver de Ros
Francesca tiene 27 años, pero legalmente 32. Su padre le otorgó cinco años más de vida, porque fue borracho a inscribir su nacimiento. Con un metro sesenta de altura, presume que tiene bonitas piernas. «Es que me luce porque soy bien piernuda», dice con mucha emoción. En Guatemala se puso su primera falda.
Francesca no existía en Honduras. Allá era un hombre gay que solo llegó al tercero de básico por falta de dinero. Intentó trabajar en una maquila, pero se sintió discriminada por su orientación sexual y terminó renunciando. Entonces, junto a su mamá, se dedicó a la venta de tortillas. Por respeto a su progenitora, quien tampoco aceptaba su identidad como hombre gay, explica que no se atrevió a decir que era mujer.
En el clóset, junto a las blusas, shorts, pantalones y faldas que le regalaron en el refugio, tiene la vieja Biblia que le regaló su madre. Está abierta en la página del Salmo 91, un pasaje del Antiguo Testamento, donde Dios promete proteger a los que creen en él.
«No tendrás más que abrir bien los ojos, para ver a los impíos recibir su merecido», sentencia el Salmo 91, en su octavo verso, para referirse a las personas que no cumplen con las prácticas establecidas por su religión. «Yo siempre voy a tener abierta la Biblia en la parte de ese Salmo. Siempre», dice Francesca, sobre un hábito que heredó de su mamá.
Desde el 5 de octubre de 2020, Francesca vive en las instalaciones de Lambda. Es la encargada de ayudar con la limpieza, ordenar, apoyar a decorar y organizar actividades. Sentada en una pequeña sala, en el segundo nivel del albergue, se muestra feliz, como si nada malo le hubiera pasado.
Dice sentirse segura de ser una mujer trans en Guatemala, un país donde el 10 de enero de 2021 encontraron muerta por lapidación a una mujer trans en Escuintla. Un país donde el 16 de agosto de 2020 una mujer trans salvadoreña de 27 años, solicitante de refugio por violencia de género, fue asesinada a golpes en su domicilio.
Francesca prefiere hablar de perros, porque dice que le gustan mucho. Tenía un perro en Honduras, era un pastor alemán, se llama Jhon. «Gran perrote, solo su presencia daba miedo, pero era regalado y juguetón».
Negro
«Soy una chica que le gusta tener las uñas pintadas, el pelo pintado». Es 4 de noviembre y Francesca cumple un mes de estar en Guatemala. Su pelo aún es negro, con leves recortes en las puntas, que tocan sus orejas y sus cejas. Con mucha ilusión cuenta que en una semana se pintará el cabello, quiere que sea rojo. Una compañera, que vive con ella, se lo hará. Espera que sea antes de su primera cita para solicitar refugio.
La tormenta tropical Eta golpea Guatemala. Francesca se muestra preocupada, porque en Honduras, Choloma ha sido uno de los municipios más afectados. Y ella es de ahí. Su familia está bien, dice de un lugar que se convirtió durante semanas en un enorme lago.
Choloma está en Cortés, el departamento industrial de Honduras. Es el tercer municipio con mayor tasa de homicidios en el país. En Trincheras, su colonia en Choloma, ser trans es sinónimo de peligro. Ahora este barrio, que se levantó sobre las tumbas de las personas fallecidas por la fiebre amarilla que arrasó en 1905, donde un obelisco recuerda la primera guerra civil de Honduras, es un lugar muy violento.
Para tomar la decisión de huir de su país, Francesca cuenta que se sucedieron varios hechos. Los muchachos mañosos, —como llama a los pandilleros— la extorsionaban. A escondidas de su mamá, que padece de diabetes, les entregaba la cuarta parte de las 800 lempiras semanales (258 quetzales) de los ingresos de su venta. Cuando el propietario del local que alquilaban para vender tortillas, regresó de Estados Unidos (EE. UU.), las desalojó. No le gustó que un homosexual vendiera en una de sus propiedades. Dijo que iba en contra de su religión cristiana evangélica.
Su mamá la culpó del desalojo, y el hermano de Francesca y ella la sacaron de su casa. Se mudó a tres kilómetros de distancia, a la colonia López Arellano, conocida popularmente como La López, el barrio más grande de Choloma. Vivió gratis durante dos meses con dos amigas trans. Luego tuvo que buscarse un cuarto. Sin dinero y sin empleo, ellas la ayudaron a buscar una plaza en esa área para prostituirse como hombre gay.
A inicios de agosto, en La López, conoció a su primer y único cliente: un agente de la Policía Nacional de Honduras. Él sería su principal razón para huir.
Foto Oliver de Ros
Francesca se acomoda en el sillón de Lambda, eleva un poco la voz, pero titubea. La chica que parece confiar en los extraños, duda al hablar de él con una extraña.
Todavía es 4 de noviembre y una nube gris anuncia la tormenta que atravesará la región. Dice que el policía la amenazó con golpearla si la veía con otros hombres. Pero ella se la jugó: «Yo como soy bien lista hice como que le obedecí, pero fue en ese momento cuando me obligó a darle la dirección de mi casa porque quería llegar cuando él quería».
Francesca recuerda que sintió mucho miedo. No podía cumplir la exigencia de no prostituirse. No encontraba otra forma de ganar dinero. El policía se negó a darle un sustento económico mensual. No encontró otra salida, tenía que abandonar Honduras.
Dice que vio el anuncio de su caravana en redes sociales. Antes de irse, fue a despedirse de su mamá. La misma persona que no aceptaba que fuera gay, le dio dinero y una pulsera de oro suya. En toda historia de migración, subyace contradictoria una historia de amor.
Foto Oliver de Ros.
Rojo
El cabello ya no es completamente negro. Ahora está un poco recortado y tiene mechones rojos muy anchos. Resaltan más que el negro. Ese color será temporal, porque tiene planes de cambiarlo a un tono más claro, más rubio. Ya no planea huir, ahora planea ser.
El 11 de noviembre, Francesca asiste, a las 10 de la mañana, a su primera cita a la Oficina de Relaciones Internacionales (ORMI). Lleva puesta una camisa rosada en la que se lee Positive Vibes. Solo espera 15 minutos. No es lo normal. Detrás de ella, hay una larga fila en el área de atención a refugiados. Va acompañada por Estuardo Moscoso, cofundador de Lambda. Él domina ese laberinto burocrático, Francesca aún no.
Dice que está segura de lo que va a decir, que no está preocupada. Porque es la verdad, afirma. Su verdad la tiene apuntada en un cuaderno de cubierta amarilla. Lo lleva por si se le olvida mencionar un detalle. Para distraerse, prefiere hablar del clima. Para una mujer de clima cálido, es frustrante no poder vestir falda. Ciudad de Guatemala, con un clima promedio de 23 grados, le resulta helada. Hoy hacen 20 grados.
En el cuaderno amarillo, Francesca tiene apuntado «el miedo fundado». Así llaman las autoridades migratorias a las causas que obligan a una persona a huir de su país. O sea, el relato que argumenta y sostiene la solicitud de protección que hace al Estado guatemalteco.
El problema, en parte, es que Guatemala cuenta con un Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) apenas desde 2019. Esta es, quizás, la razón de la lentitud del trámite de refugio. Hasta hoy, las personas reciben una cartilla morada que las otras instituciones no reconocen.
Las reformas al Código Migratorio de 2016 definieron que sería el Registro Nacional de Personas (Renap) la institución que debía extender el documento oficial para refugiados. Como el IGM se constituyó hace solo un año, el Renap aún no emite la credencial.
El permiso de refugio será como el DPI, solo que será rosado. Incorporará un chip y eso evitara el rechazo que existe al documento actual, porque algunas empresas y bancos ya cuentan con lector de chip para los DPI.
El formulario solo da la opción para identificarse como sexo femenino o masculino. No reconoce otros géneros. Como si no existieran las personas no binarias —no identificadas con los géneros tradicionales o directamente con ningún género—.
Desde su pequeña oficina, Carla Ramírez, jefa de la ORMI, acepta la falta de diversidad de género en el formulario. Asegura que existen planes para modificarlo. Ella, una de las empleadas más antiguas de esa oficina, no aclara cuándo se hará esto ni qué categorías de género incluirá.
Además, Guatemala no ha creado un protocolo para atender a la población migrante LGTBIQ+. Esto ha ocasionado que la oficina de migración rechace muchas peticiones de refugio, principalmente porque las personas han tenido miedo, al momento del proceso de petición, de revelar su identidad de género o su orientación sexual.
Foto Oliver de Ros
Rubio cobrizo
El 25 de noviembre, casi dos semanas después de su primera cita en Migración, Francesca consigue un permiso de trabajo en Guatemala. Este trámite no le asegura el refugio. Tiene que renovarlo cada 30 días. Recién ha cambiado el color de su cabello.
Su pelo ahora es rojo cobrizo. No es el rubio que Francesca quería. Pero es lo suficientemente claro. Espera que al lavarlo, el agua haga lo suyo y se lleve el rojo hasta dejar su cabello con un tono más amarillo.
Los trámites siguen con el apoyo de Lambda. También su vida en Guatemala. Suele salir en grupos. Visita el zoológico la Aurora y la Antigua Guatemala. Pero sus paseos solo los registra en sus fotos de perfil de Whatsapp. Contrario a lo que solía hacer en Honduras, en donde cada fiesta, celebración o visita la dejaba registrada en Facebook. Vivir dos vidas en dos países es parte de su transición.
Dice que aquí, cuando ha salido del refugio a hacer unas compras cerca, los hombres «solo la han enamorado» y no la han insultado, como lo hacían en Honduras.
—¿A qué te refieres cuando dices que los hombres solo te han enamorado?
—Que me han dicho piropos, pues. Como: «mi amor, qué lindas estas» y me tiran besos. Eso es enamorar en Honduras.
En comparación con Honduras, Francesca minimiza el acoso.
El 14 de enero de 2021, Francesca escribe en Facebook un mensaje que después borra. Sube dos fotografías de ella en Honduras, cuando se presentaba como hombre gay. El mensaje habla de cerrar ciclos o terminar etapas. Francesca aún vive en Lambda. Su tiempo en ese lugar se acaba. Se irá en febrero, dice. Las medidas de seguridad de Lambda la tienen muy desesperada. Ahora no puede salir o usar su teléfono móvil.
Lleva tres meses en Guatemala. No tiene una vivienda y tampoco un trabajo. No tiene algo específico en lo que quiera laborar. En un mensaje de texto escribe que está dispuesta a aceptar de todo. Recepcionista, mesera o de encuestadora, quizá.
«Yo le voy a decir una cosa. Yo me voy a tener que acostumbrar a vivir en dos mundos», dice la mujer que no quiere cambiar su nombre legal, pero quiere conservar el nombre que considera artístico.
Foto Oliver de Ros
Cuando habla por videollamada con su mamá, siempre lleva camisa y pantalón. En esos momentos, Francesca deja de existir y regresa el hombre gay que dejó en Honduras. Oculta su nuevo atuendo, pero no puede tapar su pelo que cambia de color, que crece. Con su mamá se ha mostrado pelinegro, pelirroja y rubia.
Francesca cuenta con un permiso de estancia y trabajo en Guatemala. Eso no le garantiza que conseguirá empleo. Es probable que deberá que enfrentar a la discriminación y la violencia. Pero, al menos en Guatemala, su familia no la obligará a ocultar su identidad de género.
En una llamada a mitad de noviembre, le hace un anuncio a su mamá, un aviso de que no solo le verá nuevos tintes de cabello: «Que no le extrañe si algún día me ve vestida de mujer».
Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo vive sola y rodeada de lujo en la torre más alta de una ciudad construida sobre montes poblados, como mares embravecidos. Está enferma, pero se negó a hospitalizarse por miedo al contagio. La pandemia va pasando ya, pero el temor a los hospitales seguirá por largo tiempo. Su aposento, a noventa metros de altura, tiene un ventanal inmenso que va del suelo al techo y de un extremo al otro en su alcoba. A lo lejos, el cielo se funde con la cordillera en matices de verde y azul. Piensa que cuando muera, su alma volará hacia allá. En la inmensa cama, la fiebre la lleva a sentirse en alta mar. Es media tarde, llueve a cántaros y navega en un buque gigante entre nubes como témpanos de hielo.
Es domingo, y Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo se ha puesto peor. Habla al teléfono con voz temblorosa:
–Gracielita, hola. Amanecí con treinta y nueve. Mal, mal. Sí, sí lo sé. No te preocupes, va a pasar. Ayúdame: cancela lo de mañana, no las puedo recibir. Si, querida, chao, chao, besitos, hasta luego.
Con el dedo índice deforme por la artritis, Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo presiona el botón de colgar. El teléfono resbala, rebota en la alfombra, y cae bajo la cama contra la pared. Intenta tocar la campanita de plata a su lado, pero no logra llegar. Tiene sed y jaqueca, no puede respirar. Se lleva las manos a las sienes, como si una lápida le oprimiera el pecho. Duerme un rato. Afuera, las nubes flotan a velocidad sobrenatural, anunciando otra tormenta. Un rayo parte el cielo, y rompe a llover. Cuenta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El estruendo indica siete kilómetros, según el juego de los abuelos en la finca, en otro tiempo y lugar. Intenta sonreír. Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo hace un esfuerzo tortuoso para levantar la cabeza y ver sus manos. Se mira las uñas: necesita manicure. Con dificultad, logra sentarse. Se arrastra al borde de la cama hasta su silla de ruedas. Se le corta la respiración al empujar su cuerpo delgado y ligero, que por el asma siente pesado como tronco. Aparta las mangas de la larga bata blanca y logra subirse a la silla de ruedas. En lo que parecen horas, rueda hasta el ventanal y mira hacia abajo, disfrutando las alturas. Los tejados parecen libros abiertos que alguien aventó desde arriba. Se pone nerviosa y tose. Tose. Y tose todavía más. Llama a su mucama:
–¿Dora?
El silencio le anuncia que está sola.
—¿Dora? No dejo de toser. No debí haberte dado mi tarjeta Dora ¿qué te hiciste? No soporto esto, me cae mal, todo me lo roban, todo se lo quedan. Por eso me les aparté. Por eso me vine para acá para que no me encuentren para que no me arrebaten lo que me dejó papá. Mi hermano puede solo, él se las arregla. ¿Para qué quiere dinero? Ser hombre tiene ventajas. Me duele la cabeza. ¿Dora? Las amigas no vienen ya, no habrá café qué colar, ni pastelería, ni tapas, ni crudités. No habrá naipe, ni apuestas, chismes ni relatos de viaje. ¿Por qué no vienes Dora? No veo el teléfono. ¿Adónde está? ¿Qué pasa aquí? No puedo levantar la cabeza. Te pago bien, te doy casa, comida y remedios para que me tengas mi loft limpio, me cocines y me atiendas. No soporto el dolor de cabeza, ¡Dora! ¿Adónde estás?
Se arrastra al baño, donde con inmensa dificultad, logra hacer pipí. El regreso a la cama tomó días, años quizá.
Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo, duerme, y la torre de más de cien metros, se mece levemente, pues estructuras de tales dimensiones, le explicaron, deben moverse para no partirse en seco. Se marea, y vomita en la almohada. Logra poner una toalla blanca mientras llega la mucama. A su derecha, mira la puerta entreabierta mientras la sombra de una nube oscurece la sala. ¿Gregorio? ¿Eres tú Greg? ¡Qué bueno que viniste, te extraño tanto! Perdón hermano, te prometo que te daré lo que te toca. Aunque te lo bebas, o tires el dinero vistiendo a tu mujer. Cierto, cierto, yo soy la que toma copas, tú no. Es mía la obsesión con la delgadez, la moda, los viajes, las joyas, ¿viste mis alhajas nuevas, Greg? Son de Bvlgari, ¿sabes cómo se pronuncia? ¿Lo sabe tu mujer? Otra hubiera sido la historia, hermano, si te hubieras casado con aquella prima lejana, estaría yo criando sobrinos.
Nos robaste el derecho a la boda de sociedad que soñamos mientras nuestros padres viajaban y nos dejaban con la nana, ¿te acuerdas? ¿Greg? Por tu culpa murieron de pronto nuestros padres, les robaste la ilusión casándote con una desconocida, tan simple, sin roce. Adiós páginas sociales, adiós casas de playa, viajes a Niza, adiós para siempre adiós Greg.
Las ventanas vibran con el golpe del viento y la lluvia, un extraño aullido responde al llamado de la enferma, mientras la tarde muere en el poniente. La sombra perseveró y avanza. Se traga la sala, mata el brillo de candelabros de plata y del cristal, los colores de los gobelinos franceses, la textura de las alfombras persas, las luces de la ciudad a lo lejos.
–¿Dora? Dora por favor, Dora, no puedo no puedo respirar.
Don Gregorio Santiago de Rodríguez y Verdugo atendía clientes en su almacén de las afueras cuando recibió la llamada. Delgado, de porte noble, debió sostenerse en el mostrador mientras le daban la noticia. Su hermana Fernanda había muerto sola, ahogada por los efectos de la neumonía. Cerró el negocio, tomó de la mano a su amada esposa Yeni y tomaron el coche hasta la torre más alta de la ciudad, aún en construcción.
Al momento del deceso de Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo, el recinto era habitado solamente por la conocida dama, miembro de varias instituciones de caridad, quien insistió en mudarse antes de culminar la apertura oficial del condominio. Dora Villeda, la empleada, hondureña, había quedado atrapada en el elevador de la nueva Torre Beta con las medicinas de la señora y la compra de la semana. Había sido rescatada hasta el lunes a mediodía por el personal administrativo de la torre. Cuando lograron llegar al piso treinta, encontraron a Doña Fernanda Santiago de Rodríguez y Verdugo con una mano extendida al ventanal y una mueca de pavor mortal congelada en el rostro. El teléfono quedó debajo de la cama, descargado, descolgado.
El presidente Juan Orlando Hernández dio su último informe de logros como mandatario, ante el Congreso Nacional, elogiando su mandato por hacer crecer la economía hondureña, ser un referente en temas de salud y lucha contra el narcotráfico. Contracorriente chequeó los discursos.
Por Leonardo Aguilar y Vienna Herrera
El pasado lunes 25 de enero, durante la instalación de la IV y última legislatura del Congreso Nacional de la República, los presidentes de los tres poderes del Estado: Mauricio Oliva del Poder Legislativo, Rolando Argueta del Poder Judicial y Juan Orlando Hernández del Poder Ejecutivo, presentaron sus informes en discursos llenos de elogios, teorías conspirativas y promesas de campaña.
Mauricio Oliva, también candidato a la presidencia por el Partido Nacional, se dio una palmada en la espalda por la reciente aprobación de la reforma constitucional que blinda la prohibición del aborto y la del matrimonio igualitario al hacer los artículos 67 y 112 sujetos de cambio solamente con tres cuartas partes de los votos en el Congreso Nacional. Además atribuyó esto como un logro ante la escalada «del nuevo paradigma conocido como el transhumanismo universal donde la persona está expuesta a increíbles modificaciones genéticas apuntalado por la tecnología 5G afectando el ADN humano incluyendo sus valores donde la eutanasia y el aborto serían prácticas habituales». Oliva basó su discurso en una teoría conspirativa mundial que la AFP catalogó como desinformación en esta nota.
El presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, destacó en su informe los supuestos avances en materia de corrupción, además de los cambios que tuvo que realizar ese poder del Estado ante la pandemia por COVID-19, entre ellas el aceleramiento a la excarcelación de privados de libertad y la inversión en material de bioseguridad.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández argumentó que el país venía con un crecimiento constante en materia económica (que solo pudo ser frenado por los huracanes y la COVID-19). Además, dijo que Honduras ahora es un país más seguro, en donde se logró desarticular los carteles del narcotráfico y que, en cuanto a contingencias, su Gobierno manejó muy bien la pandemia y los ciclones tropicales Eta y Iota.
Contracorriente hizo un chequeo del discurso del presidente Hernández y del presidente del Poder Judicial Rolando Argueta, usando fuentes expertas para saber si lo expuesto por estos funcionarios fue «verdad», «verdad a medias» y «falso».
Juan Orlando Hernández (click al + para verificar)
El economista del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, dijo este martes a Contracorriente que no es cierto que Honduras reportara un crecimiento anual constante y que, de hecho, Honduras, antes de la pandemia y de los ciclones tropicales, iba en una franca desaceleración económica producto de las políticas del Gobierno.
«Veníamos en una franca desaceleración económica, no solo por la pandemia, sino porque en el 2017 cerramos en 4.8 %, en el 2018 en 3.7 % y en el 2019 en 2.7 % (datos del Banco Mundial). En el 2017 se tuvo un crecimiento por encima del 4 %, pero claro, lo que pasa es que Latinoamérica no crece tanto, entonces no es una realidad, sino algo estrictamente metodológico, es decir, Honduras ha sido señalado por usar metodologías no actualizadas en dinámicas económicas», explica Zepeda.
El Banco Mundial apunta que Honduras tenía la segunda tasa de crecimiento económico de América Central, superada solo por Panamá. Sin embargo, agrega, que «el país enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Un 48.3 % de las personas viven en pobreza en el país (2018, con las líneas oficiales de pobreza actualizadas) y el porcentaje de personas viviendo en pobreza en zonas rurales (60.1 %) es mayor que en zonas urbanas (38.4 %). La desigualdad (GINI 52.1 en 2018, entre los más altos de la región y del mundo) también resultó en una de las clases medias más pequeñas en América Latina (11 % en 2015, en comparación con el promedio regional de 35 %)».
Zepeda, añade que en lo único que tiene razón el presidente Hernández es en haber manifestado que Honduras enfrenta su peor caída en el PIB durante los últimos 100 años.
El PAI es considerado a nivel nacional e internacional como un programa exitoso, de acuerdo a resultados avalados por la OPS/OMS, en Gestión Efectiva de Vacunas (GEV) con un puntaje de 97 %. Se indicó, en una publicación de la OPS, que Honduras ha alcanzado logros importantes como la certificación de erradicación de la poliomielitis, la eliminación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita (SRC), el control de la difteria, tos ferina, meningitis tuberculosa, hepatitis B y tétanos no neonatal, así como la introducción exitosa de nuevas vacunas, que son atribuidas al buen desempeño del PAI.
El doctor Marco Tulio Medina —neurólogo, científico, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras— dijo a Contracorriente que el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), como se le conoce al programa de Honduras en vacunación, ha tenido el respaldo de los organismos internacionales de Salud, como la OMS y la OPS, incluso colocándolo a la par de países de América Latina muy avanzados como Chile y Argentina.
Sin embargo, el científico establece que estamos enfrentando una situación inédita en Honduras, en donde se requiere de una capacidad de gestión más agresiva, en lo que corresponde al tema de vacunación. Esto implica que este sistema de vacunación debe buscar, en este momento, no solamente el auxilio de Covax de la OMS, sino hacer arreglos o convenios bilaterales con diferentes tipos de vacuna.
Para Medina, hay que incluir los mecanismos de las vacunas más publicitadas a nivel mundial, como son las vacunas Pfizer, Moderna y Astrazeneca, pero también las otras vacunas como las desarrolladas por China y Rusia.
«Se requiere seguir el mismo camino de países como Costa Rica y Panamá en el área centroamericana; en el área latinoamericana México, Argentina y Chile. Tenemos un sistema de un programa ampliado de inmunización que ha sido eficiente, pero ante esta nueva etapa se requiere replantear muchos aspectos», argumenta Medina.
Por su parte, la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, expresa que es correcto que Honduras tenga un programa de vacunación exitoso, pero que eso se debe a que el 20 % de las vacunas no las compra el Estado de Honduras, sino que son donaciones de la comunidad internacional. Además, advierte que si el Gobierno de Hernández continúa manipulando este sistema, terminará echándolo a perder.
Según el mapa de la Universidad Johns Hopkins, Honduras tiene un índice de letalidad de 2.44 % menor que el de Madrid por poco, que tiene un índice de letalidad del 2.49 % o el de Nueva York que tiene un 3.15 %.
La presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, aseguró a Contracorriente que no es cierto que tengamos una tasa de letalidad más baja que otros países desarrollados, porque Honduras está ocultado las cifras, al igual que la han ocultado otros países en donde las dictaduras han hecho que esos datos no trasciendan, por ejemplo, Nicaragua, que según Figueroa, es otro claro ejemplo de ello.
«El Gobierno nuestro las oculta y por eso es que dice que tenemos una baja cantidad de muertos. Lo que no puede ocultar son las cifras del personal sanitario que ha fallecido. Eso evidencia que hay más definiciones de lo que ellos dicen, porque incluso hay un subregistro de los médicos que han perdido la vida, no están todos anotados como muertes por COVID-19 en el sistema de información del país. Nosotros podemos demostrar de forma fehaciente que las estadísticas del Gobierno no están apegadas a la realidad», explica Figueroa.
Por su parte, el científico Marco Tulio Medina manifiesta que el Gobierno de Honduras debe tomar en cuenta la pirámide de la población hondureña, ya que es una población en donde más del 50 % está debajo de los 18 años. En ese sentido, tenemos una población más joven comparada con las poblaciones de España, Francia e Italia.
Coincidiendo con la doctora Figueroa, el doctor Medina explica que existe un subregistro de muertes por COVID-19, de acuerdo con los datos proveídos por diferentes líneas que ha evaluado la universidad.
Para darle auxilio al sector productivo por el COVID-19, el Gobierno de Honduras autorizó endeudarse hasta por 2500 millones de dólares, y le encargó a un banco estatal dar las garantías y créditos que favorecieran a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, una investigación de Contracorriente encontró que, a pesar de las promesas, el dinero ha beneficiado más a la banca privada, conglomerados empresariales y compañías medianas. A la microempresa casi no ha le ha llegado alivio oficial.
Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmiph), asegura que cuando las autoridades dicen que han favorecido a la Mipyme con cierta cantidad de créditos, o que han exportado o que el Estado les ha comprado determinados millones. En todos esos casos no se refieren a las Mipyme.
Puedes leer la siguiente la investigación de Contracorriente: La soledad de los pequeños empresarios hondureños, que hizo parte de la colaboración transfronteriza Siguiendo el dinero de la COVID-19, junto con la alianza Guateleaks de Guatemala, Contracorriente de Honduras, el Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
En noviembre de 2020, miles de hondureños quedaron a la intemperie, producto de la depresión tropical Eta (la primera en golpear al país). La tardía respuesta de los entes del Estado provocó que comandos de ciudadanos asumieran un rol de asistencia que debía tener el Gobierno. Denuncias ciudadanas indicaron que protocolos del Gobierno impidieron que muchos siguieran brindando la ayuda.
El Gobierno respondió con lentitud a la emergencia. Al parecer no había plan, pese a que una posible catástrofe por la llegada de Eta fue anunciada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami con suficiente anticipación.
Las tormentas Eta y Iota provocaron la muerte de 96 personas, según cifras oficiales, sin embargo, el testimonio de una familia devastada comprobó que las cifras reales de víctimas no se conocen debido a la falta de un registro confiable por parte de las autoridades.
En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019.
Para el 16 de marzo el Gobierno de la República decretó toque de queda en todo el país, impidiendo así la circulación de los ciudadanos, esto produjo la disminución de la violencia ya que se registraron 7.71 crímenes diarios, arrojando un total de 239 asesinatos en el mes, pero en mayo los datos nuevamente aumentaron reportando 8.68 fallecidos al día con un total de 269 en el mes, según el Departamento de Estadística Policial.
Para el mes de agosto de 2020 las cifras aumentaron reportando 10.31 fallecidos al día para un total de 314 en el mes.
Si bien es cierto no podermos confirmar si el presidene está o no sorprendido por su falta de credibilidad, lo que no es cierto es que solamente los narcotraficantes lo acusan (sin motivos) de su involucramiento con el narcotráfico.
El presidente Juan Orlando Hernández fue mencionado como CC-4 durante los debates y desarrollo del juicio por narcotráfico contra su hermano Antonio «Tony» Hernández, exdiputado por el Partido Nacional, quien fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable el 18 de octubre de 2019 de todos los cargos.
Las acusaciones contra «Tony» y las referencias a CC-4 no solo se han hecho por narcotraficantes, que no obstante tienen un valor importante para la justicia norteamericana, sino que también fiscales estadounidenses han sugerido y señalado supuestas relaciones del mandatario hondureño con redes del narcotráfico.
Los señalamientos, incluso, han venido de congresistas de Estados Unidos como Norma Torres, quien dijo en Twitter en septiembre de 2019 «¿Alguien puede explicar por qué @realDonaldTrump cree que es una buena idea llegar a un acuerdo con un narcotraficante acusado para alojar a los refugiados en uno de los países más violentos del mundo?», refiriéndose al tratado de Tercer país seguro, del que Honduras sería signatario. Pero la falta de credibilidad del Gobierno hondureño se hace explícita en la carta que Torres junto con el congresista Albio Sires de New Jersey envió al nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, en la que instan al nuevo Gobierno a brindar ayudas a Honduras, tras la crisis humanitaria provocada por dos huracanes, pero que estas no sean canalizadas por el Gobierno hondureño sino por instancias de sociedad civil y trabajadores de la salud. Además pidieron aplicar la ley Magnistsky para sancionar a los oficiales corruptos y robustecer la lucha anticorrupción en los países de Centroamérica.
El Poder Judicial debió funcionar a toda su capacidad desde que inició la cuarentena y no hasta junio, sin suspensión de labores. Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una entrevista, mencionó la importancia de que organismos judiciales nunca detengan su trabajo: «el acceso a la justicia que es un derecho que en ninguna situación de emergencia puede quedar relegado, la necesidad de proteger a los periodistas que hacen las investigaciones necesarias para revelar casos de violaciones a derechos humanos. La justicia, aún en la situación de emergencia, tiene que funcionar a pleno, porque si no funciona quiere decir que no hay un Estado de derecho que funcione».
Las dificultades en cuanto a la atención del Poder Judicial tuvieron repercusiones en los casos de violencia doméstica, aunque Argueta diga lo contrario. Organizaciones de mujeres y mujeres víctimas de violencia doméstica entrevistadas por Contracorriente en 2020 denunciaron que se les negó atención en casos de violencia doméstica: no se les interpusieron medidas de seguridad e incluso que algunas no pudieron extender órdenes de alejamiento vencidas en ese período de tiempo.
En la inauguración de la tercera legislatura en 2020 el Poder Judicial dijo haber resuelto 1148 casos de violencia doméstica, los datos de 2020 señalan que solo se realizaron 715 audiencias lo que indica una reducción dentro del Poder Judicial, pero en el contexto de cuarentena por la pandemia por COVID-19 las denuncias por violencia doméstica aumentaron cuando las mujeres se vieron confinadas con sus agresores.
Solo hasta agosto de 2020, el Sistema Nacional de Emergencia 911 registró 50,000 denuncias de violencia doméstica, esto indicaría que solo el 1.43 % de esas denuncias llegó a audiencia, sin tomar en cuenta las denuncias realizadas la otra mitad del año.
De acuerdo con los datos, aunque se hayan resuelto 346 casos en los Tribunales de Sentencia de Corrupción, las resoluciones nos señalan que existen más sentencias absolutorias que condenatorias.
Algunas de las decisiones del organismo judicial en 2020 fueron cuestionadas por considerar que se favorece la corrupción, el 19 de junio la Corte de Apelaciones le concedió sobreseimiento definitivo a 22 imputados en el caso Caja de Pandora, presentado por lo que fueron la Misión de Apoyo contra la Corrupción e impunidad (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la impunidad y la corrupción (Ufecic) en el cual se les acusaba del desvío de 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) provenientes de fondos públicos que fueron utilizados para campañas políticas del Partido Nacional y liberal en 2013.
De igual manera, el 23 de julio el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción revocó la medida cautelar de prisión preventiva a la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo y a Saúl Escobar, ambos involucrados en el caso de la Maccih-Ufecic, denominado La caja chica de la dama, acusados del desvío de 12 millones de lempiras (500,000 dólares) hacía cuentas personales.
El 16 de diciembre la Sala de lo Constitucional otorgó el recurso de amparo a 10 de los 16 imputados en el caso de Maccih-Ufecic denominado Fraude en el Gualcarque, acusados de favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) con una concesión dada a través de trámites ilegales y omisión de informes.
Esto mismo ocurrió con el Caso Patuca III donde 9 implicados fueron sobreseídos, así como en diciembre un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción absolvió a 14 exdirectivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre ellos Ramon Bertetty y Mario Zelaya, por los delitos de prevaricato administrativo y violación a los deberes de los funcionarios, estos últimos acusados por el desfalco al IHSS de unos 7000 millones de lempiras (300 millones de dólares).
Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), unidad creada después de la Ufecic, a través de Twitter Los sobreseimientos y la libertad de imputados por casos de corrupción, ocurre a vista y paciencia de los ciudadanos, Sociedad Civil y Cooperación Internacional que ha puesto muchos fondos para combatir este flagelo. Es triste la desatención aprehendida en la que hemos caído».
El dato sobre las excarcelaciones salió en medios de comunicación desde octubre, eso quiere decir que durante los últimos meses del año no se hicieron más excarcelaciones.
Además, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en 2019 ya planteaba la precaria situación de las personas privadas de libertad durante los últimos 20 años, «se caracteriza por altos niveles de hacinamiento (con una sobrepoblación del 88 %), excesivo uso de la prisión preventiva (53 % del total de la población carcelaria), militarización de la función penitenciaria, y condiciones deplorables de detención».
Una investigación de Contracorriente reveló que, hasta el cinco de mayo, el Poder Judicial había emitido resoluciones de preliberación para 1087 personas, si bien las órdenes fueron dadas al INP, eso no significa que las personas fueron liberadas. La abogada Glenda Ayala del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura le dijo a Contracorriente en mayo que, en su inspección por los centros penales, los directores desconocían la resolución judicial.
En octubre de 2020 existieron denuncias públicas sobre un brote de casos positivos de COVID-19 en el Poder Judicial. De acuerdo con las declaraciones de empleados en un medio al menos 84 eran positivos: 50 del Juzgado de lo civil, 15 de Juzgados de la niñez y 19 del edificio de la Defensa Pública. Sin embargo, el director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, dijo en esa ocasión que no sabían cuántos eran, pero que el Juzgado de lo Civil solo eran 29 positivos y no 50, como denunciaban los empleados.
El mismo presidente del Poder Judicial estuvo fuera de su cargo por un mes cuando resultó positivo para COVID-19, en junio.
Por su parte, la Asociación de Jueces por la Democracia pidió a través de un comunicado en septiembre, que se ampliaran las medidas de bioseguridad con «la instalación de paredes plásticas en las salas de juicio, en los despachos donde se realizan audiencias públicas, en las oficinas que impliquen atención al público o donde se compartan espacios varios empleados o funcionarios (…), cuyo costo no es oneroso en relación a otros implementos que se pueden considerar y que si requieren una constante renovación. También la adquisición de aparatos purificadores de aire acondicionado que aseguren que se están higienizando los ambientes donde se labora».
Por: Ezequiel Sánchez
Diversas organizaciones feministas, LGTBIQ+ y mujeres autoconvocadas se movilizaron el Día de la Mujer Hondureña para protestar por el decreto con el que el Congreso Nacional blindó la prohibición del aborto y del matrimonio igualitario, ya que lo consideran como una vulneración de sus derechos.
Con miedo a que la marea verde iniciada en Argentina con la despenalización del aborto llegara a Honduras, el Congreso Nacional aprobó el jueves pasado una reforma en la Constitución propuesta por el diputado nacionalista Mario Pérez, luego de ser aprobada este reforma, para permitir la despenalización del aborto ahora se necesitarían los votos de tres cuartas partes de los miembros del pleno legislativo.
Honduras es de las pocas naciones donde el aborto está prohibido, incluso cuando es producto de una violación, cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada corre peligro, o en caso de malformaciones graves del feto. Y donde una mujer puede ir presa por sufrir un aborto espontáneo. Con la modificación al Código Penal realizada en 2020, también se multa a los profesionales de la salud que cooperen en la cirugía.
A pesar de que un cordón policial evitó la llegada hasta los bajos del Congreso Nacional, las manifestantes expusieron sus reclamos y consignas en el centro de Tegucigalpa, donde exigieron la legalización de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), prohibida desde el Golpe de Estado en 2009, a pesar de ser uno de los países con mayor tasa de embarazo adolescente de la región. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones en sus embarazos son la segunda mayor causa de muerte entre menores de 15 a 19 años en el mundo.
Las mujeres también exigieron la aprobación de la Ley de casas refugio, la Ley de trabajo doméstico y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo como marco protector. Demandaron la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.
Por otro lado, volvieron a reclamar por cómo la pandemia y el paso de los huracanes Eta y Iota ha profundizado la vulneración de las mujeres en sus propias casas, sin obtener respuestas del Estado.
Del plantón participaron organizaciones aglutinadas en la Plataforma 25 de Noviembre y del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, entre otras. Para finalizar el evento y en un año electoral donde se elige presidente, diputados y alcaldes, hicieron un llamado a no votar por hombres y mujeres que les arrebatan sus derechos, haciendo incapié en la importancia de elegir representantes que no engaveten las leyes que están pendientes de aprobación en el Congreso.
El 25 de enero es una jornada histórica para el movimiento feminista en Honduras, ya que se recuerda cuando en 1955 se conquistó el derecho a ejercer el sufragio y participar de la actividad política. Pero la consigna para este aniversario era que no había nada que celebrar, ya que en pleno Siglo XXI —y a pesar de conseguir algunos progresos como la paridad electoral— las mujeres han sufrido más retrocesos que avances en sus derechos.
Más de 7000 hondureños salieron de San Pedro Sula en la primera caravana migrante del 2021. Buscaban llegar a Estados Unidos, pero en Guatemala fueron rodeados y luego dispersados con gases y garrotazos. Ahora están de regreso en el desastre hondureño.
«Señor, abre el camino, toca corazones. Tú eres el guía, señor», grita una mujer en medio de la multitud, su voz es fuerte y parece que la escuchan todos. En su cabeza lleva una pañoleta. Está de rodillas, con ojos cerrados y brazos abiertos hacia el cielo. A su alrededor hay cientos —en igual posición— que la acompañan en una multitudinaria oración.
En aquel improvisado culto a unos 100 metros de la frontera de El Florido, entre Honduras y Guatemala, hay unas 2000 personas, quienes salieron, el día anterior, viernes 15 de enero de la Gran Terminal en San Pedro Sula en busca de lo que muchos llaman el sueño americano, pero que más bien es el despertar de la pesadilla hondureña. Es una peregrinación que huye de la pobreza y devastación que causaron los fenómenos Eta y Iota, que se ensañaron con un país que ya era sometido a una brutal depresión económica por la pandemia de COVID-19, y que lucha desde hace años con sus males endémicos: la violencia y la corrupción.
En ese grupo camina Patricia, una mujer de 46 años, cuya casa fue soterrada por el lodo en la colonia San Jorge, de Chamelecón —localizada en San Pedro Sula, zona norte del país—, luego de que las lluvias de noviembre convirtieran las aguas del río Chamelecón en una fuerza destructiva.
Cuando en diciembre de 2020 se comenzó a hablar de la megacaravana que saldría de Honduras el 15 de enero de 2021, Patricia comenzó a pensar en unirse a esta caminata. Salió con tres hijas y un nieto. Ella, a quien le detectaron hipertensión y debe tomar medicamento de por vida, piensa en sus hijos. «Lamentablemente aquí no hay trabajo para ellos», nos decía minutos antes de arrodillarse en la oración del Florido. Entre lágrimas, Patricia clamó por apoyo al presidente de los Estados Unidos para ingresar: «no vamos a entrar violentamente, lo que quiero es construir mi casa». Largarse de un país que ya no les ofrecía nada era el plan de todos.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que ingresaron a su territorio unas 7200 personas. Y es que horas antes de que ingresara el grupo en el que viajaba Patricia, habían entrado al menos 4500 hondureños más. Es la mayor caravana desde las organizadas en 2018.
Integrantes de la caravana de migrantes oran antes de cruzar por el puesto fronterizo de El Florido, frontera con Guatemala. 16 de enero de 2021, Foto, Deiby Yanes.
Óscar Duarte viaja desde Olanchito, Yoro. La finca bananera en la que trabajaba fue arrasada por las lluvias de Eta. Quedó sin trabajo. Atrás dejó a su esposa y cuatro hijos. «Busco un futuro para ellos ¿De qué me sirve estar con ellos si no tenemos un empleo fijo? Ojalá que la suerte nos acompañe», nos dice.
La aventura duraría menos de lo esperado. Los sueños de los migrantes fueron duramente golpeados en territorio chapín el sábado 16 y el domingo 17, cuando se encontraron con un fuerte contingente del ejército de Guatemala.
Habían arrancado bien. Tenían una gran convocatoria y se habían mantenido juntos. Pese a que, según algunos migrantes que se volvieron líderes en la caravana, hubo intentos de algunas personas que ellos identificaban como infiltrados, de separar a la masa humana. En territorio hondureño, la Policía Nacional los dejó pasar sin problemas. Aunque montó sendos operativos para pedirles a los migrantes sus documentos de identificación, nadie fue detenido.
En la frontera de El Florido, las autoridades hondureñas migratorias tampoco se opusieron al paso de los migrantes, que cantaron el Himno Nacional de Honduras, antes de romper endebles cercos puestos por la Policía Nacional y la Policía Militar de Guatemala. Y la aventura parecía que iba bien. Aplaudieron. Y llevaron su mirada al cielo, pero el sueño estaba a solo unas horas de convertirse en una pesadilla. A 45 kilómetros de El Florido, un nutrido contingente militar guatemalteco les cerraba el paso.
El Gobierno de Guatemala había condenado a través de un comunicado la violación de su soberanía nacional y exhortaba al Gobierno hondureño a tomar medidas para frenar la migración. Después de eso, aquellos que huían de la pobreza, la violencia y la corrupción de un Gobierno inoperante, fueron tratados con brutalidad.
En Vado Hondo, aldea en el departamento de Chiquimula, los militares bloquearon el camino de un grupo de unos 6000 migrantes. Cuando estos trataron de romper la barrera, fueron repelidos con garrotazos y gas lacrimógeno. En un tramo de la carretera C-11, con muro a un lado y una pendiente del otro, esperaron los uniformados.
«Nos tendieron una trampa. Hicieron que camináramos kilómetro tras kilómetro, porque nadie nos llevaba», dice Patricia, ahora nuevamente en su casa en la colonia San Jorge, en Chamelecón.
Ella piensa que el Gobierno de Guatemala pudo frenarles el paso antes, pero esperaron a que estuvieran cansados. Además, cuenta que en los negocios o tiendas en Vado Hondo no les vendían alimentos.
Desde una parte alta —recuerda Génesis, una de las hijas de Patricia— policías guatemaltecos les lanzaban piedras a los integrantes de la caravana. Ellos luego se defendieron. «Estábamos rodeados», remata Patricia. Según la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur), 11 migrantes y 2 policías resultaron heridos.
Las imágenes que sugieren que esta cifra podría quedar corta se volvieron virales en internet. El Gobierno de Alejandro Giammattei, justificando sus acciones en la contención de la pandemia, vio en los hondureños un problema de seguridad nacional en lugar de una crisis humanitaria. Pero es gente que perdió la esperanza en su país.
Patricia Rodríguez, de rojo, junto a sus 3 hijas y su nieto. Perdió su negocio y todo en su vivienda por las inundaciones en Chamelecón, por ello se unió a la caravana. El Florido, Copán, 16 de enero de 2021, Foto, Deiby Yanes.
En julio de 2019, Guatemala firmó un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump. En la Casa Blanca se aseguró que se trataba de un convenio de «tercer país seguro», un mecanismo internacional mediante el cual —cumpliendo con determinadas condiciones— es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.
En territorio chapín negaron tal cosa, argumentan que en el acuerdo nunca se menciona «tercer país seguro». No obstante, este convenio firmado en Washington, seguramente influyó mucho en el trato que recibió la primera caravana migrante del año 2021. Las autoridades de Guatemala justifican el uso de la fuerza contra las personas desplazadas como una forma de conservar las medidas para frenar el peligro de contagio del COVID-19.
Michelle Klein Solomon, directora para Centroamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hizo un llamado para que «no se emplee fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante, solicitante de asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario». Esta solicitud pasó desapercibida en Vado Hondo, Guatemala.
Los militares guatemaltecos no eran el único muro que le esperaban a los migrantes. México reforzó el blindaje de su frontera en Chiapas, y en el Puente Internacional Rodolfo Robles, entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán. La Guardia Nacional mexicana desplegó sus soldados a orillas del río Suchiate, en la frontera sur del país, para impedir la llegada de más migrantes.
«No esperábamos eso de Guatemala, nos sentimos defraudados. No íbamos a quedarnos, solo queríamos pasar», nos dice Patricia ahora en su casa en Chamelecón. Pese al fracaso de la aventura y estar de regreso en su casa medio soterrada por el lodo de las inundaciones, cuenta su travesía mientras sonríe.
Así ha quedado la colonia San Jorge, de Chamelecón, donde vive Patricia, luego de casi tres meses del paso de Eta e Iota. Ella se sumó a la caravana migrante del 15 de enero junto a sus tres hijas y un nieto. San Pedro Sula, 19 de enero de 2021. Foto: Rodolfo Sabillón.
¿Por qué se van?
Patricia tenía un negocio de golosinas en una institución educativa de Chamelecón. Con ello mantenía la casa donde vive con dos de sus hijas menores. Alcanzaba para que Génesis, de 21 años, cursara la carrera de Contaduría y Finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Dulce, de 13 años, cursara en el noveno grado de educación básica, pero en el año 2020 Patricia no trabajó. La llegada de la COVID-19 impidió las clases presenciales en todo el sistema de educación y con ello la fuente de ingresos de Patricia se extinguió. Los ahorros también se terminaron.
De acuerdo con cifras ofrecidas a El Heraldo por la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria (Amhpih), con la pandemia unos 30,000 pequeños emprendimientos que operaban en casas de habitación se perdieron, pero esta cifra aumentó tras el paso de Eta y Iota. Hasta 200,000 empleos se perdieron por el cierre de pequeños negocios, como el que tenía Patricia, antes de la llegada de la COVID-19. Las microempresas, son el primer empleador de la economía hondureña, generando 1.8 millones de puestos de trabajo.
En Honduras, la pandemia ha provocado en la población una pérdida de, aproximadamente, medio millón de empleos, no hay un recuento oficial. Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), a causa de los problemas derivados de la COVID-19 y los fenómenos naturales, el producto interno bruto (PIB) tuvo una contracción de un 10.5 % en el año 2020.
Antes de comenzar el fatídico 2020, la pobreza en Honduras alcanzaba el 61.9 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero al comenzar el 2021, este indicador ya podría rondar el 70 %, según estimaciones de expertos.
La Comisión Económica para América Latina (Cepal), esperaba que el PIB cayera 6 % para 2020, pero estas estimaciones no tomaban en cuenta la llegada de la pandemia ni la devastación por las tormentas tropicales.
Honduras ya estaba de rodillas con el largo confinamiento por la pandemia. La gestión ineficiente del Gobierno de Juan Orlando Hernández es marcada por la compra de 7 hospitales móviles por los cuales se pagaron 47 millones de dólares, pero el Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado que la operación podría tener una sobrevaloración de hasta 31 millones de dólares.
Y en noviembre llegaron las tormentas, con apenas 12 días de diferencia entre una y otra. El 5 de noviembre comenzaron a palparse los estragos por las lluvias que dejó Eta. Miles de damnificados, daños a la infraestructura y pérdidas agrícolas. Cifras oficiales indican que Eta y Iota, dejaron más de 4 millones de damnificados. También hubo pérdidas incuantificables en la agricultura y graves daños a la infraestructura. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), estima que el país perdió unos 12,500 millones de dólares por la pandemia y las lluvias.
Las tormentas afectaron especialmente el Valle de Sula, donde se origina el 60 % del PIB. En un análisis nada halagador el Fosdeh estima que la economía hondureña retrocederá unos 20 años por el efecto de las tormentas. El estallido social se manifestó en una caravana de 7000 personas en época de pandemia.
En el caso de Patricia, huyó de Chamelecón, una colonia destruida por las tormentas y sumergida en la violencia. Su hogar, una pequeña casa de tres piezas, fue inundada por las aguas del río Chamelecón. Los dos cuartos de la vivienda aún están soterrados por el lodo que dejó la inundación. Las paredes colapsaron. Ahí también quedaron las camas y otros muebles.
El paso de las dos tormentas tropicales en 2020 aún es visible en el sector Chamelecón. San Pedro Sula, 19 de enero de 2021. Foto: Rodolfo Sabillón
Su refrigeradora se arruinó. La estufa de gas también. El microondas no sabe si funciona. En el camino hacia la frontera de El Florido, ella nos dijo que se iba porque quería reconstruir su casa, que apenas se mantuvo de pie en las inundaciones.
Casi tres meses después, los destrozos de Eta y Iota están latentes en las calles de la colonia San Jorge, en Chamelecón. Hay calles que siguen inhabilitadas y en otras hay montañas de lodo que recuerdan la tragedia de noviembre.
El publicitado programa del Gobierno de Hernández, No Están Solos, ha sido selectivo en Chamelecón y en todo el país. «Las iglesias nos han apoyado, esa estufa me la regalaron», sostiene Patricia, mientras señala el pequeño aparato que está en una mesa. «Dicen que ayudan (se refiere al Gobierno), pero tienen a sus personas (activistas) y estas escogen a los que quieren. Los bonos los hacen sorteados y todos tenemos necesidad», manifestó. Los hondureños también huyen del abandono del Gobierno. En el bulevar que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa todavía hay cientos de damnificados que viven a la intemperie.
Abandono en muchas presentaciones y formas. El mejor caballito de batalla del Gobierno nacionalista es el éxito de sus programas de seguridad. La realidad sigue apuntando a otra dirección. En Chamelecón, y otros sectores populosos, como la Rivera Hernández, las pandillas se sostienen con fuertes tentáculos. Hay sectores cuya única ley, es la que dicta la pandilla.
En el año 2019, Honduras registró 4051 homicidios de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional. Esto representa un aumento del 8.5 % respecto al 2018. En el año de la pandemia, pese a nueve meses de confinamiento, en el país perdieron la vida 3496 personas. De la violencia también huyen los hondureños.
***
Se van también los jóvenes. Hay dos apartados del grupo. Parecen una pareja de novios planificando su futuro juntos. Mariela y Carlos se van en la caravana. Ella tiene 18, él 16. Son amigos. Oriundos de Villanueva y Pimienta, dos municipios del norte de Honduras devastados por el paso de los huracanes.
Pimienta fue uno de los primeros municipios inundados por el río Ulúa. Carlos tenía un trabajo como ayudante de bus, pero lo dejó. La pandemia volvió menos rentable este empleo. Se ha prometido que si no logra pasar esta vez (y no lo hizo) no lo intentará nuevamente.
Mariela trabajaba en un bar que cerró por la pandemia. Había rentado una pieza en donde vivía sola, pero el paso de las inundaciones le llevaron sus pertenencias en la colonia Tres Reyes de Villanueva, entonces junto con varios amigos decidió emprender el viaje. Antes de ser retornados al país, Mariela aseguraba que intentaría llegar a Estados Unidos las veces que fuese necesario.
Casa en la colonia La Libertad, en el municipio de Pimienta, uno de los primeros lugares inundados tras el paso de Eta e Iota por Honduras. De este municipio salieron Mariela y Carlos, dos jóvenes que se habían sumado a la caravana migrante del pasado 15 de enero. Pimienta, Cortés, 19 de enero de 2021. Foto: Rodolfo Sabillón.
Cuando hablaron con Contracorriente tenían 2 días sin dormir y habían caminado unos 60 kilómetros. Estaban agotados, pero con los sueños intactos. Eso duró hasta que se chocaron con los militares guatemaltecos. Mariela regresó al país el lunes y Carlos el martes. Ambos sin trabajo. Tampoco estudian, ese es un privilegio de pocos en una nación donde el promedio de escolaridad es de 7.7 años.
El martes 20 de enero, Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos. Muchos miembros de la caravana pensaban que este cambio de gobierno allanaría el camino para la consecución de su sueño. Se equivocaron. La política migratoria en el país del norte no cambiará automáticamente con la llegada de Biden a la silla presidencial. La experta en migración de Centroamérica, la antropóloga Amelia Frank Vitale asegura que, en términos generalizados, parece que el Gobierno de Biden buscará un camino hacia un estatus legal y permanente para las personas indocumentadas y las que tienen TPS (Estatus de Protección Temporal) en Estados Unidos (EE. UU.), «pero eso no equivale a una apertura para migrantes nuevos», aclaró.
Mariela de 18 años y Carlos de 16, ambos originarios de Pimienta, Cortés, decidieron aventurarse en busca del sueño americano porque afirman que en el país no les da oportunidades. Foto: Deiby Yánes.
El Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado ha registrado que entre 2016 y 2021, unos 244,101 hondureños migrantes fueron retornados al país desde EE. UU., México y Guatemala. Aunque la cifra puede ser mayor, la Iniciativa de Gestión de la Información de la Movilidad en el Triángulo Norte registra que 655,232 personas nacidas en Honduras residen en EE. UU. No todas tienen estatus legal.
En el 2019, tras las sendas caravanas salidas de Honduras en 2018, el Gobierno de Donald Trump endureció las políticas migratorias en EE. UU. y firmó tratados con México y Guatemala para que los solicitantes de asilo permanecieran en estos países.
«Creo que hay buenas señales de que terminará el programa de MPP (permanecer en México), pero eso no está confirmado, ni implica que las personas que están esperando sus citas en cortes en este programa tendrán estatus legal en EE. UU., solo que harían todo el proceso dentro del país», nos explica Amelia Frank.
Para Honduras, las penurias que viven los miles migrantes que lograron llegar a EE. UU. significan vitalidad en su economía. Las remesas significan hasta la quinta parte del PIB. En el 2018 fueron el 19.8 % (4753 millones de dólares) y en el 2019, esta cifra aumentó al 21.4 % (5384 millones de dólares) de PIB.
Según un estudio de la Cepal, las remesas y el trabajo de los hondureños en el extranjero evitan que entre 150,000 y 240,000 hondureños ingresen en las estadísticas de pobreza. Mientras estas estimaciones no cambien el flujo migratorio hacia el norte continuará.
Ahora de regreso en Chamelecón, Patricia quiere intentarlo nuevamente. «No se pudo, pero no nos damos por vencidas. Aquí en Honduras ya no hay nada», dice, mientras está sentada en un viejo sofá. A su espalda, la calle llena de lodo, le recuerda la tragedia de noviembre y el abandono estatal.
En España habitan unos 57,403 nicaragüenses, de los cuales 40,718 son mujeres que trabajan, en su mayoría, como asistentes domésticas. Estas mujeres envían mes a mes dinero a sus familiares, quienes los usan como salvavidas en Nicaragua, un país precario, para comer, vestir, pagar hipotecas y salir adelante pagando un precio emocional alto: el de la separación de las familias, en especial de madres e hijos.
Es difícil que Lesbia Esquivel olvide esa despedida. Su hija, Ana María Sánchez Esquivel, partió en 2019 para España en busca de trabajo, ante la precaria situación económica de Nicaragua. El viaje pudo ser posible porque ella empeñó su casa para costear el boleto, y para tener dinero en el bolsillo al llegar a su destino. Más que alivio, la oportunidad de migrar fue incertidumbre en ese momento. Aunque habían escuchado que en el país ibérico abundaba el trabajo como asistente del hogar, las posibilidades eran cuestión de suerte. No solo corría el riesgo de quedar varada lejos de su país, sino de perder la vivienda ubicada en el departamento de León, en el occidente nicaragüense, al no poder pagar al banco.
Los primeros meses de Sánchez fueron duros y, en algunos momentos, agónicos. Primero llegó a un pueblo cercano a Barcelona, donde cuidó a una anciana que falleció al poco tiempo. Después buscó trabajo en Zaragoza, sin éxito, entonces decidió reubicarse en Madrid. En la capital española pudo estabilizarse y lo primero que hizo fue enviar dinero a su familia. En León, su madre respiraba con alivio. Había con qué pagar la hipoteca de la casa.
«El salario que Ana gana en España se distribuye entre el pago de la deuda para liberar su casa de la hipoteca, la colegiatura de su hijo menor y una ayuda de cincuenta dólares para mí», dice Lesbia, quien siempre pone en primer orden la vivienda. «Cuando Ana tuvo problemas para encontrar trabajo, su esposo me ayudó a pagar el colegio de Rodrigo, su hijo menor», relata la madre.
Sánchez dejó cuatro hijos en Nicaragua, pero solo los dos menores dependen del dinero que ella gana como trabajadora doméstica en Madrid. La madre de esta migrante es abuela y tutora a la vez. Lesbia se las ingenia para poder mantener a sus nietos en un país donde los servicios básicos y la canasta básica suben cada mes, y no se corresponden con la media del salario básico promedio (unos ciento cincuenta dólares mensuales). De hecho, Sánchez tuvo que migrar porque estaba ahogada financieramente.
La mujer dejó Nicaragua en medio de una profunda crisis sociopolítica que el país vive desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El oficialismo respondió con suprema violencia a las manifestaciones pacíficas, lo que derivó en una masacre de 325 personas, según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. La irresolución del conflicto sumió a esta nación centroamericana en una recesión económica sin precedentes, con caídas porcentuales de hasta el 8 %, que provocaron legiones de personas desempleadas. Entre 2018 y 2019, más de medio millón de personas se quedaron sin trabajo en Nicaragua, de acuerdo a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Al igual que Sánchez, miles de nicaragüenses emigraron a Costa Rica, España, Estados Unidos y otros países. El número de nicaragüenses empadronados en España pasó de 26,000 en 2017 a más de 42,000 en 2020. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España, el número total de nicaragüenses a enero de 2020 es de 57,403. Un dato llamativo es que de esa cifra, 40,718 son mujeres.
Para las mujeres, España es uno de los destinos predilectos desde antes de la crisis sociopolítica de 2018. La oferta de trabajos domésticos en España es abundante y es tentadora, porque una mujer puede ganar como mínimo 950 euros al mes de promedio. La mayoría de las ofertas como trabajadoras domésticas son en modalidad de «internas», es decir que las mujeres no gastan en hospedaje porque viven en sus plazas laborales. Algo que Sánchez experimentó en Madrid y de esa forma, trabajando hasta en los feriados y días libres, ganaba el mayor dinero posible para enviarlos a Nicaragua.
Lesbia Esquivel y su nieta realizan una videollamada con Ana María Sánchez, quien descansa tras su jornada laboral como empleada doméstica en Madrid.
En León, Lesbia recibe la remesa con ansias. «Si el niño se enferma yo presto dinero y luego ella me paga», ejemplifica la madre de Sánchez, una jubilada que recibe una pensión básica. Pese a las vicisitudes económicas, las remesas de Sánchez han servido para proyectos más trascendentales que solo pagar la deuda de la vivienda.
Farley, el hijo mayor de Sánchez, estudió economía en una universidad pública de Managua, capital de Nicaragua. El joven no se sintió a gusto con la educación y decidió trabajar para poder pagarse una universidad privada, a sabiendas que las remesas que envía su madre no dan abastos para una mensualidad universitaria. Aunque logró terminar la carrera, con su salario no podía pagar el trámite de la titulación. Las remesas de Sánchez fueron salvavidas. «Su mamá le ayudó. Ya estando en España, le mandó dinero mensual para que fuera pagando… hasta que logró sacarlo», rememora Lesbia.
Pese a la pandemia, las remesas no merman
El coronavirus golpeó a España con furia. Los niveles de contagios y muertes alcanzaron niveles que paralizaron la economía. Los migrantes nicaragüenses sufrieron el golpe. La pandemia acrecentó el desempleo. Sin embargo, parte de las trabajadoras domésticas lograron conservar sus plazas de trabajo. Eso se refleja en las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN): en plena crisis sanitaria, hubo un aumento de las remesas provenientes de España en 2020. En el primer trimestre llegaron 72,4 millones de dólares. Esa cifra, según el BCN, creció 27.5 %, con respecto a igual período de 2019 (56.8 millones de dólares).
España es el tercer país que genera más remesas para Nicaragua, por detrás de Estados Unidos y Costa Rica. El Servicio Jesuitas para Migrantes de la Universidad Centroamericana (UCA) asegura que España, aunque al otro lado del Atlántico, es una alternativa más ideal para las mujeres migrantes. Primero por la saturación de nicaragüenses en Costa Rica, y segundo por las fuertes regulaciones migratorias en Estados Unidos. Un nicaragüense puede entrar sin visado al país ibérico por el Espacio Schengen, aunque los requisitos de entrada han sido endurecidos ante la afluencia de exiliados a partir de 2018.
El Servicio Jesuitas para Migrantes sostiene que para las mujeres nicas es más fácil integrarse en España, porque existen redes sociales, familiares o amistades que les permiten viajar y establecerse. Igual que le ocurrió a Sánchez: Ella fue seducida con la promesa del trabajo doméstico por una cuñada. La economía nicaragüense depende en gran parte de las remesas. Son pilares fundamentales de las familias en Nicaragua: el 75 % de ellas se destinan al consumo, siendo los principales rubros o gastos la alimentación, ropa y calzado, servicios básicos, colegiaturas, hipotecas, entre otros.
Heidy Pavón, una mujer de 27 años que trabaja como interna en un chalet en Madrid, envía entre 600 y 700 euros mensuales a su familia en Río Blanco, un municipio del norteño departamento de Matagalpa. Unos 200 euros son destinados para alimentación de sus padres y su hija de 10 años, quien es criada por los abuelos. El resto de la plata de Pavón es usada para pagar deudas, ayudar a otros familiares, y hasta hace poco logró pagar la hipoteca de la vivienda. Al igual que Ana María Sánchez, esta joven tuvo que empeñar su casa para cruzar el Atlántico.
«Desde que estoy en España nos ha cambiado la vida como familia. Pude pagar las deudas que tenía mi papá, la hipoteca y pude terminar de remodelar la casa», relata Pavón. «Mensual les mando para alimentación 200 euros, aparte un salario para la persona que les ayuda en la casa a ellos, el internet, y luego los gastos de mi hija, como su ropa y esas cosas… estando yo en Nicaragua, no sé cómo estaríamos viviendo. Porque con lo que se gana allí, da con costo para medio comer».
Con la mayoría de las deudas saldadas, Pavón ha comenzado a invertir en la compra de terrenos. Tiene fe que en «cinco años la situación en Nicaragua mejore» para poder regresar y tener un negocio propio. «Quiero construir otra cosa y comprar ganado para que cuando vuelva tenga con qué sostenerme, y no trabajarle a nadie más», dice Pavón.
El sueño de Pavón es compartido por Jossy Vallejos, una «nica» que reside en España desde hace ocho años. Ella ha trabajado en el área de servicio doméstico y ya ve los frutos de sus esfuerzos en Nicaragua. Con una de sus hermanas logró comprar un terreno amplio en el que planea construir una cuartería y quizás, más adelante, comprar otro terreno más y hacer lo mismo. «Así, cuando regrese a Nicaragua, ya no voy a trabajar y voy a poder vivir de las rentas», aspira Vallejos.
Lesbia Esquivel quedó a cargo de su nieta, después que Ana María Sánchez se fue a España.
El gran precio que estas mujeres pagan no solo es la nostalgia por sus familiares, sino estafas y el maltrato laboral que muchas denuncian. Sin embargo, soportan para poder enviar remesas a Nicaragua. Ese precio también lo resienten sus familiares.
«La separación es el problema», enfatiza Lesbia Esquivel, la madre de Ana María Sánchez. «Ella le hace mucha mucha falta al niño menor. A cada rato él me pregunta si lo quiero… y yo le digo que claro que lo quiero. Él me abraza, se me recuesta y todo niño que hace eso es por falta de cariño, por la ausencia de su mamá», dice la abuela.
Jénnifer Ávila Reyes |Contracorriente
Fotos: Martín Calix |Contracorriente
Rebeca tiene 54 años y vive en San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Ella se quedó sosteniendo el hogar que dejó Karla, su hermana menor, cuando decidió emigrar a España. Karla dejó bajo su cuidado a tres hijos adolescentes. Ese 8 de noviembre de 2016 que se despidieron, Rebeca sintió el peso que caía sobre su espalda: lograr la estabilidad de la familia mientras Karla conseguía un trabajo en España, y lidiar con el vacío que dejaba en sus hijos. Pero Karla y Rebeca ya tenían su familia partida por la migración. De siete hermanas, tres están en Estados Unidos, donde también está el esposo de Rebeca. Las relaciones a distancia no eran nuevas para ellas.
Karla y Rebeca vivían juntas, aportaban a la familia conjuntamente para sobrevivir, ambas trabajaban y ganaban un sueldo fijo cada mes. «Al inicio fue muy difícil. Cuando ella llegó a España nos faltaba su ingreso. Yo le pude aportar, y su esposo también. Mi familia nos ayudaba a pagar la comida, las facturas. Fue apretado los primeros seis meses. Los muchachos estaban finalizando el año escolar y ya venía el siguiente pago de matrículas. Pese a las dificultades, salimos adelante», cuenta.
Rebeca no tiene hijos, pero ayudó con la crianza de los de Karla. Le preocupaba que no pudieran superar la partida de la madre. «Tuve que llevar a uno de ellos al psicólogo», explica. El muchacho se encerraba en su cuarto y empezó a tener bajo rendimiento en la escuela, a pesar de que los tres eran muy apasionados con sus estudios. Dos de los hijos de Karla estudiaron música, a la vez que la secundaria. «Se veían bien, pero hay un punto en el que no puedo penetrar en sus vidas. Les preguntaba si sentían que su mamá los había abandonado, si se sentían amados. Después la psicóloga me explicó que la ausencia de su madre impacta y eso ocurre a la edad que sea, la madre siempre hace falta», dice.
Rebeca es abogada y tiene su despacho privado con otra de sus hermanas. El trabajo le ayudaba a tener lo suficiente para vivir y a contribuir con la familia extendida que vive con ella. Pero los costos de tener hijos que ya iban a la universidad se elevaban mucho. Por eso, cuando Karla decidió emigrar, ella la apoyó.
«Karla siempre estaba pensando en emigrar a otro país por la situación de aquí, tanto económica como por la delincuencia: por el riesgo que corría ella, los muchachos, todos nosotros. Maduró la idea, empezó a averiguar y a ver cómo hacía para irse. Cuando vi que iba en serio me asusté», explica, sobre todo por la lejanía, porque la migración en su familia puede estar normalizada, pero duele igualmente.
De las más de 370,000 mujeres que estaban registradas en el Régimen Especial de Empleo de Hogar en agosto de 2020 en España, el 70 % eran extranjeras. En 2017 CCOO Catalunya publicó que el 81.7 % de las mujeres hondureñas que estaban dadas de alta en la seguridad social, trabajaban en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar. Los datos actualizados al 1 de enero de 2020 del Padrón Continuo, indican que en España hay unas 121,695 personas empadronadas con nacionalidad hondureña. De ellas 86,297 son mujeres. Hay 21,299 mujeres de Honduras con algún tipo de permiso de residencia, lo que nos deja un total de 64,998 mujeres sin papeles.
Karla —dice Rebeca— siempre pensó en llevarse a sus hijos. Honduras es un país del que quería huir. Cuatro años después, los hechos demuestran que estaba en lo acertado. Honduras pasa una crisis humanitaria sin precedentes. Sumida en una pandemia, dos tormentas devastaron toda la zona norte del país dejando a cientos de miles de personas damnificadas, incontables muertos y la economía aún más golpeada. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) proyecta que Honduras aumentó el porcentaje de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza: del 60 % ha pasado al 70 % tras la pandemia y las dos tormentas.
San Pedro Sula ha sido una de las ciudades más violentas del mundo, en 2018 bajó su puesto en el ranking mundial de ciudades violentas, pero a pesar de esa mejora, personas como Karla y Rebeca siguen teniendo una percepción alta de inseguridad. Rebeca dice que no hay sitio donde la violencia no llegue: «ni en las mejores colonias se salva uno». Asegura que vivir con miedo de que algo le pueda pasar a sus hijos no se lo desea a nadie, mucho menos a su hermana.
Stephanie, de 25 años, se encontró con el Circo Segovia de Guatemala, cuando huyó de Honduras en una caravana, que no logra recordar cuál de todas fue. Ella y Elvin (su pareja) son dos jóvenes que migraron para huir de la violencia de las pandillas en su barrio. Luego fueron abandonados por el circo a principios de la pandemia y quedaron a la intemperie. Comayagüela, 14 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.
Entre 2006 y 2010, Honduras ocupó los primeros lugares de peligrosidad del mundo por su tasa de homicidios. Aunque esta se ha reducido, la violencia es ya endémica en este país. En 2019, Honduras, se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho. La crisis humanitaria que ahora se vive solo avizora más violencia y conflictividad social en un país que según el Bertelsman Transformation Index (BTI) 2020, ha sido catalogado como una autocracia electoral.
Familias enteras huyen de Honduras a causa de la pobreza y la violencia, que normalmente van juntas. Y aunque la migración más conocida y documentada es la que tiene como destino Estados Unidos, cada vez más aumenta la población que migra hacia España, sobre todo las mujeres.
Rebeca lamenta que Karla se haya perdido los cumpleaños de sus hijos, sus graduaciones, pero rápidamente añade que quizá las graduaciones no habrían sido posibles sin Karla trabajando en España y enviando la remesa que mes tras mes no les faltó desde que, a los seis meses de llegar, encontró trabajo.
«Comida siempre hubo, pero ahora no tengo que preocuparme de que se acabe el dinero y no tenga para comprar. Ella cubre las necesidades mensualmente, nos ayuda a pagar las facturas». Otro de los ámbitos en los que necesitaban más recursos económicos era en el de la salud. En Honduras los progenitores pueden asegurar a sus hijos e hijas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) —bastante precario— hasta sus 11 años. Después solo les queda el seguro privado. Por ello, cada vez que uno de los tres hijos de Karla enfermaba, los gastos se disparaban.
«A mí no me gusta preocuparla. Si algún hijo cae enfermo, trato de solucionarlo sin decirle nada. Pero si veo que es fuerte y no puedo cubrir el gasto, se lo cuento y su respuesta inmediata es que le lleve al médico, que ella me manda de inmediato el dinero para hacerlo todo: los exámenes, comprar las medicinas…», explica Rebeca.
Este año Karla tenía planificado viajar a Honduras durante la Semana Santa para visitar a la familia. El plan era llevarse a uno de los hijos con ella. Pero llegó la pandemia y el viaje se postergó de manera indefinida. Ahora el muchacho, de 20 años, con su ticket de avión comprado, no sabe cuándo se va a reunir con su madre. Mientras, se ha matriculado en la universidad de manera virtual.
La pandemia sacudió al mundo y la vida de esta familia partida. Rebeca se preocupaba por Karla porque le llegaban las noticias de la tragedia y la crisis sanitaria en ese país cuando en Honduras aún no se sabía nada del virus. «Cuando a ella le pegó el covid ni siquiera supimos si era eso o una gripe. Ella me dijo que fue al doctor, pero que no le mandaba a hacer los exámenes porque los hospitales estaban saturados. Tenía los síntomas, pero no es fácil aceptarlo, nos habría dado terror», recuerda Rebeca.
En Honduras, la pandemia ha sido gestionada con ineptitud, corrupción y desidia. El presidente Juan Orlando Hernández, cuyo mandato está en entredicho desde su reelección ilegal en 2017, mintió al declarar que había pasado la enfermedad en el mes que Honduras registró la mayor cantidad de contagios, hospitalizaciones y decesos por la COVID19. Los hospitales móviles que el Gobierno compró para la atención de la emergencia en marzo fueron una estafa: de los siete adquiridos solo cuatro han llegado al país y, de estos, solo dos funcionan. En Honduras el temor no solo es a enfermar, sino a sufrir las consecuencias de un sistema sanitario colapsado y sin recursos para tener posibilidades de ser atendidos dignamente.
A finales de octubre, la economía estaba comenzando a reabrirse, gracias también a la flexibilización de las restricciones horarias y a la flexibilización del toque de queda decretado en marzo. Rebeca, por ejemplo, dejó de trabajar en marzo, todos dependían de su hermana.
Comenzaban a estabilizarse en casa, cuenta Rebeca, cuando tocaron tierra dos huracanes, Eta y Iota, que devastaron el valle de Sula. «Fue algo terrible. No hemos salido de la pandemia cuando llega el primer huracán: Eta. Vivimos en una zona que nunca se ha inundado. El día del huracán empezó a azotar y, de repente, yo me siento responsable de los niños, del esposo de Karla, de decidir qué hacer. Sale una alerta de que mi colonia está en alto riesgo y en ese momento se va la energía, empieza a soplar el viento, mi hermana llamándome desde España, llorando, pidiéndome que me fuera a la casa de otra hermana, que tiene dos plantas. Empieza el shock, ella desesperada. Estábamos a la deriva», recuerda Rebeca, y explica que en ese momento se imaginaba la impotencia de su hermana, que, desde lejos, habría querido volar para sacarlos de allí.
Una mujer damnificada por las lluvias provocadas por las tormentas Eta e Iota se refugia junto a sus vecinos bajo un puente frente a la comunidad de Chamelecón. San Pedro Sula, 21 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.
Rebeca sacó a toda la familia de la casa. Al día siguiente regresaron y la colonia no había sido afectada. La periferia de San Pedro Sula parece ahora un campo de refugiados tras la caída de una bomba. Lo que antes eran ciudades, contiguas a San Pedro Sula, ahora son grandes pantanos donde familias enteras, aún meses después de la tormenta, buscan pertenencias debajo del fango, mientras otras intentan huir en caravana migrando hacia Estados Unidos.
Si Karla quisiera regresar, podría decirse que no tiene un país adonde hacerlo. Después de las dos tormentas, el 10 de diciembre una caravana de migrantes salió con rumbo a Estados Unidos, desde San Pedro Sula. Familias enteras caminaron hacia la frontera con Guatemala, donde la marcha fue disuelta por autoridades migratorias hondureñas. Esta vez, el muro del sur de México se corrió hasta Honduras. Las mujeres lloraban porque no las dejaban salir de su país, como si fuera una cárcel, como si nunca más quisieran volver a ver sus casas hundidas en el lodo. Esta imagen se repitió el 15 de enero de 2021, más de 7000 migrantes se unieron en caravana para salir del país, pero en Guatemala los regresaron.
Rebeca cree que es un precio muy caro el que se paga si se decide emigrar y que por más que al inicio las personas, como Karla, piensan que trabajarán un tiempito, ahorrarán y regresarán a su país, eso no sucede. «No se puede decir que el sacrificio vale la pena porque es mucho lo que hay que pagar por la estabilidad. Pero si ella hubiera estado aquí, habría tenido más dificultad para graduar a sus hijos», dice Rebeca, que ahora ve más cerca el momento en que los hijos de Karla se reúnan con su madre, lejos de Honduras. Ese día continuará su vida y su plan: migrar a Estados Unidos donde la espera su esposo después de esta prolongada pausa en su vida.
Ninguna de las mujeres que hablan en este reportaje viajó hasta España por placer o por gusto. Ninguna lo hizo para pasar unas vacaciones. Todas las mujeres que hablan en este reportaje llegaron a España por necesidad, obligadas por la situación política, social y económica de sus países de origen.
De allá —aseguran todas ellas— se sienten expulsadas. Acá —dicen— se sienten ninguneadas, como si el trabajo que realizan no valiera nada, como si fueran menos que nadie. Ninguna imaginaba, según su relato, que iba a pasar por situaciones vejatorias y, en ocasiones, de maltrato en este «país del primer mundo», como en algún momento definen España. Todas aceptaron las condiciones laborales que les pusieron encima de la mesa, a pesar de que, más veces que menos, esas condiciones no reconocían —ni reconocen— su dignidad como personas, como seres humanos. Porque ninguna, ninguna de ellas, quería dejar de enviar dinero a su familia. Y porque a veces hay que recordar lo obvio: todas tienen que comer.
Son trabajadoras del hogar, mujeres migrantes de Centroamérica que decidieron dejar su vida y comenzar algo a lo que no se atreven a llamar una nueva vida. Comenzaron, por poner un nombre, otra cosa. Sus vidas, las de verdad, son las que no les dejaron vivir allá, sus carreras frustradas, la educación de sus hijos e hijas, sus casas, los abrazos perdidos de los abuelos y abuelas que ya no están. La mayoría no ha regresado a su tierra desde entonces. Todas conviven con la idea de que tardarán tiempo en hacerlo.
La pandemia vino a poner, como en muchas otras desigualdades invisibles, la guinda de una situación que algunas califican como de «esclavitud moderna». Lo que cuenta Vanessa al otro lado del teléfono, desde Barcelona, puede encajar en esa definición. De 34 años y enfermera en Honduras, emprendió el viaje embarazada de cuatro meses, acompañada por su marido y la hija que ya tenían de 9 años. Llegaron a España el 22 de noviembre de 2016. Y aquel día empezó a formar parte del listado de fechas importantes que, para bien o para mal, nunca se olvidan. Contaban con el apoyo de su cuñada, ya asentada desde mucho antes, con un trabajo fijo y una red. Pero había un esto. Esto era lo que había, esto es lo que hay. Un esto por lo que, según los testimonios recopilados y las experiencias que comparten de otras compañeras, tienen que pasar.
Tras dar a luz a su hijo, en la primera casa donde trabajó, como interna, había días que solo dormía una hora. Lo hacía sentada en una silla de plástico, aterrorizada pensando en cuándo sonaría el timbre. «Tenía un timbre en la habitación», narra Vanessa. Aún dice que lo escucha, años después: «recuerdo ese timbre, el sonido de ese timbre. Nunca pensé que recibiría maltrato». Según explica, la señora a la que cuidaba la sometía a humillaciones: «cada cinco minutos me decía que quería agua, pipí o galletas. Yo la tenía que mover a todos lados. «Inmigrante de ‘eme’, hija de la gran ‘pe'» . Todo eso me decía. Y una no está acostumbrada a oír esas cosas. Me hice mucho daño en la espalda».
Cuenta que la hija de aquella mujer le propuso pagarle 100 euros más. Entonces cobraba 1000 euros, por un trabajo continuo e interno con apenas unas horas libres a la semana. «No había otra cosa, no hay otra cosa, esto es lo que había, esto es lo que hay», resuena como un eco. Pero aquella vez, dijo que no. No se trataba de dinero. Se trataba ya de no sufrir, de dignidad: las fajas que tiene que llevar para aguantar el dolor y las lloreras que se pilla ahora al ver las fotos de su hijo cuando aún era un bebé y ella no podía apenas verlo. «Yo le quité el pecho para irme a esa casa, con cinco meses, no lo veía. Y cuando lo hacía, no lo podía cargar del dolor de espalda. Cuando dejé aquel trabajo y volví, mi hijo me rechazaba. Mi hijo no me quería, no me conocía. Y no quería que lo cargara». Otra vez, en otra casa, le pidieron que limpiara la cocina a fondo y, varias horas después, le dieron cuatro euros: «Salí llorando. Cuatro euros…».
Una trabajadora doméstica en el balcón de una vivienda de Madrid.
Los testimonios de otras compañeras que pertenecen a la Red de Hondureñas Migradas, son parecidos: hay quien ha sufrido abusos, hay quien tiene que comprarse el papel higiénico, hay quien solo puede comer lo que come la persona a la que cuida: patatas hervidas, zanahorias hervidas. Hay quien come sopa de tomate el lunes. Y al día siguiente la come con arroz. Y al día siguiente la come en revuelto. «Es triste. Ni los cerdos comen aquí así. Es lo que hay. Mi amiga lo hace porque está sacando un curso para estudiar un módulo superior. Siempre nos mueve la necesidad y siempre tenemos claras las metas que tenemos», explica Karla, hondureña de 47 años.
Y hay, también, quien en los meses de confinamiento se ha pasado encerrada, aguantando todas estas situaciones, con dos tetrabriks de leche para cuatro meses, como denuncia Rafaela Pimentel, una de las impulsoras de la Red de Trabajadoras del Hogar y de la asociación Territorio Doméstico. «Ya veníamos de situaciones difíciles, por eso estamos organizadas. Veníamos de años reclamando derechos básicos para mujeres que realizan un trabajo importante y un trabajo esencial. Aunque el nombre se lo han puesto ahora: esencial. Sin nuestro trabajo, la sociedad no podría moverse. Y con la pandemia ha sido horrible. Las personas que teníamos que estar cuidando, en primera línea, no teníamos ningún apoyo. ¿Qué podríamos esperar? Pues que se complicara más», dice Rafaela, entre cortes de túneles, mientras hace el trayecto en tren desde su casa a su trabajo, en Madrid. Ella es dominicana y lleva 28 años en España. La primera vez que empezó a organizarse fue en su barrio, en Vallecas, allá por el año 95.
En 2006, Rafaela, puso en marcha Territorio Doméstico, sin embargo, estamos en 2020 y las trabajadoras del hogar continúan sin derechos básicos: ni tienen paro ni cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social. «Muchas compañeras tuvieron que quedarse durante los cuatro meses que duró el confinamiento en los trabajos porque, claro, los cuidados no se podían dejar. A muchas se las llevaron fuera de Madrid. Sin ver a sus familias, a sus amigas, sin ver a nadie. Y, como colectivo —prosigue Rafaela—, hemos tenido que aportar un sostenimiento de psicología terapéutica para algunas compañeras. Porque esto va a tener un impacto terrible. Muchas trabajadoras encerradas vivieron situaciones más complicadas por la propia pandemia, con más trabajo, con horarios terribles, compañeras que apenas les daban de comer, sin ni siquiera hacer una llamada, ni poder enviar dinero a su familia. Los locutorios estaban cerrados. Y mucha gente sin papeles envía el dinero por locutorios porque como no tiene cuenta en el banco…».
Según las cifras que se manejan, con datos de la encuesta de población activa (EPA), del Ministerio de Trabajo y otras entidades, el colectivo de empleadas del hogar está compuesto por unas 600,000 trabajadoras, la mayoría mujeres extranjeras, pero unas 200,000 de ellas no cotizan. Un informe del sindicato UGT indica que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son cerca de un 60 % menores al salario medio bruto en España. Y, según un estudio de Oxfam Intermón y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, una de cada tres empleadas domésticas vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza (el 16 % en la población general) y duplican los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca respecto a cualquier otro trabajador. El mismo informe calcula que si este sector económico estuviera legalmente remunerado equivaldría al 2.8 % del PIB.
«El colectivo de trabajadoras del hogar y cuidados es el único sin derecho a paro, podemos ser despedidas sin causa justificada y estamos excluidas de la ley de prevención de riesgos laborales. Seguimos cuidando en esta situación a miles de personas que lo necesitan en sus domicilios y que no son atendidas desde un sistema público insuficiente e infradotado. Somos 600,000 trabajadoras. Hemos denunciado la discriminación histórica que sufre nuestro colectivo y hoy somos excluidas nuevamente», decía el escrito, al inicio del primer confinamiento, que la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar trasladó al Gobierno. Porque, de la misma manera que han sido ignoradas tradicionalmente, las trabajadoras del hogar también quedaron para el final en la lista de ayudas adoptadas por el Gobierno en plena pandemia. En los primeros meses de confinamiento, el sistema especial de Empleadas de Hogar perdió unas 20,000 afiliadas.
Del subsidio extraordinario por desempleo aprobado el 31 de marzo —del que quedaban excluidas las mujeres sin papeles o aquellas que no cotizan, muchas de ellas por la propia situación diabólica de precariedad en el sector—, el Gobierno ha reconocido la prestación al 80 % de las solicitantes. Según una respuesta parlamentaria, hasta el 4 de noviembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había resuelto 36,587 solicitudes. Hasta octubre solo se habían resuelto 23,000 de las 52,000 que habían sido presentadas.
«La falta de respuesta gubernamental es tal que se ha resuelto menos de la mitad de una prestación que estructuralmente ya es insuficiente y no cubre ni la totalidad de las compañeras ni se corresponde con la realidad precarizada y vulnerable del sector», denunció entonces el recién creado sindicato Sintrahocu, en su primer comunicado, en el que exigía, además, la inclusión de las trabajadoras del hogar en la ampliación de todos los subsidios, entre ellos la Renta Activa de Inserción y obligar la inspección laboral y prevención de riesgos laborales adaptadas a las medidas sanitarias por la COVID-19.
Hay más colectivos que consideran que los sindicatos mayoritarios no las representan y se han autorganizado ellas mismas, como ha ocurrido también en otros sectores como el de las Kellys o camareras de piso. Desde Barcelona, Sindihogar, Sindicato independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (THC), nació, según explican, ante la ausencia de una organización independiente, con perspectiva de género, clase y raza de orden jurídico sindical. En su página web resumen el listado de reivindicaciones. O, dicho de otra manera, el listado de las discriminaciones que sufren: ratificación del Convenio 189 de la OIT (2011), que obliga a la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar y del cuidado al resto de trabajadores y trabajadoras; inclusión total del empleo del hogar en el régimen General de la Seguridad Social; derecho a la prestación por desempleo: cotización por salarios reales; obligación por parte de las personas empleadoras a realizar contratos por escrito; eliminación del pago en especie; tabla salarial con revisión según el IPC; cumplimiento de las pagas extras; derecho a vacaciones anuales y descansos diarios y semanales; derogación del despido por desistimiento de la persona empleadora; eliminación de las oficinas de colocación y de las ETT, la derogación de la Ley de Extranjería; visibilización de las situaciones precarias de las cuidadoras, las trabajadoras por horas y las internas, sensibilización; y concienciación en torno a la fundamental importancia social del trabajo del hogar y de los cuidados.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que la prestación por desempleo había llegado para quedarse. «Que se dejen de chapuzas, queremos estar en el régimen general, que este trabajo se reconozca, que las personas que lo hacemos seamos valoradas y tengamos derechos como cualquier otro trabajador, y ya está, un salario digno que nos permita tener una vivienda digna. Eso es lo que debe hacer el Gobierno, que se deje de chapuzas», afirma rotunda Rafaela Pimental, que gana 690 euros. En ese mismo trayecto, su teléfono no deja de sonar a diario. Es el momento de atender a las compañeras, de echar las manos, de seguir organizándose ante lo que consideran un abandono por parte del Estado. El día antes —rememora— una amiga la llamó para contarle la situación de una mujer a la que tratan de ayudar en estos momentos: «Tiene dos hijos, uno de 5 y otro de 14 años, con asilo, no tiene trabajo, que es lo único que pide. Y si no paga la habitación este mes los echan. Necesita ropa, abrigo, un techo y alimentos. Lo básico». Y añade, para remarcar lo que significa básico: «Vamos, una mierda».
En 2017, trabajadoras domésticas de la plataforma Grupo Turín vistieron con delantal e implementos de limpieza diversas estatuas en el barrio madrileño de Malasaña. Fue durante una acción previa a la entrega al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de las casi 100,000 firmas recogidas para exigir la Ratificación del Convenio 189 de la OIT.
«España hace oídos sordos a la OIT. A nosotras nos dejan desprotegidas si el anciano muere o la situación económica de la familia cambia, como con la pandemia. Yo no tengo a nadie en este país que me acoja si me quedo sin nada. Y eso nos hace más vulnerables. Zapatero lo dejó para enero de 2019, pero el señor Rajoy lo pospuso a 2025. Si nosotros ponemos nuestra mano de obra, si nuestro trabajo cotiza en la Seguridad Social, vamos a levantar este país», argumenta la hondureña Karla.
Ella cuenta que tenía su propio protocolo en la casa donde trabajaba y donde sigue trabajando, en Cáceres (Extremadura). Y gracias a él, sin saber que estaba contagiada, evitó que la persona mayor a la que cuida se contagiara. «Yo sufrí el COVID-19, cuidándola. Estuve muy mal, con apenas fuerza. Me ponía malita. Fue al principio, en abril. No supe que era el virus, pero siempre la cuidaba con la mascarilla puesta. Me enteré en julio, porque cuando fui a hacerme una colonoscopia que tenía prevista y me hicieron la PCR por protocolo de anticuerpos positivos. La carga viral era suave. Yo me cuidé tanto por ella, porque su vida depende de mi cuidado. Muy fuerte la señora, y no lo cogió. Gran susto».
Cuatro años después de llegar a España, Karla trabaja como interna y vive ahora, según sus propias palabras, una situación aceptable. Pero no olvida lo que ha pasado, el hambre, la necesidad, el frío y esa especie de impuesto revolucionario que tienen que pagar por ser migrante, mujer, de otro país, cuando vienen de su país de pagar otros tantos: «Allá tú tienes un negocio, llega un grupo dedicado al crimen organizado, al narcomenudeo, te dicen «usted tiene que darme tanto y yo la cuido». Y eso de cuidar es que nadie te va a asaltar. Y luego hay otro grupo que se llaman maras y vienen a pedirte. Y de repente hay tres grupos delictivos pidiéndote y tu negocio no te da. Si tú decides cerrarlo o emigrar, y ellos se enteran, te matan antes de que tú cierres o te vayas. Y estás amarrada. Y lo triste es que todo ese dinero de las extorsiones va para arriba, es una cadena. El señor que gobierna tiene el control sobre esas maras. La vida no vale nada».
Karla trabajaba para el Estado. Era funcionaria, asesora técnica financiera: «Brindaba asesoría para quienes abrían un negocio. Yo tenía un salario mes a mes, pero la situación es tan peligrosa… que sales en la mañana y no sabes si vas a volver con vida por la tarde. Vas en el coche, en el comercio, y te apartas a un lado para no pisar un charco de sangre de alguien a quien han asesinado por ajustes de cuentas. Abusan en las oficinas. Uno se recoge a las seis de la tarde por el peligro. Los negocios… Vienes del súper, abres el portón de tu casa y entran los ladrones contigo, te roban la compra, el coche y, si entran dentro, hacen y deshacen, con abusos sexuales también. Es muy fuerte. Mi familia vive en una zona de circuitos cerrados y privada. Yo vivo —lo dice todavía en presente, como si viviera allí— en una zona más modesta, pero es muy buena zona. Sin embargo, te pueden perseguir y te extorsionan, y muchas veces venimos huyendo de esas cosas».
Es rotunda: «Tenemos un narcogobierno y no me da miedo decirlo. Un hombre de armas tomar. El hermano del presidente, era diputado ahora está preso en EE. UU. por narcotráfico. ¿Por qué los organismos internacionales no van a por él, por el presidente? Mientras sea dignatario no le pueden poner la mano encima. Reformó la Constitución y se reeligió con fraude. Y sus secuaces van a tratar de continuar en el poder. Allá la gente que protesta es reprimida, gaseada, es desaparecida y es asesinada. El pueblo está atado de pies y manos. Además de la represión, de la pobreza y de la pandemia robaron todo el dinero. El encargado de los hospitales móviles le dio 40 millones de dólares a una empresa que desapareció. Y bueno, esa es la situación. Yo trabajaba para ese partido de gobierno y por eso tenía mi plaza. He sido obligada a huir. A este narcogobierno sumamos la pandemia y que acaban de pasar dos huracanes y está devastado nuestro país. Ha retrocedido cien años. Se espera una migración masiva».
Ella logró traer a su hija, pero aún tiene en Honduras a dos hijos, que los cuida su hermana. «No traje denuncias porque lamentablemente la justicia allá es vergonzosa y te puedes encontrar con las mismas personas que te han hecho secuestro exprés. Cuando ves a un policía, no te sientes segura, sientes temor. Desde el Gobierno para abajo hay una redada de corrupción y todos trabajan para los malos», denuncia Karla. Su hija ha vuelto a solicitar el asilo, esta vez alegando el peligro que corre en su país por ser homosexual.
En estos días, previos a la Navidad, Karla anda entre la tristeza y la alegría de saber que, al menos, puede enviarles remesas. Acaba de venir, además, de una recogida de alimentos y materiales para su país en ayuda por los destrozos de los huracanes: «Qué duro fue ver —lo dice así, ver, ver desde lejos sin poder hacer nada— a mi hermana, con mis dos hijos, irse de mi casa. Se fueron con lo puesto, con lo poco que pudieron echar en una mochila para ponerse a salvo. Y todo lo que nos ha costado tener eso, pues ahí se queda para que te lo roben. Y así vamos, a veces no nos enteramos de lo que les pasa a los nuestros. Allá, en un grupo de WhatsApp, alguien dice «cuando le asaltaron y le quitaron el móvil»… ¡Y me entero de que es a mi hija! No te enteras de que los familiares han estado ingresados hasta que salen…». Aunque lo más duro, según Karla, lo más duro es que viven sin ti, se casan, tienen hijos, se gradúan sin ti. «Dejas la mitad de la vida allá».
Lea la historia de Karla, la mitad de su vida que se quedó en Honduras AQUÍ
Dania vive en Murcia. Llegó a España hace dos años con su marido. Vinieron, según denuncia, huyendo de la persecución política a la que eran sometidos en su país, en Nicaragua. «Todo empezó cuando nos casamos. Nos conocimos trabajando en el área de turismo. Yo siempre fui progobierno, era militante del partido, pero mi marido era del partido contrario», cuenta. Su familia está rota, dividida entre quienes apoyan al Gobierno y entre quienes han tenido que huir. «El vínculo familiar debería estar antes que la ideología política. Mi propio hermano me llamaba con amenazas, que saliera de ahí», relata, con voz suave, al otro lado del teléfono. Ella, a diferencia de Karla, sí traía pruebas, y les ha sido concedido el asilo. «Teníamos una casa a las afueras del pueblo y nos vigilaban. Dejamos de salir porque nos seguían. Nos espiaban, nos controlaban, teníamos miedo. Nos obligaron a salir sí o sí de nuestro país. Al hermano de mi marido lo secuestraron. Un país al que amas tanto se ha deteriorado», dice, ahora con la voz encogida en la garganta.
En España, Dania tuvo suerte con la primera casa en la que entró a trabajar. Pero siempre con el miedo, la incertidumbre y el desasosiego metidos en el cuerpo. «La familia era muy buena, muy buena, pero como no tienes papeles no tienes derecho a nada, ni a vacaciones, ni medias pagas, lo que te den es lo que tienes que aceptar», asegura. «En la segunda casa, como no tenía papeles, la señora no me quería contratar. Pero confió en mí, le gustaron mis formas». Mientras tanto, estuvo como el preso que vive con la condicional. «Ahora que ya los tengo, todo ha cambiado. Los papeles han venido a cambiar la situación. Con papeles tienes más opciones, tienes más libertad». Ella sabe lo que es viajar por placer y viajar para huir.
La modificación de la Ley de Extranjería es otra de las reivindicaciones en el colectivo. El Movimiento estatal #RegularizacionYa, que exige la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria y social por la COVID-19, llegó a presentar una proposición no de ley en el Congreso, defendida por varios partidos —Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Junts per Catalunya, BNG, Compromís y CUP—, que finalmente fue rechazada. El PSOE —partido de gobierno— alegó que tanto la legislación española como la europea lo que permiten es una regularización «puntual, individualizada y tasada», no como la masiva que reclaman. En estos momentos, el movimiento espera, según explican en su página web, que Unidas Podemos, el otro socio de gobierno, busque, «de forma honesta y a la altura», una solución digna a la irregularidad sobrevenida, entre otros colectivos, a las trabajadoras del hogar y cuidados.
Panorámica de la manifestación del 8M celebrada en Madrid en 2019. El segundo rostro que se ve pintado en el mural es el de Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico.
«Exigimos que la ley se revise porque estamos obligados a trabajar en el trabajo sumergido, valga la redundancia, y estamos expuestas a abusos, maltratos, porque a un inmigrante se le permite regularizar su situación a los tres años mediante un arraigo social. Imagina, una persona tres años en España no va a vivir de ayudas. Esos son mitos, bulos, no tenemos derecho a nada porque no tenemos papeles, serán otro tipo de migrantes y en otras circunstancias. Una se ve obligada a trabajar como sea y donde sea. Muchos, amontonados en pisos, en habitaciones, en condiciones increíbles. Muchas veces la gente es engañada, los hombres van a las obras, los despiden y encima los denuncian y los meten presos. Te sientes intimidada. Entonces, al no tener nosotros ese amparo de la Ley de Extranjería. A mi criterio, si un extranjero puede demostrar que es productivo y que no le va a quitar el trabajo a ningún español o a ninguna española, ¿por qué Extranjería no puede hacer una enmienda y concederle a esa persona el permiso de trabajo? Porque aquí dicen que no hay trabajo y es cierto, el trabajo no está como que vas a salir a la calle y lo vas a encontrar. Pero si buscas, a las dos o tres semanas lo encuentras y te lo digo yo con conocimiento de causa. Solamente está en querer hacer el trabajo que se ofrece y muchos no quieren estar al cuidado de mayores, de niños, no quieren limpiar. Que no es fácil, pero nosotros tenemos una meta clara y no tenemos a nadie que nos pueda acoger. Y, sencillamente, si no trabajamos, no comemos y no tenemos para vivir, y la necesidad nos obliga a aceptar lo que sea. Y en condiciones tremendas», reflexiona Karla.
Reyna, nicaragüense de 31 años, tuvo que lanzar un crowdfunding, en colaboración con otras organizaciones en Euskadi, para poder hacer frente a la situación de desamparo en pandemia. Trabajadora social, hace tres años que llegó a España. Su madre, que tiene 53, viajó seis meses antes por la imposibilidad de sostener a su familia: trabajaba por un salario que no llegaba ni a la tercera parte de la canasta básica —la cantidad mínima para cubrir las necesidades de un hogar—. «A mí me cerraron todas las puertas laborales porque firmé en contra del Canal Interoceánico», un proyecto faraónico, con años de historia, que intentó reflotar sin éxito el presidente Daniel Ortega. «Nunca pensé que al llegar aquí me iba a costar un año encontrar un trabajo. Precario. No sabía cuál era la realidad». Su primer trabajo fue en una casa de seis miembros, ocho horas, por un suelo de 700 euros, también inferior, como en el caso de su madre allá, al salario mínimo de acá, de España.
A Reyna la despidieron de su trabajo el 15 de abril, un mes justo después del inicio del estado de alarma por la pandemia: «Me despidieron alegando que no sabían qué iba a pasar, me pagaron lo que quisieron. Los iba a demandar, pero era cansado, no había garantías». Su madre también se quedó sin trabajo. Y ahí surgió, en el grupo en el que se han organizado, Feministas por Nicaragua Euskal Herria, la idea del crowdfunding. Consiguieron entre los grupos que participaron —Mujeres con Voz, Mujeres Tejiendo Red, Trabajadoras No Domesticadas, en colaboración con Fondo de Mujeres Calala, Pikara Magazine y Sortzen Consultoría— unos 18,000 euros. «Nosotras ayudamos a unas 30 mujeres con pequeños bonos porque las ayudas que había lanzado el Gobierno no eran para nosotras, sobre todo las que estábamos en situación irregular. Porque había que cotizar y un montón de requisitos que nosotras no teníamos. La solidaridad entre nosotras, amigas que estaban mejor nos ayudaban con la compra y cosas así», explica. El 1 de noviembre ha comenzado un nuevo trabajo en una casa, donde cuida a una bebé.
Reyna habla muy rápido, como si quisiera que el tiempo transcurriera a la velocidad de la luz. «Aquí no tengo derecho ni a vivienda digna. No tengo tarjeta sanitaria. En el médico me han tratado fatal. Y con la situación política en Nicaragua me toca quedarme aquí. No veo la manera de que pasen esos benditos tres años por esa dichosa ley de extranjería, que es la peor de las violencias que podemos tener las migrantes. Tampoco puedes estudiar porque, uno, es carísimo, y dos, como estoy en situación irregular, tampoco tengo derecho a nada. Es una super desigualdad increíble». Literalmente, Reyna asegura sentirse encerrada. El día de la entrevista le acababan de denegar el asilo a su hermano, que también viajó a España. Tiene 15 días para abandonar el país. «Es una pesadilla, ahora no podemos ni volver por el covid». Y desde el inicio de la pandemia, además, no pueden mandar remesas: «30 o 40 dólares, pequeños envíos por si a mi hermano que sigue allí le cortan la luz. Pero mayor envío no. Ni hemos podido concretar metas que traíamos como casas, negocios y tal. Yo he solicitado el arraigo social el 1 de octubre, con la esperanza de que mi situación migratoria cambie y poder optar a otro empleo, con mejor salario», aclara.
Lea lo que significa para las familias en Nicaragua tener a sus seres queridas en España AQUÍ
Son mujeres que quieren prosperar y no pueden. Como le ocurre también a Lourdes, hondureña de 27 años. Ella llegó a España con 19, sin saber absolutamente «naaaaada», así, con muchas «aes» en su dicción, con apenas 300 euros en el bolsillo. En un taxi le cobraron 100. Quiso estudiar Derecho en su país, pero su madre no pudo costearlo. «No tengo padre, me crié con mi abuela. Honduras no es país para vivir. La luz y la comida es más cara allí que aquí. Nos mataron a un primo que era periodista, y en la Corte no hay un expediente, ni juicio», asegura.
En España ya ha estudiado un módulo de educación infantil —una opción bastante parada ahora por la pandemia— y está ahora estudiando primero de Derecho por la UNED, mientras trabaja como empleada del hogar. Vive en Madrid. Tiene estabilidad y la tratan bien. Pero —y volvemos al principio— no entiende cómo en España, ese país del primer mundo al que un día decidió migrar, discrimina a las trabajadoras del hogar: «Por más empleada de hogar que seas, todos los trabajos son dignos, requieren un trato justo y un salario justo. No es normal que en un país que es el primer mundo no tengamos derecho a paro». Y lanza, también, una reflexión sobre el otro lado del océano: de su trabajo se está beneficiando el mismo Gobierno que la expulsó, pero no puede dejar a su familia de allá tirada.
En la pancarta de cabecera de la manifestación del 8M de 2019, junto a Nora Cortiñas, del movimiento argentino Abuelas de Mayo, y otras representantes de distintos colectivos feministas, marchó Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico.
«Las remesas son las que sostienen a esos países realmente. Cogen los gobiernos de los países de origen y los de acá reciben sus impuestos. Pero es que si no envías, la gente de tu familia no come, ni se pueden pagar tratamientos médicos», denuncia Rafaela Pimentel. En la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar también tuvieron que crear una caja de resistencia: «porque sí, muchas ayudas, pero a ver quién es la guapa o el guapo que le dice al casero que no va poder pagar la luz». Por eso, las redes, la autorganización, ha sido vital para sobrevivir durante muchos años, pero mucho más en pandemia.
«Como organización, hemos hablado con los caseros y, así, a muchas compañeras no las sacaron de los pisos o de sus habitaciones. O a sus propios compañeros, si ellas estaban internas. Ha sido terrible sostener todo eso, pero ha sido muy importante sostenernos», añade Rafaela. Durante todos estos meses han formado a promotoras de salud, están acompañando a muchas mujeres a interponer denuncias, en los ambulatorios… El sostén, siempre el sostén. Y también están para sonreír. «La alegría es fundamental. Nos mandamos canciones, audios, vídeos». Porque a ellas la pandemia también les ha arrebatado vidas. Vanessa, por ejemplo, perdió en agosto a su abuelito.
Tras el fraude electoral de 2017 se plantearon reformas para evitar una nueva crisis, sin embargo, a dos meses de las elecciones primarias no existe la posibilidad de que se apruebe alguna de estas reformas.
Desde el 2018, las reformas electorales han sido tema de discusión en Honduras. La única acción sobre esto es un dictamen de la nueva Ley Electoral —que ya se encuentra en la Secretaría del Congreso Nacional, casi totalmente aprobada— esta da protagonismo exclusivo a los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal (PL) y Partido Nacional (PN). Estas fuerzas políticas buscan equilibrar fuerzas en las mesas electorales, pero las reformas profundas como la segunda vuelta y la reelección presidencial, no están en el tapete de discusión.
Los órganos electorales que intervendrán directamente en el proceso son los recién creados Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que sustituyeron al Tribunal Supremo Electoral (TSE). También jugará un rol clave el Registro Nacional de las Personas (RNP), este último encargado de dos cosas: depurar el censo nacional electoral y entregar una nueva tarjeta de identidad. Estos tres órganos no son rectorados por un funcionario sino por tres, que representan a los tres partidos mayoritarios.
El pasado 13 de septiembre de 2020, el CNE convocó a elecciones primarias e internas y pidió que se aprobara lo más pronto posible la nueva Ley Electoral.
El abogado Augusto Aguilar, expresidente del TSE y uno de los constructores del dictamen de la nueva Ley Electoral, dijo a Contracorriente que las reformas no satisfacen las aspiraciones profundas, pero que hay al menos veinte cambios sustanciales, los más relevantes tienen que ver con la integración de las mesas electorales, que antes se conformaban con un miembro de cada partido.
«Pero en este momento esto no es solo inconveniente, sino casi imposible porque existen catorce partidos y si se continúa con la misma ley, que va a ser derogada, tendríamos a veintiocho miembros por mesa. ¿Se imagina usted tanta gente y en espacios pequeños como son las aulas de las escuelas? Se pidió que se reduzca a cinco miembros», argumentó Aguilar.
Por otro lado, agrega que desaparecen las credenciales en blanco que antes servían para que se traficara con ellas y, además, se hizo cambios sustanciales en lo referente a la deuda política. Explica que ahora solo se debe pagar conforme a la cantidad de votos obtenidos por cada partido, y en el nivel presidencial. También se incluyen cambios en la transmisión de resultados.
Dos mujeres ingresan a la oficina del Registro Nacional de las Personas para tramitar sus documentos de identidad. Tegucigalpa, 30 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.
«Los resultados electorales tendrán que transmitirse de forma simultánea, no solo al organismo electoral, sino a los partidos políticos en contienda. Se incluye disponer del lector de huella como requisito para una mayor identificación de los ciudadanos al momento de ejercer el sufragio, es decir, se hará ahora con su tarjeta de identidad y con su huella dactilar», expresó Aguilar.
El tiempo para aprobar la nueva Ley Electoral se agota y las reformas mínimas planteadas tienen que estar aprobadas una vez terminen las elecciones primarias, en donde solo participarán Libre, PN y PL.
«La convocatoria a las elecciones generales debe ser en mayo y los once partidos restantes deben inscribir sus planillas. Entre marzo y mayo deben formalizarse las alianzas entre los partidos y estar inscritas antes de la convocatoria a elecciones», dijo Augusto Aguilar.
El abogado Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), agregó que se están escuchando voces de algunos integrantes de partidos políticos de distintas corrientes diciendo que es mejor postergar la aprobación de la nueva Ley electoral hasta finalizadas las elecciones primarias, y que existen facciones que han impedido que se discutan y aprueben las reformas planteadas.
Jerez piensa que no existe certeza jurídica para las elecciones primarias y recuerda que el plazo para entregar el censo electoral era el 8 de enero y que, en la primera entrega del censo provisional, a finales de 2020, se encontraron miles de inconsistencias. Sumado a lo anterior, agrega que el proceso para la contratación de la empresa que proporcionará el sistema de transmisión de los resultados no ha finalizado e incluso avanza más lento de lo previsto. Finalmente, expone que las elecciones se llevarán a cabo en medio de una pandemia, lo que representará un reto natural en el proceso.
«Entonces el riesgo de eso es que, ante esa incertidumbre tanto a nivel organizacional como jurídica, eso le puede dar armas a aquellas personas que quieren deslegitimar procesos y resultados para que no haya elecciones», explica Rafael Jerez de la ASJ.
Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la República y coordinador general del Partido Libre, durante la inscripción de los movimientos internos de su partido en el Consejo Nacional Electoral. Tegucigalpa, 3 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
El dictamen propuesto establece que las juntas receptoras de votos o las mesas electorales deben ser integradas por cinco miembros propietarios, con sus respectivos suplentes, en donde solo los representantes del PN, PL y Libre podrían optar puestos directivos en la mesa.
Jorge Cálix, diputado de Libre, dijo a Contracorriente que el dictamen de la nueva Ley Electoral está listo para ser aprobado en la Secretaría del Congreso, pero que el único problema «es que el PN quiere que los partidos pequeños ostenten cargos directivos en las mesas electorales. Los cargos directivos de la mesa, según el dictamen, se distribuyen entre los tres partidos políticos con alto caudal electoral (PN, PL y Libre), ¿por qué?, porque en las elecciones pasadas se les dio 36,000 credenciales a los partidos pequeños y algunos terminaron solo con 3000 votos. El PN quiere que partidos como Democracia Cristiana, Unión Democrática, el Faper, Alianza Patriótica, tengan la posibilidad de ser presidentes en una urna, porque saben que ese presidente será puesto en realidad por el PN», subrayó Cálix.
El congresista de Libre sentencia que si no se respeta el dictamen no continuarán con las negociaciones ya que «el Partido Nacional nunca ha querido aprobar la nueva Ley Electoral».
Por su parte, Tomas Zambrano, diputado por el PN, en sesión legislativa del 30 de diciembre —la última del año que pasó y en la que esperaban aprobar una gran parte de la nueva ley— dijo que «la intención del PN es entregarle una nueva Ley Electoral al pueblo hondureño, si es necesario para las primarias y con seguridad para la elección general». Sin embargo, antes de proceder a la aprobación de las reformas, los diputados de Libre decidieron retirarse del pleno.
«Se pumpunean el pecho diciendo que quieren la nueva Ley Electoral, pero hoy dicen que no van a votar, ¿quién les entiende?», señaló Zambrano, y agregó que los parlamentarios de Libre lo que quieren es caos, violencia y fuego en el país. El pasado 11 de enero, Zambrano aseguró nuevamente que se terminaría de aprobar la ley, pero diez días después sigue sin existir consenso.
Yani Rosenthal, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, al momento de inscribir su candidatura frente al Consejo Nacional Electoral. Tegucigalpa, 3 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente
Sumado a toda esa discusión, Mauricio Villeda, diputado del PL, denunció que se han ofrecido sobornos en la negociación de acuerdos para la aprobación, pero aseguró que una parte del partido político al que pertenece no iba a participar de dichas negociaciones corruptas.
Para Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y miembro de diversas comisiones estatales, hasta el momento no hay voluntad política en los tres partidos políticos mayoritarios de aprobar la nueva Ley Electoral y sobre todo de dar paso a las reformas de fondo que se han propuesto.
Al contrario del debate sobre qué partidos integrarán las mesas electorales, para Castellanos estas mesas receptoras no deberían estar en manos de partidos políticos, y asegura que Libre tampoco tiene interés en reformas políticas de fondo, porque solo les interesa la segunda vuelta o el no financiamiento de partidos emergentes. «No les importa la modificación de las mesas electorales y que exista la posibilidad de que estas instancias sean supervisadas y administradas por ciudadanos sin afiliación política», concluyó.
Según un informe presentado por el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (Fosdeh), la actual configuración de las mesas electorales le cuesta al Estado un aproximado de 300 millones de lempiras.
Castellanos no deja por fuera al Partido Nacional de su análisis y asegura que no quieren reformas que modifiquen las condiciones que les garanticen seguir ganando elecciones. «Estos meses hemos visto un forcejeo del poder, Libre y el PN están disputando el poder», aseguró en entrevista con este medio.
El analista Efraín Díaz Arrivillaga manifestó a Contracorriente que las reformas profundas, como segunda vuelta y ciudadanización de las mesas electorales, no se dieron y no se van a dar, porque hay sectores como el PN que están empecinados en no querer aceptarlas y que ahora.
Arrivillaga dijo que incluso hay «propuestas para dificultar el proceso de alianzas políticas. Todas las condiciones que crearon la crisis de 2017 están dadas en este momento. Tenemos información de que hay irregularidades en el censo y esto es así porque el RNP sigue en manos de los partidos políticos, porque es el mismo esquema de los últimos cuarenta años. Y ahora estamos ante una nueva incógnita, con incertidumbre y con posibilidades de poder repetir los hechos de 2017», expresó, y además argumentó que en ausencia de las reformas políticas profundas pareciera que lo único que queda es esperar que no haya fraude en las mesas y detener el tráfico de credenciales, porque ese ha sido uno de los puntos oscuros en las elecciones pasadas.
Por Martín Cálix
Junto al póster de los Beatles tenía un viejo retrato de León Trotsky que le recordaba su época de la universidad, aquellos años en donde militó en una organización de izquierda semiclandestina, o eso creían ellos: que eran clandestinos. Hablaban de los problemas de la universidad, de los baños que siempre estaban sucios, hechos una pocilga, de la necesidad de seguir construyendo el partido obrero y la Cuarta Internacional, digamos que hablaban de todo y mucho, hablaban más de lo que fumaban, y fumaban.
—¿Quién es él? —Preguntó ella. —¿Es tu abuelo? —Preguntó después casi en una sola bocanada de aire. A él se le dibujó una sonrisa cómplice, llena de ternura, le acarició la espalda desnuda y le dijo que no, que no era su abuelo.
—¿Entonces?
—Es Trotsky.
Ella asintió en silencio con la cabeza. Quizá no sabía quién era, quizá no le importaba, quizá jamás escuchó hablar de él. Luego se dio la vuelta con una belleza posible solo en ella. Él la vio como en cámara lenta, estaría embobado, «sus pechos se ven hermosos…» reflexionó, y la media vuelta terminó, ella posó sus manos en su cintura.
—Te ves muy linda.
—Es la luz de tu casa.
—No. Lo digo en serio, te ves muy linda.
—También yo, es la luz de tu casa. —Acentuó ella con cierta picardía.
Trotsky los veía con cierta tristeza desde la pared y los Beatles lo ignoraban todo. Solo que era octubre, siempre era octubre. Y Trotsky seguía escribiendo, quizá, el mayor análisis de la lucha de clases jamás escrito mientras en la cama se desarrollaba la vida sin mayor preocupación por esos detalles. Esa otra pequeña cosa que el viejo en la pared no lograba concretar desde su revolución de octubre, esos agitados y cada vez más lejanos días.
—Pero se ve triste. —Le dijo ella, casi apagando su voz al pronunciar suave, muy dulce, la palabra «triste», como si no quisiera molestar al viejo, como queriendo no ofenderlo.
—Puede ser, era un tipo muy ocupado.
—¿Tanto como para terminar en tu pared?
—Tanto como para terminar en mi pared. —Respondió él, con la ternura que se puede poseer cuando por las tardes llueve y la tierra mojada huele por todos lados. «Tanto como para…», se dijo apenas sin terminar la frase en su cabeza. Le resultó interesante y a la vez incómoda la reflexión. Y miró nuevamente el retrato de Trotsky, lo vio como se ve a un pariente muerto, lo miró para reafirmarse, quizá, que lo de la pared no estaba del todo mal, que era como una especie de altar. «Se ve bien… muy bien», pensó.
Ella se sentó al borde de la cama, como quien se asoma a un acantilado. Su espalda se veía verdaderamente hermosa. Él puso su mano extendida sobre su espalda y la hizo ir de arriba hacia abajo. Con la yema de los dedos le tocó los huesos de la columna que saltaban a simple vista contando en silencio los puntos donde quería besarle: sus lunares y unas pecas que formaban una especie de galaxia desconocida. Afuera llovía, así estaba ok.
—Es bonita la vida. —Dijo de pronto ella.
—¿Por qué lo decís? —Su mano bajaba al lado izquierdo de su cadera.
—Porque llueve y huele así… —y respiró profundo, hondo, estirando sus brazos hacia arriba.
Miró de nuevo el retrato de Trotsky, en silencio, sus ojos lo miraban profundamente como buscando la respuesta de algo muy importante en él. Naturalmente que Trotsky no sabía de qué se trataba todo ese asunto, él solo sabía que era octubre y que debía de terminar de escribir, que, bueno, es cosa de los viejos bolcheviques. Ella buscaba otra cosa, totalmente distinta a un ensayo sobre el capitalismo o sobre la revolución traicionada. Ella buscaba el brillo en los ojos de Trotsky, el brillo de la vida.
—Ya estaba muerto cuando le tomaron esta foto.
—¿Qué?
—Sí, ¿no prestaste atención nunca a sus ojos?
—Estaría enfermo quizá.
—No, ya estaba muerto… ¿en qué año se la tomarían?
—Qué voy a saber, 1938 o 1939… en México seguramente, Frida, quizá.
—Eso puede ser entonces…
—¿Qué cosa?
—Le dolía el corazón.
—Hum… —dijo él— jamás lo hubiera pensado.
De repente se le veía más triste al viejo Trotsky. Posiblemente ni él se había puesto a pensar en que le faltaba brillo en sus ojos, quizá recordó que sí fue Frida quien le tomó esa foto y algo dentro suyo se estremeció como se estremece una casa en medio de un terremoto. Devastado, posiblemente, la tristeza más profunda volvió a él, a la par, sus cuatro compañeros de pared cantaban a coro una she loves you tan melancólica como el recuerdo de las pequeñas cosas que quedan atrapadas en el recuerdo de la infancia.
—Me gusta su pelo. —Dijo, y echó una carcajada perversa.
—Estás loca, su pelo sí que le debió de dar problemas.
—Uy, parece que a vos no te gusta cómo se ve el viejo…
—No es eso, pero debió de darle mucho trabajo mantenerlo tan bello, pensá en la cantidad de dinero que eso conlleva.
—Sos un tonto, ¿sabías?, quizá Frida se lo peinaba..
—No lo creo…
—Yo tampoco. —Y se rieron sin saber por qué exactamente se reían, quizá sí era la luz, quizá solo era ellos.
Una leve sonrisa se le dibujó al viejo, una sonrisa como si se hubiese acordado de algún momento feliz, como si la sombra de su propia muerte no importara. «¡Qué importa la muerte!», se decía Trotsky, y volvía al papel, a su quehacer, desde un México tan en blanco y negro como su 1917. Afuera llovía un octubre distinto, un octubre más joven, más suyo que aquel.
—Trotsky tenía otro amor. —Le dijo él, mientras sacaba un cigarrillo de un paquete por terminar y tomaba el encendedor del interior de uno de los bolsillos de su pantalón que había estado tirado en el suelo.
—¿Ah sí? ¿Quién?
—Natalia Ivanovna.
—¿Era guapa?
—Claro, muy guapa.
Se llevó el cigarro a la boca y lo encendió, se levantó de la cama y vio por la ventana que la tarde y la lluvia, juntas, eran inmensas. Afuera llueve como llueve cada octubre, incluso, en el octubre de 1917. Cierto frío entra a la habitación desde afuera y ella se cubre con la sábana, cierra los ojos y le dice que deje el cigarro, que vaya a dormir con ella.
¿Quién en su sano juicio democrático se opondría a aumentar la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar la seguridad ciudadana, promover el desarrollo y el crecimiento económico inclusivos? Todo esto para evitar que más personas del Triángulo Norte centroamericano migren irregularmente a los Estados Unidos: nadie. Pero cuando se dice que esos son, entre otros, los objetivos de la ley de los Estados Unidos para el triángulo norte que le da la bienvenida al presidente Joe Biden, entonces los ceños se fruncen en muchos rostros, y en otros, se levantan para insinuar, tímidamente, cierta satisfacción o esperanza.
La ley H.R. 2615, nombrada como United States-Northen Triangle Enhanced Engagement Act (en español Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos) fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 2020 que se ha popularizado como la Lista Engel, por referencia al representante Eliot L. Engel, miembro presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos y autor de la ley ahora aprobada.
La Lista Engel deberá ser presentada públicamente por el presidente Biden al Congreso. Esto sucederá ciento ochenta días después de aprobada la ley y al menos cada año en adelante. La lista identificará a cada persona que el presidente Biden determine que ha tenido un involucramiento conocido en acciones que degraden procesos e instituciones democráticas o que hayan participado en actos graves de corrupción o de obstrucción a la investigación en El Salvador, Honduras y Guatemala. A las personas identificadas en esa lista, se les impondrán sanciones que incluyen el retiro de la visa o el ser declarado no elegible para obtenerla así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio.
El retiro de la visa o no ser elegible para recibirla, despierta gran preocupación en la mayoría de los centroamericanos. Pero en el caso de un político, empresario corrupto o un narcotraficante, perder el acceso a los Estados Unidos es un gran problema para los negocios.
Es en ese país en donde se lava mucho del dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico y además es ahí donde están las empresas con las que se desea hacer alianzas para negocios en la región. También es, por supuesto, un problema de estatus, sobre todo si se hace público el estar en una lista de este tipo.
La principal diferencia con la Lista Magnitsky es que esta se centra en funcionarios que hayan sido parte de violaciones a derechos humanos. A pesar de haber incluido a algunos por su participación en corrupción, la Lista Magnitsky no fue originalmente diseñada para ese fin y por eso presenta limitaciones. La Lista Engel es innovadora en el sentido de que se enfoca en la corrupción y en acciones antidemocráticas dentro y fuera de los Estados Unidos y está dedicada específicamente a los tres países del Triángulo Norte centroamericano.
La Lista Engel ha sido lo más conocida en la región y forma parte de uno de los múltiples informes que la ley ordena al presidente presentar al Congreso. Sin embargo, no es la única acción que la ley H.R. 2615 contiene.
La ley de compromiso mejorado tiene catorce secciones, de las cuales, diez dictan los componentes y acciones que la nueva administración deberá implementar como parte de su política hacia el Triángulo Norte. Se delega al Departamento de Estado en coordinación con las autoridades de Usaid y otras agencias federales la provisión de todos los insumos necesarios a las comisiones respectivas del Congreso. Estos insumos serán reportes sobre diagnósticos de la situación y avances en la implementación de la ley. Los primeros insumos en la mayoría de las acciones deberán ser presentados ciento ochenta días después de que la ley fue aprobada.
Migración, crecimiento y desarrollo inclusivo
La sección dos de la ley estipula la entrega de un reporte, que deberá ser público, sobre los principales factores que producen la migración hacia los Estados Unidos. Los requisitos del reporte son detallados en relación con datos desagregados a nivel municipal sobre todas las dimensiones conocidas del fenómeno migratorio. Sin embargo, se hace énfasis en los aspectos relacionados con violencia basada en género así como abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y detención arbitraria supuestamente cometida por miembros de las fuerzas de seguridad o en complicidad con estas, además de lo que ya se conoce es cometido por organizaciones criminales.
En esta sección se requiere información sobre la efectividad de las estrategias anticorrupción, a través de la asistencia bilateral y multilateral. Se incluye también una estimación del impacto de la corrupción en la migración, incluido lo relativo al narcotráfico y el financiamiento ilegal de campañas, así como una lista de funcionarios que son conocidos por estar involucrados en la corrupción o en facilitarla.
El hecho de incluir la corrupción en los factores que producen la migración es una innovación respecto de la percepción generalizada de que son la pobreza y la violencia los únicos detonadores del fenómeno. Si bien el efecto de la corrupción en la migración no es directo, sí lo es la degradación de las condiciones de vida que ésta produce en la mayoría de las personas. Servicios públicos e infraestructura precaria, bloqueos a la movilidad social, impunidad, competencia desleal, pérdida de legitimidad y confianza en las instituciones, perversión de los procesos democráticos, son, entre muchos otros, problemas que se han hecho estructurales gracias a que benefician a unos pocos en detrimento de muchos más. Esto lleva, finalmente, a poner la atención en las élites políticas y empresariales corruptas, y su responsabilidad frente al deseo de miles de personas de huir de estos países, ya que aquí en la región esas élites son responsables no solo de la corrupción, sino también del sistema de impunidad que los protege.
La sección tres de la ley requiere al secretario de Estado priorizar acciones para promover el crecimiento económico y el desarrollo inclusivos en la región. Nadie puede negar que todo lo requerido por la ley es necesario para superar el subdesarrollo. Sin embargo, así como en la sección de migración, aquí habría sido necesario incluir también el efecto que tiene la corrupción en la perpetuación de instituciones económicas y políticas excluyentes que han permitido a generaciones de redes corruptas nutrirse del subdesarrollo. Es una expectativa problemática, dado que las élites económicas tradicionales de estos países han sido socios comerciales de los Estados Unidos.
Muchos funcionarios del gobierno de ese país saben que prominentes miembros de las élites —no todos por supuesto— han sido responsables directos de la perpetuación de un modelo económico que da como resultado un capitalismo precario y provincial, cerrado a la libre competencia y dependiente de instituciones creadas y controladas para beneficiar a esas grandes familias en esta región.
Muchos de ellos fueron aliados fundamentales en el anticomunismo y contrainsurgencia de la segunda mitad del siglo pasado. Muchos de ellos son elegantes accionistas del negocio de la droga y del lavado de activos. Pero tienen poder económico y político en estos países y en aspectos específicos de los intereses de Estados Unidos, son también aliados. No es fácil, se entiende, y tampoco es que haya muchas alternativas viables en estos países para transformar el modelo económico sin que eso signifique el absoluto derrumbe nacional.
Corrupción, democracia y seguridad
La sección cuatro de la ley presenta las acciones para el combate a la corrupción en el Triángulo Norte. Se ordena al secretario de Estado priorizar el fortalecimiento del sistema judicial y de los ministerios públicos o fiscalías a través de asistencia técnica y el apoyo a procedimientos de transparencia y protección de funcionarios. Se incluye el apoyo a las instituciones financieras para identificar el lavado de dinero y romper los holdings financieros que utilizan funcionarios y empresarios corruptos o el crimen organizado. El secretario de Estado deberá presentar luego de ciento ochenta días de promulgada la ley una estrategia de cinco años para combatir la corrupción en la región.
En el Triángulo Norte hay antecedentes de fiscalías especializadas, la FECI en Guatemala y la ahora Uferco —antes Ufecic— en Honduras, que surgieron de esfuerzos internacionales por mejorar las capacidades de las instituciones de investigación. Actualmente, esas fiscalías urgen de apoyo dado que en sus propios países están siendo desmantelados, los avances logrados y sus funcionarios están siendo seriamente atacados. La Maccih y la Cicig contribuyeron a la creación de esas fiscalías y ahora, luego de que el Gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras y Jimmy Morales en Guatemala lograron frenar el trabajo de esas comisiones, estas instituciones especiales quedaron sin la protección política que daba el apoyo internacional. Hay que reconocer que en estos países el perro no puede cuidar la carne, es decir, lo único que ha logrado hacer que la lucha contra la corrupción avance ha sido el apoyo internacional. Hinchar la soberanía y el orgullo nacional en este tema es inútil y hasta contraproducente.
También se incluye el nombrar a un asesor experimentado en Estado de derecho para el Triángulo Norte asignado a la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales, que tendrá la responsabilidad de liderar el «compromiso diplomático» (entiéndase por esto torcer el brazo) con los países del Triángulo Norte e impulsar las acciones y la estrategia que la ley ordena.
En momentos pasados de la historia de la relación entre Estados Unidos y la región, una figura como esta dictó el rumbo de, por ejemplo, la contrainsurgencia y empoderó o limitó a gobernantes militares en la época más cruenta de los conflictos armados. Una figura igual también promovió la transición a la democracia y luego la guerra contra las drogas.
La corrupción tiene la ventaja de no ser un problema ideológico, gobiernos de izquierda y de derecha en Centroamérica se inclinan igualmente a esta práctica. Era lógico que eso no sucediera durante el Gobierno de Trump, dado que, como se espera sea demostrado, habría sido otra vez el perro cuidando la carne. No es cosa de que no haya gobiernos demócratas tan corruptos como los republicanos. Es que se trataba de Trump, la encarnación del ideal del hombre del dinero fácil, sin escrúpulos ni consideraciones pero buen cristiano y patriota.
Tal vez ahora, con la justificación de que la corrupción es un detonador de la migración, este asesor tenga más herramientas para lidiar con lo que queda de Juan Orlando Hernández, prominente autócrata señalado en los casos en Nueva York; con Nayib Bukele, que ha mostrado su desprecio por la democracia y con Alejandro Giammattei, que es un eslabón más de la fuerte cadena que ancla el barco de las mafias en el Estado de Guatemala.
Con ellos y con sus fiscales generales —que como se sabe, actualmente carecen de independencia y han sido cómplices de la reproducción de la impunidad— y con los demás (los operadores) que facilitan la corrupción sin ser figuras públicas, pero bien conocidas en el medio, intocables y con habilidad para entrar y salir a conveniencia por la puerta giratoria de lo público y lo privado, lo nacional y lo internacional.
La sección cinco de la ley presenta acciones para fortalecer las instituciones democráticas en el Triángulo Norte. Este es un reto de gran envergadura en la actualidad dado que la democracia ha sido degrada al nivel de su sobrevivencia formal. Honduras es una autocracia y en El Salvador Nayib Bukele socava las bases de una democracia frágil pero estable en la región. Su discurso ego maníaco, populista y degradante de cualquier forma de oposición ha profundizado la polarización heredada del conflicto armado interno. Recientemente, Bukele despreció la conmemoración de la firma de la paz manipulando el discurso oficial e incentivando el odio. Un retroceso a una reconciliación que ha sido lenta y complicada. En Guatemala, Giammattei demuestra ser un actor incapaz frente a los poderes mafiosos del país representados en el Congreso de la República. Su opacidad se traduce en complicidad en la práctica.
La ayuda internacional en materia de fortalecimiento de la democracia enfrenta una peligrosa paradoja: fortalecer instituciones que a la vez son la causa del debilitamiento de la democracia. En estos tres países, la democracia no supera la formalidad, la apariencia y el procedimiento, por fallas o defectos en el diseño institucional, sino por la existencia de poderosas redes políticas y empresariales que han sabido reproducir sus indebidos e ilegales beneficios, a través de una simbiosis que amalgama la formalidad de las instituciones democráticas con prácticas patrimonialistas antidemocráticas.
La sección anterior, de lucha contra la corrupción, debería tener como resultado una mejor democracia, sabiendo que no basta con extirpar a los corruptos del sistema, sino que es necesario transformar ese sistema para que se proteja de la llegada de los corruptos. Eso es democracia, un sistema que democráticamente se protege a sí mismo de quienes lo degradan. Es limitado lo que Estados Unidos puede hacer en ese sentido cuando las mismas élites políticas y económicas de un país son las más antidemocráticas y con una población que nunca ha vivido y por lo tanto apropiado del beneficio de vivir en una democracia que no sea solo electoral.
La sección seis de la ley presenta acciones para mejorar la seguridad en el Triángulo Norte. Es larga y tortuosa la historia de ayuda de ese país para este objetivo. La ley dicta como prioridades el entrenamiento y el apoyo técnico a las fuerzas de seguridad tal como se ha hecho en el pasado. Se debe presentar también una estrategia sobre el tema ciento ochenta días después de promulgada la ley.
Llama la atención que la ley establece como una prioridad para el secretario de Estado implementar la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (Carsi). Entre 2008 y 2011, se destinaron USD 361.5 millones y otros 105 millones para el año 2012. Poco se supo de los logros de la Carsi y algunos estudios demostraron la falta de evaluaciones de impacto de los programas y proyectos que se implementaron con esos fondos. Una de las grandes falencias fue producida por la incapacidad de las instituciones para la coordinación regional. La coordinación centroamericana estuvo a cargo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) el cual también fue responsable de ejecutar proyectos de la CARSI. El SICA carece de capacidades de implementación y ejecución, y su labor de coordinación es limitada, debido, entre otras razones de orden técnico, a la falta de voluntad de las autoridades políticas nacionales. El Departamento de Estado tiene el doble reto de actualizar la Carsi y buscar mejores operadores.
Aquí un cambio de paradigma es necesario. Al igual que lo que sucede con el fortalecimiento de la democracia, las instituciones de seguridad, especialmente la policía, dependen al final de cuentas del liderazgo político y cuando este se inclina hacia la represión, el nexo criminal y la corrupción, no hay apoyo internacional que logre frenar su denigración y efectos negativos frente a la población.
La balanza del apoyo de Estados Unidos poco se ha inclinado hacia un enfoque social y político del problema. Social porque la violencia aquí es la expresión de carencias, no de pobreza, sino de desigualdad. Esto incluye a la extorsión y las pandillas que hasta el cansancio han evidenciado que el enfoque represivo no funciona. El enfoque político del problema de seguridad radica en aceptar que esos grupos criminales tienen un estrecho vínculo con el sistema político. Se ha demostrado en El Salvador cómo los partidos y el actual presidente Bukele negocian con las pandillas. En Honduras se ha demostrado cómo el narcotráfico está presente en el núcleo del partido de gobierno con el presidente a la cabeza y muchos diputados son caciques en territorios controlados por el narcotráfico y las industrias extractivas. No hay forma de mejorar la seguridad si no se rompe el nexo político-criminal. Estados Unidos lo debe saber, pero, nuevamente, las limitaciones son muchas para actuar desde afuera sin que luego se proteste por excesivo intervencionismo.
Los fondos y las condiciones para su desembolso
La sección siete de la ley autoriza al presidente Biden el uso de USD 577 millones del año fiscal 2020 para la implementación de las estrategias que la ley dicta. Además establece que de esos fondos, USD 490 millones se destinarán para los países del Triángulo Norte, USD 10 millones para la Inter American Foundation para enfrentar las causas de la migración y USD 20 millones para el componente específico de mujeres, niños y niñas en relación con la migración.
La sección ocho establece las condiciones que la ley impone a los países del Triángulo Norte para recibir el apoyo. Esto recuerda las condiciones, incumplidas por los países, que se impusieron con la Alianza para la Prosperidad del Gobierno de Obama. En esta ley se establecen catorce condiciones:
Informar a sus ciudadanos de los peligros del viaje hacia la frontera suroeste de Estados Unidos.
Combatir todas las formas de tráfico y trata de personas.
Contrarrestar el tráfico ilícito de drogas, armas de fuego, vida silvestre, recursos naturales y otras formas de contrabando.
Combatir la corrupción, incluida la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores presuntamente corruptos.
Implementar reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas y el Estado de derecho.
Contrarrestar las actividades de bandas criminales, narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales.
Asegurar que las fuerzas de seguridad nacionales respeten los derechos humanos.
Investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil al personal gubernamental que presuntamente haya violado los derechos humanos.
Cooperar con las comisiones contra la corrupción y la impunidad y con las entidades regionales de derechos humanos.
Apoyar programas para reducir la pobreza, ampliar la educación y la formación profesional para jóvenes en riesgo, crear empleos y promover un crecimiento económico equitativo, particularmente en áreas que contribuyen a un gran número de migrantes.
Crear una fuerza policial civil profesional y responsable y poner fin al papel de los militares en la vigilancia interna.
Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición y otros miembros de la sociedad civil a operar sin injerencias.
Implementar reformas fiscales, garantizar los derechos de propiedad y respaldar una mayor inversión privada en la región.
Resolver disputas comerciales.
Como se dijo antes, nadie, en su sano juicio democrático, se opondría a que los presidentes cumplan esas catorce condiciones. Actualmente, se falla en todas o se cumple solo para la foto y la publicidad oficial. En muchas de esas condiciones el problema es que se pone en juego el vínculo político-criminal o el modelo patrimonial que sostiene el sistema político y económico de los países.
La ley establece que 50 % de los fondos están condicionados a que el secretario de Estado certifique que los países cumplen con esas condiciones. En qué grado se cumplen, cuántas de las condiciones se cumplen y, sobre todo, cómo se cumplen es algo que la ley no establece. Y allí está el problema.
Los gobiernos centroamericanos han sido muy hábiles en «quedar bien» con Estados Unidos, en ser aliados estratégicos, una buena forma de decir «pésimos en casi todo, menos en lo que te interesa».
Juan Orlando Hernández es un autócrata señalado de estar vinculado al narcotráfico —por los mismos Estados Unidos— pero estableció una alianza con el presidente Trump a través de iglesias evangélicas y empresas afines a dicho presidente. Jimmy Morales frenó el avance de la lucha contra la corrupción, pero también fue parte de la alianza político-evangélica de Trump y aceptó que Guatemala fuera, junto con El Salvador y Honduras, un «tercer país seguro» frente a la migración. Esto lo hicieron a pesar de que Trump redujo sustancialmente los fondos de USAID para la región.
Los países del Triángulo Norte necesitan el dinero de la ayuda de Estados Unidos. Eso es sumamente evidente por ejemplo en El Salvador que presenta los problemas económicos más grandes de la región. Quedar bien con Estados Unidos y a la vez ser autócratas, antidemocráticos, corruptos e incluso narcotraficantes es ya una tradición en la historia de relaciones con Estados Unidos.
La sección nueve de la ley ordena mejorar el compromiso del Gobierno de México con el Triángulo Norte en lo relativo a la cooperación para la seguridad en la frontera de México, Guatemala y Belice. Otro reto en materia de migración que deberá ser rigurosamente observado desde la perspectiva de derechos humanos.
La sección diez de la ley se refiere a la entrega de reportes sobre los resultados alcanzados por el Departamento de Estado y Usaid en materia de migración.
La sección once tiene especial importancia porque define la naturaleza de las sanciones para luchar contra la corrupción en el Triángulo Norte. La ley aclara que el Congreso entiende que la corrupción en esta región por parte de personas privadas y oficiales del gobierno produce un daño significativo a las economías de esos países y priva a la ciudadanía de oportunidades. La corrupción en estos países es facilitada y realizada no solo por personas privadas y oficiales del gobierno de estos países sino también en muchas instancias por individuos de países terceros y que imponer sanciones a individuos en otras partes del mundo, especialmente en el hemisferio occidental, que participan de actos de corrupción que impactan los países del Triángulo Norte será de beneficio para los ciudadanos y gobiernos de esos países.
Es cierto, pero no es nuevo. La corrupción es uno de los factores que sostiene un modelo económico y político democrático que perpetúa el subdesarrollo como su principal fuente de réditos.
La corrupción no es sólo local, es regional y transnacional y en eso muchas empresas y bancos estadounidenses tienen una enorme responsabilidad. Las sanciones entonces, deberían ser para todos si es que se quiere honestamente contribuir a la reducción de los problemas que le interesan a Estados Unidos: la migración y el narcotráfico.
Se destaca la mención de tres formas de participación en la corrupción, ya que demuestran una ampliación del concepto que se adecúa con la naturaleza del fenómeno en el Triángulo Norte. En primer lugar, la corrupción relacionada con contratos con el Estado. Ese es el tipo de corrupción que la Cicig y la Maccih tuvieron como principal objetivo. Además, es esa corrupción la que se realiza a través de redes de políticos y empresarios nacionales e internacionales que constituyen las élites de toma de decisiones en los países. Los recursos defraudados al Estado retornan al sistema político a través del financiamiento ilícito de campañas electorales y determinan la naturaleza de las decisiones políticas. Esa corrupción también distorsiona la economía y afecta a una parte del sector privado, ya que permite una competencia desleal que desestimula a empresarios en todos los niveles. Si el objetivo es fortalecer la democracia, esa es la corrupción que se debe combatir, dado que es la que justifica la perpetuación del patrimonialismo y del autoritarismo.
El segundo ámbito de corrupción que será sujeto de sanciones es el soborno y la extorsión. El soborno es el aceite del motor de la corrupción, lo que la hace funcionar y produce un severo impacto en la eficiencia de las instituciones. Ser beneficiario de un contrato anómalo con el Estado implica haber gestionado varios sobornos. Para todos es conocido aquí en la región que muchos diputados se enriquecen a través de sobornos por parte de otros políticos o grupos de presión para manipular las agendas legislativas.
La extorsión en este contexto no es la misma que cobran las pandillas. Hay también extorsión de alto nivel político y esa ha pasado desapercibida gracias a la impunidad. Contextualizar el tipo de extorsión al cual se refiere la ley es algo necesario para evitar la desinformación y manipulación.
El tercer ámbito es la facilitación o la transferencia de procedimientos para la corrupción, incluyendo el lavado de dinero. Si bien esto no está del todo claro en la ley, se puede argumentar que muchas de las acciones necesarias para hacer posible la corrupción no son delitos o faltas en sí. Son más bien distorsiones o «transferencias» de los procedimientos burocráticos. Estas acciones son difíciles de evidenciar en la persecución penal y administrativa y son las que realizan los operadores de las redes de corrupción, que son personas con grandes habilidades de gestión y protección, son perfiles bajos, discretos, pero constantes a lo largo de los gobiernos. Identificar a esos personajes para combatir la corrupción es fundamental.
Las secciones doce, trece y catorce son ya procedimientos legales y no refieren a los temas centrales anteriormente descritos.
El problema no es el «qué» sino el «cómo»
Nadie en su sano juicio democrático se opondría a que las metas propuestas en la ley se cumplan. Como en otras experiencias con la ayuda internacional, no solamente de los Estados Unidos, el reto más grande es la forma en que las acciones se implementan en la región.
Uno de los primeros retos es navegar con el compromiso de los mandatarios de la región y de los funcionarios encargados de las instituciones clave, como las fiscalías. Sabiendo que el compromiso de esos funcionarios es doble, quedar bien con Estados Unidos y con las redes corruptas, el mensaje para hacer posible un cambio necesita ser contundente, eso significa algo más que quitar visas.
Otro tiene que ver con la gestión de los programas y proyectos. La forma de implementación de Usaid es a través de empresas implementadoras. Hay de todo en ese abanico, pero es palpable la necesidad de contextualizar mejor, monitorear más y evaluar tomando en consideración la opinión de actores locales no condicionados por el beneficio de los fondos recibidos.
La democracia en el Triángulo Norte no es viable en las condiciones actuales. La vida no lo es. Aproximadamente siete mil migrantes hondureños salieron en enero en otra caravana disuelta por las Fuerzas Armadas de Guatemala, aunque es más difícil ahora salir de Centroamérica, eso no descarta que cada vez más personas intenten salir de la región. La migración tiene causas económicas y sociales condicionadas por la situación política de los países.
Es acertado que la ley integre la lucha contra la corrupción para reducir la migración, para mejorar la democracia, la seguridad y la economía. Pero la corrupción es un problema político, no de ingeniería institucional y ese es el reto más grande que viene con la ley para los Estados Unidos. Se es político o empresario corrupto no solo por el dinero, sino también por el poder y por la posibilidad de permanecer en él y salir impune de todo eso.
Este año, el del bicentenario de la independencia centroamericana de España, nos hace pensar en una paradoja. Por un lado se celebra una independencia que otros niegan exigiendo una nueva soberanía descolonizadora, que incluye en la retórica liberarse del yugo imperialista norteamericano. Pero por otro lado, hay una expectativa fuerte y silenciosa de que sean los Estados Unidos los que acaben con la clase política corrupta que condena a estos países al subdesarrollo y la violencia. También a la migración.
Como sea que se tome la celebración/conmemoración/negación del bicentenario, los países del Triángulo Norte de Centroamérica inician un año que revela las consecuencias de la pandemia en países subdesarrollados, dos huracanes, polémicas elecciones, masivas caravanas de migrantes y un nuevo presidente en Estados Unidos.
La elección de Joe Biden fue para muchas personas el desahogo de la ansiedad producida por su antecesor: Donald Trump. Sus frases incendiarias indignaron a muchas personas y empoderaron a otras tantas. También Biden representa expectativas democráticas para algunas personas, pero para otras es la pérdida de los valores morales que Trump tanto vociferó —y también traicionó—.
Esas expectativas y decepciones, ese amor-odio, se traducen aquí en la región en un antimperialismo revolucionario de la unidad latinoamericana, pero también en el deseo de que sean ellos (los gringos) quienes le pongan fin a muchos de los problemas que sabemos que aquí ya no hay mucha esperanza para resolverlos.
«Si somos un protectorado gringo, es mejor aceptarlo ya y que ellos asuman su responsabilidad», dice sin ningún empacho una defensora de los derechos humanos en la región. Sin «patrioterismos» ni corrección política, hay expectativa en que este nuevo gobierno en los Estados Unidos haga una significativa diferencia respecto de lo hecho por su antecesor Trump. Centroamérica importa por la migración y el narcotráfico y Estados Unidos tiene muchos problemas que resolver luego de que Trump dejó la presidencia. ¿Hasta qué punto esta ley permitirá evitar que el Triángulo Norte se pierda en la oscuridad del autoritarismo y las mafias políticas? No se sabe aún. Mientras tanto, al menos que el temor a perder la posibilidad de ir de shopping a Miami les quite un poco de sueño a los políticos y empresarios corruptos de estos países.
Por Salvador Madrid*
Es el inicio de la década de 1980. Me tomas de la mano cuando salimos del autobús. Hueles al bosque de las tierras altas. Yo estoy adentro de tu luz, protegido en mi primera salida al mundo, a la ciudad de Santa Rosa de Copán.
—Agarre las cositas. —Me dices.
Yo tomo los paquetes con quinientos puros, envueltos en fibras secas de mástil de banano, los coloco en mi espalda y tú cargas también quinientos puros. Acomodo en mi cabeza un sombrerito de palma, miro de frente a la ciudad y te pregunto.
—¿Y qué digo?
—Salude con educación. Mire a la gente y dígales «compra puros». —Contestas.
Y comienzo a subir la ciudad, a descubrir el mundo, de pulpería en pulpería, de desprecio en desprecio, de lástima en lástima, hasta que llegamos quemados por el verano al parque de Santa Rosa, pero estoy demasiado sorprendido de conocer el mundo y no siento el cansancio, ni que llevo empapada de sudor la camisita que me hizo la tía Amalia. Veo esta gente que habla de cosas que no entiendo, con esos trapos amarrados al cuello y los zapatos brillantes. Miro por primera vez un almacén, un banco, una tienda, una repostería.
Sí, somos diferentes, venimos de la lejanía salvaje. Arde el sol. Pronto será mediodía, no hemos vendido ni un fajo de puros. Estamos de pie. Miras como si quisieras descubrir algo en la transparencia. Hoy que conozco el mar y los universos de los libros me duele más esa mirada tuya. No hemos vendido nada. Quiero decir algo y no puedo. Pasa frente a nosotros un cochecito que vende helados (yo no sé qué es un helado), no comprendo cuando un señor me habla y suena una campanilla que me causa cierta alegría. Tú me miras y no me dices nada. Se acerca un hombre, una mujer y dos niños y compran helados. Yo los veo. Tú me miras. Y otra vez intento encontrar en tu mirada una explicación para estas cosas.
—Camine —susurras. Y camino detrás de ti.
—Vamos a ir al mercado, ahí los venderemos. Casi no me gusta ir ahí, pues quieren todo muy barato. —Agregas.
Entramos por una puerta inmensa. Huele a verduras y pescado seco. El griterío aumenta, ofrecen especies, tamales, atol chuco y sopa. Cruzamos ese laberinto y llegamos a un local donde hay petates enrollados, sacos con maíz, frijoles, arroz, mil colguijes de colores que comienzo a descubrir. No conozco los aviones, ni las dulzainas, no conozco los tanques de guerra, tampoco las ambulancias, ni los camiones de bomberos, no conozco los autos de carrera, ni las motocicletas policíacas. El mundo es demasiado nuevo para mí. Yo vengo de las tierras altas, para mí un avión es una hora: «el avión de las tres», decimos allá. Me interrumpen tus palabras, comentas que vendemos a cincuenta pesos el mil de puros que has hecho con tus manos, sale a cinco centavos cada puro. El hombre no acepta el precio.
—Saque los puros y enséñelos —susurras.
Abro un paquete y muestro un fajo de cincuenta puros, el hombre me los arranca de las manos y los huele, saca un puro del manojo y lo aprieta con el dedo índice y el pulgar; dice que son buenos, pero que son días de mala venta, no dará cincuenta pesos sino treinta por el mil, y tú dices que no. Yo guardo los puros de nuevo. Otra vez comenzamos a caminar por el mercado, ofrecemos los puros, los miran, los tocan y dicen que son muy buenos, pero no los compran. Son días de mala venta. Otra vez te detienes y me miras con ternura. Tan hondo me escarban tus ojos.
—¿Está cansado? —Me preguntas.
Estoy cansado y hambriento, pero dentro de mí una voz que no conozco (es la poesía, entenderé años después) me dice que sonría, que te mire amorosamente y que diga que no estoy cansado, que todo está bien y que estoy contento de conocer el mundo.
Volvemos al primer sitio donde ofrecimos los puros; te escucho decir que los dejarás por el precio que el usurero ha definido: treinta pesos.
El hombre dice que será en consignación porque no tiene dinero; tú preguntas si puede adelantar algo de dinero, pero él dice que no.
—Quizá diez pesos —insistes.
Te escucho rogar y te recuerdo en el viejo corredor de nuestra casa, sentada, al atardecer, con tu tabla de purera, tarde tras tarde haciendo uno por uno los mil puros, levantándote para hacer el café y asar guineos majonchos y llevármelos ahí donde yo estoy jugando con un carro de madera pintado de verde que es mi posesión más amada.
Las voces otra vez me interrumpen y miro que te dan cinco pesos.
—Déjelos aquí. —me dices con alegría. Nunca he visto sonrisa más hermosa en nadie después de perder y que todo haya salido tan mal.
Salimos rápidamente del mercado. Me recuerdas que debemos tomar el único autobús que nos llevará de regreso, ese mismo que nos sacó en la mañana del siglo diecinueve para llevarnos al siglo veinte —pienso hoy, parodiando el poema «Escobas» de Simic— ya es tarde y tendremos que regresar a nuestro siglo detrás de las montañas.
Me pides apresurar el paso. Cruzamos dos veces por la misma calle, me aflijo porque pienso que nos perdimos. Sigues, volteas hacia mí de vez en cuando y me miras con una sonrisa. Arde aún el sol, ya no miro las tiendas, solo veo tu vestido azul con flores blancas, tu cesta de mimbre balanceándose, hasta que te detienes, me ves de nuevo y sonríes casi triunfante. Yo te miro y sonrío sin saber por qué. Me tomas de la mano. Yo aún estoy viéndote desde mis siete años, cuando pronuncias esas palabras: «un cono». Miro al frente y descubro estacionado el cochecito de los helados. El señor sonríe y suena la campanilla; saca un embudo y lo rellena con una masa (aún no conozco el sorbete) y me lo entrega, lo tomo con mis dos manitas.
—Pruébelo, hijo —me dices.
Y entonces pruebo mi primer helado. Te miro y estoy feliz porque soy el centro de un mundo donde tu luz me cuida y sé que no necesito más.
—¿Y usted quiere? —Te pregunto.
—No hijo, no quiero, es solo para usted —dices amorosamente.
Me tomas de la mano y caminamos, otra vez, mamá.
Aproximadamente 7000 hondureños transitan por territorio guatemalteco luego de cruzar en la primera caravana migrante del 2021 a pesar de la pandemia y el despliegue policial y militar tanto en Honduras como en Guatemala. Este éxodo podría ser el más numeroso desde 2018.
Según datos del Ministerio de Gobernación al 16 de enero, 173 migrantes hondureños han sido retornados al país entre estos 30 menores de edad. En el departamento de Chiquimula el grupo grande de migrantes se enfrentaron a una barrera militar y policial guatemalteca. El gobierno de Guatemala hizo un llamado a las autoridades hondureñas para contener la salida masiva de sus habitantes mediante acciones preventivas mientras sostiene un estado de excepción por el territorio por donde pasará la caravana.
Dos semanas después de que despenalizaran el aborto en Argentina, el diputado hondureño Mario Pérez presentó un proyecto de ley, en el Congreso Nacional, que busca negar que el aborto —penalizado por cualquier causa en Honduras— pueda ser legal aunque se cambie de constitución.
Los diputados en Honduras no suelen estar de acuerdo fácilmente, excepto cuando se trata de discutir sobre el aborto. En 2017 cuando analizaban los artículos del nuevo Código Penal, apenas siete diputados votaron a favor de eliminar la prohibición del aborto por tres causales, esto ocurría a la par de las demandas de mujeres organizadas que buscaban su despenalización y de sectores conservadores que exigían continuar su prohibición.
Desde entonces el tema no volvió a aparecer en el Congreso Nacional, hasta el pasado 11 de enero de 2021, cuando el diputado nacionalista Mario Pérez presentó un proyecto de reforma de ley a la Constitución de la República. Pérez sugirió añadir al artículo 67 que prohibe el aborto: «solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional, sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional. En caso de aprobarse una nueva Constitución sus disposiciones serán incorporadas a la misma, salvo que por unanimidad de la Asamblea Constituyente se establezca lo contrario».
Esto ocurre a pesar de que Honduras es uno de los cinco países en Latinoamérica que aún tiene una restricción total contra el aborto. Pérez señaló en un medio televisivo que buscan blindar el tema: «estamos preocupados de que la legalización del aborto en Argentina pueda llegar aquí, por lo que un grupo de diputados acordamos proponer, poner un candado para evitar su aprobación, ya que el aborto es un delito».
El Código Penal de Honduras, vigente desde junio de 2020, dice en su artículo 196 que las penas por aborto van de tres a seis años si la mujer lo hubiere consentido o producido, de seis a ocho a la persona que lo induce sin el consentimiento de la embarazada y sin emplear violencia o intimidación; y, de ocho a diez si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. Además, añade que los profesionales sanitarios que cooperen con el aborto tendrán «la pena de multa de quinientos (500) a mil (1000) días».
«Si se toma como válida para Honduras las estimaciones de otros países que indican que solo 1 de cada 6 mujeres que se realiza un aborto llega a un hospital, en el país estarían ocurriendo entre 50,749 y 82,135 abortos por año», señala un informe del Centro de Derechos de la Mujer.
Una de cada 23 muertes maternas en Honduras es resultado de un aborto, según datos que la Secretaría de Salud le dio al medio Al Jazeera.
Después de conocer las intenciones de los diputados, la plataforma Somos Muchas convocó a un plantón frente a las instalaciones del Congreso Nacional. Neesa Medina, integrante de la plataforma, dice que «es una propuesta que no resuelve ninguno de los problemas actuales de las mujeres y niñas en el país, una propuesta que pareciera motivada por el desprecio hacia las niñas y mujeres, sin ningún interés genuino por su dignidad y su salud».
Jóvenes feministas cantan consignas durante el plantón en los bajos del Congreso Nacional, que fue convocado por la plataforma Somos Muchas, en protesta del proyecto de ley presentado por el diputado nacionalista Mario Pérez. Tegucigalpa, 14 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.
Durante el plantón, las integrantes de Somos Muchas exigían que se legislara a favor de los derechos de las mujeres al aprobar la Ley de casas refugio, la Ley de trabajadoras domésticas y que legalizaran nuevamente la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE).
La PAE tiene una prohibición desde hace 11 años, además la Secretaría de Salud no ha aprobado un protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual porque esto implicar permitir el uso de la anticoncepción de emergencia. Si bien no hay un dato exacto sobre la cantidad de violaciones sexuales en el país, según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias en los últimos 10 años aumentaron a un poco más del doble.
Durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2018 se registraron 2972.
Rafael Contreras, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Honduras, una organización que se dedica a atender sobrevivientes de violencia sexual, le dijo a Contracorriente que los médicos que atienden casos de violencia sexual se ven muy limitados en la atención integral al no poder evitar un embarazo no deseado.
Para Nessa Medina «no existe justificación para tanta tardanza en aprobar leyes que deberían de ser casi instintivas, ¿por qué seguir prohibiendo la PAE en un país con tantos casos de violación? ¿Cuál puede ser el interés de este Gobierno si no es el de condenar a maternidades no deseadas?».
Diario El Heraldo recopiló una base de datos de la Secretaría de Salud que señala que entre enero de 2017 y noviembre de 2019 ocurrieron 33,378 partos de menores de entre 14 y 17 años y 647 niñas de entre 9 y 13 dieron a luz.
La Organización Mundial de la Salud dice que los partos en menores representan un riesgo por las complicaciones durante el embarazo, el parto es la segunda causa de muerte en menores de 15 a 19 años en todo el mundo.
«Es alarmante y doloroso vivir en un país gobernado por personas a las que no les interesamos en lo absoluto, ser niña y mujer en Honduras es dar por hecho que el Gobierno nos desprecia», añade Medina.
Neesa Medina, de la plataforma Somos Muchas, durante el plantón de organizaciones feministas en los bajos del Congreso Nacional, en una manifestación contra el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez. Tegucigalpa, 14 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.
Por su parte, el precandidato presidencial del Partido Nacional, Mauricio Oliva, anunció a través de Twitter que podía ser flexible con varios temas del nuevo Código Penal: «pero no voy a ceder en permitir el aborto en Honduras», gritaba en un vídeo publicado en sus redes, en otro tweet decía: «Soy médico cirujano, me preparé para preservar la vida. No estaré nunca a favor del aborto en el Congreso Nacional, votaré por la vida».
Para Regina Fonseca, también integrante de Somos Muchas, la afirmación de ser «provida» que tienen los precursores de la reforma de ley es absurda: «Si estuviesen preocupados por la vida este señor y los diputados y diputadas en el Congreso ya hubieran llamado a Invest-h, a la Secretaría de Salud y toda la gente que ha hecho piñata con los fondos del pueblo con la excusa de la pandemia o actos de corrupción por las tormentas Eta e Iota, ¿no son importantes las vidas que se pierden por mal manejo de recursos y corrupción?, ¿les importa la vida de la gente que huye de este país en caravana?», agrega.
Fonseca dice que si el Congreso Nacional aprueba la reforma estaría usurpando al poder constituyente en sus decisiones: «desde entonces están violando el Estado de derecho, usurpando funciones que no les corresponden y están más preocupados por atacar esas agendas externas, como reacción de los grupos antiderechos, que están bien artículos en América Latina, por lo que ocurrió en Argentina».
La infiltración de grupos religiosos en las decisiones políticas del país no es nueva, en 2019 Contracorriente fue parte de la investigación Transnacionales de la fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que ganó el Premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística, reveló como la organización religiosa Capitol Ministries, patrocinada por líderes políticos en el Gobierno de Donald Trump que se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la población LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los migrantes. En Honduras el Congreso Nacional los recibió desde el primer momento.
En la investigación realizada por Contracorriente el pastor Alberto Solórzano, líder religioso del Centro Cristiano Internacional, pero que también ha sido miembro de comisiones de gobierno, dice que su cercanía con el Gobierno es estratégica y no forma parte de ningún hecho espontáneo, sino que lo hacen para que los políticos no tomen decisiones en contra de sus principios: «la iglesia busca esos espacios porque allí se toman decisiones que nos van a afectar como ciudadanos».
Mientras tanto, organizaciones como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación ante prohibición del aborto: «la criminalización absoluta del aborto resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad».
Naciones Unidas en Honduras advirtió directamente que «debería modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro sus vidas y salud. En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto (…)».
Las organizaciones de mujeres han denunciado en varias ocasiones que las prohibiciones sobre el aborto también atentan contra mujeres que sufren abortos espontáneos y contribuyen a la revictimización.
Un caso que lo demuestra fue reportado por el Foro de Mujeres por la Vida en su boletín Violencia sexual y aborto en cuarentena publicado en 2020. Jennifer es una mujer que tenía cinco meses de embarazo, durante la cuarentena experimentó fuertes dolores que la llevaron a hacerse un chequeo médico. Después de las negligencias de una clínica privada, Jennifer dio a luz a su hijo quien permaneció vivo por media hora. La clínica privada le cobró 18,000 lempiras por la atención, pero esto no incluía un legrado y fue derivada al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Cuando Jennifer despertó en el Seguro Social, policías custodiaban la sala de maternidad y le hicieron firmar papeles. Al día siguiente fue detenida y trasladada a la Primera Estación de Policía en San Pedro Sula, para una audiencia de declaración de imputados, la cual finalizó con medidas sustitutivas debido a la defensa de una abogada privada.
El Foro de mujeres por la vida añade en su informe que es «claro el accionar punitivo desde las instituciones, cuando nos identifican como víctimas la justicia está en cuarentena, pero si nos identifican como victimarías los procesos fluyen sin presiones».
Neesa se sienta tras terminar la protesta y dice que no dejarán de hacerlas: «No salimos de forma egoísta, todas tenemos otras mujeres a las que cuidamos y queremos, que sabemos que les va a afectar (la reforma de ley). Realmente defender el derecho a decidir es un acto desinteresado, de amor, y es una lástima que tengamos que defender con las uñas lo poquito que hay, ya que este Gobierno tajantemente se está robando toda la plata, toda la dignidad y todo el esfuerzo del pueblo hondureño», finaliza Medina.
El juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez en una corte de Estados Unidos (EE. UU.) se llevará a cabo el 8 de marzo de 2021. Este caso, revela una vez más cómo Honduras se ha convertido en un Estado de protección criminal. El pasado 8 de enero se conoció un informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en donde se revelan supuestas reuniones entre el presidente, el narcotraficante y un empresario de la zona norte de Honduras en el marco de la campaña política de 2013.
Fiscales estadounidenses informaron que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia del país— hizo una alianza con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, a quien prometió proteger a cambio de dinero, además, se indica que hizo partícipe a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se reunió con un empresario de la zona norte —presunto blanqueador de dinero— para financiar su campaña de 2013. A Hernández, que ya ha sido anteriormente mencionado en juicios por narcotráfico en EE. UU. como cómplice o co-conspirador número 4 (CC-4), en este último documento, se le menciona 64 veces.
Además se detalla que el empresario con quien se reunió Hernández era un influyente aportante del Partido Nacional, quien se conocía desde hacía mucho tiempo con Fuentes Ramírez —que según el texto de los fiscales— era utilizado para lavar las ganancias del tráfico de drogas. Se estableció que periódicamente, entre 2004 y 2015, Fuentes Ramírez proporcionó grandes cantidades de dinero a los empleados del empresario y a cambio recibía cheques de la empresa para limpiar sus ganancias.
El Gobierno del presidente Hernández fue sacudido cuando se hizo referencia a él como CC-4 durante los debates y desarrollo del juicio por narcotráfico contra su hermano Antonio «Tony» Hernández, exdiputado por el Partido Nacional, que fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y declarado culpable el 18 de octubre de 2019 de todos los cargos, pero que aún está a la espera de la lectura de la sentencia para conocer cuántos años pasará en prisión.
Se establece que Juan Orlando Hernández motivó a Fuentes Ramírez para que trabajara conjuntamente con su hermano «Tony» y de esa forma se aprovechara el laboratorio de cocaína propiedad del narcotraficante. «El acusado (Fuentes Ramírez) creía que con sus poderosos aliados podía operar con total impunidad», remarcan los fiscales en el informe. Fuentes Ramírez fue detenido en marzo de 2020 en la ciudad de Miami tras ser imputado por varios delitos de narcotráfico.
Los encuentros entre Hernández y Fuentes, según los fiscales, tuvieron lugar durante los años 2013 y 2014. En ese contexto, presuntamente, el presidente hondureño recibió grandes cantidades de dinero para financiar su campaña política.
Juan Orlando Hernández, según el informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, manifestó que el fiscal general de Honduras ayudaría a proteger las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez y que quería que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que «iba a eliminar la extradición y meter las drogas en las narices de los gringos», refiriéndose a inundar los EE. UU. con cocaína, según el documento.
Se apunta a que el presidente Hernández, que entonces era el titular del Congreso Nacional, durante dichas reuniones le solicitó dinero al empresario para la campaña de 2013 y llegó a decir que la corrupción pública era en parte generada por él mismo y el Partido Nacional, además estableció que estaba malversando el dinero de la ayuda proporcionada por los EE. UU. a través de organizaciones no gubernamentales y robando dinero de la seguridad social de Honduras.
El documento subraya que Hernández recibió varios cheques de dicha empresa con fondos que rondaban los 250,000 lempiras. El sitio Univisión Noticias identificó como Fuad Jarufe al empresario local y donante de campaña del Partido Nacional que se reunió, en su propia oficina, con Juan Orlando Hernández y con Fuentes Ramírez.
Contracorriente buscó entrevistas con empresarios hondureños para consultarles si conocen a Fuad Jarufe y si lo identifican como militante del Partido Nacional y posible financista del gobernante hondureño.
El empresario Adolfo Facussé dijo a Contracorriente que no conoce al Jarufe, pero que evidentemente sí hay empresarios que se han prestado para el lavado de fondos provenientes del narcotráfico. «La verdad no sé quién es este señor, es la primera vez que oigo de él, no lo había escuchado. Pero tiene que haber alguien, incluso en la empresa privada tenemos casos que nos molestan a nosotros, a los que de verdad somos empresarios, como el caso del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), blandito y sometido a los diseños del Gobierno. Pero también tenemos nuestros héroes como la gente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) que han estado denunciado esto frontalmente», comenta.
Facussé añade que el dinero del narcotráfico altera la competencia entre los empresarios, ya que «al empresario de verdad le cuesta hacer dinero, comprometerse con un préstamo en el banco y competir con el otro al que simplemente le llegan toneladas de dinero».
Una movilización contra la continuidad de Juan Orlando Hernández como presidente, se desarrolló en el Bulevar Morazán de la capital hondureña. Quienes protestan, denuncian en su comunicado que el Ministerio Público debe actuar contra el gobernante hondureño tras los últimos informes presentados por fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tegucigalpa, 15 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.
Pedro Barquero, presidente de la CCIC, por su parte, también aseguró no conocer a Fuad Jarufe, el empresario mencionado por Univisión. Barquero manifestó que eventualmente todas las personas que están siendo mencionadas en estos informes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tendrán que dar las explicaciones o llevar a sus abogados para poder contestar cualquier acusación. «Las personas acusadas están dando información y de ahí es donde salen todos estos nombres. Se va a tener que determinar a cuáles de estas personas se va a acusar y a cuáles no».
Ningún empresario de la zona norte ha reivindicado ser la persona propietaria de la empresa que menciona el documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ni tampoco Fuad Jarufe ha reaccionado sobre la publicación que lo identifica a él como el empresario que lavó dinero para Fuentes Ramírez.
Juicio político para Juan Orlando Hernández
El pasado 14 de enero, tres diputados hondureños —Luis Redondo, Jorge Cálix y David Reyes— presentaron ante la secretaría del Congreso Nacional una formal denuncia para la realización de un juicio político en contra de Juan Orlando Hernández, con el argumento de que este no puede permanecer en el poder por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República y por ser vinculado a múltiples juicios de narcotraficantes que se judicializan en EE. UU. y que lesionan el interés nacional e internacional.
El diputado Luis Redondo dijo a Contracorriente que «la solicitud se fundamenta en todas aquellas aseveraciones que los fiscales han realizado y que ponen de sustento, por ejemplo, la sentencia que van a dar de Fredy Nájera, que se movió para el 5 de marzo, la esperada sentencia de “Tony” Hernández, el caso de Geovanny Fuentes, así como la vinculación de otros personajes».
Redondo agrega que todavía se sigue metiendo dinero del narcotráfico en las actuales campañas políticas. «Sí, existe actualmente y existió antes, no solamente en estos gobiernos nacionalistas, existió desde hace muchos años. Hay muchas empresas y familias que tienen nombre y renombre que están mencionadas».
El congresista expresa que todo se remonta a cuando Juan Orlando Hernández fue escogido como presidente del Congreso Nacional durante el Gobierno del expresidente Porfirio «Pepe» Lobo (2010-2014). «En esos casos y en otros, se mencionan cualquier cantidad de diputados. Buscan a políticos para el tráfico de influencias y el poder para facilitar el trasiego de la droga», cuenta el diputado Redondo y explica que la solicitud de juicio político para el presidente Hernández tiene que ver con poder reconocer ante el mundo «qué diputados están a favor de que haya un narcogobierno y qué diputados están en contra».
La directora de Seguridad Ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adriana Beltrán, agregó, por su parte que este tipo de casos evidencian cada vez esa relación entre miembros de la élite política y crimen organizado, que se ha dado desde el nivel local hasta las más altas esferas de nivel nacional.
Beltrán —experta en temas de seguridad ciudadana, crimen organizado y asistencia en seguridad de los EE. UU. hacia Centroamérica— recuerda casos como los reportados en Guatemala, específicamente el escándalo de un excandidato presidencial de un partido que estaba buscando negociar con un cartel mexicano no solamente para financiamiento político, sino para negociar el asesinato de dos contrincantes. «Ese es solo un ejemplo. Hay varios casos en Guatemala de miembros del Congreso vinculados al crimen organizado. Y en Honduras también. Cada vez más en los casos que ha investigado el departamento de justicia de EE. UU. evidencian esos nexos de la élite política con el narcotráfico que ha involucrado a diferentes partidos», revela Beltrán.
Beltrán añade que desde el caso de «Tony» Hernández ya se venían mencionando los nexos del crimen organizado con el presidente de Honduras, «aunque formalmente hay que decirlo, que el departamento de justicia no ha presentado acusaciones contra él. Pero esto te dice cada vez más cómo el crimen organizado, en algunos casos, ha corrompido las instituciones y ha logrado cooptar la institucionalidad hasta las más altas esferas del Gobierno».
Dos hombres conversan mientras sostienen carteles contra Juan Orlando Hernández durante la protesta de este 15 de enero en la capital hondureña. Tegucigalpa, 15 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.
La Presidencia de Honduras desmintió lo expuesto por los documentos del caso «la versión que Pdte. @JuanOrlandoH supuestamente aceptó dinero de drogas de un Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, o dio protección o coordinación a narcotraficantes, es 100 % falsa y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza». Esta fue la misma versión difundida por la Presidencia en marzo de 2020 cuando el presunto narcotraficante fue capturado.
El sociólogo austriaco Harald Waxenecker, especializado en redes de poder en el triángulo norte de Centroamérica, menciona que, aunque el caso de narcotráfico del presidente Hernández se conoce popularmente, aún no se ha probado por lo que se debe recurrir siempre a las investigaciones judiciales, en este caso, de EE. UU.
Sin embargo, Waxenecker expresa que es evidente que hay una relación directa del dinero del narcotráfico hacia la familia Hernández, que ha hecho las campañas políticas del Partido Nacional. Y que es claro también que Honduras se ha convertido en la última década en un territorio predilecto para el paso de la droga. «Lo que evidencian esos informes de los fiscales estadounidenses es que ellos sí tienen la manera de probarlo, pero no están haciendo acusaciones directas contra el presidente en funciones. Cuando él deje de ser presidente posiblemente se hagan», expresa Waxenecker.
Agrega que hay todo tipo de elementos que funcionan como un círculo vicioso, entre estos el golpe de Estado de 2009 en Honduras, que derivó en la concentración de poder político del Partido Nacional, de Juan Orlando Hernández puntualmente.
Waxenecker recuerda que un elemento interesante que se aprendió en Guatemala con las investigaciones de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) es que las propias campañas electorales son un negocio en sí mismas, es decir, ser candidato o candidata puede ser rentable.
«Recibir un millón de dólares en financiamiento y solo gastar medio millón, para quedarse con el resto. Hay miles de formas de que ese negocio se vuelva un negocio rentable para todas las partes. De igual manera ocurre con los financiamientos que provienen del narcotráfico, porque tratan de encubrirlo a través de diferentes empresas de cartón que pasan una a otra y luego hacia el partido en cuestión y luego se dividen para hacer aportaciones más pequeñas, lo encubren sin declararlo formalmente, operan en efectivo o reciben aportaciones en especie, materiales de propaganda, gastos de transporte, alimentación, etcétera. Hay muchas formas de cómo pasar ilícitamente apoyo a un partido con la esperanza de que el partido gane y luego devuelva el dinero. Es una inversión a futuro. Tiene que ser rentable», sostiene.
El sociólogo añade que es sabido que una buena parte del financiamiento electoral proviene de fuentes ilícitas, aunque es difícil estimar la cantidad o el porcentaje de este financiamiento ilícito. «En Guatemala se habla de un 25 % y creo que algo similar o mayor puede ser en el caso de Honduras, tomando en cuenta que esas fuentes ilícitas provienen del dinero de esa misma corrupción dentro del Estado y de básicamente el narcotráfico».
Adriana Beltrán, por su parte, establece que «el crimen organizado y narcotráfico no puede operar sin cierto grado de corrupción. En muchos casos se da con casos de corrupción de la policía, fuerzas de seguridad, fiscales que permiten el trasiego de la droga por su territorio, en otros casos llega hasta el más alto nivel donde hay nexos mucho más fuertes con la política. Ha habido muchos casos sobre el financiamiento del narcotráfico en elecciones a nivel local, donde tienes una fuerte presencia del crimen organizado».
La corrupción, las élites y el poder
El abogado Raúl Pineda, analista hondureño, exdiputado por el Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, aseguró a Contracorriente que en las cortes de Nueva York se han mencionado a los últimos cuatro presidentes de Honduras como personas que recibieron dinero del narcotráfico, pero que «este último presidente (Juan Orlando Hernández) ha sido objeto de más denuncias, lo que obliga a la justicia y entes de interdicción nacionales a hacer, al menos, un remedo de investigación».
Waxenecker agrega que durante el 2013 hubo informes del caso de corrupción dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en donde fondos de ese fraude pasaron a la campaña política de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Aunque se supo y no pasó a más, porque nunca se formuló una acusación contra Hernández o contra su partido.
Adriana Beltrán por su lado cree que los distintos actores de EE. UU. (embajadas, cortes, fiscalías, DEA) juegan diferentes papeles, porque en estos casos el departamento de justicia actúa de manera más independiente y ha estado investigando varios casos que tienen que ver con narcotraficantes centroamericanos, casos en Guatemala y Honduras que han involucrado a miembros de la élite política y económica, en el mejor de los casos tiene a otras agencias del Gobierno de EE.UU. que deberían pronunciarse y brindar apoyo político para que se combata la corrupción y se fortalezca el Estado de derecho.
«Pero tienes el ejemplo de una anterior administración (Gobierno de Donald Trump) en donde durante los cuatro años tuvo un enfoque principal y su prioridad era la migración, pero la migración vista no desde una visión de cómo mejorar las condiciones de las familias que huían, sino una estrategia y medidas de cómo frenarlos a través de políticas inhumanas de migración», subraya Beltrán, y añade que eso resultó en que otras prioridades que antes se tenían, como la lucha contra la corrupción y la impunidad, pasaran a segundo plano. «Fue lo que yo diría que en cierta medida fortaleció y dio ideas para las élites en sectores corruptos de poder, para desmantelar los avances que se estaban logrando en la lucha anticorrupción».
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) fue creada el 19 de enero de 2016, por medio de un acuerdo, firmado en Washington D. C., entre la OEA y el Gobierno de Honduras. Fue desmantelada el 19 de enero de 2020, pues no hubo voluntad política para renovarla. Entre los casos investigados estuvo el desfalco millonario del IHSS, narcopolítica y casos que involucraron a diputados en malversación de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, actualmente la mayoría de los involucrados que fueron imputados salieron en libertad tras obtener sobreseimientos provisionales o definitivos.
El empresario Barquero, de la CCIC, piensa que el Gobierno de Donald Trump se hizo «de la vista gorda» contra la corrupción y la impunidad hasta el punto de dejar que sacaran a la Cicig de Guatemala y a la Maccih de Honduras.
«Pero el presidente Biden tiene un plan que promovió durante su campaña, en donde tiene un apartado específico para el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Para eso están planteando una oficina para combatir la corrupción y la impunidad en los tres países, promovidas por EE. UU.».
Para Barquero hay tres elementos que profundizan la crisis en Honduras: la corrupción, la incapacidad y el narcotráfico. «Esos tres elementos son los que impiden que nuestro país se pueda desarrollar económica y socialmente. Y nos hacen un destino no atractivo para la inversión». A estos elementos se suma que el año anterior Honduras sufrió el embate de dos huracanes que devastaron la zona del Valle de Sula, lo que está provocando que durante estos primeros días de 2021 miles de personas huyan de Honduras en caravanas migrantes o en el anonimato.
«El problema de Honduras es que no tenemos las condiciones adecuadas para poder generar las oportunidades que el pueblo hondureño necesita. Por el dinero que se pierde en corrupción no se le está dando a la población ni empleo ni salud ni educación y eso está generando que la gente tenga que migrar a otro país, lo cual es lamentable», explica Barquero.
Beltrán, agrega que el departamento de justicia va a continuar señalando narcotraficantes y la incógnita es qué va a pasar, es decir, si se tiene en cuenta que la práctica y el protocolo del departamento de justicia es no presentar ninguna acusación contra presidentes.
«La gran pregunta es qué va a pasar cuando Juan Orlando deje el cargo, si van a presentar acusaciones contra él o no, esa es la gran incógnita. Pero más allá de eso creo que con la llegada de la administración Biden se espera que haya un reenfoque y priorización en la lucha contra la corrupción, impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho», puntualiza.
Cuando Geovanny Fuentes fue capturado en marzo de 2020, se dieron detalles sobre la participación de la Policía Nacional en el narcotráfico, pero poco se hablaba sobre el papel de los militares. Se explicaba entonces que, en 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Geovanny Fuentes establecía el laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés, según el testimonio de la DEA. Ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizarle la seguridad para su negocio. La Policía Nacional permitía la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado.
Pero en el informe hecho público el pasado 8 de enero, se expone el papel de las FF. AA. «(Geovanny Fuentes) También se asoció con altos funcionarios políticos y militares para facilitar su tráfico de drogas, actividades en un país que ha sido devastado por la violencia relacionada con las drogas», cita una parte del mismo.
El General René Orlando Ponce Fonseca durante su discurso de clausura del programa Guardianes de la Patria, en noviembre de 2019, cuando entonces era jefe del Estado Mayor Conjunto. Tegucigalpa, 23 de noviembre de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.
Según los fiscales estadounidenses, Fuentes Ramírez tuvo relación con grandes narcotraficantes para introducir miles de kilogramos de cocaína a los EE. UU. y para ello contó con la protección de altos funcionarios y militares hondureños. Todo derivó en una alianza, un entramado que incluyó el uso de ametralladoras para custodiar el laboratorio de cocaína y las pistas de aterrizaje clandestinas. Se detalla que se recurrió al soborno de políticos, a por lo menos un juez y a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, se incluyeron en el informe reportes de actos de violencia, incluido el asesinato.
En la página 13 del informe, que contiene 49 páginas, se explica que después de las reuniones de Fuentes Ramírez con CC-4, este «recibió el apoyo de miembros de alto rango del Ejército hondureño. Por ejemplo, en varias ocasiones, el acusado (Geovanny Fuentes) llevaba una ametralladora verde, que dijo que le fue proporcionada por CC-13, entonces comandante de la 105 Brigada Militar. El acusado también recibió otro equipo del ejército, incluida una caja que contenía uniformes militares, chalecos antibalas e insignias policiales. La caja contenía una nota que decía “Geovanny Fuentes” con un sello de la 105 Brigada Militar».
Fuentes Ramírez —según los fiscales norteamericanos— regularmente presumía armas automáticas, incluida una ametralladora que supuestamente le fue entregada por un miembro de alto rango del ejército de Honduras. Se afirma que, en al menos cuatro ocasiones, entre aproximadamente 2010 y 2013, Fuentes Ramírez participó directamente en asesinatos que estuvieron ligados a sus actividades ilícitas.
Waxenecker establece que hay que ver lo de las FF. AA. desde el contexto histórico, sobre todo desde los años ochenta, con las FF. AA. de Honduras, la contrainsurgencia en Nicaragua y el Ejército estadounidense y de cómo en buena parte dinero del narcotráfico financió esa guerra sucia en Centroamérica, con base en Honduras. Ese es un antecedente histórico que sigue marcando la dinámica de esta institución en Honduras.
«Controlar las fronteras, el aire, el mar, también tiene una buena parte del control del narcotráfico del país. Por lo menos debe participar del negocio. Se mueven seguramente siempre de alguna manera en un limbo, entre la influencia de las FF. AA. de EE. UU. que presionan, seguramente, para el combate contra el narcotráfico y la situación interna de corrupción y criminalidad dentro del país», dice el austriaco.
Agentes del Ejército de Honduras durante una formación, previo al inicio de una jornada de las brigadas médicas de identificación de casos positivos para COVID-19 que la Secretaría de Salud y Copeco realizan en el país. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix.
El sociólogo añade que «desde el 2009 para acá hay un reposicionamiento de las FF. AA. y la cooptación del sistema judicial, eso cierra un círculo del poder político y judicial. Las Fuerzas Armadas y la Policía están bajo un control que obviamente es un territorio fértil para el crimen organizado y corrupción, en donde es claro que una élite política y económica forma parte de este círculo vicioso, porque se alimenta y se retroalimenta dentro del mismo círculo. Creo que no toda la élite política hondureña forma parte, pero sí una buena porción, el núcleo central».
Raúl Pineda Alvarado dice, por su parte, que «se involucra a las FF. AA. porque obviamente la Policía Nacional no tiene aviones ni tiene barcos, que es donde se efectúa la mayor parte del tráfico de drogas (…) todas estas denuncias avergüenzan al país y deben ser aclaradas. Fundamentalmente la sociedad y el ámbito internacional deben tener claro que nuestras autoridades no están metidas en esos negocios, pero si fuese lo contrario pues que respondan por ello», agrega.
Las FF. AA. de Honduras emitieron un comunicado el 12 de enero en el que no reconocen como oficial el informe de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al llamarle «supuesto documento emitido por un ente jurídico», en el cual se hacen «conjeturas» que dañan la imagen institucional, pero además en el comunicado se establece que todas las operaciones que realizan contra el crimen organizado y narcotráfico son planificadas, coordinadas y ejecutadas con las demás instituciones del Estado de Honduras, así como con las agencias internacionales acreditadas en el país en la lucha contra este flagelo. Además las FF. AA. rechazan que se trate de involucrar a «oficiales que sirvieron a la patria con amor, valor, honor y con lealtad».
El sociólogo austriaco dice que el narcotráfico definitivamente va en aumento, pero que eso va a depender en gran medida del mercado de consumo de esas fuerzas en EE. UU. Añade que la dependencia para combatir el narcotráfico es mayor en países como Honduras, Guatemala y El Salvador porque tienen un círculo vicioso de poder e impunidad que se reproduce constantemente.
«Los juzgados dejan caer los grandes casos de corrupción, el imperio de la impunidad se ha restablecido en Honduras en estos momentos. Pero el cambio de gobierno en EE. UU., aunque obviamente no se sentirá de forma inmediata, sí puede iniciar iniciativas para fortalecer los sistemas de justicia en Honduras, conforme se puedan atacar redes políticas y económicas ilícitas».
Beltrán, por su lado, invitó a la prensa independiente que juega un papel protagónico para evidenciar y mantener la atención de esta problemática por el impacto que tiene para los países y toda la región, por la importancia que tiene en la vida de las personas y, además, en exponer cómo la corrupción afecta a temas de educación, salud, la vida diaria, en fin, el bienestar de las personas.
El próximo 14 de marzo se desarrollarán las elecciones primarias e internas en Honduras, mientras que el último domingo de noviembre se celebrarán las elecciones generales sin contar con reformas electorales que permitan la fiscalización de fondos para campañas. Además, este proceso se da en medio de la incertidumbre de una posible reelección de Juan Orlando Hernández, jurídicamente posible por los vacíos legales que le permiten poder postularse para intentar un tercer mandato consecutivo. La mayoría de analistas coinciden en que el mandatario hondureño seguramente enfrentará una acusación de EE. UU. una vez salga del poder.
Por Maria José Lizardo y Emilio Amador
Foto de portada: Martín Cálix
Si bien es cierto el SARS-CoV-2 no es un arma biológica, sin embargo, la pandemia que ha desencadenado ha puesto al mundo en situaciones nunca antes vividas. Con la cuarentena en casa, la pérdida de trabajos, los cambios en la economía y la salud mental en tinieblas, la COVID-19 pasará a la historia como la enfermedad que conmovió hasta las más recónditas partes de nuestro planeta.
Las herramientas que antes considerábamos como determinantes han pasado a segundo plano. El virus ha quitado las vendas de los ojos a todos los que no creían que la salud pública y la prevención primaria eran ciencia y arte, respectivamente, pero son ellas las que podrán salvar a la humanidad de extinguirse, de mejorar o como sea que quieran verlo los expertos.
Ahora bien, la principal competencia no es entre países, no es entre compañías farmaceúticas, no es entre ciencias biológicas. La competencia ni siquiera tendrá ganador. La competencia es entre el sistema de salud y el virus. Para el caso, sabemos que la Secretaría de Salud de Honduras promueve los protocolos MAIZ y CATRACHO para el tratamiento de la COVID-19 (1,2)
Sin embargo, para comprender la toma de decisiones, es importante entender la enfermedad. La COVID-19 es causada por el virus de tipo respiratorio SARS-CoV-2. Este virus posee un mecanismo de «defensa» que modula el sistema inmune de manera que en algunos casos este puede no reconocerlo mientras hace daño, pero en otros casos sí lo reconoce y puede actuar de manera anormal. Ambas circunstancias ocurren en diferente medida en cada paciente. Lo que determina que un paciente desarrolle una enfermedad leve, una enfermedad moderada o una enfermedad grave son las enfermedades crónicas que posee, la edad, y la genética.
La enfermedad puede progresar, sin embargo, ya se han identificado elementos que se pueden estudiar de antemano para predecir si un paciente va a empeorar o no, por ende, el clasificarlo resulta crucial. El tipo de enfermedad es la que determina qué tratamiento se va a administrar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace recomendaciones —basadas en evidencia— sobre si hospitalizar a un paciente o no. Describe el tratamiento sintomático, incluyendo tratar la fiebre. Hace recomendaciones sobre el abordaje de la insuficiencia respiratoria en pacientes con enfermedad moderada y grave, lo que implica el uso de oxígeno, el uso de ventilación mecánica, entre otras (3).
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hace recomendaciones similares en las que indican los fármacos que son adecuados para el tratamiento y los que no (4). En pacientes con enfermedad leve o con enfermedad moderada que no necesitan suplementación con oxígeno, la CDC considera inadecuado el uso de esteroides. En pacientes hospitalizados con suplementación de oxígeno no invasivo, la CDC recomienda remdesivir y dexametasona. En pacientes hospitalizados con enfermedad grave o crítica recomienda dexametasona con remdesivir y también recomienda en contra el uso de antirretrovirales.
En cuanto a la hidroxicloroquina o cloroquina con o sin azitromicina, la CDC ha recomendado no usarla en pacientes leves, moderados o severos. También se ha manifestado en contra del uso de ivermectina y solo la ha sugerido en ensayos clínicos. La CDC no hace recomendaciones sobre la aplicación de inmunomoduladores como los inhibidores de IL1 o el interferón beta, por falta de evidencia. Está en contra el uso de tocilizumab, interferón beta/alfa o inhibidores de tirosina cinasa en pacientes con enfermedad grave o crítica, a menos que sean utilizados en ensayos clínicos. La CDC no hace recomendaciones sobre el uso de plasma convaleciente o anticuerpos anti-SARS-CoV-2 por falta de evidencia, pero sí está en contra del uso de células mesenquimales y anticuerpos no anti-SARS-CoV-2.
En cuanto a tratamientos complementarios, la prevención de trombosis con terapia antitrombótica es sugerida solo en pacientes hospitalizados y no recomienda modificar las dosis de terapia antitrombótica a las ya establecidas para pacientes hospitalizados. La CDC no recomienda la suplementación de zinc. Por otro lado, no hace recomendaciones sobre la vitamina C y vitamina D por falta de evidencia.
La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) hace recomendaciones sobre los fármacos que han tenido mayor evidencia de beneficio, en el sentido de que han reducido la mortalidad y la reducción del uso de ventiladores (5). Recomienda no adecuado el uso de hidroxicloroquina y azitromicina o hidroxicloroquina sola en pacientes hospitalizados con COVID-19. Recomienda el uso de antirretrovirales solo en combinación y solo en ensayos clínicos. Recomienda el uso de dexametasona en pacientes críticos y en pacientes con enfermedad severa. Recomienda en contra el uso de tocilizumab en pacientes hospitalizados. Recomienda el uso del plasma solo en el contexto de ensayos clínicos. Recomienda el uso de remdesivir en pacientes con enfermedad moderada y grave, a no darles ningún antiviral.
Ahora bien, ¿qué incluyen los protocolos MAIZ y CATRACHO? MAIZ es un acrónimo para microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc (1). El Microdacyn es un agente antiséptico que contiene hipoclorito de sodio. Este compuesto de cloro daña las membranas de algunos virus y bacterias, limpiando las superficies en donde se administra (6). Los estudios que han analizado la eficacia del hipoclorito de sodio han sido meramente en la aplicación del antiséptico para limpiar superficies. Un metanálisis donde se analizaron tres distintos métodos de estudio para determinar el nivel de eficacia de antisépticos (líquidos y en aerosol) para limpiar los cubrebocas determinó que el hipoclorito de sodio no es recomendable para ello, encontrando alteraciones físicas del mismo. Sin embargo, no altera las funciones principales del cubrebocas (7). En cuanto a su actividad germicida, el hipoclorito de sodio es similar al etanol, pero no mejor que el peróxido de hidrógeno. Ahora bien, los estudios sobre antisépticos orales demuestran que el antiséptico oral que mejor funciona es el basado en la yodopovidona (8,9,10). Los científicos están de acuerdo que la reducción de la cantidad de virus en la boca aplicando antisépticos orales resultaría en una reducción de la severidad de la enfermedad y también reduciría la transmisibilidad (11). La Azitromicina es un antibiótico para vías respiratorias, entre otras indicaciones, que está indicada cuando hay una sobreinfección con una bacteria. La Ivermectina es un antiparasitario que ha tenido evidencias in vitro de reducir la replicación viral del SARS-CoV-2. Hay más de cincuenta estudios clínicos que tienen como objetivo demostrar el beneficio de la ivermectina. Los resultados preliminares demuestran disminución de la sintomatología y de la carga viral, sin embargo, muchos de los estudios contienen fallas en su metodología, las cuales afectan los resultados de los mismos (12,13). El Zinc es un micronutriente muy importante para el buen funcionamiento del sistema inmune. Se encuentra en varios alimentos de origen animal incluyendo la carne y los mariscos, y en alimentos de origen vegetal como los garbanzos, nuez de la india y las semillas de calabaza. A su vez, existen múltiples alimentos fortificados con zinc, como los cereales (14). Ninguno de ellos es recomendado por la OMS, la CDC ni la IDSA.
CATRACHO es un acrónimo para colchicina, antiinflamatorios, tocilizumab, ivermectina, anticoagulantes y la hidroxicloroquina (2,15). La colchicina es un inhibidor de microtúbulos (un componente celular que ayuda en la movilización de las células, en este caso inflamatorias, a sitios de inflamación). Estudios más recientes han dilucidado su actividad antinflamatoria a un nivel incluso más molecular y específico de las células del sistema inmune (16,18) .Por su función inmunomoduladora, se ha utilizado en pacientes con COVID-19 leve para prevenir la progresión, y se ha observado una disminución de los parámetros inflamatorios a nivel serológico y un aumento de la sobrevida. Los antinflamatorios no esteroideos, principalmente para tratar la fiebre y el malestar general (incluye el ibuprofeno, naproxeno, etc). El tocilizumab es un anticuerpo contra una hormona o mensajero inflamatorio denominada interleucina-6 (IL-6), que al asociarse con su objetivo —anticuerpo:IL-6— es eliminado del cuerpo y la molécula ya no puede actuar como lo haría. Los metanálisis (los estudios con la más alta evidencia científica) muestran una disminución en la mortalidad y disminución del uso de ventilación mecánica únicamente en pacientes con enfermedad severa (19,21). Los anticoagulantes son fármacos cuya función es disminuir los trombos que llegan a hacerse dentro del sistema circulatorio debido a la inflamación. Por último, la hidroxicloroquina es un inmunosupresor cuya función es disminuir la actividad de las células del sistema inmune adaptativo. Los metanálisis muestran que la hidroxicloroquina no posee beneficio para pacientes con COVID-19 leve, moderado o severo. Incluso, aumenta la probabilidad de desarrollo de efectos adversos (22,26).
Ambos protocolos son administrados en pacientes con COVID-19 que son hospitalizados, es decir, pacientes con enfermedad moderada o severa. Si bien es cierto el tratamiento sintomático con antinflamatorios no esteroideos, ivermectina y colchicina, la promoción de la respuesta inmune con la complementación con zinc, y el uso preventivo de anticoagulantes es benéfico para todo paciente con una enfermedad inflamatoria sistémica, el uso de un cóctel de fármacos con diferente nivel de evidencia científica y evidencia que incluso descarta su uso, es negligente e inético. Cada fármaco posee su indicación.
Nuestro compatriota, Sir Salvador Moncada, junto con el doctor Marco T. Medina, publicaron un editorial muy relevante, con un título que ilumina este último punto: Hydroxychloroquine/ chloroquine as a treatment choice or prophylaxis for Covid-19 at the primary care level in developing countries: A Primum non Nocere dilemma (26). Primum non nocere es el lema de todos los médicos: primero no hacer daño.
En otros tiempos, el lema radicaba principalmente en interrumpir un tratamiento que estaba haciendo daño y tener el conocimiento clínico de qué tratamientos eran adecuados y cuáles no. Actualmente, la tecnología nos ha permitido saber qué medicamentos ocasionan daño y por qué. Nos ha permitido saber en qué enfermedades funciona un medicamento, cómo y con qué propósito. A su vez, la bioética nos obliga a confirmar en qué porcentaje un medicamento sirve y en qué porcentaje un medicamento daña. Es por la ciencia que el lema primum non nocere ya no está determinado por lo que los pacientes sienten al momento que se les administra un tratamiento. El lema está determinado por la medicina basada en evidencias.
Por ende, los sistemas de salud deben basarse en la evidencia científica y no en la opinión de expertos. Los sistemas de salud no solo tienen la responsabilidad de prevenir y tratar enfermedades, tienen la responsabilidad de hacerlo con evidencia estadísticamente significativa. Y, si es necesario desarrollar estudios para comprobar el beneficio o no de medidas preventivas y de tratamientos, deben de hacerlo con el afán de tomar decisiones educadas.
El coronavirus ha venido a redefinir filosofías, economías, teorías de la educación. Ha sacado a luz la importancia de la prevención primaria. Ha sacado a luz lo importante del respeto mutuo, de la convivencia, de la misericordia temporal. Ha expuesto el arduo trabajo de la comunidad médica y científica. Ha reconocido la labor de quienes trabajan en el área de enfermería, de los y las camilleras, los y las secretarias, conductores, educadores, y más. En estos momentos, todos tenemos un papel, y es por esto que nunca antes había sido tan importante la actuación del sistema de salud. Si antes la salud era un derecho, la pandemia ha convertido la salud en un deber, una imposición, una recompensa por parte del sistema de salud y del Gobierno. Y debe ser lo mejor de lo mejor.
3. World Health Organization. Clinical management of COVID-19: interim guidance. World Health Organization. 27 Mayo 2020 [en línea] 12 Oct 2020 Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196
5. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. IDSA, 25 Sept 2020. [en línea] 19 Oct 2020 Disponible en: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19- guideline-treatment-and-management/#toc-10
7. O’Hearn K, Gertsman S, Webster R, et al. Efficacy and safety of disinfectants for decontamination of N95 and SN95 filtering facepiece respirators: a systematic review [published online ahead of print, 2020 Aug 13]. J Hosp Infect. 2020;S0195- 6701(20)30383-2. doi:10.1016/j.jhin.2020.08.005
8. Bidra AS, Pelletier JS, Westover JB, Frank S, Brown SM, Tessema B. Comparison of In Vitro Inactivation of SARS CoV-2 with Hydrogen Peroxide and PovidoneIodine Oral Antiseptic Rinses. J Prosthodont. 2020 Jun 30:10.1111/jopr.13220.
9. Anderson DE, Sivalingam V, Kang AEZ, Ananthanarayanan A, Arumugam H, Jenkins TM, Hadjiat Y, Eggers M. Povidone-Iodine Demonstrates Rapid In Vitro Virucidal Activity Against SARS-CoV-2, The Virus Causing COVID-19 Disease. Infect Dis Ther. 2020 Sep;9(3):669-675.
10.Bidra AS, Pelletier JS, Westover JB, Frank S, Brown SM, Tessema B. Rapid InVitro Inactivation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) Using Povidone-Iodine Oral Antiseptic Rinse. J Prosthodont. 2020 Jul;29(6):529-533.
11. Herrera D, Serrano J, Roldán S, Sanz M. Is the oral cavity relevant in SARS-CoV2 pandemic?. Clin Oral Investig. 2020;24(8):2925-2930. doi:10.1007/s00784-020- 03413-2
12.Pandey S et al. Ivermectin in COVID-19: What do we know? Diabetes Metab Syndr. 2020 Sep 28;14(6):1921-1922
14.Abrams SA. Zinc deficiency and supplementation. UpToDate. Sep 2020 [en línea] 19 Oct 2020. Disponible en: https://www-uptodatecom.upmx.idm.oclc.org/contents/zinc-deficiency-and-supplementation-inchildren?search=zinc&source=search_result&selectedTitle=2~144&usage_type= default&display_rank=1
15. González Días M. Coronavirus en Honduras: Catracho, el método con el que el país asegura que logró reducir los muertos por covid-19 pese a su débil sistema de salud. BBC. 22 Mayo 2020 [en línea] 19 Oct 2020 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52749761
16. Ribeiro SA, Lopes C, Amaral R, Amaral A. The therapeutic potential of colchicine in the complications of COVID19. Could the immunometabolic properties of an old and cheap drug help? Metabol Open. 2020 Jul 21;7:100045.
17.Piantoni S et al. Anti-inflammatory action of colchicine in hospitalised patients with COVID-19. Response to: ‘Colchicine treatment in community healthcare setting to prevent severe COVID-19’ by Della-Torre et al. Ann Rheum Dis. 2020 Aug 27:annrheumdis-2020-218806.
18. Della-Torre E, Ramirez GA, Dagna L, Tresoldi M. Colchicine treatment in community healthcare setting to prevent severe COVID-19. Ann Rheum Dis. 2020 Aug 27:annrheumdis-2020-218759.
19. Lan SH, Lai CC, Huang HT, Chang SP, Lu LC, Hsueh PR. Tocilizumab for severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Int J Antimicrob Agents. 2020 Sep;56(3):106103.
20.Aziz M et al. Efficacy of tocilizumab in COVID-19: A systematic review and metaanalysis. J Med Virol. 2020 Sep 12.
21. Malgie J, Schoones JW, Pijls BG. Decreased mortality in COVID-19 patients treated with Tocilizumab: a rapid systematic review and meta-analysis of observational studies. Clin Infect Dis. 2020 Sep 23:ciaa1445
22.Pathak SK et al. No benefit of hydroxychloroquine in COVID-19: Results of Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2020; 14(6): 1673-1680
23. Juul S. Interventions for treatment of COVID-19: A living systematic review with meta-analyses and trial sequential analyses (The LIVING Project). PLoS Med, 2020 Sep 17;17(9):e1003293
24.Wang M et al. Evaluation of current medical approaches for COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMJ Support Palliat Care. 2020 Sep 21:bmjspcare-2020-002554.
25.Kashour Z et al. Efficacy of chloroquine or hydroxychloroquine in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2020 Oct 8:dkaa403.
26. Medina MT, Moncada SS. Hydroxychloroquine/ chloroquine as a treatment choice or prophylaxis for Covid-19 at the primary care level in developing countries: A Primum non Nocere dilemma. J Neurol Sci. 2020 Aug 15;415:116972
Médico graduado de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Realizó una maestría en Inmunología en Trinity College Dublin. Ha trabajado en la investigación básica por más de cuatro años. Actualmente iniciará su residencia médica en México
Emilio Amador, médico consultor en el área de salud pública. Licenciado en Salud Pública y máster en Salud Pública en Gestión y Políticas de Salud de la Facultad de Salud Pública y Justicia Social de la Universidad de Saint Louis, Missouri. Actualmente trabaja con diferentes compañías alrededor del mundo para expandir sus esfuerzos de defensa y participación del paciente en el desarrollo de productos terapéuticos. Ha trabajado como consultor en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la creación e implementación de campañas de vigilancia y prevención de enfermedades tropicales en Honduras. Además, ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro en África, en el monitoreo y evaluación de proyectos sociales, y al mismo tiempo con una red de hospitales en Estados Unidos, en sus esfuerzos para mejorar la salud a través de políticas públicas.
Texto y fotografías: Leonardo Aguilar
El comercio no se detiene en el casco urbano de Choloma, aún después de los huracanes y en medio de la pandemia, poco a poco las comunidades intentan recuperarse. Se forman enormes filas de vehículos cuando para llegar al desvío hacia el sector López Arellano. Ese es el camino hacia los bajos de Choloma, a lo que antes se llamaba Tholomac que en lengua indígena significa «Loma al pie del Valle».
Ya cerca de los bajos de Choloma, no hay filas largas de vehículos como tampoco una carretera pavimentada. De ahí para adelante el camino es de tierra, con algunos tramos casi intransitables. De pronto, en medio del contexto selvático, se ven las primeras champas donde viven provisionalmente unas 80 familias procedentes de la colonia la Flor del Valle, una comunidad que todavía continuaba atiborrada de lodo hasta el 10 de diciembre. Niños, mujeres y hombres permanecían a la intemperie al pie de un pequeño cerro en pequeñas carpas hechas con plástico, sillas improvisadas y palos de madera.
Una hornilla improvisada hecha con barro alimentada con leña que habían conseguido del cerro es lo que les ayuda a cocinar sus alimentos. En ese momento las familias no podían volver a sus casas porque habían quedado inhabitables.
Debido a la migración interna ocasionada por la oferta laboral de la industria maquilera, Choloma se encuentra entre las ciudades con mayor densidad poblacional de Honduras. San Pedro Sula aparece con la mayor densidad poblacional con 824.87 habitantes por km2, el Distrito Central con 734 habitantes por km2 y Choloma con 564 habitantes por km2. Pero su crecimiento acelerado ha aumentado la vulnerabilidad social y ambiental.
Algunas empresas ubicadas en los bajos de Choloma fueron afectadas severamente. En el sector norte también se presentaron pérdidas. Una encuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), aplicada a 1,500 pequeñas empresas afiliadas a las Mipymes, reveló que 3 de cada 10 de estas empresas cerraron operaciones, mientras tanto, el 63% de estas resultaron afectadas.
El Gobierno de Honduras anunció a finales de octubre una inversión de 38 millones de lempiras para reparar carreteras dañadas y restaurar los servicios públicos básicos en los bajos de Choloma. Una labor programada para ejecutarse durante tres meses y que debió haber comenzado en diciembre. Pero la realidad es otra. Los lugareños aseguraron no haber visto a ningún funcionario del Gobierno haciendo estudios ni ofreciendo ayuda para reparar los daños.
Carpas instaladas por damnificados de la colonia Flor del Campo en el municipio de Choloma. Foto tomada jueves 10 de diciembre de 2020.
Don Catalino Cruz, un señor de 80 años habitante de la colonia Flor del Valle, relató que el agua sobrepasó el techo de su casa por lo que tuvo que refugiarse en el cerro. Y añadió que aún no puede volver, porque, aunque su vivienda está construida de concreto, las paredes están cediendo. Se están agrietando.
Don Catalino cuenta que entre todos han sobrevivido, por la solidaridad. «Pues nuestra propia familia, que no resultó afectada, es la que nos trae algunas tortillitas o baleadas. Pero nadie del Gobierno ha venido a presentarse para darnos comida. Hemos aguantado hambre y frío».
A la par de don Catalino estaba un hombre más joven, José Vidal Lozano Cartagena, de 44 años, un jornalero que se quedó desempleado pues en el campo se dedicaba a sembrar plátanos, yuca, maíz y ayote. Por cada jornada laboral -aseguró a Contracorriente- que sus patronos le daban 200 lempiras, con los que alimentaba a su familia conformada por su esposa y sus dos hijos, de 17 y 11 años, que ahora duermen en ese campamento.
Kendra Stefani Jordany, promotora de salud de Médicos Sin Fronteras (MSF), estaba en el lugar en una brigada de esta organización para evaluar la situación de estas personas y manifestó a Contracorriente que desde que se integró a la expedición de trabajos de emergencia por los ciclones tropicales, tiene en su memoria a miles de mujeres, niños y ancianos que han perdido todo.
Don Catalino Cruz duerme en una de las carpas instaladas por damnificados de la colonia Flor del Campo en el municipio de Choloma. Foto tomada jueves 10 de diciembre de 2020
«Algunos tienen miedo de regresar. Buscan que les den alimentos básicos, pero cuando llegamos y les decimos que es medicamento que les traemos o asistencia psicológica, pues también se alegran. Porque tienen a sus niños enfermos con calentura, tos y obviamente sin dejar atrás el tema de la salud mental que es importante. Hemos encontrado casos de violencia sexual o de personas que están emocionalmente mal porque lo han perdido todo. Muchas casas eran de adobe y se dañaron. Así que físicamente y emocionalmente estas personas están hundidas», añade Kendra.
Adelante de la Flor del Valle hay más comunidades con esas condiciones. Tierra adentro se observa la caña de azúcar, cubierta de lodo y podrida en sus raíces, o las grandes extensiones de tierra con poco ganado. Las pérdidas fueron enormes.
Las empresas maquiladoras generadoras de energía a partir de biomasa, perdieron tres decenas de manzanas de cultivos de zacate en los bajos de Choloma, en donde se encuentran 10 de estas empresas. Según la CCICH, el sector productivo de Choloma aporta el 17 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, pero al cierre del año, después del paso de los dos huracanes y los problemas por la pandemia, se cerrará con 25,000 empleos menos.
La industria textil reportó que el 40% de los asalariados resultaron afectados, incluso en empresas como Gildan, que da trabajo a 25 mil personas, y Bijao, resultaron con daños considerables en sus planteles, según una publicación de Diario La Prensa.
Las familias de Banderas
«Bienvenidos a la aldea Banderas», dice el rótulo que abre paso a lo que fue una comunidad próspera. La mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura como negocio propio, aunque centenares de hombres trabajan en fincas bananeras para transnacionales, y un menor grupo se desplaza a la ciudad para trabajar en las maquilas. La mayoría de las casas permanecen en pie; casas de dos plantas, todas de concreto que la gente aún seguía limpiando, sacando colchones lodosos y botando lo que no servía, para pasar la navidad ahí. En familia.
Estas familias no perdieron sus casas pero sí todos los enseres obtenidos durante toda una vida, una vida que había sido bondadosa debido a los frutos y beneficios del campo, pero ahora con sus tierras inundadas no promete una recuperación pronta. El servicio de energía eléctrica había colapsado y no había agua potable en el momento de la visita de MSF a la zona. Ningún otro servicio básico funcionaba. La tristeza por la pérdida de servicios básicos es enorme, pues el Gobierno tardó décadas en instalarlos en comparación con los sectores urbanizados, según contaron los pobladores.
Ana Soto, una campesina de la aldea Banderas del municipio de Choloma cuenta que perdió todos sus cultivos y que quedó con la deuda de los préstamos. Foto tomada el 10 de diciembre de 2020.
Es una tragedia repetida
En 1974 el huracán Fifí arrasó con el municipio de Choloma y acabó con gran parte de su población. Para 1998 el huracán Mitch reeditó la historia. Y este 2020, entre el 1 y el 18 de noviembre, dos huracanes, Eta y Iota, recordaron la vulnerabilidad en varias partes de la ciudad.
Ana Soto, de 35 años, madre de cuatro hijos (de 18, 17, 9 y 6 años) es una mujer agricultora nativa de la aldea Banderas que se dedica a la siembra y comercialización de maíz y ayote, en su rostro aun está la angustia. Antes de la inundación, Ana tenía sembradas cinco manzanas de tierra en ayote, en las que había invertido 18 mil lempiras (743.24 dólares) que había obtenido en calidad de préstamo en la Cooperativa Popular. «Esos préstamos tenemos que pagarlos», dice preocupada y con ganas de llorar.
«Cuando comenzó a llover, el agua estaba bien mansa. No corría nada. Estaba lento. Eso fue el miércoles 3 de noviembre. Nosotros pensamos que no pasaría a más. Pero cuando eran las 6:00 pm nos dijeron: ‘sálganse’. Se había reventado el bordo del Chamelecón y se había unido con el río Ulúa. Cuando acordamos, nuestros muebles y estufas estaban flotando. Perdimos todo», revela Soto.
Ana nos intenta explicar lo que pasó. Nos dice que a un conocido suyo —a Marquitos— un chiflón de agua le llevó cinco manzanas de palma africana. «Era un mar», cuenta. Agrega que la escuela Ramón Rosa, en donde estudian sus hijos, perdió el muro perimetral pues una correntada lo arrancó.
Soto dice que para el huracán Mitch ella tenía 18 años y estaba embarazada. «Pero el Mitch no fue como este. Esto fue peor. Porque acá vino Eta y después la Iota. Eso nos terminó de destruir».
El huracán Mitch dejó al menos 5.657 muertos, 8.058 desaparecidos, 12.272 heridos, 1,5 millones de damnificados, 285.000 personas que perdieron sus viviendas tuvieron que refugiarse en más de 1375 albergues temporales.
Pero la mayor cantidad de fallecidos durante una inundación en Choloma se registró durante el huracán Fifí en 1974.
Un informe de la Cepal publicado en octubre de 1974 situó las pérdidas de vidas humanas en Honduras causadas por el huracán Fifí entre las 6 000 y 8 000 personas. La mayoría de los muertos se registraron en Choloma. Sin embargo, en el informe de la Cepal se reconoció que esos cálculos estuvieron por debajo de la realidad, porque los grupos de rescate siguieron encontrando cadáveres bajo escombros y en las áreas inundadas catorce días después del desastre.
Siendo más específicos, una publicación de la Revista Médica Hondureña estableció que en Choloma el huracán Fifí mató a 4 mil de los 7 mil habitantes que habitaban la ciudad en aquella época. Pero otras publicaciones no escatimaron al decir que los muertos en Choloma en realidad fueron 5 mil.
“Grandes avalanchas de lodo que destruyeron algunas poblaciones, como la de Choloma, causaron elevadísimas pérdidas de vidas humanas y azolvaron amplias extensiones con la consiguiente destrucción de los cultivos que se encontraban en ellas”, se aprecia en un reporte de la Cepal de 1974.
Según una publicación de diario Tiempo, los afectados en Choloma por el paso de Eta y Iota fueron más de 58 mil, las familias damnificadas 10,870, las viviendas inundadas 5,518, las casas destruidas 359. Además indicaron que hubo más de 20,000 albergados y 7 fallecidos.
Según la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), las tormentas dejaron un saldo de 96 muertos, pero estas cifras no son confiables.
Una cicatriz atraviesa el rostro de Óscar Canales Hernández, un agricultor de rostro alegre que se acerca a nosotros para contarnos su testimonio. «Perdí como seis manzanas de cultivos. Como esto que pasó ahorita no hay. Esto dejó inservible todo. Yo tenía sembrado coco, maíz, frijol, plátano, pero lo perdí todo. Nosotros trabajamos la tierra y el producto lo vamos a vender al mercado. Tengo préstamos con ODEF, yo debo seis mil lempiras (247.75 dólares). Lo perdí todo. Aún está inundada la zona donde tengo mis plantaciones. Mi casa quedó en pie, pero la cocina se la llevó la tormenta», agrega Canales.
Canales nos explica que el ruido de un motor, que casi no nos permite hablar, es el de una bomba que están utilizando para extraer agua de los pozos, pues el servicio de agua potable de la zona dejó de funcionar, no hay energía eléctrica, y se ven obligados a extraer el agua con motores para darle usos domésticos, como el lavado de la ropa.
Jessica Jasmín Canales, madre soltera de una niña de 12 y una menor de 5, es habitante de la zona. Dice que la mayoría de la aldea son de apellido Canales. Y que casi todos tienen su propio carro tipo pick up, lo que facilitó que al momento de evacuar el sector se hiciera de forma rápida y coordinada.
Jasmín cuenta que se dejó con su esposo hace 3 años, cuando este decidió emigrar para México. Eso provoca que la carga de la crianza de sus hijas recaiga sobre ella. Toda la limpieza del lodo que quedó tras la inundación, le tocó a ella. «Me duele mucho la espalda», dice. A pesar de eso, Jasmín no piensa en migrar, asegura que seguirá luchando duro por sus hijas en Honduras.
«Mi niña menor tuvo fiebre bastante alta hace dos días. Aunque no tuvimos ningún tipo de atención médica. Las fiebres se fueron así como vinieron. Solo le dimos medicinas caseras. Estuvimos en Ticamaya. Mi mamá alquiló una casa por un mes», revela Jasmín, quien desde lejos ve cómo una doctora de Médicos Sin Fronteras (MSF) revisa a sus dos hijas.
Según MSF más de 250,000 personas en Honduras han tenido acceso limitado a los servicios de salud y alrededor del 50% de los centros de salud continúan cerrados, dañados o presentan dificultades para brindar sus servicios. Estos desastres naturales han generado una crisis humanitaria comparable con la del huracán Mitch, en la que 123 centros de salud fueron afectados y 100,000 personas dejaron de tener acceso a salud, en 1998.
Pero en Choloma, MSF reportó que durante más de un mes de asistencia integral a los afectados por los huracanes Eta e Iota se logró atender a más de 4,000 personas, brindado 2,087 consultas médicas generales, en las que se han identificado enfermedades de la piel, traumatismos físicos, infecciones respiratorias, así como pacientes con enfermedades crónicas que han suspendido su tratamiento.
Los equipos han realizado atenciones médicas, psicológicas y de promoción de la salud en más de 190 albergues, ubicados en las zonas más afectadas por los huracanes. Igualmente, han atendido a 13 sobrevivientes de violencia sexual, 11 de estos casos son anteriores a los huracanes y dos corresponden a violencia dentro de los albergues.
«Estas cifras son sólo la punta del iceberg de la violencia basada en género. En un contexto de doble emergencia sanitaria como el que estamos, por la pandemia de COVID-19, hacemos un llamado a las autoridades para que la violencia sexual sea tratada como una emergencia médica. Es necesario que se apruebe el Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual para que los y las sobrevivientes puedan recibir la atención médica adecuada», expresó Juan Carlos Arteaga, coordinador de proyecto de MSF en Choloma.
Uno de los Canales, que son mayoría en esta aldea de Banderas, aseguró a Contracorriente que se levantarían de esta desgracia. Y que, aunque lo perdieron todo con los ciclones tropicales, lucharán con el espíritu solidario que los ha unido para pasar juntos las fiestas navideñas y de fin de año.
Las tormentas Eta e Iota provocaron la muerte de 96 personas, según cifras oficiales; sin embargo, el testimonio de una familia devastada comprueba que las cifras reales de víctimas no se conocen debido a la falta de un registro confiable por parte de las autoridades.
Texto: Fernando Silva
Fotografías: Deiby Yánes
La noche del 4 de noviembre la familia Sabillón escuchó el ruido del agua desbordándose desde la quebrada ubicada en la parte trasera de su casa hasta llegar a la calle frontal, algunos se preparaban para tomar videos con el celular cuando escucharon el crujir del río Cececapa que junto a árboles y paredes iba a arrastrarlos en una corriente furiosa.
Oscar Argenis (30), su padre Oscar Sabillón (60), su hermana Andrea (20), sus hijas Dafne (6) y Sharon (4), su cuñada Maritza y su pequeño sobrino Didier (1 mes) fueron los integrantes de esta familia arrastrados por el río durante el paso de la tormenta Eta en la zona noroccidental del país. Reportes de medios de comunicación indican que el lugar donde vivían, la aldea San José de Oriente en Ilama, Santa Bárbara, fue devastada por el impacto del fenómeno.
La mañana del 5 de noviembre habitantes de la comunidad iniciaron desesperados la búsqueda de la familia entre los escombros, logrando encontrar con vida a Argenis, quien con heridas graves luchó por su vida hasta la noche del 16 de noviembre cuando falleció en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. La búsqueda para encontrar a los otros miembros de la familia se extendió entre el 5 y 13 de noviembre, tiempo en el que lograron encontrar el resto de los cuerpos en un alto grado de descomposición.
El registro brindado por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) solo cuenta la muerte de cuatro miembros de esta familia y deja en el olvido a Argenis, Dafne y Oscar; además, el cierre del registro de las víctimas de Iota y Eta por parte de las autoridades también muestra que no se están siguiendo los parámetros internacionales que indica el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en los que se cuentan muertes asociadas a las consecuencias del huracán en las semanas y meses posteriores al impacto.
Contracorriente solicitó el registro oficial llevado por Copeco de las muertes causadas por las dos tormentas que causaron mayor impacto en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Colón y Yoro; el resultado brindado por una de las encargadas de comunicaciones fue una lista borrosa en la que apenas se pueden diferenciar las cifras del huracán Eta, que con 74 víctimas tuvo el mayor impacto en las regiones afectadas.
Copeco cerró un registro de 96 muertes provocadas por el Huracán Eta e Iota; sin embargo, expertos señalan que existe un subregistro amplio a causa de la falta de una estructura gubernamental que pueda recabar la información.
El doctor Fidel Barahona, especialista en salud pública, explica que en Honduras no hay ningún plan de seguimiento para personas con problemas crónicos o, en el caso de los afectados por las tormentas, un registro del estado de salud de los rescatados; todo esto fruto de la desorganización y falta de expertos en las instituciones encargadas.
«A esta altura ya deberíamos tener un informe relacionado con la cantidad de personas desplazadas, la cantidad de fallecimientos que hubo, los diferentes tipos de enfermedades que se dieron. Toda esa información debería de estar cuando uno tiene bien diseñado un plan de vigilancia epidemiológica», dice.
En este caso, para el doctor Barahona es imposible evitar las comparaciones con otros países que sí llevan este tipo de registros.
Vecinos de la colonia Pineda, muestran parte de los destrozos en el bordo del canal Maya, causados por la tormenta Eta. San Manuel, Cortés, 12 de nov de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Después del 18 de septiembre de 2018 cuando el huracán Florencia pasó por Carolina del Norte en Estados Unidos, Associated Press News publicó una nota en la recopilan testimonios de expertos que explican que «es normal que las fatalidades derivadas de desastres naturales aumentan en las semanas y meses posteriores, en que se registran muchos decesos causados indirectamente por esos desastres».
El artículo pone de ejemplo el caso del huracán María en Puerto Rico donde se había establecido una cifra inicial de 64 muertes tomando en cuenta solamente a las personas cuyos certificados de defunción mencionan la tormenta; sin embargo, el enojo de miles de familias que perdieron a seres queridos por las condiciones derivadas hizo que el gobierno de Estados Unidos contratara a la Universidad George Washington que finalmente hizo un balance global de 2,975 muertes, una cifra que fue corroborada por otros estudios similares.
«Mucha gente muere por infecciones derivadas de aguas contaminadas, electrocutadas por cables de electricidad o porque no reciben tratamientos de diálisis por el corte del suministro eléctrico. Las muertes asociadas directamente con una tormenta incluyen las de gente que se ahoga o es aplastada por edificios que se derrumban», concluye citando la nota.
Según el doctor Barahona, si hay un subregistro de los afectados directamente «mucho menos tendremos un dato confiable de aquellos fallecimientos asociados donde hubo problemas de infartos producidos precisamente por la situación de estrés que se dio cuando la gente se vio inundada o cuando regresaron a sus viviendas y se dieron cuenta que todo lo que habían hecho por años había desaparecido y que ellos quedaban en la absoluta miseria».
Los vecinos de la colonia Policarpo Paz en El Progreso fuero severamente afectados por las inundaciones. El Progreso, Yoro, 5 de noviembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
El caso de Argenis, rescatado y que luego murió en un hospital de San Pedro Sula pone en evidencia esta situación.
Mirna Rosales, prima de Argenis, nos compartió las fotos de la tragedia por mensaje, imágenes de un pueblo lleno de lodo, atravesado por ramas y piedras gigantes, inhabitable; también muestra a los siete miembros de su familia que murieron a causa de las lluvias del Huracán Eta y la debilidad estructural de la aldea. Una de las fotos -la más impactante- muestra una lona azul en la que yace el cuerpo del bebé y una de las niñas, a quienes encontraron después de tres días de búsqueda.
Miembros de la comunidad convirtieron en camilla una hamaca para trasladar a Argenis al hospital ya que estaba en un muy mal estado con sus piernas gravemente heridas e iba inconsciente; sin acceso a vehículos por la destrucción en la carretera, caminaron durante 17 kilómetros hasta una clínica privada en la aldea de Peña Blanca en el departamento de Cortés, desde allí lo remitieron al hospital de Santa Bárbara y luego el 16 de noviembre al Mario Catarino Rivas, principal centro asistencial en el norte del país.
Según Mirna, la evaluación de los médicos indicó infección grave en las heridas de sus piernas y una hemorragia gastrointestinal causada por lo que tragó en la corriente de la quebrada. Finalmente murió la noche del 16 de noviembre, pero sin los documentos de identificación que se llevó el agua no lograron sacarle de la morgue del Ministerio Público hasta cuatro días después, tiempo de angustia de los familiares que lo único que esperaban era darles sepultura a todos sus muertos.
A pesar de que las heridas que le causaron la muerte eran claramente producto de la tormenta y que su deceso se dio en los días posteriores a la misma, Argenis no aparece en los registros oficiales de víctimas de Copeco, medicina forense del Ministerio Público o el Hospital Mario Catarino Rivas.
Parte de los destrozos causados por ETA en Honduras, en la colonia Reyes Caballero de San Manuel, Cortés, 8 de noviembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Según el ingeniero Armando Ramírez, presidente de la Comisión Interventora del Mario Catarino Rivas, sí hubo atenciones a pacientes que fueron rescatados de los techos de sus hogares por el desbordamiento que se dio en el río Ulúa, pero dijo a Contracorriente que «no pasó a más que una recuperación de hidratación, no tuvimos fatalidades inmediatas por lo menos en el ingreso de algún paciente rescatado»,
Ramírez también reconoce que ellos no pueden llevar una estadística global de los muertos en la zona norte pero que es inevitable que existan muertes asociadas que no se cuentan y podrían verse en el reporte de fallecimientos en los hogares.
«Puede pasar que alguien limpiando en su casa haya tenido un paro cardiaco o un accidente cerebrovascular que se le haya generado por el estrés, pero recuerde que eso ya no llega al hospital porque fallecen en las colonias y barrios, sería trabajo de medicina forense».
El doctor Vladimir Núñez, coordinador regional de Medicina Forense en San Pedro Sula, también reconoció que no llevan un registro de muertes asociadas y solo se podría determinar a través de una investigación exhaustiva de los registros.
Una nota del medio digital Criterio recogía el testimonio de Ramón Cruz, comisionado de la municipalidad de Choloma, quien apoya los trabajos de miembros del Comité de Emergencia Municipal (Codem), en donde explicaba que hasta el 18 de noviembre muchos cadáveres no eran rescatados y que los designados del Ministerio Público sólo se habían encargado de darle equipo para recoger él mismo a los muertos.
Solicitud de fondos sin datos transparentes
«Les invito a que vengan a Honduras y conozcan la realidad con sus propios ojos, la destrucción de la infraestructura, puentes, viviendas, escuelas, hospitales y cultivos en las zonas productoras que nos ha dejado estos dos huracanes», expresó el presidente Juan Orlando Hernández el pasado 12 de diciembre en su intervención en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020. Sin embargo, la invitación del presidente hondureño se hace sobre datos inciertos tanto de muertos como de desaparecidos.
Entre el 5 y 19 de noviembre con las lluvias de Eta e Iota se crearon grupos de Facebook con la intención de encontrar a personas que en muchos casos se habían quedado sin comunicación en los techos de sus casas. Las redes sociales enumeraban listas de cientos de personas, pero el gobierno se quedó en el conteo de entre seis y nueve desaparecidos.
El gobierno de Honduras ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el desembolso adelantado de 35 millones de dólares para atender el impacto causado por las tormentas Eta e Iota. Sin embargo, las autoridades no llevan un registro confiable de víctimas y desaparecidos para conocer el impacto real de los fenómenos.
«No hay un reporte de desaparecidos, un listado oficial y por eso es difícil poder decir que llevan un recuento de todas esas muertes porque definitivamente el sistema no está diseñado para eso, es en lo que menos piensan», agrega el doctor Fidel Barahona.
En lo que sí piensa el gobierno es en la solicitud de fondos internacionales para iniciar las labores de reconstrucción de las zonas más impactadas, pero no hay una intención aparente de esclarecer las cifras humanas y dar respuesta a las familias. En ese sentido, Gustavo Boquín, miembro de la Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h-) considera que Hondurasnecesitará invertir entre 10,000 millones y 12,000 millones de lempiras en la reconstrucción (410 millones de dólares).
Hernández también les recordó a los mandatarios de las otras naciones que asistieron a la cumbre antes citada que «nuestro Honduras es víctima de este cambio climático generado por los países industrializados; por lo tanto, el acceso a los fondos por el clima es un derecho adquirido, no es una limosna», palabras del mandatario del mismo gobierno que dos días antes de la llegada de la primera tormenta invitaba a la población a disfrutar de unas vacaciones para reactivar la economía.
El otro impacto de la tormenta
«Es una tragedia, en cada casa hay necesidades diferentes, imagínese que mi madre se impactó tanto que tuvo un infarto; a principios de enero la evalúan para poder ponerle un marcapasos», me dice Mirna y dos días después envía otro mensaje contando la muerte de Brenda Sabillón Pineda, prima de Argenis que hace unos años había sido diagnosticada con cáncer, había logrado sobrevivir a la enfermedad pero a raíz del desastre inició con una hemorragia que concluyó con su muerte el 18 de diciembre.
Mirna también relata que en la noche que llenó de muerte a su familia, había 9 personas en la casa, pero solo sobrevivieron dos: Milton, hermano de Argenis, e Isabel Méndez, madre de la familia. «Isabel quedó sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin casa, sin negocio, y además mal de sus oídos, ahora la está tratando un psicólogo».
Marta Jiménez, referente médica en Proyecto de Médicos Sin Fronteras en Choloma, dijo en una entrevista dada a Contracorriente que «considera la situación post huracán una emergencia humanitaria debido a diversos factores: uno es que la población continúa sin tener un acceso seguro a sus casas o a viviendas saludables, en muchas de las comunidades las viviendas continúan inundadas o incluso en donde el agua ya se ha ido las casas continúan llenas de lodo, de barro, y las familias no tienen un hogar seguro».
Los vecinos de la colonia Policarpo Paz en El Progreso fuero severamente afectados por las inundaciones. El Progreso, Yoro, 5 de noviembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Jiménez asegura que la Secretaría de Salud estima que más de 250,000 personas tienen actualmente acceso limitado o nulo a los servicios de salud debido a daños en la infraestructura del sistema público. En 1998, tras el paso del huracán Mitch, las cifras apuntaban a 123 centros de salud seriamente dañados, afectando cerca de 100.000 personas. Muchas de las personas que pasaron a vivir en asentamientos resultantes de los estragos de Mitch, fueron ahora una vez más los más afectados debido a su condición de vulnerabilidad.
Otros factores de riesgo a considerar, según Médicos Sin fronteras, son las necesidades en salud mental que tiene la población, «precisamente ahora en el período post huracán es cuando las necesidades de salud mental se acentúan más, estas personas enfrentan procesos de estrés, ansiedad y duelo, tanto por sus bienes materiales como por familiares u otros seres humanos, incluso por pérdidas de animales».
Ante todas estas razones, según la doctora Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, las cifras de muertes asociadas al desastre seguirán aumentando en silencio.
«El tema de la vigilancia epidemiológica vinculada a casos de desastre natural y muertes en esas condiciones, no están articulados en la intención del gobierno de dar un registro adecuado porque aquí usted no ve una articulación ni con la Secretaría de Salud, ni con la Secretaría de Derechos Humanos que debería ser la llamada a investigar estos hechos ni mucho menos con Copeco», y agrega que cualquiera que quiera conocer las cifras oficiales se va a dar cuenta que Honduras siempre vivió en un subregistro que termina en ocultamiento de la información.
La doctora también explica que en el manejo de cadáveres en desastres naturales las guías nacionales e internacionales exigen que deben ser identificados, entregados y explicados a las familias para conocer qué les pasó. En el caso de la aldea San José de Oriente fueron los miembros de la comunidad quienes se encargaron de rescatar e identificar los cadáveres, Mirna apunta que el alcalde Agustín Muñoz del municipio de Ilama, nunca apareció para ayudarles.
«Los subregistros nos afectan, porque no conocemos si la sociedad hondureña está siendo protegida por el Estado con políticas públicas sanitarias que le favorezcan. Cuántos cientos de fallecidos nos dejaron los huracanes, que deben estar soterrados, pero a nadie le interesa conocer esa cifra y se va a perder hasta que todos queden en el olvido», cierra la doctora Villanueva.
Pedro Escobar es vendedor de calzado y ropa. Reside en la colonia La Roma, de La Lima, Cortés, tiene más de diez años de dedicarse a este negocio. De las ventas dependen sus tres hijos y su esposa. Relata que con la llegada de los huracanes su residencia se inundó, es por esta razón que perdieron sus enseres y su negocio. «Sacos de ropa se tuvieron que botar porque se mojaron y se nacieron, se nos inundó lo que teníamos en el negocio y en la casa, no lo pudimos sacar todo», afirma.
Escobar considera que será muy difícil poder recuperarse, sobre todo sin el apoyo de las autoridades competentes. Dice que todo se ha quedado en promesas. «Nosotros no hemos recibido ayuda de la alcaldía municipal, menos del Gobierno de la República». Escobar y su familia duermen por las noches en un albergue de San Pedro Sula, pero en el día se ubican en una de las calles de La Lima para lograr vender lo poco que queda de su negocio.
En los últimos diez años, los ciudadanos de Honduras han tenido que enfrentarse a diferentes crisis, problemas económicos, violencia, represión del Estado, depredación ambiental y, en los últimos meses, a la pandemia del coronavirus y al paso de dos huracanes que dejaron un saldo de 94 muertos y casi 4 millones de damnificados, según datos oficiales.
El pasado 7 de diciembre el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, anunció que los efectos de la pandemia y el paso de los huracanes Eta e Iota estaban siendo reflejados en la economía del país que se contrajo en un 10.5 %, significando una caída nunca vista en Honduras.
«Nos golpearon tres elementos devastadores, la pandemia y dos huracanes, que se convirtieron en tormenta, afectando como nunca el producto interno bruto (PIB), porque ha caído en un 10.5 %», afirmó Hernández, durante una ceremonia.
En el centro de la Lima, Cortés, algunos negocios de ventas callejeras ya comenzaron a operar. 8 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Esta caída ha sido considerada histórica por economistas, ya que la más difícil que se había vivido el país fue en 1954 producto de la huelga general, reportándose una caída económica del 6.5 %, siendo su mayor impacto en la producción bananera, ya que esta era la mayor actividad comercial según datos del Banco Central de Honduras.
Ante esta situación, Hernández solicitó respaldo internacional urgente para realizar con prontitud un proceso de reconstrucción social y económica sostenible, así lo indicó un comunicado publicado por la presidencia. La reunión se sostuvo con autoridades del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sectores más afectados por la llegada del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota
Las medidas tomadas por el Gobierno de la República el pasado mes de marzo, cuando se anunció la llegada del coronavirus al país, provocó una paralización casi total de la economía hondureña, en especial la producción industrial, la prestación de servicios personales y profesionales y sobre todo en el comercio, reportándose en el primer mes una reducción del 22.1 % en la producción nacional, según información brindada por el Banco Central.
Hoteles y restaurantes reportaron una contracción económica del 30.8 %, el sector de construcción privado 24.3 %, transporte y almacenamiento 15.3 %, la industria manufacturera 15 %, el comercio 9.3 % y la agricultura y ganadería 2.4 %, mientras la interacción financiera presentó ciertos cambios en los seguros y fondos de pensiones que tuvo un crecimiento del 2.2 %.
Algunos negocios de frutas también están abiertos en la calle principal de La Lima, Cortés. 8 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Con el paso de Eta e Iota el sector más golpeado fue el de la agricultura. Mauricio Guevara, ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), informó hace unas semanas que este sector reportó pérdidas hasta un 80 %, siendo Cortés, Santa Bárbara, Atlántida y Colón los departamentos más afectados, ya que su cultivo de granos básicos como el frijol y maíz fueron dañados en su mayoría, asimismo se afectó el sector de la tilapia y cítricos, en total se aproxima que los daños ascienden a 318.635 hectáreas de cultivo completamente perdidas.
Nuevas fuentes de empleo y remesas podrían ayudar a recuperar pérdidas en el país
El economista y expresidente del Banco Central, Hugo Noe Pino, aseguró a Contracorriente que va a ser muy difícil que Honduras pueda recuperarse luego de la crisis de este año, la cual deja al país sumergido en más desempleo y pobreza. «Si las cosas se hacen bien, Honduras podría tardar entre tres a cuatro años en recuperarse, se deben crear nuevos empleos para asegurar los ingresos familiares. Si esto no pasa se refleja un gran problema en la economía nacional», argumentó.
El economista sostiene que Honduras ha perdido alrededor de 3000 a 4000 millones de dólares en inversión en los últimos meses, es por eso que será difícil sacar al país de la crisis actual, agrega que el envío de remesas podría mejorar la economía, ya que en los últimos meses esta ha aumentado. «Es un aumento pequeño, pero ayuda a que las familias puedan tener capacidad de consumo y también contribuye a recuperar parte de la inversión perdida», piensa.
Pedro Escobar, vende sandalias y ropa en la calle, dice que cuando llegó Eta perdió todo su producto, ahora busca levantarse de nuevo. La Lima, Cortés, 8 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Pino asegura que este crecimiento ronda en el 3.5 % comparado al 2019, mientras tanto el BCH ha dado a conocer que hasta la fecha han ingresado al país 4896,4 millones de dólares (122,410 millones de lempiras), representando un 89.9 % de la proyección del año anterior, este daño corresponde hasta el 21 de noviembre del año en curso.
Pino menciona que el mayor reto de este Gobierno no solo de ahora, sino que en los últimos siete años es la generación de empleo y la reducción de pobreza. «Sin embargo en estos años no se ha visto el progreso en estas problemáticas, ahora a esto se suma la pandemia y las tormentas tropicales, lamentablemente no hay una política que establezca verdaderos programas de ayuda crediticia», finaliza el expresidente del BCH.
Las principales ciudades del país reportan las mayores pérdidas en el comercio
Cortés ha sido el segundo departamento más afectado, ya que cuenta con el 80 % de las personas albergadas en el país, específicamente en el Valle de Sula que es una zona fértil para la agricultura, representando aproximadamente dos tercios del PIB del país. El daño que se ha presentado en la zona norte del país podría repercutir en la seguridad alimentaria y la pobreza, provocando migración, según economistas.
Elvia Velásquez de Osorio, es una comerciante con negocios que tienen más de 20 años de antigüedad en La Lima, las inundaciones, afirma, que dejaron sus negocios casi en el suelo. 8 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Elvia Velásquez, comerciante del municipio de La Lima, asegura que la peor catástrofe que ha vivido este municipio ha sido el paso de Eta. Señala que este huracán la dejó a ella y a su familia en la calle. «No hay un empresario que no haya perdido, los empresarios no contábamos con esta situación, nunca nos preparamos y perdimos todo lo que con sacrificio había hecho en 22 años», dice.
Es por esta razón que solicita al Gobierno que apoye a los empresarios afectados del municipio de La Lima. «Por medio de los bancos, con préstamos flexibles y a largo plazo porque sí podemos empezar nuevamente, pero ahora mismo estamos con las manos cruzadas», agrega Velásquez.
Velásquez afirma que existe una gran incapacidad en el Gobierno actual ya que no hay un interés por este sector, también piensa que estas pérdidas se pudieron evitar, ya que ocho días antes habían solicitado a las autoridades prestar atención en el Canal Maya, pero no fue así, por esa razón responsabiliza al Gobierno por los daños ocasionados, ya que, a su juicio, no es la primera vez que La Lima se inunda, pero en esta ocasión pasó los límites de las anteriores inundaciones.
Muchas de las calles de La Lima aún siguen inundadas y con escombros. 8 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Comercio de Tegucigalpa abatido por pandemia, incendios y huracanes
Luego de que se cumpliera un mes del decreto de toque de queda en todo el territorio nacional paralizando así la economía, el mercado Colón, de Comayagüela reportaba un incendio de tal magnitud que consumió 500 locales de ropa, zapatos y artículos de madera, dejando pérdidas millonarias a sus locatarios.
Gregoria Durón, de 67 años de edad, es una vendedora de artesanía desde hace 35 años en la calle de Las Flores de Comayagüela, relata que ha sido muy difícil este año para los comerciantes de este sector, ya que las pérdidas se reportan con el COVID-19. El incendio que sufrió su local y las catástrofes ambientales que transitaron por el país.
«Tenía más de un mes de no trabajar cuando el incendio, por que como soy de la tercera edad tenía miedo a contagiarme, se me quemó la mitad del negocio y el resto me lo robaron, aproximadamente perdí 20,000 lempiras solo en ese hecho», lamenta doña Gregoria.
Con la llegada de la época navideña ha regresado a su puesto para lograr vender lo poco que le queda, entre ello, todo lo relacionado a los pesebres navideños. Se encuentra sumamente preocupada porque las ventas han sido muy bajas. «Pero no pierdo la fe que esto se va a componer, seguimos luchando por mantenernos, porque el Gobierno solo sabe decir que ayuda y seguimos esperándola», asegura Durón.
Mientras tanto el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), asegura que las ventas comerciales se han reducido en un 8.1 %, producto de la crisis de salud que enfrenta el país en estos momentos.
El Cohep presentó su análisis multipartidario llamado Resiliencia Empresarial COVID-19, donde se evaluó el impacto que ha producido la pandemia y el paso de los huracanes. El impacto ha sido tan fuerte que un 10 % de los negocios no pudieron sostenerse y han tenido que cerrar operaciones, pese a esto el Cohep asegura que el 67 % de las empresas tienen confianza de recuperarse.
Dilcia Reyes se dedica a la venta de ropa en otro sector de Comayagüela, y relata que todo lo que ha enfrentado el pueblo ha sido un golpe bastante fuerte: «Las ventas están por los suelos, hay demasiado desempleo y la gente que se quedó trabajando solo tiene para la comida, en años anteriores yo vendía, por lo menos, de doce a quince prendas al día, en estos momentos dándole gracias a Dios vendo unas dos», cuenta.
Dilcia continúa relatando que lo más difícil de esta crisis es que les ha dejado más endeudados. «Nosotros ahorita lo único que tenemos es deuda sobre deuda, pandemia, incendios, robos y huracanes. Es lo que nos deja el 2020», dice. También menciona que otra de las dificultades es tratar de salir de las deudas porque ellos trabajan por medio de préstamos y estos no se han dejado de pagar y si no se hace los intereses aumentan.
En octubre el Gobierno de la República anunció la entrega de financiamiento a los comerciantes afectados por el incendio, se asegura que se entregaron 39 cheques a igual cantidad a beneficiarios del «crédito solidario», el aporte consistió en 1,450,000 lempiras para que los comerciantes pudieran recuperarse de dichas pérdidas.
Reyes relató a Contracorriente que el segundo día del incendio llegó David Chávez, diputado por el Partido Nacional, prometiéndoles ayudas económicas. «Nos prometió una ayuda de 2000 lempiras mensuales por tres meses, pero como siempre solo fue una mentira, solo hizo propaganda política y no volvió.» También asegura que por lo menos ella no ha recibido apoyo de «crédito solidario», «esas ayudas solo son para unas cuantas personas que son afín a esos partidos».
Venta de Pólvora, otra fuente de ingreso a comerciantes
Cristian Canales es un joven de 28 años que se dedica a la venta de pólvora desde muy pequeño, ya que este es un negocio familiar, la venta de pólvora la realiza en el municipio de Santa Ana, uno de los pocos autorizados para la comercialización de la misma, asimismo se dedica al comercio de verduras y frutas en diferentes mercados de comayagüela.
Canales relata que no hay un tan solo comerciante en el país que no haya presentado pérdidas con el cierre del pais por las diferentes situaciones que se han vivido, es por eso que se muestra optimista ante la venta de la pólvora porque asegura que esta es la temporada más alta para la realización de la compra de los juegos artificiales, ya que son utilizados para bodas, graduaciones y otros eventos.
«Nosotros confiamos en Dios que va haber un movimiento fuerte de la venta, para poder llevar alimento a nuestros hogares. La inversión es millonaria, nosotros aquí trabajamos con préstamos, así que en el nombre de Dios serán días de bendición», puntualiza.
Este comerciante asegura que la mayor parte del producto viene de China, Guatemala, El Salvador, lo que representa un aumento en el pago de impuestos para ingresar dicha mercancía al país, este local ofrece variedad de producto. «Nosotros tenemos producto desde 5 lempiras hasta 5000, todo depende del gusto del cliente», revela.
La venta de los juegos pirotécnicos en Santa Ana está autorizado por un mes, a partir de la fecha de instalación en los locales asignados. Canales asegura que hay que realizar un proceso minucioso para tener dicho permiso, entre ellos tener una constancia de la comunidad donde residen, además de eso realizan una inspección en los negocios para asegurarse que están en un lugar seguro y que cuenta con suficientes extintores, agua y arena en caso de un incendio, y ya que estamos en tiempos de pandemia contar con todo el equipo de bioseguridad.
Bryan, un joven que junto a su familia vende cohetes y juegos artificiales, atiende en una de las tiendas de su familia, a un cliente que ha llegado para comprar cohetes. Para las fechas de fin de año, su familia monta varias de estas tiendas a la orilla de la carretera al sur del país. Santa Ana, Francisco Morazán, 2 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix
Honduras cierra 2020 con más de 115,000 casos de contagios confirmados para COVID-19 y con una reactivación económica con pocos controles sanitarios, apenas lo mínimo: gel, mascarilla y restricciones en agencias bancarias. En América Latina, Honduras está ubicado en el puesto 13 de países con mayor número de contagios. En este ranking publicado por el portal Statista, del resto de países de la región centroamericana, se ubican por encima de Honduras: Panamá, Costa Rica y Guatemala.
No queda duda que la emergencia sanitaria provocada por la expansión mundial de la COVID-19 cambió las formas de vida y de pensar, también la forma en la que hacemos periodismo y contamos las historias y en esa parte la pandemia nos enseñó a no perder el foco, porque nos mostró también exacerbadamente otros problemas.
Nuestras investigaciones y la cobertura de la actualidad nos hicieron movernos este año por un abanico de temas e historias sumamente importantes, hemos seleccionado doce imágenes para esta galería que narran este viaje, que durante muchos tramos fue duro.
Comenzamos año con caravana migrante, luego se decretó la emergencia sanitaria y finalizando el año llegó la embestida de dos tormentas tropicales que devastaron el Valle de Sula en dos semanas, y que dejó a miles de personas bajo los puentes y en albergues.
Míster Ghost era un hombre sencillo, que al parecer, no tenía necesidad económica alguna, ya que había nacido en el seno de una familia acaudalada, aunque poco se sabía de sus orígenes y de sus familiares. Pero el tema de sus ancestros parecía ser irrelevante en su vida, porque según quienes le conocían por toda su riqueza y fortuna, el amor y el cariño de una familia era algo que decía no necesitar. Seguramente habrá quienes dirán que el dinero no lo es todo, que se necesita un poco de amor, pero míster Ghost tenía en lugar de un corazón, un enorme y profundo agujero negro, aunque en realidad esto solo era una fachada que él mismo había creado, ya que de esa forma podía ocultar ante los demás su deseo de un poco de cariño y de alguien que le escuchara y acompañara.
Era un erudito, todos sabían de su talento nato para la ejecución de diversos instrumentos musicales, entre ellos, el piano y el violín, a veces también mostraba su talento con los pinceles y otras veces demostraba su habilidad en la literatura. Escribía poemas en prosa y en verso libre, cuentos de amor y otros grotescos, novelas de fantasía y de terror, pero al parecer aquello no era suficiente, ya que nunca estaba satisfecho con lo que hacía, siempre estaba buscando una manera de justificar que su trabajo era una total porquería.
Sus negocios, por lo general, iban muy bien y cada día organizaba una actividad en beneficio de los más desposeídos de su ciudad, aludiendo a aquello de la solidaridad y la caridad humana. En el pueblo lo conocían por ser casi un amargado, pero también por tener ese noble corazón y poder compartir con los demás aunque no fueran su familia.
Míster Ghost tenía estudios avanzados en leyes, economía, filosofía y también en esoterismo. Esto último casi no lo practicaba, ya que intentaba ser un hombre de fe y valores cristianos. Jamás faltó a una misa e iba a confesarse con el párroco de la iglesia casi todos los días. Era considerado —debido a su alto grado de nobleza—, uno de los pocos hombres que estaban más cerca de Dios, algunos hasta pensaban que incluso mucho más que el sacerdote de la iglesia. En su vida cotidiana disfrutaba del vino, el café y los días de campo, nunca se le vio disfrutando de algo más que eso, según él, tales placeres solo los podía dar la naturaleza y eso no tenía precio, era gratuito, eso era lo mejor.
En varias ocasiones vieron a míster Ghost visitar el cementerio de la ciudad, aunque para los ciudadanos era algo bastante raro, ya que sabían que su familia no había sido enterrada allí. Alguno que otro curioso se había interesado por saber a qué iba, ya que generalmente lo hacía por las mañanas o las tardes, esto levantaba mucha más suspicacia entre sus vecinos que creían que iba a buscar huesos, para realizar algún ritual de esos que los adinerados están dispuestos a practicar, con tal de extender un poco más su vida.
Míster Ghost tenía una enorme debilidad que consistía en sentirse fuertemente atraído por los eclipses lunares, él disfrutaba mucho ver aquellos fenómenos que el creador mandaba a la humanidad como muestra de que estaba ahí, en algún lugar, esperando el momento para volver y recoger a quienes habían cumplido con sus dogmas y demás mandatos al pie de la letra.
Un día veinticuatro de febrero, Míster Ghost, fue informado que el párroco de la iglesia necesitaba de su ayuda, a lo que muy amablemente accedió, se dirigió a la iglesia y habló con el cura. La plática empezó con los típicos saludos, y luego el sacerdote le dió una nota, él la leyó y se quedó en silencio por un largo rato, después le asintió con la cabeza y se retiró. Al parecer en la comunidad se estaban empezando a preocupar, ya que un ser desconocido estaba rondando por la ciudad en horas de la noche y los altos jerarcas de la iglesia sabían que míster Ghost podía ayudarles. Él estaba más que dispuesto a hacerlo, esta era una oportunidad perfecta para encontrar su origen y el de su familia.
La noche siguiente el cura, míster Ghost y otros ciudadanos se armaron de valor para salir en búsqueda de aquel extraño ser. Entre sus cosas llevaban agua bendita, cruces, cartas para exorcismos, y míster Ghost guardó algo que no había mostrado a nadie, era su arma final, por si lo convencional no funcionaba. El reloj del cura marcaba las once y treinta y cinco, faltaban exactamente veinticinco minutos para que aquel ser desconocido apareciera ante ellos. Mientras eso sucedía, los hombres que estaban presentes sudaban de nervios, excepto míster Ghost, que comentaba que su sudor era por la adrenalina, sabía que resolver un hecho como este probaría sus orígenes y también lo llevaría a parar su búsqueda de muchos años atrás.
La aguja del reloj de míster Ghost ya había pegado en las doce de la medianoche, los hombres salieron a las afueras del pueblo, ya que era ahí, donde habían reportado el primer avistamiento. Ellos también iban armados con municiones bañadas en agua bendita y bendecidas por el cura, por aquello de disparar si era necesario. No esperaron mucho, ya que luego de un ventarrón que les movió hasta la médula, un ser extraño se posó frente a ellos, casi todos estaban asustados, incluido míster Ghost, porque según sus sospechas estaban frente al temible Belphegor, uno de los comandantes del infierno.
Una carnicería entre ambos bandos estaba por suceder. Como pudo, míster Ghost, sacó su arma secreta, un viejo grimorio color verde oscuro y el cura se preparó junto con los demás hombres con las antorchas y el agua bendita. El ambiente estaba dado para una batalla campal, pero Belphegor vociferó unas palabras en latín que solo el sacerdote y míster Ghost entendieron, y luego aquel ser extraño se rodeó de un aura de fuego y desapareció en un instante. Aquello dejó sorprendidos a los presentes y el cura, desde que escuchó las palabras, no dejaba de observar fijamente a míster Ghost.
A la mañana siguiente los hombres contaron por todo el pueblo lo que habían visto, según lo que decían aquel ser estaba interesado en míster Ghost y el párroco de la iglesia. Por la cabeza de muchos de ellos, pasó la idea de entregarlos, para así salvarse. Por la tarde una noticia impactó a todo el pueblo: míster Ghost había desaparecido, nadie daba una sola señal de él, al parecer se lo había tragado la tierra o se había ido a entregar a Belphegor.
En la noche, los ciudadanos contaron esto al sacerdote y él, les comentó que en realidad no había desaparecido, ni cosa parecida, sino que más bien que míster Ghost había encontrado su tan ansiada respuesta frente a aquel ser. A la mañana siguiente, el padre fue al cementerio y llevó un ritual de agua bendita, hizo oraciones, santificó el panteón y también dejó encima de una lápida la foto de míster Ghost. Los presentes de aquella ceremonia se sorprendieron, puesto que no sabían que él hubiese muerto, lo que se comentaba en la ciudad era que estaba desaparecido.
El sacerdote luego de varios días supo que lo que había hecho era lo mejor, y envió un informe a sus superiores de la iglesia contando el caso de míster Ghost. El documento detallaba que aquel hombre era un no nacido, y que había logrado estar entre los vivos debido a un ritual que su madre había hecho, ya que antes de parirlo solo tenía una opción, salvar su vida, porque Ghost estaba muerto en su vientre. Sin embargo, no fue así, ella decidió transmitir su energía vital a su pequeño, a través de un ritual esotérico, y con ello también lo condenó a vagar durante treinta y ocho largos años en los que él trató de validar bajo cualquier método sus orígenes.
Nunca jamás se supo de míster Ghost en aquel pueblo, y el paso arrollador del tiempo hizo que la comunidad fuera olvidándose del caso, a excepción del sacerdote, él siempre recordaba las palabras de Belphegor: «míster Ghost, usted ya no pertenece a este mundo, el tiempo se le acabó, debe entregar el grimorio. Su madre lo espera en la puerta, de la tierra sin retorno».
Caperucita roja, dejó el mundo de la inmundicia en el wifi del hogar. Antes de ser una mujer entera en cuerpo y alma. Decidió convertirse en una asidua lectora de novelas rosas de Corín Tellado y de literatura de hadas madrinas. Con una especie de enciclopedismo aunado en las enseñanzas esotéricas de su abuela materna. Exalumna de una famosa bruja que actúa en Hansel y Gretel. «No es muy buena la película», me dijo Caperucita. Adquirió modales ortodoxos apegados a la iglesia luterana. Aunque no comulgaba con la santa iglesia católica, es obvio que simpatizaba con el marqués de Sade y Masoch. Se acomodó vertiginosa en el viejo sofá desgreñado en la sala maltrecha de la casa de tabla rolliza. La abuela en los últimos años, apareció con el mal de Alzhéimer y el síndrome del olvido prematuro. Su incursión en el Moulin Rouge fue estupenda. Ajada por la experiencia de ser mujer. Mucho recorrido en las autopistas del acto amoroso. Caperucita se acostó ahogada, un cansancio la dejó desmayada por unas horas. El silencio se dispersó entre el murmullo de ruidos quejumbrosos de la ciudad.
—¿Pero vivían en un bosque? —me preguntó bajo la ecuación de dudas. —Perrault, no pudo hilar la verdadera historia de Caperucita roja —exclamó en la trama de la afirmación.
Caperucita se hundió en un sueño profundo como en el cuento de La bella durmiente. Nada más que sin el beso del supuesto y dudoso príncipe hermafrodita. Sin el beso de sapo en invierno. Ni bajo el hechizo de alguna bruja famosa del condado. Su cara jovial y sus mejillas suaves y rosaditas como la superficie de una flor en primavera. Sabía que vivir en el bosque traía desconfianza, por eso la abuela hipotecó la casa de campo, más que el bosque empezó a ser taladrado por los señores feudales, y por futuros negociadores de madera en una de las mega urbes cercanas. Quedó varada en una inapelable deuda. Por eso, la abuela decidió salirse de ese desgastado cuento de Caperucita roja. Cansada de ver repetidamente que el lobo llegaba primero, le abría la panza a la abuela y se la comía. Me parecía que eran de esas crueldades aunadas en las novelas de Christon y King. También el lobo confirmó su retiro del menguado y viejo cuento de Perrault y de los famosos mediocres gramáticos alemanes, hermanos Grimm.
El lobezno personaje, ya rayaba el CD-ROM, engañando a la inocente Caperucita media roja. Ya tenía decolorado el vestido y la caperuza de tanto usarla en el stunt del cuento. Incluso unos pintores descendientes de artistas renacentistas y de algunos seguidores de Goya, decidieron pintarla de blanco y negro como en los inicios del cine, a principios del siglo XX. Aunque, lo blanco es luz, y lo negro es oscuridad, no pueden ser contemplados como colores en la rosa cromática según la ley de Newton—me dijo mascullando.
—¡No se le olvide la Caperucita azul de Antonio Rato!—
Además, a la abuela se le concedió la jubilación entre los personajes del cuento. Fueron calculados sus derechos de acuerdo a las reglas de Wall Street y las demandas de Walt Disney. Incluso, todos los personajes de los cuentos de hadas, se organizaron en un sindicato, al estilo de Gramsci. Ogros, madrinas, brujas, gnomos, magos, duendes y gárgolas. Excepto las que salen en la película de Frankenstein (la reciente versión), y Van Helsing. Donde los máximos directivos de Pixar y de la galaxia Gutenberg decidieron cambiar lentamente la trama desahuciada de Caperucita roja, por la bella y la bestia, que fue un ripio de la angustia romántica. En el casting, Caperucita Roja, tejió el vestido en la mejor sastrería de modistas de la ciudad, con policromía de hilos de seda de gusanos extraídos de la China Antigua. No de Wuhan. Despertó con cierto tono de terror y había soñado con el famoso payaso It de King. Sintió que el hombre con cara de payaso y solapa de colores en las mejillas la miraba subliminal con un acto de lujuria.
—Soñé que me había engullido un venado de un solo lengüetazo, así como cazan los camaleones en la punta de las ramas —dijo con gesto de zombi en cuarentena.
El cannabis y los deseos de ninfómana en serie, puso punto final a su adolescencia o pubertad.
—¿Qué más ha soñado? —preguntó el hombre de bata blanca con una mascarilla en la boca, anteojos transparentes, vellos gruesos en el mentón y patillas velludas extendidas hasta la orilla de las orejas.
—Soñé , le repito, soñé que era caperucita roja en blanco y negro —me dijo en un tono de exasperación recostada en el diván.
—¡Debe saber, señorita, que ese tal cuento que usted interpreta, no es más que episodios reprimidos en su niñez! Ese cuento mal interpretado no es para niños, debe ser calificado en la categoría C. Eso de que usted se traga el venado de un solo lengüetazo, no es más que la oposición edípica materna y el grado complejo de culpabilidad escondido en la caja negra del inconsciente.
Coreó las cejas, recostada. El doctor decidió por sí solo concertar una cita psicoclínica.
—Y déjeme decirle, hay tantas caperucitas rojas en el globo terráqueo. Una de ellas, va por una avenida, cruza el tráfico, el lobo acelera para llevársela raptada y violarla.
—¡Si, conozco ese cuento, es del escritor Vindel!
Caperucita Roja, cierra los ojos, parpadea, labios carnosos como Lolita de Nobokov. Con la mano derecha suelta el corpiño. Se despoja de la caperuza curtida de rojo. Cae el vestido transparente. Triángulo de raíz púbica. Su cuerpo suave como una flor nunca deshojada. Entre sus piernas se abre la rosa del ser y, como olas de mar. Se juega los melocotones rosados. Un dedo intermitente se desliza entre sus rojizos delicados labios, en la fórmula travesti de la seducción, el grosor de la saliva, lengua recia cayó sobre sus mejillas como un perro hambriento. Desde la geografía segmentada del ombligo hasta el secreto de su himenlaya. El viento con música choca en las techumbres y contra la ventana. Mano musculuda recorre velocípedo el cuerpo jovial y tierno. Musitó enloquecida.
—¡Sigue no te detengas! El lobo siempre me hacía esto, pellizcaba el pan que llevaba en el círculo de la canasta. Mordía las pasas de mis pezones, lástima que envejeció y lo declararon inútil en los siguientes cuentos.
—¡sigue! —me dijo desaforada, perdida en el laberinto de la pasión estilo La bella y la bestia. El doctor deslizó tembloroso las manos sobre la autopista erógena del ecuador taxidérmico. Oscilatoria mirada en el trampolín de las manos en el beso ofuscado de lo prohibido al final de la enmarañada tarde, en el vientre abandonado por el silencio de los alcaravanes, que escapan en el sudor de sus rostros marginados por el cansancio de los pesares, y la balada de cuerpos en la sinfonía de la oscuridad, se pierden en la longitud del tiempo en la piel erizada por el desacato de mordidas en el tráfago del cuello en la lasitud de la ternura cobijada por la exactitud de la eternidad.
—¡Es el erotismo de Sade o de Masoch, combinada por la erografía del posmodernismo xilográfico en la evidencia concreta de la desnudez oculta! —dijo alguien entre la conversación que se delató entre amigos del doctor.
El fuego amoroso de Caperucita con ademanes entre cortados, abotonándose el diminuto vestido escotado y con dibujos de quimonos en ristre, con el cadáver de un lupus dibujado en la parte inferior del vestido. El doctor se puso la gabacha blanca, después de mostrar la red de vellos que se expanden en su recio pecho de macho cabrío. Después del acto erótico ante el doctor, Caperucita, fue descubierta, por actos pervertidos, retirada por las leyes de censura. Por la representación de canibalismo que reflejó el lobo, y el deseo en líneas de fuga de la famosa adolescente. Ya no es la misma muchacha con espinillas, y pecas. Sus ojos como dos gotas de rocío.
—Pero ese argumento lo vemos en un famoso cuento que fue llevado a una película mediocre.
Emigró a la ciudad donde formó parte de la pandilla de don Gato. Empezó a escuchar música de calle 13, AC/DC y Ramstein. La abuela murió de un infarto. Se desmintió que haya sido devorada por el lobo.
Se descubrió, que la anciana, siempre lo esperaba en la cama, con sus cremas Max factor, bolsas protectoras anticonceptivas. Al final se envició en la vieja calle, la encontraron, cadavérica, ojos hundidos, el cabello se le iba cayendo. Otros dicen, que Caperucita, fallecería por una enfermedad que desvanecía la existencia inmunológica, las famosas cuatro letras del doctor Robert Gallo.
Texto: Ana Irías
Fotografías: Martín Cálix
Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) hiciera público el Censo Electoral Provisional del Registro Nacional de las Personas (RNP), algunos hondureños reportaron irregularidades por medio de las redes sociales.
Algunas de las denuncias más recurrentes de irregularidades en el nuevo censo es el cambio de los centros de votación. Gerson Gómez, un ciudadano que denunció en redes sociales reportó que le cambiaron su domicilio luego de enrolarse. «¿Esta es una forma de desalentar el voto? A mí me tocaba votar en el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhiss) y tras el enrolamiento para la nueva Identidad, me están mandando a votar a Altos de Santa Rosa. ¡PÍCAROS!», expresó en su cuenta de Twitter.
Asimismo, el CNE emitió un comunicado el pasado lunes en donde denunció que no era posible validar 500,000 huellas por irregularidades que corresponden a personas enroladas hasta el 30 de noviembre. «Estos reclamos radican y tienen su origen en la base registral elaborada por el RNP, a quien compete su solución inmediata», indicó en el texto el CNE, que además solicitó un plan de emergencia para resolver a tiempo los reclamos y un calendario con las fechas de finalización del enrolamiento.
Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, sostiene que se está trabajando en cada uno de los reclamos que la ciudadanía realiza por medio de la base de datos en línea, prometiendo «esta semana tener resueltos los reclamos» y afirmando que pese a estas inconsistencias se han «logrado eliminar los traslados electorales fraudulentos y los subregistros de fallecimientos».
El 1 de diciembre de 2020 fue entregada la base registral de los ciudadanos enrolados en todo el país al CNE, para que el organismo que regula a las organizaciones políticas iniciara la elaboración del censo electoral provisional de los comicios primarios e internos del 14 de marzo de 2021. Pese a que este debió ser entregado el día anterior, los comisionados del registro aseguran que la llegada de la pandemia ha sido un detonante para no cumplir con los días pactados para la entrega de todo el proceso de enrolamiento.
Arístides Mejía, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), manifiesta que no se ha tenido el tiempo suficiente para realizar todo el trabajo que este proyecto requiere: «por lo tanto la solución está en que el CNE y el RNP se pongan de acuerdo sobre qué lista se va a utilizar para las próximas elecciones» y solicita que no se ponga en riesgo la democracia de la cual se necesita «para salir de la crisis y de este régimen autoritario que ha durado tanto tiempo».
Un hombre realiza el proceso de enrolamiento en un puesto móvil que ha habilitado el Registro Nacional de las Personas en un centro comercial de la capital hondureña. Tegucigalpa, 9 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Preocupación por denuncias contra el Proyecto identifícate
Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia, manifiesta que las irregularidades denunciadas en el proceso de la nueva identidad se deben a varios factores como el inicio tardío del mismo y la pandemia del COVID-19. «Recordemos que todos estos problemas no permitieron que se probará de manera correcta el sistema, por lo cual era ciento por ciento seguro que iban a existir problemas en la implementación del enrolamiento», dijo a Contracorriente.
León destaca que lo más preocupante de estas denuncias es que este nuevo proceso de identificación es la plataforma para lograr un proceso electoral confiable «es decir, que si los muertos votaran, debemos de tener la prueba de quien colocó la huella por ese muerto, así que quien haga este tipo de denuncia debe de tener un respaldo», establece León, quien pide valorar el interés de los comisionados del RNP de intentar finalizar este proyecto «cuando nosotros tenemos como costumbre que las instituciones del Estado no les importe cumplir con los procedimientos y los procesos».
Rolando Kattan, miembro de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas, durante el lanzamiento del proyecto de identificación.Tegucigalpa, 5 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Puntualiza que los fraudes electorales no solo se realizan con el tráfico de identidades, explicando «que estos se hacen en las mesas donde cuentan los votos y se llena el acta, es decir, el compromiso está también en los partidos políticos porque son los que cuentan los votos y llenan las actas».
Salvador Nasralla, candidato presidencial del partido Salvador de Honduras (PSH), ha solicitado la suspensión preventiva del proceso de identificación Identifícate, por las diferentes anomalías denunciadas y porque asegura que se ejecutará un fraude electoral.
«Hemos denunciado que en este proceso incluirán a más de 2 millones de personas muertas en una base de datos electoral, que servirá para montar el fraude en el próximo proceso primario y general», puntualizó Nasralla.
Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifiesta que como veedores del proceso «podemos acreditar que las cosas se están haciendo bien, hasta el momento ha habido voluntad del registro, pero deben de informar a la población qué pasó para que se dieran estas anomalías, porque si no lo hacen entonces la gente no tendrá confianza y esto debilita la institución y la credibilidad del proceso también».
A la fecha se han enrolado 4,861,710 hondureños, 47.2 % (2,292,731) corresponde al sexo masculino y el 52.8 % (2,568,974) al sexo femenino, así lo ha dado a conocer en su página oficial el RNP.
El nuevo Censo Electoral busca tener una nueva base de datos tanto en el Registro Civil y de Identificación, ya que ambas bases han presentado diversas inconsistencias, por ejemplo, que los nombres de los ciudadanos estén mal escritos, aunque el mayor reto ha sido eliminar de sus bases a los muertos y migrantes, un proceso necesario a pocos meses de las próximas elecciones del 2021 en Honduras, a desarrollarse en marzo y en noviembre.
El nuevo censo electoral se ha creado con el fin de evitar una nueva crisis política electoral, después del conflicto del 2017, cuando el TSE anunció en determinado momento que con un 57.19 % estaba ganando la presidencia el candidato de la alianza política, Salvador Nasrralla, que encabezaba una oposición conformada por el Partido Libertad y Refundación y el Partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). Pero se reportó la suspensión de la energía eléctrica en las oficinas del TSE y posteriormente se anunció que la tendencia se había revertido y que el ganador de dichas elecciones era el entonces presidente de la república, Juan Orlando Hernandez, candidato en una reelección ilegal por el Partido Nacional de Honduras.
El fraude generó la indignación de la sociedad hondureña que salió a las calles a denunciar, lo que desató los toques de queda a nivel nacional, el despliegue de las FF. AA. para reprimir a la población que se manifestaba, cobrando la vida de 23 hondureños, 22 que ejercieron su derecho a la protesta y un agente de la policía, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh) en Honduras.
En 2018 continuó la crisis, que llevó a la intervención del RNP, con el fin de reestructurar, modernizar y estructurar la institución, luego de que el Ministerio Público diera a conocer que existían 30 líneas de investigación y 80 denuncias relacionadas con el tráfico de identidades y actas de defunción por parte de los empleados de la institución.
En septiembre de 2019 el Congreso juramentó a la junta interventora dirigida por Rolando Kattán, como coordinador, por el Partido Nacional, Norman Roy Hernández por el Partido Liberal y Óscar Rivera por Libertad y Refundación.
Firma de convenios y avances del Proyecto Identifícate
En mayo de 2019 el RNP firmó un convenio con ORACLE de Centroamerica, S.A. con vigencia de 37 meses, quien es el proveedor de los servicios de software por un monto de 7,620,353.55 de dólares (185,936,626.62 de lempiras).
En julio del 2019 el RNP firma un convenio con el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) con el fin de iniciar el proyecto Identifícate con la meta de enrolar a 5.5 millones de hondureños.
En un centro comercial de la capital hondureña, empleados del Registro Nacional de las Personas, ayudan a los ciudadanos a realizar el proceso de enrolamiento para tramitar el nuevo documento de identidad que deberá estar listo para el nuevo proceso electoral en el país. Tegucigalpa, 9 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
El documento acordaba apoyar con la adquisición de equipo, materiales y servicios para el RNP, y la capacitación del personal de campo para el manejo de los kits para el enrolamiento digital biometrico, asimismo como la impresión del nuevo documento nacional de identificación (DNI). El 19 de julio da inicio oficialmente el Proyecto Identifícate y a la vez se da a conocer que este mismo tiene su finalidad el 30 junio del 2021.
En marzo del 2020 se oficializó el inicio de la etapa de enrolamiento y el 22 de agosto se da a conocer que el grupo THALES ubicado en Polonia era el ganador del proceso de licitación para fabricar la nueva DNI, el contrato firmado fue de 11,157,750 dólares (274,480,65).
El PNUD informó que cada tarjeta de identidad tendrá un costo de 1.70 dólares (40 lempiras aproximadamente).
Costo millonario del proyecto identifícate
El Proyecto Identifícate, ejecutado en tramos A, B y C, tiene un presupuesto de 70,775,453 dólares (aproximadamente 1,740,000,000 lempiras) de los cuales 63,428,381 de dólares (1,522,281,144 lempiras) corresponden a un préstamo BCIE, 7,347,072 de dólares (176,329,728 lempiras) del presupuesto nacional y 242,978 de dólares (5,831,472 lempiras) en aportes en especie del PNUD, que es quien se encarga de la administración y ejecución de los fondos, con base a sus políticas y lineamientos.
El Proyecto cuenta con 1500 kits de enrolamiento, 65 capacitadores, 55 coordinadores departamentales, 429 supervisores y 3717 enroladores para desarrollar el trabajo en campo.
Por ahora se desconoce si el oneroso proyecto, que en teoría busca recoger, actualizar y procesar la información de las huellas dactilares de los ciudadanos hondureños mayores de 17 años, tendrá frutos para mejorar el sistema democrático en Honduras.
Texto: Allan Bu
Fotografías: Deiby Yánes
Un vendedor de chicles y cigarros en San Pedro Sula dice que no tiene miedo al COVID-19. No lo tuvo al inicio del confinamiento a mediados de marzo y no lo tiene ahora. Se pasea sin mascarilla por la calle donde él vende golosinas creyendo que la pandemia no es un peligro y que es un invento para mantenernos encerrados. Se ufana que durante ocho meses no ha utilizado protección de bioseguridad. «Nunca he usado ese bozal (mascarilla)», nos dice.
En Honduras hay abundantes casos como el anterior, pero tras las tormentas Eta e Iota, que causaron al menos 91 muertos y pérdidas económicas aún incuantificables, son más las personas que parecen haber bajado la guardia. Contracorriente realizó un recorrido por las concurridas calles sampedranas y encontró dos constantes: aglomeraciones y mucha gente sin mascarilla.
Durante casi ocho meses el Gobierno mantuvo restricciones para la circulación y un toque de queda en determinados horarios, el cual se mantiene de 10 p. m. a 5 a. m. No obstante, tras el paso de los dos ciclones que devastaron al país, el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) eliminó la circulación por el último dígito de la identidad, que antes de los desastres permitía la circulación de dos terminaciones. Ahora el comercio puede atender al público sin restricciones.
De acuerdo con cifras oficiales, al 14 de diciembre se habían diagnosticado 114 642 casos, siendo los departamentos con mayor incidencia Francisco Morazán (27.8 %) y Cortés (26.8 %). Más de un 50 % de los casos están en los lugares antes mencionados. El Gobierno confirmaba 2989 muertes por COVID-19.
«Tienen encerrada a la gente», dice el vendedor de chicles. Él solo se ha puesto el cubrebocas cuando es estrictamente necesario para entrar a un lugar, nos cuenta. Presume que no le ha pasado nada pese a que ha obviado las medidas de bioseguridad.
En pleno parque de SPS se pueden observar varias personas sin usar mascarilla. San Pedro Sula, 9 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
A un costado del Parque Central en San Pedro Sula nos encontramos a don José Orellana, un hondureño que residió en Estados Unidos por 25 años y desde hace tres es taxista en esta ciudad. Tiene 70 años y usa mascarilla.
—¿Hay muchos clientes hoy?, veo muchas personas en las calles. —Le digo.
—Haciendo nada. Enjaranando (endeudando) la tarjeta. Montón de gente piensa que esto es broma, —Me responde, sin quitarse la mascarilla, aunque se olvida del distanciamiento.
Mientras conversamos, varios cruzan la calle hacia el parque, sin protección.
—¿Y usted si alguien se sube sin protección a su taxi, lo lleva al lugar requerido?
Don José, toma un poco de aire, se acomoda con sus dedos la mascarilla y me responde:
—Si sube sin mascarilla, lo llevo porque quien tiene que protegerse soy yo. El que se quiera morir, que se muera. Así somos (los hondureños) de desidiosos.
El Parque Central estuvo cerrado durante meses, pero ahora es un hervidero de transeúntes. Los vendedores ofrecen sus productos y gran parte de ellos no portan mascarillas. Muchos de sus clientes tampoco. El distanciamiento social es una utopía entre tanta gente.
Hay familias completas en las calles. Parece que la pandemia se acabó cuando el 6 de noviembre se bajaron las restricciones tras el paso devastador de la tormenta tropical Eta. Ese día, el Gobierno autorizó que los supermercados atendieran sin restricciones para que las personas pudieran abastecerse.
En la siguiente semana continuó la circulación general por la inminente llegada de Iota y desde entonces se ha mantenido igual. La medida se extendió a la banca y al comercio en general. Sinager y la Policía Nacional pidieron a la población en general actuar con responsabilidad acatando las medidas de bioseguridad, como una señal de solidaridad con quienes trabajan en primera línea (médicos y enfermeras) enfrentando la emergencia de la COVID-19.
En la intersección de la primera avenida y la segunda calle, nos encontramos a un grupo de jóvenes que venden productos de las compañías que dominan el mercado telefónico en el país. Ninguno de estos vendedores portaba mascarilla.
«Terminal, terminal. La dos, vacío, súbale», gritaban los ayudantes de microbús en la parada de buses en San Pedro Sula conocida como Maheco. Lo hacían entre decenas de personas que circulaban por ese lugar. Uno de ellos anda sin mascarilla y al percatarse de la presencia del lente de Contracorriente se la coloca.
Una mujer y dos niños viajan sin mascarilla al interior de un rapidito. San Pedro Sula, 9 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Lo mismo pasa con otro que va llegando, mira la cámara y se coloca el cubreboca. Incluso, una pasajera se sube sin mascarilla a un autobús de ruta a Chamelecón. Alguien le dice que se la ponga, que hay cámaras, y se la coloca.
En agosto, después de casi cinco meses sin operar por la pandemia, el Gobierno inició el pilotaje con 20 rutas en Tegucigalpa para que el transporte público regresara a operar. En aquel momento se hablaba de estrictas medidas de bioseguridad. Las unidades solo podrían transportar el 50 % de pasajeros.
Se dijo que todos los pasajeros iban a portar mascarilla y los ayudantes, ahora algunos sin mascarilla, aplicarían gel en el ingreso de los pasajeros. Todos esos compromisos han sido olvidados y las unidades viajan a cupo lleno y sin gel de manos.
«Ponte la mascarilla que ahí anda ese maje tomando fotos», le advierte un ayudante a otro. Antes de nuestra llegada la mayoría de ellos gritaban intentando convencer pasajeros sin importar el cubreboca, pero ahora todos se lo han colocado.
El trabajador que dio el consejo al otro, que es un hombre robusto y de unos 30 años, comienza gritar un discurso de responsabilidad en la pandemia. «Póngase la mascarilla, por eso quieren cerrar el país otra vez, porque no quieren protegerse».
Aprovecho y pregunto, ¿qué hace si alguien no porta mascarilla?, «no lo llevo, simplemente no dejo que la persona suba», responde. «Es que quieren cerrar el país por la gente que anda sin protección. Si lo cierran, no vamos a poder trabajar, pero son burros compa», dice.
Y ciertamente, la semana anterior el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, manifestó en conferencia de prensa que no se descarta regresar al confinamiento si los contagios siguen aumentando, como ha sido el comportamiento después que se terminaron las restricciones.
El funcionario refirió que ya comienzan a valorar el nivel de contagios y las atenciones de pacientes en los hospitales. Subrayó que no es una determinación fácil de tomar, debido a que cerrar la economía del país afecta a miles de familias hondureñas y muchos no tienen cómo llevar ingreso a sus hogares.
Un ayudante de rapidito no usa mascarilla y así se le acerca a llamar a la gente para que aborden la unidad. San Pedro Sula, 9 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Las compras navideñas y la COVID-19
El video parece un día festivo y sin pandemia. Cientos de personas se encuentran en el área de comidas de un centro comercial en San Pedro Sula. En ese escenario no se cumplen los protocolos de bioseguridad.
«A mí me asusta porque esa es el área de comidas, ahí obligatoriamente usted tiene que quitarse la mascarilla. No hay distanciamiento. Veo un día normal sin covid, ahí no hay cuidados», señaló a Televicentro sobre este video la doctora Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud.
«Esto (las aglomeraciones y descuidos) nos va a pasar factura y nosotros estamos buscando la forma de cómo ir a buscar estos casos», señaló la doctora.
En San Pedro Sula, la Secretaría de Salud (Sesal) ha iniciado campaña para aplicar pruebas rápidas en los mercados locales y en lugar de mucha concurrencia como la terminal de buses.
«Estamos desplazando los triajes móviles a los mercados y centros comerciales para hacer un pesquisaje con pruebas rápidas y dar un tratamiento Maíz a aquellas personas puedan resultar positivas», aseguró el viceministro de salud, Roberto Cosenza, en una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma en el Valle de Sula (UNAH-VS).
Karla Pavón manifestó que la Sesal adquirió 300 000 pruebas de antígenos, que es un hisopado común, pero que el resultado se conoce en 15 minutos. Sin embargo, revela que son muy pocos los que quieren someterse a este procedimiento y prefieren la prueba rápida, que es menos efectiva para el diagnóstico.
En Cortés, la Sesal indica que el porcentaje de positividad en las pruebas PCR realizadas es de 29 %, que aunque es significativo, está muy lejos del pico más alto que tuvo el departamento cuando en la última semana de junio y la primera de julio, se alcanzó un 63 % de pruebas positivas.
En San Pedro Sula, entre el 17 de marzo y el 12 de diciembre, se habían aplicado 31 095 PCR, de las cuales 15 109 fueron positivas, es decir, el 49 % del total.
En el hospital Leonardo Martínez, a partir de la semana epidemiológica 45, que comprendió del 8 al 14 de noviembre, hay un leve aumento en las hospitalizaciones, pues en esas fechas el centro asistencial atendía a 31 pacientes y en la semana del 6 al 12 de diciembre esta cifra cerró en 44. En ese período hubo 13 muertes confirmadas por COVID-19.
Los ingresos por COVID-19 en este hospital llegaron en la segunda semana de diciembre a 2653, mientras que los fallecimientos ya suman 606. También aumentaron los pacientes internados en el Hospital Mario Catarino Rivas, que tiene menos espacio en sus salas orientadas a la pandemia y su ocupación está arriba del 90 %. La semana anterior tenía 37 internados. 19 personas perdieron la batalla por COVID-19 en las últimas dos semanas. En total ya suman 486 muertes en este centro hospitalario.
Información proveída por la Región Metropolitana de Salud señala que en San Pedro Sula la letalidad del virus alcanza un porcentaje de 3.4 %. En la capital industrial del país en las últimas dos semanas el porcentaje de pruebas positivas es de 36 %. Se han detectado 593 casos positivos nuevos.
José Orellana, un taxista que afirma que a sus clientes les exige el uso de las medidas de bio seguridad para evitar la Covid. San Pedro Sula, 9 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
La jefa de la Región Metropolitana, Lesbia Villatoro, advierte de otra señal de que puede venir un rebrote. Afirma que en dos de los centros de triaje que funcionan en San Pedro Sula, hubo más atenciones. En Expocentro hubo un aumento del 40 %, mientras que en el centro que funciona en el Instituto Hondureño de Formación Profesional se incrementó en un 20 %. Villatoro manifestó en conferencia de prensa que las personas que buscan atención en triajes es porque tienen algún síntoma o han tenido contacto con un infectado.
El lunes 14 de diciembre, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto de Seguridad Social, Carlos Umaña, dijo a la HRN que ya no existía cupo en una de las salas de cuidado intensivos que contaba con ocho espacios y que seguramente se habilitaría un segundo módulo con 17 camas más. «Estamos en el inicio del colapso de las unidades de cuidados intensivos, que son las primeras que colapsan», comentó Umaña, quien advierte de un eventual colapso de los centros asistenciales en enero.
El panorama es muy similar en Tegucigalpa donde las salas COVID-19 comienzan a recibir nuevamente una cantidad de pacientes. «Aún hay cupo en las salas COVID-19, pero se está llenando. La Unidad de Cuidados Intensivos está llena», escribió en Twitter, la doctora Suyapa Sosa, que es la jefa del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax.
Milagro Ramos, la encargada del centro de triaje del Centro Cristiano Internacional, en Tegucigalpa, señaló que en el gremio médico hay mucha preocupación porque ya se están haciendo reuniones familiares y aún no llegamos a Navidad y Año Nuevo. «La población no pone de su parte, no vamos a poder, los hospitales se están llenando de nuevo», advirtió.
Contracorriente consultó al viceministro de salud, Roberto Cosenza, sobre las probabilidades que hay de volver a regular la circulación y dijo: «Creo que el confinamiento ha traído consigo otro tipo de enfermedades. Aquí tenemos que usar las medidas de prevención para continuar con esta apertura económica que tenemos».
La doctora Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud, envía un mensaje casi desesperado a la población: «a la gente le digo «seguimos en pandemia, no bajemos la guardia”».
En un comunicado emitido el miércoles 16 de diciembre, la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social pidió «enérgicamente» a la población en general, empresarios y autoridades no «relajarse durante las fiestas navideñas».
Además, sugirieron a los partidos políticos «ser ejemplo para la población y respetar en todo momento las medidas de bioseguridad ya estipuladas por Sinager».
Una joven y su pequeña hija caminan en medio de la multitud en las cercanías del sector Calpules, la mayoría de los damnificados siguen expuestos al contagio, sin medidas de protección adecuadas. San Pedro Sula, 9 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Vacunas y confinamiento en el primer mundo
Honduras cumplió nueve meses de estar bajo el asedio del COVID-19. Largos meses de confinamiento han dejado grandes daños a la economía. Estimaciones indican que se perdieron más de medio millón de empleos, que el 43 % de las pequeñas y medianas empresas cerraron y, de acuerdo con estimaciones del Banco Central de Honduras (BCH), la caída en la economía será en un 9.5 %.
«El BCH estima que debido al confinamiento por la pandemia y el paso de Eta e Iota la caída de la economía hondureña será de un 9.5 %».
Lo que pasó en Honduras con las tormentas es incomparable con lo que pasa con la pandemia en otros países, en este país hay una verdadera crisis humanitaria. Miles de personas viven en el bulevar del norte, que atraviesa las tres ciudades más afectadas: El Progreso, San Manuel y La Lima. Ese recorrido muestra que las personas no cuentan siquiera con servicio de agua potable, techos o espacios donde puedan estar distanciados. La pandemia, para estas personas, es la última de sus preocupaciones.
Como mencionamos en párrafos anteriores, las medidas adoptadas en el país luego que Eta e Iota lo azotaron pueden provocar un rebrote, como ha sucedido en Europa, donde regresaron a las medidas de confinamiento, tras la llegada de una segunda ola del coronavirus.
A mediados de octubre, países como Holanda, Bélgica y Francia declararon un toque de queda nocturno. En Francia las reuniones solo podían realizarse con diez personas y en República Checa con seis. En Londres, capital de Inglaterra, prohibieron a las personas juntarse en lugares cerrados con otras ajenas a su círculo hogareño. España también limitó la operación de bares y restaurantes a un 50 % en Madrid y en regiones como Cataluña, estos establecimientos se cerraron por dos semanas. A inicios de noviembre, Italia decretó un estricto encierro en las regiones de Lombardía, Piamonte y Calabria.
Y más recientemente, en Alemania la canciller Angela Merkel, decretó un «duro confinamiento» en un nuevo esfuerzo para frenar la segunda ola de COVID-19 que acecha el país. Centros educativos y negocios no esenciales permanecerán cerrados en la mayor economía europea desde el 16 de diciembre y hasta el 10 de enero. Los alemanes permanecerán en aislamiento la navidad.
El COVID-19 es un enemigo silencioso y resistente, el mundo tiene puestas sus esperanzas en una vacuna. Aunque hay varios ensayos en fases avanzadas para la comprobación de efectividad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró el miércoles que «la vacuna para el coronavirus tardará un mínimo de 18 meses. Mientras tanto, reconocemos que existe una necesidad urgente de terapias para tratar a los pacientes y salvar vidas».
Sin embargo, Estados Unidos comenzará a utilizar la vacuna de Pfizer, que tras un estudio en el que participaron unas 41 000 personas alcanzó hasta un 95 % de efectividad. Luego de publicar estas cifras, un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. votó para recomendar la fórmula de Pfizer contra el COVID-19 en personas mayores de 16 años. La decisión ocurrió un día después de que la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA) de EE. UU. emitiera la autorización de uso de emergencia para la vacuna.
Inglaterra también ya ha vacunado a más de 138 000 personas en una operación que comenzó esta semana. Estados Unidos alcanzó, el 14 de diciembre, 16 518 487. Ese día se diagnosticaron 192 479 casos nuevos. El gran país del norte suma más de 300 000 personas fallecidas por COVID-19.
Además, de la vacuna del Pfizer, al 24 de noviembre habían ensayos clínicos a gran escala (fase 3) en curso o previstos para tres vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos: AstraZeneca, Janssen y Moderna.
Aunque los expertos todavía no tienen claridad de cuándo se tendrá una vacuna certificada, la información anterior representa una esperanza para acabar con la pandemia que ha contagiado a más de 55,6 millones y que ha cobrado la vida de 1,3 millones de personas en todo el mundo.
Varios vendedores de fruta son vistos sin mascarilla en las calles sampedranas. San Pedro Sula, 9 de diciembre de 2020, Foto, Deiby Yanes.
Honduras, este pequeño país centroamericano empobrecido por sus gobernantes, espera con ansias por la vacuna. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró que mediante la firma de la alianza Gavi, que firman naciones, compañías farmacéuticas y organizaciones internacionales, el país obtendrá la donación de una parte de la vacuna, para proteger al 20 % de la población hondureña en el 2021.
Aseguró también que el IHSS aplicará la vacuna a sus asegurados. «Se hará una compra adicional de vacuna, de acuerdo a producción y disponibilidad de oferta, para proteger a otros grupos en riesgo», agregó Flores. La ministra quizá olvidó que la vacuna tendrá una demanda mundial y que los países pobres serán los últimos en recibirla.
El sitio alemán DW.com recoge un estudio de estudio de la Johns Hopkins Bloomberg School, en el que se destaca que los países ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis en principio disponibles para 2021. El estudio estima que «al menos una quinta parte de la población no tendrá acceso a las vacunas hasta 2022».
La prueba RT-PCR que se le realizó al presidente Juan Orlando Hernández daba resultado negativo un día antes de que anunciara públicamente que él y su esposa, Ana García Carías, estaban contagiados de coronavirus. Esto según los documentos entregados por la Secretaría de Salud al IAIP luego de un proceso de seis meses que Contra Corriente llevó ante esa institución.
Una resolución emitida por el pleno de comisionados del IAIP en favor de una solicitud de información realizada por Contracorriente el pasado 18 de junio, obligó a las autoridades de la Secretaría de Salud a hacer pública la información de los resultados de la prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa -Transcripción Inversa (RT-PCR) del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a través de un informe de resultados firmado por la doctora Dina Jeaneth Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología.
Hernández anunció ser el primer presidente de América Latina contagiado de COVID-19. Esta investigación revela las inconsistencias en ese anuncio de acuerdo al informe de resultados entregado por el Laboratorio Nacional de Virología.
La noche del 16 de junio en cadena de radio y televisión, Hernández afirmó que, junto con su esposa, Ana García Carías, recibieron el diagnóstico positivo por COVID-19 en pruebas de laboratorio. Esa misma noche, la oficina de la Presidencia de la República emitió un comunicado reforzando las declaraciones e indicando que la prueba positiva era una PCR para la detección del virus. Sin embargo, el informe de resultados oficial contradice esta versión.
Según el documento entregado por la Secretaría de Salud, Hernández se realizó la prueba PCR para la detección del virus en dos ocasiones, la primera el 15 de junio que se clasificó con código de muestra 64451 tomada en el Hospital Militar y resultó negativa. A esta prueba es a la que se habría referido el presidente en sus declaraciones del 16 de junio, donde afirmó que «durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19».
El Hospital Militar recibió el ingreso hospitalario del presidente la mañana del 17 de junio sin un resultado positivo del virus. Según declaraciones emitidas ese día por el doctor Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el ingreso se hizo como precaución ante el resultado de los exámenes que supuestamente detectaron «infiltrados leves en sus pulmones».
Hernández recibió muestras de apoyo de personajes de la comunidad internacional como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA); Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.
Además, el mismo 17 de junio, funcionarios y personas allegadas a la gestión de Hernández se encargaron de respaldar el discurso que afirmaba la presencia del virus en el presidente. Para el caso, Alba Consuelo Flores, secretaria de Estado en el Despacho de Salud, según una nota de prensa de Casa Presidencial manifestó que «el presidente y su esposa están muy bien, luego de dar positivo de COVID-19».
Otra nota de prensa de Casa Presidencial destacó que «el neumólogo e infectólogo Tito Alvarado confirmó que el presidente Juan Orlando Hernández es positivo de COVID-19 y por ahora presenta un cuadro de neumonía bilateral, por lo que está siendo tratado con el esquema de medicamentos CATRACHO, creado por médicos hondureños». Anteriormente, un comunicado también indicaba que el presidente y la primera dama estaban tomando el tratamiento MAIZ, compuesto por microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc, todo esto como parte del método sugerido por la Secretaría de Salud y promocionado por el Presidente como la respuesta hondureña ante la pandemia para bajar la carga viral en pacientes positivos por COVID-19.
A las muestras de preocupación por el supuesto estado de salud del presidente también se sumó el pastor evangélico Roy Santos quien manifestó que estaba «orando por la pareja presidencial de la República de Honduras».
La segunda prueba realizada por el Hospital Militar y procesada por el Laboratorio Nacional de Virología, según el informe, se hizo el 19 de junio, cuatro días después del resultado que había dado negativo, mientras Hernández permanecía hospitalizado. Esta obtuvo un resultado positivo. Sin embargo, observaciones de expertos en procesamiento de este tipo de pruebas señalan que este resultado es dudoso debido a que el código de muestra que se indica en el informe de resultados, es el mismo que el de la primera prueba: 64451.
El código de dos muestras debe ser diferente, aunque sea la misma persona, explicó a Contracorriente un experto que prefirió mantenerse anónimo, es de esa manera en que se pueden diferenciar los resultados de las pruebas y el modo en que operan todos los laboratorios a nivel nacional, por lo que queda la duda de si la muestra del resultado positivo es la misma que ya había arrojado un resultado negativo el 15 de junio, o la posibilidad de que en el Hospital Militar se maneje de una forma diferente.
El documento enviado por la Secretaría de Salud a Contracorriente y certificado por el Laboratorio Nacional de Virología no muestra el contexto o las explicaciones ante esa incongruencia. Escribimos a la Secretaría de Salud para una explicación y hasta el momento no hemos obtenido respuesta.
Seis meses para hacer pública la información del presidente
El 23 de junio, la Secretaría de Salud categorizó la información de la prueba del presidente como reservada y denegó la solicitud de Contracorriente violentando la Ley de Acceso a la Información Pública y los estándares internacionales. La justificación enviada por la unidad de transparencia de dicha secretaría indicó que «de acuerdo con el artículo 3 Literal 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace referencia a los datos personales confidenciales como, en este caso, los relativos al estado de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen».
Contracorriente interpuso un recurso de revisión el 7 de julio donde se señalaba entre diversos puntos que, en primer lugar, la información solicitada no amenazaba con causar daño al presidente, ya que fue él mismo quien anunció el resultado de las pruebas de laboratorio; y en segundo lugar, que de no obtener la información, se causa perjuicio al interés público ante la ausencia del presidente de sus labores durante 15 días. Además, se apuntó que, si la prueba resultó negativa, implicaba responsabilidad administrativa y política frente a todo el país.
El 15 de julio el abogado Moncada, comisionado presidente del IAIP, firmó un requerimiento ordenando a la licenciada Flores, secretaria de Estado en el Despacho de Salud, la entrega de los resultados de la prueba COVID-19 del presidente en un plazo máximo de tres días. La información fue enviada cinco meses después.
Finalmente, la Unidad de Servicios Legales del IAIP emitió el dictamen USL-356-2020 en el que se dio lugar al recurso interpuesto, provocando la emisión de la resolución del pleno de comisionados del IAIP del 30 de octubre, en el que se ordenaba nuevamente «la entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información solicitada», especificando que se ha determinado como consentimiento las declaraciones públicas realizadas por Hernández.
El incumplimiento de esta resolución iba a resultar en una acción del IAIP que llevaría el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) para la ejecución de la resolución y aplicación de una sanción económica a la licenciada Alba Flores, como titular de la Secretaría de Salud. Antes de este procedimiento, el pasado 16 de noviembre, dicha dependencia estatal envió la información que fue remitida este miércoles a Contracorriente.
Desde hace meses, el Gobierno de Honduras hizo el llamado a toda la ciudadanía para que se presentara a realizar el proceso de enrolamiento para obtener nuestro nuevo documento de identidad. Esto trajo a mi memoria algunas vivencias que tuve mientras trabajé en una organización de base, donde recibí a muchas mujeres trans (como yo) que llegaban a pedir ayuda porque en el Registro Nacional de las Personas no les permitían hacer el procedimiento de la cédula de identidad, dado que muchas de sus políticas no incluyen un proceso respetuoso a los derechos de las mujeres trans.
Así que, ante el llamado del Gobierno, decidí ir a enrolarme y busqué un centro que estuviera cerca de mi lugar de residencia. Debo decir que me sentía tranquila, me puse mi ropa normal, la del día a día. Ni siquiera me maquillé porque también sabía —por experiencias que me habían compartido otras personas— que no estaban permitiendo ciertas formas de peinados, de ropa y de maquillaje, así que quise evitar algún tipo de percance. También sabía que tenía la posibilidad de exponerme ante personas que podían negarme el proceso, pero la verdad es que yo iba dispuesta a enfrentarme a cualquier situación, con la claridad de que no permitiría ningún atropello a mis derechos.
En Honduras, a las mujeres y a los hombres trans aún no se nos permite cambiar nuestros nombres legales por los nombres con los que hemos decidido llamarnos. Con este enrolamiento tampoco podemos hacerlo. Alguien me comentó, pero no es nada seguro —porque al menos no es algo que se nos ha informado de manera formal—, que en los nuevos documentos de identificación ya no aparecerá el sexo de las personas. De igual manera todo es a medias, todo es incertidumbre y no hay nada concreto que de señales de que existen intenciones de reivindicación y respeto hacia la comunidad trans.
Cuando llegué, no tuve que esperar mucho, solo había dos personas antes de mi turno y pasé pronto a realizar el procedimiento. Fui atendida por una joven, quien me pidió mi documentación actual. Una vez que la entregué, ella se levantó de su asiento y salió del lugar. Me dejó ahí, adentro, sin embargo desde donde yo me encontraba ubicada podía observarla. Por supuesto que la acción me pareció fuera de lo común, por lo que decidí levantarme y dirigirme hacia donde ella se encontraba con otra persona. Entonces pregunté: «¿tienen algún problema de hacerme el procedimiento?», y ella me contestó de manera muy cordial: «no, no tenemos ningún problema, en serio, simplemente es que usted es la primera persona que viene así, una mujer trans, y solo quiero asegurarme de cómo hacer el proceso», a lo que yo respondí que debía hacerlo como lo hacía con cualquier ciudadano o ciudadana. Así que regresamos y ella continuó, me tomó la fotografía y terminé de proporcionarle el resto de los datos.
Sí, fui tratada de manera cordial y mi proceso no fue tan engorroso como se pudo haber esperado, pero la verdad es que todas estas situaciones me generan mucha indignación. Desde que supe que iban a realizar cambios con los documentos de identidad me pregunté: «¿van a tener que volver a ridiculizarnos a nosotras las mujeres trans, a los hombres trans o a las personas no binarias cuando vayamos a hacer este proceso?». Creo que nadie se imagina cuánto cuido mi carnet de identidad, porque en realidad no me quiero seguir exponiendo a hacer trámites en una institución que tiene un protocolo irrespetuoso, ridículo y discriminatorio.
He leído y escuchado comentarios que tienen el propósito de menospreciar esta situación y comparan nuestro proceso con el de las mujeres cisgénero, diciendo que también a ellas les prohíben muchas cosas, y sí, no digo que estas prohibiciones no son ciertas y que no son nefastas, pero la verdad es que finalmemte el trato hacia las mujeres trans es muy diferente y trae inmerso un discurso de odio que, de alguna manera, han ido tratando de disfrazar, pero que sigue presente. Por otro lado es evidente el privilegio que se les da a los hombres, a quienes les permiten tomarse la fotografía con sus barbas o sus bigotes, entre otras cosas, sin tener el más mínimo inconveniente por esto.
En lo personal, no me molesta salir sin maquillaje o con un tipo de peinado, lo que sí me interesa es poder tener escrito en mis documentos el nombre que yo he elegido, el nombre por el que quiero que me llamen y con el que me presento ante el mundo porque así lo he decidido, porque se trata de respeto hacia mi identidad de género. Es terrible tener que llegar a un lugar y que alguien te llame por un nombre que no es con el que te identificás, entonces surge un sentimiento de ridiculización, sobre todo cuando te encontrás frente a personas conservadoras o que tienen creencias religiosas que te señalan y discriminan.
También he pasado otro tipo de situaciones que igual son bochornosas. Por ejemplo cuando alguna persona se muestra sorprendida ante mi aspecto físico. He vivido experiencias similares en algunos bancos, donde debo presentar mis documentos y quienes me han atendido han expresado cosas como: «Ay no, pero qué bonita, qué lindo su pelo». Estas cosas no las asumo como cumplidos, porque en realidad son la muestra de que a la mayoría de la población aún no entiende que hay mucha diversidad.
Y no es desconocido que en Honduras hemos tenido casos de mujeres trans que han ejercido en la política partidaria y obviamente han sido víctimas de muchos ataques que, de paso, se extienden hacia la comunidad trans. En una ocasión participé en uno de estos procesos y sinceramente no quiero ni me interesa vivir de nuevo esta experiencia, ya que en las planillas nos obligan a colocar ese nombre «legal» con el que no me siento identificada y más bien me hace sentir violentada e irrespetada.
Yo no pido privilegios, son derechos que como seres humanos se nos tienen que dar, somos parte de este país y el Estado debe de garantizarnos seguridad y respeto como a cualquier ciudadano. Es cansado y doloroso ver cómo muchas compañeras, mujeres y hombres trans prefieren irse a otros países donde realmente reconocen su identidad. No creo que todos y todas las que migran quieren estar lejos de sus familias y seres queridos, pero ante la desprotección y la violencia de la que la comunidad es objeto, prefieren partir e intentar rehacer una vida que aquí se nos es negada. Mientras tanto en Honduras, cada vez que tengamos que hacer algún trámite legal, continuaremos siendo llamados y llamadas por esos nombres que aún continúan presentes en nuestros documentos, esos nombres que no nos identifican y que utilizan para seguirnos violentando.
Cómo hubiese querido tener la fuerza y decirle que sí, que venía de estar tomando. Borracho. Pero cuando entré, creí que ella no notaría nada, porque a esa hora empezaba El corazón valiente, su novela favorita. Por eso yo había escogido esa hora para llegar a la casa, por eso estuve tres horas en la calle aunque no quería. Solo. Solo porque Javier y Loluco sí se fueron a dormir, o a beber, o tal vez no, tal vez no pudieron, tal vez todavía lo de Pichingo les venía de vuelta, una y otra vez, con todo su filo. La cosa es que cuando yo entré (y ella fumaba como siempre), apenas me vio, lo supo. Supo que yo ocultaba algo. Y yo supe que lo sabía por la forma en cómo botó el humo mientras me miraba. Muy despacio, hacia un lado y sin dejar de verme.
—¿Qué pasa? —dijo. Pero después, quién sabe por qué, qué habrá visto, o si fue un sexto sentido de madre, como le dicen, después se corrigió y dijo: —¿Qué pasó? —Pero ella fue más allá, fue definitiva: —¿Qué hiciste? —dijo. Y vi que no estaba enojada. No, no ahí. Ahí estaba aterrada, tan aterrada que hasta se sacó el cigarro de la boca. Amagó con apagarlo, pero se detuvo.
Y fue cuando no tuve fuerzas de decirle nada porque me acordé de todo aquel día, como de un golpe. Primero de don Nacho, por supuesto. A quien ya no sentía ni tan amigo ni tan cercano como lo parecía en la tarde cuando nos pedía el favor:
―Quinientos, muchachos ―decía de pie frente a nosotros que estábamos sentados en la banquita de su pulpería. Y estiraba ante nosotros los cinco dedos de la mano, y nos apuntaba con el índice de la otra. ―Son más de cien para cada uno. ―Nos extendía el arma, un revólver negro. ―Yo no puedo ―repetía, y lo había dicho más de veinte veces ―yo no puedo ni imaginarlo. Lo quiero demasiado.
Ahora, justo enfrente de mi madre, me acordaba. Tal vez me quería convencer a mí mismo de que no era mi culpa. O de decírselo. Porque enfrente de don Nacho también me había pasado algo similar mientras él nos rogaba, una y otra vez, que le hiciéramos el favor, que nos iba a dar quinientos pesos. Y tal vez eso me convenció de hacerle el favor a don Nacho, tal vez fue el acordarme de aquella tarde —otra tarde— en que yo conté en la pulpería que mi madre había aparecido en mi cuarto y sin decir una palabra me había agarrado a fajazos sin que yo entendiera nada. Y después, antes de irse, solo había dicho: «Y la próxima que me entere de que estuviste bebiendo, no voy a venir yo, sino los militares». Y don Nacho, con esa forma tan natural que tenía de meterse en nuestras conversaciones, desde detrás de la rejita de la pulpería había lanzado:
—Ese fue Santos el que le dijo. Ese guachimán de mierda.
Y después nos contó todo. Aseguró que Santos, el eterno guachimán, en la última reunión de vecinos había advertido que nosotros nos juntábamos a beber y a fumar en el viejo napoleón junto al río.
—Cuídense de ese indio infeliz —había dicho don Nacho— le pagan para cuidar el barrio de ladrones, no de ustedes, que no son ni hermosos ni buenos, pero son jóvenes como cualquier otro.
Y desde entonces nosotros se la traíamos jurada a Santos. Habíamos intentado que lo despidieran quejándonos de él, diciendo que se dormía en los turnos por las noches, que el dinero que pedía para su hijo enfermo lo gastaba en otras cosas, pero no había forma de que lo despidieran. Menos desde que se había echado a esos dos ladrones con nada más que su machete.
—Así como es de hábil con el machete, es con la lengua —dijo don Nacho en aquella ocasión, justo antes de encenderse un cigarro y ofrecernos.
—Sí —dijimos todos al cigarro y a lo que decía de Santos. Y tal vez desde entonces fuimos amigos de don Nacho, o creíamos ser amigos de él, y tal vez él también lo creyera y por eso nos invitaba a beber muchas veces. Por eso nos pidió matar a Pichingo, hacerle el favor, como decía él.
Y tal vez por eso cuando mi madre me preguntó qué hiciste, me acordé de ella misma horas antes de lo de Pichingo, justo cuando me vio tomar las llaves. Sin dejar de ver la televisión, con el cigarro siempre a centímetros de la boca, con cansancio, dijo:
—Otra vez a la calle.
Y yo no dije nada, porque así era más fácil evitar discusiones. Y ella entonces agregó:
—Qué ganas de andar en la calle, parece que te hubiese parido en la acera.
Ella siempre era así. Después como si ya no le importara, me hacía un gesto con la mano para que me fuera. Yo a veces le contestaba, o me reía a propósito. Si de todas formas ya hasta se había cansado de pegarme.
—Ya estás viejo para que te agarre a fajazos —decía cada vez que yo hacía algo o me veía salir con mis amigos—. Ya podés regresarme los golpes.
Yo no terminaba de entenderla. Solo quería que no me jodiera más. Pero de todas formas, el tono, las palabras, todo se me olvidaba cuando doblaba en la esquina y me prendía un sirio. Para cuando me encontraba con alguno de mis amigos, ya no recordaba ni que tenía madre.
Y Loluco había sido el primero que me encontré esa tarde, y el que me dijo de irnos para la pulpería. Don Nacho quiere hablar con nosotros, dijo primero, y me pidió un jalón de mi cigarro. ¿Don Nacho? Pregunté. Después largó el humo y respondió:
—Quiere que matemos a Pichingo.
Pichingo era el pastor alemán de don Nacho, o el «Señor Perro» de la Miraflores. Lo acariciaban hasta los recogedores de basura. Nosotros lo conocíamos desde que éramos niños. Hacía unas semanas, un perro callejero mucho más grande ―un tigre lanudo, según los que vieron― lo había montado.
―Me di cuenta que no cagaba ―dijo don Nacho―. Solo quería pasar echado. Y me dio por revisarlo: tenía el culo de fuera. Se lo cogieron mal. Anteayer vino un don a la pulpería, un viejo que tiene vacas y caballos y… ―Don Nacho bajó la voz, como si el perro, tendido ahí frente a nosotros, lo entendiera―. Y me dijo que ya era muy tarde, que él sabía de animales y que Pichingo se infectó, muchachos. Que lo mejor es que esto se acabe rápido. ¿Entienden?
Después de esperar un rato a que viéramos a Pichingo, dijo:
—¿Me ayudan?
Y fue cuando nos resistimos. Tanto que hasta le propusimos que se lo encargara a alguien más, a Santos por ejemplo, pero don Nacho dijo que no.
—Me queda viendo mal siempre. Es una bestia. Y, además, ustedes conocen a Pichingo. Prefiero que sean ustedes ―concluyó.
Nosotros sabíamos que don Nacho no pagaba vigilancia, y sabíamos que por eso no se lo pedía a Santos. Y tal vez fue aquello que dijo después lo que nos convenció. Porque era cierto: a Pichingo lo queríamos todos.
―Miren, es lo mejor para Pichingo. Solo véanlo. Ustedes lo quieren tanto como yo.
Pichingo apestaba y no se movía. Ni siquiera nos volteaba a ver. Estaba inflado de la tripa, como lleno de agua. Don Nacho nos dijo que llevaba siete días —hizo siete con las manos también— sin moverse del porche de la pulpería, sin ladrar y sin hacer ni mierda. Don Nacho estaba siendo literal, porque Pichingo ya ni cagaba, solo pestañeaba. A veces, casi involuntariamente, movía una oreja y entonces las moscas se le despegaban de la cabeza y sobrevolaban a su alrededor unos segundos hasta que volvían a caerle justo donde estaban.
―Llévenselo lejos entre los tres, usen la carreta para llevarlo; le ponen el cañón en la frente y le jalan. Bastará con un solo tiro. Después lo entierran, por supuesto, me hacen el favor.
Y aunque volvimos a preguntar por Santos, qué pasaba si nos encontraba y nos miraba el cuete, don Nacho nos tranquilizó diciendo que le dijéramos que hablara con él. Y entonces con aquel salvoconducto no nos quedó duda, lo aceptamos. Y en la alegría de la negociación don Nacho hasta nos dijo que después podíamos caernos a la pulpería por unas birrias. Van por la casa, dijo.
Después entre los tres subimos a Pichingo a una carreta junto con una pala y nos dirigimos hacia el río.
Ahora frente a mi madre recordaba todo nítidamente. Hasta recordé cuando el destino, porque ahora pienso que era mi destino, me dijo que yo debía hacerlo.
―Hacelo vos ―me dijo Loluco, apenas salimos de la pulpería.
―Ni a pija —contesté—. Yo no le hago eso a Pichingo. Lo entierro si quieren.
No pudimos decidirnos, así que como siempre hacíamos cuando no nos poníamos de acuerdo, jugamos papelito.
Y el papelito más corto me tocó a mí.
Después bajamos a Pichingo cerca de la orilla y nos despedimos de él. Algunas palabras, nada cursi. Yo recordé cómo el pobre no volteó a ver ni una sola vez en la que pronunciamos su nombre. Y también recordé que yo fui el último en hablar.
―La Miraflores no tendrá otro igual —dije—. Hasta la vista, Pichingo. —Cerré los ojos queriendo acabar lo más pronto posible con todo aquello, y jalé el gatillo.
Me asusté por el rebote y sentí un olor nauseabundo que no pude relacionar con nada más que con el periódico que quemaba mi mamá para ahuyentar a los zancudos. Abrí los ojos y vi a Pichingo boqueando frente a mí.
—¡Pendejo! No le diste —gritó Javier.
No supe si la bala se había enterrado en la grama o se había metido en el río, lo único que me importaba era que sabía que no tenía por qué aceptar volver a hacer el tiro.
—Yo ya lo intenté —dije. Y entregué el revólver.
Javier fue el destinado la segunda vez.
―No seás maricón, Javi ―le grité para animarlo―. Apuntale bien a la frente. Y apurate que ese tiro se escuchó fuerte.
―Apurate que nos esperan las birrias ―gritó Loluco, y nos reímos los tres.
Pero Javier también la cagó, le había dado en la pata.
Yo supe que aquello se estaba prologando demasiado. Y estuve a punto de volver a intentarlo, pero asegurándome de no fallar otra vez.
Pichingo lloraba. Lloraba mucho.
Pero antes de poder decirlo, Pichingo se paró.
―¡Mierda, mirá que se escapa! ―gritó Loluco.
Y Pichingo, sacando fuerzas de algún lugar desconocido, trató de huir por el borde del río. Se metió por entre los matorrales y lo perdimos de vista. Los tres lo perseguimos. Recuerdo la figura de Javier corriendo frente a mí con el arma alzada como un vaquero. Y no muy lejos del napoleón donde nos reuníamos siempre, lo encontramos echado otra vez intentando tomar agua de la orilla. Jadeaba, tenía los ojos entreabiertos y la lengua blanca y seca. Tampoco ahí volteó a vernos, lo recuerdo.
Entonces quise proponer que lo dejáramos ahí mejor, que seguro se moría solo. Pero antes de que pudiese hablar, escuché un grito.
―¡Qué hijos de…! ―y sin darme vuelta, supe de quién era esa voz. Esa voz insoportable. Santos, inconfundible con su gorra, su radio y su machete de guachimán, venía hacia nosotros―. Qué putas están haciendo ahora ustedes.
Dijo que había escuchado los tiros. Le explicamos entre todos la situación, y dijimos tal cual nos había dicho don Nacho: que hablara con él si quería. Nos sentíamos a salvo, y yo creí que lo peor había pasado cuando vi que Santos, aunque siempre impredecible, parecía que no iba a decir nada.
―Así que ustedes van a despacharse al perro de don Nacho ―dijo burlándose―. Ese viejo sí es culero.
Nadie hablaba. Loluco, como siempre, tomó una decisión por el grupo:
―Santos, ¿por qué no lo mata usted? Y le damos doscientos pesos.
Hicimos cálculos rápidos: nos sobraban trescientos a nosotros, así que ninguno se opuso. Santos ni lo dudó. Está bien, dijo, no sé para qué aceptan hacer estas mierdas si ni limpiarse el culo pueden.
Y después, lo recuerdo todo y lo recuerdo muy nítido, le pedí el revólver a Javier.
―Tenga ―le dije a Santos, al tiempo que quise entregarle el arma.
―Yo no necesito esa mierda ―respondió, y me pasó por un costado.
Y sin sacarle la vista de encima, le ensartó el machete a Pichingo. En menos de dos segundos vi cómo el filo del machete devino en una mezcla de sangre y pellejos que colgaba adherida al metal como ropa vieja, deshilachada. Recuerdo que ninguno lo detuvo, recuerdo sentirme como piedra. Y Pichingo sufriendo con cada machetazo, aullando más con cada golpe, como si no estuviera perdiendo la vida, sino ganando fuerzas. A Javier no le aguantó más el estómago y vomitó. Recuerdo que Pichingo parecía muerto, que debía estar muerto, pero no se callaba. Y Santos empecinado, como sin darse cuenta que estábamos ahí. Para él era como cortar la grama, supongo, o como darle a un tronco. Pichingo no era más que un bulto, una bola de carne, una negrura que aullaba lastimeramente.
Entonces creí reconocer la voluntad de un amigo al oírle chillar.
― ¡Por favor, pare! ―grité.
Silenciado ya, de tres patadas el guachimán lo empujó hasta el agua. El cuerpo se hundió al instante y en la superficie se dibujó una mancha roja que se fue ensanchando y alejándose a la vez río abajo, hasta que por fin desapareció.
Después nos pusimos de acuerdo para que fuera yo quien le devolviese a don Nacho su revólver.
Crucé el portón —todavía no era tan tarde, pero no había nadie en la pulpería—. Don Nacho escuchaba el radio sentado en la banquita.
― ¿Entonces, cipote?
―Lo hicimos, señor ―dije, y le devolví el arma.
―Son bravos ustedes verdad.
Yo dije que sí. Don Nacho se acercó, como si todavía fuéramos muy amigos, y hasta sentí escalofríos cuando sentí su aliento a guaro en mi oreja:
―Escuché dos disparos ―dijo a mi oído. Volvió a tomar distancia―. No me digás que sufrió.
―Nadita ―contesté.
Él contrajo sus labios, satisfecho, y asintió dos veces.
― ¿Y tus amigos? ¿No van a venir por las birrias? Yo ya empecé.
―Otro día mejor ―dije, buscando la salida.
Nos despedimos. Yo estaba por salir de su porche, cuando lo escuché lamentarse.
―Mierda ―dijo―. Casi lo olvido. —Se paró y se acercó mientras se sacaba algo del bolsillo de su camisa—. Aquí están los quinientos, bien ganados los tienen. No se olviden de venir por las birrias.
Tomé el dinero sin contestarle. Quería irme, llegar lo más pronto posible a mi cama.
Anduve por dos horas caminando, hasta que, al fin, fueron las ocho. Cuando entré a la casa, la vi: fumaba y miraba El corazón valiente. Quise pasar de largo, pero ella me detuvo. Y fue cuando lo supo. Con apenas una mirada lo supo.
Qué pasa, qué pasó, qué hiciste, repetía como si fuera un mantra. Qué pasa, qué pasó, qué hice, pensaba yo después de volver a recordarlo todo, viendo su cara, su cara de terror, viendo cómo hasta se apartó el cigarro de la boca y como aquella mano, la del cigarro, le temblaba.
—Es que don Nacho… —empecé a decir, porque después de recordarlo todo iba a decirlo todo, pero algo me detuvo. Su cara me detuvo.
—Ah —dijo ella, y yo vi su cara, su cara que volvió a ser la misma que cuando me fui. La de siempre. —Ah, ya sé —repitió. Y con el mismo tono, con el mismo desprecio de aquella y de todas las tardes, dijo: —seguro es que volviste a estar bebiendo con ese viejo borracho y tus amigos.
Y no dije nada, porque entonces ella desvió su mirada hacia la tele, y la mano, resuelta, volvió a llevarle el cigarro a la boca. Después, con la otra tomó el control y subió el volumen.
Esa noche, por primera vez, soñé que estaba al borde de ese río rojo, interminable. Del otro lado, Pichingo bebía agua y levantaba su cabeza para verme. Supongo que al Loluco y al Javier les pasó igual. No somos tan bravos.
No durmió en toda la noche escuchando los ladridos de su perro y pensando en el azaroso viaje. Lleno de ansiedad, se la pasó dando vueltas en su cama, hasta que los hilillos de luz entraron por los orificios del techo e iluminaron el cuarto. La alarma sonó a las cinco y treinta de la mañana. De un saltito se puso de pie y al mirarse en el espejo, con desilusión, se percató de sus ojeras renegridas y de su cara demacrada.
—¡Con la vida que llevo! —exclamó, mientras se dirigía a calentar el agua, y tomaba la única bolsa de café que conservaba desde que había trabajado como profesor.
Lentamente, y como era su andar desde que el reumatismo lo azotó, se acercó a la ventana para mirar los apartados cerros que, lejos de su color natural, se mostraban oscuros y como dos prehistóricos animales profundamente dormidos. Pasó varios minutos así, contemplando el horizonte con placidez, hasta que su perro comenzó a aullar salvaje e impaciente como un lobo feroz.
—¡Callado te ves mejor! —le gritó, lanzándole un trozo de pan que en un salto certero el animal tomó. Y sin resistirse, salió del cuarto para acariciarle las orejas, mientras lo miraba fijamente y escuchaba el silbido de la tetera que, parecido al sonido del tren por los rieles de Tamaulipas, le recordó de nuevo su viaje.
El señor Manuel ya había emigrado una vez, a sus veinticinco años había dejado el país junto a su vecino Roberto quien, animado por la idea de convertirse en un ciudadano norteamericano, abandonó de inmediato el trabajo, empeñó sus electrodomésticos y mantuvo la esperanza de que, ambos, pronto serían unos Cowboys. En aquella ocasión, recordó, esperaban llegar a Colorado, donde los estaría esperando su tío Sair, un mujeriego casi desconocido que nunca les había enviado ningún centavo, sino pequeñas cartas donde les hacía saber que se había casado con una gringa llamada Bryony, y que a veces le daba por salir a cazar bisontes al West Spanish Peak.
—¿Qué le pasará a mi hermano? —le decía su madre— hablándonos de bisontes mientras aquí nos morimos de hambre. Cuando llegués a Colorado le decís que deje de hacerse el tonto y, mínimo, nos ayude a reparar la casa.
Llevaba muy presente estas palabras cuando partió, y se sentía orgulloso de saber que si no era su tío, con suerte, él mismo le construiría una casa a su viejita. Lo recordó a lo largo de Aguascalientes, Ciudad Hidalgo y Tapachula, después de haber pagado muchos sobornos a las autoridades y de hablar con los demás migrantes sobre qué harían con los dólares que iban a ganar del otro lado, acaso como trabajadores de algún potrero. Todo parecía encaminado, y hasta se había hecho la idea de, igual que su tío, casarse con una gringa para no volver a Honduras, hasta que su amigo Roberto exclamó:
—A mí como que me está doliendo el estomago.
Al principio no le prestó atención, pero después de dos noches bajo la molestia de sus quejidos, recordó que llevaba consigo algunas pastillas y se las dio.
—¿Cómo te sentís? —preguntó.
—Mal, muy mal, me está doliendo el estomago otra vez. —Y ahora su amigo se retorcía como puerco y gritaba que era como si le estuvieran metiendo un punzón.
—Nos jodimos —dijo el señor Manuel, quien tuvo ánimos de levantarlo y decirle que se tenía que aguantar hasta Colorado, pero imposible, reflexionó, después de ver en su rostro las mil caras del dolor. —Te voy a llevar al hospital —sentenció resignado—, no te voy a dejar morir.
Y ayudados por una cuadrilla de migrantes guatemaltecos, llegaron hasta el Hospital Médico La Raza, en ciudad de México, donde atendieron a Roberto por una apendicitis, y mientras era atendido, la policía federal les hizo saber que hasta allí había llegado su bonito viaje.
Encendió la radio, agitándola con fuerza hasta desaparecer la ruidosa sintonía averiada y reconocer la única noticia de su interés.
—La caravana de migrantes —susurró, y teniendo presente el punto de partida, apagó de súbito la caja sonora pensando en que ahora nadie lo podía detener. Su amigo había muerto, recordó, nunca había tenido suerte en el amor, y sin trabajo emigrar era mejor que esperar la muerte bajo la esperanza de una mísera pensión. Tomó su mochila, cerró la puerta, acarició a su perro por última vez y, sobre las gradas del barrio marginal por donde daba sus primeros pasos, un dolor repentino en su pecho lo desplomó, dejándolo inmóvil y nublándole la vista hasta verse sobre un tren junto a cientos de migrantes que, sorprendidos, escuchaban a lo lejos los aullidos de un lobo feroz.
Ha pasado ya casi un año desde que muchos trabajadores, debido a la COVID-19, se vieron obligados a dejar sus empleos y encerrarse en sus hogares por una cuarentena que con el pasar del tiempo se fue suspendiendo, pero que también fue dejando más preguntas que respuestas en nuestra población. Muchas personas aún siguen desempleadas, otras —con mejor suerte— no han parado desde que inició esta pandemia, pero han tenido que someterse a incalculables e incansables esfuerzos por seguir al pie de la bandera en sus labores. Otras han tenido la oportunidad de regresar a sus trabajos enfrentándose con el temor causado por un posible contagio de coronavirus y todas las consecuencias que esto puede traer a su salud, vida privada y situación laboral.
Últimamente me he encontrado con casos de amistades que se han visto afectadas por esta crisis que atraviesa el país, entre ellos el caso de Gloria, una amiga que reside en la ciudad de La Lima y que trabaja en una maquila ubicada en una de las llamadas «zonas industriales». Ella me comentaba que fue difícil dejar de trabajar por la cuarentena, ya que suponía que iba a recibir una ayuda por parte del Gobierno y de la empresa en la que trabaja para tratar de paliar la situación. El Gobierno no dio respuestas y la empresa cumplió a medias con su compromiso de dar el dinero completo de su salario por los meses en cuarentena. Este y otros atropellos han sufrido muchos de los trabajadores en medio de la pandemia y ahora el problema se agudiza por los estragos de las últimas tormentas en el país.
Sin duda para otras personas la situación ha sido más dura. Gloria me relató la situación que vivió ella y sus compañeros cuando los llamaron a reincorporarse a sus labores en medio de la emergencia sanitaria: «nos avisaron de un día para otro, con un horario de 7 a. m. a 5:30 p. m., pero la empresa estaba desesperada porque el Gobierno les permitiera cambiar a la hora habitual, es decir en el horario que teníamos antes de la crisis sanitaria. Al día de hoy tenemos el horario de 7 a. m. a 6:30 p. m. Como que al sector maquilero no se le ha tomado tanta importancia y por su parte no han tomado las medidas de bioseguridad recomendadas, por ejemplo no nos hicieron pruebas cuando nos reintegraron, solo fuimos directo a una inducción y nos pidieron seguir el protocolo que según ellos es lo suficiente para no contagiarse. Luego ya en el proceso de inducción nos brindaron los lentes y la careta. Lo que no esperaba era encontrarme con la enorme cantidad de despidos, al punto de dejar una planta vacía que consta de veintidós equipos».
En realidad es terrible saber que a pesar de las denuncias, hasta ahora, no han recibido una sola respuesta por parte del Ministerio de Trabajo, ni de ninguna autoridad gubernamental. Gloria me contó que todos los días realizan el protocolo de llegada al momento de bajarse del bus: «para mí no sirve, ya que al bajarnos todos caminamos juntos, sin guardar distancia. La gente come afuera, en el parque, y no niego que ellos lo han querido evitar y han tratado de que la gente no lo haga, pero es algo ilógico porque de igual manera al momento de viajar a casa todos vamos en el mismo bus. Por otro lado, casi nunca desinfectan las máquinas, algunos equipos dejan productos y no se sabe si están desinfectados. Así que el ambiente es incierto y no es muy bueno, uno está tenso, casi todo el tiempo se habla de las inundaciones por Eta e Iota, de los compañeros damnificados, de la COVID-19, de los despidos que vienen. También nos preocupa el descontrol por parte del área de enfermería, ya que no nos hacen pruebas y no nos dan medicamentos».
Para mi amiga Gloria, esta es una situación difícil, llena de incertidumbre. Se pasa el tiempo pensando en que en cualquier momento puede infectarse del virus y ser suspendida de su trabajo: «muchos de mis compañeros han sido suspendidos por diferentes motivos. Algunos porque han enfermado de COVID-19 y otros porque no han podido llegar al trabajo después de perder todo por Eta e Iota, y se encuentran en albergues sin dinero para transportarse y para comprar su propia comida».
Creo que en situaciones como estas es donde se ve la necesidad profunda de hacerle llegar una atención psicológica integral y de primera mano a los empleados de las diferentes empresas, ya que el pánico se puede aprovechar y hacerles una mala jugada. Sin embargo, al parecer, ofrecer tratamiento psicológico a los empleados es algo que no tiene importancia para muchas empresas, puesto que en países como el nuestro el cuidado de la salud mental es una práctica poco ejercida.
Hace algunos días, Gloria estuvo con los síntomas de la COVID-19, sin embargo cuando buscó asistencia médica gubernamental no quisieron examinarla y únicamente le ofrecieron una pastilla de acetaminofen. Tampoco en su trabajo le dieron la atención necesaria y ante sus reclamos una de las respuestas que recibió era que habían personas más graves.
Gloria ya lleva varios meses de estar trabajando y nunca se le ha realizado una prueba, mientras tanto continúa expuesta, ya que en la empresa tampoco hay un mecanismo de supervisión para que se cumplan con las medidas sanitarias. En realidad la situación de los obreros de la maquila es más difícil de lo que podemos imaginar. De alguna manera se están convirtiendo en un foco de contaminación y esto está provocando un aumento de casos en la población.
Sin duda, al trabajador, hoy más que nunca le toca subsistir con lo poco que le quedó en casa y tratar de sobrevivir al virus. Antes de despedirnos Gloria me dijo: «yo agradezco tener trabajo en medio de todo esto, pero también sé que trabajando corro el riesgo de contagiarme y contaminar a mi familia y de que algo mucho más grave nos pueda pasar. La verdad es que trabajar en el sector maquilero ha sido, sin duda, una experiencia decepcionante. Entiendo también que todos estamos sufriendo de igual manera en el trabajo, en casa, en los albergues (mucho más), en los hospitales. Esta es una situación que nos ha hecho sentir un mismo dolor, sin importar el estrato social, la preferencia política…».
Concepción Cruz es una de las 113 mujeres que protestan contra Industrias Florenzi, la maquila que las despidió sin justificación. No es la primera vez que lidera una protesta contra una maquila. Pero sí es la primera vez que debe de hacerlo en medio de una crisis sanitaria como la de la pandemia por COVID-19.
**Esta crónica es parte de un proyecto regional de periodismo narrativo y mujeres, impulsado por el Centro Cultural de España en Guatemala.
Cerca de la zona franca de San Bartolo, al este de San Salvador, una mujer de 55 años se despierta todos los días a las cuatro de la mañana. Se queda tumbada sobre su cama, la parte de abajo de un camarote, en una pequeña habitación que comparte con su hermana. En esta casa de dos habitaciones viven ellas dos con otro hermano. La mujer espera acostada a tener los ánimos suficientes para levantarse y comenzar con la rutina del día.
Se asea, ordena la casa, prepara y empaca un trozo de queso y una botella con agua. A las siete de la mañana, sale por la puerta con su mascarilla puesta hacia la parada del autobús para esperar una de las dos rutas que debe tomar cada día. Tardará aproximadamente una hora en llegar a su destino.
La mujer se llama Concepción Cruz. La llaman Conchi. Ya no va al trabajo. Esta mañana, igual que cada mañana desde hace 256 días, Conchi viaja a un campamento de protesta que levantó con otras 112 mujeres en contra de la empresa maquiladora para la que trabajaban.
El campamento está en el municipio de Soyapango, a seis kilómetros de su casa. A mediados de marzo, la maquila Florenzi S.A. de C.V. suspendió los contratos de 210 trabajadores y trabajadoras sin justificación. Ella es miembro del Sindicato General de Costureras, una agrupación que forma parte de la Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Maquila.
Conchi habla con soltura. Recuerda con memoria fotográfica fechas, nombres, y sucesos de los últimos meses.
El 21 de junio, contrajo COVID-19. Su hermano la contagió a ella y a su hermana. Cuando quiso ir a consulta médica y hacerse una prueba, no pudo. La maquila donde trabajaba no había pagado su cotización al Seguro Social. Ir a un hospital público tampoco le parecía una opción porque el sistema nacional de salud estaba colapsado. Las salas de espera no daban abasto para la cantidad de personas que asistían a consultas médicas. La pandemia por COVID-19 solo vino a empeorar la situación crítica en que ya se encontraban los hospitales y unidades de salud. Conchi temía que su enfermedad se agravase en uno de esos centros y, en el peor de los casos, morir internada ahí.
Estuvo ocho días enferma. Lo supo, porque comenzó a padecer de temperatura alta, dolor de huesos, sensación de presión en el pecho, tos, pérdida de apetito y de paladar. Durante dos días no pudo ni abrir lo ojos por el dolor. Su hermana, su hermano y ella tuvieron que mitigar los síntomas con remedios naturales. Aliviaron la fiebre con miel de abeja, jengibre, eucalipto, zacate de limón y té de manzanilla. Se cuidaron entre los tres.
En esa semana, Conchi no dejó de comunicarse por WhatsApp con sus demás compañeras de la maquila. Algunas ya habían comenzado a sospechar que la empresa iba a cerrar definitivamente. Habían pasado ya tres meses en los que Florenzi S.A. de C.V. no les daba ninguna respuesta sobre su situación. Además, Roberto Pineda, el dueño de la maquila, falleció justo en esos días.
Unos días después, el 1 de julio, la empresa les comunicó que no volverían a abrir. Recibieron un mensaje de WhatsApp de la encargada de recursos humanos. Sin tiempo que perder, Conchi, que todavía se recuperaba de los síntomas del COVID-19, y otras veinte mujeres se dirigieron a la maquila para hablar con sus superiores.
Al llegar, la empresa en la que había trabajado durante diez años cosiendo retazos de tela, le ofreció a cambio de un pasivo laboral de 7 mil dólares una máquina de coser devaluada que costaría unos 75 dólares.
Desde diciembre de 2019 la empresa había dejado de pagar AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones) y el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS). Cerraron operaciones en marzo y en julio despidieron a sus trabajadoras.
Cuando las echaron, las trabajadoras presentaron una medida cautelar en un juzgado. Hoy todavía esperan una respuesta. Las denuncias que plantearon en el Ministerio de Trabajo tampoco fueron atendidas. En una declaración pública, el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, se desligó del proceso aduciendo que ahora ya se trataba de un caso judicial que no competía a sus funciones.
Mientras no tengan una respuesta del juzgado, no se van a ir de la maquila. Ni por las noches. No la han abandonado cuando los policías han intentado desalojarlas, ni cuando el transporte colectivo se paralizó y la movilidad en las calles estuvo restringida por la pandemia.
Desde julio no volvieron a saber nada más de sus empleadores.
***
Esta mañana Conchi está tumbada sobre su cama. Son las seis, pero lleva despierta desde las cuatro. Piensa en voz alta cómo será su día. Llegará al campamento, máximo, a las ocho y media de la mañana. Las mujeres de la protesta han recibido una donación de frijoles frescos de parte de algunas personas que se solidarizaron con su lucha. Con ellos harán sopa .
—Hasta ahorita solo hasta ahí tenemos planificado, hasta el almuerzo. Anoche dejé algo de agua para lavar los trastes. Agarré agua llovida —dice y después calla.
Hoy Conchi llega a las ocho y media al campamento. El campamento está ubicado en la acera frente a la maquila. Las mujeres se protegen del sol con un toldo que han conseguido por medio de algunos conocidos. Lo primero que hace es verificar que todo está en orden. Llega bien arreglada, aunque no tardó más de media hora en hacerlo. Se ha puesto pulseras, aretes y tiene su cabello colocho suelto y ordenado. Sus demás compañeras le comentan lo bien que se ve. Ella no responde.
Supervisa a la cocinera designada. Normalmente, si tiene que preparar tortillas, las prepara. Si no, sale en busca de ramas caídas o trozos de madera desechados en los alrededores. Hay que mantener abastecida de suficiente leña la cocina donde preparan la comida.
El resto de la tarde la pasará sentada en una silla de plástico, platicando con sus demás compañeras. Llamará a sus papás y conversará con ellos por una hora. Antes de irse, esperará la cena que vendrán a dejarles. Son cuatro platos de arroz con frijoles, crema, huevo, queso y pan que una de las empresas que utiliza las instalaciones de maquila para guardar material ha acordado darles. .
Hoy también está pendiente de los turnos de las mujeres que pasarán la noche haciendo guardia en la protesta. Es ella quien organiza quiénes irán en cada grupo de vigilia. Procura que las personas se sientan cómodas con quienes se les asigna de compañeros, que no las dejen con quienes no simpatizan o no son amigas.
Dice que con la gente nunca se puede quedar bien, pero lo intenta. Trata de respetar lo que las demás quieren o no quieren. Esto le ha creado roces con otras de las dirigentes del grupo, que a veces juzgan su conducta. Dicen que es permisiva, complaciente. Su respuesta es que, más bien, sabe leer las necesidades de las personas, las respeta, y las cuida.
Conchi invierte la mayor parte de su presupuesto en la protesta. Gasta 50 centavos en el pasaje para llegar desde su casa. Cuando no hay agua en el campamento y tiene dinero, invierte cinco o diez dólares y compra botellas de agua potable. Ella no lo cuenta con resignación, sino con alivio. Cuidar de sus compañeras de protesta le ha permitido mantenerse ocupada en una situación crítica en El Salvador y en su vida: en pandemia, sin trabajo y en resistencia.
Ve esta manifestación pacífica como una forma de denunciar las injusticias que han vivido, con la tranquilidad de que las autoridades las van a respetar. De que no las van a agredir. Por eso se sintió decepcionada cuando tuvieron que organizar acciones de choque para llamar la atención de una empresa y de un Estado que las dejaron en el abandono.
La primera vez que participó en la toma de una calle pasó mucho miedo, pero no veían otra opción. Fue el 10 de agosto. Llevaban cinco meses de protestas que no eran escuchadas. Cuando vio a los policías con armas en la mano se asustó. Algunos detectives que llegaron en las patrullas interrogan a las mujeres. Ellas los reconocieron por sus característicos pasamontañas. Conchi no sabe muy bien por qué las cuestionaron ni de parte de quién lo hicieron. Les preguntaron de dónde venían, quiénes eran. Respondieron sin saber cómo sería utilizada esa información.
Luego de esta protesta y solo en los últimos tres meses, Conchi ha formado parte de al menos seis tomas de calles. Su tarea es encargarse de que las personas cubran un perímetro de la vía suficiente como para que los automóviles no puedan circular sobre el tramo de calle tomado. También procura que las personas que sostienen las mantas se alternen para que puedan descansar. Sobre las lonas están pintadas consignas políticas, caricaturas del empresario al que denuncian y también del actual ministro de Trabajo, Rolando Castro.
***
—A veces, muchas de nosotras en nuestras casas solo conseguimos para los pasajes. Es más difícil para las compañeras que tienen esposos porque no les dan dinero. Les dicen “¿qué vas a hacer? ¡A perder el tiempo vas!”.
Para Conchi es decepcionante que los esposos de sus compañeras sean los primeros que desincentiven su lucha. Debería de ser más fácil para las que tienen una pareja llevar los gastos de la casa y hacer una protesta. Pero no es así. Para ellas es más complicado porque algunas no tienen ingresos o, si los tienen, sus compañeros los controlan. No es el caso de Conchi, pero eso no la excluye de tener dificultades económicas.
Ella tiene un ingreso mensual de 50 dólares que proviene del alquiler de una casa que compró, a cuatro cuadras de donde vive. De esos 50 dólares, 25 debe utilizarlos para pagar un préstamo. El resto es para comprar comida.
***
El día de su primera toma, el tráfico del Bulevar del Ejército quedó paralizado por varias horas. Es una de las principales vías del Área Metropolitana de San Salvador y cualquier bloqueo genera embotellamientos que paralizan el tráfico hacia la ciudad.
El ruido de los cláxones de los vehículos detenidos hacía eco por toda el área. A pesar de que la protesta está liderada y organizada por mujeres, esa mañana los policías solo le dirigían la palabra y le daban órdenes a los pocos hombres que forman parte de ella: “¿A qué hora van a terminar?” “¿Podrían mover de lugar ese carro que han dejado mal estacionado?” “¿Podrían decirles a las mujeres que sostienen las mantas que se aparten para dejar pasar a una ambulancia?”.
En El Salvador, se suele asociar la organización y la participación política únicamente a los hombres. Pero las mujeres fueron parte de todos estos movimientos. Las que participaron en el movimiento antiimperialista; las sufragistas de la década de 1930, lideradas por Prudencia Ayala; las que colaboraron con el levantamiento campesino de 1932; las que formaron parte de la guerrilla y las que integraron los movimientos sindicales de la década de 1990.
Así ocurre con la organización sindical de la que forma parte Conchi. Los sindicatos son agrupaciones de tradición de izquierdas. Su objetivo es señalar los abusos que cometen las empresas: denuncian a los patronos que incumplen sus derechos laborales y al Estado por no defenderlas.
Las mujeres que pertenecen a estos movimientos —cuyas figuras históricas de referencia y líderes suelen ser hombres— deben resistir también frente a la violencia que se ejerce contra ellas por ser mujeres. La primera, en el “espacio privado”: si no son madres, esposas ni se encargan de tareas domésticas, su rol social como mujer puede considerarse como fallido.
Conchi no ha estado exenta de esta situación. En toda su vida, solamente ha tenido una pareja, a los 44 años. Nunca llegó a vivir en la misma casa, y tampoco logró quedar embarazada a pesar de que lo intentó.
— ¿De 44 años se acompañó?
— No, él en su casa y yo en la mía —responde en un tono tajante. Tiene claro que conservar su propio espacio habitacional nunca fue negociable.
— ¿Nunca le ha gustado eso?
—No. Intentamos acompañarnos, pero no me gustó eso de que me estén mandando. Eso de que «mirá, que no vas a salir para otra parte». Lo primero que me dijo fue: «Si te venís para la casa, no vas a ir a la iglesia, no vas a ir al sindicato». Y ahí sí no. —Cuando responde esto, cierra un poco los ojos y niega con la cabeza. Como si recordar esto la irritara, pero reconoce que era lo que tenía que hacer.
***
Conchi nació en un pueblo de San Vicente, un departamento al oriente de la capital. Creció en el campo. Tuvo que suspender su educación básica por el conflicto armado y solo llegó a cursar hasta sexto grado.
—La escuela la cerraron porque la guerrilla llegaba seguido —recuerda—. Nos sacaban de los salones, nos formaban y nos comenzaban a dar propaganda para que la leyéramos en frente de ellos. También sacaban los libros que estaban en los estantes y los quemaban en frente de nosotros.
Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2019, las mujeres en el rango de edad al que pertenece Conchi tienen un promedio de siete años de escolaridad. Esta generación es la que vivió sus veintes en medio del conflicto armado.
Muchas personas como ella, originarias del área rural, tuvieron que migrar hacia San Salvador para huir de la guerra, de la pobreza, o de ambas.
En la ciudad, en los ochenta, las oportunidades laborales para las personas que no habían completado el nivel de educación media se limitaban a los oficios como la albañilería o la carpintería —para los hombres—, y el trabajo del hogar o la costura para las mujeres.
A los 21, Conchi aprendió corte y confección en un taller ubicado en la 25 avenida norte, una calle con importante actividad comercial. Ahí se ubica el Hospital Nacional Rosales, uno de mis más importantes de la red de salud pública del país. El trabajo consistía en pequeños encargos de costura: arreglar trajes, coser vestidos, hacer ruedos a las mangas de pantalones y camisas, confeccionar uniformes escolares.
En el taller aprendió a utilizar una máquina de pedal. Se dedicó a hacer vestidos, por los que le pagaban cinco colones —84 centavos de dólar para la época—. Para poder ganar un poco más que eso, Conchi se quedaba después del turno con otras compañeras y terminaba hasta tres vestidos. Con eso, juntaba 15 colones —2.5 dólares—. Cuando la oscuridad ya no les dejaba coser, se llevaban el trabajo a sus casas, y ahí terminaban de arreglar detalles. Trabajó ahí cinco meses.
El plan de Conchi era aprender el oficio y conseguir un empleo asalariado con prestaciones de ley. La ilusionaba la posibilidad de conseguir una pensión. Escuchaba decir a la gente que, por trabajar algunos años, al jubilarse recibían una cuota mensual de ahorros. Por eso entró a la maquila.
Pero, serían las mismas maquilas las que sabotearían el pago de su pensión: ahora quiere jubilarse, pero debido a las irregularidades que han cometido sus empleadores a lo largo de los años, no ha podido. Dejaron de pagarles AFP y Seguro Social sin avisarles.
En 1991, con 26 años, entró en una empresa especializada en la decoración de telas. Ella tenía que bordar a máquina figuras de animales, sobre retazos de tela.
Ahí consiguió esas prestaciones de ley que tanto buscaba: seguridad social y fondo de pensión.
Durante tres meses, la eficiencia de Conchi ganó la confianza de sus supervisoras. Si le encomendaban confeccionar hasta 25 piezas, ella lo hacía.
Las irregularidades que caracterizan a las maquilas no tardaron en aparecer. Según un estudio de 2015 publicado por la Universidad de El Salvador, es común que las maquilas abandonen El Salvador y no paguen a sus empleadas el pasivo laboral que corresponde.
Con el pretexto de que la maquila debía trasladarse a otra parte de la ciudad, les dijeron a las empleadas que podían irse por una semana a descansar a sus casas. En esa semana, la empresa cerró y no volvió a contactar a las empleadas. Tampoco las indemnizaron por el tiempo que trabajaron. Ahí comenzaron a protestar.
***
Da la impresión de que a Conchi la organización política se le da de forma espontánea. Desde la primera vez que trabajó en una maquila, decidió enfrentarse a sus empleadores.
Tuvo que aprender a luchar de forma autodidacta.
Cuando su hermana estudiaba bachillerato, Conchi le pedía prestadas las copias del Código de Trabajo y de la Constitución y estudiaba algunos artículos. Esto le sirvió cuando debió enfrentarse a la supervisora de la maquila donde trabajaba. La mujer no tuvo cómo defenderse cuando Conchi corrigió un artículo que ella, la supervisora, creía conocer bien. No esperaba que una trabajadora conociera sus derechos.
La experiencia en esa primera maquila hizo que Conchi intuyera lo que estaba a punto de pasar en Florenzi S.A. de C.V.. La maquila iba a cerrar. Se lo confirmó el hecho de que le negaran pasar a la consulta que tenía programada con el coloproctólogo en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social. La empresa había dejado de pagar su cotización mensual desde diciembre.
Cada vez que explica la motivación de su lucha, Conchi da la misma respuesta: no puede actuar de otra forma frente a las injusticias. Pareciera que su ánimo de lucha es producto de la herencia de la cultura política de la segunda mitad del siglo XX en El Salvador. Pero ella desafía esta correlación. No tiene familiares guerrilleros, ni militares. Su actitud frente a los conflictos y las injusticias viene de sus convicciones morales y de un gran sentido de curiosidad. Se unió al sindicato porque aprendió que la única forma de negociar y exigir a las empresas en este país era organizándose.
En los días que Conchi trataba sus síntomas del COVID-19, se enteró del rumor de que algunas mujeres habían llegado a trabajar a Florenzi a pesar de las prohibiciones del gobierno. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, había decretado una cuarentena obligatoria que incluía el cese de toda actividad económica. A pesar de que no pudo comprobarlo, le causó desconfianza: ¿por qué a ellas las habían llamado para ir a trabajar y a las otras no? Hasta hoy, Conchi no lo sabe.
***
—¿Y usted siente que descansa, Conchi?
—Fíjese que sí —contesta—.
—¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo descansa?
—Aquí estoy. Llevo el listado de las personas que dan el dólar para pagarle a la compañera que recibe las notificaciones. En eso paso. O a veces, si hay espacio, ayudo con la cocina.
—¿No hace actividades para relajarse aparte de cosas que tengan que ver con la organización de ahí?
—No, no hago nada más.
La protesta absorbe su rutina, sus pensamientos y también la forma como se siente. Preferiría regresar a su situación anterior, cuando trabajaba en la maquila, aunque está agradecida con todo lo que le ha tocado hacer.
Las mujeres buscan la forma de entretenerse. Ven películas en proyectores prestados. Conversan. Los viernes, asisten a talleres sobre educación sexual con enfoque de género, facilitados por la Organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa.
***
Son principalmente Conchi y otra de sus compañeras, Nery Ramírez, quienes toman la palabra cuando deben de hablar por el grupo. Conchi tiene una voz potente que proyecta con fuerza. Habla con seguridad, tiene certeza de cómo fueron los hechos. Si no tiene clara una fecha o una evidencia fotográfica del caso, la busca o pregunta a sus demás compañeras.
Por la noche, cuando está de turno en la maquila, lleva a cabo su “rutina nocturna”: con tranquilidad recoge su colchoneta, la acomoda en la tarima y duerme.
El primer día que les tocó pasar ahí la noche, solo aventó un trozo de cartón en el piso, se cubrió con una colcha y se quedó dormida. Amaneció con dolor en la cabeza por lo duro del suelo, pero se lamenta como si se tratase de cualquier contingencia, como del clima. No culpa a nadie. Tampoco se queja de no dormir si en su noche de turno llueve mucho y la estancia se inunda. Conchi no se queja. Hace.
*Este es un proyecto coordinado y apoyado por el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G) en alianza estratégica con Agencia Ocote (Guatemala) -como coordinadora editorial-, ContraCorriente (Honduras) y Alharaca (El Salvador). La publicación de las tres crónicas se realiza entre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y durante los 16 días de activismo contra la violencia de género, Este proyecto cuenta además con el apoyo de los Centros Culturales de España en Tegucigalpa, Honduras y en El Salvador.
Nasry «Tito» Asfura, alcalde de Tegucigalpa y precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, enfrenta un proceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras. De acuerdo con información del caso a la que Contracorriente tuvo acceso, Asfura utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de empresas, pagar tarjetas de crédito y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.
«Necesitamos líderes enamorados de la justicia y no del dinero», dijo el alcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, el pasado 15 de septiembre de 2020, durante un evento en conmemoración del 199 aniversario de Independencia de Honduras. Seis semanas después, la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra él y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, por presuntos actos de corrupción en sus gestiones dentro de la alcaldía.
La Uferco acusó a los funcionarios por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios. Los 28 millones de lempiras (alrededor de 1,120,000 dólares), aseguran que fueron desviados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entre 2017 y 2018.
Los acusados depositaron cheques en cuentas personales, desde ahí se hicieron pagos, se trasladaron a otras cuentas o se emitieron cheques a favor de empresas para pagar gastos operativos o a personas que no tenían relación con la municipalidad. Los cheques provenían de los fondos rotatorios, fondo especial y reembolsos.
En total hubo 78 beneficiarios del dinero proveniente de 47 cheques de los cuales 23 estaban a nombre del alcalde Nasry Asfura; 9 a nombre de la cuarta regidora, Nilvia Castillo y 15 a nombre de Cinthia Borjas, jefa del despacho municipal.
Asfura utilizó cuentas bancarias bajo los nombres de «Aportes de Campaña Política», «Fondos propios aportaciones de allegados políticos» y «el salario devengado» ahí Asfura depositó 17,450,023 lempiras (698 mil dólares), según documentos del caso.
Nasry Asfura, quien es también precandidato presidencial y compite con Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional (CN) en las elecciones internas por el Partido Nacional , dijo en octubre después de que se conociera públicamente el caso, que la investigación lleva más de un año en ejecución y que poco antes de que iniciara la cuarentena dio sus declaraciones a la fiscalía: «hemos mostrado a los fiscales la manera y la forma como trabajamos y cómo liquidamos los fondos, hice una declaración de siete hojas de papel oficio, cinco horas y media para explicarles con punto y coma, todo».
Contracorriente contactó a comunicaciones de la AMDC para saber si existía una declaración oficial de la municipalidad sobre las acusaciones de la Uferco, la respuesta es que «esa información la llevan los apoderados legales». El alcalde no respondió a ninguna de nuestras llamadas, también intentamos contactar a dos de sus regidores, sin éxito.
Pago de tarjetas de crédito y a empresas cercanas
La ruta del dinero sustraído de la alcaldía parece haber sido trazada para no ser descubierta fácilmente. Por ejemplo, una parte de los fondos se sacó a través de cuatro cheques a nombre de Nilvia Castillo, la regidora, por un total de 2,504,920 lempiras (cerca de 100 mil dólares). Ese dinero fue depositado en varias cuentas de ahorros personales, una de ellas bajo concepto de «sueldo», y otra que fue abierta el mismo día que hizo el depósito.
Una vez que los fondos estaban en las cuentas, Nasry Asfura, Nilvia Castillo y Cinthia Borjas emitieron cheques de pago al motorista y a la recepcionista de la empresa Compañía Constructora y Servicios Múltiples (Cosemsa). Pero aunque los cheques se emitieron a nombre de los empleados, los fondos fueron cobrados para hacer pagos de tarjetas de crédito de Nasry Asfura y sus tres hijas por un total de 323,042 lempiras (12,921 dólares), según la solicitud de antejuicio.
Cosemsa fue creada en marzo de 1998, el Registro Mercantil indica que sus fundadores son: Francisco Montoya, Richard Bennett Diaz, Jorge Luis Borjas Valenzuela y Oscar Rolando Uriarte.
Oscar Uriarte, secretario del consejo de administración de Cosemsa, también recibió cheques a su nombre por un total de 238,986 de lempiras (9,556 dólares) después de que los fondos los depositaran en las cuentas de Nasry Asfura. Este dinero terminó en pagos de más tarjetas de crédito de Asfura y también de Uriarte, que se utilizaron principalmente para compra de gasolina, repuestos y consumo personal.
Aunque al alcalde Asfura se le ha involucrado anteriormente con Cosemsa, no aparece en los registros como socio accionista o parte de la junta directiva. Sin embargo, información del Registro Mercantil indica que Asfura fue garante para la adquisición de un crédito por dos millones de dólares con un banco utilizando a la sociedad Crédito Inmobiliario Jacaleapa, una empresa creada en 1986 por Oscar Uriarte, Mercedes Palma, Tesla Uriarte, Sandra Arguello y María Elena Arguello, cuyo administrador general es Nasry Asfura y la secretaria es Mary Ivette Asfura Zablah.
Cosemsa es la compañía encargada de la recolección de basura en la capital junto a AMA de Honduras (AMAHSA), la información pública disponible sobre los montos de los contratos se detallan en una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), en 2010. Las empresas recibieron entre junio de 2008 y marzo de 2010 la cantidad de 197,343,657 lempiras, casi 8 millones de dólares.
Vista general del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela). Tegucigalpa, 29 de diciembre de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.
En otro informe de auditoría del TSC en 2015 señalan que «al efectuar análisis sobre el control y manejo de los desechos sólidos comprobamos que existen irregularidades en la prestación de este servicio las que contradicen las cláusulas establecidas en los contratos suscritos con las compañías AMA Honduras (Amahsa) y Cosemsa». El TSC verificó que existía un perjuicio económico de 164 millones de lempiras (6 millones de dólares) por irregularidades.
Por su parte, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo realizó un informe en 2006 sobre manejo de desechos sólidos y el medio ambiente en Tegucigalpa en donde señalaban que aunque habían elaborado un plan estratégico para 2002 —en donde los consultores suecos propusieron una nueva estrategia para el servicio de recolección de basura— en aquel momento Cosemsa recogía un 33 % de los desechos, mientras que un 44 % era recolectado por la alcaldía.
«La Alcaldía pasó por alto esta recomendación y concedió un nuevo contrato a Cosemsa, por un período de ocho años y sin fortalecer las especificaciones técnicas del mismo tal y como habían recomendado los consultores suecos», añade el informe de la Agencia Sueca.
En el informe también denuncian que la decisión de volver a contratar a Cosemsa se tomó sin que se diera un proceso de licitación y que se aumentó la cobertura de Cosemsa de 33 % a 40 % de todos los desechos y el otro 60 % se adjudicó entre 2002 y 2005 a otra compañía privada, aunque en aquel momento no mencionaron el nombre, ahora se sabe que es AMAHSA.
«Otra duda que se añade a la legitimidad de la adjudicación del servicio a la nueva compañía es el hecho de que, en las últimas elecciones, el director de Cosemsa fue candidato a alcalde de Tegucigalpa a la vez que el doctor Miguel Pastor lo era para la presidencia de la república. Ambos candidatos pertenecen al mismo grupo político del partido y posiblemente tienen intereses vinculantes más allá de lo político», añade el informe de la Cooperación Sueca, ese candidato era Asfura.
Miguel Pastor fue alcalde de la capital entre 2002 y 2006, después entre 2010 y 2012 ejerció como ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi). Pastor se encuentra preso por sus gestiones en Soptravi, luego de que la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), que ahora es Uferco, presentaran el caso Narcopolítica. Pastor fue acusado de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos al otorgar contratos públicos al cártel narcotraficante de Los Cachiros.
Un camión de basura descarga deshechos hospitalarios recolectados en las zonas covid de los centros médicos del Distrito Central. El crematorio municipal, ubicado en la carretera salida a Olancho, habilitó una trinchera únicamente para los residuos provenientes de la atención de la pandemia por Covid-19. Comayagüela, 31 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix.
Las empresas beneficiadas
Por otro lado, la información del caso judicial contra Asfura detalla que se realizó un pago a GEO Construcciones por un total de 735,599 lempiras (29,423 dólares) para la construcción del estacionamiento de residencia Kafati en la colonia Tepeyac para Johny Kafati, presidente del consejo administrativo de Cosemsa. Además, algunos de los pagos realizados a empleados de Cosemsa terminaron pagando tarjetas de crédito que se utilizaron para los gastos operativos de la empresa.
Uno de los socios fundadores de Cosemsa, Oscar Uriarte, tiene poder especial de representación en Sociedad Desarrollo, Construcción y Equipo (Decoesa) una empresa propiedad de Tito Asfura, la información a la que Contracorriente tuvo acceso indica que Uriarte tiene firma registrada en las cuentas de esta empresa, en Crédito Inmobiliaria y en las cuentas personales de Asfura.
Según la información del caso, el 23 de diciembre de 2017, Uriarte recibió 389,072 lempiras en su cuenta con lo que pagó 22,575 lempiras de un crédito personal (930 dólares) y depositó lo restante en su cuenta personal, de ahí utilizó fondos para pagar tarjetas de crédito de Nasry Asfura.
Contactamos a la empresa Cosemsa para obtener una versión oficial de su posición sobre esta investigación y ubicar a Uriarte, pero la respuesta de la oficina de comunicaciones fue que no están al tanto de las acusaciones que está haciendo la UFERCO en contra de la empresa o Uriarte.
Uriarte también realizó transferencias internacionales por 1,837,114 lempiras a las hijas de Asfura en Estados Unidos, esto proveniente de los cheques depositados en las cuentas de Asfura, en las que Uriarte también tiene firma registrada.
Decoesa en 2010 se vio envuelta en una polémica cuando el CN aprobó una concesión por 25 años al consorcio ítalo-hondureño Electricidad de Nacaome (Enasa) del que Decoesa era parte. Esta concesión se le había entregado desde 1993 a la compañía española Electrificaciones del Norte (Elecnor) y al final el Poder Legislativo tuvo que derogar el decreto.
Otra de las empresas involucradas es Constructora de Desarrollos Nacionales (Codena) fundada en 1984 por Mary Asfura Zablah, Domingo Trimarchi y Oscar Zablah. Nasry Asfura compró las acciones de Mary Asfura en 1985.
En la documentación del caso señalan que del dinero que Nasry Asfura depositó a sus cuentas en 2018, pagó la cuota patronal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registrada a nombre de Codena por un total de 37,803 lempiras.
Y finalmente, otra de las empresas que recibió fondos es CEMENTOS S.A., creada en 1999 propiedad de las empresas Decoesa, de Nasry Asfura, y Sikaffy y Compañía, empresa de Juan Carlos Sikaffy Canahuati, también figura como socia accionista Ana Isabel Díaz de Sikaffy. La información del caso detalla que seis de los cheques depositados en las cuentas de Asfura se utilizaron en gastos operativos de la empresa CEMENTOS S.A.
Las inconsistencias en las liquidaciones
De acuerdo con las declaraciones de la Uferco en medios de comunicación, los imputados presentaron liquidaciones de todos los fondos investigados. Sin embargo, encontraron varias inconsistencias. La primera fue que el auditor interno de la municipalidad recibió 60 mil lempiras (2,400 dólares) en diciembre de 2017, sin justificación aparente.
La información a la que accedió Contracorriente señala que más de 200 mil lempiras (8 mil dólares) fueron liquidados en concepto de ayudas económicas «por el pago de servicios prestados a periodistas, activistas y conocidos de Nasry Asfura, personas que prestaron servicios profesionales a las empresas de Asfura y relacionadas». Esas ayudas provenían del fondo rotatorio, un fondo creado para cubrir eventualidades como el pago de materiales y suministros, servicios no personales, ayudas de carácter social-humanitario, adquisición de bienes que no excedan los 10 mil lempiras, servicios de internet y otros gastos menores.
Un camión cisterna pasa junto a una valla de la alcaldía del Distrito Central en el Anillo Periférico. Estas vallas fueron colocadas buscando tranquilizar a la población sobre la administración del servicio de agua en la capital hondureña. Tegucigalpa, 9 de enero de 2020. Foto: Martín Cálix.
El fondo autoriza el manejo mensual de hasta 500 mil lempiras para el alcalde, 250 mil para el vicealcalde y 100 mil para cada regidor. Pero dentro de sus limitantes dice que no podrán efectuarse gastos mayores a 20 mil lempiras, salvo el fondo asignado al alcalde. Información del caso detalla que en las liquidaciones los montos llegaban hasta 25 mil, contrario a lo que permite la normativa del presupuesto.
En diciembre de 2015 en La Gaceta nro. 33,921 se publicó una modificación a la Normas Presupuestarias de la AMDC para añadir que los fondos rotatorios se podrán utilizar para ayudas económicas de carácter social-humanitario y contrapartes de proyectos sociales.
En la actualidad, este fondo es utilizado por los regidores principalmente para otorgar ayudas económicas. Nilvia Castillo, en noviembre de 2020, usó 150 mil lempiras para este fin, estos montos también fueron utilizados en varios meses del año.
Según la última actualización de los fondos rotatorios entregados a Asfura de septiembre de 2020 , el alcalde utilizó 534,500 lempiras (21 mil dólares) para ayudas sociales; 2,176 lempiras (87 dólares) para construcción estructuras metálicas y 13,390 (535 dólares) en subsidios a instituciones culturales sin fines de lucro, pero no se menciona en ninguno de los casos quiénes son los beneficiarios finales.
La información del caso dice que dentro de las ayudas entregadas hubo personas que testificaron no haberlas recibido, por lo que los imputados obtuvieron identidades y falsificaron firmas. Mientras que otros casos en donde las personas sí recibieron las ayudas, los montos entregados no coinciden con lo puesto en las liquidaciones.
Dentro de las liquidaciones realizadas se hizo la compra de unas joyas que no indican un beneficiario final, además una factura se utilizó dos veces: contiene el mismo número de serie y cliente, pero un monto diferente.
Y finalmente, del total de cheques, once tienen liquidaciones de gastos de viáticos y hospedajes que no cumplen con los requisitos del Reglamento de viáticos y gastos de viaje de la municipalidad.
El proceso que le espera al alcalde
El 13 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción admitió la solicitud de Antejuicio contra Nasry Asfura y la regidora Nilvia Castillo, los magistrados le dieron tres días a los involucrados para rendir un informe en su defensa, este plazo lo extendieron hasta el martes 1 de diciembre y la defensa presentó su informe.
Carlos Silva, portavoz de la CSJ, dijo que el informe «contiene una respuesta a lo que está incluido en la solicitud de antejuicio, los delitos, las investigaciones, las acusaciones tienen que ser respondidas (…) ahora tiene que ocurrir la admisión del escrito, que esté presentada de la manera correcta que debe tener buena ortografía, que esté respondido todo lo del antejuicio, que sea clara, ordenada y una vez admitido».
Según Silva, una vez admitido el escrito, los magistrados analizarán ambos informes para dar una resolución en mínimo cinco días hábiles, el plazo puede ser prorrogable. Los resultados pueden ser: dar lugar al antejuicio y que el MP pueda realizar un requerimiento fiscal o se declara sin lugar, en este caso ya no podrían presentarse requerimientos contra el alcalde capitalino.
Antes de esto, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado que fue interpuesto por la defensa del alcalde Nasry «Tito» Asfura y la regidora Nilvia Castillo, contra actuaciones del MP. Esto significaba que el MP tenía que dejar de conocer las investigaciones que se hacían en el circuito especializado en materia de corrupción.
Un grupo de trabajadores de la empresa Santos y Compañía realizan la fundición de una base para un puente aéreo. Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.
Mario Pineda, exprecandidato a la alcaldía capitalina por el movimiento Juntos Podemos, de Mauricio Oliva, se unió al movimiento de Asfura. Pineda le dijo a Contracorriente que «todo aquel que es y ha sido funcionario está puesto a que se investigue, el que nada debe nada teme y si uno ha hecho las cosas transparente no tiene por qué temer y debe dar cuentas (…) eso es un proceso de investigación que toca a todos los que somos y hemos sido funcionarios».
Sin embargo, la defensa de Asfura realizó todo para detener las investigaciones amparándose en que el TSC debió realizar y agotar las investigaciones primero, esto tras una reforma a la Ley orgánica del TSC aprobada por el CN en 2019 en la que señalan que los auditores no podrán entregar información a otras instancias que no sea el TSC y eso excluye a otros operadores de justicia como el MP que ahora depende de los informes del TSC. La reforma fue polémica, la Maccih-Ufecic denunció que era «otro pacto de impunidad». El artículo 77 de la reforma señala que solo los órganos jurisdiccionales, previo procedimiento legal (orden judicial), podrán tener acceso a los registros del TSC lo que afecta directamente la independencia del MP de solicitar información, acceder a auditorías, declaraciones patrimoniales y pliegos de responsabilidades.
Luis Javier Santos, fiscal jefe de la Uferco, dijo a través de twitter que «esta acción de amparo corresponde, a una de dos accines interpuestas, a fin de evitar que dos testigos rindieran su declaración con las formalidades de prueba anticipada ante el circuito anticorrupción. No representa ningún obstáculo en el procedimiento de Antejuicio».
Esta accion de Amparo corresponde, a una de dos acciones interpuestas, a fin de evitar que dos testigos rindieran su declaración con las formalidades de prueba anticipada ante el circuito anticorrupcion. No representa ningún obstáculo en el procedimiento de Antejuicio https://t.co/47TctuQ5uI
Los acompañantes de Tito Asfura en su carrera por la presidencia
La planilla de candidatos del movimiento Unidad y Esperanza aún no se conoce completamente, pero en las redes oficiales y en medios de comunicación varios diputados y exfuncionarios han anunciado que formarán parte del proyecto político de «Tito» Asfura, varios de ellos acusados por la fiscalía hondureña, medios de comunicación o en declaraciones de narcotraficantes por distintos motivos.
Uno de los diputados confirmados recientemente es Antonio «Toño» Rivera Callejas, actual vicepresidente del CN y diputado desde hace catorce años, quien abandonó el movimiento Juntos Podemos, encabezado por Mauricio Oliva. «Toño» Rivera, hace dos años fue acusado por la Uferco y la Maccih por el caso Pacto de impunidad, el primer intento del CN en darle inmunidad judicial a los diputados.
Rivera Callejas fue acusado junto a los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Sara Medina por delitos contra la forma de gobierno y falsificación de documentos, después de que se publicara en La Gaceta una reforma a la Ley del Presupuesto en donde señalaba que el TSC tenía tres años para realizar auditorías en recursos invertidos en proyectos sociales y mientras tanto «no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal», esto impedía que la Maccih y la Uferco realizaran investigaciones previas al TSC.
Al centro, Antonio Rivera Callejas, durante le inicio de la sesión legislativa del 13 de marzo de 2020 donde se aprobaría el presupuesto inicial para la atención de la emergencia sanitaria provocada por la expansión de la Covid-19 en el país. Tegucigalpa, 13 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La reforma no fue discutida durante la sesión legislativa y se dio poco después de que la Maccih diera a conocer públicamente su primer caso: Red de diputados, en donde se acusaba a cinco exdiputados de desviar 8.3 millones de lempiras (332 mil dólares) a través de algunas ONG. El caso se encuentra archivado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Después de que se conociera públicamente la reforma, los diputados involucrados dijeron que todo se trató de un error y presentaron una fe de erratas.
La CSJ terminó archivando el caso Pacto de Impunidad. Aunque en enero de 2019, la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales las reformas realizadas a la Ley del Presupuesto, el CN aprobó otras reformas que buscaban el mismo fin: impunidad para los diputados. Tanto Rivera Callejas como Tomás Zambrano fueron absueltos de los cargos a los pocos meses.
El proceso judicial por el Pacto de Impunidad fue lo que dio lugar a que en noviembre de 2019 el CN aprobara, durante una sesión nocturna, una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para conceder inmunidad a los diputados cuando se aprueben reformas similares.
«La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados que participan en dicho proceso parlamentario (…) siendo el pleno del CN el órgano competente que debe valorar cada caso concreto y las consecuencias de la infracción», dice la reforma.
La reforma que concede impunidad legislativa hizo que un año después, el 17 de noviembre de 2020, la diputada Sara Medina, quien era la única que seguía el proceso judicial por el Pacto de impunidad, también fuera absuelta del caso.
«La causa criminal no puede proseguirse por corresponder al pleno del CN como órgano competente que debe valorar el caso concreto y las consecuencias de la infracción cometida por la ciudadana Sara Medina», informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
«Toño» Rivera dijo a un medio televisivo —sobre el caso contra Asfura— que todo era una campaña de persecución política de la oposición por ser demasiado popular: «ellos sienten que no va a haber segunda vuelta, que no va a haber alianza, entonces ¿qué es lo que queda? Ofender y atacar al máximo líder del partido. Es un show mediático y así como la Uferco tiene todo el derecho de presentar una solicitud de antejuicio, también está el derecho a la defensa y serán los órganos competentes quienes determinarán si procede o no. Es algo político, de oposición, ideológico inclusive y en vez de debilitar va a fortalecer al movimiento Unidad y Esperanza y aún más a «Tito» Asfura como próximo presidente».
Otros diputados que forman parte del movimiento de Asfura son Welsy Vasquez, Gladys Aurora López y Milton Puerto, acusados en 2018 por la Maccih-Ufecic en el caso Arca Abierta por malversación de 21 millones de lempiras (879 mil dólares).
De acuerdo con la información revelada, los diputados solicitaron dos millones de lempiras en Casa Presidencial (83,333 dólares), 3 millones del CN (125 mil dólares) y 16 millones de la Secretaría de Finanzas (666 mil dólares) que depositaron en menos de dos meses a la cuenta de la Asociación Planeta Verde. La fiscalía señaló que los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.
Aunque en este caso se acusó inicialmente a 21 personas, el juez que llevó el proceso decidió que únicamente los diputados y exdiputados debían continuar y absolvió de los cargos a los demás involucrados. A casi dos años de finalizar la audiencia inicial, el caso no ha tenido más actualizaciones.
Antonio Rivera Callejas, durante un discurso al finalizar una movilización nacionalista en apoyo a Juan Orlando Hernández. Tegucigalpa, 10 de agosto de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.
Por otro lado, el diputado Milton Puerto, también ha sido involucrado en las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros que se entregó a la justicia estadounidense en enero de 2015. En octubre de 2019, durante el juicio contra «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga declaró que apoyó en la carrera política de Puerto.
«Falta un millón de veces a la verdad cuando mencionan el nombre de Milton Puerto Oseguera, jamás nunca hemos tenido ningún nexo, ni necesidad de algún tipo de cosas que nos relacionan con el narcotráfico», apuntó Puerto, tras hacerse pública las declaraciones del «cachiro».
Por otra parte, otro de los diputados que Rivera Maradiaga dijo haber ayudado fue Reynaldo Ekónomo, quien también forma parte del movimiento de «Tito» Asfura. Rivera Maradiaga señaló haberle dado entre 50 mil y 60 mil dólares para que le ayudara con una orden de captura que había en su contra.
Ekónomo respondió con un comunicado en sus redes sociales: «quiero expresar mi voluntad ante tales falsedades y someterme a cualquier proceso de investigación nacional e internacional».
La Fiscalía hondureña no ha mencionado que existan investigaciones contra las personas mencionadas durante el juicio de «Tony» Hernández. Sin embargo, el MP maneja investigaciones activas en contra de Gabriel Rubí, exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), que fue destituido después de que su gestión durante la pandemia por COVID-19 fuera cuestionada.
El ex ministro comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, en declaraciones a la prensa local. 11 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
Rubí era diputado representante del departamento de Yoro, antes de ser nombrado como director de Copeco, en agosto de 2019, después de su destitución regresó a sus funciones en el CN, pero la fiscalía aún investiga varias compras realizadas para atender la emergencia por COVID-19.
Aunque no se ha mencionado públicamente como a los demás diputados y no está claro que Rubí estará en la planilla de Asfura, sí se conoce que él es parte del movimiento Unidad y Esperanza, después de que asistiera a las reuniones con Asfura, en Yoro.
Rubí era encargado de Copeco cuando se hizo la primera compra para atender la pandemia. El Estado obtuvo 160 respiradores mecánicos, que especialistas denunciaron que no eran adecuados para atender a pacientes. Posteriormente, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) comprobó que el equipo llegó incompleto. Faltaban insumos como cables y sensores que facilitan el monitoreo de los pacientes y terminaron almacenados en las bodegas de los hospitales.
Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), otra institución cuestionada por las compras durante la emergencia, posteriormente efectuó la compra de los materiales que les hacía falta y se desconoce si están en funcionamiento.
El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) también denunció en redes sociales que Copeco había comprado televisores, cafeteras, dispensadores de agua y otros equipos con precios sobrevalorados, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), aseguraron que lo presentado en el portal solo eran precios de referencia y que aún no habían comprado el producto. Sin embargo, esto produjo la suspensión del titular de la dirección administrativa de la institución, Cristian Elías Santelli, quien fue el encargado de aprobar la compra por 2,3 millones de lempiras (92 mil dólares) a la empresa GNM Corporación. Las facturas publicadas posteriormente parecen tener rangos normales de precios, pero los detalles de contacto de la empresa no se pudieron corroborar.
Juan Orlando Hernández conversa con Gabriel Rubí —ex ministro comisionado de Copeco— al finalizar una conferencia de prensa con medios locales. Tegucigalpa, 11 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
De igual manera, el diario El Heraldo también reveló que Copeco, durante la gestión de Rubí, le compró a Miguel Flores (esposo de la comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubany Williams) 4 millones de lempiras (160 mil dólares) en gel antibacterial. Esto a pesar de que la Ley de Contratación del Estado prohíbe que los funcionarios públicos y comisionados, su esposo, cónyuge o familiar en cuarto grado de consanguinidad pueda participar en negocios con el Gobierno de Honduras.
Otra de las investigaciones que el MP realiza en Copeco es sobre el abandono y la falta de equipo en un hospital móvil ubicado en Villanueva, Cortés, y que funciona desde el 13 de mayo.
Por otra parte, otro de los integrantes del movimiento de Asfura es Juan Carlos Álvarez, hermano del designado presidencial y exalcalde capitalino, Ricardo Álvarez. A Juan Carlos se le mencionó en 2017 durante uno de los juicios por el desfalco al IHSS, cuando Carlos Montes, exsubsecretario del trabajo, señala que Juan Carlos había recibido 17 millones de lempiras (680 mil dólares) de parte de Jorge Daniel Herrera y Óscar Laínez, conocidos como Los Tetos, a través de la Compañía de Servicios Múltiples (Cosem).
Tanto Ricardo como Juan Carlos Álvarez anunciaron que pondrían una querella contra Montes por las declaraciones. Sobre el seguimiento de ese proceso no dieron más detalles públicamente.
Cosem es una empresa que distribuyó software y computadoras a través de contratos con diversas instituciones del Estado, entre ellas el IHSS. En 2014 una investigación del MP reveló que entre 2010 y 2011 esta compañía pagó sobornos a los directivos de esa institución para ganar un contrato de 19.7 millones de dólares. Herrera y Laínez aceptaron en la fiscalía haber pagado 72 millones de lempiras (3 millones de dólares) en coimas y Carlos Montes aseguró que algunos de los fondos malversados fueron utilizados en la campaña electoral del Partido Nacional en 2013.
Una investigación de Contracorriente reveló que Cosem también participó en la mala ejecución del proyecto Semilleros del Futuro, según los documentos revelados, el proyecto realizado entre 2006 y 2012 tuvo al menos 26 millones de lempiras mal ejecutados, administrados en un principio por la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenaduth) y luego por la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas.
Los fondos del proyecto estaban destinados a construir 70 canchas para contribuir al crecimiento futbolístico del país y generar espacios de juego seguros para la niñez. Cosem fue contratada para la instalación de grama sintética en El Birichiche y se firmó contrato el 16 de mayo de 2011, entre Jorge Daniel Herrera y Reinaldo Sánchez como presidente Conapid, por un valor de 14.9 millones de lempiras (792 mil dólares).
Reinaldo Sánchez también fue el ministro de Desarrollo e inclusión social (Sedis) desde febrero de 2018 hasta septiembre de 2020, cuando renunció para dedicarse a la política. El 3 de diciembre Sánchez anunció su unión al movimiento de «Tito» Asfura.
«El Partido Nacional tiene que contar con un candidato que construya más allá del partido, que conozca el respeto a las iglesias, que lleve en su corazón los principios humanistas cristianos del partido», dijo Reinaldo Sánchez cuando anunció su candidatura como diputado dentro del movimiento de Asfura.
Durante su gestión en la Sedis, Sanchéz firmó un convenio con la Confraternidad Evangélica para la veeduría de programas sociales y el establecimiento de relaciones de cooperación entre esa secretaría y la organización religiosa, esto fue revelado por Contracorriente durante el proyecto colaborativo Transnacionales de la Fe, coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Columbia Journalism Investigations, ganador del Premio Ortega y Gasset, como mejor investigación periodística de 2019.
La Sedis ha sido cuestionada por su papel dentro del Gobierno de Hernández, una investigación de Contracorriente detalla que entre 2014 y 2017 la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (Fundeimh) recibieron al menos 2,812 millones de lempiras (117 millones de dólares) a través de convenios con fondos provenientes de Sedis para encargarse de gran parte del proyecto Vida Mejor, que consiste en la entregas de proyectos para ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos mejorados y capacitaciones para la niñez y las personas con discapacidad.
Al proyecto se le ha cuestionado por su objetivo proselitista, la posible sobrevaloración de los productos y porque las empresas tienen vínculos con la primera dama, Ana García, y con Victoria Isabel Madisson de Chávez, madre del diputado David Chávez, quien es el presidente de campaña del movimiento de «Tito» Asfura y precandidato por la alcaldía de Tegucigalpa.
Chávez emitió un comunicado después de las acusaciones de la Uferco contra Asfura para decir que eran «nuevo blanco de ataques por parte de la oposición. Ataques que pretenden politizar la justicia en manos de unos cuantos, para responder a intereses personales sin soportes demostrados».
Sin embargo, la realidad de la respuesta de la justicia hondureña en casos de corrupción parece que ha beneficiado a todos los acusados. De los trece casos que presentó la Maccih cuando estuvo en el país, los que no se encuentran engavetados ya han recibido sobreseimientos o resoluciones a favor.
Mientras el panorama de quién ocupará la presidencia en 2022 sigue confuso, los análisis de expertos dicen que las reformas electorales aprobadas no pueden garantizar que no habrá financiamiento ilícito de partidos políticos, especialmente si funcionarios acusados pueden seguirse postulando a cargos de elección popular, incluso a la presidencia.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández ha nombrado un consejo consultivo para comenzar el proceso de reconstrucción, tras el paso de las tormentas Eta e Iota. Inmerso en la devastación, la mayoría del pueblo hondureño no confía en la administración actual.
El 5 de noviembre, durante el paso de la tormenta tropical Eta, circularon imágenes en las que el río Higuito, uno de los más caudalosos en el occidente de Honduras, rebasaba completamente la estructura de uno de los puentes de la carretera que une a Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán. La bravura de las aguas debilitaron las bases del puente, que doce días después colapsó ante una nueva embestida de este río, esta vez provocada por los torrenciales aguaceros que trajo consigo la tormenta tropical Iota.
En menos de quince días, Honduras fue sacudida y destrozada por el paso de estos dos fenómenos tropicales. Las pérdidas para el país son incuantificables. Uno de los sectores más afectados es la infraestructura vial en la que se han reportado cientos de daños en la redes primaria, secundaria y terciaria.
En comparecencia en Canal 11, el ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, manifestó que en todo el país casi 100 puentes fueron destruidos o dañados, 267 puntos carreteros de la red primaria y secundaria han sido afectados, 175 derrumbes, 14 deslizamientos y 130 desbordamientos. Según este recuento hay 2905 viviendas dañadas.
Las pérdidas económicas, estima el Gobierno, son unos 10 000 millones de dólares.
Las lluvias de estos dos ciclones han provocado 91 muertes de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) (125 según las Fuerzas Armadas), 9 desaparecidos, 3 777 000 afectados, 368 268 evacuados, 289 730 incomunicados y 88 893 albergados. Ha sido una tragedia para el pueblo hondureño. Con estas cifras al menos cuatro de cada diez hondureños fueron afectados.
Tras la devastación, el Gobierno ha llamado a la reconstrucción. Juan Orlando Hernández nombró un consejo consultivo que participará y guiará el proceso, pero, finalmente, no tendrá poder de decisión, eso seguirá siendo tarea del ejecutivo. En este nuevo órgano participan reconocidas figuras de los partidos Nacional y Liberal.
Obras dañadas
Honduras sufrió enormes daños en su infraestructura vial. Hay pueblos en el occidente del país, que permanecen incomunicados. En departamentos como Santa Bárbara las vías de comunicación sufrieron graves daños. Carlos Chinchilla, director del Espacio Regional de Occidente (EROC) considera que casi un 90 % de las vías terciarias en ese sector del país sufrieron un gran daño.
De acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno, 45 puentes fueron destruidos por el paso de los ciclones y otros 57 fueron dañados y deben ser inspeccionados por técnicos para determinar los alcances de los daños.
Debido al aumento de la precipitación sobre el Valle de Sula a causa de la tormenta tropical Iota, el paso entre El Progreso y Santa Rita se interrumpió luego de que cediera la caja puente sobre la quebrada La Cuatro a la altura de la aldea Arena Blanca, algo que ya había sucedido durante la tormenta tropical Eta. El Progreso, Yoro, 18 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Entre las vías afectadas, hay algunas muy importantes del país. En el departamento de Atlántida, el puente Saopin cedió antes la fuerza descontrolada de las aguas del río Cangrejal. Este se encuentra sobre la carretera CA-13 como un importante punto de conexión entre La Ceiba y los departamentos de Colón y Yoro.
También hubo daños en el tramo que conecta a Santa Rita y El Progreso, en el departamento de Yoro. En este punto las aguas de una quebrada socavaron parte de la carretera.
En 2015, el Gobierno de Juan Orlando Hernández anunció una inversión de 134 millones de dólares para el corredor turístico, que en 2012 como parte de la operación de la Alianzas Público Privadas fue adjudicado por 30 años a la empresa Autopistas del Atlántico, SA. (ADASA).
Según el informe de las APP en el 2019, 42 millones de dólares ya fueron ejecutados en este corredor que comprende las vías San Pedro Sula-El Progreso, El Progreso-La Ceiba y La Barca-El Progreso.
En el 2016, Autopistas del Atlántico pretendió instalar peajes entre San Pedro Sula y El Progreso, a la altura del desvío de San Manuel, pero la respuesta tenaz de los pobladores progreseños impidió que este cobro se normalizara. Las casetas fueron quemadas en las protestas tras las elecciones en el 2017, cuando miles de ciudadanos denunciaron un fraude electoral que reeligió inconstitucionalmente a Juan Orlando Hernández.
En el informe anual de las APP en 2019, se refleja un pago de 14.5 millones de dólares en compensación y servicio de deuda para Adasa, pero al no entrar en funcionamiento los peajes, la empresa detuvo las obras que había iniciado.
En el Occidente, el puente en la carretera que une Gracias, Lempira y Santa Rosa de Copán, sucumbió a las bravas aguas del río Higuito. Este tramo es parte del denominado Corredor lenca, que va desde Yamaranguila, Intibucá, hasta Santa Rosa. De acuerdo a datos oficiales, el Gobierno invirtió en esta vía de comunicación 524 819 966 de lempiras (21 millones de dólares).
Carlos Chinchilla, director del EROC, dijo a Contracorriente que mientras se construía el Corredor lenca se señaló a emisarios del Gobierno que el puente del Higuito había prestado su vida útil, pero no fueron escuchados. Se sustituyó la capa de asfalto, pero se dejó el mismo puente.
En entrevista para este medio, el ingeniero civil Luis Mejía afirmó que en Honduras hay una gran cantidad de puentes en condiciones precarias: «hay puentes de hace treinta años y aunque su estructura se vea fuerte, su vida útil ya caducó», aseguró.
A finales de 2019, el Gobierno de Honduras anunció con bombos y platillos la inauguración del llamado Corredor de Occidente. La obra comprende los tramos entre La Entrada-Santa Rosa de Copán y La Entrada- Los Ranchos y Los Ranchos-El Florido, frontera con Guatemala. Tras el paso de los dos ciclones de noviembre, hay denuncias de que en los tramos La Entrada-SRC y La Entrada-Los Ranchos el concreto hidráulico ya presenta fisuras y otras fallas. El Eroc consideró que estas fallas estaban antes de la llegada de estas lluvias.
En las cifras publicadas por el Gobierno se sostiene que en el Corredor de Occidente se invirtieron 4,436 millones de lempiras (177 millones de dólares) en 119 kilómetros. En el tramo entre La entrada y Santa Rosa de Copán se estima que la duración de la obra es de 20 años y fue construida por la empresa brasileña Gabriel Couto y Asociados.
Otra vía muy dañada es la que conecta la comunidad de La Ceibita en Santa Bárbara con Pito Solo en Comayagua. Esta carretera une CA-4(occidente) con la CA-5 (centrol). Tras el paso de las tormentas Eta e Iota los pateplumas han quedado prácticamente incomunicados.
A la altura de Gualala, Santa Bárbara, el río Ulúa se desbordó y se llevó un segmento de la capa de asfalto que había sido reparado solo dos años atrás. En Pueblo Nuevo, igual otro desborde de una quebrada dejó sin asfalto otro tramo de la vía. En San Francisco de Ojuera, hubo un hundimiento en el que se perdió la mitad de la carretera.
Esta vía fue reparada entre junio de 2016 y enero de 2017. El proyecto consistió en bacheos, colocación de sellos asfálticos, reparación y construcción de drenajes menores, señalización y reparación de hundimientos existentes en la calzada. De acuerdo con la información oficial en este proyecto se invirtieron 130,295.000 millones de lempiras (5 346 532 de dólares). Antes de los embates de la naturaleza, la capa de asfalto ya tenía una gran cantidad de baches. Los expertos dicen que el asfalto tiene una duración aproximada de unos quince años, pero solo han pasado tres años desde que esta vía se terminó.
En el Valle de Sula, los bordos sostenían las crecidas de los ríos Chamelecón y Ulúa que fueron rebasados y destruidos en grandes tramos. En una entrevista en Televicentro, el ministro coordinador de Gobierno, Carlos Madero, sostuvo que iban levantar esas barreras que defendían a ciudades como La Lima y El Progreso.
Aeropuerto después de las inundaciones. 10 de noviembre 2020, Foto: Deiby Yánes
Otro de los focos de atención del Gobierno es el aeropuerto de San Pedro Sula, Ramón Villeda Morales, que fue totalmente anegado en dos ocasiones por Eta e Iota. Los daños son cuantiosos, aunque no se ha publicado una cifra. Se espera que la terminal aérea entre en operaciones nuevamente a finales de diciembre.
Tras veinte años en concesión a la empresa InterAirports, propiedad del magnate Fredy Nasser, el acuerdo finalizó el 28 de septiembre del 2020 y con esto el aeropuerto Villeda Morales entrará en un nuevo proceso concesionario. Uno de los fuertes candidatos a quedarse con este es el Grupo Emco, inversionista en el aeropuerto de Palmerola y que pertenece a Lenir Pérez, concuñado de Fredy Nasser y controversial empresario por la minera que ha desatado un conflicto socio ambiental en el Bajo Aguán.
Es que el país se encontraba en cuarentena desde mediados de marzo de 2020 cuando se registraron los primeros casos de COVID-19 y esto ha causado grandes daños a la economía. Se han perdido aproximadamente medio millón de empleos y hay un cierre masivo de medianas y pequeñas empresas. El confinamiento se terminó tras la devastación que dejaron a su paso las tormentas Eta e Iota.
Al 1 de diciembre en Honduras habían 2927 muertes confirmadas y 108 641 contagios. Y en noviembre Honduras fue devastado por dos fenómenos tropicales. De ahí que el ministro Ebal encuentra tierra fértil para dejar en el aire que se necesitan 85 292 000 de lempiras para reconstruir el país. Hay que recordar que para combatir la pandemia desde el Congreso Nacional también se aprobó al Gobierno actual el permiso para endeudarse con más de 90 000 000 de lempiras. El alto funcionario no explicó la fórmula que lo llevó a sacar esta millonaria conclusión.
«Y es una cifra que se queda corta, tenemos 45 puentes destruidos, 55 dañados y muchos kilómetros del patrimonio vial afectados por hundimientos, cortes y derrumbes. Esto es una catástrofe jamás antes vista», dijo Boquín.
Honduras en esta catástrofe probablemente seguirá perdiendo, ya que la reconstrucción será dirigida por un gobierno señalado de corrupción en múltiples ocasiones y que tendrá a su disposición miles de millones de lempiras. «Este plan va de la mano con el acompañamiento de los veedores sociales para que cada centavo que se invierta de la forma más transparente posible», dijo Ebal en Radio América.
Las prácticas anteriores contradicen el discurso de transparencia de Ebal. Un estudio realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) estima que entre los años 2014 y 2018, Honduras perdió unos 31 748 millones solo en la construcción de carreteras.
«La infraestructura ha sido la modalidad más común de los corruptos para sustraer fondos públicos porque en construcción de obras es complicado poder cuantificar la calidad y cantidad de lo que se utilizó», manifestó Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigaciones del CNA.
«La infraestructura ha sido la modalidad más común de los corruptos para sustraer fondos públicos».
Odir Fernández, CNA
Contracorriente consultó a profesionales de la ingeniería civil sobre las estimaciones que se tienen en obras carreteras. Un ingeniero que trabaja en la constructura Lazarus y Lazarus confió que un kilómetro de siete metros de ancho de asfalto con un grosor de quince centímetros costaría alrededor de 9 millones de lempiras.
Otro profesional, quien prefiere mantener el anonimato y trabajó en el desaparecido Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) manifestó que este tipo de construcciones se miden por metro cuadrado. De acuerdo a sus estimaciones un m² de concreto hidráulico anda por 1600 lempiras y uno de capa de asfalto 1100 lempiras.
Y aquí vienen las diferencias, de acuerdo con los valores publicados en la plataforma Sisocs.com, que utiliza información oficial, el tramo que va de La Entrada a Santa Rosa en el departamento de Copán es una superficie de 45.8 kilómetros y el costo fue arriba de 47 millones de dólares. Si tomamos una calculadora cada kilómetro de concreto hidráulico le costó al Estado de Honduras un poco más de 25 millones de lempiras.
Sobre este tema consultamos al directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Jorge Paredes Paz, quien manifestó que en este momento todos los valores que se darán a conocer serán estimados porque no hay forma de cuantificarlos al detalle.
Explicó también que el Gobierno utilizará en este proceso de reconstrucción se utilizará la contratación por administración delegada, en la cual se hace una estimación de lo que se va invertir y del trabajo a ejecutar». En lenguaje sencillo es una contratación directa.
Paredes consideró que la emergencia provocada por los dos ciclones que azotaron a Honduras en noviembre impide realizar un proceso de licitación normal «porque eso llevaría meses, entonces la mejor forma es la contratación directa con la modalidad de administración delegada».
El ingeniero manifestó que hay una tabla de precios que se utilizará para pago de personal y renta de equipo. Estos costos serán la base de todos los proyectos de reconstrucción. Este medio pidió información de precios a miembros de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción – Chico), pero no obtuvo respuesta.
La transparencia parece ser un problema en América Latina. El sitio argentino Infobae cita una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo para establecer una comparación entre el costo que tiene un kilómetro de carretera de asfalto en Europa y América Latina.
El reportaje recoge que un kilómetro de carretera de asfalto cuesta, aproximadamente, 116 000 dólares en Alemania, 164 000 en Grecia, 215 000 en España y 218 000 en Polonia.
En América Latina, dice Infobae, es muy difícil realizar esta auditoría porque los países no llevan un registro pormenorizado de los costos, pero calculan que en México durante el Gobierno de Felipe Calderón un kilómetro de asfalto tuvo una inversión de 2 millones de dólares. En Perú 900 000 dólares, en Bolivia 700 000 dólares y en Venezuela 1 300 000 de dólares. Concluyen que un kilómetro de asfalto puede costar siete veces más en América Latina que en Europa.
Y si comparamos a Centroamérica, en Costa Rica (1.2 millones de dólares) y Guatemala (1.1 millones de dólares), el kilómetro de carretera tiene costos muy similares a los que tiene en Honduras.
Dos jóvenes se adentran en la CA-13 durante las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Iota. La carretera que conduce desde El Progreso hacia la ciudad de San Pedro Sula resultó afectada en distintos tramos, en esta fotografía realizada a la altura de la colonia La Democracia en el municipio de San Manuel se ve a vecinos intentando recuperar pertenencias en medio de la inundación. San Manuel, Cortés, 18 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
De los hospitales a los puentes
En el país aún no está sofocado el escándalo por la compra irregular de siete hospitales móviles de los cuales solo están funcionando los de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los últimos tres llegaron el 20 de noviembre, casi ocho meses que se pagaron más de 47 millones de dólares por ellos.
Estimaciones realizadas por el CNA, la sobrevaloración en la compra de los hospitales móviles fue de unos 31 millones de dólares, que al cambio actual serían 755 millones de lempiras.
El ente encargado de la compra fue Invest-h, dirigido, en aquel entonces, por Marco Bográn. Pues esta misma institución ahora encabezada por una junta interventora será la encargada de comprar un lote de veinte puentes bailey, que se requieren para restablecer el paso en muchas vías importantes del país.
La compra será coordinada por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-h) y la Secretaría de finanzas.
«Esta es una invitación internacional, es un proceso nuevo y transparente. En la instalación de los puentes se dará prioridad en las zonas que se encuentran incomunicadas y las zonas productivas del país, esos son los dos criterios que prevalecerán para la colocación de esas veinte unidades que se comprarán», explicó en la presentación del proyecto, el Comisionado de Invest-h, Gustavo Boquín.
Agregó que «este proceso será público, transparente y participativo. Se colgarán en las páginas de Transparencia y de Honducompras —esta invitación para que compañías productoras internacionales—, y debo hacer énfasis con productores, no se permitirá la participación de intermediarios».
En una entrevista en Canal 11, el ministro de Insep, Roberto Pineda, manifestó que evaluarían la posibilidad que estos puentes bailey se queden como solución no provisional, sino permanente. «Hay que habilitar los pasos de suma urgencia, en el paso del tiempo vamos a decidir si lo vamos a dejar como una posibilidad permanente o algo temporal», acotó Pineda.
El ingeniero Paredes difiere con la idea que un puente bailey se considere una solución permanente. «Al igual que los hospitales son obras temporales. No está prevista de forma permanente, aunque sí está diseñada porque tiene las características para soportar determinadas cargas en función de lo que esté comprando».
Conforme a información subida en el sitio web de Invest-h, en la licitación participaron diecinueve empresas ofertantes. La nota de prensa subraya que el proceso era para que los oferentes demostraran que están en la capacidad de proveer puentes estructurales, galvanizados y con comprobadas normativas de estándares internacionales.
Pero los puentes bailey, no es lo único en lo que ya comienza a hablarse de millones. El Gobierno hondureño y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ya trabajan en estructurar un préstamo por 200 millones de dólares en aras de reparar la infraestructura vial del país.
La información fue confirmada por el presidente del banco regional, Dante Mossi, quien durante un conversatorio con periodistas de la región se refirió a este financiamiento que recibirá el país: «estamos preparando con mucha intensidad una operación de 200 millones de dólares para la reconstrucción de carreteras, cajas puente y caminos de acceso a fincas cafetaleras», detalló Mossi.
Además, el 2 de diciembre el Banco Central de Honduras (BCH) anunció un préstamo para la Secretaría de Finanzas, (Sefin) por el orden de 5600 millones de lempiras(229 millones de dólares). El presidente del BCH explicó que estos recursos son para atender las emergencias provocadas por la pandemia de la COVID-19 y la devastación provocada debido al paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. El presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, explicó que los fondos han sido prestados a plazos de seis años y al 0.63 % de tasas concesionales.
El Gobierno también informó a través del ministro Ebal Díaz, en declaraciones que recoge La Prensa, que ya se han contratado dos empresas constructoras que se encargarán de reparar los bordos de los ríos Chamelecón y Ulúa, que sufrieron grandes daños tras el paso de los dos fenómenos tropicales.
Díaz habló tras una reunión sostenida entre funcionarios del Gobierno y representantes de la empresa privada, entre los que figuraban los hermanos Mario y Jesús Canahuati. Asistieron también Zoila Cruz, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Carlos Madero, ministro coordinador general de Gobierno, Max Gonzales, ministro de Copeco y Leonel Ayala, ministro de Gobernación.
Se habló de muchos millones en ese cónclave. Zoila Cruz, ministra de Sedis, expuso que el Gobierno se plantea un programa en el que invertirán unos 3500 millones de lempiras en auxiliar a quienes perdieron su vivienda a causa de los fenómenos tropicales Eta e Iota.
Primero, la funcionaria expresó que están contemplando diseñar un modelo de vivienda temporal para las personas que permanecen en los albergues, este programa supondrá una inversión de 1 500 millones de lempiras (61.5 millones de dólares). Segundo, planean construir 5133 viviendas permanentes que se entregarán como donación, un poco más de 3000 en el Valle de Sula, con una inversión de 1,067 millones de lempiras (43.7 millones de dólares). También se pretende reparar unas 45 000 viviendas a un costo de 1000 millones (41 millones de dólares).
La represas Los Llanitos en el río Jicatuyo, afluente del Ulúa, y El Tablón en el río Chamelecón, también fueron tema de conversación. Desde el Gobierno sostienen que ya tienen diseños, estudios y presupuesto. Hace siete años la represa costaba 212 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Invest-h. Se habló de muchos millones en un país que está quebrado.
Desconfianza, repartimiento y consejo consultivo
En octubre de 1998, Honduras fue devastada por el huracán Mitch. Más de cinco mil vidas se perdieron y la infraestructura del país fue devastada. En aquel entonces, la comunidad internacional acudió casi de inmediato en auxilio de los hondureños.
El gobierno dirigido por el liberal Carlos Flores recibió cientos de millones de dólares en donaciones de países amigos.
Pasaron 22 años y Honduras nuevamente ha sido devastada, esta vez por dos fenómenos tropicales. Hay muchas tragedias y otra vez este pequeño país centroamericano necesita miles de millones de lempiras para levantarse. Sin embargo, ahora parece que los gritos de auxilio no se escuchan en el concierto internacional.
El apoyo no ha llegado y el gobierno de Juan Orlando Hernández tendrá que engrosar la deuda externa para costear la reconstrucción.
Un auto atraviesa una calle inundada durante el paso de la tormenta tropical Iota. El Progreso, Yoro, 17 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
No es un secreto que las actuaciones de la actual administración en contra de la transparencia y sus reiterados escándalos de corrupción le han restado credibilidad ante sus gobernados. Así lo ve Odir Fernández del CNA. «El Gobierno de Honduras no goza de la confianza de la ciudadanía, no goza de confianza de parte cooperantes internacionales porque los índices de corrupción lo colocan en los peores lugares», sostiene.
Por eso los funcionarios orlandistas mencionan cada vez que pueden que los procesos se realizarán con transparencia. Quizás a lograr un poco de confianza obedece que la administración de Juan Orlando Hernández haya nombrado un Consejo Consultivo de la Reconstrucción para liderar un proceso en el que ya están involucrados Invest-h, Insep y Sedecoas.
El Consejo Consultivo está formado en su mayoría por reconocidas figuras de los partidos tradicionales: María Elena Mondragón (nacionalista), Gabriela Núñez(liberal), Rubén Sorto (empresario), Juan Bendeck (liberal), Gustavo Alfaro (liberal), Ana Cristina Mejía(nacionalista), Guillermo Matamoros (economista), Henry Merriam (nacionalista), Rocío Tábora (nacionalista), Carlos Borjas (naciolista), Omar Rivera (Fonac), Milton Jiménez Puerto (Libre) y Ricardo Hausmann (economista venezolano radicado en Estado Unidos).
Los miembros de este grupo asesor han reiterado que ellos no administrarán fondos ni realizarán contrataciones. Tampoco percibirán sueldo. Su función principal será generar una propuesta técnica para hacer viable la reconstrucción. Sin embargo, la ciudadanía ha reclamado la presencia de expertos en construcción en el consejo.
«Es una reconstrucción con los mismos actores y si participan los mismos. Si no involucran personas beligerantes vamos a tener los mismos resultados», sentencia Odir Fernández.
El jefe de investigaciones del CNA, sostiene que la entidad que representa no es invitada a estos procesos. «Dicen que las puertas están abiertas, pero en realidad están con mil candados: No les interesa que participen Fosdeh, CNA, CMH… porque nosotros no nos debemos a una persona y este país es malo, hay decir las cosas como son, entonces lo que se pretende es tener algunos títeres», dice.
La reconstrucción, además, estará en muchas manos. El territorio nacional ha sido repartido por tres instituciones. Invest-h se hará cargo de rehabilitar los tramos carreteros y reconstruir la infraestructura dañada en los departamentos de Olancho, Gracias a Dios, Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía. Mientras que los restantes once departamentos fueron distribuidos entre Insep y Sedecoas.
«Se mencionan gran cantidad de actores, pero ¿de quién van a depender?, del Poder Ejecutivo. Solo con figuras que están ahí para llamar la atención, pero las decisiones van a tomarse desde las altas esferas», analiza Odir Fernández.
Esta semana, aunque sus miembros no pierden oportunidad para aclarar que su papel es asesorar, el Consejo Consultivo se reunió con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que se encuentra en el país y realizará estimaciones de las pérdidas en la economía hondureña.
Mientras, Juan Orlando Hernández viajó a Estados Unidos para exponer ante representantes de organismos internacionales de crédito las necesidades que tiene Honduras tras el paso de Eta e Iota. El país debe endeudarse más, cuando ya tiene cuentas pendientes por más de 15 000 millones de dólares. Lo peor es que no hay certeza del rumbo que tomarán los cientos de millones que engrosarán la deuda en aras de la reconstrucción.
Era un ser de muchas piezas, pero de una sola alma: la demoníaca. En realidad, no tenía alma. Se comportaba como un ser humano, pero era el vacío, el desierto. Viudo de amor desde su nacimiento, llevaba el hastío en su rostro como símbolo de muerte. Con sus garras y colmillos destrozó las almas hermosas de una gacela y de una coneja de carnes dulces y sabrosas que le habían amado. Ni qué decir de todas las liebres y zarigüeyas que había abandonado despedazadas a lo largo de su camino.
Era el prototipo de un ser superior, alguien especial, casi casi el elegido para algo grande, pero no supo qué. Nunca pudo entender tanto idiota y mediocre rodeándole el mundo donde se movía.
Ahora yace tendido y muerto, con esa mueca de placer del antes de su próximo zarpazo; una estaca de cazador de monstruos quedó clavada en su cuello largo sin darle tiempo para cambiar el gesto.
Su deseo tenía limitantes por las tardes, cuando le venían esos sentimientos de dolor sin saber que era un dolor. Sentía el cuerpo volátil, como lo siente un adolorido por la pérdida de un ser querido, sentía una profunda tristeza como la siente un recién condenado. Y el deseo de vivir se le quebraba en trozos como si fuera de barro.
Un hombre es una libélula y una mujer es una constante. Ella lo sabía cuando el dolor se le juntaba, sentía incluso que las palabras le sobraban o le faltaban, no podía estar segura de cuál era su situación.
Un día, a las seis de la tarde, rindiéndose a su efecto, lloró. En seguida intentó reponerse haciéndose a la idea de que todo iría bien, que las cosas mejorarían y que ese solo era un momento de nostalgia y angustia pasajera. Pero la cuestión se repitió al día siguiente, y hubo un tercer día, y al cabo de una semana seguía llorando por las noches.
Llegó a la conclusión de que estar lejos de su madre era un buen motivo para tener una angustia interminable, estar lejos de sus hijas también lo era, y, en su defensa, no volver a ver a sus amigos, no haber concluido la universidad y la separación con su marido también eran buenas excusas, —quién sabe— pensó.
Se buscó un trabajo y lo encontró en el restaurante Soles, de la calle Orbiu. El lunes catorce de mayo, Lucía empezó su empleo, pero, influenciada por Rosalía, una mesera del restaurante, comunicaron juntas su renuncia el dieciséis de julio. El gerente la aceptó, incluso les concedió una carta de recomendación. Y al día siguiente, o más bien a la noche del día siguiente, Lucía se presentó en el Bar Netherlands, para un nuevo empleo.
Había llegado hasta esas circunstancias por la extraña sensación de vivir sin querer, de no tener a quien querer, y lo que más le quebraba el alma, de querer vivir en otras latitudes experimentando cosas nuevas que le ayudaran a soportar la volatilidad de su mundo.
La primera noche fue para romper la incredulidad de estar, por fin, en un sitio donde la libertad, (vaya usted a saber si era libertinaje) la palpaba, consintiéndola, como preparándola para algo brutalmente distinto.
Pronto se sintió cómoda, aunque sabía su propio paradero. Una noche, a las dos de la mañana, un hombre le pidió una botella de vino, fue a traerla con brevedad, y al volver, el hombre le preguntó su nombre.
—Lucía. —dijo ella, con cierta escasez en la voz.
—No, tú no eres Lucía. —respondió el hombre.
Aún sin entregar la botella, Lucía, de pie, vio hacia abajo a su interlocutor que estaba sentado en el taburete. El hombre tenía la mirada desorganizada, con semblante de superioridad.
—Serás Lucía para ti, o para otros, pero no para mí. —continuó el hombre.
Ella no supo qué responder. Colocó la botella sobre la mesa y se dio la vuelta. El hombre la miró contonearse y perderse entre las gentes. Pero Lucía se quedó con la voz del hombre resonando en la cabeza. Aquellas palabras le desarmaban sus conceptos: «Serás Lucía para ti, o para otros, pero no para mí».
Hacia donde la llamaban iba, moviéndose entre las personas sin descansar, pero siempre con la sensación de que aquel hombre la miraba. De vez en cuando volteaba el rostro con disimulo hacia el desconocido, y él la estaba mirando.
A las cuatro menos diez, regresó a la mesa de aquel hombre, estaba casi borracho, pero supo reconocerla.
—Así que te llamas Lucía —le dijo al verla acercarse.
—Sí señor, soy Lucía —respondió ella. —Lucía Teresa Sarmiento, es un placer. —le dijo. Y le extendió la mano en señal de saludo.
—Sergio —dijo el hombre, estrechando su mano.
—Soy Sergio para ti, pero tú no serás Lucía para mí —continuó—, tienes cara de no ser Lucía —insistió.
—¿Qué carajos tiene que ver mi rostro con mi nombre? —pensó Lucía. Pero se limitó a callar. Aunque hubiera dado cualquier cosa por decirlo en voz alta, porque no comprendía la dilucidación.
—Mucho gusto, Sergio —dijo. Se haló un poco para soltarse de la mano del hombre, cogió la botella vacía y se dio la vuelta.
—¿Te gustaría saber quién eres para mí? —preguntó el hombre cuando ella se alejaba.
Lucía se volteó, pero sin responder. Nomás sonrió con cierto desdén. Sentía una terrible curiosidad por ese hombre. Iba a decirle que sí, quería saber quién era ella para él. Jamás había estado en una situación igual y no se sentía dispuesta a quedarse con las ganas de descubrirlo. La desconcertaba aquello de que ella «no tenía cara de ser Lucía». El hombre la estaba mirando a los ojos, punzándole las ansias, los deseos y la incertidumbre, convenciéndola con la mirada para que ella aceptara el cruce de unas palabras más. Él había tirado las cartas y ella había salido en desventaja.
Se sintió volátil como la primera tarde en que lloró. Con la horrible sensación en la cabeza, Lucía anduvo inquieta hasta las cinco de la mañana, hora en que el bar se cerraba. A las cinco y media se fue a su casa. No era lejos el camino, en quince minutos podía ver los portones de la entrada al condominio de apartamentos. Subió las escaleras hasta el tercer piso, el 329, en la puerta la recibió desde el costado izquierdo.
Insertó la llave y entró. Tiró sobre el mueble su bolso. La casa estaba pasiva, un ambiente de abandono la poseía. Lucía percibió el fantasma de la noche aún deambular sobre los muebles, sobre la cama, en la cocina. A medida que ella iba entrando, encendía todas las luces para espantar la soledad. Entró en su habitación a desvestirse, luego fue a la ducha y dejó el agua tibia correr por su cuerpo, casi sin pensar nada, solo sintiendo la suavidad de las gotas inofensivas bajar desde su rostro, por sus pechos, a través del abdomen, cruzando sus caderas hasta desentenderse de su belleza en la punta de sus pies, para luego perderse en un acueducto que iba quién sabe a dónde. Y media hora después estaba tirada sobre la cama. Era lo que más deseaba desde hacía varias horas. La almohada suave le dio la profunda certeza de estar verdaderamente en casa, y olvidó el llanto de sus tardes pasadas. No pensaba en nada, solo se dejó llevar por el cansancio. Estaba entrando en su sueño con la plena seguridad de saberse plenamente mujer, enteramente suya, propia, indivisible, liberada de las cargas de la vigilia.
Empezó a sentir, como debería sentirlo todo buen durmiente, la libertad del alma que se despoja de la materia y sale a jugar entre las estrellas montada en una nube de gas, preparándose para cualquier despertar inocuo. Estaba sintiendo la felicidad derramada entre las sábanas cuando, sin saber si en sueños o en realidad, escuchó una voz decir «tienes cara de no ser Lucía». Se sobresaltó e intentó reponerse con premura para averiguar lo que sucedía, y se vio jugando en el jardín de su madre.
A inicios de noviembre leí un tuit que anunciaba que el día once del mismo mes, Viky, una mujer trans de Honduras, por fin tendría acceso a que una corte de justicia conociera su caso. Ella ya no conocerá la resolución, pues fue asesinada en 2009, durante el estado de excepción que hubo en Honduras después del golpe de Estado.
Yo no conocía de este caso, aunque desgraciadamente, veo noticias frecuentes del asesinato de personas trans en Centroamérica. Como la audiencia era virtual, me conecté y me pegué a mi laptop durante tres horas. Cuando escuchaba el testimonio de algunas de sus compañeras que narraban los últimos momentos en los que vieron a Viky y cómo la encontraron muerta en la calle unos minutos después de que saliera, sentí toda la impotencia y angustia que tenían las personas que la conocían, ante la impunidad y la saña con la que fue asesinada.
Según sus testimonios y los informes de diversos peritos que intervinieron, este caso no era aislado, sino que respondía a un comportamiento recurrente al que se enfrentan las personas trans en Honduras. Además, Viky era activista de la organización Unidad Color Rosa. La policía fue presentada como la principal sospechosa de esta presunta ejecución extrajudicial, pues murió de un disparo en la cabeza. Sin duda fue considerado un crimen de odio, ya que se cometió contra una persona que no respondía a los patrones heterosexuales que se pretende cumplamos toda la ciudadanía. Su audiencia continuó al día siguiente y se espera una resolución a mediados de diciembre.
Pero el asesinato de Viky no se realizó ante un tribunal de justicia hondureño. Su demanda estaba siendo escuchada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ella fue asesinada en 2009 y hubo que esperar once años para acceder a un tribunal de justicia que estudiara su caso con garantías y con base en los parámetros de justicia que los países de nuestro continente acordaron y firmaron en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que también se conoce como Pacto de San José y que fue firmado en la capital de Costa Rica en 1969 y fue ampliado mediante el Protocolo adicional sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y conocido como el Protocolo de San Salvador. Como se ve, Centroamérica no es ajena a este conjunto de principios.
Al no tener acceso a justicia en su país, Viky buscó en esta instancia internacional, garantías al derecho a un juicio justo. Este largo camino no solo lo han debido recorrer las compañeras de Viky y la Red Lésbica Cattrachas, como demandantes ante la Corte Interamericana, sino que ha sido la manera de acceder al reconocimiento de la violación de sus derechos que han debido recorrer muchas personas de nuestro continente.
Muchas de las violaciones a derechos humanos sufridas por nuestras comunidades en Latinoamérica, han hallado, por fin, justicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entre otros casos encontró responsable al Estado de Guatemala de la muerte de once personas causadas por el ejército en la masacre de Xaman, en 1995, también declaró responsabilidad internacional de la República de El Salvador por la masacre cometida por las Fuerzas Armadas en 1981, en el caserío de El Mozote y lugares aledaños, donde murieron aproximadamente mil personas, en su mayoría niñas y niños.
La Corte también ha resuelto casos de asesinatos y desapariciones de defensores de derechos, como la muerte del ambientalista Carlos Escaleras Mejía, ocurrida en Honduras en 1997. Por otro lado, las desapariciones de profesores de la Universidad del Perú en 1992, en el caso conocido como Torres Silva y otros & Perú. En El Salvador, el primer caso que vio la Corte fue el de las hermanitas Serrano, dos niñas: Ernestina y Herlinda de siete y tres años, capturadas por las Fuerzas Armadas de El Salvador y desaparecidas.
Esta instancia internacional nos permite mantener la esperanza de justicia, cuando falla la de nuestros países. Es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y está encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Para algunos Estados es una instancia incómoda al poder juzgar violaciones a los derechos humanos que se den en su país, pues posee jurisdicción en todo el territorio americano y sus resoluciones tienen el carácter vinculante, por dicha razón, deben ser acatadas por los Estados.
Por lo anterior, es que a veces vemos campañas para desprestigiarla, pero es importante defenderla y velar para que se corrijan sus posibles errores. Aunque no es perfecta, es una institución que nos puede proteger y debemos recurrir a ella cuando en nuestros países se nos niega el acceso a la justicia. Como Viky, podemos al fin, encontrar donde se nos haga justicia.
La pandemia y dos huracanes se sumaron este año a las batallas permanentes de las enfermeras en Honduras. Ellas han aprendido a resistir y a enfrentarse juntas al virus, a las inundaciones y a los males históricos: el desfalco en el sistema sanitario, la desigualdad de condiciones laborales, la violencia, el machismo.
Esta crónica es parte de un proyecto regional de periodismo narrativo y mujeres, impulsado por el Centro Cultural de España en Guatemala.
Pamela Serrano, Andrea Lazo y Gabriela Caballero regresan de repartir ayudas a sus colegas, ochenta enfermeras que se hospedan en un albergue en San Pedro Sula. Están ahí después de que la tormenta tropical Eta inundara sus casas y prácticamente toda su ciudad en el valle de Sula, al norte de Honduras.
En ese momento, ya se había anunciado la entrada de otro ciclón que anticipaba un nuevo peligro.
La emoción le obstruye la garganta a Pamela, que de vez en vez llora de rabia, de nostalgia y de tristeza. Sus últimas dos semanas han empeorado un año ya marcado por la incertidumbre y la muerte. Aun así, ella prefiere decir que éste es «el año de la reconciliación, porque tenemos que entender que nos necesitamos unos a otros».
Las tres mujeres están de luto. Hace unos días asesinaron a Kellin Arnudo, una de sus compañeras, justo enfrente del hospital donde trabajan en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Llora. Cuenta que la muerte de Kellin no importa ni a la sociedad ni a sus autoridades. Tampoco parecen importarles las enfermeras y auxiliares que esperan volver a sus casas, anegadas hace unos días, después de la tormenta.
A pesar de su propia tragedia, las ochenta enfermeras que se refugian en el albergue deben regresar a los precarios hospitales hondureños donde la situación por la pandemia de COVID-19 está rebasada ahora por la crisis sanitaria que provocaron dos semanas de inundaciones. El IHSS ha hecho lo que puede, dice Pamela, brindándoles albergues exclusivos y hasta un salario extra a las afectadas, aunque no es suficiente.
Imagen cortesía.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social es, hasta ahora, el caso más dramático e indignante de corrupción. En 2015 el desfalco de 300 millones de dólares a la institución sacó a miles de personas a las calles en un movimiento que ya recorría Centroamérica: los indignados. Pedían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, cuando se demostró que gran parte del dinero robado fue a parar a las cuentas de su partido para la campaña política que lo puso en el poder en 2013.
Hernández, sin embargo, se reeligió en 2017, a pesar del escándalo y de estar prohibido en la Constitución. Mientras él se mantenía en el poder, ellas, las enfermeras del IHSS, se adaptaron a los malos tiempos. Siguieron su trabajo a pesar de que perdieron algunos derechos como las vacaciones pagadas y la alimentación en el trabajo.
Un año después, se vino otra crisis. El gremio médico y de enfermería salió a las calles ante la amenaza de la privatización de la salud y de la seguridad social. «Todo quedó en protestas», dice hoy Pamela. Protestas que fueron reprimidas con violencia. Ese grito en las calles que exigía mejores salarios, más presupuesto para el sector sanitario y la no privatización del sistema de seguridad social, se terminó de extinguir cuando llegó la pandemia que puso al mundo en pánico.
Pamela, Andrea y Gabriela, también temían: debían seguir trabajando en la precariedad, pero ahora enfrentando un enemigo desconocido.
«Fue impactante, teníamos mucho miedo porque no teníamos cómo enfrentarnos a esto. La mayoría de enfermeras, en un inicio comprábamos nuestros propios insumos de bioseguridad», cuenta Pamela. Después de tres meses de pandemia fueron dándoles material. Primero cinco mascarillas al mes, luego ocho y luego diez. A las enfermeras en las áreas COVID les dan quince.
Pamela gana 16 mil lempiras al mes (unos 650 dólares), aunque el salario mínimo para su rubro ronda los 25 mil lempiras (unos mil dólares), después de un acuerdo al que llegaron con el Gobierno en enero de este año. Con ese ingreso, eran pocas las posibilidades de comprar más insumos de bioseguridad.
«Debido a la falta de responsabilidad de nuestros gobiernos, el personal de salud está mal pagado en cualquier circunstancia, a pesar de que estamos siempre en primera línea, en pandemia, en desastres naturales, si se viniera una guerra, ¿A quienes envían a donde más se necesita? Al personal de los hospitales», agrega Pamela. La enfermera cuenta que, además, la mayor parte de sus compañeras son madres solteras. Al ser el sostén de sus familias, buscan tener más de un ingreso y hacen turnos dobles.
Según la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud, para 2019 Honduras contaba con algo más de dos enfermeras por cada 10 mil habitantes. Eso quiere decir que hay una enfermera disponible para más de 4 mil personas.
El Plan Nacional de Salud para 2021 establece que en las áreas de enfermería de todos los hospitales de la Secretaría de Salud debe haber 886 enfermeras profesionales con educación universitaria. En el IHSS hay apenas 203. Las auxiliares de enfermería representan el grupo más numeroso: 5,834 están contratadas por la Secretaría de Salud y 843 por el IHSS. En muchos casos, la misma persona trabaja en ambas instituciones.
Las auxiliares, la mayoría mujeres, son las que dan atención primaria en centros de salud urbanos y rurales. Además, recolectan datos para el sistema de información estadística de la Secretaría de Salud.
Pamela sabe que son indispensables. Por eso, cuando comenzó la pandemia, a pesar de que estaba de vacaciones y se recuperaba de un cáncer de mama, dijo que sí al llamado a servicio.
Las mujeres en su casa se pusieron manos a la obra, con protocolos propios para evitar el contagio. Su hermana y su hija preparaban aguas de eucalipto para bañarse y agua con cloro para que Pamela dejara los zapatos. El patio se convirtió en zona de desinfección. Aun así, la enfermedad llegó. Todas se contagiaron: su madre que padece hemiplejia, su hermana embarazada de siete meses y su hija. «Gracias a Dios sobrevivimos y pudimos tener una experiencia diferente. Nos cuidamos mutuamente», narra Pamela.
La institución, poco a poco, mejoró las medidas de bioseguridad para el personal de enfermería. Pero en la comunidad, los vecinos de Pamela empezaron a discriminarla. Le tiraban agua con cloro cuando llegaba, le pedían que no se acercara a nadie. Meses después de pasar por la enfermedad, sus vecinos aún no le dirigen la palabra. «Nosotras no nos queríamos enfermar», dice.
A su lado está Andrea. La COVID-19 también la atravesó a ella, a sus padres, a su hermano y a sus dos hijos de siete y 11 años. La enfermedad fue otra batalla ganada de las muchas que ha vivido.
«A mí nunca me pegaron, pero mi expareja sí ejerció violencia psicológica conmigo. A pesar de eso, yo aguanté siete años para que mis hijos no perdieran la figura paterna. Pero al final no se pudo, y me separé. Yo sé que muchas de mis compañeras no salen de esa situación por miedo a quedarse solas» cuenta Andrea.
Andrea trabaja en una clínica periférica del IHSS en Choloma, Cortés. Para llegar a su trabajo, toma un camino de media hora todos los días. Después de sus turnos de hasta 12 horas, en casa le esperan sus padres y sus hijos a quienes también debe cuidar.
Cuando enfermaron en su familia, ella cuidó de todos. Eran jornadas largas. Se levantaba a las seis de la mañana y se lograba dormir a medianoche. Su padre era quien más cuidado requería. Le administraba medicamentos por vía intravenosa cada tres horas, le medía la saturación de oxígeno y lo colocaba en posición prono: debía estar acostado boca abajo para ayudar a expandir sus pulmones.
Incluso ahora, después de que el virus pasó, sigue cuidando. Como secuela de la COVID-19 su padre padece arritmia cardiaca y su madre sufre constantes dolores de espalda. Y Andrea, muchas veces, se ha sentido sola en ese rol de cuidadora. Sola y también discriminada.
Con la pandemia, el Gobierno hondureño decretó un estado de excepción que todavía se mantiene. En los primeros meses, la policía detuvo a más de 60 mil personas que violaron el toque de queda. Muchas comunidades se cerraron y crearon reglas discriminatorias: tratar como agentes de infección al personal de salud, restringirles el acceso a espacios comunitarios y expulsar a personas infectadas con COVID-19 de sus barrios. La Red Lésbica Cattrachas llamó a esto «covidfobia». Muchas personas del personal sanitario la vivieron.
Una mañana Andrea fue al banco a hacer un trámite. Según su número de identidad, no era el día que tenía permitido circular, pero el que sí le tocaba no había podido salir, estaba de turno. Presentó su carnet de personal sanitario para que la atendieran. Pensó que esto le daría algún privilegio. No fue así. El guardia de seguridad la empujó con el tolete. «Me dijo que tenía que estar a dos metros de distancia, que me alejara de él». Andrea vivió esto en la calle, pero también en su familia. Cuando enfermó, incluso la pareja de una prima suya le prohibió ir a visitarla. «Yo lloré, me dolió tanto que estuve sola en todo esto», relata Andrea.
Foto cortesía.
El distanciamiento
La pandemia cambió las rutinas en los hospitales. Las enfermeras tuvieron que aprender a vestirse y desvestirse con el equipo contaminado a pesar de no tener un cuarto propio donde hacerlo. Lavarse las manos, colocarse el primer par de guantes, las botas, desinfectar los guantes con alcohol gel, ponerse el overol, luego la mascarilla N95 y luego la quirúrgica, las gafas, la careta, la bata y, por último, un segundo par de guantes cubriendo el puño de la manga de la bata. Las enfermeras aseguran que los médicos tienen sus habitaciones para descansar, pero ellas no tienen siquiera un sitio para hacer todo este ritual de vestuario.
El agobio de llevar un traje asfixiante durante ocho horas no es lo más trágico para Andrea. Estos meses, ella y sus compañeras llegaron a llorar por la impotencia de no poder tocarse, abrazarse, compartir comida, platicar a la hora del almuerzo. El aliento que les daba la cercanía ahora estaba prohibido. El distanciamiento físico las rompía.«
«Comíamos separadas en cubículos cuando estábamos acostumbrados a comer en equipo, lloramos porque nos mirábamos de lejos, no aguantábamos», explica Andrea.
El apoyo mutuo es muy importante. Con la pandemia han requerido más fuerzas. Es doloroso ver que los pacientes no pueden respirar, es doloroso verlos morir.
Gabriela escucha atenta a sus colegas. Andrea y Pamela llevan más experiencia que ella en el oficio. Pide turno para contar su historia. Apenas lleva dos años trabajando en el IHSS y cuando la pandemia llegó fue asignada a la sala de atención para pacientes hospitalizados por COVID-19.
«Mi mami es una persona muy ordenada y ella fue mucho apoyo durante esta pandemia» cuenta Gabriela, quien también vive solo con mujeres: su madre y su hermana.
Cuando llegaba a casa luego de su servicio en el hospital, había todo un protocolo: fumigar los zapatos con agua y cloro, dejar la ropa y zapatos en la pila del patio trasero de la casa y correr desnuda hasta llegar al baño. Pero cuando le dijeron que iba asignada a la sala de hospitalizaciones por COVID19, Gabriela entró en shock.
«Estando ya allí iba con buena actitud, me enseñaron a ponerme los trajes, pero ya estando adentro como a las cuatro horas me dio un ataque de pánico, no podía respirar, me puse a llorar, llamé a una amiga y ella me dijo que me calmara que estuviera tranquila y en fin esa misma noche decidí que iba a renunciar», recuerda Gabriela.
Pero no renunció. Lloró toda la noche y al día siguiente decidió que ese era su trabajo, que debía seguir.
A las enfermeras les toca cuidar del paciente todo el día, comunicarse con los familiares que ya no pueden entrar a los hospitales, ver de cerca a la muerte. También les toca admirar la esperanza de los pacientes. «Las enfermeras somos el corazón de un hospital y hemos visto cómo los mismos pacientes reconocen nuestro trabajo», dice orgullosa.
Hasta agosto de 2020, en Honduras se reportaron 25 enfermeras fallecidas por COVID-19 y actualmente ya se reportan 7 casos de reinfección. A Gabriela, Andrea y Pamela les sorprende que no hayan sido más. Sus rutinas son agotadoras. Pueden pasar las ocho horas de un turno sin tomar agua, con tal de no ir al baño. No pueden quitarse el traje especial hasta terminar la jornada. Algunas doblan turnos para lograr un salario que les alcance para sostener a sus familias.
Era el 11 de noviembre, cuando las colonias de la periferia de San Pedro Sula estaban inundadas por el huracán y los hospitales se saturaron.
Kellin era enfermera del IHSS de San Pedro Sula. Compañera de Pamela, Andrea y Gabriela. Reportes de la prensa hondureña indicaron que esa noche, la enfermera se disponía a entrar a su turno nocturno en el IHSS después de terminar su trabajo en el Mario Catarino Rivas, el principal hospital público de San Pedro Sula. Las noticias dijeron que fue un asalto. Hasta ahora no se sabe bien qué pasó y aunque de inmediato tuvo atención médica, Kellin falleció en el hospital donde tantas veces atendió a personas que llegaban con todo tipo de emergencias.
«Estamos de luto, y hablo por todo el gremio. Esta situación nos puso las barbas en remojo para pedirle a las autoridades más seguridad para nuestro personal», dice Andrea.
Pamela asocia la muerte de Kellin con la violencia contra las mujeres en un país con unas cifras de horror. El Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM) registró del 1 de enero al 16 de noviembre del 2020, 240 muertes violentas de mujeres. La organización se basa en reportes en medios de comunicación. Las restricciones por la pandemia no hicieron que descendiera la violencia. Tampoco lo hizo la emergencia por las inundaciones.
«Como gremio rechazamos la violencia contra nosotras, las mujeres. Nos sentimos devastadas completamente, y nosotras (las enfermeras) somos las que estamos con los pacientes veinticuatro siete. Es preocupante porque con todo lo que acontece en nuestro país va a haber una alta criminalidad, aumentarán los asaltos», lamenta Pamela. La enfermera recuerda que ellas enfrentan la crisis y el aumento de pacientes en los hospitales por la COVID-19, pero también por otras enfermedades como diabetes, hongos, diarreas o leptospirosis. «Quienes llegan a nuestros lugares y quienes atendemos a todos somos nosotros», explica.
Días después de la entrevista, Pamela envía un video en el que se ve a una mujer que sale de su casa, con un bolso en el hombro y el agua a las rodillas. Es una enfermera, colega suya, camino al trabajo en medio del desastre que se ha convertido su barrio y todo el valle de Sula. Con el paso de la tormenta Iota, apenas una semana después de que Eta dejara devastado todo a su paso, 95 enfermeras del IHSS fueron afectadas.
«Es doloroso ver a nuestras compañeras que siempre andaban así como ando yo en este momento y ahora verlas tristes y apagadas». Pamela señala su cabellera bien peinada y su rostro maquillado, intacto a pesar de la mañana que pasaron en visitas de albergues. «Es triste que le digan a una que no saben si podrán seguir adelante», lamenta.
Casa de una enfermera después de las inundaciones. Foto cortesía.
Las tres enfermeras enviaron cartas a varias empresas. Les solicitaron apoyo para sus compañeras, pero todavía no reciben respuesta. Después de las dos tormentas, los albergues en San Pedro Sula no se dieron abasto. La atención del Estado fue tardía y pobre y las empresas que al inicio se volcaron con el apoyo, terminaron siendo insuficientes porque la situación empeoró.
«Todas sus cosas están llenas de lodo y lo más duro que nos dicen es que sus niños les preguntan dónde van a dormir. Nosotras no podemos hacer mucho. Hemos solicitado a tantos lugares y solo nos dicen que no pueden. Necesitamos el apoyo para restaurarlas a ellas, ellas son las que están allí siempre en el hospital» dice, llorando.
Cuando Eta e Iota llegaron a Honduras, el Congreso Nacional sesionó para aprobar cambios en los presupuestos y legislaciones para atender la emergencia. Entre los proyectos de ley estaba la creación de la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes). Sería una empresa creada con el capital de las aportaciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Bancos, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los institutos de previsión formarían parte de estas instituciones. El proyecto no ha sido aprobado y se ha modificado la parte en la que se tocan fondos de los institutos de previsión, ante las múltiples protestas de los gremios afectados.
Pamela cree que esto, en lugar de aliviar la crisis y asistir a las personas afectadas, es un ataque a todas las trabajadoras, especialmente las del sistema sanitario. Lo único que les queda cuando se jubilan son esas pensiones, insuficientes en muchos casos.
«Esperamos que el Gobierno sea consciente y responsable y que antes de pensar en destruir todo lo que hemos conseguido los trabajadores de salud que recuerde que quienes hemos estado de pie en la pandemia somos los laboratoristas, médicos, microbiólogos, patólogos, enfermeras y personal de aseo», afirma.
Cuando la pandemia llegó a Honduras, a muchas enfermeras les dijeron en sus casas que dejaran el trabajo, que no corrieran el riesgo de muerte. Pamela dice que quizá no hay enfermera que no haya discutido con su familia sobre la importancia de su servicio a pesar del terror que produce la emergencia sanitaria.
Quizá para ellas ese riesgo es asumido desde siempre. Viven en Honduras, un país con altas tasas de violencia y con un sistema sanitario precario.
«Si nos sentimos asfixiadas, ahogadas, lo soportamos y lo aguantamos, porque además somos la fortaleza de las compañeras que están al lado. Estamos siempre diciéndonos si yo puedo tú puedes, eso nos ha mantenido vivas y unidas», reflexiona Pamela.
De eso se trata la resistencia.
**Actualización: Al momento de publicar esta nota, las enfermeras informaron que el IHSS se ha hecho responsable de sus compañeras afectadas por las inundaciones del mes pasado. Realizan una evaluación de daños y brindan apoyo permanente a quienes perdieron todo.
*Este es un proyecto coordinado y apoyado por el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G) en alianza estratégica con Agencia Ocote (Guatemala) -como coordinadora editorial-, ContraCorriente (Honduras) y Alharaca (El Salvador). La publicación de las tres crónicas se realiza entre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y durante los 16 días de activismo contra la violencia de género, Este proyecto cuenta además con el apoyo de los Centros Culturales de España en Tegucigalpa, Honduras y en El Salvador.
Según los planes de la Secretaría de Educación Pública, el año lectivo 2020 finalizaría el 30 de noviembre, pero debido al anormal año que vive Honduras con una pandemia y dos asoladoras tormentas tropicales, se extenderá hasta febrero de 2021.
El improvisado confinamiento por la COVID-19 inició el 16 de marzo y desde entonces diversos sectores de la sociedad se han visto afectados, tal es el caso del sistema educativo público que no estaba listo para la transición a las clases virtuales. Tanto maestros como alumnos han enfrentado dificultades para avanzar con el proceso educativo.
A finales del mes de agosto Mario Alas, experto en temas educativos, expresó en una entrevista brindada al medio Efe que «la cobertura era un problema grave en Honduras aún antes de la pandemia y todo indica que (…) la crisis económica, que va paralela a la crisis sanitaria, va a hacer que los niños más pobres se desconecten del sistema». Alas subrayó que unos 800 000 niños de los estratos más vulnerables de Honduras serían los más afectados.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que la matrícula en los niveles de educación prebásica, básica y media era de 2,28 millones de estudiantes en 2014 y en 2020 disminuyó a 1,8 millones. Las cifras del INE también muestran que el 60 % de los hondureños no tiene acceso al internet y el 91 % de los que tienen acceso, lo hacen mediante teléfonos celulares prepago. Estas cifras muestran la desigualdad en el país, además de la cantidad de alumnos que no reciben clases virtuales o lo hacen de manera remota, asegura Alas.
Los datos del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) indican que alrededor de 468 000 estudiantes no recibieron sus clases de manera regular, mientras unos 396 000 alumnos no pudieron continuar con sus estudios, ya que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas para recibir clases de manera virtual, indicando que alrededor del 48 % de los matriculados no cursó adecuadamente el año lectivo.
En declaraciones brindadas a Radio América, el director de educación de la Asociación para una Sociedad más Justa, Edwin Moya, comentó que al menos 2 millones de menores en edad escolar, es decir, 2 de cada 3 niños entre las edades de 3 y 17 años no pudieron ingresar a una institución educativa.
Un profesor envía una nota de voz a sus alumnos a través de WhatsApp. Debido a las restricciones por la expansión de la Covid-19 las clases pasaron a impartirse de manera virtual. Tegucigalpa, 6 de mayo de 2020. Foto: Martín Cálix.
«Desde enero venimos denunciado que por encima de 800 000 niños de los matriculados se quedaron sin acceso a educación por la forma en la que la Secretaría de Educación brindó la respuesta para acceder a la misma como el internet, telefonía o televisión por cable que no llega a toda la población y, sobre todo, a las más vulnerables», agregó Moya.
A diferencia del sistema de educación pública, las instituciones educativas privadas desarrollaron distintas estrategias como la incorporación de plataformas virtuales para impartir clases. En algunos casos, los alumnos ya contaban con dispositivos y acceso a internet, pero los padres de otros estudiantes tuvieron que hacer una inversión para pagar servicio de internet y adquirir dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras o tabletas, indica un informe publicado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en agosto de 2020.
Joel Almendares, maestro de El Progreso, Yoro, comenta que el 2020 fue un año irregular y desastroso para el sistema de educación pública de Honduras, pues la Secretaría de Educación nunca ha habilitado una plataforma para educación en línea y no todos los padres de familia cuentan con los recursos económicos para comprar paquetes de internet y recibir el material didáctico necesario para que sus hijos continúen aprendiendo.
Almendares es docente guía del quinto grado de la jornada matutina en la Escuela Jaime O’Leary, en sus palabras, este centro educativo es el más grande del departamento de Yoro y cuenta con más de 1100 alumnos. Su ciudad fue una de las más afectadas por las tormentas Eta e Iota el pasado mes. «Tengo 26 alumnos, ahora estoy viendo los cuadros y todos aprueban. Esto es un logro de todos, no ha sido fácil evaluar y asignar tareas porque a veces algunos alumnos se retiran y hay que andar buscándolos», asegura el maestro.
El censo elaborado en el marco del Plan de Contingencias de Atención Educativa muestra cuántos alumnos se vieron directamente afectados por los huracanes Eta e Iota. Según estas cifras son 9666 los alumnos que se encuentran en 649 albergues en los que la Secretaría de Educación, a través de voluntarios, ha brindado apoyo psicoemocional a los menores en edad escolar. Se estima que son 1714 estudiantes de nivel prebásico, 6856 de nivel básico y 1036 de media los que se encuentran refugiados en los albergues distribuidos en 14 departamentos del país.
Almendares cuenta que incluso antes de las tormentas, muchos de sus alumnos dejaban las clases porque se mudaban con familiares, pues sus padres ya no podían pagar la renta en El Progreso.
Ruth Patricia Salgado da clases en el Centro de Educación Básica República de Cuba, ubicado en la aldea Los Limones, en Morocelí, El Paraíso. A diferencia de los docentes de los centros educativos urbanos, Salgado atiende dos grados: primero y sexto grado, cinco y quince alumnos, respectivamente. La maestra comenta que, «hasta ahora los cuadros de calificaciones presentan un buen porcentaje de aprobados, pero también cierto porcentaje de deserción».
Ruth menciona que este año fue sumamente difícil para los profesores, los alumnos y los padres de familia, porque en las zonas rurales no cuentan con una señal de internet que sea de buena calidad. A esto se suma la situación económica de los padres de familia, quienes no siempre cuentan con un teléfono inteligente para estar en constante comunicación con el docente.
Daniel Sponda, docente del Instituto Técnico Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, opina que en ningún momento se le puede llamar educación virtual a la modalidad utilizada en 2020, más bien sería educación remota porque no hay una interacción entre docentes y alumnos, siendo este uno de los componentes esenciales de la educación. Otro problema que menciona Sponda es que los alumnos no han aprendido, simplemente han estado aprobando sus clases, debido a que el sistema educativo se enfoca más en alcanzar un número o una calificación que en enseñarle al alumno a que debe apropiarse de sus conocimientos para ponerlos en práctica.
Posición de las autoridades del sistema educativo
A través de un video publicado en su página de Facebook, el ingeniero Arnaldo Bueso, autoridad de este ente gubernamental, comunicó cuáles son las nuevas disposiciones para el año lectivo en curso. Bueso inició comentando que el 30 de noviembre no finalizaron las clases, pero dieron inicio las vacaciones para los docentes.
Teniendo en cuenta lo atípico que fue el año con la pandemia por coronavirus y las lluvias de las tormentas tropicales Eta e Iota, las actividades continúan hasta febrero del próximo año a través de los campamentos lúdicos del voluntariado Toma Mi Mano, al que podrán integrarse todos aquellos jóvenes, niñas y niños que no pudieron matricularse en el año lectivo 2020. Al finalizar el campamento, da inicio el año lectivo 2021, momento en el que los docentes deberán realizar pruebas de nivelación a los alumnos que participaron en los campamentos lúdicos y deseen retomar las clases de manera formal.
Bueso asegura que este replanteamiento pedagógico permitirá que se le dé la atención necesaria a la niñez y juventud hondureña que fue afectada por ambas tormentas tropicales y la pandemia. Agregó que los alumnos que fueron promovidos automáticamente porque son parte de la población damnificada o porque los docentes lo perdieron todo a inicios de noviembre, pueden unirse al programa Toma Mi Mano para reforzar los conocimientos adquiridos de febrero a octubre del año en curso.
Debido a las restricciones por la expansión de la Covid-19 las instituciones educativas del país han quedado vacías, las clases pasaron a ser virtuales. Tegucigalpa, 30 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix
Modalidad para el año lectivo 2021
El ministro Bueso aseguró a diversos medios de comunicación que «tenemos que revisar y reestructurar nuestra estrategia para saber cómo atender de la mejor manera a nuestros educandos», teniendo en cuenta que alrededor de 10 000 estudiantes en catorce departamentos del país fueron afectados directamente por las torrenciales lluvias producto de las tormentas tropicales.
Otro aspecto para tomar en cuenta es el daño a la infraestructura de 534 centros educativos: «son elementos que no estaban en consideración durante la emergencia de los últimos meses que hemos vivido como producto de la pandemia», aseguró Bueso.
El proyecto piloto que la Secretaría de Educación planifica poner en marcha en febrero de 2021 es una modalidad semipresencial, es decir, algunas clases serán impartidas de manera virtual y otras requerirán de la asistencia en las aulas de clase. «Tenemos que dividir en varios grupos un aula de clases, ya que no podemos tener el mismo número de estudiantes y agruparlos por días diferenciados. Unos alumnos se retiran a sus casas con tareas, después lo hacen los otros y así sucesivamente», expuso el ministro a Diario El Heraldo.
Agregó que las clases presenciales iniciarán una vez que la curva de contagios baje, o cuando el Sistema Nacional de Riesgos crea que es adecuado. Mientras eso no ocurra, los pilotajes de la estrategia presentada darán inicio en el área rural, en zonas con baja incidencia de casos positivos por COVID-19. Todo esto se realizará siguiendo todas las medidas de bioseguridad.
Contracorriente hizo lo posible por comunicarse con los titulares de la Secretaría de Educación para obtener más información acerca del tema, pero no hubo una respuesta.
No todos los docentes del sistema de educación pública han tenido la misma experiencia este año, pero la mayoría asegura que una vacuna será necesaria para volver a las aulas de clases.
Institutos de previsión y el Fondes
El gremio magisterial ha pasado por uno de sus años más difíciles, empezando por el inesperado cambio en la modalidad de las clases y las dificultades que enfrentaron sus alumnos, a esto se suma la idea de la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes) con la que se pretende tomar el efectivo de los institutos de previsión, como préstamo, para el financiamiento de proyectos de infraestructura que favorezcan al crecimiento socioeconómico e inclusivo en el país. El proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional también indica que tiene como propósito beneficiar a la mayor parte de la población y así promover la inversión nacional y extranjera directa en iniciativas rentables que conlleven a una distribución de las ganancias obtenidas.
Los docentes hondureños desconfían de esta iniciativa, ya que no sería la primera vez que se destinarían sus ahorros para otros fines ajenos a los institutos de previsión. Salgado comenta que ella cotiza al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y se opone a este proyecto porque «hay antecedentes, han dejado sin nada a los aportantes y otra cosa, todos los años hay maestros que se jubilan, ¿de donde saldría el dinero del pago mensual?».
La docente de Los Limones no es la única que piensa así, Almendares asegura que está en contra de la Sociedad Administradora del Fondes porque cabe la posibilidad de que el Gobierno no devuelva el dinero que solicite a los institutos de previsión. «Uno paga impuestos para salud, educación, infraestructura pública y vial, no es posible que se quieran aprovechar de los institutos de previsión y regímenes de aportación de esta manera, estamos en contra de que se usen nuestros ahorros para estos proyectos que deberían ser financiados con los impuestos que se pagan», comenta el docente progreseño.
Cotizar a un instituto de previsión o régimen de aportaciones les asegura a los docentes que los años de trabajo y aportación lo beneficien cuando decida jubilarse.
Daniel Sponda, en su posición de dirigente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), comenta que de ninguna manera pueden estar de acuerdo con un proyecto de ley que va en contra de la legislación de los colegios profesionales, le parece algo inadmisible. «Cada instituto de previsión tiene su comité de inversiones, entonces no tiene sentido estar legislando encima de otra legislación que ya está hecha. El dirigente también hizo mención de la falta de transparencia y «una impunidad nunca antes vista en Honduras» que habría en las compras y contrataciones directas, donde a nadie se le deducirá responsabilidad administrativa o penal si los negocios fracasan.
Este año sacó a la luz todas las debilidades y carencias de los sistemas de salud y educación de Honduras, a eso se suma la falta de voluntad de los gobernantes para cumplir y respetar lo establecido en las leyes que ellos mismos han creado desde el Poder Legislativo.
Este es un texto cuya autoría queda anónima a petición de la escritora.
Fotografía: Martín Cálix
Es la Muerte que consuela, ¡ah! y que hace vivir;
Es el objeto de la vida, y es la sola esperanza
Que, como un elixir, nos sostiene y nos embriaga,
y nos da ánimos para avanzar hasta el final;
(…) Es un Ángel que sostiene entre sus dedos magnéticos
El sueño y el don de los ensueños extáticos,
Y que rehace el lecho de las gentes pobres y desnudas.
(Charles Baudelaire)
El miércoles 4 de noviembre, el huracán Eta tocó territorio hondureño, y unos días después también llegó Iota, dejando devastado a un país que ya sufría de hambre, de pobreza y desempleo por los malos gobiernos y la aguda crisis que se había sumergido en los últimos ocho meses a causa de la COVID-19.
Ambos huracanes se convirtieron en tormentas que duraron más de lo pensado y dejaron inundaciones por todas partes. En la zona norte fue mucho peor que el huracán Mitch en 1998. Nadie previó tanta desgracia, mucho menos en medio de una pandemia. Muchas personas han perdido sus casas, sus bienes materiales, y hasta ahora no se tiene una cifra clara de la cantidad de personas que murieron ahogadas durante esta tragedia.
En medio de esta situación, hace una semana, recibí la noticia de que el cuerpo de mi amigo Carlos fue encontrado sin vida. La pobreza y la violencia le obligaron a vivir en un bordo a la orilla del río Chamelecón. Murió ahogado. Nosotros no nos mirábamos de manera frecuente, teníamos años sin vernos, pero ambos sabíamos que el cariño seguía presente y sobre todo que no era efímero.
Estoy segura de que Carlos murió ayudando a otros durante el huracán Eta. Él sabía cómo encontrar la belleza de las flores en medio del caos que representa Chamelecón, con los ojos inundados de melancolía y novedad.
La falta de oportunidades y el entorno en el que le tocó vivir lo obligaron a ser parte de una mara, también era una manera de protegerse y no ser asesinado como sucedió hace diez años con su padre y su hermano menor. Prefirió eso antes que huir del país como sí lo hizo el resto de su familia.
Íbamos a la escuela juntos y fue de los pocos amigos que sobrevivió al conflicto de las pandillas de esa época, cuando la pelea de territorio era una guerra. Años después, al terminar la secundaria dejé de verlo y no fue hasta que pasaron casi seis años cuando nos encontramos entre la multitud que esperaba en la parada de buses. Fue por esta época, un poco antes de navidad. Era él, el mismo niño que me ganaba cuando jugábamos a las cartas, pero que ahora tenía barba y había subido de peso.
La sensación de verlo, la puedo comparar con esa sensación que se ve en los videos cuando regresa un ser querido después de años de estar en el servicio militar en una guerra: no podés creer que regresó con vida. Fue así, estaba tan emocionada que no podía ni hablar. Lo abracé, nos sentamos juntos en el primer asiento, no parábamos de decirnos lo felices que estábamos por habernos encontrado de nuevo. Cuando nos despedimos no intercambiamos números ni redes sociales, a pesar de que sabíamos que podían pasar otros seis años para vernos de nuevo. Aún no sé por qué razón, quizá fue una especie de premonición porque esa fue la última vez que nos veríamos en esta vida.
Carlos fue enterrado por la mara a la que pertenecía, seguramente en algún cementerio clandestino, donde suelen enterrar a sus compañeros, sin que nadie se entere, sin que nadie más los llore y pida por sus almas.
Ayer pensaba mucho y recordaba que siempre decíamos que nos iríamos a vivir a una montaña, porque las montañas dan calma y paz. Que construiríamos una casa, como esas de lodo que solíamos hacer cuando niños.
Ahora, me gusta pensar que Carlos está en algún lugar, en su casa nueva, una llena de vida, encontrando esa paz de la que solíamos hablar y que creíamos que solo existía en las montañas. Me gusta pensarlo como un árbol, con raíces profundas y siempre de pie.
La corporación municipal de San Pedro Sula ordenó en la mañana de este martes un desalojo que terminó con un joven asesinado a balazos, unos cuarenta lesionados —entre ellos dos que requirieron de hospitalización— y varias casas destruidas. Los habitantes de esta zona, a orilla de carretera y en el bordo de un río han logrado sobrevivir a la furia de dos huracanes, tormentas tropicales y a la pandemia de COVID-19. Ahora a la represión del Estado de Honduras.
Trinidad Hernández, madre de ocho hijos, se bajó del carro de la funeraria, se arregló el cabello y respiró hondo. Venía de la morgue donde había dejado a su hijo Rafael Hernández, de 24 años de edad, asesinado unas horas antes, según testigos, por un policía municipal. Caminó un poco desorientada por la acera y se sentó en una banca cerca del carwash en donde ella y su familia lavaban carros y se soltó en llanto. «Espero que este sea el primero y el último que asesinan de mis hijos».
Había confusión. Niños y niñas con sus madres trataban de entender qué había pasado, pues, en el momento del desalojo, muchos de ellos habían tenido que tirarse al río desde el bordo para escapar del humo y el gas lacrimógeno. Algunos, niños preguntaban por Rafael y algunas niñas jugaban con las cápsulas de las bombas lacrimógenas ya vacías.
Rafael Flores Hernández, de 24 años de edad, fue ultimado a balazos cuando la Policía Municipal de San Pedro Sula acompañada por militares ejecutaron una resolución de desalojo ordenada por la alcaldía presidida por el nacionalista Armando Calidonio. La víctima era dueño de un pequeño carwash ubicado en la orilla del río. Según los vecinos, Flores Hernández intentó defender su negocio para que no fuera destruido por los tractores municipales que llegaron al sitio.
Madre de Rafael Flores (24 años) llega al lugar donde fue asesinado su hijo con el servicio de funeraria. El cuerpo ya estaba en la morgue para ese momento. San Pedro Sula, 1 de diciembre de 2020. Foto: Catherine Calderón.
A raíz de la muerte violenta de Flores Hernández y de varios heridos de bala, los pobladores de estos bordos bloquearon el paso por varias horas con llantas y piedras del tamaño de pelotas de fútbol. Ambos carriles del bulevar del norte estaban tapados, lo que generó, entre otras cosas, que los policías municipales fueran auxiliados por elementos de la Policía Nacional y más militares. Pronto comenzó un enfrentamiento desigual, en el que las fuerzas de seguridad pública, tanto municipales como nacionales, disparaban y lanzaban bombas lacrimógenas. Los vecinos respondieron lanzando piedras a los agentes, y en el lugar, finalmente, quedaron pedazos de vidrio y un manto de piedras de todo tamaño.
José Alfredo Ponce, gerente de seguridad y movilidad urbana de la Alcaldía sampedrana, reconoció que desde hace un año buscan retirar de los bordos a estos pobladores que, con recursos propios, desde hace más de cinco años, se han instalado en las orillas de Río Blanco. La pandemia engrosó este grupo de personas que se ubican entre el puente, la calle, el río, pulperías, negocios de carwash o puestos para lavar vehículos, y que han hecho sus viviendas a lo largo de la ribera.
Ponce agrega que una resolución municipal ordenaba esta mañana proceder al desmantelamiento de chozas, casas, negocios y pulperías ubicadas en esos bordos. Para ejecutarla sacaron maquinaria tipo tractor, con la que lograron derribar tres viviendas, tras haberles dado —según este servidor municipal— dos horas para abandonar sus hogares, sacar sus pertenencias y reinstalarse en otro lugar. Todo esto sucedió apenas tres semanas después de que los huracanes Iota y Eta afectaran a más de 2 millones de hondureños y dejaran a más de 200 000 personas en albergues en esta misma ciudad.
Este gerente de seguridad de la municipalidad de San Pedro Sula agregó que las personas ubicadas en este bordo están causando contaminación ambiental en la zona y que cada día se expanden más, pues continúan en su pretensión de sobrevivir a como dé lugar: instalando negocios y avanzando por la parte sur del bulevar del norte, en las cercanías del proyecto Jaraguá (construido de forma arbitraria en las faldas de la cordillera El Merendón), cerca de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y el centro comercial Altara, donde también se ubica el parque tecnológico Altia Business Center, propiedad del empresario Yusuf Amdani, el hombre más rico de Honduras, según la revista Forbes.
Aunque las autoridades municipales dicen que comenzaron el desalojo a las 8:30 a. m., los pobladores dicen que la maquinaria estaba lista para el desalojo desde las 6 a. m. Además agregaron que las autoridades no mostraron orden escrita y sin dialogar comenzaron a lanzar gas lacrimógeno en el interior de las casas en donde había niños y niñas.
La reacción de los pobladores de los bordos en Río Blanco fue semejante a revolver un hormiguero, algunos de los habitantes hicieron todo lo posible por defenderse de los agentes municipales y policiales que tenían como objetivo sacarlos y luego demoler con tractores sus viviendas.
Pero otros pobladores pensaron en proteger a sus seres más indefensos, como es el caso de Lesly Suyapa Ramos, quien se encontraba cuidando a su abuelo cuando ultimaron al joven Rafael Hernández. Contó que, simultáneamente con el homicidio, los tractores embestían las casas para destruirlas. Mientras tanto, agentes municipales y policiales lanzaban bombas lacrimógenas en las viviendas, sin importar la presencia de niños. «Él (Rafael Hernández) estaba lavándose la cara en una pila porque le había caído gas, cuando acordó, le salió uno de la Policía Municipal por el lado de atrás. ¡Solo a dispararle vino!», explicó Ramos.
Algunos padres de familia, que daban por hecho que sus casas serían destruidas, intentaban en una carrera contra el tiempo rescatar algunas cosas antes de que fueran demolidas. De esa forma construirían en otro lugar. Es el caso de Luis Tejeda, un comerciante hondureño que con las botas puestas cuenta que terminó enfrentándose a golpes contra varios agentes municipales cuando intentaba al menos llevarse las láminas que le habían servido para construir una pulpería.
«Yo vendo fresco, churros y jugos. Cuando miré que venían botando las casas, subí al techo de mi casa para desclavar las láminas, pero vino un policía irresponsable y estando mis cuatro niños adentro lanzó una bomba lacrimógena en el interior de mi casa. Cuando miré eso, me bajé del techo a sacar a mis niños que estaban abajo, pero el hombre irresponsable se me abalanzó. Me tuve que defender, aunque ni lo toqué, porque eran bastantes, me dieron con un tolete en la mano. ¡Me zafaron la mano!», explica Tejada, mostrando el vendaje en su mano y resume: «Mataron al muchacho y se alejaron. Venían a lo que venían».
Tejada reveló a Contracorriente que en la zona habitan unas 500 personas que subsisten de los carwash y negocios que se han instalado ahí, algo que —a su criterio— han construido con esfuerzo durante más de cinco años. «Acá era un botadero de muertos, un barranco y un basurero. Y nosotros, que teníamos un dinerito para invertir y generar trabajo, hicimos planteles. Somos 75 dueños de carwash que generamos empleos a más de 400 personas».
La imagen del botadero de muertos que menciona Tejeda retrata la violencia por la que ha sido conocida San Pedro Sula. Esta ciudad, la más importante del departamento de Cortés, y que desde hace décadas ha sido uno de los más golpeados por masacres a nivel mundial, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), cerró hasta el 31 de diciembre de 2019 con doce masacres.
En julio de este año, la directora de ese observatorio, Migdonia Ayestas, advirtió aProceso.hn que la tasa de homicidios para este 2020 rondará los 44.4 registrados en 2019, todo eso pese al confinamiento por la pandemia. «No dista mucho del año pasado que sin pandemia había también nueve homicidios diarios. Siempre siguen siendo los municipios de más alta concentración poblacional (San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma, La Lima y Catacamas), los que tienen mayores índices de violencia», explicó.
Unas 18 000 familias de San Pedro Sula viven en asentamientos irregulares, es decir, un sector de la población que vive en vías públicas, solares en litigio o bordos. Un estudio de Hábitat para la Humanidad, publicado en octubre de 2019, revela que en el Valle de Sula lograron identificar 133 asentamientos irregulares de los cuales 25 están ubicados en la capital industrial. Son, específicamente, familias en riesgo que habitan en bordos en la orilla de los ríos.
Alberto Benítez, director ejecutivo de Hábitat para la Humanidad, en una publicación que recogeElpaís.hn sugiere que dicho estudio «ha permitido buscar algunas estrategias para apoyar a estas familias y hemos estado trabajando en el programa multianual de reubicación, presentamos la propuesta de desarrollar un programa de 12 años en el que se iniciaría un proceso para implementar varios proyectos porque no se trata solo de reubicarlos sino de que tengan medios de subsistencia».
La relación entre los vecinos de los bordos de Río Blanco y las autoridades municipales de San Pedro Sula nunca ha sido amistosa, cuenta Tejeda, porque la Policía Municipal siempre ha tenido «una actitud agresiva e intransigente».
El abogado Omar Menjívar, especialista en derecho penal y exfiscal del Estado, se hizo presente al lugar para recabar información y acuerpar jurídicamente a estas personas. Aunque Menjívar anteriormente estuvo alejado de la política partidaria, este 2020 se anotó en una corriente interna, por un partido opositor al Gobierno, en busca de convertirse en el próximo Alcalde de San Pedro Sula.
«La Alcaldía tiene que venir a dialogar con la gente. A exponerle la problemática, la intención de la Alcaldía y su preocupación por las personas. Debió haberles explicado que querían salvar sus vidas, alejándolos de una zona de riesgo, y dándoles mejores condiciones de vida. Además, tenían que llegar a un acuerdo, porque si la intención de la Alcaldía era desalojarlos, tenían que ofrecerles una alternativa de a dónde se moverían. Porque no podían simplemente venir a destruirles el único espacio que tienen para vivir, y trabajar. Además, porque la Alcaldía no les da trabajo ni promueve condiciones ni espacios laborales a esta gente que no sean los que, por su propia iniciativa, tienen estos pobladores que —en este caso— es lavar carros», argumenta Menjívar.
El profesional del derecho añade que «si de entrada vienen con maquinarias para destruir las casas, y con un aparato de represión constituido por decenas de policías bien armados, dispuestos a matar a bala viva, como ocurrió hoy, es claro que la intención no es ayudarles. No es entrar en un proceso para deshacerse de esto, que les parece un paisaje feo para su gusto, que seguramente incomoda al propietario o la universidad, esta que está acá al lado, o al centro comercial que está más adelante, Altia y Altara. Es probable que esas sean las intenciones de la Alcaldía, lo cual, por supuesto es reprochable, porque la alcaldía tiene que pensar en los seres humanos, no en ataques criminales como lo que hizo hoy».
Menjívar, quien fue fiscal de la República en su momento, afirmó que si existe un Ministerio Público independiente ya deberían tener un expediente de investigación para determinar responsabilidades desde el alcalde Armando Calidonio, quien en octubre del presente año fue juramentado, en su búsqueda por la reelección municipal, por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, líder del movimiento nacionalista Juntos Podemos.
La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) condenó esta tarde el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad en el desalojo ocurrido hoy, y reiteró al Estado de Honduras su obligación de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de uso de la fuerza. Enfatizó que «durante una pandemia los desalojos forzosos son aún más detestables y pueden constituir una grave violación de la ley humanitaria», citando palabras del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal.
La Oacnudh además instó al Estado de Honduras a realizar una investigación en línea con los estándares internacionales que permita esclarecer los hechos ocurridos esta mañana en San Pedro Sula.
Las zonas más vulnerables de San Pedro Sula, la periferia donde se amontonan miles de casitas de láminas y madera, han sido las más golpeadas por las tormentas el último mes. La situación allí ya era desesperante cuando la pandemia los puso en un modo de supervivencia aún más extremo. En el bordo del río Blanco ahora la gente se amontona para abrazar a doña Trinidad, la madre de Rafael quien ahora es un mártir. «Murió en batalla», decían algunos, en su lucha por sobrevivir en una ciudad desigual y violenta.
Hispanidad cursaba con éxito los últimos semestres de su carrera universitaria en una prestigiosa y exigente universidad. Había llegado a ese país del Norte de América desde muy niña y había enfrentado, junto a su familia, todas las vicisitudes que atraviesan los inmigrantes en tierras anglosajonas. A veces sus padres no encontraban empleo de nada por más que escudriñaran aquí y allá, por más que aplicaran o solicitaran una oportunidad que no aparecía por ningún lado. En consecuencia, la despensa languidecía cada vez más y eran evidentes las estrecheces que no solo eran de carácter monetario. «Hispa», como le decían en la intimidad, había sido testigo presencial de esos años azarosos y de cada una de las dificultades que oscilaban entre la gravedad y la desesperación, entre el hambre y la impotencia.
Su padre, pese a todo, había trabajado de «mil usos» emulando a Héctor Suárez, el actor y comediante mexicano. Como él y como muchos hombres de tierra adentro, la había hecho de lavador de platos, de cargador de bultos, de repartidor de toda clase de productos alimenticios y, obviamente, de albañil en distintas obras de construcción. Por su parte, su madre había sido un poco más afortunada, ya que no solo había trabajado en las infalibles labores de limpieza, sino que también en alguna que otra actividad propia de su profesión de maestra del nivel primario. En una ocasión memorable había sido contratada en calidad de institutriz y luego como administradora en casa de una familia europea, cuyo padre era el socio mayoritario de tiendas departamentales. Así que, Hispanidad, no era ajena a los sinsabores, a pesar de que su vida actual era mucho más placentera y estable, en comparación con la que había tenido durante su infancia y en parte de su adolescencia. Esas particularidades la volvían una persona similar y diferente a las demás; por ello, mucho más atractiva que ninguna otra chica de su edad.
Hispanidad Columbus Itzá estaba orgullosa de su mestizaje biológico-cultural, de ser trilingüe y de proyectar esa herencia multirracial dentro y fuera de los predios universitarios. Siempre que se le presentaba la oportunidad ponía de relieve el patrimonio cultural de Latinoamérica y, especialmente, del país mesoamericano del que eran oriundos sus progenitores. De la cultura maya, por ejemplo, destacaba el descubrimiento del concepto relativo al cero, la utilización de calendarios rituales, verbigracia el Tzolkin, y de cuentas cortas y largas para medir el transcurso del tiempo. Durante el comienzo de su adultez, había sido asidua visitante de centros ceremoniales y admiradora de las llamadas culturas madres. Había estado en los centros toltecas, olmecas, mexicas e incas y había sido voluntaria en muchas comunidades zutuhiles de la Riviera Maya.
Ese amor por la cultura y por el arte, por todo lo que implicara cultivo de habilidades y de potencialidades, la habían convertido en una de las mejores oradoras de su grupo generacional. Hispa se sabía inteligente y se creía preparada al más alto nivel, pero no se jactaba en lo absoluto de estas condiciones. Era afable y solidaria, ante todo; mestiza tal como su nombre lo hacía notar y una lectora voraz y tenaz. Conocía a los escritores más reconocidos de su tiempo, incluso a todo aquel que no era ni famoso ni muy apetecido por la mayoría de los lectores.
Al hablar en público lo hacía con determinación y elocuencia, con toda la responsabilidad y la complacencia que se pueden exhibir al utilizar el idioma español. La dicción era correcta, precisa y su vocabulario, sustancioso:
Los latinoamericanos somos gente luchadora y trabajadora; somos honestos y capaces, aunque suene a cliché. Hemos venido a este país que llaman América a trabajar y también a estudiar, a dar lo mejor de nuestras destrezas y a integrarnos a esta sociedad multicultural, sin socavar nuestras raíces, sin menospreciar nuestro origen y toda la historia que nos precede y que también nos identifica como integrantes de la hispanidad y de un territorio latinoamericano que se extiende desde Chihuahua hasta la Patagonia.
Por cierto, no digamos América, llamémosle Norteamérica, como es lo correcto, en tanto que al pronunciar la primera designación, repetimos un error ya lexicalizado, una imprecisión de orden histórico y geográfico. Si empleamos la primera forma es como si estuviéramos dando por sentado que el Norte de América es una sola franja territorial o aceptando erróneamente que esta nación estadounidense representa a todo el continente americano. No repitamos seudo verdades, pues Norteamérica es solo una sección trascendente del continente y no incluye a toda la plataforma continental.
Amemos lo nuestro, compañeros, respetemos y reivindiquemos nuestros valores culturales. Estudiemos y tratemos de comunicarnos en el idioma oficial de esta nación que hemos adoptado como si fuera nuestra segunda patria, pero nunca olvidemos quiénes somos, ni la textura de nuestra etnicidad. Unámonos, seamos solidarios entre nosotros y demostremos de lo que estamos hechos: de maíz, copal y de sangre cobriza. Hoy, más que nunca, tenemos que ser un bloque compacto y defendernos de ataques inmerecidos y genéricos proferidos por orates y por magnates. Digamos al unísono que no todos los inmigrantes indocumentados son de origen hispano y que no todos los infractores de las leyes estatales o federales son latinoamericanos. Ni lo uno ni lo otro; esas son absurdas generalizaciones.
En este país existen inmigrantes de todo el mundo y nosotros, los hispanos, somos, —es cierto— una minoría mayoritaria, sin embargo, somos una fuerza votante y militante; un grupo de personas que respeta las libertades civiles, los derechos de la colectividad y por estas y otras razones, merecemos el respeto de todos. No permitamos que se nos pisotee ni que se nos reprima de ninguna forma; en pocas palabras, que nos «pateen el trasero», tal como lo expresara cierto actor español al recibir el premio honorífico Platino Iberoamericano TNT.
¡Gracias, amigos míos, por escucharme, por ser parte de esta nación incluyente y globalizante! Aún más, por ser universitarios conscientes y críticos, por esforzarse en ser mejores, en retribuir a nuestros mayores todos los sacrificios que ellos han realizado por nosotros, con el único fin de engrandecer a nuestros países de procedencia, al sitio común donde vivimos, a nuestras familias y a cada uno de los rasgos raciales y culturales que nos identifican como latinoamericanos. Sí, «¡Por nuestra raza hablará el espíritu!».
Y así, aquella joven única y del montón, se pasaba la vida entre clases y arengas, entre libros y discursos, gravitando de un lado a otro, de las quimeras a las protestas estudiantiles.
Este cuento forma parte de la convocatoria «Es hora de contar» de Contracorriente.
Pobladores en Santa Cruz de Yojoa denuncian que funcionarios del Partido Libre están frenando el desalojo de 206 familias que ocupan 230 hectáreas de tierra en humedales aledaños al Parque Arqueológico Los Naranjos y terrenos de la represa Cañaveral desde hace tres años. Aseguran que hay daños ambientales, mientras el Estado no garantiza ni la protección ambiental ni el derecho a la vivienda digna y, al contrario, priman intereses de funcionarios locales.
Donald Trump llegó al poder apoyado en un discurso antiinmigración, con una promesa central de cerrar las puertas a quienes buscan emigrar o encontrar refugio en el país y de poner en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.
Llegó a ser una ciudad tan silenciosa que lo único que se escuchaba era el llanto de las estatuas. Sí, las estatuas también lloran. Aunque no siempre fue así. No siempre lloramos.
Siendo niños y viendo los lugares más oscuros de nuestros hogares, imaginamos que en alguno de ellos probablemente se alojaría un ente ajeno a la naturaleza humana. Es por eso que, creo yo, tales espacios —por aquello de la experiencia vivida— son una fuente ilimitada de inspiración para muchos autores del cine de terror y suspenso en la posmodernidad.
El amor y la ira, la esperanza y el desasosiego, la risa y el dolor, la academia y la lucha, el raciocinio y la sana locura, todas estas eran facetas de la vida esplendorosa de Francesca Gargallo (1956-2022). Y todas estas facetas también brillan en esa especie de ópalo recién extraído de la mina que es su libro póstumo de relatos En qué momento me volví esa señora iracunda (Random House, 2023), presentado en Tegucigalpa por la escritora hondureña Melissa Cardoza y Helena Scully, hija de la autora.
. La mayoría de sus casas, en alguna época bares y lupanares, se encontraban abandonadas, con paredes resquebrajadas y amontonados sus cimientos de monte seco y basura.
Don Cosme estaba seguro de que moriría el 17 de noviembre de 1963, así que un par de meses antes se preparó para ello. Como si se tratara de una boda o de otra celebración, convocó a sus familiares y amigos cercanos. Nadie lo tomó por broma o locura debido a la exactitud con la que predecía los acontecimientos familiares, incluso las muertes. Nunca se supo en qué se basaba don Cosme, pero no tenía la costumbre de fallar.
La verdadera Cenicienta se levanta de la camilla. Está atontada y respira con dificultad. Los bomberos llegaron a tiempo para rescatarla de las cenizas de su casa. Entre el enjambre de latas, cartón y madera chamuscada han de hallarse los cuerpos calcinados de sus dos hermanas; pero la verdadera Cenicienta ya no hace por acercarse a mirar.
Como parodia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), The Boys hace sus deberes mostrando una visión «adulta y madura» del género de superhéroe y pone en tela de juicio las consecuencias de mega corporaciones detrás de un poder absoluto e invencible. Tiene tiempo para hablar sobre la radicalización de personas hacia extremos conservadores a través de fake news, y casi todos los personajes en The Boys se desarrollan al recordar o pensar en sus padres.
Al finalizar su ponencia magistral, abren el micrófono al auditorio. Una escuálida y bajita edecán, vestida de hippie setentera, lleva el micrófono inalámbrico a la primera persona que levantó la mano. Un agudo feedback sabotea de entrada el conversatorio y hace evidente el malestar de los organizadores, cuya mirada recriminatoria recae sobre el encargado del sonido.
Comienza la ronda de preguntas:
—¿Hocquetot, y usted qué opina de la economía del lenguaje?
—En tiempos de crisis, es importantísima.
—¿Y sobre las descripciones en la narrativa?
—Si me describen a mí, son válidas.
—He oído que sus libros son muy complejos. ¿Ha pensado alguna vez en escribir de manera más sencilla para aumentar el número de sus lectores?
—¿Acaso ha pensado usted alguna vez hacerse más bonita para tener más amantes?
—¿Es cierto que usted dejó de escribir durante un tiempo porque le robaron lo que usted consideraba su gran acierto literario?
—Es cierto. Aunque la verdad es que dejé de escribir porque tenía que comer. Cuando como, no puedo escribir.
—¿Qué ha sido de su libro perdido, tiene esperanza de hallarlo?
—No. ¿Usted sí?
—¿Escribirá sobre su libro perdido como Shakira escribió su álbum perdido Dónde están los ladrones?
—Aún no lo he pensado. Pero sí le diré que hace unos meses me entrevistó la revista turca Blue Jean sobre el desastre de grandes magnitudes que le ocurrió a la literatura. Todavía hablan de pérdidas inimaginables, pues ellos creen, no yo, que en ese libro se encontraban las claves para entender esta nueva era de la humanidad. Respecto a Shakira, me gustan sus dos primeros álbumes y cuando su pelo era negro y tenía un aura virginal como una madona del siglo XVI…
—Hace un tiempo, a causa de las críticas devastadoras que recibió sobre su identidad, usted cambió su nombre artístico a su nombre de pila y viceversa. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Eso es una injuria. Jamás cambiaría mi nombre por críticas insanas y malintencionadas de tan honorables hombres de las letras. La verdadera razón fue que era la única forma de esconderme de los acreedores. Como usted sabrá, el índice de lectura por persona en los países latinoamericanos es de entre dos y cinco libros por año y en este país es de medio libro. Hice un mal cálculo. El tiraje de ejemplares lo basé en un dato erróneo y ahora me toca pagar el préstamo por los libros que se pudren en mi casa. Y antes que pregunten, no, tampoco fui informante de la CIA como algunos aseguraron. A los pobres poetas Antonio José Rivas y Roque Dalton también les achacaron lo mismo. Cosas así solo le suceden a Unamuno.
—¿Se considera marxista?
—Pues fíjese que del único marxista que he oído hablar es de Marx. Y ni tan marxista, pues este se burlaba en cartas a Engels de los artistas comprometidos que elaboraban literatura política, en cambio, disfrutaba y admiraba a Balzac.
—¿Me gustaría preguntarle si es otro de esos escritores mercadotécnicos que solo escriben de noche…?
—No, soy de esos que escriben de día y de noche, pero nunca bajo la lluvia, ese clima sí lo respeto.
—¿Es cierto que usted odia entrar a librerías y que en su lugar prefiere los supermercados y las tiendas de electrodomésticos?
—Ciertísimo.
—Sr. Hocquetot, a mí déjeme decirle que me enferman los que solo citan a europeos… como si no hubiera ni un escritor hondureño de verse…
—De verse no lo sé, de ver quizás; que leer, sí, los hay, por allí tiene a Roberto Castillo, me refiero a su último libro o etapa, o a José Antonio Funes, por nombrarle dos nomás.
—Entre leer y escribir, ¿qué prefiere?
—Cocinar…
—¿Le gusta la música clásica?
—Yo profiero la ensalada a Beethoven y Sinatra, a Vivaldi, uvas pasas que me dan más calorías…
—¿Es feliz?
—Upa. Epa. Ipa.
—¿Usted es soplanucas o muerdealmohadas…?
—No entiendo su pregunta.
—Usted busca respuestas, ¿cómo cuáles?
—Eh…, como a qué horas termina este interrogatorio.
—Querido señor Hocquetot, ¿extrañas a la mujer que te marcó? ¿O solo fue un invento?
—Sí, la muy ingrata no me dejó ni borrador ni corrector.
—¡No se puede hablar con usted, todo se lo toma en juego!
—No es mi culpa que usted todo se lo tome en serio.
—¿Cuál fue el final de su experimento Priestley? ¿Era ficción o realidad?
—Por supuesto que era solo un cuento, por Dios, ¿de qué me cree capaz usted? ¿De sacrificar personas? Pero confieso aquí, ante ustedes, que sí mandé a construir las tres campanas de cristal de dos metros de altura por dos metros de anchura. Y también es cierto que convoqué a los jóvenes que no gustan de la lectura para realizar el experimento. Créame que estaban muy interesados en acabar con ese mito de que los libros son importantes en la vida del ser humano como el oxígeno. Sustituí las plantas por libros, por grandes y venerables obras maestras, y dejé entrar a uno de los convocados. Mis experimentos con ratas ya habían arrojado evidencia que no fue refutada por mis experimentos con personas.
—¿Ha pensado dar clases en universidades?
—Válgame Dios que no; cuídeme de tal sacrilegio; aún me tengo estima, aunque el reconocimiento no me tenga en su gloria.
—Una vez leí que usted dijo que las personas que se dedican a crear polémica se deben a su carencia de talento, cuentan con una colosal vanidad, sin olvidar su ansiedad por atención…
—Si alguna vez lo dije, usted lo dijo mejor; si usted lo dijo mejor, aténgase a las consecuencias…
—¿Qué opina de aquél que se ríe solo?
—¡No caeré en la trampa de hablar mal de mí!
—¿Por qué no se ha casado?
—¿Lo envió mi novia?
—¿Es cierto que a usted le da por destruir libros?
—Ay sí, y ahora es que a usted le da por salvarlos…
—Ese último libro suyo no tiene ni pies ni cabeza…
—Como podrá corroborar, su ADN no es humano, además ese libro lo extravié. ¿Dónde lo leyó?
—¿Para qué escribe?
—Escribo para dejar de escribir.
—¿Qué opina de los políticos…?
—Es más común que a los políticos no les interese el bien común, es más, común a todos es que tengamos sangre de políticos puesto que a ninguno nos interesa el bien común.
—Fuentes fidedignas me han confirmado que a usted le otorgaron el primer lugar del prestigiosísimo Premio Latinoamericano de Relato Maldoror, pero una vez abiertas las plicas decidieron otorgárselo a otra persona debido a su corta edad, ya que no era recomendable dárselo a un mozalbete, y en su lugar le dieron una mención honorífica.
—Asimismo, mijo. Y se verán cosas, dijo el Señor.
—¿De qué manera le gustaría morir?
—De amor verdadero.
—¿Ha pensado en el suicidio?
—En la vanidad del suicidio… ¿en la resignación diaria?
—¿Es cierto que a los artistas no les gusta trabajar?
—Eso es un mito. La realidad es que no les gusta pagarles a los artistas por su trabajo, quieren que todo sea gratis, como no es un bien tangible sino un bien inmaterial, los empresarios e instituciones educativas, todo el sistema, por lo menos en este país, no remuneran la creación intelectual humana. Creen, por ignorancia, que no sirve para nada, pero esta mentalidad es producto o consecuencia del sistema en que vivimos. Por ejemplo, vea el caso de Colombia, por concepto de propiedad intelectual se percibe más que por hostelería y energía. Le hablaré de cifras para que más o menos tenga una idea y compare nuestro país con otros de la región y de Latinoamérica:
Honduras posee el promedio más bajo de exportaciones de libros en Centroamérica. Solo en 2012, a pesar de haber registrado un mayor número de títulos publicados en relación con Cuba, Nicaragua y El Salvador, su consumo fue interno. Costa Rica es el país de la región que más publica libros y exporta más. Solo en 2012 los ticos publicarán 1 844 000 de libros, que generarán el 80 % del PIB mundial por exportación. Panamá, pese a publicar menos libros, un total de 802, exportó 10,7 millones de dólares en libros. Vea usted que la industria editorial es importante y en Honduras no ha habido una política de venta de imaginario e identidad cultural y nacional. Por su parte, Guatemala publicó 991 libros y solo registró 3,2 millones de dólares. El Salvador y Honduras son los países con similar producción de libros, pero El Salvador percibió por exportación 5,3 millones de dólares, en cambio Honduras 0,1 millones de dólares. Ni el millón exportamos. Nicaragua, que solo publicó la cuarta parte de lo que publicó Honduras, generó 0,7 millones de dólares, más que nosotros. Póngase a pensar entonces dónde radica el error: en las políticas del Estado. España y Brasil son los países que más publican, el primero con 112 684 libros, generando 554,7 millones de dólares, y Brasil 65 745 libros para un total de 26,2 millones en concepto de exportación. México, que produce menos que Brasil, sumó un total de 147,7 millones de dólares en exportaciones. Argentina publicó 27 661 libros y registró en sus arcas 43,7 millones de dólares. También somos un país consumista de libros. Pero pensemos, y saquemos cálculos, si exportáramos en libros igual o similar cantidad que Costa Rica, Panamá o El Salvador, cuánto generaría esta actividad editorial en impuestos, en movimiento de insumos, a nuestro país, sin contar el beneficio para autores y editores. Desde 15 a 32 millones de lempiras para las arcas del Estado. ¿Y esta cantidad de dinero para qué podría servir? Más de lo que se presupuesta para el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia y para el Instituto Nacional de la Mujer .
Ahora bien, concluyo mi respuesta a su pregunta citando a Charles Bukowski: «¿Cómo diablos puede un ser humano disfrutar que un reloj de alarma lo despierta a las 5:30 a. m. para brincar de la cama, sentarse en el excusado, bañarse y vestirse, comer a la fuerza, cepillarse los dientes y cabello y encima luchar con el tráfico para llegar a un lugar en donde usted, esencialmente, hace montañas de dinero para alguien más, y encima si le preguntan, debe mostrarse agradecido por tener la oportunidad de hacer eso?»
No se trata del artista, sino del ser humano en esta sociedad nuestra.
(Aplausos.)
—¿Qué tan cierto es el rumor de que usted ha besado pandas?
—Aunque usted no lo crea son muy amigables. Pero lo más increíble es que padecen de Alzheimer, gracias a ello me ahorro futuros reclamos derivados de nuestros affaires. También he besado mujeres cocodrilo.
—¿Hay otro Dios menos común en el que sí cree?
—Sí, en la fe. O quizás en el ceviche.
—¿Es cierto que usted cambió su estilo de escritura, del arrebato y el paroxismo pasó a la moderación y a lo fantástico?
—Es fantástico que usted lo mencione…
—¿Ha oído hablar de los «huidobrianos»?
—Oí de ellos. Una vieja tribu, ¿no? ¿Cómo les decimos a los nativos desposeídos y explotados, los que no gozan del beneficio del Estado y sufren espantosas carencias, aquellos que su modo de vida es la precariedad…? Oh, sí, ya recordé, etnias o pueblos originarios. Los «huidobrianos» fueron una etnia, ¿o me equivoco? Y si bien recuerdo en la actualidad solo queda un último hablante huidobriano.
—Qué opina usted sobre los europeos y demás países del mundo que solo se interesan por nosotros como una mestiza fauna exótica…
—Cuando echan un vistazo a nuestros países solo es para entretenerse de nuestra tan desventurada vida, de lo riesgoso que es comerse un pan y tomarse un vaso de agua; pero véalo con otros ojos, con ojos limpios y puros al mejor estilo europeo: a poco no es simpático que sea tan difícil alimentar con un dólar al día a una familia de cinco personas, es más, en lo personal pienso que es tan gracioso que a causa de la violencia de nuestro país haya más carne muerta de seres humanos que arroz y frijoles para alimentar a una persona. Además, piense que no es nada fácil hacerse un nombre a nivel mundial, y Honduras lo ha conseguido, por mérito y con mucho esfuerzo. Somos la capital de la muerte y esto, francamente, es emocionante.
—¿Qué le motivó a escribir?
—El aburrimiento. Y probablemente personas como usted.
—¿Como yo? ¿Cómo así?
—Sí, personas como usted que son personas como yo y que no tienen qué comer y a causa del desempleo masivo deben ocuparse en cualquier actividad o buscar un oficio; algunos matan, otros mueren; hay quienes sobreviven, otros callan, otros tienen lenguas prolíficas y viperinas, otros limpian vidrios de carros en los semáforos, otros prefieren los malabares con fuego, otros se vuelven militares, otros políticos, narcos, delincuentes, incluso empresarios, como verá, para todos hay un oficio, y una vocación, y yo encontré el mío.
—¿Desde qué edad comenzó a sentir la «inspiración»?
—Desde que comencé a inspirar.
—¿Cuál es su temática preferida y por qué?
—El fútbol.
—¿Creció en un ambiente que favorecía la lectura o no?
—No lo había pensado, y tiene razón, la lectura se favorece de mí.
—¿Qué ve que yo no veo?
—A mi novia.
—¿Qué tipo de preguntas puede responder un escritor si le exigimos un cierto grado de solvencia?
—¿Económica? Pues ¿le gustaría ir a cenar?
(Risas entre el público.)
—¿Su inspiración está basada en su condición de ser humano normal o bajo el efecto de algún estupefaciente?
—Si hay un ser humano debajo de mí mientras viene la inspiración, seguramente estoy sobre algún efecto y no bajo un efecto. ¿Usted qué cree?
—¿Qué podría hacer para llegar a hacer un buen escritor?
—Tenga hijos.
—Perdón, quise decir para llegar a ser un buen escritor…
—Retenga la respiración.
—¿Qué te motiva a estar vivo?
—Las motivaciones se acabaron hace un buen rato. Creo que el temor. El temor es una poderosa herramienta que no hemos sabido explotar.
—¿Qué es lo que realmente quiere que nos quede como gesto en el rostro cuando terminamos un libro suyo?
—Tenga cuidado, en todo caso, de hacérsela a Vila-Matas. Te respondería que cada lector es dueño de su propio rostro y yo no tengo nada que ver con el estado en que quede ese rostro.
—¿Crees que leer poesía en la calle es pendejada, postura o deber moral del poeta?
—La gloria o el mérito de ciertos hombres consiste en escribir bien; el de otros consiste en no escribir, decía La Bruyère; el de otros en leer o en tener moral; pero no creo que tenga nada de malo leer en la calle, hay quienes les hablan y cantan a las plantas y otros a los animales, si alguien quiere leerle a una calle, que lo haga, quizás se abra o se alargue o se lo trague, como ocurrió en Guatemala en 2010. Solo de imaginarlo… sería una estupenda performance.
—¿Considera que los escritores son unos vanidosos egocéntricos que se creen el ombligo del mundo?
—Balzac decía que hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir.
—¿Y usted que exhibe?
—¡Mis dientes! Por dios, ¡mis dientes!
—Un último mensaje para nuestro joven auditorio.
—Lo felicito, para ser tan joven, supo retener a tantas personas.
Pero antes de despedirme quiero citar una frase de Voltaire, un autor que deberíamos leer antes que al noventa y nueve por ciento de nuestros autores: «A los tontos todo les maravilla en un autor apreciado; pero yo, que leo para mí, solo apruebo lo que me gusta».
See you later, alligator.
Se cierra el micrófono. Algunos alumnos se acercan al podio, otros se marchan a la puerta, astutamente. Eduardo Ilussio Hocquetot da uno que otro apretón de manos, otros lo abrazan, pero otros, y estos los más terribles, le dicen que lo admiran. A Hocquetot lo apresuran los miembros de la junta directiva de la Universidad Desconocida, piensan llevarlo a comer. Hocquetot se despide entre uno que otro aplauso y uno que otro resentimiento.
Este cuento forma parte de la convocatoria «Es hora de contar» para el espacio cultural de Contracorriente.
«Lo importante es que estás bien, que tu familia está bien, lo material se recupera», he leído y escuchado estas frases dirigidas a muchas de las personas que aún estaban pagando sus casas, sus electrodomésticos o sus automóviles. ¿En realidad lo material se recupera? Honduras es un país con un alto índice de desempleo, por tanto un gran porcentaje de su población (la mayoría) no puede acceder a una vivienda, y si lo hace es a través de préstamos con un plazo de veinte años o más. Decir que lo material se recupera a personas que han pasado meses sin generar ingresos o con suspensiones temporales por la pandemia es un acto de apatía absoluta.
El 4 de noviembre ingresó a nuestro país el huracán Eta, donde posteriormente se convirtió en tormenta tropical. Mientras tanto, el Gobierno indicaba que el feriado morazánico seguía en pie, que podíamos ir a vacacionar. Desde el Centro de Huracanes se había advertido la intensidad de lo que podía ocasionar Eta en Honduras, sin embargo, hasta el 3 de noviembre, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió la alerta roja.
Desde el cinco de noviembre hemos comenzado a vivir incertidumbre tras incertidumbre, nos encontramos ante funcionarios de Gobierno que son inoperantes e incompetentes, que no pensaron en todas las víctimas que podía causar este desastre natural. En todas las personas que perdieron absolutamente todo.
En lo personal siento mucha gratitud porque en esta ocasión no fui una de las personas que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, damnificadas y trasladadas a albergues. Sin embargo, junto a tu mamá, vivimos dos días de mucha incertidumbre. Mis tías maternas se encontraban atrapadas en medio del agua, esperando que alguien pudiera llegar a rescatarlas de aquella enorme inundación. Mientras tanto nosotras gestionábamos y esperábamos lanchas que pudieran llegar a la zona donde viven mis tías para que las sacaran de allí.
Desde el miércoles por la tarde perdimos la comunicación con ellas y lo peor de todo, era que en realidad no podíamos hacer nada. Las calles de camino a La Lima estaban inundadas y ni siquiera había paso después del peaje, no había una forma de hacer algo más que llamar por teléfono a todos los contactos que conseguíamos de personas que tenían lanchas, pero todos nuestros intentos eran fallidos. No encontrábamos lanchas disponibles porque todas estaban ocupadas en el rescate de otras personas. El tiempo pasaba y no teníamos noticias.
Mirábamos en la televisión y en las redes sociales a muchísimas personas en el techo pidiendo ayuda, por otro lado escuchábamos de personas que sus familiares reportaban como desaparecidas y otras que habían muerto ahogadas. Todo esto hacía que nuestra espera fuera más larga y llena de angustia. Fueron dos días intensos, llenos de incertidumbre que no quisiéramos volver a pasar, y eso que, como lo he dicho, mucha gente la pasó peor. Fue hasta el viernes, alrededor de las cuatro de la tarde que mis tías fueron rescatadas y pudimos abrazarlas por fin y acogerlas en nuestra casa.
Eta dejó más de cien mil familias damnificadas, personas que vieron cómo sus casas se inundaron hasta el techo, cómo se perdían todas las cosas por las que habían trabajado toda su vida. Eta —además de la COVID-19— vino a demostrar que vivimos calamidad tras calamidad y que la ciudadanía ya no espera nada de este Gobierno que no nos ofrece vida digna de ninguna manera.
En medio del caos y al ver la inoperancia de Copeco, la población comenzó a salir al rescate de las personas que se encontraban en riesgo y luego a llevar ayuda a quienes iban ingresando a los albergues para damnificados. Todo se hizo desde el concepto de solidaridad, «Solo el pueblo salva al pueblo», se leía en todas las redes sociales y fue la consigna que prevaleció en todo momento.
Después de vivir y presenciar estas cosas es imposible que como ciudadanos y ciudadanas no nos sintamos molestas por las injusticias y precariedades que han pasado y que aún tienen que pasar muchas personas, porque el Gobierno no hace su trabajo y no cumple con su responsabilidad constitucional de velar por el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.
Algunas personas suelen decir que los desastres naturales o calamidades como la COVID-19 nos afectan a todos por igual, que son catástrofes que no ven género, edad, raza, incluso situación económica, pero en realidad son situaciones que siempre han afectado a las personas más vulnerables y en situación de pobreza. En este país se ha convertido un privilegio el acceso a la salud, la alimentación, la vivienda. La salud pública, por ejemplo, se encuentra colapsada y una gran parte de la población no puede pagar atención privada en un hospital, por tanto, si no es posible algo tan vital, recuperar los bienes que perdieron en las inundaciones tardará mucho tiempo y no será una tarea fácil en la mayoría de los casos.
Creo que es importante no perder la empatía, por tanto hablar desde la comodidad de nuestras casas y atrevernos a decir que esta tormenta nos afectó a todos de la misma forma porque se cancelaron clases, porque se canceló un viaje o porque tuvimos que quedarnos encerrados, es no tener conciencia de la situación en la que se encuentran miles de compatriotas.
No podemos hablar desde nuestro privilegio y decir que esto nos afecta de la misma manera cuando hay cientos de familias viviendo en este mismo momento en un carril de la carretera de La Lima. Es injusto hablar desde nuestro privilegio cuando niñas, niños y mujeres han tenido que refugiarse en un albergue y además de luchar por sus vidas, deben luchar contra la violencia sexual de la que también están siendo víctimas. Sin duda Honduras es un país donde la mayoría de los derechos son exclusivos para una reducida clase social. Sin duda es un país en calamidad, donde reinan los privilegios de clase, sexo y raza.
Unas 350 familias del sector de Chamelecón se han refugiado en los bajos de un puente porque los albergues disponibles no son una opción. Estas familias intentan evadir la inundación, pero también la violencia en sus comunidades controladas por pandillas. El Estado hondureño no les ha garantizado seguridad durante la emergencia provocada por las dos tormentas tropicales que destruyeron sus hogares y ahora, en la incertidumbre calculan que la reconstrucción de sus hogares tardará un año si el Gobierno no destina recursos a su reparación.
El río Chamelecón ha inundado y destruido dos veces las colonias a lo largo de su cauce en el sector que lleva su nombre, que además es uno de los focos de violencia en San Pedro Sula, la segunda ciudad con más homicidios en el país, que únicamente en 2019 registró 438 homicidios según datos de la Sepol. Con las pandillas y su guerra permanente por el control de los territorios, el sector de Chamelecón ha conocido también la inclemencia de dos tormentas tropicales que en cuestión de días han destruido todo a su paso.
Sobre la ribera del río, unas 1500 viviendas yacen entre el fango, la arena arrastrada por la corriente de la inundación y las aguas estancadas que comienzan a oler a putrefacción. En Chamelecón se camina entre la destrucción.
Roxy es una mujer trans de 25 años que junto a su familia lo perdió todo, ella acompaña a su amigo Fernando de 24 años para poder revisar lo que ha quedado de su casa. Roxy y Fernando no solo lo han perdido todo en un sector que les ha visto nacer y crecer, también están conscientes de que la reconstrucción de sus colonias la harán las personas que viven ahí, solas, sin ayuda gubernamental, porque a Chamelecón no llegan las ayudas —dicen, mientras caminan entre los restos de lo que antes era su colonia—.
Crecer en un sector como Chamelecón para una mujer trans es crecer siendo invisible entre los invisibles. La homofobia y la transfobia se manifiesta en bromas y chistes que aparentan amistad o una falsa aceptación, pero que Roxy y Fernando han normalizado para poder sobrevivir.
Cuando el cauce del río creció, huyeron dejándolo todo atrás, una vida representada en las pocas pertenencias materiales que ahora no existen más. Roxy, incluso ha perdido a una tía en medio de este desastre de la que no sabe si está viva o muerta. Fernando, quien antes de las dos tormentas tropicales vivía únicamente con sus dos abuelos a quienes cuidaba, pero que ahora ha debido llevarlos fuera del barrio, se ha quedado durmiendo algunas noches debajo de un puente donde hay otras personas de su sector. Roxy y Fernando no han recibido ayudas de ninguna organización o institución del Estado, ni siquiera de las organizaciones de la comunidad LGBTI, aseguran.
Bajo el puente que desde la ciudad de San Pedro Sula conduce hacia la salida al centro y occidente del país, al menos unas 350 familias pasan los días desde que la tormenta tropical Eta —que provocó la crecida en el cauce del río Chamelecón— inundó sus viviendas, cuando la tormenta tropical Iota apareció para coronar una devastación que se sabe absoluta, muchas de estas familias intentaban limpiar sus casas y volver a habitarlas, algo que ya no pudieron hacer.
Se han instalado bajo este puente a pesar del frío y el hambre, a pesar de que las condiciones sean insalvables, porque en su sector se ha habilitado un único albergue que no tiene la capacidad de refugiar a todas las familias afectadas de esta parte de Chamelecón, el resto de los albergues están en territorio de la pandilla contraria a donde no pueden llegar porque la violencia no se los permite.
Ser damnificado hace que las personas se olviden de la pandemia porque hay otras necesidades que resolver, afirma Santos España, un hombre de la tercera edad que se ha refugiado debajo un puente junto a los vecinos de su comunidad.
Sin credibilidad en los militares —quienes han sido la única presencia del Estado hondureño bajo este puente— y en las demás instituciones que atienden la emergencia climática provocada por las dos tormentas tropicales, los habitantes de la ribera del río Chamelecón han decidido quedarse a la intemperie porque para estas familias es el mal menor entre una lista larga de males que les aquejan.
En Chamelecón incluso la sede del comité sectorial de la Cruz Roja Hondureña se ha convertido en albergue donde están damnificados los 24 voluntarios y su familias. Odalma Henríquez de la Cruz Roja, en el sector de Chamelecón, dice que no se dan abasto para atender a las familias damnificadas de 60 colonias que han sido arrasadas por las inundaciones. Esta también es la razón por la que no han podido continuar con la aplicación de las pruebas para detectar COVID-19 aunque Copeco insiste en que es parte de los protocolos en todos los albergues del país durante la emergencia provocadas por las dos tormentas tropicales.
Las familias de Chamelecón esperan que baje el agua para poder volver a sus hogares e intentar reconstruir sus vidas, una reconstrucción que dicen enfrentarán solos porque a Chamelecón —cuentan los damnificados debajo del puente— no llega nadie del Gobierno.
Mientras las familias de Chamelecón esperan que las condiciones mejoren para volver a sus hogares, en el Valle de Sula sigue lloviendo y los cauces de los ríos han vuelto a subir, poniendo en pausa cualquier idea de reconstrucción porque las colonias han vuelto a inundarse. La tristeza y el llanto es todo lo que han tenido desde que Eta inundó sus hogares hace poco más de dos semanas, estos barrios y colonias han sobrevivido a la violencia de las pandillas, a la violencia gubernamental manifestada desde su ausencia, a la pandemia por COVID-19 y ahora sobreviven al hambre y al frío en condiciones de adversidad absoluta.
En medio del desastre por las inundaciones en el Valle de Sula, la violencia se ha agudizado debido a la vulnerabilidad social y ambiental demostrada con el paso de las tormentas la semana pasada. La calamidad se traducirá en violencia, afirman expertos.
El Valle de Sula ha encabezado este año las estadísticas por contagios de COVID-19, pero recientemente su vulnerabilidad también se demostró con el paso de las tormentas que dejaron miles de personas afectadas. Esta semana, el Colegio Médico de Honduras pidió declararla «zona de desastre».
El departamento de Cortés, desde hace décadas, ha sido uno de los más golpeados en los homicidios múltiples o masacres, para poner un ejemplo, el Observatorio de la Violencia reportó que el 31 de diciembre de 2019 esta zona cerró con 18 homicidios múltiples, 2 ocurrieron en el municipio de Choloma, 1 en La Lima, 2 en Puerto Cortés, 1 en Villanueva y 12 en San Pedro Sula.
Parte de estos municipios se inundaron por las tormentas Eta e Iota, lo que obligó a sus pobladores a resguardarse en los techos de sus hogares, árboles y hasta en postes de alumbrado público para ponerse a salvo.
Durante la emergencia, por varios días, las personas afectadas hicieron llamados de auxilio a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales, pero en la mayoría de los casos no obtuvieron respuesta de los entes del Estado, eso provocó que los mismos ciudadanos se dispusieran a realizar labores de rescate en apoyo al Cuerpo de Bomberos de Honduras, la única institución que socialmente fue bien valorada por la opinión pública.
A medida avanzaban las operaciones de rescate, por medio de redes sociales se denunció que maras y pandillas en sectores como Planeta, en La Lima, departamento de Cortés, extorsionaban a quienes intentaban realizar labores de rescate.
Karol Bobadilla, abogada e integrante del Foro de Mujeres por la Vida, expresó que todavía existe mucho temor en la población del Valle de Sula por la conflictividad que generan las maras y pandillas. En algunos de los recorridos realizados por su organización en los diferentes puntos inundados en estos sectores se reportan casos de violencia contra familias enteras, cuyos autores son —según los denunciantes— miembros de estructuras criminales.
Una mujer viste a su hija en los bajos de un puente. Muchas personas permanecen bajo puentes debido a que sus hogares se inundaran tras el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. San Pedro Sula, 23 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
«Se dio una denuncia de una mujer en uno de los sectores controlados por pandillas, al inundarse su hogar tuvo que cruzar un territorio contrario. Corrió ese riesgo y es terrible porque fue amenazada de ser violada por el simple hecho de cruzar esa frontera», dice.
El paso de las tormentas tropicales cobró 92 vidas humanas, 9 desaparecidos y 2 995 459 afectados a nivel nacional (decenas de miles permanecen en albergues), según datos proporcionados por la Comisión Nacional de Contingencias (Copeco).
Bobadilla piensa que hubo inoperancia gubernamental y respuesta tardía al momento de los rescates porque «ante la llegada de estas catástrofes no se había planificado nada. Si se hubieran puesto los recursos y el conocimiento de cómo abordar una situación de emergencia, evidentemente esto no hubiera sucedido».
Sostiene que las amenazas y violencia que viven estos territorios fue aprovechado por el Gobierno para tener una excusa y no atender los llamados de auxilio: «Fue una excusa porque sabemos que la violencia que se vive en estos sectores es una cuestión real que ha pasado siempre. Pero ese no era el único factor que impidió que llegara la ayuda, el Gobierno jamás creó una ruta de evacuación para evitar las pérdidas humanas».
La psicóloga Mayara Orellana, integrante del Foro de Mujeres por la Vida y de la agrupación Feministas Universitarias, asegura que son muchas las violencias que se viven en los albergues: violencia sexual, psicológica, intrafamiliar y la violencia que ejercen las maras y pandillas. «Al inicio de la catástrofe se instalaron a integrantes de pandillas en un solo albergue generando serios conflictos entre los damnificados. Otra de las situaciones fuertes ha sido la trata de menores», explicó.
Una niña sostiene un indicador de violencia entregado por organizaciones de la cooperación internacional en los albergues del país. San Pedro Sula, 23 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Orellana reveló que las autoridades competentes ya tienen información sobre estos casos, pero ante la falta de la actuación del Estado, desde su ejercicio profesional no puede hacer mucho: «La trata de menores ha sido denunciada ya, es sobre un padre que alquila a su hija por horas de la madrugada en uno de los albergues aquí en la zona norte y por la mañana la menor regresa a su padre, nosotros no podemos hacer mucho porque no sabemos la procedencia de esta persona».
Según fuentes oficiales 128 127 personas se encuentran albergadas en 502 centros educativos, iglesias y centros comunales en todo el territorio nacional tras el paso de las tormentas tropicales, de los cuales 27 fueron inspeccionados, luego de que la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), realizara diferentes visitas y se encontrara con casos de abuso sexual en perjuicio de dos menores de edad.
Lolis Salas, directora del Dinaf, informó que uno de los casos corresponde a una menor de 10 años, quien ha sido violentada sexualmente por su padrastro y, el segundo, otra menor de 16 años que fue agredida por una persona desconocida que se encontraba entre los albergados en un centro escolar donde se encontraba la víctima. Ante esta situación el Dinaf indicó que procedió a proteger a estas menores, sus hermanos y madres.
El Ministerio Público por medio de su portavoz, Yuri Mora ha dado a conocer que diferentes equipos realizan aún investigaciones de estos casos en los albergues ubicados en la zona norte: «por medio de la fiscalía de la niñez de la mano de psicólogos está realizando diferentes trabajos con los menores en los albergues, ya que la mayoría se encuentran muy vulnerables, tristes y estresados, así que nuestro trabajo es indagar qué sucede con estos menores para tener un estado anímico muy bajo».
Mientras tanto la Policía Nacional por medio de su portavoz, asegura estar brindado seguridad en los albergues del país. «No tengo el dato exacto de cuáles y cuántos albergues están siendo vigilados, pero la Policía Nacional fue alertada de las violaciones e inmediatamente se inició el desplazamiento para salvaguardar a la ciudadanía en estos lugares», agrega Jair Meza.
Un grupo de personas intenta volver a sus hogares inundados en la colonia La Democracia junto al bordo del río Ulúa. San Manuel, Cortés, 18 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Agregó además que se reportaron varias denuncias sobre amenazas provenientes de maras y pandillas al Sistema Nacional de Emergencias 911, aunque es claro que no solo los miembros de estas estructuras son los victimarios. «Algunas denuncias las recibimos, pero la mayoría solo se realizaron por redes sociales, ante esta situación la Policía Nacional aumentó la vigilancia en las zonas de rescate», explicó.
Entre otros hechos estaban las denuncias del robo de lanchas y amenazas por parte de estructuras del crimen organizado, que operan en el Valle de Sula, estas fueron notificadas a la Policía, puntualiza Meza, quien afirma que hay agentes que permanecen resguardando los lugares en donde se realizaron las evacuaciones a causa de las tormentas tropicales, principalmente para evitar el saqueo de las viviendas.
Contracorriente habló con Óscar Triminio, vocero del Cuerpo de Bomberos, quien reconoce la enorme conflictividad por la violencia, pero asegura que sus unidades no tuvieron problemas para realizar labores de rescate en los sectores catalogados como violentos.
«Gracias a Dios la institución tiene una aceptación casi general a nivel de población, incluso tenemos estaciones de bomberos en zonas con muchos problemas de violencia y jamás hemos tenido una amenaza, el crimen organizado siempre ha respetado al Cuerpo de Bomberos, ellos saben que nosotros servimos indiferentemente de quienes requieren el servicio», afirma.
La violencia y el COVID-19 azotan Honduras
Honduras lleva aproximadamente ocho meses de encierro a causa de la llegada de la pandemia del COVID-19, pese a esto y a la llegada de dos tormentas tropicales que desataron otra emergencia nacional, la violencia no se detuvo.
En 2019 Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica con una tasa de 41.2 homicidios por cada 100 000 habitantes, según el informe Balance de InSight Crime, de los homicidios en 2019. Entre los departamentos con mayor número de homicidios se encuentran Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Atlántida y Olancho.
El pasado fin de semana se reportó una nueva masacre en el departamento de Comayagua, cobrando la vida de Lorenzo Tejeda de 42 años, German Maldonado de 21 y Henry Hernández de 34, los tres fueron asesinados por hombres desconocidos al momento de retornar a sus viviendas luego de convivir con amigos en la colonia Canadá en Comayagua.
La Policía Nacional informó a Contracorriente que este crimen fue cometido por enemistades personales y que a la fecha no hay capturas de los hechores. Con esta masacre se aumenta a 44 en total en el territorio nacional, que han cobrado la vida de 155 personas en lo que va del 2020.
Según el Departamento de Estadística Policial, el promedio diario de homicidios es de 9.30 y la tasa por cada 100 000 habitantes es de 32.07, datos que reflejan una disminución del 14.33 % con respecto al año 2019. En el mes de febrero se cerraron las cifras de homicidios con 10.90 muertes por día con un total de 316 fallecidos.
El 16 de marzo el Gobierno de la República decretó toque de queda en todo el país, impidiendo así la circulación de los ciudadanos, esto produjo la disminución de la violencia ya que se registraron 7.71 crímenes diarios, arrojando un total de 239 asesinatos en el mes, pero en mayo los datos nuevamente aumentaron reportando 8.68 fallecidos al día con un total de 269 en el mes.
En junio se incrementó a 9.27 fallecimientos por día, registrando 278 homicidios en total, mientras tanto en julio se reportó 9.61 asesinatos al día con un total de 298 al mes. En agosto nuevamente las cifras aumentan reportando 10.31 fallecidos al día para un total de 314 en el mes, en septiembre tuvo una leve disminución con 9.30 fallecidos por día reportando al mes 279 homicidios.
Luego de autorizar en el mes de octubre la circulación de dos dígitos de la tarjeta de identidad por día para reactivar la economía, la violencia nuevamente aumentó ocupando el mes más violento en lo que va del año según la Secretaría de Seguridad con un promedio de 11.22 muertes por día, cerrando el mes con 329 fallecimientos de forma violenta en todo el territorio.
Mientras tanto en los 20 días que va del mes de noviembre se reportan 140 homicidios con un promedio diario de 9.19 fallecidos, siendo el crimen organizado y el narcotráfico las principales causas de estas muertes, según la Policía Nacional.
Para la criminóloga Arabeska Sánchez, este año se podría cerrar con un promedio de 36 homicidios por cada 100 000 habitantes. La IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, realizada por el Observatorio de la Violencia de la UNAH indica que la inseguridad en Honduras podría incrementar en un 59.4 %.
Se reportaron 26 masacres en todo el país, de las cuales 13 fueron cometidas en Tegucigalpa. Por otra parte, el COVID-19 ha cobrado la vida de 2877 hondureños a nivel nacional con una tasa de letalidad del 2.73 % reportando 305 muertes por un millón de habitantes.
Tras un despido sin indemnización, un grupo de trabajadoras se convirtió en un caso excepcional en El Salvador. Ocuparon su lugar de trabajo para exigir la deuda que los dueños se niegan a pagar después de cerrar la empresa. Llegaron a todos los espacios políticos para exigir una compensación. Después de una alianza con una asociación, convirtieron la nave textil en un lugar de aprendizaje con enfoque de género.
La maquila Florenzi ya no es maquila. Desde el 8 de julio del 2020, Industrias Florenzi es una fábrica tomada por sus trabajadoras. Las mujeres que por años marcaron su entrada en jornadas de ocho horas por un sueldo mínimo, ahora pasean por la fábrica desierta que han hecho temporalmente suya.
Las máquinas de coser, los hilos, los botones y las prendas dejaron de ser materiales de trabajo para producir blusas Pierre Cardin. Son rehenes de las nuevas jefas de Industrias Florenzi. La nave es un campamento, donde 113 extrabajadoras resisten para recibir las compensación que les corresponde. La fábrica permanecerá bajo su control hasta que el propietario les pague su indemnización, prestaciones laborales y los cuatro meses de salarios que les debe. Sino, irán a las cortes y buscarán quedarse legalmente con la fábrica. Negocian sin contraparte. Pese a las denuncias, la demandas y la toma el dueño, no responde.
El 18 de marzo, el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre durante cuatro meses de las 152 maquilas y call centers de El Salvador por su alta concentración de trabajadores. A diferencia de Honduras y Guatemala, el trabajo de las fábricas textiles no fue considerado esencial, lo que forzó a las fábricas a detener operaciones, retrasar la producción y pagar salarios mientras durase la emergencia. Muchas maquilas no cumplieron con los pagos. Entre ellas Industrias Florenzi.
Las mujeres de Florenzi permanecen las 24 horas del día haciendo guardia en la entrada y en el interior de la fábrica.
Esta maquila operó 35 años en Soyapango, un municipio industrial del área metropolitana de San Salvador. La empresa no resistió el cierre temporal obligatorio y el 8 de julio una gerente anunció a las más de doscientas empleadas que Florenzi estaba en quiebra. Hasta entonces, contaba con clientes como la marca de uniformes sanitarios Grey’s Anatomy by Barco y la de ropa de diseño Pierre Cardin. También subarrendaba a otras empresas.
Industrias Florenzi es parte de un complejo extenso compuesto por tres naves. En Soyapango, en el área metropolitana de El Salvador. En la primera, la más grande, trabajaban las 210 empleadas durante ocho horas diarias en corte y confección, carga y empaquetado de blusas formales.
En el nacimiento de Florenzi se vieron involucradas personas importantes en la vida social y política salvadoreña. Durante su primer año de funcionamiento, Carlos Humberto Henríquez, fue el apoderado judicial de la maquila. Durante 2014-2017, fue director de la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La CEL es una empresa estatal que genera energía eléctrica a través de la explotación del Río Lempa, el río más grande de El Salvador y la geotermia.
El dueño y representante legal de Florenzi fue Roberto Pineda, quien murió el 12 junio de 2020, en medio de la pandemia. Años atrás, también fue director del Club Campestre Cuscatlán, el club social más exclusivo de El Salvador, donde la élite se reúne a jugar golf.
Desde de la muerte de Letona, Florenzi quedó en manos de su hijo Sergio Pineda, quien hasta la fecha no se ha presentado a conciliar con las trabajadoras.
Después de múltiples correos y llamadas a Sergio Pineda, actual representante legal de Florenzi, se visitó la residencia de los Pineda Letona para pedirle una entrevista. La vivienda está en las Lomas de San Francisco, una de las zonas más lujosas de El Salvador. El personal doméstico se negó a recibir la solicitud impresa. Hasta el cierre de este reportaje no se ha obtenido respuesta de Pineda.
La familia Pineda, dueña de la maquila, no pagó los cuatro meses de los salarios que le debían a las más de doscientas empleadas por la pandemia, ni la indemnización por los años trabajados. Para compensar, les ofreció una máquina de coser marca Singer o Brother. De ser nuevas su costo rondaría los US$200. Pero las máquinas tenían más de 10 años funcionando. Casi la mitad aceptó. A otras las cuentas no les salían. Las que hicieron cálculos fueron 113 mujeres. Ellas ganaban $300 al mes, el salario mínimo en El Salvador. Según sumas de ese grupo de empleadas, Industrias Florenzi les debe, solo en salarios, más de US$500,000, por los últimos cuatro meses de trabajo.
Durante el mes de agosto hombres vestidos de policías trataron de sacar las máquinas e insumos guardados en la fábrica.
El 8 de julio, esas 113 mujeres empezaron no solo una lucha legal. También se apropiaron del plan estatal del partido Arena en los noventa. La clave del grupo político de derecha fue utilizar a las maquilas como uno de los grandes proyectos tras la guerra civil (1980-1992). La clave del entonces partido de gobierno fue reproducir el formato al que le apostaron todos los gobiernos centroamericanos: fábricas textiles con incentivos fiscales como generadoras de empleo, a cambio de mano de obra barata. El negocio funcionó y hoy hay 17 zonas francas con exoneración de impuestos, que generan más de 56,000 empleos. La mayor parte de la ropa producida por estas maquilas es importada a Estados Unidos.
La historia de Florenzi es la de unas mujeres que pelearon contra ese sistema neoliberal en donde los pobres cosen lo que los ricos visten. Sus exigencias conllevaron primero denuncias en el ministerio de Trabajo, la Fiscalía y la Procuraduria de Derechos Humanos. Pero el cambio frente al modelo de protesta laboral heredado de los movimientos sociales salvadoreños del siglo XX, fue el enfoque de género que las 113 le dieron a la toma al aliarse para recibir talleres con asociaciones feministas locales.
La primera de las 113
Nery Ramírez, de 40 años, dedicó 7 años a Florenzi. Cosía el cuello de las blusas Pierre Cardin. Como no le alcanzaba, en los almuerzos vendía dulces para tener un ingreso extra. Ahora es la lideresa de las 113 mujeres. Su casa la usa para bañarse, lavar ropa o cambiarse. Por las noches, duerme con el resto de mujeres sobre colchonetas en los pasillos de Florenzi. El resto de su tiempo es una inversión política.
Habitar la maquila no es cómodo. No tienen muebles y se organizan en bancas o sillas de plástico. Consigue platos de comida para los grupos de cinco mujeres que hacen guardia. El menú es casi invariable: café, huevos, frijoles, arroz y tortillas que preparan ellas en cocinas pequeñas y fogatas en la acera.
La toma de Florenzi empezó por los derechos laborales de 113 mujeres y se convirtió en una lucha que las trabajadoras definen como feminista. Reciben charlas semanales gestionadas por colectivas feministas, como la organización Ormusa, que se adhirieron para darle enfoque de género a su causa. “Como hemos aprendido a romper patrones de violencia, muchas mujeres ahora entienden que no son objetos ni esclavas en el hogar y ahora los esposos ya no quieren que vengan”, dice Nery Ramírez.
Cuando fueron despedidas, el dueño de la maquila les ofreció como indemnización una máquina de coser.
Nery Ramírez pasa los días en la acera de la entrada a la fábrica: habla con abogados, periodistas o activistas y coordina víveres y ayuda. No supera el metro y medio de estatura, morena y de cuerpo grueso. Siempre usa una camisa gris de manga larga bajo una camiseta dos tallas más grande. Es para evitar que la queme el sol. Usa gorras que esconden un pelo corto y un cubrebocas negro de tela. Cuida a las mayores y se preocupa por las que están más enfermas. También es la encargada de la disciplina, las regaña si no cumplen sus tareas, como sacar el toldo bajo el que se sientan.
Aún cuando hace chistes, la voz de la lideresa de las 113 nunca pierde un tono formal. Como si permanentemente estuviera dando declaraciones. Ese tono de voz lo ha entrenado desde 2006, cuando inició como líder sindical en otra maquila, de la cuál también la despidieron sin compensación salarial. Tres años después, la despidieron de otra fábrica textil. Y, en 2020, de Florenzi.
Conoce de memoria cada detalle de las trabajadoras y los recita cuando cuando hace una denuncia pública. Habla de todas menos de ella. Esta ex sindicalista ve el cambio en sus compañeras: “La vez pasada me contó una que por primera vez le dijo a su familia que ya no era su cholera (empleada doméstica); el esposo le dijo que le planchara la ropa y ella se negó”. Cuando cuenta la historia se ríe con orgullo. Ramírez no solo dirige los turnos de guardia, la cocina y la limpieza, también las batallas legales de unas trabajadoras que afrontan la situación decididas a marcar un precedente.
Las trabajadoras intentan no acercarse a las naves. Han hecho su espacio en la acera, frente a la calle y el pasillo de la entrada pero entran solo cuando es necesario. Las 113 son cuidadosas de no tocar nada. Las naves se mantienen cerradas e intactas desde el día que se tomaron el lugar: cualquier daño a los materiales puede traerles peores consecuencias.
Maquileras y empoderadas
En El Salvador, la movilización feminista contemporánea ha estado más enfocada en la lucha por derechos reproductivos. Pero cuando Kayla Cáceres, de la asociación Colectiva Amorales, se enteró de la situación de Florenzi, se sintió reflejada: su mamá y su hermana trabajaron en la misma maquilas años atrás. Su hermana aún era menor de edad mientras trabajaba en la maquila.
Cáceres llevó la historia a la Colectiva Amorales y el caso se empezó a mover entre agrupaciones feministas. Organizaciones como Ormusa y la Red de defensoras de derechos humanos se comenzaron a presentar de manera regular en la maquila hasta convertirse en sus mayores aliadas. Así las 113 se aprendieron a organizar en las protestas, a dar a conocer su caso y a entender la importancia del acompañamiento político. La mayoría de las ex empleadas de Florenzi apenas habían oído hablar de feminismo hasta que se cruzaron con Kayla Cáceres.
El 17 de agosto, alrededor de 40 exempleadas protestaron en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Alegaban que el ministro ha protegido al dueño de la maquila y no a los intereses de las trabajadoras. Detuvieron el tráfico en el centro de gobierno, una zona de oficinas de gobierno que aglutina a la mayoría de ministerios, Procuraduría General de la República y Asamblea Legislativa. Se encuentra a pocos kilómetros del centro histórico de El Salvador, uno de los boulevards más transitados del país.
Con micrófonos y pancartas, exigían la renuncia del ministro y justicia en el caso. Sabían dónde protestar. Ahí la prensa conoció a las trabajadoras de Florenzi. En medio de la división de la carretera, bajo los 30 grados de San Salvador, Nery Ramírez tomó el micrófono y con voz alta dijo: “Más violaciones a los derechos y al ministro Castro no lo ven. Nada ha cambiado, ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Solamente plasmados en los libros? Solo para gente pudiente y a nosotros no nos atienden. Mientras no alcemos nuestras voces, no nos vamos a dar a conocer”.
Las compañeras movían las pancartas, otras tomaban el micrófono para también exigir las respuesta del ministro. Grupos feministas radicales encapuchadas, como la colectiva Majes Emputadas, gritaban consignas. Cáceres también las acompañaba y las trabajadoras coreaban con ellas. A su alrededor los carros les pitaron por el tráfico que generaron, pero en dos horas de protesta, a una calle del ministerio de Trabajo, el ministro no salió a recibirlas.
Con mantas y pancartas en rechazo al ministro de trabajo, las mujeres instalaron una carpa para pasar en guardia en la entrada de la fábrica.
“El valor que uno tiene para tomar este tipo de acciones no es de cualquiera […] Algo que me ha motivado y me ha dado coraje es la injusticia, porque es bastante indignante las condiciones en las que estamos viviendo. Esto no es nuevo y las autoridades lo callan”, respondió Ramírez sobre por qué decidió organizar la protesta.
El ministro Castro las acusó en su cuenta de Twitter de manipuladas y mentirosas. El político alegó en la red social que nunca las ignoró. Dijo que las recibió más de 15 veces. Las trabajadoras aseguran que solo fue una vez. Semanas después, aclaró a Gato Encerrado que él no las recibió, que fueron varios integrantes de su equipo. Se desentendió del caso.
Castro adujo que el Ministerio de Trabajo no tenía “las suficientes herramientas legales” para ayudarlas y que el proceso ya estaba en los tribunales. Si el ministro hubiera atendido antes las exigencias de las 113, su protesta no habría llegado a etapa judicial.
El 28 de agosto, sucedió un hito para el grupo de trabajadoras. Cáceres —la hija y hermana de ex maquileras— se sentó junto a Ramírez en la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa para denunciar el caso ante un grupo de diputados. Gracias a las protestas en el centro de gobierno, diputados de distintas fracciones se acercaron a ella para escuchar sus exigencias y las invitaron a la comisión. El dictamen fue unánime: recomendaban al ministro de Trabajo defender los derechos laborales de las trabajadoras.
Las trabajadoras aprenden a decir No
El jueves 22 de septiembre, la ministra de Vivienda, Michelle Sol —a raíz de la presión de las colectivas y la presión en redes sociales— se comprometió a reunirse con las 113 trabajadoras, llevarles alimento y escucharlas. No llegó. Envió 90 bolsas junto con su equipo de video, que tomó las fotografías para mostrar en redes sociales que su ministerio dio el donativo.
Mientras Nery Ramírez observaba a sus compañeras hacer fila para recoger el alimento, reflexionaba en voz alta sobre el taller. La palabra sororidad es la que más le había hecho eco por trabajar tan de la mano con tantas mujeres. Pero el feminismo es una palabra que todavía le producía incomodidad. “Para ser feminista, hay que prepararse antes de tomarse el derecho de llamarse así. Debe de haber preparación. Las compañeras cada vez están más empoderadas, luchando y defendiendo. Yo puedo decir que estoy 50% y 50%, porque me hace falta, pero esto es una lucha feminista porque las que llevamos la batuta acá somos mujeres”.
Un mes después, en una casa comunal, a unos metros de Florenzi, una trabajadora anotaba como una estudiante todo lo que el instructor dicta sobre accidentes laborales. Se llama Elsa Chávez , tiene 49 años y laboró en Florenzi desde 1995. Hasta ahora, nunca había escuchado sobre derechos laborales. Tras más de veinte años en Industrias Florenzi, ahora asiste al taller. No lo dijo en la reunión, pero todas sus compañeras lo saben: cuando su hija menor tenía 12 años, fue violada por su padre. Ella lo denunció y la niña parió un bebé con síndrome de down. Elsa se hizo madre por cuarta vez con el bebé de su hija.
Cuando su nieto nació, en 2012, Industrias Florenzi le dio un adelanto de su indemnización. El niño de 13 años es hoy su hijo menor. Industrias Florenzi le debe ocho años de indemnización que se traducen en USD$2,400, sin contar sueldos restantes, fondo de pensiones y seguro social. Con ese dinero quiere cuidar a su nieto antes de jubilarse.
Algunas de las mujeres han emprendido sus propios negocios y así apoyan a las compañeras más necesitadas.
Por personas como Elsa Chávez, Industrias Florenzi ha pasado de ser una maquila a un espacio de aprendizaje de derechos. Las asociaciones imparten a las exempleadas talleres de derechos laborales, género, educación y salud sexual, en los que se les insiste la importancia de chequeos médicos y ginecológicos. Algunas dicen que las ha ayudado a empoderarse a nivel personal y en su causa laboral. La mayoría son mujeres que superan los 40 años y aún dudan en llamarse a sí mismas feministas.
En las concentraciones y protestas algunas bailan y corean a todo pulmón: “El patriarcado se va a caer”. Otras lo hacen, pero con mucha pena. Muchas no gritan, pero dicen que, aunque ellas no se identifiquen como feministas, la toma de la maquila es una lucha feminista.
El entorno de Florenzi es principalmente femenino, la mayoría son mujeres casadas, madres y abuelas. Los talleres han permitido crear espacios seguros para que muchas se identifiquen por primera vez como mujeres lesbianas o bisexuales en espacios cómodos. A pesar de que la mayoría son mujeres adultas que provienen de hogares religiosos, muchas de las trabajadoras han encontrado espacios más cómodos y amorosos en la maquila que en sus casas. A Kayla Cáceres, de Colectiva Amorales, le impresiona es ese proceso de reconocimiento de la diversidad sexual.
Otras mujeres han aprendido a reconocer situaciones de violencia y sobre el consentimiento sexual. En estos talleres descubrieron que pueden negarse cuando no quieren tener relaciones sexuales con sus maridos. Algunas no sabían que negarse era una posibilidad.
En cuatro meses, las 113 pusieron denuncias ante la Fiscalía, ante el Ministerio de Trabajo, hicieron visitas a oficinas de gobierno y protestaron. Para las trabajadoras de Florenzi la toma es una lucha, aún si eso significa pelear legalmente la maquila y quedarse con ella. Mientras resisten en los vestigios de lo que meses atrás fue su lugar de trabajo, las máquinas de coser retenidas ahora acumulan polvo entre el equipo y la ropa que protegen como su única garantía de justicia.
Todas las trabajadoras se apoyan en Nery Ramírez. A ella esa carga le comienza a pesar. En su casa, necesitan que comience a trabajar para pagar la luz y el agua. Esto sumado al silencio del dueño de Florenzi, le estresa y desalienta. Algunas ya se comenzaron a rendir. Abandonaron la toma porque necesitaban apoyar en sus casas. Ellas pasan de vez en cuando y les llevan frutas, pollo o carne para ayudarles con el dinero que ahora ganan.
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Texto: Luis Ángel Sas/El Intercambio
Fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
La líder sindical dice que cerró los ojos. Se aferró con sus manos a una reja de metal del área de producción de la fábrica. Sintió los tirones de cabello y los puñetazos en su rostro. Dos compañeras fueron golpeadas y amenazadas de muerte por protegerla. Ella resistió varios minutos. Hasta que sintió el dolor de una mordida quemándole la mano izquierda.
Tres trabajadoras la golpearon. La llevaron a la oficina de recursos humanos de su fábrica, ante la mirada de muchas empleadas. Así lo atestigua un video que un empleado grabó con su celular. Según la sindicalista, la llevaban para obligarla a firmar su renuncia. El 7 de septiembre de 2020, Odilia Caal puso fin a la fuerza a su contrato con la maquila textil Winners, tras 14 años de trabajo.
Tres semanas después de la golpiza, relata su historia en la mesa de un café del centro histórico de Ciudad de Guatemala. La sindicalista de metro y medio de estatura y fuertes brazos dirige su mirada a la fuerte lluvia que cae afuera. Algunas lágrimas se asoman en sus ojos negros, pero se contiene. “No he llorado, ni voy a llorar” dice Caal, de 32 años, ahora ex empleada de Winners y fundadora de Sitrawinners, un pequeño sindicato que agoniza.
Odilia Caal creó su propio sindicato en 2016 al identificar abusos laborales dentro de la maquila.
Winners fabrica prendas para las marcas GAP, Banana Republic, Old Navy y para los grandes almacenes Walmart, en Canadá, Estados Unidos y México. Es una de las seis fábricas que el gigante textil surcoreano SAE-A tiene tiene en Guatemala, el primer país al que llegó fuera del continente asiatico, en 2003.
La relación diplomática con Corea del Sur comenzó en 1962. Pero fue hasta 1974 que el país asiático abrió en el país su primera sede de Centroamérica. Según la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (CGCC), hay unos 10,000 residentes surcoreanos. Alrededor de 150 empresas se dedican a la industria textil, lo que representa el 40% del sector.
La maquila surcoreana Winners está en un complejo de bodegas privadas de máxima seguridad en el municipio de Mixco, a 13 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala. Desde 2005, no paga aranceles, impuestos de importación ni IVA por los productos que ingresan al país como materia prima para sus actividades, un beneficio que aplica a todas las maquilas en el país.
Casi veinte años después, Winners fue una de las compañías autorizadas como industria esencial durante el confinamiento por la Covid-19. Para ese momento, Odilia Caal dice que ya era muy incómoda para la empresa. En marzo, trabajaba para la reinstalación de siete compañeros despedidos en 2018 de manera injusta.
En Centroamérica, SA-E también tiene maquilas en Costa Rica y Nicaragua. En este último país, hay un precedente de presunto acoso y despido de tres sindicalistas por parte de la empresa que llegó a los tribunales y concluyó con la reincorporación de dos de ellos.
Los siete trabajadores de Winners en Guatemala también ganaron el juicio, con apoyo de organizaciones y de Caal. Lograron regresar a sus puestos. Esto, dice la sindicalista, molestó a la empresa, que advirtió al resto de trabajadores que si judicialmente se ordenaban más reinstalaciones, iban a cerrar y todos perderían sus trabajos. Esto provocó, según Caal, la paliza que recibió.
Caal denunció ante la Fiscalía. Asegura que Winners utilizó a integrantes del otro sindicato mayoritario para golpearla y obligarla a irse. La violencia contra la sindicalista es comprobable en los videos que algunos trabajadores grabaron aquel 7 de septiembre y que le compartieron a Caal. No es posible verificar que las tres mujeres fueran obligadas por la empresa a golpearla porque Winners evitó dar declaraciones.
Un guardia de seguridad pasea en los alrededores de la maquila Winners, la cual es propiedad de la empresa surcoreana SAE-A.
Durante más de un mes, El Intercambio solicitó entrevistas vía telefónica con los administradores de Winners para contrastar las acusaciones. La jefa de recursos humanos, Alicia Sajché, ofreció dar respuestas. En una de las llamadas, declaró: “La lengua no tiene hueso” (una manera coloquial de decir que las personas mienten). Yo hablaré con el gerente y les diré cuándo pueden venir”.
La jefa de recursos humanos no respondió más. Ni el gerente administrativo, Daniel Kim. Ni SA-E, a la que se envió un correo electrónico al servicio de consultas. Tampoco la Municipalidad de Mixco —que recibe donaciones de la empresa—reaccionó a la solicitud de contacto directo con la maquila.
Como último recurso, el 12 de noviembre, El Intercambio visitó la sede de Winners. Al ser preguntado por el caso de Odilia Caal, el gerente de la empresa dijo que estaba en horario de trabajo y que no podía responder. Pidió a personal de la fábrica que invitara a salir a los periodistas del lugar. Estos solicitaron un número de teléfono y dijeron que evaluarían en el futuro dar una respuesta.
Las 66 autorizadas
El 16 de marzo, el Gobierno de Guatemala anunció el cierre del país durante seis meses por la pandemia de la Covid-19. Al día siguiente, el presidente delegó en el ministro de Economía la decisión de qué empresas operarían como servicios esenciales. Solo once días después, el Presidente modificó las medidas y el ministerio dejó de dar permisos para operar. En teoría, ya solo autorizaba transporte. Una forma alternativa de permitir el funcionamiento.
La autorización favoreció a 7487 empresas. Entre éstas, 66 maquilas recibieron permisos como industria esencial. El Gobierno nunca dio los nombres —aunque se solicitaron mediante ley de acceso a la información y a través del departamento de comunicación del ministerio—, pero fueron obtenidos por El Intercambio a través del grupo parlamentario Semilla.
SAE-A, la gran empresa dueña de Winners y de 5 maquilas más en el país, suspendió en total a 3147 empleados durante la pandemia. (cortesía)
Una cosa fue la burocracia de los permisos y otra, la realidad. La totalidad de las 331 maquilas que operan en Guatemala permanecieron activas. Así lo admite la patronal textil ocho meses después. “Todas operaron. No cerró ninguna. Se mantuvo el trabajo para los empleados”, explicó Alejandro Ceballos, director de la patronal textil Vestex.
Las denuncias sobre posibles contagios en maquilas llegaron al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Estas entidades comenzaron a realizar inspecciones en la tercera semana de abril para determinar si se cumplían medidas de distanciamiento y sanitarias. En la segunda semana de mayo, trascendieron los primeros casos de contagios en maquilas. Algunos alcaldes y diputados pidieron el cierre de estas fábricas.
Cinco trabajadoras de Winners aseguran que el trabajo en la maquila continuó sin detenerse durante los meses donde se reportaron más contagios. Esto sucedió en las fábricas de un país cuya patronal textil calcula que el 46% de sus empleadas son mujeres. Winners no dice lo contrario porque eligió no dar declaraciones. Lo cierto es que de más de 15,000 denuncias presentadas en el Ministerio de Trabajo hasta julio, 4 fueron contra Winners por presuntos contagios. Nunca trascendieron los casos.
En las dos primeras semanas de mayo se reportaron 250 casos en dos maquilas: Texpia II, propiedad de SA-E, y KP.
Vestex recibió una solicitud el 15 de mayo del Consejo Nacional de Organización Textiles, la patronal textil de Estados Unidos, para que no cerrara las maquilas. Y se la trasladó al ministerio de Economía. Como consecuencia, varias empresas se dedicaron a fabricar 80 millones de mascarillas, pero fueron negociaciones privadas.
Ceballos reconoce hoy que hubo contagios por no haber cerrado. En las dos primeras semanas de mayo se reportaron 250 casos en dos maquilas: Texpia II, propiedad de SA-E, y KP. Las cifras reales nunca trascendieron. “Eso fue el lado malo”, opina.
A partir de agosto, el sector maquilero de ropa de Guatemala fue el más competitivo del norte de Centroamérica, según Ceballos, porque atendió contratos que los países vecinos no pudieron atender. Por dos razones: El Salvador no consideró industria esencial a la maquila y Honduras priorizó la vestimenta sanitaria y las mascarillas.
Con el permiso para las 66 maquilas, el ministro Antonio Malouf , quien antes fue presidente de una textilera llamada Los Volcanes, benefició a empresas del sector de donde provenía.
El 27 de julio del 2020, directivos de SA-E entregaron por lo menos 5,000 bolsas de alimentos en los municipios de Guatemala donde tiene fábricas: San Miguel Petapa, Mixco y Villa Nueva. En su blog, la compañía promocionó esta entrega. Después, el 27 de julio, el director de Winners entregó al alcalde de Mixco, Neto Bran, otras 2,000 bolsas. La empresa y el político publicitaron el acto en sus redes. De la fábrica que no SA-E dijo nada fue de Texpia 2, ubicada en Villanueva, que cerró parcialmente tras detectar por lo menos 29 contagios.
El porqué del sindicato
Cuando Odilia Caal comenzó en 2007 a trabajar en la maquila, recién había cumplido 18 años y tenía dos hijos, de 1 y 2 años. Cuenta que entonces era tímida, callada y tenía miedo de perder su empleo. Hoy se muestra como una mujer ruda, que no admite que llora y trabaja desde fuera por recuperar su trabajo y para mejorar las condiciones de sus afiliados y de otros compañeros.
Este cambio sustancial tuvo su origen en febrero 2016, tras 9 años en la empresa. Las venas de las piernas de Caal se inflamaron por estar parada todo el día para revisar que las prendas no tuvieran ningún error. Logró que la cambiaran de puesto, pero también le redujeron el salario de Q2,600 (US$330) a Q2,300 (US$290). No confiaba en el sindicato de la empresa para que le apoyara.
La enfermera de la empresa le dio el número de un abogado, que le ayudó a crear Sitrawinners, su sindicato. Caal logró que una vecina de la fábrica prestara una habitación para la primera reunión, a cambio de que le compraran a ella la comida para la reunión. “Todas fueron muy valientes -—dice mientras ríe con satisfacción— salían una por una de la fábrica y entraban a la casa como si fueran a robar un banco” cuenta Caal, mientras lanza una carcajada.
Trabajadoras de Winners corren hacia las instalaciones de la maquilas a las 6:30am para no ser penalizadas al retrasarse en su horario de acceso.
La última semana de abril de 2016, Caal regresó al trabajo tras concluir la suspensión. Al llegar, la llamaron a la oficina de administración y le dijeron que estaba despedida. Pero ella llevaba la acreditación de secretaria general del nuevo sindicato por lo que, legalmente, no podía ser expulsada de Winners.
Al frente de su sindicato, Caal buscó reuniones con el gerente general para defender los derechos del resto de trabajadores. También se opuso a que subieran las metas diarias de producción que son el mínimo de trabajo que un empleado debe realizar al día. Igual luchó para que no se descontaran del sueldo las horas que los trabajadores usan para ir a citas médicas al seguro social. En los meses previos a la pandemia, la sindicalista acompañó casos de despidos injustificados. Hasta que le pegaron la golpiza.
Las mujeres que acudieron a Caal
En las luchas de Caal siempre ha estado Lubia Salazar, de 41 años. Tiene 10 años de trabajar en la empresa y es su mano derecha en el sindicato. El lunes 16 de marzo de 2020, al regresar a casa, se encontró con la noticia del cierre del país.“En la televisión dijeron que sólo iban a funcionar empresas de comida, medicinas. Entonces, decidí no ir al otro día”, dice a principios de septiembre.
Salazar aparenta más años de los que tiene y no ríe apenas. Encoge los hombros y levanta las manos, como un gesto de exculpación por lo que pasó después. Recibió un mensaje de la empresa: o se presentaba a laborar al siguiente día o le descontaban parte de su salario. En Guatemala, el salario mínimo para la industria de maquila es de Q2,581 por mes (US$331). Es decir que si a Lubia faltaba un día le descontaban Q84 (US$11).
La pandemia llevó a Winners y al sindicato Sitrawinners a posiciones más enfrentadas aún. Salazar y Caal presionaron a la empresa para que proporcionará buses para el traslado del personal y ésta accedió. Pero ambas denuncian que luego vinieron más conflictos: aumento de volumen de trabajo, falta de control sanitario, posibles contagios y los enfrentamientos con la empresa por la reinstalación de los compañeros expulsados dos años antes, por los que meses después Caal firmó su renuncia.
Tres semanas después de la agresión, Lubia Salazar está acompañada de otras compañeras. Es un mañana soleada. Contrasta con la mirada opaca de Lubia. Ella observa cómo Ericka Méndez, de 30 años, la mira buscando su aprobación para hablar. La joven se toma de las manos. Se muestra nerviosa. Jamás ha contado su caso fuera del círculo de sus compañeras de trabajo. Por eso se cambia el apellido.
Lubia Salazar durante una reunión con sus compañeras del sindicato.
Embarazada de seis meses, el 23 de marzo le informaron que el horario cambiaría: debía ingresar a las 6 de la mañana para salir a las 2 de la tarde. Así tendría dos horas para regresar a su vivienda. Modificó su rutina, pero dice que también aumentó el volumen de trabajo en el horario normal, por no poder hacer horas extra.
El trabajo de Méndez consistía en revisar ropa antes de empacarla. Ella tenía una meta de 2,225 piezas al día. Si cumplía a diario, recibía al final de mes Q210 (US$27) como bono de productividad. Si fallaba tres días, se quedaba sin el bono completo. Pidió cambio de puesto y su solicitud fue denegada.
Ella trabajó tres semanas más, pero un día tuvo mareos y náuseas. No llegó a la meta. Le faltaron 20 prendas por revisar y empacar. Dice que su supervisor la reportó. “Perdí el 30% de mi bono ¡por 20 piezas!”, dice Ericka apretando los ojos y girando la cabeza.
Caal ve a Méndez y asiente. Aprueba cada palabra que dice su compañera. Justo eran uno de los casos que ella intentaba defender. Por ser secretaria general del sindicato tenía línea directa con los administradores de la empresa. Tenía muchas reuniones para exponerles las quejas de los empleados. Tras cuatro años de lucha sindical y una pandemia, acumuló muchos conflictos con la empresa, admite.
Interior de la maquila Winners. (cortesía)
La intervención de Caal sirvió para que, en la primera semana de mayo, Ericka fuera suspendida por su estado de salud. Aunque le tomaron esos días a cuenta de vacaciones. Dos semanas después le informaron que su contrato había sido suspendido. Winners suspendió 177 contratos, según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo. SAE-A, la gran empresa dueña de Winners y de 5 maquilas más en el país, suspendió en total a 3147 empleados durante la pandemia.
Ericka Méndez ingresó en el programa gubernamental Fondo de Protección al Empleo, uno de los cuatro programas de rescate a empresas por la Covid-19. Fue dotado con Q1,850 millones (US$237 millones). El Gobierno se comprometió a pagar Q75 diarios (US$9.64) a cada trabajador al que las empresas no pudieran pagar el salario durante la crisis.
Odilia Caal también intentó que el bono de productividad aumentara. Dice que había algunas áreas de la empresa exclusivas de hombres donde este llegaba a los Q550 (US$68). “En la fábrica hay mucho machismo. Si un hombre hubiera sido quien no llega a la meta por 2o piezas, el supervisor no informa”, sentencia la sindicalista.
La golpiza de la sindicalista
Caal se preocupó por las condiciones de trabajo de sus dos compañeras y de varias más. También de la reinstalación de los siete compañeros que habían ganado judicialmente su restitución tras dos años expulsados. Tres regresaron el jueves 3 de septiembre. El resto no estaba convencido de las condiciones sanitarias de la maquila. Aquel día, algunas compañeras le alertaron de que la estaban esperando los integrantes del otro sindicato. Pero los tres trabajadores recuperaron su empleo sin incidentes.
El lunes 7 de septiembre, despertó a las 5:05, como marcaba su alarma. A las 6:21, ingresó a su trabajo. Le quedaban 9 minutos para empezar la jornada. Comenzó a separar ropa por tallas, para después doblarla y empacarla. Dice que a las 7 de la mañana, las máquinas se apagaron. A ella le pareció raro, pero continúo con lo suyo. Asegura que se le acercaron tres hombres y una mujer. Los cuatro eran integrantes del otro sindicato: “Comenzaron con insultos y a reprocharme que, por mi culpa, la empresa iba a cerrar y despedir más empleados”.
Lubia Salazar, que estaba en otro sector de la fábrica, fue advertida de lo que sucedía. Para ese momento ya eran más de 10 empleados quienes gritaban. El escándalo fue tal que el personal administrativo salió de las oficinas para saber qué pasaba, aseguran las dos sindicalistas.
Caal cuenta que recibió el primer golpe. Intentó defenderse, pero llegaron más mujeres que la agredieron y empujaron hacia fuera de la fábrica. En ese momento trató de intervenir el gerente de la empresa, Daniel Kim, quien pidió que por favor se calmaran, pero uno de los hombres le espetó: “No se meta porque no es su problema”. Kim regresó a su oficina.
Esta reconstrucción sería comprobable si Winners hubiera dado una entrevista y también acceso a las cámaras de videovigilancia que hay en el interior de la fábrica. Esta es la versión de Caal y Salazar, porque ni Kim no ningún directivo accedió a ser entrevistado después.
Caal sólo se cubrió el rostro. Lubia Salazar intentó intervenir, pero ella y otra compañera también fueron golpeadas. Fue entonces cuando Caal se aferró a la reja y recibió las mordidas que hicieron que se soltara. Después, la llevaron hacia una de las oficinas administrativas, donde asegura que la encerraron por dos horas.
“La empresa fue cómplice. Me decían que si no renunciaba me iban a matar. Yo pedía que me dejaran ir. Pero no lo permitían. Al final, personas del otro sindicato me hicieron firmar unos papeles que no leí, pero dijeron que era mi renuncia”, explica Caal con resignación mientras acusa a Alicia Sajché, jefa de recursos humanos de la empresa, de forzar su renuncia.
Salazar y su otra compañera salieron a buscar ayuda. Encontraron una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y le explicaron lo que pasaba. Cuando llegaron los agentes, Caal salió con la ropa echa trizas y con varios golpes visibles. Ese fue el último día que Odilia Caal piso la fábrica. Lo mismo ocurrió con sus dos compañeras, quienes también recibieron amenazas de muerte. Las tres denunciaron el caso en la fiscalía.
Odilia Caal muestra una radiografía donde aparecen los hematomas en la base del cráneo como resultado de la golpiza en la maquila.
Caal fue al médico por un fuerte dolor en el pulmón derecho derivado de los golpes que recibió una semana antes. Según su testimonio, la empresa se comunicó con ella para ofrecerle un automóvil, Q40,000 (US$5140) y su indemnización por 14 años trabajados, si retiraba la denuncia que presentó contra la empresa. Dice que la empresa le prometió una reunión para resolver todas las dudas, pero jamás se llevó a cabo.
Los ojos café de Odilia Caal se humedecen y lanza una pregunta: “¿Saben por qué no acepto?”. Y se responde a sí misma: “Porque tengo tres hijos que quiero que sepan que tienen derechos. Que nadie puede pisotearlos y pensar que tienen un precio”, dice con una sonrisa de satisfacción.
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Los salarios en la industria textil de Tehuacán se achicaron, el trabajo disminuyó y se perdió 40% de los empleos, según la patronal. Las mascarillas para protegerse de la Covid-19 se impusieron y empeoraron las condiciones laborales y de vida de las obreras. Lejos quedó la época de bonanza, ahora el municipio vive su tercera recesión en lo que va del siglo.
Una puerta corrediza hecha de aluminio y hojas de vidrio conecta la calle sin pavimentar con el amplio dormitorio de Patricia Hernández Reyes. El piso de tierra consigna las huellas de los zapatos.
Desde abril de 2020, la habitación de paredes sin resanar funciona también como su lugar de trabajo y el salón de clase de sus dos hijos adolescentes. Por eso, además de la vieja cama de madera sin colchón hay dos máquinas de coser de segunda mano.
Sin titubeo, la mujer de 33 años elige sentarse en una silla de plástico frente a una de las máquinas y permanece inmóvil, aunque su mirada inquieta va de un lado a otro. A finales de mayo, ella y su mamá pidieron un préstamo de 20 mil pesos mexicanos (US$940) para comprarlas y así conseguir un ingreso extra.
Una mujer trabaja en un taller familiar rodeada de sus hijos ya que no van a la escuela por la suspensión de clases por la emergencia de la Covid-19.
Aunque todo vaya en contra, Patricia sonríe reiteradamente: sumandos los intereses, su adeudo asciende a 45,000 pesos mexicanos (US$2,120), que deberá liquidar en un plazo máximo de 18 meses.
La epidemia de coronavirus (Covid-19) afectó su economía y la de miles de familias que dependen de la industria de la confección en Tehuacán, el segundo municipio más poblado del estado de Puebla, con 319 mil habitantes. El desarrollo económico de este lugar depende principalmente de la industria manufacturera, pero no hay datos actualizados sobre el número de maquilas de confección vigentes y el número de personas que emplean.
A finales de marzo, el gobierno mexicano declaró al país en emergencia sanitaria y ordenó la suspensión temporal de las actividades no esenciales, así como el resguardo de la población trabajadora en sus domicilios.
Algunas maquiladoras de confección en Tehuacán pararon operaciones. Muchas otras detuvieron sus líneas de producción de ropa para incursionar en la fabricación de productos sanitarios como mascarillas, batas quirúrgicas e incluso bolsas para guardar cadáveres.
La pequeña maquiladora sin nombre donde labora Hernández no fue la excepción. Primero pasó de fabricar pantalones de mezclilla para el mercado nacional a mascarillas. Pero cuando la producción se agotó, suspendió actividades y el salario de su personal por una semana y luego por un mes y medio.
En junio, la empresa retomó labores, pero a partir de entonces sólo empleó a Patricia Hernández y a otras seis costureras dos días a la semana y no siete como antes, por lo que les redujo el salario. Antes ganaban 800 pesos a la semana (US$38) y ahora 500 (US$24) si les va bien. Además se los abonan poco a poco.
Apoyándose en los trabajos de costura que realiza por su cuenta y, ocasionalmente, de la venta de gelatinas, donas y aretes de fibra que ella misma hace, Hernández intenta sobrellevar los gastos que le significa ser madre soltera en tiempos de pandemia. “Me veo obligada a buscar diferentes formas para pagar mi préstamo y sacar adelante a mi familia. A veces tengo que velar para sacar el trabajo o quitarme el pan de la boca”, menciona.
La tercera crisis y la peor
Martín Barrios Hernández guía el recorrido por Tehuacán, territorio que a finales de 1990 fue considerado la capital mundial de los blue jeans, por el auge de sus maquiladoras de mezclilla que fabricaban prendas de prácticamente todas las marcas globales, como Levi’s, Calvin Klein, Guess y Tommy Hilfiger.
El hombre de ojos pequeños y nariz ancha viste cómodo: tenis, pantalón de manta y una playera negra con letras blancas que dice Defender es proteger nuestro territorio. A sabiendas de que será una jornada larga, trae consigo una mochila en la que empacó un suéter y una libreta.
Martín Barrios, activista por los Derechos Humanos y laborales en el Valle de Tehuacán.
A sus 48 años, el activista es un referente de la lucha obrera e indígena en el lugar que vio nacer a la etnia popolaca, tras haber dedicado más de la mitad de su vida a acompañar y a asesorar estas causas. Para ello fundó, en 2002, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.
El aprecio que le tienen las obreras es notorio, pese a la distancia física que deben guardar para evitar la propagación de la Covid-19. Se conectan mediante la remembranza de sus hazañas y el cruce de miradas cómplices.
De los cinco hogares de costureras visitados, el de Patricia Hernández es el más alejado de la zona metropolitana de Tehuacán. Se encuentra en Santa Ana Teloxtoc, localidad de 1,300 habitantes caracterizada por su alto grado de marginación. El trayecto es de 43 kilómetros en carretera hasta topar con un terreno plano de cactus y yucas, ubicado al pie de los cerros Viejo y de la Tarántula.
Los 40 minutos de traslado en vehículo son insuficientes para agotar la charla con Martín Barrios, cuya memoria es una enciclopedia sobre la historia de la industria del vestido en Tehuacán. En sus páginas consta la instalación de las primeras maquiladoras de confección en la década de 1960, así como el empuje que tuvo el sector 30 años después, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La carretera que sale de Tehuacán y lleva a Santa Ana Teloxtoc, un barrio marginal donde viven algunas maquileras.
Lejos de la bonanza, hay un capítulo que consigna las peores crisis. Destacan las de 2001 y 2007, originadas por la contracción de la economía en Estados Unidos, primero a causa de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y después por la crisis hipotecaria que atravesó aquel país. Ambos episodios provocarían que los salarios de la población obrera se redujeran a la mitad y que migraran de Tehuacán la mayoría de las marcas globales, empujando así la consolidación de un mercado prioritariamente nacional, que es el que perdura.
La crisis de 2020 a causa de la Covid-19 sería la peor, de acuerdo con Martín y las obreras consultadas. Esto es así porque en otros momentos, tuvieron al menos la posibilidad de protestar para cambiar sus condiciones laborales, a diferencia de hoy que ni siquiera se reúnen por temor a contagiarse de la enfermedad.
Además, porque los tribunales laborales permanecieron cerrados seis meses, lo que imposibilitó que las empleadas se quejaran formalmente de los posibles abusos y arbitrariedades cometidos por sus empleadores.
Con la voz áspera que lo caracteriza, Martín advierte que los momentos de crisis son cruciales porque es cuando más se precarizan las condiciones de trabajo, al ser aprovechados por los patrones y los sindicatos para “cargar el costo a los obreros”.
Costureras de mascarillas
Sobre la máquina de coser, hay una pila de rectángulos de tela quirúrgica que Patricia Hernández transformará en mascarillas para protegerse de la Covid-19. Sentada frente a su herramienta de trabajo, la mujer de piel tostada y cabellera oscura muestra cómo lo hace.
Primero toma un trozo de tela azul y hábilmente desliza el contorno por la aguja de la máquina previamente alimentada con carretes de hilo del mismo color. En menos de un minuto, termina el dobladillo. Para finalizar, coloca el elástico a la pieza y la deshebra.
La actividad parece sencilla porque está a cargo de una costurera que ha trabajado durante 12 años en diferentes maquiladoras de Tehuacán, de las que ha tenido que salir ya sea porque le disminuyen el salario o simplemente porque las cierran.
Hernández no eligió dedicarse a este oficio, pero se embarazó de su primer hijo al terminar el bachillerato. Como muchas otras mujeres de Tehuacán, cesó los estudios y se incorporó a la industria maquilera como una opción de sobrevivencia.
Taller en Santa Ana Teloxtoc, a 60 km de Tehuacán, donde confeccionan ropa médica.
Ella hubiera preferido destinar más tiempo al béisbol, el deporte que la apasiona y que varios integrantes de su familia han practicado como pasatiempo. Evidentemente emocionada, presume que fue la primera mujer de Santa Ana Teloxtoc que jugó en una liga fuera de su comunidad. Como prueba, muestra las fotos que atesora en su cuenta de Facebook.
La jefa de familia se sujeta a su máquina de coser. Entrecruza las manos para un mejor agarre y clava la mirada en la torre de tela para mascarillas que tiene a su izquierda. Comenta que pese al adeudo que contrajo, la compra de este aparato le ha permitido tener un ingreso extra ahora que el trabajo en la maquila donde labora disminuyó.
Como ella, muchas personas y grupos familiares en Tehuacán debutaron en la manufactura de productos sanitarios, en su intento de conservar el empleo durante la etapa más crítica de la pandemia de la Covid-19. También incursionaron en el negocio las grandes maquiladoras y los pequeños talleres de costura que han proliferado en el lugar.
En marzo pasado, las trabajadoras de Tehuacán llegaron a fabricar más de un millón de mascarillas a la semana para el consumo local y para ser enviadas a China y Estados Unidos, según la Cámara de la Industria del Vestido en Tehuacán.
Sin embargo, reconoció que esta actividad, que colocó a la ex capital mundial de losblue jeans como la principal proveedora de mascarillas a nivel nacional, generó un ingreso mucho menor que el de la confección de prendas de vestir.
La mano de obra fue la más resentida. Los testimonios de las obreras entrevistadas coinciden en señalar dos situaciones: que los patrones de las grandes maquiladoras y de los pequeños talleres recortaron a la mitad los salarios, y que en otros casos dejaron de asumir el costo total de la jornada laboral para pagar por pieza de mascarilla elaborada.
Todo ello, pese a la dificultad que significó para el personal costurar las mascarillas con la maquinaria que utilizan para las prendas de mezclilla que son mucho más gruesas. Las máquinas de coser no funcionaban o se atoraban.
Una mujer ajusta una pieza de ropa a la máquina de coser en un taller donde se confecciona material sanitario.
Las personas y familias que hicieron negocio por su cuenta tuvieron que enfrentarse, en tanto, a los precios impuestos por los “coyotes” –personas que fungen como intermediarios con los empleadores–, quienes están pagando entre 30 y 70 centavos (US$0.014 y US$0.033, respectivamente) la hechura de cada mascarilla.
De junio a septiembre, Patricia Hernández elaboró 4,500 mascarillas sencillas (las que no tienen tablones) con su propia máquina de coser, pero el coyote con el que hizo negocio se las pagó al precio más bajo del mercado. La mujer que quería ser beisbolista apenas pudo ganar 1,350 pesos (US$64), 55 mascarillas por dólar.
Debido a la poca ganancia que obtuvo de la hechura de mascarillas y a que la maquila donde laboraba dejó de pagarle el de por sí recortado salario, en octubre, Hernández dejó atrás la costura y aceptó un trabajo para hacer tortillas.
El despido de trescientas
A diferencia de la costurera Patricia Hernández, Angélica Carrera Reyes habita en la zona urbana de Tehuacán, que concentra 80% de la población del municipio y también la mayoría de los complejos maquileros.
La dinámica del espacio público retrata esta realidad. El movimiento alrededor de las fábricas inicia a partir de las 7:30, cuando el personal empieza a arribar a los centros de trabajo que, en algunos casos, carecen de insignia que los identifique. La mayoría de las personas se traslada a pie o en bicicleta. Otras van en transporte público y las menos se mueven en motocicleta.
Es viernes a las ocho de la mañana. La jornada en la fábricas arranca, mientras Carrera arriba a su casa. Acaba de regresar del mercado de su colonia donde compró su despensa porque ahí todo es más barato. Viste pantalón de mezclilla y sudadera rosa. El armazón de sus lentes topa con la visera de su gorra.
La madre de tres hijos se encuentra desempleada desde agosto pasado. De otra manera no estaría en su domicilio, sino en las instalaciones de la maquiladora Hera Apparel, un amplio complejo de muros de tabique gris donde laboraba.
El 31 de julio pasado, sin previo aviso, esta empresa dedicada a la fabricación de prendas de mezclilla para la marca estadounidense True Religion se declaró en quiebra, dejando sin empleo a unas 300 personas, en su mayoría mujeres. Angélica Carrera y su esposo se cuentan en esta lista. Ella pegaba tapas a los bolsillos traseros de los pantalones.
Cerca del 40% del personal de las maquiladoras de confección instaladas en el municipio fue despedido por el cierre de varias empresas, según la Cámara de la Industria del Vestido en Tehuacán. A otra parte del personal lo mandaron a descansar indefinidamente sin goce de sueldo, tras el impacto económico que produjo el brote de coronavirus.
El caso de Hera Apparel, dedicada a la fabricación de prendas de vestir de exportación e importación, fue el más sonado por el número de personas que resultaron afectadas. También porque varias de ellas se atrevieron a denunciar públicamente que la empresa les estaba ofreciendo únicamente 35% de lo que les correspondía por concepto de liquidación.
Angélica Hernández se negó a recibir los 10,400 pesos (US$490) que pretendían darle los dueños de Hera Apparel por siete años de trabajo. Le pareció una injusticia porque cuando la despidieron de la maquiladora Tarrant Apparel Group, por el cierre de operaciones en 2003, le dieron 17,000 pesos (US$809) por dos años y ocho meses de servicio.
La mujer de cara redonda y semblante afable pide a las autoridades mexicanas atender de manera urgente la situación que se vive en Tehuacán, donde se cuentan por miles las y los obreros que perdieron su fuente de trabajo durante la pandemia.
«Ojalá que esto llegue a oídos del gobierno que piensa que nos liquidaron muy bien, pero no es cierto. Que sepan que mucha gente que trabajamos en las maquilas perdimos nuestra fuente de trabajo y que seguimos en el desempleo”, dice Angélica. Su pose de brazos entrecruzados refrenda su demanda.
La Confederación Patronal Mexicana calculó que se perdieron 12,000 de los 40,000 empleos que genera la industria maquiladora, así como los hoteles y restaurantes, desde que inició la cuarentena.
Tras el cierre de Hera Apparel, la patronal se fue de Tehuacán, por lo que no fue posible consultarlos durante el trabajo de campo. Posteriormente, se les pidió entrevista vía telefónica, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Tres máquinas como liquidación
Angélica Carrera cruza el comedor de su casa, que también es una habitación, y avanza hacia la cocina. Topa con un pequeño cuarto teñido de lila, donde hay amontonadas tres máquinas de coser de segunda mano.
Es el pago en especie que recibió como liquidación por parte de Hera Apparel, luego de que se uniera al pequeño grupo que decidió exigir lo que les correspondía por ley. Aunque el valor de los aparatos no satisface lo que marca la legislación mexicana, sí supera los 10,400 pesos (US$490) que inicialmente le ofrecían.
La liquidación es la indemnización que el patrón debe pagar cuando la responsabilidad de la rescisión es suya. La Ley Federal de Trabajo de México establece que este pago se compone de tres meses de salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo por cada año trabajado, una prima de antigüedad, más la parte proporcional de las prestaciones.
La costurera se coloca frente una de las máquinas que obtuvo. Dice que aún no sabe qué hacer con ellas. Una opción es venderlas y la otra es montar su propio taller. Ambos caminos son complicados: las máquinas requieren reparación y es difícil emprender un negocio en el contexto actual, reflexiona.
Angélica posa para un retrato junto a las máquinas de coser que le dieron como indemnización tras su despido.
Antes de cumplir la mayoría de edad, Angélica se inició en el oficio de la aguja y la tela para poder mantener a su primer hijo. Con 28 años de trayectoria, la mujer fracasa en su intento por contabilizar todas las maquiladoras donde trabajó. Recuerda que la primera fue Diseños Hank, que ya no existe. Después vinieron otras pequeñas de producción de camisas y pantalones, donde no tuvo prestaciones.
Su paso por la maquiladora Tarrant Apparel Group, 17 años atrás, fue el más significativo. En esa fábrica propiedad del empresario de origen libanés Kamel Nacif –popularmente conocido como El rey de la mezclilla– se gestó la primera lucha independiente del sector obrero en Tehuacán, de la que fue partícipe. Entre marchas y paros laborales, conoció y aprendió a defender sus derechos humanos y laborales.
Entonces conoció también a Martín Barrios, un amante del punk que al enterarse de los abusos patronales que ocurrían en Tarrant, como despidos injustificados, repartió un volante en el que llamaba a la organización obrera.
El panfleto sería el detonante del movimiento que luchó por arrancar el poder a la Confederación Regional Obrera Mexicana, acusada de ser un sindicato leal a los intereses patronales y ajeno a las causas de la población trabajadora. Y aunque lograron el objetivo, Tarrant terminó por cerrar sus puertas y, como consecuencia de la presión ejercida, las y los trabajadores pudieron al menor tener una liquidación justa.
Martín Barrios y Angélica Carrera permanecen en contacto desde entonces. Luego de varios meses sin encontrarse producto de la epidemia de la Covid-19 y de sus propias rutinas, se saludan de forma afectuosa. En un diálogo fluido, intercambian información sobre su situación actual, sobre sus familiares y las personas que ambos conocen.
Antes de despedir a las visitas, Carrera convida de los plátanos y manzanas que compró esa mañana en el mercado local, el único lugar donde se surte desde su despido de Hera Apparel para intentar estirar al máximo el poco ahorro que le queda. Ni ella ni su marido han podido conseguir empleo.
Trabajadoras de la maquiladora Top Jean salen de la planta al terminar su jornada laboral.
Barrios sostiene que los derechos laborales en la industria textil de Tehuacán han ido en picada a partir de 2008. Y es que ahora la población obrera demanda el acceso a un empleo para subsistir, obviando el tema de las prestaciones sociales. Además, las batallas ya no son para conseguir un contrato colectivo, sino para que las maquilas indemnicen lo mejor posible o simplemente porque no se vayan sin pagar.
La crisis por la Covid-19 consolidó el retroceso. El momento fue aprovechado por los empresarios del sector para acelerar la aplicación de medidas a su conveniencia, tales como la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, la disminución de los salarios y el recorte indiscriminado de la planta laboral.
Son las 13 horas de aquel viernes. El sector obrero vuelve a apropiarse de las calles de Tehuacán, esta vez con tupper en mano. En pequeños grupos, comen sobre aceras y camellones. Quienes no llevan almuerzo, compran en los puestos callejeros. El más característico es el de las mujeres de Santa María Coapan, que tienen fama de hacer las mejores tortillas de la región. En canastas y bolsas de mandado típicas transportan, flautas y tacos.
Las obreras consultadas refieren que sí existen medidas para evitar los contagios de la Covid-19 al interior de las maquilas, como la obligatoriedad de usar la mascarilla y de desinfectarse las manos al ingresar. Pero guardar la sana distancia es prácticamente imposible en ese ambiente.
La salida de las fábricas es a las 18 horas, salvo para quienes cumplen jornada extra. Se observa de nuevo el desfile de la clase trabajadora. Las manos teñidas de azul por el contacto permanente con la mezclilla delatan al sector.
Las trabajadoras cuentan muchas historias sobre los patrones y los encargados de las maquilas. La mayoría son de maltrato y abuso hacia las personas que están a su cargo, tanto en el trato cotidiano como en el ejercicio de sus derechos laborales. Para el caso de las obreras se suman situaciones de acoso y abuso sexual que permanecen en la impunidad.
Qué sería si cada prenda de mezclilla, si cada mascarilla, llevara grabada en su etiqueta la historia de la persona que la maquiló.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán/El Intercambio
Ex trabajadoras y empleados de la maquila New Holland Apparel, en Nicaragua, aseguran que hubo casos de Covid-19 en la fábrica. La empresa clasificó los contagios como casos de neumonía atípica y envió a las enfermas a sus casas a cuenta de vacaciones. La empresa anunció el despido de más de 800 trabajadores por supuestas dificultades económicas y financieras ante la crisis sanitaria. Pero no todas aceptaron.
Las compañeras la llamaban con cariño La abuelita. Era la mayor del área de bordado de la fábrica textil New Holland Apparel, en Nicaragua. Sonriente, decían que tenía una notoria voluntad por sus labores. Mayra del Socorro Cerda falleció el 19 de mayo de 2020 posiblemente por Covid-19. Tenía 61 años.
Cerda trabajó por más de 30 años como maestra hasta que ingresó a New Holland. Aunque ya debía retirarse —en Nicaragua la jubilación para maestros es a los 55 años—, sufría de violencia intrafamiliar y prefería pasar más tiempo en la empresa que en casa. Presentó síntomas de fiebre a principios de mayo. Para entonces, varias mujeres en el área de confección hablaban del brote de coronavirus dentro de la empresa.
Ni la empresa ni el Gobierno reconocieron la razón de su muerte. Su acta de defunción indicó como causa una neumonía atípica. Para evitar el reconocimiento oficial del verdadero impacto de la pandemia, esa fue y es aún la clasificación de los casos no confirmados mediante pruebas en el país.
New Holland rechazó los contagios de sus empleadas y siempre sostuvo que las enfermas debían presentar una valoración médica para aceptarlo. Una alternativa difícil ya que las pruebas para detectar el virus se encuentran únicamente bajo control del Ministerio de Salud (Minsa). Hasta el momento, la institución no informa de la cantidad de pruebas aplicadas.
De igual forma, al consultar al Ministerio del Trabajo (Mitrab) si había conocimiento sobre los contagios la única respuesta que se obtuvo a través de una llamada telefónica fue un “no señora” y se terminó la comunicación. También se intentó contactar a la Central Sandinista de Trabajadores pero no hubo respuesta.
La maquila está en la carretera Tipitapa-Masaya. Sus trabajadores se dedican a la confección de ropa deportiva para las marcas Under Armour y Nike. La matriz de esta se encuentra en Honduras. New Holland contaba hasta junio de este año con aproximadamente 1,260 trabajadores.
Varias trabajadoras de la maquila New Holland caminan hacia sus puestos de trabajo por la mañana. La empresa nunca definió una estrategia para evitar la propagación del virus entre sus trabajadores.
En Nicaragua nunca hubo confinamiento. Tras la llegada del primer caso de coronavirus, el 18 de marzo, prevaleció la normalización e incluso la vicepresidenta Rosario Murillo promovió actividades de concentración masivas. El Gobierno fomentó un sistema en el que la salud y la economía estaban en un mismo nivel. Las escuelas, centros de trabajo y centros recreativos han continuado abiertos hasta la fecha.
El director de Emergencia de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, reveló en abril que la interacción con Nicaragua se había reducido. Recibía información del gobierno sobre las pruebas PCR, pero no sabía qué pasaba con la donación de 26,000 pruebas rápidas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El féretro sellado
La abuelita fue a la oficina de recursos humanos para poder recuperarse desde casa sin goce de salario. Iba acompañada de Darling Baquedano, compañera de la maquila. Dijo que era una persona de riesgo. Padecía de múltiples enfermedades laborales, tenía túnel carpiano, tendinitis, insuficiencia venosa, diabetes e hipertensión. Sin embargo, su petición le fue negada.
Acudió dos días más a la maquila con fiebre. Al tercero, su condición empeoró. La empresa accedió a brindarle el permiso. Lo siguiente que supieron sus compañeras es que estaba intubada en el hospital. Murió en menos de quince días.
El funeral fue el 19 de mayo, el día de su fallecimiento. Su cuerpo iba en un féretro sellado dentro de un carro, bajo medidas inusuales para un caso de neumonía atípica. El chófer utilizó durante todo el recorrido un traje de protección desechable. Era el traje que los sanitarios usan para protegerse ante infecciones.
El 13 de septiembre, Eugenia Meza Juárez, una ex bordadora de 27 años, lamenta que no pudo asistir al entierro. Ella también trabajaba con La abuelita. Ahora está en casa de Baquedano, a un par de kilómetros de distancia de la maquila. Cuenta que siguió el recorrido gracias a los videos que grabó su compañera, quien fue la única que pudo estar presente.
Eugenia Meza, quien ahora vive en casa de su amiga Darling Baquedano, posa para un retrato junto a su hija.
Meza debió permanecer en casa porque tenía fiebre, igual que otros trabajadores de su área. Sentada en una esquina de la sala, esta joven de baja estatura y voz pasiva, recuerda cómo el deterioro de la abuela bordadora escaló rápidamente. A pesar de mostrar una actitud más introvertida, conversa abiertamente sobre La Abuelita.
Baquedano es más abierta, conversadora y segura de expresar sus opiniones. Hasta que llega el asunto de la muerte de Cerda. Entonces, se limita a señalar que el área de recursos humanos de New Holland les prohibió hablar de los contagios. Y si lo hacían, se les extendía un llamado de atención. Destaca que la situación fue manejada bajo un alto sigilo.
Una semana después del encuentro presencial, en una llamada telefónica, comparte su verdadera relación con Cerda. Mientras todas las trabajadoras del área de bordado reconocían a Cerda como La abuelita, Baquedano la llamaba madre. Ella perdió a su progenitora durante la guerra civil de los 70, cuando tenía apenas cuatro meses de vida. Con Cerda compartió 7 años de amistad. En uno de los audios intercambiados con la anciana bordadora, se escucha como ella también con cariño la llamaba “mi bebé”.
Necesita días para explicar qué representa la muerte de su amiga. Aún carga con gran tristeza y culpabilidad por la muerte de su segunda madre. Baquedano fue la primera en enfermarse de las dos. Durante esos días, recuerda cómo Cerda cuidaba de ella sin sostener ningún tipo de distanciamiento e incluso compartir la comida, en el afán de La abuelita por lograr que comiera un poco. Impotente, se responsabiliza de haberle transmitido el virus.
Darling Baquedano llora al recordar a su amiga Mayra del Socorro, quien se enfermó mientras trabajaba en la maquila y su salud se deterioró rápidamente hasta que finalmente falleció.
“No estábamos claras que era Covid-19, sabíamos que teníamos que tomar todas las medidas, pero no lo hicimos”, dice en una emotiva llamada de 20 minutos, cargada de rabia, ante la posibilidad de que su muerte pudo evitarse con un adecuado protocolo. Todas las trabajadoras de New Holland consultadas coinciden en que la empresa falló en la aplicación de medidas preventivas, como el respeto al distanciamiento físico y un adecuado suministro de equipos de higiene y protección dentro de la maquila.
De novena a tercera causa de muerte
La mayoría de casos de Covid-19 en Nicaragua fueron –y aún son- categorizados como neumonía atípica, según expertos independientes de la salud, quienes han reclamado al gobierno por un supuesto subregistro en los casos.
Estas denuncias provocaron el despido de al menos ocho especialistas de sus centros públicos de salud. Los afectados denunciaron que sus despidos derivaron de sus críticas al manejo de la crisis sanitaria del gobierno: por haber reclamado equipos de bioseguridad para proteger la vida del personal de la salud y por solicitar que se fomentaran medidas de prevención en la población.
Mercedes Somarriba, pediatra infectóloga, aclara que la conexión entre los casos se debe a la situación sanitaria mundial. Pero advierte que hasta ahora no tiene una evidencia clara de si es Covid-19 porque el Minsa monopoliza y centraliza las pruebas en un único laboratorio. La más reciente alternativa, y solo para los que salen de Nicaragua, es pagar U$150, siempre al Minsa. Los médicos no pueden acceder a la información. Lo único que asegura es que los casos de neumonía atípica aumentaron y por ende en un contexto epidemiológico como el actual se crea un nexo entre estos.
El Mapa Nacional de la Salud del Minsa refleja que la neumonía pasó de ser la novena causa de muerte más común en Nicaragua durante los últimos tres años, a ser la tercera causa de defunciones en el país, con un acumulado de 2,612 muertes por neumonía entre enero y agosto de este año.
En el cementerio Jardines del Recuerdo, cuatro hombres vestidos con trajes blancos especiales entierran un ataúd que fue trasladado desde el hospital Sermesa Bolonia. Este es uno de tantos entierros exprés que salen desde los hospitales directo a los cementerios, algo que es visto desde marzo de este año cuando se reconoció el primer caso de Covid-19.
La teoría de un subregistro se fortaleció ante las denuncias ciudadanas sobre los llamados entierros exprés, como el de La abuelita, en los que trabajadores del Minsa entregaban ataúdes sellados a los familiares, a pesar de supuestamente no tratarse de casos de coronavirus. El departamento de comunicación de New Holland no respondió a las solicitudes para brindar su versión sobre los contagios internos vinculados con el fallecimiento de Cerda.
El Minsa reconoce solo 4,533 casos positivos y 158 muertes hasta el 10 de noviembre. El Gobierno actualiza sus datos cada martes, pero no elabora mapas de zonas de riesgo ni sistematiza de forma pública la información acumulada.
El independiente Observatorio Ciudadano reporta el doble de casos sospechosos e informa de 2,786 muertes sospechosas por Covid-19, en base a reportes ciudadanos. En el número de fallecimientos, incluye tanto los casos confirmados del coronavirus, como aquellos catalogados como neumonía, que corresponden al 5% de las muertes registradas por el Observatorio.
La negación gubernamental al cierre de las fronteras y los negocios frente a la pandemia responde al hecho de que una cuarentena oficializada golpearía aún más la debilitada economía del país producto de la crisis sociopolítica. En abril de 2018, Nicaragua enfrentó un estallido social producto de la aplicación de una polémica reforma al Seguro Social.
La violenta respuesta de la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al gobierno para reprimir las manifestaciones estudiantiles desencadenó una fuerte indignación en la sociedad nicaragüense. Las movilizaciones en Nicaragua dejaron un total de 325 personas fallecidas y más de 2,000 heridas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Solo en Costa Rica, país con el que persiste un mayor flujo migratorio, se registró un aumento del 1,376% de personas nicaragüenses solicitantes de asilo.
Meza, su mamá y La abuela
Durante varias semanas, Meza, la amiga de Cerda y Baquedano, soportó las fuertes fiebres. También el dolor en el cuerpo, la dificultad para respirar y la pérdida del gusto y el olfato.
La primera en contagiarse fue su mamá, Yadira Juárez Morales, que trabajaba también en New Holland en un área de empaque. La mamá fue a ver al médico de la clínica de la empresa. El doctor le confirmó que sus síntomas estaban relacionados con la Covid-19.
Seis días después, Meza también empezó a mostrar signos de contagio. La empresa le planteó que o iba a la clínica o pedía vacaciones. Por miedo de elevar el riesgo de contagio, tomó las vacaciones para tratarse desde casa.
Luis Espinoza, sindicalista independiente en New Holland, asegura que la empresa a veces no rellenaba los puestos de alcohol colocados de la fábrica. Dice que solo se les entregó una mascarilla de tela que tuvieron que lavar diariamente durante dos meses. Tuvieron que confeccionar sus propias mascarillas con los trozos de tela que encontraron. No fue sino hasta después de que se presentaron contagios dentro de New Holland que inició a aplicar medidas de protección para sus colaboradores.
Meza y Baquedano ya no trabajan en New Holland. Tras superarse los contagios internos, la compañía despidió a 884 trabajadores sin previa notificación. Según la empresa, las marcas de ropa Under Armour y Nike redujeron sus pedidos debido a la pandemia. Situación que niegan al menos dos obreros que continúan dentro de la maquila. Aseguran que la producción ha mantenido su ritmo habitual.
Baquedano y Meza fueron despedidas sin previa notificación y tras haberse visto obligadas a trabajar estando enfermas. Más de 150 trabajadores han denunciado la situación.
El 27 de julio, los más de ochocientos trabajadores que se presentaron a trabajar, notaron que dos largas filas se extendían en la entrada de la maquila. Quienes marcaran su carnet podían ingresar. A quienes no les marcara, significaba que estaban despedidos y debían pasar a retirar sus cheques.
Un grupo de 50 trabajadores, liderados por Baquedano, rechazaron retirar sus cheques. Se dirigieron al Ministerio del Trabajo (Mitrab) para consultar el porqué de sus despidos. En el Mitrab se les informó que los despidos ya habían sido acordados con los sindicatos de la empresa en junio.
“Trabajamos bajo pandemia, trabajamos enfermos con Covid-19, yo traje el contagio para mi casa, todas llevamos el contagio a nuestros hogares”, dice. Extiende una pausa —a causa del recuerdo de Cerda— y dice: “Me preocupa “la violencia que vivimos humanamente, laboralmente, en esta industria”.
Baquedano se pone en pie y camina hacia una pequeña mochila ubicada frente a ella. Contiene papeles. Entre ellos, el documento del acuerdo sindical con el gobierno y varias epicrisis. Constatan que la mayoría, como ella, sufre de enfermedades crónicas, lo cual violenta otro acuerdo firmado por la empresa en el cual se detalla que aquellas personas crónicas serían enviadas a sus casas con goce de salarios por la pandemia. Ella tiene cáncer de tiroides.
En un país sumergido por una crisis, los temas políticos están a la puerta de todas las agendas. Desde la llegada a casa de Baquedano, cuenta que su padre fue preso político por participar en las protestas de 2018. Comparte que fue tal el asedio que sufrió su familia en ese entonces, que perdió el miedo a denunciar. El pasado 4 de septiembre denunció junto a 159 compañeros por la vía legal a la empresa para que se les reintegre a sus puestos. Pero advierte de la afinidad que existe entre el Mitrab y los sindicatos con el partido del Frente Sandinista, que gobierna el país.
De bordar a la ropa usada
Meza, la bordadora que trabajaba con La Abuelita, pasó varias horas al sol el día de los despidos. No pudo negarse a recibir el cheque, tenía varias deudas por pagar. Pero su liquidación se redujo a US$323.5, un pago que Meza no considera justo. Por los ocho años de trabajo y su sueldo de US$200 al mes, según la ley, tuvo que recibir, al menos US$1600. Aunque tiene 27 años, padece de diabetes, hipertensión, sufre de tendinitis en un hombro, de túnel de carpio en ambas manos, y tuvo un accidente laboral que le dejó dañado un nervio de una pierna de forma permanente, todas estas enfermedades que desarrolló durante los años que trabajó dentro de la maquila.
Desde entonces, vende ropa usada. Vive cerca del Sistema Penitenciario La Modelo y aprovecha los días de visitas, porque se vuelve transcurrida la zona para vender. Algunos días gana entre 50 córdobas (US$1.44) y 100 (US$2.89) al día. Entre risas, dice que una vez vendió apenas 10 córdobas, es decir US$0.28.
Su madre por otro lado, continúa laborando para New Holland. Aunque no por mucho tiempo: le dieron una extensión del contrato por dos meses. El padre de Meza cuenta solo con una pensión reducida. Y tiene tres niños. Su hija de cuatro años padece de epilepsia, por lo que tiene grandes gastos en medicamentos.
Según la madre de Meza, no ha habido ninguna alteración en los pedidos, asegura que el trabajo continúa igual. New Holland reasignó personal en las áreas donde antes estaban las personas despedidas, como su hija, que espera que la contraten de nuevo: “La situación económica del país está dura, y pues los reales (dinero) se van rápido”.
Esta es la historia de una doble crisis, la sanitaria y la sociopolítica. También es la de cientos de trabajadoras que debieron tratarse a su suerte desde sus hogares, un despido masivo de personas con enfermedades crónicas y una obrera cuya causa real de muerte pudo no ser reconocida.
Edición de fotografía: Oliver de Ros/El Intercambio
Diseño: Pablo J. Alvárez/El Intercambio
Coordinación y datos: Ximena Villagrán | El Intercambio
Estamos cerrando un año de pérdidas que aún no podemos contar, algunos analistas económicos aseguran que Honduras ha perdido el equivalente al 50 % del producto interno bruto. El año 2020 se termina y nos deja ante un panorama desastroso para un país que lleva décadas tratando de reconstruirse después de un huracán, de un terremoto, un golpe de Estado y en general de una crisis institucional que solo promete agudizarse aún más en el año electoral. Honduras trata de reconstruirse de sí mismo, de una historia de destrucciones que su élite política se encarga de convertir en un ciclo de corrupción.
Lo que viene es una lucha por la supervivencia mucho más despiadada. Buscarán sobrevivir los más de tres millones de afectados por las inundaciones en las últimas dos semanas, pero también los políticos señalados por corrupción y la maquinaria del Partido Nacional, tan deslegitimada y conocida por su gestión irresponsable en las emergencias, tanto de la pandemia como de las inundaciones.
Las repetidas reconstrucciones de Honduras han sido la excusa para la corrupción, las obras de infraestructura destruidas por los ríos en estos días son muestra de ello. Honduras vive un eterno loop del desastre. Algo parecido a un vehículo atrapado en un atolladero, que consume recursos, energía pero que no avanza, sino al contrario se hunde en el lodo, mientras sus conductores disfrutan pisando el acelerador. Ellos son los reconstructores de la destrucción del país.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández, que cierra su segundo periodo entre la incompetencia y la burla, se ha especializado en colocar a funcionarios y funcionarias públicas de la «juventud» de su partido en puestos clave, donde han sido responsables del mal manejo de toda la emergencia nacional. Pero además de esto, se ha especializado en crear juntas interventoras con militares, miembros de iglesias evangélicas, representantes eternos de sociedad civil y políticos que por algún caso de corrupción o escándalo pasado han quedado en la llanura. Es por esto, que mientras familias enteras aún buscan entre el lodo y la basura sus pertenencias y reconstruir sus vidas, el presidente nombra un consejo consultivo para la reconstrucción del país.
Pero las acciones del presidente, consolidadas en una campaña publicitaria como es costumbre, no se harán sin recursos. Es por eso que ya pidió ayuda al G-16 y ha dicho que invertirá más de 1.211 millones de lempiras en la reparación y mejora de red vial pavimentada y no pavimentada, así como en el montaje de puentes desmontables y en la reparación y hasta edificación de nuevas viviendas en las zonas afectadas. Las instituciones que se harán cargo de estas obras son de las más cuestionadas en su gobierno: la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h).
El consejo consultivo es una jugada vieja con nuevo nombre, no podemos olvidar quiénes son sus integrantes y los papeles que han desempeñado en crisis pasadas.
Podemos comenzar con Rubén Sorto, el primero en decir que sí a esta misión. Sorto es un ingeniero que ha sido asesor en temas de inversiones en el Gobierno de Hernández, además, este año inauguró una planta procesadora de café de alta tecnología en El Paraíso, con el apoyo del Gobierno a su empresa BioFortune. «Hoy puedo decir que me siento orgulloso de ser hondureño, de lo que ustedes están haciendo aquí y se los agradezco», dijo el presidente cuando la inauguró justo antes de que llegara la pandemia en Honduras. Sorto ha sido un defensor del Gobierno, anteriormente se había pronunciado diciendo que no es culpa de éste las altas tasas de desempleo en el país.
Por otra parte tenemos a Gabriela Núñez, ella se desempeñó como ministra de Finanzas durante el Gobierno del liberal Carlos Flores Facussé, sin duda es una de las más controversiales del grupo, ya que su trabajo como ministra durante la emergencia del Mitch dejó mucho que desear. Ella ya formó parte de una comisión de reconstrucción en aquel entonces y 22 años después seguimos sufriendo las secuelas de ese trabajo. Núñez demandó al Estado de Honduras por su despido ilegal en 2008 perpetrado en el Gobierno de Manuel Zelaya, y el Estado debió pagarle 7 millones de lempiras. Pero su revancha estuvo cerca, ya que después del golpe de Estado contra Zelaya fue nombrada brevemente como ministra de Finanzas en los seis meses del Gobierno golpista, los más nocivos para las arcas estatales en ese año. Estados Unidos la castigó brevemente por catorce meses suspendiendo su visa, pero luego se la restituyeron y Núñez quedó limpia de cualquier cuestionamiento, ahora incluso la llaman a reconstruir el país.
Otro de los nombres más escandalosos en esa lista es el de Milton Jiménez Puerto, excanciller de Honduras en el Gobierno de Zelaya también, hasta que renunció tras su detención en Miami por conducir en estado de ebriedad. Durante su mandato, medios nacionales reportaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores aumentó su planilla más del 50 %. Jiménez Puerto sería la cara de la oposición política en este grupo, que sin duda cuidó tener miembros de diferentes partidos aunque eso no garantizó que fuera plural en absoluto.
Luego están los nombres de siempre, como el de Omar Rivera, quien de seguir aceptando puestos de veeduría y representación de sociedad civil deberá clonarse. Actualmente es miembro del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) que se fortaleció después de su renuncia a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y se ha encargado de hacer recorridos por los hospitales y centros de triaje del país como observador del manejo de la pandemia. Por otro lado está llamado a la reconstrucción del doctor Miguel Sierra Hoffman, creador del tratamiento CATRACHO, quien insistió incluso cuando aún no estaba probado, que la hidroxicloroquina debía usarse como tratamiento para la COVID-19. Ahora está probado que no es un medicamento seguro para tratar esta enfermedad.
Y luego está Rocío Tábora, exministra de Finanzas, quien salió de su cargo luego de filtrarse una llamada en la que movió influencias para que las compras de la pandemia fueran canalizadas a través de Invest-h, aprobado directamente por el presidente de la República. Tábora amenazó con demandar desde la institución del Estado a quienes publicaron ese audio. Al final, las compras de Invest-h terminaron siendo un fraude. Ella estará en la reconstrucción de Honduras e Invest-h comprará ahora puentes móviles, seguro que gracias a su experiencia con los hospitales móviles, la mayoría de los cuales siguen sin estar en uso.
La lista sigue, como sigue la ilegitimidad del Gobierno de Hernández y como sigue la lluvia que continúa anegando el valle más productivo del país. Por ahora la ciudadanía menos afectada está convocando a protestas exigiendo un alto a la corrupción.
Se termina 2020 y con la navidad llega el clientelismo que en éṕoca de hambruna y calamidad, se vuelve la respuesta a todo. Y con el viejo año viene la promesa del nuevo, en Honduras un año electoral.
Mientras el equipo de los reconstructores se sube al vehículo a pisar el acelerador, son los olvidados de siempre quienes intentan empujar el vehículo desde afuera, como siempre, empujando, pero también hundiéndose en el lodo.
Son ellas y ellos, los que son fotografiados con la bolsa de comida insuficiente o con una lámina para su maltrecha casa, los que tienen que separarse de uno o varios miembros de la familia que migran hacia Estados Unidos porque la remesa es la última esperanza. Los que ahora están inundados y se han vuelto prioridad en el discurso oficial, pero han sido masacrados y estigmatizados por vivir en territorios controlados por pandillas. Ellos, los que ni siquiera pueden salir a protestar, son los que van a reconstruir el país como hace dos décadas, ya sea trabajando en el enorme rubro del comercio informal y precario o trabajando en Estados Unidos y mandando sus remesas. Son las familias quebradas las que han reconstruido sus barrios en medio de la violencia y las que sostienen la economía improductiva de Honduras.
Son mujeres que acompañan, que cuidan, que sanan a otras mujeres sobrevivientes de violencia. Y lo hacen con las manos atadas. Llevan once meses sin cobrar su sueldo, porque el Gobierno no les ha pagado. La pandemia las obligó a reinventar la manera en la que ayudan a otras mujeres, en un momento en el que las caricias y los abrazos se convirtieron en lo más necesario, pero lo más prohibido. Esta crónica es parte de un proyecto regional de periodismo narrativo y mujeres, impulsado por el Centro Cultural de España en Guatemala
En los pasillos de la casa, el silencio es tan profundo que te atraviesa.
Afuera llueve. El agua golpea de manera continua, con fuerza, los tejados, el patio, el techo de los vehículos estacionados. De vez en cuando llega de la calle una bocina ahogada, una moto sin silenciador, el chirrido de unas llantas al frenar.
Pero dentro, dentro de esta casa inmensa, laberíntica, con escaleras que suben y que bajan, con puertas cerradas, cuartos abiertos y alguna luz encendida, el silencio, otro tipo de silencio, es tan profundo que te atraviesa.
En la casa trabajan mujeres. Mujeres que defienden, que acompañan, que cuidan. Que sanan a otras mujeres que se sienten rotas. La casa tiene un nombre. Centro de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia, se llama. Caimu, para abreviar.
Los Caimu son espacios que organizaciones de mujeres gestionan y que reciben (que deberían recibir) fondos del Gobierno. Hay siete en toda Guatemala y este es uno de los cuatro administrados por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Está en Ciudad de Guatemala.
El espacio es grande. No llegas a ver cómo de grande, pero lo es. Tres niveles. Cuatro, cinco, seis salones por cada uno, algunos grandes, otros chiquitos. Hay puertas que no se intuye qué guardan y gradas que serpentean por las paredes hacia saber dónde.
Al mirarla desde la calle, se puede adivinar que la construyeron de a poquitos, piso a piso. Un primer nivel de block, un segundo de ladrillo y un tercero con paredes de lámina atravesadas por unos grandes ventanales.
Al entrar, la sensación se confirma. Aquí dividieron este cuarto con un muro de tabla yeso. En este pasillo levantaron una pared con listones de madera, para hacer una oficina. Este acceso lo cercaron con una pequeña puerta improvisada. La casa parece estar viva. Cambia según vaya haciendo falta para esto o para esto otro.
Lo único que se mantiene en cada espacio es el color de las paredes. Mitad amarillo, mitad marrón, para imitar un zócalo que en algunos cuartos es real, de madera oscura y los mismos relieves de las puertas originales, anchas, pesadas, macizas.
Cada salón tiene lo mínimo, lo imprescindible. Un par de sillas por mesa, algunas computadoras, impresoras, un paquete de pañuelos desechables. Lo que más hay, eso sí, son muebles archivadores, donde se apretujan cientos, miles de expedientes.
Antes, la casa solía estar llena. Mujeres en terapia de grupo, en sesiones individuales. En reunión con abogadas. Mujeres que esperaban que las escucharan por primera vez, para empezar sus procesos.
Y niños. Niños bajo las faldas de sus mamás, deseosos de apilar bloques de plástico de colores, de jugar con peluches y de hacer que los muñecos cobraran vida. Las acompañaban, en ocasiones, para contarle a una psicóloga cómo se ve la violencia a medio metro de altura del piso. En otras, porque sus mamás no tenían con quién dejarlos en casa.
Después llegó la pandemia. Llegó para cambiarlo todo. Lo paró por un instante y luego tocó arrancar de nuevo. Cuando se habló de que la COVID-19 había entrado a Guatemala, de que se ordenaba un toque de queda y se prohibían reuniones presenciales, las mujeres dejaron de llegar a la casa. Todavía no sabían muy bien cómo, pero seguirían el trabajo cada una desde sus hogares.
Luego cerraron los juzgados y todo se detuvo. Los procesos que las mujeres tenían abiertos se estancaron. A las que buscaban ayuda por primera vez en el centro, les pidieron paciencia. Seguirían escuchándolas, a distancia, pero debían esperar. Muchas siguen haciéndolo.
Heydi Coyote es la trabajadora social del Caimu. Es la persona que recibe a las mujeres cuando llegan al centro. La primera que escucha sus historias. Ahora lo hace por teléfono. A veces, por mensajes de Whatsapp. «¿Están atendiendo?», le preguntan cada día unas diez veces.
La mayoría de las mujeres que llegan al Caimu son referidas por instituciones del Estado, como juzgados, centros de salud o fiscalías. Pero aquí no siempre pueden atenderlas inmediatamente.
Frente a su computadora, Heydi cuenta que manejan una lista de espera de unas 350 mujeres. Cuando abre la base de datos para verificar esta cifra, las filas con sus nombres son muchas más. «No, perdón. Serán unas 500… No. Más». En la pantalla hay 700 líneas y todavía no llegó al final del documento. Esta lista de espera es para empezar un proceso desde cero. Para que puedan escuchar sus historias y abrirles un expediente en el centro. Hay quienes llamaron hace meses para pedir apoyo y hasta hoy no les han podido devolver la llamada.
La mayoría de las mujeres que contactan al Caimu necesitan salir de la relación en la que están. Necesitan esa respuesta urgente. Y cuando Heydi se comunica ahora con ellas, tiempo después de esa primera llamada o de ese primer mensaje de auxilio, algunas ya no quieren recibir apoyo.
«Yo me he estado frustrando mucho, siento impotencia». A Heydi se le nota esa desilusión en los ojos, por encima de una mascarilla quirúrgica que le cubre la mitad del rostro. «Las llamamos y muchas dicen: «Yo lo necesitaba entonces, ahora no. Ya volví con él”» . Cuando escucha estas palabras, a Heydi le da una punzada en el estómago.
Las citas en persona se pasaron al Whatsapp, al Zoom y al teléfono. Claro, no es lo mismo. Nunca lo es. ¿Que si cambia la manera de atender a las mujeres? Por supuesto, responde Heydi. Las reacciones, dice. Eso es lo que más se perdió. Tener un vínculo a través de una palabra, de una mirada, que lo empieza todo, que hace que las mujeres se suelten y confíen.
Ese «no estás sola», que tanto les repiten, no es lo mismo escucharlo cara a cara, mientras les tienden la mano, que a un teléfono de distancia.
Cuando el Organismo Judicial anunció que los juzgados abrirían a finales de agosto, en el Caimu decidieron volver a la casa un par de semanas antes. Tocó sacar el polvo de los expedientes, poner las audiencias en agenda y llamar a las mujeres. Se hicieron turnos. Se dividieron en los salones. Cada una en su espacio. Distancia, mascarilla, gel.
A la entrada, los protocolos básicos de seguridad. El pediluvio, el termómetro, el alcohol en las manos, la ropa y los zapatos. Dentro, empiezan a verse algunos cambios. Levantaron muros en uno de los salones para dividirlo en tres salitas donde apenas caben una mesa y un par de sillas. El olor a pintura fresca delata el apaño que inventaron para poder desinfectar un espacio mientras se usan los demás.
Faltan mamparas, mejores sistemas de ventilación, pantallas y mascarillas para las mujeres que llegan. Saben que necesitan medidas para que el espacio sea seguro. Por eso prefieren, por ahora, mantener las citas a distancia. No quieren arriesgarse ni arriesgarlas.
Abrieron la puerta a algunas mujeres, que llegan en cuentagotas, si logran pagarse un pasaje de bus o un taxi que las acerque a un precio prohibitivo. Llegan si su caso es imprescindible conocerlo en persona o si lo necesitan, porque en el que debería ser su hogar no se sienten seguras.
Eso también las obliga a buscar nuevas formas de comunicarse. Algunas de las mujeres que atienden viven con sus agresores. Antes, para muchas, salir de casa para ir al Caimu era relativamente sencillo, hasta una manera de catarsis. Buscaban una excusa, hacían coincidir algún viaje en el que fueran a hacer mandados y se pasaban por el centro.
Ahora, por teléfono, la cosa se complica. Las mujeres buscan momentos en los que sus parejas no están en la casa, o en los que pueden llamar sin que ellos se den cuenta.
Heydi tuvo que aprender a entender las claves. Cuando un «ajá, ajá, ajá» significa «ahora no puedo hablar, mi esposo está escuchando». Y un «no, gracias, seño» es «llámeme mejor en la mañanita que él sale a trabajar».
Wendy Tobar es la abogada encargada del área legal del Caimu. Es difícil seguirle el ritmo. No para.
En su despacho, rodeada de carpetas nutridas por cientos de folios, empieza el baile de cada día. Primero, revisar notificaciones. Algunas mañanas, como la de hoy, son apenas dos. Otras pueden ser veinte. Luego, actualizar los expedientes. «Mi trabajo es desentrampar procesos», dice sin dejar de escribir, como si pudiera dividir en dos el cerebro.
Suena su celular. «Sí, mirá pues, el problema es que hubo un error en la sentencia y se está resolviendo por esta vía…». Cuelga. Suena de nuevo. «¿Cómo te fue? Mirá, ella no tiene que aceptar ninguna pensión que no le convenga». Teléfono fijo. Un dispositivo en cada oreja. «Ahora sí estoy contigo, decime». Una colega le pide la firma de un documento. «Mirá, aquí falta esto, esta palabra no está bien, mejor vuelve a imprimir». «Te escucho, te escucho». Cuelga. Llega un mensaje. Cierra expediente, abre otro. Otra firma. El celular.
Celebra que su hijo le enseñó a usar el Whatsapp en la computadora. En el Caimu les salvó la vida. Cuando lo abre, empiezan a caer mensajes. «Estos ya los contesté anoche, así que hoy no hay tantos». De reojo se ven unos cinco. ¿Hasta qué hora responde? No lo sabe. Hasta cualquiera, de madrugada incluso, «mientras esté en mis cabales».
Wendy hace un chasquido con la lengua cuando abre el primer mensaje. «Ay, «hijuelagran…»», se le escapa. Teclea con rapidez para contestar. La mujer con la que habla les contactó hace un par de días, por la noche. Al día siguiente tenía una audiencia. Su pareja la había demandado y le quería quitar la custodia de sus hijos.
Después de dos horas al teléfono y de resolver todas sus dudas, Wendy le recomendó llegar a la audiencia, no excusarse, aunque fuera sin abogada. Media hora después, la mujer la volvió a llamar. Un amigo le había dado otro consejo («“siemmmpre» pasa lo mismo», dice la abogada, resignada), que no fuera, que dijera que estaba enferma.
Ella le hizo caso a él, pero no salió como se esperaba. El juzgado rechazó su excusa. Desesperada y sin saber qué hacer, de nuevo, contactó con el Caimu. Wendy vuelve a suspirar y termina de contestarle.
Lo del Whatsapp y la atención remota viene de antes de la pandemia, del año pasado. Después de mucho pedirlo, Wendy consiguió que les autorizaran un teléfono, cuando se vieron desbordadas por los casos que llevaban las cuatro abogadas del área legal. Crearon un grupo con más de cincuenta mujeres que llevaban procesos de negación de asistencia económica. Por ahí las convocaron a una reunión.
Les dijeron que no las podría acompañar físicamente a los juzgados, pero sí les podrían asesorar por teléfono. Las mujeres aceptaron. Empezaron a escribir todos los días: «Mire, recuérdeme a dónde es que tengo que ir ¿Cuál es el documento que tengo que pedir? ¿Cuál es mi número de expediente?». Cada una tuvo que empaparse y conocer sus casos con precisión. Cada una se convirtió en experta de sus procesos legales.
La estrategia la reutilizaron para la pandemia. «Usted deje su mensaje y en un ratito que tengamos le respondemos», les dijeron a las mujeres que llamaban. A las abogadas les toma tiempo escuchar los audios y revisar los archivos que les envían, pero ahora ya no pueden acompañarlas a ninguna a las audiencias, ni a presentar documentos, ni a argumentar en una conciliación.
El piloto del Caimu encargado de los traslados es diabético e hipertenso. Una de las abogadas está en edad de riesgo. Así que acompañan a las mujeres distancia, les escriben en mensajes lo que tienen que pedir y cómo tienen que hacerlo. Y ahí van.
En el sofá del salón de psicología de niñas y niños, Mildred Valdez sujeta su celular con la mano derecha, sobre la pierna cruzada, mientras trata de mantener una postura erguida. Frente a ella, una montaña de juguetes que llevan meses sin ser jugados.
Está en medio de una sesión grupal, con otras cinco mujeres. Un espacio para que cada una cuente cómo ha pasado la semana, qué cambios ha notado. Mildred las guía, pero entre ellas se animan, se dan aliento, se entienden. «Qué bueno escuchar que está bien», le dice una a otra. Las voces suenan metálicas a ratos, entrecortadas, algún ruido de fondo, sonido de niños que reclaman atención o un perro que se asusta al escuchar un portazo.
Mildred les pide buscar un lugar tranquilo donde relajarse, y las invita a meditar juntas. Ojos cerrados, respiración lenta, imaginen una luz a la altura del corazón, que va hacia los pies y se convierte en raíces, que avanzan hacia la tierra. «Este es mi lugar seguro, aquí no entra nadie que yo no quiera», repiten todas casi al unísono. Algún audio llega desfasado, como un eco, pero no importa. En la distancia, que se hace más corta, las mujeres encuentran ese espacio de paz.
Mildred lleva ahora mismo la terapia de unas 170 mujeres. Además, las que llegan a terapia grupal. Al día atiende como mínimo a unas 8 mujeres. Antes, cuando no estaba sola en el área de psicología, cuando eran 3 las que daban terapia, se repartían entre ellas a unas 250.
Tuvo que ampliar horarios y algunos días empieza a las siete de la mañana a pasar consulta. Además de la lista de espera que maneja Heydi para una primera atención, Mildred también tiene la suya propia. No tiene el dato de cuántas mujeres tienen que esperar antes de una sesión. Solo le pide a Heydi que las ponga en agenda donde encuentre un espacio, que generalmente no se abre hasta que una mujer termina su proceso. Quisiera poder atenderlas, pero el día no tiene más horas.
Por qué se fueron las demás es una pregunta clave. Mildred, Heydi, Wendy y las otras nueve mujeres que trabajan en el Caimu llevan once meses sin recibir un sueldo. Es el problema de todos los años. Ya casi parecen resignadas a aceptar que la cosa no va a cambiar.
La historia es así. Los siete Caimus de Guatemala reciben fondos del Ministerio de Gobernación desde hace doce años. Antes, el Grupo Guatemalteco de Mujeres se financiaba con cooperación internacional, pero la Ley contra el Femicidio llegó a cambiar las reglas del juego en 2008.
En uno de sus artículos dice que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar los recursos de los Caimu. Con los años, los montos han ido cambiando. Se empezó con 8 millones de quetzales, luego con 9,5 y después, cuando otras organizaciones crearon otros centros, se llegó a los 20 millones de quetzales (más de 2,5 millones de dólares).
Solo para los cuatro Caimu del Grupo Guatemalteco de Mujeres, se mantuvo esa partida fija de 9, 5 millones de quetzales (algo más de 1 200 000 dólares). Esto, sobre el papel. El problema es que, para liberar los fondos, el Ministerio de Gobernación debe firmar un convenio que siempre tarda meses en formalizar.
Todos los años, el Gobierno alega demoras en procesos internos para justificar la tardanza. Desde los Caimu lo ven más bien como una estrategia para debilitar a las organizaciones que apoyan a las sobrevivientes de violencia.
El año pasado, por ejemplo, recibieron los fondos el 29 de diciembre. Tuvieron tres días para ejecutarlos. Para pagar salarios y servicios pendientes, antes de que terminara el mes. No hacerlo a tiempo implica que, cuando se les vuelva a asignar la partida en el presupuesto anual, el Estado argumente que no necesitan tanto dinero: cómo van a necesitarlo si no se gastaron el del año anterior. De hecho, para el presupuesto aprobado para 2021, la partida para los cuatro centros Caimu se redujo a poco más de dos millones de quetzales. Este año todo apunta que no será diferente. A finales de noviembre todavía no tienen certeza ni siquiera de si recibirán el dinero o no.
Las mujeres están trabajando gratis. Dedican todas las horas posibles del día a defender, acompañar, cuidar y sanar a otras mujeres sin recibir un salario. Es una carga que pesa.
Mildred tiene que decirles a las mujeres que llegan a terapia que «todo va a estar bien», que «vamos a ver cómo solucionamos su caso», cuando a veces ella está en la misma situación: «Yo no me puedo exponer ante la gente, pero personalmente cuesta un montón. Ya son once meses y mes a mes tienes que ver cómo le haces». Lleva tres años en el Caimu. Tres años de no recibir su sueldo de todo el año hasta diciembre.
Las mujeres se apoyan en sus familias. A Heydi, por ejemplo, la ayudan sus hermanos, sus padres y sus amigos. «Al final, cada una ve cómo sale de la situación». Medio con sarcasmo, medio no, dice que ellas también son sobrevivientes de violencia.
Algunas, con mucho dolor, se bajan del barco. Las demás no les pueden reclamar nada. Por mucha vocación que sientan y muchas ganas de ayudar a las mujeres que tengan, también tienen que comer.
La pregunta parece evidente: ¿Por qué no buscan alternativas? Otros donantes, cooperación internacional, proyectos de fundaciones. Wendy lo ve como un pulso. Un pulso constante, lento, doloroso. De un lado, los centros de apoyo a mujeres. Del otro, el Gobierno. Y en este pulso, el antebrazo de las organizaciones de mujeres está a punto de tocar la mesa. Rendirse, dejarlo caer, soltar la mano entumecida, supone perder unos derechos que costó mucho ganar.
«Si nosotras nos hacemos a un lado, si nos quitamos de los espacios ganados, alguien más los va a ocupar y no lo van a hacer en beneficio de las mujeres», reflexiona Wendy. «Es tremendo, pero ni modo, ¿verdad?».
La abogada se encoge de hombros y vuelve a sumergirse entre sus documentos. Quiere dejar «la mesa limpia» antes de terminar el año, para empezar el siguiente con el menor número de procesos abiertos. De reojo mira una pila de catorce expedientes de casos de negación de asistencia económica que todavía no le dio tiempo a revisar.
Aunque el silencio de sus pasillos parece decir lo contrario, la casa sigue funcionando. De una o de otra manera, tiene que mantenerse en pie. Como un oasis, con un espacio de sanación. Como un refugio a distancia para las mujeres rotas.
*Este es un proyecto coordinado y apoyado por el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE/G) en alianza estratégica con Agencia Ocote (Guatemala) —como coordinadora editorial—, Contra Corriente (Honduras) y Alharaca (El Salvador). La publicación de las tres crónicas se realiza entre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre y durante los 16 días de activismo contra la violencia de género. Este proyecto cuenta además con el apoyo de los Centros Culturales de España en Tegucigalpa, Honduras y en El Salvador.
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia por la COVID-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
El «Enano» discutió con un policía. El chofer, conocido por su apodo, acababa de intentar una maniobra prohibida. Todo para entrar con su precario autobús al principal parque industrial del municipio de Choloma, al norte de Honduras. Era 12 de agosto y pasaban las 6 a. m. El conductor trasladaba a 31 obreras y 9 obreros a la maquila Jerzees Nuevo Día, una de las 7 empresas en Honduras que fabrican ropa para la marca estadounidense Fruit of the Loom. El oficial retuvo el bus por unos minutos. Pero lo dejó pasar.
Temprano por la mañana, varias maquileras se dirigen a la entrada del parque industrial Zip Choloma, las medidas de distanciamiento social no se cumplen en los portones de acceso del parque.
Cindy, una de las pasajeras y empleada de la fábrica textil, observó el incidente sorprendida desde su asiento. Recuerda al «Enano» como un hombre con sobrepeso. Le vio bastantes veces y solía fijarse en él. Ese día, iba pensando en regresar bien a su casa, cuando acabara su jornada. El miedo al contagio le generaba mucho estrés. Cindy escuchó cuando el conductor se defendió del policía: «Viejo, ¿por qué estás dejando pasar otros buses y a mí no?».
Al día siguiente, lo primero que Cindy hizo al subir al bus fue pensar que quizá el incidente se repetiría. Saludó al «Enano»: «Buenos días, a ver cómo nos va hoy», le dijo antes de acomodarse en un asiento intermedio de la unidad. Por residir en el sector López Arellano en Choloma, Cortés —el departamento con más casos detectados de COVID-19 a nivel nacional—, Cindy prefería salir de casa con la mascarilla puesta y la careta plástica que le dan en el trabajo.
El bus salió de la López Arellano, a 7 km del casco urbano de Choloma. Empezó a circular por una de las principales vías de la zona metropolitana del Valle de Sula, que concentra el 80 % de la zona manufacturera y textil de Honduras. Mientras el viejo vehículo amarillo avanzaba por el concurrido bulevar, Cindy se entretenía con el reguetón que retumbaba en los parlantes. No vio cómo el bus estaba a punto de ser detenido por la Policía.
En Honduras, las fábricas de ropa textil de exportación, conocidas como maquilas, permanecieron cerradas solo del 10 de marzo al 22 de abril para reducir el contagio por la COVID-19. Reabrieron porque fueron consideradas por el Gobierno como sector esencial para fabricar material sanitario a cambio de contratos, equiparadas a los supermercados, farmacias, bancos y gasolineras. Desde entonces, no pararon.
Fue el caso de Jerzees, que empezó a fabricar mascarillas. Aunque su principal cliente siempre fue Fruit of the loom, de la corporación Berkshire Hathaway Group, un imperio que tiene unos 270 000 empleados y es propiedad del magnate Warren Buffett.
El bus del «Enano» circula por las calles aledañas a la zona manufacturera de Choloma, al norte de Honduras.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández había prometido entregar una mascarilla a cada habitante del país, que rondan los 9 millones. Las 122 maquilas del sector textil fueron beneficiadas por el Gobierno para hacer mascarillas a cambio de 128 000 dólares y batas quirúrgicas, por 443 944 dólares. Las maquilas las fabricarían.
Solo en Choloma hay 78 maquilas, así que la demanda de transporte fue grande. El transporte público estaba prohibido. Muchas maquilas contrataron transporte privado. Jerzees, desde antes de la pandemia, tenía un servicio privado en cumplimiento de un acuerdo sindical. Pero la reactivación de un sector con más de 160 000 empleados tuvo complicaciones.
El toque de queda absoluto que se decretó desde marzo, fue cambiando cada semana. En los primeros meses, hubo más de 54 000 detenciones policiales por presunto salto del toque de queda y un centenar de denuncias ciudadanas por abuso de autoridad.
El saludo que Cindy le hizo al «Enano», dirá ella después, fue un presagio.
Gritos y patadas en el semáforo
El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 a. m. del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al «Enano», en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras.
Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y este se negó a entregarla, recuerda Cindy. El «Enano» sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un video con su celular.
Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. «Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas ahorita si nadie se quiere bajar», amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: «Tírelo». Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar.
Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo.
Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, 4 fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar. La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, luego se olvidó.
El «Enano» desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano, donde vivía. A algunos conocidos les dijo que al estar involucrado en un tema con la Policía prefería irse de su casa.
Un policía a juicio
La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de veinte asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.
Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados. En enero de 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (560 000 de dólares).
Un día después de que los policías gasearan el bus del «Enano», la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento «inadecuado» al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.
El policía implicado en el caso fue llevado al edificio judicial donde se realizaron las audiencias. Al terminar, fue custodiado y sacado por la puerta trasera para que la prensa no pudiera fotografiarlo.
El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el «Enano» fue consecuencia del día anterior. Porque padecían «estrés laboral». El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. «Hay muchas personas que no quieren hacer caso», justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus.
Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad.
El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de Gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad.
Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado: «Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita». No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.
Aquel 13 de agosto, a las 6 a. m., había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Reciben un salario mínimo mensual de 8226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100 % de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad.
Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110 %. Ahorra para apoyar a su hija de 17 años para que pueda estudiar en la universidad.
Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 a. m. por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses, donde esperaba al «Enano» para trasladarse a Jerzees.
La pasajera del asiento intermedio
Cindy de 34 años, la trabajadora que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia.
Cindy en su casa en la colonia López Arellano, donde viven la mayoría de trabajadoras de maquilas.
Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del «Enano». Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras por ocho años tras un golpe de Estado en 1963.
En el sector López Arellano viven unas 132 000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente (expresión que refleja su alto índice de criminalidad). Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal.
Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1200 lempiras (48 dólares) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus 2 hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. «Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste», dice Cindy, ilusionada. Su otra niña tiene 9 años y está en la escuela primaria.
Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de quince días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.
Cindy muestra su tobillo hinchado después del golpe que sufrió al tratar de huir del gas lacrimógeno.
«Pensábamos que nos íbamos a ahogar», cuenta Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano.
Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25 % del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta 8 dólares. Cindy se colocó más de 10 dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos —dice con alivio— no se contagió en esa ida y venida al hospital.
En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus (cuatro hombres y dos mujeres) y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS.
María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la COVID-19, aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerró operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos.
En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los trabajadores fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.
Representantes de trabajadores, patronos y Gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6000 lempiras (240 dólares). El Gobierno aportó la mitad para cada empleado.
El Estado invirtió más de 23 millones de dólares en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5 358 000 lempiras (218 000 dólares) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de 122 dólares a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos.
La pasajera del asiento de atrás
Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro llamado Oso, merodea y nos vigila.
Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país.
Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. «Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos», dice esta mujer de tez blanca y que usa iluminaciones en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21 años, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró.
Maritza recuerda, mientras ve los buses pasar, como pensó que iba a morir en el bus tras la detonación de esa bomba lacrimógena.
Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. «Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)», dice con un brillo especial en los ojos.
Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados.
Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al «Enano» le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. «El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie», asegura.
«Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos», dice mientras hace ademanes y eleva la voz.
«Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta». Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. «Gritaba que nos iban a matar», dice. Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.
Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. «Ellos (la Policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno», comenta.
La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo.
El bus del «Enano» se mantiene decomisado como evidencia para el seguimiento del caso en las dependencias policiales de Choloma.
La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial #10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a 9 km de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del «Enano», el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte.
El huracán Iota trazó pasó por el centro y sur de Honduras y aunque se debilitó con el pasar de los días, dejó lluvias que provocaron medio millón de personas afectadas y al menos 100 000 evacuadas.
En menos de 14 días dos tormentas tropicales —Iota y Eta— golpearon territorio nacional dejando al país quebrado y en gran parte bajo el agua. Datos oficiales de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) indican que en acumulado estos fenómenos dejaron casi 4 millones de afectados, sin embargo, hasta la noche del 22 de noviembre las autoridades solo habían habilitado albergues para 89 000 personas.
En el caso del Distrito Central el desastre no llegó hasta residenciales ni algunas de las colonias más habitadas de la ciudad, pero la lluvia constante desde la madrugada del 17 hasta la noche del 18 de noviembre, saturó el suelo de agua y lo debilitó, provocando que casas de las zonas más vulnerables como los barrios El Edén, Reparto, Canaán y Flores de Oriente se hundieran en el suelo dejando a decenas de familias en la calle.
«Mi casa es de madera, pero no se puede habitar porque yo no vivo en suelo firme, sino que son tablas. Vivo con mis seis hijos y se rajó toda la casa», cuenta Ingrid mientras carga en brazos a su hijo menor, acaban de llegar al mega albergue habilitado por Copeco en el complejo deportivo José Simón Azcona, procedentes de la colonia Nueva Suyapa, donde ya llevaban viviendo en una escuela durante dos semanas. Después de las lluvias que dejó el huracán Eta les hicieron buscar un refugio, pero ante las precipitaciones del huracán Iota, la escuela también mostró signos de debilitamiento y las 29 familias que permanecían allí tuvieron que evacuar.
Muchos de los refugios habilitados para familias damnificadas en la capital no cuentan con presencia de las autoridades, sino que han sido delegados a activistas del partido de gobierno, las familias piden comida y ayuda para no tener que regresar a casas en riesgo.
Un ejemplo del mismo patrón es lo reportado porEl Heraldo, en donde se denuncia que en el barrio Los Pinos, el muro perimetral de la escuela convertida en albergue, comenzó a caerse.
Ante esto muchas familias han sido llevadas hasta el albergue del Complejo Deportivo, que hasta la tarde del jueves 19 de junio contaba con 129 personas damnificadas, muchos de ellos llevan más de un día sin comer, y sumado a eso no hay distanciamiento, gel antibacterial o mascarillas suficientes, las medidas ante la COVID-19 son nulas a pesar de la supervisión intermitente por parte de oficiales de Copeco. En Honduras, la emergencia por los huracanes hizo desaparecer la mayoría de las medidas gubernamentales para contener la pandemia.
Doña María no ha comido desde que la llevaron al albergue en el Complejo Deportivo José Simon Azcona, el personal de Copeco no responde a sus pedidos de ayuda y no sabe cuánto tiempo tendrá que permanecer allí. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 17 de junio de 2020.
Aunque algunas familias cargan con botes de gel antibacterial e insisten a sus hijos por el uso de mascarillas, la falta de planificación de las autoridades hace que el contagio parezca inevitable.
Fidel Barahona, experto en salud pública, explicó a Contracorriente que ante estas circunstancias de hacinamiento y falta de acceso a medidas de limpieza «la probabilidad de contagio es enormemente grande, pero el problema es que el Gobierno no planifica nada. Ya se sabe que cuando hay una inundación hay desplazamiento de una cantidad importante de personas, y que la probabilidad de contagiar es alta pero no se prepararon los albergues para tener una respuesta tanto para evitar el virus como para salvar las vidas por la inundación. Este es el Gobierno de la improvisación en el que las decisiones las toman personas que no saben un comino de salud pública», concluía Barahona.
Roberto Cosenza, viceministro de salud dijo, en declaraciones a medios de comunicación, que más de una cuarta parte de las 3500 pruebas realizadas en los albergues de San Pedro Sula hasta el viernes 20 de noviembre habían resultado positivas, sobre Tegucigalpa no brindó estadísticas.
Ingrid Irías, brinda sus datos a una de los tres oficiales de Copeco que supervisan el albergue del Complejo Deportivo José Simón Azcona, donde hasta el 19 de junio permanecían 129 personas damnificadas por las lluvias que dejó el huracán Iota. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 17 de junio de 2020.
Ingrid se preocupa por la salud de sus hijos ante el virus, pero sobre todo se preocupa porque ya no tienen un hogar donde ella pueda hacer tortillas y vender para sobrevivir, a pesar de esto todavía confía en Dios y en el presidente para que les ayude.
«Todavía no nos han dicho algo conciso, pero esperamos una respuesta para tener un hogar digno para nuestros hijos. La verdad no importa donde nos lleven, con tal que nos lleven a tierra firme donde no haya desbordamientos o inundaciones, yo le pido al presidente de la República, porque confiamos primero en el Señor y luego en él», ruega Ingrid.
Alrededor de Ingrid decenas de familias esperan que dos oficiales de Copeco habiliten las camas que permanecen en una esquina del salón, justo a la par de un charco de agua provocado por una gotera en el techo.
El miedo de siempre
Los mercados de Comayagüela, cercanos al río Choluteca, son el motor comercial de la capital. Según datos de las autoridades de la Jefatura de Mercados de la Capital, unas 50 000 personas trabajan en la zona, y la gran mayoría de habitantes de los barrios y colonias de toda la ciudad compran allí. Sin embargo, estos locatarios también son el sector más amenazado por las inundaciones, y más abandonado por las autoridades.
Enoc, de 67 años, lleva once años vendiendo juguetes usados en un puesto en la entrada de la zona de los mercados. Con cada peligro de inundación ha logrado desalojar a tiempo y no ha perdido nada, dice que lo peor en esta zona es la delincuencia, el abandono de las autoridades y la falta de opciones para aliviar sus deudas.
Desde hace más de una década, Enoc vende juguetes en el mercado Alvaréz en Comayagüela, ante las lluvias y las restricciones de entrada en los mercados capitalinos decidió sacar toda la mercadería por miedo a que se las roben. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 17 de junio de 2020.
«Con la alerta del huracán Eta yo dejé mis cosas aquí y no pasó nada, pero esta vez estoy temiendo por los delincuentes, porque cuando miran que un lugar está solo, abren y le dejan a uno como salón de baile. Yo no le temo al huracán, a lo que yo le temo es que me terminen de arruinar quitándome lo poco que tengo, por eso estoy sacando mis cosas».
Enoc se molesta porque ni siquiera ante el peligro de un huracán las autoridades han llegado a atender sus necesidades. Lo dice fuerte y mira de reojo a dos policías que permanecen en medio de la calle conjunta, deberían bloquear el acceso a los mercados, pero todo el que quiere pasar lo hace.
«Lamentamos que no le pongan atención al comerciante individual que es el que más ha sufrido con lo de la pandemia y con esto del huracán, que por lo menos vengan a ver la situación en la que vivimos. Nosotros trabajamos a base de préstamos y los bancos no perdonan sin importar la situación que estamos viviendo en el país, es injusto lo que nos están haciendo, nosotros necesitamos apoyo del Gobierno pero lamentablemente aquí brilla por su ausencia».
Enoc dice que en toda la crisis económica dada por la pandemia —y ahora con las lluvias— no ha dejado de recibir llamadas de los bancos pidiendo que pague sus deudas, asegura: «nos quieren mandar presos por las deudas en lugar de ayudarnos. Cómo es posible que solo la clase privilegiada no se preocupa por nada, aquí nosotros somos los que sufrimos».
Lo más grave de enfrentarse a las lluvias, dice Enoc, es que la gente no puede ir a comprar a los mercados y en su caso los niños no salen a pedir juguetes a sus padres, recuerda que los vendedores solo sobreviven con la venta de cada día.
«Los gobiernos tienen que preocuparse por ayudarnos para poder seguir luchando por nuestro país que lo amamos mucho. Imagínese que aquí ya me han venido a cortar la luz, pero luego igual me siguen cobrando, uno de pobre tiene que pagar hasta por la oscuridad».
Cuando pasó la tormenta Eta y dejó millones de afectados, sobre todo en el norte del país, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la puesta en marcha de la operación No están solos, en la que prometió auxiliar a 300 000 de los casi 4 millones de damnificados en todo el país. En ese sentido, en un acto público realizado en el parqueo del parque Acuático Wonderland de San Pedro Sula, pidió a los organismos internacionales los llamados Fondos Verdes del Clima para atender la tragedia en Honduras, un fondo que consiste el desembolso de 35 millones de dólares que se le otorgó al país en diciembre de 2019 y que estaba destinado para la restauración de los bosques de pino afectados por la plaga del gorgojo.
Además, Hernández aseguró que la clave en las emergencias es el papel de las alcaldías a las que ya se les han desembolsado 260 millones de lempiras para atender la emergencia causada por estos fenómenos de tormenta.
Hernández tiene una ruta de endeudamiento para atender la emergencia en las regiones más afectadas en el norte del país, pero las familias en la zona centro y sur siguen sin recibir una respuesta a la vulnerabilidad que siempre han enfrentado.
En el caso de Tegucigalpa el desembolso de estos fondos encontraría a la municipalidad de Tegucigalpa con una crisis grave. El alcalde capitalino, Juan Nasry Asfura, está enfrentando un proceso judicial acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) por lavado de activos, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios, fraude y uso de documentos falsos. La investigación detalla que entre 2017 y 2018 unos 29 millones de lempiras (más de un millón de dólares) fueron desviados de la municipalidad de Tegucigalpa a cuentas personales.
Bajo la lluvia del desastre
Las lágrimas de Karina se disfrazan con la lluvia fuerte que cae sobre barrio El Edén, llora mientras observa cómo su cama y muchas de sus pertenencias se mojan esperando que miembros de las Fuerzas Armadas terminen de desalojar lo que queda de su casa que se hundió durante la madrugada del martes 17 de noviembre.
Karina tiene dos hijos menores, y dice que ni en estas condiciones se iría a un albergue donde solo puede encontrarse «delincuentes y el virus», además no quiere dejar las pocas cosas que le quedan, por eso prefiere pedir albergue en la casa de un familiar.
Karina Madrid, fue de las más afectadas ante el hundimiento del terreno en barrio El Edén, de Tegucigalpa. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 17 de junio de 2020.
Según el teniente Castillo de las Fuerzas Armadas, de las 120 familias que habitaban la zona unas 17 fueron desalojadas «gracias al trabajo de unos 75 efectivos de las FF. AA. y la Policía Nacional», asegura que el Comité de Emergencia Municipal (Codem) tiene todo lo necesario en los albergues para mantener a todas las personas que lleguen.
Ya que la presencia de seguridad estatal no es permanente y muchas familias dejaron sus pertenencias, un grupo de hombres se quedaron para cuidar las casas de la zona. «Estamos cuidando desde anoche porque si dejamos solo perdemos todo, otros se aprovechan de nuestra desgracia», dice Marvin, quien desde los 7 años vive en el barrio, ahora tiene 37 y trabaja como albañil.
Marvin cuenta que desde que empezaron las lluvias por el huracán Eta, en la primera semana de noviembre, activistas del partido de gobierno llegaron a decirles que tenían que desalojar la zona, pero nadie les ayudó hasta que la madrugada del martes pasado algunas casas comenzaron a hundirse por la saturación del suelo.
«Son cosas que uno no las espera, pero estábamos obligados a desalojar, estos militares vinieron a hacer bulla porque aquí no hemos tenido ayuda de verdad, dicen que nos van a llevar a albergues, pero no dicen que realmente nos van a ubicar en otro lugar».
Marvin, dice que los activistas del gobierno siempre los buscan para que firmen documentos a cambio de pequeñas ayudas, pero que ante la pérdida de sus casas esperan mucho más de las autoridades que les han dejado vulnerables desde siempre.
Marvin vigila desde la parte frontal de una casa de madera —la mejor de la zona—, junto a él se encuentra Pablo, reservista del Ejército que en 60 años de vivir en barrio El Edén, ha visto infinidad de inundaciones.
«Mire, en el 2012 se hundieron unas casas y se hundió un poste de electricidad, cayó sobre esas casas y se iban a quemar. Yo me tiré al poste para cortar los cables, cuando me bajé me cayó encima del brazo una cerca, lo peor es que ya en el hospital me cobraron 18 000 lempiras por salvar mi comunidad», dice Pablo, y recuerda que en esa ocasión no reubicaron a la gente que perdió sus casas, sino que la dejaron por semanas en escuelas hasta que decidieron ellos mismos reconstruir.
Las Fuerzas Armadas evacuaron al menos a 17 familias del barrio El Edén en Tegucigalpa, ante el deslizamiento y hundimiento del terreno por las lluvias del huracán Iota. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 17 de junio de 2020.
El presidente Hernández también anunció esta semana que se había reunido con los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el objetivo de conseguir intereses bajos para créditos dirigidos a la reconstrucción nacional del país.
Según Hernández, «vamos a construir en dos terrenos en San Pedro Sula, serán casas en sistemas de edificios modulares», y pidió la colaboración de empresarios para la donación de 40 manzanas de terreno destinadas a su plan de reconstrucción en el norte, pero no mencionó ninguna ayuda para las familias del centro y sur del país que también perdieron sus casas. «El programa de gobierno Vida Mejor atenderá a más población y lo haremos con mayor fuerza», concluyó.
Pablo recuerda que como reservista del Ejército fue uno de los que «defendió la constitución» en la crisis política derivada del golpe de Estado en 2009, salió porque les dijeron que Manuel Zelaya iba a empezar una guerra y dice que ellos fueron quienes pusieron a Porfirio Lobo.
«La verdad tenemos 12 años de tener de presidente a Juan Orlando. Si estuviera Ramon Mata, ya hubiese reubicado a este montón de gente», asegura Pablo, sobre un narcotraficante arrestado en 1988 por oficiales estadounidenses en territorio hondureño a quien muchos consideraban un Robin Hood.
***
Este domingo, en un comunicado, Copeco anunciaba la formación de un fenómeno que dejará lluvias sobre todo en la zona noroccidental del país, por lo que recomendaron «tomar precauciones ante deslizamientos y realizar una revisión del entorno para revisar grietas, fisuras o pequeños deslaves de tierra», esta institución recomendó que la población no debe regresar a zonas que ya han sido evacuadas. Según cifras oficiales, más de 25 000 viviendas han sido dañadas en todo el país.
Honduras sufrió en menos de quince días la furia de dos ciclones que dejaron a su paso muerte y millonarias pérdidas. Uno de los sectores más afectados fue el sector agroalimentario. El Gobierno asegura que no habrá hambruna.
Don Esteban Elvir ha cultivado plátano desde 1971. Sus plantaciones fueron destruidas por el huracán Fifí en 1974, el huracán Mitch en 1998 y ahora por el paso de los fenómenos naturales Eta e Iota, que arrasaron en apenas doce días con el Valle de Sula y otras zonas agrícolas del país.
El primer meteoro comenzó a dejar grandes cantidades de lluvia sobre el territorio nacional el 2 de noviembre, pero el miércoles 4 y el jueves 5 se dieron los desastres mayores. Iota, por su parte, entre el lunes 16 y el miércoles 18 derramó sobre el país grandes cantidades de agua.
«Según cifras oficiales, Eta e Iota dejaron 91 muertos, 276 evacuados, 38 viviendas dañadas, 37 puentes colapsados y 57 dañados».
Uno de los sectores más afectados fue el agro. Hay miles de hectáreas perdidas de banano, maíz, frijol y arroz. La ganadería sufrió fuertes daños, especialmente en los pastos que se preparaban para alimentar los animales.
Han sido afectados los grandes productores y los pequeños, como don Esteban que perdió dos manzanas de banano y una de cacao. Había invertido 75 000 lempiras y estaba muy cerca de cosechar, pero la inversión que había hecho fue destruida por la furia de Eta. «Lo he perdido todo», dice.
Don Esteban está cercano a cumplir 88 años. Le tocó levantarse de dos tragedias anteriormente cuando pasaron por Honduras los huracanes Fifí y Mitch, pero no son los únicos eventos que ha tenido que pasar: «La primera llena que pasé fue en 1954, después de la huelga —yo trabajaba en la Tela Rail Road Company— fue el Francelia, el Fifi, la tormenta Hertz, luego el Mitch y ahora estos dos».
Don Esteban Elvir. Fotografía tomada en 2019 frente a su casa. Foto: Jennifer Avila
El longevo agricultor nació en 1923 y dice que recuerda perfectamente el Gobierno de Tiburcio Carías Andino, el dictador que gobernó a Honduras con el apoyo militar entre 1933 y 1949. Ha vivido muchas vicisitudes, pero tiene energía para volver a comenzar.
«Gracias a Dios fíjese que mi voz, mi pensamiento y mi energía es poco lo que ha bajado. Me alegro porque Dios me ha dado fortaleza en ese sentido», nos dice
Por eso no pierde los ánimos. Espera que la tempestad pase para regresar nuevamente a su tierra a prepararla para producir. «Claro que voy a volver», dice con espíritu juvenil y agrega: «tenemos que seguir adelante, yo les digo que mientras pueda moverme no hay problema».
De acuerdo con la información recolectada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la mayor cantidad de unidades productivas fueron afectadas en los departamentos de Colón, Yoro, Cortés, El Paraíso y Olancho, zona norte y oriente de Honduras respectivamente, pero se han perdido cultivos en todo el país.
Choluteca, ubicada en la zona sur, no había sido afectada de manera pronunciada por Eta, pero las aguas de Iota sí dejaron graves daños en las meloneras, informó la SAG.
Las primeras estimaciones indican que se perdieron: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 1620 de plátano, 12 415 de maíz y 21 238 de frijol. También fueron afectados cultivos de cebolla, yuca, tomate, melón, sandía, sorgo, entre otros. «Aquí es parejo, no hay discriminación, la naturaleza no es como los políticos», dice don Esteban con la sabiduría que solo dan los años.
«Las primeras estimaciones indican que se perdieron: 5500 manzanas de arroz, 6842 de banano, 12 415 de maíz y 21 328 de frijol».
Las aguas de estos dos ciclones anegaron 15 000 hectáreas de caña de azúcar y están en peligro de perderse la cosecha en unas 150 000 hectáreas de palma africana. Un golpe a la exportación.
En el primer semestre del 2020, Honduras había reducido el déficit de la balanza comercial a 1.792,8 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH). En ese período las exportaciones fueron de 2.300,4 millones de dólares, mientras que las importaciones disminuyeron 17,3 %, hasta 4.093,2 millones de dólares.
El BCH justifica la disminución de importaciones, primero con la baja en las compras de combustibles, bienes de capital y de consumo en consecuencia del impacto negativo por el COVID-19 y segundo el aumento de las exportaciones en oro, café, banano y azúcar, estos dos últimos cultivos muy afectados por las tormentas.
En una intervención en el Foro de Canal 10, el ministro de la SAG, Mauricio Guevara, manifestó que todo el sector agroalimentario fue duramente golpeado por el paso de estos ciclones, pero que «gracias a Dios se había sacado toda la cosecha de primera de los grandes productores que le entregan su producción a la agroindustria, pero el impacto es a nivel de todos los rubros».
El funcionario, días antes, en una conferencia ante los medios en el departamento de Colón, había estimado que las afectaciones por Eta no eran tan catastróficas como se habían proyectado: «Hemos visto que las pérdidas totales no son tan impactantes como se esperaban», dijo antes de la llegada de Iota.
Luego de las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Iota, muchas personas que han permanecido en la mediana de la carretera CA-13 han decidido entrar a la finca de banano en Omonita en búsqueda de algo para comer. San Manuel, Cortés, 19 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
La SAG aún no tiene una estimación de las cuantiosas pérdidas en el sector agro, pero el economista Alejandro Kafati dijo a la agencia Efe que Honduras podría perder hasta 12 500 millones de dólares por los efectos de la pandemia de COVID-19 y las tormentas.
Para Anabel Gallardo, presidenta de la Federación Nacional de Ganadores y Agricultores de Honduras (Fenagh), la situación es crítica por lo que significa el sector agro para Honduras. «Es preocupante cuando vemos que un sector, que aporta el 14 % del producto interno bruto (PIB) del país y que generamos empleo los 365 días del año en todos los departamentos del país, ha sido tan golpeado».
Gallardo apuntó que en el sector ganadero se han perdido algunos ejemplares de leche, pero que el golpe realmente fuerte viene con la afectación de los pastos que fueron anegados o llevados por las aguas. «Lo que viene a futuro difícilmente lo podemos cuantificar», sostiene.
La directiva ganadera apunta que lo que más duele son las pérdidas de cultivos destinados a la subsistencia de las familias, que tienen, por ejemplo, media manzana de maíz y frijoles. «Sabemos que en la zona de Morocelí (El Paraíso), San Francisco o Cantarranas hay un montón de fincas pequeñas, de subsistencia, que fueron arrasadas por las aguas de los ríos», agrega.
En los años cincuenta y sesenta Honduras era conocida como el «granero de Centroamérica» por su alta producción, lo que le permitía exportar excedentes a sus vecinos. Producía grandes cantidades de arroz, frijoles y maíz. En la actualidad, los climas irregulares, la falta de tecnificación, la reorientación en el uso de las tierras han provocado que el país tenga que importar granos básicos.
Muchas pérdidas
En San Manuel, Cortés, funciona desde hace 58 años la Cooperativa Agrícola San Manuel Ulúa Limitada, Casmul, que de acuerdo con su presidente Marco Merlo, influye en el 80 % de la economía del casco urbano de este municipio.
Está compuesta por 110 socios y emplea a 543 personas de San Manuel y sus alrededores. Casmul estaba preparando exportaciones de banano por un valor de 27 millones de lempiras, pero Eta e Iota arrasaron con sus plantaciones y ahora las pérdidas pueden alcanzar los 100 millones de lempiras. «Es un impacto fuerte», concluye Merlo.
La Casmul proyectaba cosechar en los próximos tres meses unas 189 000 cajas que iban a producir las 409 hectáreas que tienen cultivadas. «Con esto estamos perdiendo 27 millones de lempiras. No vamos a recibir ese dinero que ya lo teníamos asegurado», se lamenta el dirigente cooperativista.
A las pérdidas hay que sumarle que probablemente sean irrecuperables 715 000 plantas, esto le costaría a la cooperativa un poco más de 70 millones de lempiras.
Debido a las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Eta el agro hondureño se ha visto directamente afectado, algo que se agudizará con la llegada del Huracán Iota. San Manuel, Cortés, 16 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Tras el paso de Eta quizá se pudo rescatar algo de las plantaciones, pero la llegada de Iota les deja pocas posibilidades: «Ahora estamos inundados de nuevo, si una planta estuvo más de 72 horas en el agua, ahorita con esta nueva entrada de agua la termina de matar, lo que toca es sembrar de nuevo», explicó Merlo.
La Casmul es una importante fuente de empleo que tiene colaboradores en El Plan, El Porvenir, Villanueva, Santiago, aldea de Pimienta y otras comunidades más distantes como Santa Rita, en Yoro.
Merlo dice que las inundaciones echaron a perder al menos 2900 hectáreas de banano de productores independientes. Aclara que estos registros no incluyen las pérdidas de las transnacionales Chiquita y Dole, que son millonarias.
El alcalde de La Lima, Santiago Motiño, dijo a Contracorriente que las pérdidas de la Chiquita Brand ascendían a 200 millones de dólares.
Héctor Ferreira, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores Sula, refiere que la llegada del COVID-19 —que de acuerdo con cifras oficiales suma 2839 muertos y 103 488 contagios— puso en aprietos a los productores, pero se mantuvieron a flote.
Cuenta que apenas una semana antes de la llegada de la tormenta Eta en el país se estaba hablando de lo «bendecidos que habíamos sido con la distribución del agua a lo largo del año, los índices de producción andaban sumamente bien y aparecen estos fenómenos para postrarnos, pero no lo vamos a permitir», dice.
Ferreira dice que los daños en el sector agro son incuantificables, pero que agricultores y ganadores tienen que procurar levantarse porque «no podemos agarrar las fincas e irnos a otro país, tenemos que estar aquí siempre al pie de la bandera».
En una comparecencia en Canal 11, el representante de la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos de Honduras(Prograno), Dulio Medina, manifestó que el paso de los ciclones constituye «un golpe fuerte a todo el sistema productivo. Todos los cultivos que estaban por cosecharse en la postrera tienen severos daños».
Señaló que en el caso de los productores de granos básicos —si se hacen comparaciones con otros rubros del agro— están «completamente dañados, sin recursos financieros y con una carga de endeudamiento».
Las medidas y rescate de la crisis
La catástrofe provocada por estos dos ciclones en todo el país y el sector alimentario requiere medidas de alivio de parte del Gobierno, dicen los afectados.
Las organizaciones que aglutinan a agricultores y productores del agro ya tienen un pliego de peticiones para el Gobierno en aras de recuperar las unidades productivas que fueron dañadas por las lluvias.
Anabel Gallardo de la Fenagh sostiene que de inmediato el sector agro necesitará la readecuación de deudas y acceso a más financiamiento con intereses más blandos, que los manejados hasta ahora, que están en el 8.7 % mensual.
Una plantación de palma aceitera a la orilla del río Ulúa se inundó luego que su cauce aumentara tras el paso de la tormenta tropical Iota. San Manuel, Cortés, 19 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
«Lo primero que los productores vamos a clamar es el acceso al financiamiento, sobre todo para los pequeños y medianos productores, que les cuesta tanto tener acceso a crédito», explicó Gallardo.
Héctor Ferreira de la Agas coincide con las peticiones anteriores y agrega que se debe ayudar a productores que fueron afectados por los ciclones y están en la central de riesgos. También sostiene que en el país se debe fomentar el consumo de lo producido en el territorio nacional: «Es la única forma que pueden apoyarnos», dice.
En respuesta a estas necesidades, el ministro de la SAG, Mauricio Guevara, afirmó en entrevista a Canal 10 que esta secretaría ha venido trabajando en fomentar la agricultura con ejecución de bono de solidaridad productiva y que «se está haciendo el mejor esfuerzo para ayudar a cada uno de los sectores. Hay que impulsar el tema financiero, aumentar el apoyo y adecuar los pasos para que el impacto no sea tan grande».
Estas palabras del funcionario no albergan mucha esperanza en don Esteban, quien no espera apoyo económico, pues analiza que en estas circunstancias de dificultad, son los grandes productores quienes tienen mayores oportunidades de sobreponerse porque tienen acceso a crédito y también porque tienen sus ahorros.
Marco Merlo, representante de la cooperativa Casmul, expone que ante estas dificultades la primera opción de apoyo debería ser el Gobierno, pero que ellos no lo ven así. «Ya tuvimos una reunión en el Banco Central. Puedo decir que veníamos un poco tristes porque no vimos un plan que el Gobierno tenga para el agro. No está preparado para este impacto que se viene encima», adelantó.
Cuando en noviembre de 1998 el huracán Mitch destruyó Honduras, Merlo ya era directivo de la Casmul y recuerda que tuvieron que acudir a la banca privada y parece que tendrán que hacer lo mismo ahora con los embates de Eta e Iota. En 1998, cuando ellos ya habían obtenido el crédito en la banca privada, el Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (Banhprovi) les apoyó con intereses más bajos, pero esta acción fue inmediata.
Un sembradío de caña de azúcar se ha echado a perder debido a las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Eta en el Valle de Sula. San Manuel, Cortés, 16 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Recalcó sobre las dificultades que avasallan a los pequeños y medianos agricultores para acceder a financiamiento. «Ningún bananero ha podido acceder a esos créditos con 8.7 % de interés porque hay una serie de requisitos y condiciones», comentó.
El paso devastador de las recientes tormentas hace que nos preguntemos si Honduras tendrá suficientes reservas para evitar una crisis alimentaria luego de la cantidad de cultivos y unidades productivas que se perdieron.
En una comparecencia junto al presidente Juan Orlando Hernández, el ministro de la SAG, Mauricio Guevara, manifestó que hay suficiente producción de granos básicos. «Por maíz, arroz y frijol pierdan el miedo porque no puede presentarse especulación de precios o desabastecimiento».
Encontramos contradicciones en funcionarios de Gobierno, pues Radio América recoge declaraciones de Darwin Cálix, subdirector del Instituto Nacional Agrario (INA) quien asegura que el 95 % de la producción de subsistencia se perdió. «Es lamentable porque al hablar de subsistencia, es lo que consume el pueblo. Esto enciende las alarmas porque hay que crear mecanismos necesarios para enfrentar la situación», sentenció el funcionario del INA.
Guevara había dicho a medios de comunicación, en el departamento de Colón, que en frijol se había perdido un 15 % de la producción, pero que este fue un buen año agrícola en el tema de lluvias, esto ayuda para que se cumpla la demanda nacional que anda en 2.3 millones de quintales y con una exportación a la fecha de 150 000 quintales.
Pese a lo anterior, el ministro afirmó que se orientará el Bono Solidaridad a la producción de frijol de cosecha rápida, que tarda apenas 75 días en brindar frutos.
En abril de 2020, la SAG anunció que este programa tendría a disposición 50 millones para la cosecha de primera (siembra que se hace en abril, mayo o junio, según zona) y 150 millones para la postrera, que se comienza a sembrar en septiembre. Parte de los fondos de esos se enfocarán, según el ministro, en apoyo de la siembra de frijol.
Si hablamos de financiamiento para el agro, no podemos olvidar que en noviembre 2019 en una cuestionada decisión, el Gobierno encargó a las Fuerzas Armadas el desarrollo del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras, con el los uniformados administrarán 4000 millones de lempiras(160 millones de dólares) durante cinco años.
Hasta el momento no hay un pronunciamiento de la Fuerzas Armadas de cómo orientará esos fondos para ayudar a productores y agricultores afectados por los ciclones.
Las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Iota han vuelto a inundar el Valle de Sula dejando pérdidas que se estiman en más de 5000 millones de lempiras en el sector agrícola. San Manuel, Cortés, 19 de noviembre de 2020. Foto: Martin Cálix.
Por otro lado, mediante acuerdo ministerial 224-2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico, emitido el 17 de noviembre de los presentes prohibió la exportación de frijol rojo y en el mismo documento pide a la Policía Nacional «ejercer una estricta vigilancia en las fronteras a efecto de evitar la salida ilegal de este producto».
Anabel Gallardo, sostiene al igual que el ministro que no habrá desabastecimiento porque «la producción de primera de maíz fue muy buena, hay reserva estratégica. Yo esperaría que lo que se pierde de postrera no sea tan significativo para que no afecte el abastecimiento de granos».
Héctor Ferreira de la Agas está de acuerdo en que la mayoría de los cultivos de maíz y frijol ya habían sido cosechados: «así que no debería haber problemas de granos básicos», dijo.
No hay un panorama claro, las pérdidas son todavía incuantificables, la SAG no tiene estimaciones de los millones en lempiras que perdieron grandes, medianos y pequeños productores. Eta e Iota arrasaron sin prejuicio de clase.
En 12 años, apenas el 28 % de los créditos otorgados en Honduras por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) han beneficiado a mujeres. Las campesinas se enfrentan a obstáculos para acceder a tierras y a préstamos, mientras buscan sobrevivir a la violencia en sus hogares.
Doris Hernández observa sus cultivos a punto de entrar en cosecha. Sonríe cuando habla de los ayotes que con mucho esfuerzo crecen cerca de sus pies. Doris no tiene casa propia. Quiere construirla en el terreno donde además de ayotes, tiene maíz, frijoles, plátano, rábano y árboles frutales. Ella tiene una parcela que le cedieron como parte de un proceso de recuperación de tierras en San Pedro de Tutule, ubicado en el departamento de La Paz, al oeste de Honduras. Ahora las autoridades hondureñas pueden desalojarla de este espacio en cualquier momento.
Doris es una mujer lenca campesina. Ha sobrevivido a la violencia sexual, económica y doméstica. Cuando se le pregunta si quiere contar su historia sin ocultar su identidad, con mucha seguridad dice que sí, que no tiene por qué esconderla: «Es mi historia, mi vida», dice. Tiene 36 años y desde los 8 se dedica a cultivar, obligada por su padrastro, que decidió que ella y sus hermanos debían dejar de estudiar para trabajar la tierra. Ahora vive en una base campesina, cuando se enteró de que había espacio para trabajar en ella, hace dos años.
Las bases campesinas están formadas por grupos de comunidades indígenas lencas, que se trasladaron a tierras desocupadas que no estaban siendo trabajadas por sus propietarios. Mientras algunos grupos tienen tierras comunitarias, que están tituladas a nombre de las comunidades indígenas, otros se dedican a la recuperación de terrenos, con la intención de ocuparlos, ya que que pertenecían al Estado y al pueblo lenca y que —según los grupos dedicados a su defensa— se les otorgó irregularmente a terratenientes.
Viven en la pobreza. No tienen acceso a créditos y tampoco a asistencia técnica del Gobierno porque, aunque algunos grupos llevan más de quince años cultivando, no son dueños legales de esas tierras, requisito que es solicitado para estos beneficios.
La base campesina de la que Doris es parte está conformada por 18 hombres y ocho mujeres. Se llama 5 de noviembre, porque hace dos años, en esa fecha, decidieron entrar a esas tierras que estaban sin cultivos, con el fin de trabajarlas. La base forma parte de una cooperativa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Integrantes de la CNTC dicen que el terreno de San Pedro de Tutule —donde se encuentra la base 5 de noviembre, pero que también cuenta con otras bases campesinas— pertenece a exdiputados del Congreso Nacional, aunque estos nunca les han mostrado un título de propiedad. Añaden que han sido parte de «la criminalización en contra de las comunidades campesinas que ha resultado en el asesinato de varios de sus líderes y en la judicialización de 3000 campesinos en Honduras, de los cuales 2000 pertenecen a la CNTC». Hasta el momento la base 5 de noviembre no ha sido lugar de desalojo ni judicialización.
María Vicenta Hernández tiene 38 años y cultiva para consumo propio en la base Nuevo Amanecer, desde hace 12 años. Dice que ella nunca ha accedido a un crédito de ninguna institución del Estado porque a las mujeres en proceso de recuperación de tierras se les niegan al no tener un título de propiedad. «Sentimos que no hay apoyo del Gobierno, aunque en las noticias lo diga, ya yendo al lugar de los hechos, es mentira», denuncia Hernández.
Doris tampoco ha recibido un crédito o una ayuda del Gobierno, como fertilizante, capital semilla o apoyo técnico para cultivar. Vicenta perdió parte de sus cultivos después de las lluvias por la tormenta Eta, que ingresó a Honduras el 4 de noviembre de 2020, y además de las afectaciones graves que sufrió la zona norte, provocó deslaves en varias zonas montañosas de La Paz. Al menos 60 familias pertenecientes a la CNTC en La Paz se vieron afectadas por la pérdida de sus cultivos, aunque aún no han podido medir la magnitud de los daños. Dicen que no esperan recibir ningún apoyo para volver a levantarse, que nunca lo han tenido.
Dalila Aguilar, representante de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), dice que las mujeres viven en una constante tensión psicológica.
«Esa mujer que vive en su casita, piensa que, quiérase o no, a cualquier hora del día les puede caer un desalojo. Viven con mucha tensión por parte de terratenientes y por parte del Gobierno, que no se preocupa porque obtengan esa tierra».
Según el Estudio sobre mujeres y tierra en Honduras del Consejo para el desarrollo integral de la mujer (Codimca), que recopila datos del Instituto Nacional Agrario (INA), solo el 22.87 % de las titulaciones entre 2001 y 2017 le benefició a las mujeres. También destaca que la titulación ha sido limitada. En 16 años apenas se han titulado anualmente 5020 hectáreas.
Contracorriente también solicitó una base de datos al INA sobre la titulación de tierras los últimos diez años segregada por sexo. La institución no entregó la información y al momento de publicar este texto aún estaba en proceso un recurso de revisión que se interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El informe de Codimca señala que en los últimos años, el porcentaje de mujeres que posee tierras se ha incrementado. Sobre todo si se compara con los datos de la última reforma agraria, en 1979. Entonces, las mujeres solo tenían el 4 % de las tierras. Actualmente es del 8 %. Además, un 5 % está en copropiedad (de hombres y mujeres). En 1979 no existía esta modalidad.
Aun así, el informe aclara que «debido al deficiente registro estadístico y la manera en que se levanta esta información en el terreno, no es posible confirmar si cuando una mujer declara ser propietaria de una superficie de tierra es porque los socios de una base campesina, su esposo y otra persona, le ha cedido el usufructo de una parcela de tierra, si la alquila o si su acceso es por aparcería».
Doris dice que en la base campesina de la que forma parte le costó que sus compañeros comenzaran a escuchar a las mujeres. Alguna vez tuvo que contratar a otros hombres para que le ayudaran a trabajar en el terreno. «Me preguntaban si era de mi marido y me querían sacar de aquí», asegura.
Los hombres comenzaron a tomar en serio a Doris y a sus compañeras a raíz de un proyecto de la CNTC, en el que trabaja Dalila Aguilar, llamado Lucha por el acceso a la tierra y el empoderamiento de la mujer campesina de La Paz, y que está financiado por la organización irlandesa Trocaire.
Aguilar dice que el acompañamiento que le ha dado a las mujeres ha sido difícil, que muchas veces ha visto cómo ellas son quienes luchan por la tierra y al final termina quedando a nombre de los hombres. «Una se siente frustrada por no poder ayudar a las mujeres para que luchen por lo que pretenden. A veces somos controladas hasta en los pensamientos sobre qué queremos hacer en esas parcelas», cuenta.
Wendy Cruz, de la Vía Campesina considera que «no nos ven como sujetas de derecho, por eso no hay políticas para el acceso a bienes de producción para las mujeres rurales. Es nula la presencia del Estado donde están las mujeres más pobres del país».
Yasmín López es la coordinadora de Codimca, la organización que publicó el estudio sobre mujeres y tierra en Honduras. Señala que este tipo de situaciones se dan porque existe una deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres desde la Reforma agraria en la década de los setenta. «Hoy no existe una política pública que garantice la reforma. Lo que hay es una Ley de modernización agraria que no habla del acceso a la tierra y que más bien permitió la privatización del territorio, la compra y venta de la tierra», lamenta.
Según el artículo 79 de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, vigente desde 1992, que vino a suplantar la Ley de Reforma Agraria, «el título de propiedad se extenderá a nombre de la pareja, si ésta así lo solicita». Para López esta es una de las trabas para que las mujeres accedan a la tierra: «Al estar frente a un sistema patriarcal y capitalista, difícilmente un compañero va a pedir que su tierra esté a nombre también de su mujer». Añade que el hecho de que las mujeres no sean dueñas de la tierra es la principal causa para que tampoco accedan a créditos ni de los bancos, ni de los otorgados por el Gobierno en sus diferentes instituciones.
Contracorriente solicitó una entrevista con la coordinadora de la oficina de la mujer del Instituto Nacional Agrario, Rosaura García, quien argumentó que no podía concederla por estar en su período de vacaciones. Añadió que existen esfuerzos y limitantes de la institución que podían explicarse desde la División de Planificación del INA. Contactamos a Danilo Merlo, coordinador de esa división, pero no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas vía mensajes, llamadas telefónicas y de manera presencial a través de la oficina de comunicación del INA.
Poco acceso a créditos agrícolas para las mujeres
Entre enero de 2008 y el 25 de septiembre de 2020, Banadesa entregó 27 500 créditos. De estos, solo 7555 (el 21.86 %) fueron para mujeres.
En 2015, tras el trabajo de incidencia de organizaciones campesinas y feministas, el Congreso Nacional aprobó el programa Crédito solidario para la mujer rural (Credimujer). Pasaron tres años hasta que se creó un reglamento que sentara las bases de este crédito, en 2018.
De acuerdo con el reglamento, el programa debe funcionar a nivel nacional, pero con mayor incidencia en comunidades en situación de pobreza y con alta vulnerabilidad agroecológica. Los créditos se darán a través del Banco hondureño para la producción y la vivienda (Banhprovi).
El Banhprovi señaló, en respuesta a una solicitud de información realizada para este reportaje, que a la fecha (cinco años después de la creación del crédito) todavía no hubo ninguna beneficiaria de Credimujer.
En agosto de 2019, Banhprovi abrió cinco ventanillas para que las mujeres pudieran ser atendidas en Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula. «Pero las mujeres rurales no viven cerca», explica Yasmín López, la coordinadora de Codimca, y agrega que «no solo es que había que viajar largas distancias, sino que debían tener planes de inversión, de negocios, una cantidad de cosas y que igual se hizo, pero que al presentarse, Bahnprovi dijo que no eran planes que fueran de su aprobación. Las mujeres no han podido acceder a ese programa». López añade que, aunque existe una asignación presupuestaria de 35 millones de lempiras, no hubo voluntad política para que se creara un fideicomiso.
El decreto 110-2015 que crea el programa Credimujer señala que el programa se administrará mediante un fideicomiso que establezca la Secretaría de Finanzas y Banhprovi. Actualmente el funcionamiento de este fideicomiso está a cargo del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), una entidad descentralizada de la presidencia que se creó en julio de 2019, con el PCM 034-2019. Las organizaciones campesinas consultadas señalaron que no han recibido comunicaciones de parte de la institución y que cancelaron un evento que tenían a finales de octubre para conocer los avances de Credimujer porque nadie del Gobierno contestó su participación.
«Nos preocupa porque queremos los créditos para las mujeres ya y no hay una respuesta del Estado. Cada día las mujeres vemos que no nos dan nuestros derechos», cuenta Felicita López coordinadora de las mujeres del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah). Desde hace dos años, cuatro grupos de esta organización de Felicita se organizaron para elaborar propuestas de proyectos, con el propósito de acceder a Credimujer y poder cultivar café y abrir tiendas de consumo, pero hasta ahora siguen sin tener una respuesta.
Dentro de Senprende también se encuentra la institución Crédito Solidario, un programa presidencial creado en 2015, que tiene como finalidad brindar asistencia técnica y acceso a créditos a microempresarios que no han tenido acceso a préstamos en el sistema bancario. Cuenta dentro de su proyecto con créditos agrícolas para ofrecer, con una tasa de 12 % de interés y de acuerdo a un plan de inversión, «apoyo directo a empresas asociativas campesinas (EAC) de producción, cooperativas agropecuarias, cajas rurales de ahorro y crédito, asociaciones de productores y productores independientes».
Contracorriente solicitó datos sobre los créditos otorgados segregados por sexo. Al momento de publicar este texto aún seguía un proceso el recurso de revisión interpuesto ante el IAIP porque la institución no entregó respuesta. En su página web señalan que en total han entregado 177 522 créditos por un total de 1720 millones de lempiras (68 millones de dólares), pero no existe un dato de cuántos de ese total fueron otorgados al sector agrícola.
Estos créditos solidarios agrícolas son parte del decreto ejecutivo PCM 052-2019 aprobado en septiembre de 2019 donde se asignan casi 4000 millones de lempiras (160 millones de dólares) a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para impulsar el desarrollo agrícola del país. Según medios nacionales, las FF. AA. aseguran que apenas han recibido 22 millones de lempiras (880 000 dólares). Sin embargo, las organizaciones consultadas para este reportaje señalaron que no han podido acceder a los créditos de esa iniciativa. Tampoco las mujeres con las que trabajan.
«Nos preocupa que los fondos fueron pasados a las FF. AA. sabiendo que los militares son los primeros agresores. ¿Cuándo tendremos una oportunidad? Nunca la vamos a tener», lamenta Felicita López, quien además ha dado acompañamiento en su comunidad a casos de manutención económica. Desde la Oficina Municipal de la Mujer en Santa Elena, dice que la mayoría de las denuncias activas en ese municipio por manutención alimenticia son contra militares.
Durante la pandemia por COVID-19, el Gobierno aprobó varios decretos ejecutivos destinados a la agricultura. El PCM 030-2020 establece el concesionamiento de tierras nacionales a 100 lempiras (4 dólares) por manzana para la producción agrícola.
De igual manera, el Banco Mundial aprobó un fondo de 75 millones de dólares para fortalecer el sector agrícola a través del Proyecto Competitividad Rural (Comrural), manejado por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), una unidad de gestión de proyectos y programas estratégicos adscrita a la Coordinación General de Gobierno. Esta institución está siendo investigada por la fiscalía hondureña por presuntas irregularidades en las compras durante la pandemia por COVID-19.
De 2019 a 2020, Invest-h otorgó 31 296 créditos agrícolas. De estos, 8442 (el 27 %) fueron para mujeres. Invest-h no detalló los montos entregados. El departamento de La Paz, donde vive Doris, es uno de los que menos créditos recibió del proyecto. Según información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), desde 2010 han realizado 17 proyectos en beneficio de mujeres campesinas. Ninguno de estos se realizó en el departamento de La Paz.
La SAG cuenta con unidades de igualdad de género. Sin embargo, la misma secretaría afirma en un documento oficial entregado a Contracorriente que «tienden a ser poco visibles, con pocos recursos y capacidades, y lejos de la toma de decisiones de alto nivel (…) nunca ha tenido un programa específico para implementar. Además, las personas a cargo de género tienen otras funciones en paralelo».
La SAG además contó con un bono cafetalero vigente entre 2018 y 2019. Según los datos proporcionados, apenas 19 339 mujeres fueron beneficiarias del proyecto, frente a 72 087 hombres.
El monto del proyecto fue de 300 millones de lempiras (12 millones de dólares). Cada saco fertilizante costó 540 lempiras con gastos operativos y entrega. La información del proyecto no indica las cantidades de fertilizante entregadas segregadas por sexo.
Doris espera poder sembrar su propio café algún día. Durante muchos años ha trabajado cortando café para hombres dueños de fincas cafetaleras. Le pagan 100 lempiras por un quintal (4 dólares). En un día de trabajo, que empieza a las seis de la mañana y termina a las dos de la tarde, puede llegar a conseguir hasta cuatro quintales. El corte de café únicamente dura seis meses. Doris cuenta que, con el dinero que gana en este tiempo, ahorra para comprar abono al acabar la temporada y así poder trabajar en su propia tierra. Dice que sobrevivir así significa «que vamos días comiendo y días no comiendo. Uno tiene que decidirse para poder tener algo».
Ahora, con la pandemia por COVID-19, tuvo muchas dificultades debido a las medidas de restricción de circulación que aprobó el Gobierno, en donde las personas solo podían circulan por un dígito de la identidad al día para evitar aglomeraciones. Cuando no trabaja en su parcela ni corta café, Doris se mueve al municipio de La Paz para lavar y planchar ropa. Por cada docena de ropa lavada le pagan 20 lempiras (0.80 dólares) y planchada son 12 (0.48 dólares). «Si hay bastante y que uno lave unas cinco docenas, pues ya son 100 lempiras, pero lo más que se gana a diario son 150 (6 dólares). No es mucho y es buscando de casa en casa. Una sufre para poder sacar a los hijos adelante», agrega.
La violencia en la vida de las mujeres campesinas
Doris se fue de su casa después de contarle a su familia que fue víctima de una violación a los quince años, de la cual resultó embarazada. Nadie le creyó. Después de eso, tuvo una pareja con quien procreó cuatro hijos más y quien durante años ejerció violencia física, psicológica y económica contra ella.
«Cuando empecé a sufrir violencia, como yo crecí viendo el maltrato en mi mami, pensaba que era normal», cuenta Doris.
Doris tenía una casa de bahareque, en un terreno de su hermano. La vivienda se cayó el año pasado y ahora vive en la de su madre, que está en el mismo terreno. Quiere construir su casa propia en las tierras de la base campesina, no solo porque su hermano le dijo que debe irse, sino porque dice no sentirse bien donde su mamá. «La persona que abusó de mí vive cerca de nosotros. A veces me pongo a pensar: vivir mirando el rostro de esa persona… uno por mucho que quiera olvidar eso no puede», relató.
La situación de Doris es la misma que viven muchas mujeres en la zona, que se ven obligadas a sobrevivir a la violencia, a las desigualdades económicas y a buscar el sustento de sus hijos solas. Por eso muchas terminan formando parte de bases campesinas.
Doris llora y esconde sus ojos debajo de su gorra cuando cuenta que a veces se siente sola: «Como yo trabajo la tierra me vengo sola, traigo mi azadón, mi machete y de vez en cuando vienen esos malos recuerdos. A veces parece que la vida no valiera nada para mí». Ahora Doris solo vive con sus hijos, dejó a su expareja al ver que la violencia cada vez era más frecuente. Lo entendió cuando su hijo mayor le dijo: «mami, te va a matar mi papá», pero decidió hacerlo cuando su pareja intentó violar a su hijastra, una niña de catorce años.
Datos del Ministerio Público (MP) sobre delitos contra la libertad sexual entre 2014 y 2019 señalan que de 4130 denuncias en que las víctimas consignaron la ocupación del imputado, 2630 eran personas que trabajan en el campo.
Doris dice que antes de dejarlo y aún cuando ya llevaban tiempo de estar separados, su expareja le disparaba cerca de los pies o de la cara y a veces le pegaba con el machete. Ella no sabe de su expareja desde hace ya ocho años. «Prefiero trabajar, luchar para mis hijos, porque ¿de qué me sirve quedarme aquí comiendo frijoles y que vaya a terminar en el cementerio y mis hijos queden huérfanos? Yo no necesito un hombre que viva queriendo darme órdenes, a mí me gusta trabajar», concluye ella.
Rosmery Álvarez, de la Oficina Municipal de la Mujer en Marcala (OMM), ubicado a 39 kilómetros de San Pedro de Tutule, señala que las zonas rurales como La Paz son machistas
«La violencia doméstica es algo con lo que vivimos día a día y no digamos ahorita en términos de pandemia, así como vivimos una curva de COVID-19, hubo una en aumento de casos de violencia doméstica e intrafamiliar».
La oficina regional de Comayagua, ubicada a 23 kilómetros de La Paz, es la coordinadora de las fiscalías que cubren los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz y fue la primera en tener un Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE) en las cinco fiscalías. Ahí las víctimas son atendidas por un equipo multidisciplinario para que cuenten la historia una sola vez y evitar la revictimización.
Una de las quejas es que el MAIE opera únicamente de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. «Pero el MP es una institución de 24 horas al día, siempre queda activa la fiscalía de turno, el médico forense quien evalúa y el fiscal toma las acciones necesarias ya sea de imponer las medidas o de ordenar a la Dirección Policial de Investigación», responde ante estas quejas Carlos Ávila, vocero regional de la institución.
En lo que va de 2020 el MP ha judicializado 137 casos por violencia doméstica y violencia intrafamiliar en el departamento de La Paz. Doris intentó poner denuncias en la Policía de La Paz, donde asegura que le dijeron que solo si tenía pruebas lo denunciara. «Y ¿qué pruebas iba a tener? Si solo yo sabía lo que estaba sufriendo (…). Él me castigaba, me empujaba, me decía que yo ya no valía nada, que ya había pasado de moda», añade.
La coordinadora de Codimca dice que el acceso a recursos, tierra, financiamiento y asistencia técnica mejora la vida de las mujeres para que puedan bajar los grados de violencia intrafamiliar y doméstica, porque muchas veces a las mujeres se les dificulta seguir todo el proceso de una denuncia al depender económicamente de su agresor.
La eterna lucha por la manutención alimenticia
En Honduras no existe una ley ni un delito contra la violencia económica. El término solo aparece en la Ley contra la violencia doméstica, cuando se le reconoce como una de las cuatro formas de ejercer violencia doméstica por «menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias». Sin embargo, la ley no señala penas específicas, solo que el agresor deberá restituir los gastos y reparar los daños ocasionados a las víctimas.
Tampoco existen datos de cuántos de esos casos han ingresado a los juzgados de violencia doméstica como violencia económica. «Es porque ese tipo de denuncias generalmente van con hechos más graves como agresiones físicas (…), pero muchísima parte de la población de mujeres que viven violencia económica no lo denuncia porque ignora que pueda hacerlo», explica la jueza Claudia Isbela López, del Juzgado especial contra la violencia doméstica de San Pedro Sula.
Contracorriente contactó, a través de su secretaria, a la jueza Ana Concepción Romero, coordinadora de Juzgados de Violencia Doméstica, para conocer información sobre violencia económica y sus dimensiones a nivel nacional, pero a la fecha de publicación de este texto no dio una entrevista.
Doris vivió la violencia económica cuando aún estaba con el padre de sus hijos. Aunque ella era la que se dedicaba a cortar café, con lo que ganaba alrededor de 1200 lempiras (48 dólares) a la semana, su pareja se quedaba con la mayoría del dinero y lo usaba para comprar alcohol.
«Cuando estaba con él, me tocaba trabajar para sus tres hijos y los cinco míos. Ahora estoy mejor porque yo sé qué obligación tengo. Mis hijos calzan, visten, si se enferman tengo para llevarlos al médico. Yo soy padre y madre para ellos», dice Doris.
Ella no piensa en ponerle una demanda por manutención a su expareja porque no quiere que sus hijos vuelvan a tener acercamiento con él.
Aunque en Honduras existen juzgados especializados para la violencia doméstica, no llegan a las zonas rurales. Allí los casos los conocen los juzgados de paz, lo que, según la jueza Claudia Isbela López, hace más difícil el acceso a la justicia. «Las necesidades de las mujeres en el área rural son diferentes, hay niveles de escolaridad más bajos y tienen menos conocimiento de sus derechos», explica.
Felicita López, del Movimiento Indígena Lenca de La Paz, vive en una comunidad cerca de Santa Elena, a 65 kilómetros de Marcala. Cuenta que la situación es aún más difícil lejos de las cabeceras departamentales porque, aunque le da acompañamiento a varios casos de demanda alimenticia «las autoridades no requieren a los papás de los bebés y muchas víctimas dicen que la abogada no les pone atención. Solo cuando anda acompañada la víctima hay una respuesta». Felicita añade que personal encargado de ver los casos en Santa Elena suele ponerse contra las víctimas cuando la coordinadora del juzgado de paz no está.
La Ley contra la violencia doméstica identifica el incumplimiento de obligaciones alimentarias como violencia económica, no lo ve como un delito. Los casos de manutención están contemplados en el Código de familia y se llevan a cabo en los juzgados de familia.
Según el Código de familia, la manutención se fija por cada hijo y depende de la capacidad económica del obligado. «Una vez que vemos los requisitos, le embargamos. Cuando vienen a la audiencia, pueden conciliar, se compromete y puede ser que no se la dé o que esté escondiendo bienes, entonces ahí procede a la vía penal», dice Ilde Mejía, coordinadora del Juzgado de letras de familia en Francisco Morazán.
Rosmery Álvarez, de la Oficina Municipal de la Mujer en Marcala, señala que las leyes no siempre ayudan al acceso a la justicia. «Lastimosamente solo se formulan desde un escritorio, pero la realidad que vivimos las mujeres tierra adentro es otra. Los hombres no asumen sus responsabilidades y aunque se llegue a una audiencia como la primera, esta es conciliatoria, porque el mismo código nos genera esas barreras. Los abogados buscan lo más fácil y les dicen a las mujeres que concilien», dice Álvarez.
El vocero regional del MP, Carlos Ávila, señala que «en los casos en que la negación persiste, se puede colocar una demanda por el delito de incumplimiento del deber de asistencia y sustento». Este delito llevaba el nombre de incumplimiento de los deberes de asistencia económica en el Código Penal anterior, que dejó de estar vigente en junio de 2020. Al igual que en el anterior, este delito contempla una condena de uno a tres años de prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas, de uno a dos años de multa y la inhabilitación por cinco años si es un oficial público.
Datos del MP recopilados por Contracorriente señalan que, de 2009 al 2019, el MP recibió 8887 denuncias por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. En 8325 (el 93.7 %) el acusado fue un hombre. En ese mismo periodo de tiempo, ingresaron al Poder Judicial 1156 casos. Apenas 3 fueron contra mujeres. De todos los casos, únicamente 193 han concluido juicio: 112 obtuvieron sentencia condenatoria, 70 absolutoria y 11 concluyeron con sobreseimiento.
Doris decidió no demandar por violencia a su expareja. Para la jueza López, una de las dificultades que enfrentan las mujeres es que, aunque la Ley contra la violencia doméstica lo señala, no existen mecanismos para que las mujeres dejen de tener que confrontar a su agresor. «Otra de las dificultades es que carecen de los recursos económicos siquiera para movilizarse y la institucionalidad no tiene la formación adecuada. En esa búsqueda de la justicia las mujeres muy frecuentemente son avergonzadas por funcionarios», detalla la jueza.
«No decía nada, estaba como ciega. Ahora no, si yo hubiera tenido antes la mente que tengo hoy, no hubiera dejado que alguien que me maltratara o que me manipulara, violentando mis derechos. Eso no es vida», asegura Doris. También dice estar feliz de haber salido de ese ciclo de violencia y no oculta su emoción cuando habla sobre cultivar la tierra para ella y su familia.
El acceso a la tierra, a los créditos y a la asistencia técnica son esenciales para transformar las relaciones de género, pero también para garantizar estabilidad económica que permita que las mujeres salgan de sus ciclos de violencia.
«Es complicado, pero ahí vamos para adelante y gracias a Dios, algún día vamos a tener lo que nunca hemos tenido», dice Doris. No se refiere solo a recuperar la tranquilidad que la violencia le robó por tantos años, también hace alusión a la lucha que emprende día a día por recuperar esas tierras que le han negado la desigualdad y la falta de políticas para las mujeres del campo.
Una vez que Doris ha terminado su historia, se respalda en un árbol y observa con emoción la cosecha, que empieza a asomar entre los cultivos, y con la que espera sostener a su familia lo que resta del año. Siempre sonríe al ver su parcela: «Viera, qué bonito es ver la tierra cuando empieza a producir ¿No quiere llevarse un ayote?».
*“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega sobre femicidios, en las que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador)y ContraCorriente (Honduras).
Desde 1984 los premios Ortega y Gasset de Periodismo reconocen los mejores trabajos publicados. Y en su 37. ª edición galardonó a la investigación Transnacionales de la fe como Mejor historia o investigación periodística. En Honduras, Contracorriente fue el socio.
El proyecto transnacional colaborativo en el que participaron 16 medios, entre ellos Contracorriente, reveló cómo un grupo de líderes cristianos fundamentalistas vinculados a la Casa Blanca han hecho tratos con presidentes cuestionados en América Latina durante el Gobierno de Donald Trump.
En esta investigación, Gianina Segnini y Mónica Cordero, de la Universidad de Columbia, mostraron cómo estos grupos evangélicos fundamentalistas han expandido sus ministerios por la región y han hecho tratos que han fortalecido a presidentes cuestionados, desde Juan Orlando Hernández en Honduras, Daniel Ortega en Nicaragua, pasando por Jimmy Morales en Guatemala y hasta Jair Bolsonaro en Brasil.
De igual forma, Fernando Silva, periodista de Contracorriente, junto a Martín Cálix, director de fotografía, contaron y mostraron el poder que impulsa al Gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde la intromisión de representantes de un sector muy poderoso de la iglesia evangélica en el proceso de legislación del país, hasta la toma de decisiones con respecto a la salud, la educación y la seguridad de Honduras.
«Ninguno de los recuentos oficiales ventiló las conversaciones paralelas que Pence, Pompeo y un pequeño grupo de líderes evangélicos fundamentalistas tenían coordinadas para Hernández, y que pretendían persuadirlo de tomar decisiones de Estado basadas en sus interpretaciones literales de la Biblia.
Por un lado, Pence y Pompeo —ambos cristianos evangélicos— aprovecharon la visita oficial para convencer a Hernández de instaurar, en Honduras, los estudios bíblicos liderados por Capitol Ministries, una organización religiosa que los dos altos funcionarios del gobierno Trump patrocinan desde la Casa Blanca y que se dedica a evangelizar a «líderes políticos del mundo», con el fin de que legislen según sus principios bíblicos», expresa la investigación.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, abrió una oficina de negocios en Jerusalén y luego habló con Mike Pompeo y Mike Pence, sobre la llegada de Capitol Ministries al país.
El poder que tiene la iglesia evangélica en Honduras se conoció en esta investigación y su impacto también, no solo en la toma de decisiones con relación a los asuntos del país, sino en la cotidianidad y la esperanza de una ciudadanía envuelta en la desesperanza.
En su cuenta de Twitter, la periodista Giannina Segnini resaltó la importancia del periodismo independiente de Contracorriente como aporte a esta investigación. «Sin Contracorriente y el reporteo agudo de Fernando Silva Transnacionales de la fe no hubiera sido posible».
Los galardonados del Ortega y Gasset
Entre los galardonados se encuentra Aragón, pueblo a pueblo, quienes recibieron el premio en la categoría de Mejor Cobertura Multimedia. El jurado resaltó «lo exhaustivo» del trabajo, así como «la profunda labor de documentación para abordar una temática, la de la España vaciada, que se ha colocado en el centro del debate en los últimos años».
En cuanto al Premio a Mejor Fotografía, se reconoció a María de Jesús Peters, por una imagen tomada en Chiapas durante la crisis migratoria de junio de 2019, publicada en El Universal. El jurado enfatizó que la fotografía reúne con gran impacto muchos de los detalles que ejemplifican el drama de las crisis migratorias: «tras una primera mirada hacia los ojos de los protagonistas, bajo la valla de acero, aparecen al fondo las botas militares, que dan la espalda a la madre y al niño, pero que al mismo tiempo están controlando».
La categoría de Trayectoria Profesional es para la reconocida periodista chilena Mónica González, quien de 2007 a 2019 dirigió el Centro de Investigación Periodística (Ciper). El jurado destacó su compromiso con el periodismo y su permanencia en la primera línea durante más de cinco décadas.
Los premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por EL PAÍS y que llevan el nombre del pensador y periodista español, buscan resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que hayan destacado por su calidad.
Desde Contracorriente, felicitamos a cada uno de los medios que son parte de Transnacionales de la fe, un trabajo investigativo impulsado por CLIP y Columbia Journalism Investigations apostando por la colaboración periodística para develar las influencias en las políticas públicas en Latinoamérica.
Las tormentas tropicales Eta e Iota han devastado el Valle de Sula, uno de los valles más fértiles del país, las pérdidas incalculables y los miles de damnificados, son la fotografía de la fragilidad de sus municipios para afrontar los fenómenos naturales que cada año dejan pérdidas millonarias debido a las inundaciones.
En diez días el Valle de Sula ha recibido el impacto de dos tormentas tropicales que han devastado todo a su paso. Ha quedado bajo el agua La Lima, las comunidades del municipio de San Manuel y de El Progreso cercanas al río Ulúa, los sectores Chamelecón y Rivera Hernández en San Pedro Sula, los municipios de Villanueva y Pimienta. Durante la tormenta tropical Eta, Max González, ministro comisionado de Copeco, advirtió que se habían rescatado al menos unas 16 000 personas en el Valle de Sula que fueron afectadas por las inundaciones.
Uno de los valles más fértiles del país, históricamente sostenido por el monocultivo de banano y la caña de azúcar y golpeado por la desigualdad y violencia, se encuentra bajo el agua, dejando pérdidas superiores a los 5000 millones de lempiras y al menos unos 70 000 albergados, informó la prensa nacional.
Según Roberto Zelaya Flores, gerente general de la municipalidad de El Progreso, se han realizado 26 000 evacuaciones en las últimas dos semanas por los efectos provocados por las inundaciones en las zonas bajas del municipio.
En El Progreso, el Comité Municipal de Emergencia estima que debido a las inundaciones provocadas por la tormentas tropicales Eta e Iota hay más de 10 000 personas albergadas en 60 de los 85 albergues disponibles, casi la mitad de estos son niños, unos 4312 que pertenecen a las 2799 familias que han necesitado refugio en los últimos quince días.
A lo largo de la ribera del río Ulúa los barrios y colonias han quedado devastados, del lado del municipio de San Manuel las colonias Guadalupe, Omonita y mucho más cerca a la ribera la colonia La Democracia, donde las casas han quedado completamente superadas por el agua. Las personas aquí han hecho lo mismo que aquellos que debieron huir de la inundación en La Lima y se ubicaron en la mediana de la CA-13 en refugios improvisados con trozos de madera, plásticos y láminas. En estos refugios han debido pasar al menos dos noches con la sensación de que el río también llegaría hasta estos refugios.
Si la tormenta tropical Eta puso en evidencia la fragilidad del Valle de Sula, la tormenta tropical Iota reafirmó que muchas zonas se han vuelto inhabitables, esta segunda tormenta tropical y sus lluvias con mayor precipitación que la primera —hasta 200 mililitros, según Copeco— agudiza las condiciones de vida de las poblaciones en las partes bajas del valle.
Una de las razones que podría extender la crisis climática que atraviesa el Valle de Sula son las descargas de la Represa Nacional Francisco Morazán, El Cajón, cuyo nivel máximo se encuentra entre los 285 y 290 m s. n. m. Copeco informó a través de una infografía que para la mañana del 19 de noviembre el nivel de la represa era de 287.75 m s. n. m., nivel en el que se debería por protocolo comenzar con las descargas controladas, pero de hacer esto se acumularía en el Valle de Sula una mayor cantidad de agua a través del río Humuya, como afluente del río Ulúa, un río que carga con dos afluentes más: río Higuito en el municipio de Santa Bárbara y el río Blanco en el municipio de Potrerillos.
Nuestras abuelas, abuelos y otros parientes quizá ya nos habían comentado sobre los estragos de los huracanes Mitch y el Fifí. Siempre creí que para esta generación lo más difícil había sido tratar con otros males endémicos: corrupción, migración, violencia, maras, pandillas y últimamente la COVID-19. Hasta ese entonces eran los males que conocíamos y que nos habían dejado enormes tragedias. Luego apareció Eta, trayendo consigo toda su furia y desgracia a nuestro territorio, dejando heridas profundas en nuestro pueblo que difícilmente podrán ser supuradas.
Antes de la desgracia, el Gobierno y el sector turismo anunciaban el feriado Morazánico con bombos y platillos, como una manera de reactivar la economía que había estado irregular por la crisis sanitaria, sin embargo, de afuera ya se anunciaba que la velocidad de los vientos y la profundidad de las aguas que generaría la tormenta Eta, eran devastadoras. A pesar de todo esto, a quienes manejan el poder se les ocurrió seguir con el espectáculo, sin importarles —como es costumbre— la seguridad de nuestra población.
El capital se fue por encima de la vida humana y el día lunes los primeros embates de Eta ya se hacían sentir. El Centro de Huracanes daba un diagnóstico espantoso para nuestro país, pero con tal de hacer dinero, los que manejan el poder y sus compinches decidieron seguir con su plan de feriado, argumentado que las traducciones del Centro de Huracanes eran desproporcionadas, que se estaba exagerando, que eso, no llegaría a pasar.
Los días más difíciles, entre ellos el martes, los pronósticos se habían cumplido y lo peor estaba por empezar. En casa, por ejemplo, nos encerramos debido a las fuertes lluvias y ventarrones, esperando que solo se tratara de una lluvia más, pero no fue así. En mi comunidad lo sabíamos desde que se empezaron a desbordar las cunetas y los túneles de agua se rebalsaban, esa era señal de que en la parte más baja de la ciudad lo peor estaba empezando.
Un miércoles para no olvidar. Para ese día ya todo se había consumado, los pronósticos eran una cruda realidad, mientras los funcionarios públicos se reunían en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para hablar si era viable cancelar el feriado Morazánico. «Que Dios los perdone, porque nosotros no podemos», fue lo que le dije a mi abuelo después de escuchar en la radio y en el noticiero que aún tenían en pie semejante idea. Mientras las trágicas noticias nos llegaban, la impotencia al ver las inundaciones se quedaba en nuestro rostro, con un enorme nudo en la garganta.
Jueves de trabajo y esperanza. Desde dos días antes, en la comunidad y en la ciudad ya sabíamos que lo venidero sería para no bajar los brazos y cosechar entre nosotros un poco de esperanza en medio del panorama sombrío que estábamos observando. Fue así que mientras las aguas seguían inundando y la lluvia no cesaba, muchos decidimos empezar a trabajar desde nuestros espacios para llevar un poco de ayuda a quienes se encontraban tratando de resguardar su vida en los techos de sus casas esperando ser rescatados por ciudadanos, cuerpo de bomberos y miembros de la Cruz Roja, ya que de las instituciones encargadas de la emergencia, por parte del Estado, poco o nada se podía esperar.
El día viernes solo el pueblo salvó al pueblo. Si bien es cierto, desde el miércoles, bajo la intensa lluvia, la ayuda de la población se hizo sentir, pero fue el viernes —cuando la tormenta ya había bajado— que pude ver junto a compañeros, amigos y familiares cómo había sido el desbordamiento no solo de los ríos, sino el de la sociedad que se juntaba para ayudar. Muchos dejamos nuestros privilegios y decidimos salir a apoyar con lo poco que teníamos y la unidad granítica que mostramos fue sin duda un factor esencial. Una muestra más de que cuando los hondureños queremos lo podemos lograr todo.
Sábado y domingo de casa abierta y los demás días también. Este momento lo recordaré muy bien porque lo que sucedió es para nunca olvidar, ya que mientras el Gobierno se lavaba las manos (¡qué rabia e indignación sentía en esos momentos!) en cadenas vacías y sin sentido alguno, la ciudadanía los dejó solos junto a sus medios de comunicación, y decidió salir en masa al auxilio de quienes se encontraban damnificados. Recuerdo que me llamaron varias personas y me dijeron: «tengo sesenta platos de comida para entregarle, tres fardos de harina, cincuenta paquetes de tortillas de maíz y cincuenta baleadas, venga a recogerlas ya», ese día recordé que a pesar de la adversidad, los hondureños siempre estamos para colocarle el hombro al otro en señal de apoyo, estamos para reír o llorar. Es cierto, salimos muchos más a brindar ayuda a los albergues (unos oficiales y otros improvisados que estaban recibiendo gente desde el miércoles), ya que miles de nuestros hermanos hondureños estaban en el abandono, necesitando algo para comer, un poco de ropa para cambiarse y colchonetas para dormir.
Contar la historia de quienes fueron víctimas de Eta. Decidí sacar mi teléfono y grabar un poco de esa triste realidad y visitar albergues con el objetivo de visibilizar la situación. Mientras llevaba un poco de ayuda hablaba con quienes dirigían los albergues que, por cierto, no eran personas del Gobierno, sino ciudadanos amables y dispuestos como Luis de la Plaza Matamoros que decidió hacer de su local un albergue improvisado y alojó a más de ochenta familias. Luis me comentó que «su labor era únicamente de ayuda, duele ver tantos compatriotas en el abandono». Doña Amelia, del Kinder San José, dejó a su familia en casa para apoyar y recibir a los damnificados. Mientras tanto, doña Reyna de la comunidad La Alemania, jamás claudicó y aún con el agua al cuello, decidió seguir de pie junto a las personas de su comunidad, y así muchos más.
Hasta que no te afecte personalmente o de manera cercana, no es problema. Sentí impotencia y tristeza —mientras reportaba la situación para los amigos de Contracorriente—, al ver a muchos conocidos y compañeros de la universidad en la que estudio y que vivían a la orilla de colonias como La Policarpo, La Democracia, Palermo y otras más. Es duro verlos ahí y no poder hacer mucho, saber que unas palabras de ánimo sirven para poco o nada. Hubiese querido llegar y decirles que lo material no importa porque se recupera, sin embargo, en Honduras, eso cuesta el doble y un par de años más. Quería hacer mucho más por ellos, pero las limitantes siempre te recuerdan dónde estás y es justo ahí cuando uno desea tener más, para ver al menos una pequeña sonrisa en sus rostros desencajados, rotos, partidos, pero que aún tienen la fuerza de volver y tratar de seguir, sin olvidar lo que pasó porque es otra herida que se queda en el corazón de este pueblo tan noble, pero tan lastimado.
La Lima fue la ciudad más golpeada por el paso de la tormenta Eta. Sus habitantes aún luchan con el lodo y el agua sucia que ha llenado sus casas, mientras otro ciclón amenaza Honduras.
Ahí va don Gumercindo Carpio, vestido con botas y sombrero, una guitarra al hombro y muchas penas en el alma. Busca clientes que paguen por escuchar su música en el centro de La Lima, después que fue inundada y devastada casi totalmente por las lluvias de la tormenta tropical Eta.
En las calles limeñas hay lodo, agua estancada y también tristeza. Miles de artículos para el hogar se encuentran tirados en las aceras. Las personas que limpian sus casas y negocios caminan entre camas, muebles de sala, televisores, entre otras decenas de enseres que quedaron inservibles por el paso del fenómeno tropical, que según cifras el Gobierno dejó 2 941 000 de afectados en todo el país. Por otra parte, las Fuerzas Armadas reportaron, al cierre de esta nota, que 125 cadáveres han sido rescatados de los ríos, quebradas y escombros en las zonas afectadas por Eta.
Según las declaraciones del jefe de operaciones de Copeco, Jhony Cerrato, en el periódico Tiempo, hay 42 746 personas albergadas, 844 viviendas dañadas y 73 completamente destruidas. En infraestructura hay 171 tramos carreteros afectados y 23 puentes destruidos.
En La Lima, maquinaria de la municipalidad y del Estado realizan la limpieza de las calles, están sacando toneladas de lodo y desperdicios. En el centro de la ciudad hay un olor nauseabundo. Los zapatos de hule se han convertido en una herramienta de primera necesidad. También las palas, las escobas y cualquier utensilio relacionado con la limpieza.
Bajo estas circunstancias don Gumercindo ofrece sus servicios y, aunque reconoce que es difícil encontrar clientes, tiene que ganar un poco de dinero porque perdió todo. Vive en la colonia Pineda, que aunque es jurisdicción de San Manuel, Cortés, está más cerca de La Lima.
«La llena me dejó un gran basurero. En la casa se perdió todo. Estoy durmiendo en el suelo, un costalito pongo en el piso y ahí me acuesto», nos cuenta este hombre de 71 años, quien también lamenta que las aguas tiraron al traste media manzana de sembradío de maíz y frijol. Su historia está multiplicada por miles.
El alcalde de La Lima, Santiago Motiño, manifestó a Contracorriente que las pérdidas en el municipio rondan los 24 000 millones de lempiras (960 millones de dólares), entre daños a viviendas particulares, infraestructura del Estado y cultivos. Sostuvo que la compañía bananera Chiquita Brand, que es la principal fuente de trabajo del municipio, perdió unos 200 millones de dólares, aunque no citó la fuente de información.
Un hombre camina en medio de cajas de artículos dañados por las inundaciones. Foto: Deiby Yánes.
La historia de La Lima está íntimamente ligada al cultivo del banano. Cuando la Tela Rail Road Company se instaló en sus tierras, este municipio norteño se convirtió en el principal polo de desarrollo en el Valle de Sula. El historiador Jaime Montesinos le relató al diario La Prensa que fue el primer municipio de Cortés en tener calles pavimentadas y un semáforo. Por eso fue conocida como la «capital del Oro Verde» en los tiempos que a Honduras también la conocían internacionalmente como la «Banana Republic».
Al convertirse en capital del enclave bananero en la costa norte de Honduras, creció como una ciudad adelantada en el siglo pasado. Llegó a tener red de ferrocarril, sistemas de agua potable y saneamiento básico y centros de entretenimiento. La Lima fue sede de la gran huelga de trabajadores en 1954 que posibilitó la promulgación del Código del Trabajo en Honduras.
Al pasar los años, el cultivo del banano dejó de ser el principal fruto de exportación de Honduras y algunas compañías bananeras como la Standard Fruit Company y la Tela Rail Road Company redujeron sus fincas. La segunda tiene actualmente siete fincas en La Lima. Ahora la economía de La Lima también depende de la industria manufacturera, comercio, ganadería, agricultura (esencialmente banano y caña de azúcar) y en menor porcentaje la construcción. A pesar de esto, el alcalde Motiño asegura que las bananeras siguen siendo el principal empleador.
El alcalde de La Lima, Santiago Motiño, estimó que las pérdidas en la ciudad alcanzan los 24 000 millones de lempiras, tras el paso de Eta.
Por su parte, el economista Alejandro Kafati, le dijo a Proceso Digital que las pérdidas en la economía hondureña podrían rondar los 12 500 millones de dólares, que representan el 50 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras.
La COVID-19 entre damnificados
Luis Eduardo Torres Quan, director ejecutivo de Global Brigades, dijo a Contracorriente, mientras realizaba una brigada en La Lima, que el contexto en acceso a salud pública tras los embates de Eta es catastrófico. No existe infraestructura y la Secretaría de Salud está colapsada para poder darle atención médica a todas las personas que han sido afectadas, porque si bien es cierto reportan pérdidas materiales, pero más allá de eso, está la salud de ellos.
Torres Quan dice que se han observado síntomas respiratorios durante las brigadas que han realizado en espacios públicos y en albergues que podrían estar relacionados con COVID-19, lo que, según él, podría ser consecuencia de que la gente se está aglomerando tanto en los albergues como en algunas casas que lograron resistir. «Y eso puede llevar a que el virus se esté propagando rápidamente en la zona norte del país», dice.
Explica que como institución privada decidieron actuar ante el abandono estatal, ya que muchos enfermos crónicos perdieron sus medicamentos con las inundaciones, y al no tener dinero ni acceso para ir a una farmacia privada y sin la posibilidad de ser atendidos por un centro de salud para recibir atención médica, se dieron a la tarea de visitar estas zonas.
«Hay bastantes lesiones en los pies relacionadas con estar expuestos a la humedad por mucho tiempo. Además, hay muchas personas con enfermedades como diabetes e hipertensión que están descompensadas porque no han tenido acceso a los tratamientos. Eso es preocupante, es difícil con la cantidad de recursos que tenemos para poder atenderlos a todos», dice Torres Quan.
Un joven lava un colchón quitándole el lodo que la inundación provocada por las lluvias de la tormenta tropical Eta dejó en el municipio de La Lima, pero luego de la devastación provocada por las lluvias en el municipio, las autoridades han decidido evacuar a todas las personas. La Lima, Cortés, 13 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Agrega que lograron entregarle mascarillas, en conjunto con otra organización, a miles de personas solo de una colonia de La Lima. «Pero nosotros hacemos lo que podemos, el día de hoy estamos con estos compañeros, comprometidos a dar una mascarilla para cada persona que llegue. Pero si hay presencia del virus, se propagará rápidamente en los albergues. Existe el peligro de la propagación del COVID-19 y de cualquier otro tipo de enfermedades. Existe la exposición a vectores, por las aguas estancadas, se verá un crecimiento de dengue, zika y chikungunya», adelanta.
El director ejecutivo de Global Brigades recomendó al Estado de Honduras a que prepare un plan de respuesta de alivio, en donde primero aliste un plan de choque porque la gente está con necesidades inmediatas de los servicios antes mencionados. Se requiere además ordenar y coordinar a la gente para que pueda limpiar sus solares de forma urgente para evitar la propagación de vectores.
Por su parte, el doctor Atilio Uclés, médico del staff de Mapfre Asistencia del Centro Médico Caribe Honduras, quien participó en una brigada en la colonia San Juan de La Lima, Cortés, afirmó que es impresionante la cantidad de reportes de infecciones, incluidas las bacterianas parasitarias, inclusive micóticas, que se presentan en los albergues, por temas de lesiones y focos infecciosos en piel.
«Se espera un incremento hasta de enfermedades vectoriales, endémicamente presentadas en las primeras semanas del año calendario pero que también se registran durante todo el año. El cruce de infecciones es inevitable. Nos hemos quedado cortos en la entrega de mascarillas y caretas para proteger el rostro, para evitar el cruce de infecciones. Es esperable ver un repunte de casos de COVID-19», expresa.
Uclés dice que el trabajo en los albergues es más complicado, por el número de damnificados versus el número de instalaciones físicas, el país va encaminado a un hacinamiento. Afirma que hay que hacer conciencia sobre el lavado de manos y uso de desinfectantes para reducir las posibilidades de riesgo de contagio por coronavirus.
Una pareja intenta rescatar todo lo que pueda del interior de su casa que sufrió las inundaciones producidas por la tormenta tropical Eta. La Lima, Cortés, 13 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
«En el orden de necesidades está como número uno la parte alimentaria, mucha población inactiva e incluso la que laboraba en dos de los campos bananeros más fuertes de la compañía Chiquita, que están en el punto de un cierre de operaciones, no tiene ni tendrá suficiente ingreso para cubrir sus necesidades alimentarias. En un segundo orden está la de la índole de higiene personal y, como tercera prioridad, están los aspectos vinculantes a la condición clínica», manifiesta.
El agua traicionera
Tanta tragedia deja poco espacio para la música. «Ahorita no hay nada, no he conseguido ni siquiera 50 pesos. Quiero tener aunque sea para comer y tener agua», dice don Gumercindo. Su realidad contradice la propaganda del Gobierno de Juan Orlando Hernández que reza que los damnificados no están solos, la realidad es que miles han sido abandonados.
Antes de las inundaciones, Gumercindo, quien canta desde que tenía 14 años, ofrecía su música ranchera en diversos barrios limeños, «a veces conseguía unos 1200, y ya llevaba mi comida, pero ahora la gente solo quiere limpiar».
Gustavo Valle es uno de los pocos limeños que anda sin botas de hule, usa sandalias. Así que el lodo le llega a los tobillos. Lo encontramos buscando ayuda para limpiar su casa y señala un pasaje anegado de lodo para mostrarnos la casa, cuyo paso está obstaculizado por unas almohadas, un televisor y pedazos de muebles de madera. «Estas son mis cosas», nos dice Gustavo.
Enormes promontorios de basura y grandes cantidades de artículos destruidos reflejan la magnitud de la destrucción en el centro de La Lima. Foto: Deiby Yánes
«Lo perdimos todo, no tenemos nada, ni ropa. La vivienda todavía está llena de lodo y agua. Necesitamos ayuda para limpiar, pero yo sé que no somos los únicos», agrega Gustavo. En cada casa de la colonia Sitraterco, sector donde él vive, hay una historia parecida. La destrucción es descomunal. Todos perdieron.
Manuel Valle (que no es familiar de Gustavo, aunque comparten apellido) bajó la guardia el jueves a las 3 a. m. Había estado vigilando los niveles del Canal Maya, (desagüe para el caudal del Chamelecón) el día miércoles, pero en la madrugada del jueves observó que el nivel de las aguas había bajado. «Ya no hay inundación», dijo a sus acompañantes.
El Canal Maya fue construido en el 2005 durante el Gobierno de Ricardo Maduro, siete años después de que La Lima fuese arrasada por el paso del huracán Mitch. Desde entonces, ha servido como una vía de alivio cuando el Chamelecón aumenta su caudal. Ahora hay grandes tramos de los bordos del canal que están destruidos.
La fuerza del agua en el Canal Maya provocó que el bordo se rompiera a la altura de la colonia Pineda de San Manuel, Cortés. 12 de noviembre de 2020. Foto: Deiby Yanes.
«Dormí un ratito», nos cuenta, quizá unas tres horas, porque a las 6 a. m., cuando despertó, recuerda haber escuchado un ruido que no le gustó: «pucha y esto qué es», se dijo.
Desde la calle le gritaron que el río se estaba reventando y, cuando se asomó, vio que las aguas del canal Maya estaban a un metro de superar el bordo. Avisó a su familia y alcanzaron subir alguna cama y otras pertenencias al techo. Minutos después, la colonia Pineda estaba inundada.
Él vio el canal Maya muy abajo de su capacidad y tres horas después estaba con la soga al cuello. Asegura que a La Lima la dañaron las supuestas descargas realizadas en la represa hidroeléctrica El Cajón, cuyas correntadas llegaron al río Ulúa a través del río Humuya.
El pánico colectivo y las redes sociales han logrado que las catástrofes que se viven en La Lima y otras comunidades, como la colonia Planeta, se culpe a ese supuesto desagüe en El Cajón como una de las causas de las repentinas inundaciones. Pero algunos expertos establecen que La Lima fue inundada por las aguas del río Chamelecón, que no recibe descargas de la represa hidroeléctrica antes mencionada.
El Gobierno negó en reiteradas ocasiones que haya realizado descargas controladas antes del pasado sábado, cuando se abrieron las cortinas en El Cajón. Pero las dudas siguen porque el Gobierno nacionalista no tiene credibilidad. Y razones para la desconfianza sobran; en plena pandemia de COVID-19, que ha dejado 101 468 contagios y 2804 muertes al 14 de noviembre, el Gobierno ha sido cuestionado por corrupción en su manejo desde el inicio.
María Albertina anda con una tortilla en mano, y mientras come, nos pregunta qué andamos haciendo. Quiere saber de un nuevo fenómeno natural que amenaza a Honduras. Le decimos que es cierto, que todos los pronósticos apuntan a que la depresión tropical Iota llegue convertida en huracán a Honduras. «Aquí si se vuelve a llenar será un desastre», anticipa. Y tiene razón.
A menos de un kilómetro de donde estamos conversando, el bordo que protege la comunidad del Canal Maya se rompió en más de cien metros. También hay otros tramos que cedieron en los bordos del río Chamelecón. La Lima está desprotegida.
En la colonia Pineda, al ser jurisdicción de San Manuel, pero por estar más cerca de La Lima, nadie, según María Albertina, les avisó de la peligrosidad del evento: «aquí no vino una comitiva a decir: «¡salgan, ese bordo está lleno de agua!» Nadie nos avisó». Ella pudo ver el torrente de agua que se venía sobre su casa y solo alcanzó a buscar las llaves y cerrar la puerta para evitar algún robo de algo que pudiese quedar en buen estado. Después unos vecinos le ayudaron a subir a una terraza. «Aquí casi todos perdimos todo. Yo creo que esto fue peor que el Mitch», dice.
La municipalidad es albergue
En La Lima, las aguas del Chamelecón los alcanzaron a todos. El edificio municipal se ha convertido en albergue para unas 150 personas. Llegó a tener 600. Uno de los ciudadanos albergados es el alcalde Santiago Motiño. Lo encontramos en la entrada del edificio municipal sentado en una mesa, fumando un puro y con una pistola al cinto. Estaba pidiendo informes a sus empleados de los avances que han tenido las obras de limpieza en la ciudad.
Nos dijo que La Lima se inundó de punta a punta, pero que el terreno donde está la alcaldía no sufrió daños. «Este pedazo de tierra está bendecido porque estamos trabajando con total transparencia y si alguien dice que estoy robando, que me lo diga en mi cara y me traiga pruebas», manifestó.
Motiño es un policía retirado que llegó a la alcaldía de La Lima con la bandera del partido Alianza Patriótica, pese a ser un reconocido nacionalista. Es reconocido por sus polémicas declaraciones y actuaciones. En julio de 2019, el regidor del partido Libertad y Refundación, Amadeo Hernández, denunció al alcalde de La Lima por agresiones físicas durante una sesión de corporación.
Hernández contó en la Dirección Policial de Investigaciones que Motiño le prohibió la entrada a la sesión con el celular y él se negó a entregarlo. Fue sacado de la municipalidad, dijo. Durante la emergencia por Eta, muchos limeños se quejan por la ausencia del jefe edilicio, de quien dicen ha desaparecido.
Motiño duerme en el edificio municipal desde hace una semana. Sostiene que desde ahí está pendiente de cualquier situación que apremie a los limeños.
La maquinaria trabajó a finales de la semana anterior para limpiar las calles del centro de la ciudad. La Lima, Cortés, 12 de noviembre de 2020. Foto: Deiby Yanes.
Mucho se ha reclamado por la negligencia de las autoridades del Gobierno central para alertar a la población sobre el riesgo que había, pero el jefe de la comuna limeña, se deslinda de tales responsabilidades. Manifestó que él envió a un camión de los bomberos el lunes por la noche y el martes por la madrugada (en la semana de las inundaciones) para avisar que debían desalojar.
«¿Escuchó las sirenas?», le pregunta Motiño a una de sus empleadas que vive en Campo San Juan, y recibe una respuesta afirmativa, entonces nos dice: «¿Soy culpable de que se hayan ahogado?, no soy culpable. Aquí cada quien llora por su santo en este momento, después del caos todo mundo se une».
Motiño confiesa que al ver los desastres no ha podido evitar las lágrimas: «Mire soy hombre completo, pero he llorado, he llorado al observar que es trabajo que hemos hecho honestamente se vino abajo. Eso sí, estamos de rodillas, pero no desangrados».
El alcalde contó que tuvo un encuentro cercano con las corrientes que inundaron La Lima: «me pegó una restregada el chiflón que pasaba por el supermercado. Creo que me tragué como dos galones de agua», expresó.
No muy lejos de ahí, hay testimonios que contrastan con lo dicho por el alcalde. Reclaman atención de la municipalidad. Uno de ellos es Raúl Lemus, quien sentado en una silla fuera de su casa, observa con atención el éxodo de limeños que salen huyendo ante el anuncio de un nuevo huracán.
Nos cuenta que, tras las inundaciones en las que perdió casi todos sus bienes, estuvo dos días sin comer hasta que buenas personas pudieron pasar. Y entonces la comida sobró, pero no fue atención ni del Estado ni de la municipalidad. Fue la ciudadanía quien no los abandonó.
«Aquí nadie rescató nada. La Lima se ve como que ha caído una bomba. Es exagerado el desastre», lamentó Raúl Lemus, ciudadano limeño.
En la colonia Canaán el desastre es desolador. Hay lodo y agua en la mayoría de casas, pero los dueños han comenzado a limpiar. «Yo quedé desnudo», expone don Santos en alusión a que perdió las camas y otras posesiones que estaban en su modesta vivienda de madera, que tendrá que ser reconstruida.
Antes vivía en Olancho, pero hace un año, por la insistencia de su hijo, quien es pastor de una iglesia, decidió mudarse a La Lima, donde trabaja como ayudante en la construcción. «Solo me quedé con dos mudadas (dos cambios de ropa) y con eso estoy», recalcó.
María Amparo Orellana es vecina de don Santos. Su numerosa familia, en la que se cuentan siete niños, no ha recibido apoyo oficial, únicamente el de algunas personas de buen corazón. Ahora solo tiene la ropa que les han regalado y un viejo televisor que lograron salvar.
Para obtener un poco de dinero se ha movido a colonias de La Lima con mejor status social para limpiar casas, pero las necesidades son muchas en su familia de once miembros. Nos pregunta si es verdad que viene otro huracán y remata, al borde de las lágrimas: «No tenemos para dónde agarrar y menos sin dinero».
Juan Ramón Martínez vive con su familia en la colonia Canaán del municipio de La Lima, y su casa como la de todos sus vecinos, ha salido afectada por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Eta. Juan Ramón manifiesta la incertidumbre del pueblo limeño, la de no saber hacia dónde irse cuando les dicen que que deben salir de sus hogares ante una posible segunda inundación en las próximas horas. La Lima, Cortés, 13 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
El éxodo y la incertidumbre
Entre el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, cientos de limeños que estaban regresando a sus casas para comenzar a limpiar e intentar salvar algunas cosas inundadas y volver a la normalidad, tuvieron que retractarse por la nueva alerta roja debido al anuncio del huracán Iota.
«Hay nervios, todo mundo desesperado, gente con hambre, no hay para dónde agarrar. De qué sirve que las autoridades nos digan que hay que evacuar ¿y para dónde se va ir la gente?», pregunta don Raúl, quien observa partir nuevamente a sus vecinos, pero asegura que él no se moverá de su casa pese a que la municipalidad limeña y el Gobierno han comunicado que la evacuación es obligatoria.
Don Raúl explica las razones por las que prefiere mantenerse en su casa, aunque ya no le quede nada: «Solo dicen váyase, váyase, como que lo están corriendo de su casa a uno ¿para dónde se va ir usted si no hay una autoridad que diga: «señores tal lugar está para albergarlos”». Piensa que si a los limeños renuentes a desalojar les brindan un albergue seguro, se irán tranquilos porque de todas formas «ya nadie tiene nada».
En el bulevar que conecta San Pedro Sula y El Progreso se encuentra Angélica Arriaza y su familia. Está acompañada por su madre Beatriz y su abuela Olga. Ya tiene nueve días en ese lugar. Logró salvar unos muebles de sala y ahí descansa bajo la sombra de un árbol. Pasó hambre dos días junto a su familia.
«Esas noches la pasamos mal, hubo frío y lluvia. Estuvimos sin comida porque no llegaban las ayudas hasta aquí. No había paso. Estábamos atrapados», contó. Ante la alerta por el nuevo fenómeno tropical, piensa moverse a un albergue en San Pedro Sula, pero la encrucijada es que tendrán que dejar lo poco que salvaron.
«Es obligatorio evacuar y cada quien busque salvar su vida. Las cosas ya se perdieron, lo que tenemos aquí es lo único que nos queda, pero no lo podemos llevar porque en los albergues no hay espacio», afirmó con una sonrisa de resignación.
Juan Ramón Martínez ya decidió que no abandonará su ciudad. Tiene un viejo caballo que cuidar. Además, cerdos y gallinas: «¿quién me les dará comida a mis animales?». Afirma que se mantendrá en el bulevar que conecta a El Progreso con San Pedro Sula.
Este hombre de 63 años reclama más atención de las autoridades municipales de La Lima, dice que al jefe edilicio Motiño no le ha visto la cara en la emergencia. «Sobrevivimos porque otra gente nos dio comida», agradece.
Niñas de familias damnificadas se divierten un rato en los juegos del parque central, como para olvidar por un rato la tragedia. Foto: Deiby Yánes
Casta Chávez tampoco se irá. Tuvo que salir la colonia 23 de septiembre, pero se quedará en el bulevar en El Progreso y San Pedro Sula. Perdió prácticamente todo. Aún no ha podido entrar a su casa porque el agua sigue a la altura del techo. Denuncia que están abandonados: «aquí no ha venido Copeco ni nadie», denuncia.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), dirigida por el excantante de reguetón Max González, conocido como «Killa», no ha podido brindar una respuesta a la emergencia, los testimonios de las personas contrastan con la publicidad estatal. La gente se siente abandonada.
Casta vivió también una amarga experiencia con el huracán Mitch. Se esfuerza por dejarnos claro que ella no se alarma por los mensajes que ordenan la evacuación. A su juicio ya pasaron lo peor: «Yo no me iré. Y miedo no tengo».
Otros prefieren huir de una nueva angustia. Walter va en su motocicleta con su esposa. Viste un pantalón corto y botas de hule. Tenía apenas horas de haber regresado a su casa para limpiar, pero la alerta roja emitida por la tormenta tropical Iota lo hizo regresar.
Vive en campo San Juan. Perdió todo lo que tenía en su casa y fue rescatado en helicóptero hasta el sábado 7 de noviembre, dos días después de la inundación. Por eso después del aviso de evacuación, no lo dudó.
El drama no acaba en La Lima, recién devastada por la fuerza de Eta. Entre las heridas que dejaron el caos y la destrucción está expuesta a la llegada de un nuevo ciclón.
Anselmo tiene 22 años y junto a Daisy de 16 años esperan su primer hijo. Anselmo quedó desempleado hace cinco meses, Gildan —la empresa maquiladora para la que laboraba y donde trabajaba en el formato de 4×4 y ganaba el salario mínimo—, lo despidió tras cuatro meses de empleo con la promesa de contratarlo de nuevo cuando la pandemia por Covid-19 se termine, desde entonces, Anselmo trabaja de lo que sea que pueda encontrar para poder sostener a su familia, pero las inundaciones provocadas por las lluvias de la tormenta tropical Eta no solo han dejado sin esa posibilidad a Anselmo, también lo han dejado a él y a Daisy albergados en una escuela donde el censo del Comité de Emergencia Municipal de Puerto Cortés, indica que los damnificados son alrededor de dos mil.
La familia Chávez compuesta por 17 personas, 10 de ellos menores de edad, también están albergados en la Escuela Francisco Morazán, esta familia lo perdió todo, no han podido rescatar nada porque la crecida del río les sorprendió.
En esta escuela las personas se acumulan y las medidas de bioseguridad no existen, los Chávez cuentan que nadie les ha hecho pruebas para detectar Covid-19, un protocolo que según Copeco han estado cumpliendo en los albergues del país.
En la comunidad de Los Cruces, las calles están inundadas al punto de cortar el paso, el agua lo cubrió todo, y las personas de la comunidad perdieron sus pertenencias. Flor es una joven de 24 años que también es madre soltera, que para construir su pequeña casa sacó un préstamo, para poder trabajar sacó otro préstamo, pero con la inundación que provocó el aumento del caudal del río Chamelecón, lo perdió todo. Ahora, Flor y sus hijos no tienen más que una casa llena de lodo y un préstamo que pagar a un banco que no dejará de cobrarle a Flor la cuota mensual.
Los habitantes de la comunidad de Baracoa ahora temen que de persistir las lluvias y la crecida del cauce del río Chamelecón ante la llegada del Huracán Iota, el puente bailey que comunica la comunidad con la carretera hacia Puerto Cortés, terminará cediendo, dejándolos incomunicados.
Este antiguo campo bananero, convertido ahora en una plantación de palma aceitera, se debate entre la evacuación total por la amenaza que significa el huracán Iota y la de resistir hasta el último momento con el riesgo de quedar atrapados por el agua. El Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Hondureña y la Fuerza Naval de Honduras, han estado realizando labores de rescate y evacuación, pero algunos de los rescatistas aseguran que hay personas que no han querido abandonar sus casas por temor a perder sus pertenencias por robos y no por la posible inundación.
La transparencia en el uso de fondos públicos y donaciones no ha sido el fuerte de los gobiernos hondureños. Ahora, el presidente Juan Orlando Hernández crea una secretaría que podría amenazar la auditoría social y el Congreso Nacional propone sacar dinero de fondos de pensión.
En medio de los señalamientos por corrupción durante el manejo de la pandemia del COVID-19 y de la emergencia por los desastres que ha dejado la tormenta Eta, el Gobierno creó la Secretaría de Transparencia que trabajará directamente con Casa Presidencial para tener acceso a la información acerca del uso de fondos públicos, préstamos y donaciones, especialmente los que se utilizan para contener la pandemia y reconstruir lo que a su paso destruyó el huracán. Esta institución fue creada mediante el Decreto Ejecutivo número PCM-111-2020 y fue publicado el 6 de noviembre en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el decreto, esta nueva institución será líder en la coordinación, promoción, facilitación e institucionalización de la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción.
Entre las dieciséis funciones mencionadas en el decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta destacan la asesoría al presidente de la República y el gabinete de gobierno para la correcta implementación de las políticas anticorrupción, dar seguimiento a las recomendaciones hechas por organismos internacionales y coordinar con entidades competentes en la materia la implementación de la política de Estado abierto. También busca crear un Índice Nacional de Transparencia y facilitar alianzas para formar el Observatorio Nacional de Transparencia.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, juramentó el pasado lunes a María Andrea Matamoros Castillo como la titular de la Secretaría de Transparencia, hija del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral David Matamoros Batson, quien ahora funge como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La trayectoria de Matamoros Castillo en el Gobierno data desde 2011. Comenzó como asistente ejecutiva de la Ministra de la Presidencia y de la Designada Presidencial. Después fue parte de una consultoría para el seguimiento del plan de transición al nuevo gobierno entre 2013 y 2014.
Durante 2014 y 2015 se desempeñó como directora ejecutiva del Despacho del Secretario de Estado Coordinador de Gobierno y luego fue nombrada como subsecretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Encargada de Asuntos Consulares y Migratorios. En 2018, Matamoros Castillo fue designada como subsecretaria de Estado en el Despacho de Educación, cargo en el que no duró mucho, pues fue nombrada como secretaria de Estado en los Despachos de Comunicaciones y Estrategia y coordinadora de Marca País Honduras, cargo que ostentó hasta noviembre de este año, cuando fue juramentada como la máxima autoridad de la Secretaría de Transparencia. Estamos hablando de seis puestos en nueve años.
El anuncio de esta nueva secretaría, que tendrá las mismas atribuciones que otras instituciones que buscan combatir la corrupción, tomó por sorpresa a muchos, ya que la población estaba enfocada en la colaboración para los damnificados por el huracán Eta.
Ivonne Ardón, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), comenta que el jueves, un día antes de la publicación del decreto PCM-111-2020, en una reunión de trabajo le mencionaron que existía la idea de crear una Secretaría de Transparencia y le preguntaron qué le parecía esto, a lo que ella respondió que «habría que estudiar cuál va a ser el radio de acción de esta secretaría y cuáles serán sus competencias».
Durante esta plática, Ardón se enteró que ya solo faltaba afinar los detalles de este proyecto, porque le mencionaron que ya tenían a la persona que sería nombrada ministra.
«La sorpresa para todos es el domingo, cuando empieza a circular el PCM y que sale con fecha del viernes, entonces realmente no era un proyecto, era un acto consolidado y eso lo que establece es que ya había una decisión tomada de crear esta institución», dice Ardón.
«Presidente, reitero mi compromiso y lealtad con el pueblo hondureño para que juntos podamos construir una sociedad más justa y más transparente», indicó María Andrea Matamoros, al ser juramentada como ministra en la Secretaría de Transparencia.
Matamoros afirmó que «estamos dando un paso importantísimo que marca un antes y un después» porque, según ella, esta es la primera vez que Honduras tendrá una secretaría de Estado enfocada en este tipo de temas, ya que el objetivo de la institución es ser rectora de la integridad y transparencia para que dé paso a la participación ciudadana en procesos de veeduría social.
«La idea es prevenir la corrupción, fortalecer los controles internos dentro de cada institución, implementar el Gobierno Digital y modernizar el Estado», aseguró Matamoros Castillo. Además, mencionó que la transparencia es algo que le toca a toda la población hondureña, por lo que los distintos sectores de la sociedad y organismos multilaterales serán invitados a formar parte de una mesa multisectorial, con el propósito de construir una estrategia de transparencia que marque un antes y un después.
En su cuenta de Twitter, María Andrea Matamoros se comprometió para «hacer un trabajo diligente y puntual para que las Secretarías de Estado cumplan con las obligaciones ante el IAIP, así mismo atender todas las inquietudes que este pueda tener».
Mediante un comunicado, los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunciaron en contra de esta nueva secretaría, pues es contraria a lo que se establece en en el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública, indicando textualmente que «no deben crearse nuevos organismos de la Administración Central o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos». Es por lo que decidieron no participar en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se menciona en el artículo 10 del decreto PCM-111-2020.
Por su parte el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) asegura que esta secretaría no está encaminada a combatir la corrupción y a generar transparencia, sino que busca disminuir las capacidades y atribuciones de los entes competentes en temas de corrupción. El pronunciamiento de esta instancia de sociedad civil finaliza mencionando que «lamentamos completamente la costumbre del actual Gobierno de aprovecharse de las situaciones de calamidad y de la distracción mediática para crear elefantes blancos, además de valerse que la ciudadanía estaba inundada para la publicación de un decreto que ni entre los mismos secretarios de Estado fue socializado».
A estos pronunciamientos se suma el Tribunal Superior de Cuentas, pues el Pleno de Magistrados ve con preocupación la publicación del decreto que contiene la creación de la Secretaría de Transparencia, iniciativa que en ningún momento fue socializada con ellos. Los magistrados de este ente contralor del Estado de Honduras se reunieron con representantes del Poder Ejecutivo el pasado lunes 9 de noviembre, donde se concluyó la existencia de dualidad y subrogación de funciones que se le atribuyen a la Secretaría de Transparencia, que constitucionalmente competen al TSC y a otras instituciones e instancias del Estado. Tres días después, el TSC publicó en redes sociales un comunicado en el que advirtieron que presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para «defender la institucionalidad».
La pregunta que se hacen los distintos sectores de la sociedad es si esta nueva institución es una paralela al IAIP. A esto, Ardón responde que no es el caso, ya que el IAIP tiene una ley, una normativa que ya establece cuáles son las atribuciones, competencias y el radio de acción. Además fue creado mediante un decreto legislativo, que está por encima de un decreto del Poder Ejecutivo porque este último no tiene un mandato de ley.
Hermes Moncada, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, durante la conferencia de prensa donde se presentó el nuevo portal web de la institución. Tegucigalpa, 11 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
El IAIP tiene como obligación garantizar a la población el derecho a acceso a la información, que es un derecho llave que permite ejercer otros derechos como rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, Estado abierto, gobierno abierto, libertad de emisión de pensamiento y libertad de expresión.
Estos derechos deben ser tutelados por una institución que cuente con independencia decisional, sin subordinación a uno de los poderes del Estado. Todos estos derechos no los garantiza la nueva Secretaría de Transparencia creada por el presidente de la República en consejo de ministros.
Para Rafael Jerez de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), esta secretaría de Estado no cuenta con poder coercitivo y es innecesaria, pues ya hay otros entes que cumplen con varias de las atribuciones y obligaciones descritas en el decreto publicado en La Gaceta.
También menciona que la población no confía en el Gobierno central y esta autoridad ha fallado en comunicar y socializar las acciones y proyectos a ejecutar, especialmente en tiempos tan críticos como los que enfrenta el país actualmente, donde se ha visto que la ciudadanía ha tomado el liderazgo en la pandemia y el desastre natural.
El abogado de la ASJ agrega que la creación de este ente puede ser una estrategia para promocionar una presunta transparencia institucional y así cumplir con algunos marcadores necesarios para solicitar fondos más adelante.
Tanto Ardón como Jerez, opinan que esta nueva secretaría estaría haciendo parte del trabajo que le corresponde al Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público.
Manejo y veeduría de los fondos ejecutados
La población hondureña se ha volcado a apoyar a todos aquellos compatriotas que fueron fuertemente golpeados por el huracán Eta, después de que el ministro de Finanzas, Marco Midence, dijera que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para reconstruir la infraestructura dañada y auxiliar a los cerca de dos millones de damnificados en el Valle de Sula y la zona occidental del país. Durante una reunión con Juan Orlando Hernández, organismos internacionales y bancos multilaterales se llegó a la decisión de reorientar a esta emergencia algunos fondos que se habían destinado para la crisis sanitaria.
Los hondureños han estado pendientes de los movimientos financieros que ha realizado el Gobierno, pues se ha visto que las autoridades no han actuado de la mejor manera, tanto en el rescate como en el uso de los fondos disponibles. Incluso, varios ciudadanos llegaron a denunciar que la fuerza policial y militar no permitía el paso de los furgones que contenían donaciones recolectadas con esfuerzo de hondureños solidarios. Por otro lado, los hondureños en el extranjero se han enfrentado a distintos obstáculos, como el cobro de impuestos por ingresar contenedores con donaciones para los más afectados.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa se organizaron para recolectar ropa, alimentos e implementos de bioseguridad con la intensión de poder ayudar a las personas damnificadas tras el paso de la tormenta tropical Eta. La ayuda recolectada por los estudiantes universitarios se distribuye desde el día 6 de noviembre por sus propios medios y recursos en los albergues del Distrito Central (Comayagüela y Tegucigalpa) y la zona norte del país. Tegucigalpa, 7 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Debido a estas denuncias, el Congreso Nacional legisló esta semana para agilizar el ingreso de las donaciones. A la Administración Aduanera se le indicó aplicar todos los procedimientos y disposiciones administrativas necesarias para facilitar el despacho y repartición de las donaciones para contrarrestar los daños causados por este fenómeno natural. No será necesario realizar trámites adicionales ni estar inscritos en el registro de exonerados, tampoco contar con el certificado de elegibilidad para poder gozar de estos beneficios.
La desidia con la que Copeco y el Gobierno han trabajado esta última semana aumenta la desconfianza de la población, por lo que muchos ciudadanos han aportado víveres, insumos de bioseguridad e insumos de higiene personal sin involucrar al personal estatal. A pesar de que esto sea visto como una acción solidaria, no es sostenible, asegura Jerez, pues las donaciones, ya sean comida o dinero, se terminan.
Jerez menciona que lo que se vive en Honduras puede llevarnos a una nueva crisis, pues la población en todo el territorio nacional está pasando por circunstancias peores que las que en 2017 desencadenaron las protestas después de las elecciones generales, luego de la reelección de Juan Orlando Hernández.
En vista de todas las irregularidades que se han registrado a lo largo del año con los fondos destinados a la pandemia, el IAIP anunció la creación del Portal de Emergencia Huracán Eta, en el que las instituciones estatales están obligadas a publicar toda la información que surja de todas las gestiones administrativas realizadas para que la población hondureña pueda ver la documentación soporte de las donaciones, entrega de medicamentos, gastos e inversiones realizadas para atender a los compatriotas afectados por las torrenciales lluvias.
El Portal de Emergencia Huracán Eta se divide en cuatro secciones: programas y proyectos, remuneración de empleados, compras y contrataciones. En las categorías de compras y programas y proyectos, los usuarios podrán revisar los documentos en las etapas de evaluación y de adjudicación. Además, en la categoría de compras estarán disponibles los datos de los proveedores y la vinculación con los datos de COVID-19.
Al consultar por la sección de donaciones, el ingeniero Belarmino Reyes, gerente de verificación del IAIP, aseguró a Contracorriente que este apartado seguirá disponible en el Portal Único de Transparencia, pero en los próximos días se hará la vinculación con el portal de la emergencia por el huracán.
Este nuevo portal estará disponible para todo público a partir del lunes 16 de noviembre con la información recabada hasta el momento. Cabe señalar que las instituciones gubernamentales y las municipalidades están obligadas a actualizar el portal cada cinco días.
De esta manera se espera llevar un control de los fondos a utilizar en la reconstrucción de las zonas afectadas y el apoyo a los damnificados, además de garantizar a la población hondureña el acceso a la información pública.
Belarmino Reyes del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, presentando el nuevo sitio web de la institución. Tegucigalpa, 11 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Proyectos de ley que podrían resultar en corrupción
Mientras la población hondureña colabora con los damnificados del huracán Eta y se prepara para la entrada de la depresión tropical Iota, en el Congreso Nacional se presentó el proyecto de ley para crear la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible (Fondes). Esta sería una sociedad mercantil capitalizada con las aportaciones realizadas en instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Entre las instituciones a incluir en esta sociedad estarían los bancos, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones y cesantías y los institutos de previsión.
Los recursos obtenidos a través de las instituciones mencionadas anteriormente serían destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura que favorezcan al crecimiento socioeconómico e inclusivo en el país, además de beneficiar a la mayor parte de la población. De esta manera se busca promover la inversión nacional y extranjera directa en iniciativas rentables que conlleven a una distribución de las ganancias obtenidas.
En el proyecto de ley se hace mención sobre las inversiones con los recursos de los entes gubernamentales hondureños, estas deben ser realizadas en el país en instrumentos en valores nacionales de capital o deuda que sean emitidas para el financiamiento de obras de desarrollo. «A fin de captar recursos extranjeros y de fomentar las inversiones de organismos internacionales, la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible que se constituya podrán estar domiciliadas dentro o fuera del país», indica el proyecto presentado en el hemiciclo legislativo.
Además, se hace la salvedad que el Consejo de Administración ni sus integrantes serán responsables de inversiones que provoquen pérdidas por valoración en la cartera de Fondes, dando a entender que los órganos de dirección de los inversionistas institucionales serán responsables por las pérdidas solo si la inversión se autoriza en contradicción a las opiniones técnicas.
El proyecto de ley para la aprobación del Fondes tiene cierta similitud con el sistema chileno, en el que el Gobierno puede disponer de los fondos de pensiones y jubilaciones para hacer inversiones que a corto o largo plazo generan ingresos para el Estado. Después de la inversión, se devuelve el dinero a las instituciones públicas o privadas que lo prestaron y las ganancias van a las arcas del Estado.
Un militar realiza una llamada telefónica en la entrada de la Escuela Profesor Toribio Bustillo de la colonia Las Brisas. Todos los albergues de la capital hondureña tienen presencia militar. Comayagüela, 7 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, a través de Twitter expresó que había leído el dictamen del proyecto de ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés y le llama mucho la atención el artículo 20, «¿por qué incluir una norma que limita la responsabilidad en que pueden incurrir sus miembros?», pregunta Santos al referirse al artículo 20 de este documento. Agregó que «según dicho artículo, sus miembros podrán abusar de la ley, traficar con influencias, falsificar documentos, apropiarse de fondos siempre que no sean sobornados, se enriquezcan o laven dinero. La inclusión de este tipo de normas en dictamen de proyecto de ley hace que se dude de todo».
Pero Santos no es el único que no confía en esta idea, ya que Hugo Noé Pino, economista y expresidente del Banco Central de Honduras, opina que se viene una piñata con el dinero de los jubilados, pues los administradores del FONDES no se responsabilizarán por las pérdidas derivadas de las malas decisiones que se tomaron. También comentó que «la aprobación por el Congreso Nacional de Fondes para la utilización de los recursos de los institutos de previsión social y del RAP en proyectos de dudosa rentabilidad es un abuso de «JOH» y Mauricio Oliva. Estos dineros son de los aportantes para sus jubilaciones».
El municipio de La Lima es uno de los lugares más afectados luego de que la tormenta tropical Eta provocara inundaciones en todo el Valle de Sula, en el norte del país, haciendo que los recuerdos del huracán Mitch vuelvan a la memoria de quienes atravesaron el trauma de haberlo perdido todo en 1998.
La noche del 12 de noviembre, Santiago Motiño, alcalde del municipio de La Lima, realizó un Facebook Live, mientras fumaba un cigarro, para alertar a la población del municipio sobre la posibilidad de que La Lima volviera a sufrir inundaciones en los próximos días, como las que sufrió la semana anterior. «No estamos para llorar por la leche derramada, nadie es culpable, somos culpables todos y cada uno de nosotros por aferrarnos a nuestros aposentos», dijo Motiño, mientras fumaba y narraba los hechos de la devastación en el municipio donde él es la máxima autoridad.
En la colonia Canaán las personas lo perdieron todo. Así lo cuenta entre los restos de lo que antes era su casa, Rey, un hombre de 72 años, que lamenta lo sucedido mientras ve cómo toda su ropa está llena de lodo y agua. «Nos acostamos creyendo que el agua no iba a llegar», dice, y el agua sí llegó y lo inundó todo. Jenny de 34 años es la nuera de Rey, ella y sus tres hijas vivían frente a la casa de Rey y su esposa. Jenny ha vuelto a su casa, pero ni siquiera intenta rescatar algún electrodoméstico o su cama, todo por lo que ha vuelto es por las fotografías de su hijo y su esposo, quienes hace un año fueron asesinados, y cuando las tiene en sus manos ella y sus hijas salen de los escombros de su hogar.
La Lima luce devastada tras el paso de la tormenta tropical Eta, dejando en evidencia la frágil infraestructura del municipio y la poca capacidad del Gobierno hondureño por resolver las condiciones actuales del municipio.
Seferina Lara, de 96 años, vive sola desde hace 20 años y ha quedado en silla de ruedas, reside en la colonia Los Ángeles, del municipio de La Lima, donde ha vivido desde 1964. Luego de que el agua invadiera su hogar, tras el paso de la tormenta tropical Eta, esta anciana está a la espera de que alguien la ayude a evacuar. Si vuelve a llover y si nadie le ayuda, Seferina, sus gallinas y su gato —cuenta ella desde el temor— morirían ahogados. Seferina no tiene agua potable desde hace dos semanas y nadie del Gobierno le ha ayudado. Ella los ve pasar frente a su casa y les pide ayuda pero esa ayuda jamás llega, explica. Come porque la gente que pasa frente a su casa le da comida.
Hace 20 años que tres de sus cuatro hijos migraron hacia Estados Unidos, pero desde entonces no ha sabido nada de ellos, no sabe —dice— si están vivos o muertos. Antes de quedar en silla de ruedas, Seferina trabajaba como vendedora ambulante y con este trabajo crió a sus cuatro hijos, uno de ellos está muerto y los otros tres desaparecidos en la ruta migratoria. Hace cuatro años que Seferina no ha vuelto a trabajar confinada a la silla de ruedas, ahora vive de lo que la gente que pasa frente a su casa le da.
Otra de las colonias severamente afectadas por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Eta es la 23 de septiembre, a la orilla de la CA-13 que conduce hacia la ciudad de San Pedro Sula. Allí, al menos unas doscientas familias resultaron afectadas por las inundaciones y ahora permanecen sobre la mediana de la carretera en algo que recuerda mucho a un campamento de refugiados.Las personas que no están aquí han salido huyendo del municipio después de que se declarara zona cero en el Valle de Sula y luego de que la tormenta tropical Eta devastara al municipio.
Copeco ha alertado de la posibilidad que en las próximas horas otra tormenta tropical afecte más al debilitado territorio del Valle de Sula, el más fértil del país.
La Secretaría de Salud incumplió un requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ante una solicitud presentada por Contracorriente en la que pedimos copia de los resultados de las pruebas en las que presuntamente resultó positivo por COVID-19 el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Ahora el pleno de comisionados del IAIP emitió una resolución legal para la entrega de la información, que si se incumple llevaría el caso ante la Procuraduría General de la República.
Fotografía tomada de la página web de Casa Presidencial
El pasado 18 de junio Contracorriente solicitó, vía Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), la copia íntegra de los resultados de prueba rápida y proteína c-reactiva (PCR) para COVID-19 concluyente del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Esto ante la manifestación pública de Hernández la noche del 16 de junio en cadena de radio y televisión en la que afirmó que, junto a su esposa, Ana García Carías, recibieron el diagnóstico positivo en pruebas de laboratorio. Más tarde la oficina de la Presidencia de la República emitió un comunicado reforzando las declaraciones e indicando que la prueba positiva era una PCR para la detección del virus.
En ese mismo comunicado se indicaba que el presidente y la primera dama estaban tomando el tratamiento MAIZ compuesto por Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Zinc, esto como parte del método sugerido por la Secretaría de Salud para bajar la carga viral en pacientes positivos por COVID-19. Seis días después en un informe de transparencia publicado a través de María Andrea Matamoros, en ese entonces secretaria de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, se reportó que hasta ese momento el gobierno había destinado 50 millones de lempiras para la compra de los medicamentos que conforman los tratamientos MAIZ y CATRACHO -otro tratamiento aplicado por el gobierno- en su primer fase de adquisición.
En el caso del tratamiento MAIZ, el Centro de Medicina Veterinaria de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ya había mostrado su preocupación en un comunicado donde indicó que «se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina puede ser segura o efectiva para prevenir o tratar el coronavirus o el COVID-19».
Finalmente Hernández fue ingresado la mañana después de su anuncio público en el Hospital Militar, esto como precaución ante el resultado de los exámenes que presuntamente detectaron «infiltrados leves en sus pulmones», según el doctor Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
«Su estado general de salud es bueno, sin embargo, los hallazgos de hoy han provocado que el equipo médico, integrado por neumólogos, intensivistas, cardiólogos, recomendaron e indicaron que su manejo sea intrahospitalario», señaló Contreras.
Cinco días después, el 23 de junio, la Secretaría de Salud categorizó la información de la prueba del presidente como reservada y denegó la solicitud violentando la Ley de Acceso a la Información Pública y estándares internacionales. La justificación enviada por la unidad de transparencia de dicha secretaría indicaba que «de acuerdo al art. 3 Literal 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace referencia a los datos personales confidenciales como ser los relativos al estado de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen».
Mientras se mantuvo en hospitalización, Hernández participó en un conversatorio virtual con productores y sancionó una reforma a la Ley de Auxilio al Sector Productivo que declaraba una prórroga en la declaración tributaria de pequeños empresarios. Hernández se ausentó de sus labores de manera presencial como presidente al estar hospitalizado, sin embargo no delegó sus funciones a un designado presidencial, en medio de una emergencia nacional. Finalmente, el 2 de julio Hernández recibió el alta hospitalaria y dijo en conferencia de prensa al salir del centro hospitalario: «hemos superado una prueba más que la vida y Dios nos han dado, estoy feliz por este momento», y cerró afirmando que «de la mano de Dios, ¿quién dijo miedo?» . Ese día se reportaron 49 muertes a causa del virus a nivel nacional.
Hernández fue anunciado como el primer presidente de América que contrajo la COVID-19, sin embargo, a pesar de las resoluciones del IAIP, la Secretaría de Salud ha ocultado la información de los resultados ante una solicitud hecha por Contracorriente.
El 7 de julio Contracorriente interpuso recurso de revisión en contra de la Secretaría de Salud donde se señalaba entre diversos puntos que, en primer lugar, la información solicitada no amenaza con causar daño al presidente, ya que fue él mismo quien anunció el resultado de las pruebas de laboratorio; y en segundo lugar, que de no obtener la información, se causa perjuicio al interés público ante la ausencia del presidente de sus labores durante 15 días. Además, se apuntó que si la prueba resultó negativa, implica responsabilidad administrativa y política frente a todo el país.
El recurso de revisión fue recibido por el pleno de comisionados y el 15 de julio el abogado Hermes Moncada, comisionado presidente del IAIP, firmó un requerimiento en donde ordenaba a la licenciada Alba Flores, secretaria de Estado en el Despacho de Salud, la entrega de la información en un plazo máximo de tres días, si no, citaba el documento: «se impondrán sanciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública».
Finalmente, el requerimiento fue enviado a la Secretaría de Salud hasta el 5 de agosto y resuelto un día después con la misma justificación con la que se denegó la información en principio. Ante esto no se impusieron las sanciones del caso por lo que Contracorriente solicitó la apertura de un proceso administrativo sancionatorio según la Ley de Transparencia.
Ante esta demanda, la Unidad de Servicios Legales del IAIP emitió el dictamen USL-356-2020 en el que se da lugar al recurso interpuesto, provocando la emisión de la resolución del pleno de comisionados del IAIP del 30 de octubre en el que se ordena nuevamente «la entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información solicitada», especificando que se ha determinado como consentimiento las declaraciones públicas realizadas por Hernández. La comunicación de esta resolución fue emitida el pasado lunes, sin embargo, hasta el momento de esta publicación Contracorriente no ha recibido ningún llamado de la Secretaría de Salud.
El incumplimiento de esta resolución llevará a que el IAIP traslade en los próximos días el caso ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que ejecute la resolución y aplique una sanción económica a la licenciada Alba Flores como titular de la Secretaría de Salud, dicha sanción puede ser de 36 000 lempiras (1400 dólares) hasta 600 000 lempiras (24 000 dólares).
El abogado Vladimir Mendoza, comisionado secretario del IAIP, señaló que es dudoso el motivo por el que Hernández, como presidente de la República, no puede presentar los resultados de la prueba PCR si otros precandidatos de partidos políticos dieron a conocer los resultados de sus diagnósticos en los últimos meses.
Mendoza explica que la misma Ley de Transparencia «no deja ir un poquito más allá», ya que tenían la intención como pleno de realizar ellos mismos la ejecución administrativa del caso para la entrega de la información, pero apunta que hay un impedimento en la ley que le da estas atribuciones exclusivas a la PGR.
«Esperamos que la PGR trabaje de acuerdo con la importancia del caso, porque hemos visto que muchos de los recursos de revisión que llegan a esa instancia no se interponen las acciones en los juzgados correspondientes», y agregó que esperan pronto una reforma en la Ley de Transparencia donde se defina rango constitucional para dicha institución.
Mendoza explica que desde que este pleno entró en funciones hace un año se han remitido más de 400 casos ante la PGR, sin embargo, también señala que carecen del recurso técnico y humano para el trabajo requerido. «No nos han aprobado presupuesto ni para el equipo de bioseguridad», explica.
La Secretaría de Transparencia que controlará el presidente
Aunque no son acontecimientos vinculados, el mismo día que el IAIP comunicó la resolución del pleno a la Secretaría de Salud también se nombró a María Andrea Matamoros Castillo —hija de David Matamoros Batson, titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)— como ministra de la nueva Secretaría de Transparencia creada mediante decreto ejecutivo PCM 111-2020 en el que se define que «esta Secretaría emitirá lineamientos generales de transparencia y rendición de cuentas, cuyo cumplimiento por parte de las instituciones del poder público, será de carácter obligatorio».
Este decreto ejecutivo autoriza la creación de tres oficinas de dirección y un despacho presidencial que centralizará las denuncias ciudadanas por corrupción y se encargará de asesorar al presidente en temas de transparencia. En ese sentido, diversas instituciones privadas y de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestaron su descontento ante lo que califican es una acción encaminada a disminuir las capacidades adquiridas por las instituciones en la lucha contra la corrupción.
Ante la oposición por la creación de la Secretaría de Transparencia, el Gobierno señaló que se trataba de mantener el privilegio de grupos económicos y familiares, sin embargo, el nombramiento de Andrea Matamoros se hizo sin considerar que su padre ya es funcionario.
Además, en un comunicado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló su preocupación ante la «existencia de dualidad y subrogación de funciones que se le atribuyen a la Secretaría de Transparencia, que constitucionalmente competen al TSC y a otras Instituciones e Instancias del Estado», y señalaron que de no corregirse este decreto emprenderían acciones legales para garantizar el respeto a sus atribuciones como ente fiscalizador.
El abogado Vladimir Mendoza señala que lo más preocupante para ellos es «que el IAIP vaya perdiendo la institucionalidad que tanto necesita, si se ha creado una institución paralela que puede ejercer las mismas funciones que el IAIP va a confundir al ciudadano y, además, ¿quién puede garantizar que la información que reciba esta institución será custodiada y no será alterada o eliminada?».
El paso del huracán Eta por nuestro territorio ha dejado muerte, desolación y sin duda ha profundizado más la pobreza a la que está sometida el 67.4 % de la población hondureña, según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Si antes de la pandemia por la COVID-19 las proyecciones de crecimiento económico real que se traducía en mejorar la calidad de vida de las mayorías empobrecidas no eran esperanzadoras, con la llegada de Eta a Honduras el panorama es más sombrío.
Muchas personas, además del profundo e indescriptible dolor de perder familiares, amigos y compañeros, perdieron sus bienes o lo poco que con tanto esfuerzo habían obtenido intentando vivir con un mínimo de dignidad. Yo me encuentro entre las personas afortunadas y privilegiadas, pues a pesar de que el río Pelo se desbordó a unas cuadras de mi casa, se quedó a unos metros y no continuó subiendo. Fueron noches de angustia sin tener comunicación con nuestras familias y aunque me mantuve informada siempre (a la manera antigua con un radio de baterías y de manera efectiva a través de Radio Progreso), no tenía claridad de la dimensión de la tragedia.
Cuando la lluvia cesó, salí a comprar víveres y confieso que aunque creía estar informada de lo que estaba pasando por lo que escuchaba en las noticias, chocar de frente con esa realidad tan dolorosa y ver a tantas personas en la calle: bebés, niñas, niños, mujeres, hombres, personas mayores con sus rostros desolados y desesperanzados apenas con su ropa y algunos con sus mascotas, me partió.
Luego pensé en las muchas mujeres que observé cargando bebés, amamantándoles o alimentando a sus hijos, cuidando a personas mayores, distribuyendo alimentos, asegurándose que toda la gente se alimentara, incluso antes que ellas. Estas eran escenas que retrataban la secundarización de las mujeres, siempre cargadas de los trabajos de cuidados y siendo las últimas en satisfacer sus necesidades más básicas. Si bien a los hombres también les afecta las consecuencias de una crisis como esta, a las mujeres nos golpea de una manera desproporcionada, por muchos factores, entre ellos el económico y la vulnerabilidad a ser objeto de violencia a la que estamos constantemente expuestas por razones de género.
Con relación al tema económico hay datos concretos que muestran sin lugar a dudas que las mujeres en todo el mundo (Honduras no es la excepción), tenemos las peores condiciones económicas, es lo que conocemos como la feminización de la pobreza. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, de cada diez personas pobres siete son mujeres. Por su parte ONU Mujeres señala que «en todo el mundo, las mujeres ganan menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y el 75 % del salario de los hombres» .
Los datos revelan que las mujeres tienen más opción de empleo, pero en el ámbito informal, lo que se traduce en empleos precarios y mal remunerados. Solo con estos datos es clara la desventaja económica y con mayor vulnerabilidad frente a las condiciones que tienen los hombres, mismas que se sostienen por el sistema patriarcal y que en muchos casos se profundiza por factores de discriminación interseccional, es decir aquellas mujeres que además de su condición económica precaria suman factores como el ser niñas, mujeres mayores, con discapacidad, pertenecer a la diversidad sexual o pertenecer a un pueblo originario, entre otros.
Creo que también es oportuno y de vital importancia referirme a la paternidad irresponsable, para esto no requiero acudir a datos estadísticos, pues es una dolorosa realidad que constato todos los días en el trabajo que realizo (abogada y jueza), ya que una de las formas de violencia doméstica más frecuente es la violencia patrimonial o económica. Miles de madres y, en concreto según datos de la Cepal, 700 000 hogares en Honduras son sostenidos únicamente por mujeres, es decir que si previo a la pandemia por la COVID-19 las condiciones económicas de las mujeres y las posibilidades de desarrollo real ya estaban comprometidas bajo el auspicio del sistema patriarcal en contubernio con el capitalismo explotador.
Sumada esta otra crisis causada por los embates de Eta, la situación puede agudizarse si no se toman las acciones necesarias que requieren miradas y esfuerzo estatales con enfoque de género. Significa que muchas de esas mujeres que vi en la calle son mujeres que además de haberlo perdido todo, enfrentan la vida, la alimentación de sus hijos e hijas sin la debida corresponsabilidad de los padres y sin que lamentablemente haya manera coercitiva para que los progenitores irresponsables cumplan con su obligación.
La situación de vulnerabilidad que vivimos las mujeres a ser objeto de violencias —es decir la violencia por razón de género— y hablando específicamente de la violencia doméstica, es la segunda causa más frecuente de denuncia en el país. Según datos del Ministerio Público y de estas acusaciones al menos el 98 % son interpuestas por mujeres. Si en la «normalidad» el «estrés de las deudas o de la vida diaria» ha sido una excusa que los agresores expresan como justificación para violentar a sus parejas, de manera empírica podemos esperar que en el escenario actual esa forma de violencia contra las mujeres se exacerbe.
Recordemos la obligación estatal en el marco de emergencias, tal como ocurrió con la pandemia por la COVID-19: «La CIDH llama a los Estados a cumplir con su deber de debida diligencia, investigando los hechos de manera pronta y exhaustiva, juzgando y sancionando a sus responsables, y reparando a las víctimas y sus familiares. Estos procedimientos deben contener un enfoque de género y la protección integral a las víctimas». Además de la violencia doméstica existen otras formas de violencia contra las mujeres y niñas como la violación sexual y el acoso, que no son denunciadas de manera frecuente por diversas razones, entre ellas el miedo al agresor o que a este se le proteja por ser pariente cercano, enfrentarse a una justicia patriarcal, la culpabilización de las victimas, entre otras. Todo esto evidencia los fallos por parte del Estado que debería ser garante de derechos.
La ONU ha dicho que en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, estas formas de violencia que en situaciones de crisis como la generada por Eta sitúan a niñas, niños y mujeres en situación de mayor riesgo. Sin embargo, con enorme dolor —aunque no con asombro— en este momento he leído denuncias en redes sociales sobre violaciones y agresiones sexuales a niñas y mujeres en albergues.
Debe ser traumante y profundamente doloroso que después de salir huyendo del hogar para salvar su vida, estar en la situación de víctima por agresión sexual.
Estos actos condenables vienen desafortunadamente a reafirmar que la niñez y las mujeres se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad especialmente en situaciones de crisis o emergencias. Ante estos hechos es necesario en primer lugar visibilizar estas realidades, acompañar desde el respeto y la ternura a las víctimas, exigir justicia y continuar accionando y demandando para que el Estado por fin cumpla con sus obligaciones internacionales de protección a la mujer y que en este momento de emergencia, donde niñas y mujeres se encuentran en albergues temporales, refuerce la debida diligencia, en el sentido de tomar decisiones apegadas a los estándares internacionales de protección a mujeres y niñez.
Es de suma importancia que se garantice el derecho a vivir una vida libre de violencias, con un enfoque de género integral de prevención, investigación, sanción a los responsables y reparación de las víctimas. Hoy más que nunca debemos ser vigilantes, pues en una sociedad como la nuestra en la que se «sobrevive» en crisis permanente evoco las palabras de Simone de Beauvoir: «No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida».
Para darle auxilio al sector productivo por el COVID-19, el Gobierno de Honduras autorizó endeudarse hasta por 2500 millones de dólares, y le encargó a un banco estatal dar las garantías y créditos que favorecieran a la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, esta investigación encontró que, a pesar de las promesas, el dinero ha beneficiado más a la banca privada, conglomerados empresariales y compañías medianas. A la microempresa casi no ha le ha llegado alivio oficial.
De La Montaña Café es una microempresa que vende diversos tipos de café que venía creciendo, sobre todo desde 2017, cuando empezó a conquistar decenas de nuevos clientes desde su pequeño local en una torre corporativa en Tegucigalpa, la capital de Honduras. La dueña del negocio, Monserrath Morazán, estaba complacida de su progreso: se había ganado varios concursos de cata y sus empleados ya eran cuatro.
La pandemia puso fin a todo. Tuvo que cerrar la tienda desde el 16 de marzo, después de que el Gobierno decretara el estado de excepción y la cuarentena para frenar el contagio. Pero tenía que seguir pagando alquiler y como no tenía ingresos se endeudó. En julio la microempresaria tuvo que entregar el local, despedir a tres empleados y ponerse a trabajar desde su casa. Algunos de sus clientes le siguieron comprando café en grano y molido, pero las ventas quedaron reducidas a la tercera parte, y con ello consiguió pagar la deuda al banco.
«Hemos estado completamente solos», dice Monserrath a Contracorriente por teléfono. «Todos los días estamos intentando hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero nadie se ha acercado a ayudar».
Para abril de este año, ya casi cuatro de cada diez Mipymes habían cerrado operaciones temporalmente.
Créditos sí hubo, pero ¿para quién?
El presidente Juan Orlando Hernández dijo el pasado 16 de agosto que «la economía mundial está seriamente afectada, incluyendo la de Honduras, pero el efecto es mayor en la micro y pequeña empresa» y agregó que «todos tenemos que actuar para apoyarles».
Ese ha sido el discurso gubernamental desde abril, señalando que la prioridad del creciente endeudamiento público de Honduras es aliviar el impacto que la emergencia sanitaria tuvo en empresas y trabajadores.
El país ha suscrito 1054.6 millones de dólares en préstamos con nueve organismos multilaterales y bonos internos, según datos del Plan de financiamiento para atender los efectos derivados del COVID-19 de la Secretaría de Finanzas.
Siendo las 300 000 medianas y pequeñas empresas o Mipymes —como De la Montaña Café— las que en Honduras generan entre el 70 y el 80 % del empleo del país, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto hondureño, sería de esperar que ellas tuvieran la prioridad en este esfuerzo.
No obstante, esta investigación de Contracorriente —que hizo parte de la colaboración transfronteriza Siguiendo el dinero de la COVID-19, junto con la alianza Guateleaks de Guatemala, Contracorriente de Honduras, el Canal 13 Noticias de Costa Rica y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística(CLIP)— revela una realidad muy distinta.
El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) —una entidad oficial de segundo piso y primer piso que coloca fondos de redescuento en la banca privada para beneficiar al usuario final— ha facilitado préstamos para programas de apoyo a la producción y las Mipyme.
Oficinas del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, BANHPROVI. Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Como explica el economista Hugo Noé Pino el redescuento es un mecanismo por el cual «los bancos inicialmente los prestan con su dinero, pero luego Banhprovi les reembolsa la cantidad total de lo que han prestado». Al final, dice que «solo sirven como intermediarios para llegar al usuario final».
«Banhprovi puede prestar directamente a la banca privada, pero existe un gran riesgo en que si los préstamos que da este banco estatal no tienen control, la mora será muy alta y puede llegar a la quiebra».
Contracorriente solicitó la lista de los cien principales créditos otorgados a empresarios bajo este mecanismo —entre el 27 de marzo y el 20 de octubre— al Banhprovi y encontró, que el mayor préstamo en pandemia fue para el Grupo Jaremar, dueño de la cuarta parte de la producción de aceite de palma en el país, con más de 1500 hectáreas de palma cultivadas en el Bajo Aguán.
Mediante siete solicitudes de crédito distintas, este conglomerado obtuvo 80 millones de lempiras (3,3 millones de dólares) con destino, entre otros, a la compra de un vehículo de trabajo y al cultivo de la palma en una zona que vive un conflicto agrario que se ha agudizado en la última década.
Otro de los grandes créditos por 28 millones de lempiras (1,1 millón de dólares) lo obtuvo la Compañía Azucarera Tres Valles, para la generación y producción de energía a través de biomasa.
En total, estos 100 créditos mayores otorgaron 1784 millones de lempiras (72,8 millones de dólares) distribuidos así: 1049 millones de lempiras (42,8 millones de dólares) fueron créditos de producción (agroindustria, palma aceitera, energía renovable, sector hotelero, maquinaria agropecuaria); y 735 millones de lempiras (30 millones de dólares) fueron créditos para del sector Mipyme.
Entre los beneficiarios de créditos menores figura el particular Asterio Reyes Hernández, dirigente del Partido Nacional, expresidente del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) y padre de Samuel Reyes, exministro de Defensa en el primer periodo del actual presidente.
El economista Pino explica que estos recursos de redescuento «casi siempre se han destinado para medianos y grandes empresarios, difícilmente van para pequeños empresarios; van para los productores de palma africana que muchos de ellos tienen cientos de hectáreas, para los grandes productores de granos básicos, pero no a los campesinos».
No solo a los empresarios grandes les va bien con estos préstamos, a los bancos privados también. En estos créditos la tasa anual que le cobró el Banhprovi a los Intermediarios Financieros (banca privada) fue de hasta el 4 %, pero los bancos pueden fijar tasas para el solicitante de crédito de hasta el 13 %. En ese margen reside la ganancia de los bancos.
El Banco Ficohsa fue el que más otorgó créditos por 272.9 millones de lempiras (11 millones de dólares) que luego le reembolsó la banca oficial (redescuento). Obtendrá una ganancia por el margen de intermediación entre bajo crédito que le dio al gobierno y el interés más alto que les cobró a los clientes.
Ley de auxilio no es para todos
Otra forma que el Estado anunció como ayuda a los empresarios medianos y pequeños que habían tenido que cerrar durante las restricciones obligatorias impuestas por la emergencia sanitaria, fue la Ley de auxilio al sector productivo y los trabajadores ante los efectos de la pandemia, aprobada por el Congreso Nacional a finales de abril de 2020.
El dinero para poner en práctica la ley salió de un préstamo que firmó el Banco Central de Honduras (BCH) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 200 millones de dólares. El BCEI había trazado un plan de acción del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica y con él de guía otorgó préstamos a varios países de la región, entre ellos Honduras.
Con estos fondos, el BCH creó dos fideicomisos con el banco estatal Banhprovi para la administración de este mismo número de fondos de garantía. Uno para Empresas de Mayor Tamaño (EMT) —alrededor de 950 empresas a nivel nacional— de 1900 millones de lempiras (77 millones de dólares), y otro de 2500 millones (102 millones de dólares) para beneficiar al sector Mipyme.
Como funciona el mecanismo es que los fondos emiten certificados de garantía en favor de los empresarios, quienes, al pedir un crédito en la banca privada, solo tendrían que presentar garantías —hipotecarias, mobiliaria o fiduciaria— entre el 10 y 35 % del valor del préstamo en el caso de las Mipyme, el sector esencial para el que se anunció principalmente este beneficio.
Según explica el economista Pino: «si la empresa al final no paga, entonces Banhprovi tiene que pagar el riesgo que asumió el banco que en este caso puede ser hasta el 90 % del préstamo.
Por radio y televisión, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró el 24 de abril que esta medida representaba «el oxígeno» para que las Mipyme no mueran ante la crisis.
«La gran mayoría de los deudores del país como empresas, son micro, pequeñas y medianas», dijo entonces el presidente Hernández. «Bueno, ahora tendrán un beneficio del 90 % en la garantía de su crédito para que fácilmente el banco, la cooperativa o la financiera le preste a usted, porque el Estado va a asumir hasta el 90 % de esas garantías».
Para conocer a quiénes les estaban llegando estas garantías, Contracorriente hizo una solicitud de acceso a la información pública para obtener un listado de las garantías emitidas por Banhprovi, provenientes de los dos fondos que administra Mipyme y Empresas de Mayor Tamaño.
En ambos listados no se identifican nombres del usuario final, por lo que no se puede saber el tipo de empresa a la que se ha otorgado el certificado de garantía. En el caso del Fondo de Garantía Mipymes, los 50 principales certificados suman un total de 122.7 millones de lempiras (5 millones de dólares), mientras que en el Fondo de Garantía Empresas de Mayor Tamaño las 15 garantías que se han dado desde el 24 de abril hasta el 29 de octubre, alcanzan los 196.1 millones de lempiras (8 millones de dólares). En otras palabras, monto del total de garantías otorgadas a 15 Empresas de Mayor Tamaño es mayor a la dada a las principales 50 del fondo Mipyme.
«¿Se acuerda que el Gobierno se supone que estaba dando unas garantías del 80 %?», dijo en la entrevista telefónica la dueña de De La Montaña Café, Monserrath Morazán, quien no tiene deudas pendientes. «Yo probé en BAC y Banco Atlántida, a mí no me dijeron que me cubría el 80 % ni nada. Me pidieron una prenda en garantía que representara el 70 % del valor que solicité, no puedo arriesgar algo si no sé cómo será el futuro».
Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (ANMIPH), asegura que cuando las autoridades dicen que han favorecido a la Mipyme con cierta cantidad de créditos, o que han exportado o que el Estado les ha comprado determinados millones. En todos esos casos no se refieren a las Mipyme. «Están ayudando a la mediana empresa que al final también son empresas estables como las grandes», dice. Según Escobar, los pequeños empresarios, no tienen la garantía que los bancos piden.
«Los bancos nos piden que no vivamos en barrios que están en riesgo social, la mayoría vive en barrios de riesgo social y nuestras propiedades no le sirven a la banca, no las aceptan. No tenemos otras propiedades, nosotros solo nos tenemos a nosotros».
La presidenta asegura que la banca está desconociendo esta ley. «La banca prefiere prestarle un millón a un empresario de la mediana empresa que un millón a diez empresarios de la micro y pequeña», dice, y sin embargo al Gobierno le corresponde sacar adelante el sector económico que más empleo genera en el país.
Otro problema en el que coinciden varias fuentes, es que las mipymes tampoco han podido acceder a esas garantías porque como la mayoría se endeudó para subsistir durante los meses de cierre, están reportadas en la central de riesgos.
«Este tipo de fondos de garantía pueden ser útiles», dice el economista Pino, pero no alcanza a la microempresa que no es sujeta de crédito por la deuda que ya tiene en el sistema financiero. Escobar coincide: «no podemos sacar dinero de la banca porque estamos en la central de riesgos».
«La única manera de que el banco le preste a la Mipyme es que el Estado asuma una garantía porque la crisis no es predecible», dijo a Contracorriente vía Zoom, Mayra Falck, economista y presidenta ejecutiva de Banhprovi. «Entonces el Estado emite la garantía y le dice al microempresario: no se preocupe, si va a pedir menos de 300 000 lempiras (aproximadamente 12 000 dólares), le cubrimos el 90 %”. Sin embargo, también explica que el requisito para acceder a la garantía tiene que ver con que el banco haya calificado a las empresas, no con que Banhprovi las haya calificado. «La moral de pago es lo más importante», asegura.
En resumen, el microempresario que no puede pagar sus deudas por la caída de las ventas que trajo el cierre decretado por el Gobierno por la emergencia sanitaria, es quien más necesitaría que el Estado avale sus créditos con la banca privada para poder salir de la crisis. Pero el Banhprovi solo le da la garantía si los bancos privados certifican que no tiene deudas pendientes. Y como las tiene no le dan el auxilio estatal.
El economista Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo a Contracorriente que da la impresión de que el diseño de este programa de fondos de garantía era para «dejar fuera, desde un inicio, a la mayor parte de las micros y pequeñas empresas, que no iban a poder reunir las características para acceder a los fondos».
«No basta que el discurso político diga que se va a proteger a este sector si eso no se transforma en el establecimiento de medidas que realmente lo hagan», concluyó.
Una mujer es atendida en un restaurante de comida mexicana en el Casco Histórico de la capital hondureña. Tegucigalpa, 25 de agosto de 2020. Foto: Martín Cálix.
Contrato con Confianza
En todo caso no es el Banhprovi el que otorga directamente las garantías. Cuando tuvo que hacerse cargo de administrar potencialmente 50 000 o más garantías para las pequeñas empresas, resolvió subcontratar el proceso con una empresa privada de los mismos bancos.
El 27 de mayo, cuando ya se había conformado el fideicomiso para que Banhprovi administrara el fondo de garantía dirigido a las Mipyme, Falck envió una carta pública a Mario Agüero Lacayo, vicepresidente ejecutivo de Banco Atlántida —uno de los bancos privados más importantes del país— y presidente de la junta directiva de Confianza Sociedad Administradora de Fondos de Garantía (Confianza SA-FGR), para solicitarle una oferta económica y técnica que propiciara la tercerización del servicio de la emisión de las garantías que iban a solicitar los Mipymes en la banca privada, y que Banhprovi esperaba llegaran a las 50 000 emisiones mensuales.
Según documentos públicos, los accionistas de Confianza son los tres bancos privados del país: Banco de América Central (BAC), Banco Atlántida y Banco Ficohsa.
Confianza, según documentos públicos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, está autorizada para emitir garantías y administrar fondos que faciliten el acceso al crédito, y se encargaría primordialmente de la emisión y entrega del certificado de garantía en los casos que un empresario solicite crédito en las instituciones de la banca nacional.
«Emitir 50 000 garantías mensuales sin la plataforma necesaria, no era natural. La plataforma que tiene Confianza es mucho más eficiente para emitir con el intermediario», dice Falck y agrega que era proveedor único por lo que se hizo la negociación de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado.
«No hay nada escondido, todo está en el portal de transparencia», dijo. No obstante, como Contracorriente comprobó que el contrato final no está en el portal de transparencia, preguntó a Falck cuáles son las condiciones del negocio. La funcionaria argumentó que el contrato con Confianza es privado y «para nosotros divulgar información privada es complicado como funcionarios públicos».
Contracorriente pudo averiguar, sin embargo, a través de una solicitud de acceso a la información, que el contrato entre Banhprovi y Confianza tiene una duración de 18 meses y el banco oficial se comprometió a pagar el monto total de 9,2 millones de lempiras (375 553 dólares) a la empresa privada. Además, Confianza no asume ningún riesgo en la emisión de las garantías y solo se compromete a presentar informes semestrales de sus actividades para recibir el pago acordado.
Sobre los beneficios asegurados que tiene Confianza en comparación con la dificultad en el acceso a las garantías y a los créditos que tienen los microempresarios en este momento crítico, Escobar de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Industrias dice que «el único que no puede hacer negocios con el Gobierno somos nosotros. En otras ocasiones han salvado a los bancos, a empresarios, a las franquicias con condonaciones, ¿y nosotros?».
Una joven es atendida en un café que atiende únicamente pedidos para llevar debido a las restricciones sanitarias tras la expansión de la Covid-19 en el país. Valle de Ángeles, 26 de agosto de 2020. Foto: Martín Cálix.
A ninguno le aprobaron su solicitud de crédito
Según un sondeo realizado por Contracorriente entre 85 empresas micro, pequeñas y medianas asociadas a la ANMPIH, la gran mayoría aseguró que sus ingresos habían sido afectados considerablemente por la pandemia y sin embargo no recibieron ayuda. Más de la mitad intentó acceder a los anunciados beneficios oficiales, pero ninguno lo consiguió.
Estos son los hallazgos en mayor detalle: el 55.3 % se identificó como dueño de microempresas (1-10 empleados) y el 43.5 % dijo que es dueño de pequeñas empresas (11-50 empleados).
De estos empresarios el 81.2 % aseguró que sus ingresos habían sido afectados considerablemente por la pandemia.
Un poco más de la mitad de las micro y pequeñas empresas tomadas en esta muestra solicitaron algún crédito promocionado por el Gobierno para apoyar a la Mipyme. Sin embargo, ningún empresario dijo que su solicitud de crédito había sido aceptada, y la mayoría de los que ya habían sido rechazados apuntó el mal historial crediticio como el motivo para dicha negación del crédito.
Sobre las medidas que piensan tomar los empresarios ante la flexibilización de las restricciones por la emergencia sanitaria, un 9 % seguirá insistiendo en hacer solicitudes de crédito en la banca privada, un 15.5 % está entre despedir empleados y cerrar su empresa.
Más de 6 de cada 10 empresarios no se da por vencido, Dicen que buscarán los nuevos créditos solidarios, una modalidad de financiamiento con el Gobierno en la que en teoría no les exigen estar libres de deudas, pero que en realidad hasta ahora no se ha puesto en práctica.
Escobar de la ANMPIH dice que le han pedido al Gobierno que faciliten estos fondos de créditos solidarios, porque no tienen otra opción inmediata para poder invertir en capital de trabajo y levantar los negocios que cerró la pandemia.
«Los bancos están llenos de dinero porque no le prestan a la microempresa, no quieren arriesgarse», dice Escobar. «Ellos quieren todo sobre seguro con buenas propiedades, con buenos avales. Quieren que ganemos grandes sueldazos, ¿en un país pobre? si no hay dinero para que los pobres podamos trabajar, ¿entonces?».
Plan solidario, pero…
Haciendo caso omiso de que, como lo vieron los expertos aquí citados, por el diseño mismo de los mecanismos de alivio puestos en marcha por su Gobierno, ha sido casi imposible que los microempresarios accedan a ellos, el presidente Hernández salió en el 17 de agosto pasado en cadena de radio y televisión a echarles la culpa a los bancos.
«Muchos microempresarios me han dicho «presidente si ya se han creado los fondos de garantía, pero de nada nos sirve si estamos ahogados y nos están cobrando intereses sobre intereses, caemos de categoría crediticia y eso los deja fuera del fondo de garantía», arengó.
Entonces el presidente presentó un anteproyecto de ley con otro plan: el Plan Financiero de Rescate Solidario, este con el objetivo de adecuar préstamos a menores intereses para incentivar la producción y empleo, con la prohibición a los bancos de aplicar cargos moratorios, cargos por servicios, o cualquier otro costo adicional.
Muchos empresarios dijeron que ponía en riesgo el sistema financiero nacional.
Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cortés (CCIC), no es muy optimista: «Mientras no tengamos una política tributaria competitiva y una simplificación administrativa no habrá proyectos de inversión que estén dispuestos a endeudarse con los recursos disponibles en estas condiciones», dijo.
Con el anteproyecto detenido en el Congreso, el 18 de octubre pasado el Gobierno firmó con la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) un acuerdo que en teoría compromete a los 15 bancos del sistema privado a reestructurar las deudas de las Mipyme, ampliar los plazos y bajar hasta en un 2 % a las tasas de intereses.
Ebal Díaz, ministro de la presidencia, dijo que serán para «todos, sin excepción, y que no les digan en las agencias de los bancos que no se dan cuenta del convenio que celebró el Gobierno con los presidentes de los bancos». Insistió en que los banqueros hicieron un compromiso de atender inmediatamente a las Mipyme.
Según la información que ha recibido de sus asociados en las últimas semanas Escobar de ANMIPH, los bancos justamente están desconociendo el acuerdo, alegan no saber nada, y ofrecen préstamos en condiciones normales. «Ni siquiera están reconociendo el fondo de garantía emitido por Confianza», dice la representante de los pequeños empresarios.
Aún si les dieran créditos en las condiciones prometidas, según el economista Castaneda esa ya no es solución. Explica que estando muchas de estas empresas al borde de la quiebra, decirles que les van a dar un crédito no las va a reactivar. «Posiblemente van a necesitar un subsidio directo o que se utilicen mecanismos como establecer que la mayor parte de compras estatales se les van a hacer a las micro y pequeñas empresas».
Según Castaneda y otros, es preocupante que Honduras se esté endeudando tanto para atender la crisis, y que el dinero no les llegue a quienes más generan empleo. Al contrario, los datos muestran que bancos y grandes empresarios han sido más beneficiados por los más de mil millones de dólares adquiridos para atender el Plan de financiamiento para atender los efectos derivados del COVID-19. Y el Gobierno, dice Castaneda, tiene entre sus nuevos planes, darles nuevas exoneraciones tributarias a las empresas más grandes.
Venta de mascarillas y caretas de plástico en una tienda de ropa. Comayagüela, 25 de agosto de 2020. Foto: Martín Cálix.
La deuda que se ha asumido en los últimos diez años no ha servido para mejorar la calidad de vida de los hondureños, dice el empresario Pedro Barquero. «Con el nuevo endeudamiento que se está adquiriendo con la pandemia, la historia lo que nos dice es que será un poco más de lo mismo».
El paso de la tormenta tropical Eta detuvó el avance de la reapertura económica que esperaban los empresarios y creó una nueva oportunidad para que el Gobierno asuma deudas en la banca internacional. Marco Midence, secretario de Estado en el despacho de finanzas solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el desembolso adelantado de 35 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima que se le otorgó al país en diciembre de 2019 y que estaba destinado para la restauración de los bosques de pino afectados por la plaga del gorgojo.
Además, el Congreso Nacional aprobó destinar 50 millones de lempiras (2 millones de dólares) de la partida para enfrentar la pandemia en inversiones para reparar los daños causados por la tormenta, especificando que el financiamiento podrá ser de recursos gestionados por medio del decreto que autorizó el endeudamiento externo por hasta 2500 millones de dólares ante la emergencia por la COVID-19.
***
Monserrat apenas tiene tiempo para hablar, todo el día ocupada entre las entregas del café y la repostería —que ella misma hace—. No tiene mucho tiempo para entrevistas y responde las preguntas antes de que terminen. Dice que ella se salvó porque pagó sus deudas.
«Cuidan los trabajos que da la empresa grande, por ellos sí se están preocupando, quizá porque por el nivel de nuestras ventas no obtienen nada», dice Monserrat, que no sabe que son los pequeños empresarios y empresarias como ella, las que aportan la mayor parte del empleo en el país.
Chamelecón es uno de los sectores más densamente poblados de San Pedro Sula, y uno de los más afectados en el municipio debido al paso de Eta. El agua comenzó a subir en horas de la madrugada del 4 de noviembre y tomó por sorpresa a casi la mayor parte de los vecinos.
El sector está conformado por 66 barrios y colonias y cuenta con una población que supera los 180 000 habitantes. Por otro lado, más del 60 % de la zona resultó afectada por las torrenciales lluvias y el desbordamiento del río Chamelecón, el agua con su fuerza descomunal arrasó con su paso a decenas de viviendas, derribó muros, dañó vías de comunicación y dejó una ola de desolación.
Los vecinos ya comenzaron las labores de limpieza de sus hogares y a medida que van quitando los escombros se va descubriendo la magnitud de las pérdidas, las calles en su gran mayoría aún lucen anegadas por un espeso lodo que dificulta el paso de vehículos y personas, los interiores de las casas igualmente están llenas de lodo y agua, muebles y enseres domésticos en su mayoría, inservibles.
Otro problema serio al que se enfrentan los habitantes de Chamelecón es la contaminación, se sienten olores nauseabundos por doquier, al pasar por el cementerio general los pobladores no soportan el mal olor y se ven obligados a taparse la nariz, en este lugar, el agua tumbó gran parte del muro perimetral, algunos vecinos afirman que vieron cuerpos flotando al interior del cementerio.
Este sector cuenta con una importante zona comercial en la calle principal, pudimos observar decenas de negocios que sacaron sus productos y artículos a la calle, muchos de estos completamente dañados.
Carlos Ponce, un pequeño comerciante afirmó que entre sus vecinos se puede apreciar la tristeza y decepción: «acá prácticamente perdimos todo lo que teníamos, lo que no dañó el agua, se lo robaron los delincuentes», dice, pero tratan de sobreponerse y se aferran a la solidaridad. «Mire, ahorita para sacar lo poco que quedó nos ayudamos entre vecinos, yo ya terminé de limpiar mi local, y ahora le ayudo a las dos muchachas de enfrente que tienen el negocio de comida, porque ellas solas no van a poder mover todo», afirma.
Justo enfrente del negocio de Carlos, las dos jóvenes a las que hace referencia sacan a un grandes cantidades de lodo de su negocio donde venden pollo frito, prefieren omitir su nombre, pero comentan que además de perder su negocio, perdieron su casa, vivían en el sector conocido como La Playita, lo único que les quedó es su vehículo. Ahora tienen que dormir a orillas de la calle, casi entre lágrimas relatan su calvario: «todos los días no hemos ni podido comer bien, no tenemos ni ropa y hasta cuesta conseguir agua para beber».
En el sector los pobladores se quejan por la poca presencia de las autoridades, necesitan de maquinaria para limpiar las calles y ayuda para trasladar agua que les permita realizar labores de aseo, «no hemos visto a nadie de nuestras autoridades, ni el alcalde, ni los de Copeco, solo los muchachos de la Cruz Roja y los bomberos anduvieron ayudando», afirmó Carlos Ponce.
Hasta agosto, Honduras registró más de 160 muertes violentas de mujeres y más de 50 000 llamadas a la línea de emergencia, pero muy pocos casos interpuestos a los operadores de justicia, dejando a las víctimas en total indefensión, denuncian organizaciones feministas.
En Honduras, hasta el 31 de agosto de 2020, se registraron 163 muertes violentas de mujeres, de las cuales 94 ocurrieron en el contexto de toque de queda nacional decretado por el Gobierno el 15 de marzo pasado para prevenir más contagios por la COVID-19, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización feminista que elabora sus reportes con monitoreos diarios a medios de comunicación del país y con datos que obtienen de operadores de justicia como el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Fiscalía y la Dirección General de Medicina Forense.
Las estadísticas revelan que, entre enero y agosto de 2020, el 55 % de los feminicidios —equivalente a 90 muertes violentas— ocurrieron en Francisco Morazán (61) y Cortés (29), departamentos con las ciudades más importantes en términos de aporte a la economía hondureña. En tanto, a nivel de país, el 65 % de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, es decir, 105 muertes registradas al octavo mes del presente año.
Otro indicador que alarma a las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres es que el 69 % de los victimarios aún no ha sido identificado por los operadores de justicia. «Que haya tantos casos donde el agresor no está identificado no es extraño. Hay un cuello de botella para encontrar justicia en el proceso de investigación. Es lógico que se haga la denuncia porque fue encontrado el cuerpo de la mujer, una muerte no puede ser ocultada tan fácilmente. El problema es la falta de investigación y, por ende, de cómo encontrar justicia contra las mujeres que son asesinadas», explica Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM.
De acuerdo con Ocampo, a pesar de los esfuerzos por obtener información precisa, uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones está en que tanto medios de comunicación, como la Policía Nacional, no reportan incidencias en los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, La Paz, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, que en conjunto suman cerca de 760 000 habitantes, un 9 % de los 9,5 millones de hondureños, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por lo anterior, Ocampo señala que la falta de datos exactos impide el desarrollo de políticas públicas que ataquen de raíz la violencia contra las mujeres.
En Honduras, hasta el 31 de agosto de 2020, se registraron 163 muertes violentas de mujeres, de las cuales 94 ocurrieron en el contexto de toque de queda nacional decretado por el Gobierno el 15 de marzo pasado para prevenir más contagios por la COVID-19, según el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), organización feminista que elabora sus reportes con monitoreos diarios a medios de comunicación del país y con datos que obtienen de operadores de justicia como el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Fiscalía y la Dirección General de Medicina Forense.
Las estadísticas revelan que, entre enero y agosto de 2020, el 55 % de los feminicidios —equivalente a 90 muertes violentas— ocurrieron en Francisco Morazán (61) y Cortés (29), departamentos con las ciudades más importantes en términos de aporte a la economía hondureña. En tanto, a nivel de país, el 65 % de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego, es decir, 105 muertes registradas al octavo mes del presente año.
Otro indicador que alarma a las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres es que el 69 % de los victimarios aún no ha sido identificado por los operadores de justicia. «Que haya tantos casos donde el agresor no está identificado no es extraño. Hay un cuello de botella para encontrar justicia en el proceso de investigación. Es lógico que se haga la denuncia porque fue encontrado el cuerpo de la mujer, una muerte no puede ser ocultada tan fácilmente. El problema es la falta de investigación y, por ende, de cómo encontrar justicia contra las mujeres que son asesinadas», explica Helen Ocampo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM.
De acuerdo con Ocampo, a pesar de los esfuerzos por obtener información precisa, uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones está en que tanto medios de comunicación, como la Policía Nacional, no reportan incidencias en los departamentos de Intibucá, Ocotepeque, La Paz, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, que en conjunto suman cerca de 760 000 habitantes, un 9 % de los 9,5 millones de hondureños, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por lo anterior, Ocampo señala que la falta de datos exactos impide el desarrollo de políticas públicas que ataquen de raíz la violencia contra las mujeres.
Reportes del CDM indican que niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son el grupo poblacional más vulnerable. Del total de feminicidios ocurridos hasta agosto (64, es decir, el 39 % de los casos de todo el año) las víctimas tenían edades comprendidas entre los 10 y 29 años.
Otra iniciativa que da seguimiento a los feminicidios a partir del monitoreo a las noticias es el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que recientemente publicó el informe Muertes violentas de mujeres y femicidios en el contexto de COVID-19 en Honduras, con cifras del 15 de marzo al 6 de junio. El boletín reveló que el 50.9 % de los asesinatos de mujeres ocurrieron en las vías públicas y el 26.3 % en la vivienda de la víctima. El restante 22.8 % se registró en centros penitenciarios, negocio propio de la víctima, solares baldíos o dentro de vehículos.
El organismo mostró que, durante los meses analizados, el 71 % de las muertes de mujeres pasaron en el área urbana y el 29 % restante en el área rural. Para ampliar sobre las estadísticas, se envió una solicitud de entrevista vía correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto a la directora del ONV, Migdonia Ayestas, pero —para la fecha de esta publicación— no dio respuesta.
Diferentes formas de violencia
«En este período de la pandemia, si algo hemos reconocido a nivel de Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida es que son las regiones que mayores denuncias de violencia ha habido al 911 (sic) y la atención a esas llamadas de violencia convertidas en denuncia es mínima, porque apenas 2.5 % de las mujeres denuncian las violencias, por lo que se queda en la total indefensión», dijo Cristina Alvarado, terapeuta del Movimiento por la Paz Visitación Padilla, durante una conferencia virtual organizada por la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), con el apoyo del proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres de Oxfam y la cooperación canadiense.
La especialista destacó el esfuerzo de las organizaciones feministas y de mujeres por «precisamente intervenir y atender toda esta problemática que está descuidada y desatendida, pero sobre todo invisibilizada a nivel de políticas públicas y de la intervención que hizo el Gobierno de Honduras en el abordaje de la pandemia del (sic) COVID-19». En su participación en el webinar, Alvarado expuso que el Estado debe fortalecer los procesos de atención oportuna y seguimiento a las denuncias de las víctimas.
El Sistema de Emergencia Nacional registró más de 50 000 personas que denunciaron ser víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar en el primer semestre del año. Sin embargo, la gran mayoría de estas denuncias quedaron en la impunidad porque no han sido judicializadas ante los órganos competentes, según los datos oficiales del Juzgado de Violencia Doméstica de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Pese a la cantidad considerable de llamadas de denuncias, solo 1258 de los casos fueron interpuestos ante los órganos de justicia. De este total, 259 denuncias fueron interpuestas en el Juzgado personalmente por las afectadas y otras 999 denuncias fueron remitidas por el Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones a la entidad judicial.
Tal tendencia fue la constante durante la década recién pasada, plantean los hallazgos de la Alianza por la Paz y la Justicia en su tercer Informe de Impunidad en Homicidios (2010-2019). Durante esos años, se registraron 4769 muertes de mujeres, de las cuales se judicializaron 1818, lo que reflejó un acumulado de judicialización en el período de 38 %. El grupo más afectado fue el comprendido entre los 15 y 39 años.
«En el marco de la emergencia nacional por la covid-19, las denuncias aumentaron al 911 (Sistema Nacional de Emergencias) entre el 16 % y 20 %. La violencia más frecuente a nivel nacional es la psicológica, pero la que detona el evento de la denuncia y hace que la víctima acuda al sistema es la física», dice Alma Coello, coordinadora de la Unidad de Prevención de Violencia del Instituto Nacional de la Mujer en Honduras (INAM).
Para la funcionaria, la violencia contra las mujeres «no ha tenido cuarentena y lo que ya era una problemática, ahora es emergencia, y está es la otra pandemia de la que nadie habla». Coello agrega que muchas mujeres agredidas, en la mayor parte de los casos por sus parejas y desde el noviazgo, no se reconocen como tal. «Los conflictos son normales en la conducta humana, pero la violencia no se justifica. Hay que romper el silencio, toda expresión de violencia no es natural, no debemos tolerarla».
Lourdes (22 años), vendedora ambulante en Atlántida, al norte de Honduras, aún sigue sin recuperarse emocionalmente de la violencia provocada por su pareja desde que ella tenía 16 años. «Tenemos un hijo de tres años y con esto del coronavirus teníamos demasiados problemas en la casa, pero no nos faltaba el pan. Lo que pasó fue que yo ya no soportaba que él se quisiera ir a la calle como si no pasara nada allá afuera, porque nos podía contagiar».
La joven recuerda que, en un día de julio y cuando aún las restricciones en la circulación de personas por el toque de queda eran estrictas: «él quería salir y yo lo detuve, y me golpeó, pero en ese momento no dudé en denunciarlo y así lo hice. Se fue cuando escuchó que yo llamé a la Policía… se llevó su ropa y no ha vuelto a la casa. Vive con sus papás y ahora solo llega para dejar dinero para el niño», relata.
En retrospectiva, para la comerciante, el haber denunciado a su agresor fue determinante para mejorar su calidad de vida y ahora aguarda que el proceso judicial en contra de su expareja avance pronto. «Una mujer nunca debe permitir que su pareja la golpee. No hay que permitir que se salga de control. Ojalá que denunciar evite que pase una desgracia», refiere Lourdes.
En criterio de María José Gálvez, coordinadora de la Defensoría de la Mujer en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres tiene que ver con «la falta confianza hacia las mismas autoridades, porque sabemos los obstáculos a los que se enfrenta una mujer cuando quiere interponer una denuncia». En algunos casos, las víctimas van a la posta policial a interponer la denuncia, pero los agentes la minimizan «porque esperan que la mujer llegue súper golpeada y quizás han sufrido agresión física en otro momento, pero ese día pudo salir de su casa y tomó el coraje de denunciar a su agresor».
Gálvez define la violencia de género como «un problema de salud pública de proporciones epidémicas», basándose en el estudio global sobre la violencia física o sexual contra las mujeres que elaboró hace siete años la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Todavía nos hemos quedado cortos como Estado en brindar una atención efectiva a estos casos y en dar acompañamiento a la víctima, porque su situación no es nada fácil».
Gálvez reconoce algunos avances del Gobierno, aunque reitera que aún hay mucho trabajo por hacer para erradicar la problemática: «El 25 de agosto entraron en vigor las medidas especiales de difusión, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, contempladas en el decreto 99-2020, a manera de promover acciones para garantizar la igualdad de género durante la emergencia nacional a raíz de la COVID-19».
El decreto en mención estableció que al finalizar cada una de las cadenas nacionales para brindar información sobre los avances de la pandemia en Honduras, se debe incluir un espacio donde se presenten estadísticas del comportamiento de la violencia contra las mujeres a nivel nacional y los servicios del Gobierno para atender a las víctimas.
En Honduras, en abril de 2013 entró en vigor la regulación del femicidio en el Código Penal. No obstante, según reportó Contracorriente, los registros del Ministerio Público reportan casos de ese delito a partir de 2017, cuatro años después. A finales de junio, entró en vigencia el nuevo Código Penal que proyecta una pena por femicidio que va de los 20 a los 30 años de cárcel, una reducción de penas con respecto del Código Penal anterior.
***
Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.
***
Violentadas en cuarentena, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la COVID-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de laInternational Women’s Media Foundation.
La ayuda de cada ciudadano, al juntarla con la de otros y otras, se ha convertido en cientos de toneladas: es el milagro de la multiplicación. La iniciativa de salvar y reconstruir la vida de hombres y mujeres surgida a partir de la tragedia en Honduras se ha extendido en muchas partes del mundo.
El proceso de recolección de víveres, en Estados Unidos (donde resido en la actualidad), ha surgido en muchas ciudades de modo simultáneo. En el caso de Houston, Texas, no había terminado de pasar el huracán ETA cuando ya había actividades de recolección de víveres. Por otro lado, muchas personas ya estaban enviando sus ayudas de modo individual, mayormente económica. Estas actividades fueron tomando fuerza bajo ciertos liderazgos, como es el caso de Elsa Oseguera en Houston, Luis Licona y José Rodríguez en Austin, entre otros, quienes impulsaron centros de acopio muy importantes, y en el caso de Houston, en menos de dos días habían llenado más de cuatro contenedores de ropa, zapatos, comida enlatada y otros insumos destinados a las personas afectadas por la actual tragedia. En Miami, Florida, decenas de personas se convocaron para reunir insumos con este mismo fin.
Y siguen haciéndose recolecciones para nuevos envíos, igual que en otras ciudades de Estados Unidos, como Dallas, San Antonio, Oklahoma, etc. Ha sucedido lo mismo en distintas ciudades de España. También cientos de personas han preferido hacer sus envíos de forma particular a familiares y amigos que perdieron de manera parcial o completa sus bienes materiales. Éste, precisamente, fue el origen de la recolección de donaciones. La sociedad hondureña migrante comprendimos rápidamente la necesidad de juntar todas las aportaciones para hacer envíos conjuntos, porque éstos tienen mayor impacto en otras personas que se van sumando a dar sus donativos. Si escuchas que alguien envió una caja de víveres, dices “está bien”, pero si te dicen que en Houston, los migrantes llenaron ocho contenedores en tres días, o que en Austin los migrantes tenemos dos o tres contenedores en la cuenta de envíos, eso es un impacto grande y muy satisfactorio.
Todas estas toneladas de producto recolectado en estas ciudades son fruto del esfuerzo de hombres y mujeres migrantes, personas que salimos del país a buscar, primordialmente, empleo digno, para bien propio y con qué dar estudio, salud, vivienda y otras oportunidades a nuestros hijos o familiares, mismas que el Gobierno hondureño nos negó y sigue negando a nuestros compatriotas.
La gran mayoría de nosotros, las y los migrantes, no pertenecimos a ninguna institución gubernamental o ente que represente intereses políticos. Lejos de eso, actualmente, nuestra exigencia es que nuestras donaciones lleguen a las manos correctas, a través de las manos correctas. Cito, textualmente, las palabras de un ciudadano de Houston cuando despedía el cuarto contenedor, el día 8 de noviembre: «le enviamos esto a nuestros hermanos en Honduras, no queremos que lo reciba Copeco, por ladrones». En Austin, Texas, José Rodríguez, que se ha dedicado a recoger las donaciones a domicilio, comentó que «la única forma de evitar que el gobierno robe estas cosas es enviándolas a personas que ya conocemos y que les tenemos confianza».
La actual tragedia, que lamentamos con profundo dolor, no solo ha evidenciado el poder de solidaridad que tiene la población hondureña, sin importar dónde se encuentre. Además, nos ha dejado claras dos cosas respecto al gobierno de Juan Orlando Hernández: la primera es el nivel de inoperancia e ineptitud. El nombramiento de personas incompetentes y sin preparación en puestos clave es una debilidad y un peligro para todo el país. El ministro de economía, el actual, y el anterior de Copeco, la nueva ministra de la recién creada Secretaría de Transparencia, son solo algunos ejemplos de personas que no saben qué hacer en el puesto y, por si fuera poco, están a la espera de cualquier remanso económico para desviarlo a cuentas privadas. La segunda es el nivel de descrédito al que ha llegado el Gobierno. Esto se debe al mal uso de los fondos públicos que se ha hecho en los últimos años. Y el mal uso de estos fondos se debe a que en los puestos «clave» de las instituciones hay personas incompetentes, preparadas para extraer fondos y no para invertirlos en función de las necesidades sociales.
Esta situación de malversación del dinero público se ha convertido en un actuar constante de los gobiernos hondureños y se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en una estructura que no solo deja en indefensión a la sociedad afectada por las inundaciones de hoy, también lo hizo en la pandemia del COVID-19, también lo hizo con las migraciones, también lo hizo en las matanzas clandestinas durante el golpe de Estado de 2009, también lo hizo cuando se fortalecieron las maras y pandillas, también lo había hecho cuando entraron los narcos a operar en Honduras a través de las Fuerzas Armadas, y podríamos seguir con la lista de lamentos.
Pero hay que tener en cuenta que no tenemos tiempo de llorar. En Austin, Houston, Miami y otras ciudades de Estados Unidos los migrantes estamos trabajando en recolectar víveres para enviar a nuestra gente en Honduras. Otras personas están de camino a las tiendas a depositar remesas para sus familias, amigos o gente que están canalizando esos fondos hasta las manos que realmente lo necesitan.
En fin, tenemos mucho trabajo, y la reconstrucción de Honduras no está en manos de ningún político, como algunos que ya salieron a entregar bolsas de víveres valoradas en sesenta lempiras, incluyendo el póster del candidato que va dentro de la bolsa. Ni mucho menos en las manos del más grande ladrón que he visto en mis treinta años, quien ha asegurado que va a entregar un kit de ayuda de cincuenta mil lempiras, pero que en las estimaciones reales no llega a ese precio.
La reconstrucción de Honduras ha de pasar, forzosamente, por nuestras propias manos. Las manos de cada hombre, mujer y niño con decencia que no entregará su voto ni su confianza a personas sin escrúpulos, sin conciencia y sin dignidad, esas mismas personas que han obligado a miles a migrar, a otros miles a convertirse en delincuentes y a otros miles a morir por enfermedades que bien podrían curarse, por ahogamientos que pudieron evitarse o riesgos que pudieron dejar de correr. Esos hombres y mujeres de mala intención no deben reelegirse, no deben entrar en el Gobierno, no deben seguir haciéndole daño a este país nuestro, que por naturaleza tiene un espíritu de solidaridad inmenso. Porque ¿Cómo se explica la ausencia del Gobierno en zonas de riesgo y la suplantación por parte de la sociedad civil?
A diario, en los bajos del puente La Democracia se aglomeran decenas de personas, unos en busca de sus seres queridos —los que posiblemente lleguen en las lanchas que rescatan a quienes quedaron atrapados en la zona de los excampos bananeros—, otros para llevar comida, agua y demás víveres que sirvan para los que aún permanecen en la zona y están atrapados por las inundaciones en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras.
Todos los días durante la última semana, el cuerpo de bomberos y personas particulares, desde tempranas horas, se lanzan en sus lanchas a las caudalosas aguas del río Ulúa para continuar con una extenuante labor: salvaguardar la vida de miles de personas que aún continúan varadas en decenas de comunidades al norte del municipio de El Progreso, Yoro. Monterrey, Naranjo Chino, Las Flores, Amapa, el 70, La Victoria, Urraco Pueblo, Birichiche, Paloma, Mucula, La Fragua y el 45, son algunos de los lugares más populosos que sufrieron los embates causados por Eta.
El Valle de Sula es la región más golpeada por las inundaciones. En comunidades como Pimienta, muchas personas permanecen aún en la calle a la espera de ayuda, de igual forma, en el sector de La Lima y San Manuel, Cortés, miles se encuentran aún en las inmediaciones del bulevar, mientras que otros comienzan a retornar a sus casas para limpiar y tratar de recuperar algo de sus pertenencias entre los escombros.
El agua que desbordó el río Ulúa, cortó la comunicación entre La Lima y El Progreso, Yoro. Hasta hoy en horas de la tarde el tránsito de vehículos se restableció parcialmente, solo transitan vehículos altos, 4×4, y equipo pesado, mientras varias de las comunidades a orillas de la autopista continuaban bajo el agua.
El Huracán Eta, se convirtió en tormenta tropical en su paso por Honduras, reviviendo lo sucedido hace 22 años con el huracán Mitch. En Contracorriente entrevistamos al ingeniero Luis Mejía para hablar sobre la vulnerabilidad del país.
Una semana ha pasado desde que en Honduras, el huracán Eta se degradó a tormenta tropical, dejando destrozos en la zona norte del país y daños a la infraestructura: 113 carreteras dañadas, 21 puentes destruidos y 29 en mal estado, 68 comunidades incomunicadas en los departamentos de Gracias a Dios, Olancho, El Paraíso, Colón, Atlántida, Copán, Lempira y Yoro. Además, un total de 8 desaparecidos, 57 fallecimientos y 1 871 709 personas afectadas a nivel nacional, reportó este lunes el Gobierno a través de la Comisión Nacional de Contingencias (Copeco).
Hace 22 años, el huracán Mitch ocasionó 7007 muertes, 8052 desaparecidos, 4 753 537 afectados, destruyó 189 puentes, 8600 kilómetros de carretera y arrasó con el 70 % de las plantaciones agrícolas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El Gobierno del liberal Carlos Roberto Flores aseguró que el Mitch provocó una catástrofe que le costó al país 3841 millones de dólares (92 184 lempiras). Ahora Eta ocasionó pérdidas muy parecidas en la misma región del país, Copeco indicó el pasado 4 de noviembre que los niveles del río Ulúa habían sobrepasado los alcanzados para el Mitch en 1998. Ahora el Gobierno ha anunciado la inversión de 100 millones de lempiras en la construcción de puentes desmontables, proceso que se hará a través de la cuestionada Invest-h, la misma encargada de los hospitales móviles durante la emergencia por COVID-19.
Contracorriente dialogó con Luis Mejía, ingeniero civil de la Alcaldía Municipal de La Ceiba, quien asegura que la vulnerabilidad ambiental de Honduras no se ha atendido de manera diligente por parte de los gobiernos, a pesar de las experiencias anteriores, y que la construcción de puentes debe hacerse con responsabilidad para no repetir catástrofes.
CC: Ante lo que ha pasado en el Valle de Sula con la tormenta ETA ¿qué obras de mitigación se deben tener para prevenir el desastre?
LM: En estos momentos se debe evaluar primero qué fue lo que pasó, dónde fue que dañó, por qué estaba saturado el suelo. Sabemos que la precipitación es alta, pero por qué se saturo tan rápido, por qué las medidas de contención, ya sean bordos o gaviones, se vinieron abajo, si hubo otro factor que generará eso. Evaluando esto se puede estar preparado para próximos eventos.
CC: ¿Qué pasa con estas infraestructuras que provocan que las crecidas de los ríos sean rápidas y peligrosas?
LM: Esto se da por la falta de planeamiento, generalmente no se toman en cuenta todos los factores que pueden afectar al momento de generar una construcción. Se debe hacer un diseño para la evacuación de las aguas filiales, lo descargamos en el cuerpo más cercano de agua, sin embargo, no nos percatamos que al hacer eso estamos sacando el caudal máximo que soporta la misma fuente, y esto de alguna manera va a perjudicar a las personas que se encuentran más debajo de las aguas.
CC: ¿En qué se está fallando que nuevamente, después de 22 años, se reportan los mismos daños?
LM: Después de los daños se manejan nuevos diseños, con mejores resistencias del concreto, se trabaja con nuevas tecnologías, pero se sigue fallando en lo mismo: no hay mantenimiento de las estructuras. Se diseña para 20 a 25 años, pero todo depende de estos factores, también depende si este puente está diseñado para carga liviana y no debe pasar equipo pesado, aunque el puente lo resista se irá dañando.
CC: ¿Se han realizado las medidas de prevención como dragados de las quebradas y ríos por parte del Estado?
LM: No, no se están haciendo los dragados en las quebradas y los ríos. Mucho menos se está inspeccionando si las bordas están siendo afectadas, no se percatan si los gaviones o el hierro galvanizado cedió.
CC: ¿Qué otro factor contribuye a estos daños?
LM: La deforestación, porque el suelo tiene una capacidad de filtración de agua, de igual manera lo hacen los árboles, ellos almacenan agua, pero si los tenemos deforestados las aguas corren mucho más rápido y esto aumenta el caudal.
CC:¿A quién corresponde encargarse del mantenimiento de estas infraestructuras?
LM: Hay dos entes encargados. Los puentes que están al centro de las ciudades le corresponden a las alcaldías, ya que esos puntos pertenecen al espacio municipal, y los puentes que están sobre la carretera como la CA-13, CA-5 y las carreteras intermunicipales, le corresponden al Gobierno central.
CC: El Gobierno de la República ha anunciado la instalación de 40 puentes desmontables para hacer frente a los daños ocasionados ¿Tiene capacidad el Gobierno para cubrir las caídas de los puentes?
LM: No, el Gobierno no tiene la capacidad porque desde el huracán Mitch se hizo lo mismo y a la fecha todavía hay lugares donde se utilizaron estos puentes móviles, pero las estructuras fijas no han sido construidas. La construcción de un puente puede tardar de seis a ocho meses
CC: ¿Qué recomendación da a quienes toman las decisiones para afrontar esta situación?
LM: Que a nivel de país se genere un plan de mejoramiento de todos los daños, que se genere también un presupuesto para darle un mejoramiento a cada uno de los puentes. Recordemos que en nuestro país tenemos puentes construidos desde hace más de 30 años y aunque se muestren fuertes y rígidos su vida útil ya caducó.
CC: ¿Cuáles son los daños reportados en el municipio de La Ceiba por el paso de la tormenta Eta?
LM: El paso de Eta nos afectó bastante como municipio de La Ceiba, presentando caída de los puentes, entre ellos el más importante, el puente Saopin, ubicado en la carretera CA-13, el cual cedió a causa del desbordamiento del río.
CC: ¿Los datos que se han reportado por las pérdidas, podría ser el total en el territorio nacional?
LM: La verdad no, porque aún no se ha podido entrar a todas las comunidades afectadas, mucho menos evaluarlas.
CC: ¿Podría explicarnos cómo se realiza la construcción de puentes en nuestro país?
LM: Generalmente siempre se toma diseño específico, donde depende mucho la luz o la distancia que tenga para la construcción del puente, se debe tomar en cuenta el caudal de los ríos, el espejo del agua, hasta la altura del puente, esto para evitar que si en algún momento sucede una creciente esta impacte con el mismo.
CC: ¿Cuántos años puede durar un puente?
LM: Se estima que la durabilidad de un puente es de 20 a 25 años, sin embargo, lo que nos está haciendo falta es el mantenimiento de los mismos, se construyen los puentes y no se les da el mantenimiento y por eso estamos en estas situaciones.
CC: ¿Cuando se reportan los daños en puentes y carreteras se realizan obras de mitigación?
LM: Al momento sí, cuando un puente está a punto de colapsar o presenta eminente riesgo, entonces se toman algunas medidas, sin embargo, no se realizan siempre.
CC: ¿Si no se realizan estas obras de mitigación cómo afecta a las comunidades?
LM: Afecta de gran manera porque evita la circulación a las comunidades, dañando el comercio y la producción de alimentos y también afecta a todas las personas que necesitan circular por ellos para llegar a sus zonas.
Después de años de especulación, estudios, reuniones y firmas de convenios, en nuestro país se ha puesto en marcha el primer proyecto de las zonas especiales, popularmente conocidas como ciudades modelo. El primer distrito de este proyecto empezó a materializarse en mayo de este año, cuando la población hondureña enfrentaba el segundo mes de crisis sanitaria.
Montaje y musicalización: Gabriel «El Flow» Laínez.
Ser mujer, joven y vivir en situación de pobreza no tendría que ser sinónimo de criminalización y vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos. En El Salvador, esta violencia de Estado contra las mujeres se perpetúa debido a las leyes restrictivas que penalizan el aborto de manera absoluta, negando derechos reproductivos para las mujeres y niñas. Vivimos en un país caracterizado por la desigualdad estructural, donde el sistema nos falla de manera cotidiana, ya lo decía San Romero de América: «La justicia es como la serpiente, solo muerde al descalzo». Y es esa justicia patriarcal que muerde a las mujeres salvadoreñas que enfrentan criminalización por abortos o emergencias obstétricas.
Esta realidad la enfrentó Manuela, una mujer joven, de la zona rural, que vivía en situación de pobreza. Tenía 33 años cuando tuvo una emergencia obstétrica, llegó al hospital público porque necesitaba ayuda y asistencia, sin embargo, recibió una denuncia. El personal de salud que la atendió expresó que Manuela había abortado producto de una infidelidad, vulnerando el secreto profesional y utilizando prejuicios de género, convirtió ese centro de salud, en una antesala del juicio. El sistema de (in)Justicia se activó y Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Después de varios meses en prisión, le diagnosticaron un cáncer linfático, una enfermedad que pudo haber causado la emergencia obstétrica que provocó la pérdida de su embarazo. Cuando finalmente recibió quimioterapia, fue demasiado tarde.
Manuela falleció en la cárcel en 2010, dejó a dos hijos en orfandad, enfrentó violencias e injusticias de manera sistemática, a Manuela le falló el Estado. Es por eso, que decimos que el Estado es responsable de todas las Injusticias reproductivas que vivió. El Estado debe reparar de manera integral a la familia de Manuela y debe generar medidas de no repetición para que esta historia tan dolorosa no sea reincidente.
Esto sucede porque vivimos en un país que penaliza el aborto de manera absoluta, según, la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto 181 mujeres han enfrentado procesos por aborto o delitos relacionados en el periodo de 2000-2019. En El Salvador se estableció una de las leyes más restrictivas y regresivas, paradójicamente luego de los acuerdos de paz de 1992, en un marco donde se buscaba reformar el Código Penal para que fuera más garantista, sucedió este retroceso, tal como plantea Angélica Peña: «la paz no llegó a encarnarse en cuerpo de mujer», al vivir en un país que impone la pena de muerte a las mujeres que tienen emergencias obstétricas, pues las penas a prisión pueden llegar a ser hasta de 40 años, debido al cambio de tipificación del delito de aborto a homicidio agravado.
Antes las mujeres no podían emitir el sufragio, ahora no podemos decidir por nuestro cuerpos y vidas. Es fundamental que luchemos juntas por transformar este sistema patriarcal, detengamos las injusticias reproductivas, no permitamos que la historia de Manuela se repita, hoy más que nunca, es necesario exigir la despenalización del aborto por la salud y vida de las mujeres y niñas salvadoreñas. Siguiendo las palabras de Dora Coledesky: «En esta lucha está en juego nuestra propia dignidad —por eso decimos que no es una simple reivindicación— es no ser consideradas como cosas, sino como personas dispuestas a vivir una vida digna de ser vivida».
¡Justicia para Manuela, justicia para las 17, justicia para todas las salvadoreñas!
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras.
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar.
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
Mapa de ubicación del proyecto dictamen técnico del ICF.
Por este tipo de concesión minera, según el artículo 56 de la nueva ley minera de 2013, las empresas deberán pagar anualmente el equivalente a cincuenta centavos de dólar por hectárea para explorar y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral. Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina. Por ser más grande su concesión, el canon de La Victoria -cuya concesión va hasta 2023- será un poco mayor, unos 500 dólares anuales. Adicionalmente, las dos tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2.5% sobre el valor exportado (FOB) o en planta, según sea el caso.
El hierro y la resistencia
Además de la rápida reducción del área protegida del parque natural que permitió la explotación del mineral, detrás de estas concesiones hay varios conflictos socio-ambientales. En 2016, cuando la Minera La Victoria empezó su proyecto exploratorio en Atlántida, las comunidades vecinas salieron a protestar por los daños que, según ellos, esta mina causaría y la empresa paró el desarrollo del proyecto hasta la actualidad.
Ese mismo año, el conflicto se mudó a Tocoa en el departamento de Colón, donde según la base de datos de Ingeomin, el Estado había otorgado 39 licencias de minería entre 2015 y 2020. De estas sólo hay ocho activas en la actualidad y las 31 restantes caducaron. Cuando la gente del pueblo de Guapinol, en ese municipio, se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. Temían que las minas les afectaran los ríos que los surten y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.
Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo.
Campamento Guapinol 2018. Fernando Silva/ Contracorriente
Según Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
Según datos de Inversiones Ecotek, la dueña de la peletizadora, el 79 por ciento de las comunidades vecinas que consultó “están de acuerdo y ven de manera favorable el proyecto, mientras un 7 por ciento no está de acuerdo y un 14 por ciento le es indiferente la presencia de este proyecto en la zona.
Pérez dice que es perseguido por organizaciones de izquierda que llevan a los visitantes a la zona “y ponen a las señoras a llorar’’ para hacer publicidad en su contra. “Somos víctimas de una historia que no existe’’, afirmó.
Fotografía sacada de un video institucional de Los Pinares.
Por su parte, la empresa estadounidense dijo que «aunque salieron de la inversión, Nucor está convencido de que el proyecto ofrecerá una oportunidad a la población de Honduras para conseguir trabajos significativos de largo plazo y alta calidad bajo condiciones social y ambientalmente responsable».
Disturbios y acusaciones
El bloqueo a una calle y el intento del personal de la mina por despejarla causó una primera confrontación entre cientos de pobladores y la empresa el 7 de septiembre de 2018. Varios pobladores salieron golpeados y una persona fue herida de bala.
Según el expediente judicial del caso, los manifestantes retuvieron entre tres y cinco horas a Santos Corea, jefe de seguridad de la minera, mientras quemaban un contenedor y destruían un vehículo. El 27 de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento de la carretera. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad continuaron los días siguientes y el 29 de octubre dos militares murieron por fuego cruzado. No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con el altercado del 7 de septiembre. Entre los acusados se encontraban cuatro delegados de la parroquia católica de Tocoa y un empleado de la Fundación San Alonso.
En 2019, doce de los ambientalistas demandados se presentaron voluntariamente ante las autoridades para afrontar cargos de usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. La Fiscalía basó su acusación en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado. Según la Fiscalía, la Policía informó que una organización delictiva a la que llamó “Los Antimineros” planeó esas acciones.
Los líderes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que han sido los más expuestos en este proceso, señalan incongruencias en la demanda de la empresa. Por ejemplo, uno de los acusados, Juan López, no había estado en el altercado del 7 de septiembre pues ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Asimismo, dicen los líderes que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.
«Podemos ver claramente requerimientos contra personas que no estaban en el lugar, otra persona que había fallecido antes de este conflicto, otras que nunca participaron en la protesta ciudadana», dice Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez, quien también está en el Comité Municipal.
Dijo además Esquivel que «no ha habido respuesta alguna a las decenas de denuncias ciudadanas por posible corrupción en el otorgamiento de las concesiones».
Al respecto, Lenir Pérez sostuvo que la identificación de los acusados y sus acciones es responsabilidad de la Fiscalía que es la parte acusadora.
Carmen lava el uniforme del equipo de fútbol femenino de la comunidad de Guapinol mientras la menor de sus hijas juega a un lado de ella, dentro del río. Esta mujer estuvo en la resistencia al proyecto minero y su esposo migró hacia Estados Unidos cuando estalló el conflicto. Martín Cálix/ Contracorriente.
Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.
El empresario Lenir Pérez dijo en la entrevista que garantiza que no ha habido agresión alguna del lado de su empresa «pongo carta abierta para que destruya mi nombre, si le miento», dijo. También aseguró que Morazán Erazo había comenzado a trabajar en proyectos de beneficio comunitario que la empresa estaba entregando en Guapinol y que estaba organizando un plan para sacar a los actuales líderes del patronato (organización comunitaria). Pérez sostiene que han sido asesinados nueve empleados y colaboradores de la minera.
Las peores amenazas de seguridad, agregó el empresario, se enfilaron contra los defensores del proyecto y asegura que fueron orquestadas por sacerdotes jesuitas, la Fundación San Alonso, y todo su engranaje.
«Yo cierro la mina y sigo con mis negocios», dijo Pérez, «pero ellos pierden la oportunidad de desarrollarse y no es una sola persona sino todo mundo». Por eso, dijo, salió Nucor, y Honduras perdió una gran oportunidad de inversión.
«Patrón de violencia»
Después de haber estudiado el trasfondo jurídico del conflicto, la Clínica jurídica de derechos humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, publicó un informe en el que pidió la liberación de los ambientalistas encarcelados.
«Esta causa [la que lleva el Estado contra los manifestantes] sigue un patrón de violencia, acoso e intimidación hacia los defensores de los derechos humanos en Honduras», dice su informe publicado el 31 de agosto de 2020. Más adelante sostiene que la criminalización de los líderes comunitarios «ilustra la tendencia del gobierno a favorecer los intereses económicos por encima de los derechos humanos y su voluntad de atacar la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica de los ciudadanos».
Los académicos concluyeron que la actuación del gobierno de Honduras incluye medidas «potencialmente ilegales» porque, como explicaron, podría estar violando la legislación internacional de Derechos Civiles que garantiza el derecho de apelar una detención.
Además, cuestionaron que el Estado esté aplicando leyes que usa para desarticular al crimen organizado como herramienta para enfrentar la legítima protesta ciudadana.
Pérez, quien está en el centro de la atención en Honduras en los últimos meses por haberse ganado el contrato de construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar estadounidense Palmerola, asegura que él sólo pidió que procesaran a quienes asaltaron y quemaron las propiedades de la mina.
«Si yo voy a quemar su casa, secuestro a su familia, eso es un delito», dijo Pérez.
Ana Isabel Facussé, su esposa y socia en todas sus empresas, es hija del fallecido Miguel Facussé, prominente empresario de la palma africana descrito en un obituario publicado en Los Angeles Times como un «despiadado magnate hondureño».
Los activistas que se oponen a la minería en el parque nacional se basan además en los estudios que han hecho las autoridades hondureñas sobre el daño que la minería puede causar a esta zona protegida. El Plan de Manejo aprobado por el ICF destaca la riqueza de biodiversidad del parque y cómo ésta ha sido afectada por actividades como la exploración minera, la agricultura extensiva y la presencia de grupos criminales que han utilizado esta zona para la ganadería y cultivos ilegales.
«La actividad minera como tal no es mala, sino la intensidad con que se realice y si se hace en zonas frágiles como en un área protegida o en una zona núcleo, sí es mala aún si la intensidad es baja», dijo un experto que trabajó en el departamento de Vida Silvestre del ICF, el mismo que en 2014 había declarado no factible el proyecto minero en zona protegida. «Lo que se ventiló en el Congreso de reducir el parque o cerrar la zona núcleo no era lo más prudente porque estamos disminuyendo las zonas de conservación».
Defensores del río Guapinol. Martín Cálix/ Contracorriente
Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente y CLIP.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos fue honrado en 2019 con el prestigioso premio Letelier-Moffitt Human Rights Award en Washington, DC. También quedaron finalistas este año del Premio Sakharov a la Libertad de Pensamiento, que el Parlamento Europeo le ha otorgado a Nelson Mandela y Malala Yousafzai, entre otras figuras pacifistas.
Un grupo de 39 parlamentarios del Parlamento Europeo envió una carta protestando por la detención preventiva de varios líderes de Guapinol. «Ahora los defensores de derechos humanos han pasado más de un año en prisión preventiva sin ninguna justificación legal sólida y la criminalización con la cual se enfrentan ellos y sus comunidades se ha incrementado», dijeron los parlamentarios. Altos funcionarios de la OEA y la ONU hicieron eco de la misma preocupación.
«Creo que es fundamental que la gente se cuestione por qué hay ocho personas todavía en la cárcel por defender un derecho tan fundamental como el derecho al agua», dice el eurodiputado español Miguel Urbán Crespo, quien forma parte de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
El empresario Lenir Pérez, ante las preocupaciones internacionales, dice que el problema es que hay una estructura montada con una capacidad grande de convencer al padrinazgo internacional de toda «una película» que no es verdad.
«Con esta estructura, todo mundo necesita una historia, con la historia crecen su perfil de ONG, vienen a Estados Unidos a dictar conferencias, reciben premios en Europa, ellos están felices por los presos porque lo que les interesa es el lío», agregó Pérez, quien aseguró que ha intentado establecer comunicación con líderes comunitarios pero que éstos se han negado.
Consultados tres dirigentes comunitarios al respecto, dijeron que no han recibido una propuesta formal de la empresa para una negociación. Una de ellas, cuyo nombre no revelamos por seguridad, dijo que sólo recibió una visita de un señor de parte de Lenir Pérez que no trabaja con la empresa, «básicamente llegó a intimidarme». Otros dijeron que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) intentó reunirlos para que negociaran con la empresa, «que aprovecharan». Pero que finalmente no lo hicieron «porque [negociar] les corresponde a las comunidades víctimas».
Nucor y Trump
En 2014, John Ferriola -el entonces CEO de Nucor- le dijo a Time Magazine que Honduras podría ser central en la estrategia de Nucor de revivir la industria del acero en Estados Unidos. Nucor produciría la peletización que, combinada con acero reciclado, mejoraría la calidad del producto y reduciría costos. Con esto, la empresa comenzaría a expandir sus operaciones de peletizado en Latinoamérica. «Cuando ves toda el área, dices ‘Oye, si alguien tiene sitio allí, allá, aquí y allá, capta el mercado’», dijo Ferriola.
A pesar de los anuncios, cuando Nucor realizó inversiones en Honduras para la explotación de la minería de hierro o la producción de acero, no lo hizo a la luz del día, sino que, subsidiarias suyas (Nucor South America y Nucor Trading) se asociaron con holdings de hondureños creados en un paraíso fiscal como Panamá.
Nucor destacó que su inversión en NE Holdings fue consistente con su compromiso de «llevar sus negocios con los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental». Además, dijo que le piden a sus proveedores y socios que mantengan esos estándares, según lo expresan varios de sus códigos.
Nucor fue un importante donante de la campaña del presidente Donald Trump en 2016 y en 2020. Por ejemplo, para las elecciones que el candidato republicano acaba de perder, un comité de acción política (PAC) asociado a la empresa donó el máximo permitido de 10 mil dólares al entonces candidato republicano, según develó Quartz. Luego, reformas del gobierno Trump para beneficiar al sector , terminaron favoreciendo a la empresa, según una investigación del New York Times. Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria.
Además, Nucor aportó un millón de dólares para la realización del documental «Muerte a manos de China» de Peter Navarro, un economista que fue el principal asesor de Trump en temas de comercio, según The New York Times. El documental argumenta que China, un gran productor de acero, es una amenaza al poder económico estadounidense.
En agosto de 2017, después de que Trump se rehusara a condenar a los supremacistas blancos involucrados en una protesta en Charlottesville que dejó a una mujer muerta y a varios heridos, 11 de los 28 altos ejecutivos que integraban el Consejo de Manufactura Estadounidense renunciaron en protesta. El representante de Nucor, que forma parte de este consejo, fue uno de los que no renunció ni denunció el racismo del presidente.
«Nucor se ha beneficiado de una relación muy cercana con la Casa Blanca de Trump», dice Leonardo Valenzuela Pérez, investigador de la organización de derechos humanos Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) en Boston. «Esta administración ha favorecido medidas comerciales proteccionistas que benefician directamente a Nucor y ha denunciado las prácticas de rivales comerciales como China. Mientras tanto, Nucor parece estar hipócritamente escondiendo sus negocios fuera del país, impactando negativamente a comunidades rurales y su medioambiente».
La situación es particularmente irónica dada la obsesión de la administración de Trump por detener a los migrantes que vienen desde Centroamérica. «La brutal imposición de proyectos mineros y de generación eléctrica durante la última década ha seguido una lógica de silenciamiento de cualquier oposición, que ha incluido asesinatos y expulsión, forzando a muchas personas a migrar a los Estados Unidos», añadió Valenzuela.
En el punto fronterizo de Corinto, del lado guatemalteco, una joven llora, pidiendo se les permita ingresar a Guatemala junto a un grupo rezagado de la caravana de migrantes que salió en plena pandemia de Honduras hacia Estados Unidos. En Guatemala la caravana se disolvió. Puerto Barrios, Guatemala, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente.
En entrevista con esta colaboración, el congresista Hank Johnson, un demócrata de Georgia que ha seguido el caso de Honduras de cerca, dijo que con frecuencia las comunidades indígenas rurales y la gente pobre centroamericana sufre por estas prácticas de las empresas (refiriéndose al daño ambiental y la represión a la protesta social).
«Son forzados a dejar su tierra por estas empresas y a emprender el peregrinaje a América», explicó, y al llegar, dice el congresista, «son canalizados hacia un sistema de detención privada con ánimo de lucro».
A lo largo de 2018, el proyecto de la planta de peletización obtuvo una licencia ambiental provisional pues se consideró que la socialización del proyecto con las comunidades de influencia directa aún no estaba completa como lo exige la norma, según consta en el expediente de licencia ambiental de Ecotek. La población de Tocoa, la ciudad más grande cerca a Guapinol y demás poblaciones involucradas en el conflicto, le pidieron a la Alcaldía que declarara el municipio libre de minería y las autoridades lo aprobaron. Aun así, las construcciones no se han detenido. Pérez dijo que en 12 meses planean empezar la operación de la mina.
En septiembre de 2020, los asistentes del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos sostuvieron una reunión confidencial con tres defensores de derechos humanos hondureños, incluyendo a Juan López, como representante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, para conocer la situación de Guapinol. López fue uno del grupo contra quienes hay cargos por las protestas contra la mina, que en 2019 se presentó voluntariamente ante la justicia hondureña.
El congresista Johnson, aseguró que es importante entender el involucramiento de una gran empresa estadounidense en un negocio problemático en Honduras dentro del contexto de una relación muy cercana entre el presidente Trump y el muy cuestionado gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Explicó que el mandatario hondureño está bajo investigación en Estados Unidos, luego de que una Corte Federal condenara a su hermano por tráfico de drogas en 2019.
«Esto apunta a la depravación moral de la administración Trump que ha sellado una sociedad con este narco-estado corrupto», dijo el congresista. «La corrupción está en ambos lados».
Actualmente Honduras no tiene embajador estadounidense, pero el embajador James Nealon que estaba cuando la Corporación Nucor hizo la inversión en el proyecto, dijo a Univision Investiga que no había tenido conocimiento de dicho negocio, ni de visitas de los empresarios al país.
Cuando en 2019, Juan López aceptó el premio Letelier-Moffitt en Washington a nombre de sus colegas, recordó las palabras pronunciadas por la ambientalista Berta Cáceres cuando en 2015 ella había recibido el premio Goldman ambiental: «Despertemos humanidad, ya no hay tiempo».
Miles de hondureños han quedado a la intemperie producto de la depresión tropical Eta. La tardía respuesta de los entes del Estado provocó que comandos de ciudadanos asumieran un rol de asistencia que debe tener el gobierno. Denuncias ciudadanas indican que protocolos de Copeco impidieron que muchos siguieran brindando la ayuda.
Bien dice un adagio popular: «no da el que puede, sino el que quiere». En medio de la tragedia que vive Honduras a raíz de las lluvias que ha dejado la depresión tropical Eta, ha surgido una ola de solidaridad para quienes más lo necesitan.
El Valle de Sula ha sido el sector más afectado del país con varios municipios inundados, miles de familias que han perdido todas sus pertenencias y cientos de hectáreas de cultivos perdidas bajo las aguas dejadas por Eta. Este fenómeno natural sorprendió a muchos hondureños, que tampoco fueron advertidos oportunamente por parte de las autoridades cuando debían abandonar sus casas. Ante el desbordamiento de solicitudes que tuvo el Cuerpo de Bomberos para el rescate de familias en toda la zona y la ausencia de instituciones como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y las Fuerzas Armadas, ciudadanos comunes asumieron la tarea de ayudar a personas que quedaron a la intemperie por las lluvias.
El Cuerpo de Bomberos no alcanzó a atender la avalancha de solicitudes, pero su esfuerzo ha sido valorado por los hondureños pues dentro de sus posibilidades siempre estuvieron presentes. Las instituciones llamados a actuar en la emergencia son las que menos presupuesto tuvieron para el año 2020: los bomberos con 313,673,000 millones de lempiras y Copeco con 669,766,000 millones; mientras que la Secretaría de Seguridad con 6,582,821,000 y las Fuerzas Armadas con 8,477,312.052, en muchas zonas de riesgo aparecieron demasiado tarde.
Un equipo de Contracorriente estuvo en la escuela John Cook de Villanueva, en la inundación de la colonia Príncipe de Paz en Potrerillos y la evacuación voluntaria de familias en la colonia Canaán de La Lima, en los tres hechos hubo un común denominador: la ausencia de instituciones gubernamentales.
Copeco ha respondido con lentitud a la emergencia. Al parecer no había plan pese a que una posible catástrofe por la llegada de Eta fue anunciada por el Centro Nacional de Huracanes de Miami el pasado domingo. En el caso de La Lima la asistencia llegó hasta ayer por la tarde pero la emergencia comenzó en la madrugada.
Esta mañana en comparecencia de prensa el ministro comisionado nacional de Copeco, Max González, informó que 16 000 personas fueron rescatadas en una labor conjunta con Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y que 52 lanchas entre civiles y del Estado, 25 vehículos, 8 helicópteros dos de ellos civiles y cuatro más que se integran como apoyo de la República de Guatemala se movilizaron para esta evacuación.
Pero los estragos del fenómeno comenzaron a verse el miércoles, los cuadros más dramáticos tuvieron lugar este jueves en La Lima y en las colonias Planeta, San Cristóbal y Jerusalén, donde miles de personas fueron sorprendidas por la llena del río Chamelecón. Algunos salieron, pero cientos de personas solo alcanzaron a subirse a los techos de sus casas. Pedían ayuda desesperadamente. Copeco advirtió apenas ayer, jueves, al valle de Sula de que inundaciones «catastróficas» azotarían las comunidades de las zonas bajas y dio dos horas a las personas para evacuar, sin embargo cientos de familias comenzaron a salirse de sus casas como pudieron desde el miércoles por la tarde, un día antes que Copeco advirtiera de la catástrofe.
Entonces surgieron personas como Diego Sánchez que desde ese día comenzó a ayudar a gente que tenía problemas para salir de las colonias anegadas. Esa noche no durmió. En la mañana, lo conmovió la situación en la que quedaron miles de personas y comenzó a organizar una operación de rescate. Instantes después ya tenía una lancha para iniciar los rescates en el sector de La Lima. «Necesitamos apoyo, ando reventado», decía.
Pedía ayuda a amigos que tuviesen vehículos de doble tracción y remolques para moverse al Lago de Yojoa donde habían disponibles más lanchas para ayudar a más personas. Antes de las 2:00 p. m. Diego y otros voluntarios que se unieron a la causa ya andaban en las impredecibles aguas que inundaron cientos de viviendas en La Lima y en la colonia Planeta.
Este viernes todavía Diego andaba moviéndose entre La Lima y Potrerillos ayudando a personas a quienes la lluvia dejó en la calle. «¿Dónde están los políticos? ¿escondidos?», preguntaba este voluntario en redes sociales.
En pocas horas ya circulaba en diferentes grupos de whatsapp una lista de al menos doce números de teléfono de personas con lanchas que andaban rescatando personas en El Progreso, Yoro, La Lima, Cortés y Chamelecón.
En Choloma, Cortés, Manuel Tróchez decidió emprender una cruzada para ayudar a los afectados por las inundaciones. Pidió en Facebook a sus amigos donar ropa, comida y cualquier otra cosa que pudiera servir de ayuda a los damnificados.
«Para todos amigos de Choloma quiero decirles que vamos a empezar a preparar comida para llevar a los albergues y a otros lugares que necesiten. Pueden escribirme si desean ayudar. También vamos a recolectar ropa y víveres»», escribió en su Facebook. Obtuvo una respuesta casi inmediata.
Una hora más tarde posteaba bolsas llenas de ropa y platos de comida caliente. «Realmente sorprendente la respuesta de mi gente de Las Cascadas (sector López Arellano), donaron grandes cantidades de ropa. Ya tenemos casi 50 platos de espaguetis y las mujeres de nuestro barrio están preparando 100 platos más», contó antes de salir con la ayuda.
Tróchez entregó comida a evacuados que se encuentran en el bulevar del Sur, en la salida de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa. Nos confiesa que sintió una mezcla de impotencia y tristeza mientras repartía comida.
«Es bien difícil verlo y vivirlo. Te causa cierta impotencia y nostalgia por hacer y dar más, querés tener para todos y no alcanza», nos dice.
Y Manuel tiene razón. Los daños son incuantificables aún. Copeco publicó en sus redes que solo en La Lima unas 4 000 familias salieron afectadas. Pero también hay damnificados en Villanueva, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, Chamelecón y sector Rivera Hernández en San Pedro Sula, Choloma y El Progreso, Yoro. Esto en el Valle de Sula, la zona más afectada del país.
«Siento rabia con las autoridades porque ves que no hay una respuesta y no había un plan preparado para hacer frente a la emergencia» dice Torres.
En Villanueva, Fernando preguntó a través de sus redes sociales «¿no creen que deberías hacer algo por la gente que está damnificada?» Y la respuesta llegó casi de inmediato, pues al instante publicó fotos con bolsas de ropa y algunos víveres. Eran las 9:00 p. m. del jueves cuándo comenzó a pedir colaboración, más de alguno le comentó que era muy tarde y mejor comenzar por la mañana. «Para ayudar nunca es tarde hermano», contestó.
Recogió varias bolsas de ropa para los damnificados de Chamelecón y de paso realizó una convocatoria para el siguiente día cuando se iban a recoger comida y víveres para los afectados. Los casos de Manuel, Fernando y Diego apenas representan a los cientos de hondureños que sin esperar nada a cambio se lanzaron a las calles a ayudar a sus hermanos. Lo hicieron arriesgando la vida y algunos sus posesiones. «Sacamos el buen corazón de los hondureños», dice Manuel.
Obstáculos
La ayuda de los buenos hondureños floreció de forma genuina y espontánea, pero ahora son muchos los testimonios que denuncian las trabas que pusieron las instituciones del Estado que impidieron en muchos casos que la labor humanitaria se realizara.
Estas acciones se dieron pese al llamado que el presidente Juan Orlando Hernández realizó a empresas y ciudadanos de «prestarle» al gobierno lanchas con determinadas características para realizar el rescate de personas.
Sin embargo, en uno de los audios que circuló esta mañana a nombre de Juan José Domínguez, se describe la cancelación de un operativo ciudadano para rescatar personas. «Con profunda pena tengo que comunicarles que por decisión unánime del grupo de voluntarios que teníamos organizado para el rescate de personas en la Planeta y La Lima hemos decidido suspenderlo a raíz de tres factores que nos han hecho llegar a la conclusión que no se puede. Me parte el alma».
El ciudadano enumeró que al voluntariado le solicitan mascarillas y gel de manos. También que la lancha lleve un capitán y chalecos salvavidas, además que los acompañe un policía «y estoy de acuerdo», aclaró agregando que además les estaban pidiendo «una cartilla de que recibimos el curso de primeros auxilios». Por otro lado, también lo desanimó que se regó la voz de que miembros de la pandilla que domina ese sector, «estaban robándose las lanchas y dejando a los rescatistas en los techos».
«El gobierno ha decidido suspender todo movimiento voluntario, ellos lo harán todo. Así de imbéciles», cerró diciendo.
En Juticalpa, Olancho una ciudadana apareció en un vídeo sosteniendo por lo menos dos decenas de platos con comida denunciando que no les habían permitido entregársela a los damnificados. «Veníamos a dejar esta comida, pero la gente de Copeco nos dijo que teníamos que dar los nombres y nos hicieron protocolo. Nos hicieron regresar con toda la ropa y la comida y eso no es justo. Vengo muy resentida. Estamos indignados porque estamos tratando de ayudar y esta gente solo quiere política», dijo la ciudadana al borde de las lágrimas.
Contracorriente intentó comunicarse con el encargado de Copeco en la zona norte para conocer los protocolos aplicados al voluntariado, pero no respondió a los mensajes.
La depresión tropical Eta ha dejado varios daños en los 18 departamentos de Honduras, se han reportado 11 muertos y 338.563 damnificados, 2.764 personas evacuadas y 2.675 albergadas por las lluvias, así lo ha informado la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Yadira Cruz es una locataria del Mercado Emmanuel que está ubicado a la orilla del río Choluteca en Comayagüela, en la capital del país. Ella tiene un negocio de abarrotería y achinería, que según ella, ha reportado pérdidas de alrededor de 600 dólares (unos 15 mil lempiras). Hace más de diez años se dedica al comercio con el cual da sustento a su hogar que consta de siete miembros de los cuales cinco son menores de edad.
Cruz relata que no solamente ella ha perdido, sino que también 15 locatarios más que desde la llegada de la pandemia por Covid-19 no han logrado levantarse, ni ponerse al día con el pago mensual que deben realizar en sus locales.
"Gracias a Dios estamos vivos, la mayoría de locatarios lo hemos perdido todo nuevamente. Nos impactó el huracán Mitch, la tormenta Ágata, el coronavirus y ahora esto, solo nosotros sabemos lo que nos ha costado", dice.
También les hace un llamado a las autoridades que ya que han solicitado ayuda para atender la emergencia «que se acuerden de la gente que realmente necesita, quieren 35 millones escuché yo de un presupuesto llamado Fondo Verde. Que Dios toque el corazón de quienes nos gobiernan y que nos ayuden y no se lo roben».
Marco Midence, secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, solicitó este miércoles al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el desembolso adelantado de 35 millones de dólares para atender el impacto causado por la depresión tropical Eta. Estos recursos son parte del Fondo Verde para el Clima aprobado en diciembre de 2019 con el objetivo de apoyar la restauración de bosques de pino afectados por la plaga del gorgojo y el incremento en la disponibilidad de agua durante la época seca en todo el país.
Este fondo consiste en una donación (69%) y un préstamo concesional (31%) administrado por el BID. Además, Midence anunció la reorientación de los recursos del presupuesto nacional sin apuntar qué porcentaje de esos recursos serían readecuados.
En ese mismo sentido, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que los fondos del programa Fuerza Honduras para la instalación de centros de triaje para atender la emergencia por la COVID-19 podrían ser utilizados por los alcaldes de todo el país para adquirir alimentos y equipar los albergues necesarios.
En la zona de Comayagüela, donde Yadira tiene su negocio, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó trabajos de limpieza desde horas tempranas del día, también en el mercado La Isla, y el mercado Álvarez, donde hasta el momento no se reportaron muchas pérdidas ya que habían sacado la mercadería de manera preventiva.
En Tegucigalpa, varios centros educativos son utilizados para albergar afectados por la depresión tropical Eta.
Las fuertes lluvias han provocado deslizamientos y derrumbes en diferentes colonias de Tegucigalpa, entre ellas: Villanueva, El Reparto por Arriba, Nueva Suyapa, el Barrio la Bolsa, entre otros. En el Instituto Central Vicente Cáceres se albergan un total de 72 personas, entre ellos, niños y adultos mayores en su mayoría.
Los cuerpos de socorro, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y los Comité de Emergencia Municipal (Codem) desde horas de la mañana se apersonaron a entregar víveres, colchonetas y equipos de bioseguridad, así lo confirmó Marbella Rivas, coordinadora del programa Guías de Familia quien también es encargada de la organización de albergue en el centro educativo.
También informó que este Instituto no tiene un límite de capacidad por atender familias afectadas por las lluvias. «Si vienen más personas se recibirán porque el espacio es amplio, tenemos acondicionado y también se fumigó para evitar contagios de dengue», explicó.
Rivas, de igual manera ha denunciado a los directores de la escuela República de Brasil y la escuela Club de Leones quienes se negaron a abrir las puertas para albergar a estas familias que en horas de la noche y madrugada tuvieron que salir de sus casas.
Mientras tanto en la Nueva Suyapa, Marta Leticia Alvarado de 42 años y madre soltera de tres menores de edad y dos jóvenes, relató a Contracorriente el miedo que vivió ayer en horas de la noche, luego de que el muro de su casa cediera ante las lluvias provocando que saliera con toda la familia de manera inmediata a albergarse en la escuela 17 de Septiembre de la misma localidad.
«Mi casita quedó inservible, tuve mucho miedo. Al escuchar el estruendo al caer el muro yo salí corriendo al ver que mi casa estaba en el aire sentí tanta angustia que solo me puse a llorar», relató.
En este centro educativo están 90 personas albergadas y aunque se ha llevado ayuda por parte de las instituciones del Estado, los encargados de este centro escolar han pedido a los hondureños colaborar con comida, agua, equipos de bioseguridad, suéteres, cobijas, pañales, papel higiénico y todo lo que consideren útil, según Gloria Sánchez, encargada de la institución.
La Alcaldía Municipal, es la encargada de realizar pruebas rápidas para la detección del Covid-19 en los lugares instalados como albergues donde se aproxima que hay en total unas 720 personas, 402 adultos y 318 niños, pero en los albergues de la colonia Betania solamente se han realizado un total de 100 pruebas, de las cuales 8 salieron positivas. La misma alcaldía ha asegurado que estas personas ya se encuentran en aislamiento.
En la escuela 17 de septiembre de Nueva Suyapa, algunas personas damnificadas informaban que a las 98 personas que se encuentran ahí se les realizó la prueba rápida por medio de una brigada médica que fue llevada por otro medio de comunicación, y que todas las pruebas salieron negativas.
Mientras tanto en el Instituto Central, se encuentran equipos de las brigadas médicas Anticovid, donde de igual manera se realizaron las pruebas rápidas, saliendo todas negativas. A la vez se realizaron otras evaluaciones médicas ya que «muchos menores de edad han presentado malestares estomacales, mientras tanto los adultos mayores necesitan monitoreo porque muchos son hipertensos, otros sufrieron lesiones al salir de sus casas», dijo Rolando Sorto, médico de la zona.
Sorto sostiene que no se debe de descuidar el tema de la bioseguridad, ya que la pandemia continúa, además estas catástrofes arrastran otras enfermedades como influenza y dengue, además la falta de agua potable en los albergues puede ocasionar problemas intestinales en la población.
Actualmente, los lugares más afectados por la tormenta están en el valle de Sula, lugares que donde las personas han permanecido más de 16 horas en muchas ocasiones, en los techos de sus casa, esperando ser rescatadas. La zona centro y sur del país también ha entrado en un riesgo mayor tras la crecida del río Choluteca.
Al cierre de esta nota se han reportado once personas fallecidas, más de mil familias damnificadas, 578 familias evacuadas y cerca de 2 mil 788 personas asistidas en 41 albergues en el territorio nacional por los daños ocasionados por la tormenta tropical Eta, que llegó degradada a Honduras tras azotar como huracán categoría 4 al Caribe de Nicaragua.
Texto de Leonardo Aguilar con reportes de Allan Bu, Ana Irías, y Deiby Yánes
Honduras oficialmente reporta unas 500 casas dañadas, 26 carreteras cortadas, caída de árboles, y decenas de comunidades anegadas debido al desbordamiento de ríos. Sin embargo, los daños evidentemente son superiores.
El Gobierno de Honduras movió toda su maquinaria institucional y mediática para desarrollar el ansiado “Feriado Morazánico” esta semana. El evento había sido programado para comenzar este miércoles, pero fue severamente criticado por el Colegio Médico de Honduras (CMH) porque se daba en medio de una pandemia y se autorizaba, a toda la población, para que saliera sin restricciones a vacacionar en las playas y sitios turísticos. Sin embargo, la llegada de Eta trastocó los planes del Gobierno que decidió no alertar a tiempo a la población sobre los peligros, sino que esperó hasta ayer miércoles 4 de noviembre, día en donde comenzaría el feriado, para declarar por fin una alerta roja total.
El pasado lunes, antesala de las inundaciones, los países de Centroamérica ya se preparaban para hacerle frente al huracán Eta, pero Honduras insistía con el feriado. “Estamos aclarando que la Semana Morazánica no se está cancelando, el feriado continúa”, manifestó la secretaria de Turismo, Nicole Marrder. Horas más tarde tuvo que rectificar la decisión al mirar cómo poco a poco se iban inundando los sectores más vulnerables del país. Esos miles de habitantes tuvieron que salir de sus casas con lo que llevaban puesto, con sus propios recursos, sin ayuda del Estado de Honduras.
El martes de esta semana, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) indicó que el huracán Eta ingresaría a Honduras como una simple depresión tropical, lo que llamó la atención inclusive del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) que cuestionó al Gobierno de Honduras por haber descontinuado la vigilancia de huracán ETA.
Tras cinco días de intensas lluvias y 8 muertos por las inundaciones, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que tenía mayor interés en el “Feriado Morazánico”, finalmente declaró alerta roja en todo el territorio nacional por los embates de la tormenta tropical Eta, que ha dejado hasta este jueves carreteras cortadas, casas anegadas y puentes caídos. La comparecencia de Hernández, junto a las autoridades de la Policía Nacional y algunos secretarios de Estado, se dio en presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., Tito Livio Moreno.
“El problema es que las lluvias van a continuar. El país tiene una enorme cantidad de agua acumulada en el suelo. Hemos tenido un invierno increíble”, dijo en la mañana de este jueves el presidente Juan Orlando Hernández, en el canal HCH, un medio de comunicación afín en donde pudo justificarse por las acciones tardías.
El mismo Hernández, antes del huracán, había designado a Max Gonzales, conocido como “Killa” -por su pasado como cantante de reguetón-, al frente de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). El “Killa” fue puesto ahí para que dirigiera la pandemia del Covid-19 después que sus antecesores Gabriel Rubí y Carlos Cordero han sido señalados por corrupción en el manejo de la pandemia. Pero el “Killa” nunca se imaginó que le tocaría ser recibido por un ciclón devastador como Eta. Cuando recién asumió para enfrentar a la Covid-19, reconoció burdamente ante medios de comunicación no tener ningún tipo de preparación académica para mitigar desastres naturales, como lo dejó claro en Tiempo.hn.
Copeco solo ha oficializado dos muertes durante esta emergencia registradas en la zona norte de Honduras. Una niña identificada como Norelys Gámez Bonilla (de 13 años) fallecida en la colonia El Carmen de San Pedro Sula y Esteven Gabarrete Isaula (de 15 años) quien perdió la vida en Sulaco, Yoro. Sin embargo, medios de prensa locales, coinciden en que el número de víctimas es superior.
Las diferencias en cómo actuaron los países vecinos de Honduras son notables y contrastan con la desidia del Gobierno que alertó de los peligros hasta el día miércoles. Nicaragua evacuó a más de 3 mil personas antes de que el huracán, que en ese entonces tenía categoría 4, golpeara sus costas del Caribe, como lo reportó el pasado lunes el sitio Nicaraguainvestiga; El Salvador también declaró alerta roja mucho antes que Honduras en todo su territorio, suspendió varias actividades, y advirtió de los peligros por las bandas del huracán Eta a pesar de que no serían afectados directos por el fenómeno, tal y como lo recoge el sitio Elsalvador.com
Contracorriente hace recorridos por las zonas más afectadas en la zona del Valle de Sula -norte de Honduras- en donde el Gobierno tardó varios días para declarar alerta roja y en donde los llamados de alerta llegaron con el agua.
Gente en los techos en colonia Planeta de La Lima, Cortés
La Lima y sus colonias aledañas han sido hasta el momento los sectores más golpeados por el huracán, ahora convertido en depresión tropical Eta. Este jueves centenares de personas fueron expulsados por el agua que irrumpió inesperadamente en el centro de La Lima, en las colonias Planeta, La Jerusalén, San Cristóbal, entre otros sectores duramente afectados.
Una gran cantidad de personas logró salir únicamente con lo que llevaban puesto al bulevar que conduce de San Pedro Sula a El Progreso, zona norte, pero el problema no termina ahí. Cientos de personas están atrapadas en los techos de sus casas pidiendo ayuda con desesperación ante la amenaza de las aguas.
Debido a la inoperancia de las autoridades, la solidaridad se ha hecho presente y algunos ciudadanos están organizando cuadrillas de rescate para responder al llamado angustioso que muchas personas han hecho a través de videos que circulan en redes.
Llamados desesperados de auxilio desde el sector Chamelecón
La tardía respuesta del Estado y las autoridades estatales ha generado un caos y ha puesto en peligro a miles de familias hondureñas. Parte de esas familias son parte de nuestro equipo de Contracorriente, Jimmy Girón y Abigail Molina ambos ubicados en el sector Chamelecón, quienes han estado solicitando ayuda desde hace 24 horas.
Desde Contracorriente hemos llamado constantemente a Copeco, para poder enviar lanchas a nuestros colegas sin obtener una respuesta positiva.
Familias a la intemperie por inundaciones en Potrerillos, Cortés
Los moradores de la colonia Príncipe de Paz en Potrerillos, Cortés, quedaron a la intemperie después de que el agua cubriera casi la totalidad de sus casas. El martes, alrededor de las 2:00 p. m. los habitantes de esta colonia fueron sorprendidos por una corriente que en menos de 45 minutos tenía inundadas la mayoría de casas. Los dueños no pudieron sacar sus pertenencias.
Uno de los damnificados es Alexis Padilla, quien nos contó cómo fueron sorprendidos por el agua. «No sacamos nada porque no nos dio chance, cuando vinieron los carros ya no se podía entrar. De repente se vino el bombazo de agua, como si fuera una ola», dice Padilla.
Sostuvo que ellos solicitaron ayuda, que no llegó. «Se llamaron a los cuerpos de socorro, pero de repente tuvieron otras emergencias». También es inaudito que después de un día de estar a la intemperie, los afectados refieren que ninguna autoridad se ha acercado a ellos. «Ni hemos visto a las autoridades», dicen. Claudia García, es la presidenta del patronato de la comunidad, sin rodeos acepta que han estado pidiendo a la gente que pasa por la CA-5, que une a las principales ciudades de Honduras, San Pedro Sula y Tegucigalpa -zona norte y central, respectivamente-. «Tenemos hambre», dice.
La rapidez con la que el agua copó sus casas no les permitió salvar pertenencias. «No tenemos cama donde dormir, estamos a la intemperie. Solo salimos con lo que andamos puesto», sostiene.
Marta García, hermana de Claudia, le hizo un llamado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para que atendiera su emergencia pues a su criterio las autoridades municipales de su localidad nunca les han ayudado. Cuando vio su casa inundada, sus ojos se llenaron de lágrimas, y no pudo proseguir con el relato.
La Lima, Cortés, registra severas inundaciones
Debido a que el Gobierno de Honduras no preparó albergues por estar preparando la “Semana Morazánica”, el desbordamiento del río Chamelecón, uno de los más grandes de Honduras, provocó que unas 50 familias de las colonias Canaán y 23 de septiembre se ubicaran el miércoles en champas en las orillas de los bulevares. Mojados por la lluvia, en la mediana de la autopista que va de San Pedro Sula a El Progreso, miraban cómo sus viviendas yacían bajo el agua.
Pero además, las lluvias que caen en el país por la llegada de Eta provocaron que el río Chamelecón alcanzara sus aguas niveles más altos. Lo que alarmó a todas las personas que viven en sus alrededores.
Uno de ellos de los expulsados fue don Rolando Guzmán Monje, quien se instaló en una margen de la autopista con sus dos nietos y su esposa. «Lo hago por ellos no tanto por las cosas, imagínese que el río se nos meta en la noche. Ni quiera Dios», nos dice.
Recuerda que desde hace siete años no les tocaba abandonar sus casas por amenaza de inundación, pero ahora tienen que hacerlo porque ya hay gran filtración. Afirmó que prefiere no ir a un albergue y que siempre se ha quedado en la autopista cuando las aguas del Chamelecón amenazan su seguridad.
Las familias en el momento de realizar la nota se encontraban sin ninguna asistencia gubernamental y municipal. «A pedir el voto si vienen», reclamó don Rolando.
Interrumpido paso entre El Progreso y Santa Rita, en el departamento de Yoro
El paso entre El Progreso y Santa Rita, Yoro fue interrumpido por el desbordamiento de la quebrada de La Cuatro, que ya ha socavado esta vía de comunicación en las orillas. Una poderosa corriente de agua impide, aún, el paso de vehículos medianos y pequeños. Algunos camiones y autobuses se atrevieron a pasar.
La Policía Nacional ha establecido retenes para evitar el cruce de vehículos.
En el lugar se encontraba, don German Domínguez, un guardia de seguridad que salió de su trabajo a las 6:00 am del miércoles., pero ocho horas después no pudo cruzar. Dijo que por algunos momentos el nivel del agua había bajado, aunque no quiso arriesgarse a pasar con su motocicleta. Contó que el desbordamiento de esa quebrada pasa a menudo sin que las autoridades busquen una solución.
Hoy el Río Pelo y el Río Ulúa rompieron sus bordos dejando a toda la ciudad incomunicada.
Especialistas llaman a no bajar la guardia ante Eta
Eta tocó como huracán categoría 4 las tierras nicaragüenses el pasado martes 3 de noviembre, ingresando por el municipio de Bilwi en el Caribe de ese país centroamericano, donde ha dejado varios daños.
Aunque Eta tocó tierra como un huracán de categoría 4, más tarde se degradó a categoría 2, sosteniendo vientos de 175 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estuvo lanzando alertas sobre los efectos colaterales de este fenómeno que se extendió por la mayoría del territorio hondureño, donde se han reportado lluvias fuertes que han provocado inundaciones y derrumbes en varios departamentos del país.
Para el doctor y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nabil Kawas, a medida que el huracán ingrese a tierra irá perdiendo fuerza, pero que eso no garantiza que las lluvias desaparecerán. Es por eso que se debe estar en alerta y ser prevenido ante los destrozos durante lo que resta de la semana, ya que serán los días más difíciles para el país.
Asimismo, menciona que Honduras es tierra vulnerable ante estos fenómenos naturales “nuestro territorio siempre ha sido vulnerable por nuestra misma orografía porque es muy quebrada de muchas montañas y valles y eso nos hace completamente vulnerables, no cuidamos nuestros territorios, nuestras cuencas”.
Kawas también manifestó que Eta va a afectar el 90 % del país intensificando mucho más en algunas zonas y en otras no, “por ejemplo hemos visto que aquí en Tegucigalpa y la zona centro hasta ahora las lluvias han sido muy pocas, pero no por eso debemos aflojar, hay que estar alerta”.
Puede ver la entrevista completa aquí:
Alerta roja por Eta
Carlos Madero, secretario coordinador de Gobierno, aseguró que están listos para atender la emergencia “podemos informarle al pueblo que tanto los fondos para la emergencia del Covid-19 como fondos para la emergencia por motivo del huracán Eta están disponibles, ya hemos articulado un esquema de atención para los albergues y la disponibilidad de comida para la población de tal forma que los equipos estén preparados”.
De igual manera Max Gonzales, comisionado de Copeco, informó que continúan realizando el monitoreo a todas las acciones del avance del fenómeno ambiental. Agregó que más de 15 instituciones del gobierno de la república, sociedad civil y la cooperación internacional han puesto a disposición, personal, equipo y recursos para darle una respuesta rápida a la población hondureña.
A pesar que en Tegucigalpa las lluvias han sido leves, se han reportados varios desastres, entre ellos un derrumbe suscitado en la colonia Reparto por arriba, en donde según los pobladores el problema se debió a que hace cinco años se construyó la calle en dicho sector, pero no se realizó el respectivo análisis de las tuberías de aguas negras y están actualmente tienen filtración, situación ha ido dañando poco a poco la calle debido a las últimas lluvias reportadas en la capital. Ese pequeño incidente muestra la vulnerabilidad de la capital hondureña.
Mario Solorzano, residente en este sector, relataba a Contracorriente su molestia ante el abandono en el que se encuentra la capital por parte de las autoridades “esto se pudo evitar aquí hay dos casas completamente destruidas y mi casa que el derrumbe se llevó una pared, somos cuatro familias afectadas y las autoridades solo nos dijeron que nos llevaran a un albergue, pero esa no es la solución, de qué sirven esos albergues si mucho antes se debió evitar el problema”:
Autoridades de Copeco nos informaron que estaban analizando convertir en albergues algunos centros de triaje para detección de Covid-19 en la capital.
Las primeras lluvias del Huracán Eta provocaron que una calle se hundiera en el Barrio El Reparto de la capital hondureña. Tegucigalpa, 3 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Un equipo del Ejército hondureño realiza labores de contingencia tras el derrumbe de una calle en el Barrio El Reparto. Tegucigalpa, 3 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Honduras, entre los países más vulnerables del mundo
Nelson García, director de la Comisión de Acción Social Menonita, manifestó que Honduras históricamente es uno de los países más vulnerables del mundo en temas ambientales “somos unos de los más vulnerables a pesar de que no somos los que más contaminamos, ni generamos contaminación, ni deterioro climático en el mundo, pero si somos de los más afectados”.
García lamenta la vulnerabilidad que vive el país siendo una condición muy complicada ante los fenómenos como el Eta. “Es una vulnerabilidad cultural, no estamos preparados para el nivel de manejo de los riesgos para seguir medidas y recomendaciones que son estándares internacionales en algunos lugares del país ya han llegado los equipos de rescate donde muchas familias se han negado a evacuar por temor a perder lo poco que tienen poniendo en peligros a niñas, niños y rescatistas”, dijo.
La Comisión de Acción Social Menonita ha trabajado por muchos años en la red humanitaria para lograr que desde los centros educativos pueda adoptar guías que permitan que los niños y las niñas estén listos para estas catástrofes ambientales “nuestra educación es sumamente pobre en el marco de prevención, queremos dejar de apagar fuegos como en todos los años”.
Por otra parte, se refirió ante la programación de descargas de la represa eléctrica estatal El Cajón diciendo que “los efectos al abrir la represa El Cajón, la cantidad de agua va a ser mayor, va a llegar a los ríos y obviamente esto va a provocar que se desborden más continuamente, pero igual son medidas que ya tienen para la mitigación, pero si hubiera más represas en el país, seguramente tendríamos donde almacenar esta agua que se pierde”.
Puede ver la entrevista completa aquí:
Gobierno, en medio de la crisis, todavía piensa en el “Feriado Morazánico”
Al Gobierno que preside Juan Orlando Hernández no se le ha olvidado el feriado para “incentivar el turismo”, ayer el Congreso Nacional aprobó mover otra vez el denominado “Feriado Morazánico” correspondiente a los días 3, 12 y 21 de octubre, que ya había sido cancelado la primera vez por la pandemia del Covid-19. Por las fuertes tormentas de Eta, ahora quedará en manos del Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros presidido por el presidente Hernández, determinar una nueva fecha para gozar de esos días.
Fotografías: Deiby Yánes
Texto: Allan Bu y Leonardo Aguilar
El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC por sus siglas en inglés) alertó en su boletín más reciente que el huracán Eta, ubicado tierra adentro sobre el noreste de Nicaragua, continúa avanzando lentamente sobre ese país causando marejadas ciclónicas, vientos e inundaciones que amenazan la vida.
Con vientos de 110 mph este huracán se degradó a categoría 2 y su ritmo de traslación es lento, de apenas 5 mph. No obstante, eso no le quita lo peligroso, pues entre más lento vaya, más cantidad de lluvia cae, expertos esperan que Honduras reciba una enorme cantidad de lluvias los días miércoles, jueves y viernes.
Este martes la Comisión Nacional de Contingencias (Copeco) decidió incluir en la alerta roja a los departamentos de Yoro y Cortés. Precisamente los municipios de estos sectores reportaron la mayor cantidad de familias damnificadas.
Centenares de evacuados en El Progreso, Yoro
Las colonias anegadas en El Progreso, Yoro, tras desbordarse la quebrada Los Castaños, están ubicadas al sur de la ciudad. La más afectada es la colonia La Amistad (también conocida como Jesús de Nazaret), en donde más de 450 familias vieron cómo sus viviendas se inundaron por las lluvias, producto de las bandas del Huracán Eta.
También resultaron afectadas las colonias Palermo -cerca del Centro Penal- La Nacional y San Antonio, en donde se reportaron casas inundadas, aunque en menor escala. Las lluvias dieron una tregua en horas de la mañana a la ciudad de El Progreso, pero en horas de la noche las tormentas se reactivaron de forma copiosa.
Suyapa Orellana contrató un camión para evacuar a su madre, quien forma parte de las 450 familias de la colonia La Amistad. «Me llamó mi mamá para decirme que el agua le daba al pecho. No vivo acá, así que contraté un camión para ponerla a salvo», dijo.
El paso para varias aldeas del sector sur de El Progreso, Yoro, está cortado después de que la quebrada Los Castaños saliera de su cauce. Dixon Perla es un comerciante que reside en la aldea El Socorro, Finca 8. Contrató una lancha para llevar productos para surtir su negocio, pero contó a Contracorriente que varias personas han decidido irse de las casas que están más retiradas. «He visto a 30 personas salir de sus viviendas, por lo que se dice del huracán. No están sacando sus cosas, solo buscan salvar sus vidas».
En esta zona de El Progreso no hay órdenes de evacuación por parte de las autoridades de Copeco. Ellos están saliendo por su propia iniciativa.
La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) expresó más temprano que el huracán Eta ingresará a Honduras como depresión tropical, sin embargo, algunos consideran que no se han emitido las alertas suficientes en los lugares en donde viven las personas más vulnerables. Inclusive en uno de los boletines del NHC se cuestionó al Gobierno de Honduras por haber descontinuado la vigilancia del huracán ETA.
La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras activó el Equipo Humanitario de País (EHP), liderado por la ONU en acompañamiento de Copeco, para complementar las acciones de respuesta humanitaria del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ante la posible afectación por el huracán.
Nicaragua, que sufre ahora mismo los embates de Eta directamente, aún no reporta muertes, pues desde antes del impacto logró evacuar a más de 3,000 familias. La zona más afectada ha sido la del barrio Galilea de Bilwi. Pero hasta el momento solo se han reportado pérdidas materiales.
En el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, -zona norte de Honduras- las lluvias que han caído desde el domingo 1 de noviembre dejaron este martes a 30 familias evacuadas, pero la cifra puede aumentar a medida avanza el huracán Eta por Honduras.
La mayoría de personas evacuadas viven en la colonia La Libertad, un asentamiento ubicado a la orilla de la CA-5 donde la mayoría de casas están hechas con láminas de zinc.
Contracorriente visitó uno de los albergues ubicado en la escuela John Cook. Ahí se encuentran alojadas 12 familias quienes hasta el momento de nuestra visita no habían recibido ninguna asistencia. «Solo nos vinieron a dejar», nos dijo uno de los damnificados, mientras otro afirmó que él podía aguantar sin comer, pero sus hijos, que son cuatro, no.
Varias personas en el albergue de Villanueva estaban sin sus mascarillas.
El Comité de Emergencia Municipal (Codem), ubicado en Villanueva, ha preparado cinco albergues con capacidad para recibir a 76 familias.
Daniel Romero, jefe de gestión de riesgos en Villanueva, nos dijo que para ingresar a los albergues están utilizando un protocolo orientado a frenar la propagación del COVID-19. Una de las medidas es realizar una encuesta a todas las familias y si el médico considera que es sospechoso se aplica una prueba rápida.
Además, afirmó que proveerán mascarillas y gel a los evacuados. También han procurado albergar pocas familias por albergue, pero en cada aula de la escuela John Cook hay tres familias.
Honduras supera las 2,675 muertes por Covid-19, en un escenario complejo: la atención de una pandemia para la que no estaba preparado. Con esto, el país rinde tributo a la memoria de las personas que ya no están entre nosotros en el Día de muertos —para muchos— el más doloroso que jamás vivieron.
José Sosa Sevilla de 39 años, vende dulces y agua en el parque central de la capital hondureña. El día de muertos ha llegado para coronar a su madre en el anexo del Parque Memorial Jardín de los Ángeles, ubicado en el kilómetro 14 en la carretera que desde Tegucigalpa conduce a Olancho.
Ha traído objetos que va colocando alrededor y sobre la cruz con el nombre de su madre: Consuelo Sevilla, fallecida a los 80 años el pasado 26 de junio en el Hospital Escuela Universitario, luego de no poder superar el dengue y posteriormente la Covid-19.
Los objetos con los que José ha construido un altar en la tumba de su madre son un recuerdo de la boda de su hermano mayor a la que su madre ya no pudo asistir, dibujos que ella hacía, la biblia que leía y una guitarra de juguete que otro de sus hermanos hizo, una para cada miembro de toda su familia.
Los últimos cuatro meses ha sido un tramo oscuro en la vida de José, quien reconoce que después de la muerte de Consuelo ha estado en una depresión profunda que le ha quitado incluso el apetito.
«Éramos muy unidos, comíamos juntos, leíamos la biblia y me predicaba», explica. Su madre y él estudiaban la biblia y predicaban juntos el evangelio, José —quien vive en Ciudad España, un barrio periférico de la ciudad de Tegucigalpa— todavía asiste a «La Profecía», la iglesia evangélica a la que su madre también asistía.
Con paciencia, acomoda piedras alrededor de la tumba, y cada que se acerca vuelve a ver la cruz de madera con el nombre de su madre, este gesto lo ha hecho cada que se acerca y acomoda una piedra nueva alrededor del cuerpo enterrado de su familiar. Luego se sienta y contempla la tumba en medio del llanto que no puede evitar. José encuentra consuelo en su espiritualidad evangélica y lo deja todo en manos de Dios.
En el anexo del Parque Memorial Jardín de los Ángeles, Jaime Amador y su hijo coronan a Juan Ramón Ramírez, padre de Jaime, quien murió el 20 de junio a causa de una neumonía según su hijo en el Hospital Escuela Universitario. La médica que le notificó a Jaime la muerte de su padre le explicó que murió bajo sospecha de haber contraído la Covid-19 pero él asegura que las pruebas siempre dieron resultados negativos.
A Juan —como a todas las personas que han fallecido durante los meses de la pandemia— le aplicaron el protocolo para personas que fallecen por Covid-19, este protocolo obliga a los familiares a enterrar a sus muertos inmediatamente después de su muerte, lo que afecta uno de los pasos importantes en todo duelo: el velatorio de cuerpo presente, ese último adiós que durante este año se ha visto interrumpido, provocando una sensación de vacío y un mayor dolor en las personas que tuvieron que asumir las medidas de bioseguridad por temor a provocar mayores contagios.
Jaime, aunque no tenga el apellido de su padre, recuerda sus enseñanzas, los valores morales que se convirtieron en su legado, un legado que ahora intenta transferir a su hijo adolescente que desde su smartphone hace una foto de la tumba de su abuelo.
Albertina y su hijo Francisco ha llegado hasta el Parque Memorial Jardín de los Ángeles, para rendir tributo en el sepulcro de su esposo y padre de sus siete hijos. Vicente falleció a los 70 años el pasado 10 de julio en el Hospital María.
Para Albertina la vida no fue fácil, cuenta , primero su madre falleció cuando ella tenía 6 años y luego falleció su padre cuando ella tenía 11 años, a los 15 se casó con el padre de sus hijos, Vicente entonces tenía 21 años. Lo recuerda como un buen hombre y un buen padre, ahora enciende cuatro veladoras que a pesar del viento que corre no se apagan, una mujer que observa esto dice que el esposo fallecido de Albertina necesita luz, y ella también lo cree: que su esposo fallecido necesita luz y por esa razón las cuatro veladoras resisten encendidas el viento.
La municipalidad de Tegucigalpa ha puesto café y pan a disposición de las personas que llegan a coronar a sus muertos este 2 de noviembre, y durante los últimos quince días estuvieron limpiando los cementerios, pero esta labor quedó inacabada, la razón se debe a que la mayoría de los trabajadores en labores de limpieza de los cementerios municipales contrajeron la Covid-19, esto lo cuenta Suyapa Guillén, quien en sus palabras es «microempresaria de chapeo», que parece ser el eufemismo con el que la Alcaldía del Distrito Central se refiere a los empleados de limpieza de los cementerios municipales.
Estos microempresarios de chapeo como Suyapa ganan unos 18,000.00 lempiras mensuales, de donde deben costear la compra y mantenimiento de herramientas de trabajo y el pago de empleados que están bajo sus órdenes, lo que a Suyapa le deja apenas unos 5,000.00 lempiras. En cambio, Donadín Fuentes, Gerente del Departamento de Orden Público de la alcaldía capitalina afirma que a los empleados de limpieza en los cementerios municipales la alcaldía les provee toda herramienta de trabajo y sus implementos de bioseguridad.
Suyapa contrajo el virus y lo confundió con una gripe común, y durante un mes —cuenta— estuvo enferma, soportando dolor de cabeza y fiebre. La prueba para Covid-19 le dio negativa, pero luego de que en su casa todas las personas contrajeran el coronavirus está convencida que la enfermedad «no es de juego».
La cifras avalan la conclusión de Suyapa. Honduras ha reportado entre el 30 de septiembre y el 1 de noviembre un aumento de 21,312 contagios, llegando a la cifra total de 98,212 personas que desde marzo a noviembre han contraído la Covid-19, según las cifras oficiales del gobierno hondureño en su página web covid19honduras.org.
En el anexo del Parque Memorial Jardín de los Ángeles se ha enterrado a personas que fallecieron con diagnóstico para Covid-19. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
La tumba de Juan Ramón Ramírez, fallecido el 20 de junio, es limpiada y adornada con flores por su hijo Jaime y su nieto. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Sentado a un lado de la tumba que ha estado limpiando y adornando con piedras y recuerdos, José contempla la cruz que lleva inscrito el nombre de su madre. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Consuelo Sevilla, madre de José, falleció con diagnóstico para Covid-19 el pasado 26 de junio a los 80 años. José era su hijo menor y en sus palabras, el que más tiempo compartía con ella. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Una tumba adornada con flores y fotografías en el anexo del Parque Memorial Jardín de los Ángeles, un cementerio para personas fallecidas por Covid-19, ubicado en el kilómetro 14 en la carretera que desde el Distrito Central conduce a Olancho. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Un hombre compra flores en las afueras del Cementerio General de Comayagüela. 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Suyapa Guillén, es retratada sobre una tumba en el Cementerio General de Comayagüela, esta microempresaria de chapeo trabaja como subcontratista para la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
El mariachi Los Amigos Populares cantan la canción «Amor eterno» a solicitud de Josefina, quien ha llegado a coronar y limpiar la tumba de sus hijos. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Wendy y Jorge limpian y adornan con flores los nichos de sus familiares en el Cementerio General del Distrito Central. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Dos mujeres limpian y adornan con flores la tumba de un familiar en el anexo del Parque Memorial Jardín de los Ángeles. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Gladis de 45 años ha limpiado y adornado con flores la tumba de su madre que falleció a los 69 años en el Hospital Escuela Universitario a causa de la Covid-19. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Una joven carga una cruz de metal de su familiar fallecido por Covid-19 el pasado 20 de junio. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
En las afueras de la sede del Colegio Médico de Honduras se puede observar un homenaje que los médicos han hecho para sus colegas fallecidos desde el mes de marzo de 2020. Comayagüela, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Pocas personas han llegado para rendir tributo a sus muertos debido a las restricciones de movilidad que el gobierno hondureño ha impuesto desde el pasado mes de marzo con la llegada de la Covid-19 al país. Tegucigalpa, 2 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
El pasado 12 de octubre Óscar Barrera (16) desapareció en la Entrada, Copán, al occidente de Honduras. No volvió de una cita que pactó con una chica por redes sociales, según sus familiares, la cita fue en el Parque El Orégano y ya no supieron nada de él después de eso.
Tras varios días de búsqueda su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en una reserva ubicada en La Entrada, el cadáver se encontraba flotando en un río Una mujer que realizaba la recolección de leña en ese lugar fue quien lo encontró.
En Honduras han desparecido 1.095 menores de edad entre 2016 y 2018, según datos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). En estos mismo años, el Ministerio Público ha realizado solamente cuatro investigaciones de desaparecimientos.
Los menores de edad en el país constituyen el 40 % de la población de los cuales un 70 % viven en condiciones de pobreza, muchos de ellos se ven forzados a realizar trabajos forzados en las calles de las principales ciudades del territorio nacional, de acuerdo con el informe Mapeo del Sistema de Protección de la Niñez en Honduras.
La percepción de inseguridad ha aumentado
El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en su encuesta percepción ciudadana realizada en 2019, refleja que la inseguridad ocupa la segunda posición de importancia para la población hondureña ya que 35.7 % asegura que este es un problema en enfrenta Honduras aun hoy después de haber reducido la tasa de homicidios significativamente.
Lempira, el Paraíso, Francisco Morazán y Gracias a Dios encabezan los departamentos con mayor inseguridad. Según los encuestados la principal causa de la inseguridad es la situación económica que atraviesa el país con un porcentaje del 47.8 %, la cual se traduce en la falta de oportunidades, le sigue los problemas de corrupción que se han cometido en los últimos años con un 34.1 % y por último el crecimiento de las maras y pandillas con un 9.2 %.
Este documento ha evidenciado que la Percepción de inseguridad, es del 87.6%, revelando que los encuestados se sienten inseguros porque tienen sentimiento de temor, el 16.4% se sienten inseguros en sus viviendas y el 12.8% de los encuestados han sido víctima de algún tipo de delito en los últimos 12 meses, por otra parte, no hay confianza en las instituciones de seguridad y justicia un porcentaje del 32.8%.
Esta es una percepción general, pero cuando se habla de la situación de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), la inseguridad se agudiza.
Para Wilmer Vásquez, coordinador de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden), las desapariciones que en estos meses han tenido el foco de los medios de comunicación, tienen relación con el crimen organizado, «muchos niños que han desparecido son utilizados para la trata la explotación sexual comercial, la utilización de la pornografía, entre otros, que quiero decir con esto, que este no es un tema nuevo ya que es algo que ha venido ocurriendo desde hace décadas en el país», dijo.
Lo que ha llamado la atención de Vásquez es que en las últimas semanas las denuncias han sido realizadas por medio de las redes sociales, lo cual parece que «en este momento sucediera como parte de una estrategia para el actual gobierno, para alarmar a la sociedad y así entretenernos con estos temas y que esto desvíe la atención de otros temas que también están pasando en el país, los cuales tienen que ver con la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y el Estado de derecho y sobre todo la crisis que se vive con la pandemia de Covid-19».
Para esta organización este peligro que acecha a los menores en el país es el resultado del descuido sistemático de la niñez y adolescencia ya que esta población no es una prioridad en la agenda de quienes gobiernan el país, es por esa razón que hasta los momentos no se ha activado una emergencia ante estos hechos, mucho menos una respuesta por parte del Ministerio Público y tampoco hay avances de las unidades de investigación de esta misma institución.
Una niña junto a su madre en espera a que la Policía Nacional de Guatemala les permita pasar. Ella, como muchos niños, viajaron junto a sus familias como parte de la caravana de migrantes. Omoa, Cortés, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Migración infantil
El foro Daker Honduras sostiene que la principal causa de la migración de menores en el territorio es la violencia, la falta de oportunidades y el poco acceso al sistema educativo, es por esta razón que en el año 2019 se reportó que 10,915 niños y niñas se encontraban sin sus padres en la frontera de Estados Unidos. Según estos datos se aproxima que un 25 a 30 por ciento de los migrantes en las caravanas son jóvenes menores de 18 años.
Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza en Honduras dice al respecto que la inoperancia del gobierno es la que expulsa de Honduras a los menores de edad «muchos jóvenes por su propia cuenta se van del país, ni la pandemia los ha detenido, al contrario, esto ha sumado a que más personas tengan que huir del país y esto será peor cuando se elimine el confinamiento porque aquí no hay oportunidades para los adultos, mucho menos para los menores».
El último informe del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras hasta el 6 de septiembre de 2020, establece que 28 mil 881 hondureños fueron deportados, entre ellos 3 mil 371 menores de edad, el principal país con mayores números de la migración es Estados Unidos y en segundo lugar España.
Un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Honduras, Flacso sostiene que la mayoría de estudiantes de secundaria en Honduras piensa o contempla emigrar tras graduarse, el 63 por ciento de estudiantes de último año de secundaria ven la migración como alternativa.
Una madre avanza por territorio guatemalteco junto a sus hijos como parte de la caravana de migrantes. Puerto Barrios, Guatemala, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.
344 denuncias en lo que va del 2020
El portavoz de la Policía Nacional, Jair Meza informó que a la fecha esta institución ha recibido 344 denuncias por desaparición a menores de edad, de las cuales ya se han resuelto 288 y 56 continúan bajo investigación, asimismo expresó a Contracorriente que «los antecedentes investigativos que se han dado, en su mayoría las desapariciones, son por situaciones familiares y otros son auto secuestros de los mismos menores».
También asegura que muchos de los menores que desaparecen del país son sacados inmediatamente del territorio.
«Algunos están bajo la custodia de las autoridades mexicanas y norteamericanas, es por eso que el Instituto Hondureño de las Niñez y la Familia está trabajando para contactar a sus padres ya que estos menores han salido de manera irregular del país y no han avisado a sus padres de esta decisión, aunque otros han caído en manos del crimen organizado en este trayecto».
Meza aseguró que la Policía Nacional está trabajando a través de la prevención con diferentes programas en los que se capacitan a menores de edad, padres de familia, maestros para orientar a menores que no sean sujeto del crimen organizado «pero si un menor se extravía, como Policía Nacional no descansamos hasta recuperarlo, así como se ha visto en los últimos casos, donde los menores son recuperados».
Finalizó informando que esta institución está a la espera de la implementación de la Ley de Alerta Temprana AMBER, ya que es una herramienta muy importante para poder buscar e identificar a menores que desaparezcan con ayuda de los operadores de telefonía en varios países.
La alerta Amber es una iniciativa, que fue aprobada en 2015 por el Congreso Nacional mediante decreto legislativo 119-2015 y forma parte de un sistema internacional, conformado por diferentes instituciones como el Ministerio Público, el Dirección Nacional de Niñez y Familia (Dinaf), La Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre otras.
Para activar esta alerta, primero se recibe el reporte de no localización de un menor de edad por medio del Sistema Nacional de Emergencias 911 y luego es trasladada a la Secretaría de Seguridad. Ante este reporte se deberá dar el nombre, edad, sexo y principales características del menor desaparecido y ya activada la Alerta se difundirá de forma masiva e inmediata, un formato único de datos con fotografía en todos los medios de comunicación disponibles (Mensajes por telefonía móvil, radio y televisión).
Edith Copland, Comisionada de Conatel relató que ya existe un protocolo para llevar a cabo esta alerta, «lo que hace falta es que cada institución realice la revisión de el reglamento de la alerta, que es lo que ha estado atrasando, son más de 12 instituciones al frente de este programa, así que hago un llamado a cada uno para que aceleremos el proceso y dar una respuesta pronta».
Un joven que ha sido retornado viaja junto a otros jóvenes y niños, hacia un centro de tríaje para realizarse pruebas para Covid-19 y ser aislados hasta descartar el posible contagio. Tegucigalpa, 16 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.
Trabajo Infantil
Según la Secretaría de Trabajo, más de medio millón de niños ejercen actividades laborales, el trabajo infantil es una realidad que muchos niños y adolescentes viven día a día y a esto le sumamos que los menores que realizan estas actividades son aislados completamente del sistema educativo y se teme que estos datos se multipliquen a causa del golpe económico que dejará la pandemia por Covid-19.
La Encuesta de Hogares Múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de Estadística en Honduras, registra un total de 2, 638,421 menores de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. El 15.6% de estos niños, niñas y jóvenes trabaja (de los cuales, el 42% estudia y trabaja de forma simultánea y el 58% sólo trabaja); el 70.9% sólo estudia y el 13.4% ni estudia ni trabaja.
En el mes de Julio la Fiscalía de la Niñez desarrolló un foro virtual sobre la explotación laboral infantil donde la jefa de la Fiscalía de la Niñez enfatizó que «es permitido por nuestra legislación que los adolescentes puedan trabajar bajo condiciones establecidas por la ley que lo que buscan es proteger y dar seguridad a los niños».
El horario establecido por la ley de trabajo para los menores de 16 años es de cuatro a seis horas, mientras que los menores en edad entre 16 y 18 años, es de seis horas. La organización Internacional del trabajo en 2004 realizó diferentes investigaciones en las cuales se determinó que las peores formas de trabajo infantil son : En agricultura y comercio, en la producción del café, del melón, tabaco, en coheterías, en botaderos de basura, explotación sexual y el trabajo infantil doméstico en hogares aislados de sus familias.
Melissa de 19 años y María de 20 años, han tenido que cargar sus hijos en brazos y pedir dinero para poder sobrevivir luego de que fueran abandonadas por sus parejas al momento de quedar embarazadas. Se conocen desde la escuela, han sido amigas desde entonces, y ahora también viven juntas con sus hijos en Altos de La Quesada, un barrio controlado por una pandilla. A veces —explican estas dos jóvenes— los conductores les ofrecen dinero a cambio de sexo, o las insultan y amenazan con denunciarlas al DINAF por estar con sus hijos pidiendo al final del Anillo Periférico, pero no tienen opciones, no las han tenido desde hace cuatro meses. Tegucigalpa, 7 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix.
Un niño vende réplicas miniaturas de la bandera nacional durante una protesta. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
***
Hasta la fecha la familia de Oscar Barrera desconoce quién le arrebató la vida, por eso piden a las autoridades no finalizar la investigación hasta dar con el paradero del asesino o asesina, «porque con una mujer se fue a ver antes de que esto pasara», según testimonio de los familiares.
Este y otros hechos han alarmado a la población por la cantidad de menores desaparecidos como el caso de la menor Lizeth Cantillano de 16 años de edad desaparecida a inmediaciones del campo Motagua en Comayagüela, Tegucigalpa, o el de Ariela Aguilar de 10 años desaparecida en la colonia Fátima, casos reportados que no han tenido una respuesta rápida de las autoridades.
Un comunicador organiza una campaña para reparar los baches de una carretera internacional, mientras resuena el discurso del gobierno que se jacta de tener las mejores carreteras de Centroamérica para justificar los altos impuestos e inversiones viales que ha aprobado.
«Necesitamos voluntarios para la reparación de hoyos, ¿quién se apunta?», escribió en redes sociales el 8 de octubre el periodista Jimy Barahona. «Quienes quieran unirse serán bienvenidos», agregó y después enlistó los materiales y herramientas que necesitaban para comenzar la obra.
La convocatoria realizada por Barahona parece ser un llamado para tapar un bache en su barrio o colonia, pero han comenzado a reparar la carretera nacional CA-4. Esta conduce de San Pedro Sula a las fronteras con El Salvador y Guatemala.
Este corredor, que es uno de los principales del país y que cuenta con 249 kilómetros desde San Pedro Sula hasta Ocotepeque, se ha convertido en una pesadilla para los conductores que tienen que hacer una gran cantidad de maniobras para no caer en alguno de los centenares de gigantescos baches que tienen copada esta importante vía de comunicación.
El mal estado de la carretera hacia la zona occidental, que comunica a los departamentos de Cortés con Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque y parte de Lempira, contrasta con el discurso gubernamental que pregona que Honduras tiene las mejores carreteras de Centroamérica.
El periodista Barahona, quien reside en la Villa de Cofradía, jurisdicción de San Pedro Sula, cuenta que ha tenido que esperar muchas horas en el tráfico y que le ha tocado informar sobre numerosos accidentes, algunos fatales, que ha ocasionado el mal estado de una de las principales vías del país.
Barahona y otros vecinos del sector se hartaron. Se cansaron de esperar ante la desidia del gobierno y decidieron actuar. Comenzaron con palas y picos a realizar un trabajo por el que el gobierno cobra elevados impuestos.
Honduras grava hasta con un 36% el precio a cada galón del combustible. Es el segundo más alto de Centroamérica, solo por debajo de Costa Rica.
Estimaciones del Foro Social de Deuda Externa y el Desarrollo, FOSDEH, calculan que el país recauda hasta 15 mil millones de lempiras al año por impuestos a los carburantes. Estos fondos deberían ser invertidos en las carreteras.
También el gobierno recibe fondos mediante el pago que realizan los ciudadanos para obtener su carné de conducir y el cargo por la tarjeta de revisión de su vehículo. Además, hay que agregar, que en algunas ciudades, tal es el caso de San Pedro Sula, zona norte, hay una tasa municipal para mejorar las calles.
Con esa recaudación, no habría necesidad que Barahona y sus amigos tomaran palas y piochas, pero la realidad es otra.
«Se venía madurando desde hace un par de meses, pero debido a que vivo del trabajo día a día se nos había complicado iniciar», nos dice Barahona, quien perdió su trabajo a raíz de la pandemia y ahora informa a través de su página de Facebook y se gana la vida a través de un emprendimiento de entregas a domicilio.
«Un martes decidí no trabajar y con unos muchachos comenzamos a tapar algunos de los hoyos más profundos que había en la carretera de occidente entre Chamelecón y Cofradía», nos explica.
La labor que ha iniciado Barahona y las personas que le acompañan es titánica por la cantidad de daños que tiene el pavimento en el tramo mencionado, pero a él lo motivó la indignación. Dos días antes de comenzar, dos motociclistas habían perdido la vida intentando esquivar un bache.
Además, el mal estado de la carretera provoca enormes filas cuando los trabajadores del sector regresan de San Pedro Sula. Un recorrido que podría hacerse en 35 minutos puede tardar hasta tres horas. «Ya no aguantábamos y decidimos meterle mano», nos dice.
Tras unos cuatro días de trabajo, el comunicador y su equipo han tapado unos 10 baches. Incluyendo un pequeño tramo que era prácticamente intransitable a la altura de la aldea Brisas del Valle, que se encuentra a 20 kilómetros de San Pedro Sula sobre la CA-4. Los días de reparación han pedido colaboración a los conductores que utilizan la carretera. Barahona publica el monto recaudado en su cuenta de Facebook en afán de transparencia.
Hablando de rendición de cuentas, el Gobierno de Honduras ha firmado y ratificado convenciones internacionales, siendo las más relevantes la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), ratificada en 1998, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), firmada en 2003.
El gobierno dirigido por Juan Orlando Hernández se adhirió en agosto de 2014 a la iniciativa CoST (Construction Sector Transparency Initiative por sus siglas en inglés). Anunciando que las obras de infraestructura estarían a partir de este momento bajo un proceso de transparencia en el que se evalúan 68 indicadores.
Estos acuerdos contrastan con un gobierno inmerso continuamente en escándalos de corrupción. En un estudio publicado en febrero del 2020 por el Fosdeh sobre el impacto de la corrupción en economía señalan que el país pudo haber perdido en el año 2018 hasta 50 mil millones de lempiras en corrupción.
La red vial, de acuerdo con ese estudio del Fosdeh, es uno de los principales escenarios para saquear el erario. El estudio estima que en el período 2014-2018 más de 31 mil millones de lempiras fueron drenados de los recursos destinados a mejorar la red vial.
El economista del Fosdeh Ismael Zepeda sostiene que nos hemos asustado con el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero esto, ante lo que ha pasado en el área de infraestructura vial, se queda corto.
Zepeda asegura que para analizar el tema de carreteras en Honduras se debe colocar la variable de corrupción sobre todo lo que tiene que ver con sobrevaloraciones, incluso sostuvo que «algunas (carreteras) son pagadas por el Estado y nunca se han ejecutado».
Foto: Allan Bu
«Cuidar el carrito»
La realidad es que el Honduras sí reporta gastos en infraestructura vial, pero todavía tiene grandes tramos de carreteras importantes en pésimo estado: como la carretera que conecta a La Ceiba con Tocoa y el tramo de Santa Rita con la ciudad de Yoro, en la zona norte, además de la mayoría del Corredor de Occidente. Ni hablar de las vías de comunicación secundarias. La mayoría permanecen abandonadas.
Jonás Díaz, un residente en San Pedro Sula nos contó su travesía cuando regresó a su natal Ocotepeque e intentó evadir una escalada de fallas en el tramo carretero que va de San Pedro Sula a La Entrada, Copán, en el occidente de Honduras. «Hay algunos baches enormes», dijo.
«Me fui despacio para cuidar el carrito», agrega. Su destino está a 200 kilómetros de San Pedro Sula. En una vía sin problemas su viaje tardaría aproximadamente cuatro horas, en cambio se tardó siete horas y media esquivando baches y cuidando su vehículo.
De los 200 kilómetros que Jonás recorrió, hay un tramo de 46, que está en perfecto estado. En el año 2017 el gobierno inició con la reconstrucción de la vía entre La Entrada y Santa Rosa de Copán. Se sustituyó el asfalto por concreto hidráulico. Este proyecto costó 48 millones de dólares. La consultoría de la obra la realizó Saybe y Asociados cobró 37,780,557 HNL (1,511,222 dólares) por la supervisión.
La construcción estuvo a cargo de la constructora brasileña Gabriel SA Couto que se llevó del país 46,309,133 millones de dólares por la obra. Esta empresa también construyó un tramo de 38.6 kilómetros de La Entrada, Copán, a Los Ranchos, Copán Ruinas, por un valor de 38, 317,062 millones de dólares.
La presidencia anunció que el monto de la inversión de 4,436 millones de lempiras para reparar las vías La Entrada-Santa Rosa y La Entrada-El Florido con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Especial para la Transformación y una parte del fondos nacionales. El costo de esta obra es la tercera parte de las recaudaciones que los economistas estiman que el gobierno hace anualmente por el impuesto al combustible.
Si aplicamos matemáticas, cada kilómetro de estos dos proyectos costó al pueblo hondureño un poco más de 25 millones HNL. Es una cifra que se debe estudiar. Un ingeniero civil, que prefiere omitir su nombre, mencionó que entre La Entrada y Santa Rosa el terreno es muy accidentado y que se hicieron varios trabajos de estabilización que son caros. También se colocaron alcantarillas, pero aún así el costo parece elevado.
Otro ingeniero civil consultado por los costos para construir una carretera afirmó que desde su experiencia un metro cuadrado de concreto hidráulico tiene un valor aproximado de 1,600 HNL mientras que el asfalto puede tener un costo de 1,100 HNL.
El reportaje recoge que un kilómetro de carretera de asfalto cuesta, aproximadamente, 116 mil dólares en Alemania, 164 mil en Grecia, 215 mil en España, y 218 mil en Polonia.
En América Latina, dice Infobae, es muy difícil realizar esta auditoría porque los países no llevan un registro pormenorizado de los costos, pero calculan que en México durante el gobierno de Felipe Calderón un kilómetro de asfalto tuvo una inversión de dos millones de dólares. En Perú $900,000, en Bolivia $700,000 y en Venezuela $1,300,000. Concluyen que un kilómetro de asfalto puede costar siete veces más en América Latina que en Europa. Es una contradicción que en los países pobres se pague más por una carretera.
Y si comparamos a Centroamérica, en Costa Rica (1.2 millones de dólares) y Guatemala (1.1 millones de dólares), el kilómetro de carretera tiene costos muy similares a los que tiene en Honduras.
Quizás en la corrupción podamos encontrar por qué la carretera de occidente se encuentra intransitable pese a la estimación que hace Ismael Zepeda acerca de que el gobierno en los últimos 10 años ha recaudado unos 120,000 millones de lempiras.
La carretera a occidente fue rehabilitada totalmente con asfalto entre los años de 1992 y 1996, período que abarcó los gobiernos de Rafael Leonardo Callejas y Carlos Roberto Reina. Los expertos dicen que el asfalto tiene una duración de 15 años. La vida útil de esta vía ya finalizó hace 10 años.
Además, entre Santa Rosa de Copán y Cucuyagua hay cuatro tramos donde el asfalto se perdió completamente. Una de estas fallas se encuentra a la altura de la Aldea El Metal, Cucuyagua, Copán.
Sobre este tramo, Carlos Chinchilla, director del Espacio Regional de Occidente de Honduras, EROC, afirma que desde hace 30 años hay una recomendación de los expertos de desviar la vía de comunicación por otro sendero «porque eso nunca se va a reparar y eso no se ha atendido», sostiene.
El EROC realizó un estudio entre 2006 y 2012, y este estableció solo en bacheo entre San Pedro Sula y Ocotepeque se invirtieron en ese período más de 500 millones de lempiras. Y después de esa fecha hubo más reparaciones. Por ejemplo, en el 2016 se destinó casi siete millones de lempiras para tapar hoyos desde Ceibita en Santa Bárbara hasta La Entrada, Copán.
Foto: Cortesía de Jimy Barahona
Para la red Vial
Honduras posee una red primaria de aproximadamente unos 3,275 kilómetros, que se encuentra pavimentada, pero la infraestructura vial va de unos 18 mil a 21 mil kilómetros.
En el 2012, el gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa se iniciaron los proyectos carreteros llamados el Corredor Lenca (de La Esperanza a Santa Rosa de Copán, costo $ 43.9 millones), Corredor Logístico (Aduana El Amatillo a Puerto Cortés, $90.5 millones) y Corredor Turístico (del sector La Barca a Corocito, Colón $ 150 millones).
En esos tramos carreteros hubo una inversión de $288 millones, unos 7,200 millones de lempiras. En 2014, la Iniciativa Cost divulgaba en un informe que 667 millones de dólares estaban destinados a la red vial, pero en aquel momento la mayoría de esos proyectos estaban en construcción. Parece una cifra potente hasta que se compara con los 120 mil millones de lempiras, que según estimaciones recaudaron en impuesto al combustible los gobiernos nacionalistas en los últimos 10 años.
«Es un espejismo eso que nos tratan de vender de las mejores carreteras de Centroamérica», sostiene el economista Ismael Zepeda. En su opinión, Honduras no es competitivo en infraestructura vial.
Consideró que hasta el 50% de los fondos presupuestados para carreteras se pierden en sobrevaloraciones y ampliaciones. Además, manifestó que tampoco se hacen nuevos tramos carreteros. La inversión se centra en la red que ya fue construida.
El estudio del impacto de la corrupción del Fosdeh, estimó que por ejemplo, en la actualidad, el territorio hondureño podría tener una red vial pavimentada tres veces más extensa que la existente. Esto a base de los recursos recaudados.
En el caso de la red vial también han entrado Alianzas Públicas Privadas (APP) con la concesión de la carretera CA 5, que une Tegucigalpa y San Pedro Sula. Que fue construida con fondos del Estado y donaciones para luego ser entregada a la Concesionaria Vial Honduras, COVI de Honduras. Inmediatamente se instalaron peajes para «recuperar« la inversión de la empresa.
Zepeda menciona que parte del corredor logístico, que ha sido construido con fondos nacionales y préstamos, podría ser concesionado. «Hay APP, que comienzan desde cero, pero aquí lo más fácil era entregarla y que cobren peaje», dice.
Este lunes la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó ante el juzgado un antejuicio contra Nasry Asfura, precandidato a la presidencia del movimiento Salvemos Honduras del Partido Nacional, por suponerlo responsable de utilizar fondos públicos para su campaña política en 2014. Mientras tanto en el Congreso Nacional se discuten las reformas electorales.
Texto: Fernando Silva Fotografías de archivo: Deiby Yánes y twitter de Mauricio Oliva
Este lunes 26 de octubre, la Uferco presentó ante el Juzgado de Letras Penal Anticorrupción, una solicitud de antejuicio en contra de dos funcionarios de la alcaldía municipal del Distrito Central: el alcalde y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, y la regidora Nilvia Castillo. Entre los delitos de los que se les acusa están: lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El documento de investigación difundido en redes sociales y retomado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) indica que, con el propósito de recaudar fondos para su candidatura, Nasry Asfura abrió una cuenta en Banco Ficohsa con la denominación «Aportes de Campaña Política», donde se depositaron trece cheques con un valor aproximado de 11,9 millones de lempiras (477 000 dólares), que provenían de un fideicomiso que buscaba captar todos los ingresos percibidos por la administración municipal.
La presentación de la solicitud para este antejuicio se hace después de que la semana pasada el Congreso Nacional aprobó la reforma a varios artículos de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, con el objetivo de establecer las disposiciones para la fiscalización de los movimientos en formación, las precandidaturas, y otros referentes al financiamiento en las elecciones primarias, por parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF). Sin embargo, organizaciones de sociedad civil señalan que estas acciones son insuficientes y apuntan la necesidad de otras reformas contempladas en la nueva Ley Electoral que actualmente se discute en el Congreso para garantizar elecciones confiables y equitativas.
Este lunes 26 de octubre, la Uferco presentó ante el Juzgado de Letras Penal Anticorrupción, una solicitud de antejuicio en contra de dos funcionarios de la alcaldía municipal del Distrito Central: el alcalde y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, y la regidora Nilvia Castillo. Entre los delitos de los que se les acusa están: lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
El documento de investigación difundido en redes sociales y retomado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) indica que, con el propósito de recaudar fondos para su candidatura, Nasry Asfura abrió una cuenta en Banco Ficohsa con la denominación «Aportes de Campaña Política», donde se depositaron trece cheques con un valor aproximado de 11,9 millones de lempiras (477 000 dólares), que provenían de un fideicomiso que buscaba captar todos los ingresos percibidos por la administración municipal.
La presentación de la solicitud para este antejuicio se hace después de que la semana pasada el Congreso Nacional aprobó la reforma a varios artículos de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, con el objetivo de establecer las disposiciones para la fiscalización de los movimientos en formación, las precandidaturas, y otros referentes al financiamiento en las elecciones primarias, por parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos (UFTF). Sin embargo, organizaciones de sociedad civil señalan que estas acciones son insuficientes y apuntan la necesidad de otras reformas contempladas en la nueva Ley Electoral que actualmente se discute en el Congreso para garantizar elecciones confiables y equitativas.
Foto Archivo: Deiby Yánes
Financiamiento de partidos
Las reformas a la Ley de Política Limpia se hicieron en diez de los artículos contenidos en la misma, entre los que se contempla que los desembolsos para el financiamiento de las campañas políticas tendrán un límite hasta cincuenta días antes de los comicios primarios y que los recursos que provengan de financiamiento público y privado deben depositarse en cuentas diferenciadas, atendiendo al tipo de financiamiento, esto también en el caso de los movimientos internos de cada instituto político.
Con respecto a la pauta televisiva que pueden adquirir, el artículo 28 apunta que «bajo el principio de equidad de pauta televisiva, los medios de comunicación, no pueden discriminar a ningún partido político, candidato, alianza entre partidos políticos, candidatura independiente, movimiento interno, movimiento en formación o precandidato. Para efectos de los límites de gastos en campañas electorales es obligatorio el reporte de la adquisición de publicidad por cualquier medio».
La dirección principal de estas reformas es ampliar la capacidad de acción de la UFTF para que no solo se encargue de fiscalizar el financiamiento de las campañas en los comicios generales, sino que también se fiscalicen los recursos que son recibidos para las elecciones primarias.
En ese sentido Rafael Jerez, oficial jurídico de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) e integrante de la iniciativa Voto Informado, apuntó que:
«Si la unidad no tiene los recursos no puede fiscalizar realmente, más allá de una revisión documental no puede ir a los departamentos a ver cómo fue que gastaron el dinero los partidos y de dónde salió ese dinero».
Para el 2021 el proyecto de Presupuesto General de la República, que todavía no se aprueba en el Congreso Nacional, contempla un presupuesto para el CNE de 1833 millones de lempiras (73,6 millones de dólares) que se distribuirán en el financiamiento de las elecciones y otros gastos operativos, solo 30 millones de lempiras (1,2 millones de dólares) serán destinados a la UFTF. Menos del 2 % de los recursos.
En un comunicado, Voto Informado señaló que la UFTF no cuenta con el presupuesto necesario, recurso humano y técnico, acceso al secreto bancario y herramientas necesarias para afrontar la responsabilidad que conllevan estas reformas, en ese sentido apuntaron como ejemplo que el informe de fiscalización de las elecciones generales de 2017 se entregó oficialmente hasta el 1 de octubre de este año, por lo que darle la responsabilidad de fiscalizar las elecciones primarias de marzo de 2021 sin fortalecer sus capacidades representaría tener un informe de ese proceso hasta 2024. «Otorgarle más obligaciones de fiscalizar a la UPL, puede ser una estrategia para sobrecargarla de trabajo sin que tenga capacidad objetiva para fiscalizar y consecuentemente, sancionar», señalan.
La Unidad de Política Limpia nace en 2016 por una iniciativa respaldada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (OEA-Maccih) con el objetivo de combatir la corrupción y el financiamiento ilegal de las campañas electorales, su proceso de aprobación tenía relación con las denuncias del desvío de fondos del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), con destino a las cuentas del Partido Nacional para la campaña presidencial del 2014, donde Juan Orlando Hernández resultó electo como presidente de Honduras. En ese caso el mismo Partido Nacional admitió el desvío de fondos y Hernández prometió la devolución del dinero.
La ley que finalmente se emitió propició la creación de la UFTF adscrita al presupuesto del CNE, sobre esto en la presentación del informe Costo de la Democracia en Honduras, Ismael Zepeda del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (Fosdeh) apuntó en declaraciones a medios de comunicación que «se les sigue asignando el mismo recurso cuando ya se sabe que ese presupuesto no alcanza para cumplir con los procesos de fiscalización».
Por la pandemia, las oficinas de la Unidad de Política Limpia permanecen casi siempre sin el personal, al llegar a preguntar por alguno de los tres comisionados que lideran esta unidad aparece un oficial de policía que no sabe con certeza el día que alguien llegará para atender a la prensa. En comparación, los precandidatos de los diez movimientos internos del Partido Nacional, Liberal y Libre que competirán en las elecciones primarias de marzo del próximo año, todos los fines de semanas están realizando concentraciones políticas, en su mayoría sin medidas de bioseguridad.
A pesar de la ausencia presencial de la UFTF en sus oficinas, a inicios de julio emitieron un comunicado en el que ampliaban el tiempo para que cada instituto político presentara su Informe Anual del Patrimonio, según lo contempla la ley, colocando como fecha límite el pasado 14 de agosto, si no presentaban el informe serían objeto de multas. Sin embargo, en una reunión de los comisionados, Javier Franco, representante del Partido Liberal y German Espinal, de Libre, votaron a favor de dispensar del pago de multas establecidas en la ley a los partidos políticos que presentaron su informe de manera extemporánea y los que no presentaron su informe financiero. Esta decisión fue denunciada como «ridícula y una aberración jurídica» por parte de Kilvett Bertrand, secretario de Comunicaciones y Estrategia del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), quienes sí presentaron la información en el tiempo requerido.
Sobre la solicitud de antejuicio en contra del precandidato nacionalista que también implicaría financiamiento ilícito en las elecciones, la UFTF no ha emitido ninguna declaración. Las implicaciones del candidato nacionalista no son novedad en la administración pública, por lo que Gustavo Irías, director ejecutivo de Cespad, apuntaba sobre esta ley en un informe de 2017 que «es preocupante que en las fuentes prohibidas para el financiamiento privado no se esté considerando a las empresas y ejecutivos con contratos de concesiones con el Estado. En especial cuando las evidencias indican que es a partir del financiamiento de este tipo de empresas que se articulan redes de corrupción pública-privada. Estas redes de corrupción constituyen canales idóneos para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado».
En el período en el que la Maccih estuvo en el país presentaron trece casos que en total sumaron a 129 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar más de 460 millones de lempiras (18,5 millones de dólares) en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde oenegés o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como la denuncia del Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.
Además del desvío de fondos públicos, en el juicio de Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño, también se evidenció el involucramiento del narcotráfico en los últimos procesos electorales. En ese sentido, Alexander Ardón, alias «Chande», un excapo narco y exalcalde de la ciudad de El Paraíso, relató que sobornó con más de 2 millones de lempiras (80 000 dólares) al hermano del mandatario, este dinero presuntamente fue destinado a la campaña electoral de Hernández. Además, explicó que el el excapo mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán también entregó un aproximado de 25 millones de lempiras (1 millón de dólares) a la campaña presidencial.
Discusión por paridad electoral y transfuguismo
Han pasado más de cuarenta días desde que el CNE convocó a elecciones primarias y aunque diversos candidatos a elección popular, en su mayoría funcionarios actuales, se han movilizado por todo el país, como parte de su campaña política, no se ha logrado la aprobación de las reformas electorales que diversos sectores de sociedad civil han señalado como esenciales para evitar una nueva crisis política.
En un comunicado, Voto Informado señaló que «ir a elecciones con la legislación desfasada actual propiciará un escenario de total inseguridad jurídica, no habrá mecanismos de resolución de conflictos electorales sin una legislación que establezca el debido proceso».
Rafael Jerez apuntó que si ya existe un nuevo diseño institucional por el que se creó el CNE también es necesario un marco normativo renovado en el que se contemplen temas que se exigen desde que finalizó la crisis postelectoral de 2017: segunda vuelta y transparencia en el sistema de transmisión de resultados. Otro aspecto que tendrá que discutirse en el marco de la nueva ley será si la UFTF seguirá adscrita al CNE o finalmente obtendrá independencia institucional. Jerez recalcó que la nueva ley electoral debe ser aprobada antes de las elecciones primarias.
En reiteradas ocasiones la Junta Directiva del Congreso ha suspendido sesiones por falta de consenso para aprobar artículos de la nueva ley, dilatando el proceso de reforma que expertos señalan como urgente. Entre los primeros artículos que se han aprobado de esta ley está el respeto a la paridad, alternancia e igualdad de género en las elecciones y la prohibición para inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en elecciones primarias en otro partido político.
«El Congreso Nacional deja una deuda pendiente para reformar profundamente la legislación de financiamiento de las campañas políticas para evitar la penetración del financiamiento ilícito proveniente de la corrupción y el narcotráfico», señaló por último la iniciativa Voto Informado.
El boxeador de padres hondureños, Teófimo López, logró un triunfo histórico ante el ucraniano Vasyl Lomachenko. Lo celebramos, pero reconociendo que la actuación de López no refleja la realidad llena de carencias que vive el deporte hondureño. El Presupuesto General de la República contempla una partida de 38 millones de lempiras para repartirse en 40 disciplinas del deporte nacional. Josec «El escorpión» Ruiz, un boxeador nacional, cree que nunca surgirá un campeón formado en Honduras.
Texto: Allan Bu
Fotografía portada: Top Rank
Hace 25 años, Teófimo López, originario de San Pedro Sula, tomó maletas y se fue rumbo a Estados Unidos (EE. UU.) buscando mejores oportunidades. En la ciudad de Nueva York, formó una familia en la que nacieron dos hijas y un hijo. Para ganarse la vida su esposa trabajaba como barman y él conducía limosinas.
Intentó ser boxeador, pero perdió en el segundo asalto de su única pelea semiprofesional. Su vida dio un giro en un gimnasio que él frecuentaba. Ahí comenzaron a ver características únicas en su hijo que apenas tenía seis años. Entonces se dedicó a entrenarlo y con eso comenzó el camino de un campeón.
Hace una semana una imagen dio vuelta al mundo. Teófimo López júnior, el hijo del inmigrante sampedrano, apareció acorazado entre los cuatro cinturones que lo acreditaban como el campeón mundial unificado de pesos ligeros del boxeo. La bandera de Honduras estuvo en el combate, pues López es hijo de sampedranos. Teófimo júnior ya representó a Honduras en los juegos Olímpicos de Río 2016, cuando cayó derrotado ante el francés Sofiane Oumiha. Tras esa pelea, López argumentó que le robaron la contienda por ser de un país pequeño.
Teófimo júnior, nacido el 30 de julio de 1997 en Brooklyn, Nueva York, es estadounidense por el principio del ius soli, que significa derecho de suelo o en otras palabras por haber nacido en tierra de EE. UU. adquirió esa nacionalidad. Y es hondureño por nacimiento por ius sanguini o sea la sangre hondureña que corre por sus venas, reconocido así en el artículo 23 de nuestra Constitución.
Cuando el pasado sábado 17 de septiembre venció por decisión unánime al ucraniano Vasyl Lomachenko, varios políticos hondureños, incluido el presidente Juan Orlando Hernández, felicitaron a Teófimo por su gesta y lo nombraron como «orgullo» hondureño. Hubo otras personalidades de fama mundial como el basquetbolista Magic Johnson y el reguetonero Dady Yankee que felicitaron a López y a Honduras.
Pero el logro de Teófimo y sus puños es una realidad distante para el deporte hondureño. Así lo demuestran las cifras, los pergaminos conseguidos y los testimonios de deportistas de otras disciplinas que se practican en Honduras y que no tienen las atenciones que tiene mayormente el fútbol.
Honduras ha participado en once Juegos Olímpicos y también participará en Tokio —cuya actividad fue aplazada al 2021 por los efectos de la pandemia— y lo más cercano a una medalla fue el cuarto lugar logrado por la delegación de fútbol en Río de Janeiro 2016. Aún no podemos presumir de una medalla olímpica.
Las carencias son evidentes. Tras el triunfo de su hijo, Teófimo padre prometió en conferencia de prensa que trabajarían «en abrir muchas escuelas de boxeo en Honduras para ayudar a la juventud». Sabe que el país necesita apoyo y tiene una corazonada: «estoy seguro que debe haber otro Teófimo en Honduras».
Nuestro deporte más popular es el fútbol. También es el que cuenta con más apoyo del gobierno y el sector empresarial, pero los éxitos son casi igual de esquivos. Honduras ha clasificado a cuatro Mundiales de fútbol, donde sus actuaciones han involucionado. En 1982, logró dos empates, en 2010 consiguió un empate y en 2014 no consiguió puntos, pero anotó su único gol en mundiales.
En el balompié hay algunos picos destacados como un tercer lugar en la Copa América 1999, dos medallas de plata en Juegos Panamericanos en Winnipeg 1999 y Lima 2019. En general, el deporte hondureño goza de pocos éxitos en el fútbol y en otros deportes las menciones son nulas.
En el deporte de alto rendimiento ganar no es fácil. La mayor justa deportiva son los Juegos Olímpicos cuyo medallero histórico es encabezado por EE. UU. con 2520 medallas. De Latinoamérica, el único país que aparece en el top 20 es Cuba, cuyos atletas han logrado 226 medallas olímpicas. En Centroamérica, Costa Rica tiene cuatro preseas, Panamá dos y Guatemala una.
Por eso en Honduras con el presupuesto asignado para el deporte es difícil esperar otros resultados. En el 2019, la asignación para el deporte en el Presupuesto General de la República fue de 38 431 482 lempiras (1 566 168 dólares aproximadamente), esa cantidad se reparte en aproximadamente 10 millones para Confederación Deportiva Autónoma de Honduras, Condepah y sus 40 federaciones afiliadas. El valor más jugoso lo recibe el fútbol con 2,5 millones de lempiras. El resto se lo dividen 39 asociaciones.
Félix Sabio, vicepresidente de la Condepah y presidente de la Federación de Voleibol, afirma que el fútbol se lleva el 53 % del presupuesto aprobado para el deporte. Además, hay 10 millones (400 000 dólares) orientados a los gastos operativos de la Condepah, el resto se divide en 39 federaciones. Hay federaciones que tienen un presupuesto entre 200 000 y 300 000 lempiras al año (12 000 dólares).
Refiere que las federaciones que más fondos reciben, sin contar a la Fenafuth, son la de voleibol, taekwondo, baloncesto, natación y béisbol, pero que después de las mencionadas todas tienen presupuesto abajo de 450 000 lempiras anuales (18 000 dólares).
Sabio refirió que existe un fideicomiso para la promoción del deporte en el que hay disponibles 150 millones (6 millones de dólares), pero se utiliza para cubrir gastos de viaje o montaje en eventos de carácter internacional.
Este fideicomiso es administrado por Banhprovi, Condepah, la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Deportes del Congreso Nacional, que es presidida por el diputado de Colón y presidente de Real Sociedad, Ricardo Elencoff. Las solicitudes para utilizar estos fondos son aprobadas por un comité técnico.
«El Escorpión» quiso ser campeón
Todo lo anterior quizá ayuda a entender la historia de Josec «El Escorpión» Ruiz, un prometedor boxeador hondureño que soñaba con ser campeón mundial. No era un sueño cualquiera, él quería llegar a la cima desde Honduras, a pesar de sus limitaciones.
«Quería ser campeón mundial o lograr algo muy importante en el boxeo para demostrarle a los hondureños que éramos capaces de hacerlo sin salir de nuestro país, pero después de un tiempo me di cuenta que eso es imposible», nos dice Ruiz en una conversación vía Messenger. Él en este momento está en EE. UU.
Ruiz piensa que la gesta de Teófimo López pone en evidencia a Honduras, donde a su juicio, no hay capacidad para obtener un título mundial. «Algo hecho y salido de Honduras en cualquier deporte es imposible. Nunca va a pasar. Ni los nietos de los nietos de mis hijos lo van a ver. No tenemos esa capacidad. Necesitamos prepararnos en otro país».
Desde hace dos años, Ruiz viaja con regularidad a la tierra del Tío Sam. Allá ha continuado con su preparación y espera conseguir su sueño. «Sigo mi carrera todavía, gracias a Dios se me dio la oportunidad de trabajar con una promotora estadounidense. Sigo mi camino, enfocado en mi trabajo. Si Dios quiere que sea campeón mundial, pues voy a ser campeón del mundo», manifestó emocionado.
Abandonó el boxeo hondureño porque no hay apoyo, dice. «Y no solo es el Gobierno, la empresa privada siempre está confiando en la moda, más que en los talentos. Prefieren invertir en algo que esté de moda, así sea algo estúpido».
Honduras es un pueblo futbolero. Es casi el único deporte al que siguen las masas y es, por ende, el que cuenta con más recursos y patrocinios por eso «El Escorpión» está convencido que «si en Honduras se nace con un talento que no es para el fútbol, se nace con un talento equivocado».
Tiene claro que en el boxeo y en el deporte hondureño en general, el mayor problema es la falta de dinero y la corrupción, «porque si hubiese apoyo siempre habría gente queriéndoselo robar», nos dice.
Ruiz recuerda que ha visto en la Villa Olímpica de Tegucigalpa a atletas y a los familiares de ellos vender productos para ajustar los gastos para una preparación o competencia en el extranjero. «He visto a la mayoría», dice.
Por eso tiene reparo en establecer una diferencia entre la calidad de preparación que encontró en tierras norteamericanas: «Hay mil años luz de aquí a la luna a pasito de caracol», sostiene este púgil de 26 años.
«Sinceramente es la primera vez que me tratan como un boxeador, como una persona, como alguien que puede lograr algo en este deporte. En Honduras, todo era a mi suerte, si comés bien, si no comés también», nos confesó.
Sin plata no hay torneo
Osman Chávez, actual diputado del Congreso Nacional por el departamento de Colón y exjugador de la Selección Nacional, reconoce un país con gran potencial para destacar en lo deportivo especialmente en el fútbol. Y solo difiere en una cosa respecto a lo dicho por «El Escorpión»: piensa que también el fútbol está abandonado.
En las ligas menores, los niños y niñas se sostienen por el aporte de sus padres y personas que aportan plata de su bolsa sin esperar beneficios. Considera que en Honduras hay mucho material y biotipo adecuado, «pero no cuenta con la infraestructura en sus inferiores», comienza diciendo en clara referencia al mal estado de las canchas donde juegan los niños.
«Preguntemos cuándo Fenafuth (Federación Nacional de Fútbol de Honduras) regaló tacos, balones, iluminó campos en los diferentes departamentos y la respuesta será cero. El fútbol va cada día peor, pero es producto de quienes lo manejan», reclamó el congresista.
Pero sí hay carencias de balones, uniformes y zapatillas de fútbol, que es el juego más popular, ¿Cómo la pasan aquellos que escogen otra disciplina?
«El deporte no es una prioridad para el Estado de Honduras. No existen políticas que puedan contribuir con el deporte», nos dice Félix Sabio, aunque recuerda que a veces «nos ufanamos de invertir en el deporte», pero la realidad es que lo único considerado como deporte es el fútbol. Se olvidan de los demás.
Sabio reconoce que en los últimos años se ha aumentado el apoyo al deporte, pero sigue siendo insuficiente ante las innumerables necesidades y piensa que estamos atrás no de países de primer mundo, sino que estamos rezagados en el área, donde Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua nos han sacado ventaja.
Chávez expresó que muchos deportistas que representan a Honduras en justas importantes como en los Juegos Olímpicos se presentan por coraje y voluntad: «a veces no salen las cosas porque no se trabaja como se debe. Hay un abandono total».
Expuso que en el abandono que se encuentran los deportistas hay responsabilidad compartida del Gobierno y las federaciones «que tendrían que hacer las gestiones necesarias para que se fortalezcan las áreas débiles».
Recalcó que desde el Gobierno no se dedican los suficientes fondos para el deporte ni otras cosas importantes como la salud, educación o seguridad. «El deporte es fundamental porque es una vía de escape para muchos jóvenes, hombres y mujeres».
Agrega que en Honduras para incentivar el deporte no hay intercambios, convenios que se deberían ratificar con Cuba, EE. UU. u otros lugares para que los jóvenes vayan a prepararse. Tampoco se contratan visores para que recorran el país y traigan a los mejores atletas. «Todo eso es inversión y nadie quiere hacerlo», explica.
A este problema también se refiere Sabio, quien dice que se dificulta la contratación de personal necesario para los atletas de cualquier disciplina puedan hacerle frente a una competencia: «habitualmente van limitados sin un médico, sin psicólogo y sin terapeuta», sostiene.
Desde su curul en el Congreso, Chávez sostiene que ha intentado impulsar proyectos para tener mejores campos deportivos o construir complejos en lugares catalogados como violentos, por ejemplo la Rivera Hernández y Chamelecón, en San Pedro Sula o en Choloma, «esas cosas vendrían a fomentar la sana convivencia y han sido bloqueadas».
El congresista asegura que en el país hay un biotipo para destacar en cualquier deporte. Al preguntarle por la gesta de Teófimo, contesta sin emocionarse: «tiene sangre hondureña, que nos ha representado muy bien, y así hay otros que tienen capacidad, pero no tienen el apoyo que él ha tenido» aclaró.
La corrupción
En Honduras la rama deportiva que más fondos ha tenido a su disposición es el fútbol. De la partida asignada por el gobierno recibe 2,5 millones según información publicada en el portal de transparencia de la Condepah. Además, Fenafuth recibe fuertes patrocinios por derechos de televisión y publicidad en el uniforme.
Los seleccionados nacionales reciben un trato preferencial. Gozan de viáticos, buenos hoteles y jugosos premios. En contraste, «El Escorpión» recuerda que cuando viajaba o tenía que entrenar, su representante Godofredo Fajardo hacía solicitudes a amigos para conseguir fondos.
Además, en premios por clasificar a los mundiales de 2010 y 2014, la federación hondureña recibió más de 20 millones de dólares (500 millones de lempiras), según confirmó en 2013 a diario Diez, Rafael Callejas, presidente de Fenafuth en aquel entonces.
Llegaron todos esos millones y también llegaron las acusaciones por corrupción a Rafael Callejas y Alfredo Hawit, ambos presidentes de Fenafuth fueron acusados por corrupción en EE. UU. El primero murió y el segundo ya cumplió su condena.
Los cientos de millones que el fútbol recibió entre 2009 y 2014 no fueron aprovechados. La bonanza de la que gozan los seleccionados no la tienen los pequeños que juegan y sueñan en campo polvosos y mal cuidados.
Y si el fútbol, que es deporte de masas, sufre abandono, no se puede esperar una realidad menos dura para los otros deportes. «Es un presupuesto sumamente raquítico», nos reiteró en varias ocasiones Sabio, cuya federación ha logrado construir con fondos donados cuatro cancha de voleibol.
Esas realidades chocan con el momento cuando Teófimo López elevó sus manos en señal de triunfo en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Muchos se sintieron orgullosos porque al fin y al cabo es un hondureño que destaca, pero él está lejos de representar la realidad catracha.
Por eso «El Escorpión», con sus pies más puestos sobre la tierra, tiene un pronóstico poco esperanzador para nuestros deportistas «Nunca vamos a tener un campeón mundial formado en Honduras. Eso no va a pasar».
Esta es una opinión personal de Claudia López, en nuestro espacio Cronistas de la Cotidianidad.
Hace algún tiempo asistí a un conversatorio universitario sobre derechos de las mujeres, recuerdo que un señor opinaba: «ahora las mujeres tienen más derechos que los hombres». Después otra persona dijo: «es que ahora las mujeres mandan, nosotras tenemos el poder». Ante estas manifestaciones yo solo pensé que nada estaba más lejos de la realidad. Si bien, en una sociedad democrática no debería privilegiarse a ninguna persona —pues toda constitución, de cualquier país que se precie respetuoso de derechos humanos, reza que todos somos iguales ante la ley—, la verdad es que nuestra sociedad da cuenta, más bien, de una situación de desventaja para las mujeres, sin embargo, pese a esa realidad seguimos escuchando ese discurso de que «ahora las mujeres pueden lograrlo todo».
Podríamos decir que hay avances gracias a las luchas de muchas feministas a lo largo de la historia: en casi todos los países del mundo las mujeres pueden votar, dependiendo del país tienen acceso a empleo remunerado, hay mujeres científicas y en carreras que antes eran ejercidas de manera exclusiva por hombres, entre otras cosas. Sin embargo, todavía hablamos de enormes desigualdades entre mujeres y hombres.Las mujeres día a día experimentamos discriminaciones y violencia de género, lo que impide un avance significativo en nuestra calidad de vida, de manera individual y en conjunto, así como el derecho de alcanzar las mismas oportunidades que los hombres.
Es importante considerar que hay millones de mujeres cuyo desarrollo personal se ve obstaculizado, pues sufren otras discriminaciones además del hecho de ser mujeres, experimentan doble o triple discriminación, ya sea por su condición económica, edad, discapacidad, ser migrante irregular, desplazada, pertenecer a una comunidad o pueblo originario, o pertenecer a la diversidad sexual, etc.Sin embargo, se nos ha socializado la idea de que ya empoderadas y con derechos, si nos esforzamos lo suficiente y nos proponemos, podemos ocupar casi cualquier espacio, pero eso es una verdad a medias o una falacia del sistema patriarcal en contubernio con el capitalismo explotador.
Es cierto que muchas mujeres logran alcanzar ciertos estados de bienestar profesional y personal, sin embargo muchas veces lo han logrado con un sobre esfuerzo o sobre renuncias, y ello dista de lo que significa la justicia.A lo largo de mi vida y hasta que conocí el feminismo tomé conciencia de expresiones como «qué exitosa ella», «es una gran profesional, pero se quedó sola y ya no puede concebir hijos», «se dedicó a su carrera», como si para una mujer tener una carrera fuese incompatible con formar una familia o vivir en pareja (si se decide tenerlos), pues se asume que para las mujeres o es una o es otra. Eso no sucede con los hombres, quienes sí logran congeniar ambos mundos, todo gracias a las mujeres que están para multiplicarse en las tareas que deberían ser distribuidas de manera equitativa por simple justicia.
Así también encuentro muchas mujeres citadas como ejemplo de «empoderamiento» o «la lista de las mujeres más poderosas», tanto en política, en el mundo empresarial y en la academia, pero nos hemos preguntado: ¿cuánto sacrificio han hecho estas mujeres para llegar a su posición?, ¿qué implica ser una mujer poderosa para el sistema patriarcal y capitalista?, ¿no será más bien «masculinizar» a estas mujeres para replicar conductas propias de los sistemas de opresión económicos?, es importante hacer estas reflexiones.En estos meses de pandemia ha quedado en evidencia la falacia de ese discurso del empoderamiento de las mujeres, pues en las redes sociales y su constante uso para dictar conferencias, cursos etc, he observado que —salvo en los ambientes feministas— el discurso y el debate en todos los temas ha estado principalmente a cargo de los hombres y no es porque no existan mujeres expertas en todas las disciplinas y áreas del conocimiento humano.
Así que estamos empoderadas de los temas, pero siempre son los hombres los que protagonizan.Recientemente participé en un curso de formación judicial y quien lo facilitaba era un colega hombre, entonces traté de recordar las ocasiones en que recibí formación judicial de una mujer y han sido muy pocas, no porque en el medio no haya mujeres capaces de hacerlo, es que las mujeres han sido tratadas como seres de segunda categoría. Se privilegia la palabra de los hombres frente a la de las mujeres, además de que por ser mujeres, no estamos disponibles siempre, ya que el patriarcado nos ha asignado connaturalmente las obligaciones del cuidado y las tareas de casa, que incluye una actividad de la que no se habla, pues es invisible, extenuante y exclusiva de la mujer: la administración y planificación de todo en casa que implica aquellas actividades indispensables para que todo «funcione», como el listado de compras, planear los alimentos que se van a elaborar, estar pendientes de las vacunas de los hijos e hijas, citas médicas, lavar la ropa, etc).
Visibilizar todas las labores que a las mujeres nos ha endilgado el sistema patriarcal, no es con el fin de victimizarnos, es para reclamar justicia, pues desde el discurso se apuesta a la inclusión y participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo, pero no exhorta a los hombres para que se involucren también, de manera masiva, a las labores del hogar, que les corresponden en igual proporción y que han sido un obstáculo para que las mujeres puedan desarrollarse en pie de igualdad. Además de justicia se demanda la necesidad de crear conciencia, pues muchas de estas vivencias de las mujeres no son consideradas, incluso en los espacios que pensamos son más progresistas.Entre colegas es necesario normalizar la necesidad de que los hombres avancen en asumir su corresponsabilidad en la crianza y en las tareas de casa, pero que también se piense en aquellas mujeres que no tienen pareja o no conviven con el padre de sus hijas e hijos, pues si no se toma en consideración estas particularidades, las mujeres normalizarán hacer malabares para desarrollarse, o simplemente no lo harán.Lo anterior lo ejemplifico con algo que me sucedió en ese mismo curso de formación judicial que comentaba: me vi obligada a abandonar la sesión sin haber finalizado (pues la misma se prolongó por incumplimiento de la hora de inicio).
Mi hijo, que es un bebé de dos años, me estaba llamando y esperando en la puerta de la habitación donde estaba recibiendo el curso. No dudé ni un momento en salir, ya que considero que se debe entender la necesidad del tiempo compartido con la familia, sin embargo, es asombroso que aún en los ambientes que suponemos más respetuosos de derechos o más progresistas, parece que no se considera, por ejemplo, que al demorar la finalización de una jornada, quienes salimos más afectadas somos las mujeres, porque vemos inconclusa nuestra formación, en especial las que maternamos, es decir que el mundo sigue, funciona y se organiza, sin considerar que generalmente las mujeres —y más las madres— tenemos limitaciones de tiempo, es como si se pensara que es nuestro asunto y que si nos queremos desarrollar que veamos cómo nos las arreglamos.Todo lo anterior, no es más que reproducir la discriminación que profundiza la desigualdad en detrimento de las mujeres, ya que la mayoría de colegas hombres no tendrían problemas de seguir y completar las jornadas porque saben que sus parejas les tienen resuelto hasta el más mínimo detalle de las tareas de su propio cuidado.
Por ello es importante hacer hincapié que esa invisibilización de las necesidades reales de las mujeres no sucedería si se tuviese conciencia que el maternar o el cuidado de casa deben ser realizados por hombres y mujeres, de manera equitativa. Así las mujeres tendrían más oportunidades y opciones de participar y aportar en esos espacios, libres de toda discriminación, así cambiaríamos el paradigma patriarcal a un enfoque de género, recuperaríamos y dignificaríamos la maternidad, acompañando y apoyando. Por su parte, los hombres podrían ir responsabilizándose de ejercer esa paternidad igualitaria, pues se trata de justicia y equidad y así vamos educando a las nuevas generaciones en igualdad real, ternura y acompañamiento.Por tanto, es imperativo replantearnos ese promocionado empoderamiento, ese ideal de convertirnos en la «supermujer» como un mandato patriarcal que ha sido usado para explotarnos, relegándonos a despersonalizarnos para cumplir con ese estándar y sin la justa corresponsabilidad de los hombres. Aspiremos a una libertad construída desde nuestros deseos, bienestar y necesidades. Hago mías las palabras de Mary Wollstonecraft: «No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas».
Millones de dólares se han perdido por corrupción en la asignación presupuestaria para combatir la pandemia por COVID19 en Honduras. En esta ilustración muestro a un político contando dinero sobre una pila de cráneos, dinero que obtuvo por la corrupción, y cráneos que son los muertos debido a sus acciones corruptas. Dándole la espalda hay un mar de camillas y enfermos que representa cómo estos hombres han decidido ignorar su responsabilidad con la gente, y con los enfermos.
Muchas mujeres indígenas y campesinas tienen algo en común: son sobrevivientes de la violencia en sus distintas formas. Según el Ministerio Público, en el departamento de La Paz, en lo que va de 2020 se han registrado 137 denuncias por violencia doméstica solo en los dos municipios de mayor importancia política y económica: Marcala y La Paz (la cabecera del departamento). En total, el Ministerio Público ha logrado registrar 194 casos de violencia contra la mujer, 28 de estas son violaciones sexuales.
María vive en la comunidad de Las Flores, una aldea en las montañas de la sierra cafetalera del departamento de La Paz. Como madre, María ha debido soportar la humillación y el dolor de que Mirian —su hija menor)— fuera violada por un militar que vive en la aldea vecina. Producto de esa violación su hija quedó embarazada y dio a luz a una niña.
Luego de un juicio que duró año y medio en resolverse, al hombre que violó a la hija de María —y que estuvo en prisión ese año y medio— las autoridades lo dejaron en libertad, una decisión que no fue comunicada por los entes competentes a las víctimas. María, su hija y su nieta, ahora viven con el temor de ser víctimas de la venganza de un hombre que ya hizo mucho daño a esta familia, por haberlo llevado a juicio y por consecuencia su retiro por baja deshonrosa del Ejército.
Según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de la Mujer, solo en el mes de septiembre de 2020, Honduras registró 30 casos de femicidios, 14 de estas víctimas se encuentran en un rango de 30 a 49 años de edad.
Doris tiene 36 años, y es una mujer lenca campesina que ha sobrevivido a la violencia sexual, pero también a la humillación y al desprecio familiar por haber señalado a su agresor. Ella y sus cinco hijos han sido víctimas de una violencia que no parece tener techo y que se extendió de la pareja de Doris hacia otros miembros de la familia y sobre sus hijos y ella.
Desde hace dos años se separó del padre de sus hijos quien la golpeó muchas veces y la amenazó con disparos a sus pies y cerca del rostro, la corría de su casa y encerraba a sus hijos a quienes también golpeaba, desde entonces trabaja la tierra sembrando frijoles y maíz para el consumo de su familia en una parcela donde ha sido incluida dentro de una cooperativa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y con la esperanza de también sembrar café.
Datos del Observatorio de Derechos de las Mujeres revelan que Honduras registró 17 casos de violencia sexual solo en el mes de septiembre, 9 de las sobrevivientes eran niñas entre los 10 y los 19 años de edad, 7 de las 17 fueron violadas por sus padres o algún familiar cercano.
Dalila Aguilar trabaja en un proyecto con la CNTC. En ese proyecto se apoya a las mujeres para que aprendan herramientas y procedimientos que les ayuden a denunciar a sus agresores y para que puedan salir de los círculos de violencia. Pero Aguilar reconoce que para las mujeres es muy difícil por aspectos culturales de opresión con los que han tenido que convivir muchas generaciones de mujeres indígenas campesinas.
Un ejemplo de esta segregación económica y social que sufren las mujeres del área rural, se puede observar en el acceso a la tierra. Dalila explica que a las mujeres no se les hereda nada, que el machismo que predomina provoca que las mujeres tengan muchas variables en contra a la hora de optar por acceso a tierra, créditos, y relaciones igualitarias para vender sus productos.
Elda, originaria del municipio de Opatoro en el departamento de La Paz, tiene 29 años y es madre de una niña de 5 años y un niño de 12 años, ella es alguien que ha logrado salir del círculo de violencia luego de denunciar a su expareja y padre de sus hijos. La denuncia no procedió en las instancias competentes del Estado de Honduras donde la respuesta fue que debido a la pandemia por COVID-19 su caso quedaba congelado. Luego de que su expareja les abandonara solicitó a la organización se le concediera el derecho a la tierra y esta solicitud encontró eco dentro de la CNTC que le otorgó el derecho total sobre la tierra que antes tenía el padre de sus hijos.
Elda no solo encontró apoyo en la organización, también conoció a Dina, una mujer que la apoyó a ella como ha ayudado a otras mujeres. Dina también es madre de 2 niñas, la menor de 9 años y la mayor que quedó embarazada a los 17 años y dio a luz a una niña que ahora tiene 2 años.
Estas dos mujeres se conocieron porque la CNTC contrata a Dina para que cocine para la organización en actividades como talleres y reuniones grandes. Dina y Elda trabajan una parcela de tierra que es del suegro de Dina. Desde hace un año han sembrado una hortaliza de repollo, rábano, zapallo, frijoles y maíz, enseñándole también a sus hijas el trabajo de la tierra. Se sienten orgullosas de lo que han logrado juntas, apoyándose, comprendiendo que solo el apoyo entre mujeres podrá sacarlas de los círculos de violencia.
Más de siete meses han pasado desde que la pandemia por COVID-19 llegó a Honduras, y aunque en la actualidad el país continúa en confinamiento ha sido imposible bajar la curva de los casos positivos, esta ha avanzado de tal manera que ya se ven afectados todos los departamentos del interior del país, según lo expresado por varios especialistas de la salud.
Honduras está situado como el tercer país de Centroamérica con mayor número de contagios y fallecidos a causa de la pandemia, según el Observatorio Demográfico Universitario (ODU). El Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) contabiliza a la fecha 91 078 casos positivos y 2596 decesos en todo el territorio nacional.
En las últimas semanas se ha presentado un mayor número de personas contagiadas en los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón que son parte de la zona norte del país; Comayagua, ubicada en la zona central; y Olancho en la zona del oriente. Debido a esto, Contracorriente habló con varios especialistas de la salud para conocer a profundidad cómo se encuentran estas zonas, mayormente rurales.
Los médicos sobrevivientes del COVID-19 cuentan su batalla en las zonas rurales Ruth Muñoz, médica general en el municipio de San Francisco de Yojoa, del departamento de Cortés, labora desde el 6 de abril con el programa Código Verde. Ahí atiende en primera línea en el centro de triaje asignado a esta localidad. Después de ser diagnosticada positiva de COVID-19, Muñoz vivió en carne propia la negación de acceso a la salud que vive la mayoría de la población en su municipio.
Muñoz presentó los primeros síntomas el 24 de septiembre, luego de que se suscitó un brote de COVID-19 en su área de trabajo, donde médicos, enfermeras y personal de acceso fueron diagnosticados positivos. «Un 80 % de los compañeros del triaje nos contagiamos, solo que la mayoría tuvo síntomas leves. Yo creo que fui la única que evolucionó a una neumonía severa, todavía estoy bajo los efectos de la enfermedad, aún tengo inflamación en mi cuerpo. Ha sido tan fuerte mi caso que tengo que hacer terapia física, aún me falta para estar 100 % recuperada», contó.
En San Francisco de Yojoa, con una población aproximada de 21 000 personas, se reportan 328 casos positivos y 10 decesos. La doctora buscó asistencia médica y le fue negada, también asegura que asistió a centros asistenciales privados y no fue atendida porque le solicitaban que su análisis de PCR-RT estuviera negativo para recibir la atención. Tampoco en el sector público tuvo respuesta. Hasta que se contactó con varios colegas del Colegio Médico de Honduras que están asignados a este sector fue atendida.
Triaje de Santa Cruz de Yojoa, Foto: Cortesía.
Triaje en Santa Cruz de Yojoa. Foto: Cortesía
«Yo tengo una lista de quince cardiólogos que intenté contactar y todos me dieron la misma respuesta. Gracias a Dios tuve acceso a camas hospitalarias, oxígeno, medicamentos y recibí la atención de mis colegas que están asignados también a este triaje. Pese a todo esto, estoy motivada a continuar atendiendo a mis pacientes, porque no es justo que los hondureños pasemos por estas situaciones». Agregó que está buscando donaciones para abastecer este triaje que no cuenta con medicamentos como anticoagulantes, antihipertensivos, hipoglicemiantes y los insumos que son primordiales para atender la pandemia. Manifiesta que su motivación es hacer lo más que pueda por esta comunidad, ya que su contrato con Código Verde es temporal y no sabe exactamente cuánto tiempo seguirá laborando.
Cortés es el departamento con mayor número de decesos y reporta 811 en total, le sigue Francisco Morazán con 654 fallecidos. Ahora, en el oriente del país, Olancho se ha convertido en el tercer departamento con más decesos contabilizados y a la fecha reporta 119 fallecimientos, según la biblioteca virtual de la Secretaría de Salud, por esta razón tuvo que ser intervenido hace unas semanas. La Secretaría de Salud (Sesal) proporcionó a Contracorriente una base de datos donde revela que de marzo a agosto, en este departamento, fallecieron 46 personas, según la comparación de los datos, los decesos aumentaron en septiembre, justo con la reapertura a la economía en el país.
Centro de Salud en Omoa, Cortés. Foto: Martín Cálix. Olancho ha sido uno de los departamentos de mayor preocupación para los médicos, ya que ha sido difícil mantener a las personas en confinamiento porque su actividad económica es la agricultura, la crianza de ganado y la explotación de la madera, y no han parado de realizar estas actividades.
La Infectóloga y exsecretaria de Salud, Elsa Palou, hace un llamado a las autoridades para que presten atención a este departamento el cual tiene una letalidad del 6 %. «Si no se le toma seriedad al asunto, la situación en Olancho podría descontrolarse y no queremos que los hospitales se vuelvan a desbordar», dijo.
El municipio más afectado de Olancho es Juticalpa, donde se contabilizan 917 casos positivos y solo cuentan con el Hospital San Francisco, que dispone de ocho camas para realizar tratamientos contra el COVID-19 y 49 médicos de los cuales apenas dos son internistas.
En la siguiente posición encontramos a Yoro con 95 fallecimientos, siendo El Progreso el municipio más afectado con 2908 casos y 47 decesos. Este departamento cuenta con tres triajes donde se realizan aproximadamente de 150 a 200 pruebas PCR-RT diarias y su capacidad hospitalaria es de 60 camas en total, según datos brindados por el presidente del gremio de médicos de esta localidad, Roberto Castellanos.
Castellanos manifiesta que no cree que el número de contagios haya reducido: «los casos no han disminuido porque la positividad de las pruebas continúa siendo alta, aparte de eso solo contamos con pruebas rápidas. Nosotros deberíamos de realizar pruebas de hisopado para realizar los muestreos correspondientes, además no se están haciendo el número suficiente de análisis, en eso debemos de ser transparentes».
El médico también hace mención que es cuestionable la labor del Gobierno referente al manejo de la pandemia: «se han realizado demasiados actos vergonzosos, muy mal manejo de los fondos públicos, los hospitales móviles son la evidencia más grave de eso. Sabemos que ningún Gobierno estaba preparado para esto, pero esta administración es la peor preparada para enfrentar esta pandemia».
En la zona suroriental del país, exactamente en Guajiquiro, La Paz, se contabilizan 57 casos positivos de COVID-19 y solo un fallecido. Leticia Corea, quien habita en esta comunidad y es una líder campesina, relata que desde el inicio de la pandemia no se cuenta con un médico en la comunidad y solo tienen un centro de triaje habilitado, siendo este un único enlace para que los pacientes que se presenten con síntomas sean remitidos al hospital de la Paz.
«Como ciudadanos, este abandono nos preocupa porque hemos sido afectados por el COVID-19, muchos hemos tenido que buscar asistencia médica privada y los que no pudieron lamentablemente ya no están con nosotros, aunque las autoridades solo contabilizan un fallecimiento», argumenta Corea. Agrega que el acceso a la asistencia médica es precario, ya que para recibirla tienen que movilizarse hasta La Paz, y esto conlleva un trayecto de dos horas, además denuncia que la única ambulancia que está en el sector es utilizada para movilizar gente para campañas políticas.
La mayoría de los fallecimientos del personal médico se reporta en la zona rural
La lista de médicos fallecidos a causa del COVID-19 va en aumento. El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), vía llamada telefónica, nos confirmó el fallecimiento de Luis Enamorado, quien se convierte en el médico número 48 en perder la vida a causa del virus. El doctor Enamorado era uno de los seis médicos intensivistas del país y también precursor del tratamiento CATRACHO, fue hospitalizado hace unos días y su fallecimiento fue reportado el pasado 21 de octubre a las 4:20 p. m.
Umaña menciona que de los 48 médicos fallecidos, el 60 % aproximadamente atendían en la zona rural: «hay colegas de La Ceiba, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, el COVID-19 en la zona rural no ha detenido su marcha, es más, está en etapa de crecimiento». También menciona que es importante que las autoridades competentes fortalezcan y doten de centros de triaje a cada municipio con población mayor a 10 000 habitantes, establecer más brigadas de respuesta móvil, pero sobre todo crear una red donde por lo menos 1000 personas que se desplacen a realizar intervenciones a los lugares de mayor contagio tengan atención médica.
«Además de eso la policía debe de ejercer un control en la deambulación, porque se ha perdido totalmente. Los hondureños debemos de ser responsables y continuar utilizando las medidas de bioseguridad, de esta manera se evitarán más contagios y muertes», agrega Umaña.
Pruebas diarias para la detección del COVID-19 Para la exsecretaria de Salud, los casos de coronavirus han presentado una baja relativa: «recordemos que se están haciendo menos pruebas de lo que se hacía previamente, así que uno no sabe si es por la disminución por el número de pruebas o qué». También asegura que en las últimas semanas se ha entrado en una «meseta», sin embargo «cuando se hace la curva del número de pruebas realizadas y el número de casos que salieron, estos siguen en ascenso».
La exsecretaria de Salud asegura que actualmente Honduras está en diferentes etapas de la pandemia: «algunos lugares están en etapa cuatro, otros en etapa cinco, con transmisión comunitaria, siendo cualquier persona sospechosa porque hay muchas que no presentaron ni presentarán ningún síntoma, siendo positivas por COVID».
Según el último dato oficial de Sinager se están haciendo 2000 pruebas diarias en todo el país, pese a que los médicos han solicitado que se realicen de 3000 a 4000 pruebas, pero los triajes no tienen la capacidad de realizar más de 200 pruebas diarias para la detención del coronavirus.
El centro de Triaje La Fragua funciona con fondos gubernamentales administrados y gestionados a través de la municipalidad progreseña. El Progreso, Yoro, 22 de octubre de 2020. Foto, Deiby Yanes.
Comunidades garífunas de Honduras y el COVID-19
En la zona del Caribe de Honduras se sitúan gran parte de las comunidades garífunas, mismas que han estado marginadas por mucho tiempo ya que no son prioridad para el Estado, así lo manifiesta Luther Castillo, médico y máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard quien fundóel hospital garífuna comunitario. «En la comunidad garífuna no hay acceso al diagnóstico de casos COVID-19, mucho menos a centros de triaje para atender la emergencia, ante este abandono nuestra Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) junto con las autoridades comunitarias y un grupo de profesionales de la salud, conformamos un equipo multidisciplinario para diseñar estrategias de contención y logística para COVID-19», explicó.
Entre estas estrategias están la práctica de medicina natural y tradicional: «hemos utilizado brebajes de té de eucalipto, de limón, un montón de hierbas y raíces ancestralmente conocidas por nuestra gente en las comunidades, también hemos tenido muchísimo uso de la talasoterapia que es la terapia de mar para baños, cocimientos y todo lo demás».
Castillo señala que no es posible dar un número exacto de contagios en esta zona del país porque son pocas las pruebas de hisopado que se han realizado por parte de Sinager, además los resultados los tienen de dos a tres semanas después, cuando el paciente ya ha superado sus días más críticos. «Por parte del Estado no existe ninguna estrategia de contención de la patología. Si no se hacen pruebas no se pueden detectar los casos positivos», asegura.
Luther le recuerda al gobierno que uno de los elementos más importantes en la batalla contra la pandemia es la confianza, pero si no existe transparencia en la información oportuna y en tiempo real, sobre todo en el manejo de los fondos públicos, se genera inseguridad en la población.
Centros de triaje En julio se creó el programa Fuerza Honduras, con el fin de masificar los centros de triaje en todo el país. Actualmente 190 brigadas médicas han visitado el territorio y se han instalado 163 centros de triaje, los cuales operan con los 280 millones de lempiras que fueron autorizados mediante este programa para ser distribuidos a 298 municipalidades, con el fin de contener la propagación del COVID-19. Los primeros municipios en recibir los fondos fueron: Catacamas, Juticalpa, La Unión, Siguatepeque, La Lima, Pimienta, Santa Lucia, Yamaranguila, Morocelí, Jacaleapa, Valle de Ángeles y Santa Bárbara.
Para la operación de estos centros de triaje el Gobierno, por medio de su titular Juan Orlando Hernández, informó que se contrataron 1908 miembros del personal médico y se entregaron 154 193 insumos médicos, invirtiendo en el mismo 240 131 286 lempiras.
El coordinador de los centros de triaje de la Secretaría de Salud, Juan Carlos Guevara, ha manifestado que en un 20 % se mantiene el incremento de atención en estos centros. También informó que la positividad de los casos ha sido de un 50 % en los pacientes que se realizan la prueba del hisopado (PCR-RT), ya que «en un inicio, en los centros de triaje se aplicaban 30 pruebas y ahora se aplican de 50 a 60 muestras diarias».
Solo en los triajes de Tegucigalpa a la fecha se han atendido 105 275 pacientes de los cuales han dado positivo un total de 26 675, confirmándose 20 000 casos de COVID-19 y 624 fallecidos.
En 2018 el Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentó su informe Situación del Sistema de Salud en Honduras, donde pone en evidencia la capacidad hospitalaria en el país. La red de servicios de la Sesal cuenta solamente con 5059 camas, estos datos representan un número de 9.5 camas hospitalarias por 10 000 habitantes.
En junio y julio se presentó una crisis en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya que excedieron su capacidad hospitalaria. Actualmente en ellos hay menos pacientes ingresados por COVID-19, pero ahora la ocupación está creciendo en otros departamentos, permitiendo que Honduras ingrese en una segunda ola de contagios. «Esto va a obligar que desde los municipios se refieran a pacientes con COVID-19 a hospitales como el Catarino, como el Hospital Escuela y los hospitales del Seguro, porque cuando no se den abasto los hospitales regionales los de área tienen que asumir», puntualiza Palou.
Pacientes a la espera de ser revisados en el Centro de Triaje de La Fragua. 22 de oct de 2020, El Progreso, Yoro. Foto, Deiby Yanes.
Zonas rurales esperan hospitales móviles En abril, el Gobierno de Honduras informó a través de un comunicado publicado por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h) que había gestionado la compra de siete hospitales móviles para brindar apoyo al sistema de salud por la alta demanda de atención médica, a la fecha solamente han llegado dos y uno está en funcionamiento en la ciudad de San Pedro Sula.
Los municipios de Choluteca y Santa Rosa de Copán, están a la espera de la llegada e instalación de dos hospitales más, uno en cada localidad y atender la demanda médica que día a día crece en la zona rural, así lo ha manifestado Gustavo Boquín, miembro de la comisión interventora.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su último informe La corrupción en tiempos de COVID-19, ha revelado que a consecuencia de la demora en la llegada e instalación de los hospitales móviles han perdido la vida 2446 hondureños. El informe establece que la Sesal, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) e Invest-h le provocaron al Estado una pérdida de aproximadamente 32 000 dólares (817 millones de lempiras), desde el mes abril a septiembre del presente año. Esto por la compra de 474 000 mascarillas, la sobrevaloración del medicamento ivermectina y de los hospitales móviles, estos últimos fueron adquiridos por la suma de 43 millones de dólares (1100 millones de lempiras). En este informe, el CNA le hace un llamado al actual mandatario, Juan Orlando Hernández y le pide que «limpie la característica corrupción que prevalece dentro de su administración» para que el país pueda superar la crisis que lo golpea.
Feriado Morazánico El Gobierno ha oficializado que los feriados correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre, serán trasladados para el mes de noviembre. Esta medida se tomó a petición del sector turismo en el país, el cual ha sido fuertemente afectado por el confinamiento a causa del COVID-19.
La Cámara Nacional de Turismo (Canaturh) ha informado que su expectativa es que circulen aproximadamente un millón de personas y unos 10 000 millones de lempiras, solo en turismo interno, lo que beneficiaría a las empresas que han sido golpeadas con esta pandemia.
Roatán, ubicado en Islas de la Bahía, será uno de los municipios turísticos beneficiados con esta apertura, pero existe temor por parte de los profesionales de la salud porque, pese al confinamiento, esta zona tuvo que ser intervenida al presentar un aumento de casos, reportando a la fecha 1882 casos positivos y 30 fallecimientos.
En la intervención realizada por autoridades de la Sesal se realizó la entrega de 10 000 mascarillas y se inspeccionó varios negocios para verificar que cumplieran con las normas de bioseguridad, ya que esta isla subsiste de las visitas que realizan turistas nacionales e internacionales.
Sindy Ferrufino, una enfermera que fue trasladada desde Tegucigalpa a Roatán, para ser parte del personal médico que atiende a la población en este municipio, relató a Contracorriente que el mayor problema que se vive en la isla es que la población no toma las medidas adecuadas: «los isleños no se protegen, no usan su mascarilla, pese a que estas se regalan en las brigadas, además siempre están aglomerados, es por eso que el 90 % está contagiado».
Ferrufino afirmó que es una situación alarmante porque en Roatán tienen una capacidad hospitalaria de 73 camas, de las cuales 65 están en el centro de triaje y ocho en el hospital público de esta misma localidad, con una población de aproximadamente 50 000 habitantes.
«Para noviembre se tiene previsto que se va a reabrir la isla, si eso se hace esta situación se nos puede salir de las manos y aunque esta activación económica es peligrosa, ellos se ven obligados a hacerla. Los isleños no tienen ayuda de nadie, aquí hay mucha pobreza, así que se debe de reactivar la economía», puntualizó Ferrufino.
Aunque los médicos son conscientes que es importante la reapertura económica en el país, continúan insistiendo que esto aumentará de una manera drástica el número de contagios, porque es imposible que el 100 % de las personas que realizan turismo interno guarden las medidas de bioseguridad.
Por otro lado, la exsecretaria de Salud agregó: «nosotros sabemos que el turismo interno es un ingreso importante para el país, entendemos que una gran cantidad de población depende de este: las recamareras en los hoteles, las meseras en los restaurantes, la gente que trabaja en aseo y mantenimiento de los hoteles que llevan ya siete meses de confinamiento y es necesaria la apertura, pero al final todo depende de la responsabilidad de cada persona», además piden al gobierno «realizar más pruebas después de este feriado para así saber qué tanto movimiento tuvo el virus».
Nací en 1992, en el barrio Morazán de San Pedro Sula, donde pasé toda mi infancia. Me crié con mi abuela, quien tomó el papel de madre hasta el día de hoy. Mi niñez avanzaba y me fui dando cuenta que no tenía la misma forma de actuar o de expresarme con relación a todos mis vecinos y primos.
Recuerdo que cuando estaba en segundo grado de la escuela, sentía el deseo de estar siempre cerca de un compañero que se llamaba Guillermo, siempre estaba observándolo y quería tocarlo y hablar con él en todo momento. Sin duda sentía mucha atracción, y es que todos nacemos con ese líbido, pero en aquel momento todo se gestaba solo en mi mente. Fui creciendo y tenía algunas actitudes no tan masculinas —dentro de los roles que la sociedad ha asignado—, esto siempre me hacía estar en la mirada de los demás y me fui convirtiendo en alguien tímido y retraído.
Estudié mi carrera de Ciencias y Letras y Diseño Gráfico en el Instituto Santo Tomás. En los primeros años sufrí acoso, golpes, humillaciones, todo tipo de ataques y agresión verbal a causa de mi orientación sexual y fue cuando decidí hablar con mis familiares, sin embargo ellos se negaron a aceptarlo por muchos años. Al poco tiempo logré independizarme, me fui de casa y demostré que ser homosexual no era un motivo para que ellos se avergonzaran.
Cuando cumplí diesciseis años comencé a trabajar, esto significó el inicio de otra realidad: la discriminación en el área laboral, que incluyó despidos injustificados y llamados de atención absurdos. Todo esto era por ser un hombre sexualmente diverso y asumido. Mi vida de estudiante estaba estancada y terminé mi secundaria seis meses después que mis compañeros. La vida de adulto y mi pública sexualidad se enfrentaban en una batalla campal, pero sabía que tenía el derecho de vivir y ser libre. Siempre tuve parejas y jamás nos escondimos, viví en libertad y eso siempre me hizo pagar un precio alto en mi vida familiar, estudiantil y laboral.
A raíz de estas cosas me vi obligado a cambiar de actitud y decidí mostrarme como una personas segura, entonces comencé a sacar mi voz, quería que todo el mundo supiera que jamás iban a pasar por encima de mí. Al mismo tiempo una voz interna me decía: yo tuve el valor, pero otros chicos gays están siendo agredidos en mi barrio y colegio. En realidad yo sufría por dentro, porque quería que todos sacaran la fuerza, sin embargo con el tiempo comprendí que no todos actuamos y nos defendemos de la misma manera.
Desde pequeño soñé con desempeñarme en los medios de comunicación y sabía que era un gran reto, ya que no solo tenía que ver con el talento, sino también con el estudio. A decir verdad me desenfoqué de mis metas académicas por un tiempo, pero necesitaba un empleo para subsistir. Por suerte logré conseguir el trabajo de oficina –que siempre quise– y costear mis estudios. Inicié la licenciatura en psicología y actualmente estoy haciendo tesis y práctica.
En medio de mis estudios y trabajo de oficina, mi sueño de estar en los medios se había postergado, pero la inquietud interna siempre seguía, sin embargo sabía que en algunos medios, quizá, me desfavorecería el hecho de ser abiertamente gay. A pesar de eso me armé de valor y toqué puertas y tuve la oportunidad de trabajar en Radio Fabulosa 102.1, con esto sentí que superé otro reto más.
Poco a poco conseguí el respeto de mis familiares, en mis trabajos y centro de estudio, pero siempre sentí que me faltaba algo más, algo que me sacara de mi centro y zona de confort, de hecho cuando comencé a estudiar psicología lo hice solo por tener un título universitario, incluso el tiempo pasaba, avanzaba en mis clases y yo aún no tenía claro en qué área me iba a especializar. Finalmente logré decidirme por psicología social. Por otro lado, en mi último trabajo ya no me sentía cómodo, claro quería probar y experimentar algo nuevo y sacarle provecho a la profesión que elegí para mi vida. Entonces decidí cerrar mi ciclo con la empresa Mundo Laboral, a la cual dediqué varios años.
El tiempo pasaba y la necesidad de encontrar mi norte seguía latente. Siempre, de una u otra forma, tuve cercanía con varios colectivos LGTBIQ de San Pedro Sula, pero nunca me animé siquiera a ser voluntario, de alguna manera sentía que no llenaban mis expectativas. Tiempo después comencé a crear ideas, pero continué postergando todo por mis actividades cotidianas.
Llegó el 2020 y con él la pandemia por la COVID-19 y aquel vacío continuaba latente, fue entonces cuando comencé a ver las grandes necesidades que estaban saliendo a flote en la comunidad LGTBIQ en San Pedro Sula: sin poder salir porque no tenían salvoconducto, sin poder trabajar para cubrir sus necesidades primarias y ahogándose en toda su problemática, y las autoridades y líderes completamente ajenos. Debo confesar que nunca me sentí a gusto con ninguno de los colectivos con los que tuve acercamiento. Siempre me pareció que el activismo no se dinamizaba, que no se actualizaba y que no había oportunidad a nuevas ideas y nuevos activistas.
Con toda esta situación acrecentada por la crisis sanitaria decidí echar manos a la obra y comencé con el ciberactivismo a través de las redes sociales, y fue en ese momento en que el que fundé la Asociación Iguales, un movimiento LGTBIQ. Tuve el apoyo de mi pareja y cercanos y ellos me dieron la motivación y apertura suficiente como para comenzar con este nuevo proyecto social.
Iguales fue lo que siempre estuvo en mi mente y ya era momento de echarlo a andar, y yo tenía las ganas, el talento y la preparación académica para hacer frente a la problemática de la comunidad en la zona norte. Comencé con un perfil normal de Facebook y rápidamente tuve la aceptación de conocidos y extraños, me sorprendió todo el ruido y la apertura que causó, no solo en la comunidad sexualmente diversa, también en personas heterosexuales.
Iguales busca el respeto y el cumplimiento de los derechos que tenemos como población. Poco a poco se han ido adhiriendo varias personas al movimiento y esto suma y sigue. Actualmente tenemos un equipo de cuarenta y seis personas, entre voluntarios y una junta directiva, y todos los días se suman más, estamos muy motivados y queremos romper esquemas, tener una diversidad sin límites y llegar a espacios jamás alcanzados en todos los sentidos. Iguales siempre fue mi sueño y eso que muchas veces interpreté como un vacío, pero ha llegado para quedarse.
Mi sueño ahora es vivir en un país donde la diversidad sea entendida como valor, un país en el que todas las personas sexualmente diversas puedan vivir libres, seguras, iguales en dignidad y derechos.
El ciberactivismo en nuestras redes sociales está impactando y eso me alegra mucho, trabajar y llenar vidas con ayuda de las plataformas digitales. Considero que cuando uno inicia como activista en cualquier área que tenga que ver con derechos humanos lo indispensable siempre es el bien común antes que el propio.
A mis 27 años sé que es un gran reto ser activista y defensor de una población que históricamente ha sido vulnerada, sobre todo en un país como Honduras. Considero que cambiar el pensamiento de la sociedad y detener la discriminación es una de las grandes metas, muchos dirán que es imposible, pero estamos caminando y trabajando en ello.
Ante la incertidumbre y la preocupación que generó la llegada de la COVID-19, muchas personas acudieron a recetas ancestrales compuestas por un sinnúmero de hierbas, raíces, flores y frutas, con el propósito de fortalecer su sistema inmunológico, aliviar algunos síntomas y enfrentar de mejor manera el virus. Conversamos con la fitoterapeuta Cindy Zelaya, fundadora de la empresa Artea Honduras, un negocio que se dedica a la producción de tisanas.
Cyndi nos habló de los beneficios en el uso de los productos que ofrece y de cómo nació Artea. «Nosotros tenemos un negocio familiar que se llama Merendon Coffee y notamos que las personas no solo buscaban café, sino también infusiones que les ayudaran con sus problemas digestivos, de ansiedad y estrés. Entonces vimos esa necesidad y como yo estudié fitoterapia, quise crear estas tisanas y aportar un poco para el alivio de los síntomas que sufrían quienes nos visitaban», nos comentó.
Cuando hablamos de fitoterapia nos referimos al estudio de las plantas, de sus flores, hojas, frutas y todas sus partes que sirven para un fin terapéutico. «Es importante ser conscientes de que si utilizamos un medicamento prescrito por un médico especialista, este no debe ser sustituido por las tisanas, sino más bien deben ser utilizadas como una medicina complementaria al tratamiento», nos dijo Cindy, y además explicó que todas las hierbas tienen un cierto grado de toxicidad y por esto es necesario brindar asesoría sobre el uso adecuado de la medicina tradicional.
A través de la historia, las plantas han sido utilizadas para el tratamiento y prevención de enfermedades, esta ha sido una práctica realizada de manera frecuente en las comunidades rurales y ha logrado mantenerse hasta la actualidad acompañando y, en algunos casos, sustituyendo a la medicina occidental. El fácil acceso y su bajo costo —en la mayoría de los casos— ha convertido a la medicina ancestral herbaria en la principal alternativa para la población en general. Cada vez es más común el uso de las tisanas, tés y blends entre la gente que busca mantener un estilo de vida saludable y alejado de los compuestos químicos.
Al principio de la pandemia era frecuente escuchar a muchas personas, incluso leer en algunos medios de comunicación, sobre la importancia de recurrir a la medicina natural. Con frecuencia se hablaba de tomar infusiones de eucalipto, de jengibre, de limón, etc., sin embargo en pocas ocasiones se dialogaba acerca de la cantidad necesaria para utilizarlos con fines terapéuticos. Cindy nos comentó que «es contraproducente y puede afectar si no tomamos las cantidades adecuadas, por ejemplo el jengibre no debe utilizarse más de tres gramos por tres tazas de ocho onzas. Todas las plantas tienen un grado de toxicidad y si no se utiliza de la manera correcta puede causar daños en el organismo, sin embargo con una orientación y una dosis adecuada estaremos contribuyendo de manera positiva a nuestra salud».
También nos explicó que una tisana es una infusión de frutas y hierbas deshidratadas, que no es lo mismo que el té: «normalmente la gente le dice té a todo, pero el té viene de una hoja específica que se llama Camellia sinensis y sus diferentes tipos dependen del grado de fermentación, de oxidación y de fermentación de la hoja».
Artea ofrece asesoría y brinda diversas alternativas para fines terapéuticos: reguladores digestivos, para problemas respiratorios como el asma, para personas que vienen saliendo de COVID-19 —que no los va a curar, pero sí les va a disminuir sus síntomas—, para personas con problemas de ansiedad y trastornos del sueño. Además tienen opciones con frutas en combinación con verduras y con té, por ejemplo el chai y otras mezclas que contribuyen al tratamiento y prevención de enfermedades como la diabetes, artritis, problemas hepáticos, cardíacos, entre otros. «Elaboramos tisanas frutales, para personas que simplemente quieren tomarse una infusión antes o después de hacer ejercicios, estas son bebidas energizantes con puros antioxidantes. También tenemos tisanas con fines medicinales. Todas se pueden ingerir frías y calientes, todo dependerá del fin y de la preferencia de quien las ingiera», nos explicó Cindy.
Artea existe desde marzo de 2019, sin embargo sus productos solo eran distribuidos a los restaurantes y cafés. Con la llegada de la pandemia las ventas se vieron afectadas porque muchos de estos establecimientos tuvieron que cerrar, unos de manera temporal y otros de manera definitiva. «Me quedó una cuenta por cobrar bien grande y no voy a mentir: me deprimí porque todas las empresas a las que le vendía cerraron y a mí no me pagaron. Esto me generó una gran deuda, pero decidí no quedarme de brazos cruzados, decidí levantarme y seguir luchando», relató Cyndi. Pero fue entonces cuando también pensó en llegar directamente a las personas.
«La gente me dejó entrar a sus hogares y empezó a comprarme las tisanas, que por cierto tuve que hacer en presentaciones más pequeñas porque antes la distribución se hacía en cantidades grandes, dado que las vendía al por mayor». Cindy recuerda que antes los dueños y empleados de los cafés y restaurantes le comentaban sobre cómo los clientes disfrutaban de sus tisanas: «sin embargo yo no miraba la expresión de la gente, yo no los escuchaba decir: “me gustan estos productos”, “siento alivio en mi estómago con estas bebidas”, pero ahora yo lo escucho y me llena de dicha».
Se estima que el 80 % de la población de los países en desarrollo recurre a los medicamentos herbarios para el alivio de sus enfermedades. Ante esta situación la Organización Mundial de la Salud ha manifestado la importancia de que los Gobiernos garanticen instrumentos que contengan la mejor información y así garantizar el uso adecuado de las medicinas tradicionales. Pero la realidad es que en la mayoría de estos países la asesoría es casi nula, incluso el tema es abordado con prejuicios, en lugar de propiciar diálogos interculturales para encontrar puntos de encuentro y mejorar los niveles de salud de la población.
Uno de los objetivos fundamentales de Artea es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y hacer conciencia sobre la importancia de consumir productos que contribuyan a la salud física y mental. «Me llena de alegría y satisfacción el hecho de escuchar lo que la gente siente al usar mis tisanas y cómo les mejora la vida. La gente me llama o me escribe para decirme “ya puedo dormir”, “mi papá viene saliendo de COVID, está tomando el Lung protector y sus síntomas los siente más leves”, “antes me sentía muy ansiosa, pero sus tisanas me relajan y me ayudan mucho”. Entonces he vivido esa experiencia de ver, escuchar o leer la expresión de la gente. Es algo que no estaba viviendo, ahora ya lo leo, ya lo escucho y esto me motiva».
Cyndi tiene planes de seguir estudiando a profundidad la fitoterapia, y así brindar una mejor asesoría a las personas. A raíz de la reapertura decretada por el Gobierno hondureño, muchos de los establecimientos a los que les distribuía sus productos han abierto las puertas al público y de nuevo han recurrido a Artea: «Estamos en más de sesenta negocios a nivel nacional, entre ellos en una franquicia muy conocida que es del grupo Intur».
Es importante mencionar que Artea también se involucra en la labor social y actualmente ha destinado las ventas del mes de octubre al Comité de apoyo de la liga contra el cáncer: «nos interesa aportar a la comunidad. Apoyamos en lo que podemos. En realidad creemos que servir a la comunidad es uno de los propósitos de Artea», finalizó Cindy.
Podés contactarte con Cindy Zelaya a través de su página de Instagram Artea Honduras.
El 26 de septiembre la Liga Nacional de Honduras reanudó su actividad, pese a que la pandemia no ha cedido y a los aprietos económicos de la mayoría de equipos. No hay público en los estadios. Muchos vendedores se quedaron sin ingresos porque dependían de estos espectáculos. La pelota libra una gran batalla contra la pandemia.
Texto: Allan Bu
Fotografía de archivo: Martín Cálix
«El Barney» se movía en las calles aledañas a los estadios sampedranos intentando vender boletos para presenciar espectáculos de la Liga Nacional de Honduras. Trabajaba la reventa en el «mercado negro», pero desde marzo de 2020 los ingresos que conseguía por el fútbol son historia. Ahora vende artículos personales en las redes sociales.
La liga hondureña suspendió actividades del 16 de marzo y canceló el torneo Clausura 2020 el 29 de abril. El 26 de septiembre, cuando el país tenía 74 548 casos y cuando los expertos decían (y lo siguen diciendo) que por la falta de pruebas era imposible determinar en cuál etapa de la pandemia estábamos, volvió a abrirse el fútbol profesional a Honduras.
La Liga Nacional reanudó sus actividades bajo un extenso y meticuloso protocolo de bioseguridad, en que se contemplan once medidas generales para contrarrestar la propagación del COVID-19. En un documento de 45 páginas se contempla desde realizar pruebas PCR y pruebas rápidas a los jugadores y personal de cancha, hasta el número de personas que debe ir en un autobús para ingresar al estadio.
De acuerdo a este protocolo, en cada entrenamiento se tomará la temperatura de los involucrados y se realizará una breve entrevista. Se ha pedido a los equipos que coloquen pediluvios, estaciones de lavado de manos y aplicadores de gel. El uso de las mascarillas es obligatorio en todo momento, a excepción de los jugadores y árbitros en el partido.
A los jugadores y a los árbitros se les llama a que se bañen inmediatamente al terminar el partido, pero por ejemplo en un estadio como el de Tocoa, Colón, donde no hay servicio de agua potable esta medida es inviable.
El protocolo también llama a los jugadores a llevar una dieta alimenticia saludable, sumada a la ingesta de suplementos para el fortalecimiento del sistema inmune. Mientras que en el juego será prohibido abrazarse para festejar un gol y aunque durante el partido choquen una y otra vez, durante la charla del entrenador y la oración previa al encuentro, los futbolistas deberán mantener el distanciamiento social.
Bajo toda esta rigurosidad y con el estadio vacío, «Barney» no ha podido continuar con su «rebusca»: «Nos vino a afectar. Los vendedores somos independientes. Era una entrada que teníamos hace años en los juegos, más que todo en los juegos de Real España y Marathón». «Barney», apodado así por su tamaño, ha tenido que cambiar de rubro en la venta informal: «Tenemos que ver cómo sobrevivimos. Dios no nos deja de la mano, siempre se agarra para los frijolitos, pero es bien difícil».
Por la pandemia, «Barney» dice que ha dejado de percibir al menos el 40 % de sus ingresos, pues también vendía entradas para conciertos y otros eventos. Ahí se acuerda de la gente que solo tenía ingresos por su trabajo en el estadio, como los vendedores de carne o los que ofrecían chicles. «Deben estar enjaranados (endeudados). No queda de otra en este país, uno arañando y los corruptos se hacen más millonarios», dice en pose de analista.
Jonathan Amaya, colaborador del Club Deportivo Marathón, sostiene que sólo en el estadio Yankel Rosenthal hay ocho puestos de comida, que emplean a cuatro personas cada uno. «Hay personas que se dedican solo a vender en los estadios y es una situación bien complicada para ellos, tantos meses sin recibir un peso», nos dice.
Piden la misma vara
Tres o cuatro días antes de los juegos de Liga Nacional del Club Deportivo Olimpia, Melbin Cerbellón, líder de la Barra Ultrafiel, ya planificaba que haría la barra de los blancos en el estadio. Él es uno de los líderes de la barra del equipo más popular del país. «Para nosotros seguir al Olimpia es algo que tenemos en mente en la semana y ahora no podemos hacerlo», dice.
Comenta que en el juego de la jornada 4 del torneo Clausura Olimpia vs Motagua, querían cantarle a su equipo, como lo hicieron los aficionados del Real España en las afueras del Yankel Rosenthal el miércoles 14 de octubre en el partido en el que Marathón ganó 3-0. Junto a los líderes de la barra Los Revolucionarios —la barra del Motagua— líderes de la Ultrafiel sostuvieron una reunión con la Policía Nacional, en la que las autoridades les pidieron no asistir al estadio.
«Teníamos planificado poner nuestras mantas en el estadio aunque no pudiéramos entrar y estar afuera cantándole al equipo, pero ahorita Sinager y la Comisión de Prevención de Riesgo en los Estadios nos dijeron que cuidadito nos acercamos porque podemos incurrir hasta en delito», explicaba Cerbellón esta semana. Hoy el partido Olimpia vs Motagua terminó en un empate 0-0, sin el aliento acostumbrado de las barras.
Hay una prohibición sobre reuniones masivas desde que el país entró en estado de emergencia en marzo hasta la fecha, pero este líder afirma que «el caso de Sinager es bien chistoso» porque a los políticos que andan en campaña sí les dan permisos de reunir a muchas personas, como ha quedado en evidencia con las actividades de los nacionalistas Mauricio Oliva y Nasry Asfura o la candidata de Libre, Xiomara Castro.
El miércoles 14 de septiembre, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que se prohibía la presencia de aficionados en las afueras de los estadios. Quienes estuvieran por ahí tendrían que demostrar mediante identidad que pueden estar ahí según el calendario de circulación nacional. «Para las autoridades, la barra sí va a contagiar. Este país es bien chistoso, pero ni modo, qué le vamos a hacer», dice con marcada ironía Cerbellón.
Manifestó que ellos como organización han realizado diversas actividades de ayuda como regalar comida, agua y hasta reparar algunos techos en solidaridad por la pandemia. «Hay casos positivos en familiares de barristas, pero no por alguna actividad de nosotros, sino porque la enfermedad existe», dice. Y pide que los «midan con la misma vara a todos, que hagan la revisión general porque se supone que las leyes son para todos».
Cerbellón, además, consideró que la gente podría volver a los estadios porque en Honduras cuando no es la etapa final del torneo, la asistencia nunca pasa del 40 %. Ha escuchado que para otras etapas del actual certamen ya podría haber público en las gradas.
Por su parte, la barra del Motagua, Los Revolucionarios emitieron un comunicado en que dejan claro que desean apoyar a su equipo después de tanto tiempo sin hacerlo, pero reconocen que el peligro no ha pasado. «Recordemos que la pandemia no ha terminado, el virus está en cualquier parte y estamos expuestos a contagiarnos. Debemos respetar las medidas indicadas por las autoridades», sostienen los «Revos» en un comunicado.
En el documento llaman a los aficionados a proteger a sus familias, jugadores y profesionales de la salud «que salen a diario a salvar vidas de personas que se han contagiado». Sostienen que los demás (otras barras) han salido de «manera irresponsable sin cumplir las medidas de bioseguridad, sin importar contagiarse y llevar el virus a sus casas». Agregan que «nuestra barra no se manifestará masivamente en los alrededores del estadio ni en ningún otro lugar, ya vendrán mejores tiempos donde podamos estar todos juntos alentando a una sola voz».
Venciendo al COVID
El futbolista Luis «Güicho» Guzmán cumplirá 41 años en diciembre. Ha militado en ocho equipos de Liga Nacional en Honduras y es sobreviviente del COVID-19. Su caso fue el más mediático en el mundo del deporte.
«Agradezco a Dios porque ha tenido el control», dice el «Güicho» en su plática con Contracorriente. Se le conoce por ser un hombre profundamente religioso. «Esta experiencia fue algo bien difícil, soy muy sano y nunca me había enfermado de esa forma. Hubo momentos cuando los doctores dijeron que mis pulmones estaban trabajando al 50 %. Me sentí a veces muy mal. Nunca se me cruzó que iba a perder mi vida, pero no te voy a negar que sentía miedo», nos cuenta.
El futbolista estuvo quince días en su casa antes de ser internado en el Hospital del Tórax, en Tegucigalpa, en un momento en que los centros asistenciales en San Pedro Sula y Tegucigalpa estaban saturados por la cantidad de enfermos. «Un día casi me muero en los brazos a mi mamá. No podía dar ni tres pasos y me faltaba el aire. Creo que en casa pasé los momentos más difíciles, estuve cinco días con oxígeno», recuerda.
Guzmán cuenta que desde su lecho de enfermo en el hospital logró que cuatro personas «aceptaran a Cristo como su salvador. Si era mi propósito, pues lo volvería a pasar», nos dice, quien a sus cuarenta años piensa en seguir activo en la Liga. En el hospital permaneció durante doce días. Ingresó el 18 de julio y salió el 30 del mismo mes. El 7 de agosto se realizó una prueba PCR y el resultado fue negativo.
Perdió dieciséis libras de su peso habitual. Y a veces siente dolores en el pecho, la espalda y las piernas. En este proceso no recibió ayuda de Liga Nacional, cuenta y tampoco del equipo para el que jugaba —el Real de Minas—, cuyo presidente Gerardo Martínez, solo llamó en una ocasión preguntando por su estado de salud. Menciona que otros personajes como Raúl Cáceres y Héctor Zelaya, gerente de Motagua, sí estuvieron pendientes.
Guzmán no seguirá en el modesto Real de Minas. Después de año y medio jugando en ese equipo le adeudan mes y medio de salario. Su caso se repite a menudo en la Liga Nacional, donde al menos seis equipos no mantienen al día sus planillas. «Espero que honren la deuda que tienen conmigo. Estuve año y medio metiéndoles el lomo», dice indignado.
El «Guicho» es un hombre optimista, a pesar de que hasta el jueves 15 de octubre, en Honduras se sumaban 85 458 casos confirmados y 2533 muertes por COVID-19: «Creo que en este momento ya nadie es igual que antes de la pandemia. Dios nos permite estar aquí».
En la cancha jugadores del Olimpia y Motagua se enfrentan por las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol hondureño.intética de FUTECA entrenan las reservas del Club Deportivo Olimpia, el equipo con mayor cantidad de títulos en la liga nacional de fútbol profesional hondureña, estos chicos ensayan para un sueño que quizá tengan que abandonar por alguna lesión. FOTO DE ARCHIVO/ Martín Cálix
Los clubes
En los entrenamientos y concentraciones de los clubes ahora no solo se habla de estrategias y de cómo doblegar al «enemigo», también hay que estar pendiente de la mascarilla, el gel y el distanciamiento social. Los periodistas ya no son permitidos en las prácticas y en los partidos únicamente pueden asistir los fotógrafos. Para el caso, en el Real España, equipo con base en San Pedro Sula, realizan pruebas PCR cada quince días. Todos los clubes están obligados a hacerlo.
Desde que se llega a la sede aurinegra, jugadores, entrenadores y personal administrativo se ven sometidos a un riguroso protocolo. Hay que desinfectarse los pies, aplicarse gel y tomarse la temperatura. Y si no es jugador, no tiene que quitarse la mascarilla. Antes de la pandemia, los jugadores se quedaban en la sede una noche previa al juego, ahora ya no. Cada uno llega por su cuenta al estadio.
En los hoteles solo pueden quitarse la mascarilla para comer. Y dependiendo el tamaño de la unidad de transporte solo pueden ir quince si es mediano y treinta si es grande. Durante los juegos se escuchan las voces de todas las personas en la cancha, «se siente raro, parece que estás en un entrenamiento. Uno espera que haya bulla», nos dice Julio Aguilera, de relaciones públicas del Real España.
Las finanzas y el COVID-19
En la Liga Nacional de Honduras, aunque se llame profesional, hay muchos equipos que rayan en el amateurismo. A excepción del Olimpia y Motagua, los otros equipos, unos más que otros, siempre están con sus finanzas en rojo.
El COVID-19 les ha planteado un nuevo reto para sus arcas. Antes del arranque de este torneo, seis equipos iniciaron una «huelga» en la que exigían apoyo a la Federación de Fútbol y hasta al Gobierno para arrancar el torneo.
En reunión con el presidente Juan Orlando Hernández, los equipos pidieron que se les dotara de todo lo relacionado con bioseguridad y el Gobierno les aprobó la solicitud. Según recoge el diario Más, dio a cada equipo 450 000 lempiras para gastos sanitarios, pero de acuerdo a las proyecciones realizadas por los equipos estos gastos serían 1 150 000 lempiras.
Los clubes recibieron un modesto aporte de la multinacional Fifa, que maneja cuentas de miles de millones de dólares y que otorgó a cada federación miembro tres millones. No se ha especificado cuánto dinero fue destinado a la Liga Nacional.
Además, ocho equipos de Liga solicitaron un préstamo al Banco Hondureño de Producción y Vivienda (Banhprovi). Argumentaron que no tenían dinero para comenzar el torneo y los obtuvieron. Cuando se reunieron con los presidentes de la Liga, el Gobierno se comprometió a conseguir un crédito con intereses blandos.
Para los equipos, los ingresos por taquillas —si antes eran muy pobres— ahora son inexistentes. Quedan las cifras por patrocinio, pero tampoco las empresas están dispuestas a invertir en publicidad en época de pandemia. Motagua perdió dos patrocinadores al comienzo de la crisis sanitaria. Y los que se quedaron han reducido sus aportes.
Pese al complejo panorama económico y sanitario que la pandemia plantea para el país, en Honduras el fútbol ha regresado a Honduras. Hasta hoy se han disputado cuatro jornadas del torneo Apertura 2020. La pelota le quiere ganar al COVID-19.
En las últimas semanas, Honduras comenzó la carrera por las elecciones de 2021, y con eso las campañas políticas. Las reuniones de los partidos políticos más grandes del país se celebran en espacios abiertos con más de cincuenta asistentes, dejando atrás las indicaciones del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager), en muchas ocasiones sin utilizar las medidas de bioseguridad y sin el debido distanciamiento social. Los precandidatos: todos conocidos y muchos de ellos señalados por corrupción.
Honduras desde el pasado 16 de marzo se encuentra en confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, pese a eso los partidos políticos ya iniciaron sus campañas electorales, luego de que el 13 de septiembre el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocara de manera oficial a elecciones primarias, destinadas a realizarse el próximo 16 de marzo del 2021.
La Ley Electoral en su artículo 144 estipula que el periodo de propaganda electoral solo se podrá realizar dentro de los cincuenta días anteriores a la práctica de las elecciones internas y primarias y noventa días anteriores a la celebración de las elecciones generales, pero en estos días los precandidatos han realizado actividades de propaganda e incluso han entregado mascarillas con el logo y eslogan de su corriente para ir comprometiendo los votos para el año que viene.
El Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), en su análisis de las confluencias críticas en las próximas elecciones, argumenta que se podría desatar una grave crisis política «derivada de la falta de credibilidad y legitimidad en el proceso electoral actualmente en marcha y el frustrado esfuerzo por aprobar una debida reforma a la legislación electoral, son dos elementos más que se suman para volver más crispado el ambiente político».
Entre las reformas a la Ley Electoral aprobadas por el Congreso Nacional (CN) está la depuración del censo nacional y la emisión de una nueva tarjeta de identidad, proceso que ha iniciado hace unos meses por el Registro Nacional de las Personas, también se ha regulado la participación de los representantes en las mesas electorales, asimismo la reforma dicta que a los partidos minoritarios no se les acreditará fondos para sus campañas.
Estas reformas y lo que se discute sobre la ley electoral sigue sin ser suficiente, sobre todo porque los puntos de mayor conflicto, tras la crisis política de 2017, son la aprobación de una segunda vuelta electoral y la falta de regulación de la reelección presidencial.
Pese a que se realizó la convocatoria a elecciones para el próximo mes de marzo de 2021, continúa sobre la mesa la discusión de la segunda vuelta electoral un mecanismo que ha sido demandado por muchos sectores del país, entre ellos el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), representantes de la sociedad civil y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La segunda vuelta electoral es un método utilizado cuando ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de votos que determina la ley, por lo que deben someterse a un nuevo proceso de votación donde solo participan los dos primeros lugares.
El golpe de Estado del 2009, desnudó la fragilidad democrática que se ha vivido en Honduras durante décadas. Según un informe presentado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), «Honduras vive una crisis permanente de derechos humanos que está asociada a la regresión del Estado de derecho. Durante todo este período del 2009 a la fecha se han producido más de cien asesinatos políticos, miles de detenciones ilegales, centenares de lesionados y lesionadas, y la impunidad casi absoluta de las víctimas violentadas en sus derechos y libertades». Ese es el contexto de un nuevo proceso electoral con protagonistas ya conocidos.
El exfiscal y ahora analista político, Edmundo Orellana señala que son varios los políticos y empresarios relacionados en actos de corrupción que están optando a un cargo de elección popular. «Hay quienes han sido investigados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), otros han sido procesados y exonerados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que es evidente que se aprovecharon de los dineros sustraídos para campañas electorales».
«Con el Caso Pandora, el Poder Judicial decidió que sustraer dinero del erario nacional es delito y tiene presos a quienes tramitaron la erogación, pero aquellos que recibieron el dinero para pagar campañas electorales fueron exonerados, también aquellos que tenían la obligación de denunciar las transacciones, como los bancos, todo esto está exonerado. El Poder Judicial le ha dado una carta blanca, un cheque en blanco a los políticos para que saquen dinero del erario y financien sus campañas. Pero la desesperación que vive la población en estos momentos de crisis hace que esas cosas de repente se difuminan sobre todo por el hambre», dijo Orellana.
Hace unos días se divulgó un video donde el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz emitió fuertes comentarios refiriéndose a la razón por la cual el pueblo hondureño asistirá a las urnas el próximo 2021, «la gente en las próximas elecciones no va a ir a votar por la cantidad de muertos que deje la pandemia, la gente va a ir a votar por cuánto tiene en la bolsa, si tiene o no tiene comida en la casa, si tiene o no tiene ingreso, si tiene o no tiene trabajo, eso es lo que va a mover a la gente en las próximas elecciones», dijo en una reunión con correligionarios de su partido, el video se filtró en redes sociales. «Es más ni siquiera por el tema de corrupción porque muchos andan acobardados por ese tema, va a ir a votar por el tema económico», agregó Díaz quien en septiembre anunció que no descarta lanzarse como precandidato presidencial en las elecciones internas de su partido.
Entre los candidatos a la presidencia por el Partido Nacional de Honduras se encuentran Mauricio Oliva, actual presidente del CN y quien fue investigado por la Maccih, en el año 2018, por el drenaje de fondos públicos a través de algunas oenegés. Ante esto, Oliva interpuso un recurso de amparo ante la sala de lo constitucional para suspender dicha investigación, recibiendo un fallo a su favor el 13 de septiembre del mismo año.
Oliva quien es candidato por el movimiento Juntos Podemos, del Partido Nacional, hizo su lanzamiento oficial el 8 de marzo del presente año, en una concentración llevada a cabo en la zona sur del país, entre sus promesas de campaña se refirió a más espacios para los jóvenes, estímulos a la empresa privada y no más impuestos que afecten a los pequeños emprendedores.
De igual manera, Nasry Tito Asfura, actual alcalde de la ciudad capital, quien está siendo investigado actualmente por Uferco por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos por supuestos cheques destinados a cuentas personales y uso de documentos falsos, más abuso de autoridad. Asfura es candidato por el movimiento Unidad y Esperanza, también del Partido Nacional, su lanzamiento lo realizó en Tegucigalpa y entre sus propuestas de campaña mencionó la erradicación del desempleo y la pobreza y continuar la modernización de la capital.
Mientras tanto, por el partido Liberal de Honduras, el pasado fin de semana oficializó su candidatura por diferentes medios de comunicación, Yani Rosenthal quien regresó al país el pasado 7 de agosto, tras cumplir una condena de treinta meses de prisión en Estados Unidos por los delitos de transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita.
Rosenthal en su discurso se refirió al tema de la corrupción, enfatizando que es «un cáncer que tiene enfermo de gravedad a Honduras, es un tumor que tiene que ser extirpado de raíz». Entre sus propuestas mencionó la importancia de crear fuentes de trabajo y una economía firme y solidaria y prometió un combate a la delincuencia a través de «la eliminación de las instituciones débiles y desacreditadas en las que nadie confía».
Sin embargo, Rosenthal Hidalgo lleva en sus filas a Elvin Santos, excandidato presidencial y actual diputado por el Partido Liberal quien también ha estado involucrado en actos de corrupción como el Caso Pandora, en el cual se malversaron 282 millones de lempiras, fondos utilizados para financiar campañas políticas. Santos tuvo participación en el mencionado discurso político donde aseguró que «Yani es la esperanza del liberalismo, es el primer paso para edificar esa esperanza de unir el liberalismo (…) él ha construido caminos, tendido puentes que acortan distancias y hoy nos acercan como liberales hechos en la lucha y el trabajo».
El Partido Libertad y Refundación (Libre) tiene tres precandidaturas presidenciales: Carlos Eduardo Reina, por el movimiento Nueva Corriente, Xiomara Castro y Wilfredo Méndez.
Wilfredo Méndez, fue director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), y en 2019 fue denunciado ante el Ministerio Público por acoso laboral y sexual, una denuncia que fue acompañada por la directora de la organización Diakonia, Reina Rivera Joya, a lo que Méndez respondió que estas acusaciones eran parte de una campaña de desprestigio para afectar su trayectoria.
El CN aprobó ayer el capítulo de la Paridad, Alternancia y Equidad de Género el que comprende el artículo 71 al 75 de la nueva Ley Electoral, el cual fue aprobado con 86 votos a favor y siete abstenciones, esta aprobación permite a las mujeres no ir de relleno en las planillas para cargos de elección popular y garantizarles que participen en iguales condiciones con los hombres.
Los partidos políticos deben aprobar una política de género e igualdad de oportunidades, la cual debe de ser supervisada por el CNE. Para darle efectividad a esta aprobación se debe integrar el cincuenta por ciento de las mujeres y el cincuenta por ciento hombres en las planillas para los cargos de elección popular.
«Las Mujeres Interpartidarias UNIDAS POR HONDURAS libramos hoy una gran batalla en el CN al ser aprobada la PARIDAD Y LA ALTERNANCIA EN TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. Gracias pueblo hondureño y a todos los 86 diputados que nos apoyaron con su voto», así lo expresó en redes sociales Doris Gutiérrez, diputada en el CN por el partido Innovación y Unidad (PINU-SD).
En las elecciones primarias, la única precandidata mujer anunciada hasta ahora es Xiomara Castro de Zelaya, ex primera dama en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales en 2006, quien busca en su segundo intento la presidencia por el partido Libertad y Refundación (Libre), Castro es la candidata por cuatro corrientes del partido Libre: el Pueblo Organizado en Resistencia (POR), el 28 de junio, Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y Somos Más.
La exprimera dama desde su discurso político ha hecho un llamado de unidad de todos los sectores: económicos, políticos y sociales. A las mujeres les ha pedido confiar en ella: «a las mujeres les digo confíen en mí, les devolveré todos los derechos que merecen», también ha asegurado ponerle fin al partido político que ha gobernado por 10 años el país. También se ha referido que es momento de que Honduras nombre a una mujer como presidenta: «estamos preparados para asumir el poder y para gobernar el país con nobleza, corazón, fe y esperanza».
En el 2004 una reforma a la Ley Electoral fijó un mínimo de participación del 30 % de la mujer en la elección de cargos directivos de los partidos, integrantes titulares y suplentes del Congreso Nacional y Gobiernos municipales. Con la reforma en la nueva ley electoral esto podría cambiar, sin embargo, en las próximas elecciones primarias, de quince precandidatos solamente una de los anunciados es mujer.
Una década del Partido Nacional
En los últimos diez años Honduras ha sido gobernado por el Partido Nacional, después del golpe de Estado. Porfirio Lobo Sosa, quien marcó el inicio de esta década, llegó a la silla presidencial con un llamado a la unidad y al diálogo mientras la crisis política estallaba en las calles en repudio al golpe de Estado y a la impunidad con que se reprimió la exigencia de la gente para que se restituyera a Manuel Zelaya Rosales.
Lobo prometió en su campaña política programas de asistencia económica, para los micro, pequeños y medianos empresarios, prometió la recuperación de la educación, seguridad, salud y la promoción de nuevos empleos. Su gobierno comenzó con una tasa de 64.8 homicidios por cada 100 000 habitantes, marcaba el inicio de la tendencia en la baja de homicidios, pero en los dos años centrales de su gobierno (2011-2012) se alcanzó la tasa más alta de homicidios de la última década: 83 homicidios por cada 100 000 habitantes. Al final de su gobierno descendió hasta 65.8, casi como en el comienzo.
El expresidente tuvo que enfrentar la suspensión de acuerdos internacionales, relaciones diplomáticas y todo tipo de ayuda, aunque sus aliados más importantes como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y Colombia, se mantuvieron.
En 2012, el proceso electoral interno fue conflictivo. Juan Orlando Hernández, quien después de cogobernar con Lobo se lanzó como precandidato del Partido Nacional a la presidencia, fue acusado por Ricardo Álvarez de robarse las elecciones internas «inflando» los datos, comprando mesas electorales, y tomando el control de los centros de votación a través de la intimidación y la retención de credenciales.
En 2013, Hernández llevó a cabo un programa denominado El pueblo propone, que consistía en escuchar ideas y sugerencias de las comunidades. De igual manera propuso combatir la violencia en Honduras con 30 000 soldados para conformar la Policía Militar y la apuesta por unas Fuerzas Armadas con diversidad de tareas en el Estado.
Hernández asumió la presidencia en 2014, prometiendo depurar las instituciones públicas, la elevación del número de elementos de seguridad en las calles y ayudar a las familias más pobres bajo su lema «Una vida mejor», desde entonces sus esfuerzos se vieron enfocados en mantenerse en el poder a través de la consolidación de un gobierno autoritario que se estabiliza al violar la independencia de poderes.
Aunque la captura de Juan Antonio Hernandez «Tony», diputado por el mismo partido y hermano del actual mandatario lo colocó en el ojo del huracán, Hernández podría reelegirse y mantenerse en el poder, o de no ser así su partido político podría continuar lo que él comenzó.
Jorge Lanza, dirigente del transporte, pide que de una vez por todas se realicen verdaderos cambios estructurales ya que la población hondureña tiene diez años de estar bajo el mismo mandato sin verdaderos cambios «todos sabemos que necesitamos cambios en la política y con el respeto que se deben los nacionalistas del país, ellos no pueden darnos dichos cambios». También apuntó que con sus concentraciones en campaña «los políticos no deben contribuir a la proliferación de la pandemia, deben de ser responsables por primera vez y no aumentar».
Daniela Calderón, estudiante del último año de Derecho, considera que no es momento para pensar en campañas políticas, ya que generan altos costos económicos siendo este un acto de egoísmo de parte de los políticos: «este dinero debería ser invertido en los hospitales sobre todo en esta época de pandemia, lamentablemente la política partidaria en nuestro país se desarrolla de esta manera egoísta».
De igual manera Lucia Ponce,quien se gana la vida desde hace quince años como vendedora de tortillas en la colonia La Sosa de la capital, pide a los políticos que dejen de mentir y robar: «mire cómo cree usted que uno los va apoyar en esas campañas políticas si se han robado todo durante esta pandemia, usted antes de esto iba a los hospitales y no había medicinas, ahora si no tiene COVID-19 no la atienden, se volvió todo peor y los hospitales móviles solo fueron historias de camino real».
Mientras tanto la empresaria Juliette Handal sostiene que Honduras atraviesa por una crisis general. «Honduras está pasando por una crisis económica nunca antes vista, mientras que la población cada vez se hace más pobre, pero vemos que ahora estamos ante un proceso electoral y para que las cosas cambien se debe tener personas honestas, con carácter y que de una vez por todas legislen a favor de los más desprotegidos, porque el pueblo ha sufrido mucho».
Texto: Knut Walter y Otto Argueta*
Fotografías de archivo: Martín Cálix
Introducción
La pandemia por COVID-19 ha expuesto dos grandes problemas estructurales en Honduras. El primero es que hizo visibles los efectos que producen en la población la precariedad de las instituciones, su abandono y saqueo. El segundo es la necesidad del gobierno de recurrir al uso de la fuerza jurídica y física para preservar el control sobre una población decidida a no acatar las medidas porque eso no le permitiría sobrevivir económicamente. Ante eso, han sido las Fuerzas Armadas (FF. AA.) quienes asumieron la conducción operativa de las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia.
Desde el 16 de marzo de 2020, cuando se habían detectado seis casos de COVID-19 en el país, el Gobierno de la República decretó la suspensión de nueve artículos constitucionales en un toque de queda, la medida más estricta con la que se ha enfrentado a la pandemia. Hasta la fecha, esa suspensión continúa y durante todo este tiempo las fuerzas de seguridad —policías y militares— se han desplegado en las principales ciudades del país para controlar la movilidad de la población. Hasta el mes de agosto, esta medida produjo la detención de más de 54 000 personas que luego de 24 horas fueron puestas en libertad. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) —el brazo policial de las FF. AA.— también fue parte de la fuerza de choque frente a diferentes manifestaciones de descontento de la población, sobre todo protestas por hambre. Adicionalmente, las FF. AA. han tenido un rol protagónico en asuntos de atención de la pandemia, por ejemplo, un general de brigada es la cabeza de la junta interventora más importante en estos momentos, tras los escándalos de corrupción de la institución de Gobierno con más presupuesto ejecutado en la emergencia sanitaria. Esto ocurrió luego de que esa institución fuera señalada de cometer diversos delitos relacionados con la malversación de fondos públicos, entre ellos el fraude cometido durante la compra de siete hospitales móviles para enfrentar la pandemia. También, los militares han coordinado el trabajo de otras instituciones durante la crisis sanitaria y su participación se diluye en múltiples tareas que van desde repartir bolsas de alimentos a familias pobres, hasta sobrevolar con helicópteros militares la capital, llevando líderes religiosos que interceden por la población ante lo divino.
Sin embargo, todas estas acciones no son nuevas para las FF. AA. en Honduras. Desde 2009, luego de su participación directa en la ejecución de un golpe de Estado, retomaron el rol protagónico en la política que una vez tuvieron en el país. En esta ocasión no lo hicieron de forma directa a través de un Gobierno militar o una junta., como la historia lo demuestra reiteradamente. Han sido, desde ese año, el soporte de tres gobiernos del Partido Nacional que han debilitado la ya vulnerable democracia hasta el punto de ser una autocracia, una forma de dictadura que ha preservado la formalidad de la institucionalidad democrática, pero que ha concentrado el poder en una sola figura. Esa institucionalidad es cada vez más estéril y carente de legitimidad, controlada por un partido político con acciones que califican como mafiosas. Ante toda la inestabilidad que eso produce están las FF. AA. como sostén de un país que parece siempre estar al borde del abismo.
La democracia no salva a Honduras ni se salva a sí misma. La democratización ocurrió debido a presiones externas de los Estados Unidos y fue un proceso marcado por la herencia de una competencia violenta, caudillista y desleal entre los dos partidos tradicionales: el Liberal y el Nacional. Ese proceso —frágil y desconocido en la historia del país— no solo enfrentó la adversidad de su propia clase política, sino también al retraso en que quedó sumido después del huracán Mitch en 1999, del cual aún hoy no se recupera.
La persistencia de los dos partidos políticos más grandes nunca se tradujo en un proyecto de país duradero. El saqueo de los recursos públicos ha sido, al contrario, una constante de la cual las FF. AA. formaron parte, por un lado de manera directa a través de la conducción del gobierno o bien por medio de la tutela que miembros de la institución ejercen en los partidos en gobierno.El imaginario nacionalista, celoso y protector, que caracterizó al ejército de Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX y que produjo levantamientos y luchas internas frente al uso del territorio por milicias apoyadas por Estados Unidos para combatir enemigos en la región, nunca existió en Honduras. Al contrario, durante ese período, Honduras fue un país en donde cinco ejércitos tenían presencia y operaciones: el norteamericano, rector y financista de la contrainsurgencia; el salvadoreño y guatemalteco para entrenamiento; la Contra nicaragüense y, por supuesto, el hondureño.
Las FF. AA. hondureñas aceptaron eso a cambio de recursos para la institución, pero también para una oficialidad que controló al Estado. El Gobierno de Estados Unidos entregó equipo, adiestramiento y apoyo político a cambio de convertir al país en un territorio estratégico para la contrainsurgencia regional con la base militar norteamericana de Palmerola como principal símbolo de la importancia del país en la agenda norteamericana.
El protagonismo que tienen hoy las FF. AA. en la política hondureña tuvo su impulso más reciente en 2009, pero la trayectoria es larga. Ha sido el socio confiable de una clase política conflictiva y mafiosa y de los Estados Unidos. Unos buscando la estabilización del país para garantizar el acceso al Estado y el saqueo de sus recursos, y el otro esperando que la conflictividad no rebase ciertos límites. La corrupción ha sido una constante que hoy más que nunca se legitima cuando el mismo presidente de la República tiene el vínculo de su hermano y un buen grupo de sus funcionarios de confianza con el narcotráfico. La reelección de Juan Orlando Hernández en 2017 no solo produjo un estallido social que profundizó la polarización, sino que violentó el proceso electoral. Ni las elecciones de 2009 ni las de 2017 respetaron lo estipulado en la constitución política de Honduras, la que las FF. AA. están llamadas a defender.
El país ha entrado ya en un nuevo proceso electoral que tendrá lugar en 2021, y lo hizo bajo la sombra de una posible segunda reelección del actual presidente, la candidatura del liberal Yani Rosenthal quien cumplió una pena de treinta meses de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos y narcotráfico, y una oposición de izquierda débil y carente de legitimidad. En Honduras no es la institucionalidad democrática la encargada de proteger la democracia. Son los militares quienes, por delegación constitucional, deben garantizar —incluso por encima del Tribunal Electoral— los procesos electorales y la democracia, pero los resultados de eso son hoy todo lo contrario: una autocracia con procesos electorales fraudulentos y conflictos sociales que hacen del país un territorio inhabitable para miles de sus ciudadanos. ¿Qué han sido, entonces, las FF. AA. en la vida política hondureña? ¿Cómo entender una institución tan sólida en un país de instituciones precarias? ¿Cómo se explica que la institución sea el socio fiable de las élites económicas y políticas y de los Estados Unidos?
En este artículo se recurre a la historia como herramienta explicativa. En una sociedad los cambios ocurren cuando fuerzas sociales y políticas compiten e imponen sus proyectos en momentos críticos, que son períodos de alta tensión social. En Honduras esos momentos han sido el resultado de una competencia de actores políticos diferentes por su signo pero que buscan con frecuencia el mismo objetivo: el control de lo público para el beneficio privado. No ha existido fuerza suficiente en actores políticos que busquen objetivos diferentes: democráticos en el sentido de gobernar, con eficiencia y eficacia, en beneficio de la colectividad. A eso se suma que la presión internacional para la democratización, especialmente la de Estados Unidos, ha sido a medias, siempre consciente de que en el país basta con la contención casi siempre represiva del descontento social. Los militares son el fiel de una balanza que, por lo general, no se ha inclinado hacia la democracia en Honduras y con la cada vez mayor expansión de sus funciones no militares, la posibilidad de que otras instituciones o actores políticos asuman ese papel parece esfumarse.
Honduras, país sin ejército (1900-1954)
Honduras nació a la vida independiente con el resto de Centroamérica y pronto se vio envuelta en los conflictos entre las nuevas naciones del istmo. Su posición geográfica en el preciso centro de la región —compartiendo fronteras con tres países más— convirtió a Honduras en ruta de paso de ejércitos y campo de batalla, a lo cual se agregaron múltiples conflictos internos entre bandos políticos que luchaban por controlar el gobierno radicado en la primera capital de Comayagua y posteriormente en Tegucigalpa, el histórico centro minero que se convirtió en la capital en 1880. El problema de las guerras con los países vecinos se resolvió en gran medida cuando todos los países centroamericanos suscribieron un tratado de paz y amistad en Washington, en 1907, que, entre otras cosas, declaró a Honduras como país neutral. No obstante, el país siguió siendo escenario de enfrentamientos armados entre sus dos fuerzas políticas principales a comienzos del siglo XX —Liberales y Nacionales— que terminaron finalmente en 1932 cuando el general Tiburcio Carías Andino asumió la presidencia y puso fin a las luchas políticas violentas al implantar una dictadura severa.
Antes de que Carías acabara con las guerras civiles, el uso de la fuerza para alcanzar objetivos políticos en Honduras ha sido descrito como «militarismo sin militares», en tanto que los oficiales y la tropa no habrían recibido mayor formación. El gobierno estableció una escuela militar en 1904, pero fue clausurada ocho años después por otro gobierno de filiación diferente. Esto no impidió que proliferaran generales y coroneles nombrados a dedo por sus hazañas militares y lealtades políticas. Por ejemplo, en 1899 había 53 generales de división y de brigada, 242 coroneles y tenientes coroneles, 592 capitanes, 972 tenientes y 932 subtenientes, es decir, un total de 2791 oficiales y suboficiales al mando de 36 686 miembros de tropa en ese año, una relación de aproximadamente de uno por cada trece, sin embargo, el verdadero poder militar se concentraba en los comandantes de armas de las cabeceras departamentales, quienes hacían y deshacían casi a su antojo. En la capital, el presidente ejercía un mando directo sobre su guardia presidencial pero las distancias y la condición de las comunicaciones terrestres y telegráficas en Honduras a comienzos del siglo XX no le permitían controlar mucho más que eso.
Las mismas constituciones políticas de 1894, 1904 y 1924 se refieren al Ejército como una «fuerza pública […] instituida para asegurar los derechos de la nación, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público» que se organiza a partir de «milicias» conformadas por reclutas de un «servicio militar obligatorio» que recaía, obviamente, sobre los sectores más pobres de la población. Fue solamente hasta la constitución de 1924 que se mencionó la creación de un estado mayor del Ejército y de academias militares «para la enseñanza e instrucción de las diferentes armas del Ejército». Para entonces buena parte del norte de Honduras se había convertido en un enclave bananero donde la seguridad de las empresas estaba a cargo de sus propios cuerpos policiales privados. Los gobiernos en Tegucigalpa no tenían mayor necesidad de preocuparse por la zona norte del país sino para asegurar los ingresos provenientes de los impuestos de exportación del banano. El presidente que sentó las bases de un ejército profesional en Honduras fue Tiburcio Carías Andino, el déspota por excelencia que gobernó durante 16 años sin interrupción (1932-1948), pero quien, irónicamente, siempre desconfió de los posibles designios políticos de los jefes militares. El brazo preferido del dictador fue la fuerza aérea que él prácticamente creó a comienzos de su mandato, mediante un convenio con el piloto neozelandés Lowell Yerex, quien posteriormente fundaría la empresa de aviación centroamericana TACA. Carías conocía las condiciones precarias del transporte terrestre en Honduras y le apostó a una flota de aviones con los cuales acortar los tiempos y las distancias con miras a desplegar fuerzas militares en caso dado. Al finalizar su mandato, Honduras contaba con la fuerza aérea más poderosa de Centroamérica, una posición que no ha dejado de ocupar desde entonces.
En cuanto al Ejército, su organización moderna comenzó en 1946 con la llegada de una misión militar estadounidense, la cual se hizo cargo de la dirección de varias escuelas para entrenar oficiales y soldados. Bajo su supervisión, se crearon los primeros batallones de infantería que fueron concentrados en las principales ciudades del país, desde donde se podrían movilizar a otros puntos del territorio, dando lugar al debilitamiento progresivo de los comandantes de armas en las cabeceras departamentales de la vieja fuerza pública. Esta nueva organización militar se vio respaldada por un Estado Mayor y una Policía Nacional, nominalmente civil, pero organizada bajo líneas de mando militar.
La importancia del Ejército se incrementó notablemente hacia el final de la dictadura de Carías, y no solamente por la dinámica interna de Honduras. En 1947, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Pacto de Río de Janeiro) y el año siguiente se fundó la Organización de Estados Americanos, ambos dedicados a impedir la expansión de la influencia soviética en el Hemisferio Occidental. A Honduras le tocó participar en la primera operación anticomunista organizada por Estados Unidos al servir de trampolín para la columna armada que invadió Guatemala, en junio de 1954 para a derrocar al gobierno del presidente Jacobo Arbenz. Justo el mes anterior, el Gobierno de Honduras había firmado un convenio de asistencia militar con Estados Unidos que con modificaciones se mantuvo vigente hasta la década de 1980. Y en el mismo mes de mayo de 1954, comenzó la gran huelga de los trabajadores de la costa norte liderada por los que laboraban en las plantaciones de banano.
La huelga en la Costa Norte concluyó en julio de 1954, pero sin haber resuelto los problemas principales que le habían dado origen. Es más, las empresas bananeras despidieron a miles de trabajadores quienes años después dieron vida al movimiento campesino. En realidad, la fisonomía social y económica del país estaba cambiando rápidamente en muchos sentidos: la población comenzó a crecer a grandes pasos, aumentando así la demanda de servicios sociales; en San Pedro Sula ya se perfilaba el surgimiento de una clase empresarial vinculada a la industria que no se sentía debidamente representada en los pasillos del poder de Tegucigalpa; la clase obrera se estaba organizando y adquiriendo más conciencia de sus derechos y su fuerza política; y la fuerza armada empezó a interesarse por la problemática nacional más allá de su misión estrictamente militar.
Para la fuerza armada, al compromiso de la defensa del territorio y de la soberanía nacional se le agregó la seguridad nacional, un concepto que combina tanto la prevención del ingreso de la ideología comunista en su versión soviética como su supresión dentro del territorio nacional. En otras palabras, las FF. AA. debían ver hacia afuera así como hacia adentro. No pasó mucho tiempo antes de que dejaran su marca en la historia del país cuando el presidente Julio Lozano Díaz, una herencia del régimen de Carías, intentó mantenerse en el poder más allá de lo que establecía la ley y fue derrocado por un golpe militar en octubre de 1956, el primero que darían las FF. AA. de Honduras en el siglo XX. La junta militar que sucedió a Lozano Díaz se identificó con los ideales democratizadores que expresaban los grupos opositores al continuismo. En la proclama que emitió al día siguiente del golpe se comprometió a «entregar el gobierno a un elemento civil de extracción auténticamente popular. En consecuencia, solo permaneceremos en el poder por el tiempo que el criterio democrático aconseje y el interés nacional exija». Procedió a liberar a una cantidad de presos políticos y decretó una amnistía por delitos políticos cometidos en los dos años anteriores. También convocó a elecciones en septiembre de 1957 para una asamblea constituyente, la cual se reunió con una mayoría del partido Liberal dos veces mayor que la del partido Nacional. Además de promulgar la nueva constitución en diciembre de 1957, esta asamblea constituyente procedió a elegir al nuevo presidente de la República, Ramón Villeda Morales, del partido Liberal.
Se ha especulado mucho acerca de unas supuestas negociaciones que antecedieron a la constitución de diciembre de 1957, especialmente en torno a la elección en segundo grado de Villeda Morales y el articulado referente a la fuerza armada en la nueva constitución. Lo cierto es que Villeda Morales asumió la presidencia el 21 de diciembre, dos días después de que la constitución fuera promulgada bajo la firma de dos miembros de la junta militar, uno de las cuales fue del coronel Oswaldo López Arellano, quien habría de jugar un papel de primera línea en la política hondureña durante los siguientes 18 años.
La Constitución de 1957 le otorgó un peso mucho más grande a la fuerza armada, nada más al comparar los siete artículos dedicados al Ejército en la constitución de 1936 con los 16 de la de 1957. La más importante novedad de esta última fue la creación del puesto de jefe de las FF. AA., que sería ocupado por un oficial de alta jerarquía, nombrado por el Congreso de la República, por medio de quien el presidente ejercería su papel de comandante en jefe. Las órdenes del presidente debían ser obedecidas, pero la Constitución también aclaró que «cuando surja alguna diferencia deberá ser sometida a la consideración del Congreso, el que decidirá por mayoría de votos. Esta resolución será definitiva y deberá ser acatada». Como el mando directo de las FF. AA. lo habría de ejercer el jefe de las FF. AA., quien solamente podrá ser removido por el Congreso, el poder real de la rama ejecutiva del gobierno se vio reducido a las labores «meramente administrativas» que realizará el ministro de defensa nombrado por el presidente. Hasta el manejo de los fondos asignados estaría a cargo de su propia pagaduría, no sujeta a inspección por las autoridades del gobierno.
La organización operativa y sus funciones se definieron y centralizaron sustancialmente. El Jefe de las FF. AA. se vio apoyado por un Consejo Superior de la Defensa Nacional, un órgano consultivo nombrado por él mismo e integrado por los principales cargos de Estado Mayor y mando de tropa. Para asegurar una «mejor eficiencia del servicio», el país se dividió en zonas militares, lo que solo puede entenderse en función de un mejor control territorial y no tanto de una defensa de las fronteras nacionales. También se crearía una escuela militar dedicada a la formación de los nuevos oficiales. Finalmente, las FF. AA. adquirieron responsabilidades completamente fuera del ámbito militar en tanto que la Constitución estableció que «cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, colonización y actividades de emergencia». En resumidas cuentas, lograron una altísima cuota de poder y autonomía dentro del Estado hondureño.
El gobierno de Villeda Morales operó bajo estas disposiciones constitucionales hasta octubre de 1963, cuando fue derrocado por un golpe militar encabezado por el jefe de las FF. AA., el coronel Oswaldo López Arellano, quien había ocupado ese puesto durante todo el gobierno de Villeda Morales. Lo cierto es que al presidente Villeda le tocaron años difíciles, incluyendo el impacto de la Revolución cubana de 1959, un creciente activismo sindical y la inserción de Honduras en el Mercado Común Centroamericano. Aunque se proclamó ardiente anticomunista y defensor de los derechos ciudadanos democráticos, la proclama de los militares que lo derrocaron subrayó los supuestos nexos de Villeda Morales y de su Partido Liberal con el comunismo internacional, una posición que fue aplaudida por los gobiernos centroamericanos gobernados por militares (todos menos el de Costa Rica, que rompió relaciones diplomáticas con Honduras) y que no alteró las siempre importantes relaciones con Washington. Dentro de Honduras, el golpe fue respaldado por el Partido Nacional, que se convirtió en el aliado electoral de los golpistas para la siguiente ronda de comicios.
Como casi siempre ocurre después de un golpe de Estado en Centroamérica, la prioridad de un nuevo gobierno de facto es legitimar su propia existencia y abrir el camino para el siguiente, eligiendo una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución para proceder después a elegir al nuevo presidente. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Honduras después del golpe de Estado de 1963. Las elecciones para la asamblea constituyente se realizaron en febrero de 1965 y le dieron al partido Nacional una victoria muy cuestionada después de que se denunciaron abundantes irregularidades en la votación y el conteo de los resultados. Ya instalada, la asamblea procedió a ascender a López Arellano de coronel a general de brigada y a elegirlo presidente de la República para el período 1965-1971.
El general López Arellano provenía de las filas de la Fuerza Aérea, dentro de la cual comenzó su carrera militar durante la presidencia de Tiburcio Carías. Su dominio del idioma inglés le facilitó el trato con los oficiales estadounidenses que fueron clave en el suministro de aviones y el entrenamiento de los pilotos y el personal de tierra. Como Jefe de las FF. AA. en el gobierno de Villeda Morales, una de sus principales desavenencias con el presidente surgió debido a la formación de la Guardia Civil en sustitución de la antigua policía nacional. La Guardia Civil se percibió como cercana al Partido Liberal, especialmente cuando pasó a depender del Ministerio de Gobernación, mientras que los liberales identificaban a las FF. AA. con el partido Nacional. Cuando el candidato liberal para presidente, Modesto Rodas Alvarado, se perfilaba como ganador en las elecciones de octubre de 1963 para suceder a Villeda Morales, López Arellano dirigió el golpe de Estado para impedir el acto electoral y sacar a los liberales del juego político.
Durante su presidencia, López Arellano impulsó políticas abiertamente represivas, persiguiendo a los liberales e imponiendo resultados electorales que le dieron el control al partido Nacional de casi todos los municipios del país. Los sindicatos de oposición fueron suprimidos, al igual que los comerciantes y los industriales de la costa norte cuando objetaron ciertas políticas fiscales del Gobierno de Tegucigalpa. La Constitución de 1965 le otorgó a López Arellano un control prácticamente absoluto sobre la fuerza armada porque la figura de jefe de las FF. AA., aunque se mantuvo, ya no tendría la potestad de apelar al Congreso en caso de que surgieran diferencias entre ambos funcionarios.
Por lo demás, el único momento en que López Arellano recibió un apoyo político generalizado fue durante los días en torno a la guerra con El Salvador en julio de 1969, cuyo trasfondo de demandas de acceso a tierras agrícolas tuvo consecuencias tremendas en ambos países. En el caso de El Salvador, el retorno de decenas de miles de campesinos que se habían trasladado a Honduras en busca de tierras obligó al gobierno de ese país a contemplar una reforma agraria para impedir un estallido social. En Honduras, se estaba gestando un problema similar que se manifestó en choques entre campesinos y fuerzas militares y paramilitares vinculadas a latifundistas y grandes empresas agrícolas. Sin embargo, al acercarse las elecciones presidenciales de 1971 ninguna de las fuerzas políticas tradicionales -—Liberales y Nacionales— entendió que se requerían respuestas categóricas para resolver la creciente conflictividad social.
El candidato del Partido Nacional, el abogado Ramón Ernesto Cruz, ganó las elecciones pero su presidencia duró solo un año y medio, cuando el general López Arellano, a la sazón jefe de las FF. AA. nuevamente, organizó un golpe de Estado en diciembre de 1972 que lo llevó otra vez a la jefatura del Estado. Sin embargo, en esta oportunidad López Arellano y la cúpula de las FF. AA. manejaron un lenguaje de reformismo social y económico, muy a tono con otros Gobiernos militares contrainsurgentes en Latinoamérica, en ese entonces como los de Torrijos en Panamá, Velasco Alvarado en Perú y Molina en El Salvador, todos ellos amenazados por movimientos guerrilleros reales o potenciales. Fue así que el segundo gobierno de López Arellano decretó medidas de distribución de tierras, planes de desarrollo económico con participación estatal y una reforma educativa ambiciosa, entre otras.
No hubo que esperar la reacción de latifundistas y grandes empresarios presionando al Gobierno para que desistiera de su reformismo. López Arellano tuvo que entregar la jefatura de las FF. AA. y quedarse nada más con el cargo de presidente de facto, que tampoco le duró mucho más cuando se reveló que había recibido un soborno millonario de una empresa bananera a cambio de una reducción del impuesto de exportación de la fruta. El 22 de abril de 1975 fue apartado del poder por una junta militar, poniendo fin a su presencia determinante en la política hondureña que había comenzado 19 años antes cuando participó en el golpe de Estado contra el presidente Lozano en octubre de 1956. Como militar de carrera que comenzó como recluta y ascendió por habilidad y antigüedad hasta general, López Arellano siempre estuvo en el centro del poder político después del derrocamiento de Lozano, como miembro de juntas militares, como jefe de las FF. AA. o como presidente de la República. A eso habría que agregarle su desempeño como accionista mayoritario de una línea aérea y socio de una empresa bancaria, entre otros. En resumidas cuentas, representa una figura de transición entre los antiguos gobernantes al estilo caudillo y el nuevo poder emergente de una institución militar que se creyó imprescindible para asegurar la estabilidad del país.
Durante los siete años siguientes al derrocamiento de López Arellano, los militares siguieron al frente del Gobierno hondureño, primero en la figura del general Juan Melgar Castro (1975-1978) y después de una junta militar (1978-1980) que convocó a elecciones para una asamblea constituyente a celebrarse en abril de 1980, que a su vez escogió al general y triunviro Policarpo Paz García para ocupar la presidencia hasta 1982, cuando entregaría el cargo a un presidente electo bajo las providencias de la nueva constitución. Se repetía entonces el procedimiento acostumbrado para darle seguimiento a un golpe de Estado, como los que hubo en 1956 y 1963, mediante la promulgación de una nueva constitución pero que contenía buena parte del articulado de la anterior.
La constitución de 1982 —todavía vigente casi cuarenta años después con las debidas reformas— no se apartó de momento del patrón histórico en lo referente a las FF. AA. que siguieron organizadas bajo criterios similares a las de la constitución anterior: a) el presidente de la República siempre sería el «comandante general», pero se mantuvo el cargo de jefe de las FF. AA. quien ejercería el «mando directo», incluyendo la potestad de nombrar al personal de las mismas; b) el territorio nacional seguiría dividido en regiones militares «por razones de seguridad nacional» bajo el control de jefes militares de región; y c) los fondos para el estamento militar serían administrados por la pagaduría de las FF. AA., que las recibiría de las autoridades fiscales «por trimestres adelantados». Lo cierto es que estas se opondrían a cualquier alteración de su rol debido a la situación que se hacía cada vez más tensa en la región centroamericana en la medida que el Gobierno de Estados Unidos intentaba frenar el avance de la guerrilla en El Salvador y revertir el cambio revolucionario que se había producido en Nicaragua a raíz del triunfo del FSLN en julio de 1979.
A Honduras le tocó ser la pieza clave de la estrategia político-militar de Washington en la región. Desde territorio hondureño se organizó, entrenó y aprovisionó a un ejército de contrarrevolucionarios para atacar al Ejército Popular Sandinista, en territorio hondureño se entrenaron oficiales y tropas del Ejército salvadoreño para combatir a las guerrillas en el vecino país, y en territorio hondureño se realizaron múltiples maniobras militares conjuntas y se montaron bases de operaciones de tropas de Estados Unidos en caso de que fuera necesaria una intervención directa. De mucha importancia fue la construcción y ampliación de pistas de aterrizaje en diversos puntos del país, entre ellas la de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, donde Estados Unidos estableció una base aérea que todavía utiliza y en donde hoy se construye el nuevo aeropuerto internacional del país. Las FF. AA. de Honduras se mostraron receptivas a las iniciativas de Washington, en buena medida porque la ayuda militar estadounidense se incrementó sustancialmente y porque sus inclinaciones ideológicas anticomunistas encajaban con los objetivos de Washington, hasta permitir que militares salvadoreños se entrenaran en el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) que Estados Unidos montó en Trujillo, en la costa norte del país.
La presencia cada vez mayor del Gobierno de Washington en la persona del embajador en Tegucigalpa no estuvo ausente de críticas y protestas, especialmente después de que la presidencia del país pasó a manos de un civil, el liberal Roberto Suazo Córdova, quien había ganado una elección contra el candidato del Partido Nacional en 1982. Suazo Córdova tuvo que enfrentar críticas por su postura abiertamente pro estadounidense en tanto que defendió las maniobras militares conjuntas y la presencia de los elementos de la Contra nicaragüense en territorio hondureño. También tuvo que resolver un problema mayúsculo que se presentó en el seno de las FF. AA.: las ambiciones del jefe de las FF. AA., el general Gustavo Álvarez Martínez, quien no solamente ejercía influencia desde su cargo militar, sino que también fundó y dirigió una organización político-empresarial, la Asociación para el Progreso de Honduras (Aproh). Desde su cargo en el ejército y su liderazgo de la Aproh, Álvarez Martínez proyectó un mensaje militarista, altamente represivo que recordaba la forma de proceder de los gobiernos militares del Cono Sur. La resistencia que creó entre sus mismos compañeros de armas culminó con su detención y expulsión del país en marzo de 1984.
En ese entorno de una presencia militar y política de Estados Unidos cada vez mayor, se dio en Honduras el primer traspaso de poder apegado a la ley de un presidente a otro desde 1948: Suazo Córdova le entregó el mando a su correligionario liberal José Azcona. Aunque no se puede negar el protagonismo de los actores políticos hondureños en este notable suceso, también puede entenderse como otro resultado de la política que Estados Unidos venía impulsando desde el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) de distanciamiento de soluciones militares en el ámbito de la gobernabilidad. A pesar de que el Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) se identificó abiertamente (mediante procedimientos a veces clandestinos) por la vía militar para imponer la estabilidad en Centroamérica y evitar su acercamiento a la órbita soviética, también tuvo que hacerle frente a una creciente oposición dentro de Estados Unidos a la tragedia que su apoyo a la guerra estaba provocando en Centroamérica. También tuvo que negociar con un congreso en manos del Partido Demócrata para que le autorizaran los fondos con los cuales seguir financiando las guerras en Centroamérica. Es así como el Gobierno de Washington apoyó, irónicamente, la democratización en El Salvador y Honduras.
A la larga, el fin de la Guerra Fría eliminó la preocupación de Washington sobre la influencia soviética en Centroamérica, aunque no eliminó la herencia del peso de los ejércitos. En el caso de Honduras, después del traspaso de Suazo Córdova a Azcona, las contiendas electorales y la sucesión presidencial se normalizaron —al menos por unas décadas— después de 30 años de estira y encoge entre militares y civiles por la conducción del Estado. Lo que no significa que Honduras ya encontró el camino definitivo hacia la democracia. Como se verá en la siguiente sección, las FF. AA. no han dejado de ser parciales y manifiestan sus preferencias partidistas a través de diversos medios. Además, han tenido que enfrentar una realidad social y económica que hasta puede decirse que es más problemática para la gobernabilidad democrática que la que vivió el país durante la década de 1980.
Reforma militar, huracán, violencia criminal y golpe de Estado
En la década de 1990, el Estado hondureño empezaba a vivir un período de gobiernos civiles en el que se buscó profundizar el proceso de democratización. Durante el Gobierno del liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998) se impulsó una serie de reformas militares que redujeron por primera vez el protagonismo de las FF. AA. en el país. Este proceso fue altamente influenciado por el clima internacional y regional de reforma del sector seguridad que en Honduras solo podía ocurrir por presiones externas, ya que desde adentro no se tenía la excusa y el antecedente del fin de los conflictos armados internos como en los países vecinos.
En marzo de 1994 se eliminó el servicio militar obligatorio, se redujo el presupuesto asignado a las FF. AA. y se sustrajo a la policía de investigación del ámbito militar, lo cual dio inicio al proceso que culminó en 1996 con el traslado de la policía al poder civil y la creación del Ministerio Público. Adicionalmente, se retiró a las FF. AA. del control de instituciones que habían sido dirigidas por militares como la empresa de telecomunicaciones HONDUTEL, la Marina Mercante, la Dirección Nacional de Migración y el Instituto Geográfico Nacional.
También se llevaron a cabo reformas constitucionales que, por un lado, redujeron el protagonismo institucional de las FF. AA. pero, por otro lado, dieron continuidad a funciones de tutela de los procesos electorales y abrieron la puerta a la expansión de funciones secundarias o no estrictamente militares. Así, se abolió el cargo de jefe de las FF. AA., lo cual les restó protagonismo y las colocó directamente bajo el mando del presidente como «comandante general». Se ratificó a nivel constitucional la abolición del servicio militar obligatorio que en adelante se prestaría «en forma voluntaria en tiempos de paz, bajo la modalidad de un sistema educativo, social, humanista y democrático» (sin especificar en qué consistía esa modalidad).
Por otro lado, las reformas a la constitución también ampliaron las funciones de las FF. AA. para colocarlas a tono con los tiempos: «Participarán en misiones internacionales de paz, con base a tratados internacionales, prestarán apoyo logístico de asesoramiento técnico, en comunicaciones y transporte, en la lucha contra el narcotráfico […] Además cooperarán con las instituciones de seguridad pública, a petición de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, para combatir el terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, así como en la protección de los poderes del Estado y del Tribunal Supremo Electoral, a pedimento de estos, en su instalación y funcionamiento».
La continuidad de la tutela militar sobre los procesos electorales quedó asegurada al confirmarse una tarea que las FF. AA. habían realizado de manera esporádica (y no del todo imparcial) durante las décadas anteriores: «A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el presidente de la República, pondrá a las FF. AA. a disposición del Tribunal Supremo Electoral, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las misma».
Finalmente, las prerrogativas de la carrera militar, fundamentales para garantizar la lealtad de la oficialidad, quedaron plasmadas en las reformas constitucionales mediante la creación del Instituto de Previsión Militar, bajo la dirección del jefe del Estado Mayor que, junto con el Banco de las FF. AA. fundado años atrás, sentó las bases de la seguridad social de los militares y su incursión en el mundo de los negocios.
El liberal Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002) fue el primer presidente que asumió también el cargo de comandante en jefe de las FF. AA. Se iniciaba un período prometedor en materia de reforma militar que fue interrumpido, como todo en el país, por el huracán Mitch en 1999. Ese huracán fue, literalmente, el parteaguas de los procesos que se habían iniciado recientemente en el país. Por un lado, la democratización, incipiente y frágil no logró echar raíces en una sociedad devastada que además de la pobreza estructural del país, se encontraba en medio del ajuste estructural promovido por el Fondo Monetario Internacional en la región. Se calcula que en ese momento el 73 % de la población era pobre y el 50 % era indigente. Los partidos políticos no lograron canalizar los fondos nacionales e internacionales de ayuda para superar la catástrofe en algo que compensara mínimamente el drama humano que se vivió. Fue la cooperación internacional la que financió la mayor parte de los planes y estrategias de reconstrucción nacional y los intentos de promover la participación política de la ciudadanía. El huracán Mitch fue devastador, pero en el largo plazo lo fue más la corrupción y la incapacidad de las instituciones de utilizar los recursos de forma adecuada para superar las consecuencias del fenómeno natural.
Ricardo Maduro, del Partido Nacional, asumió la presidencia en 2002 en un país devastado por el huracán. Eso no evitó que su elección ocurriera en medio de polémicas por sus orígenes panameños, exacerbadas por el tradicional juego desleal de los dos partidos tradicionales. En un país políticamente polarizado —nuevamente— y empobrecido y golpeado por el aumento de la delincuencia, Maduro promovió el regreso de los militares a la seguridad pública y apoyó una serie de reformas legales para endurecer la persecución a las maras y pandillas que ya empezaban a perfilarse como un problema social que sería, como en el resto de la región, abordado a través de un conjunto de políticas represivas. Durante los siguientes años la emigración masiva y la inseguridad aumentaron estrepitosamente. En 1999 se calculó una tasa de cuarenta homicidios por 100 000 habitantes, la cual saltó a 57.3 en 2003 y para 2009 alcanzaba ya 64.7.
Los 10 años que se pensó que tomaría la reconstrucción del país culminaron, irónicamente, con el golpe de Estado en 2009 contra el presidente liberal Manuel Zelaya, quien ganó las elecciones de 2005 luego de haber hecho carrera política como diputado por el departamento de Olancho, del cual es oriundo. Durante su gobierno enfrentó el aumento de la criminalidad con decisiones polémicas, como la de transferir personal militar a la policía nacional para supuestamente fortalecerla, algo que en la tradición de las FF. AA. sería inaceptable dada la histórica supremacía jerárquica que han tenido los militares sobre las policías civiles. Una serie de medidas tomadas por su gobierno para enfrentar una inminente crisis económica produjo el disgusto de la élite empresarial conservadora y recelosa de cualquier intento de reforma fiscal o del aumento del salario mínimo, además de que las molestias ya estaban presentes debido a la merma de concesiones de licencias para explotación de recursos naturales en el país. Su simpatía con los gobiernos de Ortega en Nicaragua y Chávez en Venezuela así como la integración de Honduras al ALBA despertaron las alarmas de las élites políticas y económicas por lo que se conocía en ese momento en América Latina como la «venezolización» de los países pobres. Eso, en el país más controlado por Estados Unidos en la región, era inaceptable.
Las maniobras de Zelaya para estabilizar su gobierno ante el cierre de filas de la oposición del Partido Nacional, las élites empresariales, las iglesias y los militares aumentaron la tensión que llegó a su punto máximo, tras la convocatoria a elecciones en noviembre de 2009 para elegir a un nuevo presidente. Zelaya ordenó a las FF. AA. a mediados de junio de ese año la distribución de la boleta electoral adicional para consultar al electorado durante las elecciones generales, la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Las FF. AA. desobedecieron la orden por lo que Zelaya destituyó a su jefe, el general Romeo Vásquez, quien fue después uno de los ejecutores del golpe de Estado. Inmediatamente, un tribunal judicial procesó a Zelaya y el Congreso decidió su destitución y ordenó su captura. Los militares no cumplieron la orden de arresto dictada y de manera extrajudicial desterraron a Zelaya conduciéndolo por la fuerza a Costa Rica. El debido proceso fue violentado porque no hubo antejuicio ni el proceso judicial que corresponde legalmente para la destitución de un mandatario. Lo que ocurrió fue un golpe de Estado ejecutado por las FF. AA. y apoyado por funcionarios, iglesias y empresarios que no adujeron razones legales sino ideológicas. Todo esto con la tolerancia y apoyo del Gobierno de Estados Unidos que vio en las decisiones de Zelaya la posibilidad de aumentar la influencia de Venezuela en la región. Zelaya no fue un «socio fiable» para los objetivos de estabilidad de Estados Unidos en la región. Poco tiempo después del golpe, se solicitó a Estados Unidos un «plan Colombia» para Honduras, y no fue casualidad que el expresidente colombiano Álvaro Uribe fuera el primer mandatario en reconocer internacionalmente al Gobierno de Porfirio Lobo después que los Estados Unidos avalaran la victoria del Partido Nacional en las elecciones de Noviembre de 2009.
El poder económico y político de Honduras se reconfiguró con ese golpe e inició una nueva era que, con el Partido Nacional en el Gobierno, entre otras cosas abrió las puertas al reposicionamiento de los militares como un poder político sólido y fundamental para la estabilidad de un partido político, de unas élites económicas y de grupos criminales que encontraron en el Estado su principal fuente de financiamiento y mecanismo para la generación de negocios. El golpe de Estado devastó, otra vez, a la sociedad hondureña. Pero fue la oportunidad para que el Partido Nacional, las élites económicas, las iglesias y los militares iniciaran un nuevo capítulo en la degradación democrática del país que lo ha llevado, en sus páginas actuales, a ser considerado como una autocracia acorazada en el poder militar.
Las Fuerzas Armadas para todo
La democratización de Honduras ha sido un esfuerzo dramáticamente fallido. Los procesos electorales, casi sin excepción, tienen la marca del fraude que se resuelve posteriormente con arreglos mafiosos entre los partidos políticos (los tradicionales y los recientes). Las instituciones públicas no superan la precariedad, algo que durante la pandemia ha sido claramente expuesto. La pobreza alcanzó en 2018 al 61.9 % de la población de la cual más del 67 % se emplea en la economía informal. La migración no ha dejado de ser masiva y alcanzó dimensiones de éxodo con las caravanas de migrantes que desde 2018 cuentan miles de personas integrándolas. El narcotráfico es una actividad normalizada desde la misma familia del actual presidente hasta empresarios y autoridades locales, funcionarios y un colorido espectro de bandas criminales que controlan todos los negocios de la economía ilegal y que nutren impunemente la economía legal a través del sistema financiero. La corrupción es la fuente más importante de financiamiento del sistema político y ha resistido el tímido, pero significativo, esfuerzo de la cooperación internacional y de la sociedad civil por combatirla a través de una comisión internacional anticorrupción, la cual fue finalmente disuelta en 2019. La impunidad le ganó la partida a la esperanza de una famélica sociedad civil que cada vez más pone sus expectativas en la justicia estadounidense para poder vislumbrar un poco de justicia ante los excesos de políticos corruptos y narcotraficantes.
Es en ese contexto que las FF. AA. abarcan, cada vez más, las funciones de dirección, administración y operación que otras instituciones parecen ya no poder —o querer— cumplir. El reciente andamiaje que sostiene el lugar que ocupan hoy las FF. AA. en Honduras inició durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014). Durante ese período se buscó estabilizar al país luego de la crisis que produjo el golpe de Estado mientras se alcanzaban los niveles más altos de violencia homicida del mundo, con una tasa de 83.7 homicidios por 100 000 habitantes en 2011. El Gobierno de Lobo estuvo marcado por la corrupción y la impunidad. Pero fue Juan Orlando Hernández, en su calidad de presidente del Congreso de la República, quien preparó las condiciones de su posterior elección como presidente de la República a través de una alianza política con las FF. AA. que explica en buena medida la situación actual.
La primera pieza de ese andamiaje fue la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en 2013 por el Congreso de la República. Inicialmente, esa fuerza estuvo integrada por dos comandos de brigada y doce batallones, un total de 5000 elementos. Recibió fondos directamente de un nuevo impuesto, la llamada tasa de seguridad, creado para fortalecer la seguridad pública. En ese mismo año se inició la creación de fuerzas especiales híbridas, militares y policías, tales como la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres). La justificación para la creación de esas fuerzas fue la crisis en que la Policía Nacional se encontraba luego de escándalos de corrupción, vínculos con organizaciones criminales y ejecuciones extrajudiciales. Esa situación dio lugar a un proceso de depuración policial que se extendió por varios años y que también ha dado signos de haber fallado en su misión original, la cual era fortalecer la institución policial. La PMOP asumió rápidamente la conducción de la seguridad pública en el país.
En 2014, cuando Juan Orlando Hernández fue electo por primera vez, la PMOP hizo su ingreso en la función de control del orden público, es decir, de represión de la protesta social producida por el descontento con el proceso electoral. En esa elección participó por primera vez una tercera fuerza política nacida de la unión de movimientos sociales antigolpistas. Las denuncias de fraude se tradujeron en protestas que fueron reprimidas por las recién creadas fuerzas híbridas de seguridad.
Desde su inicio, Juan Orlando Hernández dio signos de una preferencia por la opción militar para la conducción de lo público. Durante su paso por el Congreso de la República, fue creado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en diciembre de 2011. Ese órgano está integrado por el presidente de la República, quien lo preside, así como por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que ese consejo se ha convertido en un mecanismo para la concentración del poder del Ejecutivo sobre los restantes poderes del Estado. En este consejo participan también el ministro de Seguridad y el de Defensa, ambos militares. Similar al Consejo Superior de la Defensa Nacional creado en 1957, el nuevo consejo ha sido el centro de poder de la política de seguridad, una que se ha inclinado por la opción militar antes que la civil. Pero eso no ha sucedido de manera formal y explícita. La política de seguridad se estructuró a partir de la lógica interagencial, que ante los ojos de expertos internacionales, especialmente de Estados Unidos, era la mejor opción para compensar la precariedad de la institución policial y la pasividad de otras instituciones relacionadas, como el Ministerio Público.
Una de las contradicciones que marcan la función militar durante la gestión de Juan Orlando Hernández es que en las elecciones de 2017 se produjo la reelección del mandatario, a pesar de estar prohibida por la Constitución. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un polémico fallo autorizando lo que el artículo 239 de la Constitución Política prohíbe: la reelección presidencial. Esto dio lugar a una crisis electoral y postelectoral que tuvo como saldo la muerte de más de 20 personas que, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fueron ejecutadas por las fuerzas de seguridad, especialmente, de la fuerza militar. Desde ese momento y durante múltiples episodios de protesta social, la PMOP ha actuado como una fuerza de choque altamente violenta que no ha sido juzgada por las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos. En 2009 el solo intento de hacer una consulta para reformar la prohibición constitucional, que es un procedimiento avalado por la misma constitución, fue entre otras razones el detonante del golpe de Estado ejecutado por los militares. Ese desenlace no ocurrió en 2017 a pesar de que el proceso que autorizó la reelección es cuestionable legalmente. Las FF. AA. reafirmaron con esos dos hechos, uno por obra y otro por omisión, su lealtad a un sector político específico.
La política interagencial de seguridad se profundizó en el segundo período de Juan Orlando Hernández. En 2018 fue reformada la Fuerza Nacional Antiextorsión que pasó a ser la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, FNAMP, la cual forma parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (Fusina). Una de las características de esa política es la compartimentación administrativa que se traduce en un complejo entramado burocrático que imposibilita cualquier esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas sobre los fondos públicos utilizados y las responsabilidades legales que esas fuerzas tienen. Además, gozan del secreto por razones de seguridad, que en un entorno autoritario se ha traducido en impunidad.
La seguridad pública es territorio militar en Honduras y se refuerza a la par de una policía civil débil y corrupta que mantiene a la mayoría de su personal en una situación de precariedad laboral y profesional. En dos ocasiones, en 2017 y en 2019, unidades policiales se declararon en huelga exigiendo mejoras laborales. Esta situación se exacerba debido a las desigualdades laborales y profesionales de esa fuerza respecto de la PMOP. En la lógica perversa de las justificaciones, la debilidad de la policía es necesaria porque hace imprescindible la solución militar al problema.
Esa misma lógica parece aplicarse al resto de funciones no militares ni de seguridad que ejecutan las FF. AA. Se pueden identificar dos mecanismos a través de los cuales las FF. AA. validan funciones secundarias o de apoyo institucional que son cada vez más expansivas. En primer lugar, las FF. AA. asumen la tarea de intervenir instituciones que consideran no pueden cumplir sus funciones. Esto se hace a través de juntas interventoras dirigidas por oficiales activos o en retiro y que nada tienen que ver con tareas militares. En 2018, un general retirado asumió la dirección de la junta interventora del Hospital Escuela Universitario, el más importante de la ciudad capital. Durante la pandemia, esa junta defendió la intervención ante las denuncias del personal médico de que los recursos asignados para enfrentar la crisis de salud pública no estaban siendo utilizados de forma debida y en beneficio del gremio médico. De igual manera, desde 2019, la administración y seguridad del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores se encuentran controladas por militares. Ambas instituciones, como tantas otras en el país, se encontraban en crisis y se espera que las capacidades militares resuelvan problemas que son estructurales.
El segundo mecanismo es la entrega de programas a la administración militar para su ejecución desde el momento en que son creados. En 2019 se aprobó un programa para el desarrollo de proyectos agrícolas por un monto de 400 millones de lempiras (aproximadamente 16,2 millones de dólares) que fue entregado las FF. AA. para su ejecución. De igual manera, en 2012 se creó el programa educativo Guardianes de la Patria que es implementado por las FF. AA. en escuelas públicas del país ubicadas en barrios y comunidades conflictivas. Este es un programa orientado a niños, niñas y adolescentes para inculcar valores militares, cívicos y religiosos.
Ambos programas no tienen ninguna relación con lo militar y deberían ser ejecutados por otras instituciones especializadas. Al ser entregados a la administración militar, el acceso a la información es también vedado a pesar de no tener relación alguna con la seguridad nacional. Adicionalmente, la conducción militar de esos programas es promocionada oficialmente como un logro de la administración a través de una supuesta eficiencia y honestidad militar. Todo esto ocurre en detrimento de lo civil que debería ser la base sobre la que se sustenta una democracia.
Una ampliación de responsabilidades también supone un mayor gasto de ejecución. El presupuesto de la Secretaría de Defensa para 2020 fue de 344,6 millones de dólares (8477 lempiras), un aumento de 8,1 millones de dólares (200 millones de lempiras) respecto de 2019. El aumento del presupuesto de defensa ha sido constante desde 2001, año en que el monto asignado a las FF. AA. fue de 62,3 millones de dólares (974 millones de lempiras). A estos montos se debe sumar lo que los militares perciben por las tareas secundarias, aquellas para las que necesitan adquirir equipo y entrenamiento o contratar personal, dado que no son propias de sus funciones o de su formación, como las descritas anteriormente. Ninguna otra institución en el país tiene ese ritmo de crecimiento presupuestario y tampoco ese nivel de secretismo.
A partir de esa evidencia y extrapolando, es posible argumentar que si el criterio utilizado para delegar a los militares la conducción de las instituciones o programas es que las entidades destinadas a hacerlo no funcionan, entonces se corre el riesgo de que las FF. AA. terminen asumiendo la totalidad de las funciones institucionales del estado hondureño. Ese camino sólo conduce a un lugar, a una dictadura militar, lo que se conoció como Estados burocráticos-autoritarios-militares.
Existe otro ámbito que socava las frágiles bases institucionales en el país: el vínculo político-militar-narcotráfico. Desde los tiempos del afamado narcotraficante Juan Ramón Matta Ballesteros, en la década de 1980, los nexos entre militares, narcotraficantes, políticos y empresarios quedaron expuestos en Honduras. También se expuso cómo esas redes colaboraron con la cruzada contrainsurgente impulsada por Estados Unidos que no solo las toleró, sino también las apoyó como parte de sus operaciones de inteligencia a nivel internacional. Desde ahí se traza una línea que llega hasta el hermano del actual presidente, «Tony» Hernández, quien fue condenado en 2019 en Estados Unidos por traficar droga a ese país. El juicio contra «Tony» develó cómo se canalizaron fondos generados por el narcotráfico a las campañas presidenciales de su hermano y al Partido Nacional y también cómo el tráfico de drogas por el país se hizo con la colaboración de miembros activos de las FF. AA. y de la policía. Y si no es por la vía del Partido Nacional, lo será por la del Liberal, ya que Yani Rosenthal también representa una élite empresarial coludida en negocios ilícitos transnacionales con fuertes vínculos con organizaciones criminales y funcionarios corruptos. En el medio de ese trazo hay alcaldes, funcionarios, empresarios y personas individuales de cualquier índole que se nutren del amplio espectro de actividades económicas ilegales vinculadas al narcotráfico. Todo esto es difícil que pase desapercibido para la institución más poderosa del país, en el país de la región más abierto al control de Estados Unidos que ha sido, como se le calificó en tiempos de los conflictos armados centroamericanos, el «mayor portaaviones norteamericano». Ahora ya no lo es por la contrainsurgencia, pero sí para las operaciones del Comando Sur que sigue teniendo en Honduras un territorio estratégico en el continente.
A pesar de la exposición que el presidente Hernández y su familia han tenido en casos de corrupción y en vínculos con el narcotráfico, el tema de la participación de las FF. AA. sigue siendo un tabú en el país. Como se argumenta al analizar el crimen organizado, este necesita de Estados fuertes, con instituciones sólidas, que garanticen la estabilidad de los negocios ilícitos y sobre todo, la impunidad. Aunque para todo lo demás, especialmente en lo que respecta al bienestar de la mayoría de su población, sean precarias y disfuncionales.
Conclusiones
El Estado hondureño fue formado por una combinación de élites económicas y políticas que adoptaron procedimientos institucionales por requerimiento de fuerzas externas y por una violenta y corrupta competencia política por el acceso a los recursos del Estado. La democratización no fue la excepción y sus resultados fueron sumamente limitados porque el compromiso de los actores políticos locales terminó en donde empezaba su interés por el saqueo de los recursos públicos.
En ese entorno, las FF. AA. han sido un actor más, con poder y privilegios que provienen de su control del ejercicio de la fuerza y la violencia y de una serie de alianzas con los principales partidos políticos, especialmente el Partido Nacional, y con los Estados Unidos. La opción de promover la democracia, aunque sea tutelando la acción política de los actores civiles como ocurrió en Guatemala después de 1963 o haciéndose a un lado para que otras fuerzas políticas la instauren (como ocurrió en El Salvador) no ha ocurrido en Honduras. Ni las Fuerzas Armadas ni la clase política han tenido un compromiso formal o real con la democracia.
La precariedad de las instituciones no tiene excepción en el estado hondureño. Es más, durante los últimos tres gobiernos la apuesta no ha sido el fortalecimiento de las instituciones existentes sino la instauración de una expansiva administración militar de la función pública. De la creciente presencia burocrática de militares en instituciones civiles no se puede esperar un fortalecimiento de la democracia, sobre todo cuando la reforma militar fue un proceso limitado y de corta duración en el país.
Para superar la degradación democrática que vive el país se requiere de alianzas entre fuerzas políticas y sociedad civil que superen la polarización que divide al país. La pugna histórica entre nacionalistas y liberales ya no responde tanto a asuntos ideológicos —si es que alguna vez fue así— sino a una búsqueda por controlar los bienes públicos para el beneficio personal o familiar. Y las nuevas fuerzas políticas arrastran el desgaste que ha producido adaptarse a un sistema político que tiene sus propias reglas poco democráticas y transparentes.
En ausencia de fuerzas locales democratizadoras, el destino del país sigue estando fuertemente influenciado por los golpes de timón ejecutados por actores externos, especialmente los Estados Unidos. Esa presencia permanente ha sido heterogénea en Honduras y recientemente hasta contradictoria. Por un lado, el juicio que se llevó a cabo en Nueva York contra «Tony» Hernández y otros juicios más han dejado clara la tolerancia y hasta complicidad del presidente Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico y con el lavado de activos a nivel internacional. Pero por otro lado, el Gobierno goza del apoyo del actual Gobierno estadounidense aún a sabiendas de que el financiamiento de las campañas electorales del partido Nacional provino, en buena parte, de actividades criminales transnacionales.
Honduras ha sido un territorio abierto al mejor postor. Así lo fue durante décadas durante los enclaves económicos de las compañías bananeras y lo sigue siendo a través de la concesión de grandes extensiones del territorio para la industria extractiva, la generación de energía e incluso la instalación de megaproyectos en las recientes Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que son una edición actualizada del antiguo modelo de enclave económico.
En ese contexto, las FF. AA. siguen siendo el socio fiable para muchos actores locales y extranjeros. ¿Se traduce eso en ser también el socio fiable de una población vulnerable que no necesita más represión sino desarrollo económico y social? ¿Serán también el socio fiable de una democracia que no termina de dar sus primeros pasos? Esto requiere necesariamente que las FF. AA. reduzcan su protagonismo político y su expansión burocrática. Que eso provenga desde el interior de las FF. AA. o que sea el resultado de un impulso ciudadano estará por verse. Tal vez tendrá que ser también el resultado de la presión internacional. Ojalá no como respuesta a un capítulo más de catástrofes, naturales o humanas.
*Knut Walter. Historiador. Ha sido docente en universidades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Es autor de varios estudios monográficos de historia centroamericana moderna, especialmente de El Salvador y Nicaragua, y coordinó la elaboración de textos de historia salvadoreña y centroamericana.
Otto Argueta. Historiador y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Coordinador regional de la Alianza para la Paz. Sus investigaciones se concentran en temas de criminalidad y violencia con especial énfasis en pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación del Estado.
El presente artículo es parte de un proyecto de investigación regional desarrollado por Alianza para La Paz con apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
El pueblo costero asediado por toneladas de basura provenientes de Guatemala, también es escenario de una acelerada erosión costera que prácticamente ha desaparecido a 2 comunidades. Pero su tragedia ambiental no se termina de contar ahí, otros recursos como el Parque Nacional Omoa y sus ríos también han sido alcanzados por la destrucción que deja a su paso el extractivismo.
En la playa de la Barra de Motagua, en Omoa, camina Lesly Martínez. No está buscando arena, sol o la vida sabrosa del mar, como dice aquella pegajosa canción. Ella fue por leña y plástico para encender el fuego de su hornilla. Tras unos minutos de faena ha logrado recolectar una cantidad que considera suficiente y mientras lleva en su hombro la carga, camina unos 200 metros para llegar a su precaria vivienda.
La leña que recogió Lesly tiene su origen en una tragedia ambiental. Llegó junto a toneladas de basura procedente de unos 35 poblados guatemaltecos que se encuentran cercanos a la ruta del Río Motagua, que cuando el invierno arrecia lanza al mar, y este en su afán de limpieza, los arrincona en las playas de Omoa y Puerto Cortés. Y por eso en lugar de encontrar cocos o champas, en las playas —donde Lesly camina todos los días— hay una gran cantidad de recipientes plásticos, latas, zapatos, bombillos, desechos hospitalarios y también madera.
Los habitantes de esa parte costera vienen desde hace años lidiando con una basura que no es de ellos. Los gobiernos de Honduras y Guatemala no han encontrado la forma de resolverlo.
En la última semana de septiembre una gran cantidad de basura llegó a las costas hondureñas nuevamente. El gobierno de Honduras informó a la BBC que en 11 días habían retirado 550 toneladas de basura de las playas.
Este problema tiene su raíz en el mal manejo de desechos en la vecina Guatemala y el caudal del poderoso Río Motagua, que desde la zona de Quiché hasta el Mar Caribe recorre 486 kilómetros, pasando por 5 departamentos de Guatemala. Omoa tiene aproximadamente 25 kilómetros de playa, de esos casi 22 reciben sedimentos provenientes de Guatemala.
Lesly y su hija Emily —la mayor de sus 3 hijas— vuelven a su casa luego de recoger trozos de madera y plásticos para poder cocinar sus alimentos. Esta madre soltera y sus hijas se mudaron a la comunidad de la Barra del Río Motagua en 2017, cuando el padre de sus hijas las abandonó, aquí encontraron un hogar en una comunidad amenazada por la erosión costera y la contaminación debido a la basura que invade todo el año las playas de su comunidad. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín CálixUna mujer camina en medio de la playa llena de basura en la comunidad de la Barra del Río Motagua. Omoa, Cortés, 28 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Pero Lesly y sus vecinos en las barras no tienen como único problema la basura. Hace muchos años, pero con una aceleración desde el 2009, los habitantes de las barras de Cuyamel y Motagua observan cómo sus casas son literalmente tragadas por el mar. Más de 70 familias han tenido que huir de la voracidad de las aguas, mientras 74 hogares se mantienen viviendo en la zona en constante zozobra a la espera de la marea alta. «Cuando el mar se enoja se mete y la basura se viene para aquí», nos cuenta Lesly, señalando el patio de su casa donde hay varias gallinas y patos, todo en un inmenso charco.
El biólogo Gustavo Cabrera, director de la ONG Centro de Conservación Omoa (CCO), asegura que la erosión costera en ese sector se aceleró debido al hundimiento de esas tierras después del terremoto de 7,3 en la escala de Richter, que sacudió a Honduras el 29 de mayo de 2009.
«Estas comunidades estaban en un terreno mucho más alto, pero como son suelos aluviales al haber un movimiento telúrico toda esa tierra se movió y se compactó», explicó el biólogo.
En las costas de Omoa, el mar ha reclamado como suyo de 300 a 500 metros que antes eran playa, pero en las barras sus habitantes aseguran que el avance ha sido más de un kilómetro y medio. Cabrera contó que científicos de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, visitaron este lugar y sostuvieron que no hay otro lugar en el mundo donde la erosión costera por el cambio climático avance de forma tan agresiva.
Una familia que ha llegado en búsqueda de un espacio para descansar se ha encontrado con una playa inundada de basura en la comunidad de la Barra del Río Motagua. Omoa, Cortés, 28 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Pobreza en medio de la riqueza natural
Lo que este puerto tiene podría ser aprovechado de mejor manera: 18 fuentes de agua entre ríos y quebradas, un parque nacional y un edificio colonial en el Castillo San Fernando de Omoa. Pero ya ni el turismo, la pesca o la agricultura son viables para que la gente de este poblado sobreviva como en años anteriores.
Este poblado costero fue fundado en 1752 con el nombre de Camoa, que 20 años después pasaría a ser Omoa. Se encuentra a 29 kilómetros de San Pedro Sula, que es la segunda ciudad en importancia de Honduras y tiene una extensión de 382.7 kilómetros cuadrados. Actualmente, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), recolectados en el censo poblacional de 2013, tenía 45 179 habitantes distribuidos en 28 aldeas y 148 caseríos.
Buscar una solución a la basura guatemalteca y reubicar a 74 familias que viven en barras mencionadas son 2 situaciones que Omoa debe resolver con urgencia, pero no son los únicos problemas que asedian el equilibrio ambiental de este municipio costero. También en Omoa se encuentra la planta de gas LPG más grande de Centroamérica, 4 hidroeléctricas se han instalado en sus ríos, hay palma africana sembrada en tierras que eran del Parque Nacional Cuyamel y existe un botadero de basura en pleno casco urbano. En sus montañas hay una deforestación descontrolada, afirman sus autoridades y defensores del ambiente. Omoa es una ciudad agredida por la furia del mar y el insaciable extractivismo.
Francisco Díaz, líder comunitario de las comunidades de la Barra del Río Motagua y Barra del Río Cuyamel recuerda con nostalgia los años cuando creció y la playa de su comunidad no estaba invadida por la basura que arrastra el Río Motagua desde Guatemala. Omoa, Cortés, 28 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Lesly sonríe a menudo, pese a que en su vida no todo es felicidad. Es madre soltera de 3 hijas con quienes vive en una pequeña casa de madera con 2 piezas. Su patio está lleno de agua. Llegó a la Barra del Motagua hace 3 años cuando su pareja la abandonó. No tenía a donde ir y se fue a ese lugar del que ya muchos huían, dejando entre las aguas sus casas y alguna parte de sus vidas.
Omoa ha sido conocido por ser un destino del turismo nacional, pero ahora la industria del turismo ha tenido pérdidas porque las playas son cada vez menos y porque lo poco que queda está lleno de basura. Paradójicamente, para Lesly, con esa basura llega la leña, que de no conseguirla en la playa tendría que ir a terrenos lejanos a buscarla. Además, esa cantidad de desechos también significan un trabajo temporal en una comunidad pequeña que vive esencialmente de la pesca.
Armada con un rastrillo, Lesly ha trabajado los últimos días recogiendo basura. «Ahorita hemos venido limpiando desde Buenavista», nos dice en referencia a otra comunidad cercana. La Municipalidad de Omoa invierte unos 40 000 lempiras cada vez que las playas se inundan de basura, según la Unidad Municipal de Ambiente (UMA).
Tras la avalancha de basura que llegó en septiembre a las playas hondureñas, los gobiernos de Honduras y Guatemala tuvieron una nueva reunión. Una más. Las autoridades guatemaltecas construyeron una barda industrial para frenar la basura, pero se rompió solo 8 meses después de que fue instalada.
Muchas casas han quedado abandonadas en la comunidad de la Barra del Río Motagua debido a que se han vuelto inhabitables producto del avance de la erosión costera. La erosión costera ha sido un problema con el que esta comunidad ha tenido que lidiar a partir de la construcción de los rompeolas tras la llegada de la empresa Gas del Caribe. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix. Liliam Rivera, comisionada presidencial de Honduras para la gestión ambiental del Río Motagua y su desembocadura, manifestó a la BBC Mundo que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha pedido una «solución definitiva» al problema. También afirmó que como los ríos hondureños Ulúa y Chamelecón son afluentes del Motagua, un 20 % de la basura es hondureña.
La llegada de esas cantidades enormes de basura también causa daños que a veces son imperceptibles. Todos los desechos provenientes de Guatemala se alojan y recalientan ecosistemas que sirven de viveros para jaibas, cangrejos y otros peces.
«Estos desechos están dañando las lagunas costeras y los manglares, que son sitios de reproducción de especies de valor comercial. Con esa cantidad de desechos no deja paso de luz y los peces no se pueden reproducir», nos asegura el biólogo Gustavo Cabrera.
En un pueblo que tiene 542 pescadores, si los peces se van, el hambre llega. «Muchos utilizan redes y cuando vienen a capturar, a veces sacan mucho plástico y madera eso rompe las redes», nos cuenta Sandra Cárdenas, del Centro de Estudios Marinos (CEM), cuya sede principal por razones de incidencia política está en Tegucigalpa.
Omar de 55 años, navega su lancha de regreso luego de estar cinco horas de trabajo apenas pudo sacar 15 libras de pescado. Este pescador tiene 30 años de experiencia. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Luis Ortega de 56 años, ha pescado en el mar de Omoa durante 40 años. Luis está consciente de que los peces que pesca comen plástico en un mar que lleva años siendo invadido por la basura que arrastra el Río Motagua desde Guatemala. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Hay reportes de peces muertos a causa de la basura. «Los pescadores o la gente que está en los restaurantes no se dedican a revisar qué microplásticos traen los peces, pero el año pasado murió un delfín, que al hacerle la necropsia, fue a causa de una bolsa de clorox, no se pudo hacer nada», dice Cárdenas.
Después de 4 horas de faena, Luis Ortega y Mario Rodríguez, 2 pobladores nativos de Masca, aldea de Omoa, llegan con la pesca del día. Tienen en un recipiente quizás unas 8 libras, suficiente para alimentar por unos días a 3 familias, dice Luis. Y algo debe saber de esas cosas, tiene más de 40 años pescando.
«Afecta la basura porque se enreda en las redes», aunque este día no las utilizó porque mientras conversa revisa sus cuerdas, anzuelos y la carnada que le sobró. Luis piensa que los peces comen partículas de plástico, pero aclara que muy pocas veces han encontrado residuos de estas en sus vísceras.
Para Francisco Díaz, presidente del patronato de la Barra Cuyamel y la Barra del Motagua, la basura no es nueva, lo que ha cambiado es el contenido. «Desde que yo era niño el Motagua arranca basura, pero ahora trae desechos hospitalarios y desechos de las maquilas. Eso es un peligro».
Según el estudio «La nueva economía de los plásticos» del Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur, «para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos a menos que la gente deje de utilizar artículos de un solo uso elaborados con este material, como las bolsas y las botellas». Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Carlos Hernández, de 32 años y Dilver Rodríguez de 25, viven en la Barra de Motagua. Son pescadores, pero cuando hay basura sus cayucos se quedan en la playa y ellos deben buscar «algunos trabajitos en cualquier cosa», que tampoco son abundantes en la comunidad donde la erosión costera ha hecho infértiles las tierras. Trabajando ocasionalmente como jornalero ellos pueden ganar de 200 a 250 lempiras. Cuando no hay trabajo se quedan en casa. El día que hablamos el mar estaba lleno de sedimento. Estaban en casa.
Francisco Díaz eleva su voz cuando nos habla de lo que antes eran las barras: «esto era bonito, los peces los agarrábamos con las manos», recuerda. Asegura que el mar estaba a 1.7 kilómetros de donde está hoy. Había una playa hermosa.
«Nuestro sostén es la pesca, pero le voy a decir que si no fueran instituciones que traen bolsas de comida nosotros muriéramos de hambre», dice Francisco. Ahora viven de la caridad. Lesly observa a una de sus hijas mientras se enciende el fuego, en esa comunidad ella encontró solidaridad. Sus nuevos vecinos le ayudaron a elevar su casa para que no fuese tan vulnerable a la bravura de las olas del mar.
Reina Isabel Hernández de 35 años, cocina arroz, frijoles y platano para el almuerzo de su familia: sus tres hijos, su pareja y su padre de 96 años. En la comunidad de la Barra del Río Motagua todas las mujeres van a la playa por trozos de madera y plásticos que les permitan encender sus hornillas de barro para cocinar, esto podría causarle graves enfermedades respiratorias pero las autoridades no tienen un estudio que determine el impacto de la basura en el proceso de cocinar los alimentos. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Dos veces a la semana, Lesly vende pastelitos y donas a los pocos veraneantes que pasean por playas cercanas. «No queda una gran ganancia, pero aunque sea para sobrevivir. Hay días que gano 60 o 70 lempiras», mientras conversamos el fuego sigue rugiendo avivado por la leña y el plástico llegado del mar.
En las barras se convive con la basura y los efectos de la erosión costera. Dilver y Carlos nos dicen que para una buena pesca, el mar debe «enojarse», pero no mucho. Es que si hay marea alta por mucho tiempo, su aldea se inunda, pero si está muy calmado los peces no se acercan a las áreas de pesca.
En estas comunidades la agricultura tampoco es una opción. Unos pocos tienen la posibilidad de cultivar pequeñas parcelas, que ya no son tan productivas como antes cuando daban hasta 70 quintales de arroz por manzana. Ahora en promedio se cosecha 15 sacos en la misma área de terreno. «El agua salada está molestando. Lo único que crece son los palos de coco y se quedan chiquitos, otra cosa no nace», dice Carlos.
Doña Angelita Rivera tiene 84 años. Es alegre y bromista, con la edad ha perdido su capacidad de escuchar, pero no de platicar y recordar. «Aquí era mejor, el mar estaba largo y mire ahora cómo ha rellenado. Donde es el mar vivía un gentío», nos dice.
Al parecer la angustia está por llegar a su final. Hay un proyecto para reubicar a las 74 familias que viven en las barras de Cuyamel y Motagua. En el sector de Cuyamel hay 2.15 manzanas dispuestas para construir 84 viviendas. Pero la intención de reubicación de estas familias no es reciente. Desde el 2012, la corporación municipal aprobó gestionar fondos para reubicar a los afectados por la erosión costera. «Ha sido toda una lucha porque para comprar terrenos para estos fines no hay donante que aporte dinero», se excusó el regidor municipal Leonardo Serrano.
En 2018 la municipalidad determinó orientar 2.15 manzanas que había comprado en 2009 para otro proyecto hacia la idea de reubicación. Serrano aseguró que para el presupuesto de 2019, la corporación aprobó 740 000 lempiras para terminar de rellenar y preparar la lotificación y dijo que el fondo ya fue aprobado y ya está «detectado» el banco donde se pedirá el préstamo. En el terreno hay máquinas emparejando y realizando la limpieza.
Moisés Castro, miembro de la Cruz Roja en Omoa, quien ha sido participante activo en la tarea de reubicación, recuerda que mediante una reunión de la sociedad civil del pueblo, se aprobó que este terreno se destinará a las familias. Y después de casi 10 años de luchas, solicitudes y gestiones, Castro consideró que «ahora hay indicios que pronto tendremos las primeras casas».
El proyecto será financiado por la ONG Cepudo. Esta organización trabaja en Honduras para ayudar a comunidades en extrema pobreza. Para reubicar a las familias de las barras, Cepudo ha gestionado 2 millones de dólares. En el lugar donde se edificarán las viviendas ya hay un albergue para las familias por si tuviesen que abandonar las barras por una inundación.
Un botadero urbano
El sol está ocultándose en la tarde del martes 29 de septiembre. Una mototaxi llega al botadero de basura y un niño se baja y deja un par de bolsas de basura en pleno casco urbano de Omoa, Cortés, que tiene su botadero rodeado de decenas de casas. Es otra amenaza ambiental para el municipio.
«Es un botadero a cielo abierto. Eso técnicamente debe de cerrarse. Ya no puede estar funcionando ahí», nos dice el biólogo Gustavo Cabrera. Asegura que este lugar tiene drenajes y que las sustancias que ahí se producen finalmente llegan al mar.
Un niño carga bolsas de basura hasta el botadero a cielo abierto del municipio de Omoa. Según Edimar Herrera, jefe de la Unidad Municipal de Ambiente, se ha aprobado un proyecto por 60 millones de lempiras para reubicar este botadero que en la actualidad se encuentra ubicado en mitad del casco urbano. El municipio no cuenta con servicio de recolección de deshechos. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
La doctora Karen Sevilla, encargada del centro de Salud en Omoa, dijo a Contracorriente que en las personas que viven en zonas aledañas al botadero de basura las enfermedades dermatológicas son los problemas de salud más frecuentes. En general, en Omoa, antes del COVID-19, los problemas más comunes eran resfriado común, bronquitis y otras afecciones respiratorias.
En la Municipalidad de Omoa nos encontramos a Edimar Herrera, jefe de la Unidad Municipal de Ambiente (UMA), quien aseguró que ya existe un predio para que el pueblo tenga un relleno sanitario. El proyecto ha sido gestionado, a nivel nacional, por el alcalde nacionalista Ricardo Alvarado.
Herrera aseguró que el gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó 60 millones de lempiras para el proyecto, pero no sabe por qué no ha sido ejecutado. El Congreso Nacional aprobó los fondos el año anterior, pero estos no han sido desembolsados. Mientras tanto, el corazón de Omoa es un hervidero que no permite la clasificación de la basura, porque —según el funcionario municipal entrevistado— no hay personal ni presupuesto para hacerlo. Tampoco hay tren de aseo. Hay personas que prestan este servicio en camioncitos o carretas.
Botadero a cielo abierto del municipio de Omoa, el municipio no cuenta con servicio de recolección de deshechos ni con un plan de tratamiento de la basura, aquí se tira y se quema todo en un botadero que está ubicado en mitad del casco urbano. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Este municipio ha sido gobernado prácticamente por el partido Nacional que ha ganado las elecciones municipales en 7 ocasiones, el partido Liberal solo ha obtenido 2 triunfos. El actual alcalde Ricardo Alvarado, de filiación nacionalista, gobierna por tercer período consecutivo. Alvarado ha logrado atender algunas de sus promesas de campaña, aunque tiene una deuda en la parte sanitaria del pueblo, pues no ha conseguido construir el alcantarillado y el relleno sanitario para sacar el botadero del casco urbano.
La gestión de Alvarado en la problemática ambiental del municipio ha sido diligente, según Moisés Castro, presidente de la Cruz Roja, pero no ha encontrado respuestas en el gobierno central, donde «nunca les pararon bola» y al final lo que han logrado es con fondos de oenegés.
La muerte de los ríos
Por una playa de Masca, aldea de Omoa, camina Elena Rodríguez, quien es miembro de la Mesa de Incidencia Contra el Riesgo en el Valle de Sula, ella recuerda los años cuando Omoa era un «paraíso». Los ríos de agua cristalina corrían con libertad para encontrarse con él y se ha afectado varios ecosistemas como efecto de los sedimentos que emanan de las represas.
En Honduras, la matriz de energía ha cambiado desde 1990, cuando todos los generadores eran propiedad del Estado. A esta fecha, el 74 % de las instalaciones son privadas. Al 2018, según estudio realizado por la ENEE, el país producía 2682 Mega watts por hora (MW/h) de energía, el 26 % (705) de la misma era hidráulica. Energía térmica era 32 % (882).
Antes de que aparecieran los racionamientos de energía en 1994, se había dicho que con el potencial de la represa hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón), el país tenía para exportar energía a naciones vecinas. En lugar de lo anterior, en la administración de Carlos Flores Facussé (1998-2001) se firmaron los primeros contratos con generadores privados para que proveyeran de energía a Honduras.
Así llegó en 2006 el primer proyecto hidroeléctrico en el Río Cortecito. Con una capacidad para producir 9.3 MW/h en 2 etapas: Cortecito y San Carlos. El principal inversor de este proyecto fue el empresario Johny Canahuati. Después se inauguró el proyecto Cuyamel en el río del mismo nombre con una capacidad para generar 7.8 megas.
Después llegaron la Represa Hidroeléctrica Chachahuala, sobre el río del mismo nombre y el proyecto hidroeléctrico Los Laureles en el río Malombo, que era una de las principales fuentes de agua de Omoa, en el año 2012, cuando se empezó su construcción. Diario La Prensa recoge declaraciones en ese entonces en las que el alcalde Ricardo Alvarado se quejaba porque el agua llegaba sucia a los pobladores.
El Río Cuyamel, una de las principales fuentes de agua del municipio de Omoa, tiene una concesión aprobada por el Congreso Nacional de Honduras desde el año 2008 a favor de la empresa Generadora Cuyamel, S.A, con una producción estimada de 7.8 megavatios. Omoa, Cortés, 30 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
«Nos instalaron sobre nuestra represa de agua una represa hidroeléctrica, que provocó un efecto enorme, a tal grado que ahora el río es un cadáver», dijo a Contracorriente Junior Madrid, presidente de la Comisión Ambiental de la Sociedad Civil de Omoa. En el departamento de Cortés, hay 10 hidroeléctricas y 4 de ellas están en la jurisdicción de Omoa.
Mediante reforma publicada en 2013 a la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, que había sido publicada en 2007, se exonera del pago de impuesto sobre ventas e impuesto de la renta a las personas naturales o jurídicas que desarrollen proyectos de energía renovable.
Madrid, afirma que cuando llegaron las hidroeléctricas se ofrecieron algunas prebendas a la comunidad, pero que «regalar 100 mochilas no es responsabilidad social, tampoco regalar la pintura para una aula. Eso es mendicidad», sentenció.
De acuerdo a lo dicho por el jefe de la UMA, Edimar Herrera, el pueblo de Omoa no percibe impuestos por la operación de estos proyectos en su jurisdicción. Tampoco tiene energía más barata. Incluso los vecinos sostienen que el servicio de energía se interrumpe de manera constante en el municipio, pues se establecieron estas 4 hidroeléctricas, pero no se mejoró la capacidad de transmisión. Los cables recalientan y el fluido eléctrico no es constante.
«Lo único que han hecho es destruir los ríos. La muerte de peces ahí es increíble cuando cierran las compuertas. Lo que había eran pozas bonitas, ahora son charcos donde hay zanates comiéndose los camarones muertos. Es un desastre», aseguró el biólogo Gustavo Cabrera.
Palma africana en zona de reserva
Los ríos no son los únicos recursos naturales que han sido afectados en Omoa. En decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 28 de junio se declaró área protegida el Parque Nacional Cuyamel Omoa, con un área de 30 031 hectáreas, la zona núcleo, según el decreto está compuesta por 5663 hectáreas y la zona de amortiguamiento está compuesta por 16 223 hectáreas y 8145 de área marina. El parque aún cuenta con 3 ecosistemas que son: humedales, el marino costero y el de montaña. Pero esta área protegida tampoco ha escapado del extractivismo. La zona de amortiguamiento ha perdido miles de hectáreas por la siembra de monocultivos como la palma africana y sus montañas son deforestadas sin supervisión, aseguran defensores del ambiente.
Elena Rodríguez, de la Mesa de Incidencia para la Gestión del Riesgo en el Valle de Sula, recuerda que cuando se inició con la delimitación del parque «fue como darle a los palmeros la oportunidad de destruirnos los humedales.Era una zona tan hermosa. Ahí estaba la Laguna de Jaloa. Ahí usted miraba monos, micos cara blanca, los tucanes y cualquier cantidad de loras. Ahora solo se mira aquella inmensidad de palma», dice.
Junior Madrid resalta que en Omoa se destruyeron humedales pese a que Honduras es firmante del Tratado de Ramsar, creado en 1971 y que protege a estos ecosistemas. Aún así, el gobierno ha entregado licencias a empresas que han sembrado monocultivos en lo que antes eran humedales. «Las concesiones en el Congreso Nacional se han repartido como en una chiveada de pueblo», sostuvo.
En 2019, el área protegida se dividió en el Parque Nacional Omoa y el Refugio de Vida Silvestre Cuyamel. Con esta declaratoria y la concesión a monocultivos el parque ha perdido de 6000 a 7000 hectáreas de la zona en la que inicialmente se creó.
Trabajadores del centro de acopio de Copacal descargan un camión que ha transportado fruta de palma aceitera. Este centro de acopio recibe 250 toneladas diarias, que luego serán transportadas a Ceiba para su procesamiento. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
De acuerdo a cifras en poder del biólogo Gustavo Cabrera, el parque ha perdido unas 3000 hectáreas para el cultivo de palma africana y zacate. En Omoa la principal compradora de palma es la Cooperativa Mixta de Palmas del Caribe (Compacal), que recibe unas 250 toneladas de producto que envían diariamente los palmeros de la zona.
La palma africana ha tenido un impacto fuerte en la fauna de la zona. Así lo revela un estudio realizado en 2015 por el Centro de Conservación Omoa, en el cual se concluye que las población de loras y pericos es casi nula en los sitios cercanos a estas plantaciones. Incluso el biólogo Gustavo Cabrera afirmó que la lora cabeza amarilla está en peligro porque se ha comprobado que estas aves no atraviesan las plantaciones de palma aceitera.
La fauna ha sufrido. En mayo de 2019, en la cuenta de Facebook del Instituto de Conservación Forestal (ICF) se informó sobre una inspección a un predio en el que se realizó un corte ilegal de 142 árboles, en una zona colindante con los terrenos de Compacal. Las áreas afectadas, según el ICF, conformaban un refugio natural de monos.
Vista del bosque en el Parque Nacional Cuyamel, en 2011 el Congreso Nacional emitió el acuerdo número 008-2011 otorgándole 30,031 hectáreas de extensión al Parque Nacional Cuyamel. Según estimaciones de la oenegé Centro de Conservación de Omoa, en la actualidad, el parque ha perdido entre 6 y 7 mil hectáreas producto de los proyectos extractivistas en la zona. Omoa, Cortés, 30 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
En Honduras, la palma ha tenido un crecimiento exponencial. En 2006 se calculaba que ya había unas 89 000 hectáreas de palma en Honduras y en 2018, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, este cultivo ha crecido en más del 100 %, pues hace 2 años ya habían 190 000 hectáreas, según recoge la revista Estrategia y Negocios.
Además, hay indicios de una deforestación descontrolada en la montaña. Sandra Cárdenas (CEM) nos cuenta que en una ocasión una crecida del río Masca llevó consigo trozos de madera, que venían de la parte alta del parque.
En la Municipalidad, Edimar Herrera, jefe de la UMA, afirmó que el ICF emite permisos para talar el bosque, pero no hay supervisión si cortan los árboles contemplados en el permiso. El funcionario consideró que la deforestación es el principal problema ambiental de Omoa.
Doña Elena dice que los habitantes pobres del municipio al observar la impunidad con la que actúan quienes están explotando sus recursos, también toman una sierra para cortar árboles sin ningún pudor. De la explotación irracional de los recursos, considera responsable al gobierno central: «que me manden a matar mañana si quieren, ya viví de balde mucho tiempo», dice con miedo porque criticar el cultivo de palma africana puede ser riesgoso en su comunidad. Entre 2017 y 2019 en Masca, Omoa, ocurrieron 4 asesinatos y 4 ataques directos contra personas conocidas por ser ambientalistas de la zona, según el informe de Tierra de Resistentes. Las víctimas se identificaron como defensores del medioambiente involucrados en luchas por la tierra, en contra de las hidroeléctricas y el cultivo extensivo de palma africana, todas eran garífunas pobladoras de Masca.
Elena Alvarado Salinas de 62 años, líder comunitaria de la comunidad de Masca, retratada en su restaurante a orillas del mar. Omoa, Cortés, 29 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.
Omoa es un retrato pequeño de lo que pasa a gran escala en Honduras, donde los recursos son explotados de forma irracional por las élites de poder. Ríos, bosques y yacimientos minerales son aprovechados sin políticas que favorezcan su conservación.
Los inmensos e innumerables recursos de este poblado no han sido puestos al servicio del bien común. Están en manos privadas con la venia del Estado, a través de sus leyes y su inoperancia. Elena, Júnior, Sandra y Gustavo defienden los recursos de este municipio costero, pero su lucha aún no encuentra eco. «Parece que uno habla solo», dice Elena.
VEA ESTE REPORTE EN VIDEO:
En el contexto de la puesta en marcha de las 2 primeras Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o «ciudades modelo» en Honduras luego de casi 10 años de especulación y letargo, este ensayo ofrece algunas reflexiones sobre cómo y porqué —incluso para quienes hemos investigado de cerca el tema— estos proyectos específicos pueden aparecerse de manera sorpresiva.
Texto: Beth Geglia
Portada: Martín Cálix
En el contexto de la puesta en marcha de las 2 primeras Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o «ciudades modelo» en Honduras luego de casi 10 años de especulación y letargo, este ensayo ofrece algunas reflexiones sobre cómo y porqué —incluso para quienes hemos investigado de cerca el tema— estos proyectos específicos pueden aparecerse de manera sorpresiva.
Al inicio de la pandemia global, ciertos inversionistas anunciaron el lanzamiento de la ZEDE Próspera, ubicada en la isla de Roatán, y últimamente se reveló la ZEDE Morazán en Choloma, así como planes de otro lanzamiento en La Ceiba, al norte del país. Habiendo investigado el proyecto de las ZEDE hondureñas desde el 2014 y de manera más intensa del 2015 al 2017 en Honduras como antropóloga, considero que estas parecen salir de sus madrigueras luego de años de espejos y humo. Quienes hemos investigado las ZEDE en Honduras, sin poder predecir estos proyectos recientes, tenemos la responsabilidad de agregar nuestro testimonio como investigadores a la pila de evidencia sobre qué tan secretivos y antidemocráticos son.
Afortunadamente, en el campo de la antropología el proceso de realizar una etnografía es parte de la etnografía misma. Los silencios y espacios vacíos que dejan las preguntas que no logramos contestar revelan hallazgos adicionales sobre las relaciones de poder.
Del 2014 al 2017 los medios en Honduras reportaron que la primera ZEDE del país sería lanzada en Amapala, la municipalidad más al sur en el Golfo de Fonseca, donde pasé la mayoría del tiempo en investigación de campo. Para muchos hondureños era de conocimiento un mapa publicado en los principales diarios identificando los tres puntos de interés para las ZEDE: Amapala en el sur, Puerto Cortés y Puerto Castilla en la costa norte. El presunto interés de las administraciones de los nacionalistas Porfirio Lobo Sosa (presidente 2010-2014) y Juan Orlando Hernández (presidente 2014 a la actualidad) era construir un «canal seco» que conectara puertos a gran escala en cada uno de estos 3 puntos. Un «canal inter-oceánico» como tal, que competiría con un canal de inversión china a través de Nicaragua, ha sido de interés geopolítico para los Estados Unidos, incluso una fantasía de control colonial antes de la independencia centroamericana. De acuerdo con periódicos como La Prensa y LaTribuna, que parecían regurgitar los comunicados de prensa gubernamentales textualmente, la ZEDE de Amapala siempre estaba a solo meses de lanzarse. Eso duró varios años.
Firmas de Corea del Sur contratadas por la agencia de cooperación surcoreana KOICA llevaron a cabo estudios de factibilidad y completaron un Plan Maestro para la ZEDE del sur en el 2015, en ambos casos los estudios no se hicieron públicos. Los realizadores de los estudios no tuvieron contacto con las comunidades que viven en la Península de Zacate Grande o la Isla del Tigre y se sabía muy poco de su proyecto y sus visitas a la región. Lo que sí fue compartido de este estudio de factibilidad fue que la ZEDE en el departamento sur de Valle tendría 3 puntos: Amapala, donde estaría el puerto; una pequeña parte de Nacaome, donde se ubicaría un centro de estudios agro-industriales; y Alianza, en un sitio en la frontera con El Salvador, el cual sería un centro de almacenamiento y comercio. En una entrevista en septiembre de 2016, Octavio Sánchez, del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) me comentó que habían alrededor de quince memorándums de entendimiento para la ZEDE de Valle firmados por varias empresas, incluyendo estadounidenses y asiáticas. Por supuesto, se me negó mayor información. La supuesta inminencia del proyecto resultó como una distracción tanto para el público como para mí misma.
Sin embargo se sabía de otros planes que circulaban. En el 2011, Future Cities Development liderado por Patri Friedman, fundador del Instituto Seasteading, y la empresa de Michael Strong llamado MKG, firmaron un memorándum de entendimiento con Coalianza, bajo la administración de Lobo, para una ciudad semi-privada. Aunque Friedman declaró en una entrevista que no se había ofrecido un sitio específico para la «city-stead» de Future Cities, los medios hondureños reportaron que el proyecto sería en la municipalidad de Trujillo en la costa norte, un territorio mayormente garifuna afro-indígena que ha sido de gran interés para el desarrollo de las ZEDE. En el 2012 la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia en contra de las reformas constitucionales para las ZEDE (en ese entonces denominadas Regiones Especiales de Desarrollo) poniendo fin al proyecto con Future Cities Development, sin embargo la compra ilegal de tierra por inversionistas canadienses para turismo a gran escala persistió, lo que muchos creyeron que era un sitio de pruebas para una ZEDE futura en Trujillo.
En el 2014, los miembros de la Oficina Presidencial de las ZEDE (compuesta por dos personas en ese entonces, resaltando la falta de capacidad y recursos materiales asignados al proyecto) me contaron que había doce ZEDE en proceso. Luego de preguntar, pude obtener que uno de estos proyectos de interés era una ZEDE de turismo médico en Gracias, Lempira, un proyecto que no ha avanzado en los seis años subsiguientes. Hubo también intentos de instalar una ZEDE en Suyapa, justo afuera de la capital de Tegucigalpa, aparentemente para convertir a la Basílica de la Virgen de Suyapa en un tipo de zona de turismo religioso. La organización comunitaria detuvo exitosamente ese proceso en marcha, y ha permanecido mayormente fuera del radar nacional. En el 2015, la misma oficina me contó que había cuatro grupos de inversionistas elaborando propuestas para ZEDE, pero me negaron información más específica.
Hablé con Guillermo Peña Panting de la organización libertaria Eleutera, quien dijo estar elaborando una ZEDE de diversas industrias, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula o alrededores. Dijo estar en contacto con el gobierno de EE. UU. sobre cuestiones de transparencia, pero nada concreto aún. La razón por la que pedí hablar con Panting fue debido a su presencia en un evento promocionando las ZEDE en San Francisco al que atendí ese verano, co-organizado por el Instituto Seasteading. El Presidente Hernández canceló su participación en ese evento a último minuto. El evento provocó una ruptura pública entre el CAMP en Honduras y los inversionistas tecno libertarios de Silicon Valley quienes habían abanderado las ZEDE como una oportunidad novedosa para experimentar con «ciudades startup» y «ciudades flotantes» autogobernadas. La tensión se basaba en un choque entre la retórica de “mejores prácticas” del CAMP y la de “gobernanza experimental” de estos tanques de pensamiento. A partir de allí no se sabía qué tan probable era la participación de estos grupos de tendencia libertaria en las ZEDE, aunque en una entrevista con Patri Friedman, me dijo que retomaría un proyecto en Honduras si se presentaba la oportunidad.
Hubo cansancio en el país sobre un asunto que parecía estancado y con crisis más apremiantes que atender: la persecución de líderes comunitarios y ambientalistas, acaparamiento de tierras, privatización del sector público, y la evidencia cada vez mayor de enlaces entre altos mandos en la administración de Juan Orlando Hernández y cárteles de la droga. Hernández viajaba periódicamente a la Isla del Tigre en Amapala declarando que «el tiempo del Sur ha llegado», pero nada llegó jamás. La promoción entusiasta jugó un rol tan grande en la producción del imaginario de las ZEDE y la construcción de poder del Estado, que era imposible determinar cuáles declaraciones, si es que alguna, eran ciertas. El gobierno de Honduras negociaba en lo que la antropóloga Anna Tsing llama una «economía de apariencias» y parecía que el esfuerzo para atraer la inversión dependía en el espectáculo y en la pretensión de que este proyecto fallido progresaba.
En 2015 pude obtener copias de los planes para una ZEDE que envolvería dos municipalidades —Trujillo y Santa Fe—, pero sólo porque las obtuve de una fuente anónima. Los estudios fueron conducidos por el arquitecto Dino Rietti a través de Coalianza, la agencia de promoción de alianzas público-privadas del país. Describían una ZEDE de múltiple función de alrededor de 866 kilómetros cuadrados (el área designada variaba en los documentos) y una inversión total de 1 898 850 000 de dólares en las primeras etapas, repleta con una zona de desarrollo de bienes raíces y turismo, una zona marítima, zona de manufactura, zona agrícola industrial, zona de conservación, y el Puerto Castilla que sería concesionado a una compañía llamada BDR. Era un plan de ordenamiento territorial bajo el esquema ZEDE.
Cuando entrevisté a Rietti en la sede de Coalianza, me describió un proyecto de ciudad fantástico una mezcla de la ciudad de Miami con los famosos canales de Venecia, antes de llevarme apresuradamente fuera de su oficina. Las comunidades de Trujillo y Santa Fé han estado en alerta alrededor de la especulación sobre las ZEDE en sus tierras, pero el proyecto nunca se desarrolló.
Supe de un esfuerzo para constituir una ZEDE minera en los departamentos del norte en Olancho, Yoro, y Colón porque pagué 110 dólares —un costo prohibitivo para la mayoría en Honduras— para asistir al Congreso Internacional de Minería en el hotel de lujo Clarion en Tegucigalpa, en julio del 2015. De acuerdo a la presentación, llamada Parque Minero en Olancho, la ZEDE se llamaría Mamucol, por la Mancomunidad Mamucol (la mancomunidad es una alianza de gobiernos municipales) y abarcaría hasta 27 licencias de exploración minera para oro y óxido de hierro, de las cuales un estimado de 4 o 5 serían viables para extracción. Según la presentación, estas 4 o 5 minas duplicarían el producto interno bruto atribuido a la actividad minera. La ZEDE Mamucoy incluiría un distrito de energía en su extremo sur con un proyecto de biomasa en el bosque de Agalta. Finalmente, según mis notas, aproximadamente 10 000 hectáreas de bosque tropical preciado serían plantadas para su exportación, lo que generaría billones de dólares en los siguientes 25 años. Ese proyecto se llamaría Proyecto Agalta y se ubicaría ventajosamente cerca de los puertos tanto de Castilla como de Cortés, en la costa norte.
Rastreé este proyecto hasta Fundemun, una ONG hondureña creada para brindar asistencia técnica en desarrollo a gobiernos municipales. Según un Convenio Interinstitucional firmado en diciembre de 2014, Fundemun recibió 15 millones de lempiras de fondos estatales (alrededor de 615 940 dólares) en el 2014 como asociación público-privada a través de Coalianza. Los fondos fueron apropiados a través de la Orden Ejecutiva #068-2014, en la cual el presidente Hernández creó lo que se llamó el Programa Nacional para el Desarrollo de Empleo e Ingresos en la Energía Comunitaria para una Vida Mejor. Esta Orden Ejecutiva declaró la producción de energía en biomasa un asunto de interés nacional y asignó fondos para que Fundemun ayudara en el desarrollo de este sector.
En una entrevista que agendé con la organización, conocí que Fundemun trabajaba en la parte de energía de biomasa de la propuesta ZEDE discutida en el congreso de minería. En ese entonces en el 2016, trabajaban con el alcalde de San Esteban, Olancho, y la organización estadounidense de caridad HOI para desarrollar una ZEDE que produciría biocombustible del bosque del Valle de Agalta. Un oficial de Fundemun, quien pidió no ser citado con su nombre, me contó que buscaban incluir la ZEDE en un acuerdo entre países para que pasara desapercibida . En ese entonces, me ofreció compartir documentos sobre el proyecto de la ZEDE en el Valle de Agalta solo si firmaba un contrato de confidencialidad, presentándome un abogado y una pila de documentos allí mismo. Elegí no firmar, porque información que no podía publicar me era de poca utilidad y el mantenerla me haría cómplice en las prácticas de secretividad del estado hondureño. Les pedí que me enviaran el acuerdo que querían que firmara para revisarlo con un abogado, pero nunca lo hicieron.
A las personas en Honduras se les niega la información más básica sobre el funcionamiento de su gobierno, y esto permea en todo nivel. En la región del sur, se me dio repetido acceso a documentos de títulos de tierras que habían sido denegados por años a mis interlocutores en comunidades rurales, a pesar de ser documentos públicos. La Ley de secretos oficiales y de clasificación de la información, aprobada en el 2014, ha hecho aún más peligroso para periodistas e investigadores publicar información de interés público, criminalizando la distribución de información clasificada relevante a la «seguridad nacional». Como he explicado, de cierta manera mi privilegio como investigadora internacional me costeó el acceso, mientras en otras ocasiones se me negaba la misma información básica, al igual que a las y los hondureños. sobre un proyecto con tanto en juego para el futuro del país Ciertamente, elegí no entrevistar a algunos de los más altos niveles, tales como Ebal Díaz, quien fue investigado por la DEA al lado del presidente Hernández y su hermano «Tony» Hernández por casos de narcotráfico. Díaz fue uno de los arquitectos de la ley de las ZEDE y miembro del comité de máxima poder de su gobernanza, el CAMP, pero una investigadora tiene la responsabilidad ética de velar por su propia seguridad también.
En 2017, después de un evento de promoción en Tegucigalpa y tan solo semanas antes de una crisis electoral, se reportó que las empresas Energy Transfer, Port Royal, Lacthosa, Emco Group, Lamericom, Dong Ju, Raptor Mining, y Wonder Foods habían escrito cartas de interés en las ZEDE. Pero también parecía que los planes a gran escala para las ZEDE pregonados por el gobierno, tales como el puerto a gran escala en Amapala, tardarían mucho más ya que requerían un mayor nivel de inversión e infraestructura. Era probable que empresas a pequeña escala a cargo de terratenientes y/o tecno-capitalistas, como asentamientos residenciales y turísticos, o zonas industriales existentes sencillamente convertidas a un marco legal ZEDE, serían las primeras ZEDE, si es que alguna lo hacía, en avanzar. Esto es lo que estamos viendo con Roatán y Choloma. Pero es posible que estos proyectos de ser «exitosos» inspiren la confianza de los inversionistas y conlleven a ZEDE más extensas territorialmente. Los materiales de promoción de Próspera identifican a Cuyamel, Puerto Cortés, La Ceiba, Puerto Castilla, y Amalala como posibles sitios para sus próximos emprendimientos.
Del 2016 al 2017 trabajé con una ONG de garantías civiles para presentar solicitudes de información a diversas agencias hondureñas bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una de los objetivos principales que teníamos era conseguir la lista actual de miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), el comité presidencial con la facultad de aprobar nuevas ZEDE. El CAMP que fue ratificado por el Congreso en el 2014 estaba repleto de oficiales estadounidenses de la era Reagan, pensadores libertarios y neoliberales internacionales, y empresarios, pero el CAMP tiene la habilidad de reemplazar sus miembros y llenar sus vacantes sin buscar aprobación del Congreso. En entrevistas, varios oficiales hondureños me dijeron que la composición del CAMP había cambiado significativamente desde el 2014. Cuando pregunté quiénes actualmente servían en la comisión, la respuesta fue siempre que no me podían decir.
Con nuestro acto de libertad de información pretendíamos saber quién fungía actualmente en el CAMP, ver el Plan Maestro para la ZEDE de Valle y saber qué otras ZEDE estaban en consideración, de ser así. No conseguimos la información. Acerca del CAMP, la Casa Presidencial respondió que no manejaban la información al respecto y nos dirigieron a una “Dirección Ejecutiva” de las ZEDE, un ente que no existía en alguna ley del país. Esta no respondió. Solicitamos al Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras contestar una pregunta de alta importancia legal y constitucional para el país: ¿El Comité para la Adopción de Mejores Prácticas y el Secretario Técnico establecido en la Ley Orgánica de las ZEDE son sujetos obligados de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Es decir, ¿este ente se rige bajo la ley nacional del país? Por lo tanto, no fue sorpresivo que el suscrito del acuerdo aprobando las ciudades ZEDE de Próspera y Morazán, Carlos Pineda Pinel, sea un actor desconocido en el proceso. Los hondureños aún no saben exactamente quiénes sirven en este cuerpo que esgrime un tremendo poder para entregar su territorio a inversionistas privados para formar sus propias formas de gobierno.
Cuando las noticias surgieron últimamente sobre la segunda ZEDE en Choloma, y que la propuesta para la ZEDE Próspera en Roatán fue presentada al CAMP por primera vez en 2017, un colega hondureño y yo lamentamos que «es imposible mantenerse delante de las ZEDEs». Pero ese es precisamente el punto.
Este argumento no es para nada sorpresa en Honduras donde se ha visto cómo las administraciones posgolpe han trabajado sistemáticamente para socavar la democracia y la transparencia. De hecho, podría parecer generoso, ya que la secretividad difícilmente es el aspecto más ofensivo del desarrollo de las ZEDE. En los años desde el golpe del 2009, hemos visto un afianzamiento del poder de redes corruptas narco-estatales. Como la Organización Franteral Negra de Honduras (Ofraneh), y la Asociación para el Desarrollo de la Península de, Zacate Grande (Adepza) y muchas otras organizaciones hondureñas han denunciado desde el 2010, las ZEDE nacen a raíz de este acaparamiento de poder y representan una violación al concepto de la soberanía popular para los pueblos de Honduras. Pueden ocasionar el despojo de tierras, como ha sido la tendencia con nuevas zonas económicas especiales y proyectos de «nuevas ciudades» alrededor del mundo. Los artículos 25 y 26 de la Ley de las ZEDE describen cómo las expropiaciones de la tierra deberán tomar lugar, permitiéndole al Estado ejecutar la expropiación para tomar la tierra que se considere necesaria para la zona o la expansión de la misma. Tanto la ZEDE Morazán en Choloma como la ZEDE Próspera en Roatán (así como los planes acá mencionados) chocan de cara con años de declaraciones del gobierno y sus asesores extranjeros de que se iba a dar el permiso para las ZEDE únicamente en territorios no habitados. En los años 2014 al 2017, el gobierno hondureño operó un sitio oficial de las ZEDE que declaraba, contrario a la Ley de las ZEDE, que los inversionistas necesitan ser dueños de sus tierras previo a proponer la ZEDE ante el CAMP. Pero hoy en día las comunidades de Roatán viven en la incertidumbre de una posible expropiación. No fue hasta el 24 de septiembre de 2020, después de la aprobación de Próspera, que se emitió una normativa (Normativa ZEDE 002-2020) acerca de estos artículos opacos en la Ley Orgánica de la ZEDE sobre la expropiación. Ofraneh también denuncia que La ZEDE Próspera no respetó el derecho de las comunidades de Roatán a la consulta libre, previa e informada, un derecho garantizado por el estado de Honduras y reiterado en la misma Ley de las ZEDE.
Aunque representan solo la punta del iceberg, comparto estos detalles de mi proceso investigativo ya que en muchos de los espacios en que circulo —en la academia y en el norte global— muchas de las ideas intrínsecas al modelo de las ZEDE mantienen su atractivo. Irónicamente, el valor de este modelo a menudo se enmarca en términos de «transparencia» o «Estado de derecho», cuando la verdad es lo contrario. Los inversionistas y promotores de las ciudades startup que entrevisté en los Estados Unidos creyeron que sus proyectos no estaban inexorablemente entrelazados con el contexto de la represión y los actos autoritarios de su principal socio de negocios, el gobierno hondureño. Algunos probablemente creen en la idea de que la justificación de la zona recae en su supuesta habilidad, una vez creada, de brindar a Honduras una alternativa a su «estado fallido». Pero declarar que estos proyectos son «más democráticas que la democracia» es infundado e ilógico. Las ZEDE deben ser entendidas como una extensión de la falta de transparencia y las violaciones que las produce.
Cierto día de esta semana estábamos descansando en casa, eran más o menos las ocho y treinta de la noche, había dejado de llover y solo sentíamos el olor a tierra mojada y el aire fresco que quedó después de la lluvia. Rápidamente la calma acabó, escuchamos un par de gritos que venían de la casa del lado, en casa creímos que era un robo o algo parecido. Decidí salir al corredor y percatarme un poco de la situación, ya que imaginamos que alguien podía estar en peligro. Pero entonces lo vi: uno de los vecinos estaba ebrio y agrediendo a su compañera de hogar.
En ese instante pensé en ir y tratar de dialogar con él para que de alguna manera las cosas no pasaran a más, sin embargo había una parte de mí que me lo impedía, ya que pensé que no era buena idea intervenir en asuntos de familia que no me corresponden, y tratar de hacerme «el héroe» no es algo que me agrade tanto que digamos. Finalmente decidí ir porque pensé en que no se trata de jugar a ser el héroe sino sentir un poco de empatía ante estas situaciones.
Salí de casa, no sin antes llamar al 911, para reportar el caso. Estaba nervioso y lo único que se me ocurrió fue acompañarme de mi perro. Al salir, mi sorpresa fue encontrarme con los otros vecinos, que también se acercaron para ver de qué manera podían apoyar a la vecina. En mi barrio nuestras casas están muy cercanas, por lo que al dar un par de pasos ya nos encontrábamos frente al portón presenciando una escena terrible: el hombre le gritaba a su esposa amenazas y palabras soeces. Ella al no tener cómo defenderse, únicamente agachaba su cabeza, como rogando para que esa pesadilla que estaba viviendo terminara.
Supuse desde que colocamos un pie frente al portón de esa casa que lo que venía no sería agradable. Con toda la amabilidad posible, junto con los vecinos, llamamos al señor para que se acercara y platicara con nosotros, obviamente la intención era hacer tiempo mientras la policía aparecía y dejar las cosas en manos de ellos. Estaba ebrio y a juzgar por lo que vi, creo que el alcohol le desinhibe una cantidad desmedida de enojo e ira. Con un poco de nervios, le hice un par de comentarios para que pudiera entablar una plática conmigo, sin embargo no dejaba de gritarle a su esposa y, en honor a la verdad, me animaba a darle un puñetazo, pero hacer eso tampoco era una solución, simplemente reconozco que lo pensé y por un momento creí que era una posibilidad.
En ese tratar de calmarlo y de escuchar sus constantes expresiones denigrantes —también para los que estábamos presentes— el tiempo se fue rápido, o al menos eso imagino, ya que pude divisar luego de un corto rato una patrulla de la policía nacional enviada tras la llamada al 911. Fue un alivio enorme, puesto que ya no teníamos otra estrategia para tratar de disuadir al que ahora había dejado de ser solo «nuestro vecino» y se había convertido en un agresor. La policía se acercó y después de un par de preguntas realizadas por el oficial, procedió a entrar al hogar, llevarse al agresor y decirle a la joven que era necesaria una declaración en contra de él.
Ella después de la agresión le dijo a los oficiales, casi susurrando, que no podía denunciar a su esposo, ya que tenía miedo de una posible represalia y que después de todo él era el padre de sus hijos, agregó que tampoco podía porque después no habría quién llevara comida al hogar.
De alguna manera, yo entendía su posición, entonces decidí buscar mi teléfono y comunicarme con una amiga psicóloga que pensé nos podía ayudar. Me acerqué a ella y le dije: «me gustaría que pudiera hablar con una amiga que se llama Meulin, ella es psicóloga, de mucha confianza, podrá darle un par de consejos sin llegar a señalar o juzgar».
El oficial de policía subió al agresor y se lo llevó a la patrulla quien desde ahí se dirigió a mí con insultos. Antes de irse, el oficial insistió a la vecina que tenía que interponer una denuncia en la jefatura de estación policial. Yo decidí intervenir de nuevo y le dije al oficial que le diera un poco de tiempo para que tomara un poco de aire y que si ella se animaba a denunciar, personalmente la iba acompañar. El oficial se retiró y me dijo que la decisión debía tomarse lo más pronto posible, puesto que no podían tener al hombre detenido tanto tiempo sin muchas pruebas. De manera inmediata pensé y dije entre dientes que la cara de terror de la muchacha era suficiente prueba, pero el sistema de justicia de nuestro país tristemente es así.
Cuando la patrulla se fue, recibí una respuesta de Meulin, mi amiga psicóloga. Ella me sugirió que le comentara a mi vecina que lo ideal, en estos casos, es no tener miedo de denunciar, si así lo desea. También me dijo que a pesar de que las autoridades no tienen un buen manejo, existen organizaciones que pueden ayudar en estos procesos, que en realidad las víctimas no están solas y es importante hacerles ver que no tienen la culpa y que pueden salir de esa problemática que les afecta su salud mental y física porque además estos casos muchas veces suelen terminar en tragedias.
Entendí, en cierto modo la presión que sentía mi vecina, así que decidí irme para que descansara, pero le hice saber lo último que me dijo Meulin: «cuando hay hijos de por medio los más afectados son ellos, ya que cargan con gran responsabilidad ante esta problemática, tienen que ver el sufrimiento de su madre y ellos sufrir maltrato por algo que no comprenden. Muchas veces sienten culpa, lo que genera mucha ansiedad sobre ellos y en un futuro eso seguramente afectará en sus relaciones interpersonales».
Los vecinos y yo nos retiramos del lugar reiterándole nuestro apoyo. Luego de eso Meu y yo, seguimos hablando un poco del tema y me comentó que según los últimos reportes e investigaciones de diferentes oenegés, en este tiempo de pandemia los casos de violencia intrafamiliar y de género han ido en un aumento desproporcionado.
Se han realizado estudios que indican que la población hondureña en un cuarenta por ciento está consumiendo alcohol en este tiempo de confinamiento y que la mayoría de estas causas es la depresión u otros trastornos y el desempleo que genera impotencia. Sin duda es una situación terrible la que las familias están viviendo en medio de la cuarentena y más aún con la precaria situación que se vive en el país, al parecer no salimos de una para entrar en otra.
Meulin me comentaba que las autoridades realmente no están listas para tratar este tipo de situaciones, ya que no actúan como debe ser ante denuncias por este tipo de abusos. Históricamente estos casos han sido mal manejados, incluso los han querido resolver dándoles categoría de simples «peleas maritales», «ya se le pasará al marido, o sólo anda tragueado, no pasa nada». El asunto es que sí pasa algo y es que después de situaciones como estas nace o se refuerza el miedo y la dependencia, surgen las peleas, gritos, ocurre violencia física en la que se involucran a las personas que viven en el hogar, pueden ocurrir muertes o separaciones donde se puede dar hasta la migración por escapar de ese problema.
Días después de lo sucedido, supe que la vecina decidió interponer la denuncia y las autoridades le dieron al agresor una orden de alejamiento y de responsabilidad sobre el cuidado y alimentación de los hijos. Mi vecina retiró la denuncia, sin embargo ahora vive separada del agresor, y gracias a grupos feministas de la zona, tuvo la oportunidad de obtener un empleo y así tratar de reconstruir su vida.
Con mucho ánimo y con la esperanza de llegar hasta Estados Unidos, casi 3000 migrantes salieron de Honduras la semana pasada. No hubo mayor intento por parte del Gobierno de Honduras de frenarles el paso como en las caravanas anteriores. Esta vez fue el Gobierno de Guatemala que respondió con una estrategia de contención y persecución de los migrantes. El muro de Trump por extensión, logró fragmentar y evitar que la caravana llegara a la frontera con México.
«Yo dije que ni loca me iba a ir así, en las caravanas. Pero la situación llegó a un extremo donde ya no sabía qué más hacer. No teníamos otra opción que irnos», dice Telma, un poco fatigada. En una mano carga un cartel «Emigramos para heredar a nuestros hijos un futuro mejor lejos de violencia». Con la otra sostiene con fuerza la mano de su hija de 11 años mientras caminan a la orilla de la carretera en Izabal, en el nororiente de Guatemala.
Es sábado 3 de octubre, el tercer día de la caravana migrante más reciente que salió de San Pedro Sula en Honduras el pasado miércoles 30 de septiembre. Han pasado las tres de la tarde y la temperatura asciende a más de 30 grados centígrados. Telma está agotada. Pasaron la noche en una gasolinera donde apenas durmió y comenzaron a caminar en la madrugada. Su hijo de 7 años se cansó y su papá, Raúl, el esposo de Telma, lo lleva cargado en los hombros. Como miles de personas durante la pandemia, Raúl perdió su trabajo en la fábrica de hilos y mechas donde llevaba tres años. Para agosto, en Honduras se habían perdido 600 mil empleos, según estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Aparte de encargarse de la casa, Telma, de 31 años, se dedicaba a trabajar como estilista en Choloma, departamento de Cortés en el norte de Honduras. Por el miedo a que sus hijos se contagiaran dejó de recibir clientes en la casa, y muchos de ellos, por la misma precaución, tampoco querían recibirla en servicio a domicilio. Ya debían tres meses de alquiler y comenzaron a acumular deudas para pagar sus gastos, incluso para tener comida y agua, que recibieron de vecinos y amigos.
Mujeres y niños, integrantes de la caravana migrante de hondureños, se acercan a la ciudad de Guatemala, luego de 3 días de camino desde San Pedro Sula, Honduras. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
«Nuestros niños necesitan una mejor educación que la que tenemos en Honduras. Arriesgamos nuestra vida constantemente. Un día estaba haciendo un planchado y a dos casas de mi casa, mataron a una persona, así es todo el tiempo. Mis hijos no pueden salir a jugar y uno por el temor no sale ni a la esquina. Vivimos encerrados», dice Telma.
En 2019, Choloma se convirtió en el tercer municipio más violento de Honduras, con 263 homicidios en el año según estadísticas de la Policía Nacional de Honduras, solamente superado por San Pedro Sula en ese mismo departamento con 438 homicidios y por el Distrito Central, Tegucigalpa, con 528 muertes violentas. Y aunque las restricciones por la pandemia incluyeron un toque de queda a nivel nacional, esto no influyó significativamente en la dinámica de violencia dentro del país, los tres departamentos con más homicidios mantuvieron su tendencia y en el país ocurrieron hasta agosto 2199 homicidios.
Entre la violencia diaria y la profundización de la precariedad por pobreza que causaron las restricciones en la pandemia, Telma y su familia optaron por abandonar su país, su gente y su casa, en la que ya debían tres meses de alquiler, para encontrar mejores oportunidades afuera. Delante y detrás de ellos, se extiende una fila de unos 200 connacionales. Sus sombras se alargan en el sol de la tarde. Es el último grupo grande que queda de esta caravana, pero todavía no lo saben. Aún les faltan más de 300 kilómetros para llegar a la frontera El Ceibo en Petén, donde quieren cruzar a México. Uno tras otro pasan los camiones del ejército de Guatemala o las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en dirección opuesta, cargados con migrantes. Se saludan a gritos y porras, unos viendo un futuro posible y otros, una expectativa frustrada.
El último grupo numeroso de la caravana migrante camina en sobre la carretera que conduce a Petén. Izabal, Guatemala.
Cada día y cada kilómetro la caravana se fragmenta más. De las aproximadamente 3 mil personas que salieron de Honduras, más de 2 mil habían sido ya retornadas a la frontera de El Corinto el sábado, según los datos del Instituto Guatemalteco de Migración.
«Lo que más miedo me da es la Migración, que me regresen después del esfuerzo que he hecho» dice Telma. Su grupo continúa, pero cada vez los recesos son más frecuentes. Cualquier lugar que ofrece un poco de sombra alivia los pies cansados.
Un tráiler de transporte pesado frena despacio frente al grupo. El piloto saca medio cuerpo por la ventana. «Oigan hermanos, más adelante hay un retén grande de soldados», grita antes de seguir su ruta hacia el sur.
Un grupo de hondureños camina hacia el departamento de Petén, intentando alcanzar el punto fronterizo de El Ceibo. Izabal, Guatemala.
Los peones de Trump
Como en las caravanas anteriores, esta fue organizada a través de grupos en redes sociales y whatsapp, donde las convocatorias comenzaron a circular desde mediados de septiembre para que personas de diferentes departamentos de Honduras se unieran. El punto de encuentro fue la terminal metropolitana en San Pedro Sula, de donde estaba programada la salida para el 1 de octubre a las 4 de la mañana.
En Guatemala aún no era un tema viral la llegada de una nueva caravana. El 24 de septiembre, el Instituto Guatemalteco de Migración anunció que su director, Guillermo Díaz, se había reunido con los gobernadores de los departamentos de Chiquimula e Izabal, con el objetivo de coordinar un sistema de alerta temprana porque se tenía conocimiento de «que el único fin de estas personas que conforman las caravanas es llegar hacia este país del Norte [Estados Unidos]».
No fue sino hasta la tarde del 1 de octubre, cuando alrededor de 2 mil personas ya habían ingresado a Guatemala, que el Presidente Alejandro Giammattei se pronunció en uno de sus ya comunes y temperamentales mensajes a la nación. Describió la caravana como grupos violentos «que utilizan niños no acompañados, están haciendo escudos humanos con mujeres y ancianos y están vulnerando a nosotros los guatemaltecos».
Como parte de lo que Giammattei calificó como una «estrategia de contención», declaró estado de prevención en los departamentos de El Progreso y Petén, y en los cuatro departamentos que tienen frontera con Honduras, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa e Izabal, con el objetivo de bloquear el ingreso de la caravana. Un muro de soldados y derechos restringidos.
Un fuerte dispositivo militar hizo frente a la caravana de migrantes en la aldea Chocón, Livingston, Izabal, Guatemala.Un fuerte dispositivo militar hizo frente a la caravana de migrantes en la aldea Chocón, Livingston, Izabal, Guatemala.
El mismo día,1 de octubre, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, emitió un comunicado en el que advirtió sanciones penales para las personas que ingresen al país como parte de la caravana por romper los protocolos de salud. El día siguiente, el Gobierno mexicano desplegó un contingente de agentes de la Guardia Nacional a las orillas del río Suchiate, que separa a México de Guatemala, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó en conferencia de prensa que le pareció extraño que surgiera una nueva caravana a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, algo que varios usuarios habían comenzado a opinar también en redes sociales.
En Honduras, la vicecanciller Nelly Jerez dijo a medios de comunicación locales que existían 11 líneas de investigación para determinar responsabilidades a los organizadores de estas caravanas. «Hoy en día nos estamos enfrentando a un fuerte tráfico de personas de cualquier edad, donde por igual tranzan con niños, jóvenes, mujeres y hombres.» Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández, en una conferencia de prensa, se refirió a la caravana aduciendo que «existe un movimiento político que desde ya hace bastante tiempo ha venido promoviendo este tipo de acciones» y aconsejó a los migrantes a no exponerse a los riesgos de la pandemia pero también a las medidas estrictas que han tomado Guatemala, México y Estados Unidos para frenar la migración.
A diferencia de otras caravanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo silencio.
Un joven integrante de la caravana descansa en la carretera, al fondo un fuerte contingente militar les impide el paso. Livingston, Izabal, Guatemala.
Para justificar las medidas contra la caravana, el presidente de Guatemala utilizó la pandemia por COVID-19. Migrar en tiempos de pandemia implica aún más riesgos que los que históricamente han tenido que enfrentar los migrantes. Las condiciones de viaje para los que huyen de la situación en sus países no aseguran acceso a alcohol en gel ni agua para desinfectarse. En el intenso calor, las mascarillas rápidamente se humedecen por el sudor y en los pequeños espacios que se encuentran para el refugio nocturno no es posible la distancia sanitaria entre las personas.
Telma, igual que muchas otras personas de la caravana, dice confiar en Dios y en las oraciones para combatir la COVID-19. Igual como lo ha hecho el presidente Giammattei, que varias veces durante la pandemia ha llamado a jornadas de oración y ayuno.
«No permitiremos que puedan venir personas a violentarnos y a poner en riesgo la seguridad sanitaria que tanto nos ha costado controlar. Si ustedes vieron los resultados del día de hoy de las pruebas de COVID-19, hemos tenido el día más bajo en contaminación y casos positivos. De casi 5 mil pruebas, solo el 14% resultaron positivas. Vamos por buen camino» dijo Giammattei.
Las medidas represivas y la reacción — con tintes xenófobos — de Giammattei ante las personas que formaban parte de la caravana migrante, contrastó con la forma en que celebró hace un mes el aumento de las remesas que envían los guatemaltecos desde Estados Unidos.
Sin caravanas, Guatemala, con su violencia y pobreza crónicas, sigue siendo el país de Centroamérica que expulsa más ciudadanos, tanto adultos como niñas, niños y adolescentes (NNA). Entre el 1 de octubre de 2019 y el 1 de septiembre de 2020, fueron aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos 23 mil 392 adultos, 7 mil 540 NNA no acompañados y 10 mil 392 unidades familiares. En el mismo período, fueron aprehendidos 21 mil 435 adultos, 3 mil 857 NNA y 9 mil 946 unidades familiares de Honduras.
Esta caravana hizo evidente que los países que expulsan a miles de sus ciudadanos con sus precarias condiciones, también los retienen a la fuerza para proteger el interés de Estados Unidos por frenar la migración. Un contradictorio rol que beneficia a ese país del norte pero que deja en el limbo de la desolación a grandes grupos de personas altamente vulnerables.
Un grupo de migrantes hondureños descansa en la aldea Tierra Colorada, de Livingston, Izabal, Guatemala, previo a continuar su viaje en caravana. Izabal, Guatemala.
Escudo de nadie
Mientras tanto, en Zacapa, unas nubes negras alertan desde las montañas la inminente llegada de un aguacero, común en esta época del año. Sentada en la banqueta, en el kilómetro 184 de la carretera que atraviesa Guatemala y conecta el Atlántico con la capital, encontramos a Tanya. Lejos de su casa, pero más lejos aún de su destino, México, donde piensa refugiarse. La madre de 29 años, no es el escudo humano de nadie. Ella decidió unirse a la caravana porque su vida corre peligro ante uno de los fenómenos que atormentan específicamente a las mujeres en el triángulo norte, y que sus gobiernos no han sido capaces de resolver, la trata de personas para la explotación sexual.
Hace dos años, Tanya –cuyo nombre real resguardamos por su seguridad– fue rescatada de una casa cerrada (centros clandestinos de explotación sexual) junto con otras mujeres y adolescentes por las autoridades en Belice. Desesperada por encontrar empleo, había caído en los engaños de una red que prometía trabajo bien remunerado como trabajadora doméstica en ese país. Pero al llegar, Tanya fue encerrada en una casa que funcionaba como bar. Las personas a cargo le explicaron que tenía que pagar su “deuda” con ellos por los costos del viaje y que trabajaría atendiendo a los clientes como mesera, con bailes y servicios sexuales.
Tanya junto a su familia huye de Honduras porque asegura que corre peligro de muerte, porque denunció a una red de trata de personas que la llevaron bajo engaños a trabajar a la fuerza a un bar en Belice. Gualán, Zacapa, Guatemala.
Tanya regresó a Honduras a finales de 2018 y declaró en contra de las personas que formaban parte de la red de trata a cambio de recibir protección como testigo. Una de las personas involucradas fue capturada y sentenciada, pero Tanya asegura que nunca recibió la protección prometida de parte del Estado hondureño. Atemorizada de que alguien de la red de trata buscara venganza, huyó de Honduras con la caravana de enero 2019 y consiguió asilo en México.
Guatemala, Honduras y El Salvador son países de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata de personas. Según el Informe Global sobre Trata de Personas, para el 2018, 80% de las víctimas fueron niñas y mujeres. Especialmente las mujeres de escasos recursos, como Tanya, están en mayor riesgo ante las redes de trata que se aprovechan de la necesidad y la situación de vulnerabilidad de sus víctimas para someterlas a la explotación laboral y sexual.
El caso de Tanya es un ejemplo común de cómo operan estas redes. Reclutan a las víctimas en su país, las trasladan a otro lugar, las aíslan de su entorno y de su círculo familiar. En septiembre, Alex Mairena, investigador de la Dirección Policial de Investigación (DPI), asignado a la Unidad de Delitos Especiales, explicó en entrevista con Contracorriente que «las bandas de trata son internacionales y se interconectan con grupos que operan en otros países». El investigador hizo referencia a un caso, justamente en Belice, donde una mujer logró escapar. Ella denunció y logró no solo rescatar otras siete víctimas, dos de ellas menores de edad, sino también sentenciar a los responsables en Honduras.
A finales de 2019, la mamá de Tanya enfermó. Aunque significaba perder su asilo en México, Tanya decidió regresar a Honduras para cuidarla hasta su muerte unos meses después.
Hace dos meses escuchó el rumor de que uno de los acusados en su caso salió de la cárcel y gente conocida de su comunidad comenzó a comentarle que unas personas andaban preguntando por ella. En medio de la desesperación por sobrevivir durante la pandemia, Tanya revivió el temor, la desesperación y la necesidad urgente de huir. Cuando vio la convocatoria de la caravana, no dudó en unirse.
Mujeres y niños, integrantes de la caravana migrante de hondureños, se acercan a la ciudad de Guatemala, luego de 3 días de camino desde San Pedro Sula, Honduras.
La mayoría de los integrantes en esta caravana buscó llegar a la frontera en Petén, una ruta más corta pero conocida por ser peligrosa, no solo porque está desolada sino también porque es utilizada para el narcotráfico. Otros grupos pequeños y dispersos optaron por ir a la capital, para luego dirigirse a la frontera de Tecún Umán, departamento de San Marcos, la ruta más utilizada en las caravanas anteriores.
Por la seguridad de sus seis hijos, Tanya escogió la ruta larga, a través de la capital. Con su pareja invirtieron más de Q1000 ($124) en pasajes de bus, casi todo el dinero que se llevaron para el viaje, para llegar más rápido a la Ciudad de Guatemala. Se toparon con uno de los múltiples retenes de la Policía Nacional Civil, PNC, para detener la caravana y retornar a sus integrantes. Los agentes de la PNC pidieron la identificación a cada pasajero y uno por uno bajaron a los hondureños migrantes. En total 23 personas.
En esta caravana son menos las personas que han ofrecido jalón a las y los migrantes. Varios de ellos indican que los pilotos de camiones y tráiler tienen miedo de llevarlos, no por la pandemia, sino porque circulaban rumores de que se les podría retirar su licencia o multarlos. Para Tanya, la diferencia en el trato de las autoridades entre esta caravana y la de 2019 ha sido notoria.
«La primera vez que salí en caravana pues nos trataron bien en Guatemala, y en México ni se diga, excelente. Fueron muy atentos, nos dieron de comer y nos ayudaron con ropa también. Aquí pues se sabe que siempre nos tratan de lo peor, en Agua Caliente nos gasearon. Pero esta vez los policías se pasaron. En el bus nos dejaron entender que a empujones y con fuerza nos iban a bajar si no nos movíamos», cuenta Tanya.
En buses de la Policía, y en patrullas, los integrantes de este grupo de la caravana, fueron llevados de regreso a la frontera de Corinto. Livingston, Guatemala.
En el retén de Zacapa, otro bus es revisado por la PNC. Un hondureño más, cabizbajo y con sus sueños rotos, se une al grupo de los retenidos. El Instituto Guatemalteco de Migración y la PNC han insistido en que todos los retornos durante la caravana califican como voluntarios, pues no se les aplicó la prohibición de entrar al país durante dos años, como cuando una persona es expulsada.
Mientras esperan el bus que los lleve de regreso a la frontera El Corinto, un hombre reclama a la policía que no le había devuelto sus documentos de identificación. Visiblemente molesto, un agente le responde que al momento de subir al bus le darían sus documentos. No pierde la oportunidad para aclararle al hondureño, voluntariamente retenido pero sin opción de seguir su camino, de que si hubiera tenido el sello migratorio y una constancia de prueba negativa de COVID-19 podría haber seguido su viaje. «Si usted entra legal a nuestro país, no hay ningún problema, nadie les está negando el ingreso», dijo.
Dayanna solicitó refugio ante las autoridades de migración guatemaltecas.
Ante la llegada masiva de personas, los puestos de control migratorio y de salud en la frontera El Corinto colapsaron. El trámite por cada integrante habría tardado días, tal vez semanas. Varias personas de la caravana comentaron que en el lado de Honduras, las autoridades vendían el hisopado a 600 lempiras ($24). Entre pagar por la prueba o tener dinero para comida en el camino, la mayoría escogió la comida.
Una pareja que optó por pagar la prueba explicó que le dieron el resultado 24 horas después. Aún así, con la constancia y el ticket con sello migratorio, soldados del ejército de Guatemala bajaron a la pareja de un camión que les dio jalón, solo por ser hondureños. Ignoraron por completo los dos documentos. Fue hasta cuando llegó un delegado del Instituto Guatemalteco de Migración que la pareja pudo continuar su viaje hacia Estados Unidos.
El siguiente día, domingo 4 de octubre, Tanya y su familia ya estaban de regreso en su casa. Derrotada, asegura que lo más pronto posible intentarán nuevamente irse del país.
«He pasado tantas cosas que siento que en cada momento van a entrar a sacarme de la casa», expresa Tanya. Tiene miedo. Mucho miedo.
En buses de la Policía, y en patrullas, los integrantes de este grupo de la caravana, fueron llevados de regreso a la frontera de Corinto. Livingston, Guatemala.
El último bastión
El domingo amaneció brumoso luego de otra noche de fuertes lluvias. El grupo de migrantes, con ropa y zapatos aún mojados, ya se había reducido cuando llegó al retén del ejército en la aldea Chocón, kilómetro 312 en San Pedro Cadenas, en Livingston, Izabal. Telma, Raúl y sus hijos no aparecen. En la madrugada llegó la PNC para convencer al grupo de que se rindiera y que se dejara retornar a la frontera. «Más adelante sólo se pondrá más difícil», dijeron.
Aproximadamente 40 personas finalmente decidieron darse por vencidas luego de otra noche complicada. Según Migración, el total de personas retornadas ya sumaba más de 2 mil 900.
La cuarta noche de la caravana, una fuerte lluvia azotó a los migrantes.
Aresly, de 27 años, es firme. Ella no quiere regresar y no se deja asustar por los soldados que en formación de tres filas parecen preparados para enfrentar a una banda de delincuentes en este pequeño pedazo de carretera, entre puestos de reparación de llantas, palmeras y montañas. Tampoco se deja convencer por los intentos de parte de un capitán del ejército que asegura que las condiciones de vida y trabajo en Honduras están bien.
«Yo voy a esperar a que se quiten. Porque no es fácil venir desde allá y solo regresar, tanto que nos ha costado. Y allá no hay nada», dice la mujer que ha cruzado los más de 130 kilómetros en silla de ruedas.
Arely, en silla de ruedas, se unió a la caravana, junto a su hermano y su hijo, ella es madre soltera y viajó porque sufrió un derrame cerebral y dice que en el exterior puede recibir un tratamiento adecuado para recuperar su salud. Izabal, Guatemala.
A los 20 años Aresly sufrió dos derrames. Con ellos perdió la movilidad en sus piernas casi en su totalidad y con ellos su trabajo como recepcionista en un hotel. Desde entonces, ella, su hija de 5 años y su hijo de 11, quien la acompaña, dependen del apoyo económico del hermano de Aresly. Los médicos le dijeron que con la terapia adecuada, lograría volver a caminar. El problema es que no la puede recibir en Honduras, dice.
Su hermano trabajaba como repartidor para una empresa, pero fue despedido por los recortes laborales durante la pandemia. Frustrada por no poder hacer nada, Aresly decidió irse a Estados Unidos para buscar una fundación que la pueda ayudar para volver a caminar y así poder trabajar y proveer para sus dos hijos.
«Ustedes son el último grupo numeroso que se encuentra en esa región», dice Enrique Coronado, subdirector de control migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración, quien llega con un grupo de delegados luego de casi 6 horas de estancamiento en el retén.
Este migrante parece estudiar la ruta a seguir en su camino hacia los Estados Unidos, mientras toma un descanso.
Este mensaje genera decepción en algunas de las personas de la caravana, quienes mantenían la esperanza de que otros grupos grandes aún estaban por llegar. Están solos y por más tiempo que pasa, se agotan y desesperan más. Esta vez la batalla no la ganarían los migrantes.
Cuando finalmente llegaron dos buses grandes para retornar a los migrantes a El Corinto, muchos de los hombres jóvenes que iban adelante, con la adrenalina hasta arriba, fueron de los primeros en hacer fila para subirse. Aresly observa desde la sombra de un árbol en la carretera como se desvanece la caravana, posiblemente la última en mucho tiempo. Aún resiste, pero es demasiado tarde.
«Es demasiado peligroso si nos quedamos aquí solos, y si no hay nadie más a la fuerza nos van a llevar», dice. Los buses ya se fueron, varias patrullas llenas de personas también. Poco después, la PNC la llevó en la parte trasera de un pick-up patrulla de regreso a Honduras.
Aresly regresó a San Pedro Sula triste, por tanto sacrificio y esfuerzo sin el resultado que esperaba. Pero no está derrotada. Al contrario, regresar para ver a su familia pasar hambre solo la hizo más determinada. Volverá a cruzar pronto con su familia, y sin la caravana.
La basura que el río Motagua arrastra desde Guatemala, invade cada año las playas del puerto de Omoa, en Honduras. Toneladas de plástico que han sustituido a los peces, el sustento de las familias empobrecidas que viven entre el acecho del mar y la contaminación. Para el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos del mundo, según el informe La nueva economía de los plásticos del Foro Económico Mundial y la Fundación Ellen MacArthur. En Honduras eso ya se ve en 25 kilómetros de playa en Omoa, este lugar que se han convertido en un botadero que afecta la endeble salud de sus comunidades pesqueras. A los pescadores les falta comida pero les sobra el plástico.
Omoa es un puerto hondureño que ha perdido su esplendor tras el avance agresivo de los proyectos extractivistas y los embates del cambio climático. Luego de la construcción de un rompeolas por parte de la empresa Gas del Caribe y arriba en la montaña con la construcción de hidroeléctricas en las 4 principales fuentes de agua del municipio: los ríos Cuyamel, Cortecito, Chachahuala y Malombo reduciendo la extensión del Parque Nacional Cuyamel, la biodiversidad marina y terrestre se ha visto afectada con sus corredores biológicos interrumpidos. Desde hace más de una década las comunidades pesqueras a la orilla de esta zona del atlántico hondureño han sido las más afectadas: desplazadas y condenadas al hambre.
En las comunidades de la Barra del Río Motagua y Barra del Río Cuyamel —quizá las comunidades más afectadas por el impacto de la erosión costera— viven 74 familias que dependen de la pesca, condicionada cada vez más por la expansión del plástico que procede desde Guatemala, a través del río Motagua. El plástico lo invade todo: las playas, el mar donde pescan estas comunidades, incluso los hogares.
Lesly Martínez y su hija Emily —la mayor de sus 3 hijas— se rebuscan en medio del plástico y los restos de ramas de árboles que el río Motagua ha arrastrado hasta el mar y hasta la playa de su comunidad. Todas las mujeres de la comunidad de la Barra del Río Motagua hacen lo mismo: van a la playa por plástico y trozos de madera que utilizan para encender sus hornillas de barro para poder cocinar sus alimentos sin importar que esto les produzca enfermedades respiratorias y dermatológicas.
Lesly y sus 3 hijas no son originarias de la comunidad de las barras, pero decidieron mudarse hasta aquí porque no tenían dónde vivir. Solo es cuestión de pocos años para que su casa, hecha de madera y levantada en pilones de concreto quede como tantas otras que se ven en esta playa, soterradas por la arena.
Si bien la erosión costera es un proceso natural que reduce las playas y les da nuevas formas por la acción de las olas, las corrientes marinas y los vientos fuertes. Otra de las razones por las que se produce el proceso de erosión de las costas es por la intervención humana: «el dragado, el desmonte de terrenos, extracción de áridos marinos, arena, gas natural, agua y solicitudes de ocupación de terrenos», son algunas de las causas, según el proyecto Coastal Risks Management- Atlantic Stakeholders network (CORIMAT).
Gustavo Cabrera, biólogo de la oenegé Centro de Conservación de Omoa explica que con los rompeolas que Gas del Caribe construyó, lo que sucede es que la playa se recupera del lado derecho y del izquierdo el mar devora todo a su paso. En Omoa hay casas hundidas en la arena y golpeadas con fuerza por el mar.
En relación al problema de la basura en las playas del municipio, el jefe de la Unidad Municipal de Ambiente de la Municipalidad de Omoa, Edimar Herrera, asegura que el gobierno local invierte hasta 40 000 lempiras en la limpieza de los casi 25 kilómetros de playa del municipio, pero en un municipio sin políticas públicas para el tratamiento de los desechos sólidos, esto se suma a la producción local de deshechos en un botadero a cielo abierto en medio del casco urbano, donde la basura se acumula y se quema emanando toneladas de gases de efecto invernadero del que no se tiene control a falta de un estudio que indique el impacto real de la basura en el municipio de Omoa.
El jefe de la Unidad Municipal de Ambiente en Omoa asegura que se ha gestionado con el gobierno central un proyecto por 60 millones de lempiras para la reubicación del botadero y el tratamiento de los deshechos, pero que después de 2 años sigue sin ejecutarse, aunque asegura que el proyecto está aprobado.
Francisco Díaz —presidente del patronato de las comunidades de la Barra del Río Motagua y la Barra del Río Cuyamel— cuenta que con el paso de los años «todo se fue escaseando, el campo de fútbol en el cual jugaba uno chiquito, ahora son lagunas, los peces abundaban, no podía bañarse uno porque se lo comía un tiburón». Ese paraíso a orillas del atlántico en el que este líder comunitario creció ahora es un territorio desolado lleno de basura, enfermedades y sin peces suficientes para la pesca que es la fuente principal de subsistencia de las comunidades de las barras. Francisco, a quien en su comunidad todos conocen como «Chico», explica que en la comunidad ya no se puede sembrar yuca y arroz, que viven de las donaciones. «Nuestro sostén es la pesca, pero le voy a decir que si no fueran instituciones que vienen a donar bolsas de comida nosotros muriéramos de hambre. Aquí ni cosechas podemos pegar porque el agua salada ha contaminado las tierras, no dan frutos», concluye.
Las enfermedades con mayor incidencia en el municipio son el resfriado común, asma, bronquitis, enfermedades dérmicas, diarreas, también las personas que padecen hipertensión y diabetes, según los datos recogidos en el Centro de Salud Dr. Rigoberto Milla. Karen Sevilla, doctora jefa de este centro de salud, cree que los escasos cuadros dermatológicos provenientes de las comunidades de las barras se debe a que «la basura en la playa está lavada con agua del mar».
Omoa se encuentra en el departamento de Cortés, uno de los departamentos que fueron focos de contagio cuando la COVID-19 llegó a Honduras—, en la actualidad, el gobierno hondureño a través de las instancias de comunicación oficial que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) ha habilitado para informar el avance y control de la pandemia en el país, únicamente arroja datos departamentales: el departamento de Cortés registra hasta la noche del 7 de octubre, un total de 24 093 casos (un 29.7 % del registro nacional) de los cuales se contabilizan 789 muertes y 10 332 recuperados. Omoa registró 41 contagios para COVID-19 hasta el mes de junio, según Sinager.
Cada año el municipio de Omoa recibe miles de toneladas de basura, que no se cuantifican a raíz de la falta de un proceso de tratamiento de los desechos. El gobierno local no tiene certeza del impacto de la basura en la salud de las comunidades más pobres del municipio y del impacto medioambiental, aunque el problema es uno que debe resolverse a nivel bilateral entre los gobiernos de Guatemala y el de Honduras: los años pasan, las comunidades de la Barra del Río Motagua y la Barra del Río Cuyamel se siguen hundiendo en la arena a raíz de la erosión costera y la basura se acumula a niveles impensables en las playas del municipio, convirtiendo a Omoa en un enorme botadero sin aparente solución.
Dicen que la juventud es la etapa más bonita, es el tiempo del primer beso, del primer viaje, de salir con amigos, hacer las travesuras del colegio, hacer chistes, hacer el ridículo, experimentar la vida. También es un momento muy decisivo porque es cuando nos encontramos a nosotros mismos, algunos se encuentran a sí mismos en el estudio, otros con su familia y otros nos encontramos gracias al arte. Kelvin Enamorado, Susan Dubon, y Alberto Pineda quisimos encontrarnos en este texto para hablar de Allan Sosa, amigo, soñador, artista que nos arrebató la violencia.
¿Qué pasa en un país donde los jóvenes son asesinados?, tal vez se van antes de encontrarse a sí mismos. Allan estaba en ese proceso justo cuando lo asesinaron. Todos sus conocidos lo definimos como un joven talentoso que ayudaba a otros jóvenes con sus dones, a pesar de tener muchas necesidades. Así lo recordaremos y así queremos que la sociedad entera lo recuerde y no solo como un número más.
***
Soy Alberto Pineda y les voy a contar cómo conocí a Allan:
Allan Sosa fue un joven artista multidisciplinario, líder comunitario, un soñador y un amigo. Tuve el gusto de conocer a Allan, en un viaje que realizamos a Medellín, Colombia, con otras y otros jóvenes de distintos municipios de Honduras. En este viaje conocí a muchas personas y muchas historias que aún llevo conmigo. La de nuestro amigo Allan me llamó mucho la atención, pues era alguien a quien no conocía en ese momento y a simple vista mi percepción era que se trataba de una persona muy distinta al resto y que quizá no lograríamos construir una relación como la que tenía ya con otros amigos.
La primera tarde noche y parte del día siguiente la pasamos en Tegucigalpa, ya que desde allí partiríamos hacia Colombia, hablamos un poco y me dijo que era zanquero, hacía malabares, que podía andar en monociclo y que también bailaba breaking, esto último obviamente me llamó más la atención, ya que yo también bailo breaking, y todo se volvió más interesante y quise saber qué más hacía y cómo lo hacía.
Recuerdo que cuando llegamos a Colombia visitamos la casa de la cultura de Bello, Medellín. Conocimos a muchos artistas: bailarines, pintoras, bandas sinfónicas, un grupo de violinistas conformado por mujeres, grupos de teatro, zanqueros y un hombre que hacía retratos con sus pies. Uno de los zanqueros andaba un par de zancos canguros o saltarines, y Allan estaba emocionado mirándolo y comentando sobre aquellos zancos, ya que nunca había visto unos de ese tipo. El chico que andaba los zancos le preguntó si los quería probar y Allan no dudó en subirse a ellos. Los disfrutó al máximo, tanto que era hora de irnos de ese lugar y Allan seguía subido brincando por todo el lugar. Esto causó mucha emoción en nuestros amigos colombianos al ver su alegría mientras los usaba.
Un día visitamos una de las bibliotecas de Bello, y allí le llevaron un par de zancos a Allan como obsequio. Aún tengo presente su rostro lleno de alegría, se le rodaron las lágrimas de pura felicidad. Esto me conmovió y me hizo pensar rápidamente en el primer día que llegamos a Colombia y nos tocó presentarnos. Allan dijo su nombre, las disciplinas artísticas que realizaba y que esperaba aprender mucho de ellos, pero que también esperaba que ellos aprendieran de él. Era un buen líder y a pesar de su edad era alguien con mucho potencial.
En poco tiempo ya había muchas anécdotas con Allan, era gracioso, hiperactivo y tenía muchas ansias de aprender. Bailamos juntos un par de veces en Colombia y en Comayagua, compartimos momentos que han marcado mi vida de manera positiva.
El 10 de septiembre, me llamaron para informarme sobre la muerte de Allan, que lo asesinaron la noche del miércoles 9 de septiembre. No supe cómo reaccionar pues todos estos recuerdos con él se me vinieron a la mente. Ni siquiera pudimos ir a su velorio porque podía ser riesgoso.
Sentí tanta impotencia por no poder manifestar mis condolencias a su familia y amigos y no poder darle la última despedida. Me da rabia el simple hecho de ser joven en este país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Me enfurece tanto que una vez más la violencia nos quita un joven, nos quita un líder, nos quita un amigo, nos quita otro ser humano.
Me hace pensar en que quizá no estamos haciendo bien las cosas. No estamos trabajando como se debe para parar todo esto. Para las autoridades él pasó a ser una cifra más, un indicador más, una noticia más. Para nosotros sus amigos y amigas, hermanas y hermanos, familiares, conocidos y compañeros, Allan será siempre un joven artista multidisciplinario, líder comunitario, un soñador y un amigo.
***
Soy Susan Dubón, así recuerdo a Allan:
El dolor que ha dejado en quienes lo conocimos es profundo, pensamos todo lo que pudo ser de su vida si tan solo existieran más oportunidades y si esta sociedad y las instituciones del Estado no rechazaran nuestras formas de pronunciarnos ante la exigencia de derechos para seguir haciendo arte.
Con Allan nos acompañamos en procesos institucionales de arte, lo cual fue claudicando poco a poco debido al prejuicio que impera en Choloma, una ciudad estigmatizada por la violencia, ubicada al norte de Honduras. Después de tantos años de poner el pecho para la juventud creyendo en la institucionalidad, tuvimos que salir de allí (o más bien nos sacaron) e intentar hacer nuestras vidas con las herramientas que nos encontrábamos en el camino, nuestra consigna era «El arte salva vidas», y en realidad, cuando estábamos activos y activas las cosas eran diferentes.
Me llena de rabia e impotencia saber que este gobierno no brinda las oportunidades a las y los jóvenes para que podamos avanzar en nuestras vidas y tener acceso a educación de calidad, a un trabajo para mantener nuestra economía estable y sobre todo la oportunidad de poder decir y proponer nuestros proyectos, nacidos de ideas que parten de realidades crudas que se viven en las comunidades invadidas de violencia.
Recuerdo que Allan siempre tenía una voz para motivar y con su presencia en el grupo artístico las cosas se animaban cuando estábamos en circunstancias de caída del grupo. Llevaba la voz cantante y era multidisciplinario, él usaba sus zancos al mismo tiempo que percutía el tamborín para acompañar la comparsa que llegaba a alegrar la comunidad donde íbamos a presentarnos. Allan reflejaba alegría, la transmitía cuando llegaban niños y niñas a ver los zancos hacer su show, eso nadie se lo quitara, toda la felicidad que brindó a las y los demás con su característica simpatía.
Su hermano Jefry fue asesinado dos meses antes que él, es inimaginable el dolor de su madre y sus hermanas. Para nosotros sus amigos resulta insoportable la idea de que se hayan ido siendo jóvenes que no solo trataron de seguir adelante, sino que también se esforzaron para reducir la violencia en la zona, irónicamente su partida fue de la manera más violenta.
Ahora Allan es una estrella que sigue brillando en nuestros corazones, y por siempre su influencia vivirá y su entusiasmo encenderá nuestra fuerza para seguir en los caminos de reivindicar el arte para la comunidad.
Son demasiados recuerdos compartidos y estas palabras son para recordar la vida de Allan, como amigos y como artistas también daremos homenaje haciendo arte, que fue lo que unió nuestras vidas.
Por: Knut Walter y Otto Argueta*
Fotografías: Deiby Yánes
Introducción
Para inicios de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia por COVID-19 fuera la preocupación central del nuevo gobierno de Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei había decretado cinco estados de prevención en diferentes municipios del país con el argumento de enfrentar a grupos criminales y pandilleros dedicados a la extorsión y el narcotráfico. Los estados de prevención no han durado menos de seis días y no pueden, por ley, superar los quince. Se movilizaron miles de miembros de la Policía Nacional y del Ejército en operativos de saturación del espacio público a través de puestos de registro y patrullajes, utilizando equipo móvil terrestre y aéreo. De manera inmediata, el gobierno atribuyó a esos operativos el éxito de haber reducido los homicidios y desarticulado bandas delictivas.
Los estados de prevención reactivaron la participación masiva del Ejército en la seguridad pública que había sido reducida desde 2018. Asimismo, el Ministerio de la Defensa recibió un aumento de 99 millones de quetzales respecto del presupuesto del año anterior, sumando un total de 2627 millones de quetzales para 2020. Fue el ministerio que recibió el mayor aumento presupuestario después del de educación. En sentido contrario, al Ministerio de Salud le redujeron 214 millones de quetzales de su presupuesto para 2020, año de la pandemia.
El debate sobre la función actual del Ejército se centra en los temas de seguridad. Sin embargo, hay poca o nula evidencia —válida, independiente y consistente— sobre la ventaja o desventaja de usar al Ejército en la seguridad pública, aparte del costo que implica para el Estado y el efecto negativo que tiene en la Policía Nacional Civil y en la misma institución militar. No es posible, con la información disponible, atribuir el descenso de los homicidios registrado en los últimos años al despliegue de los militares en el espacio público, mucho menos en unos pocos meses de gobierno.
La pandemia dejó en segundo plano la preocupación sobre la función de los militares en la política gubernamental que se expresa en dos sentidos: uno formal institucional y otro vía la incorporación de exmilitares en el gabinete de gobierno. En Guatemala, hablar de la función militar requiere tomar en consideración el rol que tienen los exmilitares en la política y en las instituciones, en los negocios con el Estado y en muchas de las conocidas mafias —antiguas y nuevas— que, ya se sabe, son el aceite del motor de la política en el país. Ser «exmilitar» en Guatemala significa estar en condición de retiro o de baja, que implica la pérdida del poder de mando administrativo sin perder el poder de mando informal, el que se rige por la antigüedad o el reconocimiento o prestigio. Realmente, un retirado no deja de ser militar nunca, es parte de su identidad y, sobre todo, es parte de la naturaleza corporativa del Ejército el preservar lealtades más allá de ser activo o no en la institución. Es parte de la tradición latinoamericana que el grado militar se conserva por siempre, se antepone al nombre por el resto de la vida del oficial y, con el grado, los privilegios y la subordinación de las generaciones de militares que le siguen.
En el gabinete de Giammattei fueron nombrados algunos militares retirados que ocuparon puestos clave durante importantes momentos del proceso de transición a la democracia. El Ministro de Gobernación, Edgar Godoy, que fue destituido meses después de su nombramiento, fue subdirector de inteligencia militar durante el primer gobierno democrático en la transición, el de Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991); fue también subjefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Serrano Elías (el presidente del «autogolpe» en 1993). También se nombró al general retirado Roy Dedet Casprowitz para el gabinete de seguridad e inteligencia, un militar con trayectoria en diversos partidos políticos y que representa a un sector de extrema derecha de militares en el país.
Guatemala es una sociedad en la que el tema militar produce tensiones, polariza y termina por zanjar posiciones «anti», ya sea antimilitares, como anti civiles. Las heridas que dejó el sangriento conflicto armado siguen abiertas, la justicia transicional ha tenido que enfrentar grandes obstáculos y algunos de los procesos de justicia más importantes son constantemente amenazados hasta con la excusa del COVID-19, como recientemente sucedió con los militares condenados por el caso Molina Theissen.
Profundizar sobre lo sucedido durante el conflicto armado es una necesidad urgente no solamente por el tiempo, que literalmente se acaba para juzgar a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, sino porque sus efectos y su impunidad continúan causándole daño a la sociedad. A pesar de que la mayoría de los militares que hoy forman parte del Ejército no participaron en esas operaciones que dieron lugar a las conocidas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, pesa sobre la institución la sombra de los militares retirados que un día fueron parte de poderosas estructuras criminales y políticas y que tuvieron alta incidencia en las decisiones gubernamentales. Ellos son hoy personas que por su edad vivirán su retiro con impunidad o bien tendrán un proceso judicial que difícilmente llegará a una sentencia mientras los acusados estén aún con vida.
Luego de 34 años de haber iniciado el período democrático y 24 años después de firmados los Acuerdos de Paz, profundizar sobre la función militar en la democracia en Guatemala es necesario porque las alarmas se siguen encendiendo cuando un presidente, civil y electo democráticamente hace alarde del apoyo que encuentra en el Ejército para poder llevar a cabo su gestión y la institución armada no escatima recursos para demostrar su capacidad de cumplir con dicha insinuación. ¿Nos encontramos ante una democracia que, por la debilidad o incapacidad de sus autoridades civiles, no puede escapar de depender de la institución armada? O, más bien, ¿estamos ante un Ejército que, por obligación constitucional o deber patriótico no puede replegarse a los cuarteles y dejar de ser la «muleta» de la gobernabilidad civil?
Esas preguntas implican dos problemas. El primero refiere a una ausencia o escasez de personal calificado para ocupar puestos de dirección o tareas técnicas en el gobierno. Esa ha sido la excusa para que los militares asuman la administración de la seguridad en el país, a veces como asesores o bien a través de su participación directa en operativos conjuntos, fuerzas especiales e inteligencia. El problema se extiende a otras funciones del Estado, por ejemplo, atención a desastres naturales o la protección de proyectos extractivos. Los militares son llamados a cumplir esas tareas por razones de su disciplina, eficiencia e incluso por la poca sustentada fama de no ser corruptos y no inmiscuirse en asuntos de política. Al margen de las diferentes perspectivas sobre esta situación, un hecho concreto es que desde mediados del siglo pasado, la única institución que forma a su personal para administrar el Estado es el Ejército, de ahí su flexibilidad para adaptarse a cumplir las tareas no estrictamente militares, o tareas de apoyo institucional, que se le delegan. Así se instaura un ciclo en que las autoridades demandan tareas no militares al Ejército para lo cual, la institución armada requiere más recursos que, por otro lado, son tomados de las instituciones que deberían cumplir con esas tareas.
El segundo problema es de tipo político, el de una seguidilla de gobiernos que necesitan proyectar una imagen de fuerza en la forma de una alianza con los militares que en ocasiones puede expresarse en declaraciones o medidas de apoyo abierto (como lo ha hecho Giammattei) o bien viceversa, es el Ejército el que rechaza cualquier expresión de oposición al gobierno de turno a cambio de las prebendas que piden (más presupuesto, más nombramientos). El Ejército apoyó a Jimmy Morales públicamente en su cruzada contra la CICIG. En cadena nacional de televisión, rodeado por la cúpula del Ejército en uniforme de combate y con el pabellón nacional de fondo, el presidente Jimmy Morales anunció el 30 de agosto de 2018 que el mandato de la CICIG, que vencía en septiembre de 2019, no sería renovado por su gobierno. Esa acción fue seguida del despliegue de vehículos militares frente a la sede de la CICIG. Es más, Morales dejó asegurado el aumento del presupuesto militar al final de su mandato.
El análisis puede centrarse en el recorrido de una institución altamente corporativa que busca insistentemente justificar su lugar en el Estado y con ello las prerrogativas para sus elementos activos y retirados, o en el de una democracia defectuosa, de élites políticas que durante los últimos 34 años han recurrido a los militares —ambos activos como retirados— para preservar el funcionamiento del Estado. Ambos enfoques son igualmente válidos y sus resultados dependen del momento que se analiza.
La trayectoria del Ejército en relación con la vida política del país ha sido continua pero no lineal. Ha estado marcada por contrastes que van desde la subordinación casi humillante y utilitaria a los dictadores del Estado oligarca de la primera mitad del siglo XX, al empoderamiento legal para incidir en las decisiones gubernamentales durante la década revolucionaria de 1944-1954, pasando después al control total del Estado a través del ejercicio de la violencia extrema durante las décadas contrainsurgentes para luego gestionar la instauración de la democracia y la posterior reforma de la institución en el marco de los acuerdos de paz y volver, con ello, a ampliar su presencia en la vida social y política durante los últimos años. Una trayectoria que requiere tomar en cuenta a gobiernos civiles —igualmente contrastantes—, élites empresariales y una relación cambiante y muchas veces contradictoria con Estados Unidos.
En Guatemala hay períodos en los que se define con relativa claridad la función militar en el Estado y más allá de este, cuando esas funciones se apoyaron en grupos paramilitares ligados al Ejército o en grupos de crimen organizado incrustados en las instituciones. También, durante la instauración de la democracia en 1986, los militares tuvieron un papel claro, tutelar, que permitió que el tránsito de la conducción del Estado a los civiles ocurriera sin poner en riesgo lo logrado a través de la acción bélica del Ejército y se preservaran las prerrogativas institucionales, incluida la impunidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Tuvieron que transcurrir 10 años más para que el conflicto armado terminara, período durante el cual los militares enfrentaron pugnas internas, un quiebre institucional con Serrano Elías y la firma de la paz. Nada de eso puso en peligro a la democracia representativa a causa del rol de los militares en el conflicto armado.
Pero el siguiente período, de 1996 a la actualidad, es el más complejo porque la función de los militares se adaptó para compensar las debilidades de la democracia al punto de ser imprescindibles para la conducción del gobierno, todo esto sin violentar el orden democrático. Durante la primera década de ese período, se sobrepusieron procesos de cambio institucional en el Ejército y en el sistema político en el país. Por un lado, los militares aceptaron los cambios pactados en el Acuerdo de Paz, especialmente en el acuerdo para el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática. Por otro, poco a poco se fueron ampliando sus funciones en la seguridad pública y otros asuntos considerados de seguridad, como los conflictos socioambientales.
Sin embargo, el resultado del referéndum de 1999 fue negativo en tanto que despejó el camino para que el Estado conservara el lugar que constitucionalmente habían ocupado los militares desde 1954. La polarización ideológica de ese momento justificó la continuidad del estatus constitucional de los militares: el Estado continuaba protegido por su institución más fuerte y fiel a los principios conservadores del país. Sin embargo, 20 años después, esas reformas siguen siendo una deuda con la democracia aunque su viabilidad sea cada vez más lejana.
En Guatemala se fortaleció el poder civil, pero uno que a lo largo de siete gobiernos ha demostrado que las mafias y la corrupción no eran exclusivas de los militares de los años ochenta. Si las estructuras que hacen posible el nexo político criminal fueron heredadas de los gobiernos militares, los políticos civiles no solo las han aprovechado, sino que las han defendido, expandido y consolidado. En Guatemala no hay guerra ni amenazas externas, no hay desorden público que no pueda ser controlado por la fuerza policial, el crimen está bien organizado por lo que no hay riesgo de eventos violentos de gran escala, las pandillas (la gran excusa de los gobiernos) podrían controlarse sin necesidad de desplegar fuerza militar —porque eso no funciona y porque es desproporcional al tamaño de la amenaza— y los desastres producidos por fenómenos naturales seguirán ocurriendo porque la infraestructura del país nunca se ha adecuado a la geografía o el clima del país, además de que las pérdidas materiales, en particular las pérdidas de infraestructura, son la mejor excusa para alimentar la corrupción año con año.
El Ejército de Guatemala ha tenido en los últimos 35 años una actitud de tolerancia (más creciente que decreciente) hacia los gobiernos electos y las crisis de gobierno (las de Serrano Elías y Otto Pérez Molina). Por más que los gobiernos civiles han tergiversado la Constitución y las leyes del país, los militares no han saltado a tomar el poder vía golpes de Estado. La función de garantes últimos del orden constitucional que se les delegó desde 1945 parece hoy —por suerte— no ser lo que le da sentido a la institución militar aunque así lo diga la misma Constitución. Los últimos tres presidentes del país parecen sentirse cómodos con la compañía de los militares, a pesar del costo que eso ha tenido para la institución (dos ministros en prisión investigados por actos de corrupción).
Para los militares, las tareas de apoyo institucional —las que no son rigurosamente militares— siempre implican riesgo debido a la desproporcionalidad de sus capacidades de fuerza y porque pesa sobre la institución actual la sombra de su historia de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué seguir así? ¿Por obligación constitucional? ¿Por inercia corporativa, por responsabilidad —motu proprio o por ser el socio confiable de USA— ante la incompetencia de los gobiernos civiles? ¿Hasta dónde puede avanzar una democracia cargando el peso de la institución militar? ¿Hasta dónde el Ejército podrá justificar su naturaleza militar si se dedica cada vez más a tareas no estrictamente militares? ¿Cuál es el Ejército idóneo para una democracia o es este acaso el Ejército idóneo para esta democracia?
Trayectoria de la función política de los militares
Guatemala es uno de los países en los que la institución armada ha tenido más peso en la estructuración del sistema político y de las relaciones sociales. Los militares construyeron Estado. Un recuento de los 173 años de vida republicana (1847-2020) demuestra que a la democracia le hace falta mucho tiempo para superar los años que el país ha sido gobernado por mandatarios militares de alta o retirados, ya sea electos o de facto.
Las instituciones son el resultado de largos procesos de cambio, continuidad, adaptación y en algunos casos, ruptura. Cuando se refiere a las trayectorias de las instituciones para explicar el estado actual de una de ellas, se parte del principio de que los individuos deciden de acuerdo a sus intereses dentro de los límites de las normas, costumbres y símbolos que constituyen una institución. A veces eso se expresa de manera formal, es decir, por escrito y legislado y otras veces sucede de manera informal, sin estar escrito pero igual de válido, conocido y sancionado. Incluso para transgredir la normativa de una institución se necesita de otra, a veces informal como los pactos políticos-criminales.
Las trayectorias ejercen en las instituciones actuales el efecto acumulado de sus cambios y en algunas ocasiones, de su falta de cambio, sus continuidades. En Guatemala, los militares tienen una institución formal, antigua y robusta, normada desde un alto nivel constitucional pero, también, esa misma institución funciona a partir de un complejo conjunto de normas informales, de tradiciones y códigos que garantizan lealtad, secretismo, disciplina y, en muchos casos, impunidad.
El conteo de meses y años no explica por sí solo los procesos de cambio institucional, pero sí ayuda a ilustrar el peso y efecto acumulado que produce la continuidad y sus rupturas. De marzo de 1847, año de la fundación de la república de Guatemala, a marzo de 2020 hay 2076 meses (173 años). El 62.4 % de esos meses, equivalentes a 108 años de vida política y administrativa del Estado, ha estado conducido por militares. Se incluye en este conteo a Miguel Ydígoras Fuentes y a Otto Pérez Molina, ambos militares retirados que llegaron a la presidencia mediante elecciones pero que no terminaron su período de gobierno. Ahora bien, un 38 % de esos 173 años, equivalente a 65.8 años, corresponde a administraciones civiles, entre las que se incluye la más larga dictadura de Guatemala, la de Manuel Estrada Cabrera que abarcó 22 de esos años y que demuestra que no hay una necesaria correlación entre autoritarismo y gobierno militar. El período democrático que ahora vivimos, instaurado en 1986, suma 30.5 años excluyendo, como se dijo, los casi 4 años de Otto Pérez Molina, lo cual demuestra que un gobierno conducido por un militar retirado no significa devolver el poder al Ejército aunque sí le permite aprovecharse del poder simbólico que implica ser «exmilitar» en Guatemala y del acceso a redes corruptas que eso posibilita. Ese período equivale al 46.45 % del total de meses que los civiles han tenido el control del Estado y equivale solamente al 17.7 % del tiempo total de vida republicana.
La democracia no se mide solamente por su duración sino también por su calidad, por su profundidad y lo fuerte de sus instituciones. Lo que las trayectorias de las instituciones permiten entrever en el caso de los militares en Guatemala, es que el Ejército ha sido una institución que ha incidido directa o indirectamente en los cambios de la forma del Estado. Pero el Ejército de Guatemala ha sido, y seguramente es, una institución con profundas contradicciones internas que se manifiestan en posiciones que a veces respaldan la democracia y luego la destruyen, o que delegan el control del Estado a civiles y luego lo asumen —o lo arrebatan— para caer en los extremos y luego reconstruir lo destruido por ella misma.
Los momentos que evidencian esos giros en la trayectoria de la institución demuestran también que el Ejército es una institución que responde a la presión de agentes externos, pero relacionados e interesados con la institución. Ya sean empresarios y políticos, el crimen organizado, los Estados Unidos o presidentes civiles electos democráticamente, todos de una forma u otra, han buscado balancear la competencia por el poder del Estado —o los negocios con o gracias al Estado— a través de alguna influencia sobre el Ejército o un allegado militar retirado. Esta tendencia a recurrir al «amigo» militar o exmilitar es característica de Guatemala. Desde un partido político, una empresa o una familia, siempre hay alguien que dirá algo parecido a «yo tengo un conocido militar que puede resolver eso».
La trayectoria del ejército ha cambiado al punto de estar hoy en una situación que podría ser parecida a la que hubo durante la primera mitad del siglo XX cuando los dictadores usaron a los militares a su antojo. Hoy son presidentes civiles los que ordenan el uso de los militares de acuerdo a las necesidades de su gobierno. Por su parte, el Ejército ahora defiende intereses de tipo corporativo, que benefician a la institución, a los que fueron parte de ella y a los que algún día serán los militares retirados del futuro.
Las siguientes páginas presentan un recorrido por los momentos en que la institución dio golpes de timón, con los cuales cambió el rumbo del país y de la institución misma. Esos momentos demuestran cómo el Ejército ha construido y destruido para luego volver a construir, pero siempre preservando la integridad constitucional de la institución, su última y más valiosa garantía en un país convulso. Al Ejército le toca ser una de las principales muletas de la democracia que esa misma institución instauró y de la cual se hizo imprescindible, tal vez a costa de su propia integridad.
De la subordinación al empoderamiento
La presencia y participación de soldados en la toma y conservación del poder político en Guatemala se remonta prácticamente a los inicios de la república en el siglo XIX. El más importante jefe de estado de Guatemala en esos tiempos, Rafael Carrera, llegó al poder por la vía de las armas en 1844, derrotó a sus enemigos en el campo de batalla y amenazó con violencia a sus opositores. Murió en 1865 cuando todavía ocupaba el cargo de presidente de la república. Durante los años restantes del siglo, la fuerza de las armas siguió siendo fundamental para ejercer el poder político en ausencia de una institucionalidad y una base material suficientemente abundante como para sufragar los gastos asociados con el mantenimiento de un estado fuerte, incluyendo un ejército profesional. En consecuencia, la fuerza militar siempre estuvo asociada con la lealtad hacia un individuo determinado, el llamado caudillo, el hombre fuerte a quien todos recurrían en su carácter de «el señor presidente». Carrera fue uno de ellos, al igual que Justo Rufino Barrios (presidente durante 1873-1885) y José María Reina Barrios (presidente durante 1892-1898).
Todos ellos ostentaron un grado militar aunque ninguno se había formado como oficial de milicia. Por eso no debería causar sorpresa que el caudillo-presidente más longevo de todos, el abogado Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), nunca se haya presentado en galas militares aunque fue tan caudillo como sus predecesores uniformados. Lo que había cambiado cuando Estrada Cabrera llegó al poder fue la creciente y determinante presencia del capital extranjero en el país, especialmente el de la empresa bananera United Fruit Company y sus grandes fincas en la costa del Atlántico de Guatemala junto a una red de vías férreas para transportar la fruta y un puerto especializado para embarcarla. La presencia de la empresa se volvió todavía más importante cuando esta terminó de construir y operar el ferrocarril desde la capital al Atlántico que el país tanto necesitaba para exportar su café a los mercados en el norte. El presidente Estrada envió soldados en varias oportunidades a la costa Atlántica para suprimir huelgas de obreros en las plantaciones y el puerto cuando los cuerpos de seguridad de los enclaves de la empresa bananera se vieron abrumados.
Por lo demás, el control social en el resto del país quedó esencialmente en manos de los grandes intereses agrarios, especialmente cafetaleros, quienes amparados por diversas leyes de control de la mano de obra, organizaban la fuerza de trabajo necesaria en las explotaciones agrícolas con ayuda del Ejército. A su vez, los líderes indígenas tradicionales se encargaban del gobierno de sus comunidades, que todavía constituían una gran mayoría de la población del país. No había necesidad de un ejército grande para el país a pesar de que se hicieron varios intentos durante el gobierno de Estrada Cabrera por establecer un sistema de reclutamiento, incluyendo a la población de varones indígenas, sin mayores resultados. Más bien, al gobierno de Estrada Cabrera se le recuerda por el uso frecuente de policías secretos para perseguir, intimidar y eliminar a sus enemigos políticos que se encontraban más que nada en los principales centros urbanos del país.
La caída de Estrada Cabrera en abril de 1920, después de varios días de agitación y represión, abrió las puertas para que generales del ejército se hicieran cargo de la presidencia (intercalados por algunos episodios breves de gobernantes civiles): José María Orellana (1921-1926), Lázaro Chacón González (1926-1931) y finalmente Jorge Ubico (1931-1944). Ninguno de estos generales había recibido una formación militar completa sino que fueron incorporados al ejército por conveniencia del presidente Estrada Cabrera, bajo quien todos tuvieron algún cargo en su gobierno. Por lo tanto, el paso de éstos por la presidencia no supuso cambio alguno en las principales políticas de estado y en la relación servicial hacia las empresas de propiedad extranjera, a las que se le sumaron otras en las áreas de generación eléctrica y telefonía. Es más, la crisis económica que afectó al país después de 1929 fue enfrentada principalmente por un incremento de las medidas represivas, al igual que en los demás países del norte de Centroamérica. El levantamiento indígena-campesino en enero de 1932 en El Salvador tuvo un impacto especialmente fuerte en los sectores dominantes de Guatemala, por el miedo que les provocaba la población indígena de su propio país, muy superior a la de cualquier otro centroamericano.
Si bien Estrada Cabrera y Jorge Ubico fueron dictadores que militarizaron la dirección de la gestión pública, eso no significó el fortalecimiento de la institución armada como tal. Los grados militares eran otorgados por designio del dictador de turno a civiles allegados que ejercían autoridad territorial, constituyéndose así en jefes políticos y comandantes de armas al mismo tiempo. Eso hacía posible el control político, incluyendo la represión cuando era necesaria. También les permitía incursionar en negocios que tenían el único objetivo de generarles riqueza y preservar la lealtad al dictador, tales como la adquisición de tierras y el control del contrabando. La función militar estaba subordinada a una estructura de poder dictatorial, personalista, caudillista y autoritaria, ejemplificada vivamente por las giras de inspección del general Ubico a ciudades y pueblos del interior del país donde impartía bendiciones y regaños a funcionarios y pobladores por igual.
Pero a la par del continuismo político heredado de los 22 años de gobierno de Estrada Cabrera, se estaban formando en la academia militar de Guatemala —la que terminó llamándose Escuela Politécnica— varias generaciones de oficiales profesionales quienes llegaron a cuestionar y rechazar las grandes desigualdades e injusticias sociales de Guatemala y de un sistema político que estaba reñido cada vez más con las corrientes políticas democráticas del mundo occidental, especialmente cuando la Segunda Guerra Mundial colocó a Guatemala a la par de las potencias que luchaban contra el fascismo totalitario. Esta «concientización» de los militares jóvenes eventualmente los llevó a declararse en abierta rebeldía frente a los oficiales de mayor gradación y a identificarse con un nuevo proyecto político para su país.
Fue precisamente a raíz de la revolución que se inició con el derrocamiento cívico-militar de Ubico en julio de 1944 que se produjeron los cambios más importantes que ha tenido la institución militar. Fue en la década de 1944-1954, revolucionaria y democrática, que el Ejército se incorporó a la política como una institución autónoma y profesional. Los militares descubrieron que tenían capacidades para tomar decisiones políticas dentro del Estado y desarrollaron la institucionalidad necesaria para hacerlo de forma legal y legítima. También ocuparon puestos en otras instituciones diferentes a la militar y hasta tuvieron diputados en el Congreso de la República.
El triunvirato revolucionario, que llegó al poder tras la destitución de los últimos herederos políticos de Ubico en octubre de 1944, estuvo integrado por un empresario civil y dos militares que representaban sectores diferentes del ejército (oficiales de escuela y de línea). Si bien es cierto que los militares tuvieron buena parte del mérito de haber derrocado al dictador e iniciado el proceso revolucionario, accedieron a que el primer gobierno de la revolución fuera encabezado por un civil luego de haber pactado una serie de condiciones en beneficio de la institución militar. Esas condiciones incluyeron la creación de una institucionalidad que garantizara la autonomía política al Ejército para reducir el riesgo de manipulación por parte de un caudillo. También exigieron ciertas medidas para asegurar la profesionalización del Ejército, incluyendo la nivelación de los oficiales de línea en la Escuela Politécnica. El Ejército también adquirió la potestad de fiscalizar las decisiones del gobierno, del presidente y sus ministros, como una institución separada políticamente del Ejecutivo, con autonomía de mando y de misión. El Consejo Superior de la Defensa Nacional, una de las instancias que se crearon bajo el liderazgo del coronel Francisco Javier Arana, tuvo más poder que incluso del Ministro de la Defensa, cargo que ocupó el coronel Jacobo Arbenz durante el gobierno de Juan José Arévalo (1945-1951).
Además del Consejo y del Ministerio de la Defensa, se creó la Jefatura de las Fuerzas Armadas, dependiente del Congreso y encargada entre otras cosas de nombrar a los miembros del Consejo. Esas tres instituciones cerraron el círculo de la autonomía política del Ejército pero también se convirtieron en fuente de pugnas políticas por el control del Estado. Es así que el primer gobierno de la revolución bajo el presidente Arévalo tuvo que sortear varios intentos de golpe de estado y el asesinato del mismo coronel Arana en 1948, que despejó la competencia electoral a favor de Arbenz, quien al asumir la presidencia en 1951 representó de forma unificada los intereses de la institución armada, al menos en apariencia.
El ideario de defensa del Estado que aún hoy define la naturaleza del Ejército se implantó durante el período revolucionario. El Ejército tuvo la misión de vigilar el proceso democrático y el cumplimiento de las leyes por parte de los políticos. La injerencia en asuntos gubernamentales no era intromisión, pues estaba legislada y legitimada por la Constitución de 1945. Pero el Ejército era autónomo en tanto que el gobierno no podía incidir en sus operaciones y procedimientos. Bernardo Arévalo de León, autor del estudio Estado violento y Ejército político, argumenta que esas ventajas institucionales no fueron suficientes para asegurar la lealtad absoluta del Ejército a la Revolución. Durante los gobiernos revolucionarios, se intentó comprar la lealtad del Ejército a través de aumentos de sueldos, asignación de altos puestos dentro de la administración pública y becas al extranjero. Fue también en esos años que se descubrió que la carrera militar era una efectiva opción de movilidad social para familias de estrato medio y bajo.
La institución dirimió un buen número de sus conflictos internos a través de la marginación de oficiales inconformes, muchos de ellos provenientes de los tiempos de Ubico. Otros aseguraron su posición a través de la amistad y la confianza. El Ejército de la Revolución en efecto revolucionó la institución, no necesariamente por un compromiso ideológico o respeto al orden constitucional, sino por las ventajas de crear y fortalecer un interés corporativo que marcaría a la institución armada por el resto de su historia.
Fue también en esos años que el Ejército tomó decisiones institucionales determinantes para el destino político del país. El retiro del apoyo del Ejército a Arbenz, cuando arreciaron las múltiples presiones internas y externas a la institución en 1954, evidenció la ausencia de unidad política entre la oficialidad. A nivel interno, oficiales jóvenes, identificados con los objetivos del gobierno de Arbenz, se mostraron inconformes con la presencia continua de oficiales antiguos, algunos de filiación ubiquista, quienes a su vez vieron con recelo la cercanía de miembros del partido comunista con el presidente Arbenz.
Cuando se conoció que unas columnas contrarrevolucionarias al mando del coronel Carlos Castillo Armas habían entrado a territorio guatemalteco desde Honduras, el Ejército se dividió entre los que vieron como una deshonra la participación de oficiales guatemaltecos en un ejército de mercenarios apoyados por civiles anticomunistas radicales y por el gobierno de Estados Unidos y los que, temerosos de ser superados militarmente por los aviones piloteados por estadounidenses que atacaron la capital, decidieron no actuar ni permitir que otros actuaran en defensa de la soberanía nacional. Desde el exterior, civiles anticomunistas y los Estados Unidos presionaron a miembros de la oficialidad para que intercedieran en favor de la contrarrevolución. El Ejército finalmente cedió a las presiones externas y las pugnas internas y decidió no apoyar al gobierno de Arbenz, el cual fue derrocado en junio de 1954.
Los acontecimientos que terminaron con el experimento revolucionario han sido estudiados extensamente en toda su variedad y complejidad. En lo que se refiere al Ejército, la revolución le permitió introducirse en el mundo de la política y de la administración del Estado, y tomó decisiones que tuvieron grandes costos institucionales y políticos para el país. Se puede afirmar que los militares fueron parte de la creación de la democracia y a la vez de su destrucción, pero también los mandos del Ejército tomaron decisiones que dividieron a la institución e introdujeron al país en una espiral de conflictos que no se pudo resolver del todo sino décadas después. Si bien es cierto que el Ejército no fue el único responsable de los acontecimientos de 1954, sí cayó sobre la institución la responsabilidad de estabilizar al país luego de dicha crisis. La siguiente década fue, otra vez, un período de reestructuración de la institución militar y hasta asesinato de militares inconformes, a lo que se agregaron el nacimiento de guerrillas integradas por militares rebeldes, la injerencia directa de Estados Unidos, y una crisis social acompañada por represión política intensa.
Miembros del ejército durante un operativo para frenar la caravana migrante en la aldea Chocón, Livingston, Izabal, Guatemala. Foto Deiby Yanes 4 de octubre de 2020.
De la crisis al control del Estado
El problema inmediato con el cual se enfrentó el Ejército de Guatemala a raíz del derrocamiento del gobierno de Arbenz y la instauración de la presidencia del coronel Carlos Castillo Armas de signo ideológico y político marcadamente opuesto, se resumió en el papel que jugaría dentro del nuevo esquema de poder que comenzó a tomar forma en el país. Castillo Armas había asumido la presidencia de facto del gobierno en septiembre de 1954 después de sofocar una rebelión de cadetes de la Escuela Politécnica y fue confirmado por un plebiscito el mes siguiente cuando se le preguntó a los votantes si estaban de acuerdo con que ocupara la presidencia hasta 1960. En un clima de fuerte represión, más del 99 % de los votantes se mostró de acuerdo. También fue electa una asamblea constituyente que habría de sustituir la Constitución de 1945, la cual ya había sido abrogada por Castillo Armas junto con los principales logros de los gobiernos revolucionarios, incluyendo la reforma agraria, los sindicatos obreros y todos los partidos políticos.
Como era de esperarse, la Constitución de 1956 reflejó la orientación anticomunista del gobierno de Castillo Armas. En lo político, solamente permitió la existencia de partidos políticos «que se normen por los principios democráticos» y prohibió «la organización o funcionamiento de todas aquellas entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario». En su articulado económico y social, se identificó con la libertad de empresa, la armonía entre trabajadores y patronos bajo la tutela del Estado y la propiedad privada de las tierras de vocación agrícola. Con referencia al Ejército, abolió las instancias intermedias que le habían otorgado un rol prominente bajo los gobiernos de Arévalo y Arbenz como fueron la de jefe de las Fuerzas Armadas y el Consejo Superior de la Defensa Nacional y concentró la dirección del Ejército en manos del presidente de la república en su carácter de comandante general del Ejército. También subrayó el carácter apolítico de la institución militar: «El Ejército es obediente y no deliberante, y sus miembros están en la obligación de mantenerlo como una institución profesional digna y esencialmente apolítica», a lo cual agregó que «la fuerza armada no puede deliberar ni ejercer los derechos de petición ni de sufragio». Esta constitución preservó los artículos de la de 1945 que asignaban al Ejército la garantía de la seguridad interior así como la potestad del Ejecutivo de llamar al Ejército para apoyar tareas que no eran estrictamente militares como obras de comunicación, reforestación e incremento de la producción agrícola.
El gobierno de Castillo Armas pudo prohibir que los simpatizantes de la revolución siguieran actuando abiertamente pero no pudo suprimirlos, a pesar de que centenares de sus figuras más destacadas fueron obligadas a exiliarse sin posibilidad de volver sino después de 5 años según disposición constitucional. El mismo Castillo Armas fue asesinado en 1957, lo que obligó a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 1960. La mayoría de partidos políticos que se organizaron e inscribieron a tal efecto se identificaban con variadas tendencias políticas de derecha, incluyendo resabios del régimen de Ubico así como aquellas de una derecha anticomunista radical más reciente, como el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Pero también se creó en 1957 el Partido Revolucionario (PR), conformado por simpatizantes de los gobiernos de Arévalo y Arbenz a quienes se les permitió legalizarse. El ímpetu contrarrevolucionario se estaba perdiendo en la medida que proliferaban los partidos en contienda.
Después de varios retrasos y confusiones, las elecciones se realizaron en enero de 1958, las cuales fueron ganadas por el general Miguel Ydígoras Fuentes, uno de los jefes políticos de Ubico quien le otorgó el grado de general del Ejército. Fue también uno de los principales opositores de Arévalo y estuvo vinculado a los múltiples intentos de golpe de estado durante ese período. Entre otros puestos, fue agregado militar en Washington y embajador en Londres. Se puede equiparar a Ydígoras con los militares retirados que después incursionaron en la política, como Otto Pérez Molina en 2012.
Con independencia de sus planes de gobierno, el presidente Ydígoras tuvo que enfrentarse a situaciones que se derivaron del triunfo de la revolución cubana de enero de 1959. Ydígoras autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de Estados Unidos para que utilizara territorio guatemalteco para entrenar a cubanos exiliados que se estaban preparando para invadir Cuba y derrocar al gobierno de Fidel Castro. Un alzamiento de oficiales jóvenes que se oponían al uso del territorio nacional para entrenar a fuerzas militares extranjeras terminó en fracaso pero sentó las bases de acciones de guerrillas en el oriente del país y puso en evidencia la inconformidad de oficiales formados durante la Revolución del 44 respecto de la conducción política del Ejército y del gobierno en general.
Para el Ejército, la guerrilla como medio para la toma del poder significó un reto adicional que se combinaba con la limitada apertura política que se estaba dando bajo el presidente Ydígoras. También debió tomar en cuenta la presión que ejercía Estados Unidos bajo el programa de la Alianza para el Progreso para que se impulsaran reformas sociales y económicas que le quitaran banderas a los grupos políticos que pretendían imitar la experiencia revolucionaria de Cuba. Pero lo que llevó al extremo las presiones sobre el Ejército fue la posibilidad de que en las elecciones presidenciales programadas para 1963 pudiera resultar electo el expresidente Juan José Arévalo, de momento exiliado en México, a cuya candidatura no se oponía el presidente Ydígoras. Esas presiones no solo provenían de las filas de la institución armada sino también de políticos anticomunistas y de empresarios recién agrupados en el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), además, por supuesto de los Estados Unidos, cuya preocupación, más que una insurrección popular poco probable, era una división en las filas del Ejército que recién en 1960 habían protagonizado un alzamiento.
Ydígoras se negó a evitar el ingreso de Arévalo al país lo que hizo inevitable el golpe de Estado en su contra a finales marzo de 1963 bajo el liderazgo del coronel Enrique Peralta Azurdia, hasta entonces ministro de defensa. El coronel Peralta Azurdia asumió el título de jefe del gobierno, para proceder después a disolver la Corte Suprema de Justicia y el Congreso y abolir la constitución de 1956. También suprimió con violencia a todos aquellos identificados con los gobiernos revolucionarios y con los pequeños grupos guerrilleros que se mantenían activos en el noreste del país. Para legitimar el nuevo orden político, convocó a una asamblea constituyente. La constitución de 1965, la tercera en 20 años, repitió el articulado de prohibición de partidos o agrupaciones de tendencia comunista pero contempló la realización de proyectos de reforma agraria y expropiación de tierras con miras a que el campesinado no se sintiera atraído por los ofrecimientos de la izquierda en armas. Esa constitución también suprimió todos los artículos relacionados con la Policía y otorgó al Ejército el control absoluto de las funciones de seguridad.
Bajo la nueva constitución, se convocó a elecciones para presidente en marzo de 1966. El único candidato civil fue Julio César Méndez Montenegro del Partido Revolucionario, quien resultó electo por el Congreso al no haber alcanzado la mayoría absoluta de votos. Para el Ejército, el triunfo de Méndez Montenegro resultó problemático porque contaba con el apoyo de muchas personas identificadas con los gobiernos de la revolución y gozaba de cierta simpatía entre los movimientos guerrilleros, con los cuales se suponía que quería llegar a algún acuerdo político para poner fin a los enfrentamientos armados. Por otra parte, si el Ejército desconocía el resultado electoral abiertamente se podría intensificar la conflictividad social y política. En consecuencia, la plana mayor del Ejército, encabezada por el mismo Peralta Azurdia, obligó a Méndez Montenegro a firmar un pacto que le permitiría acceder a la presidencia bajo ciertas condiciones.
Lo que más le preocupaba al Ejército era el compromiso del gobierno de no interferir en la lucha contra la izquierda en armas y sus aliados en el campo y las ciudades. Por lo tanto, una de las cláusulas del pacto reiteró la prohibición de las actividades políticas de los comunistas. En atención a las acciones militares contra la guerrilla, otra de las cláusulas obligó al gobierno a seguir la lucha contra «los grupos y facciones subversivos que perturban la paz y la seguridad nacionales y en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, entrará en entendimientos o pactos con tales grupos y facciones, salvo que se tratare de proposiciones de rendición o capitulación de los mismos». También se especificó que el ministro de defensa sería nombrado por el presidente pero a partir de una terna que le presentaría el Ejército. En resumidas cuentas, el Ejército adquirió un nivel de autonomía de operación y organización que lo convertía en un estado dentro del estado, al menos hasta que hubiera pasado la situación de emergencia militar bajo el cual operaba.
En consecuencia, los años de la presidencia de Méndez Montenegro se tornaron extremadamente violentos en tanto que la opción militar ganaba fuerza. Las acciones de la guerrilla en el noreste del país fueron contrarrestadas por operaciones militares muy duras a la vez que la guerrilla comenzó a operar en centros urbanos mediante secuestros y asesinatos de personas vinculadas con el régimen. El mismo embajador de Estados Unidos fue asesinado en 1968 cuando la guerrilla intentó secuestrarlo, al igual que el embajador de Alemania Federal en 1970 cuando el gobierno no accedió a las demandas de sus secuestradores. Las personas identificadas con la izquierda —entre ellos estudiantes, sindicalistas, profesionales— fueron igualmente señaladas y asesinadas por grupos irregulares de la derecha, los que se conocieron como «escuadrones de la muerte». Esos grupos no solo tuvieron tareas contrainsurgentes sino que también se dedicaron a actividades delincuenciales (secuestro, robo, tráfico de drogas) cuya tolerancia por parte del Estado y de grupos de extrema derecha era una forma de pago por su lealtad.
Ante el deterioro de la seguridad y la paz social en el país, las elecciones presidenciales de 1970 favorecieron a los que reclamaban medidas radicales para terminar con la violencia y la inseguridad. El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) se alió con un partido fundado por Peralta Azurdia y otros militares años atrás, el Partido Institucional Democrático (PID), y procedieron a lanzar la candidatura del coronel Carlos Arana Osorio, quien había comandado las operaciones militares contra la guerrilla en el noreste guatemalteco. Es decir, las opciones políticas se habían reducido a movimientos y partidos encabezados por civiles de centro o centro-izquierda inclinados hacia medidas políticas para dirimir la conflictividad y a partidos abiertamente identificados con el Ejército y una agenda anticomunista que abogaban por una salida esencialmente militar al enfrentamiento. La segunda habría de ser la que se impuso en 1970 y que se mantendría hasta 1983 sin interrupciones, unos años en que las cifras de muerte violenta llegaron a niveles insospechados. Para el Ejército, fueron años de éxitos militares logrados a partir de grandes costos políticos y de un desgaste de la institución que en cierto momento se volvió insostenible.
De la represión extrema a la instauración de la democracia
El movimiento pendular de la función militar en la política guatemalteca alcanzó niveles extremos en el período que inició en 1970 y que finalizó en 1986: del control total del Estado y del ejercicio de la violencia y el terror institucional, así como de la corrupción y todos los excesos de poder imaginados, a la instauración de la democracia tutelada por militares convencidos de que la guerra había llegado a su fin militar pero no político. El Ejército no estuvo solo en la tarea contrainsurgente. Estados Unidos también transitó del apoyo irrestricto a las operaciones militares tanto abiertas como encubiertas, legales o extralegales, al bloqueo de la ayuda militar —que se trianguló igual a través de otros países— y a los señalamientos por violaciones a los derechos humanos. Las élites empresariales y terratenientes que anteriormente exigieron al Ejército apoyar la cruzada anticomunista, empezaron a ver con recelo que algunos oficiales aumentaban su poder económico a través de adquisición de tierras y el control de negocios vinculados al Estado y las economías ilegales. Sin embargo, también esperaban de los militares ser los guardianes fieles de las propiedades y de los bienes de las familias acaudaladas del país, ya sea vía la disponibilidad de policías y militares o bien a través de los escuadrones de la muerte que proliferaron en esos años para cumplir tareas contrainsurgentes pero también para tomar el control de las actividades delictivas del país, como el secuestro y el robo a bancos y viviendas.
Los 13 años que van de 1970 a 1983 son los del terror institucional en Guatemala. El ejército de este período fue el resultado del proceso de homogenización ideológica que Peralta Azurdia llevó a cabo para acabar de raíz con los conflictos internos derivados de la crisis de 1954. Los generales Carlos Arana Osorio (Julio 1970-julio 1974), Kjell Laugerud García (Julio 1974-julio 1978) y Romeo Lucas García (Julio 1978-marzo 1982) fueron presidentes-soldados en el sentido más militar posible. Entendieron la administración del Estado como un instrumento para llevar a cabo la tarea militar de acabar con el enemigo interno. Eso implicó hacer lo que fuera necesario para cumplir con la misión encomendada, desde el terror en extremo hasta la corrupción y la delincuencia.
Un gobierno civil surgido de elecciones libres era inviable en ese período. Por un lado, la última experiencia, la de Julio César Méndez Montenegro (julio 1966-julio 1970), fue esencialmente de carácter militar en tanto que garantizó la autonomía del Ejército, especialmente en lo referido a la estrategia contrainsurgente. Por otro lado, el terror inhabilitó cualquier intento de participación política y la élite empresarial y terrateniente no tenía ningún interés ni necesidad de inmiscuirse en los asuntos de administración del Estado dado que estaba asegurado lo necesario para garantizar sus beneficios. La corrupción e ineficiencia del gobierno de Méndez contribuyó a fortalecer la creencia dentro de la élite política y empresarial de que era necesaria una solución militar a la crisis pública.
De esa manera, el ejército pasó de tener un papel protagónico en la administración del Estado hasta controlarlo en su totalidad, lo cual rebasó sus capacidades. El país entró en una crisis social, política y económica que para finales de la década de 1970 hizo evidente que una transición controlada hacia un gobierno civil era necesaria. De hecho, la crisis económica era regional y el resultado de un progresivo deterioro de las economías de exportación, afectadas por crisis internacionales que impactaron significativamente en países con alta dependencia de unas pocas exportaciones. En los inicios de la década de 1980, los ingresos fiscales de los gobiernos cayeron y para responder a la demanda social, se expandió el gasto público lo cual a su vez aumentó el déficit fiscal. Una de las salidas que buscaron los gobiernos centroamericanos fue el endeudamiento externo pero eso requería estabilizar a los países que se encontraban sumidos en conflictos armados y administraciones militares.
El gobierno de Romeo Lucas estuvo marcado, además de la crisis económica, por la violencia indiscriminada cometida especialmente por escuadrones de la muerte. La corrupción también había permeado el gobierno y el país se encontraba sumido en el aislamiento internacional por las violaciones a los derechos humanos. De hecho, la corrupción fue uno de los principales incentivos para controlar el gobierno durante el período contrainsurgente. Los militares de alto rango se encargaron de la dirección de unas 43 instituciones estatales y crearon su propio canal de radio y televisión, así como una red financiera de empresas, un banco y su propio sistema de pensiones. Las prerrogativas eran muchas, así como las oportunidades para aumentar los ingresos vía corrupción, la cual estaba garantizada por la impunidad en todos los ámbitos.
En lo político, los militares mantuvieron un sistema de elecciones, pero la competencia electoral se restringió a los partidos controlados directamente por militares o por civiles comprobadamente anticomunistas. Eran elecciones abiertas entre facciones militares que competían por el control de una administración que se regía por las reglas de la contrainsurgencia pero que ofrecía todos los beneficios propios de la corrupción y la impunidad. En lo económico, los militares impulsaron iniciativas nacionalistas que retomaron algunos de los objetivos del intento de modernización económica de la década anterior, por ejemplo, transformar el modelo agroexportador centrado en pocos productos por un estímulo a exportaciones no tradicionales. También se buscó elevar el nivel de vida de la clase media dependiente de la burocracia del Estado a través de proyectos habitacionales y otros beneficios gremiales. Si bien esto tuvo apoyo incluso de los Estados Unidos, la conflictividad en el país hizo inviable la combinación de una tímida diversificación económica con represión y violencia del Estado.
El gobierno de Lucas García evaluó la situación hacia 1980 y concluyó que era necesario transitar a un gobierno civil tutelado por los militares (al mejor estilo de Méndez Montenegro), con lo cual podría mejorar la imagen del país y evitar el desgaste que producía en la institución la corrupción y la violencia desmesurada de los escuadrones de la muerte y las patrullas contrainsurgentes. El país se encontraba al borde del colapso y la institución armada también. El alto mando buscaba controlar el Estado para asegurar su enriquecimiento pero eso no garantizaba el éxito militar en el conflicto armado.
Lucas García ofreció a varios civiles de su confianza el apoyo para que participaran en unas elecciones controladas en 1982. Como no hubo respuesta al llamado, la opción fue promover la candidatura del entonces ministro de la defensa, Ángel Aníbal Guevara, quien fue declarado ganador en medio de la protesta de los tres candidatos opositores —Mario Sandoval Alarcón, Gustavo Anzueto Vielman y Alejandro Maldonado Aguirre (posterior presidente transitorio entre Otto Pérez Molina y Jimmy Morales)— quienes denunciaron fraude y fueron golpeados por las fuerzas afines a Lucas García.
El control del Estado que el Ejército mantuvo durante los tres gobiernos anteriores se vino abajo y afloraron las luchas de poder expresadas en diversos intentos de golpe de Estado, de los cuales se impuso el promovido por Mario Sandoval Alarcón y Leonel Sisniega Otero, ambos del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), y el periodista Danilo Roca. Luego de un fuerte movimiento de tropas, Lucas aceptó renunciar con la condición de que lo sucediera un general para lo cual se propuso a Efraín Ríos Montt. El golpe fue apoyado por un grupo de oficiales jóvenes, conocidos como «la juntita», quienes se declararon desmoralizados por los excesos cometidos por la institución, por la corrupción rampante y por la crisis en que estaba sumido el país.
Jennifer Schirmer, autora del libro Intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala, analizó el pensamiento del general Héctor Gramajo, uno de los estrategas militares más icónicos del país y que describió el golpe de 1982 como el resultado de una coincidencia de intereses de la extrema derecha del MLN, que al haber perdido las elecciones decidió tomar el poder a través de una conspiración militar, con un grupo de oficiales jóvenes inconformes, a los cuales se unió un general ambicioso de poder y fanático religioso convencido de que su tarea sería poner orden en la institución armada y en el país. Para completar el andamiaje del golpe, los intereses de los Estados Unidos, a través de la CIA, también encajaban con los planes de los golpistas. La región se encontraba en convulsión insurgente en tanto que la caída de Somoza en Nicaragua en 1979 y el aumento de las acciones guerrilleras en El Salvador a partir de 1980 elevaban la preocupación por Guatemala y la crisis en que se encontraba sumido el país.
A raíz del golpe de Estado se impuso un estado de sitio, se establecieron los tribunales de fuero especial y se abolió el Congreso y los partidos políticos, entre un largo listado de medidas que sumieron al país en uno de los capítulos más sangrientos de su historia. Durante los 17 meses que duró el gobierno de facto de Ríos Montt se produjeron las más atroces violaciones a los derechos humanos mientras se controlaban las confabulaciones dentro del Ejército y se reprimía todas las manifestaciones de oposición en la sociedad. El objetivo fue estabilizar la sociedad como condición necesaria para instaurar la democracia electoral y transitar a un gobierno civil tutelado.
La descripción del horror vivido durante este período supera este y muchos espacios más de reflexión. No obstante, los militares se convencieron de que la represión no podía ser la única forma de continuar la guerra; se necesitaba utilizar otras tácticas que permitieran acercar a la ciudadanía a los objetivos contrainsurgentes. De ahí surgió el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que no solamente incluyó la conocida operación «fusiles y frijoles» —una combinación de represión y desarrollo local— sino que también contempló la instauración de la democracia y su tutela por los siguientes años.
El gobierno de facto de Ríos Montt finalizó con el golpe de estado de agosto de 1983 conducido por el general Humberto Mejía Víctores. La campaña militar desplegada por Ríos Montt en las áreas rurales había logrado el objetivo de acabar con las bases de la guerrilla a través del ejercicio de la violencia extrema contra la población civil. La corrupción había aumentado y el fanatismo religioso de Ríos Montt combinado con los intereses de las élites económicas interesadas en priorizar la estabilización económica a la política, elevaron la preocupación de la cúpula militar ante un posible intento de continuidad en el poder por parte de Ríos Montt. Mejía Víctores trazó la ruta necesaria para que el Ejército condujera la transición a la democracia que incluyó un conjunto de decisiones políticas claves como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y elecciones generales en 1985. Así mismo, se redujo la violencia en las áreas rurales aunque la represión y violencia selectiva continuaron en las áreas urbanas del país a la vez que Mejía Víctores retiraba progresivamente al personal militar de las instituciones públicas para preparar así la transición a una administración civil. El Ejército pasó de una estrategia centrada en lo militar a una que dio un amplio margen a la política para reducir la atención centrada en la institución militar debido a las violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Además, garantizó que, independientemente de quién ganara las elecciones de 1985, el Ejército continuaría la estrategia contrainsurgente a través de gobiernos civiles tutelados.
Los cinco planes que se desarrollaron para llevar a cabo la «pacificación y reconciliación» evidencian la brutalidad de la represión. Pero esos planes también describen el paso forzado con el que se impuso la democracia. Los primeros dos planes dan muestra de la agenda represiva implementada por el Ejército: Victoria 82 u «Operación Ceniza», que fue más conocida como tierra arrasada; y Firmeza 83 o Plan G, para el despliegue de tropas y patrullas de autodefensa civil. Estos dos planes fueron los que marcaron la violencia y el terror desplegado por el gobierno de Ríos Montt.
Los tres restantes tuvieron un cariz más bien político: «Reencuentro institucional 84» que contempló el retorno a la constitucionalidad por medio de garantías de legalidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en junio de 1984; «Estabilidad nacional 85» que incluyó la expansión de operaciones militares junto con la ampliación de la presencia institucional del Estado en áreas rurales a través de programas socioeconómicos y garantías de participación ciudadana bajo vigilancia militar; y finalmente «Avance 86», el plan de transición al gobierno civil que condujo Marco Vinicio Cerezo Arévalo.
La institucionalidad democrática que instauró el Ejército entre 1983 y 1986 fue un ajuste institucional llevado a cabo para encauzar al país y proteger la imagen corporativa de los militares sobre todo cuando ya se tenía asegurada una victoria militar sobre las fuerzas guerrilleras que seguían operando. La democracia en Guatemala no fue el resultado de un movimiento cívico que exigió derechos e institucionalidad. La guerrilla tampoco se encontraba en capacidad de tomar el poder y no contaba con la legitimidad necesaria para promover procesos de cambio a través de la sociedad civil, la cual, además, se encontraba diezmada por la violencia y la represión. Esta situación se extendió a los partidos políticos, los cuales eran dirigidos directamente por militares o por civiles de extrema derecha que incluso podían ser más violentos y represivos que los mismos militares. La democracia se instauró para preservar un modelo de Estado —el contrainsurgente—, pero revestido de procedimientos electorales dado que el conflicto armado aún se mantendría por los siguientes 10 años y el Ejército tenía que asegurar su posición y prerrogativas en el nuevo Estado que inevitablemente había que configurar.
El Ejército instauró la democracia porque las fuerzas políticas existentes solo habrían llevado a más violencia. También controló a las facciones conservadoras dentro del Ejército heredadas de los gobiernos de las décadas de 1970 y 1980. Esto incluyó la amplia gama de grupos y estructuras paralelas ligadas al Estado: comisionados militares, patrullas civiles, escuadrones de la muerte y grupos encubiertos de la policía, entre otros. Se debía evitar que la transición fuera dominada por los civiles de extrema derecha o por los simpatizantes de la izquierda. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos osciló entre una oposición a los gobiernos militares durante la presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) para luego convencerse de que el único socio fiable para el interés del momento era, otra vez, el Ejército.
El Ejército de Guatemala tuteló la democracia luego de un largo período en el que transitó del aprendizaje y empoderamiento de su función política, al control total del Estado, que a su vez condujo a una profunda crisis y al derramamiento de mucha sangre. Asumió entonces la tarea de enderezar lo torcido y garantizar su rol de guardián de lo que de allí resultara.
Ejército para la democracia sin cambio constitucional
No hay otra institución en Guatemala que haya asumido su misión constitucional de la misma forma como lo ha hecho el Ejército. Muchas cosas han cambiado en la institución armada luego de que en 1986 los militares propiciaron el tránsito a un gobierno civil y que en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno. El Ejército se reformó y la mayoría de sus miembros activos no tienen ya vínculos con el pasado represivo de la institución. Lo que no cambió fue la misión y el lugar que se le define al Ejército en la constitución actual, lo cual es tan determinante como la existencia misma de la institución.
Los aspectos clave del estatus constitucional actual del Ejército son herencia de la constitución de 1945, especialmente en lo que se refiere a la función del presidente de la república como comandante en jefe del Ejército, la garantía de la seguridad interna, la defensa de la constitución y la potestad de llamar al Ejército para tareas que no son estrictamente militares (es decir, de apoyo institucional). Pero los cambios y procesos ocurridos en los años desde 1986 son igualmente importantes, en especial el acomodo del Ejército a la democracia, una reforma militar y un reposicionamiento de la institución en tareas fundamentales del Estado, como la seguridad pública. Se puede observar que los militares transitaron de la desconfianza hacia el poder civil al acomodo de la institución según los vaivenes políticos propios de cada gobernante.
Más complicadas han sido las otras facetas de su presencia política y económica. Transitaron del control de las redes de corrupción al interior del Estado a participar en su carácter de jubilados en esas redes ahora controladas por civiles. También han tenido que enfrentar el cambio de haber sido un Ejército victorioso militar y políticamente a ser una institución nacional e internacionalmente emplazada como responsable de crímenes de lesa humanidad que apenas se empiezan a llevar a juicio. Finalmente, los militares pasaron de la instauración de una democracia tutelada a ser el sostén aparentemente indispensable de gobiernos incapaces de fortalecer la institucionalidad civil sin necesidad de recurrir a los militares para cumplir funciones cuestionadas por su pertinencia y elevado costo.
Todo eso ha ocurrido —y podría seguir ocurriendo— porque el núcleo de la función militar, el ADN de la institución, no cambió en la única oportunidad que se tuvo para hacerlo a través de mecanismos democráticos: el referéndum constitucional de mayo de 1999. La ruta trazada por los Acuerdos Paz fue inviable cuando las reformas constitucionales necesarias fueron rechazadas. La democratización del país sufrió con eso su principal revés ya que la promoción de las reformas dependió de la voluntad de los gobernantes. Los Acuerdos de Paz no tuvieron obligatoriedad por parte de ningún actor político y quedaron en las manos de una sociedad civil organizada y comprometida pero dependiente del apoyo de la comunidad internacional que, por definición, es siempre limitado.
Con independencia del resultado del referéndum, la reforma del sector seguridad contemplada en los Acuerdos de Paz recibió apoyo técnico y hubo apertura para ello por parte de la institución militar. Una generación de profesionales civiles se formó en ese período y aportó a la creación de instituciones que buscaron redefinir la estructura institucional de la seguridad. El componente de «Fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática» contemplado en los Acuerdos de Paz dispuso que la función del Ejército sería únicamente la defensa nacional, es decir, la seguridad externa. También se dispuso la reducción del Ejército, además de impedir que se involucrara en proyectos de desarrollo y medio ambiente y en la seguridad pública. Y se acordó abolir el Estado Mayor Presidencial y sustituirlo por lo que fue después la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad encargada de la seguridad del presidente y vicepresidente, reformular la doctrina militar y disolver los grupos paramilitares como las Patrullas de Autodefensa Civil.
Además de esas medidas, los Acuerdos plantearon una serie de reformas a la Constitución orientadas a redefinir la función del Ejército, incluyendo la supresión de privilegios y fueros especiales para los miembros de la institución y del requerimiento de que el Ministro de la Defensa sea un militar. También se contempló retirar a los militares de los espacios que ocupaban en las áreas de educación, comunicaciones y economía y desmilitarizar los servicios sociales de emergencia (Comité Nacional de Emergencia, Consejo Nacional de Salud, etc.).
Se pactó también reformar el sistema de inteligencia militar y darle prioridad al sistema de inteligencia civil y otras más relacionadas al acceso a la información y archivos militares.
Los Acuerdos se orientaron a ajustar la institución militar a las necesidades de la democracia y priorizó el fortalecimiento del poder civil dado el desequilibrio que en ese momento existía entre el Ejército y el resto de instituciones del Estado. La premisa central de los Acuerdos fue que el fortalecimiento del poder civil, necesario para la democracia, requería transformar la función del Ejército y su naturaleza. Mucho de lo planteado por los Acuerdos se llevó a cabo durante los primeros 10 años: se redujo el número de efectivos del Ejército y el presupuesto, se creó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y se reformó la doctrina militar, entre otros.
La formalidad de esos cambios persiste hoy en día con excepción de lo relacionado con el presupuesto y el número de efectivos del Ejército, pero los cambios sustanciales que la democracia requiere quedaron frustrados cuando el referéndum de 1999 se inclinó por el «no» a las reformas. Parte de la explicación de este fracaso tiene que ver con la turbulencia política del período 1986-1999. Los militares tuvieron que enfrentar conflictos internos que incluso llevaron al país al borde del quiebre institucional cuando ocurrió el denominado autogolpe del presidente Serrano Elías en 1993. Las pugnas se han analizado entre los bandos de «duros y blandos» en que los últimos lograron imponerse y evitar que la nueva democracia sufriera su primera caída, ya no en la forma de un golpe militar sino a través de la manipulación de un gobernante incapaz, fanático y carente de legitimidad.
Por otra parte, los Acuerdos de Paz fueron un parteaguas en la historia del país al poner fin a un sangriento conflicto armado interno y obligaron al Ejército a negociar su futuro institucional. Sin embargo, no lo fueron en cuanto a la sostenibilidad de la reforma del Estado. El balance de poder se inclinaba en favor del Ejército y del apoyo que las élites políticas y económicas le daban para evitar que la insurgencia ya desarmada transitara a convertirse en una fuerza política que pudiera retar el status quo nacional.
Adicionalmente, el presidente Álvaro Arzú (1996-2000) inauguró la modalidad de defenestrar cúpulas militares para asegurar el apoyo de facciones afines en momentos turbulentos, modalidad que luego sería replicada por otros gobernantes y que motivó fuertes pugnas al interior del Ejército. Por una combinación de motivos personales e ideológicos, Arzú cambió la cúpula militar que había apoyado la firma de la paz y dejó que opositores a ese proceso tomaran el control del Ejército, una fuerza militar ligada a las tradicionales operaciones de inteligencia para la represión, ocultamiento de crímenes y, por supuesto, negocios.
Las incertidumbres se resolvieron cuando el referéndum fue convocado y no hubo, otra vez, fuerza política para hacer de ese proceso un honesto ejercicio democrático. Los mecanismos definidos para el referéndum fueron perversos dado el contexto del país, con una ciudadanía apática y afectada por el reciente conflicto armado y por la cada vez más intensa desconfianza que producían los gobiernos civiles. No se invirtió en tiempo ni procesos de información ciudadana sobre las reformas. La consulta se redujo a cuatro preguntas que agrupaban un total de cincuenta reformas desconocidas para la mayoría de la ciudadanía sobre temas relacionados con la definición de la nación y los derechos sociales, la reforma del Congreso, del poder Ejecutivo y del Judicial. El referéndum tuvo solamente el 18.5 % de participación ciudadana. Todos los intentos de reforma política que se han impulsado desde ese momento cargan con el lastre que dejó el referéndum de 1999 en la frágil democracia del país.
A partir del resultado del referéndum, el futuro constitucional del Ejército quedó intacto y eso inauguró un proceso de doble vía. Por un lado, se implementaron de forma limitada las reformas al Ejército que ya se han mencionado y, por otro lado, los gobernantes tuvieron la posibilidad de redefinir la función militar de acuerdo a los problemas que enfrentaba la sociedad. El primero de ellos y el más visible de todos fue la seguridad pública. Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) la criminalidad aumentó en el país. Se dispuso entonces hacer uso de los militares para apoyar a una Policía Nacional Civil que ya empezaba a dar signos de debilidad pese a su reciente creación. Portillo cambió otra vez la cúpula militar y llegó al poder de la institución una mezcla de militares afines a la reforma y militares vinculados a poderosas redes de corrupción y crimen organizado. Durante ese gobierno hubo cuatro ministros de defensa, cada uno representando una facción diferente del Ejército. A pesar de eso, durante este gobierno se inició la reforma del Ejército para cumplir con los compromisos de los Acuerdos de Paz. Esto incluyó, además de la reducción del presupuesto, la disolución del Estado Mayor Presidencial. Estas reformas no fueron obstaculizadas incluso por Efraín Ríos Montt que en ese período fue presidente del Congreso de la República.
El gobierno de Oscar Berger (2004-2008) puede ser considerado como el último intento de la élite tradicional del país, la de empresarios urbanos y terratenientes, de apostar por el control del Estado vía la conducción del gobierno. Berger se distanció del Ejército y forzó las reformas para llevarlo a un nivel que incluso sobrepasó lo establecido en los acuerdos de paz. Se redujo el presupuesto militar en un 50 % más de lo pactado y se cerraron bases militares y redujo el número de efectivos. Por otro lado, Berger le apostó a enfrentar el problema de la inseguridad a través de la Policía Nacional, pero entregando la institución a civiles que demostraron su capacidad para ejercer excesivos niveles de violencia extrajudicial sin depender de los militares de forma directa ya que de todas maneras militares jubilados fueron incorporados como asesores a la Policía y al Ministerio de Gobernación. La policía fue conducida por Erwin Sperinsen (condenado en Suiza por los crímenes en el caso «Pavo Real») y el Ministerio de Gobernación por Carlos Vielman (juzgado en España y puesto en libertad), apoyados ambos por personajes conocidos por su afinidad con la violencia y el control del crimen en su favor. El resultado fue desastroso para el país, en vista que los índices de violencia homicida se dispararon y la Policía quedó debilitada y deslegitimada. Berger utilizó a los militares jubilados mientras redujo la capacidad de la institución militar.
A pesar de múltiples resistencias entre los oficiales, el Ejército fue paulatinamente recuperando su protagonismo a través de la ampliación de sus funciones en la seguridad pública e incluso en materia de control de la creciente conflictividad socio ambiental. La herencia del gobierno de Berger consistió, entre otras cosas, en abrir la puerta del país a una guerra interna del narcotráfico que durante el gobierno de Álvaro Colóm (2008-2012) llegó a extremos escandalosos. Las masacres y enfrentamientos entre narcotraficantes en ese período demostraron diversos vínculos con miembros del Ejército, desde oficiales de alto rango hasta kaibiles reclutados por cárteles del narcotráfico. Y eso que el Ejército asumió tareas de combate al narcotráfico a través de diferentes unidades especializadas en conjunto con la Policía y con el apoyo de los Estados Unidos.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, creada en 2006, no había sido aún una amenaza al orden corrupto del país. Fue con el caso Rosenberg en enero de 2010 que la CICIG demostró el potencial de impedir conspiraciones políticas a través de la investigación criminal independiente. La actuación de la CICIG y el Ministerio Público no solo aclaró un polémico caso sino que evitó un posible quiebre institucional.
Con la llegada a la presidencia de Otto Pérez Molina (2012-2015) se cerró un ciclo de la presencia política —formal e informal— del Ejército. Pérez Molina, un militar jubilado con trayectoria en el proceso de paz, supo reconocer la necesidad de satisfacer las dos bocas de la institución: la formal representada por los oficiales activos y responsables de la institución y la informal, representada por los militares retirados vinculados a la política, los negocios con el Estado, la corrupción y el crimen organizado. Durante ese gobierno, los militares fueron reasignados a tareas de seguridad pública y también de control de protestas, mientras que se aumentó el número de efectivos y el presupuesto. De hecho, la principal autoridad sobre la policía y las instituciones de seguridad fue el coronel retirado Mauricio López Bonilla quien fue nombrado Ministro de Gobernación. Paralelamente, la redes de corrupción y crimen organizado tuvieron la protección que el mismo presidente de la república podía ofrecer.
Conocemos ya la historia de que eso no salió bien.
La CICIG logró demostrar con el caso de corrupción en las aduanas denominado «La línea» la existencia de un persistente legado de estructuras de militares jubilados que controlaban redes de crimen organizado y la financiación de partidos políticos vía fondos provenientes de la corrupción. Hasta resultaron implicados militares activos del Ministerio de la Defensa y militares jubilados con cargos en el Ministerio de Gobernación, como Mauricio López Bonilla, uno de los entonces oficiales jóvenes golpistas en 1982.
El Ejército se vio involucrado en situaciones conflictivas debido a su participación en acciones que no le corresponden. En octubre de 2012, seis personas murieron y 34 resultaron heridas en un confuso incidente en el que militares abrieron fuego contra una manifestación campesina en el departamento de Totonicapán. Otros incidentes ocurrieron durante el gobierno de Pérez Molina debido al uso de la fuerza militar en tareas que no son propias de su naturaleza. Si bien es cierto que miembros de la institución se oponían a que el Ejército fuera usado para esas tareas, el mandato constitucional de obedecer al comandante general del Ejército prevaleció, especialmente cuando ese puesto lo ocupaba un militar de alto rango en retiro.
Otto Pérez Molina terminó como Ydígoras Fuentes, defenestrado y evidenciado por su incontrolable sed de corrupción. Su sustitución no ocurrió a través de un golpe de Estado, pero sí abrió el capítulo que ahora vive el país, la vuelta a la defensa corporativa del Ejército y la utilización de la institución por parte de gobernantes civiles incapaces y corruptos. Jimmy Morales se rodeó de una oficialidad del Ejército en activo y de un grupo de militares jubilados altamente cuestionados por su vínculos con violaciones a derechos humanos y corrupción en su cruzada contra la CICIG a cambio de aumentos presupuestarios y creación de condiciones para que el siguiente gobierno, el de Alejandro Giammattei, reposicionara a los militares a través de su participación masiva en la seguridad pública. Los militares de baja de diferentes facciones reafirmaron su participación en la política partidaria y algunos de ellos ocupan puestos en la administración pública.
Por negocios, por firme creencia ideológica o por convencimiento de que los civiles no son capaces de conducir al país, militares y militares de baja siguen amparándose en el mandato que la constitución le otorga al Ejército, ese que se instauró en 1945 y que no se pudo cambiar en 1999.
Reflexiones finales
El Ejército de Guatemala siempre ha estado muy cerca del poder político (léase dictador-caudillo, junta de gobierno, o presidente civil o militar) o de un proyecto político determinado (revolución de octubre, anticomunismo, aliado de Estados Unidos, etc.). Hasta podría suponerse que ningún gobierno en Guatemala es viable sin el aval explícito o implícito del Ejército. Esto ha sido especialmente cierto cuando el Poder Ejecutivo es ejercido por un oficial militar a nombre del Ejército directamente (como en el caso del coronel Peralta Azurdia, quien además de jefe de gobierno ocupó el cargo de ministro de defensa a la vez). El Ejército se vinculó con el proyecto de los gobiernos de la revolución de octubre pero no tanto con el liberacionismo de Carlos Castillo Armas, se mostró tolerante con un viejo compañero de armas (Ydígoras Fuentes), obediente bajo Peralta Azurdia, receloso cuando Méndez Montenegro, y comprometido con la guerra contrainsurgente de los tres generales (que le permitió hacer aquello para lo que se había preparado expresamente, la guerra), pero entendió y aceptó la necesidad de un retorno a la democracia no sin antes exigir una amnistía a cambio, y se ha mantenido quieto desde que no ha habido amenaza alguna a su monopolio del uso de la fuerza militar (salvo excepciones como las del narcotráfico en ciertos momentos y de la crónica situación de inseguridad pública).
Es decir, el Ejército se ha preocupado siempre, en primer lugar, por la buena marcha del Estado, del cual es parte, porque de la buena marcha del Estado depende su propia buena marcha como institución. En segundo lugar, se ha preocupado por la buena marcha del país, porque es la institución a la cual se recurre en última instancia para estabilizar la situación política o para acuerpar determinados procesos de desarrollo nacional, por ejemplo, en tiempos de la revolución de octubre cuando se asoció con un proyecto de modernización nacional o desde los acuerdos de paz de 1992 cuando ha respaldado a los políticos electos para que asuman la función de gobernar.
En diferentes momentos de su trayectoria, el Ejército ha justificado su función política con la defensa de la soberanía e integridad del Estado. La institución armada, así como diferentes actores que esperan de ella una reacción determinada, ha intervenido en momentos que varían de significado por su contexto, interpretación ideológica o intereses, pero que coinciden en el imperativo del deber de defender al Estado de una injerencia extranjera. El alzamiento de los cadetes de la Escuela Politécnica del 2 de agosto de 1954 estuvo motivado más por la indignación que produjo la incursión armada del ejército liberacionista y la injerencia de los Estados Unidos que por un ideal revolucionario o lealtad a Arbenz; el levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 en contra de Ydígoras Fuentes por el entrenamiento de tropas cubanas en territorio nacional; los gobiernos contrainsurgentes de 1970 a 1985 que se justificaron por la amenaza del comunismo internacional que apoyaba a las guerrillas locales; y hasta los oficiales del Ejército que apoyaron a Jimmy Morales contra la injerencia extranjera a través de la CICIG.
Resulta obvio que el Ejército no es como las demás instituciones del Estado. Sus oficiales pertenecen a un cuerpo —permanente, profesional— al cual acceden por decisión propia por una sola puerta de entrada (la Escuela Politécnica). La tropa entra por la puerta de los cuarteles, pero no por su voluntad cuando han sido reclutados. En ambos casos, la organización jerárquica del Ejército no admite sino una obediencia prácticamente incuestionable, no deliberante (con muy pocas excepciones de reciente data) para sus integrantes. Estas características han eximido de responsabilidad a los que tienen que obedecer las órdenes pero también introducen un elemento de inestabilidad a las filas porque cuando alguno de sus miembros se ha sentido inconforme con alguna situación, decisión o política (del gobierno, del sector privado, o del mismo Ejército), tiene pocas opciones: conciliarse con su inconformidad, pedir la baja o participar (como en los tiempos pasados) en un golpe de Estado. No tiene otros medios para expresar sus opiniones políticas porque le es vedado hasta el voto, una prohibición que no afecta a ningún otro empleado público. En este sentido, el Ejército es una institución del Estado guatemalteco realmente excepcional.
Por lo tanto, podría pensarse que la oficialidad y la tropa de un ejército permanente y profesional prefieren mantenerse al margen de la vida política de un país y limitar sus acciones y decisiones al campo estrictamente propio de la institución militar para evitar complicarse. Sin embargo, ha sido recurrente en Guatemala desde 1986 que la oficialidad en retiro participe en la vida política como asesores de partidos políticos, ministerios y otras dependencias y por supuesto, como candidatos a diputado o presidente. Los militares retirados han conservado uno de los recursos más valiosos que otorga la naturaleza corporativa de la institución: las redes que se crean a partir de las promociones de la Escuela Politécnica y de los cargos y la formación militar posteriores. En Guatemala se ha evidenciado que los beneficios que las redes otorgan a sus integrantes incluyen la protección mafiosa, la garantía de la impunidad y las facilidades para entrar en los negocios ilícitos, además de la participación en alianzas político-partidarias. Muchas de las redes de militares jubilados heredadas del conflicto armado han mutado, ya sea por senectud, porque fueron superadas por otros competidores o porque algunos de sus miembros han sido capturados y procesados o están prófugos. Actualmente son las redes de civiles mafiosos y poderosos —en las que no suele faltar un militar o exmilitar— las que dominan la escena criminal del país y controlan las instituciones que una vez estuvieron en manos del Ejército.
Guatemala necesita salir del círculo vicioso que atribuye la precariedad de su democracia a la existencia de su Ejército porque, viceversa, el Ejército ha justificado su función política debido a la precariedad de la democracia. El apoyo recurrente que los gobernantes civiles demandan a los militares, ya sea como institución o a través de militares jubilados con influencia en la política, debilita la institucionalidad democrática y hace cada vez más atractiva la opción militar como solución de última instancia para una diversidad de gestiones públicas. A la larga, esto también daña a la institución armada a pesar de que le representa la posibilidad de hacerse de una porción significativa de los recursos financieros del Estado.
Cuando los militares se ocupan de la seguridad pública o de vigilar el cauce de los ríos, siguen siendo siempre militares, con armas y entrenamiento adecuado para una reacción violenta de grandes proporciones. Eso será siempre un riesgo para ellos y para la población, además de ser un recurso costoso para el Estado.
Cuando los militares asumieron el control total del gobierno en las décadas de 1970 y 1980, ya había sido rebasada la capacidad del Estado de conciliar pacíficamente las diferencias entre los grupos opuestos. Se recurrió entonces a la opción militar porque nadie lo podía hacer mejor, o siquiera quería hacerlo. El Ejército asumió la tarea haciendo lo que mejor sabía hacer, usar la fuerza y la violencia al extremo de la saña y el terror. Para muchos militares —y civiles— gobernar un país es como dirigir un cuartel ya sea porque no tienen otro referente de cómo hacer las cosas o porque consideran que esa es la única forma en que se puede controlar a la mayoría de la población. ¿Qué nos asegura de que eso no suceda otra vez si la clase política delega en los militares la solución de problemas producto de su propia incapacidad, indiferencia o interés mafioso? Guatemala tiene una larga historia de experiencias que se prestan para responder a esa pregunta.
* Knut Walter. Historiador. Ha sido docente en universidades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Es autor de varios estudios monográficos de historia centroamericana moderna, especialmente de El Salvador y Nicaragua, y coordinó la elaboración de textos de historia salvadoreña y centroamericana.
Otto Argueta. Historiador y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Coordinador regional de la Alianza para la Paz. Sus investigaciones se concentran en temas de criminalidad y violencia con especial énfasis en pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación del Estado.
El presente artículo es parte de un proyecto de investigación regional desarrollado por Alianza para La Paz con apoyo de la Fundación Heinrich Böll.
