Mientras la población hondureña lucha contra la pandemia y espera la llegada de las vacunas anticovid, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se materializan en Roatán y Choloma, con miras a expandirse en la ciudad de La Ceiba.

Texto y fotografías: Lizz Raudales

A nivel nacional, Choloma es el municipio que alberga mayor cantidad de maquilas y es una de las ciudades con más actividad económica, con mayores beneficios fiscales para ese tipo de industria. Ahora, además de tener Zonas Industriales Libres (ZIP) como se le llama a los parques maquileros, también se está construyendo la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 

El proyecto denominado Ciudad Morazán, ubicado en Choloma, en el sector de la aldea Caraos, será una ZEDE que tendrá una zona industrial y una residencial, según la planificación de los inversionistas. Hasta ahora, se han construido bodegas de almacenamiento y se está desarrollando el complejo residencial donde habrá townhouses, cuya cuota mensual oscila entre los HNL 3000 (USD 125) y los apartamentos —denominados como studios—  tendrán un costo mensual de HNL 2000 (USD 83), según su página web. Se estima que habrá alrededor de 70 apartamentos en un edificio de 4 plantas, que contará con locales comerciales. 

Massimo Mazzone, empresario italiano radicado en Honduras es quien desarrolla este proyecto industrial y habitacional. En entrevista con este medio dijo que ha estado interesado en construir una charter city desde 2012, cuando el economista estadounidense Paul Romer dio a conocer esta idea que traería desarrollo socioeconómico a los países donde se materialicen. Mazzone explicó que en su ZEDE no está planificado vender casas, apartamentos o bodegas, el fin de Ciudad Morazán es alquilar bienes inmuebles a personas naturales y jurídicas que deseen establecerse en esta ZEDE y hacer negocios en ella.

Construcción del primer bloque habitacional de Ciudad Morazán que contará con 16 townhouses. Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto: Lizz Raudales.

Pero aunque la idea de Romer sea la base de quienes están desarrollando las ZEDE en Honduras, este académico ha dicho en reiteradas ocasiones que el proyecto en Honduras no es respaldado por su teoría ni por él. En el periódico El Faro en 2017 se publicó la respuesta que dio Romer al periodista Carlos Dada cuando le consultó sobre las ZEDE en Honduras: «Me he distanciado del proyecto (en Honduras) porque, la última vez que revisé, estaba yendo hacia una dirección que yo no apoyaba. Específicamente, temo que pueda ser utilizado de una manera que creo que es intolerable, como una vía para que un pequeño grupo de personas con acceso al poder en Honduras puedan distorsionar la voz democrática de manera indefinida». 

En las últimas semanas, usuarios de Twitter han interactuando con el economista Paul Romer, quien introdujo la idea de las charter cities y ha expresado que, por falta de transparencia en los procesos, se retiró de los proyectos que se realizarían en Honduras. «He criticado repetidamente el modelo actual de ZEDE, que se introdujo mucho después de que cortara todos mis vínculos con el Gobierno de Honduras», dijo Romer, y continúa la publicación indicando que «desafortunadamente, hay una cantidad infinita de mentiras, incluida la mentira de que respaldo el sistema y los proyectos actuales».

Contracorriente tuvo acceso al área en la que se está edificando Ciudad Morazán. El terreno de construcción comprende 24 hectáreas, que equivalen a 31.2 manzanas. Hasta el momento se han construido 4 bodegas de 100 metros cuadrados que se empezaron a alquilar desde finales de enero. Según Diego Zúniga, quien es parte del personal de Ciudad Morazán, se planifica construir entre 17 y 20 bodegas para almacenamiento de materiales industriales. La calle principal mide 700 metros, esta se conectará con calles secundarias para conducir al área residencial, comercial e industrial del proyecto. Zúniga explica que en lugar de una mediana en la calle principal, se construirá un carril para uso exclusivo de los ciclistas. En el proyecto ya se han instalado plataformas para instalar tanques de almacenamiento de agua, para una conexión directa a cada una de las casas y edificio de apartamentos.

Cuando se preguntó por el inicio de operaciones de la ZEDE, el encargado del proyecto comentó que se estima que el primer lote de 16 casas (8 viviendas a cada lado) estará finalizado en el mes de julio y estarán listas para ser habitadas. Cada una de estas edificaciones contará con un cuarto principal, un cuarto secundario, una cocina, un baño compartido, un patio con espacio y conexiones para pila y lavadora, también habrá una sala comedor que podrá ser utilizada al gusto de los habitantes. Mazzone indica que estos lotes habitacionales contarán con agua potable, la primera en Honduras que podrá ser consumida desde el grifo, además habrá electricidad y aire acondicionado, teniendo en cuenta el clima de la ciudad de Choloma. 

Al consultar por los materiales de construcción utilizados para la edificación de las viviendas, Zúniga explicó que se está utilizando una tecnología nueva, si se compara con los materiales utilizados normalmente por empresas constructoras, y que se está usando poliestireno con el fin de construir casas más frescas, debido a la ubicación, y el proceso es menos tardado. El proyecto habitacional inició en abril con la adecuación del suelo, ya que es un terreno arenoso que complicaba la edificación de las casas.

Vista desde atrás de las primeras ocho unidades habitacionales, donde un albañil repella el poliestireno que ya tiene el soporte de la varilla de construcción. Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto: Lizz Raudales.

Según Mazzone y Zúniga, ya hay personas interesadas en vivir en esta ZEDE y son personas que radican en zonas aledañas al proyecto. Incluso, Mazzone hizo mención de doña Rosa, una señora que empezó vendiendo refrescos y golosinas a los empleados de la construcción y ahora está alquilando un pequeño local en Ciudad Morazán por HNL 240 (USD 10) mensuales, actualmente tiene su local dentro del área de construcción y es considerada como la primera persona que puso su negocio en la ciudad modelo, en la página web hay una imagen del caso. 

En entrevista de este medio con el empresario Massimo Mazzone (dueño del proyecto) y el abogado Carlos Fortín Lardizábal (secretario técnico de la ZEDE), Lardizábal comentó que desde que se inició el proyecto, han mantenido reuniones con el consejo permanente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) que está integrado por cinco personas de nacionalidad hondureña, de las cuales, solo cuatro han estado reuniéndose con él, menciona que sus conversaciones han sido con Octavio Sánchez, Ebal Díaz Lupián, Arnaldo Castillo y Carlos Pineda Pinel. 

Las autoridades de este proyecto declararon que existe interés en la parte industrial, pero existen problemas con la parte de aduanas y exportación y eso les impide cerrar contratos. Hablan de «inversiones frescas», implicando que no se pueden iniciar industrias ya existentes dentro de la ZEDE, sino una empresa completamente nueva. 

Cuando se consultó cuál es el objetivo de Ciudad Morazán, respondieron que se busca mejorar la situación de vida de la clase trabajadora habitante en el área de Choloma, considerando todos sus problemas socioeconómicos, la criminalidad y las condiciones de vida. Su población objetivo es mayoritariamente empleados de maquilas y madres solteras.

Fortín, el secretario técnico, aseguró: «como hondureño mi sueño es que las personas, mis compatriotas, en lugar de irse en una caravana hacia los Estados Unidos, hagan fila para trabajar y vivir en Ciudad Morazán o en ZEDE como esta, porque nuestro ideal es que hayan muchas ZEDE, pequeños pueblos de desarrollo para el país y que esto que nosotros estamos construyendo con mucha ilusión en Choloma, lo podamos hacer en diferentes partes del país con diferentes personas».

Albañil realiza instalaciones eléctricas en la primera casa o townhouse de la ZEDE Ciudad Morazán, ubicada en la aldea Caraos Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto: Lizz Raudales.

En cuanto a la problemática criminal que vive Choloma, Fortín Lardizábal respondió que existirá una policía interna dentro de Ciudad Morazán y el perímetro estará totalmente cercado. También se tiene pensado que los habitantes de Ciudad Morazán tengan una app que posea un «botón de pánico» para responder a cualquier emergencia que se tenga. Mazzone agregó que planean implementar un plan educativo, ya que la ZEDE contará con una escuela bilingüe cuyos costos serán bajos en comparación al costo de la educación privada y bilingüe a nivel nacional.

En la página web de Ciudad Morazán se indica que este proyecto es desarrollado por una sociedad estadounidense llamada Overseas Real Estate LLC y los accionistas de la ZEDE son Massimo Mazzone y Guillermo Aguilar, quienes fundaron y dirigen la empresa Centro American Consulting & Capital, mejor conocida como 3C. Farmacias del Ahorro y Droguería Proconsumo son parte de las inversiones de esta empresa, al igual que proyectos habitacionales en la isla de Roatán.

El registro público de la ZEDE, muestra que hasta ahora, hay siete empresas inscritas para funcionar dentro de esta ciudad modelo. Entre estas destacan Logística Integrada, que está  orientada a la industria médica y farmacéutica; Compañía Hídrica y Eléctrica de Ciudad Morazán, que brindará energía eléctrica y agua potable al proyecto; y Global Protect Security cuyo objetivo es brindar seguridad. 

Massimo Mazzone declaró a este medio de comunicación, durante la reunión mantenida con él y con el secretario técnico, que «tenemos la oposición de muchos regidores, una señora nacionalista y otro señor de Libre, otra que es del Liberal. Y una vez que tuve personalmente la oportunidad de sentarme a mostrarle el proyecto, llevarlo al lugar y hablarle de cuánto rentamos, y en un caso, la señora nos ha pedido si puede venir a vivir ella, nosotros obviamente hemos dicho que sería un honor.»

C
ontracorriente se comunicó con la profesora Marta Pineda, oriunda del municipio de Choloma, quien comenta que no hay una oposición así como en Islas de la Bahía. Pineda agregó que hace falta organización, pero que la población de la ciudad no siente amor por el lugar en el que viven, ya que «el 60% de la gente no es de acá y el 40% que sí es de Choloma no está interesada en el tema». La profesora menciona que debido a su profesión, ella enseña a sus alumnos a amar la patria que los vio nacer, pero si se permite este tipo de proyectos, queda en nada todo lo que se les enseña en las escuelas. A pesar de lo mencionado por la docente cholomeña, los pobladores de Roatán y de La Ceiba se oponen a cualquier proyecto de este tipo a nivel nacional, no solamente en sus territorios.

Área de construcción con plancha de cemento e instalaciones eléctricas, listo para la edificación de más casas del proyecto Ciudad Morazán. Choloma, Cortés, 28 de mayo de 2021. Foto Lizz Raudales.

Reformas a la ley ZEDE

El pasado lunes 10 de mayo, el Poder Ejecutivo envió al hemiciclo legislativo un proyecto de ley cuyo objetivo es beneficiar a las ZEDE con una tasa cero, que implica una exoneración del pago de impuestos al país. 

Este proyecto de ley fue emitido desde casa de gobierno, a través del oficio 144-2021 de la Ley para la Implementación y Operación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y está relacionado con el pago de impuestos al Gobierno de Honduras y las compras a nivel nacional. La aprobación de esta ley y las reformas a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económica se dieron mediante la sesión virtual en la que también se hizo una interpretación del artículo 6 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. 

El artículo sometido a interpretación indica que «la tasa general de impuesto es del 15 % sobre el valor de la base imponible de las importaciones o de la venta de bienes y servicios sujetos al mismo». 

La iniciativa presentada por Ebal Díaz Lupián —quien según el diario oficial La Gaceta, es miembro del CAMP— indica textualmente: «En el sentido que la tasa cero es la única tarifa impositiva que corresponde aplicar al párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), para determinar los tributos correspondientes en la compra o adquisición de insumos, bienes o servicios en el mercado nacional que son incorporados o utilizados en la producción de bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), cuando el productor sea el mismo exportador o el bien o servicio sea producido o prestado por un tercero que forme parte esencial de la cadena de valor de los bienes o servicios exportados por las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)».

Honduras no está a la venta 

El pasado 18 de mayo inició la campaña Honduras No Está a la Venta, cuyo objetivo es la concientización de la población hondureña para detener «la violación de derechos humanos». La iniciativa ciudadana nace desde Roatán, Islas de la Bahía, territorio donde se está instalando otra ZEDE. 

La creación de esta campaña es a raíz de la reciente expansión de las ZEDE que esperan a materializarse en Honduras. Hasta ahora, se sabe de Honduras Próspera en Roatán, Islas de la Bahía, que también incluye la adhesión del Puerto de Satuyé, en La Ceiba, Atlántida, y Ciudad Morazán en Choloma, Cortés. Además, en línea se encuentra información de Mariposa, idea de una pareja de esposos que busca crear una ZEDE enfocada en dar una mejor calidad de vida a través de la práctica de la homeopatía y otros métodos naturales. 

La página web de Mariposa dice: «El objetivo de nuestro proyecto es crear una ciudad nueva que brinde la más alta calidad de vida a través de un sistema policéntrico de gobernanza. Elegimos nombrar nuestra ciudad de inicio Mariposa porque una mariposa es un símbolo poderoso que representa resistencia, cambio, esperanza y vida». Agregan que la creación de la página es para atraer residentes, miembros del equipo de trabajo e inversionistas interesados en traer sus empresas a esta ciudad «cerca del mar Caribe, con playas limpias», comentario que ha hecho creer que será edificada en uno de los municipios de Islas de la Bahía. 

Recientemente se ha hablado de la materialización de otra ZEDE, esta vez en la zona sur del país. Medios de comunicación nacionales dieron a conocer que se trataría del parque agroindustrial más grande de Centroamérica. A esta información se suma la reciente creación de ZEDE Orquídea, de la que aún se desconoce el objetivo y la ubicación geográfica donde será construida, pero documentos muestran que el secretario técnico de este proyecto es Guillermo Peña Panting, conocido por la creación de la Fundación Eléutera, organización sin fines de lucro radicada en la capital industrial del país y por ser el director del Operador del Sistema (ODS), ente que garantiza la seguridad y continuidad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo para el conjunto de operaciones del mercado eléctrico. Este medio de comunicación hizo lo posible por contactarse con Peña Panting, pero no se obtuvo respuesta alguna. 

«Esta es una ley que atenta contra la seguridad ciudadana, que atenta contra la soberanía nacional, el medio ambiente, el desarrollo ecológico que hemos tenido, la protección a nuestros recursos naturales y creo que es un insulto para cada hondureño, y en este momento, específicamente para los isleños», aseguró Rosa Danelia Hendrix, presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, en la conferencia de prensa brindada por la organización el 20 de mayo en la ciudad capital.

Para el abogado Óscar Hendrix, la creación de una ZEDE y el proceso de adhesión a una de estas son una aberración y va en contra de los requisitos necesarios para la creación de un municipio, incluso, estos procesos son lo contrario si se comparan con las zonas francas. «Para crear un nuevo municipio se necesitan 40 kilómetros de territorio contiguo. Si se va a desmembrar de un municipio ya existente, se solicita que no ponga en peligro a la población ni al balance presupuestario de la municipalidad», explica Hendrix, ya que menciona que en la reforma realizada por el Congreso Nacional, se equipara a la ZEDE como un municipio. 

El abogado que también lucha por la defensa del territorio explica que las zonas francas tienen un solo territorio determinado y definido, a diferencia de las ZEDE, en las que se pueden adherir partes de un municipio o de un departamento totalmente distinto e ir «pedaceando el país», refiriéndose a la adhesión del Puerto de Satuyé, que está ubicado en La Ceiba, Atlántida, a la ZEDE Próspera. Hendrix compara la situación del Puerto de Satuyé con la adhesión de la isla de Santa Elena, que iba a ser un proyecto de desarrollo educativo que formaría parte de Próspera, pero finalmente no se concretó. 

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«Es que usted no puede construir un jardín en un potrero», comentó Óscar Hendrix, al hablar de cómo venden la idea de las ZEDE en el extranjero, y agregó: «Hacia afuera son un país dentro de otro país, no lo hacen contando que Honduras está lleno de corrupción, sin independencia judicial, con autoridades ligadas al narcotráfico, con altos índices de miseria y pobreza».

Al referirse a la creación de la ley orgánica de las ZEDE, la reforma a la Constitución de la República, entre otros procesos legales para la aprobación de este tipo de proyectos, aseguró que «esto es un sueño libertario, se armaron una constituyente para ellos en vez de reformar el aparato estatal, en vez de refundar el Estado. Les dieron plenos poderes para que en sus nichos puedan hacer lo que quieran».

Al consultarle a Mazzone qué opina acerca de la oposición a las ZEDE y la inconstitucionalidad de las mismas, responde que él no es abogado y agregó: «me limito a constatar que la Corte Suprema, que entiendo es responsable de decidir sobre este tema, no está contraria a la ley». El empresario italiano también dijo: «No se pueden poner todos los proyectos en la misma canasta, porque cada una de las tres ZEDE aprobadas son muy diferentes. Sobre el tema de si el contenido de cada proyecto es útil a los hondureños, al contrario de la constitucionalidad o no, cuya opinión debería ser la misma para todas las ZEDE, es normal que cada persona pueda tener una opinión diferente acerca de cada ZEDE», puntualizó el empresario italiano.  

Esta iniciativa que muchos expertos califican como inconstitucional, es apoyada por sectores políticos de Honduras, específicamente por el partido de gobierno, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente para las poblaciones de la zona norte, Caribe hondureño y el Golfo de Fonseca, ya que son las que el Gobierno ha denominado para la edificación de los proyectos y los inversionistas seguidores de Paul Romer ven como paraíso.

Una madre siempre sufre si un hijo se va lejos, sobre todo si huye porque ya no hay nada que su país pueda ofrecerle. Pero si su hijo es secuestrado en el camino, el sufrimiento se agudiza y la esperanza de verlo de nuevo se convierte en lo único que empuja a seguir viviendo. Este es el relato de una madre que nos ha pedido proteger su identidad, porque ahora su hijo regresó al lugar del que huyó. El miedo continúa.

Texto: Allan Bu

Fotografía: Martín Cálix


Aquel día, Aminta* estaba viendo el canal estadounidense
Univisión, cuando recibió una llamada perturbadora: Su hijo Alejandro* le hablaba para despedirse. El muchacho se había ido indocumentado unos días atrás y en el momento que tomó el teléfono estaba ahogándose en un contenedor abandonado por los coyotes. Alejandro se despedía de la vida. 

Ahí comenzó una pesadilla para Aminta en la que se conjuga el sufrimiento de quienes ven a sus hijos partir y la desesperanza que produce saber que su país no ofrece opciones para vivir. 

Aminta tiene 57 años y es maestra de educación primaria desde que tenía 16 años, por lo que ya tiene más de 40 años de servicio.Se casó dos veces, pero vive sola con un hijo adolescente. Su primer esposo murió y el segundo migró hacia Estados Unidos. Abandonó la familia. Durante más de 10 años estuvo sin comunicarse y cuando regresó a Honduras, ella  lo rechazó.

Todas las familias en Honduras tienen historias de migración y las cosas no han cambiado desde que Aminta vio partir a su esposo. Un estudio realizado en 2013, realizado por Vladimir López, investigador del Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), revela que en 1990 en Estados Unidos había 108,000 hondureños y que en el 2010 ya eran 633,000.

Una familia migrante durante su viaje hacia Estados Unidos, como parte de la caravana migrante. Omoa, Cortés, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Esta cifra ha aumentado exponencialmente en la última década, especialmente desde 2018, cuando miles de hondureños se han organizado en multitudinarias caravanas rumbo a Estados Unidos. La última fue en el año 2020, ni la pandemia impidió que unos 7200  hondureños se juntan para salir del país. Fueron golpeados en Guatemala.

Ahora, de acuerdo con datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la migración aumentó con el ascenso al poder de Joe Biden en 2021. En febrero del año en curso, 100 mil personas cruzaron la frontera de forma ilegal. La mayoría mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. 

Esta vez, uno de esos tantos inmigrantes era el hijo de Aminta, que ha vivido en unas de las zonas de San Pedro Sula con más incidencia criminal. Zona de pandillas y balaceras. Ahí ha vivido y ha trabajado.

Aminta  tiene dos hijos, el menor estudia Hostelería y Turismo en la Universidad y su hijo mayor estudió mecánica automotriz. Fue él quien hizo la llamada a Aminta cuando sentía morir asfixiado en un contenedor. Para entender cómo llegó Alejandro al contenedor, hay que pasar por uno de los males de este país: la violencia endémica que genera la inseguridad.  

Pese a que el gobierno pregona su lucha contra la violencia e inseguridad, el país sigue siendo tierra fértil para el crimen. En enero 2021, 14 personas aparecieron encostaladas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tela y Choloma con leyendas sobre ellos que decían «extorsionador». «Este tipo de delito no es nuevo, la cantidad de personas que han aparecido es lo que nos llama la atención», dijo a la Agencia Efe, Jaír Meza, portavoz de la Policía Nacional. 

En el 2020, un año de pandemia donde hubo meses de total encierro y otros de un confinamiento controlado, la violencia no paró. Según datos de la Policía Nacional, en el año en cuestión hubo 3,289 homicidios.

Durante su administración, Juan Orlando Hernández, Honduras ha dedicado miles de millones de lempiras a la lucha contra la inseguridad. En el presupuesto para el año 2021 la Secretaría de Seguridad recibió un monto de 6,970 millones de lempiras (290 millones de dólares) y para la Secretaría de Defensa se aprobó 8,464 millones de lempiras (352 millones de dólares).

Pues bien, Alejandro tuvo que salir del país porque la violencia tocó su puerta. Había conseguido un empleo como mecánico en Roatán con una empresa reconocida, aunque él y su esposa vivían en Puerto Cortés. En ese trabajo, hubo conflicto entre el jefe y otro empleado, este fue despedido y amenazó a Alejandro con «echarle» una de las pandillas que han sembrado zozobra en el país.

Días después, el hijo de Aminta se dio cuenta que era vigilado. En dos ocasiones vio que el excompañero amenazador, acompañado de otros hombres, lo esperaba cerca de donde él tenía que bajarse o tomar el autobús. No lo dudó. Decidió renunciar a su trabajo y emprendió el viaje hacia Estados Unidos. 

Viajó sin informar a su madre, quien pensaba andaba en Guatemala cumpliendo encomiendas de su patrono. Aminta se enteró que su hijo se había ido «mojado» el día que llamó a la casa y su nieto le preguntó: «¿Abuela y es que usted no sabe que mi papá se fue para los Estados Unidos?», después de eso logró comunicarse con él.

—¿Hijo estás en el contenedor?, le preguntó producto de esas corazonadas que solo una madre puede tener. Mientras hablaban en la pantalla se miraba que patrullas de la policía mexicana llegaban al lugar. 

—Estoy dentro del contenedor mamá, le contestó Alejandro.  

—Llamá a la policía hijo, que te agarren, pero que te saquen, clamó la madre. 

Cuando la llamada terminó la angustia fue terrible. Minutos después la policía abrió la puerta del contenedor y ella observó en vivo, a cientos de kilómetros de distancia, como su hijo saltó del contenedor y se perdía en un matorral. «Ahí supe que mi hijo estaba vivo», nos dice Aminta. Cuándo volvió a recibir una llamada, su hijo le dijo que estaba en un monte, pero no sabía dónde. Lo acompañaban unas ocho personas y seguía en camino hacia el norte.

Unos tres días después de ver aquella impactante escena en la televisión, Aminta estaba dando clases en la escuela cuando recibió una llamada. Pensó que era su hijo para ponerla al tanto de sus avances. Al contestar le dijeron: «Somos Los Zetas y le tenemos a su hijo, queremos ciento y pico de miles de lempiras y si no pues…», deja en suspenso y no termina de contarnos lo que seguramente fue una amenaza de muerte.

Le enviaron fotos y escuchó un par de palabras de su hijo. Ella pidió un poco de tiempo para conseguir el dinero: «Tiempo no tiene, muévase ya y cuidado le habla a la policía porque nosotros manejamos todo», la amenazaron.

Recuerda que al cortar el teléfono se quedó callada. Angustiada, pero confiada: «Tenía mis centavos en el banco», dice. Para alargar sus penas, cuando quiso hacer el envío a México no pudo. «El banco no me aceptaba mandar el total que me pidieron y con familiares hicimos envíos de “veinte en veinte”».

Los ahorros se agotaron, pero Aminta compró unos días de relativa tranquilidad. Armando siguió su camino. Ahora los que habían sido sus captores lo cuidaban con alimentación, ropa y un techo donde dormir.

Los movían de casa constantemente y siempre tenían que cumplir tareas. En una ocasión tuvieron que hacer un enorme agujero sin saber para qué. «Aquí no se pregunta», le dijo Alejandro un día. El celular se los prestaban por poco tiempo, aunque les daban ropa y comida. «Los que pagamos estamos tranquilos. A los que no lo hicieron no los hemos visto», le contaba su hijo.

Aminta cuenta la historia como si ella hubiera sido una espectadora omnipresente. Cuenta que cuando el grupo donde iba su hijo ya estaba en la frontera norte sus captores llenaron sus mochilas con una carga que ellos solo podían imaginar qué era. «Aquí no se pregunta», repetía con frecuencia Alejandro.

Muy probablemente lo que transportaban eran drogas, una industria que puede mover miles de  millones de dólares en los Estados Unidos. Según un estudio realizado por la Rand Corporation, los estadounidenses gastaron 150,000 millones de dólares en comprar drogas en el año 2016. La disputa por territorio de paso o venta de drogas ha incluido a Honduras, Guatemala, El Salvador y México en la lista de los países más violentos del mundo.

En Honduras, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández fue condenado por delitos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua más 30 años. En el juicio el mandatario hondureño fue mencionado en reiteradas ocasiones como co conspirador. Lo mismos pasó en el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, de quien la Fiscalía de Nueva York dijo era socio de Hernández.

***


Una vez en territorio estadounidense, con el «sueño americano» al alcance de la mano, Alejandro fue nuevamente secuestrado. Había pasado un poco más de un mes del secuestro anterior y ahora estaba en manos de los «Escorpiones Negros».

Dos jóvenes migrantes revisan un mapa de la ruta migratoria hacia Estados Unidos en la Casa del Migrante José. Esquipulas, Guatemala, 1 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

La única referencia a un cartel encontrado en medios mexicanos con el nombre de «Escorpiones», indica que estos son una facción armada del cartel del Golfo, que mantiene una sangrienta disputa en el estado de Tamaulipas con Los Zetas para controlar el paso de estupefacientes a Estados Unidos.

Cuando Aminta ya esperaba buenas noticias, cae una llamada y con ella vuelven las angustias, temores y amenazas. Su hijo estaba secuestrado nuevamente. «Me empezaron a pedir. Yo le dije: «Póngalo al teléfono, quiero oírlo. Ya vamos a negociar»», nos dice Aminta. Le pidieron 130,000 lempiras (5 416 dólares). 

«Me van a esperar», les dijo. Entonces comenzó una carrera contra el tiempo para conseguir pagar una segunda extorsión. «Siempre me fortalecí y siempre decía,  tengo que hacer todo por mi hijo, no es posible que se quede allá tirado, que no voy a volver a verlo. Dame fuerza señor», recuerda llorando. 

Esta vez no pudo conseguir la suma solicitada de inmediato. Tardó unos doce días y en ese lapso su hijo fue torturado. En una ocasión le hicieron una videollamada. La imagen le desgarró el corazón. Su hijo estaba amarrado a un árbol y los captores celebraban con un asado. Cada vez que volteaban la carne, ellos le colocaban el asador caliente en la espalda a Alejandro. «Ahí tiene las marcas», nos dice Aminta. 

Este cartel también utilizaba  a los migrantes para cruzar «cuestiones», pero nos cuenta que su hijo en una ocasión se puso rebelde y fue brutalmente golpeado con un bate. «Llegó un momento que mi hijo ya no les servía en la noche para cruzar eso. Cayó inconsciente porque comenzó a presentar problemas de riñones. Lo golpeaban y no bebía agua». 

Logró completar el dinero con la ayuda de la familia y un préstamo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema). Llevó grabaciones de llamadas y videos. «”Profe”, ya le vamos a dar ese dinero», le dijeron.

Cuando tuvo el dinero en sus manos y pudo enviarlo no supo más. Después se enteró que a su hijo lo tiraron en un bosque con árboles de espinas ya estando inconsciente. Fue encontrado por uno de los caninos que utiliza los miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Fue recogido por oficiales y llevado a un hospital en Houston.

Le dieron un número para llamar e informarse de la salud de su hijo. Le prometieron enviarlo en un mejor estado pues en ese momento no podía permanecer de pie, estuvo internado aproximadamente dos meses y medio. «Yo lo vi vendado. En los Estados Unidos me lo trataron bien», expresó. 

El día que recibió una llamada del aeropuerto Ramón Villeda Morales ella sabía que su hijo venía. Lo vio en una silla de ruedas. Habían pasado más de cinco meses y a Alejandro lo deportaron. Es una mujer fuerte, pero llora otra vez. Las palabras se combinan con sollozos y nos dice, «ahí me volvió la vida, pero es bien difícil».

De acuerdo con cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras que recoge Diario Tiempo  en los primeros tres meses del 2021, 13 139 migrantes hondureños fueron retornados al país. La cifra es inferior al 2020 cuando regresaron a 17,331 en el mismo período. 

Además, entre 2017 y 2019, Estados Unidos resolvió 9000 solicitudes de asilo de hondureños. Este dato lo recoge el perfil migratorio del país realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La caravana migrante a su paso por el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, luego de viajar entre aventones y grandes tramos a pie, desde la Central Metropolitana de Buses en la ciudad de San Pedro Sula. Omoa, Cortés, 1 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

 El periódico estadounidense Chicago Tribune, recoge que en 2018, más de 25,500 migrantes hondureños fueron remitidos a exámenes de temor creíble, la mayor cantidad de cualquier nacionalidad, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Solo el 9 % no pasó esta etapa inicial.

La mayoría de los solicitantes de asilo hondureños, asegura Chicago Tribune, pasan la entrevista de temor creíble, sin embargo poco menos del 11 % recibió asilo desde el año 2009 hasta 2018, según un análisis de los registros del tribunal de inmigración realizado por el Union-Tribune. Alrededor del 59 % fue deportado. Así como Alejandro fue deportado pese a que estaba amenazado en Honduras.

Pero a pesar de esto, son los migrantes quienes sostienen la economía hondureña. Las cifras del Banco Central de Honduras para 2020, un año de pandemia, indican que los hondureños en el exterior enviaron al país alrededor 5500 millones de dólares, que significa el 20 % del producto interno bruto (PIB) del país.

Una vez en Honduras, su hijo necesitó ayuda psicológica. La profesora cuenta que pasaron varios días antes de que ellos pudieran sostener una plática: «No podíamos ni platicar porque tanto él como yo, solo éramos llanto y llanto. Viví momentos de tremenda angustia. Eso no se lo deseo a nadie. Es una de las cosas más crueles que le puede ocurrir a uno de madre».

Como si quisiera graficarnos la angustia que pasó nos dice que cuando le secuestraron a su hijo ella tenía 55 años, pero antes del evento su pelo todavía era negro. En los meses que su hijo Alejandro estuvo cautivo su cabeza se tiñó de blanco: «Fue el sufrimiento y usted no tiene idea de todo lo que me imaginaba. Pasaba pegada a Univisión»

Cuando retornó a Honduras, el sufrimiento no terminó para el hijo de Aminta: «No dormía, tenía miedo, si estaba dormido, gritaba. Ese tipo de cosas no solo le hacen daño al que las vive, nos pasa factura a todos». Con su hijo no hablan del tema, él le ha pedido que le dé vuelta a la página.

Alejandro consiguió un nuevo trabajo y vive con su familia, pero las secuelas aún hieren. Su madre hubiera querido vivir esa experiencia por él. «Hay alguna gente buena, pero hay gente muy mala. En ese camino todo es dinero. Los carteles piensan que los migrantes llevan dinero y nos les importa si llevan o no. Usted tiene que buscarlo».

Por Iveth Vega
 

Abril se preparó para ir a trabajar como todas las mañanas. Salió del edificio donde vivía repasando con detalle cada rincón del lugar porque sentía que había olvidado algo. Con la caminata tomó conciencia de que había perdido un recuerdo. Registró en los cincuenta y dos cajones de su cabeza tratando de buscar un recuerdo de cuya apariencia no estaba segura.

Las hojas bajo sus pies le daban la impresión de levedad. Caminó alrededor de cinco kilómetros, hasta que miró sobre un estante empolvado un ramito violeta. Lo tomó sin darle importancia al golpecito metálico en su cadera. Sonrió descansando la cabeza en un charquito viscoso y oscuro.

Por Perla Rivera

 
 Encuentran en unas macetas cadáveres de bebés que enfermera abortaba
(De un periódico en Estados Unidos) 

En el balcón de la casa el viento movía las Begonias. Cinco macetas sostenían con dificultad los manojos que colgaban desde la ventana del comedor.

Rubén se acercó a respirar el aroma y disfrutar el extraño encanto de aquellas flores. Cortó una de ellas para su aturdida esposa que le esperaba en el desayunador.

Ella abstraída y frotando sus manos con muchos nervios le dio la noticia; un nuevo bebé se gestaba. La esperanza de ser padre reapareció en Rubén y la abrazó conmovido.

Ella —pensativa y perturbada— pensó en comprar la sexta maceta.

La nueva Ley Electoral aprobada el pasado martes por el Congreso Nacional, no garantiza que se evite el fraude y la crisis política en las elecciones generales de noviembre de 2021, según el criterio de analistas y especialistas en el tema político.

Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix


Con mayoría calificada, 110 votos a favor y 6 en contra, se aprobó, en el Congreso Nacional el pasado martes, los últimos 6 capítulos de la nueva ley electoral que quedaban pendientes, tras los acuerdos alcanzados entre el Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Libertad y Refundación (Libre), sobre todo para acallar presiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.), no obstante, recomendaciones como el balotaje y una posición firme sobre la reelección presidencial (que hasta ahora queda abierta) no están contempladas en esta nueva normativa. 

El punto que tenía detenida la aprobación de esta nueva ley electoral era la conformación de las mesas electorales, que anteriormente eran conformadas por representantes de cada partido político, sin embargo, el artículo número 46 de la nueva ley, publicada el jueves en La Gaceta, establece que las juntas receptoras de votos en elecciones generales estarán integradas por cinco miembros propietarios con voz y voto, y sus respectivos suplentes, designados por su los partidos políticos. 

«La asignación de cada uno de los cargos de la junta receptora se determinará de la siguiente manera: un presidente, un secretario, un escrutador, asignados de manera equitativa a los tres partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la última elección primaria, con base en la propuesta de los mismos (que en este caso son el PN, PL y Libre), y dos (2) vocales nombrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a propuesta de los demás partidos políticos en contienda (los restantes partidos políticos), los cuales serán designados por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad, en la totalidad de la junta receptora de votos del país», establece el artículo 46 de la nueva ley. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 14 partidos políticos para las elecciones del 28 de noviembre del 2021, y esta nueva ley deja abierta la participación de candidaturas independientes en los capítulos VI y VII.

Los partidos inscritos son: PL, PN, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, (PINU), Partido Democracia Cristiana (DC), Partido Unificación democrática (UD), Partido Anticorrupción (PAC), Partido Alianza Patriótica Hondureña (Alianza), Libre, Partido Frente Amplio, Partido de Centro Social Cristino, Partido Nueva Ruta de Honduras, Partido Salvador de Honduras, Partido liberación democrática de Honduras, Partido Todos Somos Honduras

Blindaje para candidatos involucrados en casos de corrupción

La diputada del PINU, Doris Gutiérrez, dijo a Contracorriente que los diputados lo que hicieron fue blindarse entre ellos mismos, aprobando artículos en donde no se puede seguir el enjuiciamiento para los que van a cargos de elección popular y no se les puede inhabilitar hasta que tengan sentencia firme, aunque se sospeche que han incurrido en actos ilícitos.

Pero no solo los diputados. El candidato a la presidencia por el PN, Nasry «Tito» Asfura (también conocido como «Papi a la Orden»), tiene dos solicitudes judiciales abiertas. Por esa razón, uno de los puntos más controversiales es la interpretación de un artículo que no deja del todo claro si este puede o no ser inhabilitado. 

Asfura, quien actualmente es el alcalde de Tegucigalpa, enfrenta procesos de antejuicios por parte del Ministerio Público que lo considera responsable de los delitos de lavado de activos, malversacion de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y fraude.

Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras, dijo a Contracorriente que el PN tiene a «“Papi a la Orden” de testaferro» al que en cualquier momento van a acusar cuando lo estimen necesario para sacarlo del proceso electoral, porque «a Juan Orlando Hernández ya le dijeron los gringos que el día que salga del poder, él va preso».

Nasralla expuso que con las reformas electorales: «todo el que ha cometido robo, asesinato, tráfico y lavado de dinero queda habilitado. Las reformas solo favorecen al crimen organizado y al narcotráfico, que ahora tiene todo el campo abierto para meter más disputados narcotraficantes y ladrones».

El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Rafael Jerez, por su parte argumentó que el artículo 311 de la nueva ley, acerca de la inhabilitación por procesos judiciales, está dirigido a favorecer a los tres partidos que promovieron la reforma: PN, PL y Libre «cuyos dirigentes están involucrados en algunos procesos judiciales. Esto solo promueve la impunidad y pone en peligro el buen funcionamiento de la administración pública».

Pero para el director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), Luis Daniel León, esta nueva ley no blinda funcionarios. «Si vemos la ley vieja, en el artículo que habla de que cualquier candidato pueda participar mientras no sea condenado, el artículo es el mismo. Ejemplo de esto es que el candidato del PN está en un proceso judicial y sigue siendo candidato, significa que cualquiera puede participar hasta que se le declare culpable», sostuvo, en alusión al artículo 311, y dijo que esto no es un tema de impunidad, ni es nada nuevo, porque así ha estado funcionando en el pasado. 

La abogada Gracia María Bertrand, experta en derecho penal y jueza de un tribunal de sentencia, dijo a Contracorriente que «la nueva ley favorece a los candidatos que tienen señalamientos por actos constitutivos de delito, ya que no los inhabilita para participar en el proceso, sino que exige un proceso penal con sentencia condenatoria firme».

El artículo 311 puntualiza que «las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de  inscripción hasta la declaratoria de las  elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si esta fuese el objeto principal de pretensión y recayera sentencia firme condenatoria al efecto o resultaren de la comisión de un delito o la violacion de la Constitución de la República».

En ese sentido, Bertrand, quien también es vicepresidenta del Capítulo del Norte del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), estimó que «la nueva ley electoral no crea certidumbre en un proceso amañado que sigue beneficiando a los mismos partidos mayoritarios, representados por diputados que se prestaron desde sus curules a favorecer a sus partidos, anteponiendo sus intereses sobre la democracia participativa».

Transmisión de resultados

La congresista Doris Gutiérrez advirtió que todo el proceso, tanto en los consejos municipales como en los departamentales, va a ser manejado por tres partidos que también tienen representación en el CNE, del que, sostuvo: «no se puede esperar mucho en cuanto a transparencia y transmisión objetiva de resultados».

Lamentó que el PN, PL y Libre son responsables de haber creado una ley que es excluyente y, que «de alguna forma, es antidemocrática», por lo que seguramente los partidos emergentes van a reaccionar con recursos de inconstitucionalidad, que posiblemente no se los acepten. Por otro lado agregó que «es excluyendo a estos partidos, que se hacen las cosas», y que la Corte es manejada por el PNl.

Sin embargo, para Jerez, la ley tiene como cosa positiva, la regulación del sistema de transmisión de resultados, que obligará al CNE a contratar con antelación un sistema que permita actualizar los resultados el mismo día de la elección. 

No obstante, Jerez cree que la nueva ley electoral no responde a la realidad del país, lo que ha provocado que  muchos actores descalifiquen el proceso y «esto a la larga trae un resultado, no solo de desconocer los resultados electorales, sino de protestas sociales, muertos, heridos y una mala imagen del país internacionalmente». 

Jerez añade que las reformas no responden a las demandas sociales porque de ser así, los diputados hubiesen aprobado la segunda vuelta, misma que debió ser aprobada desde el año pasado porque debía ser ratificada en una nueva legislatura. «Esto respondería a la demanda de la población si todas las reformas necesarias hubieran sido aprobadas», sostiene.

El caso Salvador Nasralla

Salvador Nasralla, quien convocó el pasado miércoles en sus redes sociales a una «gran caravana vehicular», que debió desarrollarse el pasado jueves y que no tuvo impacto, exigió representación en la totalidad de las mesas electorales y amenazó con no participar como candidato del Partido Salvador de Honduras. «Todo está dado para que el narcotráfico siga gobernando, ahora más a sus anchas sin oposición. Porque la oposición verdadera era yo, y con esto me eliminan de las mesas», dijo a Contracorriente.

Para Jerez, el candidato del PN, Nasry Asfura, tiene posibilidades muy altas de ganar, por su estructura y su red de clientelismo político y, considera, que si no participa Salvador Nasralla, eso será más ventaja para el oficialismo.

Para el sociólogo Eugenio Sosa, Salvador Nasralla es un «antisistema de partido, no antisistema capitalista, porque él arrasa con todo mundo en su crítica». Afirmó que el retiro de Nasralla podría favorecer más a Libre y al PL, «porque es un opositor menos y el voto de Nasralla no va a sumar a los cachurecos, el voto de Nasralla va a ser inclinado en su mayoría al partido Libre y una mínima parte a los liberales».

Para Sosa —quien es investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)— si Nasralla no participa en las próximas elecciones, se espera un panorama más competitivo entre las tres fuerzas. «Muy probablemente la disputa va a estar entre Partido Nacional y Libre», adelantó.

Sosa añade que esta nueva ley viene a equilibrar un poco las fuerzas, porque el PN, que tenía demasiado control, ahora estará más controlado: «Este control se mueve ahora de manera más equitativa entre los tres partidos políticos, lo que pasa con Libre es que es una oposición sistémica y por lo tanto ellos negocian, y acuerdan dentro del sistema, Libre es oposición en algunos temas, pero a la hora de tomar acuerdos que le favorecen los toma sin ningún problema, pactando con el partido de gobierno y con el PL», sostuvo.

Sosa considera que estas reformas electorales no son profundas sino «ajustes» para consolidar el tripartidismo (PN, PL y Libre) en el que Salvador Nasralla resultó  perdedor. Sosa agrega que la ley derogada «funcionaba muy bien para el bipartidismo», pero estas reformas vienen a ser «un cambio para la estabilidad del país».

El sociólogo reconoce que Salvador Nasralla, contrario a otros partidos minoritarios, sí resultó perjudicado, “porque si somos honestos, él tiene un caudal importante de votos, muy diferente a los partidos de maletín». Sosa considera que la ley deja a Salvador Nasralla con apenas el 25% de probabilidades de tener representación en la mesa y, en ese sentido, “la ley no es totalmente democrática, excluye a las otras fuerzas, porque detrás de estas reformas lo que hay son acuerdos, una nueva forma de estabilidad en el país que favorece a los tres partidos políticos”.

Luis Daniel León, dijo a Contracorriente que la ley vigente es un acuerdo político, porque después de casi cuatro años lo que refleja es que los institutos políticos mayoritarios quieren evitar un conflicto poselectoral en noviembre.

León considera que esta nueva ley lo es solo en la teoría, porque en la práctica es solo una ley reformada, sin embargo, la composición de las mesas electorales evitará el «tráfico de credenciales, tráfico de votos y manipulación de actas».

Añade que cinco representantes en mesas receptoras, en lugar de catorce, ayudarán de cierta forma a controlar el proceso, aunque tampoco garantizan que no harán fraude.

León recordó que la nueva ley evitará el incremento masivo de partidos políticos que no aportan nada electoralmente. «Se reduce en más de ocho millones de lempiras el aporte de la deuda política y los partidos mayoritarios aumentan su nivel de ingreso», explicó.

El director del NIMD lamentó que en Honduras, muchos de los negocios han sido crear partidos para adquirir una deuda política y de esa forma obtener recursos o cuotas de poder a través de las credenciales, pero no porque quieran ganar.

Presiones de organismos internacionales y de Estados Unidos

«La implementación de estas reformas es el siguiente paso importante hacia un proceso electoral transparente en noviembre», posteó en un Twitter la embajada de EE. UU., mientras que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, indicaba por esta misma vía que «cuando logramos consensos por mayoría significa que corregimos y avanzamos como democracia, sociedad y país».

Días antes de que la nueva ley electoral se aprobara, el diputado Mario Pérez, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional, había manifestado que «no eran papos (tontos)» para realizar las reformas tal y como las querían el PL y Libre. Sin embargo, después de que se aprobó una reforma para acelerar la implementación de las ZEDE en Honduras, que quita soberanía territorial al Estado de Honduras, sorpresivamente los diputados nacionalistas, con 61 de los 128 diputados, accedieron a aprobar las reformas electorales.

El abogado Rafael Jerez resaltó que EE. UU. ha sido un factor importante en cuanto a influir para que se creara esta nueva ley, aunque considera que la comunidad internacional no ha estado del todo enterada de muchos artículos que se aprobaron, porque de haberse socializado algunas de estas reformas, muchos miembros de la comunidad internacional no hubieran estado de acuerdo.

En ese sentido, Luis Daniel León manifestó que su organización recomendó mayor representación en las mesas electorales: «Nosotros no creíamos que este consenso se iba a dar porque la comunidad internacional lo viene pidiendo. Desde el 2017 la OEA lo dijo en su informe, la Unión Europea la dijo en su informe, la sociedad civil, la academia, la empresa privada, el pueblo. Pero esto es lo que se pudo lograr y algo es peor que nada», remarcó.

A juicio de Nasralla, las verdaderas reformas electorales eran la segunda vuelta, ciudadanización de las mesas electorales y el voto hondureño en el exterior, pero no ninguna de estas fue aprobada. 

Cuando se le preguntó sobre la publicación de la embajada de EE. UU. en Honduras,  Salvador comentó que «EE. UU. desconoce los problemas de nosotros, ignora muchas cosas, ellos tienen problemas mayores en su país, miran a Honduras como quien mira una bodega llena de basura. Ir a elecciones con esta nueva ley significa que en las mesas van a estar representados los narcotraficantes y los ladrones, la democracia de Honduras no existe, esto es una orden que viene del cártel de Sinaloa, que es el que gobierna nuestro país, ellos (los narcos) tienen a Hernandez aquí y los demás les hacen el juego para que el pueblo crea que hay democracia, Libre y el Partido Liberal son partidos que les hacen el juego al PN. Me voy a retirar de la política, el partido va a continuar, pero sin mí. Voy a hacer alianzas siempre y cuando me permitan tener presencia en las mesas electorales, solo así estoy dispuesto, por eso tenemos una avanzada plática con el PINU,  pero si no nos dan representantes en las mesas no tiene sentido», afirmó.

El PN ya no controlará toda la institucionalidad electoral

Eugenio Sosa cree que el PN está sufriendo mucho desgaste, mucha agresión, sobre todo porque ha perdido el favor que tenía de los organismos electorales. «Todo esto hace que de alguna manera el Partido Nacional pueda llegar a perder las elecciones», pronosticó. Sosa cree que en las reformas electorales los más favorecidos son los de Libre, que después de estar totalmente fuera en las elecciones de 2013 y 2017, ahora juegan un papel importante dentro de la institucionalidad electoral.

El investigador de la UNAH agregó que Asfura tiene una lucha competitiva y menos ventajosa que la que han tenido antes los candidatos nacionalistas, porque ahora ya no tendrá el control de toda la institucionalidad electoral: «Asfura es un candidato que tiene carisma de manera rara pero no mucho en el campo, él es un hombre que tiene poca palabra y de alguna forma esto lo hace derrotable». 


*Al cierre de esta nota, Salvador Nasralla estaba contemplando alianzas con actores políticos de oposición, sin embargo, estas no se habían concretado.

Luego del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, la lucha emprendida por las distintas organizaciones que han exigido que se haga justicia ha tomado distintos matices: desde la lucha callejera hasta expresiones de comunidad y espiritualidad indígena ancestral en distintos espacios y lugares del país. El Campamento Feminista Viva Berta se enmarca en la más reciente de estas batallas: el juicio que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la ciudad de Tegucigalpa, contra David Castillo, expresidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S. A. y considerado coautor intelectual del crimen contra la líder indígena.

Mientras en el interior de la CSJ, David Castillo enfrenta juicio por ser considerado coautor intelectual del crimen contra Berta Cáceres, perpetrado en 2016, en las afueras, el Campamento Feminista Viva Berta concluyó su tercera semana. Organizaciones de distintas partes del país han llegado hasta Tegucigalpa para realizar este evento que para ellas, es la continuación del legado que ha dejado Berta para las mujeres indígenas de Honduras.

Para activistas y organizaciones que se mantienen a la espera de un resultado que podría poner en prisión a David Castillo en una condena que ronda entre los veinticinco y treinta años de cárcel —según el artículo 193 del nuevo código penal hondureño— instalar un campamento de esta dimensión conlleva un enorme esfuerzo, debido a que la mayoría de las organizaciones se movilizan hasta la capital hondureña desde sus regiones de origen para realizar una actividad que implica una medida de presión más para el Gobierno hondureño.

Que el campamento se declare feminista es importante para las mujeres que han decidido llevarlo a cabo, debido a que Berta Cáceres era una mujer indígena y feminista, esto refuerza la identidad de la lucha y su legado, explica Ninoska Alonzo, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, a través de un contacto con las radios comunitarias del Copinh. 

«Es un legado que se nos ha dejado, es una forma de seguir resistiendo», explica por su parte Mabel García de la Organización Fraternal Negra de Hondureña (Ofraneh), una organización con la que Berta tuvo siempre una relación cercana basada en los lazos de hermandad, solidaridad y coincidencias de lucha. Para Mabel, este campamento no es otra cosa que una forma de presionar al Estado hondureño para que esclarezca el caso y condene a los culpables intelectuales y materiales del asesinato de Berta Cáceres.

En el campamento, como en muchos espacios donde se exige justicia por el crimen contra la líder del Copinh, la consigna «Berta vive en todas las rebeldías», es permanente. La rebeldía de estas mujeres radica en soñar y luchar por una sociedad que garantice la libertad de las mujeres y sus derechos fundamentales, que no haya más feminicidios, que no haya más mujeres oprimidas en sus hogares y en sus organizaciones.

El campamento de las organizaciones sociales estará instalado en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia hasta el final del juicio contra David Castillo, donde se ha revelado la implicación de Daniel Atala, otro ejecutivo de la empresa DESA, por lo que Copinh, la Ofraneh y otras organizaciones esperan también sea llevado a juicio.

Honduras, en el 2020, gastó cerca de 6000 millones de lempiras (unos 248,8 millones de dólares) en atención a la pandemia. Sin embargo, aunque la promesa era que con ese presupuesto se construirían hospitales y se comprarían vacunas, más de un año después, no se ha logrado construir ni un solo hospital y la única compra realizada para infraestructura hospitalaria fue la de siete hospitales móviles que resultaron ser un fraude. En cuanto a la vacunación, Honduras es actualmente el país más atrasado de Centroamérica.

Texto: Leonardo Aguilar
Fotografías: Martín Cálix


*Este reportaje fue desarrollado con el apoyo de la Fundación Thomson Reuters

A mediados de marzo de 2020, cuando apenas había unos pocos casos de COVID-19 en Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández prometió construir 95 nuevos centros hospitalarios, que estarían disponibles y serían distribuidos en todo el territorio hondureño para combatir la pandemia.

«El día de hoy he sancionado un decreto que envié al Congreso y que fue aprobado por una amplia mayoría», dijo Hernández, el pasado 13 de marzo de 2020, refiriéndose a la aprobación de una ley que permitirá acceder a 420 millones de dólares (unos 10,000 millones de lempiras). 

El decreto de emergencia que firmó Hernández autorizaba a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h) —una unidad de gestión de proyectos adscrita a la Coordinación General de Gobierno— a contratar directamente obras, bienes y servicios para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. 

El Congreso Nacional hizo su parte. En tiempo récord reformó la ley orgánica de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y de esa forma autorizó que el 70 % de las utilidades netas del ENP desembocaran en Invest-h, para mejorar la infraestructura hospitalaria.

Sin embargo, en el año 2020 y hasta el 11 de febrero de este año, no se ha construido ni un solo hospital nuevo, según información revelada por la Secretaría de Salud, tras una consulta que realizó Contracorriente a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Más de un año después de la firma del decreto solo se han recibido dos hospitales móviles comprados por Invest-h en concepto de «transferencia de bienes», según consignó la Secretaría de Salud en el marco de la consulta efectuada por este medio.

Un informe de la Secretaría de Finanzas establece que, durante la pandemia, Honduras ha desembolsado más de 6000 millones de lempiras (unos 248,8 millones de dólares). La lista la encabeza Invest-h que, sin expertos médicos en su equipo, ha gastado 2117 millones de lempiras (88,3 millones de dólares), seguido de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) con 978,7 millones de lempiras (40 millones de dólares); mientras que la Secretaría de Salud ha gastado 527,5 millones de lempiras (22 millones de dólares).

«Mamá, si no me recupero de aquí al lunes, sáqueme de aquí»

La madre de Yasser Cuéllar, doña Nidia Fuentes, una abogada de 53 años, sentada a la par de su esposo, Carlos Arita, un comerciante de 52 años, lamenta y llora de impotencia cada vez que recuerda haber ingresado a su hijo a un hospital móvil.

«Mi hijo decía que estudiaría medicina para ayudar a los demás», dice doña Nidia, quien se encuentra en la segunda planta de una plaza comercial, ubicada frente al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a escasos metros del lugar en el que falleció su hijo el 14 de febrero de 2021 a las 4:23 p. m.

El día de su nacimiento, Yasser Cuéllar, el primogénito de un parto doble registrado en agosto de 1993, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, luchó para sobrevivir en un hospital que no contaba con una sala especializada para neonatos. Pero su hermano gemelo —que pesó menos de 5 libras— no contó con la misma suerte y falleció 48 horas después. 

Yasser sobrevivió en aquella oportunidad, pero 27 años después, a un día de finalizar su servicio social como doctor en cirugía y medicina, murió de coronavirus en el interior de una especie de contenedor de camión, más conocido como hospital móvil, que fue instalado en San Pedro Sula. Esta instalación, a pesar de haber llegado en mal estado desde Turquía a un precio de 15.9 millones de dólares, sigue funcionando como hospital precario. 

Nidia Fuentes de 53 años y Carlos Leonel Arita de 59 años, son los padres del doctor Yasser Cuellar que murió a los 27 años a causa de la COVID-19. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Honduras compró un total de siete hospitales móviles y siete plantas de tratamiento procedentes de Turquía, a un precio de 47,5 millones de dólares (unos 147,5 millones de lempiras). Estas estructuras ingresaron a Honduras en fechas 10 de julio, 11 de octubre y 20 de noviembre de 2020 y desembarcaron en Puerto Cortés, según el requerimiento fiscal al que Contracorriente tuvo acceso.

El 18 de julio de 2020 se realizó la primera inspección. Esta fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) a los hospitales que se instalarían en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los equipos venían usados y en mal estado, incluso había equipo caducado entre los años 2012 y 2016, según establece la acusación del Ministerio Público.

Debido a las pocas opciones para ser atendido en una unidad de cuidados intensivos (UCI), en sus últimos días de vida, Yasser solicitó ser ingresado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero según cuenta su madre el cupo le fue negado porque no estaba afiliado en ese instituto. 

En lugar de eso, se le concedió una cama en uno de los siete hospitales móviles, cuya compra es investigada por la Justicia como un enorme fraude por el cual guardan prisión preventiva los abogados hondureños Marco Bográn, exdirector de Invest-h, y Alex Moraes, gerente financiero de esa misma institución, por violación de los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude. Contracorriente intentó en reiteradas ocasiones contactar a la defensa de Marco Bográn y Alex Moraes, para obtener su versión sobre estas acusaciones, sin embargo, no obtuvimos respuesta.

En el marco de la investigación judicial, el Ministerio Público de Honduras ha solicitado también una orden de captura internacional en contra del guatemalteco Axel Gamaliel López Guzmán, de 59 años, de nacionalidad estadounidense, quien es el representante legal de ELMED Medical Systems INC, más conocida como hospitalesmoviles.com, institución que sirvió de intermediaria para comprar esos hospitales.

El hospital móvil de San Pedro Sula, en donde murió Yasser, es el único de los siete que está funcionando, porque el que se instaló en Tegucigalpa (capital de Honduras), apenas funcionó mes y medio, hasta que se determinó que no cumplía con las exigencias y fue reacondicionado para cirugías. 

Los cinco hospitales restantes —que todavía no entran en funcionamiento— debían ser instalados en las ciudades de Choluteca, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Danlí y La Ceiba (zonas sur, occidente, oriente y norte del país), pero llegaron con severos daños en su infraestructura física, equipo mojado en su totalidad, con perforaciones dentro de las estructuras y con algunos módulos totalmente oxidados. «El fabricante no contaba con la capacidad ni la experiencia necesaria (…) para el manejo adecuado para los pacientes con COVID-19», estableció el ingeniero biomédico que realizó la inspección, según consta en el requerimiento fiscal.

Según el Ministerio Público, la inspección realizada el pasado 17 de febrero de 2021 al hospital móvil de San Pedro Sula —tres días después de la muerte de Yasser— determinó que «el acondicionamiento no era el adecuado de acuerdo a lo que exigen las normas internacionales de bioseguridad».

El ingeniero biomédico que realizó las inspecciones encontró que estos hospitales no contaban con ventiladores mecánicos ni con monitores de signos vitales, no traían planos eléctricos, ni estructurales, ni un sistema para el manejo de gases médicos, aire acondicionado, flujo de pacientes, ni ningún otro tipo de documentación técnica. 

Tras la muerte de Yasser, sus padres conocieron detalles de lo que pasaba dentro del hospital móvil de San Pedro Sula: «Los ratones mordían los cables, la energía eléctrica se iba a cada rato, y las personas que estaban conectadas a oxígeno —cuando se iba la energía en un momento— se descompensaban», cuenta Carlos Arita, al tiempo que su esposa, doña Nidia, agrega: «Tienen una planta, pero tarda cinco minutos en arrancar, así que imagínese: ¡cinco minutos sin oxígeno!».

Según un comunicado del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) del 20 de mayo de este año, en Honduras (un país de 9 millones de habitantes) han fallecido 2859 personas por COVID-19 durante el año 2021, esto hace un total de 6093 desde que llegó la pandemia al país.

No obstante, según datos de la Asociación Nacional de Funerarias, recogidos en una publicación de Diario Tiempo, en Honduras mueren 1100 personas mensualmente a causa de la pandemia. Esta asociación asegura que el Gobierno hondureño esconde sus cifras, ya que hasta abril del presente año son 15,000 personas las que han sido enterradas bajo protocolos de COVID-19.

Marco Tulio Castro (derecha), abogado defensor de los implicados en el caso de los hospitales móviles, conversa a la entrada de la sala donde se desarrolló la audiencia inicial contra Marco Bográn y Alex Moraes en los Tribunales en Materia de Corrupción. Tegucigalpa, 10 de abril de 2021. Foto: Martín Cálix.

Transferencias millonarias 

El 8 de abril de 2021, el Ministerio Público de Honduras acusó formalmente a Marco Bográn y Alex Moraes de ser los autores directos de ese fraude, mientras que solicitó la captura del guatemalteco Axel López por considerarlo el enlace directo al ser, supuestamente, un cooperador necesario.

Según el requerimiento fiscal, el 25 de marzo de 2020, cinco días después de que el Estado de Honduras hiciera el pago del 100 % de los dos primeros hospitales móviles, Axel López realizó una transferencia internacional por un valor de 5 millones de dólares y una vez que se le realizó el segundo pago, hizo otras cuatro transferencias en fechas 6, 13 y 29 de abril y una última el 22 de mayo de 2020, esto fue ejecutado desde la cuenta de Elmed Medical Systems, INC a la cuenta de Vertisa Cevre LTD STI / Turkiye Garanti Bankasi A. S.

Según una publicación del medio guatemalteco Agencia Ocote, basadas en el libro autobiográfico Cómo hacer negocios exitosos en América Latina, que escribió el propio Axel López —quien se autodenomina un experto en marketing y un consultor de negocios en América Latina—, este empresario que fue secuestrado siendo joven en México cuando buscaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos (EE. UU.) como indocumentado. Según el libro, su familia en EE. UU. pagó el rescate, lo introdujeron secretamente en la parte trasera de una camioneta y lo cruzaron de contrabando por la frontera. En ese texto, el propio López se jacta de sus logros empresariales que le han valido algunos apodos, entre ellos «Mr. Cash King» (Señor rey del dinero), «The Hispanic Guru» (El gurú hispano) y «Mr. HispanoPreneur™» (Una contracción entre hispano y emprendedor en inglés).

El millonario guatemalteco negó conocer a Marco Bográn y a ninguna otra persona con la que selló el acuerdo. Sin embargo, Axel López aseguró que fueron representantes diplomáticos hondureños en EE. UU. quienes lo recomendaron: «La Embajada de Honduras en Washington pasó la información a Honduras para que nos contactaran», dijo el guatemalteco en una entrevista al diario El Heraldo de Honduras.

Luego de esta entrevista, circuló una fotografía de Axel López estrechando la mano de María Antonieta Guillén de Bográn (tía de Marco Bográn), quien fungió como exdesignada presidencial durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), lo que confirmó que el guatemalteco sí conocía a la familia del exdirector de Invest-h.

Marco Bográn fue separado de Invest-h el pasado 27 de junio de 2020. Cuando estaba al frente de esa entidad era uno de los funcionarios mejor pagados de Honduras, devengando un salario de 231,932 lempiras mensuales (un poco más de 9500 dólares).

Roberto Cosenza, subsecretario de la Secretaría de Salud, actualmente es el encargado de la vacunación contra la COVID-19 a nivel nacional. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El pasado 7 de mayo —mientras se realizaba una jornada de vacunación contra la COVID-19 al personal de primera línea en la Universidad Católica de San Pedro Sula— el subsecretario de Salud Roberto Cosenza, dijo a Contracorriente que el hospital móvil sampedrano tenía ingresados a 33 pacientes diagnosticados con dicha enfermedad.

Al ser consultado sobre qué pasó con los seis hospitales móviles, Cosenza, un tanto molesto, respondió: «la señora ministra de Salud (la licenciada en pedagogía Alba Consuelo) es la que está encargada en este proceso».
Cosenza agregó que, para que no vuelvan a ocurrir casos como los de Yasser, se está vacunando a los internos y médicos de servicio social que están en primera línea: «Estos ya se pueden presentar a trabajar en los diferentes hospitales y centros de salud», afirmó.

Ángel Chiessa, presidente de la asociación de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), dijo a Contracorriente que a pesar de que la gran mayoría de sus compañeros en servicio social e internos han recibido la vacuna, todavía quedan compañeros de quinto y sexto año a los que no los han inmunizado.

«La muerte de Yasser conmovió a toda la comunidad estudiantil. Llegamos a un momento de impotencia, no sabíamos qué hacer. Hemos desarrollado actividades para exigirle al Estado que nos vacune y que nos dote de equipo de protección personal», sostuvo Chiessa.

El pasado 14 de mayo se reportó la muerte de otro estudiante de medicina, el cual fue identificado como Carlos Alberto Flores Cruz, quien cursaba el séptimo año de su carrera y estaba realizando su internado rotatorio en el área de pediatría en el Hospital de Occidente. La facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un  acuerdo de duelo por el fallecimiento del joven.

El Colegio Médico de Honduras ha reportado, hasta el pasado 14 de mayo, un total de 87 médicos fallecidos a causa de la COVID-19. Pero en lugar de mejorar su infraestructura hospitalaria y vacunar rápidamente a la población, el Gobierno de Honduras ha cerrado, en las últimas semanas, más de 70 triajes a nivel nacional, debido a la falta de fondos, según lo ha denunciado ante medios de comunicación la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital del Tórax.

El alcalde del municipio de Ojojona, Armando García, atiende una llamada telefónica mientras espera que se almacenen en el Centro de Salud de su municipio, un cargamento con 197 frascos de la vacuna de AstraZeneca que contienen un total de 1970 dosis. Este cargamento fue donado por el Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele quien lo recibió a través del mecanismo COVAX. Ojojona, Francisco Morazán, 14 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El pasado 7 de mayo, mediante un video publicado en redes sociales, siete alcaldes hondureños hicieron una desesperada petición de vacunas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dado el afán por inmunizar y detener la ola de contagios y muertes en sus municipios. Tras conseguir un sí de Bukele (que no tiene buenas relaciones diplomáticas con Juan Orlando Hernández), uno de los alcaldes denunció amenazas de parte del canciller hondureño Lisandro Rosales.

Los alcaldes hondureños consiguieron recibir las primeras 17,000 dosis de una donación de 34,000 que prometió el Gobierno de El Salvador, que, por cierto, había adquirido esas vacunas a través de una donación de parte del mecanismo Covax.

Durante el primer trimestre de este año, en Centroamérica el país con mayor porcentaje de población vacunada es El Salvador, que ha inmunizado al 10.4 % de su población, le siguen Panamá  y Costa Rica con números similares. En tanto, Honduras apenas ha vacunado al 1 % de su población. 

De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), según datos proporcionados por las Secretarías de Salud de cada país, hasta mayo de 2021, El Salvador ha vacunado a 1,851,080 personas, Costa Rica a 1,381,875, Panamá a 837,580, Nicaragua a 411,000, Guatemala a 336,600  y Honduras, en el último lugar, apenas ha logrado inmunizar a 248,600 personas con la primera dosis.

Doña Nidia aseguró que ella y su esposo, al día siguiente de la entrevista concedida a Contracorriente, harían un viaje a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para aplicarse la vacuna de Moderna, ya que —debido a sus comorbilidades, diabetes e hipertensión, y a la falta de oportunidades para aplicarse la vacuna en Honduras— veían el alto riesgo de fallecer por COVID-19.

El pasado 24 de mayo, el Congreso Nacional aprobó un contrato suscrito el 13 de mayo entre el Gobierno de Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 35,000,000 dólares para recursos destinados a financiar la ejecución del programa de apoyo para la implementación del plan nacional de introducción de la vacuna contra la COVID-19 en Honduras.

Según un artículo del 4 de mayo en la página web de la Organización Panamericana de la Salud, se espera que Honduras alcance un total de 424,800 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo Covax. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Medio millón de lempiras pedían para recibir a Yasser en una clínica privada

«Me acuerdo que el Día la Mujer Hondureña (el 25 de enero) él comenzó con unos dolores en la espalda y le dije yo: “¿hijo qué te pasa?”, me dijo: “no sé mamá, me ha estado dando calentura y me ha estado doliendo el cuerpo”, entonces le dije yo: “andá hacete la prueba del covid”», recuerda doña Nidia.

Yasser se realizó una prueba el 27 de enero a las 11 p. m., según relata doña Nidia, y lo hizo en la clínica privada Hospital del Valle. Sin embargo, a pesar de que la prueba dio resultado negativo, los síntomas no se detuvieron. «En la casa él empeoró. Y él era bien radical por ser médico, ellos no entienden de medicinas caseras. Yo quería darle té de manzanilla. Él me decía: “mamá eso no funciona”. Entonces mi esposo lo llevó a hacerle un TAC torácico a una clínica y le salió que ya tenía el 30 % de daño en un pulmón», asegura doña Nidia.

Yasser, sin ningún resultado que confirmara su enfermedad, pasó a ser tratado en casa por un médico particular, quien dijo que para entonces sus síntomas no eran tan graves, pero advirtió que si continuaba agravando tendría que ser trasladado a un centro asistencial. «Pero horas después comenzó a complicarse, incluso el oxígeno de 15 que tenía no le ajustaba. El oxígeno que necesitaba era de 30 o de más», recuerda doña Nidia.

La propuesta de Juan Orlando Hernández de construir casi 100 hospitales sonaba alentadora, pero nunca se puso la primera piedra. Desde su fundación como Estado, Honduras apenas ha podido construir 32 hospitales públicos, y de estos, como ocurre en la zona norte de Honduras, los principales están siendo administrados por fundaciones y no por el Estado, lo que algunos sectores sociales consideran como pasos previos para la descentralización y posterior privatización de la salud.

Las clínicas privadas durante la pandemia no representan una opción para la clase media, y mucho menos para la abrumadora población en pobreza, porque los precios que ofrecen son exorbitantes cuando se requiere que un paciente con coronavirus acceda a una sala UCI.

Un estudio realizado por la UNAH indica que la pobreza en Honduras pasó del 59.3 % en 2019, al 70 % en 2020, debido a la pandemia de la COVID-19 y dos huracanes que azotaron gran parte la zona norte del país, según recoge el sitio La Tribuna.

Un sábado 7 de febrero, Yasser se puso grave.  El video de su madre pidiendo auxilio se hizo viral. Ella le manifestó a su médico de cabecera que temía que su hijo muriera si no era atendido en una clínica convencional.

«Que me lleven al seguro social, sé que me van a atender ahí, porque yo también soy médico», recuerda doña Nidia que le decía su hijo. Sin embargo, ella asegura que estuvo llamando al Servicio de Emergencias 911 desde las 7 p. m. hasta las 3:40 a. m. sin recibir ninguna ambulancia. «Solo me decían: ya se la voy a mandar. Yo les decía: “mi hijo es médico, tienen que moverlo”. Entonces mi otro hijo, Israel, junto a otras cinco personas, me ayudaron a bajarlo, porque mi casa es de dos plantas. Fue subido al carro y como no quisieron recibirlo en el Seguro Social, fue llevado al hospital Leonardo Martínez. En el Leonardo Martínez lo atendieron bien. En los dos primeros días le habían quitado una mascarilla de reservorio y mi hijo hablaba bien», asegura doña Nidia.

Carlos muestra una fotografía desde su teléfono celular donde tiene registrado el momento en el que su hijo fue trasladado desde su casa hasta el Hospital Leonardo Martínez luego de ser rechazado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Yasser es trasladado a uno de los hospitales móviles

En el hospital público Leonardo Martínez, el segundo hospital más importante de la zona norte de Honduras, que es manejado por una fundación, Yasser parecía mejorar: «Inclusive pedía libros para estudiar. Le consulté a los doctores que estaban ahí si era necesario moverlo, me dijeron: “mire, tiene sus ventajas y sus desventajas”». comenta doña Nidia. Sin embargo, confiesa que para entonces el joven estudiante tenía un 80 % de daño en sus pulmones. Además recuerda que se continuaron haciendo gestiones para mandarlo al seguro social, donde sí contaban con buenas salas de UCI, pero luego surgió la última opción: el hospital móvil de San Pedro Sula. 

«Jamás creí que lo movería solo para que muriera. Mil veces lo hubiera dejado en el Leonardo Martínez, porque ahí me lo atendían sus compañeros. Pero finalmente logré moverlo al hospital móvil del Mario Catarino Rivas», revela la madre de Yasser.

El Congreso Nacional, a través de la Ley de Auxilio al sector productivo y los trabajadores, autorizó a Invest-h para realizar compras directas, además exoneró de impuestos las compras de esta institución, incluso le permitió suscribir contratos por medios electrónicos.

Para el Ministerio Público todo estaba planificado, ya que Marco Bográn, a través de un chat denominado «Alta gerencia Invest-h», hacía referencia a que tenían que comprar 10 hospitales móviles, sin haber recibido la solicitud formal por parte de la Secretaría de Salud para la adquisición de los hospitales de aislamiento. 

Posteriormente, la secretaria de Salud de Honduras, Alba Consuelo, solicitó a Marco Bográn que construyera o adecuara obras de infraestructuras médicas provisionales. Entre estas, la adquisición de siete hospitales de aislamiento para la atención de pacientes de COVID-19 y que estos contaran por lo menos con 200 salas de UCI. El mismo día que Marco Bográn recibió la solicitud de la Secretaría, envió al grupo de chat «MCA Honduras, Alta Gerencia» los enlaces de los hospitales móviles a adquirir y explicó que se haría bajo un contrato «Llave en mano», sin dar mayores explicaciones. 

Yasser, un joven atleta sin enfermedades de base

Doña Nidia cuenta que su hijo Yasser, un joven saludable y con mucha energía, además de estudiar medicina, había sacado un curso para chef y cursaba la carrera de derecho y conjuntamente frecuentaba un gimnasio.

Aseguró que Yasser, un 26 de marzo de 2016 sobrevivió a un accidente de tránsito que lo dejó 11 días en UCI: «Cuando despertó, Yasser, lo primero que dijo es que Dios le había dado la oportunidad de vivir para terminar la carrera que a él le gustaba», recuerda Nidia. Esta madre añade que aquel accidente hizo que Yasser se atrasara más de un año en la continuación de sus estudios, lo que provocó que su servicio social lo desarrollara en medio de la pandemia.

Durante su servicio social, Yasser fue asignado en el aeropuerto internacional de San Pedro Sula, el que más vuelos con migrantes retornados recibe: «Yasser a veces pagaba las mascarillas y su equipo con su propio dinero», recuerda su madre.

Nidia agrega que cuando comenzó la pandemia le dijo que se cuidara porque en principio  lo mandaron al congestionado centro de salud Paz Barahona: «Luego lo cambiaron al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales para que recibiera a los deportados. Yo le dije que mejor perdiera el año porque el sistema no le estaba dando lo que necesitaba y que se podía contagiar, pero me dijo: “mami, ya voy a terminar y me faltan pocos días”», revela doña Nidia.

Según datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, en los primeros tres meses de este 2021, fueron deportados a Honduras 13,139 inmigrantes desde EE. UU. y México. Muchos de los deportados hondureños a los que atendió Yasser, no venían con sus respectivas pruebas de COVID-19 ni tampoco se respetaban los protocolos de bioseguridad.

Fachada principal del Hospital Mario Catarino Rivas, Contracorriente no tuvo acceso al principal hospital público de la ciudad de San Pedro Sula, porque —según su departamento de Relaciones Públicas— el acceso es restringido para salvaguardar la salud de los periodistas. La administración del Hospital Móvil de San Pedro Sula está bajo la administración de este centro médico. San Pedro Sula, 7 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix

Axel López transfirió el dinero a la empresa turca hasta después de recibir el pago de Honduras

En el chat, Marco Bográn, le expuso al grupo de «Alta Gerencia» que los precios de los hospitales oscilaban en un valor entre 6 a 8 millones de dólares, sin ningún soporte formal por parte del proveedor.

El 17 de marzo de 2020, una persona que se identificó como el representante legal en Honduras de la empresa HospitalesMoviles.com —cuyo nombre aparece tachado en requerimiento fiscal— envió un correo a Marco Bográn con la oferta de adquisición de los hospitales móviles y adjuntas una orden de compra o contrato (en idioma inglés) y una factura, pero no se determinaban las especificaciones técnicas, características, equipo médico, camas, capacidad de atención, ni los precios por dichos hospitales móviles.

La orden de compra violó la ley de la contratación del Estado porque debió ser emitida por Invest-h, en idioma español, pero antes debió haberse hecho una negociación y formalización correspondiente para buscar precios más ventajosos. Marco Bográn no sometió a discusión el precio ante el Consejo Directivo de Invest-h previo a la suscripción del contrato, ni tampoco la aprobación del monto.

Bográn suscribió dos contratos con HospitalesMoviles.com a través de dos órdenes de compra, la primera para la compra de dos hospitales móviles el 19 de marzo de 2020, ambos con capacidad para 91 camas, por un monto de 15,900,032 dólares equivalente en lempiras a 392,784, 440.51.

La segunda compra fue ejecutada el 2 de abril de 2020 para la adquisición de los restantes cinco hospitales, cada uno con capacidad para 51 camas y siete plantas de tratamiento, por un precio de 31,562,532 dólares (781,731,323.82 lempiras).

La contratación de esas sumas millonarias fueron hechas a través de simples correos electrónicos, procedimiento que era ilegal al momento de la suscripción de las órdenes de compra porque la reforma sobre Ley de Firmas Electrónicas se hizo hasta el 3 de abril de 2020.

En ambas fechas el dinero se pagó completo, en total una cantidad de 47,512,564 dólares (147,517,764.33 lempiras). El pago fue autorizado por Bográn y ejecutado por Alex Moraes, omitiendo exigir al proveedor una garantía de anticipo de fondos, garantías de mantenimiento de ofertas, garantía de calidad, como lo establece la ley de contratación del Estado.

Los funcionarios utilizaron el procedimiento de Oficio de Compra de Divisas (OCD) que fueron transferidos por medio de Citibank EE. UU., banco que a su vez transfirió los fondos a una cuenta a nombre de Elmed Medical Systems, INC en el banco JPMorgan Chase, de Orlando, Florida, EE. UU., y en donde tenía firma autorizada Axel López. 

«No me están poniendo los medicamentos»

Una vez que doña Nidia internó a su hijo en el hospital móvil de San Pedro Sula, esta le dio un teléfono para mantener contacto. «Con ese teléfono él mismo me decía: “mire mami, a mí no me están poniendo los medicamentos, aquí me dejan inconcluso, pero usted no se vaya a quejar porque voy a tener problemas”», revela doña Nidia, y también recuerda: «Eso fue un sábado. Él me puso en el mensaje: “mire mami: si no me recupero de aquí al lunes sáqueme de aquí”. Entonces lo que hice fue comenzar a moverme para sacarlo. Era un sábado, pero ya me dijeron los doctores que no lo podía mover», recuerda.

Doña Nidia asegura que el 14 de febrero, el día que murió Yasser, él estaba saturando 96 de oxígeno y todavía no se explica qué pasó: «Cuando le fui a dejar un medicamento, me dijeron que estaba estable. Como a la 1 p. m. me están llamando que necesitaban un medicamento y que tenía que llevárselo. Anduve buscándolo por todos los lugares, cuando ya no lo encontraba me dijeron: “su hijo ya está saturando 53”. Después me dijeron: “su hijo está saturando 13”. Y a las 4:23 p. m. me llamaron para decirme que mi hijo estaba muerto».

Agrega que en el hospital móvil le devolvieron la bolsa con varios frascos del medicamento que tanto había buscado: rendesivir (indicado para pacientes hospitalizados con neumonía, que manifiestan necesidad de oxígeno) que, según doña Nidia, obtuvo por 8500 lempiras cada frasco (unos 352.55 dólares). «¡Entonces al cipote no le pusieron la medicina!», lamenta. 

Doña Nidia cuenta que le pagaba a un médico para que le pusiera los medicamentos a su hijo y le cambiara el pañal. «Pero ni eso hacían. Mi hijo permanecía sucio. Esa persona me dijo: “mire abogada si aquí solo hay seis enfermeras y en ese momento había como 57 a 60 pacientes. No se dan abasto”», contó doña Nidia. También asegura que ese doctor —al que ella pagaba por información— le reveló que en el hospital móvil «andan ratones encima de los pacientes».

Doña Nidia revela que el teléfono de su hijo le fue devuelto, sin embargo, ya habían borrado toda la información. «Estaba todo borrado. (…) No sé qué pasa dentro de esos hospitales móviles», asegura.

Tegucigalpa en la misma situación

El Hospital Escuela Universitario (HEU), el más grande de Honduras, apenas tiene cupo para atender a 145 pacientes con COVID-19, de los cuales, solamente 16 pueden tener acceso a la UCI y únicamente otros 16 pueden tener la oportunidad de recibir oxígeno de alto flujo.

El 1 de febrero de 2021, uno de los primeros pacientes atendidos en el hospital móvil de Tegucigalpa, identificado como Franklin Díaz, falleció, justo el mismo día de la inauguración. 

El antiguo Hospital Móvil de Emergencia COVID-19, en el Distrito Central, terminó convirtiéndose en un quirófano bajo la administración del Hospital Escuela. Tegucigalpa, 8 de agosto de 2020. Foto: Martín Cálix.

Organizaciones de derechos humanos amenazaron con llevar el caso al Ministerio Público argumentando negligencia médica estatal. Mes y medio después, el director del HEU, Osmín Tovar, aseguró que el Hospital Modular o Móvil de Tegucigalpa ya no atendería pacientes con COVID-19.

La vocera del HEU, Juliett Chavarría, le explicó a Contracorriente que «se vio que el hospital modular no cumplía en su totalidad con las condiciones para atender a estos pacientes. Y como el hospital modular pertenece al Hospital Escuela, se tomó dicho lugar como un centro quirúrgico».

Chavarría le confiesa a Contracorriente que no han existido nuevas construcciones en ese centro hospitalario, sino que se han realizado algunas remodelaciones en áreas como morgue, pediatría, consulta externa y radiología: «La sala UCI para pacientes con COVID-19 ha estado en un 100 % en las últimas semanas, actualmente está en su capacidad máxima. Si queda un cupo es de una persona que fallece y en el instante está otro esperando ese cupo».

La falta de oxígeno de alto flujo y de camas de las salas de UCI en Honduras ha provocado que un hondureño muera cada 30 minutos, según los datos brindados por el presidente de médicos en San Pedro Sula del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Umaña. 

Chavarría informó que el hospital móvil de Tegucigalpa se habilitó en el mes de marzo para pacientes con COVID-19, con apenas 12 cupos. Durante su corto funcionamiento atendió únicamente a 36 pacientes, sin embargo, este nunca cumplió con los estándares que la emergencia ameritaba.

Contracorriente hizo un recorrido por el portón número 6 del HEU, lugar por donde ingresan a los pacientes. Ahí, José Antonio Gutiérrez, un capitalino que tenía internada desde hacía cuatro semanas a su madre con neumonía en un 90 %, aseguró que su progenitora ya estaba estable. 

Sin embargo reveló que él tuvo suerte: «La semana pasada vino una señora, pero no halló cupo. La ambulancia tuvo que llevársela para otro lado», dijo Gutiérrez. quien al ser consultado si sabía a dónde se la llevaron, solo se encogió de hombros.

Texto: Eva Galeas 
Fotografías: Martín Cálix


Según datos de la Secretaría de Salud (Sesal), Honduras ha vacunado a solamente el 1 % de su población. Apenas a 5687 miembros del personal sanitario de primera línea con las dos dosis, y a 108,538 personas, entre ellas personal sanitario y adultos mayores con la primera dosis.

La Sesal inició el pasado miércoles la jornada de vacunación móvil en Tegucigalpa, iniciando con personas de 75 y 76 años de edad y finaliza el 21 de mayo con las personas de 90 años y más. El pasado miércoles, desde horas muy tempranas de la mañana, decenas de personas de la tercera edad llegaron en sus vehículos al Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y al Campo Parada Marte de Tegucigalpa, capital de Honduras, para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La segunda dosis llegará a Honduras el próximo 10 de junio, según las autoridades de salud.

La Sesal había anunciado que la jornada de inoculación al adulto mayor comenzaría a las ocho de la mañana y finalizará a las cinco de la tarde de este miércoles, bajo todos los protocolos de bioseguridad.  Sin embargo, llegaron más personas de las planificadas para vacunar y partir de las diez de la mañana, los encargados del proceso de vacunación anunciaron a los ciudadanos que realizaban largas filas en los puestos móviles de vacunación, que no se iba a continuar con el proceso porque se había superado la cantidad de personas.

Cada centro de inoculación tenía estipulado vacunar a 560 adultos mayores, pero debido a las presiones de familiares de los ancianos y los medios de comunicación, al final del día se terminaron vacunando 790 en la UNAH, 760 en Campo Marte y 684 en UTH.

La coordinadora de la red de centros de salud de Villa Adela, Flor del Campo, Las Torres y Nueva Esperanza, Nidia Rosibel Reyes, explicó que proyectaban vacunar a 560 adultos mayores, pero tuvieron que conseguir 200 vacunas más porque aumentó la demanda, finalmente pudieron atenderlos a todos.

Reyes además explicó que la controversia que hubo con la vacuna Sputnik-V es que solo se tiene la primera dosis y que la dosis A es de un color y la dosis  B de otro  color: «Los dos componentes son diferentes no es que haya venido incompleta», aseguró.

La doctora Reyes agregó  que en el centro de salud en donde ella labora registra 20 fallecidos por la COVID-19, comenta que el año  pasado tuvo 680 pacientes con el virus: «Ahora apenas vamos por mayo y tengo casi la misma cantidad de pacientes en el centro de salud de este sector,  la gente no quiere colaborar», lamentó.

Doña Ramona Romero de 75 años, salió del barrio Sabana Grande de Tegucigalpa, desde las cuatro de la madrugada para poder llegar desde temprano al polideportivo de la UNAH a vacunarse. Ella es madre de seis hijos, y uno de ellos parapléjico. «Es por eso que he tenido más miedo, no quiero que mi hijo se me enferme, yo me dedico a la venta de tortillas para poder tener para mis gastos y mi comida, a mi casa llegan muchas personas a comprar tortillas, pero ahora que ya estoy vacunada me voy a sentir más protegida por mí y por mi hijo», destacó. 

Doña Ramona cuenta que hizo fila desde las cinco de la mañana, pero que la espera ha valido la pena porque el miedo a la enfermedad es algo con lo que ha vivido todo el año, porque nunca dejó de trabajar y exponerse al virus. «Gracias a Dios que a pesar de todo lo que se vivió el año pasado mi venta no me bajó, porque la gente siempre me llega a comprar yo ya tengo mis clientas», comenta.

Doña Ramona  tiene cita para el  21 de junio para poder aplicarse la segunda dosis de la Sputnik-V, pero comenta que su nuera, que se encuentra entre la población más joven, también se dedica a la venta de tortillas y anda vendiendo de casa en casa y puede contagiarse. «Yo les pido a las autoridades que nos vacunen a todos para que esta enfermedad se termine, la vida es lo más importante», enfatizó. 

La Sesal definió que toda esta semana aplicarán vacunación domiciliaria  y que a partir del próximo lunes 24 de mayo comenzarán con la inmunización de las personas que lleguen a cada uno de los centro destinados. El calendario para la inmunización que han brindado es del 19 y 20 de mayo, se estará vacunando al adulto mayor de 75 a 76 años de edad, esta jornada finaliza el 28 y 29  de mayo para personas mayores de 85 años.

Entre los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para poder ser inmunizados están:  usar una camisa manga corta, presentar la tarjeta de identidad, un recibo de servicios públicos y no más de un acompañante por paciente.

Una enfermera se prepara para administrar la primera dosis de la vacuna Sputnik-V a una persona de la tercera edad. Los adultos mayores han sido los primeros en ser vacunados en el inicio de la jornada nacional de vacunación contra la COVID-19. Tegucigalpa, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Hasta la fecha Honduras ha inoculado apenas al personal de primera línea, adultos mayores que están siendo vacunados esta y la próxima semana, y se supone que el próximo domingo estará siendo vacunado a 1500 miembros del gremio periodístico, catalogados como profesionales esenciales. 

Según el portal oficial de la Sesal, Honduras registra un aproximado de 108,538 personas vacunadas con la primera dosis, que corresponden a un 1.1 % de la población total del país y tan solo a 5687 vacunados  completamente, que corresponde al 0.1 %.

Hasta la fecha Honduras se registra como uno de los países con la tasa más baja en vacunación contra la COVID-19 a nivel mundial, según la página Adivina que se dedica a recopilar datos oficiales que ofrecen los países en la pandemia, a Honduras le hace falta 569 semanas que representan aproximadamente 11 años para inmunizar a toda su población. 

Tal es la crisis que se vive en este país que a principios del mes de mayo siete alcaldes hondureños  de diferentes institutos políticos y municipios, ante la inoperancia de las autoridades, se vieron obligados a solicitar ayuda al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La  respuesta fue positiva por parte de El Salvador que donó 34,000 vacunas de la marca AstraZeneca, siendo entregadas en dos lotes, cada uno con 17,000 vacunas contra la COVID-19. 

Por otra parte, hace más de una semana el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó en conferencia de prensa: «Estamos asegurando contar con más de 14 millones de dosis de vacunas con la compra de 4,4 millones de dosis a la farmacéutica  Pfizer suficiente para confirmar  que tenemos una vacuna para cada hodureño mayor de 12 años», finalizó.

Estas aclaraciones fueron desmentidas por el  gerente general para Centroamérica y el caribe de Pfizer, Bradley Silcox, quien dio a conocer en una publicación en las redes sociales que lo que hay es una intención de compra, no un contrato.

Albertina tiene 75 años y vive en Comayagüela, ha llegado para ser vacunada contra la COVID-19 en el Campo de Parada Marte, un complejo militar donde se ha instalado uno de los tres puntos de vacunación en el Distrito Central. Tegucigalpa, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Mientras que el viceministro de Salud Fredy Guillen, quien es el encargado de la compra de vacunas contra la COVID-19 y firmas de contratos, indicó que la vacuna aplicada esta semana a las personas de la tercera edad forman parte de una compra bilateral de 4,2 millones de dosis que Honduras hizo a la Sputnik-V de la cual se aplicó la dosis A.

«En las negociaciones con Pfizer tenemos 14 millones en lista de espera para nuestro país, teniendo en cuenta que tenemos 4,2 millones de Sputnik-V, 4,4 millones de Pfizer contratadas, 3,9 millones Covax –vía donación— más el contrato del Seguro Social, más las donaciones que nos han hecho los países hermanos, se va  vacunar a 7 millones de hondureños aproximadamente de la población elegible para vacunar», dijo el viceministro Guillén.

En cuanto a la adquisición de las vacunas Pfizer, Guillen expresó que el contrato está en proceso, sin intermediarios, y que en las próximas horas definirán la parte técnica, logística y el calendario de entrega. 

Al ser consultado cuánto fue el costo por la adquisición de esta vacuna, Guillén respondió que no está autorizado para dar ese tipo de declaración pues esta es información reservada, que en su momento las autoridades lo van a publicar en los portales de transparencia: «Hemos firmado acuerdos de confidencialidad, pero estamos seguros que es un precio competitivo, un precio excelente para ser una vacuna como Pfizer con un 94.5 % de efectividad» , resaltó y pidió a la población que no se desespere: «para junio tenemos muchas dosis que hemos contratado con Pfizer».

Entre los meses abril y mayo, Honduras ha recibido 46,000 dosis de la vacuna Sputnik-V, de las que se espera un total de 4,2 millones de dosis, aunque todavía hay irregularidades en el contrato de compra. Tegucigalpa, 19 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Centros de  vacunación fijos 

A partir del lunes 24 de mayo también se habilitarán centros de vacunación fijos para continuar atendiendo de acuerdo al calendario establecido.

El subsecretario de Salud, Nery Cerrato, explicó a los medios de comunicación que tienen como meta vacunar a los 31,000 adultos mayores de 75 años que están registrados en el Registro Nacional de las Personas: «No vamos a dejar ninguno sin vacunar. Esta es la vacuna Sputnik-V y tenemos exactamente las 31,000 dosis para ellos».

Según el instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Honduras viven 798,410 personas mayores de 60 años, mismas que forman parte de los grupos más vulnerables a infectarse de COVID-19 y que necesitan las dosis de forma urgente.

Hay una alta demanda, el lunes da inicio la jornada de vacunación en el Instituto Central Vicente Cáceres y en la Universidad Católica de Honduras (Unicah), para aplicar la primera dosis a los adultos mayores que corresponden a las edades de 80 y 85 años, que le corresponde a  la red de Villa Adela, se estará atendiendo del lunes 24 de mayo al viernes 28 desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde. 

El director regional de Salud Metropolitana del Distrito Central, el doctor Harry Book, comentó que están favoreciendo al adulto mayor, cada rango de edad tiene dos días para que la población no pueda aglomerarse, son 1600 vacunas diarias para tener más de 7000 vacunados al final de la semana.

Comentó que a partir del 19 de junio iniciarán a aplicarles la segunda dosis a este grupo que se le está vacunando esta semana, son alrededor de 31,000 adultos mayores la meta total en Francisco Morazán, la «autovacuna» surge para agilizar el proceso de vacunación para adultos mayores lo más pronto posible ya que como sabemos son los más vulnerables con esta enfermedad.

Francisco Morazán registra hasta la fecha 1569 muertes, número que en porcentaje equivale a un  25.9 %, según portales oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Por Estela Dubón Suazo


De pie, moviendo su piececillo al ritmo del tictac del reloj. Ochenta y cinco por ciento de sus piernas blancas al descubierto, luce sus pechos tras una camisa de encaje. 

Las horas no pasan mientras hace cuentas y evalúa el tiempo y servicio que dará. Llega a un acuerdo y se pierde en la entrada de un asqueroso motel, el tiempo avanza entre el gemir y el vaivén de sus deliciosas caderas. «Once minutos y estás fuera cariño», piensa. 

No hubo café, no existió el coqueteo, ni siquiera conoce su nombres, no hubo adiós, ni mucho menos llanto, solo trescientos lempiras entre sus tetas. Ella seca su entrepierna con la sábana de la cama y regresa al mismo lugar y mientras espera piensa en las calles aún sin caminar. 

No es necesario que sonría, ni que sea interesante, su ganancia no se basa en esas cosas. Cinco hombres más y se va. 

Sola va arrastrando sus pies, silbidos y miradas por doquier… La puta del barrio ya viene de coger. 

En casa una pequeña la espera dormida, al llegar hace un movimiento leve y se acurruca con ella. La pequeña comienza a llorar. 

—¡Vaya vida de mierda!— dice la niña mientras se quita el maquillaje de ramera, se quita el labial y renuncia a ser llamada por su nombre, al fin y al cabo nunca le gustó, le sabe mejor el comer.

Por Omar Cruz


Los sueños de Sandra solían ser bastante extraños, a veces soñaba que un hombre en plena carretera se mutilaba la yugular, otras veces que frente a una catedral, una mujer se trozaba la garganta, pero, entre todos, tenía un sueño muy peculiar y este consistía en que ella se arrancaba pedazos de piel con sus dientes y luego se cortaba cada uno de sus dedos. Al final de cada sueño, una quimera siempre aparecía, como una representación de su desesperación en aquellos sueños.

Sandra era una joven que vivía sola en el campo y se dedicaba a la apicultura, ya que sus padres habían muerto hace un par de años, la joven también era amante de las diferentes bellezas de la naturaleza. En ella existía una condición extraña, los doctores le decían «la colmena humana», ya que necesitaba de ciertos insectos y parásitos —que habitaban en su interior— para poder sobrevivir, a pesar de eso no se deprimía y seguía adelante. En el negocio de la apicultura siempre sobresalía, había ganado un par de concursos y exposiciones sobre productos elaborados con miel. Algunos de los que estaban en el rubro le empezaron a guardar un poco de recelo porque sus productos eran de lo mejor, y por lo general los enviaba a varios países de América, algunos de Asia y también de Europa, la chica se había hecho un nombre resplandeciente en su labor y no pensaba dejar de brillar.

Un sábado por la mañana algunos de sus detractores decidieron ir a su casa, llevarse todo lo que tenía y de ser necesario matarla, ya que según ellos, se estaba quedando con el crédito y también con la mayoría de las ganancias, y no lo podían seguir permitiendo. Los hombres se pasaron la tarde planeando la emboscada y concluyeron que la hora perfecta sería de noche, ya que sabían que la joven vivía sola y contra un grupo armado de bandidos difícilmente se podría defender.

Mientras eso sucedía Sandra seguía en su granja cultivando sus productos. Precisamente ese día tenía que estar casi toda la noche en la cabaña, ya que el pronóstico del tiempo anunciaba que una tormenta eléctrica caería, y eso podría espantar a sus abejas o quizá dañar sus panales. La hora de la lluvia estaba pactada para comenzar a las siete de la noche, así que decidió anticiparse a ello y estar cerca de sus animales. Los hombres, mientras tanto, iban en camino, ya habían tomado una decisión y no pensaban retractarse, ese día acabarían con la vida de aquella muchacha y sus abejas a como diera lugar. El viaje para ellos fue corto, en la zona donde habitaba Sandra era fácil de llegar, así que no tuvieron mucho problema y lo que ahora les faltaba era esperar que anocheciera un poco más para proceder con su macabro plan.

Los pronosticadores del tiempo no se equivocaron, la tormenta empezó a caer a las siete de la noche. Los hombres también sabían que esa noche llovería fuertemente, así que pensaron en aprovecharla para realizar el asesinato. Había caído media hora de lluvia, Sandra esperaba en una cabaña cerca de su granja, mientras la lluvia seguía fuertemente, y los rayos se hacían sentir. Aquel grupo de hombres decidió avanzar, en su mirada se notaba el retrato de la codicia, y la sed de acabar con la vida de la jóven apicultora.

Cuando el reloj marcaba las ocho en punto de la noche, seis disparos se oyeron cerca de la cabaña en donde estaba Sandra, aquel lugar también estaba en llamas, los hombres no solo querían acabar con ella, también con sus crías, y casi lo lograron por completo. A la mañana siguiente la policía fue avisada del hecho por unos clientes de Sandra que llegaron al lugar y la encontraron sin vida. Los oficiales fueron a revisar la escena del crimen, levantaron el cadáver y decidieron tomar algunas declaraciones.

La noticia impactó a la gente del pueblo, y se hizo eco en la ciudad, ya que Sandra —por su trabajo— era muy conocida en ambas zonas. Los doctores que la atendían y también algunos clientes, al no saber mucho de sus familiares, decidieron organizar un funeral digno de una persona tan noble como ella.

El día del entierro de Sandra sucedió un hecho impactante: cuando ya estaban dándole el último adiós y su cuerpo había descendido en el ataúd a la fosa, los insectos con los que ella cohabita en su cuerpo, salieron a la superficie y cubrieron el féretro por completo, creando con ello una lápida de escarabajos, bichos, y otro tipo de insectos. Los doctores fueron los menos sorprendidos ya que tales seres estaban genéticamente alterados, y pensaron que era el homenaje que ellos estaban rindiendo, a la persona con la que habían convivido por casi veinticuatro años.

El inevitable paso del tiempo, fue enraizando aquel caso contra la apicultora, los agentes decidieron archivarlo todo, ya que no podían precisar quienes eran los culpables, jamás pudieron entender que Sandra tuviera enemigos y en la escena del crimen no dejaron rastro, no había prueba, las balas carecían de huellas, y los hombres tomaron las precauciones debidas. 

Los hechos con los escarabajos y otro tipo de insectos no acabaron, y  cinco meses después del asesinato de Sandra, seis hombres vinculados a la apicultura habían sido encontrados muertos en diferentes lugares, se sabía únicamente que vivían cerca de la casa en donde Sandra fue encontrada sin vida, pero lo curioso era el patrón de sus decesos, en cada escena se encontró insectos dentro del cuerpo de los fallecidos. Los doctores comentaron que al parecer habían sido atacados de manera salvaje por los insectos. Sin duda, este sería un caso para futuras investigaciones.

«Así que están escuchando las historias del oráculo T-636 mejor conocido como Sandra», comentó un señor de barba y lentes a un par de jóvenes que estaban viendo a través de una máquina que fue creada para recordar lo que le había pasado en años anteriores a la generación que vivía en esos tiempos oscuros. El señor prosiguió y les comentó a los jóvenes más información acerca del caso: «luego de que las autoridades declararan la investigación sobre la muerte de Sandra como un caso cerrado, los doctores pidieron autorización para sacar su cuerpo y realizar investigaciones científicas, consiguieron el permiso y al desenterrarla se dieron cuenta de que no se había descompuesto». En el año dos mil sesenta y cinco —por su nobleza y gran labor en el cuidado de las abejas—, Sandra fue elevada a la categoría de oráculo y utilizaron sus recuerdos para contar a través de su cuerpo modificado, cada uno de los pecados que el hombre cometía contra quienes cuidaban y amaban a las diferentes especies que habitan en la tierra.

Por Andrea Nuila Herrmannsdörfer


Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) siguen su curso en Honduras a pesar de los constantes señalamientos de ilegitimidad e ilegalidad que se han hecho en su contra. Este mes, el ministro de la presidencia Ebal Díaz presentó una iniciativa de ley que amplía la estabilidad jurídica y los beneficios fiscales para las ZEDE, asimismo se hizo de conocimiento público que
la ZEDE Prospera incorporó 387.412 acres de tierra pertenecientes al Puerto de Satuyé, y que una nueva ZEDE bajo el nombre de Mariposa busca instalarse con un llamado sistema de gobierno policéntrico, en algún lugar cerca del mar caribe de Honduras. Hoy, se suma un evento más de relevancia para el proceso de expansión de las ZEDE, esta vez ante un juzgado de primera instancia en Viena, Austria.

En Octubre de 2020 Patrice Fuchs, periodista austríaca, compartió información sobre las ZEDE en su twitter. En un tuit escribió que Barbara Kolm, vicepresidenta del Banco Nacional de Austria (Österreichische Nationalbank), estaba construyendo un oasis fiscal de lujo en Honduras para los libertarios del mundo, y añadió que tal proyecto había sido objeto de protestas locales y que un activista de derechos humanos había sido asesinado. En seguida, Kolm procedió legalmente en su contra alegando cargos por difamación, calumnia e injuria. En la audiencia judicial de hoy 20 de mayo de 2021, el Tribunal Regional de Asuntos Penales de Viena (Landesgericht für Strafsachen Wien) falló a favor de Barbara Kolm.

Aunque hay muchos aspectos de fondo que merecen un análisis más detallado, se resaltan a continuación al menos dos asuntos relevantes que se discutieron en el caso Kolm vs. Fuchs. El primero es sobre la composición del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP). Y el segundo, sobre la conceptualización de las ZEDE como oasis fiscal.

¿Quién es Barbara Kolm?

Barbara Kolm es vicepresidenta del Banco Nacional de Austria desde el 2018. También es presidenta del Instituto Hayek (Friedrich August v. Hayek Institut), un think tank basado en Viena, promotor del liberalismo clásico de F. A. Hayek, y fundadora y directora del Centro Económico Austríaco (Austrian Economic Center), instituto centrado en la promoción del pensamiento y la acción liberal. Además de ser miembra activa de una amplia red del pensamiento libertario que busca la desregularización de la economía y del sector financiero, Kolm se ha involucrado en la política nacional a través del Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), partido político populista de extrema derecha. En el 2013, Kolm fue designada por decreto legislativo como miembra del CAMP, órgano rector del régimen de las ZEDE en Honduras.

Conformación del CAMP: ¿Quiénes toman las decisiones sobre las ZEDE en Honduras?

En su demanda, Barbara Kolm alegó haber abandonado el CAMP desde el momento en el que ocupó el cargo de vicepresidenta del Banco Nacional de Austria en el 2018, por lo que la periodista Fuchs debía probar que Kolm seguía siendo miembra del CAMP cuando publicó el tuit en el que la implicaba en el proyecto de las ZEDE.

El Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas está compuesto por 21 miembros. Es el ente encargado de supervisar y ratificar todas las regulaciones internas de las ZEDE. Cuenta con amplias facultades para ejercer o influenciar significativamente la vastedad de atribuciones de los órganos de administración interna de cada ZEDE. Se le ha otorgado acceso a fondos especiales en carácter de ente desconcentrado y con el beneficio de ser dependencia exclusiva del presidente de la República. De acuerdo a la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (2013), el CAMP cuenta además con la facultad de aprobar la expropiación de bienes por causa de utilidad o necesidad pública para el desarrollo o expansión de las ZEDE. Sin embargo —y a pesar del rol fundamental que juega el CAMP en la adopción y funcionamiento de las ZEDE—, la información actualizada sobre la integración y reglamentación interna del CAMP ha permanecido inaccesible al público.

En la audiencia judicial de hoy, el Tribunal de Viena consideró como suficiente la evidencia proporcionada por la acusación en la que se probaba la renuncia de Kolm al CAMP desde el 2018. Esta valoración constituye un hecho interesante y confuso para quienes seguimos la implementación de las ZEDE en Honduras. Puesto que —al menos hasta el 2020—, la unidad de transparencia de Casa Presidencial proporcionó como respuesta a una solicitud de información pública, el decreto legislativo 368-2013 en el que aparece la misma lista de miembros del 2013. Esta incluye a personas como Ricardo Maduro, Ebal Diaz, Octavio Sanchez y a personas extranjeras como Barbara Kolm e incluso Kakha Bendukidze (quien falleció en noviembre de 2014), y Faith Ryan Whittlesey (quien falleció en mayo de 2018).

Las ZEDE como oasis fiscal de lujo

La parte acusadora alegó en audiencias anteriores que el concepto de oasis fiscal (Steueroase) constituye un término político de moda que lleva consigo una connotación negativa. Esto llevó a que Patrice Fuchs se viera en la necesidad de probar que su tuit sobre la construcción de un oasis fiscal de lujo en Honduras era veraz. La defensa sostuvo su argumento en dos aspectos claves. El primero se centró en establecer las características mínimas de un oasis fiscal. Por un lado, la adopción de impuestos bajos para atraer capital de jurisdicciones extranjeras. Por otro, la creación de un entorno normativo que explote dichas ventajas fiscales, asegurándolas y restringiéndolas a un grupo determinado de beneficiarios.

El segundo aspecto del argumento de la defensa se centró en establecer el vínculo entre el modelo de las ZEDE y las características de un oasis fiscal. Para ello, la defensa resaltó los elementos más notables del marco jurídico de las ZEDE: autonomía política, jurídica, económica y administrativa, así como las ventajas fiscales que se ofrecen a través de diferentes documentos, incluyendo la política fiscal que figura en el material informativo Prospera Doing Business Guide y la Carta de la ZEDE Próspera. A partir del análisis de la Carta, la defensa argumentó que la ZEDE refleja desde un punto de vista cuantitativo-fiscal (con un tipo impositivo efectivo del 1 %) la imagen típica de un paraíso fiscal.

Sin embargo, el Tribunal de Viena decidió no deliberar más sobre este asunto en vista de que una instancia superior ya había deliberado sobre este aspecto y se declaraba satisfecho con la evidencia proporcionada por Kolm sobre su renuncia al CAMP.

Lo que sigue…

El proceso judicial que enfrentó Patrice Fuchs, es un reflejo más de la falta de claridad y de transparencia en el que se ha llevado a cabo el proceso de adopción e implementación de las ZEDE. Ante la renuencia del Gobierno de hacer pública la lista de las personas que integran el CAMP, quizá nos veamos una vez más ante la penosa situación de esperar que a través de procesos judiciales en cortes extranjeras nos podamos hacer una imagen más o menos clara de cómo y quiénes toman las decisiones en nuestro país.

Fuchs, aunque fue demandada por una suma «modesta» de 500 EUR, terminará pagando más de 6000 EUR en costas judiciales. Para quienes investigan y rechazan la expansión de las ZEDE en Honduras este es un viejo recordatorio, parte ya de la vida diaria de quienes se movilizan en contra del despojo. El espacio mediático es un campo de batalla que los promotores de dichos proyectos buscarán ganar y para eso el lawfare es un mecanismo útil, sea en Austria o en Honduras.

Victoria sufrió una emergencia obstétrica en 2010, no sabía que estaba embarazada y cuando acudió al hospital, el personal médico que la atendió la denunció por aborto. Once años duró el proceso judicial al que se enfrentó. Fue expuesta en medios de comunicación y tuvo que huir del lugar donde vivía, por años no pudo conseguir un trabajo estable y ha lidiado con el estrés postraumático desde ese día. Durante el juicio oral y público en abril de 2021, el Ministerio Público (MP) pidió una sentencia absolutoria por falta de pruebas y el tribunal la absolvió. Ahora cuenta su historia bajo protección para evitar ser estigmatizada o discriminada.

Texto: Vienna Herrera
Fotos: Catherine Calderón y Martín Cálix
Edición: Jennifer Avila

Victoria* no recuerda mucho de lo que pasó el día que fue acusada por aborto, llevaba varias horas presentando dolores abdominales fuertes y se movilizó al Hospital El Progreso, en Yoro, para ser atendida. Esperó durante muchas horas de la mano de su hija, que en aquel entonces tenía 8 años. Ahora lo cuenta y recuerda la sangre en el baño, el sentimiento de angustia y miedo, luego irrumpe otro recuerdo: ella esposada a la cama del hospital con sus muñecas moradas. Estuvo una semana así, detenida en su propia convalecencia, varias veces escuchó que las enfermeras se referían a ella como «una vaca» y se negaban a atenderla.

Victoria fue acusada por aborto en 2010 «en perjuicio de un no nacido de veinte semanas», de acuerdo con la acusación de la fiscalía hondureña, cuando el personal de salud que la atendió decidió que se miraba sospechosa después de buscar ayuda, tras haber presentado un sangrado en el baño de su casa.  

«Yo sentía miedo de que ellos me pudieran matar por cómo me trataron. Me acusan, llaman a la policía y comienzan a decir que yo era una “tal por cual”, yo insisto en que no hice nada, incluso ni sabía (del embarazo) porque yo tengo problemas con mi período, a veces yo lo espero en una fecha y llega en otra», dice Victoria. Durante el juicio, que se llevó a cabo, una parte el 22 de abril y otra el 6 de mayo, las pericias psiquiátricas y psicológicas explican que su actitud ese día era parte de un shock emocional.

El estudio Criminalización del aborto en Honduras que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar de 2006 a 2018, realizado por las organizaciones Somos Muchas y Optio, indica que en el 64 % de los casos, la denuncia fue interpuesta por personal de salud. 

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Victoria tiene aproximadamente tres años de recibir apoyo económico, emocional y legal de parte de estas organizaciones, que durante la realización de ese estudio, decidieron dar acompañamiento a casos judiciales por aborto que se encontraran abiertos.

Merary Ávila, abogada de Somos Muchas y representante legal de Victoria, señala que la motivación detrás de dar este acompañamiento es una apuesta política: «Insistía en que debíamos representar casos para poner esos nombres, rostros y esas historias reales a todos esos índices que se manejaban tanto en los informes (…) para poder visibilizar la discriminación, el prejuicio con el que son atendidos y luego ver en un futuro cómo logramos reparación para estas víctimas».

El tribunal mencionó que el juicio se reprogramó cinco veces, durante varios años, y que lo normal es entre dos y tres veces, esto se hizo para permitirle a la Fiscalía obtener las pruebas necesarias para demostrar el caso que tenían contra Victoria, al final el MP no agregó ninguna prueba al caso.

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Victoria tiene 37 años, es madre soltera de una joven de 19 años, se separó del padre de su hija cuando ella tenía 2 años y desde entonces no ha recibido ningún apoyo de su parte. Victoria se dedica al trabajo doméstico y aunque es originaria del municipio de Yoro, lleva casi 18 años viviendo en El Progreso. 

Recuerda haber tenido una niñez muy dura. Estudió hasta sexto grado en una jornada nocturna porque tenía que trabajar, y a los 9 años fue sobreviviente de violencia sexual, su agresor la amenazó con un arma. «No recibí atención en ese caso, mi mamá me dijo que había que denunciar, pero igual una por el mismo miedo no lo hace, después ahí se quedó, no hicimos la denuncia y yo quedé con mi daño, marcada», cuenta Victoria.

El sistema de justicia no actúa diligentemente en denuncias por violencia sexual y muchas mujeres y niñas deciden no denunciar para no ser revictimizadas. Aunque no son datos de la fecha en la que Victoria fue agredida, la realidad de violencia contra las niñas sigue empeorando: entre 2014 y 2020 el MP recibió 23,636 denuncias por delitos contra la libertad sexual, 53 % de los cuales ocurrieron en menores de edad entre 1 y 17 años.  Honduras mantiene desde 2009 la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) y esto ha impedido que exista un protocolo para atender sobrevivientes de una agresión sexual. 

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Con pocas oportunidades y un trauma encima, Victoria siguió sobreviviendo y desde los 13 años comenzó a trabajar con su familia y a los 18 a ganar su sustento propio como trabajadora doméstica. Después de que fue judicializada por aborto continuó haciendo el mismo trabajo, ya que por su naturaleza informal nunca le solicitaron una hoja de antecedentes penales. Victoria, de todos modos, no sabía que tras ser detenida y luego puesta en libertad aquel 15 de mayo, ella debía presentarse a audiencias, nadie le dijo que había un proceso judicial que debía enfrentar y que las medidas sustitutivas de la prisión requerirían que fuera a firmar cada cierto tiempo a los Juzgados. 

En 2015, cuando habían pasado ya cinco años desde aquel día en el hospital donde la acusaron por aborto, la policía llegó a su casa a detenerla por estar prófuga. Las fotos de su detención salen en varios medios de comunicación. 

Las noticias de algunos medios que cubrieron esto aún se encuentran en internet, dijeron que Victoria había sido detenida por abortar a un feto de muchos más meses que la acusación real del MP, que había utilizado métodos caseros y tirado al feto cerca de su casa días atrás de la detención en 2015, cuando en realidad su caso estaba abierto desde 2010. El rostro de Victoria fue expuesto, sus vecinos la hostigaban mostrándole las noticias en sus celulares, muchos guardaron las fotos y  le mostraban los recortes del periódico.

Para Victoria la detención y la exposición fue el momento más doloroso de su vida: «me agarró un trauma, cada vez que escuchaba una patrulla me ponía a llorar pensando en que me iban a llevar y todo ese tiempo no estuve comiendo, solo llorando pasaba, yo no quería hablar con nadie, ni siquiera con mi hija», cuenta.

Victoria ahora vive lejos de su hogar anterior, en un lugar en el que se siente segura y tranquila. Vive junto a su hija y de vez en cuando con su sobrina, a quien cuida cada dos meses, pues su hermana emigró a España. La casa donde vive Victoria no es suya, pero la cuida a cambio de pagar los servicios públicos y limpiar el terreno, tiene un piso de tierra y en su patio siembra papayas, guayabas y plátano, además vive con patos, un perro y un gato a quienes cuida con mucha ternura.

Luego de que su hermana migrara a España, Victoria se hizo cargo de su sobrina, una custodia que comparte con el padre de la niña que ahora tiene cuatro años. El Progreso, Yoro, 5 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

«Yo quiero ahorrar, tener un mejor empleo y no trabajar así por días porque uno va a trabajar y otro día ya no tiene el pisto porque no rinde. Por este proceso no he podido tener trabajo ni he podido viajar, hace poco me contactó una empresa, pero como me piden hasta los antecedentes no puedo», añade Victoria, quien tras la pandemia solo logra conseguir trabajo cada quince días y en una jornada diaria gana apenas 400 lempiras (unos 15 dólares). 

Grecia Lozano, abogada de Somos Muchas, asegura que las mujeres criminalizadas por aborto sufren un desgaste emocional y económico muy fuerte que se ensaña con las más pobres: «a una mujer rica no le hubiera pasado esto, primero porque no habría ido a un hospital público y segundo porque si la hubieran acusado tendría el dinero para defenderse con una defensa diligente».

Después de su detención en 2015, Victoria comenzó a ir a los juzgados cada quince días y así conoció al equipo legal de Somos Muchas que lograron que esa medida cambiara para que ella solo fuera a firmar una vez al mes. Victoria cuenta que sufrió violencia, el personal de secretaría del Poder Judicial la trataba mal y en varias ocasiones le tiraban el libro de firmas o solo le señalaban, de mala forma, donde debía ir, ella dice que sabían por qué delito firmaba. 

Victoria tiene miedo al personal de salud y de justicia, según la psicóloga de Optio, Iveth Ortíz, que atiende a mujeres criminalizadas por aborto, este es un patrón: «sufren de estrés postraumático que viene de los estigmas sociales que hay, incluso en el personal médico y de justicia. Recuerdan todas las palabras que les han dicho los médicos y el personal de la Justicia»,  asegura. 

La abogada Lozano señala que antes de la pandemia hubo una audiencia de proposición de pruebas en la que llegó una agente del MP y frente a la abogada y el psiquiatra «le dijeron que era una perra por haber matado a su hijo, dentro de la corte y de la misma sala donde se llevó a cabo del juicio y la secretaria del juzgado le dijo algo similar cada vez que iba a firmar».

Fachada del Palacio de Justicia de El Progreso, donde Victoria enfrentó un juicio bajo la acusación de aborto, un proceso legal que significó once años de su vida. El Progreso, Yoro, 5 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El juicio

Son las dos y treinta de la tarde, un día de abril, en una sala de juicios orales y públicos de El Progreso Yoro. Hace calor y eso dificulta la impaciencia de los presentes. Uno de los jueces que compone el tribunal y la fiscal acusadora llevan ya más de una hora de retraso, Victoria luce impaciente, le han hecho esperar once años y, según el mismo tribunal ya llevan más de cinco veces retrasando el juicio. En el público hay doce personas, todas acompañando a Victoria. 

La fiscal llega con un retraso de hora y media y solicita reprogramar el juicio por falta de testigos. El tribunal, compuesto por dos hombres y una mujer, deliberan y aunque los micrófonos están apagados, se puede percibir que uno hace referencia a la cantidad de años que se ha dilatado el proceso. Le permiten a la fiscal regresar en quince días con sus testigos, pero el juicio quedará abierto desde ese día y terminará entre el 6 y 7 de mayo, haya o no pruebas de la fiscalía.  

Ese día evacúan las pruebas de la defensa privada de Victoria, compuesta por dos testimonios: uno de su hermana y otro de quien era su jefe en ese momento. También permiten que exista un peritaje psicológico y psiquiátrico para desestimar lo presentado por la fiscalía. 

«El Ministerio Público la acusa por el delito de aborto en perjuicio de un no nacido de 20 semanas de gestación». dice la fiscal, luce cansada, dice que se retrasó porque estaba en deliberación en otra audiencia en los juzgados de la niñez.

Generalmente los fiscales pueden tener a su cargo más casos de los que pueden atender. En 2013 cuando el MP fue investigado por una comisión del Congreso Nacional que culminó en el despido del entonces fiscal general, Luis Alberto Rubí, el informe de esa comisión señaló que al año el MP recibía 50,000 casos y que apenas un 5 % se investigaban. 

El antiguo jefe de Victoria señala que ella siempre tuvo problemas con su periodo, que se ponía pálida y con mucho dolor, por tanto, ese día permitió que se fuera antes. Que cuando la volvió a ver ella estaba esposada a una camilla del hospital. 

La hermana de Victoria cuenta que su sobrina (la hija de Victoria) sufrió violencia ese día, cuando una de las doctoras la agarró del brazo y la quería obligar a que confesara qué había hecho y dónde estaba su mamá. En la sala todos en el público lucen abrumados por la angustia con la que cuenta la historia, como si estuvieran todos ahí, once años atrás.

L
a fiscal no realiza muchas preguntas y el tribunal convoca a la finalización del juicio en quince días, después de esos quince días la fiscalía no presenta ninguna prueba ni testigo nuevo. 

Victoria dice que se ha sentido acompañada desde que el equipo de Somos Muchas y Optio tiene su caso, cuenta que asistió a eventos de En Clave Mujer para conocer más sobre salud sexual y reproductiva donde le dieron un pañuelo verde que dice «Juntas, valientes y libres» que utilizaba para amarrarlo en su cabeza cada vez que todo el proceso judicial en su contra le daba dolores de cabeza o hacía que se sintiera mal.

El delito de aborto no fue modificado en la aprobación de un nuevo Código Penal, a pesar de que las organizaciones de mujeres presionaron en 2017 para debatir en el Congreso Nacional la despenalización del aborto por tres causales: violación sexual, inviabilidad del feto y riesgo de vida para la madre, solamente se lograron nueve votos a favor

En 2021 el diputado hondureño Mario Perez, perteneciente al Partido Nacional, presentó un proyecto de ley que luego se denominó Escudo contra el aborto, con la intención de convertir los artículos constitucionales que penalizan el aborto, en artículos pétreos que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional. Aunque no se aprobó de esta forma, la reforma quedó en que ahora se necesitan 3/4 partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) para poder modificar ese artículo, cuando antes se necesitaban solo 86 votos.

El equipo que da acompañamiento organiza los papeles que presentaron en los juzgados durante el juicio de Victoria, El Progreso, Yoro 22 de abril de 2021. Foto: Catherine Calderón.

La realidad es que las mujeres criminalizadas por aborto son mujeres muy pobres, el estudio de Optio y Somos Muchas señala que las mujeres provienen una mitad de zonas rurales, y la otra de zonas urbanas. Sin embargo, estas últimas en su mayoría son migrantes rurales que trabajan en casas particulares o viven en las periferias de las ciudades. Además de esto, un 40 % eran empleadas domésticas.

Todas las que fueron denunciadas por personal médico, provienen de hospitales públicos. Victoria dice que cuando estuvo una semana esposada en el hospital, las enfermeras se negaron a atenderla y darle medicamentos, al salir su hermana tuvo que pagar por atención en una clínica privada: «aún me habían quedado restos de lo que me pasó, las enfermeras solo se dedicaron a acosarme no a revisarme», comenta. 

«La acusación que viene de parte del personal de salud del Hospital El Progreso representa una falta al secreto médico y desde que ella pone un pie en el hospital hasta que sale, hubo errores en cada etapa del tratamiento que pusieron en riesgo la vida, dignidad y salud de Victoria», añade la doctora López. 

Durante el juicio contra Victoria, la doctora que la denunció no quiso presentarse ni dar su testimonio a pesar de los múltiples llamados que le hizo el MP. «Ella rindió su declaración a la policía y lo que se presenta es la declaración escrita que el policía presentó en el hospital. Ahí dice que el baño estaba lleno de sangre y no encontraron feto, es inconsistente», señala la abogada Lozano.

Entrada principal del Hospital El Progreso, el hospital público donde Victoria acudió y fue víctima de violencia obstétrica hace once años. El Progreso, Yoro, 5 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Añade que a Victoria no se le practicó una prueba de ADN y que cuando se presentó a Medicina Forense, le dijeron que no existía ningún feto. La abogada Lozano cuenta que le dieron acompañamiento a otro caso registrado en La Ceiba, en donde la muchacha era virgen, pero la habían acusado y colocado un feto que no era de ella, lo que se demostró con una prueba de ADN. Para Lozano a Victoria quisieron hacerle lo mismo. 

La abogada Ávila cuenta que el expediente de Victoria presentaba una autopsia preliminar de un feto que tenía laceraciones, hematomas, golpes, pero no se encontraban en el expediente fotografía del lugar de los hechos. «Decían como que ella después de expulsar el feto, lo agarró a golpes, esa era la hipótesis preliminar de la fiscalía», la abogada añade que al no haber fotografías ese dictamen quedaba nulo. 

Igualmente, los dos policías que supuestamente hicieron el levantamiento del feto, no se presentaron y al momento de la audiencia se dio a conocer que ambos habían sido depurados de la institución. Victoria dice que fue una mujer policía que quedó acompañándola en el hospital durante la semana, incluso llegó a ponerla a escuchar una canción sobre aborto y que ella solo se escondía debajo de sus sábanas. 

Contracorriente buscó la versión oficial de la Policía, pero la oficial de comunicaciones no atendió a las distintas solicitudes de entrevista sobre el tema. 

Para el equipo legal de Victoria, desde el momento en que no existen pruebas contundentes de ADN, autopsias y el mismo feto, se debió extinguir la causa penal y no llegar hasta un juicio oral y público. Esto sucedió porque antes de llegar a ese proceso, Victoria solo tenía defensores públicos que no eran eficientes.

Además, durante el juicio la defensa privada demostró que el expediente sobre la atención de Victoria en el hospital fue incinerado y la fiscalía no tenía forma de probar que esa atención fue por una emergencia obstétrica o por un dolor de otra índole.

Las abogadas del equipo legal de Somos Muchas y Optio conversan durante el juicio de Victoria, El Progreso, Yoro 22 de abril de 2021. Foto: Catherine Calderón.

Todo este tiempo, Victoria ha querido obtener un trabajo formal, con todos los derechos que le corresponden por ley, también sueña con irse a España a trabajar con su hermana, la mamá de la sobrina que cuida y durante once años ese ha sido un sueño retenido. 

Ahora el equipo que acompaña a Victoria dice que buscará una demanda civil para exigirle al Estado que responda las graves violaciones a derechos humanos y a tratados internacionales que presentó el caso. «Que sea un ejemplo para operadores de justicia, personal de salud y creo que son casos importantes donde visibilizamos también la violación al secreto profesional y graves violaciones a derechos humanos que se cometen cuando estas mujeres van en busca de apoyo de servicios médicos y que reciben otras cosas», añade Ávila.

El MP no presentó pruebas ni testigos durante el juicio, tampoco cuestionó los dictámenes realizados y al final solicitó una sentencia absolutoria por falta de pruebas. El tribunal señala en sus valoraciones finales que le correspondía al MP presentar pruebas claras y consistentes, pero que no se logró demostrar la participación de Victoria en los hechos de los que se le acusó. 

A pesar de lo mucho que lo esperó, cuando el tribunal anunció la sentencia absolutoria por unanimidad de votos, Victoria no se mostró muy emocionada, pero al recibir la videollamada de sus abogadas rompió en llanto. 


—Victoria, ya es libre— le dice su abogada.

—Sí— le responde mientras limpia sus lágrimas —juntas, valientes y libres.


*El nombre real de Victoria fue cambiado por razones de seguridad.

MSF expande sus operaciones para abarcar las crecientes necesidades

Las personas en Honduras están experimentando emergencias dentro de otras emergencias. Sus vulnerabilidades, en muchos casos, ya no se deben a circunstancias temporales, sino a una situación más persistente. Médicos Sin Fronteras (MSF) aboga por aliviar el sufrimiento en las crisis humanitarias. Este año, la organización ya ha puesto en marcha dos nuevos proyectos de respuesta a emergencias.

Texto y fotografías de Cecilia Durán/MSF

En 2020, un año de profundo revuelo para la salud a nivel global, Honduras evidenció una situación humanitaria crítica que todavía hoy sigue latente, tras enfrentar la pandemia de COVID-19, los desastres que dejaron los huracanes Eta y Iota, así como al éxodo de cientos de personas que intentaron migrar en caravanas hacia el norte del continente.

Desde hace más de 45 años, MSF ha intervenido en varias de las emergencias que ha sufrido el país. Ha atendido las afectaciones en la salud causadas por las consecuencias de la violencia, los eventos climáticos, los fenómenos migratorios y la falta de acceso a servicios médicos de calidad. En Choloma y Tegucigalpa, los equipos adaptaron sus actividades al confinamiento para poder asistir a la población más vulnerable y atender otras situaciones sanitarias —como la salud sexual y reproductiva— que por la pandemia quedaron relegadas.

Dada la magnitud de las necesidades en el país, en los primeros meses de 2021, MSF amplió sus operaciones para seguir combatiendo los casos de COVID-19, apoyar con el restablecimiento de los servicios de salud en las zonas más afectadas por los huracanes y asistir a las personas víctimas de violencia y violencia sexual, así como a la población migrante, que atraviesa el país. Aquí, una descripción de las intervenciones más recientes:

Proyecto en Tegucigalpa

En Tegucigalpa, el proyecto de salud mental para casos de violencia y violencia sexual brindó atención telefónica y promovió digitalmente los cuidados de la salud mental y prevención de la COVID-19. En junio, tomando las medidas de bioseguridad necesarias, los equipos volvieron a asistir a pacientes en los centros de salud de Nueva Capital, Alonso Suazo, el Hospital Escuela Universitario y el Centro Integrado del Ministerio Público.

De acuerdo al Sistema Nacional de Emergencias 911, hasta el 30 de septiembre de 2020 se reportaron 76,520 llamadas de auxilio por violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. Fue notable el incremento de llamadas durante el confinamiento. El haber habilitado líneas telefónicas, le permitió a MSF llegar a sobrevivientes de la violencia que tenían dificultades para desplazarse a las clínicas por limitaciones económicas o por vivir con el agresor. Enfrentar la violencia en tiempos de COVID-19 requiere de estrategias que permitan a las víctimas de violencia acceder a tratamientos médicos y psicológicos, sin obstáculos legales y siendo considerando su situación como una emergencia médica de atención prioritaria.

Salud para Nueva Capital

En marzo de 2021, MSF realizó el traspaso exitoso del Centro de Salud de Nueva Capital a la Secretaría de Salud de Honduras. La organización comenzó su intervención en esta comunidad en 2017, dando apoyo a la construcción del centro, con la intención de mejorar el acceso a la salud de esta población, la mayoría de ella desplazada, con altos índices de violencia y exclusión del sistema de salud.

Desde su inauguración, en junio del 2018, hasta marzo de 2021, MSF realizó 33,410 consultas médicas, beneficiando a una población de 12,150 personas. En este mismo periodo, este centro de salud, administrado por MSF, brindó atención integral, reportando 2165 atenciones de salud mental y 1032 de trabajo social. En cuanto a salud sexual reproductiva ofrecieron 5067 consultas de planificación familiar, 2019 controles prenatales, 641 controles posnatales y 697 citologías.

En este establecimiento se detectaron 1080 pacientes de salud mental por casos de violencia y violencia sexual. Sin embargo, el mayor logro en la comunidad fue mejorar su acceso a servicios de salud, aunado a un trabajo constante de sensibilización relacionada con temas de violencia y violencia sexual.

Proyecto Choloma

Este proyecto atiende casos de salud sexual y reproductiva, violencia sexual y salud mental, lo que contribuye a la reducción de la mortalidad materno infantil a través del trabajo de promoción de la salud y atención médica integral en la Clínica Materno Infantil (CMI), junto a la atención comunitaria en las diferentes colonias de Choloma.

Entre marzo y mayo de 2020, este equipo mantuvo abierta la atención de emergencias en la CMI hasta restablecer poco a poco todos los servicios. Tan solo en 2020, este establecimiento de salud proporcionó 2355 consultas de planificación familiar, 4768 consultas prenatales, 573 consultas postnatales y 1059 atenciones psicológicas. La CMI es considerada como el establecimiento de salud de referencia en la atención de parto humanizado. A finales de 2020, la clínica operaba a toda su capacidad y reportó 919 partos.

Este año, MSF inició un proceso de traspaso programado de servicios de la Clínica Materno Infantil a la Secretaría de Salud, luego de más cuatro años de operaciones bajo su coordinación. Por lo tanto, en Choloma, los servicios de MSF comenzarán a tener un enfoque comunitario más amplio para facilitar servicios de salud por situaciones de violencia sexual a las poblaciones más vulnerables, específicamente a mujeres en edad reproductiva y mujeres adolescentes.

Con este mismo enfoque, se iniciaron en febrero gestiones en San Pedro Sula, para mejorar el acceso a la salud médica y psicológica de la población de la comunidad transexual, la comunidad cisgénero y hombres que tienen relaciones con hombres (HSH). A través de un equipo móvil se brindará servicios en casos de violencia y violencia sexual, salud sexual y reproductiva, relacionadas con el comercio sexual.

Evolución de la respuesta del COVID-19

La COVID-19 llegó a Honduras el 20 de marzo de 2020, para junio de ese año el país presentaba saturación hospitalaria y falta de salas de atención equipadas con las condiciones médicas y psicológicas necesarias para brindar un servicio digno y de calidad para las personas.

MSF desarrolló una sala de atención, con veinte camas para pacientes COVID-19 instaladas en el Polideportivo Universitario, donde atendió 139 pacientes proporcionándoles servicios médicos, psicológicos y de trabajo social, durante tres meses. Con esta acción apoyó a las instituciones de salud durante el colapso del sistema hospitalario. Además, marcó una referencia en la atención integral a pacientes con COVID-19 y sus familiares, quienes recibían tratamiento psicológico y seguimiento de sus necesidades con soporte telefónico de trabajadores y trabajadoras sociales. Por su parte el equipo de educadores de la salud realizaba actividades lúdicas con los pacientes y les mantenía informados sobre su situación médica a ellos y a sus familiares.

Proyecto de circuito de ambulancias COVID 19 

A más de un año de la pandemia, el mes con más defunciones ha sido julio de 2020, con 840 muertes, y el segundo mes con alta mortalidad ha sido abril de 2021, con 678. Hasta ahora, en Honduras, no se han superado los retos de la ocupación hospitalaria. Sin embargo, la Secretaría de Salud ha creado circuitos de atención a nivel nacional en los que a través de centros de triaje se categoriza la atención según la gravedad de los pacientes, para evitar la saturación de los grandes hospitales. 

MSF decidió apoyar con el circuito de atención, a través de una base de operaciones en el Polideportivo Universitario, con disponibilidad de tres ambulancias y así reducir el tiempo de espera de los pacientes que se trasladan desde los centros de triaje hasta los hospitales. Un paciente podía esperar hasta doce horas en un centro de triaje en momentos de saturación, aunque el tiempo promedio de traslado era de cuatro horas, según las exploraciones hechas por el equipo de MSF en Tegucigalpa.

Las ambulancias de MSF están equipadas con oxígeno y son atendidas por enfermeras y enfermeros con experiencia en el tratamiento de pacientes con COVID-19, camilleros y conductores experimentados encargados de cuidar las medidas de bioseguridad de cada unidad. Asimismo, el equipo cuenta con higienistas, con experiencia sanitaria, porque fueron parte del proyecto de sala COVID-19 de MSF en el 2020. Estos profesionales cuidan de la bioseguridad de los espacios y la indumentaria en contacto con el recurso humano y pacientes.

Por otro lado, dada la experiencia a nivel psicológico, educativo y social, MSF ha preparado a nueve psicólogos para ofrecer atención telefónica a pacientes con COVID-19 que se encuentren hospitalizados. A nivel comunitario, este proyecto contará con diez educadores de la salud para realizar actividades que creen conciencia y sensibilicen en las zonas donde se presenta un alto contagio.

Vulnerabilidad climática

Las inundaciones causadas por los huracanes Eta y Iota, a finales del año pasado, dejaron a tres millones de personas afectadas y 55,435 en albergues. El equipo de Choloma, en su labor humanitaria, reaccionó en una primera etapa de intervención de emergencia. Brindó donaciones de medicamentos a la Secretaría de Salud, desplegó un equipo para entregar kits básicos y evaluó la situación de los albergues, además integró los comités de contingencia para actuar de manera coordinada entre organizaciones internacionales y el Estado.

En una segunda etapa de la emergencia (en diciembre), MSF conformó equipos móviles para brindar atención médica, psicológica y promoción de la salud. Visitó 79 albergues en Choloma, en el departamento de Cortés. Tras 14 días de actividad, MSF realizó 767 consultas médicas, 81 sesiones grupales y 71 sesiones individuales de salud mental, además de otorgar kits de higiene, donaciones de agua, equipo de bioseguridad y medicamentos (incluidos anticonceptivos), con los que apoyó a 13,260 personas.

Contrarrestando las consecuencias de las inundaciones con un enfoque de Salud Planetaria

A partir de marzo de 2020, MSF inició el proyecto norte para brindar asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas por los huracanes. Actualmente asiste con un equipo de 140 personas a los municipios de Choloma, La Lima, Villanueva, San Manuel, en el departamento de Cortés; y El Progreso, en el departamento de Yoro.

El componente psicológico de este proyecto busca mejorar el acceso a servicios de salud mental, ofreciendo atenciones para aliviar las afecciones emocionales por las pérdidas materiales y afectivas tras las inundaciones, y tratamiento de las dolencias emocionales relacionadas con la COVID-19 y las consecuencias de la violencia, incluyendo la violencia sexual.

Para contribuir a la reducción del riesgo de algún brote de dengue, zika y chikungunya, se iniciaron actividades integrales de control de vectores y un sistema de vigilancia de dengue en algunos centros de salud estratégicos. En el caso de Choloma y San Manuel, las tareas de fumigación ya están en marcha. También se implementarán actividades de logística en relación a la mejora de sistemas de agua y saneamiento, sumado a la rehabilitación de algunas estructuras de salud.

A nivel comunitario, las y los educadores de la salud sensibilizarán a la población en la prevención de enfermedades vectoriales, educación psicosocial y violencia, y violencia sexual.

Éxodo y tránsito de personas

La migración también ha formado parte de los acontecimientos destacados del año. En Honduras, MSF no tiene un proyecto enfocado en ese tema, pero ha acudido a asistir a las personas que se suman a las caravanas migrantes. En octubre, tras abrir las fronteras de Honduras con Guatemala, 4000 migrantes participaron en una caravana que partió por la frontera de Corinto. Estas personas recibieron asistencia médica integral, gracias a dos equipos que en seis horas brindaron 55 consultas médicas individuales, 166 consultas grupales; y además brindaron información a 500 personas y entregaron 103 kits.  

Las pérdidas que la población tuvo con los huracanes impulsaron una nueva caravana de 8000 hondureños que salió en enero de 2021, pese a la amenaza de retenes policiales y posible contagio de COVID-19. A pesar de lo confuso de la situación y el reto logístico, MSF respondió con cuatro equipos móviles para dar atención médica y psicológica a la población migrante. Repartió 3070 kits médicos para adultos, mujeres embarazadas, niños y niñas. Además, abogó por un trato digno y seguro para las personas migrantes. Expresó su preocupación por los hechos de violencia contra los participantes de la caravana en la comunidad de Chiquimula, Guatemala.

El fenómeno de migración en Honduras no solo se limita a la población hondureña en movimiento, surgen diferentes crisis con el aumento de migrantes extranjeros que transitan por el país para llegar a Estados Unidos. Desde febrero, las ciudades fronterizas de Honduras y Nicaragua están presentando concentraciones de 50 a 1000 migrantes diarios, la mayor parte de ellos con afecciones de salud, producto del largo viaje y de las situaciones vividas durante su trayecto en la selva del Darién en Panamá. Esta ha sido la más reciente intervención de emergencia, que ha brindado la organización. Se han realizado, hasta el mes de abril, cuatro visitas al municipio de Trojes, donde se brindaron 326 atenciones médicas, 100 atenciones psicológicas y 350 kits de higiene a unidades familiares.

El pasado 6 de abril de 2021, el Congreso de los Estados Unidos recibió una lista de funcionarios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador señalados por corrupción o narcotráfico en un reporte preparado por el Departamento de Estado. En el caso de Honduras, los mencionados son seis diputados actuales del Partido Nacional, cinco de ellos investigados por la MACCIH-UFECIC en el caso denominado “Arca Abierta”, y Oscar Nájera, diputado designado anteriormente por la Ley Magnitsky y recientemente sancionado también por el Reino Unido por estar involucrado en corrupción de alto impacto.

Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Martín Cálix

“De acuerdo con los requisitos de la sección 7019 (e), este informe identifica a las siguientes personas en Honduras, Guatemala y El Salvador: funcionarios del gobierno que se sabe que han cometido o facilitado actos de «gran corrupción» o tráfico de estupefacientes; funcionarios electos que se sabe que recibieron fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas…; e individuos conocidos por haber facilitado el financiamiento de campañas políticas en cualquiera de los países del Triángulo Norte con el producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años”, dice el reporte que recientemente salió a la luz y que ha sido presentado al Congreso de Estados Unidos a inicios de este año a petición de la congresista Norma Torres. Este documento se presenta antes de la esperada Lista Engel que será publicada por el nuevo gobierno de Joe Biden y no representa una acusación legal, más bien una advertencia sobre corrupción en los países del llamado “triángulo norte”.

Según el reporte, la lista incluye “personas de las que el Departamento tiene conocimiento por información de los medios, informes, información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión”. En el caso de Honduras, los nombres revelados hasta ahora son: Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez Lopez, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López. Todos son diputados en el Congreso Nacional de Honduras y representantes del Partido Nacional, el partido del actual presidente Juan Orlando Hernández, mencionado innumerables veces como co-conspirador para el tráfico de drogas en varios casos por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

A continuación la traducción de la sección 1: Altos funcionarios gubernamentales que cometieron o facilitaron corrupción o narcotráfico.

-Juan Carlos Valenzuela fue acusado en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $800,000 de varias agencias gubernamentales. Un tribunal desestimó provisionalmente el caso de Valenzuela en febrero de 2019.

-Welsy Milena Vásquez López, actual integrante del Congreso Nacional. Acusada en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. El caso no procedió a juicio.

-Milton Jesus Puerto Oseguera, actual miembro del Congreso Nacional, acusado en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. El caso no procedió a juicio.

-Gustavo Alberto Pérez, actual miembro del Congreso Nacional, acusado en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por la malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales. El caso no procedió a juicio.

-Oscar Nájera, actual miembro del Congreso Nacional. Presuntos vínculos con la organización de narcotráfico “los Cachiros”. Designado por el Departamento de Estado bajo 7031 (c) por corrupción significativa.

-Gladys Aurora López, integrante del Congreso Nacional. Acusada en el caso de corrupción “Arca Abierta” investigado por la MACCIH por malversación de $ 800,000 de varias agencias gubernamentales.

El diputado Óscar Nájera fue designado por la Ley Magnitsky pero también este año, el Reino Unido, designó al congresista en un mecanismo de sanción internacional similar a la Ley Magnitsky, “debido a su participación en importantes actos de corrupción”.

Según reportó el medio Proceso Digital “en su capacidad oficial, Óscar Ramón Nájera facilitó sobornos a funcionarios públicos que apoyaban a una importante organización de narcotráfico “Los Cachiros”. Conducta de esta naturaleza socava gravemente el estado de derecho y la confianza en las instituciones públicas de Honduras. Las sanciones incluyen una congelación de activos y prohibición de viajar, reza una nota del sitio oficial del Reino Unido”.

En 2017, Contracorriente ya reportaba las actividades sospechosas del diputado Nájera quien para ese entonces llevaba 27 años en el poder. En las elecciones primarias de 2021 fue el segundo diputado más votado del departamento de Colón en el norte de Honduras y va en la carrera política por su octava reelección en el Congreso Nacional, un órgano del Estado que él ha convertido en su feudo. A pesar de las denuncias de vínculos con el narcotráfico, este diputado nacionalista sigue gozando de inmunidad y lidera importantes comisiones legislativas, como la encargada de crear un reglamento para que la Consulta Previa Libre e Informada se legalice en Honduras.

Conozca más aquí: El diputado eterno, un cartel narco y un valle inundado de palma africana 

Por otro lado, el resto de congresistas mencionados en el reporte fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) a la que el mismo Congreso Nacional dio el tiro de gracia en 2019. La periodista Vienna Herrera  reportó para este medio que los diputados recibieron dos millones de lempiras de Casa Presidencial ($83,333), tres millones del Congreso Nacional ($125,000) y 16 millones de la Secretaría de Finanzas ($666,000) en menos de dos meses mediante transferencias que se depositaron en la cuenta bancaria de Banco PROMERICA que tenía la Asociación Planeta Verde, una ong “de maletín”. La fiscalía señaló que posteriormente los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas. El procedimiento de Planeta Verde es similar al Caso Pandora, donde a través de dos ONG’s se sacaron más de 283 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar campañas políticas del partido Liberal y Nacional, como también favores particulares.

Conozca la red de corrupción de este caso aquí: Caso Arca Abierta 

La diputada Gladys Aurora López, además implicada en un conflicto medioambiental por represas que su esposo Arnold Castro construyó sin consulta en territorios indígenas, fue la diputada más votada del departamento de La Paz en las elecciones primarias de este año, lo que le garantiza una reelección en las elecciones generales de noviembre 2021. Una suerte diferente sufrió la diputada por el departamento de Cortés, Welsy Vásquez, quien no logró suficientes votos para asegurar la candidatura para su reelección en noviembre y quien, por esta razón, podría perder los beneficios que produce la impunidad.

Los diputados por el departamento de Lempira, Gustavo Alberto Pérez y Juan Carlos Valenzuela, quedaron fuera de la contienda electoral en esta ocasión mientras que el diputado Milton Jesús Puerto del departamento de Yoro logró su candidatura para la reelección siendo el segundo más votado de su departamento.

El 4 de agosto de 2020,  la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó un sobreseimiento a favor de los implicados en el caso Arca Abierta, entre estos, Juan Carlos Valenzuela, Gladys Aurora López, Welsy Vásquez, Milton Puerto y Gustavo Pérez.

El pasado 28 de abril, Óscar Nájera dijo que retaba públicamente a las Naciones Unidas, a los derechos humanos y al mundo entero, tras la sanción impuesta por el Reino Unido. Aseguró es una acusación falsa y una vil mentira. “Me someto a la justicia divina y terrenal, soy un hombre limpio e inmaculado por más de 50 años trabajando en la producción de alimentos”, aseveró Nájera, según recoge el sitio Once Noticias.

En territorio nacional, todos estos diputados fueron liberados de los cargos presentados por la MACCIH y actualmente no enfrentan acusaciones por corrupción.

El fenómeno Nayib Bukele azota con fuerza a Honduras después de que recibiera en su país a siete alcaldes hondureños, que habían suplicado a través de videos en redes sociales que les donaran vacunas para inmunizar a sus poblaciones. Los alcaldes recibieron las primeras 17,000 dosis  de una entrega de  34,000. Estas son parte de las vacunas que el mecanismo Covax donó a El Salvador.

Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix

Mientras el mundo ve con preocupación cómo los diputados del partido Nuevas Ideas, impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destituyeron inconstitucionalmente a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de ese país —ahora encaminado a ser un gobierno de corte dictatorial—, en Honduras siete alcaldes y miles de hondureños hacen apología al presidente del país vecino. 

La casi nula gestión del Estado de Honduras, junto a la mala imagen del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, para conseguir inmunizar a su población en medio de la pandemia, provocó que siete alcaldes hondureños imploraran por vacunas contra la COVID-19 al presidente Nayib Bukele. Los jefes edilicios recibieron el pasado jueves en el punto fronterizo de El Poy las primeras 17,000 dosis con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador para trasladarlas a sus comunidades.

En Honduras la vacunación se está realizando a cuenta gotas. En lo que va de mayo, menos del 1 % de la población hondureña había sido inmunizada, de una población de 9,5 millones de habitantes.

El 25 de febrero llegaron 6000 unidades de vacunas Moderna, donadas por el Gobierno de Israel; el 16 de marzo arribaron 48,000 dosis de AstraZeneca, donadas por el mecanismo Covax, que también hizo llegar 189,600 el 4 de mayo. En tanto, Rusia envió un primer lote de 6000 dosis de Sputnik V de las 4,2 millones de vacunas compradas y días después realizó otro envío de 40,000 dosis de Sputnik V que llegaron el pasado viernes. 

Hasta la fecha, Honduras registra 5898 muertes por la COVID-19 y la situación, según el Colegio Médico de Honduras (CMH), es cada día más alarmante porque la cantidad de muertes y contagios en 2021 es mayor que la del año anterior, según informes oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Las relaciones entre Bukele y EE. UU. no atraviesan su mejor momento, al contrario, el pasado miércoles, Bukele dejó claro que las destituciones de jueces y del fiscal general son irreversibles, ignorando la petición realizada por el enviado especial de Washington, Ricardo Zúñiga.

Pero la donación de vacunas por parte del Gobierno de Bukele no es visto internacionalmente como un mero acto de solidaridad, sino que ha despertado posturas encontradas entre los gobiernos de EE. UU. y China Continental, que han aprovechado la coyuntura para expresar sus posiciones geopolíticas sobre Honduras. Y es que esta no es la primera vez que el mandatario salvadoreño ayuda a Honduras, lo hizo días después de los huracanes que azotaron al país en noviembre de 2020. Lo que ha generado enormes simpatías por la imagen de Bukele en el pueblo hondureño.

Donación de vacuna contra el Covid-19 al municipio de Ojojona.

Los alcaldes llegaron temprano a El Poy con una pancarta en la que destacaban las banderas de Honduras y El Salvador, y una leyenda: «Presidente Nayib Bukele, Honduras le agradece». Se tomaron una foto con la pancarta que publicaron en redes sociales, mientras el equipo de comunicaciones del presidente comenzó una cobertura en redes sociales que duró hasta la madrugada del día siguiente.

Por su parte, el presidente Hernández, cuestionado internacionalmente por asuntos de corrupción y narcotráfico, ha manifestado que la acción de El Salvador obedece a un asunto de reciprocidad, ya que su administración ha dotado de insumos al país vecino: «Quiero agradecer esa gestión de los alcaldes y la respuesta que ha tenido el Gobierno de El Salvador, porque, así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos, con otro tipo de equipo, donándolo, hoy recíprocamente estamos recibiendo noticias que nos pueden atender para adquirir una vacuna que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros», dijo Hernández en una comparecencia pública.

No obstante, el congresista salvadoreño Walter Alemán consultó en sus redes sociales sobre el medicamento y otro tipo de equipo que donó a El Salvador, lo que trajo la respuesta de la Secretaría de Relaciones exteriores de Honduras que comunicó: «nos han preguntado sobre la reciprocidad en relación a las donaciones de decenas de miles de dosis de medicamentos que Honduras dio a El Salvador el año pasado durante la pandemia. Si hay interés, los registros estarán disponibles».

Horas después de esta discusión en redes sociales, se filtró una serie de documentos oficiales que presuntamente demuestran que Honduras, durante la pandemia, prestó a El Salvador un total de 200,000 jeringas, 1000 frascos de Tenofovir, 180 frascos de Efavirenz y 100 frascos de Nevirapina.

Por su parte, Juan Orlando Hernández, en su cuenta de Twitter, catalogó como importante que los siete alcaldes hondureños gestionaran, por medio de una carta que le entregaron a Bukele, para que Honduras pueda acceder a vacunas de la China Continental: «Adelanto que esa gestión en nombre de los 298 municipios tendrá todo el respaldo del Gobierno para pagar la compra de las vacunas. Hay que poner la salud y la vida por encima de los cálculos geopolíticos sobre la pandemia», dijo Hernández.

El Estado de Honduras no tiene relaciones diplomáticas con China pero sí acepta a Taiwán, catalogada como una provincia por Pekín, mientras que El Salvador, en agosto de 2018 rompió sus relaciones con China Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con la República Continental de China.

Honduras recibió de Taiwán 2,414,300 de dólares, los cuales fueron utilizados para la compra de material de bioseguridad, como mascarillas N95, batas descartables, gafas, gorros, protectores faciales y equipos como cámaras termográficas, oxigenadores de pulso y tabletas de hidroxicloroquina para los hospitales.

Según datos oficiales del Sistema Nacional de Riesgos (Sinager), Honduras supera los 225,000 contagios por COVID-19. Tegucigalpa, 14 de mayor de 2021. Foto: Martín Calix.

Con esta acción quedó claro que Honduras busca que El Salvador sirva de enlace para obtener vacunas chinas, sin embargo, Honduras recibió una advertencia de Patrick Ventrell, director para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., quien señaló esta semana que Honduras debe mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán: «En la pandemia vino mucha ayuda desde Taiwán y eso hay que tomar en cuenta. Por nuestra parte la relación entre Honduras y Taiwán ha sido muy importante y debería seguir así», dijo Ventrell, según recoge el sitio ElPaís.cr

La donación de vacunas, por parte de Bukele, hizo despertar el juego de ajedrez geopolítico regional, porque China Continental aclaró que Honduras en realidad rechazó la donación de unas 250,000 dosis de la vacuna china Sinovac. «En su momento el Gobierno estaba apostando a traer las vacunas por medio de la OMS y desistieron porque no querían ningún compromiso geopolítico con China Continental respetando los vínculos y alianzas con Taiwán», expresó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias China, Hondu-Centroamericana, Alejandro Young, según una publicación de Radio América.

Bukele se mostró contento por las personas que portaban banderas salvadoreñas y hondureñas en la frontera y publicó la foto en un Twitter con un mensaje que decía: «Algunos no ven lo histórico de esta foto. Estos momentos serán recordados por nuestros pueblos en el futuro. Estamos sembrando un árbol que tardará en crecer y del que probablemente nunca disfrutemos su sombra. Pero estoy seguro que la disfrutarán nuestros hijos».

La Secretaría de Comunicaciones de El Salvador también posteó en un Twitter: «Somos un solo pueblo y para nosotros es un honor ayudar a nuestros hermanos hondureños».

El municipio de Ojojona ha sido uno de los siete municipios beneficiados con la donación de vacunas contra la COVID-19: 197 frascos de la vacuna de AstraZeneca que contienen un total de 1970 dosis. Ojojona, Francisco Morazán, 14 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Las vacunas salieron a las siete de la mañana, en siete camiones desde la periferia de San Salvador y mientras se cumplían los trámites aduaneros, el ministro salvadoreño de Salud, Francisco Alabí, hizo la entrega oficial a los alcaldes en una breve ceremonia.

Durante el recorrido desde El Poy al interior del país, la gente salía de sus casas a aplaudir a los conductores de los camiones, que tenían la leyenda COVID-19, en agradecimiento al presidente Bukele.

Los alcaldes —quienes pertenecen a diferentes instituciones políticas— que pidieron ayuda son: Carlos Galeano, del municipio de Santa María del Real, departamento de Olancho (Partido Libre); José Armando García, de Ojojona, Francisco Morazán (Partido Liberal); José Luis Chirinos, de Manto, Olancho (Partido Liberal); Efraín Guadalupe Muñoz, de San Marcos de Caiquín, Lempira (Partido Libre); Arnold Avelar, Arada, Santa Bárbara (Partido Libre), Amable de Jesús Hernández, Colinas, Santa Bárbara (Partido Libre); y David Castro, Cedros, Francisco Morazán (Partido Liberal). La petición se basa en que El Salvador es uno de los países centroamericanos que más vacunas ha recibido para su población.

Inicialmente, luego de una reunión con Bukele, los alcaldes habían anunciado una donación de 34,000 dosis, pero la Secretaría de Prensa de El Salvador publicó en otro Twitter que el ministro de Salud, Francisco Alabí aseguró «que se está brindando la primera dosis de las vacunas, y que luego se pondrá a disposición la segunda».

El alcalde Colinas, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández informó que las vacunas pasan al Programa Ampliado de inmunización (PAI), de la Secretaría de Salud para seguir el protocolo necesario para aplicarlas a la población conforme a las normas definidas por esa secretaría: «Esta vacuna es fundamentalmente para la población vulnerable, adultos mayores, los elementos de la policía, bomberos, personal de primera línea de salud, personas con capacidades especiales y el cuadro de morbilidad que son las personas que tienen enfermedades crónicas», afirmó, y además agregó que las cantidades serán definidas conforme al número de habitantes y población vulnerable en cada uno de los municipios.

El viernes 14 de mayo, las vacunas llegaron a los municipios que hicieron la petición a Bukele, el entusiasmo de los pobladores no se hizo esperar, tal es el caso del municipio de Ojojona, ubicado al sur del departamento de Francisco Morazán, donde los habitantes de este pintoresco pueblo bajaron desde las aldeas a tempranas horas para poder ser testigos del tan esperado donativo.

El alcalde del municipio de Ojojona, Armando García, se dirige a la prensa que hizo la cobertura de la llegada de las vacunas a su municipio. Ojojona, Francisco Morazán, 14 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El alcalde de este municipio José Armando García Andino, expresó a Contracorriente: «no lloro porque tengo un corazón duro, pero mi corazón está débil al saber que una persona me dio la mano para ayudar a mi pueblo». García explicó que el viernes llegaron las primeras 17,000 dosis de las 34,000 aprobadas y en las próximas semanas llegarán las 17,000 restantes.

En algunos medios hubo críticas en el sentido de que las vacunas donadas por El Salvador se vencen el 1 de junio, pero el alcalde García aclaró que la fecha de vencimiento es el 30 de junio. Ante esto, la jefa de Neumonología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, se preguntó en un Twitter: «¿Qué es lo que critican? aún no se vencen hay que ponerlas ya. Nuestra gente las necesita (…) si dieron pastillas de harina y de azistin».

«La idea de la petición de las vacunas me surge de la pura desesperación, es doloroso para mí ver que mi gente se está muriendo y que no tiene un tratamiento, a mí me duele haber perdido amigos por esa enfermedad, hemos hecho una labor maratónica bendecida hasta el día de hoy», puntualizó José Armando García, y además agregó: «Vimos cómo el presidente Bukele nos ayudó en los huracanes Eta y Iota, entonces tomamos la iniciativa quince alcaldes, al final solo quedamos siete y gracias al señor fuimos escuchados, Dios le tocó el corazón al presidente Bukele y ahora puedo decirle a mi pueblo que tenemos 1970 vacunas distribuidas en 197 frascos y que de cada frasco salen 10 dosis, vamos a vacunar sin distingos políticos, a los más necesitados, a los adultos mayores y a los que tienen problemas de base». 

Incertidumbre

El día transcurría y las horas pasaban, los rumores iban creciendo de gente en gente y la Secretaría de salud hondureña no quería aprobar la jornada de vacunación, sino hasta el próximo lunes, a lo que el alcalde se refirió: «me dolería no iniciar el proceso de vacunación de inmediato, pero les prometo que si no se puede hoy viernes, lo vamos a hacer mañana».

Ana Lubis Velásquez, jefa regional de Salud de Francisco Morazán, aseguraba que la jornada de vacunación iniciaría hasta el día lunes, por protocolo y normas a seguir con el cuidado de la vacuna contra la COVID-19.

Los pobladores del municipio y el mismo jefe edilicio demostraron inconformidad y descontento por un par de horas, situación que los llevó a convocar a reunión de emergencia entre las diferentes autoridades.

El alcalde de Ojojona brindó declaraciones ante los medios de comunicación que estaban presentes y dijo que después de que la Secretaría de Salud no quería autorizar la jornada de vacunación por un problema de jeringas llegaron a un acuerdo: «Yo les dije que si el problema eran las jeringas yo las podía pagar, pero que las vacunas no salían para ningún lado. El sábado a partir de las ocho de la mañana estaremos dando inicio a la gran jornada de vacunación contra la COVID-19, esta bendición  viene a mejorar y sanar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, iniciaremos en el casco urbano y posteriormente a eso nos dirigimos a las aldeas donde más lo necesitan», agregó.

Por otra parte, el alcalde García denunció que el triaje de su municipio está funcionando con fondos municipales y que no tienen fondos del Gobierno: «Desgraciadamente dependemos de la secretaría de Salud, pero yo nunca he recibido llamadas ni del presidente ni de la secretaría», denunció el edil. Agregó que su municipio se localiza a 242 km de la capital (Tegucigalpa), y que apenas tienen una población de 11,167  habitantes. «No merecemos estar desprotegidos, voy a luchar y seguiré luchando por ustedes», manifestó a los pobladores.

Este servidor municipal adelantó  que van a tener más acercamientos con el presidente Bukele porque este ya les confirmó que les donará la segunda dosis: «Sinceramente no tenemos cómo pagarles», expresó.

Esperanza

Maura Núñez es una mujer de 75 años, quien andaba acompañada de su hija María Juana Núñez, de 54 años, ambas oriundas y residentes en el municipio de Ojojona, ellas dijeron a Contracorriente que lo que más desean es que esta esta enfermedad se termine al menos en su municipio, pues sus pequeñas ventas se han venido abajo desde que inició la pandemia de la COVID-19. Se dedican a la venta de tortillas, pero todo este tiempo no han salido a vender porque temen contagiarse.

María Juana Núñez de 75 años y su hija Maura Núñez de 54 años, llevaron carteles hasta el centro de salud de Ojojona para mostrar su apoyo y agradecimiento por la donación de vacunas contra la COVID-19. Antes de la pandemia, María Juana vivía de vender tortillas, y Maura, que es vendedora de dulces. Tienen un año de no poder trabajar por el miedo al contagio. Ojojona, Francisco Morazán, 14 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

«Con esta enfermedad he  tenido que vivir con poquitos que me dan mis hijos, de lo poco que ellos ganan trabajando de ayudantes de  albañil», comentó doña Julia.

«Le doy gracias a Dios, al presidente de El Salvador y al alcalde de Ojojona por preocuparse por nuestro pueblo», expresó, por su parte, doña Maura, quien se siente feliz porque le han prometido que será vacunada. «Aunque me vacunen yo siempre me voy a cuidar porque esta enfermedad es muy peligrosa», agregó.

Doña María comentó que ella sale corriendo a comprar su despensa para poder comer, aunque con miedo porque piensa que cada vez que sale puede llevar la enfermedad a la casa y allá la espera su mamá: «hemos tenido mucho miedo la verdad es que Dios nos ha cuidado», manifestó.

Por otra parte, la doctora del triaje del municipio de Ojona, Catherine Henríquez, comentó a Contracorriente sentirse inmensamente feliz, ya que este municipio ha reportado veinte fallecidos en lo que va de la pandemia, esto sin contar los que no registran o que por alguna razón  no van al triaje.

Dijo que desde el año pasado hasta la fecha  tiene un registro de 1500 atenciones médicas y que al menos en ese lugar la población ha cumplido con las normas y protocolos de bioseguridad, que desde el mes de septiembre pasado son 700 casos positivos y que este dato se ha mantenido hasta la fecha.

Cuando se le preguntó cómo han manejado la pandemia la médica denunció que solo tienen apoyo del alcalde: «hasta para la compra de pruebas tenemos que pedirle, porque no tenemos apoyo del gobierno central solo trabajamos con ingreso municipal», aseguró Henríquez.

Amenazas

Por otra parte, el alcalde del municipio de Cedros, Francisco Morazán, David Castro, denunció amenazas del canciller de Relaciones Exteriores Lisandro Rosales, y publicó unas capturas de pantalla de Whatsapp que supuestamente le envió Rosales: «Me imagino que esos siete alcaldes van a ser los primeros en ir a recibir a Bukele cuando se quiera meter a Conejo. Pero sordos los van a dejar los F5», se leía en la supuesta amenaza.

El Salvador reclama la propiedad sobre la Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca, que fue reconocida como hondureña en el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Antes de que las capturas se hicieran públicas, en su defensa, el canciller Rosales posteó en su Twitter que él nunca amenazó a nadie y en especial contra aquellos que hacen labor por sus comunidades. No obstante, Rosales advirtió al alcalde que si presentaba esas capturas de pantalla, procedería judicialmente.

El pasado siete de mayo, mediante un video publicado en redes sociales, los alcaldes hicieron una desesperada petición de la vacuna contra la COVID-19 al presidente Bukele, con el afán por inmunizar y detener la ola de contagios y muertes en  sus municipios.

Ante la desesperación, la impotencia  y la falta de apoyo por el gobierno central de Honduras la primera petición la hizo pública y viral Carlos Galeano, alcalde de Santa María del Real, del departamento de Olancho. En cuestión de días, alcaldes de diferentes municipios se sumaron a la lista, cada uno lo hizo a su manera, unos se valieron del auge de las redes sociales y otros por medio de cartas dirigidas a la Embajada de El Salvador, en Tegucigalpa.

El presidente Bukele publicó su respuesta en un tuit: «contacten a estos siete alcaldes hondureños, díganles que el ministro de Salud de El Salvador, @Francisco Alabi, los recibirá este martes, a las 2 p. m. Nuestro país los ayudará con vacunas contra el Covid-19 para inmunizar a la población con mayor riesgo de sus municipios», apuntó Bukele, quien también dijo: «las dosis que donaremos no afectarán en lo absoluto el ritmo de vacunación en El Salvador (que está al máximo de nuestra capacidad humana), los cargamentos programados de vacunas que recibiremos nos dejan un margen suficientemente amplio para donar algunas».

Texto: Eva Galeas
Fotografías: Martín Cálix

«Nosotros como jubilados gozamos de beneficios que hemos ganado con sudor y trabajo arduo. Son 31 años que me desempeñé como maestra de educación especial, es justo y oportuno que se nos respete nuestros derechos como jubilados», dijo María J. Ramírez, una señora de 69 años —quien ha laborado durante tres décadas en el Centro de Investigación y Rehabilitación Especial (CIRE)—, mientras se manifestaba en las afueras de las instalaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) en defensa de los derechos que le corresponden como maestra jubilada y pensionada.  

El pasado miércoles 5 de mayo, miembros de los cinco colegios magisteriales llegaron a protestar frente a las instalaciones del Inprema, con la exigencia de la derogación del PCM 44-2021. 

Dirigentes del magisterio denunciaron esta semana que el Gobierno de Honduras pretende asaltar el Inprema, que permite una jubilación justa y digna a los educadores de educación primaria y secundaria de Honduras, para destinar el dinero de la institución a la campaña política del partido de gobierno.

La maestra Ramírez considera que el nuevo proyecto de ley es dañino para los intereses del Inprema y por consecuencia para los maestros jubilados y activos pertenecientes a la institución, porque afectaría en el aspecto financiero de la institución e impediría ofrecer cobertura de servicios: «Este proyecto tiene muchas consecuencias para los jubilados y pensionados. Por mencionar algunas, Inprema no podrá pagar las jubilaciones y pensiones. Además, los docentes tampoco podrán solicitar préstamos personales o hipotecarios. El instituto no podrá ni prestar servicios de salud a los jubilados y pensionados», alertó. Esta docente estima que al menos 20,000 profesores entre jubilados y pensionados se verán afectados con el nuevo proyecto de ley.

El PCM-044-2021 ordena intervenir el Inprema por razones de interés público por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la Institución y del Estado.

En ese sentido, se ordenó que una Comisión Interventora, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública se encargue, a partir de la entrada en vigencia del decreto ejecutivo, de la administración del Instituto como entidad intervenida.

La escritora y docente Yadira Eguiguren, imparte la clase de español para alumnos del Instituto Técnico Honduras. Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

«Lo que el Gobierno quiere con el PCM es poner gente de ellos, para así poder saquear los dineros del Inprema, y con el instituto saqueado ya no hay forma de pagar ni jubilaciones ni pensiones a los educadores», denunció el profesor Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) y líder magisterial. 

Hernández catalogó esa acción como un asalto al Inprema, situación que pone en riesgo los intereses de los jubilados y pensionados y de los profesores activos del instituto de previsión. Asimismo, reconoció que los dirigentes magisteriales tienen diversas opiniones de cómo llevar la lucha. «A veces tenemos unidad de criterio, pero no de acción, cada colegio define la estrategia de lucha, para conseguir el objetivo». 

Este líder magisterial informó que se ha llegado a un acuerdo de diálogo con el Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, en el que se prometió la derogación del PCM 044-2021 para trabajar otro PCM que tendría como objetivo nombrar una comisión especial.

El Gobierno se comprometió, según Hernández, a presentar una propuesta de postulantes a los cargos de intervención conformados por al menos un licenciado en contaduría y tres licenciados en economía. 

Por su parte, el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, publicó un tuit expresando que «el Inprema es de las y los docentes y sus fondos deben cuidarse para la jubilación. La misión del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es garantizar la estabilidad del Inprema», manifestó.

Bueso reconoció que se debe dignificar la atención al docente, garantizando el respeto a los derechos que le confiere la ley. Aseguró estar abierto al diálogo para llegar a consensos con los gremios magisteriales.

Los dirigentes magisteriales suspendieron las protestas el pasado 5 de mayo, sin embargo, advirtieron que si el diálogo falla y las autoridades no cumplen con lo acordado, ellos volverán a las calles.

Con relación al PCM 319-2002 que trata sobre la Ley de Régimen Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones, Hernández dijo que han  solicitado que el presidente Juan Orlando Hernández vete esa disposición para solventar el problema. 

Edwin Hernández le contó a Contracorriente que el 20 de mayo de 2021 el magisterio presentará ante la Secretaría del Congreso Nacional su segunda iniciativa ciudadana para reformar la Ley del Inprema, que va encaminada  a lograr cinco elementos importantes.

Los maestros buscan una reducción de la edad de jubilación, el cambio en la fórmula del cálculo de la pensión, el pago en vida de los 60 salarios para los pensionados y jubilados (ya que estos solo los dan una vez que el agremiado haya fallecido), reducción de los años de cotización para poder jubilarse y por último un reajuste salarial de 80.26 lempiras para los docentes activos y 20.86 lempiras a la hora a clase, estamos hablando de  un aproximado de 3200 lempiras mensuales», manifestó el dirigente. 

El presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), Daniel Esponda, indicó que se prometió por parte del Gobierno que el PC-M 44-2021 se iba a derogar el 5 de mayo, pero que hasta el momento la derogación no ha salido publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

Afirmó que como Federación de Colegios Magisteriales se reunieron el miércoles 12 de mayo y comenzaron a organizarse porque «de no llegar  a un acuerdo, está claro que van a venir fuertes acciones». El problema de fondo del instituto, según Esponda, es que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros no les deja invertir: «Estamos amarrados por ellos mismos», comentó.

Dinero para campaña política

Esponda dijo a Contracorriente que con esta intervención lo que el Gobierno quiere es sacar fondos de la institución magisterial para «financiar su campaña política», en un país donde los gobernantes «pueden hacer y deshacer sin que nadie les diga nada».

Esponda agregó que es una pésima administración y que es una de las peores que han tenido en la historia. También lamentó que «lo más trágico de todo esto puede ser el descalabro económico de la institución».

El dirigente magisterial Daniel Esponda, durante una entrevista con Contracorriente. Tegucigalpa, 3 de mayo de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

El PCM 44-2021 que busca la intervención del Inprema menciona que en los últimos años las inversiones no han alcanzado las metas y tampoco han logrado satisfacer las necesidades del instituto, por la ausencia de una gerencia asertiva con visión de los nichos de inversión a largo plazo.

El Inprema, en un comunicado, rechazó este señalamiento del Gobierno, afirmando que su sistema financiero prevaleció el año pasado, aún y con el entorno adverso provocado por la pandemia de la COVID-19 y los huracanes Eta y Iota, que generaron una depresión económica a nivel nacional.

Los maestros se declararon en alerta para defender sus derechos y afirmaron que la única forma de lograr las conquistas han sido a través de las luchas en las calles, aunque aclararon que no van a revelar por estrategia lo que tienen planificado emprender.

La Asamblea legislativa salvadoreña, controlada en su mayoría por el partido del presidente de la República Nayib Bukele, aprobó el  5 de mayo de 2021 una ley que impide los controles sobre las compras públicas vinculadas a la pandemia. Suena como la confirmación alarmante de una investigación llevada a cabo en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua que arroja luz sobre las tendencias autocráticas reforzadas en plena crisis sanitaria.

Texto: Celia Pousset
Fotografía: Martín Cálix

Impactos de la pandemia COVID-19 en la fragilidad democrática, es el título del más reciente estudio, de la fundación alemana Heinrich Boll Stiftung, que analiza las medidas tomadas por cuatro gobiernos de la región a fin de refrenar la epidemia. ¿Cómo los respectivos mandatarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua lidiaron con la crisis y cuáles fueron las señales que enviaron a favor o en contra de la democracia? Esta es la pregunta que la investigación, alimentada por encuestas y entrevistas, se propone explorar.

Sean cuales sean sus nombres, los llamados estados de emergencia, prevención o calamidad pública, llevaron a los gobiernos a tomar medidas restrictivas hacia la libertad individual (confinamientos, cercos sanitarios, clausuras de empresas) justificados en nombre del bienestar de la población, de su salud, del respeto a su vida. Ahora bien, el informe sugiere que «los resultados en materia de contagios y decesos parecen no haber sido afectados por la diferencia en que las medidas fueron adoptadas. Entonces, las implicaciones de esas medidas serán visibles en otros ámbitos, como la gobernabilidad». 

Dicho de otra manera, el estudio interroga: ¿Hasta dónde las medidas excepcionales se justifican por la situación sanitaria? ¿Dónde empiezan las incongruencias y los abusos de poder?

Militares: «héroes de la patria» 

El rol protagónico que desempeñaron las fuerzas de seguridad durante la pandemia, y especialmente los militares, es, según el estudio, una señal preocupante: «la democracia se denigra cuando son las Fuerzas Armadas las que sustituyen instituciones civiles». Nos dice que la COVID-19 fue enfrentada «como si fuera una guerra» o un «problema de seguridad», por lo que se necesitaba desplegar a los ejércitos. En Honduras, la asignación de tareas no militares a las Fuerzas Armadas, tal como la entrega de bolsas solidarias o el control administrativo de algunos hospitales, corresponde a una deriva inscrita en lo que el informe nombra la «cultura del autoritarismo».

En El Salvador, Nayib Bukele exaltó a los militares nombrándolos «héroes de la patria que ayudan al bienestar nacional», mientras difundió un discurso intransigente hacia la ciudadanía, legitimando así los abusos de la fuerza, ya sean por parte de policías o militares. Otto Argueta y Marco Pérez Navarrete citan al actual presidente, quien exhortaba: «ser más duros con la gente en la calle, la gente que está violando la cuarentena. No me va a importar ver en las redes sociales: ay me decomisaron el carro, ay me doblaron la muñeca». 

En Guatemala, la situación está descrita como similar en materia de militarización de la pandemia y mayor tolerancia institucional hacia las violaciones de derechos humanos.

Vea aquí la presentación del estudio:

Cortocircuitos democráticos y falta de transparencia

Otro punto que la investigación resalta es el rechazo hacia las reglas democráticas, ya debilitadas desde hace años, pero que en los últimos meses se vieron particularmente menoscabadas. En Honduras, ese rechazo se manifestó a través de la suspensión de las garantías constitucionales, en Guatemala por la injerencia de los principios religiosos en el manejo de la crisis, en El Salvador por la negación violenta de la legitimidad de los adversarios políticos y del periodismo independiente, entre otros.

En Nicaragua, la situación ha sido aún más grave por el no reconocimiento oficial de la pandemia. Los autores del estudio entrevistaron a diferentes sectores de la población nicaragüense y comentan lo siguiente: «La percepción sobre las medidas tomadas difiere del resto de la región, en primer lugar porque para algunas personas entrevistadas las medidas nunca existieron». 

La negación de la enfermedad, así como el intento de ocultar sus estragos en el pueblo, hicieron que Nicaragua fuera objeto de críticas por parte de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta institución internacional reportó además 43 denuncias de violaciones a derechos humanos tan solo entre marzo y junio de 2020. Frente a estos reproches, Daniel Ortega se instaló en una postura victimista, alegando campañas de desinformación y odio en contra de su gobierno.

Aun así, el Gobierno de Ortega aprovechó la crisis para aprobar leyes que socavan el pluralismo político: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que establece que cada persona recibiendo fondos extranjeros no podrá pretender a un cargo público, y la Ley de Ciberdelitos que busca penalizar los medios de comunicación independientes.

¿Hacia una amnistía de los delitos cometidos en tiempos de pandemia?

La gestión de los recursos para enfrentar la pandemia fue un problema común a toda la región.

Por ejemplo, el informe subraya  la incoherencia en la distribución de recursos en Guatemala. Las diferentes fuentes consultadas para el estudio expresaron que «los criterios de asignación de los recursos han sido deficientes o se teme que sean objeto de malversación a través de tráfico de influencias, corrupción y clientelismo», escriben los autores. 

En Honduras, el estado de emergencia dio pie al uso desenfrenado de los recursos públicos en compras irregulares que ahora están investigadas por el Ministerio Público.

En El Salvador, los «mecanismos de transparencia y rendición de cuentas han sido anulados», deplora el informe. Por mucho que se considerara como el país con mayores fondos, aquellos terminaron masivamente invertidos en la propaganda de las acciones del Gobierno.

Ahora que el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas mandan en la Asamblea, y que los diputados votaron por anular los controles sobre las compras públicas de insumos médicos destinados a la COVID-19, numerosos sectores de la población salvadoreña se preguntan acerca del significado antidemocrático de hacer borrón y cuenta nueva.

En este contexto de opacidad financiera, la gran perdedora sigue siendo la salud pública. Es lo que deja claro la lectura de esta investigación, esclarecedora en su dimensión comparativa.

El informe explora numerosas pistas, muchas de las cuales no han podido ser mencionadas aquí, por lo tanto, les invitamos a hojearlo. Sugiere que el manejo político de la pandemia engrandeció la brecha entre la ciudadanía y sus representantes, marcando una nueva ola de desconfianza. Y que los gobiernos instrumentalizan la crisis sanitaria para acabar de desmontar las instituciones democráticas en Centroamérica. Quizás sean dos intuiciones que llegarán a confirmarse.

Por Iveth Vega

Mientras se contemplaba el rostro en el espejo, Arlene pensaba en las nubes del cielo: —¿Quién las pondría allí con la delicadeza de un relojero? ¿Veremos nosotros las cosas tal como Dios las ve?

Luego de sus cavilaciones, volvía a ver su reflejo en el espejo. Su rostro blanquísimo y liso, teñido de aquellas letras que ni sus padres ni ella pudieron explicar jamás.

—Es un poema. Tiene que serlo. La distribución de las palabras me lo hace creer —exclamó—. Estaba en una lengua desconocida o extinta. Desde que era pequeña, sus padres la llevaron a distintos médicos, investigadores, chamanes, religiosos y demás, pero nadie sabía de dónde provenía tal fenómeno. Arlene se acostumbró a aquella excentricidad y los que la rodeaban también. Sus compañeros se sorprendían, pero a la  semana todo pasaba y se convertía en normalidad.

A veces, Arlene lograba descifrar en sueños lo que decía el poema que cubría su rostro, sin embargo, al despertar olvidaba todo por completo. Un día pensó en recitar el poema en sus sueños, mientras en la realidad una grabadora almacenaba los sonidos producidos por su boca. Pero al despertar y revisar la grabación, se llenó de desilusión al escuchar sonidos ininteligibles.

Una tarde, Arlene decidió ingerir una caja completa de caramelos azules. Estaban guardados en un pequeño cofre. Se acercó a la ventana, a lo lejos divisó un arcoíris y procedió a borrar el horizonte con su fría mano.

Por Kalton Bruhl

La confesión de mi abuelo mientras agonizaba en su cama me tomó por sorpresa. Cuando me habló de la existencia de un doble, pensé que no era nada nuevo. Muchos explicaban  de esa forma la supervivencia de aquel hombre al atentado de 1944 y así se lo hice saber. Mi abuelo sonrió. La aparición  del doble era mucho más antigua. Me habló entonces de su descubrimiento. Se hallaba realizando, a finales de 1950, una investigación en los archivos del hospital Beelitz-Heilstätten cuando encontró un reporte de defunción fechado en octubre de 1916. Le extrañó encontrarlo traspapelado en un anaquel que no le correspondía. Lo leyó por curiosidad. Una septicemia originada por una herida de bala en la pierna había acabado con la vida de aquel soldado. Sintió un vacío en el estómago al leer el nombre del paciente. Debía tratarse de un error o, en todo caso, de una falsificación. Decidió que, mientras no determinara su autenticidad, no comentaría con nadie aquel hallazgo. Miró en todas direcciones y lo guardó en su maletín. Remitió a un laboratorio especializado un pequeño fragmento del papel, a efecto de que realizaran todas las pruebas necesarias, incluyendo la datación y constitución de las fibras y el análisis químico de la tinta utilizada en la firma. Todas las pruebas resultaron positivas. No cabía duda: el documento era auténtico. En ese momento sopesó las posibles consecuencias de hacerlo público. Un simple folio cambiaría la historia y crearía un sinnúmero de nuevas interrogantes. ¿Quién era el hombre que había muerto el 30 de abril de 1945? ¿Se había suicidado o fue ejecutado para  evitar un eventual interrogatorio? ¿Quiénes habían guiado sus pasos y le habían proporcionado los medios necesarios para alcanzar el poder? Y la pregunta más inquietante de todas: ¿quiénes se habían beneficiado con la guerra?

La búsqueda de respuestas podría, sin duda, convertirse en el detonante de una nueva conflagración mundial. Seguramente, dentro del grupo de autores de esa  conspiración, porque estaba seguro de que se trataba de eso, se encontraban los hombres más poderosos de la época, aquellos para los cuales el poder y las riquezas eran los únicos credos aceptables. 

Supo con certeza que el día que sacara a la luz aquel documento, sus días estarían contados. Resolvió mantenerse callado y desde entonces cargó sobre su conciencia la responsabilidad de negarle al mundo los nombres de los culpables de más de cincuenta y cinco millones de muertes. 

Ahora, mientras su vida se apagaba, había decidido compartir conmigo su secreto y aliviar el peso de su culpa, colocándola sobre mis hombros. 

Apretó mi mano y me dictó la clave cifrada de una casilla en un banco de Suiza. 

Días después de su funeral, me encontraba en la  habitación de un hotel en Ginebra sosteniendo aquel papel entre las manos. Estaba amarillento y gastado por el  tiempo. Una insignificante hoja de papel y, sin embargo, no  podía siquiera imaginar cuáles serían los resultados de su divulgación. 

La decisión me tomó apenas unos segundos. Saqué de mi bolsillo el encendedor y contemplé, casi hipnotizado, cómo quedaba reducida a un puñado de cenizas.

Por José Zelaya

La minificción en Honduras ha sido tratada de manera aislada hasta hoy, eso si la comparamos con la poesía que desde sus inicios —con Juan Ramón Molina y José Antonio Domínguez— fue y es la más cultivada en el país, contando desde entonces con un sin número de poetas. Pero, sin importar el género literario, las escritoras la han tenido difícil debido a la precariedad que enfrentan en el contexto social, político, económico y literario. En el país no existe un marco histórico sobre la minificción escrita por mujeres. Este artículo tiene como propósito hacer un mapeo de las mujeres que han escrito minificción en Honduras y contribuir a posibles investigaciones que surjan al respecto. 

Los primeros esbozos de la minificción femenina en Honduras surgen con Clementina Suárez en su libro de poemas De mis sábados el último (1931), que según la investigadora Helen Umaña algunos textos podrían considerarse auténticos microrrelatos. Y es hasta 1991 y 1992 con Débora Ramos que surgen nuevas publicaciones: tres minificciones en los números 10 y 12 en la Revista Imaginación.  

Unos años después, la poeta Eva Thais publica Constante sueño (1992),  un libro de microrrelatos donde se pueden encontrar textos muy breves de contenido experimental que generan un gran impacto. Algunos de ellos como: «Fases de la luna» y «Perla» fueron incluidos en la Antología de cuentistas hondureñas (2003). También, Rocío Tábora escribió minificción en su libro Cosas que rozan (2001).

Todas estas escritoras forman parte de la antología del microrrelato en Honduras, La vida breve (2006), compilada por Helen Umaña y La minificción en Honduras (2007), compilada por Víctor Manuel Ramos. En esta última, se suma Lourdes A. Núñez Ortiz y en ambas se nombra a Mónica Romero Lepe con una minificción publicada en La Revista Imaginación. 

Hasta el momento se hace un conteo de seis escritoras hondureñas de minificción entre 1931 a 2001. Cabe destacar que, estas minificciones fueron extraídas de diversos libros de poesía, cuento, antologías nacionales y revistas narrativas.

No obstante, la minificción femenina guardó silencio hasta 2007, donde la escritora Alejandra Flores Bermúdez publica su libro Por la vereda, una colección de microcuentos poéticos inspirados en los personajes de sus pinturas. Ocho años después, Elisa Logan publica Historias de Natalia (2015), un libro que integra cincuenta y tres minificciones de cien palabras cada una. Es interesante que hasta la fecha estas dos autoras no han sido incluidas en antologías nacionales. Por lo tanto, se puede nombrar a Eva Thais, Alejandra Flores Bermúdez y Elisa Logan como las únicas escritoras hondureñas que poseen un libro dedicado a la minificción. Sin embargo, otras escritoras reconocidas y con trayectoria literaria han escrito este género. Un ejemplo claro es la incorporación de Perla Rivera, Anarella Vélez Osejo, Lety Elvir y la repetida presencia de Alejandra Flores Bermúdez y  Elisa Logan en la antología centroamericana de minificción Tierra breve (2017), publicada en El Salvador. Es importante mencionar que el microrrelato de Lety Elvir incluido en esta antología fue publicado inicialmente en su libro de cuentos Sublimes y Perversos (2005).

En el  2020, tres escritoras hondureñas integran Historias mínimas, Muestra hispana de microficción contemporánea, publicada en Perú. Entre las autoras hondureñas se destacan: Perla Rivera, Venus Mejía y Ámbar Nicté. De igual forma, la escritora Tatiana Sánchez se suma a la lista al formar parte de ECOS: Nuevas voces de la minificción centroamericana, publicada en Nicaragua (2020). 

Se puede observar que los pasos de la minificción femenina hondureña han sido lentos y distantes. El número de mujeres que han logrado publicar sigue siendo reducido, al ser catorce escritoras en total. Definitivamente Honduras tiene una deuda con la minificción, las puertas están abiertas para recibir a nuevas escritoras en el género.

Un poco más de tres años después de la captura de Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (Desa), se desarrolla el juicio oral y público por suponerlo responsable de la autoría intelectual del asesinato de la luchadora social Berta Cáceres. Las pruebas evacuadas en esta última semana muestran que hubo tráfico de influencias, mucho dinero de por medio y el involucramiento de empresarios de élite de Honduras en este asesinato de alto impacto.

Texto: Fernando Silva
Fotos: Martín Cálix

«He gastado mucho dinero y capital político para que salgan esas tres órdenes de captura», le decía Daniel Atala Midence, gerente financiero de Desa, a su pareja de ese momento vía whatsapp. Se refería a la posible captura de uno de los líderes del movimiento indígena que protestaba contra su proyecto. Hablaba de tres «cabecillas» en ese momento, una de ellos era Berta Caceres. La información de estos mensajes fue obtenida tras una pericia telefónica realizada por la acusación privada que es parte de los medios probatorios en el juicio oral y público contra Roberto David Castillo, supuesto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres, y se remonta a 2013.

Dos días antes de esos mensajes, el 15 de julio de 2013 en medio de una manifestación que pretendía impedir el acceso de la maquinaria de Desa para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco en el departamento de Intibucá, miembros de las Fuerzas Armadas dispararon a la multitud y el líder indígena Tomás García murió, mientras que su hijo resultó herido de un balazo en el pecho.

En esa misma relación de hechos, una investigación del medio estadounidense The Intercept también señala que el mismo día del asesinato de Tomás García, Roberto David Castillo envió un mensaje a Daniel Atala: «Los militares mataron a un indio», mostrando su desprecio por la población indígena lenca que se oponía al proyecto al no haber sido consultada según los tratados internacionales. Según la investigación, Castillo ordenó que se le pagara un aproximado de 100 dólares a un reportero local para presentar una noticia que favorecía a la empresa.

Esto tiene relación con los mensajes que Daniel Atala Midence enviaba en el grupo que tenían los directivos de Desa poco después del asesinato de Berta, allí le decía a Sergio Rodriguez, gerente ambiental de Desa: «Sergio, relájate. Muy negativo estás. Todo va a salir bien, ya vas a ver. No caigas en pánico, que lo trasladas a otra gente (…). El ministro de Seguridad le dijo hoy a Pedro que era “lío de faldas»». Una de las primeras líneas de investigación de la Policía Nacional sobre el asesinato de Berta fue que se trataba de un femicidio por su expareja. El ministro con el que presuntamente habrían hablado es el exsecretario de seguridad Arturo Corrales. 

La familia Atala en Honduras es accionista de instituciones financieras, equipos de fútbol, inmobiliarias y otras empresas, por eso son conocidos por ser uno de los conglomerados con mayor caudal económico en el país. Entre sus miembros se encuentran Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y José Atala Zablah, todos ellos eran parte de la junta directiva de Desa.

Daniel Atala, Gerente Financiero de Desarrollos Energéticos S.A, transfirió 1 millón 254 mil dólares a David Castillo, esta transferencia se realizó dos días antes del asesinato de Berta Cáceres. Castillo enfrenta cargos por considerársele co autor del asesinato de la coordinadora del Copinh. Tegucigalpa, 6 de abril de 2021. Foto: Martín Cálix.

Un ejemplo de esto es el momento en el que en octubre de 2015, en comunicación con Pedro Atala, preparaban acciones de sabotaje a las protestas de la organización indígena, los chats muestran comunicaciones en un grupo que organizaron con el nombre de Seguridad PHAZ. Allí David Castillo pedía al ejecutivo, empresario y presidente vitalicio del equipo de fútbol hondureño Motagua, que solicitara el apoyo de la Policía Nacional para la protección de las instalaciones de la hidroeléctrica. Esta conversación fue revelada el pasado viernes en la lectura del peritaje realizado en el celular de Sergio Rodriguez. 

Otro de los chats indica que el exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, habría solicitado al entonces presidente Porfirio Lobo (2010-2014) que interviniera en una protesta que habían organizado miembros de la organización indígena en contra de la represa.

Siguiendo la lectura de las extracciones telefónicas, en el teléfono de Douglas Bustillo —uno de los sentenciados por la autoria material del crimen— también se encontraron fotografías del 23 de febrero del 2016, donde aparecía Berta Cáceres y su casa, según un informe del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) esto evidencia el seguimiento que realizó Bustillo días previos al asesinato.

De acuerdo con un comunicado del Copinh, el juicio «es clave para demostrar no solo la responsabilidad de Castillo en el crimen, sino también la participación de la familia Atala Zablah en los ataques a Berta, el Copinh y en la planificación del asesinato», además señalan que debe ser el inicio del proceso de juzgamiento de las personas que eran los jefes de los imputados: Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.

La vinculación de la familia Atala también se demostró en septiembre de 2020, cuando en audiencia de revisión de medidas contra David Castillo los abogados defensores presentaron una constancia emitida por la gerencia de BAC Credomatic, en la cual se hizo constar el ofrecimiento de una fianza al Estado de Honduras por 4 millones de lempiras en garantía bancaria procedente de dicho banco, presidido por Jacobo Atala Zablah.

En noviembre de 2017 María Luisa Borjas, diputada y comisionada de la Policía, en condición de retiro, aseguró tener en su poder un informe de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad, en el que supuestamente se refería a Camilo Atala y la familia Atala Zablah como los que proporcionaron los medios económicos para la ejecución del crimen.

Posteriormente la diputada fue acusada por abogados de Camilo Atala por los delitos de difamación y calumnia, resultando culpable según el tribunal y recayendo sobre ella una pena de dos años y ocho meses de prisión, condena por la que el pasado 30 de marzo un juzgado emitió una orden de captura en contra de Borjas.

La abogada Carmen Haydee López de la Misión de Observación Calificada, aseguró en una entrevista dada a Contracorriente que «estos chats vienen a ser de las pruebas más contundentes que tenemos al menos de forma escrita, porque ya teníamos conocimiento de cómo al final el Estado está al servicio de estas cúpulas económicas que también se entremezclan con el crimen organizado».

Y agregó que «se puede ver cómo Daniel Atala responde a una agenda política que va más allá del proyecto de despojo que no solo es toda la ilegalidad en el otorgamiento de concesiones e imposición de proyectos extractivos, sino que es mucho más grande. Se evidencia, por ejemplo, que estas cúpulas simplemente pueden pagar por órdenes de captura. En general pueden incluso presionar e influir por quienes son las autoridades por elegirse».

López explica que los chats hacen alusión a la necesidad de la empresa de tener estabilidad política, lo que para ellos significa mantener al Partido Nacional o al Partido Liberal en el Poder Ejecutivo. López se refiere al mensaje enviado por Daniel Atala a Raúl Agüero, amigo y miembro de la junta directiva del equipo de fútbol propiedad de los Atala, en el que manifestaba: «Si gana Libre me quitan la concesión, me invaden los indios (…), estabilidad política quiero».

Las empresas vinculadas al asesinato

En un comunicado emitido al inicio del juicio oral y público, el Copinh explicaba que «el asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque, del cual el Copinh sigue estando excluido».

Expresiones como «ya no aguanto a esos indios» se pueden leer en las conversaciones extraídas del vaciado telefónico del teléfono celular de Daniel Atala, fechadas en 2012 y que coinciden con acciones de protesta contra DESA llevada a cabo por la comunidad lenca de Río Blanco. Tegucigalpa, 6 de abril de 2021. Foto: Martín Cálix.

El caso mencionado es una línea de investigación iniciada por lo que fue la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en el que la fiscalía presentó un requerimiento fiscal contra dieciséis personas —entre ellos David Castillo— por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, todo esto partiendo de denuncias presentadas en su momento por Berta Cáceres.

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentó evidencia probatoria de que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que Desa fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la Serna y Desa y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica, firmado el 3 de junio de 2010 entre la Enee y Desa.

Sumado a esto, en el juicio vigente en contra de Castillo, la acusación privada que representa a la familia de Cáceres y el Copinh presentó un medio probatorio que muestra que Daniel Atala realizó un pago desde la empresa Concretos del Caribe (Concasa) a Potencia y Energía de Mesoamérica, S. A. (Pemsa) —empresa dirigida por David Castillo en Panamá— por un monto de 1,254,000 dólares. Este pago fue realizado dos días antes del crimen, por lo que en contexto con otras investigaciones y peritajes que forman parte del juicio se relaciona con conversaciones para la entrega del dinero de parte de David Castillo a Douglas Bustillo, militar condenado en 2019 por coordinar el asesinato.

Aunque esta prueba fue presentada conforme al debido proceso, el tribunal la desestimó dejando por fuera de este juicio a una de las conexiones más importantes entre David Castillo y Daniel Atala para la ejecución del crimen.

Edy Tabora, codirector del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó en una columna publicada en El Faro que Concasa fue constituida en Honduras por Castillo y un socio en 2009, pocos meses después de la creación de Desa. A finales de 2015, dos meses antes del asesinato de Berta, Castillo otorgó el poder general de administración de Concasa a Daniel Atala, lo que le habría permitido autorizar y realizar transacciones financieras.

Señala también que, según las investigaciones, desde noviembre de 2011 Pemsa ha sido accionista minoritaria de Desa, y añade que la transacción internacional entre Concasa/Midence y Desa/Castillo se hizo a través del Banco Bac Credomatic, presidido por Jacobo Atala Zablah, miembro de la junta directiva de Desa y de inversiones Las Jacarandas S. A., como socio mayoritario de la desarrolladora del proyecto hidroeléctrico.

«El juicio de 2018 demostró que el gerente socioambiental de Desa, Sergio Rodríguez, dejó de ser pagado por Desa en 2016, el año del asesinato, pero seguía siendo pagado por Pemsa y Concasa, incluso después de ser capturado por el asesinato de Berta. Las líneas entre estas tres empresas podrían haberse difuminado para intentar limitar las responsabilidades de cada uno», añade.

Una mujer lenca sostiene una veladora durante el inicio del juicio contra David Castillo, ex presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. Tegucigalpa, 6 de abril de 2021. Foto: Martín Cálix.

La tarde del pasado viernes, el juicio cerró con el análisis de extracción del teléfono de Sergio Rodríguez, acción que para el Copinh «es clave para determinar la culpabilidad de David Castillo como coautor del crimen de Berta Cáceres y la responsabilidad de la familia Atala Zablah como autores intelectuales».

La lectura de estos mensajes fue detenida por el Tribunal, ya que consideraban que la lectura de estos era innecesaria. Sin embargo, la acusación privada presentó un recurso de reposición ya que esta decisión afectaría la comprobación de su tesis acusatoria en la que es necesario demostrar el contexto de ataques, seguimiento, criminalización y campañas de desprestigio a los que se enfrentó Berta Cáceres.

El Tribunal resolvió permitir de manera parcial la lectura de los mensajes solicitados por la acusación privada y se continuará la lectura de estos mensajes en la próxima audiencia que se programó para este lunes 10 de mayo a las 8:30 a. m.

En el sector de Chamelecón y el municipio de La Lima, iglesias y oenegés han asumido un rol protagónico en la asistencia a los afectados por las tormentas Eta y Iota. El Gobierno anunció apoyo a través del programa No están Solos, pero seis meses después de la catástrofe, no ha llegado a todos los afectados.

Periodista: Alan Bu
Fotografías: Martín Cálix

A menos de un kilómetro del río Chamelecón, doña María Luz, de 63 años, hace faena con un machete. Está limpiando un matorral que se encuentra a solo metros de su casa, ubicada en el bordo de la colonia Canaán en el sector Chamelecón de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Muy cerca corren, mansas y casi inofensivas, las aguas del río que hace seis meses se convirtió en una fuerza destructiva y que arrasó con el Valle de Sula tras el paso de las tormentas Eta y Iota.

Doña María perdió su casa, todo fue sepultado por toneladas de tierra y arena. Salió huyendo de las embravecidas aguas del Chamelecón el 5 de noviembre de 2020 y se refugió en el puente aéreo en la salida al occidente del país. Ahí vivió durante tres meses y en febrero regresó al lugar donde estaba su casa. «En ese puente estuve un gran tiempal (mucho tiempo)», nos dice.

Las cifras oficiales en el informe 2021 de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) indican que las tormentas afectaron a 4,5 millones de hondureños, que sería casi la mitad de la población del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que las pérdidas dejadas por los fenómenos fueron alrededor de 45,000 millones de lempiras (1822 millones de dólares). 

El documento recoge que, a causa de las inundaciones, 100 hondureños perdieron la vida y 1,088,798 fueron evacuados, de los cuales 91,886 estuvieron albergados. Por otra parte, 341,901 hondureños quedaron incomunicados. 

Durante y después de las tormentas, según datos oficiales, hubo 190 derrumbes, 135 desbordamientos y 390 zonas inundadas. Hubo daños en la infraestructura vial: 69 puentes destruidos y 72 dañados. Pero lo más dramático fue el colapso de viviendas: 1431 fueron destruidas totalmente, 6165 dañadas y 89,614 afectadas.

Una de las viviendas destruidas fue la de doña María Luz, quien nos manifestó que ella ya no quería estar en el puente y regresó a la orilla del peligroso río Chamelecón, aún sin casa para volver. «Ya me quería venir. Aquí tenía una casa de madera, bien bonita y me la llevó la llena», dice entre suspiros.

Doña María Luz Campos, una mujer de 63 años y vecina de la colonia Canaán del sector Chamelecón, lo perdió todo y de entre los escombros ha reconstruido su hogar. Este retrato fue hecho en el interior de su casa hecha de desperdicios de metal y madera. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

En marzo, doña María Luz recibió un bono del Gobierno por un poco más de 5000 lempiras (202 dólares). Compró láminas viejas de zinc valoradas en 1800 lempiras (73 dólares) y con la ayuda de vecinos construyó una pequeña pieza en la que acomodó algunas cosas que le han regalado, como la cama que le dio una sobrina. «Al mediodía hace calor, pero ahí pongo una hamaquita y me acuesto un rato». Cuando nos dice esto, nos señala dos árboles que están en el lugar donde estaba limpiando con su afilado machete.

En nuestra ruta por estos corredores damnificados, María Luz es la única que confirmó haber recibido el apoyo estatal. Es que después de que en noviembre de 2020 el país fuera devastado, el Gobierno lanzó la operación No Están Solos que contempló rescates, habilitación de albergues, limpieza de zonas afectadas, así como la entrega de 60,000 paquetes de Vida Mejor, que incluía camas, estufa, filtro de agua, chimbo de gas, kit de limpieza y bolsas solidarias.

El Gobierno anunció que a través de Sedis entregó 22,500 bonos de emergencia en zonas afectadas especialmente en Cortés, Yoro y Atlántida. A febrero de 2021, el Gobierno había ejecutado para este apoyo 144,922,000 lempiras. Cada beneficiario recibió 8000 lempiras y la ministra de Sedis, Zoila Cruz, prometió llegar a «cada rincón del país». Seis meses después, en Chamelecón y La Lima los damnificados refieren que ese bono no ha llegado. Seguramente no llegará.

***

En Chamelecón, muchas familias buscan volver a la vida que tenían antes de las tormentas Eta y Iota. Seis meses después prácticamente nadie lo ha logrado. Han regresado a sus barrios porque no tenían otro lugar a donde ir. Volvieron al mismo lugar donde el río arrancó, entre el 5 y 18 de noviembre, sus viviendas y todo lo que tenían. 

En el camino por el bordo del Chamelecón nos encontramos una escena impactante: un hombre pesca en una pequeña presa de agua estancada. Mientras saca su atarraya, un pequeño que observaba dice: «¡Hey, qué grande!». Will Nolasco acaba de atrapar una tilapia en una poza que se formó entre el bordo y la colonia Canaán. 

Nos platica con amabilidad que hace unas dos semanas se dijo: «aquí hay pescado» y ese día lo encontramos sacando peces de aproximadamente una libra. Estos tenían restos de lodo, pero se miraban muy vivos. La crecida del río dejó a estos peces atrapados. 

Wil se dedica a la construcción y a la hojalatería, pero su forma de vida cambió tras el paso de tormenta: su familia se fue de Chamelecón, pero él ha quedado solo en la colonia. Dice que ayuda a los vecinos a reconstruir casas y también les regala pescado.

Will Nolasco pesca en un reducto de agua que ha quedado estancada durante seis meses en la colonia Cannaán del sector Chamelecón. Nolasco pesca para alimentar a sus gatos y ayudar a sus vecinos a quienes dice les regala pescado cuando logra sacar suficiente de este enorme charco de agua. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

La pesca para él es un pasatiempo. Nos cuenta que la mayoría de los peces que captura los regala. «Aquí la gente es bien pobre y no hay trabajo». 

El confinamiento obligatorio decretado por la pandemia el 14 de marzo del 2020, provocó que miles de trabajadores fueran suspendidos y despedidos. Antes de las tormentas, expertos estimaban que alrededor medio millón de empleos se perderían, pero después de la emergencia climática esta cifra puede elevarse a 800,000. 

El Banco Central de Honduras (BCH), en su informe anual del año 2020, estima que el Producto Interno Bruto se contrajo al menos 9 % por los efectos de la pandemia, que a mayo de 2021 y según cifras oficiales, registran 218,330 contagios y 5585 muertes.  

La Cepal indica que en los tiempos de la COVID-19, en Honduras el 57 % de la población vive en la pobreza. En 2020, Honduras alcanzó una deuda externa de más de 10,000 millones de dólares, solo el año pasado adquirió compromisos por 2,282,200 millones de dólares.

El futuro del país no parece alentador y menos para Katherine y su familia, a quienes el río les llevó su casa. Ella, su esposo y sus tres hijas, tuvieron que salir a las 8 p. m., el 5 de noviembre de 2020 y refugiarse en una de las orillas del Bulevar del Sur, en la salida al occidente del país y a Tegucigalpa.

La casa de madera fue arrasada, pero solo estuvieron en el bulevar y regresaron al lugar donde estaba su casa. Sin servicios de agua y luz. A la fecha no cuentan con ellos. «El presidente de la colonia (patronato) dice que estamos en áreas verdes, entonces no nos dan ni luz ni agua», nos cuenta la joven madre de 24 años.

Su familia estuvo dos meses viviendo en una acera del bulevar. Katherine prefirió retornar a la orilla del río que les arrebató todo: «Ahí donde estábamos en la noche ni dormía pensando en que algún camión podía dar donde nosotros. Yo le dije a él (su esposo), que aunque sea nos vinieramos a una casita de nailon».

Sentada junto a dos de sus tres hijas, Katherine de 24 años, narra cómo después de seis meses ha regresado a donde antes estuvo una casa que se perdió cuando el río Chamelecón desbordó durante el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. Para Kahterine y su familia no ha quedado más remedio que volver a levantar su hogar entre los escombros, esta vez con trozos de madera y plásticos. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Y ahí viven, en precariedad. Un pedazo de nailon negro se ha convertido en su refugio.  «Cuando regresamos, esto era un desastre», nos dice. Los huracanes los arrimaron a la miseria. Y no han podido salir. 

El esposo de Katherine trabaja en un microbús (conocidos en Honduras como «rapiditos»). Sus ingresos apenas alcanzan para sobrevivir. Cuando escucharon sobre la organización de multitudinarias caravanas rumbo a  Estados Unidos se les cruzó la idea de dejar el país. «Estuvimos pensando en eso con el papá de las niñas, pero él dice que hay mucho riesgo y me dice que no», sostiene la joven madre. 

En diciembre de 2020, el Gobierno de Honduras anunció que invertiría en nuevas viviendas para los afectados  2500 millones de lempiras (101,214,000 dólares). Zoila Cruz, ministra de Sedis, destacó en aquella ocasión, que de las 5133 soluciones habitacionales permanentes, unas 3283 estarían localizadas en el Valle de Sula, con una inversión de 1067 millones de lempiras. En Chamelecón, aún no se registran beneficiarios de estas viviendas. 

Doña María Luz es vecina de Katherine. Son vecinas en proximidad y precariedad. El infortunio de compartir un país ultrajado por sus gobernantes y castigado por la furia de la naturaleza las acerca.  

El fogón artesanal donde cocina doña María fue hecho sobre los restos de una vieja refrigeradora que las aguas del Chamelecón dejaron cerca de su casa. Mientras estaba en el puente le regalaron ropa y unos viejos utensilios de cocina. Nos enseña con alegría una pesada fridera que se encontró después de las inundaciones. 

Una sobrina le regaló una cama y en una donación de una iglesia venía un alimento que ella desconoce. «Y mire esto que me han regalado no sé qué cosa es y tres bolsas me dieron», nos dice, mientras nos muestra una bolsa de lentejas y sonríe con inocencia. 

La sexagenaria tiene tres hijos, pero vive solo con su perra, a la que llama Duquesa. «Esa perra no deja que nadie se acerque», advierte. Durante su estadía en el puente, su compañera dio a luz a nueve crías, que terminaron vendidas por 200 lempiras( 8 dólares) cada una. Duquesa además de compañía, le ayudó a conseguir dinero. 

Machete en mano nos dijo que no dependía de su hijos, porque pese a que le ayudan, ella no deja de trabajar. «Él se rebusca por su lado y yo por el mío, no le voy a decir que no me da para el pan y los huevos, pero no es mucho. Yo me voy a juntar latas y botes. Así salgo adelante», nos cuenta. Es una mujer de armas tomar: «me encanta el trabajo del hombre», dice, y agrega que también costura ropa, aunque dos de sus máquinas fueron soterradas. 

El abandono en La Lima

La Lima fue el epicentro de la devastación provocada por las tormentas Eta y Iota. Apenas unas casas se salvaron de ser anegadas por las aguas del Chamelecón. En una entrevista para Contracorriente el alcalde de La Lima, Santiago Motiño, afirmó que este municipio bananero tenían pérdidas de más de 1000 millones de dólares. 

A seis meses del desastre, en el centro de la capital bananera parece que se ha recuperado la rutina, pero en la periferia Eta y Iota siguen presentes. En la colonia Filadelfia, las tormentas no son un mal recuerdo, todavía están sus estragos por todos lados. Apenas en la entrada de la colonia nos encontramos con enormes cerros de lodo que fueron sacados de las calles y pasajes de la colonia y después tirados en lo que era el campo de fútbol.

En el campo de fútbol de la colonia Filadelfia del municipio de La Lima —una colonia habitualmente rodeada por sembradíos de caña de azúcar— se ha acumulado una montaña de lodo y escombros que los vecinos han logrado sacar de sus hogares durante los últimos seis meses. La Lima, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

«Y ya se llevaron una cantidad igual a esa», nos dice don Cruz Guzmán, quien se acercó a conversar con nosotros. Hay mucho polvo, las calles son transitables, pero unos de los vecinos nos dice: «véngase cuando llueva, ahí lo quiero invitar. No se puede entrar». 

No tienen servicio de agua y el alcantarillado quedó obstruido después de la inundación. Los vecinos calculan que ni siquiera el 40 % de las familias han retornado a la colonia. Hay una gran cantidad de casas vacías y sucias.

Don Cruz regresó a su casa el 28 de marzo de 2021, casi cinco meses después de que dejó su casa el 3 de noviembre de 2020. Cuando regresó la colonia todavía estaba anegada de lodo, pero nos dice que «ya no quería andar rebotando». El Gobierno tardó casi cuatro meses en comenzar con la limpieza de las calles. Una retroexcavadora permanece junto a montañas de lodo. Los vecinos dicen que ya tiene cuatro días sin trabajar. 

En la colonia Roma, vecina de la Filadelfia, la situación es muy parecida. Aún hay residuos de lodo en algunas calles y muchas casas permanecen deshabitadas. «Nos tocó salir a todos, fue una llena inesperada», nos dice don Antonio Cruz Banegas, de 60 años.  

«Aquí quedó un lodo, que costó que se secara para poder ingresar a la colonia. Estamos a la deriva y a la mano de Dios», agregó don Antonio, quien se dedica a la construcción, pero ha tenido muy poco trabajo en los últimos meses.

Antonio Cruz Banegas, de sesenta años y de oficio albañil, narra cómo su familia lo perdió todo durante el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota en la colonia Filadelfia del municipio de La Lima. Cruz Banegas y su familia siguen sin terminar de reponerse luego de seis meses. La Lima, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Contó que un contingente de las Fuerzas Armadas estuvo en esa comunidad ayudando a limpiar casas, pero las máquinas para limpiar eran muy pocas y tardaron. 

Oenegés e iglesias compensan la ausencia del Estado

«La entrega de Bonos a familias golpeadas por la pandemia y las tormentas Eta e Iota no son caridad, se trata de justicia social», en redes sociales el mandatario Juan Orlando Hernández. 

Al 21 de abril de 2021, el Gobierno de la República anunció que había entregado a 22,500 familias el bono de emergencia a damnificados por las tormentas Eta y Iota. La administración nacionalista pretende llegar a 60,000 familias que fueron afectadas por los huracanes.

Y aunque lo dicho por el gobernante fue replicado por medios oficialistas, en las comunidades afectadas la mayoría de pobladores afirman que no han recibido ninguna ayuda del gobierno  hondureño.

En la colonia San Jorge, más conocida como La Playita, Vilma nos dice que la ayuda que llega ahí «es de Estados Unidos. Aquí no ha venido ningún político, solo esa iglesia».

Vilma se refiere como iglesia a un personaje al que todos los damnificados le llaman el «Gringo» por su nacionalidad estadounidense. Esta persona, de quien no pudimos obtener mayores referencias, está construyendo a título personal 30 barracones para habitantes que perdieron sus casas en las crecidas.

La reconstrucción de Chamelecón avanza con lentitud solo gracias al apoyo de iglesias extranjeras que han llegado para construir frágiles casas que se erigen sobre pilones de maderas que podrían no soportar una nueva inundación. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Todas estas viviendas de madera, que están sentadas sobre altas bases del mismo material, ya están construidas y falta poco para que sean habitables. En Chamelecón también han dado asistencia las fundaciones: Manos de Honduras, Unicef, Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Hábitat para la Humanidad y en los últimos dos meses se ha sumado el Programa Mundial de Alimentos (PMA) que en este período ha distribuido más de 2000 raciones de comida. Además, han colaborado la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés y la oenegé Feed the Children.

Vilma agrega, con la confirmación de dos vecinos que la acompañan, que del alcalde Armando Calidonio no han tenido apoyo: «Vino los primeros días de enero a una reunión para decirle a la gente que regresara a sus puestos (casas) que él no tenía presupuesto para sacarlos de los albergues. Nos anotó para zinc y no ha llegado».

En contraste con lo que Calidonio dijo en el bordo, bajo su administración la alcaldía de San Pedro Sula ha aumentado casi el 100 % del presupuesto respecto a su antecesor Juan Carlos Zúniga. En 2019 el presupuesto municipal fue de 5277 millones de lempiras (213 millones de dóñares). Para el 2020, disminuyó 4998 millones de lempiras (202 millones de dólares). La pandemia de COVID-19,  ha provocado una rebaja para el 2021 de 4294 millones, respecto al año anterior tuvo una reducción de 704 millones.

Además, mediante un mensaje en sus redes sociales, Armando Calidonio comunicó al pueblo sampedrano que en el período 2014-2020, se invirtieron 7951 millones de lempiras (321 millones de dólares) en obras públicas de infraestructura. De esos fondos, 6089 millones eran fondos municipales y 1175 de Alianza Pública Privada Siglo XXI, de la que son socios William Hall Micheletti, Yankel Rosenthal y Juan Sabillón. El Gobierno central ha invertido en la Ciudad de los Laureles 686.4 millones de lempiras.

Pero en el bordo, Calidonio —quién busca su segunda reelección como alcalde— dijo que no contaba con recursos para asistencia social. Enfocarse en reducir la brecha social es una de las deudas de su administración, según lo dijo regidora Fátima Mena en una entrevista para Contracorriente.

Mientras carga a una pequeña de ocho meses en brazos, Katherine nos dice algo muy parecido a Vilma: «Hace poco, unos tres días dijeron que el alcalde iba a mandar una ayuda y nos apuntaron, pero de ahí nada más». La justicia social de la que hablaba el presidente Hernández no ha llegado a esa casa que se sostiene con palos y nylon. 

Pese que debería ser el Estado de Honduras el encargado de brindar asistencia a los damnificados, Odalma Henríquez coordinadora del apoyo de La Cruz Roja en este sector nos dice que es precisamente el Estado quien se ha desentendido. «Le voy a contar que el Gobierno comenzó a accionar con la limpieza como tres meses después de las tormentas».

Lastimosamente en la emergencia, los políticos están intentando siempre asegurar votos: «Realmente el Gobierno ha hecho muy  poco y como estamos en un año de elecciones, el líder político no trabaja neutral, sino basado en un color. Eso es triste», dijo Henríquez.

Henríquez piensa que la dolorosa experiencia que fueron los fenómenos naturales de noviembre de 2020, deben provocar un cambio en la preparación de la gente: «Esto ha sido una escuela para que las mismas comunidades estén preparadas y digan: “Nosotros somos la primera respuesta”. Ahorita Eta y Iota nos dieron una lección», dice.

En La Lima, específicamente en las colonias Roma y Filadelfia, la situación es muy similar. Todavía no tienen restablecido el servicio de aguas negras y tampoco agua potable: «pero supuestamente va a venir una ayuda de Canadá para arreglar ese problema, quieren cambiar el alcantarillado», nos dice Antonio Cruz, un albañil de 60 años. «Mire la verdad aquí por el Gobierno no hemos conseguido nada, aquí con escogidos. A quién le ayudan es a la gente de ellos», denunció, y también confiesa que recibió una ayuda de 6000 lempiras, pero proveniente de una organización canadiense a la que no pudo identificar. 

A seis meses del paso de Eta y Iota, la devastación es todavía palpable en Chamelecón, La Lima, El Progreso y todos los lugares que fueron afectados y cuyos habitantes obtienen respuestas a cuentagotas, pese a que el discurso oficial es otro.

En los barrios y colonias del sector Chamelecón, las gentes deben almacenar agua que recogen desde las tuberías rotas que siguen dañadas luego de seis meses de absoluta precariedad tras el paso de dos tormentas tropicales que destruyeron todo a su paso en tan solo dos semanas. San Pedro Sula, 6 de mayo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Honduras castigada por la pandemia y luego devastada por dos grandes tormentas sigue sometida en una dura crisis económica avivada por la inoperancia estatal. Los recuerdos de ese desastre todavía no se han ido. En su casa de nylon, Katherine es más vulnerable, pero no tiene a donde ir aunque tenga temor: «Aquí uno pasa con miedo, pensando que medio llueve y se va a salir el río otra vez».

Por Venus Mejía

Dijimos que estábamos frente a la playa. Pero aquello no era la playa, aunque la suavidad de la tierra bajo nuestras plantas y su tibia humedad simulaba la arena, y el sol al final de la calle era una enorme naranja en una paila llena de cáscaras.

A pesar de ser citadina, no conocía el mar. Este niño, de apenas once años, me dio las primeras lecciones náuticas imprescindibles para sentir el mar sin ahogarme en el intento. Fue esta la lección necesaria para entender que en la vida no podemos crecer sin tener una playa que nos invite a sumergirnos en sus olas de inocencia

Salimos ese día a hacer «tiraditas», que en el pueblo quería decir «irse a ver con el novio o con la novia» respectivamente. Oficialmente, fuimos a hacer un mandado de la tía abuela Cayita. Aprovechamos la senilidad de la tía para tener una coartada creíble.

Él me esperaba al doblar la esquina. No era ese el lugar de la cita cuando éramos amigos. Ahora que andábamos de novios (duró poco tiempo la transición) le dimos mayor ceremonia al encuentro furtivo, quizá para aumentar la ansiedad o para que no me regañaran en casa de mi abuela.

Había ido a vivir provisionalmente a casa de mi abuela junto con mi hermano debido a una enfermedad de mi madre, provocada probablemente por la separación con mi papá, eso era lo que me decían en casa mientras hacía mi maleta completa con ropa, cuadernos de escuela, peluches, muñecas y hasta retratos familiares. Antes había ido al pueblo de mi abuela Chita esporádicamente, para semana santa o alguna navidad. Aquellos días fueron las cuaresmas más hermosas de mi vida, sobre todo por él, mi novio de pueblo.

Amigos o novios, siempre hacíamos la misma vaina. Correteábamos detrás de los pájaros que rascaban el dorso de la quebrada en busca de gusanos. Tirábamos piedras al agua, si estaba crecida, en un ángulo donde la misma pudiera brincar sobre la superficie. Yo nunca tenía éxito, él casi siempre.

Ese día me retó a comer hormigas. «¿Y si me duele la barriga después?» le dije. «Ni que se fuera a comer un sapo», me dijo, y se rio tan deliciosamente que yo ya no podía mantener ni un puchero. Saboreamos aquellas hormigas entre la complicidad de los pájaros que saltaban inquietos ante nuestra risa, que apagaba el murmullo envidioso de la quebrada.

Luego llegamos a la calle en donde antes había un camino empedrado que daba al cementerio. La alcaldía había decidido renovarla con asfalto para que las ferias y el vía crucis se hicieran por allí, cosas de su amistad fervorosa con el párroco del pueblo. Las piedras habían sido levantadas, los tractores habían removido la tierra y habían depositado aún más para emparejarla. Las lluvias de ese mes habían pausado el avance de la calle y habían aumentado el petricor que se mezclaba con el perfume de arcilla tostada de las tejas.

Dijimos que estábamos frente a la playa. Muy al fondo morían las máquinas y palas abandonadas como armas de una guerra perdida, allá donde el sol era una enorme naranja en una paila llena de conchas arrancadas con la mano. Lanzamos los zapatos al aire como si jugáramos a la pelota con alguna nube. Frotábamos la tierra húmeda con nuestras plantas para simular la arena y reíamos, reíamos con la fuerza de dos pulmones que ensayaban una fantasía coral de la libertad. Éramos una contrapuntística danza de tierra.

Caímos finalmente sobre la arena, agitados y tosiendo de tanto reír y tragar tierra. Cuando me repuse de la tos y gasté todo mi saldo de risa de esa tarde, él me miraba con menos vergüenza que las veces anteriores. Quizá porque el siguiente domingo me iría de regreso a la ciudad donde vivía, quizá porque sus miedos se habían nublado con la tierra.

Nos abrazamos como si volviera a ver a mi padre después del exilio, como si aquel era un arrullo cantado durante toda la vida. Escuchamos un «Te quiero» como el bisbiseo de una lluvia que se presagia al otro lado del cementerio.

Entonces llegó la tormenta. Alguien gritaba mi nombre y se deslizaba entre los chorros de lágrimas que se precipitaban por las tejas. El agua nos desató las manos y corrimos a buscar los zapatos. La inercia de ese daguerrotipo de pueblo había despertado como un hormiguero que busca un alero para escampar. La enorme naranja se había ahogado en un zumo de plomo que todo lo invadía; mientras la arena de aquella playa, que había albergado un muelle de risas, se volvía una ciénaga atrapada en un interminable escalofrío.

Por Perla Rivera

Tiene 10 años, es una especie de clarividente. Todo lugar que visitamos juntas siempre termina en conglomerado. Si salimos de paseo, una multitud aparece, sonríe divertida y dice; ¿Viste? Otra vez la magia.

Muchas veces despierta aturdida sollozando por alguna pesadilla o por un sueño incómodo, casi siempre suceden, dice, pero contarlos le alivia como decía su abuelita.

Sus viajes a la tienda son escoltados por su séquito de gatos: Coco, Tiger, Touluse, Negro, Niña y Bolita, seis en total. La escolta felina llama la atención en la calle y más de uno se frota entre sus piernas haciéndola parte de su manada.

Los cura y alimenta religiosamente. Conoce cada parte de su anatomía, y de sus gustos. En el barrio le dicen; La niña de los gatos.

Una de estas noches no podía dormir de un dolor de muelas. Desperté al escucharla quejarse y le pedí que se tomara un analgésico. Ella negó con la cabeza y con sus pequeños dedos tomó suavemente la muela, la arrancó de un tirón y la mostró orgullosa ante mi asombro.

Nada me complace tanto como sentirla cerca, parece que no le tiene miedo a nada y eso es contagioso. Aquella tarde leyó un hermoso cuento sobre un lugar en Japón y comenzó a dibujar gatos-tigres de Bengala y kimonos. La vi revisando en internet hasta el anochecer imágenes de búhos y costumbres asiáticas.

—¿Qué haces?— le pregunté inquieta.

—Me preparo para mi viaje a Japón, mami— me dijo con una seguridad enorme. Yo rezaba para lo que venía.

Por Larissa Barahona

Hace seis años que no tomaba el camino de terracería, ese que se me hacía tan largo y peligroso por las curvas tan cerradas, podría decir que solo la pericia y osadía de los camioneros las hacen ver casi naturales. En esta ocasión, visitamos Lepaterique que en lenca significa Cerro del Tigre, aunque otros afirman que significa Montaña del Jaguar. Realicé este viaje por motivos de trabajo ya que estoy apoyando a la comunidad en asesoría y asistencia legal.

Previo a la visita con la comunidad, estuvimos en la radio comunitaria donde hicimos el llamado a la población en general para que no se perdiera esa oportunidad de asistencia médica, víveres, apoyos en general y asesoría legal. Me llamó mucho la atención que la comunidad respondió en el acto y se mostró muy interesada haciendo preguntas que tenían que ver con manutención, demandas de divorcio, separación de hecho y, por supuesto, los conflictos en la tenencia de la tierra (reflejo claro de la realidad nacional).

Llegó el día de la brigada y junto a mi equipo de trabajo nuevamente tomamos la carretera. A medida que nos adentrábamos yo me dediqué a apreciar la belleza y enormidad de los pinos, aunque pude darme cuenta también de que ya no son tan frondosos como en el pasado. Se nota cómo el gorgojo y los depredadores del bosque han hecho amargos estragos en los pulmones naturales de nuestro país. También pude observar que ahora hay pocos puestos de ventas de verduras y frutas, pues me comentaron que la mayoría de productos son llevados a las ciudades más pobladas, especialmente a Tegucigalpa y Comayagüela.

Mientras avanzabamos en el camino, la meseta nos iba revelando una comunidad escondida entre cerros y pinos, desde las alturas se podía apreciar dos crucifijos, el campanario y las diminutas casas de adobe pintadas con cal, tejas de barro, ventanas de madera y una que otra calle. Para nuestro asombro nos encontramos con una tranca, algo así como un peaje, aunque no supimos si se puso por la pandemia o por otra razón. Al pasar la tranca, las casas ya no se miraban tan diminutas, pero sí era notorio cómo también la modernidad se abrió paso en la lejana comunidad y algunas estructuras ya no conservaban las formas y materiales característicos.

Un dato curioso sobre los primeros pobladores de Lepaterique, es la teoría de que tras la invasión española algunos caciques enviaron emisarios en busca de fuerzas para ponerles resistencia (considerando una comarcas de pueblos), también recibieron a aquellos que prefirieron escapar antes de ser esclavos, ambos provenientes de la zona norte, sur y occidente de Honduras. La poca cronología histórica documentada hasta ahora, nos indica en forma indirecta rutas de descubrimiento por lo que hoy es Aguanqueterique, Curarén y Reitoca; y por la zona central desde Lamaní hasta Agalteca, lo que no descarta que hayan cruzado territorios como Malterique, Oropule y parte de Yerba Buena.

En la actualidad, el municipio de Lepaterique es la zona más alta del departamento de Francisco Morazán, se localiza en la parte sureste de la capital a unos 41 kilómetros sobre la carretera al Batallón que conduce a la aldea de Mateo, está situado en una extensa llanura rodeado de montañas. Su superficie territorial es de 498.8 kilómetros cuadrados, de los cuales 64.23 kilómetros cuadrados corresponden al casco urbano en donde también se incluye la cabecera municipal.

Lepaterique tiene una belleza natural peculiar, con un clima templado, muy agradable a mi gusto. El canto de las aves que se escuchan en la zona es realmente hermoso, como también lo es el murmullo del río que te recibe al cruzar un pequeño puente de piedra y que es el punto de encuentro para los amantes que desean no ser interceptados (nos fijamos en una joven pareja que iba frente a nosotros en motocicleta y que se dirigían a un escondido caminito que daba al río). Si el río hablara cuántas historias de amor contaría…

Me impresionó que ese pequeño río es cristalino, pero también me impactó el hecho de que en un lugar tan retirado también encuentras basura en el camino, detalle que no vi hace años, no entiendo cómo ahora se ha descuidado el ornato de esa comunidad y su trayecto.

Al llegar al pueblo, la gente identifica pronto de que no sos parte de la comunidad, pero muy amablemente te preguntan si venís de la ciudad y con ese acento que los caracteriza se inicia una conversación jovial. Los habitantes en su mayoría son hombres que se dedican al campo, las mujeres (hermosas con su cabello negro, liso, con cola de caballo o agarrado con un moño, con sus prendas siempre de colores, recias y serias, muchas con la mirada perdida, algunas con cicatrices físicas y otras que llevan en el alma), generalmente se dedican a las actividades del hogar. En Lepaterique predomina la etnia lenca, conservan sus costumbres y su cultura, la dominación patriarcal es visible y tristemente existe una fuerte cultura de violencia doméstica.

Al acercarnos a varias mujeres de origen lenca, nos expusieron los problemas que sufren a diario, la violencia intrafamiliar está a la orden del día combinada con la ingesta de alcohol de parte de los hombres «cabezas del hogar». Una de ellas, con lágrimas en sus ojos, con su carita triste y llena de angustia y dolor me relataba lo que sufría: el marido la golpeaba, pero lo más escalofriante para mí es que en una ocasión casi la mata, pues la agredió con un machete, el hombre fue puesto a la orden de las autoridades y se le impuso prisión preventiva y el inmediato abandono por dos años de la residencia donde convivían. Fue doloroso escuchar a aquella mujer, visualizar el horror que vivió y la pesadilla que vivió junto a sus dos niñas de nueve y cinco años, pero lo más impactante fue verla más tarde con una bebé en brazos, mi curiosidad no pudo más y le pregunté: «¿y esta hermosa bebé?», a lo que ella me respondió: «tiene seis meses», entonces pregunté por el padre y ella me dijo: «pues como ya cumplió el tiempo que le pusieron, regresó a la casa», me quedé sin palabras.

Lepaterique tiene muchas virtudes igual que su gente, pero en su lejanía está echado a su suerte, no sabemos si los esfuerzos de las autoridades locales son del todo respaldadas por el Gobierno central, lo que sí me queda claro es que se debe trabajar con la comunidad, especialmente con las mujeres que son objeto de discriminación, violencia sexual, psicológica y económica. El flagelo del alcoholismo es parte de la cultura de este pueblo y tristemente en algunos lugares o sectores no se alcanza la red móvil ni tienen acceso a internet, lo que también produce una desventaja en el desarrollo de los niños, en el aspecto educacional, ya que a causa de la pandemia no pueden ir a sus escuelas ni gozar de una educación virtual.

Como en muchas comunidades de nuestro país se pueden apreciar los efectos de los huracanes, pero lo positivo de esta visita es que también conocimos lugareños que son emprendedores, sus cultivos hacen que esta comunidad sea una de las mayores productoras y surten los supermercados y mercados capitalinos (ojalá les paguen lo justo). En Lepaterique existe una radio comunitaria que hace un trabajo valioso y desde esa trinchera han logrado llegar a todos los lugares a los que no hay acceso en vehículo, desde ahí se puede apoyar a nuestras mujeres, especialmente en asistencia legal, derechos, garantías y obligaciones de los ciudadanos hondureños. Lepaterique cabe en nuestra esperanza por una Honduras con derechos, con dignidad y equidad.

 La herencia

En el bosque, el lobo le ayudó a cortar algunas hierbas venenosas. Al terminar, se tomaron de las manos y llegaron donde vivía la abuela. Mientras la anciana hablaba del testamento por teléfono, la niña de capa roja la saludó y ofreció prepararle un té. Cuando ya estaba listo, la abuela colgó el teléfono, lo tomó con sus manos agradeciendo a su nieta y se lo bebió. Caperucita sabía que luego del último trago, la casa y toda la fortuna de la abuela, sería suya. 

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La mejor decisión

Miró al príncipe que se dirigía hacia ella para besarla, pero al notar su fealdad, prefirió quedarse dormida.

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Proxeneta 

Los enanos la acompañaron a una cueva. Los vistió a cada uno con minifaldas, camisas de tirantes, aretes de gran tamaño y tacones de diez centímetros. Los besó en la frente y les dio las indicaciones antes de salir. Todos se colocaron en la entrada y los clientes comenzaron a llegar. De alguna forma se debía pagar el alquiler de la casa en el bosque y cumplir los deseos de la princesa. 

Por Josselyn Estrada

Dedicado a todas aquellas que hemos sido víctimas de violencia.

Estoy experimentando un momento etéreo, no sé si estoy soñando o he abandonado para siempre vuestro mundo, sea lo que sea, lo único cierto es que este lugar es hermoso, he visto tanta gente feliz en todas partes y nadie se preocupa por los peligros de la calle. Hace unos minutos he podido descender del autobús sin  mayor problema, nadie me ha dicho nada y por primera vez ningún hombre me ha tocado o arrimado su cuerpo al mío.

Siento tanta felicidad que he querido compartirlo con ustedes. ¡Ay! amigas mías, si ustedes mirasen este lugar querrían venirse de inmediato conmigo, apelarían a la eutanasia si es que solo se puede vivir aquí después de la muerte.

¿Saben? Aquí puedo salir de noche con la ropa que quiero, usar las minifaldas que nunca usaría en la tierra y el top aquel que hace ver mis pechos tan lindos como unos mangos recién maduros, siempre salgo sola, ya no es necesario tener que traer a mi hermano a las fiestas para que me cuide. 

Las niñas salen a pasear con sus padres y sus primos, pero sus madres aquí no tienen miedo de que les pase algo estando con ellos, las protegen y nunca las miran mal. También he visto a muchas de nuestras hermanas, la gente comenta que están mejor aquí porque en la tierra les llevo la vida un tal femicida, también muchas me han dicho que en esta ciudad pueden ser ellas mismas, ser libres, simplemente ser mujeres.

¡He despertado! Evidentemente estaba soñando, vi a mi madre observarme, yo  tenía lágrimas en los ojos y le dije: «Madre, no quería despertar, era un lugar tan lindo, ¿porque tengo que regresar aquí y esconderme todos los días como si hubiese hecho algo malo?, solo soy una mujer, ¿acaso eso es delito?», y mi madre respondió: «¡No llores!, has despertado justamente para luchar por ese lugar que soñaste, donde te respeten, tú no has nacido para morir por femicidas, pero sí lo has hecho para morir por un lugar sin ellos».

El Gobierno de Honduras vacunó a 48,000 trabajadores de salud con la donación del mecanismo Covax, cuando la inmunización solo alcanzaba para 24,000 personas. La segunda dosis debe ser colocada el 15 de mayo y todavía no ha llegado al país.

Texto: Allan Bu
Fotos: Martín Cálix y Deiby Yanes

Desde el 11 de marzo de 2020, cuando se diagnosticó el primer paciente por COVID-19 en Honduras, el departamento de Cortés, en el norte del país, ha sido epicentro de la pandemia. De acuerdo con estadísticas oficiales, este departamento registra el 29 % (1523) de las 5095 muertes por coronavirus.

En el último mes, Cortés (57,677 casos) dejó de ser el departamento con más casos confirmados y cedió este lugar a Francisco Morazán (58,225), pero las ocupaciones en los centros asistenciales siguen siendo altas y los contagios aumentan tras el feriado de Semana Santa. La región más productiva y pujante del país, también ha sido la más castigada por la pandemia. 

Lesbia Villatoro, jefa de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula, sostiene que hay una disminución en los casos detectados. «Hemos tenido un descenso de casos registrados después de muestras procesadas. En la semana Semana epidemiológica 12 (28 de marzo al 3 de abril), que fue antes de Semana Santa, dejó 530 casos positivos, pero las últimas dos semanas, la 14 y 15, tuvimos 277 en la 14 y en la 15 solo 140, eso significa un descenso de un 50 % de casos notificados según muestras de laboratorio», apuntó.

En todo el país los contagios suman 81,373 solo en el 2021, El total de casos desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020 son  203,320, según estadísticas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinager. Las muertes suman 5141. El 22 de abril la positividad en las pruebas realizadas fue de 33 %, el 23 y 24 alcanzó el 28 %  y el 25 y 26  el 22 % de las pruebas realizadas salieron positivas. 

La batalla contra este enemigo silencioso y mortal continúa. Uno de los bastiones, sino el principal en la contención del virus, ha sido el personal sanitario, quienes entre interminables limitaciones y azotados por la inoperancia estatal se han enfrentado a un enemigo que no conocían. 

El 5 de  febrero de 2021, de acuerdo con una publicación de El Heraldo, habían muerto 107  trabajadores de salud  cuando el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández comenzó a vacunar al personal médico con 5000 dosis donadas por el Gobierno de Israel. En marzo, una nueva donación, esta vez del mecanismo Covax, permitió inocular a 48,000 trabajadores de la salud en el país. No obstante, esta fue una acción arriesgada del Gobierno pues si bien la donación eran 48,000 dosis, cada persona inmunizada debe aplicarse dos. 

La segunda dosis debe ser colocada en el término de dos meses y la primera fue colocada el 16 de marzo, así que para cumplir el esquema recomendado, la segunda dosis tendría que aplicarse el 16 de mayo, pero el país todavía no cuenta la vacunas para concluir la inmunización.

El Gobierno de Honduras aseguró en marzo de 2021 que se había firmado un contrato con Rusia para la compra de 4,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra la COVID-19, pero hasta el momento solo han llegado 6000. También están a la espera de un lote de 200,000 que compró a AstraZeneca el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y una nueva donación del mecanismo Covax.  Además, desde el Congreso Nacional se modificó la ley para permitirle al Consejo Hondureños de la Empresa Privada (Cohep) que gestione la adquisición de las vacunas. No obstante, el país todavía no dispone de vacunas.

El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, Carlos Umaña, expresó que en el personal médico hay tensión porque el tiempo para completar el esquema ya es poco: «si usted se fija hay un gran estrés en el personal sanitario porque la vacuna le toca el 16 de mayo y no se tiene la segunda dosis».

«Desgraciadamente la única certeza que tenemos es que Covax nos manda un lote de vacunas y las que compró el IHSS, que si nos cumplen pues se recibirán 204,000 dosis. Hay que ver qué hará con ellas el Instituto, no he recibido ninguna comunicación de la dirección médica nacional. Sé que empiezan a vacunar a la tercera edad, pero desconozco si usarán todas las dosis porque están esperando que Astrazeneca les garantice que no va a fallar», afirmó Umaña. 

El 1 de febrero de 2021, la ministra Alba Consuelo Flores había anunciado con la acostumbrada pomposidad de este Gobierno que la Secretaría de Salud estaba trabajando desde el julio de 2020 en la elaboración del plan para la introducción nacional de la vacuna contra el COVID-19: «Por medio de un equipo multidisciplinario e interinstitucional, el cual ha sido asesorado por el Consejo Nacional de Vacunación», manifestó.

Un mujer en estado de embarazo es sometida a la prueba rápida en el centro de triaje La Fragua. El Progreso, Yoro, 22 de octubre de 2020. Foto: Deiby Yánes.

Flores detalló que, adicionalmente, desde el año pasado se está en proceso de negociación bilateral con varias farmacéuticas, a fin de obtener las dosis para vacunar a toda la población elegible. Sin embargo, hasta este momento el país tiene uno de los peores promedios en vacunación del mundo, con apenas 0.56 de su población según el contador de Avina, que es una web  dedicada a recopilar datos oficiales que ofrecen los países sobre la pandemia. Y estas cifras puestas bajo la lupa no son nada halagadoras para Honduras. A mediados de abril, tomando en cuenta que un año tiene 52 semanas, en Latinoamérica, el país adelantado en proceso de vacunación es Chile, que de acuerdo al ritmo de inoculación que ha tenido terminaría en 10 semanas. 

Le siguen Uruguay con 11 semanas, República Dominicana con 36, Brasil 38, Argentina 50, México 53, Costa Rica 72 y Surinam 77.  La población vacunada de estos países se encuentra entre el 5 % y 10 %.   

La situación del resto de países es dramática. Entre los peores parados está Honduras, que al ritmo de vacunación actual tendrían que pasar 569 semanas para completar la inmunización de la población. Un poco peor Guatemala con 815; Paraguay con 869 y Venezuela con 1219 semanas.

«Reconocemos que el proceso de vacunación será parte de la solución a esta crisis sanitaria. Paralelo a ello, la Secretaría de Salud continúa trabajando fuertemente con el despliegue de brigadas médicas a nivel nacional, quienes tienen la responsabilidad de realizar la captación temprana de pacientes COVID-19», decía la ministra Flores en esa ocasión. 

Pese al trabajo realizado desde julio de 2020 según la ministra de salud, en Honduras solo ha sido vacunado el personal sanitario que se encuentra en la primera línea de contención de la pandemia. El resto de la población todavía no tiene respuestas, solo promesas. 

En Centroamérica el país con mayor porcentaje de población vacunada es El Salvador que ha alcanzado un 10.40 % y la semana pasada su Gobierno anunció la llegada de un nuevo lote de medio millón de vacunas. Le sigue Panamá con el 9.46 %, Costa Rica que ha llegado al 8.85 %,Nicaragua el 0.93 % Guatemala tiene el 0.91 % y Honduras el 0.56 %.  

El Gobierno salvadoreño vacunó a todos los maestros y ha comenzado con la inoculación de adultos mayores de 50 años y con comorbilidades. En Honduras, todavía no se ha vacunado a nadie que no sea personal sanitario de la primera línea de atención.

La llegada de las vacunas

En Honduras, el único sector que ha comenzado a ser inmunizado es el personal sanitario del sector público. A través de donaciones, se han realizado tres campañas de vacunación en las cuales se han inmunizado unos 56,000 trabajadores de la salud.  

El primer grupo de inmunizados fueron 2500 trabajadores de la salud que desempeñan sus labores en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en todo el país. 

La segunda campaña de vacunación se realizó con la donación de 48,000 dosis que llegó al país como parte del mecanismo Covax, que es una iniciativa global encabezada por la Alianza Mundial Gavi para las Vacunas y la Inmunización, la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante las Epidemias (CEPI), Organización Mundial de la Salud y la UNICEF y que pretenden la entrega equitativa de vacunas para el 20 % de la población de los países participantes en la iniciativa.

Según la información de la Secretaría de Salud se aplicaron 330 trabajadores de la salud del Hospital Escuela Universitario en la primera campaña de vacunación contra la Covid-19 en Honduras. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 26 de febrero de 2021. Foto: Fernando Silva.

Con esta donación, el Gobierno de Honduras emprendió una segunda campaña de vacunación entre 16 al 18 de marzo, en todas las regiones sanitarias e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del 16 al 21 de marzo en las Regiones Metropolitanas de San Pedro Sula y del Distrito Central. 

En esa ocasión los grupos priorizados fueron los trabajadores de salud de la Secretaría de Salud (Sesal) e IHSS, así como de hospitales no públicos de regiones priorizadas por alta tasa de mortalidad del Distrito Central y San Pedro Sula.

A este momento el Gobierno no puede garantizar la segunda dosis para los 48,000 que se vacunaron en la segunda campaña. «Las mismas compañías farmacéuticas dicen que no pueden sufrir penalidades porque no las manden, están trabajando según producción. Ahora hay déficit y nosotros estamos en la zaga del mundo por no haber negociado correctamente», sostiene el doctor Umaña. 

El doctor agregó que si el personal sanitario no logra vacunarse en el tiempo recomendado (antes del 15 de mayo) tendrán que iniciar otra vez el proceso y con la misma vacuna, pues hay que esperar varios meses para cambiar de vacuna. Umaña espera que este inconveniente no se presente: «Creo que no habrá problemas porque vienen las del IHSS y las de Covax, creo que llegan a tiempo». 

La doctora Lesbia Villatoro, de la Región Metropolitana de Salud en San Pedro Sula, aseguró a Contracorriente, que del personal bajo su cargo todavía había un 3 % sin vacunar, pero entre el 22 y 23 de abril se recibieron vacunas: «La región Sanitaria comenzó (a inmunizar) con las vacunas de Astrazeneca y esperamos concluir con las 890 de Sputnik que nos fueron asignadas».

No obstante, en Honduras la inmunización de la primera línea de atención está muy lejos de cumplirse. En el nivel público la vacunación roza el 100 % del personal sanitario, pero hay otros profesionales que atienden en el sector privado y no han sido vacunados. «Recuerde que San Pedro Sula tiene cualquier cantidad de clínicas privadas y médicos independientes. Ahí es donde estamos trabajando para cubrir ese personal médico asistencial que no se ha vacunado aún porque no trabaja en hospital privado ni público si no en consultorios privados. Todos son de primera línea porque ven pacientes a domicilio y en sus clínicas, pero no fueron considerados en el censo por esa razón(no trabajan en hospitales) y esto funciona en base a un censo para poder dar respuesta a la cantidad de vacunas», afirmó Villatoro. 

En El Progreso, principal ciudad del departamento de Yoro, en el norte del país, casi el 100 % del personal del hospital público fue vacunado, nos dice Roberto Castellanos, que es el presidente del Colegio Médico de la localidad: «Hubo algunos que estaban incapacitados o estaban de vacaciones que no se pudieron inmunizar, pero arriba del 95 % en el hospital. En el IHSS también se vacunaron todos y están a la espera de la segunda dosis». 

Castellanos reconoció que hay enfermeras, personas directamente relacionadas con el sistema de salud  y empleados de laboratorios que también están en primera línea: «pero no tienen acceso a la vacuna y es un porcentaje grande», afirmó. 

El médico manifestó que en El Progreso esperan que llegue a tiempo la segunda dosis para los que ya se aplicaron la primera de AstraZeneca. Añadió que hicieron un censo de los colegas médicos que ejercen a nivel no institucional (clínicas privadas). «Son 65 médicos listos para vacunarse cuando ya se disponga de ella», dijo.

La doctora Suyapa Domínguez es la encargada de dirigir el proceso de vacunación en el departamento de Yoro. Manifestó que prácticamente se ha inmunizado al 99 % del personal sanitario de este departamento. Personal de enfermería, técnico en salud ambiental, especialistas, técnicos de laboratorios, aseadores, vigilantes, motoristas: «se vacunó a todo el personal que trabaja en los establecimientos de salud públicos, incluyendo los tres hospitales que tiene del departamento». 

Domínguez manifestó que en Yoro hasta el miércoles 21 de abril habían sido vacunados  2287 personas. «Fueron bien pocas las personas que quedaron sin vacunar, siempre hay un poco de renuencia, hubo unas 13 personas que no quisieron», dijo la representante de salud sin ahondar en detalles. 

El contagio en médicos y comportamiento del virus

En Honduras, hasta el 10 de febrero habían muerto 70 médicos y 38 enfermeras que estaban en la primera línea de combate contra el COVID-19. Muchos de ellos fueron despedidos por sus colegas con aplausos. 

Desde que se comenzó con la vacunación en el personal sanitario, el luto que embargó a los médicos por la pérdida de sus colegas ha mermado. «Esta semana (18-24 de abril) solo hemos tenido a dos médicos enfermos. Una de ellas no estaba vacunada y el otro sí. Muertes no se han registrado desde el último que murió en Semana Santa. Sí, hubo dos enfermeras fallecidas esta semana», nos dice el doctor Carlos Umaña, de la Asociación de Médicos del IHSS. Al consultarle si considera que esta baja de las infecciones en el gremio se debe a la aplicación de la vacuna, contestaba afirmativamente, pero también hace una salvedad: «Sí, no hemos tenido más contagios, pero recuerde que los médicos hemos tomado extremas medidas de seguridad cuando el virus es muy comunitario. Aunque estoy vacunado con las dos dosis no bajo la guardia y es el consejo que se le da a toda la población médica».

Dos enfermeras conversan frente a un promocional de la campaña nacional de vacunación en el Hospital Escuela. Tegucigalpa, 18 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

En El Progreso, Yoro, el doctor Castellanos sostiene que no hay un estudio riguroso que indique una reducción en la incidencia de COVID-19 tras la vacunación en los médicos, lo cierto es que hay menos casos. «No ha habido algo tan específico, pero hemos tenido casos de dos colegas que fueron vacunados, que se enfermaron de COVID-19 porque la inmunidad no está al 100 % con la primera dosis. Ellos tuvieron COVID-19 grave, aunque no hubo muertes». 

En la Región Metropolitana de Salud, la doctora Villatoro nos dijo: «no tenemos registrados casos de reinfección posterior a la vacuna, al menos aquí en la región, pero desconozco en los hospitales». 

Aseguró que los casos de COVID-19 en médicos han disminuido, pero están a la espera de completar la segunda jornada de vacunación que están pendientes, para tener cubiertos al 97 % de región sanitaria. «Tenemos mucha gente que está en casa y por una u otra razón no han regresado a trabajar», dijo Villatoro. 

Recordó que para alcanzar el 94 % de la efectividad, la mayoría del personal tiene que colocarse el 15 de mayo una segunda dosis. La inmunización contra la enfermedad grave de COVID-19 se alcanza dos semanas después: «no significa que no se va contagiar y si lo hace (será) de forma leve, ese es objetivo de las vacunas, proveer una protección contra las formas severas de COVID-19», aseguró la doctora. 

Las infecciones y muertes en el personal médico muestran una disminución, pero todo el país sigue siendo un escenario complicado. Hay departamentos como Olancho y La Paz que se encuentran en alerta roja. 

En Cortés, específicamente  en San Pedro Sula, hay una disminución de casos detectados, pero la doctora Villatoro considera que esto no necesariamente significa que haya menos COVID-19 en la Ciudad Industrial. «No es un descenso porque se está haciendo contención o no hay virus, es que la gente está acudiendo menos a los centros de triaje. En Semana Santa tuvimos una afluencia mínima de 250 pacientes en los centros de triaje», dijo.

Hora de salida del turno diurno en ZIP Choloma, donde debido a las condiciones de precariedad laboral muchas empleadas de la maquila no logran cumplir a cabalidad las medidas de bioseguridad. Choloma, Cortés, 28 de agosto de 2020. Foto: Deiby Yánes.

Refirió que en el triaje del Colegio de Ingenieros la semana del 18 al 24 de abril, llegaron 505 personas y en el del INFOP, 566. Lo que significa un aumento del 50 % en las últimas dos semanas, pero la afluencia fue muy poca en las vacaciones fue muy poca. «Hubo días que solo se atendieron 30 pacientes», contó.

Villatoro expuso, que  probablemente las personas,  por lo visto en Semana Santa, ya no tienen ningún temor con el virus: «Es la percepción que puedo tener porque incluso las brigadas móviles atendían 600 personas en una mañana, ahora atienden 250, hasta 300. Las personas no creen o ya se acostumbraron a estar en esta situación, realmente alarma porque las muertes siguen y en los  hospitales siempre mantienen sus salas llenas».

La asistencia a los centros de triaje, dice Villatoro, es muy baja en comparación con inicios de año en la semana 3, cuando se tuvo el pico más alto con 1787 casos: «No se ha visto marcado ese pico que se había proyectado después de la Semana Santa, pero no significa que no tengamos el virus. Los fallecidos continúan, en lo que va del año (1 de enero al 21 de abril) se registran 360 en San Pedro Sula».

En El Progreso, Yoro,  en la semana del 18 al 24 de abril, el centro de triaje  ubicado en teatro La Fragua registró un promedio 150 atenciones diarias. La positividad de las pruebas anda alrededor del 30 %, según el doctor Roberto Castellanos. 

La ocupación de las salas Covid del hospital ha permanecido en las últimas semanas en un 30 % de su capacidad, que se ha extendido hasta 65 pacientes. «La mortalidad se mueve alrededor de unos cuatro pacientes semanales», agregó el médico. 

Al 20 de abril, las hospitalizaciones en los principales centros del norte del país se encontraban así: Leonardo Martínez con 46 pacientes, Mario Catarino Rivas con 45, Hospital de Puerto Cortés 19 y Hospital de El Progreso 25.

Fotoensayo por Martín Cálix

En enero de 2010 un terremoto de 7,0 grados devastó Haití. Diez años después, la diáspora haitiana que cruza por Centroamérica se ha vuelto difícil de medir por sus condiciones de precariedad absoluta, el tráfico de personas y el cruce por puntos ciegos. En su llegada a Honduras, un país que suele compararse con Haití por la pobreza y violencia que expulsa a miles de personas, los migrantes haitianos han encontrado trabas regulatorias que provocan un estancamiento temporal que puede durar entre un par de días hasta meses, pequeñas iglesias y organizaciones como Médicos sin Fronteras son la única luz que encuentran en su espera para seguir su camino hacia Estados Unidos.

El mundo volteó su mirada hacia Haití cuando el actor de Hollywood, Sean Penn, llegó a la isla cargando sacos de ayuda humanitaria, tras el terremoto de 2010, para ayudar a las víctimas del desastre. Aquella imagen rápidamente dio la vuelta al mundo, el hombre que había amado a Madonna —la reina del pop— y que en algún momento de su vida creyó que era buena idea internarse en las montañas de Sinaloa, en México, para entrevistar al capo de la droga Joaquín «El Chapo» Guzmán, coqueteando —según él— con el periodismo de investigación, hizo que las cámaras atraídas por él vieran con escepticismo lo que sucedía en Haití y su incansable ciclo de tragedias.

Las secuelas de aquel terremoto sobreviven a una década, y con ellas el recuerdo de una patria que se quebró aún más cuando los gobiernos haitianos consumidos por la corrupción no supieron o no tuvieron la forma de resolver los problemas inmediatos de una población que lo perdió todo. La violencia tuvo una de sus peores escaladas en la isla y provocó que la diáspora haitiana creciera a niveles que aún es difícil de definir: víctimas de estafas, el tráfico de personas y explotación sexual por quienes les cobran precios elevados para sacarlos de Haití, según un artículo de la BBC.

Esta diáspora que lleva diez años llegando a territorio continental desde la isla de La Española (Haití y República Dominicana) se ha profundizado desde 2018 en su paso por Centroamérica, quedándose varada por meses o por años, acumulándose en comunidades también abandonadas por los Estados de la región. 

Cuando en noviembre de 2020 un pequeño grupo de migrantes haitianos llegó al municipio de Trójes en el departamento de El Paraíso en Honduras, el pastor evangélico Kevin Corleto —un joven de 25 años y entonces con apenas unos meses de ser pastor— abrió las puertas de su templo para albergar a las personas migrantes que llegaban a su comunidad: la Iglesia Misionera Revelación Divina. La noticia de que un pastor ayudaba a los migrantes que llegaban a Trójes se esparció con velocidad entre haitianos, africanos y cubanos que habían estado subiendo el continente en dirección a Estados Unidos desde Brasil y Chile.

Este mismo ejemplo lo han seguido otros religiosos y hasta la iglesia católica, donde ahora se ha montado una clínica de atención primaria de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que ha resultado ser la única organización que da asistencia médica y psicológica a los migrantes que comenzaron a acumularse en las iglesias, y los que traen algunos dólares en las posadas y hoteles baratos.

Corleto abrió las puertas de su templo y desde noviembre ha albergado a toda persona que lo ha necesitado porque sintió que el llamado de Dios era ese. «Soy un pastor muy bíblico», dice, y continúa para citar la biblia: «he estudiado la Biblia quince veces, trato de ser bien detallado: que todo lo que sea, sea bíblico, no creo en nada que no esté en la Biblia, de esa manera lo pienso. Empecé eso por dos cosas de la Biblia: porque es una ordenanza de Dios, en el libro de Levítico 19:33 dice que “cuando el extranjero viniera a tu tierra debes de tratarlo como uno de ustedes, como si fuera tu hermano, no lo oprimas, más bien sé hospitalario”, y en base a otro texto que dice que el verdadero ayuno es hospedar al necesitado, vestir al desnudo, darle de comer al hambriento». La Biblia le ha servido para justificar ante los líderes de su misión, quienes ya le han solicitado que deje de ayudar a los migrantes por temor a perder fieles de su iglesia o que la persona que les arrienda el lugar donde está ubicada la iglesia les saque. Pese a las presiones, el pastor Kevin continúa ayudando a los migrantes, comenzó organizando maratones para recaudar fondos que pudiesen pagar la multa que el Instituto Nacional de Migración (INM) exige, luego gestionando comida, agua y ropa.

La razón por la que los migrantes africanos, haitianos y cubanos han permanecido más de lo que esperaban en Honduras, ha sido la multa por falta de sellos que determinan su estatus irregular según las leyes hondureñas. El artículo 136 de la Ley de migración en su numeral 5 dice que: «entrar o salir del país sin realizar el control migratorio o por puerto no habilitado para ello» es razón para que los oficiales de migración les impongan una multa que según esta ley puede ser de medio salario mínimo hasta los tres salarios mínimo. En Trójes ha sido aplicada la mínima: 4598.27 lempiras, unos 190 dólares.

Fontis es uno de estos migrantes haitianos varados en Trójes porque no tiene dinero para pagar la multa del INM. Pasó los últimos seis años de su vida junto a su familia en Chile, pensaron que ahí iban a encontrar mejores condiciones de vida que en Haití, de donde se fueron luego de que el terremoto de 2010 dejara devastada la isla. Aunque encontraron trabajo también se enfrentaron al racismo y al cambio de política migratoria con la llegada de Sebastián Piñera al Palacio de la Moneda. 

El acuerdo migratorio entre los dos países que permitía el visado para los haitianos y la posibilidad de encontrar trabajo y seguridad social se vino abajo y con ello las esperanzas de muchos haitianos que ahora recorren América Latina en busca de una oportunidad más para volver a empezar sus vidas, esta vez, el destino —dicen algunos de los haitianos que se encontraban varados en Trójes, los que hablan español, los que se atreven a conversar— es Estados Unidos. La familia de Fontis se ha quedado en Chile, confiando en que él sobreviva a la ruta hacia el norte y luego les pueda enviar algo de dinero que pueda pagar un boleto de avión y reencontrarse. Fontis no se atrevió a viajar con su pareja y su hijo debido al peligro de la ruta migratoria desde el sur y ahora esta familia haitiana se encuentra separada por miles de kilómetros a lo largo de un continente que les ha mostrado su lado más hostil.

Sentada en una silla de plástico dentro de una iglesia que ha sido convertida en albergue, Guerlande de 25 años, amamanta al menor de sus hijos. Ella viaja junto a su familia desde Chile donde se ganaba la vida como trabajadora doméstica y cuando ya no hubo más trabajo en las casas de los chilenos, Guerlande se hizo vendedora ambulante hasta que el racismo la sacó de las calles de Santiago de Chile, y junto a sus dos hijos y su pareja decidieron subir tanto como pudierOn en dirección a los Estados Unidos. En su viaje por Latinoamérica presenció muerte y violaciones, la voz se le vuelve quebradiza cuando intenta narrar los peligros que corrió cuando atravesaron la selva colombiana y panameña. Aunque Guerlande asegura que a ella no le sucedió nada en la ruta, es una mujer que no puede ocultar el daño emocional de migrar en las condiciones tan precarias en las que los haitianos lo hacen.

MSF ha detectado en los migrantes que han llegado a Trójes enfermedades gastrointestinales, en la piel, gripe, quebraduras por accidentes de tránsito y caídas, quemaduras por roce, dolores musculares y articulares, lo que resulta en cuadros de estrés y de ansiedad que se acumulan debido al racismo, asaltos en la ruta, violaciones y muertes. La organización contabiliza un promedio de 45 consultas diarias desde su primera intervención en marzo, desde entonces han realizado 326 atenciones médicas y 100 atenciones psicológicas. Esta atención de MSF en Trójes ha sido para muchos haitianos, cubanos y africanos la única en años desde que salieron de sus países.

Nadia es una mujer haitiana que desde hace 10 años salió de su país cuando tenía 25 años. Ha hecho la ruta migratoria hacia el norte desde Chile, pero antes estuvo en Brasil donde viajó como miles de haitianos que migraron después del terremoto de 2010. En Chile el racismo la llevó a recibir una golpiza por parte de cuatro hombres chilenos, «cuatro hombres blancos», explica Nadia que la golpearon por defender a una amiga suya haitiana a quien le sacaron los dientes a golpes mientras trabajaban como vendedoras ambulantes en las calles de Santiago de Chile. Nadia y su familia llegaron a Chile luego de pasar cinco años trabajando en Brasil donde ella ganaba 250 dólares en una empacadora de carne.

Las condiciones en las que este grupo de haitianos se encuentra en Honduras, unas ochenta personas entre niños y adultos, hacen que Nadia se sienta triste: «lloro mucho, no me gusta dormir en este colchón sucio, no hay baño», narra ella desde ese mismo colchón donde duerme junto a su pareja y el menor de sus hijos en un albergue que la iglesia del pastor Kevin Corleto les ha facilitado. Se bañan en un río cerca del albergue y cocinan sus alimentos en una pequeña estufa que el pastor Kevin les ha podido facilitar, o en improvisadas hornillas de bloque que encienden con trozos de madera vieja o ramas secas. Nadia es madre de dos hijas y un hijo, la mayor de sus hijas todavía está en Haití al cuidado de la madre de Nadia. El miedo de volver a Haití, tras la escalada de violencia en los últimos diez años, tiene a Nadia y su familia con las esperanzas puestas en llegar al norte donde sueñan con reencontrarse con esa hija que ya no les conoce más que por videollamadas, pero para continuar ella y su pareja deberían pagar unos 380 dólares al Estado hondureño para poder hacer el tránsito hacia el norte: Guatemala, México, y quizá Estados Unidos.

En el templo de la iglesia del pastor Kevin se han albergado unas 140 personas, niños y adultos, y los que ya no pueden ser albergados son llevados a una galera que funciona como anexo de la iglesia del pastor Kevin y es donde Nadia ha pasado los últimos cuatro o cinco días, mientras encuentra la forma de solucionar la traba migratoria por haber cruzado por puntos ciegos cada país hasta Honduras.

Wilfredo Escoto, Teniente coronel, oficial de enlace entre las Fuerzas Armadas y el INM, llegó a Trójes el jueves 22 de abril, luego de su llegada se les otorgó el salvoconducto que les permitió a los haitianos dejar Trójes y avanzar hacia Guatemala. Las razones por las que se tomó esa decisión no fueron explicadas a Contracorriente debido a que el Teniente coronel Escoto no tenía autorización para hablar con la prensa.

El pastor Kevin dice que continuará dando toda la ayuda que pueda a los migrantes que siguen llegando a Trójes, y MSF posiblemente ampliará su atención en la comunidad. Una comisión integrada por actores locales y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) planea habilitar una área del Agatro (Asociación de Ganaderos y Agricultores de Trójes) como albergue municipal para los migrantes, este albergue estaría ubicado contiguo a la Clínica de Estabilización para pacientes por COVID-19 del municipio de Trójes.

Por Yorleny Sanabria

―Así que, ¿esto es a lo que llaman felicidad?― Se preguntó mientras reposaba sobre la Luna. Como todas las personas, esta era una niña que tenía un sueño que anhelaba cumplir. Con la corta edad de nueve años, Nileiti, estaba dispuesta a emprender un viaje arriesgado para arribar a su Luna, esa misma que veía con inmenso amor por las noches cuando la observaba desde la ventana de su casa, ubicada en los suburbios de una ciudad muy concurrida. La decisión de salir de su lugar de origen fue meditada junto a su madre, una mujer dedicada en cuerpo y alma a su hija, alta, robusta y con un semblante de serenidad, ojos oscuros que permitían ver la entrada a su corazón, labios gruesos y cabellos rizados, piel color «negra», como el pseudónimo que solían decirle en el mercado cercano cuando compraba alimentos. Nileiti había crecido admirando el coraje de su madre, quien apoyó con firmeza y preocupación la travesía propuesta por su hija. 

Es así, como a la mañana siguiente, las calles llenas de baches y lodo vieron partir a una niña sonriente, pequeña de estatura para su edad, con sus cabellos trenzados y una mirada prometedora. Nileiti sentía que esta aventura marcaría el resto de su vida, pero temía que al encontrarse con sus miedos más profundos, estos la frenaran. Su temor principal eran los animales feroces como las panteras y jaguares, también le daban miedo las alturas y los abismos. Sin embargo, encontrarse con la lejana y radiante Luna, compensaría cualquier peligro que encontrase en el camino.

Nileiti partió hacia el lugar más alto que conocía: la montaña, que poseía una altura descomunal y un volcán activo. Ideó un plan que consistía en esperar a que el volcán hiciera erupción, para luego colocar una roca larga en el cráter. Esta roca la usaría como cohete y con él volaría por los aires y se dirigiría —de golpe— a su destino. No había fallas en su plan, solo tendría que llegar hasta la cima. 

―Lo lograré.― Susurró para sí misma entusiasmada. 

Durante todo ese día Nileiti escaló la montaña y al atardecer le restaba medio camino, pero no paró a descansar y atravesó la boscosa montaña encontrándose con animales que amenazaban su paso, sin embargo, con inteligencia y audacia los evadió. Luego de algunas horas, llegó a la cima y puso en marcha su plan. En medio de nervios y euforia, observaba la Luna casi llena y no podía contener su emoción al imaginarse que en pocos minutos estaría allí. 

Llevó a cabo su estrategia, el volcán hizo erupción, se escuchó una explosión estruendosa en los alrededores de la ciudad. Mientras tanto, el corazón de la mamá de Nileiti palpitó con el ímpetu del trote de un caballo, latidos que se detuvieron repentinamente luego de unos minutos. 

Entre tanto, Nileiti volaba en la roca que usó para propulsarse, desde la falda de montaña se observaba cual si fuera una estrella fugaz. La decepción invadió su rostro cuando notó que La Luna se alejaba de su vista mientras bajaba de manera precipitada y se perdía en el bosque con una caída desastrosa. 

Al aterrizar en una zona desconocida, Nileiti escuchó ruidos que no le agradaron. Sintió pánico. Se escondió entre los árboles para tomar ventaja y vigilar a quien la acechaba, y notó que era una anciana, encorvada y vestida con ropas que reconocía. La noche era oscura pero los colores vibrantes que vestía iluminaban su paso. La anciana, al ver a Nileiti reconoció su presencia y sin permitirle medir palabra le dijo:

―No llores mi niña, las olas te guiarán a tu destino.―

Al terminar, desapareció en una nube de humo, dejando solamente las dudas impregnadas en la mente de Nileiti, quien mientras caminaba no pudo evitar llorar y gritar con rabia por el fracaso que había vivido. 

De pronto, notó cómo las luciérnagas que deambulaban alrededor formaron un camino, que siguió a toda prisa. Nileiti sintió que sus pisadas cada vez eran más pesadas, esto debido a la arena debajo de sus pies, al levantar la mirada vio una playa cuyo resplandor sobrepasaba toda cosa que había visto antes, esa luz la producía la Luna llena que se veía por el horizonte no tan lejano. 

Al verla, Nileiti recordó las palabras de la anciana que encontró tras su caída y sintió una fuerza que la empujaba a entrar al mar. Tras su inmersión las olas comenzaron a moverse en dirección a la Luna, parecían danzar trasladando el cuerpo de Nileiti y sus energías se conectaban en cada movimiento. Luego de unos minutos, Nileiti llegó a su Luna rebosando de alegría y agradecimiento, por su viaje y por estar en el lugar de sus sueños. Después de un rato, se sentó a descansar y a disfrutar de su nuevo hogar.

Por Iveth Vega

Giro tres veces antes de tomar asiento, veo el auditorio y acabo sentándome en las gradas del escenario. El entrevistador me imita e inicia la entrevista. Mientras me interroga, su voz se va volviendo difusa. La realidad me llama. —Permítame. Voy a apagar el despertador que no me deja escuchar con claridad —le digo—.

Despierto rápidamente, apago el despertador y regreso al sueño con las respuestas en mente. Al volver, el entrevistador y el público se han marchado. Salgo del lugar con las manos en los bolsillos. Empiezo a caminar hasta que mis pies se adentran en un camino de tierra desconocido. Recojo del suelo un pájaro muerto y continúo avanzando. Mis palpitaciones han ido en aumento, resonando en mis oídos.

Giro un número impar de veces. En el último giro, veo a dos hombres caminando hacia mí. No los conozco, pero siento el impulso de correr. Uno de ellos me mira con desprecio, sin dudar un segundo más, corro. El hombre corre tras de mí. Su compañero lo coge del brazo.

— ¿Por qué la persigues?
—¡Esa maldita me inventó y ni siquiera soy real! —responde—.

Corro sin parar hasta llegar a un granero. Debo despertar —pienso—. Toco una puerta roja hecha de tablones viejos. ¡Ábranse, ojos heterócromos!

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Martín Cálix y Fernando Silva

El gobierno de Honduras aseguró en marzo que realizó un contrato con Rusia para la compra de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra la Covid-19. Aseguraban que las vacunas comenzarían a llegar a finales de marzo, ahora apenas han llegado 6 mil dosis al país, con la que vacunarán a 3000 trabajadores de salud en Olancho, San Pedro Sula y Distrito Central.

Hasta esta semana no se conocía información sobre el contrato con la empresa, el medio tunota.com tuvo acceso al contrato y reveló que las dosis tienen un valor de 9.95 dólares, es decir, más de 41 millones de dólares en total.

Marco Midence, ministro de Finanzas, le reveló al mismo medio que el suministro se hará con entregas parciales en donde el vendedor notifica que tiene determinada cantidad para enviar “si aceptan comprarlas, luego se firma un pedido de compra y con eso ellos mandan el lote (a Honduras)”, mencionó.

Las muertes de médicos y profesionales de enfermería todavía se anuncia en los medios de comunicación, el doctor Carlos Umaña mencionó en medios que la semana pasada había 9 médicos hospitalizados en varios centros asistenciales. 

Después del feriado de Semana Santa, en el que no hubo restricciones en el país, los casos aumentaron un 50 % en los triajes según los coordinadores de estos, el 8 de abril el gobierno firmó un convenio entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Secretaría de Salud (Sesal), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

El acuerdo permite que el Cohep negocie de forma directa y sin intermediarios con farmacéuticas para la obtención de vacunas contra la COVID-19 para los empleados de las empresas interesadas y sus familiares directos, aseguran que no se realizará ningún cobro de la empresa a sus empleados. 

A finales de febrero el Congreso Nacional reformó los artículos 2, 4, 6 y 7 de la Ley de Vacunas para Todos contra el Covid-19 para permitir que el Estado haga compras directas y sin intermediarios, además suprime que sea necesario que la vacuna esté aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), también impide la participación de un consejo consultivo de expertos nacionales para examinar la calidad de la vacuna. 

Aún con esto, Honduras es el país más retrasado de Centroamérica con la vacunación. El Salvador ya recibió más de 1 millón 350 mil vacunas de las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, casi en su totalidad fueron compradas por el gobierno, esto para una población de 5 millones de personas mayores de 18 años. Mientras que Costa Rica suma 1.140.855 dosis de vacunas de Pfizer que representan un 16% de las 7.130.025 dosis de los contratos que el país tiene con Pfizer, AstraZeneca y las que recibe del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pedro Barquero, representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) también detalló que representantes de la empresa privada negociarán con los consorcios farmacéuticos internacionales para ver su disponibilidad y una vez que se haga la compra se hará a nombre del Gobierno de Honduras «porque el sector privado no puede comprar directamente a los laboratorios, puesto que, los laboratorios solo están vendiendo a gobiernos entonces la compra va a ser a nombre del Gobierno con el dinero que vamos a poner nosotros como sector privado y el manejo de la vacuna va a ser a través del programa ampliado de vacunación de la Sesal y del IHSS». 

Para recolectar la información, el Cohep creó una página donde cualquier empresa puede registrar el número de vacunas que desea adquirir y las que podrá donar. Aline Flores, expresidenta del Cohep, señaló que hasta el mediodía del 16 de abril habían más de 3 millones de personas inscritas en la iniciativa y que ya no solo se trata de personas de empresas privadas, sino también de patronatos, juntas de agua e iglesias, pues la opción está abierta para que «todas las organizaciones que puedan agruparse y presentar datos de personas mayores de 18 años para que podamos tener una claridad de cuántas son, donde están».

Flores aseguró en el convenio se incluyó al IHSS no solo para que aplique las vacunas, sino también para que, entre ellos, ARSA y Sesal se haga de acuerdo con los parámetros de prioridades «no importa si una empresa dijo que llenó el listado antes, esto se va a hacer acorde a las autoridades». Flores señala que primero se están recolectando la cantidad de personas con intención de adquirir la vacuna y después se pedirán los datos personales para tener claridad de quienes tienen prioridad: personas con enfermedades de base, que tengan mucho contacto con otras.

Poco después de conocerse el acuerdo, la diputada Doris Gutiérrez denunció en sus redes sociales que, desde la comisión de salud del Congreso Nacional, de la cual forma parte, enviarían una propuesta de ley en donde se pretendía otorgar permiso a las farmacéuticas locales para obtener y vender la vacuna en el país. En el documento señalaban que la autorización era con el fin de «ampliar el ritmo de vacunación y cumplir con prontitud los objetivos nacionales de inmunización». 

Barquero realizó una conferencia de prensa en la que dijo que representantes del sector privado contactaron a los diputados para retirar el decreto: «ellos están conscientes que la solicitud nuestra, como sector organizado de la empresa privada es poder comprar las vacunas para regalarlas, no para revender y ese es el compromiso que tenemos con el pueblo hondureño», aseguró.

Barquero recalcó que el esfuerzo que está haciendo el sector privado «no reemplaza de ninguna manera la responsabilidad que tiene el Gobierno de gestionar vacunas para toda la población, esto no es una solución completa lo que ofrece el sector privado, sino solo un apoyo a la gestión que como responsabilidad tiene el Gobierno».

Para Emilio Quan, experto en salud pública, el manejo del Gobierno sobre la pandemia ha sido un completo desastre, lo que queda evidenciado con las pocas vacunas a las que se ha tenido acceso: «Ellos dicen que los países ricos se han acaparado las vacunas, parte de eso es cierto porque tienen el poder adquisitivo e incluso hasta tienen sus propias compañías farmacéuticas (…), pero eso no significa que Honduras debió quedarse con los brazos cruzados desde el principio, hay países vecinos que sí las tienen porque hicieron contratos con compañías farmacéuticas desde hace mucho».

Mientras que Mary Vallecillo, especialista en diseño de terapias para enfermedades musculares y neurodegenerativa en la universidad de UTAH, Estados Unidos, señala que no se debería buscar aliviar cargas económicas para el Gobierno: «tienen la responsabilidad de inmunizar a su población y así como se han utilizado millones de lempiras para cosas que no son necesarias para la población el Gobierno tiene el deber de buscar una solución a este problema», añade que un plan de vacunación efectivo y equitativo es lo que único logrará un control de la pandemia.

Para Quan un plan de vacunación que priorice fases es la única alternativa con la que las vacunas del Cohep podrían tener éxito: «tampoco se le puede cobrar a nadie porque ahí entramos en la inequidad de la vacuna, es irónico porque en la televisión se habla de que los países ricos acaparan la vacuna, pero al mismo tiempo están dejando que se pueda comercializar en un punto y que las personas pobres no puedan acceder a la vacuna, que es lo mismo, pero a escalas más pequeñas». 

Por su parte, Barquero reconoció que aún no hay tratos con ninguna farmacéutica por la saturación en el mercado, esperan que entre junio y octubre se creen las posibilidades para lograr acuerdos para la vacuna.

El doctor Nolvin Guifarro fue el primer médico internista vacunado con la donación de 5000 dosis de vacunas contra la COVID-19 que dio el Gobierno de Israel. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 25 de febrero de 2021. Foto: Fernando Silva.

Lo poco que se sabe sobre las vacunas

Honduras recibirá del mecanismo Covax unas 580 mils dosis para vacunas a 290 mil personas con ambas dosis en mayo, aunque será SESAL quien decidirá si todas esas vacunas se darán en una primera dosis o se guardaran. «Esto garantiza que se continuará y culminará la vacunación de trabajadores de salud, públicos y no públicos, y se continuará la vacunación de los grupos priorizados definidos en el Plan Nacional de introducción de la vacuna», señaló la ministra de salud, Alba Consuelo Flores, durante la inauguración del laboratorio de virología en La Ceiba.

La ministra añadió que entre junio y julio esperan recibir 212,940 dosis de la vacuna Pfizer, también del mecanismo Covax, además reveló que no han pagado por las vacunas Sputnik-V, empresa con la que se supone que existe un contrato para inmunizar a más de dos millones de ciudadanos: «Ese acuerdo de negociación establece el pago de la vacuna contra entrega en el país (…), creemos que esa es una forma transparente de hacer la negociación, no se puede pagar por adelantado», aseguró.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Hospital María de Especialidades Pediátricas pondrán a disposición de la Secretaría de Salud equipos de refrigeración de ultra baja temperatura para el manejo y almacenamiento de la vacuna Pfizer, que requiere de un almacenamiento de -70°C.

Para la científica Mary Vallecillo las declaraciones de la ministra son confusas, pues no conoce laboratorios que no necesiten un adelanto para producir las vacunas: «Entonces normalmente lo que se hace es que se pide un adelanto y el resto contra entrega, eso es lo que se ha manejado y lo que los demás países han hecho, sin embargo, Honduras espera que le entreguen las vacunas para entregar el dinero, cuando con los hospitales no hizo lo mismo, ellos dieron el dinero y no les entregaron los hospitales entonces eso es un argumento que no tienen fundamento», señala.

Honduras espera que el primer lote que el IHSS compró a AstraZeneca vendrá en la primera semana de mayo, la entrega será equivalente a las primeras 204,000 dosis de la compra directa por 1,4 millones que hizo el IHSS con apoyo del Cohep en otra iniciativa en la que sirve como garante.

Para el doctor Quan es importante que el Gobierno busque una solución para la vacunación y disminuir los riesgos en personas vulnerables: «las vacunas no paran pandemias ni epidemias, la vacunación las para (…). Un sistema de salud tan débil como el de nosotros necesita que las hospitalizaciones bajen, que las muertes bajen y darle un respiro al sistema y que las personas que aún no tengan acceso a la vacuna puedan ser atendidos en los hospitales porque ahorita una persona solo puede entrar a una UCI si la persona que estaba antes se murió».

Entre el cierre de al menos 36 centros de triaje en el último mes, por falta de fondos, la población espera que comience la inmunización contra la COVID-19, al menos en los grupos de mayor riesgo, pues la cifra oficial de 4957 muertos se compone de un 37 % ocurridas entre enero y abril de 2021. La crisis sanitaria en Honduras está aún muy lejos de terminar. 

Por Larissa Barahona

Me contagié de COVID-19 en julio de 2020, y mientras estuve enferma hubo momentos en los que creí que ese era mi final, pues según los noticieros que veía y las personas que contaban su testimonio de cómo fue su contagio, las complicaciones y las pérdidas eran cada vez mayores. Pasé un mes encerrada en mi habitación y no tuve contacto con mis hijos Jane y Marco Emilio; la angustia se apoderó de nuestro hogar, y a ellos les tocó tomar las riendas de la casa mientras me cuidaban, afortunadamente no llegué a tener síntomas graves. Aun me pregunto cómo fue que me contagié, ya que no salía de casa y tampoco recibía visitas durante el confinamiento, a veces creo que sucedió cuando recogía las compras del supermercado que pedía a domicilio, seguramente en algún descuido de mi parte me llevé las manos a la boca o a los ojos. 

La pandemia no se ha logrado contener a nivel mundial, por eso Alemania y otros países nuevamente han cerrado sus fronteras, pese a ser economías importantes. A pesar de todo este panorama, el gobierno y la empresa privada de Honduras animaron a la población a vacacionar en la Semana Santa mediante una enorme campaña publicitaria. Y claro, después de un largo encierro y con un «dinerito» ganado ¿quién no quiere salir? Muchos hasta se endeudaron con tal de sentir las olas del mar, pero lo grave es que también se olvidaron de los problemas reales: la pandemia y la crisis social y económica del país. Los hospitales se encuentran al 100 % de su capacidad y se habla de un nuevo brote de coronavirus, por lo que algunos han tratado de evadir la responsabilidad ante esta situación y ahora argumentan que salieron días antes del feriado para evitar aglomeraciones, pero eso también significó un riesgo y ahora vemos los nefastos resultados.

Me llamó la atención que solo en el municipio de Omoa 613,320 personas fueron a los balnearios habilitados, según el comandante de la Base Naval de Cortés, el capitán Donny Zaldívar ¿Se imaginan en el resto de los municipios cuántas habrán llegado? Por otro lado, a los efectos del confinamiento se le suman los de los huracanes Eta y Iota, que de acuerdo con un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ocasionaron pérdidas de 45,676 millones de lempiras y una reducción de -0.8 % en el crecimiento nacional del producto interno bruto en 2020.

En Honduras vivimos en angustia permanente por la pandemia, el sistema de salud está colapsado, sumado a ello la violencia se ha recrudecido contra las mujeres y más del 92 % de los femicidios gozan de total impunidad. El pasado 28 de febrero, el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza, dio datos escalofriantes: se realizan entre 50 y 60 entierros diarios de personas fallecidas por COVID-19 en el país.

Hace unos días pude observar en mis redes sociales que se ha creado un ambiente hostil, muchas personas hablan con desdén sobre las actuaciones del gremio médico que ha estado al frente de la batalla de esta crisis sanitaria, y sin pudor o consideración proliferan expresiones crueles y bajas como «dejen de llorar» o «si tienen miedo busquen otra profesión», entre otras.

Si bien es cierto, cada quien en su libertad elige qué profesión estudiar y a qué dedicarse, también es cierto que no todo el mundo tiene la vocación de servir, no tengo idea de qué motiva a un ser humano a prepararse para ser médico, pero he tenido la oportunidad de conocer a personas del gremio médico que me han enseñado a valorar, apreciar y tenerle cariño y respeto a su oficio al ver su dedicación, paciencia, entrega, amor y desprendimiento en cada acción que ejecuta, y es que he visto sus manos milagrosas transfigurarse como si fueran las manos de Dios. Y agradezco especialmente a quienes conozco y que de una u otra forma estuvieron pendientes cuando enfermé de COVID-19, porque me atendieron incondicionalmente, me escucharon, me dieron consejos y muchas veces fueron como ángeles y su voz se convirtió en alimento espiritual para mi alma.

Recuerdo que mientras estuve enferma hubo un día en que murieron seis personas conocidas. Yo estaba aterrada, pero pensé: «este virus no me va a vencer», a pesar de que en muchos momentos sentía que la muerte se apoderaba de mí porque no podía respirar (era tanto mi ataque de pánico que me había provocado reflujo, lo que me dificultaba la respiración). Ahora contar esto hasta me divierte, pero la moraleja es que ante esta enfermedad lo mejor es tomar las cosas con calma, pues ataca el sistema inmunológico y el estrés, la ansiedad y el pánico no ayudan en nada, al contrario bajan las defensas y ahí es donde este virus ataca. Al final puedo decir que doy gracias a Dios y a los médicos que me cuidaron porque sigo con vida y puedo contar esto que pasé.

Definitivamente ser médico en Honduras es de valientes guerreros, en medio de varias batallas con tres asesinos: la pandemia, la ignorancia y el Gobierno indiferente a un adecuado manejo de nuestra realidad. Los que creemos en Dios oramos permanentemente por nuestros médicos que siguen luchando en primera línea, por los que ya partieron y por sus familias que lloran y aún tienen abierta la herida por sus pérdidas. 

Este 2021 ha sido poco alentador, se decretó estado de emergencia en los hospitales a nivel nacional, y eso que apenas empieza a manifestarse el rebrote de los veraneantes de Semana Santa, los hospitales ya están colapsados y seguimos sin vacunas. Siguen latentes los ruegos del Colegio Médico y muchos de sus miembros que suplicaron porque no se realizara el feriado, advirtieron que los contagios aumentarían y que los triajes no se iban a dar abasto. Todo se ha cumplido porque el Gobierno y la población no los escuchó.

Ayudémonos como pueblo, ¿no creen que ya es bastante el daño que nos hace el Gobierno con su negligencia en el manejo de esta pandemia? Hace unos días nos llamó narco Estado nada menos que un juez de una corte en Estados Unidos, eso también debe preocuparnos porque aquí nos han saqueado hasta el honor. Evitemos aquel verso de nuestro glorioso himno nacional de «serán muchos Honduras tus muertos».

Por Teddy Baca

Tengo 25 años, soy psicólogo, bisexual y tengo algunos años compilando investigaciones sobre el campo de la orientación sexual. En el transcurso de mi vida he visto tanto representación negativa como positiva de gays, lesbianas y heterosexuales.

En un país de la periferia como Honduras, es evidente la carencia de modelos socialmente aceptables, dado el machismo y la homofobia. Ciertamente, con las personas trans el estigma es el doble, sobre todo en el presente y gracias al odio creciente provocado por ultraderechistas y feministas trans excluyentes, esa extrema derecha que propone que no existe tal cosa como derecho sexual, el sistema para ellos debe comportarse en torno a un binomio de hombre y mujer, por lo que las relaciones homosexuales, la visibilidad bisexual o trans son vistas como la «anormalidad» y lo que no debe ser mencionado.

Las feministas trans excluyentes, por otro lado, consideran que el sexo es fijo y único objeto de opresión, por lo que las identidades de género, por lo general, no son válidas para ellas, así como las políticas que tengan como objeto atender las necesidades del sector.

Aún así, en materia de entablar diálogos, al menos para nombrar las cosas como son, creo que para los que conformamos la comunidad bisexual, es todavía más árido mencionarnos, no significa que tengamos peores condiciones sociales que las demás personas LGT, solo que muchas veces ni siquiera nos nombran.

A las mujeres bisexuales las nombran únicamente para hacer referencia al imaginario del fetiche sexual del típico macho que desea dos mujeres amantes, por ejemplo. Los hombres bisexuales son duramente negados en su existencia, tanto así que puedo contar con los dedos de la mano los hombres que conozco que están fuera del clóset. Por ejemplo uno de mis amigos me dijo una vez: «No creo decir nunca que soy bisexual, es una carga enorme, mi novia, mi familia y amigos podrían alejarse». Las personas no binarias bisexuales tenemos el doble reto de que además de que niegan nuestra sexualidad, lo hacen también con nuestra identidad.

Es bastante inusual que la bisexualidad sea tomado como un tema serio, aún cuando estadísticamente no somos precisamente una «minoría». Parece más fácil fingir que no existimos porque eso les da paz a los que tienen conflictos con su orientación sexual, esa falsa dicotomía de lo masculino y femenino se cuestiona al solo mencionarlo.

Ni siquiera es un problema recluido a los sectores conservadores, se reproduce la bifobia en ambientes académicos, artísticos, políticos de cualquier vertiente, incluso en espacios lésbicos y gays.

Parece increíble, pero en varias ocasiones he escuchado a supuestos compañeros de lucha decir que «la bisexualidad es una fase o confusión», estamos hablando de gente que lidera espacios en organizaciones ya establecidas y supuestamente revolucionarias, o ya de plano y de forma irónica, hay quienes la «aceptan», pero solo en mujeres, lo que demuestra el doble estándar cultural.

He sido cuestionado en varias ocasiones. Hace un tiempo tuve un pretendiente que decía que solo era un «gay confundido», una examiga que me fastidiaba por decir que prefería a los hombres (los bisexuales no tienen que ser «cincuenta y cincuenta» con los géneros necesariamente), mi hermano mayor que me presionaba a relacionarme con mujeres (y que agradezco al universo que recapacitara y me respetara al final), entre varios ejemplos.

El problema de omitir o negar algo, es que el reconocimiento jurídico no se hace o se hace a medias, ¿qué pasa con las parejas bisexuales que sufren maltrato? ¿Qué sucede con las personas bisexuales víctimas de crímenes de odio y que no son ni contabilizadas como tales?

De nada sirve una sociedad que incluya solo a un sector, no existe una linealidad fija en cuanto a inclusión, es una contradicción decidir qué existe o qué no, y aunque no hace falta alguna de mencionar, nuestra existencia es un hecho neurocientífico y evolutivo. Referentes como Savin Williams y Meredith Chivers pueden ilustrarnos un poco sobre la existencia mensurable del deseo sexual que no corresponde a extremos, ambos demostraron la existencia de la fluidez sexual y la bisexualidad en participantes hombres y mujeres con el registro del interés sexual a través de aparatos en la zonas genitales. Asimismo tenemos los reportes de Robert Bailey en el 2020 y de Lisa Diamond en el 2002, donde recalcaron la existencia de hombres y mujeres bisexuales, de hecho me dediqué gran parte del 2018 en compilar varias investigaciones del tema para mi libro El Continuum Masculino, el cual se encuentra gratuito en Academia.Edu

Pienso en un futuro donde seamos nosotros mismos, sin que eso represente una amenaza para otros y otras, decenas de amistades desean lo mismo porque tener máscaras para ocultarse puede brindar cierta seguridad externa, pero en el fondo esto representa una traición.

No quiero ser la única persona no binaria y bisexual abierta en discutirlo, quiero ser una voz de las tantas que necesitamos mostrar. Honduras necesita una revolución sexual y de género, que sea incluyente, o no servirá.

Caudillos como Óscar Nájera continúan en la pelea para seguir como diputados en el Congreso Nacional, sin embargo, es evidente que han sufrido un desgaste. El Partido Nacional ha renovado buena parte de sus candidatos a través del movimiento Unidad y Esperanza, del alcalde capitalino Nasry «Tito» Asfura. El Partido Liberal, por su parte, sorprendió con un número de votos importante en el nivel de diputaciones que atrajo el movimiento de Yani Rosenthal. En Libre también hay nuevos rostros que buscarán integrar el Congreso Nacional.

Texto: Leonardo Aguilar y Allan Bu

Fotografías: Martín Cálix o Deybi Yánes

Tras analizar los resultados electorales a nivel de candidatos a diputados, es evidente que no todos los caudillos políticos se impusieron en los primeros lugares, como en ocasiones anteriores, no obstante, no significa que no siguen en la pelea. Dentro del Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL) hay nuevas caras para ocupar sillas en el Hemiciclo Legislativo.

En el Partido Libertad y Refundación (Libre), en cambio, muchos de los actuales diputados que optaron por la reelección serán candidatos en las elecciones generales, pero también hay rostros nuevos. 

Los resultados de nivel presidencial dieron como ganadores a Nasry Tito Asfura del PN con 681,701 votos; Xiomara Castro del Partido Libre con 404,238 votos y Yani Rosenthal del PL con 339,001 votos.

Algunos esperaban que la corriente del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, Juntos Podemos, obtuviera mejores resultados a nivel de diputados, sin embargo, el movimiento del alcalde capitalino Tito Asfura, Unidad y Esperanza, logró imponerse en la mayoría de los departamentos.

En el PL, en cambio, el Movimiento Yanista, logró abrumadores resultados a su favor, imponiéndose contra el movimiento Recuperar Honduras, de su contrincante Luis Zelaya, que solo obtuvo apoyos en algunos municipios como Atlántida.

El PN, un partido con muchos crímenes, ha sufrido un desprestigio internacional por los juicios contra narcotraficantes hondureños, pero según los últimos resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el PN se ubica con los candidatos más votados para el Legislativo. 

El 71 % de los diputados del Congreso Nacional optaron por la reelección, sin embargo, solo el 59 % de los actuales diputados lograron sobrevivir y están aptos para optar a un cargo de elección popular el último domingo de noviembre de este año, según datos de Proceso Digital.

El analista político Raúl Pineda, exdiputado nacionalista en tres ocasiones y antiguo aliado político de Juan Orlando Hernández, afirmó que este proceso tiene pocas diferencias con los anteriores respecto al tema de los diputados, porque la mayor parte de los actuales integrantes del Congreso buscaron reelección y la mayoría la lograron: «El Congreso no va a sorprender a nadie. Será uno que estará en sintonía con el Ejecutivo y estará caracterizado por esta prolongación del poder del presidente, manifestado en el hemiciclo», afirma Pineda.

El abogado Rafael Jerez, asesor jurídico de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), dice que el PN es la única institución política que está unida y, al tener un sistema en donde se vota en plancha, eso le favorece para poder lograr mayoría en el próximo Congreso Nacional: «A nivel legislativo opera el voto en plancha y si usted tiene un PN fortalecido en tres niveles, pero tiene una oposición política que puede buscar una candidatura por consenso solamente en el nivel presidencial, pero no en los otros niveles electivos, eso hace que el voto en plancha fragmente la carga en la oposición y ahí es donde el PN puede sacar más diputados», agrega.

Una mujer ejerce el sufragio durante el desarrollo de las elecciones primarias de los partidos políticos. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Unidad y Esperanza arrasó en Francisco Morazán

En Francisco Morazán, el diputado nacionalista David Chávez, que fue el más votado la elección anterior, esta vez aspiró a la candidatura de la alcaldía del Distrito Central. Sin embargo, parece que Chávez heredó su caudal político a su hermano Pedro, quien resultó ser el diputado más votado en Francisco Morazán por la corriente Unidad y Esperanza con 95,629 marcas, el segundo fue el ministro de Presidencia, Ebal Díaz (93,491).

David Chávez ha sido mencionado en investigaciones por actos de corrupción. En febrero de 2018 el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo señaló de haber ocasionado un perjuicio en contra del Estado por un monto de más de 21 millones de lempiras al sobrevalorar un contrato de suministros en un centro regional de Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop) en el departamento de Olancho.

Uno de los hechos destacados en Francisco Morazán fue la catastrófica derrota que sufrió el movimiento Juntos Podemos de Mauricio Oliva, que no logró ninguna de las 23 candidaturas a diputaciones del departamento. Todas fueron ganadas por el movimiento Unidad y Esperanza.  Por esta razón, figuras de arraigo en el PN como Ricardo Álvarez, quedaron fuera. Tampoco salió electo, el exfutbolista Wilmer Velásquez, quien buscaba un tercer período en el gobierno. 

En Francisco Morazán, seis diputados con una curul por el Partido Nacional buscan la reelección: Antonio Rivera Callejas (cuatro legislaturas), Waleska Zelaya (segunda vez), Renan Inestroza (cuatro legislaturas), José Oswaldo Ramos (cinco legislaturas), José Jesús Villanueva (segunda vez) y Johana Bermúdez (segunda vez).

Uno de los mayores golpes para el PN fue la reciente sentencia contra el exdiputado nacionalista Antonio «Tony» Hernández —hermano del presidente Juan Orlando Hernández—, quien fue condenado a cadena perpetua más treinta años en marzo de este año por un tribunal de Nueva York.

«El candidato Asfura no es un hombre controlable, él hasta estas fechas se muestra como un candidato tolerante y obsequioso dispuesto a acatar las órdenes de quienes ejercen el poder, pero al tomar la presidencia su posición será diferente, entonces requieren controlarlo a través de imponerle los diputados y alcaldes más importantes del país, de hecho creo que Asfura no pudo poner ni siquiera un regidor o un candidato a diputado todos los puso el presidente Hernández y su grupo. Quieren tener control sobre lo que ellos consideran será el próximo presidente», afirma Pineda.

Para el abogado Rafael Jerez los resultados de las elecciones primarias son reflejo de que «en el Partido Nacional, Nasry Asfura, tuvo una maquinaria bastante fuerte, eso se reflejó en estructura y en poder económico para temas de propaganda. En el caso de Libre, en realidad es un reflejo de la estructura que tuvo y mantiene doña Xiomara Castro. En el PL si se ven las variaciones en los tres niveles y eso es producto de las divisiones que hay, a pesar que hay una fortaleza en el nivel municipal en el PL».

Jerez piensa que en el PN los diputados que sacaron más votos son los de «Tito» Asfura y eso nos da indicios de que probablemente los votantes de ese movimiento votaron en plancha: «Si esto vuelve a ocurrir en las generales podemos estar ante un escenario similar al del 2017 en la integración del Congreso».

Jerez añade que el nacionalista David Chávez, candidato a alcalde de la capital por el PN, heredó la estructura clientelista que tenía Ricardo Álvarez, actual designado presidencial: «En el caso de Francisco Morazán, la sorpresa de casi todos es que el designado presidencial Ricardo Álvarez queda afuera, precisamente por la fortaleza de su estructura. Tenemos que recordar que muchos de estos caudillos han estado ausentes de la política nacional por muchos tiempo, incluso los que han estado no están igual de activos que antes, entonces al surgir nuevos liderazgos como el caso de David Chávez, que viene prácticamente a sustituir Nasry Asfura  en la estructura y a sumar a más personas, prácticamente Chávez captó la estructura que hace años tenía Ricardo Álvarez. Ese tipo de fenómenos hay que analizarlos».

En el caso de los nuevos candidatos a diputados del PN, Jerez dice que es prácticamente una renovación de cuadros: «Hay que recordar también que al estar tanto tiempo en el poder le da una capacidad de reclutamiento más grande a nivel nacional. Hay muchos jóvenes que entraron hace algunos años, hicieron carrera y han ido creciendo».

En el PL el diputado más votado en Francisco Morazán, con 37,143 votos, resultó ser Mauricio Villeda de la corriente Recuperar Honduras. Este excandidato presidencial busca la reelección en el Congreso. También busca seguir en su curul Elvin Santos y Sobeyda Andino, quienes participaron por el movimiento Yanista. 

Elvin Santos estuvo en prisión después de ser señalado por el delito de lavado de activos en el caso Pandora, un gigantesco caso de corrupción que involucró a 36 personas. El liberal fue investigado por la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (Maccih) y posteriormente acusado por la suprimida Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic). Finalmente salió de prisión tras recibir un sobreseimiento definitivo junto a otros 21 imputados.

Sobeyda Andino fue capturada en el año 2020 tras participar en un escándalo en vía pública que incluyó disparos, violentando un toque de queda que había sido establecido para controlar la pandemia.

La congresista liberal Edinora Brooks buscaba la reelección mediante el movimiento Esperanza de Honduras, que lideraba Darío Banegas, pero no recibió el favor de los votantes. 

En el PL y Refundación, el candidato más votado fue el actual diputado Jorge Cálix (44,190), le sigue Juan Barahona, que busca la reelección. Además, busca seguir en el  hemiciclo, el abogado Jari Dixon.  Una de las candidatas más votadas en las internas de Libre fue Beatriz Valle, quien ya fue diputada en el período 2013-2017. 

No pudieron continuar en el Congreso, Chara González, quien buscaba seguir, pero no entró entre los 23 candidatos, y María Luisa Borjas, candidata a la coordinación del partido por la corriente Honduras Libre.

María Luisa Borjas fue condenada en 2019 a dos años de cárcel por el supuesto delito de calumnias constitutivas de injurias contra el empresario Camilo Atala, después de denunciar que ese empresario había participado como autor intelectual en el asesinato contra Berta Cáceres. Actualmente el empresario Atala ha sido llamado para ser interrogado como testigo en el juicio que se le sigue a uno de los autores intelectuales en la muerte de la ambientalista.

En Francisco Morazán es imposible no resaltar que una figura básicamente desconocida como Pedro Chávez del PN haya sacado más del doble de votos respecto a figuras reconocidas como Mauricio Villeda y Jorge Cálix.

Cortés: diputados del movimiento de Mauricio Oliva se imponen

El departamento de Cortés, ubicado en la zona norte de Honduras, aporta veinte diputados al Congreso Nacional. En 2017 en Cortés, el PN logró siete diputados; Libre logró seis congresistas; el PL, apenas tres; la Alianza Patriótica, dos; y finalmente el Partido Innovación Y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) logró ubicar un diputado al igual que el Partido Anticorrupción (PAC).

En las elecciones primarias de marzo pasado, en Cortés ocurrió algo que ya se esperaba y es que la corriente de Mauricio Oliva, Juntos Podemos, logró 13 de los 20 puestos para buscar controlar el Congreso Nacional en noviembre próximo.

Yaudet Burbara Canahuati, con 33,425 votos y Leda Lizethe García Pagán con 30,126, ambos del movimiento Juntos Podemos, aparecen en las primeras dos posiciones, mientras que el diputado Alberto Chedrani Castañeda —que en las elecciones anteriores había sido el más votado— aparece en la tercera posición con 29,766 votos.

La mayor cantidad de candidatos a diputados obtenidos por el movimiento Unidos Podemos de Mauricio Oliva en Cortés, a pesar de que perdió aplastantemente en el nivel presidencial, tiene que ver, según analistas, con la antipatía que genera Tito Asfura para la zona del Valle de Sula, y es que anteriormente demandó millonariamente a la Alcaldía de San Pedro Sula, por un monto de 8.1 millones de lempiras sin haber prestado ningún servicio con su empresa de recolección de basura Sula Ambiente.

Entre los candidatos a diputados nacionalistas de Cortés que todavía tienen posibilidades de buscar la reelección están Alberto Chedrani Castañeda, quien en las pasadas elecciones de 2017 había sido el diputado más votado de Cortés; Yaudet Burbara Canahuati, Reynaldo Geovanny Ekonomo Funes y exfutbolista hondureño Gilberto Jeronimo Yearwood, quien por poco queda fuera al ser relegado al vigésimo y último lugar. 

La actual y cuestionada diputada Welsy Milena Vasquez López, quien iba por el movimiento de «Tito» Asfura, quedó fuera al quedar en la posición número veinticinco.  

En Cortés, todos los candidatos resultantes del PL son parte del Movimiento Yanista, que sacó entre los más votados a Kathia Marcela Crivelli Ramirez con 38,483 votos, Suyapa Melissa Mejía Menéndez con 36,526 votos y a Harry Stephen Panting Zelaya con 36,022 (el único de los actuales diputados de Cortés con opciones de reelegirse).

Kathia Crivelli es hija del actual alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, quien ganó las primarias en su partido para postularse como alcalde por cuarto periodo consecutivo. El alcalde Crivelli fue suspendido (octubre de 2020) después de ser acusado por actos de corrupción que incluyeron violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Posteriormente se reintegró en su cargo.

Mientras tanto, el caricaturista Darío Banegas, actual diputado, no participó como precandidato a diputado porque se postuló como aspirante presidencial por el PL y perdió. Por su parte, el diputado Rubén García, que iba por el movimiento de Luis Zelaya, quedó fuera de la contienda.

«En parte creo, aquí está el porqué Yani Rosenthal ganó a pesar de todas la denuncias. Es que tenía una combinación de una estructura montada por estos cuadros que no apoyaban a Luis Zelaya, pero también el apoyo de algunos jóvenes que participaron en algunos cargos de elección popular. Esto refleja, que si contamos los votos de Rosenthal, Luis Zelaya y Darío Banegas, a nivel global es la segunda fuerza. Incluso incrementó los votos que tenía respecto a 2017». 

En Libre, José Edgardo Castro Rodríguez (que busca la reelección) se convirtió en el candidato a diputado más votado con 15,416 votos, Jimmy Jonathan Sorto Paz en segundo lugar con 14,039 y Héctor Samuel Madrid Sabillón (que busca la reelección) con 12,923. El actual diputado José Luis Cruz participó como precandidato pero quedó fuera de la contienda, mientras que la diputada Patricia Murillo no se postuló como precandidata. La diputada Scherly Melissa Arriaga Gómez sí aparece, pero no en los primeros lugares.

Yoro: Gabriel Rubí, el más votado del PN pesar de que fue investigado por el TSC

Miembros de una MER en el instituto Oficial Perla del Ulúa de El Progreso, Yoro, al momento de realizar el conteo de votos. 14 de marzo de 2021. Foto: Deiby Yánes.

El departamento de Yoro, zona norte de Honduras, aporta nueve diputados al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones de 2017, el PN obtuvo cuatro diputados; el Partido Libre logró ubicar a dos congresistas; el PL, dos puestos; y la Alianza Patriótica Hondureña obtuvo un curul.

En estas elecciones primarias, sorprenden dos cosas en el Partido Nacional en el departamento de Yoro, la primera es que todos los candidatos a diputados que resultaron ganadores corresponden a la corriente Unidad y Esperanza de Tito Asfura y, en segundo lugar, sorprende que dentro del Partido Nacional el diputado Gabriel Rubí (quien busca la reelección) aparece en la primera posición con 34,835 votos, seguido de Milton Jesús Puerto Oseguera (quien busca reelegirse) con 34,080 votos, Eder Leonel Mejía Laínez (que también busca la reelección) aparece en la tercera posición con 32,862 votos. Quedó fuera el actual diputado Marco Tulio Gámez Díaz quien apenas obtuvo 15,940 votos.

En el Partido Liberal todos los candidatos a diputados pertenecen al movimiento de Yani Rosenthal. El diputado más votado con 18,789 votos fue Leonel López Orellana (hermano del alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, quien lleva 16 años en el poder y va por un quinto período), mientras que Cinthya Aracely Abreu Doblado se ubicó en la segunda posición con 17,888, en una tercera posición figura Diana Patricia Herrera Chirinos con 17,304. Quedó fuera el actual diputado liberal José Vivian Portillo Ramírez quien apenas logró 10,790 votos.

Para el abogado Rafael Jerez, el caso de los candidatos que son familiares de caudillos políticos es uno de los temas más importantes porque realmente el nepotismo en las candidaturas es un reflejo de la vieja forma de hacer política en el país y también que los curules, alcaldías, son heredadas cuando son familias prácticamente dinásticas en el país.

«Hay tantos casos, por ejemplo, el hermano de David Chávez, que era desconocido, el hijo de Mauricio Oliva, la hija de Mel Zelaya, es decir personas que no han hecho una carrera política, algunos recibieron bastante respaldo, otros no. Esos mensajes ciudadanos hay que tomarlos porque al final tienen derecho a participar pero hay un conflicto de intereses y eso después se traduce en conflicto de interés para tomar decisiones una vez en el cargo que no necesariamente son en beneficio popular», agrega.

Para el abogado Raúl Pineda, el tema de familiares como candidatos es un tema de recursos económicos. «Quien los tenga va a manipular un electorado que, lamentablemente los mismos políticos envilecieron, la gente quiere sobrevivir. Su realidad cotidiana es: el piso, el techo, el filtro de agua, el bono, y quien controle estos insumos tiene una capacidad de seducción mayor que el ciudadano que no tiene nada más que ofrecer que sus méritos personales.  Ese tipo de cosas se va a seguir dando porque la política se ha convertido en Honduras en un modus vivendi. Es una forma de trabajo, usted encuentra diputados profesionales, cuya actividad es esa, la política no es una actividad colateral a otra principal sino que se dedican a la política», añade Pineda.

En el Partido Libre en el departamento de Yoro, todos los candidatos pertenecen a la alianza FRP y Somos Más, siendo el diputado Bartolo Antonio Fuentes,  con 15,940 votos, el congresista más votado, seguido de Marco Aurelio Tinoco Urbina (quien busca la reelección) con 14,404 votos y Felipe Tomás Ponce Isáula con 14,312 votos. La actual diputada Irma Aida Reyes Coello quedó fuera de la contienda al obtener solamente 8,650 votos por la corriente 28 de Junio.   

Atlántida: El caudillo Irías Navas abandona el Congreso

El departamento de Atlántida, ubicado en la zona norte y Caribe de Honduras, aporta ocho diputados al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones de 2017, el PN logró tres de esos ocho curules; Libre ganó dos; el PL, dos y el Partido Anticorrupción (PAC), uno.

Lo interesante del caso es que en Atlántida todos los candidatos a diputados ganadores del PN pertenecen a la corriente Unidad y Esperanza de Tito Asfura. Incluso, el menos votado de esta corriente le saca el doble de votos al más votado de la corriente Juntos Podemos, de Mauricio Oliva.

Por muchos años, el diputado más votado del PN en Atlántida fue Rodolfo Irías Navas, un caudillo de temer, quien permaneció por cuarenta años en el Congreso y manejó en su zona un control y clientelismo político de grandes proporciones, en esta ocasión Navas decidió no participar en este proceso electoral y su lugar fue tomado por Ramón Antonio Leva Bulnes quien resultó como el más votado con 22,380; María José Maresma Peralta, con 21,085 e Iveth Obdulia Matute Betancourth con 20,728. El exfutbolista Milton Omar Nuñez García, exseleccionado nacional que se alió con Mauricio Oliva, apenas obtuvo 8,045 votos y quedó fuera de la contienda.   

En el PL en Atlántida es interesante que siete de los ocho ganadores pertenecen al movimiento Recuperar Honduras, del candidato presidencial perdedor Luis Zelaya; la corriente de Yani Rosenthal, quien ganó en el ámbito presidencial, obtuvo apenas un candidato a diputado en Atlántida.  

El candidato a diputado más votado del PL es Luis Enrique Fuentes Morales quien busca la reelección y aparece con 15,477 votos, en la segunda posición está Jade Cristal Rubí Rodas con 13,924, mientras que Habivi Eunice Alonso Alemán aparece en la tercera posición con 13,920. 

El caso de Libre en Atlántida es aún más interesante, porque su candidato a diputado más votado, Enrique Alejandro Matute Díaz, aparece con apenas 4,163 votos; Ilsa Lorena Torres Matamoros aparece con 3,957 y Margarita Dabdoub Sikaffi con 3,721. El único candidato de Libre que busca su reelección en el departamento de Atlántida, José Aníbal Rodríguez Milla, por poco queda fuera al aparecer en la séptima posición con apenas 2,878 y se postula con pocas esperanzas de cara a las elecciones generales.

Para el analista Pineda Alvarado, el hecho de que el PN tenga más votos en la mayoría de zonas rurales de Honduras tiene que ver con el clientelismo político: «Eso se debe a que el Partido Nacional tiene un organismo que se llama Sedis (Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social) que tiene cinco mil millones de lempiras anuales y es una plataforma de asistencia social que le lleva el piso, el techo, la pintura, la letrina y el bono a la gente. Es decir el político que ahora no lleve beneficio terrenal al electorado muy poco tiene que hacer por eso hablamos del envilecimiento del electorado, es un fenómeno triste y lamentable, pero es uno fenómeno real. En la medida que usted tiene recursos, tiene más favor en la aceptación.  En la medida que usted pierde esos recursos o se aleja de ellos, en ese momento pierde el favor electoral. Eso no tiene nada que ver con la democracia», explica.

Un militar custodia el almacén del Consejo Nacional Electoral con las maletas de las elecciones internas del pasado 14 de marzo. Tegucigalpa, 25 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Colón: Óscar Nájera ya no es el más votado de su departamento
El departamento de Colón, ubicado en la zona norte y Caribe de Honduras, aporta cuatro diputados al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones de 2017, el PN logró dos de esos cuatro curules, entre ellos estuvo el diputado más votado:
Óscar Nájera, quien ha sido mencionado por narcotráfico en juicios de Nueva York; en esas pasadas elecciones, Libre ganó un curul y el PL, otro.

En el PL en Colón los cuatro candidatos a diputados ganadores pertenecen a la corriente de Yani Rosenthal. El diputado Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez (quien busca la reelección) aparece con 7,562 votos, Miriam Cristina Paredes con 6,059, Mauro Antonio Romero Carías con 5,399 y Rosa Amelia Guerra Velásquez con 5,310.

En el Partido Libre, los ganadores en la contienda fueron el diputado Pablo Ramón Soto Bonilla (quien busca la reelección) con 9,944, Marcia Danira Meléndez Moncada 9,217, Dagoberto Escobar Cuevas 8,049 y Norma Agripina García 7,918.

El departamento de Santa Bárbara, zona occidente de Honduras, aporta nueve diputados al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones de 2017, el PN obtuvo cinco diputados; el Partido Libre logró ganar tres curules y el PL ganó uno.

En estas elecciones primarias, es interesante que los cinco actuales diputados nacionalistas de Santa Bárbara lograron quedar entre los nueve candidatos de su partido. El diputado más votado continúa siendo el diputado Mario Pérez (quien busca la reelección) al obtener 36,057 votos; Martha Concepción Figueroa Torrez (que busca la reelección) recibió 35,618 votos y Rolando Dubón Bueso (que también busca la reelección) recibió 32,913 votos.

Mario Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional, ha participado en la aprobación de centenares de leyes que han perjudicado al pueblo hondureño. En enero de este año,  dos semanas después de que despenalizaran el aborto en Argentina, Pérez presentó un proyecto de ley, en el Congreso Nacional, para negar que el aborto —penalizado por cualquier causa en Honduras— pueda ser legal aún cambiando de constitución.

En el PL, los nueve candidatos pertenecen al movimiento Yanista. El único diputado liberal actualmente en el Congreso Nacional, Víctor Rolando Sabillón Sabillón (quien busca la reelección) resultó como el más votado del Partido Liberal con 17,588 votos.

En el Partido Libre, Edgardo Antonio Casaña Mejía (que busca la relección) se convirtió en el candidato más votado con 25,846, Luz Angélica Smith Mejía figura en la segunda posición con 23,756 votos y en tercer lugar German Oswaldo Altamirano Díaz (quien busca la reelección) con 17,216. El diputado Sergio Castellanos (que anteriormente fue el más votado de Libre) ahora quedó en quinto lugar con 15,957 votos.

Copán: PN logró más votos en sus diputados en comparación con otros partidos

El departamento de Copán, zona occidente de Honduras, aporta siete diputados al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones, el Partido Nacional logró cuatro diputados; el PL, dos y, finalmente, el Partido Libre apenas consiguió uno.

En estas elecciones primarias, dentro del PN tres de los cuatro diputados actuales continúan vigentes para optar a un cargo de elección popular. El candidato más votado fue Melvin Roberto Paredes Milla (quien busca la reelección) con 31,470 votos, en la segunda posición aparece Roy Dagoberto Cruz Pérez (busca la reelección) con 27,515 votos y en la tercera posición Gladis Suyapa Ramos Benítez con 25,774. En la quinta posición logró colarse el diputado Erik José Alvarado Alvarado (busca reelegirse) con 23,217 y quien quedó fuera de la contienda, y no podrá reelegirse, es la actual diputada Olga Josefa Ayala Alvarenga que apenas obtuvo 14,016 votos.

La más votada del PL fue Valeska Yamileth Valenzuela Chávez quien obtuvo 25,918 votos, en la segunda posición aparece Cristhiam Josué Hernández Saavedra (quien busca la reelección) quien obtuvo 23,049 votos y Ángel Antonio Guerra Hernández obtuvo 16,533 votos.

Dentro de Libre en el departamento de Copán, Isis Carolina Cuellar Erazo logró el primer lugar con 6,957 votos, en segundo lugar, Mario Urquia García aparece con 4,710 votos y María Ángela Fernández Dubón figura en la tercera posición con 4,535 votos. El actual diputado de Libre Manuel de Jesús Mejía quedó fuera al solamente obtener 3,042 votos. 

El diputado Manuel de Jesús Mejía apareció en una lista de 19 diputados sin producción, publicada por el Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), y reproducida por Diario Tiempo, en donde quedó registrado que tenía cero mociones y cero proyectos de ley. 

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Tegucigalpa, 3 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

Lempira: en la tierra de Juan Orlando Hernández renuevan a todos los candidatos

El departamento de Lempira, zona occidente de Honduras, aporta cinco diputados al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones el PN obtuvo tres de los cinco diputados, mientras que Libre y el PL lograron uno cada uno.

Dentro del PN, Wilson Rolando Pineda Díaz resultó como el más votado con 37,385, José Virgilio García Aldana en la segunda posición con 35,183 votos y Lenin David Valeriano Menjívar en la tercera posición con 34,074 votos.

En el PL todos los ganadores fueron del movimiento yanista. Marco Rodríguez obtuvo el primer puesto con 25,325 votos, Wendy Yamileth Zúñiga Moreno obtuvo el segundo lugar con 20,795 votos y Antonio María Gosselin Pascual se ubicó en la tercera posición con 18,551 votos. El actual diputado Nery Orlando Reyes Hernández quedó fuera de la contienda al lograr apenas 9367 votos.  

En el Partido Libre, Yester Omar Muñoz (quien busca la reelección) ocupó la primera posición con 11,054 votos, Mario Enrique Calix Lara obtuvo el segundo lugar con 10,717 votos y Kely Yajaira Aguilar Escalante, el tercer lugar con 8948 votos.

En el departamento de Lempira se registraron serias denuncias de fraude durante las pasadas elecciones primarias. El precandidato presidencial Luis Zelaya, de la corriente Recuperar Honduras, llamó farsantes a los representantes del CNE y afirmó que hubo un fraude durante el conteo en ese departamento. “Y a quienes dicen que no teníamos representación en mesas, han oído frases, plata o plomo… FRAUDE ES FRAUDE!”.

Islas de la Bahía: continúa la hegemonía del PL

El departamento de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras, aporta solamente un diputado al Congreso Nacional. En las pasadas elecciones el congresista ganador fue Ronnie Richard Mc Nab Thompson del PL. 

Durante estas elecciones primarias, Raymond Samuel Cherington, de la corriente de Yani Rosenthal, se impuso como el candidato ganador con 6,685 votos; Dino Giovanni Silvestri Molina, del PN, fue el ganador de su partido con 3,784 votos y, por el Partido Libre, Yadira Esther Gómez Chavarria obtuvo el primer lugar con 1,168 votos.

La elección de un nuevo diputado será de mucha importancia para la zona insular de Honduras. En octubre de 2020 -según el diario Proceso Digital- Ronnie Mc Nab dijo que se encontraban recolectando firmas para presentar una iniciativa ciudadana en el Congreso Nacional, en donde se proponía un referéndum revocatorio de la ley que dio vida a las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDEs), que en otras palabras significa: “Roatán: una micro nación a la venta”.

Ocotepeque: Partido Nacional se perfila como ganador

El departamento de Ocotepeque, zona occidente de Honduras, aporta dos diputados al Congreso Nacional. Los ganadores en las pasadas elecciones fueron Román Villeda Aguilar, del PN, y Hugo Ricardo Hernández, del PL.

Dentro del PN, la candidata más votada es Tania Gabriela Pinto Pacheco con 13,192 y Román Villeda Aguilar (quien busca la reelección) con 12,341. 

Tania Pinto (actual diputada suplente del Partido Nacional) fue mencionada por la revista Expediente Público en una red de testaferros del cartel de Los Cachiros que traspasó cuatro propiedades al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional de Honduras.

Según un documento, en el año 2016 Tania Pinto recibió un bien inmueble en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa, capital de Honduras  y para el 2011 la diputada suplente le regaló una vivienda a su hermano César Antonio Pinto Pacheco, (Documento) quien está casado con Rina Oliva, hija de Mauricio Oliva.

En estas primarias, dentro del PL resultaron como candidatos Mario Henríquez 13,087 y Gleny Pineda con 10,646. Dentro de Libre, Hernan Roberto Chinchilla Villeda ganó con 2,367 y James Florentino Aguilar Izaguirre con 1,974 serán los representantes de Libre de cara a las generales.

Un escenario desde donde Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, pensaba dirigirse a sus electores, pero la elección presidencial del Partido Nacional la ganó el alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Choluteca
Choluteca es uno de los bastiones azules. También fue uno de los pocos departamentos donde ganó Mauricio Oliva, el candidato más votado fue su hijo Juan Carlos, a quien después de dos períodos como presidente del Congreso, el doctor ha heredado su caudal político.  Por el partido de la estrella solitaria buscan la reelección Carlos Roberto Ledezma y Selvin Ramón Rueda.

En el PL busca una tercera legislatura el congresista Yuri Sabas, quien fue el candidato más votado por el movimiento Recuperar Honduras. En Choluteca, la corriente de Darío Banegas logró cuatro postulaciones al siguiente Congreso.

En Libre, el actual diputado Luis Martínez (8 837 marcas) busca la reelección. Fue el más votado en su partido.  

Pero las elecciones en la zona sur de Honduras no fueron del todo transparentes.  Un video publicado por Teleprogreso mostró cómo activistas del PN, en la Escuela Pedro Nufio del barrio Los Mangos, en Choluteca, destruyeron interruptores del servicio eléctrico dejando sin energía aulas donde se encontraban las urnas del Partido Liberal.

Comayagua
En Comayagua,  seis de los actuales diputados buscarán reelegirse. El PN seguirá siendo dominado por dos hermanos: Miguel Edgardo y Gerardo Tulio Martínez Pineda, que obtuvieron 31 913 el primero y 25 792 el segundo. De acuerdo con las votaciones internas, son grandes favoritos para repetir. 

En septiembre de 2020, el periodista Luis Almendares fue asesinado a balazos después de denunciar a varios políticos de la ciudad de Comayagua por el mal manejo de infraestructura hospitalaria durante la pandemia. Su amigo, y también comunicador social, Luis Rodríguez, huyó de dicha ciudad y denunció que “los narcopolíticos de Comayagua fueron los que asesinaron a Luis Almendares”. Rodríguez dijo que la muerte le provino a su colega Almendares por realizar críticas en contra del alcalde Carlos Miranda y por haber confrontado a los “diputados narcotraficantes de Comayagua, Edgardo y Gerardo Martínez”.

Con menos posibilidades llegan los diputados de los demás partidos. La fiebre por repetir en una curul en este departamento también alcanzó al PL en el cual se postulan nuevamente Gloria Bonilla (16 432 marcas) y Víctor Barahona (Recuperar Honduras). Para las elecciones de noviembre 2021, Yavéh Sabillón (9 229) y Juan Ramón Flores lideran buscarán con Libre quedarse en una curul para el período 2022-2026.  En Comayagua, el diputado más votado de Libre no alcanzó ni un tercio de los votos del más seguido de los nacionalistas, Miguel Martínez. 

El Paraíso: La caída de un «pétreo»
Celín Discua Elvir fue el cacique de El Paraíso. Es válido decir fue, pues aunque sigue siendo diputado, el próximo período no estará después de haber estado presente en 8 legislaturas. 28 años de influencia que se terminaron el 15 de marzo, cuando el PN se abrió a nuevos liderazgos como Gustavo González (34 714) y Ramón Carranza (33 876), ambos de Unidad y Esperanza, que resultaron ser más votados incluso que Walter Chávez y Sara Medina, que buscan un período más en el Congreso. 

La trayectoria política de Celin se redujo a 17,435 votos, la mitad de lo que sacó el diputado más votado del PN. La catastrófica derrota de este veterano política fue una de las grandes sorpresas en los comicios internos de marzo. 

En el PL, Mario Segura, arropado por el Yanismo, mantuvo el control de las filas coloradas. En este departamento las seis postulaciones al Congreso para el próximo período fueron ganadas por el movimiento de Yani Rosenthal. 

Por Libre, John Milthon García encabeza las votaciones con 10 331 marcas. Superó al periodista Rony Martínez, quien actualmente es diputado. En las elecciones de 2017, Libre obtuvo dos diputaciones, la otra quedó en manos de Francisco Javier Paz, quien falleció en agosto por COVID-19.  

Intibucá: todos quieren seguir
En Intibucá, los tres representantes del departamento parece qué continuarán. Por el PN resultaron electos Nelson Márquez y Elden Vásquez, que busca un quinto período en el hemiciclo. Jesús Mejía, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quedó afuera al solo lograr 12,186 votos.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) acusó a Jesús Mejía de haber aprobado contratos irregulares para beneficiar a 18 personas, mediante la creación de planillas fantasmas en la ENEE, mismas que causaron un perjuicio económico de 11.9 millones de personas.

En este departamento también irá por la reelección en Libre. Olivia Marcela Zúniga Cáceres, hija mayor de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016.

Las denuncias de fraude también se dieron al interior del partido Libre. Olivia Zúniga denunció que hubo personas de Libre que iban a votar en la mañana y volvían a hacerlo en la tarde. Además señaló que militantes de Libre, en muchos municipios de Intibucá, iban primero a votar a las urnas del Partido Nacional, en donde no les marcaban el dedo y luego se iban a meter a las urnas del partido Libre a votar por su actual suplente. 

La Paz
Gladys Aurora López domina  el ambiente político en La Paz. Pese a ser incluida en una lista de 21 hondureños señalados por corrupción, que se publicó como parte de la Ley Magnitsky, la actual diputada mantuvo el favor de los votantes en esa provincia. De hecho, fue la diputada más votada con 14 181.

Nada valió que contra Gladys Aurora haya sido presentado un requerimiento fiscal por el caso «Arca Abierta» , en el que según la Ufecic-Maccih se malversaron más de 21 millones de lempiras (879,000dólares).  

En La Paz también buscará reelegirse por el PN Raúl Edgardo Bulnes, que fue el tercero en la votación en los comicios internos de marzo.  Por el PL está en la carrera por la reelección José Rosario Tejada, que logró la nominación por el movimiento Recuperar Honduras. En este departamento sus tres representantes quieren reelegirse.

Almacén del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Tegucigalpa donde se hizo el resguardo de las maletas electorales del pasado 14 de marzo. Tegucigalpa, 25 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Valle
Tomás Zambrano (21 321 marcas), actual diputado por Valle, mantuvo en control sobre el nacionalismo de Valle, pese a que se postuló por el movimiento Juntos Podemos, que perdió por un gran margen en casi todo el país. Junto a Marcos Velásquez pretenden seguir representando al departamento costero por el PN. 

El diputado Tomás Zambrano fue acusado en su momento por falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, después de que alterar el contenido de la aprobación de la Ley General del Presupuesto y publicarlo de forma arbitraria en el Diario Oficial La Gaceta. A pesar del delito, Zambrano recibió un sobreseimiento definitivo.

Al igual que los dos nacionalistas, el liberal José Alfredo Saavedra (20 321 votos), seguirá en el próximo congreso. El movimiento Recuperar Honduras ganó las cuatro postulaciones en Valle, con Saavedra como el más votado. 

Por Libre, el actual diputado Fabricio Sandoval, se encamina a su segundo período en el Congreso Nacional. Así, los cuatro diputados por Valle están con las opciones para continuar en la siguiente legislatura.

Olancho
El vasto departamento de Olancho en el PN fue dominado por Reinaldo Sánchez Rivera (43 031), líder de Unidad y Esperanza en ese sector. También busca reelegirse por el nacionalismo Teresa Cálix.

José Francisco Rivera, que es actualmente congresista por el PN, fue derrotado en las urnas. Se postuló por el movimiento Juntos Podemos. Jorge Lobo, hijo de Porfirio Lobo, no se postuló en las internas del PN.

En Libre resultó como diputado más votado en Olancho, Rafael Sarmiento (33,109), que dejó en segundo lugar Carlos Zelaya, hermano de Mel, el caudillo indiscutible de este partido, cuya primera participación fue en 2009.

Fredy Nájera, quien era diputado por el PL en la actual legislatura, fue extraditado a Estados Unidos en 2018 donde es acusado de narcoactividad. Nájera había estado tres períodos como diputado y estaba comenzando el cuarto.

Olancho fue un escenario único en el PL pues el departamento fue ganado por el movimiento Esperanza de Honduras de Darío Banegas. El  pastor Samuel García (22,699 marcas) comandó las votaciones en el PL.

Departamentos de Gracias a Dios y El Paraíso, oriente de Honduras
En el departamento de Gracias a Dios, zona oriental de Honduras, solo aporta un diputado al Congreso Nacional. El actual diputado por el PN, Rogrigo Ávila, no buscará continuar en el Congreso.  La posibilidad de ocupar su lugar la tiene ahora el nacionalista Norvin Goff Salinas, quien logró quedar como el candidato oficial con apenas 3,889. El PL y Libre llegan con pocas posibilidades de arrebatar esa diputación. 

El departamento de Gracias a Dios está ubicado en una de las zonas más olvidadas de Honduras. Ahí se encuentra La Moskitia hondureña: un paraíso para el ecotráfico.

En el departamento de El Paraíso, zona oriental de Honduras, la suma entre los sufragios de Libre y el PL no superan al más votado del PN. En este departamento se encuentra el diputado nacionalista Walter Chávez (quien busca la reelección). Este congresista, en diciembre de 2019, integró una comisión en el Congreso Nacional para solicitar la expulsión de la Maccih, que estaba investigando a más de 60 diputados corruptos, incluido el presidente Mauricio Oliva.

El abogado Rafael Jerez afirma que, aunque el PN obtuvo menos votos que en las elecciones primarias anteriores, si no hay una alianza opositora será muy difícil vencer al PN. 

«El PN  redujo el caudal de votos que sacó con respecto a 2017, eso es importante porque también hay un buen número de votos nulos. Entonces ahí es donde podemos hacer el círculo con que es lo que podría hacer una alianza de oposición. Primero es muy claro que tendría que haber una alianza muy fuerte entre Libre, PL y Salvador Nasralla. Si uno de estos actores se fragmenta, pues fragmenta el voto. El PN mantiene una base de 700,000 a 800,000 votos. Si la alianza no se forma con una base mínima de estos votos, tomando en cuenta que hay nuevos votantes y algunos independientes será muy difícil que pueda vencer al PN» .

Las elecciones generales se desarrollarán el último domingo de noviembre del presente año. Ahí participarán candidatos de corrientes independientes, lo que hará que la pugna sea más abierta.

En los últimos cinco años, el Gobierno de Juan Orlando Hernández gastó alrededor de cuatro millones de dólares en la contratación de firmas de lobistas en Estados Unidos en al menos trece ocasiones. Fiscales de Nueva York denunciaron que una de ellas intentó presionarlos durante el juicio de «Tony» Hernández, su hermano, condenado a cadena perpetua más treinta años por narcotráfico. Para diversos analistas, todos estos esfuerzos han sido en vano y a pesar de los pequeños acercamientos con el Gobierno de Biden, su vinculación con la corrupción y el narcotráfico mina cualquier esfuerzo de cooperación. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografías de Martín Cálix 

 

«La condena y sentencia de «Tony» Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos», sentenció Wendy Woolcok, agente a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el control de drogas en Estados Unidos (DEA), tras darse a conocer que el hermano del presidente Hernández recibió la sentencia a una cadena perpetua más treinta años y el decomiso de USD 138,500 millones por importar 185,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Durante la audiencia de sentencia de «Tony» Hernández, el juez Kevin Castel aseguró que el caso de «Tony» había sido de narcotráfico «patrocinado por el Estado». Con la información que se ha hecho pública durante los juicios de «Tony» y otros narcotraficantes, el presidente Hernández se ha dedicado en sus conferencias y en redes sociales a amenazar sus «relaciones de cooperación» con Estados Unidos: «si los narcos ganan beneficios de Estados Unidos por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras y luego con varios países (…) con la llave mágica los narcos matarían la cooperación», mencionó en un hilo de Twitter.   

Esta estrategia de amenaza es similar a lo que publicó el Washington Post el 1 de abril, donde señalaban que el Gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter por 475,000 dólares, en 2019, con fondos provenientes de la Secretaría de Finanzas, para presionar a los fiscales durante el proceso del juicio de Tony Hernández. 

Según la información del caso, los fiscales mencionaron que en septiembre de 2019 la firma buscaba advertirles a los fiscales de «consecuencias colaterales» relacionadas con las bases militares de Estados Unidos en Honduras, así como «asuntos migratorios no relacionados».

El Gobierno de Hernández desde 2016 a 2021 pagó un total de USD 3,289,194  para asesoría en relaciones públicas en un intento fallido por mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Según la base de datos de agentes extranjeros en Estados Unidos (FARA), todos esos fondos los recibió la firma Gus West Government Affairs mediante doce contratos. Es decir que, sumado a la firma que los fiscales aseguran que fue contratada para el juicio de «Tony», en total el Gobierno ha gastado USD 3,764,194 en asesoría para mejorar la imagen en el país norteamericano durante los últimos cinco años. 

De acuerdo con la investigación del Washington Post, la firma Arnold & Porter hizo cabildeo con otros departamentos del Gobierno republicano de Donald Trump. También señalan que la firma tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado en la administración del también republicano George Bush. 

Posterior a darse a conocer la información sobre el contrato de la firma, la Secretaría de Finanzas publicó un comunicado en el que aseguraban que la firma se contrató con el objetivo de «proporcionar servicios jurídicos para la emisión de un bono soberano en los mercados internacionales de capital». En el comunicado añaden que la finalidad era acompañar y asesorar a la secretaría.

Sin embargo, el documento presentado por la firma Arnold & Porter en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia, que contiene los detalles del contrato con el Gobierno, señala que si bien la firma fue contratada para brindar servicios legales con relación a una transacción de mercado de capitales internacional, también menciona que «los representaremos en ese asunto y cualquier asunto adicional que acordemos mutuamente», más adelante añaden que mantendrán toda la «información y secretos en confianza».

Además, el documento señala que la firma del contrato no significa que puedan hacer promesas ni garantías sobre el resultado «del asunto para el que nos está contratando y nada en esta carta se interpretará como una promesa o garantía». 

Leer más aquí: Tiempo de crímenes: Un juicio sobre el control del narco en Honduras

 

Dana Frank, Profesora emérita de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, asegura que el dinero invertido en lobistas solo avergüenza y subraya la culpa de Hernández y sus vínculos con el narcotráfico: «el dinero pagado a los cabilderos compró poco, excepto una comprensión cómica de cuán patéticos son Hernández y sus compinches, cuán cobardes son al usar el dinero del pueblo hondureño para tratar de limpiar su imagen y evitar la prisión. El distrito Sur de Nueva York tiene una reputación impecable de probidad», menciona.

Por su parte Eric Olson, director de políticas públicas para la International Seattle Foundation, considera que durante mucho tiempo hubo una preocupación por la situación en derechos humanos, actos de corrupción y falta de Estado de derecho en Honduras: «en general quien ha sido visto como el principal responsable de esto es el presidente Juan Orlando. Eso viene desde antes de estos casos, así que este caso (el juicio de «Tony» Hernández) solo viene a reafirmarle a la gente que el presidente de Honduras es una persona con lazos muy oscuros con la corrupción y el mundo de drogas y cuestiones ilegítimas», señala.

Para Frank hay acciones claras de que el Gobierno de Hernández es reconocido por la corrupción y sus relaciones con el narcotráfico, existen nueve senadores apoyando una Ley por los derechos hondureños y anticorrupción 2021, que busca sancionar a Hernández y suspender la ayuda en seguridad.

También hay 48 congresistas que firmaron la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres en Honduras, en esta última se buscan suspender los fondos estadounidenses para operaciones policiales y militares, además de prohibir la dispersión de préstamos internacionales que brindan asistencia de seguridad, a menos que el Gobierno hondureño investigue y procese flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas policiales y militares, según aparece en la página oficial de Congreso estadounidense. 

Frank añade que es importante recordar que el Distrito Sur de Nueva York es independiente de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, aunque ahora la administración de Biden continúa trabajando de cerca con el Fiscal General, Oscar Chinchilla, y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, a pesar de las evidencias de sus vínculos con los narcos. «Biden está bajo una gran y creciente presión por parte del Congreso y los medios de comunicación, incluidos los medios conservadores como el Washington Post, para deshacerse de Hernández», asegura.  

Manifestantes de oposición queman un muñeco de papel con el rostro de Juan Orlando Hernández en una protesta luego de darse a conocer la sentencia de su hermano Juan Antonio Hernández, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más treinta años por narcotráfico. Tegucigalpa, 30 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Las relaciones tensas con Estados Unidos

 

Ricardo Zúñiga, designado por el Gobierno de Joe Biden para Guatemala, Honduras y El Salvador, al que nombran el triángulo norte, viajó a reunirse con representantes de los gobiernos y organizaciones de sociedad civil, pero no hizo una visita a Honduras. Las reuniones de Zúñiga tienen la intención de crear un plan para implementar los USD 4000 millones que la administración de Biden destinó para disminuir la migración desde Centroamérica. 

En una conferencia de prensa, se le cuestionó al portavoz del departamento de Estado en el país norteamericano, Ned Price, las razones de por qué Zúniga no viajaría a Honduras, respondió que se reunirían con los funcionarios hondureños «apropiados» y que apoyarían a aquellos comprometidos a combatir la corrupción: «nuestro objetivo tiene que ser abordar los problemas que provocan la migración si es que queremos encontrar una solución a largo plazo para este desafío», señaló. 

La decisión de Zúñiga de no viajar a Honduras ha sido muy cuestionada en el país y desde análisis locales se ha interpretado como una señal de rechazo a Juan Orlando Hernández. Ante esto, el canciller de la República, Lisandro Rosales, aseguró que no se estaba excluyendo a Honduras y que desde febrero se encontraba en comunicaciones con el Gobierno de Biden. «Me alegra por El Salvador y Guatemala que ya estén iniciando estos diálogos con los Estados Unidos. Honduras inició el 4 de febrero, con nosotros ya van más avanzados, ya estamos hablando de temas específicos». 

Poco después de la reunión entre Zúñiga y la delegación hondureña, el designado para Latinoamérica del Gobierno de Biden, Juan González, dijo sobre Hernández: «él en este momento es el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su Gobierno, vamos a buscar áreas de interés común» durante una entrevista transmitida el 11 de abril por CNN en español. 

Sin embargo, Olson dice que las palabras de González deben entenderse con cuidado «él dice que van a trabajar con el Gobierno, no dijo: “vamos a trabajar con Juan Orlando”, quizás es una definición bastante matizada que no se entiende. Yo creo que ellos han dicho él es el presidente por ahora, pero vamos a buscar otra manera de relacionarnos con Honduras y por eso no han querido ir a Honduras ni aparecer públicamente con él». Para Olson estas decisiones están muy ligadas a los casos en Nueva York.  

Mientras tanto, Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos declaró que el Gobierno hondureño ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico en la región.  

Para la profesora Frank es importante prestar atención al apoyo de las fuerzas de seguridad estadounidenses que sigue dando señales de que apoya a las fuerzas de seguridad hondureñas: «a pesar de la enorme evidencia de que colabora con los narcotraficantes, en la cúspide, en colaboración con Hernández», agrega.

«González y Zúñiga también hablan de nuevos proyectos trabajando con fiscales hondureños. Por supuesto apoyamos a los valientes, los buenos, pero ¿cómo va a evadir Estados Unidos a Chinchilla en la cima, tan corrupto, tan leal a JOH, tan silencioso sobre la represión y manteniendo una reelección ilegal? Hay que prestar también atención a los silencios: González y Zúñiga no abordan la corrupción y la represión del ejército hondureño», añade Frank. 

Dos mujeres sostienen carteles en protesta contra el Gobierno de Juan Orlando Hernández en un mitin de celebración por la condena de Juan Antonio Hernández, en una corte de Nueva York. Tegucigalpa, 30 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Adriana Beltrán, directora de programa de seguridad ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) cree que es necesario que la administración de Biden cree una estrategia que priorice la lucha anticorrupción «que esté consciente de que son procesos a largo plazo porque los desafíos son enormes y que si tienen que ser acompañados de medidas o acciones políticas y diplomáticas que claramente comuniquen que la administración no va a tolerar la corrupción y en ese caso la administración tiene muchas herramientas a su disposición para esto».

Entre las herramientas que Beltrán menciona está la ley H.R. 2615, nombrada como United States-Northen Triangle Enhanced Engagement Act, llamada popularmente «Lista Engel», aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 2020 y que busca que Estados Unidos imponga sanciones contra las personas mencionadas, incluyendo cancelación de visas americanas. 

La lista deberá ser presentada ochenta días después de su aprobación y luego una vez al año. Por su parte, el historiador y doctor en Ciencia Política, Otto Argueta, escribió en un artículo de opinión para Contracorriente que aunque la ley busca luchar contra la corrupción para reducir la migración «la corrupción es un problema político, no de ingeniería institucional y ese es el reto más grande que viene con la ley para los Estados Unidos. Se es político o empresario corrupto no solo por el dinero, sino también por el poder y por la posibilidad de permanecer en él y salir impune de todo eso». 

 

«El reto de hoy es cómo canalizar ese dinero, esa ayuda y ese apoyo en estos países sin de esa manera también fortalecer a la élite de estos países, mi opción preferida es apoyar a las organizaciones independientes que son los que tienen presencia en lugares que tienen capacidades de implementar y ejecutar proyectos sin el Gobierno de por medio y hay que apoyar y reconocer a las personas que operan en el Gobierno de manera independiente», señala Olson. 

Mientras que la maestra Frank asegura que seguirán presionando a su Gobierno pues se sienten indignados de que sus impuestos «van para celebrar y apoyar no solamente a Hernández, sino que al proyecto neoliberal de extractivismo, el sistema de salud, su hostilidad a movimiento sindical, la destrucción de comunidades indígenas, afroindígenas y campesinas», finaliza.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández usó páginas no auténticas en Facebook que lo beneficiaron con cientos de miles de falsos «me gusta». Durante un período de seis semanas en 2018, sus publicaciones recibieron el «me gusta» de 59,100 usuarios, de los cuales 46,500 eran usuarios falsos.

La responsable de encontrar estas cifras y hacerlas públicas —junto con cifras similares sobre otros países— fue Sophie Zhang quien, en ese entonces trabajaba como científica de datos para Facebook. Su trabajo consistía en combatir falsos engagements: me gusta, comentarios y acciones de cuentas no auténticas o comprometidas. Fue despedida por Facebook en septiembre del año pasado, por centrarse en la participación de política falsa en países que no eran una prioridad para la gerencia de la empresa. 

En una entrevista con Contracorriente, Zhang asegura que «rechazó un paquete de indemnización de casi 64,000 dólares» porque implicaba firmar un acuerdo que le impediría hablar o criticar públicamente a la empresa. «Decidí que no valdría la pena», dijo.

Además agregó que es indignante la forma en que tantos políticos «optan por abusar de Facebook para manipular a su propia población» y que la falta de respuesta de esta red social es responsabilidad de los que están en la cima.

En 2019, Facebook señaló públicamente que había eliminado 181 cuentas y 1488 páginas que estaban involucradas en una actividad no auténtica que era coordinada en Honduras. Las páginas fueron diseñadas para parecerse a perfiles de usuario, con nombres falsos e imágenes de archivo, con el fin de «amplificar el contenido positivo sobre el presidente», justo en un momento en el que Hernández había perdido popularidad, tras ser vinculado en casos de narcotráfico llevados a la justicia estadounidense. 

Esta es una muestra del contenido publicado por algunas de estas páginas:

Respondiendo a las acusaciones de Zhang sobre las prioridades de Facebook, una portavoz de la empresa, Liz Bourgeois, afirmó: «Buscamos agresivamente el abuso en todo el mundo… Como resultado, hemos eliminado más de cien redes de comportamiento coordinado no auténtico. Aproximadamente la mitad de ellos estaban en redes que operaban en países de todo el mundo, incluidos los de América Latina, Medio Oriente y África del Norte, y en la región de Asia».

Hablamos con Zhang por teléfono sobre lo que supo sobre el uso de Facebook por parte del presidente Juan Orlando Hernández, y las posibles implicaciones más amplias de ese tipo de abuso de las redes sociales. Esta entrevista ha sido editada y condensada.

CC: ¿Cómo supiste que Hernández estaba inflando falsamente la popularidad de su puesto?

SZ: Sucedió de una manera tonta: trabajaba para Facebook como científica de datos, en el equipo de participación falsa. Por falsa, me refiero a cosas como cuentas ficticias, pirateadas y autoinfligidas en las que le das tus credenciales a otra persona. Eran cosas como que, por ejemplo, la gente comprara «me gusta» falsos. Hay pequeñas empresas que quieren más fans, hay influencers que quieren más fans, hay spammers que venden productos cuestionables como purificadores de aire que te mantendrán a salvo de COVID-19. Se suponía que mi trabajo consistía en deshacerme de este tipo de actividad falsa.

Este otro trabajo (descubrir un falso compromiso político), lo estaba haciendo en mi tiempo libre, o en mis momentos libres en el trabajo. Desde el principio me interesó la idea de una actividad inauténtica actuando en política, así que comencé a buscarla. La encontré en países como India, Brasil y en Honduras. De hecho, mucho en Honduras, con relación a su tamaño. Tomé una captura de pantalla de una de las publicaciones de Hernández y me di cuenta de que era muy extraño, porque había muchas páginas (de Facebook) a las que les gustaba su publicación. Al mirar más de cerca, estaba muy claro lo que estaba pasando, y estaba muy claro que estaba muy mal. Nunca había visto algo así antes.

CC: ¿Qué estaba haciendo Hernández?

SZ: Claramente había páginas falsas que pretendían ser personas reales, pero en realidad no existían y estaban siendo utilizadas para manipular en favor del presidente de Honduras. Y la persona que dirigía estas páginas falsas era en realidad uno de los administradores de páginas del presidente de Honduras. Esta persona había sido autorizada para tener acceso a la página oficial de Juan Orlando Hernández y realizar publicaciones en su nombre.

Había miles de páginas falsas. En cuanto a la actividad, no recuerdo los números exactos de volumen, pero sí recuerdo que a finales de 2018 y principios de 2019, aproximadamente la mitad de la actividad como «me gusta», comentarios y las acciones provenían de páginas falsas. Eso lo digo de memoria. Fue bastante significativo.

Y en realidad no es tan difícil (configurar páginas falsas). Cuando creas una nueva cuenta, Facebook pasa por un proceso que garantiza que las personas no puedan configurar nuevas cuentas falsas. Pero a la gente (en Facebook) no se le ocurrió aplicar el mismo concepto a las páginas. Así que podrían simplemente hacer una página, encontrar una foto de perfil en algún lugar, inventar un nombre, hacer otra página, etc. Esto tiene ventajas y desventajas en comparación con las redes de cuentas falsas. Puede ser bastante difícil controlar cincuenta cuentas diferentes porque solo puedes iniciar sesión de una en una en un navegador. Entonces, tal vez necesites tener muchos dispositivos, o seguir cerrando y entrando. Mientras que cambiar entre páginas es mucho más fácil, porque Facebook lo configuró para que los administradores de la página, como las personas contratadas para cuidar las páginas de corporaciones o partidos políticos , puedan hacerlo fácilmente. Por otro lado, es muy obvio internamente, para Facebook (cuando la gente hace esto).

CC: Esencialmente, se trata de fabricar credibilidad, ¿cierto?, ¿en qué se diferencia con la publicidad digital o la publicidad nativa?

SZ: Sí, esencialmente. No soy experta en política, así que lo que les estoy diciendo es más como una especulación educada. Lo que puedo decir es que (los engagements falsos y las páginas) ciertamente hicieron que el presidente (de Honduras) pareciera ser mucho más popular de lo que realmente era.

Se han realizado muchas investigaciones sobre la percepción y, a menudo, lo que se descubre es que en los países que están al borde de la crisis —países que podrían estar siendo gobernados por dictadores o que podrían estar enfrentando golpes de Estado o levantamientos en estas regiones— la percepción puede ser más importante que la realidad.

Por ejemplo, todos pueden odiar al dictador, pero pretenden apoyarlo, porque si creen que todos los demás lo hacen, las consecuencias (por denunciar) pueden ser muy temibles. Y cuando hay protestas en las calles, cuando hay un levantamiento, los oficiales y los soldados tienen que decidir a quién van a apoyar.

En última instancia, los dictadores no solo necesitan ser populares, sino que la gente crea que son populares.

No es lo mismo que la publicidad, porque pagar por la publicidad hace que las personas vean ese contenido más, pero estas personas aún pueden tomar sus propias decisiones sobre lo que les gusta y lo que no. Pero cuando se trata de inflar falsamente la popularidad, estas no son personas reales. Lo compararía con lo que hacen algunos políticos cuando transportan simpatizantes a los mítines, porque si no lo hicieran no habría multitudes en sus eventos y parecerían fracasados.

CC: En noviembre se acercan elecciones generales en Honduras, ¿es probable que el Partido Nacional continúe probando esta estrategia, a pesar de que Facebook ha eliminado algunas páginas?

SZ: Sé que después de que Facebook eliminó las páginas, un año después de que las descubrí, (el equipo de Hernández) intentó volver con más páginas. Facebook los detuvo de inmediato. Después, sé que regresaron con una táctica diferente de usar cuentas falsas que fueron mucho más difíciles de descubrir. Cuando las identifiqué, Facebook se mostró muy reacio a eliminar a muchas de ellas. Todavía continuaba cuando me fui. No puedo decir qué ha sucedido desde entonces o qué pasará en el futuro, pero francamente creo que tiene sentido que continúen (empleando un falso engagement).

CC: ¿Por qué Facebook ha tardado tanto en actuar?

SZ: Es una pregunta difícil de responder porque no puedo leer la mente y no sé qué motiva las decisiones. Pero lo que me decían a menudo y lo que creía en ese momento —pero ya no creo— es que existía una laguna jurídica (del uso de páginas de Facebook). No habíamos visto nada como esto antes. El Gobierno hondureño impuso vanguardia. Entonces no estaba contemplado en las reglas, es lo que me dijeron. No había una regla clara contra las páginas falsas.

La razón por la que ya no creo en esa explicación es que pensé que el precedente de Honduras marcaría la diferencia. Para octubre de 2019 teníamos una nueva política que reconocía que las páginas podían usarse para comportamientos no auténticos coordinados.

Aún así, no lo sé, solamente puedo adivinar. Y lo que creo es que fue una combinación de factores. Facebook toma medidas con respecto a casos en países más pequeños, pero generalmente es porque alguien allí, como una ONG o un grupo de oposición, se ha quejado con la empresa, si las personas externas saben lo que está sucediendo podrían acudir a los medios de comunicación. Pero yo actuaba desde adentro de la empresa, por eso se trató de manera diferente. 

En última instancia, Facebook es una empresa y su objetivo es ganar dinero. No le interesan cosas que vengan de la bondad de su corazón. En algunos casos, actúa por cuestión de suerte y en otros casos creo que se trata de la importancia con la que se percibe al país. Lamento decirlo, pero Honduras es un país pequeño y no es muy rico, por lo que creo que no se consideró tan importante para las ganancias de Facebook.

Creo que la gente tiene expectativas muy altas de las empresas de redes sociales. En parte porque a las empresas de redes sociales les gusta presentarse a sí mismas como muy amables y bien intencionadas, y en parte porque creen que las instituciones existentes han fracasado. No esperan que el Gobierno solucione el problema y, irónicamente, eso se debe a que muchos de los protectores tradicionales de la sociedad, como los medios de comunicación, se han visto debilitados por las redes sociales.

CC: Finalmente, ¿qué puede hacer la gente?

SZ: Creo que publicar artículos de noticias es importante. Es uno de los puntos de presión que escucha Facebook, lo sé. Y al final del día, si la gente deja de usar Facebook, esta no tendrá más poder, pero es poco probable que eso suceda. Pero si la gente amenaza con dejar Facebook, creo que la empresa se lo tomaría en serio. Sé que Honduras es un país pequeño, pero hay otros países que están pasando por cosas similares en América Latina. Entonces, si Facebook no enmienda sus acciones, en términos de tomar medidas enérgicas contra las redes de comportamiento no auténtico, la gente puede amenazar con irse, pero requiere que la gente actúe colectivamente y en grandes cantidades.

 

Maite solía permanecer sentada en el sillón grande de la sala. Se notaba que era el mueble más cómodo de la habitación, ideal para estar ahí por horas, o inclusive días enteros cuando Lucía no se encontraba.

La sala estaba pintada de color azul claro. Era lógico, dicen que es un color que ayuda a mantener la serenidad y la concentración. Las amplias ventanas se enmarcaban con largas cortinas doradas de un solo color, pero con un patrón en ligero relieve logrado con hilos de un dorado un poco más brillante, detalle de un gusto tan fino como todo lo que escogía Lucía y vestía Maite. Los muebles de caoba eran el más grande lujo de la habitación. Les seguía una suave alfombra color crema con finas líneas púrpura en sus bordes. En la sala no se atendía el teléfono y tampoco se leían libros. Para eso estaba el estudio, espacio que poco o nada frecuentaba Maite. Ella pasaba las horas al lado de pequeños cuadros con paisajes de lugares que Lucía nunca conocería.

Casi siempre, Maite parecía querer lograr tejer patrones con lana u ovillo, mientras diminutas agujas se posaban en sus manos y a veces, perdiendo el equilibro, caían de ellas. Lucía las recogía y volvía a colocar en las manos de Maite. A Lucía también le encantaba ayudarle a sacar las cosas del refrigerador en aquella cocina de azulejos naranjas. Le encantaban los detalles en las pequeñas latas y frascos, incluso de las botellas de vino y licor que Lucía no tenía permitido tocar en la cocina de su tía.  

Los azulejos naranjas tenían diferentes tonalidades que se intercalaban hasta rellenar el espacio entre el mesón y los gabinetes superiores. Las frutas y verduras solían verse secas y viejas en el tazón que permanecía inmóvil a un costado del lavadero, hasta donde Lucía debía llevar agua para poder ayudar a Maite a lavar los trastos y trapos que ella misma usaba.

Solo cuando Lucía tenía mucho tiempo libre, lograba dejar a Maite sobre la cama de la habitación en la planta superior, con el cuidado de dejar la ventana cerrada. ¡No vaya a ser que le dé un resfriado!, pensaba Lucía.

En los calurosos días de verano, a Lucía le gustaba llevar a Maite al balcón de su habitación y acomodarle ahí una pequeña mesa, con flores recién cortadas del jardín de su tía, al lado de una pequeña y delicada tetera color lila, con tazas pertenecientes a otro juego color cyan. Esas tazas cyan hechas con plástico barato le daban un poco de vergüenza a Lucía, pero para Maite servían y las lilas se habían extraviado, quizás el odioso perro de su tía se las había comido.

A lo largo de los años el tono de piel de Maite se iba oscureciendo mientras Lucía aprovechaba el tiempo con ella intercalando los convivios de habitación en habitación, pero aquel estudio blanco lleno de imágenes de arquitectura, pequeños libros multicolores y un teléfono sobre el escritorio de la esquina, parecía no ser muy popular entre Lucía y Maite, quizás porque Lucía nunca encontró la silla ideal.

Su madre, Julia, le había entregado esa casa de muñecas a los cinco años. Por tres meses la había construido con sus propias manos para Lucía, agregando al típico y básico diseño, un estudio que inspirara a la pequeña a atreverse a conocer el mundo a través de los libros y ayudarle así a soñar con su independencia. No tenían dinero para libros, eran un lujo, pero existía una biblioteca a dos cuadras de su casa.

Julia desapareció poco antes del cumpleaños número seis de Lucía. Su esposo huyó sospechosamente cuatro días después.

Lucía quedó a cargo de la tía mayor de Julia que vivía en las afueras. Ella, como muchas damas que se esfuerzan por mantener una impecable reputación frente a la sociedad, siempre decía a Lucía que el lugar de una mujer estaba en la cocina, el aseo y en el salón principal, como anfitriona de cualquier gala particular que a su marido se le ocurriera ofrecer.

Lucía nunca entendió por qué su madre había puesto un estudio al lado de la habitación de Maite. Veinte años después moriría asesinada en manos de un marido que no soportó la mancha sobre su corbata, mientras Maite permanecería estática en un baúl.

El abogado Omar Menjívar es candidato a alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Es la apuesta de defensores de derechos humanos y algunos movimientos sociales en el norte del país. En su primera experiencia en política, Menjívar se enfrenta al exviceministro de seguridad y alcalde por dos periodos consecutivos, el nacionalista Armando Calidonio. 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías de Martín Cálix y Catherine Calderón

Debido a la pandemia tuve que hacerle la entrevista por teléfono. Omar Menjívar atendió mi llamada después de múltiples peticiones de mi parte en pleno tiempo de campaña electoral (cuatro días antes de las elecciones primarias en Honduras), y es que Menjívar no solo estaba ocupado por las elecciones. Por su oficio como abogado le han llegado a llamar «el abogado de los pobres» porque se empecina en extender la mano a personas que, según él, han sido encarceladas injustamente: campesinos, defensores de derechos humanos, manifestantes, ambientalistas han estado en su lista de defendidos. Incluso la reconocida ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, fue defendida por este abogado en sus múltiples luchas contra el sistema de justicia que la criminalizó en vida. 

El 8 de marzo, en uno más de mis intentos por contactarlo, Omar Menjívar estaba en el juicio contra ocho ambientalistas de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, donde se ha desatado un conflicto socio ambiental desde 2018 entre la empresa minera Los Pinares y más de treinta campesinos opositores al proyecto de una mina de óxido de hierro en zona protegida.  

Casos de alto impacto están en la hoja de vida de Omar Menjívar, quien después del golpe de Estado de 2009 se dedicó a defender causas que lo han llevado a enfrentarse a personajes del crimen organizado y de élites económicas muy poderosas. Todo esto en medio de un contexto de violencia.

—¿Dónde aprendió los valores que actualmente lo llevan a luchar por sus causas sociales? 

—Uno los adquiere en la familia —responde Omar, tajante, como si fuera una obviedad—, a mí me crió mi abuelita, la mamá de mi papá. Entonces comprenderás que lo hizo con la rigurosidad de los valores de su época. 

Doña Lucila Castro Tejeda, la abuela de Omar, nació en 1905 y crió a Omar Menjívar en Catacamas, Olancho, una ciudad denominada —por el poeta y escritor Froylán Turcios— «Ciudad florida». Actualmente es el municipio más grande de Honduras con 7194 kilómetros cuadrados. Fue poblado antes de la llegada de los españoles por indígenas pech, y en principio era conocida con el nombre de San Cristóbal de Catacamas. 

«Los valores son encontrados de algún modo en la casa, pero los reforcé participando en el movimiento estudiantil desde los catorce años», confiesa Menjívar, y cuenta que toda su vida ha estado ligado a diferentes organizaciones populares y ha sostenido una estrecha relación con campesinos que luchan por el acceso a la tierra, con organizaciones de mujeres que luchan por la equidad y la igualdad de sus derechos y organizaciones magisteriales. 

«Mi ambiente fue ese. Y eso afinca y consolida esos valores. Esa fue mi escuela principal. Son valores muy arraigados», asegura Menjívar.

El abogado y candidato a la Alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Libre, Omar Menjívar, conversa con la familia de Rafael Flores Hernández joven asesinado por la policía en los bordos de Río Blanco. San Pedro Sula, 1 de diciembre de 2020. Foto: Catherine Calderón

Un disidente en su propio partido

 

Pero esos compromisos también le han llevado a ser un disidente en el partido que eligió para entrar en la política, el Partido Libre. 

El pasado 26 de febrero de 2021 seis personas fueron asesinadas en una masacre en la zona norte de Honduras. Entre las víctimas figuró el diputado suplente de Libre por el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Miguel Carrión. Algunos miembros de dicha institución política lamentaron el asesinato de Carrión, no obstante, muy pocos miembros hicieron memoria de lo que representó el nombre «Miguelito» Carrión para algunas familias del Valle de Sula. Menjívar fue uno de ellos, dejó a un lado la línea de su partido y prefirió ponerse del lado de las familias que, en su momento, él mismo defendió como profesional del derecho cuando estaban amenazadas de muerte por Carrión, quien había sido designado por EE. UU. como el cabecilla de una banda criminal

«Fue asesinado Miguel Humberto Rodríguez Carrión («Miguelito» Carrión). Debo decir que fui abogado de muchas de sus víctimas. En vida sembró muerte y miedo a incontables familias. El que tuvo, siempre fue el fin más probable para él. Lamentable la ausencia de justicia», fueron las palabras de Menjívar en su cuenta de Twitter, lo que generó asombro en muchas personas porque se trataba de un miembro de su propio partido.

La posición anterior sirve para entender lo que representa este profesional del derecho para muchas personas de San Pedro Sula. Muchos lo consideran una persona valiente, con ideas de cambio, que trascienden a su propio partido, a pesar de que es inexperto en política partidaria.

Pero para que se convierta en alcalde, Menjívar, tendrá que vencer a Armando Calidonio, el candidato del Partido Nacional, cuyo nombre se relaciona siempre con su mandato como viceministro de seguridad en los momentos en que en Honduras, los carteles del narcotráfico comenzaban a hacer alianzas políticas para su protección. El excomisionado Henry Osorto Canales, dijo a Canal 11 que antes de que Óscar Álvarez y Armando Calidonio tomaran posesión, «aquí se escuchaba poco de narcotráfico, pero ellos les dieron el auge y empezaron a controlar los grupos que se dedicaban a eso para apoyarlos y que les pagaran por cada cargamento de cocaína que circulaba en el territorio nacional», reveló. Calidonio no ha sido acusado formalmente por la justicia estadounidense ni investigado localmente. 

 

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Omar Menjívar obtuvo 10,000 votos menos que Calidonio, sin embargo, a pesar de que participa por primera vez en política partidaria, obtuvo cerca de 1000 votos más que el candidato del Partido Liberal, José Antonio «Toñito» Rivera, quien ha sido funcionario municipal en San Pedro Sula los últimos quince años. 

Calidonio obtuvo 25,077 votos; Omar Menjívar obtuvo 15,807 y  «Toñito» 14,876. Sin embargo, la cantidad de votos válidos en los tres partidos políticos de nivel municipal está muy pareja. El Partido Nacional obtuvo 35,161 votos válidos, el Partido Libre 35,611 votos válidos y el Partido Liberal 38,635 votos válidos.

«La candidatura que ahora tengo no fue algo que yo busqué, sino que fue un movimiento de organizaciones sociales, que se plantearon un rescate para la alcaldía de San Pedro Sula. Esta idea la plantearon diferentes líderes de partidos que resultaron ser de diferentes corrientes y que acogieron la idea y se involucraron», afirma Menjívar. 

En Honduras el rendimiento de cuentas de los candidatos debería ser público, pero hasta ahora no han existido reportes de las autoridades encargadas. Existe la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, lo cual constituye un mínimo avance, sin embargo, hasta ahora es poco conocido lo que los candidatos gastan en campaña. 

Por otra parte, la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como Unidad de Política Limpia, no ha cumplido con el trabajo que le designa la ley. Actualmente esta institución no goza de independencia institucional porque está adherida al CNE (el ente electoral cuyos titulares son representantes de partidos políticos). Por otro lado, la unidad cuenta con un raquítico presupuesto (hasta febrero apenas 50 millones de lempiras), situación que permite el debilitamiento institucional y la continuación del financiamiento de campañas por parte del crimen organizado y narcotráfico. 

Los candidatos para la alcaldía de San Pedro Sula, Armando Calidonio y «Toñito» Rivera, no han hecho públicas las aportaciones de sus campañas. pero Menjívar compartió su reporte de gastos de campaña con Contracorriente y dijo que ronda los 349,468. 47 lempiras. Afirmó que dentro de ese presupuesto no se cuenta con una donación de 30 mini vallas que le proporcionó uno de sus amigos de Tegucigalpa, además se hizo una inversión en videos y redes sociales. Mejívar aclara que los fondos de su campaña provienen de aportaciones de los compañeros de su campaña, familiares suyos, amigos, una diputada y fondos propios. Sin embargo estas declaraciones no están detalladas en ningún portal público. 

«Nunca tuve seguridad de ingresos fijos. Siempre tuvimos que andar a las carreras porque no teníamos con qué pagar el sonido de alguna actividad como alguna caravana, pese a que ya lo habíamos contratado, pero a la hora de pagar no teníamos la plata. De vez en cuando recibía un aporte de hasta 20,000 lempiras, como de parte de la licenciada Patricia Murillo», explicó Menjívar.

El abogado y candidato a la Alcaldía sampedrana por el Partido Libre, Omar Menjívar, durante un conservatorio sobre el nuevo Código Penal hondureño. San Pedro Sula, 24 de agosto de 2019. Foto: Martín Cálix.

De fiscal a la política

 

En diciembre del año 2000, Omar Menjívar ingresó al Ministerio Público (MP) como fiscal y estuvo ahí hasta agosto de 2007, con asignaciones en los municipios de Santa Rosa de Copán, zona occidente y en su natal Catacamas, en el oriente del país. Sus últimos años como fiscal los desempeñó en las oficinas de la Fiscalía de Delitos Comunes y en la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula, departamento de Cortés, ciudad en donde finalmente se radicó desde el año 2001 hasta la actualidad. Durante su gestión como fiscal, especialmente en Catacamas, estuvo a cargo de casos importantes en un momento en el que la credibilidad del MP estaba seriamente cuestionada.

«En el MP de algún modo perfeccioné los conocimientos profesionales en materia de derecho penal y del proceso penal. Mi formación en valores me hizo seguramente tener un desempeño como fiscal apegado a la justicia. Lo que me enseñó el MP fue perfeccionar mis conocimientos profesionales sobre el derecho penal y la ciencia jurídica del derecho, porque además estudié un posgrado en derecho penal estando en el MP», cuenta Menjívar.

El candidato a alcalde de Libre expresa que igualmente siempre tuvo conciencia y el entendimiento necesario del papel que debe cumplir el MP. 

«Yo traté de ajustarme como servidor del MP a esa finalidad que le da sentido que es facilitar el acceso a la justicia. Especialmente en materia penal a las víctimas de delitos. Traté de hacer ese trabajo como debía ser».

Entre los años 2007 y 2010 fungió como jefe de la sección legal en la región noroccidental en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel). Renunció a su cargo tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, porque el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó a Honduras en el período 2010-2014 nombró como gerente general de Hondutel al jerarca militar Romeo Vásquez Velásquez, quien entonces era el exjefe del Estado Mayor Conjunto y había sido el ejecutor material del golpe de Estado contra Zelaya. 

«Lo nombraron gerente de Hondutel (a Romeo Vásquez Velázquez) y yo desde luego no podía estar en una institución rectorada por un personaje como ese. Así que yo renuncié en abril de 2010», confiesa Menjívar. 

Desde su renuncia a Hondutel, nunca volvió a trabajar con el Estado de Honduras. Se dedicó a ejercer como abogado independiente, pero esta vez decidió poner sus conocimientos en derecho penal al servicio de causas casi perdidas.

—¿Por qué decidió usted defender a Berta Cáceres o luchar por la libertad de José Isabel «Chabelo» Morales y por qué ha decidido buscar la Alcaldía de San Pedro Sula, en un país que está controlado por el crimen organizado y narcotráfico?

—Por haber estado en contacto con la realidad y ver la injusticia que vive el pueblo en general. —responde tajante. 

Menjívar sostuvo una férrea defensa, por varios años, de José Isabel Morales, un campesino de escasos recursos mejor conocido como «Chabelo», quien fue acusado injustamente por once homicidios en la denominada masacre del Silín, registrada en 2008, por la cual estuvo preso durante siete años. En dicho hecho, las víctimas fueron los familiares del comisionado de Policía en condición de retiro Henry Osorto Canales. «Chabelo», este campesino de la comunidad Guadalupe Carney en Trujillo, estuvo preso los primeros dos años sin sentencia firme y fue enjuiciado en dos ocasiones de forma arbitraria, fue sometido a tres juicios y salió en libertad gracias a que Omar Menjívar nunca se rindió y recurrió en dos ocasiones a recursos extraordinarios de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Víctor Fernández, excoordinador de fiscales y actual apoderado legal de la familia de Berta Cáceres, asegura que, aunque nunca ha creído en la política electoral, el abogado Menjívar es un candidato confiable para ser alcalde de San Pedro Sula. 

«Estoy seguro que afrontará los riesgos y nunca negociará los intereses del pueblo. Es una persona con formación humana y profesional y ha demostrado sus capacidades. También sabe abrirse a los consejos y a la asesoría de otras personas capaces en los asuntos que le demandará el Gobierno local y que no son de su formación y práctica cotidiana», sostiene Fernández.

 

En el caso Pandora

 

En febrero de 2019, Omar Menjívar sorprendió a muchos al tomar un caso para defender a un imputado en el caso de corrupción Pandora, uno de los más emblemáticos casos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih), pero le puso una condición a su cliente Fernando Suárez: que reconociera su culpabilidad y su participación en una red de corrupción que era encabezada por la fallecida Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Menjivar, como abogado defensor de Suárez, dijo que su cliente buscaba la redención al confesar su participación en una red de corrupción en la cual se saquearon casi 300 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Las revelaciones alcanzaron al presidente Hernández y a sus más cercanos colaboradores de saquear fondos públicos. 

«Es que el sistema nuestro siempre funciona de manera selectiva en lo que tiene que ver con justicia y toca enfrentarse a ese sistema, no es a un juez que se enfrenta uno y tampoco a un fiscal, uno se enfrenta a un sistema completo en el que el fiscal es solamente una pieza, en donde este puede ser removido o puede ser sustituido por otro que va a ser exactamente lo mismo, desde luego que hay excepciones y uno tiene que reconocer  esas excepciones. Son muy escasas y simplemente confirman la realidad que hemos vivido», afirma.

Y ahora en la política, Menjívar busca «hacer cambios». «Definitivamente las cosas solo deben cambiar si nos decidimos tomar el poder, realmente considero que la protesta social es fundamental y determinante para lograr cambios, pero la única garantía que tenemos los ciudadanos, de que las cosas se pueden hacer como el pueblo reclama, es que el pueblo tome el poder y yo me he involucrado en esto, entendiendo que desde el poder es donde se gestan los cambios, cuando existe voluntad, desde luego, cuando ese poder es un poder popular», dice.

 

La administración de la alcaldía sampedrana

 

Una de las críticas más sonadas de la alcaldía sampedrana es la cantidad de activistas y sobrepuestos que existen y que terminan afectando las arcas municipales. Menjívar añade que una de las características de esta alcaldía de Armando Calidonio es la opacidad.

«No se sabe y no hay manera de saber datos exactos. Se conocen datos generales como por ejemplo el presupuesto que en los últimos años ha sido superior a los 5000 millones de lempiras. Para este año ocurrió algo que no termino de entender, que el presupuesto tuvo una reducción de casi 700 millones de lempiras. Para este año anda alrededor de los 4000 millones de lempiras. Pero la deuda que tiene anda cerca de los 7000 millones de lempiras, lo que quiere decir que la deuda es superior a la totalidad del presupuesto anual de la Alcaldía. En San Pedro Sula están concentrados los poderes económicos más fuertes de Honduras. Y la Alcaldía es la expresión. Es una de las cosas que se denuncian en la campaña. El alcalde Armando Calidonio y la Alcaldía no trabajan para la gente, porque uno va a los barrios y zonas populosas de San Pedro Sula, que concentran probablemente el 90 % de la población y uno lo que ve ahí es la ausencia absoluta de la Alcaldía. El abandono total del Gobierno municipal», sostiene.

Menjívar dice que de llegar a la Alcaldía de San Pedro Sula buscaría impulsar un modelo de gobierno que sea participativo e inclusivo, pero que sea la expresión genuina del poder popular. Afirma que este debe ser construido y es una tarea que es permanente y que la gente que está involucrada en su candidatura está comprometida con eso.

Menjívar establece que en estos lugares las calles son un desastre y los centros de salud o centros educativos, algunos que están a cargo de la Alcaldía, están abandonados: «Uno ve el abandono, no hay médicos ni medicinas y algunas veces están cerradas las instalaciones físicas. Porque el Gobierno se dedica a un sector muy reducido, al sector que concentra el poder económico. Por eso proponemos que el Gobierno se haga de manera conjunta con la gente e incluso descentralizar el Gobierno municipal. En las zonas más grandes como La Satélite, Rivera Hernández, Chamelecón, que tienen cerca de 282,000 habitantes, es una región enorme. Y Cofradía tiene más de 200,000 habitantes. Esos sectores deben tener una especie de vicealcaldía en la comunidad. Allí debe ser ejercido el Gobierno local por la gente de la comunidad. Con una oficina municipal que atienda las necesidades de la gente, atendida e integrada por gente de la comunidad», establece.

Bajo la administración de Armando Calidonio, el presupuesto de la municipalidad sampedrana ha crecido en más del 100 % respecto al último año de su antecesor, el liberal Juan Carlos Zúniga.    

En 2019 el presupuesto municipal de San Pedro Sula fue de 5,277 millones.  Para el 2020, disminuyó a 4,998 millones de lempiras. La pandemia de COVID-19,  ha provocado una rebaja para el 2021 de 4,294 millones, respecto al año anterior tuvo una reducción de 704 millones.  

En enero del 2021, la deuda de la alcaldía municipal alcanzó los 2,870,392,424 de lempiras con la banca nacional, esto de acuerdo a lo publicado en el portal de transparencia de la Municipalidad. La mora está repartida así: Banco del País (956,797,474.82), Banco Atlántida (861,797,727.35), Banco Ficohsa  (669,758,161.2), Banco Ficensa (191,359,494.97) y Banco de Occidente (191,359,494.97).

«Es exagerado el número de paracaidistas. Hay datos que se conocen que hay cerca de 9000 empleados que tiene esa Alcaldía, cuando podría funcionar correctamente con unos 2000 o 2500 empleados. Todas esas revisiones habrá que hacerlas al tomar posesión del gobierno», afirma.

Para la abogada Brenda Mejía, quien ha trabajado protegiendo a personas vulnerables de San Pedro Sula, Omar Menjívar es un gran profesional: «Me parece que sería un excelente alcalde, porque además de ser una persona muy transparente, es una persona fuerte con convicciones y compromisos firmes que haría mucho bien a una ciudad que ha sido destruida por intereses de grupos. Haría muchas estructuras a favor de los que más necesitan y que han sido golpeados por todos estos alcaldes negligentes y mediocres que solo quieren ir acomodados a intereses de empresarios», afirma Brenda.

El analista político Leonardo Pineda, director de la organización juvenil Jusive en esta misma ciudad, cree que el actual alcalde nacionalista de San Pedro Sula, Armando Calidonio, ha contado con una estructura gigantesca que va a hacer muy difícil la competencia. Sin embargo, reconoce que dentro de Libre está la candidatura del abogado Omar Menjívar que puede tener amplias posibilidades para vencer a Calidonio si logra algún par de alianzas más.

«Es un muy buen candidato. Tiene mucho margen de ventaja en relación con otros candidatos en San Pedro Sula y está encontrando simpatías en algunos sectores de la ciudad en donde el voto es más razonado que en otros sectores», dice Pineda.

Las elecciones generales serán el último domingo de noviembre del presente año. Omar Menjívar, una persona nueva en política y con una amplia trayectoria como defensor de derechos humanos, se ha lanzado a la arena. Tocará ver si la institucionalidad electoral hondureña ofrece resultados transparentes y si los sampedranos le otorgan el voto.

 

***NOTA: Al momento del cierre de esta nota los datos de votos válidos eran 35,161 para el Partido Nacional, el Partido Libre tenía 35,611 votos válidos y el Partido Liberal 38,635 votos válidos. Pero para el día jueves 15 de abril los votos válidos del partido nacional subieron de forma abrupta a 42,667; mientras que el Partido Liberal subió a 38,680 y el partido Libre a 35,673.

El Partido Nacional incrementó 7,506 votos válidos en menos de 24 horas; mientras que el Partido Liberal aumentó apenas 45 votos y Libre apenas 62 votos.

Por Claudia López

Ahora que Juan Ángel tiene dos años, recuerdo los desvelos de su primer año de vida, mis frustraciones, las culpas por mi impaciencia por no ser —según yo— una buena mamá. Aún resuenan algunas palabras —a lo mejor bien intencionadas— de otras mamás, las cuales sentí como señalamiento o juzgamiento y que me siguieron como la sombra de «mi fracaso en esta empresa de la maternidad».

Saberme padeciendo depresión posparto, me terminó de convencer que él sería mi único hijo, en ese tiempo me dije: «soy buena en todo lo que hago, pero no tengo «madera de mamá»». Es un hecho, no tendré otro hijo o hija más. Esta decisión la reafirmé recientemente, pero ahora por otras causas (la pandemia, entre otras razones, vino a confirmar mi postura). 

En cuanto a la maternidad el feminismo me ayudó a comprender que lo duro no es en sí ser madre, sino que es maternar por diversas circunstancias sin la justa corresponsabilidad, es maternar con todas las exigencias, estándares e imposiciones del patriarcado al margen de nuestros propios deseos y necesidades, es maternar solas temiendo pedir ayuda para no ser juzgadas de incompetentes y otro sinnúmero de cosas. 

Siento que finalmente he rescatado la esencia de maternar desafiando esos mandatos. Pero de todo lo aprendido de algo estoy casi segura y es que el universo, ancestras, ancestros y el dios de la vida, se confabularon para que esta irreverente, soñadora, idealista e intensa mujer que soy fuera mamá. Juan Àngel y yo estábamos destinados a caminar juntos, a conocernos y  amarnos. Las noches en las que de nuevo èl ha querido retornar a sus «hábitos de desvelo» —períodos que recordándolos ahora no parecen tan largos, pero que viviéndolos sentía que se iba mi vida— van superándose. 

Ahora veo todo con más claridad y voy remando a formas de verme sin juzgarme, y es que el patriarcado se había encargado de socializarme un modelo de mamá que no pude ser y que en ese intento de encajar y ser yo, atravesé enormes luchas y contradicciones, esa forma de ser mamá que me niego a ser, pues aspiro a liberarme de estereotipos. Y en ese caminar me he determinado a no romantizar la maternidad y que aún contra todo juzgamiento siempre me voy a negar a decir que el cansancio del desvelo y el dolor de la cesárea terminan con solo ver a un hijo, ya que en mi caso no fue cierto.

Lo que sí diré es que aún sin ser obligación de mi hijo —pues no quiero cargarlo con mis propios demonios y luchas— y parafraseando a René Pérez: «vino a enseñarme cómo es que se aprende», entre otras cosas, que la impaciencia es pésima aliada cuando de bebés se trata, que despacio se vive mejor, que ahora no puedo comerme el mundo, que ya habrá tiempo para escribir con más rigor, entre muchas otras cosas.

Mi hijo vino a ser luz en los días en que pensé que no tenía sentido vivir. Químicamente mi cuerpo padecía la ausencia de serotonina, pero saberlo tan frágil me llenó de fuerza para seguir aún en la inmensa tristeza. De nuevo soy disidente al decir que no lo amé al verlo por primera vez, sentí miedo, pero a la vez la inmensa determinación de protegerlo. Lo amé al conocerlo y conocernos, así como se construye el amor verdadero, fuimos paso a paso acoplándonos uno al otro, fuimos viéndonos cada día y yo me vi en los más hermosos ojos negros: sus ojos.

Me sorprende la manera en que me mira, es como si observara todo el universo, esa expresión sí puedo decir que es única e irrepetible. Despertarme y verlo jugar a «decir las letras», jugar a cantar el Sapo Pepe, que me espere cada tarde junto a la ventana e impaciente me vea caminar afuera mientras termino el ritual de desinfección y que cuando entro corre a abrazarme. Sentir su corazón latir de emoción cuando lo cargo en brazos y que dulcemente me tome la cara y sonría, que corra tras de mí cuando voy a impartir la clase para ver las novedades de un ordenador y tocarlo todo, que elija la pijama que voy usar para dormir, la sorpresa en sus ojos y el embeleso al ver a un gato, verlo reír a carcajadas, esos momentos son un tesoro. 

Felizmente he aprendido que no existe tal mamá perfecta que construye el patriarcado, caminar en feminismo me ha liberado, poder verlo crecer como un niño amoroso, feliz y seguro me reafirma que hasta ahora vamos bien, que soy la mamá que necesita mi amado Juan Ángel, y que voy a acompañarlo siempre que requiera de mis cuidados.

Después de tener el frasco en mis manos, recordar mis síntomas y pensar que era el puto virus, pero no, no era el virus —tampoco estaba paranoica— pensé en llamarlo y hablar sobre este asunto, pensé todo, pero decidí hacer lo contrario, jugar su juego, aunque eso significara planear mi propia muerte. Pasaron los días, llegó de El Progreso, nos vimos en el mismo hotel de siempre: el Excelsior. Compré vino, regalos para él: un perfume —su favorito— un par de libros, revistas. Yo me vestí radiante para ese día: vestido largo, cabello suelto, maquillaje neutro, labios rojos. 

Tenía coraje contenido, pero debía calmarme, había una palabra que no se me iba de la cabeza: ¡fluraner! La anoté en mi libreta, en grande y con letras de colores, anoté todo sobre esa palabra. Llegué primero, pedí la mejor habitación, subí al quinto piso, habitación 345, abrí, era perfecta, completamente iluminada, la revisé detenidamente, en el tocador encontré una nota que decía: «esa no es la palabra clave. Perdiste Marbella», no tenía firma de quién la había escrito… yo estaba asombrada, pero respiré, me senté en la cama y esperé a que él llegara. Llamaron a la habitación para confirmar que ya se encontraba en la sala de espera. Di la orden de que subiera, cada minuto era una eternidad. ¡Fluraner! Seguía sonando. Tocaron el timbre, me acerqué al espejo, me vi por unos segundos. Le abrí, él traía un ramo de rosas, chocolates, comida china. 

—¿Cómo estás? —preguntó.

—normal —respondí— ansiosa por verte. 

Me abrazó, casi rompo en llanto. Pero logré calmarme. 

—¿Pasa algo, cariño?

—Nada. —Respondí.

Le mostré la habitación. Vi que él dirigió su mirada al tocador, es hermoso le dije, quiero uno de esos para mi casa. ¡Flunarer! Recordé, actué normal, comimos, hablamos de sus viajes entre otras cosas. Vi la palabra escrita en su antebrazo derecho, quedé paralizada. El se acercó me dio un beso apasionado, me llevó a la cama, me desvistió, mi corazón latía a mil. «¡Marbella! ¡Marbella!, relájate», 

«Todo pasará rápido, no sentirás dolor», escuché, abrí los ojos, una habitación acolchonada, mis brazos atados, su nombre escrito en la pared cientos de veces, 

Haberlo encontrado con otra fue nuestra ruina, fluraner fue el mejor antídoto para acabar con ambos, a mí, me encontraron a tiempo, pero hasta hoy reacciono. Recortes de la noticia pegados en la pared, varios doctores entraban y salían, todos ellos debían morir, no estaba en un coma profundo, aprendí de memoria cada medicamento que me inyectaban, sé cómo acabar con ellos. Sé el secreto, pero debo seguir en este hospital de mala muerte, fingir locura y escapar con lo que tengo guardado. Hay un cómplice conmigo, él prepara la fórmula, pero esta vez yo no fingiré mi muerte. 

Esta es la historia de un memorioso que pierde la memoria. Pasaba al lado de una inmensa procesión y las rancheras se escuchaban alto, el féretro en una vitrina era llevado al cementerio, lugar donde no cabía un muerto más, las estructuras no estaban bajo tierra, eran edificios altos con muchas ornamentas. Gabriel se dirigía al trabajo, apenas notó la procesión, miró, suspiró y siguió. Al llegar a su cabina observó: el balance de cuentas no cerraba, se sentó, presenció la queja de su jefe y siguió en el quehacer de todos los días, acciones y tabulaciones, todo lo escribió.

«Salió la caravana de migrantes», dijeron los noticieros, escuchó la noticia, suspiró y siguió. Gabriel no tenía noción del tiempo y tampoco de recuerdos, no lo escribió. 

Pasaba con tríos de guitarras otra procesión, la ciudad inauguró el nuevo cementerio, observó y suspiró. Gabriel no rememoraba, si no mal recuerdo, que tenía trabajo extra, llegó a su casa y revisó el calendario, era su cumpleaños número treinta y además era jueves, salió apresurado al trabajo.

Pasaba con música marcial otra procesión, el ataúd era seguido por muchísima gente, lo observó y suspiró, ese día perdió su trabajo y entre su falta de memoria solo podía pensar en cómo llegar a su casa, olvidó escribir la dirección. 

«La segunda caravana», volvían a anunciar los noticieros y los diarios, ahora con muchas más personas, Gabriel solo quería recordar cómo llegar a casa de su madre, más tarde fue trasladado de urgencia al hospital.

Una hilera de cadáveres era llevada a la morgue, unas horas antes cientos de sirenas alarmaban el fatídico accidente, solo alertas de televisión. Gabriel comía una minuta acompañado de un gentío enfermo en una pequeñísima sala de un pequeñísimo hospital. «La caravana de migrantes se ha detenido en México; se han peleado con la guardia del país, los connacionales regresan en masa a Honduras», escuchó y suspiró. Así lo escribió.

Gael ya no recordaba su nombre, reconocía en reiteradas ocasiones la imagen y voz de su madre, pensaba en las procesiones y en su estadía en el hospital. 

«Una procesión de muertos vivientes pasa frente a la alcaldía con pancartas de derechos humanos», anunciaron, Gael la observó y suspiró, no recordaba nada, descansaba a todas horas.

Una intensa eucaristía en el templo más grande, había «muerto» un reconocido defensor; la inmensa procesión, hasta con banda, acompañaba al féretro hacia la sepultura, no recordaba muy bien, pero sí recordaba que muchas personas lamentaron la pérdida. 

La tercera caravana migrante salía del país; esta vez Gael la observaba desde la ciudad de las montañas, ya no recordaba quién era su madre. 

Una muy pequeña procesión acompañaba a don José, el «tulio» de la colonia donde estaba la casa Ramírez, Gael Ramírez o Gabriel Ramírez, tengo dudas del nombre. De momento, Ramírez se puso de pie y salió, acompañó y apoyó la procesión durante el recorrido, saludó a los desahuciados, los podía recordar; no sabía quién era él y no sé sí lo necesitara saber o le interesara. Con la ayuda de muchas personas llegó de nuevo a su casa, se encerró y no volvió a salir. 

Recordatorio: Gael Gabriel no podía recordar nada sobre él, recordaba su estancia en el hospital y las infinitas procesiones, las contadas y descuidadas caravanas, al ser lo único que no podía relegar le causaba mucha alegría, el dolor de muchos que por alguna razón todos los demás olvidaban. 

Una procesión pasó por las calles, unas cuantas personas lloraron al difunto, tuvo que ser colocado en modernos mausoleos del nuevo cementerio.  

Texto de Melissa Raudales

Fotografía de portada de Deiby Yánes

Siempre que veo en las noticias que se anuncia una próxima caravana de migrantes me pregunto ¿por qué se van?, ¿de dónde sale tanta gente?, ¿quién organiza estas caravanas? Son pocas las respuestas que llegan a mis oídos. 

Honduras es un país hermoso, lleno de posibilidades que se quedaron en lo abstracto, intangibles como la esperanza. Justo esto último es lo que mueve a cada persona que agarra su mochila y la mano de su hija para caminar más de tres mil kilómetros, a lo que creen puede ser una vida mejor.

María, una joven de 29 años de Villanueva, Cortés, viajaba en la caravana de enero de 2021 con sus dos criaturas de apenas 8 y 5 años: «¿Por qué te vas en la Caravana?», le pregunté. En ese momento yo estaba haciendo monitoreo e identificación de personas con necesidad de protección por parte de la organización humanitaria en la que trabajo. «Me voy porque estoy cansada de luchar, perdí mi “jacal” por los huracanes y era todo lo que tenía», me respondió.

La cara de los niños viéndome desde la banqueta, aferrados a su madre, inciertos por lo que pasaba me atornillaba el alma, le pregunté: «¿Usted se ha ido antes o es su primera vez?». Ella se tomó una pausa y viéndome directamente a los ojos y lagrimeando —como si pensara que yo la estaba juzgando por su decisión— me dijo: «No, es mi primera vez. En el nombre de Dios que todo me salga bien. Llevo a mis dos hijos porque no tengo con quien dejarlos. El papá de ellos nunca se quiso hacer responsable, solo me dejó a mí con todo, yo vendía tortillas y lavaba ropa para poder mantenernos, pero aquí no se puede vivir, a mí nadie me ayuda, soy madre soltera y vivo en la calle».  

Me puse en cuclillas para poder romper esa distancia y altura que nos dividía, ya que ella estaba sentada en la banqueta y yo de pie al frente suyo. Esta vez, yo hice la pausa después de escuchar lo que me dijo y es que lo sentí en lo profundo, sobre todo por ver a una mujer de mi edad, en circunstancias tan diferentes, una mujer que probablemente por amor había confiado en un hombre que solo la engañó e ilusionó con un hogar que nunca existió, que la abandonó como quien deja un par de zapatos en casa. «¡que sistema patriarcal injusto!», pensé. 

«No se sienta mal por la decisión que ha tomado, usted está haciendo lo que considera necesario para sobrevivir y tener una vida digna, eso no es un crimen y tampoco es un pecado, es un derecho humano», le dije, como si fuera un consuelo.  Le di una sonrisa y un abrazo. Seguidamente le comenté sobre los riesgos que enfrentaría en esa ruta migratoria, ya que por mi trabajo humanitario me ha tocado analizar, monitorear y darle atención psicológica a muchas personas migrantes que aún no han tomado la decisión, otros que van en tránsito, y algunos que retornan o les deportan. Es inevitable no pensar en los traumas que esto les dejará para el futuro y que esos kilómetros de arduo viaje le marcarán para toda su vida.

Uno de sus hijos me recordó inmediatamente a otra niña que conocí en la caravana del 15 de octubre de 2018, su nombre era Ángeles, de 10 años de edad, despeinada, de una tez blanca y ojos grandes, negros y brillantes como luna.  Me quedaba viendo de reojo mientras yo hablaba con su madre y tías, también queriendo conocer las razones por las cuales migraban. Se escondía detrás de la pierna derecha de su madre y mientras intentaba taparse la boca con sus pequeñas manos, me dijo: «Con tal vaya con mi mami, yo camino hasta el fin del mundo», su respuesta me dejó sorprendida. Sonaba más congruente que muchos adultos que he conocido.  

Nos despedimos y le deseé la mejor de las suertes, yo tenía que seguir mi trabajo y ayudar a un mar de gente, aproximadamente tres mil quinientas personas marchaban al mismo paso. Por razones de emergencia, el vehículo de mi organización tuvo que realizar funciones de ambulancia, la crisis migratoria era tanta y la respuesta por parte del Estado y la asistencia humanitaria era poca en aquel entonces. 

Me tocó hacer varios traslados a personas por deshidratación, ayudando a mujeres con niños —desmayados del cansancio— a llegar a un punto en el que les pudieran brindar primeros auxilios. Para mi sorpresa, después de veinte kilómetros de caminata volví a encontrarme con Ángeles, ella ya no tenía la misma sonrisa, el sudor en su frente había empapado su cabello y bajado a sus grandes ojos, ya no podía caminar más. Decidimos subirla al vehículo, junto a las tres primas, dos tías y su madre, éramos muchas personas y yo me ofrecí a cargar a Ángeles, la pequeña gritó y dijo «¡Sí! Yo me voy con ella», como un último suspiro antes de caer rendida del sueño en mis brazos. 

Ahora ya no sé qué habrá sido de la vida de esta pequeña, si lograría sobrevivir al reclutamiento forzado que hacen Los Zetas, ese sanguinario cartel de México que ha cobrado, secuestrado y desaparecido tantas vidas en la ruta migratoria; si habrá llegado a EE. UU. y la política «Tolerancia Cero» que dejó Donald Trump le separaría de su familia y la dejaría en una celda para niños o con una familia desconocida temporal. De todas las posibilidades de ese viaje, eran pocas las positivas. 

En esa misma Caravana de octubre de 2018 —la primera vez que salían tantas personas de esa forma— conocí a un señor que se me acercó «¡Disculpe, señorita!, ¿podría por favor regalarme una llamada de teléfono? es que salí hace dos días de mi pueblo y no tengo como comunicarme con mis papás y deben estar preocupados, porque saben que me vine en la caravana, ¡se lo ruego por favor!». Este hombre de poco más de treinta años iba caminando con un par de pantuflas gastadas. «¡Papá, ya voy por Ocotepeque, ya estoy en la frontera con Guatemala, no se preocupe por mí, voy bien. Dígale a mamá que ya puede estar tranquila, ya saliendo de Honduras nada me va a pasar, aquí voy con la niña y Marisa. Los quiero mucho y oren por nosotros». Me entregó el celular y me preguntó: «¿Cuánto le debo señorita?», con un tono de voz de agradecimiento y una calma por haber satisfecho su necesidad de comunicación con sus familiares.

«¿Y usted por qué se va en la Caravana?», le pregunté, el hombre me quedó viendo con cara de incertidumbre, como que le transmitía confianza, pero no la suficiente como para contarme sus razones, eso hizo reafirmar mi hipótesis de que este señor y su familia estaban huyendo de algo, y yo quería saber que era, para ver cómo le ayudábamos. Los riesgos que corrían él y su familia eran inminentes, puesto que iba huyendo de las mismas fuerzas estatales de las cuales en su pasado fue parte. Logró llegar hasta Estados Unidos, meses después se comunicó conmigo, es el único caso que he atendido en tránsito y que me ha escrito para contarme sus novedades. Me comentó que había solicitado refugio y que ya solo le faltaba una cita en la corte para que se lo aprobaran, vivía en una casa muy bonita y la niña ya asistía a la escuela, estaban esperando otro bebé con su esposa Marisa. Me agradeció de mil maneras el haberlo intervenido en la frontera de Honduras, ya que el miedo que llevaba en ese entonces, no le permitía ni siquiera sobrellevar el riesgo que corría. Mi emoción al tener esta información fue muy grande, ya que los resultados de tomar esa ruta migratoria son tan inciertos, pero sobrevivió a los riesgos del camino, no lo desaparecieron y pudo establecerse en EE. UU. 

La semana pasada salió una nueva caravana de migrantes o «flujos migratorios mixtos», como le llaman los académicos y expertos. Muchas personas nuevamente la consideraron como una posibilidad de dejar estas honduras, ya que en las periferias cuesta tanto salir a flote y respirar. En esta caravana vimos de nuevo a mujeres, niñas y muchas personas huyendo de múltiples realidades. Partieron justo en una Semana Santa, en un país tan creyente de los pasos de Jesús, teniendo presente de que somos humanos y que somos de la misma tierra llena de montañas y eternos veranos de Centroamérica. La caravana se disolvió, igual que los sueños de todas esas personas que intentaron una vez reconstruir su vida y la de los suyos.

A pesar de que las autoridades hondureñas han manifestado públicamente que existe un contrato para la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, la Secretaría de Salud negó a Contracorriente la información del contrato solicitado vía Ley de Acceso a la Información Pública, aduciendo que la vacuna está en proceso de adquisición. 

Texto: Lizz Mejía

Fotografía: Martín Cálix

En los primeros días de marzo de 2021, el Gobierno de la República dio a conocer que se había llegado a un acuerdo de compra de la vacuna con la Federación Rusa. Según las notas de prensa de la Presidencia y la Secretaría de Salud, el Estado de Honduras planificó entre febrero y marzo la adquisición de 4,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que serían utilizadas para inocular 2,1 millones de hondureños, un poco menos de la mitad de los ciudadanos elegibles para la inmunización.

En una nota de prensa publicada el pasado 9 de marzo en portales oficiales del Gobierno, se da a conocer que Alexander Nikolaevich Khokholikov, embajador ruso concurrente para Honduras, confirmó que existe contrato y que este llegaría a Honduras entre el 9 y 10 de marzo,  ya firmado por Rusia y para formalizar la compra de la vacuna contra la COVID-19.

En esa misma nota el presidente Juan Orlando Hernández declaró: «el embajador de Rusia, Alexander Nikolaevich Khokholikov, me dijo: “presidente, ya vienen los parámetros del acuerdo firmados”, y los equipos de las secretarías de Salud y Finanzas, así como los veedores sociales, revisaron y enviaron el documento a Rusia. Estamos esperando que entre hoy y mañana se confirme la llegada del cronograma de los lotes con la respectiva rúbrica».

Solicitamos el contrato a las secretarías de Salud y Finanzas. El día que se ingresó la solicitud de información se obtuvo respuesta de la oficial de información pública de la Secretaría de Finanzas, quien aseguró mediante un correo electrónico: «la institución responsable de proporcionar lo referido es la Secretaría de Salud, es por ello que le proporciono los datos del oficial de información pública de dicha entidad a fin de que le brinden lo descrito».

Al no recibir respuesta de la Secretaría de Salud, se solicitó la información a la Agencia de Regulación Sanitaria. Esta institución respondió a través de correo electrónico «que esta institución no tiene competencia ni facultades legales para comprar vacunas Sputnik V. En ese sentido, no cuenta con contratos de compra de ese producto».

Finalmente, el 22 de marzo, la oficial de información pública de la Secretaría de Salud respondió a la solicitud, enviando un archivo en Pdf que contenía una nota con fecha del 15 de marzo de 2021, indicando que no puede proporcionar el contrato ya que «esta Secretaría de Estado está haciendo el proceso de adquisición de la misma», firmada por la abogada Sara del Carmen Álvarez Sánchez, secretaria general de esta institución.

Hasta la fecha, se desconoce cuándo llegará a Honduras la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia, y por la respuesta de la Secretaría de Salud está en duda la existencia de un contrato. En una entrevista televisada, el titular de la Secretaría de Finanzas, Marco Midence, aseguró que todavía no se ha hecho desembolso alguno y agregó que fueron informados que la capacidad de producción de la vacuna aumentó pero no han dado el número de lote que será enviado al país.

Durante la pandemia, las instituciones públicas no han sido transparentes en el manejo de la emergencia. Vladimir Mendoza, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), comentó a Contracorriente en el mes de noviembre, que durante el 2020 se han remitido alrededor de 400 casos a la Procuraduría General de la República por negación de información por parte de instituciones públicas, pero el IAIP no tiene el recurso humano y técnico para llevar todos estos casos legales. 

No es la primera vez que la Secretaría de Salud nos niega información que debe ser pública. El 18 de junio de 2020, este medio de comunicación solicitó mediante el Sielho, los resultados de la prueba de detección de COVID-19 realizada al presidente Juan Orlando Hernández, ya que el mandatario, en una comparecencia de prensa, dio a conocer que él y su esposa habían recibido los resultados de las pruebas y el resultado era positivo. Después de esto, la oficina de la Presidencia de la República emitió un comunicado reforzando las declaraciones e indicando que la prueba positiva era una PCR para la detección del virus. Después de seis meses y un proceso de revisión interpuesto por el periodista Fernando Silva, colaborador de este medio, la Secretaría tuvo que hacer pública esta información.

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En esta ocasión, Contracorriente también recurrió al recurso de revisión, ya que según las declaraciones brindadas en conferencias de prensa y entrevistas dadas a medios, el contrato ya está firmado por ambas partes. Además, el documento solicitado contiene información de interés nacional, puesto que la llegada y la aplicación de la vacuna son un paso para lograr la inmunidad de rebaño y disminuir la cantidad de casos que llegan a los ya saturados hospitales del sistema público. Hasta el momento, Honduras comenzó el proceso de vacunación inmunizando a 53 574 personas del personal sanitario gracias a una donación del gobierno de Israel de 5000 dosis de la vacuna Moderna y la donación del programa COVAX de 48 000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Cabe señalar que los viales que contenían la vacuna Moderna traían dosis extra, por lo que se pudo vacunar a otros 574 ciudadanos que laboran en los hospitales del país.

Bajo un radiante sol, cuando el reloj marcaba las 12 en punto, y mientras muchos en territorio hondureño celebraban la sentencia contra Tony Hernández, hermano del titular del ejecutivo Juan Orlando Hernández, otro grupo conformado por decenas de migrantes huían, según sus palabras, de la violencia, la falta de oportunidades y la calamidad en la que viven, y lo hacían por puntos ciegos de la frontera hacia Guatemala, caminando en medio de montañas, varios con niños en brazos, con el fin de evitar los controles migratorios en la aduana de Corinto.

Al menos 80 migrantes, la mayoría hombres y mujeres jóvenes, y unas pocas familias con niños, conformaban el último grupo que salió de la Gran Terminal Metropolitana en San Pedro Sula, lograron sortear los retenes que la policía había instalado en la carretera hacia la frontera con Guatemala.

La policía en al menos 3 puntos de la carretera hacia la frontera guatemalteca instaló retenes en la que exigían los documentos a los viajeros, los bajaban de los buses y a los padres incluso les pedían el pasaporte de sus hijos, varios adolescentes que viajaban solos fueron detenidos y se les regresó en un bus,

El Gobierno de Guatemala anunció estado de prevención en 5 departamentos, para evitar el paso de los integrantes de la caravana por ese territorio. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei firmó un decreto ejecutivo que ordena que quien no cumpla los requisitos legales ni las medidas sanitarias requeridas por la Covid -19, no podrá ingresar al vecino país.

El estado de prevención autoriza a la Policía y el Ejército, el uso de la fuerza en la frontera con Honduras, y en los departamentos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, Petén y El Progreso, para evitar el ingreso de la caravana de migrantes.

Los integrantes de esta nueva caravana, mucho menor en número comparada con la anterior que salió también de San Pedro Sula en enero pasado, siguen manifestando que se ven obligados a abandonar el país, ante la falta de oportunidades, el desempleo, la violencia y el estado de calamidad que se agudizó a raíz del paso devastador de los huracanes Eta y Iota.

Texto: Leonardo Aguilar y Lizz Mejía

Fotografías: Martín Cálix y Deiby Yánes

 

Han pasado dos semanas desde los comicios electorales y aún no hay resultados oficiales, aunque el pleno del Consejo Nacional Electoral decidió realizar un escrutinio definitivo. El Partido Liberal y Libre salen debilitados del proceso, pues hubo rupturas internas importantes. El Partido Nacional, en cambio, seriamente cuestionado por asuntos de corrupción y narcotráfico, se mostró unido.

El pasado 14 de marzo se realizaron las elecciones primarias en Honduras. Desde entonces se han presentado más de un centenar de impugnaciones por supuestos actos irregulares registrados en las mesas receptoras de votos. El descontento ha sido mayor en los partidos opositores Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal. El Partido Nacional, la institución política que llegaba con apenas dos corrientes internas,  ha mostrado unidad. 

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva —precandidato nacionalista—, reconoció los resultados preliminares y felicitó a su contrincante Nasry «Tito» Asfura, el alcalde de Tegucigalpa, quien se perfila como uno de los posibles sucesores de Juan Orlando Hernández. En cambio, en los partidos Liberal y Libre, las corrientes perdedoras han denunciado fraudes y han anunciado la creación de una nueva alianza para buscar el poder en las próximas elecciones generales. 

La noche del 25 de marzo, los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) juramentaron a los miembros de la mesa de verificación por conteo público. Este equipo de trabajo, asignado por el CNE, se dividió en tres grupos, uno por cada partido político, y fueron capacitados para identificar actas fraudulentas, votos nulos y votos válidos, con la intención de disipar las dudas y dar resultados oficiales, eliminando los datos inflados o fraudulentos. 

Un día antes, el 24 de marzo, el organismo electoral había emitido un comunicado en donde reconocía que habían abierto y escaneado el 100 % de las actas recibidas de los centros de votación de todo el país y, sorprendentemente, anunciaron que, hasta ese día, el 17.8 % del total de las actas recibidas presentaban irregularidades. Por lo tanto, los datos divulgados hasta ese momento se basaban únicamente en el 82.2 % de las actas escaneadas y transcritas.

El artículo 202 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, numeral ocho, indica que será causa de nulidad en las elecciones y en su declaratoria “si existe fraude en la suma de votos y (si) éste incide en el resultado de la elección”. 

En ese sentido, el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Enrique Ortez Sequeira, manifestó que no es posible que en el país existan más votos que votantes y, a su juicio, eso es evidencia suficiente para declarar nulo el proceso. “Eso se repite en 18 mil actas de los diferentes partidos políticos, pues obviamente hay que decretar la nulidad tal como lo dice la ley”, dijo Sequeira, según recoge el sitio Proceso Digital.

En Honduras nunca se ha podido aprobar la ciudadanización de los espacios electorales, lo que provoca que las Mesas Electorales Receptoras (MERs) sean manejadas y controladas por militantes de los partidos políticos mayoritarios. Esa situación provoca que, en múltiples ocasiones, se denuncien fraudes en el llenado de las actas, que son los documentos que reflejan la cantidad total de los votos recibidos en una MER.

En las bodegas del Consejo Nacional Electoral (CNE) ubicadas en el INFOP, dos trabajadores del CNE aseguran las urnas correspondientes a la elección interna del Partido Libre. Tegucigalpa, 25 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

La consejera Rixi Moncada, representante de Libre, dijo a medios de comunicación que «fueron los miembros de las MERs de los partidos políticos los culpables de los votos blancos. Vamos a cumplir con la ley y vamos a sacar cada acta, cada libreta, y cada voto. Vamos a anular todo exceso de voto que no corresponda a los parámetros de la carga electoral». 

Moncada agregó que las firmas en las actas pertenecen a los representantes de cada una de las corrientes que participaron en la contienda electoral, por tanto, el CNE no es responsable de las actas infladas, sino, las instituciones políticas. 

En sus declaraciones, la consejera recordó que esa era una de las razones por las que se propuso que las credenciales llevaran el nombre y el número de identidad de cada uno de los representantes y así evitar la venta de credenciales entre las distintas corrientes de los partidos. 

Pero las impugnaciones no han parado. Hasta el pasado jueves, el CNE tenía 147 solicitudes para impugnar resultados, 34 correspondientes al Partido Liberal, 38 al Partido Nacional y 75 al partido Libre, según datos proporcionados por el consejero suplente Germán Lobo a El Heraldo.

Durante este escrutinio, los comisionados y otro personal del Instituto para el Acceso a la Información Pública (IAIP) han estado visitando las instalaciones del almacén tecnológico, ubicado en el Instituto de Formación Profesional (Infop), para llevar a cabo el proceso de veeduría. En días anteriores, la comisionada Ivonne Ardón denunció que el CNE no había autorizado el acceso al área del destuce de maletas electorales ni permitió el ingreso a los centros de cómputo. Más de una semana después de las elecciones, las autoridades competentes dieron acceso al IAIP. 

La página del CNE muestra datos de actas procesadas y por procesar, además de los votos válidos, nulos y blancos por cada partido político. 

En cuanto al procesamiento de actas, el Partido Nacional lleva una ventaja, pues se ha procesado cerca del 90% de las actas que fueron enviadas desde las MERs después del proceso electoral. Por su parte, Libre está a la espera de la digitalización de 1 664 actas que representan un 20.90% del total, mientras que del Partido Liberal se han procesado 6 896 actas de las 7 960, un 86.63%.

Susana Li, asistente de dirección de estrategias y sistemas del CNE, durante una capacitación a jóvenes que participarán en el proceso de verificación de datos del proceso electoral interno del pasado 14 de marzo. Tegucigalpa, 25 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Estos datos demuestran el apoyo que tiene el partido de la estrella solitaria, pero también deja ver que para más de 150 000 nacionalistas, ninguno de los  candidatos es una opción para representar al partido en el proceso electoral general que se llevará a cabo en noviembre de 2021. 

El Partido Libertad y Refundación acumula 423 968 marcas válidas entre los 4 precandidatos presidenciales y 36 174 votos inválidos, entre nulos y blancos, para un total de 461, 142 electores. Esto deja al Partido Libre como la tercera fuerza política en el país.  

Los resultados en Partido Liberal, en el que son tres los precandidatos presidenciales, señalan que 674 996 hondureños acudieron a las urnas y el 5.2% de los electores no hicieron una marca válida y el 7.47% no marcó la papeleta, sumando un total de 85 513 de votos no válidos.

Al hacer una comparación entre el proceso electoral primario de 2017 y el actual, hay una disminución de electores, pues, según datos brindados por el ya desaparecido Tribunal Superior Electoral (TSE), 1 378 770 ciudadanos se enfilaron en las urnas del Partido Nacional y 700 861 hondureños ejercieron el sufragio en las urnas del Partido Liberal. Por su parte, el Partido Libre se mantiene, ya que en las elecciones primarias anteriores, acumuló 461, 825 marcas.

En cuanto al reconteo de actas, un empleado del CNE que pidió anonimato, comentó a Contracorriente que entre los 3 partidos políticos hay un total de 8 000 actas con inconsistencias y se espera que antes de finales de marzo se tengan las cifras oficiales de este proceso electoral. 

Centro de Cómputo del Consejo Nacional Electoral en un hotel de Tegucigalpa. 17 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

En estas elecciones primarias hubo un enorme vacío legal. Debutaron los órganos electorales CNE y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pero estos no figuran en la Ley Electoral vigente. El Congreso Nacional no ha podido aprobar un dictamen para la creación de una nueva ley, lo que genera preocupación en diversos sectores sociales teniendo en cuenta que en noviembre próximo serán las elecciones generales. Además no se contrató un sistema de transmisión de resultados lo que generó incertidumbre. Finalmente, se realizó un costoso censo nacional electoral que excluyó a miles de jóvenes.

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Luis Daniel León del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, (NIMD), aseguró que la población hondureña estaba al tanto de que en este proceso electoral no habría transmisión de datos preliminares, porque aunque estas prácticas calmaban la ansiedad de la población y los ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular, no siempre eran los acertados. 

León agregó que la ley electoral vigente respalda al CNE para dar resultados oficiales hasta dentro de 30 días después de las elecciones, es decir, el 14 de abril es el último día que las autoridades electorales tienen para comunicar los datos oficiales del proceso electoral desarrollado el 13 de marzo.

La primera conferencia de prensa realizada por el Consejo Nacional Electoral se realizó dos después del proceso electoral interno, esto ha generado especulaciones sobre la validez de las elecciones internas de los partidos políticos que participaron en ellas. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Violencia política en Libre

 

Una batalla se libró al interior del partido Libre, que llegaba con nueve corrientes internas. Hubo denuncias de fraude en distintos puntos del país, específicamente relacionadas con inflar votos, usurpación de identidades y manipulación de las actas. En algunos lugares del país hubo denuncias e impugnaciones por presuntos actos violentos.

A nivel presidencial los resultados los encabeza Xiomara Castro de Zelaya con 332,158 votos, quien fue apoyada por seis corrientes internas; el doctor Nelson Ávila tiene 51,852, Carlos Reina, 20,985 y Wilfredo Méndez aparece con 18,973.

Los precandidatos Nelson Ávila y Wilfredo Méndez, que entre ambos acumulan 70,825 votos,  le dieron la espalda a su partido luego de los comicios primarios y anunciaron una alianza con el sector que salió desfavorecido del Partido Liberal y con el político Salvador Nasralla.

Lucky Medina Estrada, quien figura como designado presidencial de la precandidata Xiomara Castro de Zelaya aseguró que este «partido socialista, lucha también contra los vicios personalistas y cualquiera que se infle votos debe rectificar en los resultados. Esto se hace en dos pasos, primero las impugnaciones y luego verificación del CNE. Que la militancia llame a impugnar, también es señal de la conciencia de respeto que saben que merecen sus votos». 

La diputada de Libre Olivia Zúniga, hija de la ambientalista hondureña asesinada Bérta Cáceres, manifestó a Contracorriente que después de este proceso electoral primario, la oposición no sale, lamentablemente, más fortalecida, sino que sale debilitada y con un proceso de desgaste que es natural hasta cierto punto. 

«Debemos tener claro, y a pesar de que yo misma he sido víctima de fraude, que es necesario que todo los líderes del país hagamos un llamado a la unidad y que no perdamos el enfoque y camino de la demanda del pueblo hondureño, que nos pide unidad, que nos pide una gran alianza de oposición y para los que creemos en un sistema democrático este debe de ser encabezado por Xiomara Castro, porque ella ha demostrado que es la lideresa con más votos de todos los partidos de oposición de este país», dice Olivia, quien asegura sentirse representada por la ex primera dama.

En Intibucá, zona occidente de Honduras, se denunciaron supuestos actos violentos en el interior de las mesas receptoras de votos de Libre.  Este departamento aporta tres diputados al Congreso Nacional.

En el nivel de diputados de Libre, Lenin Laínez —actual suplente de Olivia Zúniga— resultó en el primer lugar; en segundo lugar figura el diputado Mario Portillo y en tercer lugar la congresista Zúniga.

Zúniga revela que hubo personas de Libre que iban a votar en la mañana y volvían a hacerlo en la tarde. Además señaló que militantes de Libre, en muchos municipios de Intibucá, iban primero a votar a las urnas del Partido Nacional, en donde no les marcaban el dedo y luego se iban a meter a las urnas del partido Libre a votar por su actual suplente. «En lugares o municipios como Camasca que antes no arrojaban más de 300 votos para el partido Libre, hoy resulta que tiene el doble que el partido Nacional, en un departamento altamente conservador y altamente nacionalista».

La diputada de Libre por Intibucá revela algo mucho más grave: una serie de hechos violentos registrados en las mesas electorales, mismos que fueron impugnados. Olivia manifestó que se usó la intimidación mediante amenazas para inflar votos. «El candidato a vicealcalde del POR, que iba con el compañero mío que salió en primer lugar, fue a coaccionar con pistola en mano y armado con un grupo de gente a miembros de las MERs que representaban al movimiento al cual yo pertenezco y prácticamente le dictaron cómo tenía que ir el acta, eso quiere decir que no se hizo un proceso de votación limpio».

La diputada establece que está consciente que en el Partido Nacional están altamente preocupados y que a estas alturas saben que no llegarán al poder, por lo que están buscando cómo controlar el Congreso Nacional. 

«Sabemos que ellos le apuestan al Congreso Nacional y por eso pretenden eliminar a los diputados de la verdadera oposición de este país desde un proceso electoral primario. Sabemos que han invertido plata en el departamento de Intibucá, no solo invirtieron dinero en el Partido Nacional para sacar a las personas que ellos querían favorecer, sino que invirtieron dinero en el Partido Liberal y también lo hicieron en el partido Libre. Eso no es nada descabellado, tenemos pruebas de esa situación de que hay financiamiento del Partido Nacional a través de Nelson Márquez y en los tres partidos políticos en Intibucá. Lógicamente ellos quieren que los tres diputados que salgan de Intibucá sean del Partido Nacional o aspiran a que el tercer diputado, que es al que ellos no pueden eliminar, por lo menos sea un liberal o una persona afín a sus intereses».

El escritor hondureño Julio Escoto, quien forma parte del tribunal de honor de Libre, manifestó que han escuchado algunas quejas de falsificación y manipulación de actas y de votos, dentro de las mesas electorales de los tres partidos participantes, sobre todo de algunos datos inexactos porque aparecen más votos de los que la mesa podía recibir, que por supuesto, son signos de fraude.

Escoto comenta que en el caso específico de Libre hay dos situaciones bien delicadas. «Una es el caso de fraude. Se inflaron algunas mesas. Algunos compañeros están siguiendo los pasos correctos que es presentar su demanda y su denuncia ante el Tribunal Electoral. Antes esto correspondía a los tribunales de honor de cada partido, pero ahora ya existiendo una instancia oficial jurídica para dirimir esos temas tiene que ser presentado al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y después eso pasa al tribunal de honor del partido, para sancionar a quien rompió las reglas y principios éticos», explica.

La segunda queja es la más delicada, dice Escoto, y fue interpuesta por el precandidato presidencial de Libre, Wilfredo Méndez, quien no obtuvo resultados favorables en las primarias. «Sus bajos resultados lo orillaron a presentar acusaciones en contra del coordinador general (el expresidente Manuel Zelaya Rosales 2006-2009) y de otros miembros del partido, que incluirían incluso a doña Xiomara Castro. La acusación indica que se han aliado con Yani Rosenthal y Juan Orlando para realizar todo un complot y ocultamiento y manipulación de las elecciones. De esa no hay pruebas».

Escoto explica que los tribunales de honor pueden sancionar, llamar la atención públicamente e indicar que ha habido un mal comportamiento que rompe las reglas dentro del partido; también pueden hacer un desconocimiento de esa persona y, por último, están facultados para la expulsión. «Pero tratamos de no utilizar ese último castigo, porque el objetivo no es culpar a nadie para que los demás no lo cometan».

Dos días después de las elecciones primarias, María Luisa Borjas, quien buscaba ser la coordinadora general de Libre, se declaró ganadora. En una comparecencia ante los medios de comunicación, Borjas acusó al expresidente Zelaya de querer apropiarse de la coordinación nacional de Libre. «Pero yo voy a defender el triunfo aquí y en instancias internacionales», sostuvo Borjas.

En cuanto a los reclamos de María Luisa Borjas, Lucky Medina comenta que esta fue ganada ampliamente por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales con el 87 %, según conteos iniciales de las 8 corrientes que respaldaban la candidatura. También agregó que «hay que revisar la información que el equipo de campaña le ha dado a la comisionada Borjas, y esperar el resultado final». 

Partido Nacional busca sacar ventaja 

 

A nivel presidencial, los resultados electorales en el Partido Nacional dan como virtual ganador al edil capitalino Juan Nasry “Tito” Asfura. En el portal del CNE se han procesado 6 718 actas que representan el 84.40% del total de las actas. El 70.16% de las marcas son para Asfura, representando 559 469 votos, mientras el actual presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, tiene 237 898 marcas. 

En su cuenta de Twitter, Mauricio Oliva reconoció su derrota al afirmar que los resultados no lo favorecen y muestran una tendencia irreversible. “Respetuoso de la institucionalidad, acepto los mismos y quedo atento de los demás niveles electivos prestos a defender las posiciones logradas por nuestros candidatos”, apuntó.

Pero las cosas no están tan fáciles para el virtual candidato nacionalista «Tito» Asfura. El juzgado de privación de dominio de Honduras ordenó el pasado miércoles el aseguramiento de bienes del alcalde de Tegucigalpa. 

El 16 de febrero la Corte de Apelaciones admitió una solicitud de antejuicio contra «Tito» Asfura. Según los investigadores, por malversación de 28 millones de lempiras. Aún se espera que el Ministerio Público de Honduras realice un requerimiento fiscal para seguir con el proceso.

Los analistas políticos Raúl Pineda y Josué Murillo son del criterio que, ante los juicios y acusaciones por narcotráfico que se desprenden de Estados Unidos, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, podría propiciar inhabilitar al candidato ganador y presentarse él como candidato para las elecciones generales, para de esa forma evitar una posible solicitud de extradición. 

Una investigación de Contracorriente revela que, de acuerdo con información del caso, el alcalde utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de empresas y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.

Para la diputada Olivia Zúniga, el Partido Nacional demostró una gran capacidad logística y una enorme experiencia en el fraude. «El Partido Nacional volvería a derrotar a la oposición porque no hemos podido revertir esa correlación de fuerzas que hay entre ellos y porque ostentan el poder y poseen los recursos del pueblo. Además están financiados por el narcotráfico. Entonces en Intibucá lo que queda demostrado es que la estructura del Partido Nacional queda totalmente intacta, y me atrevería a decir que hasta están bastante fortalecidos porque salen como los diputados más votados, lo cual es a través del fraude lógicamente».

Olivia manifiesta que, en los primeros tres lugares del Partido Nacional, en el departamento de Intibucá, aparecen el ministro Nelson Márquez que, según Olivia, es un hombre que está detrás de múltiples violaciones de derechos humanos en Intibucá, involucrado en persecución, criminalización y atentados en contra de líderes de la oposición en ese departamento. Además asegura que es el vocero de Juan Orlando Hernández en esa zona, que ya ostentó el cargo de diputado, y que actualmente funge como ministro de IDECOAS. «En segundo lugar aparece el diputado Elden Vásquez, quien es uno de los diputados señalados como uno de los más corruptos de nuestro país el cual está vinculado al caso Pandora, y Jesús Mejía aparece en tercer lugar, vinculado a la quiebra de la ENEE».

Márquez es visto como un hombre de mucho poder en el occidente de Honduras y, además, como el sucesor de los caudillos políticos del departamento de Intibucá. En una entrevista, diario La Tribuna establece que «el “indio” Márquez se perfila como el sucesor de los caudillos políticos intibucanos del pasado: Desde Ferrera en los años 30, hasta Óscar Mejía Arellano en los 80. Y de ahí a los Del Cid, Bueso Peñalba, Gámez, Rivas Vargas y los Vásquez, todos ellos, con una huella social, pero no lo suficiente para ponerle fin a la exclusión histórica al departamento con mayor identidad nacional».

Una aula de la Escuela Rafael Pineda Ponce de la Colonia 3 de Mayo de Comayagüela que contiene las MER 3683 y 3684 recibe una multitud de simpatizantes del Partido Nacional. La Colonia 3 de Mayo es conocida como «el cañón azul» por su tradición nacionalista. Comayagüela, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Fredis Cerrato, dijo a Contracorriente que el proceso electoral primario está en tela de juicio en vista de que en todos los partidos ha habido, sobre todo en el Partido Liberal, una gran confrontación en donde no se aceptan los resultados y en donde se está señalando que hay actas alteradas. «Igual sucede en el partido Libre».

Cerrato piensa que el Partido Nacional ha sido estratégico en las elecciones internas y primarias, porque saben que penden de un hilo por el debilitamiento registrado en los últimos años.

Cerrato cree que la solución a todo este problema de la alteración de las actas viene a ser que el Ministerio Público, de una vez por todas, actúe en los actos de ilegalidad que se dan en el país. Agrega que el CNE debe poner a disposición para que se haga una verificación de las actas. «Deben establecerse cuáles son las actas que están alteradas y ahí mismo aparece el nombre, número de identidad y la firma de los ciudadanos que estuvieron como responsables de esas mesas electorales y a ellos se les debe judicializar y se le debe deducir la responsabilidad por los actos y delitos electorales. Si usted quiere frenar los actos irregulares de las mesas, castigue a los infractores de la ley y verá usted que en el futuro no habrá gente dispuesta a adulterar los datos en las mesas. Así de sencillo», afirma.

El presidente del CAH afirma que el CNE viene a ser lo mismo que el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque este está manejado por políticos y, porque a su juicio, es una institución a la que ni siquiera le pudieron aprobar a tiempo el presupuesto en el Congreso Nacional, lo que impidió a los consejeros poder actuar oportunamente.

«Por otro lado está el Registro Nacional de las Personas en donde se han cometido actos ilegales, en primer lugar, porque le cambiaron el domicilio a un montón de gente, cuando el ciudadano es el que puede determinar dónde desea ejercer el sufragio y de oficio no le pueden cambiar eso. Lo cual hicieron al omitir uno de los campos o caracteres a la hora de enrolarlos, ya que no les preguntaron dónde deseaban votar. Y lo más grave es que estableciendo la Constitución que todo ciudadano debe portar la tarjeta de identidad, y ejercer acciones electorales cuando llega a los 18 años, no les entregaron la tarjeta de identidad y con eso privaron a miles de jóvenes que no pudieran ejercer el sufragio, lo cual es constitutivo de abuso de los deberes y abuso de autoridad y hasta constitutivo de prevaricato administrativo por parte de este triunviro que maneja el Registro Nacional de las Personas».

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El analista Leonardo Pineda, director de la organización juvenil Jusive, dice a Contracorriente que es notable que en el Partido Nacional están quedando como candidatos personas cercanas a Juan Orlando Hernández, los de más confianza y que pueden servir a sus intereses más adelante. «Usted ve ahí al diputado David Chávez Madison (virtual candidato a la alcaldía de Tegucigalpa), del círculo familiar de Juan Orlando Hernández, esposo de Loty García, hermana de la primera dama Ana García, perteneciente al círculo íntimo. Así como este hay otros del círculo personal del presidente que están quedando como candidatos».

Pineda agrega que en estas internas se está buscando un Congreso que esté a favor de ese grupo de poder. «En dos años tenemos que volver a elegir Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, Tribunal Superior de Cuentas y todos los órganos contralores del Estado».

El activista social añade que en San Pedro Sula sucedió otro fenómeno, en donde los diputados del Partido Nacional que están mencionados en las Cortes de Nueva York, pasaron a los séptimos o sextos lugares y eso indica que es muy probable que en las elecciones generales, no van a ganar. «Implica más o menos que de pronto puede ocurrir una purga, un reemplazo de candidatos y de caras nuevas. Caras más leales a Juan Orlando Hernández. Casos como el de Reynaldo Ekónomo que pasó a la posición 6 o 7, Welsy Vásquez ya no está saliendo en una posición privilegiada. Ricardo Álvarez que muchas veces confrontó a Juan Orlando al interior del partido está saliendo en la última posición en Francisco Morazán».

A medida avanzan los procesos de digitalización y reconteo de material electoral, las posiciones de los candidatos a diputados van cambiando. En Francisco Morazán, ningún candidato del doctor Mauricio Oliva estará en las elecciones de noviembre, pues el movimiento de Asfura logró colocar a sus 23 diputados en los primeros lugares a nivel de partido.

En cuanto a las alcaldías, Leonardo Pineda cree que el actual alcalde nacionalista de San Pedro Sula, Armando Calidonio, ha contado con una estructura gigantesca en donde va a ser muy difícil competirle. Sin embargo, reconoce que dentro de Libre está la candidatura del abogado Omar Menjívar que puede tener amplias posibilidades para vencer a Calidonio si logra algún par de alianzas más. «Es un muy buen candidato. Tiene mucho margen de ventaja en relación con otros candidatos en San Pedro Sula y está encontrando simpatías en algunos sectores de la ciudad en donde el voto es más razonado que en otros sectores».

Pineda manifiesta que en las ciudades de Choloma, Villanueva y El Progreso, los feudos del Partido Liberal se mantienen. Y que continúan algunos caudillos como Antonio “Toñito” Rivera -regidor liberal sampedrano por el partido Libre- buscando continuar en el poder. «El caso de Toñito es interesante. Sabemos que siempre ha querido ser regidor y aparentemente lo va a conseguir». 

 

El caso Yani Rosenthal y la nueva alianza 

 

Los resultados en el nivel electivo presidencial en el Partido Liberal dan a Yani Rosenthal Hidalgo como el ganador de la contienda, con 262 708 votos que equivalen al 49.04% de la carga electoral del partido. Le sigue Luis Zelaya, quien hasta ahora tiene el 34.95% de las marcas y Darío Banegas obtuvo el 16.01%. Cabe señalar que falta procesar 1 979 actas, un 24.86% del total de actas. 

La abogada Gloria Milián, exregidora sampedrana por el Partido Anticorrupción (PAC), que anteriormente estuvo muy de cerca del ex presidenciable Salvador Nasralla y que actualmente es precandidata a diputada por el movimiento de Yani Rosenthal, aseguró a Contracorriente que el proceso electoral debe mejorar su institucionalidad porque hasta ahora no ha dado los resultados esperados. 

«Soy candidata del movimiento yanista. Es una experiencia nueva. Por primera vez fui precandidata a diputada, porque yo fui regidora antes pero no participé en internas porque fui directamente a las generales. Yo creo que esto es buena la experiencia en las internas, a mí me sirvió para ver el panorama de lo que se espera para las elecciones generales y ver las deficiencias, las ventajas y desventajas. El movimiento yanista se organizó», afirma.

 LEA: Toñito Rivera, ¿opositor o aliado de Calidonio?

“Toñito” Rivera, regidor actual de Libre, quien regresó recientemente a las filas del Partido Liberal al postularse como precandidato a alcalde de San Pedro Sula por el movimiento del candidato Darío Banegas, después de ver el abultado margen de cómo Yani derrotó a sus contrincantes, renunció a su movimiento y se unió al movimiento yanista.

La tarde del miércoles 24 de marzo, Luis Zelaya, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y Salvador Nasralla oficializaron la creación de una alianza entre los movimientos del Partido Liberal y el Partido Libre. Estos políticos aprovecharon la comparecencia para hacer denuncias de fraude electoral ocurrido en el proceso del domingo 14 de marzo. 

Nelson Ávila, precandidato presidencial por el Partido Libre, aseguró que en Honduras se vive una república sin Estado de derecho y se debe pensar en una alianza más allá de los colores y pensar en el país. 

Por su parte, Luis Zelaya expresó que «esta es la lucha que estamos haciendo por nuestro país, por los 9 millones de hondureños que no nos da vergüenza presentar nuestro pasaporte al mundo». También agregó que su objetivo no es ocupar un cargo de elección popular, sino la democracia del país, razón por la que se unieron en una alianza de honestos.

Yani Rosenthal, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, muestra su voto por los 20 precandidatos a diputados de su movimiento por el departamento de Cortés. San Pedro Sula, 14 de marzo de 2021. Foto: Deiby Yanes.

Yani Rosenthal Oliva, virtual candidato presidencial por el Partido Liberal se pronunció después de la presentación de esta nueva alianza. «Lo que se conformó fue una alianza de perdedores, por lo que nunca llegarán al poder», expresó Rosenthal, quien también agregó que él y sus simpatizantes harán una alianza distinta, con el pueblo hondureño y no con partidos o políticos en específico.

«El pueblo hondureño quiere candidatos que puedan ganar una elección y que puedan sacar al Partido Nacional, no quiere candidatos que han demostrado que son perdedores, quiere candidatos que ganamos, entonces vamos a hacer una alianza de ganadores para el pueblo de Honduras», expresó.

Rosenthal también se refirió al reconteo de actas, diciendo que no tiene miedo de la revisión de actas y papeletas porque está seguro de ser el ganador de la contienda primarias. «No tenemos problemas en que se revisen las actas una por una, que lo hagan con transparencia y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) demuestre que el ganador es su servidor, que el presidente electo del Partido Liberal es su servidor».

Por su parte, Leonardo Pineda dice a Contracorriente que la alianza entre Libre y una parte del Partido Liberal es positiva. «Obviamente el estatus quo como el Partido Nacional, yanistas y el lado más recalcitrante de Libre que apoya a Manuel Zelaya a ojos cerrados. Pero no descarto que más adelante se pueda sumar Libre también, no lo descarto, quizá no en un papel preponderante. Pero ya Mel Zelaya hizo una medición con lo que dijo Barahona, de unirse a Yani, al parecer las bases de Libre no están de acuerdo. Eso le restaría un montón a Libre si se llegara a unir a Yani Rosenthal».

La ley electoral vigente respalda las decisiones del pleno del CNE, pero esto no detiene a aquellos políticos que participaron en la contienda y ahora se declaran ganadores o víctimas de fraude, mucho menos a aquellos que aún sin tener resultados oficiales ya están creando alianzas para participar en los comicios generales a celebrarse en el mes de noviembre.

Durante los últimos seis años, 2265 labradores, jornaleros y campesinos fueron denunciados en el Ministerio Público (MP) por delitos relacionados con agresiones sexuales. Los hombres que se dedican a labores del campo son los más denunciados, según la base de datos del MP que solamente consigna en 3821 casos de 19,815 la profesión del agresor. A pesar de que hay un aumento de denuncias por parte de mujeres en las zonas rurales, estas enfrentan mayores dificultades para obtener atención integral en casos de violencia sexual y tener acceso a justicia. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotos: Martín Cálix

 

María Hernández recuerda con claridad el día que puso una denuncia por violencia sexual contra un militar que había violado a su hija Miriam, quien tenía 14 años en ese entonces, tras la agresión la menor quedó embarazada. Un año y medio después de la denuncia, el militar quedó libre de todo proceso, ni María ni su hija fueron notificadas de esa decisión.  

Ellas viven en la comunidad de Las Flores, Marcala, en el departamento de La Paz y se dedican a cultivar «toda clase de semilla que haya en la tierra», dice que así es como logró sacar adelante —sola— a sus cuatro hijos.

Miriam es la tercera de los hijos de María, juega con su hija en medio del campo de fresas recién cultivadas que tiene su familia. No habla mucho, excepto cuando cuenta que su hija tiene una discapacidad para caminar y que tanto ella como su madre creen que está relacionada con el estrés que pasó durante su embarazo porque estaban llevando el proceso judicial en contra del agresor. «Fuimos amenazados tanto por familia de él como por la familia de su esposa, andamos con miedo de que alguna vez nos los encontremos en el camino porque somos vecinos, las autoridades no hacen nada», dice María. 

De 2014 a 2020 el MP recibió denuncias de 19,815 mujeres víctimas de agresiones que las leyes hondureñas califican como delitos contra la libertad sexual: violación, rapto, hostigamiento sexual, incesto, estupro, trata de personas y explotación sexual. De este dato solo 3821 víctimas consignaron la ocupación del agresor, de ese total 2265 eran hombres que laboraban en el campo. 

 

Karol Bobadilla, abogada con experiencia en acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia, dice que en las zonas rurales ninguna institución que atiende casos está capacitada: «muchas veces habían fiscales asignados, pero no hablaban ni con las víctimas y solo llegaban a las audiencias sin haber consensuado las líneas de investigación a seguir, sin haberles tomado el testimonio antes para ver si algo podía afectar el proceso, para ver en sí los hechos y que es lo que pretende la víctima con ese proceso judicial», dice.

Mirian juega con su hija dentro del vivero de fresas de su familia, Mirian quedó embarazada de Cristel luego de ser víctima de violencia sexual. Chinacla, La Paz, 20 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

María cree que lo que dificultó su caso fue acusar a un militar que tenía conexiones para lograr salir libre. Dice que se enteró por una amiga que le habían removido los cargos y que al ir a averiguar donde la fiscal que llevaba el caso no quería darle información: «ahí le dije que podía empezar el caso nuevamente: en otro lado porque ese hombre nos podía hacer daño y me dijo que no, que cuando me golpearan fuera con ella, le dije que ya muerta no iba a poder regresar».

Los datos del MP también indican que entre 2014 y 2020 fueron denunciados 74 casos de militares y policías de distintos rangos, incluso un director de centro penitenciario, por delitos contra la libertad sexual. En el departamento de La Paz hubo cinco denuncias, cuatro contra militares y una contra un policía, tres de las víctimas eran menores de edad.  

La abogada Bobadilla asegura que llevar procesos contra elementos de seguridad es mucho más complejo. Además cuenta que en un caso en el que dio acompañamiento «había cierto nivel de hermandad entre los mismos policías. A la víctima la dejaron sola en una sala junto a su agresor, no tomaron ningún tipo de medidas de protección para ella y la revictimizaron llevándola en medio del transporte junto con él a la audiencia. Era evidente el nivel de protección y deslegitimación del testimonio que estaba dando cuando sabían que era un policía».

 

Las mujeres en las zonas rurales tienen menor acceso a salud y a una atención integral en casos de violencia sexual. Marcala, La Paz, 22 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Una atención en salud limitada para las mujeres del campo 

 

En Honduras desde 2009 existe una prohibición para la venta y distribución de la pastilla anticonceptiva de e:mergencia (PAE) y desde entonces todos los casos de violencia sexual se han atendido sin este método para prevenir un embarazo, también esta prohibición no permite que se apruebe un protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual.  

Médicos Sin Fronteras, una organización no gubernamental que solamente trabaja en zonas urbanas y cuenta con atenciones a sobrevivientes de violencia, registró que del total de casos con embarazo que atendieron entre 2016 y 2018, el 81 % consideró que su embarazo fue producto de una agresión. 

Fany Acosta, una médica en servicio social que atiende en un centro de salud en una zona rural, le dijo a Contracorriente que las mujeres y niñas no suelen hablar con el personal de salud sobre si son víctimas de violencia sexual. 



Para la doctora in fieri fue muy impactante comenzar a dar atención por la cantidad de casos de menores de edad embarazadas: «pensaba ¿y qué más vamos a hacer?, ¿a quién vamos a denunciar o a quién hay que hablarle? Y la enfermera me dijo que no, que solo le hiciera un control normal. No se hace nada más, simplemente se le piden sus exámenes de rutina, se toman sus datos, sus vitaminas y lo único diferente es que los papeles van en rojo porque es un embarazo de riesgo». 

La organización Ipas Centroamérica señala que entre 2009 y 2018, una población de 215,623 niñas menores de 18 años dio a luz en el sistema público nacional, y solo en 2018, de esos partos, 843 correspondieron a niñas menores de 14 años.

Dalila Aguilar, integrante de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), en La Paz, que le dio acompañamiento al caso de Miriam y de otras mujeres, dice que hay una deuda grande para las mujeres del campo en salud sexual y reproductiva: «recuerdo que en el 2012 hubo una violación de una chica extranjera. Rápido se hizo todos los trámites, con una atención médica exagerada y buscaron las opciones para que no saliera embarazada. Aquí a las demás mujeres no se les hace esa atención médica al momento de hacerle el estudio forense y son obligadas a que tengan a los niños», menciona. 

De enero a octubre de 2020 el MP registró 137 casos por violencia doméstica y violencia intrafamiliar en el departamento de La Paz. En la foto, una mujer y su hija caminan frente a un mural contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Marcala, La Paz, 22 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Dalila que también forma parte del proyecto «lucha por el acceso a la tierra y el empoderamiento de la mujer campesina de La Paz», desde 2017. Añade que en general el acceso a salud reproductiva para las mujeres rurales es muy limitado. En su proyecto tuvieron que añadir el componente de salud «porque había mujeres a las que nunca se les había hecho una citología, esto hizo que salváramos la vida de tres mujeres. Si no pensamos en las necesidades estratégicas de las mujeres en nada estamos porque la salud es lo más importante». 

Contracorriente contactó al doctor Alcides Martínez, director de las redes integradas de la Secretaría de Salud que se encarga de la distribución de anticonceptivos, pero dejó de responder a las diferentes solicitudes de entrevistas.

Cuando se decretó cuarentena por COVID-19 en marzo de 2020, pasaron tres semanas para que la Secretaría de Salud se asegurara de que los centros de atención facilitaran anticonceptivos, después de que se había dado una orden de solo atender pacientes sospechosos de COVID-19. Esta situación afectó con mayor fuerza en las zonas rurales, quienes además reportaban mayores dificultades para movilizarse por este tipo de atención, según registros de organizaciones. 

Leer más aquí: Mujeres con menos acceso a la salud durante la pandemia

Cuando se reactivó la atención de anticonceptivos a través de un oficio, este detallaba que la aplicación del anticonceptivo inyectable trimestral, los dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes subdérmicos se podrían aplicar únicamente a pacientes que lo usaron antes, no a quienes quisieran usarlo por primera vez, lo cual es una limitante más para las mujeres de las zonas rurales. Fany Acosta asegura que uno de los métodos anticonceptivos que suelen elegir las mujeres en las zonas rurales es la inyección «porque es más fácil esconder a sus parejas que están planificando».

En 2020 se registraron 240 femicidios en el país: Francisco Morazán (74) y Cortés (50) son los departamentos con mayor registro de femicidios según el Centro de Derechos de la Mujer. Santa Bárbara, 25 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Dificultades en el acceso a la justicia

 

Los datos del MP indican que el departamento con más denuncias en casos ligados a agresores en zonas rurales es El Paraíso, seguido de Francisco Morazán y luego Lempira. Sin embargo, los registros del Poder Judicial en 2019 indican que los departamentos con más resoluciones en casos de delitos contra la libertad sexual fueron Comayagua, Cortés y Francisco Morazán. 

Alejandra Flores, de la Red de abogadas por los derechos humanos, añade que muchas mujeres viven en zonas alejadas del transporte público o no tienen dinero para movilizarse a poner una denuncia: «lo que se alega es que las personas no conocen las leyes y es totalmente cierto, pero a veces esa es la forma en la que se defienden a muchos hombres que cometen delitos de abuso sexual», comenta. 

Por su parte, la abogada Bobadilla agrega que las organizaciones que acompañan los casos tienen más dificultades en las zonas rurales: «a veces las capacidades logísticas son pocas porque en las zonas urbanas pueden estar con las mujeres, acompañarlas a hacer la denuncia y si se presenta algún problema acompañarlas. Mientras que en zonas rurales son puntuales en los que una se mueve, la mayoría se acompaña por teléfono». 

 

Datos del Poder Judicial indican que en 2019 el 53 % de los casos por delitos contra la libertad sexual obtuvieron una sentencia absolutoria. 

Wendy Cruz, de la Vía Campesina, una organización que aglutina a trabajadores del campo en Honduras, dice que hay una discriminación desde las políticas públicas del Estado: «en el tema de acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres es una denuncia permanente que hemos hecho como mujeres rurales, no existe una institucionalidad que acompañe a las mujeres en casos de violencia y en el área rural hay un fenómeno de violación que la gente lo ve como normal», dice Cruz

Datos del MP sobre delitos contra la libertad sexual, entre 2014 y 2019, señalan que de 4130 denuncias en las que las víctimas consignaron la ocupación del imputado, 2630 eran personas que trabajaban en el campo. La Esperanza, Intibucá, 9 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

María cuenta que a su nieta le hicieron una prueba de ADN para identificar si el agresor era su padre, pero que nunca tuvieron acceso a los resultados y que nadie les explicó cómo era todo el proceso. La fiscal que les llevaba el caso le dijo que la prueba salió negativa y que mejor hablar con su hija: «Cuando uno está seguro de lo que está haciendo por eso actúa, yo le dije que ya había hablado con ella y no es la única mujer, solo que las otras no quieren denunciar por miedo». María asegura que tuvo que recurrir a defensa pública porque no podía pagar un abogado privado.

Rosmery Álvarez, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer en Marcala, La Paz, añade que en el acceso a la justicia hay limitantes: «hay una revictimización del proceso y no hay atención psicológica, no contamos con una logística como se había promocionado a través de las cámaras del MP y también un desafío en el Poder Judicial que le está apostando a estas zonas donde sabemos somos una zona donde convivimos día a día con este tipo de agresiones y que poco o nada se hace».

María y Miriam viven con un miedo latente de que en cualquier momento el agresor regrese y les haga daño, María dice que la justicia le falló: «y no me quedó de otra que quedarnos así». Añade que la fiscal que llevó el caso de Miriam le dijo que podía regresar a abrir el caso si es que el militar le hacía algo y que ella solo le respondió: «muerta no voy a poder regresar».

María dice que las instituciones le han fallado a ella y a su hija.  En su búsqueda de justicia el Estado no las protegió y las condenó a vivir con miedo. Para las mujeres en la comunidad de Las Flores, la violencia sexual siempre ha perseguido sus vidas, desde pequeñas buscan huir. «En el camino salen hombres extraños que violan niñas, la verdad a veces hasta han violado adultas, por eso todas caminamos con miedo», dice María, mientras detrás de ella su hija y su nieta juegan entre sus cultivos de fresa.

Esta semana fue detenido en México un avión privado con dosis de vacunas Sputnik-V. Posteriormente se descubrió que eran falsas. El avión interceptado tenía como destino Honduras y sus tripulantes pertenecían en su mayoría a Grupo Karim’s, empresa de Mohamad Yusuf Amdani, uno de los hombres más ricos de Honduras. Medios locales de México reportaron que las personas quedaron libres y poco se sabe de las intenciones con las que movilizaban las vacunas. 

Texto: Vienna Herrera

Fotografía de portada tomada del sitio de la vacuna Sputnik-V

 

Un vuelo privado fue detenido el pasado 18 de marzo en Campeche, México. Transportaba 5775 dosis de vacunas rotuladas como Sputnik-V. El avión tenía como destino San Pedro Sula y llevaba personal de Grupo Karim’s, una empresa dedicada a la manufactura textil y las bienes y raíces en varios países del mundo, incluido Honduras.

Las vacunas eran trasladadas en dos hieleras ocultas entre refrescos y golosinas. El Fondo Ruso de Inversión Directa, responsable del financiamiento de la Sputnik-V, dijo que tras un análisis de las fotografías «incluyendo el diseño de contenedores y etiquetas sugiere que se trata de una sustancia falsa» y añadieron que la vacuna original contiene códigos de lectura electrónica QR para permitir el rastreo.

Gustavo Ramon Raudales, una de las personas registradas para abordar el avión privado, es el gerente general de Grupo Karim’s según la plataforma Open Corporates. De acuerdo con el documento Redes de poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe de Harald Waxenecker para la Henrich Boll, Raudales pertenece al grupo de personas que tienen como sus empresas insignia, en Honduras, a Altia Business Park, Village Center y Park Energy. 

Grupo Karim’s, tiene su matriz en Pakistán, pero actualmente posee empresas de los sectores textil y bienes raíces que operan en México, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos y Honduras. De acuerdo a la Revista Forbes los ingresos de Grupo Karim’s son superiores a las 5500 millones de dólares anuales, lo que sitúa a su dueño, Mohamad Yusuf Amdani como uno de los hombres más ricos de Honduras y se enlista entre los 12 millonarios más importantes de Centroamérica y el tercero más influyente

Entre los otros pasajeros de ese vuelo se encontraban los trabajadores de Grupo Karim’s: Julio Cesar Martínez, quien según su cuenta en LinkedIn es el director financiero; Leonardo Alejandro López, quien según medios es otro ejecutivo; Martha Josefina Castro, gerente de servicio al cliente en el complejo Altia Smart City; y el doctor Gustavo Bueso Madrid, un urólogo que labora en clínicas privadas. 

Altia tiene construcciones en San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde laboran más de 15 empresas de call center, entre ellas Startek y Allied Global. También fue de las primeras empresas a las que el Gobierno de Honduras les otorgó permisos para continuar operaciones después de que el 14 de marzo de 2020 se decretara estado de emergencia por la pandemia por COVID19. El 17 de ese mismo mes, Altia publicó un comunicado asegurando que estaban acatando todas las medidas tras una inspección de higiene producto de una llamada anónima. Días después también desmintieron un rumor de que uno de sus empleados se había contagiado

Tribuna Campeche, un medio de comunicación local, señaló que, aunque en un inicio las autoridades mexicanas habían detenido a los seis hondureños, estos fueron puestos en libertad y que aún no hay un pronunciamiento oficial de la procedencia de las supuestas vacunas ni sobre las declaraciones de los tripulantes. 

El Ministerio Público (MP) de Honduras señaló que si se cometió un delito, les corresponde a las autoridades mexicanas seguir el caso. Yuri Mora, el portavoz del MP dijo en varios medios que «lo primero que preguntaría un abogado de ellos es ¿qué delito cometieron en Honduras? Y obviamente que ellos no habían ingresado a nuestro país con esas vacunas entonces tienen que deducirse la responsabilidad, si es que hay alguna, en México donde fueron interceptados». 

Por su parte, el medio televisivo Milenio detalló que el administrador general de aduanas en México, Horacio Duarte, les informó que entre las hipótesis que manejan es que las vacunas podrían ser agua salina como parte de un engaño para vacunar gente en Honduras o que podría ser una nueva forma de trasladar droga a otros países. 

Mientras tanto, el MP en Honduras anunció que detectaron tres lugares que ofrecían la venta de vacunas contra la COVID-19, los casos los lleva la Fiscalía de protección al consumidor, «pero no es posible porque no hay vacunas autorizadas para ser vendidas por particulares», añadió Mora. 

La aeronave Cessna 414 con el registro HR-AYI que transportaría las vacunas, llegó a Tapachula el martes  —de acuerdo con la información de las autoridades mexicanas—, proveniente de San Pedro Sula y piloteado por David Villalobos y Aldo Romero. 

Grupo Karim’s también tiene empresas dedicadas a manufactura de textiles en Campeche, en 2019 se dio a conocer que Amdani emprendió la construcción de una mezquita frente al mar en la zona y en abril de 2020 le donaron 6000 mascarillas N95 3M al gobernador de Campeche, Carlos Aysa, para que se las dieran a la Secretaría de Salud de México y posteriormente las distribuyeran en el personal médico en primera línea.

Contracorriente contactó a Grupo Karim’s via teléfono para conocer la versión oficial de la empresa, pero no atendieron para una entrevista y tampoco han publicado comunicados. También se buscó la versión del MP para conocer si las personas mencionadas en el caso ingresaron nuevamente a Honduras, pero el portavoz no atendió las comunicaciones. 

Por su parte, la portavoz del colegio de microbiólogos de Honduras, Miriam Aguilera, señaló que la incautación de este lote podría significar que ya han venido otros antes: «Si ya venían desde México de manera ilegal, podría ser ya el segundo lote o quizás más, pero ahí debe ser sabio el pueblo en decidir dónde se va a vacunar, porque lo más recomendable es el centro de salud más cercano». Aguilera recordó que esto había sucedido con las pruebas rápidas, que llegaban al país por correo aunque no estaba autorizada la importación privada de pruebas. 

Francis Contreras encargado de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) detalló que la forma en la que se transportaban las vacunas era un signo de peligro: «más allá del contrabando lo delicado es la seguridad sanitaria y el riesgo de que se expone la vida de las personas, las vacunas no se manejan con cubitos de hielo, eso las desnaturaliza y serían un gran riesgo para cualquiera». 

Para el doctor internista Ramón Maradiaga, en este caso se desconocen cuáles pueden ser los efectos adversos de estas sustancias «porque no tienen ningún estudio de seguridad y lo peor es que no van a tener ninguna protección para COVID-19 y esa sensación de falsa seguridad puede hacer que las personas se confíen y adquieran la enfermedad y tengan complicaciones por la vacuna y por la enfermedad». 

Fotografía: Martín Cálix.

Población espera la vacuna en medio de alza en contagios y muertes

 

En Honduras durante el mes de febrero y marzo los principales centros hospitalarios en San Pedro Sula y Tegucigalpa han reportado la ocupación de todos sus cupos para atender pacientes por COVID-19. Los últimos tres días el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) reportó 1842 casos positivos y los muertos han sido 49 casos confirmados de 65 sospechosos. 

Ligia Ramos, quien labora en primera línea en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), le dijo a Contracorriente que la atención hospitalaria en ese centro se encuentra colapsada nuevamente: «tenemos pacientes graves en salas que necesitan entrar a cuidados intensivos y se está teniendo que ver quiénes son los más jóvenes, con más probabilidades de salir de COVID-19 vivos, para poder meterlos antes que a otros. Estamos en una situación calamitosa», señaló.

«Sé que esto no solo es aquí en el IHSS, también en otros hospitales hay carencia de estos y como algunos son medicamentos tan controlados tampoco es que se le puede dar una receta a los familiares y conseguirlos porque solo son de uso hospitalario. Falta gestión de parte de las instituciones para que compren estos medicamentos o se liberen de los almacenes centrales», añade.

Ramos detalla que solo en Tegucigalpa al menos 15 personas esperan en los triajes poder conseguir un cupo en sala COVID-19 de cualquier hospital, además, hay entre 3 y 6 personas que dentro de los demás centros hospitalarios están en fila para entrar a UCI. 

Honduras hace menos de un mes comenzó a vacunar al personal de salud, hasta el momento todas las dosis han sido parte de donaciones: 5000 vacunas sobrantes Moderna que envió Israel a sus aliados que pasaron la embajada a Jerusalén antes que a territorio palestino y 42,000 dosis de AstraZeneca por la alianza Gavi codirigido por Covax, un mecanismo creado para acelerar la producción de vacunas y asegurar un acceso justo y equitativo para todos los países. 

Entretanto, el IHSS realizó una compra directa de 1,4 millones de dosis de AstraZeneca que estarían llegando al país desde mayo hasta noviembre y con la que planean inmunizar a la totalidad de asegurados y sus dependientes que entren en el rango de elegibles. Para esto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) otorgó dos garantías por un total de 3,360,000 dólares que corresponden al 60 % del monto total del contrato, esto lo hicieron a cambio de que el IHSS priorice las vacunas al sector privado. 

Con esos datos se puede deducir que el contrato de adquisición de las dosis es de 5,600,000 dólares, es decir que cada dosis de la vacuna tiene un costo de 4 dólares. 

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, en conferencia de prensa hace unos días pidió al Gobierno que les autorice la importación de vacunas para inmunizar a los empleados del sector privado y dijo que no buscarían obtener ganancia: «las haríamos gratis, nuestro negocio, el de la empresa privada es que todos los hondureños estén inoculados para que volvamos a la normalidad». Sikaffy aseguró que perderían más siguiendo con las restricciones actuales que invirtiendo en vacunas para poder reactivar la economía. 

El médico internista, Ramon Maradiaga, señala que por el momento «es necesario que la vacunación solo esté a cargo del Estado y que sea el encargado de recibir todas las vacunas. Eventualmente habrá apertura en la parte privada, pero no es el momento todavía. Incluso en el resto del mundo la vacunación sigue siendo realizada por el Estado y no por empresas privadas». 

Por su parte, la doctora Ramos asegura que en el IHSS se logró vacunar a todo el personal con las vacunas que han ingresado al país, pero recuerda que existen unas 100,000 personas que trabajan para el sector salud y actualmente solo se están cubriendo 48,000 dosis, esas con reportes de que la distribución no se estaba haciendo, priorizando a personal de primera línea.

Medios de comunicación filtraron una hoja de los horarios con los que se pretendía vacunar a personal administrativo de la Secretaría de Salud que no se encuentran en primera línea. El presidente Hernández, posteriormente, ordenó la suspensión de la vacuna contra la COVID-19 y pidió una priorización al personal hospitalario.

«En este momento es preocupante porque la población vacunada es mínima y el resto de la población actúa como si estuvieran vacunados. Un paciente con COVID-19 puede estar semanas hospitalizado y por eso se puede colapsar el sistema de salud con un pequeño aumento de casos, ya que no tenemos la capacidad de atención adecuada», añade el doctor Maradiaga. 

Mientras tanto, la doctora Ramos recuerda que la población aún debe guardar medidas, especialmente ante el próximo feriado por semana santa: «es una irresponsabilidad de parte del Gobierno no poner restricciones para Semana Santa porque estamos en este momento totalmente colapsados no digamos después de las elecciones primarias, no digamos después de la semana santa, entonces va a ser responsabilidad del Gobierno, por no tomar estas medidas, que se aumenten los muertos», finaliza Ramos.

Por Salvador Madrid

 

Al salir de la escuela, pasábamos por la casona de la alcaldía municipal para presenciar maravillados la tecnología más avanzada: el telégrafo, vibrando bajo la luz de los ojos saltones de Chomo, el telegrafista, que tenía una voz aletargada y nunca hablaba más de cinco palabras, era de sentencias suaves y tenía amarillo el bigote por el cigarrillo.

El televisor apenas lo habíamos visto pocas veces, pues solo algunos ricos del pueblo tenían uno, pero para entrar a sus casas había que andar calzado y yo era un niño descalzo, así que no había carta de presentación en mis pies. Recuerdo aún esas terribles peticiones en las puertas con otros chicos, haciendo ruidos respetuosos para que notaran que estábamos ahí y se compadecieran para decirnos: «entren, pero se sientan en el suelo y no en los muebles», otras veces nos quedábamos ahí afuera, oyendo nada más, imaginando aquellas cosas que tanto deseábamos conocer.

Una tarde entramos a la casona de la municipalidad, recorrimos el corredor y llegamos a la oficina del telégrafo. Había adentro unas seis personas reunidas alrededor de una mesa. Nos acercamos y lo vi por primera vez: «es el teléfono», me dijeron. Un instrumento negro, con un cable y una manija que la giraban como si fuera un molino, luego se lo colocaban en la cara y Milton, el nuevo operador, decía: «aló…aló… sí sí… aló…».

— ¿Quiere probarlo? —Me dijo Milton. 

Y sin que yo decidiera me lo colocó en la cara, le dio vuelta a la manecilla y escuché la estática como cuando no se encontraba una emisora en la radio y de repente escuché mágicamente unas palabras huecas: 

—Operadora Santa Rosa de Copán… 

—¡Decí algo!—me gritaban.

—¿Y qué digo…? —Respondí.

—Cualquier cosa —Repitió Milton… 

Yo estaba temblando, pues creía que había en aquel artilugio algún truco maligno, pero me decidí y dije: «Aquí estoy en Naranjito…». Esas fueron las primeras palabras que pronuncié en un teléfono. La voz me contestó: «No te conozco, ni conozco ese lugar». 

Milton que había vivido dos años en San Pedro Sula dirigía la charla: todos le escuchaban con respeto, él era el experto del teléfono, yo me lo imaginaba como el hombre más poderoso del pueblo en aquel momento. Decía que todo iba a cambiar, que el progreso ya estaba entre nosotros, que ya no habría necesidad de ir a ver a los familiares encarcelados en el presidio de Santa Bárbara, sino que desde ahí se podría hablar con ellos. Agregó que por el teléfono vendrían mejores precios para las cosechas, que harían un proyecto de electricidad, pavimentarían nuestra única carretera, harían un colegio, una clínica dental y que en un valle cerca del pueblo construirían un aeropuerto.  

Dios mío —pensaba yo— cómo es posible que esta caja nos vaya a traer todo eso. 

Pobre Milton, tiempo después lo mataron de dos balazos en un juego de naipes, y de toda aquella saga quimérica que predijo nada más se cumplió una: la de los familiares de su asesino hablando por el teléfono con el matón desde aquella oficina.

El teléfono se quedó en el pueblo, pero yo no veía el progreso. Las mañanas de domingo subía al mirador del Mango, me encantaba imaginar cómo se desplazaba el sonido de las campanas entre las callejuelas y ventanas que abría el aire que llegaba del sur, además de escuchar ese rumor de risas en la casas, gritos felices de borrachos en la cantina de don Lolo, ladridos de perros que seguían a los cazadores rumbo a los montes, martilleo seco mientras herraban los mulos donde Claros Castillo, o pensar ese otro cielo reflejado en el agua de la pila de piedra en el patio de mi abuela, un mundo bucólico amurallado en la inocencia, el olor a café y a zacate limón. Pero también pensaba en el teléfono y en el progreso. 

Decían que Don Alfonso Flores, un hombre de barba blanca y extraños ojos, que recitaba a Dante y Juan Ramón Molina cuando en compañía de algunos paisanos se bebía unos tragos de aguardiente, había hecho una llamada y que el presidente le había contestado, que Don Alfonso Flores era hombre poderoso, pero que no había que prestarle mucha atención a sus conversaciones porque leía libros malvados de literatura, filosofía y de historia, que era ateo y que se hizo ateo por estudiar demasiado, por eso —recomendaban— hay que estudiar poco, eso aturde a la gente y al fin y al cabo letra no quita brutada

Pasado el tiempo, en las vísperas de una navidad, la plebe de mi barrio estaba reunida bajo la Cruz del Perdón, al frente de la iglesia. Hablábamos de nuestros zapatos nuevos, éramos cipotes calzados y ya nos asomábamos a las fiestas, a ver nada más, pues, aunque teníamos zapatos, eran rústicos y no se comparaban con las botas que usaban los muchachos ricos. Empezamos a sentir esa brecha, pues en todo lugar nos miraban de reojo y más de alguna vez nos llamaron velones, palabra que significaba periféricos. Entre nosotros no se usaba esa palabra, la usaban los dueños de todo. Entre nosotros la palabra más ofensiva era «virgo», cuando se pronunciaba, la riña empezaba hasta la inconsciencia.

—Yo no soy virgo. —Le dijo René a Oscarito, mientras se enjuagaba la sangre. —yo fui donde la Lola, le llevé un tercio de leña y cinco pesos y me desvirgó.

—Mentiras… Sos virgo… Si ya no sos virgo dame una prueba. —Respondió Oscarito. 

 —Pues mirá… cuando terminamos me dio una toalla para limpiarme. Es una toalla amarilla que tiene un dibujo bordado de dos pajaritos besándose…

 —¡Es cierto…! ¡A mí también me dio esa toalla para limpiarme…!—Gritó eufórico Oscarito.

Y se abrazaron en medio del griterío que celebraba. Nosotros nos moríamos de la envidia, pues éramos de los virgos de aquella generación y nada más entre los virgos nos contábamos mentirillas para salvaguardar nuestra desgracia.

Esa tarde frente a la Cruz del Perdón se detuvo el único autobús del pueblo y descendió ella, morena, de nariz afilada, ojos claros, miniseta y un pantalón de mezclilla. Yo sentí un frío en las rodillas y la lengua se me acalambró cuando con el dedo índice de su mano derecha, se apartó los gajos de cabello liso que querían cubrirle la cara. Hasta hoy, secretamente he guardado su nombre, porque es la única posesión que de ella conservo. Recuerdo que ella estaba de vacaciones y yo, el pobre, enamorado y loco, me dio en esos días por pedir ropa nueva, otros zapatos y que me compraran gelatina para el pelo porque era la moda. Nada más me compraron una mudada nueva, no hubo para zapatos y la gelatina me la compré vendiendo frutas en la calle, a escondidas, pues no soportaba la idea de encontrarme con ella mientras ofrecía frutas a cinco centavos en el centro del pueblo, con una camisa sucia, un costal al hombro y un sombrerón de junco. Pero lo logré de centavo en centavo completé diez pesos. Llegué un día a la tienda de Chunguito García, vi la vitrina y suspiré cuando miré la gelatina entre aquel conjunto de bisuterías 

—Quiero un bote de gelatina. —Dije con orgullo y en voz alta. 

—¿De cuál? —Me preguntó Chunguito.

—De esa color verde… —Respondí.

Y salí a la calle, pasé frente a la casona de la municipalidad, no me importaba el maldito teléfono, ni el progreso. 

Chomo, el telegrafista, estaba fumando en el corredor del cabildo, decían que se ganaba el dinero sin hacer nada, porque ya nadie mandaba telegramas y que en unos meses lo jubilarían. De ser el hombre que durante años sostenía al mundo hoy era una sombra que se adosaba todos los días en un rincón del corredor mientras la gente pasaba a su lado para hacer una llamada telefónica.

Cada tarde me bañaba, me ponía mi ropa nueva, me llenaba de gelatina el cabello y salía a buscarla. Me juraba hablar con ella al encontrarla, pero las veces que la veía venir caminando por la calle, me fallaban de nuevo las rodillas y la lengua se me retorcía. 

Ella vivía en una ciudad, su estancia era fugaz en el pueblo. Tenía una sola oportunidad, ya no buscaría encontrarme con ella, eso era suicidio, así que empecé por frecuentar a sus parientes, luego esos parientes me acercaron a su hermano, chico de ciudad que hablaba de avenidas, juegos electrónicos, lápices fluorescentes, toda una serie de cosas que yo desconocía, pero esta vez, él estaba en mi pueblo y yo sabía qué hacer para maravillarlo. Le abrí ese universo nuestro que desconocía, las tardes robando frutas en los huertos de orillas del pueblo, las pozas más famosas, los murciélagos fumadores en el cielo raso de la iglesia, a robarse los calzones de los ricos para colgarlos en los árboles del parque, probó de la miel de las colmenas que se hospedaban en los pedregales, lo llevé a la cantina a beber a escondidas su primer trago, previa negociación con el cantinero y nos quedábamos hasta que los borrachos se durmieron para robarles sus zapatos y sus sombreros y meterles un panal de hormigas bajo la camisa. Él estaba feliz por haber descubierto su maldad.

Un día de tantos me invitó a su casa. Ahí estaba aquella criatura de mis sueños. Casi muero cuando me saludó con una sonrisa. Por supuesto, me presenté con la mudada nueva, los zapatos limpios y el pelo embadurnado con gelatina. No hablé nada aquel anochecer, el hermano se encargó de hablar por mí. Yo era una pequeña leyenda en aquella casa.

Me marché feliz. La había visto de cerca y tenía acceso a su casa. Llegaba de vez en cuando a hablar sobre mis andanzas. Ella se reía hasta no poder. Nunca pude decirle nada y casi muero un día la encontré conversando con uno de los muchachos ricos del pueblo. Fue peor cuando dijeron que regresaban a la ciudad. Así que me arriesgué y le escribí una carta. El amor para mí, en aquel entonces, era cuestión de inocencia y de inconsciencia. Luego le envié más cartas, todos los días, hasta cuando una amiga llegó a mi casa con una carta escondida de ella donde decía que me quería. Me prometió regresar todas las vacaciones. Fui feliz en aquel tiempo, sentir esa dulzura que explotaba cada vez que nos tocábamos o incendiarnos en plena calle con solo mirarnos. El mundo mío, pequeño y simple se había convertido en un vértigo que arrasaba todas las corduras y normas sociales que aseguraban que el universo fuera siempre un lugar seguro.

Un día que aguardaba su regreso, llegó un muchacho a mi casa, dijo que me llamaban por teléfono. Fui a la oficina, ahí estaba el mismo objeto que me había sorprendido tiempo antes. Esperé. Luego timbró. Era ella. Nada más dijo que nunca más nos veríamos. Yo trataba de entender esa orilla que de mí se alejaba.

No la he vuelto a ver y nada sé de ella. De esta historia guardo un nombre, un amor inacabado que a veces se esparce como el polen en algunos sueños, la mala fama por la borrachera después de esa llamada, ya que apedreé las casas de los ricos del pueblo e insulté a las autoridades de cólera e impotencia, un poema para vengarme de los teléfonos, pero que oculta algo de mí, de la vez que quedé solo en el mundo, tratando de unir los escombros que me heredó la vasta corriente.

 

Texto: Alejandra Flores

Fotografía de Martín Cálix

 

En julio del año pasado, en medio de la pandemia, desde mi trabajo como defensora de derechos humanos de las mujeres, acompañé un caso de abuso sexual a una menor de edad: Pamela, una niña de once años que había guardado lo que le estaba pasando por muchos años, hasta que decidió contárselo a su mamá, ya que tuvo miedo de que a su hermana de cinco años le sucediera lo mismo y por el mismo abusador. 

A pesar de que estábamos en confinamiento por la pandemia, fueron esos días en los que comenzó la reactivación económica y pudimos asistir a la Fiscalía para acompañar el proceso de la interposición de la denuncia de la niña junto con su mamá. Presenciar este proceso de cerca me hizo comprender la vulnerabilidad en la que se encuentran niñas y mujeres a la hora de denunciar un abuso sexual. 

Pamela, por procesos legales, tuvo que ser examinada física y psicológicamente por Medicina forense. Claramente todos estos exámenes se hicieron en compañía de su mamá, pero el hecho que ella tuviera once años no la eximió de la revictimización constante que se les hace a las sobrevivientes de violencia de género, ya sea abuso sexual o violencia doméstica.

Como abogada, entiendo que todo debe ser un proceso y que se tiene que respetar todos los derechos procesales a la persona que es denunciada, dado que vivimos en un país en el que muchos y muchas son criminalizadas por distintos delitos injustamente, sin que se les haga el debido proceso y de una manera violatoria a los derechos humanos. Pero fue este acompañamiento el que me hizo pensar en lo necesario que debe ser un proceso menos revictimizante a la hora de tratar violencia de género.

Ver a una niña de once años atreverse a denunciar a su abusador, buscando cuidar que a su hermanita de cinco años no le pasara lo mismo, hablar con su mamá, denunciar, tener que haber sido desplazada de su hogar junto a su mamá y sus hermanas para no estar cerca de su abusador y  alejarse de él  —mientras el Ministerio Público realizaba las diligencias investigativas— por miedo a las represalias, es totalmente injusto, para cualquier mujer, y en este caso, para una niña.

Los casos en los que acompañamos a mujeres no solo son «otros casos más» y considero que, a pesar de los cuestionamientos que le hacemos a la institucionalidad, debemos seguir insistiendo desde todos los espacios para seguir llevando la lucha contra un sistema tan duro hacia las niñas y mujeres y aún más en un país como Honduras, en una región como la nuestra, donde la opresión es doble por las condiciones de pobreza, por el narcotráfico y el crimen organizado.

Hace poco recibimos la noticia de que posiblemente el abusador ya tiene una orden de captura, y aunque en nuestro país las penas o las cárceles no sean la solución ideal para evitar que existan violencias en contra de las mujeres, es la respuesta que le damos a Pamela que todo lo que pasó, que todo el proceso, las denuncias que interpuso con su mamá y los exámenes médicos que le realizaron no fueron en vano.

Hace dos años recuerdo haber escrito un texto acerca del 8M (Día Internacional de la Mujer) y lo que significaba para mí asumirme como feminista en un país en que el sistema patriarcal y machista es tan patente. Revisándolo ahora siento que las cosas no han cambiado. Sigo encontrando entre las mujeres que me rodean las fuerzas para seguir llevando la lucha feminista en un país como Honduras en medio de la pandemia que además de la crisis sanitaria ha visibilizado aún más la violencia que viven las mujeres dentro de sus hogares.

Además de liberador, asumirse como feministas también conlleva un dolor por todas las cosas que vamos aprendiendo, así como las amistades que vamos perdiendo y otras que se vamos ganando. Saber que muchas mujeres solo tienen los espacios de trabajo o universitarios para escapar de novios, esposos o papás violentos dentro de sus casas es muy doloroso, también lo es tener que acompañar a niñas como Pamela en todo este proceso de denuncia que en algún momento se vuelve también violento. 

Creo que Pamela es parte de ese grupo de mujeres y niñas que me voy encontrando y me rodean de fuerza para seguir mi lucha feminista —desde cualquier espacio en el que esté— en contra del sistema machista y patriarcal tan tangible que sigue existiendo en nuestro país. 

-Esto no es democracia más bien una falacia…la verdadera guerra no ha terminado, los que nos han masacrado aún controlan el Estado.

Rebeca Lane  –

Texto: Bella Carrillo

Me había costado decidir si votaría en estas elecciones primarias, sé que es una responsabilidad como buena ciudadana, pero con todo el panorama de inestabilidad política que tenemos en Honduras me lo cuestionaba mucho. Al final decidí que sí lo haría a pesar de que me costó elegir algunos perfiles de candidatas y candidatos. Al ver los perfiles de muchas mujeres dispuestas a querer llegar a instancias donde se toman decisiones para cambiar un poco la realidad de este país, me convencí de que tenía que ejercer mi derecho al sufragio.

Llegó el día de las elecciones primarias. Me encontraba ansiosa por saber qué sucedería, me levanté a las 2 a. m., pues me habían invitado a un canal de noticias para que les acompañara a hacer análisis sobre las elecciones, y precisamente acerca de la participación política de las mujeres, por lo tanto debía estar temprano. Tenía la lista de quiénes serían las y los candidatos a los que les daría mi voto.

Cuando eran alrededor de las 11:30 a. m., me preparé para ir a ejercer mi sufragio. Con el enrolamiento, que consistió en obtener un nuevo documento de identidad, me cambiaron de centro de votación —algo que le sucedió a miles de votantes— y no conocía la ubicación de la escuela. Le llamé a un buen amigo para que me orientara, pues él conoce esa zona. Al llamarlo me comentó: «La zona es un poco “cría”, pero tranquila, como son elecciones fijo la Policía está brindando seguridad». A mí no me preocupó eso, pues solo me imaginé que era una zona parecida al Carrizal (el barrio donde me crié, y al que mucha gente le llama un lugar «cría», lo cual siempre me ha parecido un comentario bien clasista).

Llamé a un taxista —amigo mío—, le comenté que iba para aquel lugar y me llevó. Estaba lejos de donde me encontraba y al llegar a la zona por la Aldea Nueva Suyapa observé mucha movilización y carpas de los partidos políticos. Unos hombres quedaron observando el carro y tocaron: «¿qué ondas?», nos dijeron, y luego le hizo señas a otro. Me asustó, pero había tres policías: una mujer y dos hombres, les preguntamos sobre la dirección exacta de la escuela y nos dijeron que no conocían bien la dirección, cosa que me pareció extraño porque si están brindando seguridad a las personas votantes deben conocer la zona.

Luego el policía se dirigió a unas mototaxis y pude observar que estaba hablando justamente con las mismas personas que nos habían interrogado anteriormente. Regresó y nos dijo: «mire, esta zona es bien caliente, ni yo me atrevo a bajar donde está esa escuela, porque está llena de mareros, y si usted va es bajo su responsabilidad. Yo no me hago responsable si no regresan». En ese momento, pude ver cómo nos miraban los hombres que estaban frente al vehículo, quienes tenían un aspecto intimidador. Mi amigo taxista me dijo: «vámonos que no vamos a ponernos en peligro solo por un voto».

Le dije al policía que ellos estaban en la obligación de brindarme seguridad, y me respondió que no era su responsabilidad y que era mi decisión si iba. En ese momento sentí un nudo en la garganta por el miedo y el enojo de no poder votar. También sentí que violentaron mi derecho político, porque no votaría por aquellas mujeres y hombres que había decidido apoyar y todo debido a la incompetencia de los órganos encargados de brindarme seguridad, quienes debieron asegurarse que ejerciera libremente mi voto.

Mientras regresaba lloré, porque solo pensé en lo mal que estamos por la violencia en este país. Por un lado, un Estado que no garantiza nuestros derechos y por otro el crimen organizado que nos oprime tanto, sobre todo a nosotras como mujeres. 

Por eso, al analizar las propuestas de muchas de las candidatas me motivé y me di cuenta de que había alternativas. En medio de todo y a pesar de lo que me sucedió, qué bonito es saber que hay mujeres dispuestas a luchar por todas aquellas que no lo pueden hacer y que tienen las intenciones de cambiar las desigualdades que vivimos desde esos espacios 

Si vemos la historia de la participación política de la mujer y la analizamos, nos damos cuenta que ha sido casi nula. Para darles un dato, desde 1981 hasta 2019 solo 187 mujeres han ganado un puesto en el Congreso Nacional, en comparación de 1401 hombres. Y para ser exacta nunca hemos tenido una mujer presidenta. Si observamos los datos de cuántas mujeres optaron por una candidatura a diputadas para estas elecciones, eran 441 a diferencia de 923 hombres y una mujer a candidata a presidenta contra 8 hombres.

Doy los datos anteriores, porque cuando reflexioné sobre ellos me quedé asombrada y esto me reafirma la desigualdad política en la que nos desenvolvemos las mujeres, no solo en Honduras sino en el mundo. Razón por la que me dije a mi misma: «tengo que apoyar a las mujeres que apuestan y luchan por estar en esos espacios, aunque sea con mi voto, porque no es fácil estar solas y más en estos ámbitos que nos enfrentamos contra todo un sistema patriarcal tan opresor». Es que es necesario apoyarnos entre nosotras, pero debemos apostarle a mujeres que son conscientes y que llevan alternativas para la reivindicación de nuestros derechos, no aquellas que son instrumentalizadas por el mismo sistema y que al final se convierten en nuestras enemigas y se vuelven opresoras.

Por otro lado, con todos los señalamientos que le han hecho en los últimos días a este Gobierno y que las y los hondureños conocemos bien, hasta puedo pensar que es una forma de infundir miedo e intimidar para que no votemos. Y reflexiono: si esto es así en estas elecciones, ¿Cómo serán las próximas?, ¿llenas de intimidación y de fraudes electorales en todos los partidos, irrespetando la voluntad del pueblo?.

Al final no pude votar, me sentía mal por no haberlo hecho sabiendo que sí quería apoyar a las mujeres que iban como candidatas, pero espero poderlo hacer en el próximo proceso. Pero esto no me quita las esperanzas de ver en mejores condiciones este país y espero que quien me lea, si le pasó algún suceso similar, que no se desanime a ejercer su derecho como buen ciudadana y ciudadano.

Cierro llamando a que nos preparemos, que nos organicemos, si queremos cambiar el rumbo de este país haciendo uso de las elecciones, porque esto apenas comienza. No la tenemos fácil y aún más las mujeres —considerando los contextos tan desiguales a los que nos enfrentamos—, pero como dicen por ahí: «desde la dignidad podemos rescatar este país», para nosotras y nosotros: los buenos hondureños. 

Por Perla Rivera

                                             Un pequeño relato dedicado a mi padre. 

 

Mi padre amaba el mar y todo aquello que tuviese relación con él. Nació en el centro de un pueblito que nada tenía de marino y su geografía no podía ser más distante, pero lo amaba. 

Cuando mi madre le dijo que esperaba una hija, su cabeza comenzó a inundarse de nombres oceánicos. Despertaba a media noche empapado de sudor y balbuceaba…ámbar, coral, nácar…y así proseguía en interminables letanías hasta que lo sorprendía el sol de las seis y media de la mañana y debía marcharse a su trabajo. 

Mientras andaba, pensaba en resumir en un nombre su amor por aquel gigante salado y su pequeña descendiente. La imaginaba nadar en el vientre materno, cantar una canción de sirenas o tararear una partitura de agua. Su niña venía marcada por un hilo líquido de nácar y espuma, su sangre. 

Ella nació y el nombre era más que esquivo, las arrugas del padre se acentuaban como olas embravecidas, desoladas. Acogió a la nena en sus brazos y la inundó de besos. La observó con ternura por varios segundos, ya no era necesario buscar, los ojitos pequeños y brillantes de su hija lo dijeron todo. ¡Perla, se llamará Perla!, el mar está en sus ojos, afirmó emocionado. 

Su hija le acarició el rostro balbuceando un lenguaje marino, idioma que solo ellos entenderían, a partir de entonces.

 

La tregua

 

Esperaba en la puerta del salón a mis chicos de tercer grado que regresaban del taller de arte. Algunos venían en fila, otros corrían apurados pues el recreo comenzaría en cinco minutos. Un grito se escuchó desde el fondo del pasillo. Marcos acababa de dar un golpe en la cara a Esther. La pequeña lloraba inconsolable y mientras sus compañeras la atendían, yo reprendí a Marcos por infinita vez, él escuchaba impasible su castigo; de nuevo sin recreo durante una semana. 

Los chicos salieron al recreo. Marcos se sentó en su pupitre y sacó una pequeña cajita con la merienda. Me observó fijamente y pese a mi enojo, con mucha amabilidad me ofreció una de sus tortillas con quesillo. La colocó en una servilleta y me sirvió un poco de jugo de Jamaica. Acepté y creí en su especie de arrepentimiento. Aproveché para conversar y hacerle ver lo importante de practicar la disciplina, el orden y de llevarse bien con sus compañeros. Él me escuchaba atentamente y me abrazó con mucha ternura después de terminar su desayuno. 

El timbre anunció la entrada y Marcos salió corriendo hacia la fila. Un grito sonó en el fondo del pasillo. La tregua había terminado. Marcos había vuelto a las andadas. 

Han pasado más de 72 horas desde el cierre de las urnas y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha presentado informes del conteo oficial de las elecciones internas realizadas el pasado domingo 14 de marzo. En el Partido Nacional (PN) las celebraciones son discretas ante las encuestas difundidas en medios de comunicación que dan como ganador al alcalde capitalino, señalado por corrupción, Nasry Asfura. Mientras esperan los resultados oficiales, en una corte del Distrito Sur de Nueva York se menciona al miembro del partido y presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como parte de la estructura que llevó toneladas de cocaína a Estados Unidos.

 

Texto: Fernando Silva

Fotografías de Martín Cálix

 

«A nosotros nadie nos va a robar, aquí somos el Cañón Azul. Solo en mi familia son 30 votos para David Chávez y Papi a la orden. A quien quiera hacer fraude lo vamos a sacar», decía doña Adela la tarde del domingo 14 de marzo, mientras se realizaba la votación en la escuela Rafael Pineda Ponce, de la colonia 3 de mayo, en Tegucigalpa. Momentos después, integrantes del movimiento Unidad y Esperanza del alcalde Nasry Asfura —a quien llaman Papi a la orden—, y activistas del movimiento Juntos Podemos del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se fueron a los golpes. La policía y los militares que resguardaban el centro cerraron el centro de votación por este altercado y ya nadie pudo ejercer el sufragio a pesar de que faltaba media hora para terminar la jornada.

A pesar de que en «El Cañón Azul» peleaban, y ambos movimientos han mantenido distancia desde el comienzo de la campaña política, al final los líderes del PN, del movimiento que sean buscan impunidad y aseguran que lo que debe primar sobre todo es la «presunción de inocencia» de los acusados por actos de corrupción en Honduras o por estar involucrados en narcotráfico en Estados Unidos. 

Candidatos del PN aseguraron que las acusaciones no impedirían que la gente saliera a ejercer el sufragio, pero sí acusaron al CNE y el Registro Nacional de las Personas (RNP) por las inconsistencias en el censo electoral y los datos del enrolamiento que en muchos casos supuestamente impidieron la votación de sus simpatizantes. 

A pesar de que aún no hay datos oficiales, Nasry «Tito» Asfura, alcalde capitalino y su movimiento celebraron la noche del domingo mesuradamente la victoria que las encuestas a boca de urna le han dado: «no hay vencedores ni vencidos, lo que existe ahora es la gran familia del PN» dijo. Por otro lado, Oliva aseguró horas antes del cierre de urnas que «es inocultable la tendencia que estamos teniendo a nivel nacional. De manera contundente estamos ganando», pero cerró el día manifestando en Twitter que las encuestas de boca de urna no son lo importante, y que esperarían los resultados oficiales. La moneda sigue en el aire en el partido de gobierno, mientras cada movimiento espera en aparente pasividad.

 

En una mototaxi de la Colonia 3 de mayo, un afiche de Nasry Asfura, alcalde del Distrito Central y precandidato a la presidencia por el movimiento Unidad y Esperanza. Comayagüela, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Asistencialismo para seguir en el poder

 

Jeff Ernest, periodista que cubre el juicio por narcotráfico contra Geovanny Fuentes en la corte del Distrito Sur de Nueva York, informó a través de sus redes sociales que la mañana del martes 16 de marzo un testigo que presenció reuniones entre el acusado y el presidente Hernández escuchó decir al mandatario que «los hondureños son pendejos, con una cerveza y una carnita dan su voto». Esa lógica se expresa en los programas asistencialistas del actual Gobierno como el programa Vida Mejor, que incluye bonos monetarios y bolsas de comida, acciones que el movimiento Unidad y Esperanza de Nasry Asfura ha prometido continuar.

La noche del domingo en la celebración por los datos que arrojan las encuestas no oficiales, David Chávez, precandidato a la alcaldía y coordinador del movimiento, aseguró que continuarán con el programa Vida Mejor y la construcción de carreteras.

Estos programas de asistencialismo no solo han servido para acumular un gran caudal electoral para todo el PN, sino que desde ahí también se han drenado fondos estatales, como en el caso Corrupción sobre Ruedas donde se describe cómo el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) libró 26 cheques por un total de 4.6 millones de lempiras en favor de una empresa de maletín, que alquiló 39 vehículos blindados para ser utilizados en la entrega del Bono diez mil, que es parte del programa Vida Mejor. Parte de ese dinero fue utilizado para pagar parcialmente un vehículo Land Cruiser Prado para Hilda Hernández, hermana del presidente y también se utilizó para mover activistas en la campaña electoral de 2014.

En una entrevista realizada por Contracorriente y Play FM el día de las elecciones, el analista político Efraín Díaz Arrivillaga aseguró que «las opciones que da el PN son las mismas desde hace más de 10 años, muchas de ellas ligadas a corrupción». Y agregó que el peor escenario para el país para las elecciones generales es que continúe el partido actual de gobierno por los altos niveles de corrupción, vínculos con el narcotráfico y la demostrada ineficiencia en momentos de crisis como la pandemia.

Sin embargo, por lo menos en los barrios y colonias de Tegucigalpa, el escenario para el PN sigue siendo favorable producto del trabajo asistencialista de todos estos años. Un ejemplo el día de las elecciones fue la calle que conduce a la escuela Rafael Pineda Ponce en la colonia 3 de mayo, que con música reguetón y poco distanciamiento social permanecía inundada de banderas y publicidad del PN, incluso en los mototaxis del barrio.

Dentro del centro de votación cada cierto tiempo alguien empezaba a corear el apodo de Nasry Asfura y luego muchos más se le unían, «¡Papi, papi, papi!». Entre las personas que aclamaban el apodo del edil capitalino estaba doña Adela.

Doña Adela asegura que la victoria de Nasry Asfura es un hecho por las obras de infraestructura que él ha realizado en toda la capital, principalmente destaca la pavimentación de la calle de su colonia. «Han estado ayudando porque han hecho pavimentaciones, antes aquí la calle era de tierra y ahora está pavimentada, ahora solo pedimos que haya más trabajo y seguridad, pero principalmente el trabajo», dice en medio del griterío y la música.

Asfura ha sido alcalde de la capital los últimos ocho años y ahora enfrenta un proceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras. Según la solicitud de antejuicio presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de sus propias empresas, pagar tarjetas de crédito y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.

Al consultarle sobre estos actos de corrupción a Ebal Díaz, secretario de la presidencia y precandidato a diputado por ese movimiento, aseguró que Asfura «es un hombre limpio que puede ver a cualquiera a los ojos de frente, ha quedado demostrada su gestión transparente y limpia en la alcaldía, ahí están los hechos, eso demuestra quién es “Papi” así que hoy estamos contentos de ejercer el sufragio». Díaz ha sido un fiel defensor del presidente Juan Orlando Hernández, según información pública de Casa Presidencial, este funcionario gana 100,000 lempiras como asesor del presidente. 

 

El precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento interno nacionalista, David Chávez, ejerce el sufragio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por su lado, David Chávez, precandidato a alcalde y coordinador del movimiento, asegura sobre las acusaciones que «hay un sesgo muy importante, creo que es el único alcalde que ha podido sacar adelante esta ciudad y que ha podido manejar de manera transparente los recursos, no es posible que a “Papi”, que tiene muchos recursos, le van a decir que se apropió de 2 millones de lempiras —la acusación realmente indica que fueron 28 millones— pero entendemos que hay gente que quiere sacarlo utilizando ese tipo de instrumentos. El sesgo puede venir de partidos políticos aliados con el grupo oscuro del PN». 

La Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra Asfura y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, por presuntos actos de corrupción en sus gestiones dentro de la alcaldía. Acusaron a los funcionarios por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios. Los 28 millones de lempiras (alrededor de 1,120,000 dólares), aseguran que fueron desviados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entre 2017 y 2018.

Asfura ha negado rotundamente las acusaciones y cuando Contracorriente le cuestionó sobre su asociación con empresas que tienen contratos activos con la alcaldía, aseguró que hace mucho tiempo se desligó de esas empresas y que ya no se acordaba de las operaciones realizadas en ese momento.

 

Militantes del Partido Nacional de la corriente interna Juntos Podemos, celebran lo que para ellos es el triunfo de su corriente en las internas de su partido antes del cierre del proceso de votación. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Mauricio Oliva y las irregularidades del CNE

 

Sobre el proyecto asistencialista del movimiento Unidad y Esperanza, el pasado 12 de marzo Mauricio Oliva aseguró a través de redes sociales que «no se vale que anden chantajeando a la gente con una bolsa solidaria, no se vale andar amenazando a la gente con que le van a quitar el bono, no se vale que anden asustando a los guías familiares con que le van a quitar la chamba, no anden amenazando».

El día de las elecciones, en Tegucigalpa, Oliva no recorrió los pasillos de los centros electorales perseguido por decenas de periodistas y sus activistas, como sí lo hizo el candidato del otro movimiento. Oliva se refugió en su centro logístico y se dirigió a la prensa después de su voto solo en un par de ocasiones más. Rodeado de un escenario triunfador, con una tarima gigante, con empleados del Congreso Nacional trabajando para él en la logística de comunicaciones.

Mauricio Oliva, ha sido presidente del Congreso Nacional desde 2014, desde allí respaldó a inicios de 2020 la no renovación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia que durante su estadía en el país investigó 13 casos de corrupción en el que estuvieron involucrados decenas de funcionarios gubernamentales.

En ese contexto, Oliva declaró a inicios de este año que «las funciones de la Maccih eran puramente de asesoría y no de suplantación del Ministerio Público y eso afectó mucho, porque se hizo mucho show mediático». En enero de 2018 cuando Juan Jiménez Mayor, jefe de la misión, reveló que estaban investigando a Oliva junto a otros 60 diputados del Congreso Nacional, el parlamentario interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para evitar las investigaciones, el resultado fue justamente la suspensión de las pericias y la protección del presidente del legislativo.

En una entrevista con Radio América, Oliva manifestó que se siente «tranquilo, lo único que dijo Juan Jiménez Mayor es que yo estaba en una lista de 60 diputados que iban a investigar, que se trataba de una denuncia de oficio o anónima, si se va al Ministerio Público, le diré que soy el presidente de los poderes del Estado que menos denuncias tengo, incluso que el presidente de la Corte Suprema».

Además, agregó que las denuncias que tiene son originadas por personas que dicen que el Congreso está involucrado en situaciones atípicas, pero asegura que todas las decisiones tomadas allí son consensuadas con la mayoría.

Según una investigación del medio digital Expediente Público, Oliva también ha estado involucrado en negocios con personas vinculadas al crimen organizado, en específico el socio de una empresa vinculada a la familia Rivera Maradiaga —cartel de Los Cachiros— hizo el traspaso de tres bienes a su propiedad, y una casa a su yerno, César Antonio Pinto Pacheco, esposo de Rina Oliva Brizzio, directora del Banco Central de Honduras.

El día de las elecciones internas, casi a las cuatro de la tarde un grupo de jóvenes del partido cantaban las canciones de la campaña política que ha liderado Oliva y aplaudían, uno de ellos gritaba efusivamente: «vamos a rescatar el Partido», y después comenzó una conferencia de prensa en la que solo apareció el coordinador general de campaña, el designado presidencial Ricardo Álvarez, y el candidato a la alcaldía del Distrito Central por su movimiento, Juan Diego Zelaya. Anunciaron que la tendencia que ellos manejaban posicionaba a Oliva 6 puntos arriba del candidato del otro movimiento. Además, agregaron que no estaban de acuerdo con la extensión del plazo de votación a una hora más, aunque finalmente el CNE sí decidió ampliarlo.

Ante el silencio del CNE, Oliva y su entorno parecen derrotados, aunque el parlamentario anunció en su cuenta de Twitter que «lo importante no son las “bocas de urna” sino que se recojan todas las actas de presidente, alcaldes y diputados a nivel nacional y que se respete la voluntad del pueblo». 

La incertidumbre de las elecciones internas

El PN y su fuerte organización de base organizada durante 11 años en el poder no esperaban los retos que se presentarían en el proceso electoral, incluso en los barrios y colonias donde activistas y empleados gubernamentales han logrado conseguir una estructura que garantice una votación masiva.

En la colonia La Esperanza de Tegucigalpa, por ejemplo, gestoras y activistas comunitarias del Gobierno conocidas como guías de familia organizaron a los votantes de cada movimiento y los llevaron en buses a cada centro designado para ejercer el sufragio; sin embargo, allí se encontraron con que algunos habían sido cambiados de domicilio y otros simplemente no aparecían en el nuevo censo electoral.

En una de las seis carpas que el Partido Nacional organizó para que sus simpatizantes pudiesen ubicar su mesa de votación, se encontraba Carmen Caballero de 50 años, empleada de la Dirección de Aeronáutica Civil, que se quejó por «el macaneo» que han generado las autoridades del CNE, dijo que «la gente estaba desesperada por querer entrar a votar y vinieron tarde las urnas, después pasó que a la gente no la dejaron votar porque no tiene tarjeta de identidad, los nuevos votantes no votaron, y a otra gente la trasladaron a otros lugares, aunque eran de aquí los mandaron a otro lugar con el enrolamiento, el CNE y el registro son un desastre».

Carmen también simpatiza con el movimiento de Nasry Asfura aunque asegura que no le gusta que corte tanto los árboles, piensa que esa es la principal razón de que ahora haya tanto calor, pero dice que es seguro que él va a ganar.

Mientras atendía a simpatizantes de su partido, Carmen también nos comentó la situación del presidente Hernández y su mención en cortes de Estados Unidos, otro factor que ha dejado incertidumbre en las elecciones internas de la institución política, dice que «si usted no ha hecho nada, pero trata de oponerse a gente mala, se la van a querer desquitar como sea, y eso es lo que están haciendo allá», y agrega: «el presidente ha luchado en contra de tanta delincuencia que hay, mire esta zona, tanta droga sin embargo el presidente ha luchado y el que no mira eso es como Shakira: ciego, sordo y mudo».

Por la mañana ese mismo día, después de ejercer el sufragio, el abogado Oswaldo Ramos Soto también opinaba sobre las acusaciones en Estados Unidos en contra del presidente y aseguró que «lo que ellos quieren en el caso del presidente, pienso yo, es que se les rebajen las penas y el presidente es una figura importante en cualquier país», el diputado también apunta a personas de «izquierda» en Estados Unidos como los responsables de querer dañar la imagen del presidente. 

En el mismo contexto, también recordó a uno de sus ex alumnos del periodo en que fue docente universitario en la facultad de derecho, el abogado Yani Rosenthal y aseguró que «cuando una persona ha cumplido una condena ya está limpio, no puede cargar toda la vida con esa condena. Yani es de otro partido, pero yo quiero decir como abogado que él ya purgó su condena, por qué lo van a seguir acusando de un delito del que ya cumplió la pena».

Ramos Soto, del movimiento Unidad y Esperanza, fue uno de los diputados que votó en favor del término del convenio de la Maccih, y ahora espera alcanzar su quinto periodo como parlamentario en el Congreso Nacional.

Han pasado casi dos días desde que la ciudadanía ejerció el sufragio en las elecciones primarias y aún no hay resultados oficiales. Este proceso electoral se dio entre la desconfianza y la improvisación. Mientras los candidatos se declaran ganadores, las consejeras del CNE piden paciencia y han dicho que  este será el proceso electoral más transparente en los últimos doce años.

Por Lizz Mejía y Leonardo Aguilar

Fotos Martín Cálix

Las elecciones internas en Honduras se desarrollaron el pasado domingo 14 de marzo bajo la tutela de dos nuevas instituciones electorales: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) —instituciones colegiadas e integradas por representantes que responden a tres partidos políticos—. Los anteriores órganos no figuran en la ley electoral que se tomó como marco jurídico para dirigir este proceso, porque en el Congreso Nacional no se aprobó el dictamen para contar con una nueva ley electoral. La improvisación y el hermetismo han sido las características predominantes en el proceso. 

Horas antes de que iniciara el proceso electoral, la consejera propietaria del CNE, Rixi Moncada —representante del partido Libertad y Refundación (Libre)— había advertido que para estas elecciones primarias e internas no habría transmisión de resultados electorales, porque no se contrató a ninguna empresa, sino que existiría una «divulgación de datos» y que sería efectiva hasta que ingresaran las actas de las urnas al centro del cómputo del Consejo.

Ante la falta de un sistema de transmisión de resultados, surgieron siete empresas encuestadoras de boca de urna que hicieron un festín al aprovechar el vacío jurídico y técnico del Consejo Electoral. La mayoría de medios de comunicación en Honduras difundieron estas encuestas que dieron como ganadores, sin discrepancias, a Yani Rosenthal en el Partido Liberal, Nasry «Tito» Asfura en el Partido Nacional (PN) y a Xiomara Castro en el Partido Libre. 

En la noche del domingo 14 de marzo, tras finalizar la jornada electoral, la presidenta pro témpore del CNE, Ana Paola Hall —representante del Partido Liberal (PL)— expuso que el día siguiente, el lunes, desde horas tempranas se estarían emitiendo comunicados cada hora o cada dos horas. Prometió que el conteo sería público y de forma transparente y que cada partido político tendría acceso. El consejero del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, también prometió transparencia.

Sin embargo, el día lunes se impidió el acceso por varias horas a periodistas de medios de comunicación quienes no pudieron ingresar a un militarizado Instituto de Formación Profesional (Infop) en Tegucigalpa, en donde se encuentra el centro de acopio de las actas electorales. Incluso se le negó el paso a representantes estatales de transparencia.

La mañana después de los comicios electorales, el lunes 15 de marzo, la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, denunció que el CNE no había dado acceso al centro de acopio ubicado en el Infop, cuando el escrutinio de los votos y la verificación de actas debe ser un proceso público. En una conversación con Contracorriente, la comisionada Ardón comentó que el pleno que ella integra estaba en las mismas condiciones que los medios de comunicación y demás ciudadanos, a la espera de los cortes y boletines que prometió divulgar el CNE. A mediodía, miembros de las Fuerzas Armadas resguardaban las instalaciones del Infop, a la espera de los buses y los camiones que transportaban el material electoral que regresaba a la capital para iniciar el conteo de votos.

En ese momento, los reporteros de los distintos medios de comunicación empezaban a reunirse en el Complejo Hotelero Plaza San Martín a la espera de las declaraciones de los tres comisionados propietarios del pleno del CNE, quienes nunca llegaron. Germán Lobo Munguía y Flavio Nájera Zelaya, consejeros suplentes, indicaron que, al igual que la ciudadanía, esperaban saber qué ocurría cuando ya habían transcurrido más de 24 horas desde el cierre de las urnas. Varios reporteros cuestionaron a Nájera, alegando que la tardanza en el proceso le restaba transparencia a los comicios en los que los hondureños esperan cambiar el rumbo del país. «Eso preguntemos a los compañeros propietarios cuando lleguen», respondió Flavio Nájera, suplente del CNE, quien también agregó que a las 9 p. m., de este lunes 15 de marzo, el ente electoral tenía planificado empezar el escrutinio, proceso al que tendría total acceso la prensa nacional y los miembros del pleno del IAIP. 

Llegadas las 9 p. m. del día lunes, miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y Policía Militar, revisaban las acreditaciones que portaban las personas que buscaban entrar a Infop, espacio en el que, según los comisionados suplentes, habría acceso sin prohibición alguna, pero no fue esta la instrucción que se giró a los militares, quienes restringieron la entrada y ningún medio comunicación entró al tan esperado procesamiento de actas. 

En los alrededores del almacén tecnológico, dos camiones que transportaron las maletas electorales estaban estacionados, el material utilizado en los comicios seguía ahí y los motoristas comentaban que sus compañeros que venían desde Gracias a Dios, Ocotepeque, Yoro y Colón —zonas oriente, occidente y norte de Honduras— estarían llegando en el transcurso de la semana, probablemente el miércoles o jueves. 

En entrevista con este medio, el reconocido escritor hondureño Julio Escoto lamentó la incertidumbre creada por el CNE, en donde reinan las especulaciones por las encuestas de boca de urna que no son conteos oficiales, siendo aprovechados por algunos candidatos para declararse ganadores. «A todos nos está extrañando que el Consejo no haya dado ni siquiera un indicio formal, legal y serio de qué es lo que está en sus manos como resultado de las votaciones, ya a las 24 horas sería tiempo de que emitiera un comunicado que fuera primario. Ojalá que, cuando ocurra, sea de una buena cantidad de urnas contabilizadas para evitar este suspenso largo, que nos ha hecho entrar en sospechas y en suspicacias», estableció Escoto.

En las afueras del Infop, algunas personas comentaban que era inaudito que más de 30 horas después del cierre de las urnas, los titulares del CNE no habían dado la orden de iniciar con el conteo de las maletas que ya estaban en las instalaciones de Infop. A los digitadores que están asignados en el centro de cómputo se les pidió retirarse a las 5:30 p. m. del lunes y se les convocó a presentarse a las 5:30 a. m. del martes para empezar con el cotejo de actas. El control total quedó en manos de militares. 

Antes de medio día, el centro de cómputo permanecía sin actividad o personal digitador, solamente personal autorizado por el CNE entraba y salía del salón destinado a la recepción digital de actas y divulgación de información. 

Ana Paola Hall García, consejera presidenta del CNE, aseguró este martes que este será el proceso más transparente en los últimos doce años, puesto que ya no hay transmisión rápida de datos preliminares que se hacían en la oscuridad de la noche. Agregó que esas prácticas que hubo en procesos electorales anteriores, era para beneficiar a personas en específico.

Por su parte, la consejera Rixi Moncada pide calma a la ciudadanía, a los dirigentes y a los candidatos de los partidos políticos, porque la ley vigente le da al CNE 30 días para dar resultados definitivos, que aunque el proceso sea lento, es seguro y con acceso para todos.

Una agente de la Policía Militar del Orden Público custodia la entrada a la sala de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes luego de dos días siguen sin dar declaraciones y sin dar resultados de las elecciones internas realizadas el pasado 14 de marzo. Tegucigalpa, 16 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Debido a la falta de información, ya sea mediante boletines o conferencias de prensa, por parte del ente electoral, ciudadanos hicieron circular una convocatoria en la noche del lunes para protestar frente a las instalaciones de Infop y exigir el inicio del conteo de votos, sin embargo, menos de 20 personas se presentaron a los portones de ingreso al edificio, donde militares negaron la entrada a cualquier persona que no sea empleado del CNE.   

Miles de hondureños que participaron en los comicios internos y primarios se han quejado, principalmente en redes sociales, argumentando que la voluntad popular está en riesgo debido a los problemas institucionales en el CNE, que se ha mostrado incapaz de poder brindar —hasta la mañana del martes— un solo comunicado para generar tranquilidad en la ciudadanía.

El escritor Escoto manifestó que el proceso de elecciones primarias dejó una cantidad de aprendizajes interesantes, y hasta curiosos. Asegura que hubo una buena asistencia ciudadana en las urnas, lo que mandó un mensaje claro para la clase política.

«Eso significa que al pueblo hondureño le interesa ser consultado, dar su opinión sobre uno u otro campo, en este caso específico en el de los candidatos a elección popular. Y podemos sacar otra conclusión derivada: que así como le gusta participar en eventos de tipo de sufragio, creo que también le gustaría participar por ejemplo en plebiscitos sobre ciudades modelo, ley de secretos, Ejército, salud, educación y vivienda», dice Escoto, en referencia a temas que han generado conflictos sociales en todo el país. 

Entre tanta especulación y zozobra, el precandidato de Libre, Carlos Eduardo Reina, escribió en Twitter que «se robaron el disco duro del escaner de actas del CNE y cortaron los anillos de fibra óptica. A más de 40 horas del cierre de las MER ocurre esto. Encuestas sembraron una matriz de cómo quedaron las elecciones y ni un voto se ha contado». No obstante, personal del CNE que pidió no revelar su identidad, contó a Contracorriente que lo ocurrido con la fibra óptica fue un accidente, pues aún se está trabajando en la estructura metálica que se utilizará para el escrutinio y al momento de soldar uno de los empleados cortó el cable pero se reparó en el instante. En cuanto al disco duro, la fuente afirmó que «nunca se lo robaron, solo es que está malo y tienen que repararlo porque es el de las cámaras», horas después el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, corroboró esta información. Esto es el ejemplo de la improvisación con la que el CNE ha manejado este proceso electoral.

 

Elecciones internas con múltiples irregularidades

Un hombre participa de las elecciones internas del Partido Liberal en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

LEA: La lucha por control de mesas electorales detiene la aprobación de una ley sin reformas profundas

La ciudadanía ejerció el sufragio con un Censo Nacional Electoral que habilitó a 4,8 millones de hondureños —pero que excluyó a miles que no participaron del proceso de enrolamiento— para votar en un poco más de 5000 centros de votación, en donde se instalaron 23,000 MER, y en donde cada partido, en los centros de votación, pudo utilizar cuadernillos o hacer búsquedas en línea para poder habilitar in situ a los simpatizantes de sus partidos que no aparecían en los listados oficiales, lo que generó ciertas desigualdades ya que algunos votantes sí aparecían en los censos de determinado partido, pero no aparecían en los de otro.

El abogado Ernesto Paz Aguilar, doctor en ciencias políticas y experto en temas electorales, afirmó que las elecciones primarias se vieron marcadas por el boicot que hizo el Partido Nacional para que no se aprobaran las reformas electorales. «El poder ha obstaculizado que el ente electoral tenga los recursos necesarios para hacer una elección limpia y con transparencia. Hoy vimos esa gran cantidad de irregularidades, gran cantidad de inconsistencias y eso representa una pequeña sumatoria de pequeños errores que al final pueden crear una crisis».

Paz Aguilar considera que sectores “oscuros” trastocaron el formato para el enrolamiento. «De ese censo electoral de 4,8 millones, hubo 1,6 millones a los que les cambiaron la mesa de votación. A alguna gente que ha votado en el lugar en que vive, la mandaron para otro lado».

El proceso de enrolamiento, para obtener un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), también generó denuncias por duplicidad de domicilios: ciudadanos aparecieron aptos para votar en listados de centros de votación de su anterior domicilio y también figuraron en el nuevo centro de votación asignado para su domicilio actual. Por otro lado, miles de personas se quedaron sin votar porque fueron expulsadas del censo, ya que no se enrolaron a tiempo. Finalmente, una gran cantidad de jóvenes de 18 años se quedó sin ejercer el sufragio porque los encargados del Proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas (RNP), sin dar explicaciones, no entregaron a tiempo el DNI, aunque este ya estaba impreso días antes de las elecciones. 

Leonardo Pineda, director de una organización de jóvenes denominada Jusive, dijo a Contracorriente que previo a las elecciones se observó a cientos de jóvenes que querían votar por primera vez intentando reclamar su identidad, pero no lo lograron. «Hicieron grandes filas en medio de una pandemia sin medidas de bioseguridad completas. Y algunos no pudieron recibirla. Son más de 200,000 jóvenes los que no pudieron ejercer su voto a pesar de que sí se enrolaron en tiempo y forma».

LEA: Las irregularidades en el costoso censo electoral

En Honduras no existe la ciudadanización de las mesas electorales. Los integrantes de las MER fueron compuestas e integradas por representantes de los movimientos internos de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL), quienes ayudaron a trasladar el material electoral junto a las FF. AA. y posteriormente se encargaron de todo el proceso. A pesar de las trabas para ejercer el sufragio, y de que solo participaron 3 de los 14 partidos políticos inscritos en el CNE, hubo una afluencia importante a las urnas. 

Los precandidatos del Partido Liberal fueron el empresario Yani Rosenthal y el ingeniero Luis Zelaya; en el Partido Nacional estuvieron el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, y, finalmente, en el PL estuvieron Xiomara Castro —esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009)—, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y Carlos Eduardo Reina. 

El CNE entregó un poco más de 111,000 credenciales. De estas, 16,000 fueron para el PN que llegaba con dos movimientos internos; el PL recibió casi 24,000, para repartir entre sus tres movimientos, y el partido Libre, 71,000, pues contaba con nueve corrientes internas. Estos representantes administraron la instalación de las MER, la votación de los ciudadanos, el escrutinio y el llenado de las actas de cierre de resultados, así como el embalaje y devolución de la maleta electoral. Los precandidatos en los niveles presidencial, diputados, alcaldes y regidores se disputaron 3038 candidaturas a cargos de elección popular.

Escoto cree que entre los puntos importantes a evaluar y reconocer es que el Consejo está en manos de mujeres. «Me parece admirable porque hasta el momento las dos mujeres principales (Rixi Moncada y Ana Hall), han mostrado una conducta seria y muy profesional, ese es otro elemento, que es ganancia para el país en términos generales, hay que ver si este movimiento que ya ocurrió pueda tenerse en las generales con leyes aprobadas para tener una elección más limpia, fuerte e intensa que las que acabamos de tener».

 

Partido Libre

El partido Libre tenía entre sus filas a cuatro precandidatos presidenciales en donde sobresalía Xiomara Castro quien recibió el respaldo de seis corrientes internas; el resto de precandidatos, Wilfredo Méndez, Carlos Reina y Nelson Ávila, tenían el respaldo de una corriente cada uno. Entre todos los candidatos hicieron un total de nueve corrientes internas.

La precandidata Xiomara Castro, tras los sondeos y publicaciones de las encuestadoras de boca de urna, reaccionó ante los medios de comunicación para reivindicar su victoria, descartar repetir una alianza con Salvador Nasralla (como ocurrió en 2017) y asegurar que «Honduras, por fin, tendrá una presidenta mujer».

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Dos jóvenes conversan frente a una carpa de información del Partido Liberal en la Colonia 3 de mayo. Comayagüela, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Partido Liberal

 

La atención estaba puesta en lo que sucedería dentro del Partido Liberal, que llevaba a tres aspirantes a convertirse en el candidato oficial, de los cuales solo dos tenían posibilidades reales: Luis Zelaya y Yani Rosenthal. También llegaba el diputado Darío Banegas, quien no generaba muchas expectativas. 

El precandidato Luis Zelaya había atacado a su correligionario Yani Rosenthal, porque este último se postuló a pesar de que meses atrás fue encarcelado en EE. UU. a tres años de prisión y a una multa millonaria por haber realizado transacciones de bienes ilícitas relacionadas con el cartel de narcotraficantes los Cachiros, cuyo líder, Devis Rivera, está actualmente como testigo en EE. UU. denunciando que, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, sostuvo reuniones también con un miembro de la familia Rosenthal.  

Luis Zelaya había manifestado, previo a estas elecciones primarias, que de convertirse en ganador, haría una alianza política con el candidato del partido Salvador de Honduras, el ingeniero Salvador Nasralla, quien en 2017 encabezó una alianza de oposición acompañado de un robusto partido Libre y junto a otros partidos minoritarios. 

Para el escritor Escoto hay varios posibles escenarios post elecciones primarias. El primero es que nos llevemos una decepción profunda en el caso de que el pueblo haya asistido a dar su respaldo a personas que están condicionadas por asuntos éticos. «Yo no tengo ningún tipo de animadversión con Yani Rosenthal, pero es muy temprano que él se haya lanzado sabiendo que venía de una prisión y cuando él mismo indicó que sí había cometido delitos». 

Para el analista político Efraín Díaz Arrivillaga, el peor escenario para el país para las elecciones generales es que continúe el partido actual de gobierno. «Por los altos niveles de corrupción, vínculos con el narcotráfico y la demostrada ineficiencia en momentos de crisis como la pandemia».

«El mejor escenario es que se logre una alianza política que produzca las reformas necesarias, pero el partido Nacional se opondrá a eso. El otro escenario es que después de las primarias, dependiendo de los resultados, se haga evidente la necesidad de hacer reformas que le den certeza y transparencia al proceso general de elecciones» expresó. 

Proyectos políticos cuestionados

Dos mujeres son atendidas por un joven dentro de una carpa nacionalista en la Colonia 3 de mayo frente al centro de votación de la Escuela Rafael Pineda Ponce. Comayagüela, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez realizándose actualmente en una Corte de Nueva York, se ha mencionado al expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), coordinador de Libre, a Yani Rosenthal y al presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la acusación más grave es contra el presidente Hernández, líder indiscutido del Partido Nacional, que tiene una influencia poderosa sobre el alcalde capitalino Nasry Asfura y del presidente del Legislativo, Mauricio Oliva.

Para el abogado y analista político Raúl Pineda Alvarado «el país no está libre de los proyectos narco. Estos son de largo plazo. Hay candidatos en Libre, Partido Nacional y Partido Liberal involucrados. Pero eso no quiere decir que ahorita no estén pasando por un mal momento». Agrega que después de la elección primaria el presidente Juan Orlando Hernández perderá mucho poder.

Germán Espinal, comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como «Política Limpia», denunció la semana en que se desarrollaron las elecciones que apenas el 33 % de los seis mil precandidatos a cargos de elección popular que estaban pendientes con su cuenta bancaria cumplieron con hacer sus respectivas declaraciones, según una nota publicada en Proceso Digital.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) puso a disposición el gasto de campañas publicitarias de algunos precandidatos con cantidades que solo incluyen el pago en radio y televisión. Estos fueron publicados en el portal www.elecciones.hn. El candidato que más gastó fue Yani Rosenthal, quien aparece con un gasto de 13 millones de lempiras. Luego le siguen Darío Banegas con 729,000 lempiras y Luis Zelaya con un poco más de 1,4 millones de lempiras.

En el gobernante Partido Nacional, el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, destinó más de 5,6 millones de lempiras, mientras que el presidente del Congreso Nacional realizó un gasto de 2,3 millones de lempiras.  En el partido Libre, el precandidato Méndez gastó apenas 14,000 lempiras y Reina, 224,000 lempiras. Nelson Ávila y Xiomara Castro no reportaron haberse anunciado en espacios televisivos y radiales. 

Honduras tiene un enorme problema, a pesar de que está vigente la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia, porque esta depende directamente del CNE, y este órgano electoral, está controlado por los partidos Libre, Nacional y Liberal, lo que condiciona la fiscalización de los partidos.

Para el doctor Aguilar Paz, «en los diferentes partidos van, unos más y otros menos, candidatos a diputados y a alcaldes señalados como corruptos. Y eso le afecta básicamente al partido de gobierno y al resto de partidos».

Paz Aguilar indica que existen varias formas de clientelismo político que provocan que el ejercicio democrático no se constituya en un voto ejercido por la ciudadanía consciente, organizada y participativa. En primer lugar, el profesional del derecho identifica el clientelismo de Estado, que es aquel que favorece al partido que está en el poder. «Ellos tienen por lo menos una lista de diez programas sociales y eso sirve para inducir el voto. Ellos son rehenes de eso. Hay mecanismo de coerción y de coacción para que voten por ellos. Y esto va desde entrega de comidas o raciones de alimentos, hasta láminas de zinc, cemento, vacunas, dinero en efectivo, etcétera. Eso es corrupción de Estado porque el dinero sale de los impuestos que nosotros pagamos. Ese delito más temprano que tarde tiene que pagarse».

El doctor agrega que otro tipo de clientelismo se conoce como personal y que consiste en que los candidatos ayudan a la gente. «Los diputados de la oposición, generalmente, tienen que ayudar a sus dirigentes y a los electores. Tienen que financiar a la gente que está en las mesas. Darles una pequeña remuneración. Darles transporte y comida. Eso también es puro clientelismo». Finalmente expone que la mayoría de gente que participa en política y está comprometida en un proyecto. «Usualmente tienen círculos de influencia y le hablan a sus familiares para que le ayuden a los candidatos, diciéndoles: Si gano yo, vos ganás también», explica el experto. 

Partido Nacional

Un simpatizante nacionalista deposita sus votos en las elecciones internas de su partido en la Escuela Juana Lecler. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Como precandidatos presidenciales del gobernante Partido Nacional llegaron dos altos funcionarios públicos. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el alcalde de la capital Tegucigalpa, Nasry «Tito» Asfura. Ambos señalados por sendos procesos de corrupción pública. En el caso de Oliva,  a inicios de 2018, la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) informó que lo estaba investigando por su presunta participación en un plan para defraudar fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales. Los congresistas realizaron reformas con las que detuvieron dichos procesos.

En el caso de Asfura, enfrenta actualmente un proceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras. De acuerdo con información del caso a la que Contracorriente tuvo acceso, «Tito» utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de empresas, pagar tarjetas de crédito y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.

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A falta de resultados oficiales, todo lo que se conoció los días 14 y 15 de marzo fueron los resultados de las encuestas de boca de urna, realizadas por encuestadoras, replicados por la mayoría de medios en Honduras. Estas ubicaron a «Tito» como indiscutido ganador y próximo candidato del partido de gobierno. Asfura intentó ser prudente, pero ha manifestado sentirse ganador. Por su parte, Mauricio Oliva, con números que lo desfavorecen enormemente en las encuestas, ha dicho que fue él quien ganó las elecciones.

Para Julio Escoto,  poner como ganador a Nasry Asfura sería una sorpresa, porque a su juicio existe la sospecha de que ocurre una burbuja en el caso en el caso de este precandidato, que tiene mucha gente que vota por él en Tegucigalpa y que por esa razón se inflaron los datos de boca de urna.

«En el resto del país, hasta donde nosotros conocemos, la imagen de Asfura es muy baja, escasa y muy pobre. Personalmente no creo que la mayor parte de los votantes hayan ido a urnas por él, además que en el Valle de Sula la clase media lo consideramos casi como un enemigo, por el problema de SulaAmbiente en donde le quitó mucho dinero a la municipalidad de San Pedro Sula sin haber recogido una sola bolsa de basura», expone Escoto.

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Eduardo Martell, precandidato por la alcaldía del Distrito Central por la corriente de Luis Zelaya publicó en redes sociales, asegurando lo siguiente «¡pueblo, ganamos! Hoy en torno de las 11 a. m., transmitiremos en vivo, con actas en mano, el triunfo contundente de Luis Zelaya, Martell y el movimiento Recuperar Honduras». Durante la conferencia de prensa, transmitida desde la página de Facebook de Luis Zelaya, Martell aseveró  la tardanza puede deberse a que están clonando actas y «esta derrota se va a defender a capa y espada por el pueblo hondureño porque sabe que esta es la antesala de lo que puede suceder en noviembre y si quieren nos volvemos a ver en dos semanas». 

Las elecciones primarias, aún sin resultados oficiales y con precandidatos a elección popular declarándose ganadores o pidiendo anular el proceso, ponen de manifiesto lel sombrío panorama para las próximas elecciones generales programadas para el último domingo de noviembre del año en curso. Se requieren de decisiones profundas, como la aprobación de la segunda vuelta y es necesario que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre las impugnaciones realizadas a la reelección presidencial.

A más de 24 horas de cerradas las urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha dado conteos oficiales de las elecciones primarias realizadas en Honduras el domingo 14 de marzo. Sin embargo, las encuestas y los conteos del partido Libertad y Refundación (Libre) señalan que Xiomara Castro es la posible ganadora de la candidatura presidencial para participar en las elecciones generales de noviembre, un resultado que, a diferencia de los otros partidos, nadie discute.  

 

Texto: Vienna Herrera

Fotos: Martín Cálix

 

Las primeras impresiones sobre las elecciones internas en el partido Libre indican que Xiomara Castro, precandidata presidencial en seis de las nueve corrientes internas de dicho partido, es la posible ganadora.

Esto a pesar de que el CNE dice que los resultados oficiales pueden tardar hasta cinco días y prometieron dar boletines oficiales el lunes siguiente al día de las elecciones. La comisionada presidenta Ana Paola Hall expresó en una conferencia de prensa la noche del domingo: «no reconocemos ningún resultado porque no es oficial. El CNE sigue trabajando, no nos detenemos, no estamos en silencio, simplemente el proceso esta vez es diferente, pero habrá que esperar un poco». Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, aún no hay datos oficiales.  

Los conteos de urnas que se han hecho públicos, vía medios de comunicación, señalan que entre los candidatos Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez no hay ninguno que se le acerque a Castro, quien cerró su campaña una semana antes con una caravana de carros con la que visitó varios puntos de la capital del país. Méndez realizó también una caravana, pero menos masiva y los candidatos Carlos Reina y Nelson Ávila cerraron sus campañas realizando foros o publicando publicidad en sus redes.

Castro participa por tercera vez en las elecciones internas de Libre y esta vez fue la única precandidata mujer a la presidencia. En su cuenta de Twitter expresó: «Gracias Partido Libre por tu contundente apoyo. Ahora nos toca construir la UNIDAD, alrededor de la refundación nacional. Los oscuros días de la dictadura están por terminar. Ofrezco esta victoria a los mártires de la resistencia y al creador del universo».

La posible victoria de Castro ocurre en un proceso electoral que enfrenta múltiples retos, muchos de ellos, producidos por cambios en la institucionalidad electoral.



El padrón electoral de 2021 es de 4,832,117 hondureños, menos de lo que registró el padrón en 2017, que fueron  5,795,264. En esa ocasión, durante las elecciones internas, apenas 2 millones y medio de electores votaron, según las cifras oficiales, lo que quiere decir que hubo un abstencionismo de más de la mitad del padrón, con el 56 %.

Este año, Honduras realiza las elecciones con nuevas entidades rectoras del proceso electoral, el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, que sustituyeron al anterior Tribunal Supremo Electoral como encargado de la toma de decisiones. Al mismo tiempo, se planificó un nuevo censo electoral por el Registro Nacional de las Personas (RNP). Se prometió entregar nuevas identidades antes de las elecciones primarias y que éstas serían entregadas en el lugar del enrolamiento. Finalmente, decidieron colocar centros de entrega diferentes a los ofrecidos y aunque las personas realizaron largas filas, no recibieron sus nuevas identidades por fallos en el sistema.

Un miembro de una MER, correspondiente al Partido Libre en la Escuela 4 de junio de la Colonia San Miguel, explica a una votante la planilla de su partido. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

El nuevo censo tenía algunos fallos que fueron denunciados por las personas a la hora de buscar su centro de votación, ya que algunas no aparecían en alguna de las tres urnas y otras, ni siquiera estaban en los listados. Eso le ocurrió al exdiputado Rasel Tomé, quien nuevamente está buscando un puesto en el Congreso Nacional, pero que al momento de votar no se encontraba su nombre. «Tuve que salir en el libro de listado de anotaciones especiales que le llaman el cuaderno adicional porque el CNE se tardó cuando hicieron el enrolamiento en inscribirnos» señaló Tomé.

Lucky Medina, designado presidencial de Castro, le dijo a Contracorriente que entre los reportes de las elecciones a nivel nacional encontraron que hubo un bajo porcentaje de centros de votación a nivel nacional, a diferencia de otras elecciones, además «estamos con monitoreo de incidencia, pero menos del 2 % de los centros de votación presentaron irregularidades sustanciales que en gran medida se lograron solucionar como: falta de tinta indeleble, representantes de corrientes que llegaron tarde y se abrieron más tarde las urnas, pero no hubo reportes de violencia, al menos en las urnas de Libre todo transcurrió con relativa calma».

Rasel Tomé añadió que el proceso electoral fue «un proceso atípico en medio de una pandemia, dificultades en una dictadura, con una juventud que siente un rechazo a este modelo y que según las encuestas no tiene ganas de salir a votar. Hemos tratado de hacer un esfuerzo como partido de invitar a los jóvenes y hemos visto más participación, un posicionamiento muy correcto es impulsar la participación desde los miembros de las mesas electorales receptoras». Tomé añadió que, a su criterio, Libre tiene el rol revolucionario de romper con la idea de que los jóvenes y las mujeres no participen en política.

El mismo día de las elecciones primarias, militantes de Libre elegían a la coordinación general del partido, los candidatos eran María Luisa Borjas y el actual coordinador, Manuel Zelaya Rosales. El lunes 15 de marzo, Borjas se declaró ganadora vía Twitter en donde agradecía «a la analítica y valiente militancia de Libre, así como a los ciudadanos conscientes que aún sin militar en nuestro partido depositaron su confianza y me brindaron su decidido apoyo para el contundente logro».

Ese mensaje fue compartido por Zelaya con el mensaje «en las actas escrutadas tengo el 85% de votación a favor, de las 8 corrientes que me apoyaron para la Coordinación general». Hasta el momento nadie más de la actual coordinación ha dado declaraciones al respecto, tampoco se han pronunciado por el retraso en el escrutinio de datos del CNE.  

Por su parte, Borjas convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en donde dijo «Vamos a recuperar a Libre de la dictadura y a Honduras de la narcodictadura», además denuncia que Zelaya quiere robarle el triunfo. 

 

Xiomara Castro: la única candidata mujer a la presidencia

 

Datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) indican que en las candidaturas para diputación en estas elecciones 755 eran mujeres y 863 hombres y que apenas 19 mujeres eran candidatas a alcaldesas en cabeceras departamentales, frente a 160 candidaturas de hombres.

Actualmente, apenas 28 de los 128 puestos en el Congreso Nacional pertenecen a mujeres diputadas. En 2020 ese Congreso no aprobó ninguna legislación en beneficio de las mujeres, ni siquiera cuando las denuncias por violencia doméstica se dispararon por la pandemia y organizaciones esperaban desde hace dos años la aprobación de una Ley de casas refugios.

Xiomara Zelaya, hija de Castro y aspirante a diputada por el departamento de Francisco Morazán, apuntó a las dificultades que tienen las mujeres que se involucran en política, esto después de que los medios de comunicación y redes sociales se enfocaran en su aspecto físico durante la cobertura anterior a las elecciones internas.

La abogada Karol Bobadilla, integrante de la Red de Mujeres Jóvenes Feministas, dijo durante un conversatorio con Contracorriente y la radio digital Play FM, que a 70 años de haberse aprobado una legislación para que las mujeres opten a cargos públicos y puedan votar, la realidad es que históricamente han sido invisibilizadas en espacios de toma de decisiones.

 «Muchas personas creen que con estas concesiones ya no tenemos nada que estar reclamando, pero si lo ponemos en perspectiva es una medida muy reciente y para tomar una idea de esto, cuando nació mi abuelita no podía ejercer el voto, personas que aún están vivas no tenían ese derecho. Cuando nací yo no existía una ley de violencia doméstica o sea que era legal que tu pareja te maltratara, entonces son medidas recientes que en la actualidad no significan el disfrute total para estas mujeres» señaló Bobadilla.

Xiomara Zelaya Castro, en el momento de su llegada a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para ejercer el sufragio. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Xiomara Zelaya añade que los espacios políticos de las mujeres no han sido cedidos, sino que son parte de una lucha de mujeres organizadas, «hemos conquistado espacio y no solo las que participamos en este proceso sino todas las que han estado detrás, las organizaciones de mujeres que han estado luchando por muchos años para lograr estos procesos y la conquista estos espacios que nadie nos ha entregado».

 Bobadilla apuntó que la participación electoral de las mujeres disminuyó después del golpe de Estado, según cifras del TSE, «en 2005 había un 24% y con el golpe se redujo a un 19% porque también este momento histórico implicó aumentar esas brechas de desigualdad que disminuían en el país gracias a los esfuerzos que se habían hecho. Y en 2012 la participación de las mujeres electoras fue de más del 60% pero eso no se reflejaba en las mujeres electas, es decir que las mujeres no están votando por otras mujeres».

Bobadilla añade que esa brecha lo que produce es la creación de leyes desde una sola visión, «por eso podemos ver que se nos restringen derechos sexuales y reproductivos, leyes que las mujeres proponen y no se aplican, hay instituciones débiles sin perspectiva de género (…) ese ha sido el impacto de que las mujeres no tengamos nuestro derecho político a ser electas y a elegir”.

En noviembre competirán 14 partidos, con candidatos para el nivel presidencial, el Congreso Nacional; 20 partidos para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y para las 298 alcaldías municipales. Hasta el momento no se sabe de intenciones de tener una alianza con otros partidos políticos, como ocurrió en las elecciones de 2017 cuando Castro le cedió su candidatura a Salvador Nasralla y crearon la Alianza de oposición contra la dictadura, «Nunca dijiste que es más importante la opinión de Estados Unidos que la del pueblo, si hubiera conocido tu doble moral jamás te habría cedido mi candidatura» le dijo Castro a Nasralla a través de Twitter en diciembre de 2020.

La posibilidad de que Castro integre una alianza sin que ella sea la candidata a la presidencia  no parece hasta el momento una opción viable para ella. Castro dijo en medios televisivos que la alianza anterior le dejó «muy mal sabor de boca» y ahora busca llegar hasta el final, «Queremos cambios reales y estoy convencida de que en este momento Honduras necesita el corazón de una mujer para poder gobernar el país», sentenció Castro. 

Las elecciones internas han generado una nueva crisis en el Partido Liberal. Dos de sus candidatos han dicho públicamente que ganaron las elecciones. El Consejo Nacional Electoral guarda silencio.

 

Texto: Allan Bu

Fotografías de Deiby Yánes y Martín Cálix

 

Eran las 8:15 de la mañana del 14 de marzo, decenas de carros estaban estacionados afuera del centro de votación ubicado en la escuela Dionisio de Herrera del barrio Río de Piedras de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Los activistas políticos se aglomeraban entre una inusual cantidad de cámaras y micrófonos, un conjunto de mariachis esperaba el turno para tocar las rancheras del día debajo de una carpa del Partido Liberal (PL). Aquel jolgorio mediático y musical tenía una razón: Yani Rosenthal, precandidato de ese partido en las elecciones primarias, ejercería el sufragio en ese centro electoral que tenía dos urnas de cada partido de los tres que fueron a elecciones primarias: PL, Partido Nacional (PN) y Partido Libertad y Refundación (Libre).

Cuando Yani llegó, decenas de reporteros con micrófonos y grabadoras en mano, lo rodearon. Por un momento se olvidó el distanciamiento sugerido por los médicos para frenar la pandemia de COVID-19. Para presenciar la votación de Yani, hubo medios corporativos que asignaron hasta ocho personas (reporteros, camarógrafos y fotógrafos), entre estos algunos que son propiedad de la familia Rosenthal. Había hasta tres periodistas del mismo canal. 

Yani compitió en las elecciones primarias de 2021 por la candidatura oficial del PL contra Luis Zelaya, que busca por segunda vez la presidencia de Honduras y Darío Banegas, que desde el Congreso Nacional quiere saltar a la silla presidencial. 

Este proceso electoral es quizá el más desorganizado en la historia del país. Se realizó un censo electoral señalado por diversas inconsistencias, no se aprobó el dictamen para una nueva ley electoral que contenía las reformas que hubiesen, tal vez, evitado el lío que ahora tiene el PL. Tampoco se contó con una nueva cédula como se había prometido. Ni siquiera se logró contratar un sistema de transmisión de datos confiable.

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral, los hondureños aptos para participar en el proceso eran 4,8 millones. Para estas elecciones se abrieron 5691 centros de votación en donde se instalaron 23,880 Mesas Electorales Receptoras, MER, informó el mismo organismo.

En totalidad, el CNE entregó 111,440 credenciales para representantes en las mesas, de las cuales al Partido Nacional le correspondieron 15,920; al PL 23,880 y al Partido Libre 71,640.

 

***

En el PL, la campaña fue dura, era anticipo de lo que venía. Zelaya ha señalado constantemente a Yani por cumplir una condena en una cárcel de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que el hijo del fallecido empresario Jaime Rosenthal (QDDG), aprovechó un conflicto familiar que ha tenido Zelaya con su madre, para responderle: «Lo vi diciendo que él puede ir a Estados Unidos y yo no. Es cierto no puedo ir a Estados Unidos, pero por lo menos puedo entrar a la casa de mi mamá y él no puede entrar a la de su mamá y prefiero entrar yo a la casa de mi mamá».

Yani Rosenthal, precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, muestra su voto por los 20 precandidatos a diputados de su movimiento por el departamento de Cortés. San Pedro Sula, 14 de marzo de 2021. Foto: Deiby Yanes.

La canción de Pajarito

 

Al llegar a su centro de votación,  Yani recordó que desde la primera vez que él votó lo hizo acompañado de su padre Jaime Rosenthal, líder fuerte del liberalismo y quien murió en enero de 2019. «Esto es triste para mí», confesó.  

Recordó también que en 2017 no votó porque se encontraba preso en Estados Unidos, en donde se declaró culpable por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas de delitos de tráfico de drogas y fue sentenciado a 36 meses de prisión.

«Estoy contento de ser parte del movimiento que va ganar este día las elecciones», mencionó Yani, frente a un mar de micrófonos que lo asediaban. A sus espaldas el grupo de tres mariachis entonaba la canción con la que Ramón Villeda Morales, expresidente liberal, animó la campaña presidencial en 1959. Villeda fue derrocado mediante un sangriento golpe de Estado en 1963. 

El precandidato liberal también adelantó que el próximo presidente de la república tendrá una situación muy complicada porque «la situación en la que este Gobierno está dejando al país es lamentable, hay injusticias, incertidumbre y pobreza», afirmó.

 

Las gracias de Luis

 

Cuando en los medios empezaron a publicar resultados de las primeras urnas escrutadas, Luis Zelaya habló con voz calmada desde su sede de campaña. Agradeció a quienes votaron por su candidatura y prometió no defraudar. «Gracias a los que en redes sociales dijeron —voy a votar por Luis Zelaya— Vamos a ganar en la unidad de la honestidad y sacaremos a los corruptos que gobiernan», manifestó.

En las internas del PL hubo un evento inusitado. A través de las redes sociales, Salvador Nasralla externó su apoyo al precandidato Luis Zelaya y adelantó que viene una gran alianza para las elecciones generales de noviembre. «Hemos platicado centenares de Honduras sobre tus buenas intenciones y nos uniremos pronto para continuar la lucha por el rescate de Honduras de las garras de la narcodictadura», escribió Nasralla sobre Luis. 

También  Milton Benítez, un sociólogo con altos niveles de popularidad en redes sociales que conduce el programa El Perro Amarillo,  ha hablado de conformar una alianza presidencial con la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio de Médicos de Honduras (CMH),hizo un llamado a realizar un «ejercicio ciudadano» votando por la candidatura Zelaya. «Depositemos la confianza en quienes se han atrevido a desafiar a los corruptos. Tu voto prestado a Luis Zelaya permitirá castigar de forma rotunda a quienes han hecho tanto daño, convirtiendo a Honduras en un narcoestado».

Zelaya, en respuesta, adelantó que a esa futura alianza podían unirse todos las personas honestas sin distingos de color, «en la unidad de la honestidad, los que no tienen vínculos con el narcotráfico, que no han sido acusado en actos de corrupción o cómplices de este narcogobierno, son bienvenidos todos, nos vamos abrazar como hermanos».

Sin embargo, alrededor de las 7 p. m., los medios corporativos empezaron publicar los resultados de boca de urna y en todas perdía Luis. El canal HCH compartió la encuesta realizada por Paradigma en la que Yani Rosenthal obtenía un 50 % de los votos del PL, Luis obtenía el 35 % y Darío Banegas 15 %.  Marketing Digital le dio resultados así: Yani el 45.5 %, Luis 39 % y Banegas 13.4 %.  Esta fue publicada por Televicentro y sus medios asociados.

En Canal 11, propiedad de la familia Rosenthal, publicó los datos proveídos por Le Vote Harris, en los que Yani obtenía el 47 % de los votos y Luis Zelaya se quedaba con el 40 %.  

Luis no tardó en reaccionar sobre los resultados de la encuesta y desestimó la información que estaban dando al unísono los medios corporativos del país. Lanzó una advertencia al Consejo Nacional Electoral: «le digo al CNE y a todos, que lo del 2017 no se va repetir». 

En 2017, Juan Orlando Hernández ganó por segunda vez la presidencia del país en un proceso que violó  la Constitución que prohíbe la reelección, en medio de denuncias de fraude, después de que perdía casi por cinco puntos porcentuales con el 57 % de las actas escrutadas. 

El precandidato liberal Zelaya manifestó que los mismos que declararon ganador al presidente Hernández en 2017 querían generar el caos: «Luis Zelaya está barriendo y estamos aquí para defender el voto de los hondureños. En las actas vamos ganando», sentenció. En esos comicios, las encuestas de urnas publicadas por los medios tradicionales daban a Hernández el 10 % de ventaja, pero en el primer conteo oficial perdía por cinco puntos. 

Simpatizantes de la corriente yanista instalados en las afueras del centro de votación del Instituto José Trinidad Reyes. San Pedro Sula, 14 de marzo de 2021. Foto, Deiby Yanes.

En su conferencia Luis mencionó que había ganado en Valle, Choluteca, Olancho, Atlántida y La Paz, también los dos departamentos más importantes del país: «Díganme qué candidatura ha perdido cuando gana Francisco Morazán y Cortés, nunca y Luis Zelaya está ganando  en esos departamentos». 

Los dos departamentos mencionados por Luis son los que tienen más carga electoral: Francisco Morazán tiene 1,227,553 personas habilitadas para votar y Cortés 1,008,772, entre los dos casi suman la mitad del censo electoral. Entre la polémica y la férrea lucha por la candidatura quedó, el tercero en discordia, que inicialmente era el candidato propuesto por el «lado oscuro» de PL, el mismo que finalmente apoyó la candidatura de Yani Rosenthal.

Banegas votó muy temprano en el centro de votación ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de Tegucigalpa, desde donde presumió un lenguaje florido para invitar a los votantes a apoyar su candidatura: «Hacemos un llamado al pueblo a utilizar la papeleta, así como utilizamos el facebook para preguntar ¿dónde está el dinero?, para escribir todos nuestros pesares y sembrar una semilla de esperanza, votando por los que tenemos los manos limpias y no hacemos negocios con narcotraficantes».  

Banegas invitó a sus correligionarios a ejercer el sufragio reconociendo los cambios sufridos por el PL y la sociedad hondureña, que dijo está sometida a la tormenta de una pandemia y la corrupción más espantosa que ha sufrido nuestra nación. «Liberales este es nuestro tiempo, no permitamos que la sombra del cachurequismo se extienda más sobre nuestra generación y cambiemos a Honduras», dijo.

Según estas encuestas que no tienen validez electoral institucional, en el PL se dio la pelea más reñida en las primarias de 2021. En el PN parece que Nasry Asfura aventaja con mucha distancia a Mauricio Oliva y en Librek( la candidata Xiomara Castro gana de forma holgada en las encuestas, aunque sorprende el doctor Nelson Ávila que preliminarmente aparece en el segundo lugar. 

Sin embargo, no hay resultados oficiales. Las empresas que participaron en la licitación para la trasmisión de resultado no llenaron los requisitos, entonces los consejeros del CNE declararon desierto el proceso. Por eso determinaron escanear las actas hasta que lleguen las maletas electorales al centro de cómputo de dicho órgano. 

En una conferencia en la noche del 14 de marzo, Ana Paola Hall, Rixi Moncada y Kelvin Aguirre, consejeros del CNE,  prometieron que el proceso será público y la ciudadanía podrá ver el conteo en vivo. «No reconocemos ningún resultado porque no es oficial. El único resultado oficial será el escrutinio definitivo con actas escaneadas», sentenció la consejera Ana Paola Hall. 

El diputado liberal por el departamento de Cortés y precandidato a la presidencia de la República, Ángel Darío Banegas, después de ejercer el sufragio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tegucigalpa, 14 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Pese a no haber resultados oficiales, Yani Rosenthal se declaró como ganador de los comicios liberales en reiteradas ocasiones: «hemos logrado algo que creían imposible», repitió el candidato en reiteradas ocasiones. Mientras tanto en el centro de cómputo del CNE siguen guardando silencio.



La Postración

 

El analista, abogado y miembro del PL, Edmundo Orellana Mercado, habló con Contracorriente sobre el entuerto en el que se encuentra el partido de las «milicias eternamente jóvenes». Orellana piensa que lo que se vive ahora es consecuencia del caos generado por los partidos políticos al no autorizar a tiempo en el Congreso Nacional un préstamo para el proceso de la nueva identidad y así no se generara un retardo en el proceso de enrolamiento gerenciado por el Registro Nacional de las Personas, que al final tuvo numerosas falencias. 

En el recorrido que realizó Contracorriente por centros de votaciones pudo constatar que varios electores no podían encontrarse en los listados, aunque algunos sí aparecían en el cuaderno de firmas. 

Orellana también resaltó que no se emitió una nueva ley electoral y en lugar de eso se aprobaron normas transitorias para que el CNE manejara medianamente el proceso de las primarias. Además, sostiene que hubo un retraso en las transferencias presupuestarias para arrancar con las elecciones. «Todo eso ha generado en el proceso una complicación que se ha traducido en el caos que ahora estamos viendo», afirmó.

 

 

Al preguntarle sobre los posibles escenarios de alianzas dependiendo el ganador en el PL, el abogado Orellana prefiere torcer la pregunta y ampliar el panorama: «veámoslo desde el punto del interés del país», nos dice y hace una pausa para lo que viene: «Honduras está inserto en un concierto de naciones, es el patio trasero de Estados Unidos, así lo consideran ellos y así nos hemos comportado con los gobiernos sumisos que hemos tenido. Dependemos mucho de la cooperación internacional. La pandemia y los huracanes han generado una crisis devastadora en el país, que nos costará mucho tiempo volver a los niveles de producción que teníamos antes, en esas condiciones, lo que necesitamos es personas que generen confianza a nivel internacional, estadistas que puedan sentarse con el resto sin ninguna reticencia de parte de los demás por problemas que pueda tener el presidente de Honduras y eso solo lo puede garantizar Luis Zelaya», dijo.

Sobre las alianzas no tiene duda que se darán, si gana Yani piensa que la alianza es con Libre «porque ya Mel lo anticipó, desde que estaba preso (Yani) le dijo que lo estaba esperando para hacer una sola fusión entre PL y Libre».

Y si gana Luis pues Orellana cree que la unión será con Salvador Nasralla y desde luego se abrirán las puertas a Mel Zelaya «para ver si se puede llegar con alguna plataforma que les permita pelear juntos en contra del partido gobernante», declaró.

Consideró que una alianza es el camino de la oposición: «creo que eso será inevitable a menos que quieran favorecer a Juan Orlando Hernández para que siga en el poder».

Orellana apunta que una hipotética victoria de Yani pondrá a muchos liberales en un «conflicto existencial» porque han cuestionado severamente a Yani por estar preso y piensa que será difícil que estos liberales se incorporen a la candidatura de Yani en caso de ganar, piensa que esos votantes favorecerán a otros y no votarán: «Eso le costará al Partido Liberal seguramente las postración sino la desaparición».

Las elecciones internas —o primarias— hondureñas transcurrieron con relativa tranquilidad el pasado 14 de marzo, entre la necesidad de un cambio, las denuncias de irregularidades con el censo electoral,  las promesas de siempre y la pandemia por COVID-19. Entre el «Fuera JOH» y los vivas nacionalistas. Un día después no ha comenzado la transmisión de resultados y el silencio avizora una prolongación de la crisis política. 

Quienes votaron, ejercieron un derecho con síntomas de obligada dignidad que ningún partido político parece querer perder, aunque muchos candidatos estén señalados por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Yani Rosenthal, el precandidato a la presidencia dentro del Partido Liberal es el único candidato que ha cumplido una condena por transacciones con dinero proveniente de actividades ilícitas, luego de ser juzgado y sentenciado en una corte en Nueva York. Siete meses le bastaron a Rosenthal para regresar, aspirar a la candidatura de la presidencia por el Partido Liberal y ahora proclamarse ganador virtual de su partido para competir en las elecciones generales. El precandidato liberal ejerció el sufragio a las 9.00 am en la escuela Dionisio de Herrera del barrio Río de Piedras en San Pedro Sula, asediado por un mar de periodistas y decenas de simpatizantes. 

El reto, no solo es para el Consejo Nacional Electoral —una institución nacida para espantar el fantasma del fraude y la reelección inconstitucional del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2017—, el reto también lo es para los partidos políticos: algunos buscan consolidar su fuerza electoral de cara a noviembre, y otros intentan que los señalamientos de sus altas figuras en casos relacionados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos no les reduzca votantes.

Honduras suele ser un país que se construye constantemente, y aunque parezca que ya no se puede siempre encuentra la forma. En 2020 la COVID-19 planteó un escenario sombrío: 122,763 contagios a nivel nacional, de estos al menos unas 3141 personas murieron por causas relacionadas con la COVID-19 según datos oficiales, esto, sumado a la devastación de la zona norte del país que provocaron las tormentas tropicales Eta e Iota en apenas dos semanas.

El abstencionismo se mantiene como un síntoma de los procesos electorales hondureños, las primarias de 2021 no fueron un ensayo con resultados diferentes, en centros de votación de San Pedro Sula la ausencia de votantes fue notoria, principalmente en mesas electorales del Partido Nacional. Aunque en algunas zonas de la capital hondureña, como la colonia 3 de mayo, mejor conocida como «el cañón azul», los nacionalistas se aglomeraban intentando ejercer el sufragio antes de la hora pactada, una hora que posteriormente fue movida para más tarde, de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. a criterio del CNE.

Aunque las elecciones primarias deberían verse como contiendas internas de cada partido, la verdad es que en Honduras, los votantes se juegan el futuro de cara a noviembre de 2021, cuando en las elecciones internas, un país fracturado por la violencia, las enfermedades y los desastres naturales, elija —con fraude o sin él— a las autoridades que gobernarán los próximos cuatro años.

El nacionalista Armando Calidonio busca gobernar San Pedro Sula por un tercer período consecutivo. Ha declarado que en seis años invirtió más de 7000 millones en infraestructura. Profesionales sampedranos reclaman que debe apartarse del cemento y atender más la reducción de la brecha social.

 

Texto: Allan Bu

Fotografías de Martín Cálix y Deiby Yánes




Armando Calidonio Alvarado se convirtió en las elecciones de 2017 en el primer alcalde reelegido consecutivamente en San Pedro Sula, ciudad ubicada en el norte de Honduras. En las elecciones primarias del 14 de marzo del  año 2021 buscará un tercer período al mando de la comuna sampedrana por la corriente Juntos Podemos, que propone al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, como el candidato presidencial del Partido Nacional.

Calidonio nació el 19 de agosto de 1969 en Tegucigalpa, Francisco Morazán, pero su primera infancia la pasó en San Pedro Copán, un pintoresco poblado en occidente de Honduras, donde su padre, un coronel del Ejército del mismo nombre, tenía inversiones en la ganadería y caficultura. 

Un poblador nos contó que Calidonio visita a menudo San Pedro Copán. Cuando fue viceministro de seguridad llegaba acompañado de cientos de elementos militares y la Policía Nacional. Hasta helicópteros sobrevolaban el poblado, cuyas calles eran prácticamente cerradas para seguridad del alto funcionario. 

El occidente de Honduras tiene varios puntos fronterizos con Guatemala y fue hogar de importantes bandas narcotraficantes, cuyos jefes ahora están encarcelados en Estados Unidos. El cartel Valle Valle, que lideraban los hermanos Arnulfo y Luis, tenía su base en El Espíritu, Copán, jurisdicción de El Paraíso, Copán, ubicado a unos 180 kilómetros de San Pedro Sula. Esta banda controlaba  puntos ciegos los cuales defendían a sangre y fuego.   

En El Paraíso, Copán, Alexander Ardón fue alcalde entre el 2000 y 2015 por el Partido Nacional, todo ese tiempo también fue un poderoso capo de la droga, quien cobraba a otros carteles por cada kilo que pasaba por su municipio. «Chander», así le decían, era el jefe del Cartel de los AA, que  también tenía influencia en Ocotepeque. Entonces, Calidonio tomaba precauciones. 

Alcalde Armando Calidonio ejerciendo el sufragio en las elecciones primarias de 2021. Foto: Deiby Yánes

Del campo a controlar la seguridad del Estado

 

Tras dejar Copán, estudió en el Instituto Salesiano San Miguel de Tegucigalpa y luego se graduó en 1991 como ingeniero agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, durante más de 10 años trabajó en empresas relacionadas a la producción agrícola, pero en el 2002 incursionó en la función pública en una área totalmente: fue designado como viceministro de seguridad en el Gobierno de Ricardo Maduro. En ese entonces se trasladó a San Pedro Sula.

La política Cero Tolerancia o guerra contra las maras de aquel Gobierno tuvo tres grandes protagonistas: Ricardo Maduro, Óscar Álvarez y Armando Calidonio. En 1997, Maduro perdió a su hijo Ricardo Ernesto, cuando criminales lo secuestraron en San Pedro Sula, exigieron rescate, pero días después apareció muerto en el sector de Ticamaya, Choloma. Cuando llegó a la presidencia declaró la guerra a la delincuencia.

En el 2003, el Congreso Nacional a iniciativa de Maduro aprobó una reforma del Código Penal, conocida popularmente como ley antimaras, que establecía penas de 20 a 30 años de prisión para la asociación ilícita. Hubo detenciones masivas y se llenaron las cárceles. Dos de ellas tomaron fuego, una en El Porvenir en La Ceiba y la otra en San Pedro Sula. Murieron 176 presos, la mayoría miembros de pandillas. 

La comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, denunció que cuando fue jefa de asuntos de la Policía Nacional investigó casos de cuatro oficiales involucrados en la narco actividad y asesinatos, «fueron protegidos por Óscar Álvarez y Armando Calidonio, siendo señalados claramente en narcotráfico», señaló Borjas.

En 2015, el narcotraficante Héctor Fernández Rosa, alias «Don H», fue capturado por las autoridades hondureñas y luego extraditado a Estados Unidos donde en 2019 fue condenado a cumplir cadena perpetua. En el juicio de este delincuente, fue mencionado como cómplice del tráfico de drogas en 2005, cuando era viceministro de seguridad. 

Estas acusaciones realizadas en la Fiscalía de Nueva York han sido repetidas en varias ocasiones por ex oficiales de alto rango de la Policía Nacional. Uno de ellos es el excomisionado Henry Osorto Canales, quien en declaración a canal 11 afirmó que antes que Óscar Álvarez y Armando Calidonio tomaron posesión, «aquí se escuchaba poco de narcotráfico, pero ellos les dieron el auge y empezaron a controlar los grupos que se dedicaban a eso para apoyarlos y que les pagaran por cada cargamento de cocaína que circulaba en el territorio nacional», reveló.

En 2018, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez Delcid, contra quien pende orden de captura por delito de lavado activos, en declaraciones a Radio Globo tildó al edil sampedrano como «delincuente» y lo retó a que abriera una querella en su contra por difamación. «Tengo las pruebas», dijo el expolicía. En cabina le preguntaron si Calidonio era parte del crimen organizado «sí hombre», se apresuró a contestar.   

Calidonio contestó en entrevista con  El Confidencial.HN,que a la gente le gusta mucho el morbo, que acusen a personalidades de haber cometido actos reñidos con la ley. «Yo camino tranquilo. Son temas desafortunados. Yo creo que toda la gente me conoce, yo estoy desde 2002, es más fácil que lleven a ocho millones de hondureños que a mí». 

El alcalde es una de las figuras más importantes del Partido Nacional, cuyo líder es el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ha sido mencionado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en reiteradas ocasiones en juicios de narcotraficantes. También fue declarado culpable, por conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, más conocido como «Tony» quien además era diputado del mismo partido.  

La revista especializada en crimen organizado Insight Crime, menciona en uno de sus reportajes sobre el narcotraficante hondureños Ramón Mata Ballesteros, que en crónicas de los años ochenta, diario Tiempo, diario La Prensa y la periodista Thelma Mejía, encontraron que un grupo de militares que colaboraba con el hampón, entre ellos estaba el coronel Armando Calidonio (QEPD).

 

El único reelegido 

 

Al finalizar el gobierno de Ricardo Maduro, Calidonio estuvo fuera de la actividad política cuatro años, pero regresó a competir por un curul en el Congreso Nacional en las elecciones de noviembre 2009, que se realizaron después del golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales. Resultó ser el diputado más votado de Cortés con más de 140,000 votos. 

Pese a ser elegido como congresista, Calidonio fue llamado para acompañar en la Secretaría de Seguridad a Óscar Álvarez. La vuelta de «Batman y Robin». Así los llamaba la prensa tradicional a estos funcionarios, intentando colocar un aura de superhéroes sobre ellos.  No obstante, en 2011, la tasa de homicidios llegó a 86.5 por cada 100,000 habitantes. San Pedro Sula tuvo durante en 2012 y 2013  el título de la ciudad más violenta del orbe, alcanzando hasta 169 asesinatos por cada 100,000 habitantes.   

En septiembre de 2011, Porfirio Lobo despidió de sus cargos a Álvarez y Calidonio. En octubre de ese año, Calidonio regresó a la curul que había ganado en el Congreso Nacional.

Calidonio llegó a la alcaldía de San Pedro Sula en noviembre de 2013, tras las elecciones más reñidas  y controversiales  en la historia de la ciudad. Apenas aventajó a Guillermo Milla, candidato del Partido Anticorrupción, con 1622 votos. Ambos bandos se declararon ganadores, pero Calidonio terminó imponiéndose entre denuncias de fraude. Los resultados muestran que el actual alcalde sacó 65,495 sufragios y Milla French 63,873 y quedó segundo en el conteo.

«Somos ganadores absolutos de la voluntad del pueblo», había dicho Milla cuando prácticamente las votaciones estaban empatadas y apenas ganaba por poco más de 100 votos. Al finalizar el recuento, Enrique Ortez Sequeira, en aquel momento magistrado del Tribunal Supremo Electoral, afirmó que el conteo «había sido lo más transparente posible». 

En el 2017 también ganó las elecciones municipales. Calidonio pasó menos apuros en estos comicios. La oposición se dividió en tres débiles candidaturas y el actual alcalde y candidato obtuvo el 33 % de los votos, seguido por José Antonio Rivera con el 23 %, Marlon Lara con 20 % y Fátima Mena con el 10 %. 

Mauricio Oliva, el candidato presidencial que apoya Calidonio,  es el actual presidente del Congreso Nacional y aliado incondicional del mandatario Hernández. Dirigió la aprobación del nuevo Código Penal, que rebajó las penas por corrupción y también se ejecutó la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Oliva estaba siendo investigado por la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), pero el proceso fue detenido mediante fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Con Juntos Podemos, Calidonio busca sumar 12 años de gobierno en San Pedro Sula. Tiene altísimas posibilidades de conseguirlo, aunque tenga mucha resistencia, como lo expresa el dirigente del Partido  Libertad y Refundación, Wilfredo Flores en cuya opinión «la conducta moral de Calidonio no le permite seguir gobernando la ciudad porque él está vinculado directamente con los grupos del crimen organizado», afirmó.

Autoritario y hermético

 

Una exempleada municipal, quien pidió anonimato, nos contó que Calidonio que tiene una casi perfecta caligrafía y que posee una inclinación enfermiza con la limpieza y el orden. Por eso si el alcalde llega a una oficina y está sucia, habrá un problema.Tampoco le gusta la impuntualidad. No le gusta la crítica. 

Calidonio es un tipo muy hermético. Tiene un círculo de trabajo íntimo en la municipalidad. No pasa de 10 personas. Su secretaria, el conserje, la vicealcaldesa y otros funcionarios claves. «Pocas personas hablan con él», nos cuenta un empleado municipal. 

Aunque dejó el cargo como viceministro de seguridad hace casi 10 años, siempre anda bien custodiado. Hay un grupo élite que se encarga de su seguridad. Se mueve por la ciudad en una caravana de tres camionetas de lujo. 

Una valla publicitaria de la precandidatura de Armando Calidonio a la alcaldía de San Pedro Sula y de Mauricio Oliva a la presidencia del país. San Pedro Sula, 6 de febrero de 2021. Foto: Catherine Calderón.

Es muy reservado con temas familiares y ese hermetismo ha sido trasladado a la municipalidad. Durante su administración las sesiones de corporación, que antes eran abiertas a la prensa, ahora son a puerta cerrada. Contracorriente solicitó a la oficina de Relaciones Públicas una entrevista con Calidonio o un representante de la alcaldía y no recibió ninguna respuesta.

La regidora Fátima Mena refiere que la administración Calidonio no ha sido democrática. «El ejercicio del poder bien vertical. También ha sido muy autoritario con pocos espacios para las voces distintas». Además,  propone que una de las propuestas para una hipotética alianza es que se vuelva a abrir la sesión de corporación. «No puede ser que las sesiones sean a puerta cerrada, desafortunadamente eso pasa por la voluntad de la administración».

A la exdiputada por Cortés le gustaría ver menos hermetismo y autoritarismo en la municipalidad sampedrana, «ojalá hubiese un gobierno más abierto y plural, que practique los valores democráticos, pero eso pasa por un sistema de creencias».

Calidonio es reservado en todos los ámbitos, pues en San Pedro Sula no se le menciona como empresario, pero aparece como socio capitalista de la empresa Refrescos, Colas y Líquidos de Honduras S.A., que fue creada en 2004 con matrícula 36773 en asociación con Claudio Rojas (tesorero de la municipalidad sampedrana), Juan Antonio Carrizales, Norman Antonio Noriega, Giovanny Martínez y Jorge Lezama.  En el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Industria de San Pedro Sula consta que la finalidad de esta empresa es la importación y exportación de toda clase de bebida. No obstante, se indica que es una empresa en formación. 

El jefe edilicio sampedrano también aparece como socio de Inversiones Jia, que fue creada en 2002, en sociedad con Paula Andrea Yanes Arias con matrícula 48986, pero la sociedad también aparece en estado de formación en el registro mercantil.

 Una gestión más cara

 

Bajo la administración de Armando Calidonio, el presupuesto de la municipalidad sampedrana ha crecido en más del 100 % respecto al último año de su antecesor, el liberal Juan Carlos Zúniga.    

En 2019  el presupuesto municipal fue de 5277 millones.  Para el 2020, disminuyó 4.998 millones de lempiras. La pandemia de COVID-19,  ha provocado una rebaja para el 2021 de 4,294 millones, respecto al año anterior tuvo una reducción de 704 millones. En el 2013, último año de gestión del liberal Juan Carlos Zúñiga, el presupuesto de la alcaldía sampedrana fue de  2,032,705 millones de lempiras. En 8 años, el flujo presupuestario de la Ciudad de los Laureles ha aumentado en un 100 %. 

En enero del 2021, la deuda de la alcaldía municipal alcanzó los 2,870,392,424 millones de lempiras con la banca nacional, esto de acuerdo a lo publicado en el portal de transparencia de la Municipalidad. La mora está repartida así: Banco del País (956,797,474.82 millones), Banco Atlántida (861,797,727.35 millones), Banco Ficohsa  (669,758,161.2 millones), Banco Ficensa (191,359,494.97) y Banco de Occidente (191,359,494.97). 

El crecimiento del presupuesto, tendría que ir de la mano con la rendición de cuentas, pero a juicio del abogado y militante de Libre, Ramón Barrios, en esto la gestión de Calidonio se ha quedado corta: pues realmente no hay una acción fiscalizadora:  «(En los cabildo abiertos) el alcalde dice que se hizo un puente por 85 millones de lempiras, pero usted no puede preguntar ¿cómo se hizo la licitación?, ¿quiénes fueron las personas oferentes?, ¿quién presentó la mejor oferta?, ¿cuáles fueron las condiciones cualitativas y cuantitativas para decidirse por esa oferta?», cuestiona el profesional del derecho. 

Sin embargo, Fátima Mena dijo a Contracorriente que desde su función como regidora ella no ha detectado indicios de mal manejo de fondos: «hasta este momento nosotros hemos dado seguimiento al presupuesto y, en lo que yo he tenido acceso, no he identificado alguna irregularidad». 

La corrupción en la municipalidad sampedrana ha sido una cosa común. En 2008, el excalde nacionalista Óscar Kilgore (2002-06) fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Fue capturado, pero después el caso fue enmarañado y quedó en libertad. En 2015 fue nuevamente acusado, no pudo justificar un capital de 8,9 millones de lempiras. Fue enviado a prisión hasta que en 2018 el nacionalista fue absuelto. 

También el alcalde liberal Rodolfo Padilla Sunseri fue acusado por abuso de autoridad en 2015. Tuvo que pagar una millonaria suma para recibir casa por cárcel, pero en 2017 la medida fue revocada y se ordenó que fuera a prisión. Desde entonces, el exedil permanece prófugo de la justicia. 

Calidonio ha impulsado un Plan Maestro de de Desarrollo Urbano. Con este, según informe de gestión en 2017, pretende convertir a San Pedro Sula, entre otras cosas, en una ciudad equitativa, sostenible, saludable e inteligente. A San Pedro Sula, el alcalde Calidonio le ha colocado el mote de Smart City. Los seguidores del alcalde la llaman así con cierto orgullo y la oposición lo dice con ironía. El alcalde sampedrano ha mandado a cambiar decenas de semáforos, que también son puntos de internet wifi gratis, al igual que el parque central.

Las acciones sugieren que la administración actual se ha enfocado en el primer componente, pues en el medio ambiente se ha hecho caso omiso a los reclamos sobre la puesta en marcha del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, que se construye en las faldas de la montaña del Merendón, el gran pulmón de San Pedro Sula. 

Diario La Prensa recoge en una nota que Calidonio destacó que se desarrollen en la ciudad de San Pedro Sula proyectos de esta índole. A Jaraguá sus dueños la definen como un proyecto eco amigable, pero las fotos que circulan en la web contradicen esta posición. En el informe de su primera gestión en 2017, Calidonio presume que en El Merendón se reforestaron 949 manzanas con la siembra de 380,000 plantas. Esto es otra contraposición al ataque sufrido por la montaña de El Merendón. 

El sociólogo sampedrano Carlos Pineda analiza que San Pedro Sula tuvo un cambio estético casi inmediato en los primeros dos años de gobierno, pero piensa que ese impulso emotivo después de ese tiempo se comenzó a desvanecer. 

Apunta que estas obras han tenido un alto costo para los contribuyentes, que se ha reflejado en el aumento de la tasa municipal que se cobra en matrícula vehicular. «Esto significa que las arcas municipales han estado llenas para realizar obras físicas que sirven a los políticos tradicionales para asegurarse buena imagen con fines reeleccionistas». 

Pineda piensa que la gran inversión realizada se ha centrado la zona más visible de la ciudad, «fuera de los bulevares, en los barrios y colonias,  muestran una condición decadente y de abandono: parques descuidados y sin iluminación, comunidades cada vez más expuestas al desorden o irrespeto de las normas de tránsito vehicular», manifestó.

También menciona que la corporación que dirige Calidonio ha cerrado los espacios de participación ciudadana en la búsqueda de solución de problemas. «Parece que la otra parte de la ciudad que no aparece en los diarios y la televisión tiene un retroceso de 10 años», concluyó el sociólogo. 

Infraestructura vs. persona

 

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Armando Calidonio comunicó al pueblo sampedrano que en el período 2014-2020, se invirtieron 7951 millones de lempiras en obras públicas de infraestructura. De esos fondos, 6089 millones eran fondos municipales y 1175 de Alianza Pública Privada Siglo 21, de la que son socios William Hall Micheletti, Yankel Rosenthal y Juan Sabillón. El Gobierno central ha invertido en la Ciudad de los Laureles 686.4 millones. 

Siglo 21 es una alianza pública privada que fue aprobada en el último año que Juan Orlando Hernández estuvo como presidente del Congreso Nacional. «Modernizaremos San Pedro Sula», dijo el mandatario en la presentación del proyecto donde explicó que las 24 obras que contempla el convenio le costarían al contribuyente 1815 millones de lempiras.

Al hablar de una evaluación del Gobierno de Calidonio, la regidora y abogada sampedrana Fátima Mena reconoce extremos positivos, como el establecimiento de un plan maestro de desarrollo, pues afirma que San Pedro Sula tenía mucho tiempo sin planificar y estaba creciendo de forma desordenada. También reconoce que en materia de salud se ha llevado atención primaria a barrio Las Palmas y el sector Rivera Hernández. Recuerda que se habilitó para atención de pacientes con COVID-19, una unidad estabilizadora en el Gimnasio Municipal.   

San Pedro Sula ha sido el epicentro de la pandemia desde su comienzo. Cortés tiene el 31 % de las muertes confirmadas por  COVID-19, que al momento de escribir esta nota sumaban 4 301. El Gobierno ha confirmado 175,442 contagios.

No obstante, Mena reclama que en San Pedro Sula, antes de seguir invirtiendo en infraestructura,o que San Pedro Sula se debe apostar a cerrar esas brechas de inequidad y mejorar el desarrollo humano, especialmente el de aquellas personas que viven en contextos de vulnerabilidad. «Hemos visto que muchas intenciones están orientadas a atender lujos más que necesidades básicas», dice la regidora. 

Es que la Ciudad del Adelantado, pese a que es el motor económico del país, no es ajeno a los problemas endémicos de Honduras: La pobreza, la violencia y la corrupción. 

Entre el 2012 y 2013, San Pedro Sula estuvo catalogada como la ciudad más violenta del mundo, y aunque las cifras han bajado, el hampa mantiene bajo su yugo a populosos sectores como Chamelecón y Rivera Hernández, que siguen inmersos en cruentas batallas entre maras por territorios para extorsión o distribuir droga.  La Policía Nacional publicó en su informe que en el año 2020, donde hubo meses de férreo confinamiento por la pandemia, en San Pedro Sula murieron de forma violenta 330 ciudadanos.

La ciudad urge también de reubicar aproximadamente 110,000 personas que residen en 20 bordos de la ciudad. Ellos y ellas representan el 10 % de la población sampedrana. No tienen servicios básicos y forman parte del 61 % de habitantes hondureños que viven en pobreza. Este tema ha sido invisibilizado en los ocho años de Gobierno de Armando Calidonio. 

En diciembre de 2020, policías municipales intentaron realizar un desalojo violento de negocios de lavandería de carros que se ubican en el bordo del río Blanco, pero los trabajadores se enfrentaron a la autoridad. Resultó muerto de un balazo José Rafael Flores (36 años) y hubo cuatro heridos. 

Calidonio afirmó que la muerte de este ciudadano «no iba a quedar impune». Lamentó el deceso y brindó condolencias a los familiares. También dijo que había un delito denunciado y se actuó «en base a ley, lamento que el Ministerio Público no nos haya acompañado». 

Ramón Barrios, un abogado militante de Libre, nos observa que en los dos períodos del actual alcalde se ha dedicado esencialmente a la infraestructura, pero es inversión ha sido en el área más urbana de la ciudad, pero «el 60 % de la ciudad de San Pedro Sula está localizado en el área no urbana(Cofradía, Chamelecón, Rivera Hernández), que es un sector que la gente de afuera no ve. Ese San Pedro Sula (periferia) es completamente diferente a la urbana donde se ha hecho obra en los últimos ocho años». 

El ciudadano Antonio Ramos opina algo parecido sobre la administración de Calidonio. Piensa que  tiene el favor de muchos porque los alcaldes anteriores hicieron muy poco y que con unos cuantos puentes a desnivel pareciera que ha hecho mucho más: «quizá ha sido más proactivo que sus antecesores», manifestó.

«Durante los huracanes dejó en evidencia la poca reacción porque hasta el día de hoy, cuatro meses después, mucha gente sigue sufriendo, colonias que siguen sin habitar y eso habla mucho de un líder que pretende continuar», manifestó Ramos. 

Durante las emergencias provocadas por las tormentas tropicales Eta y Iota, en los sectores afectados como Chamelecón y la Rivera Hernández se reclamó la oportuna ayuda de la autoridad municipal, que tuvo una reacción tardía. Como se puede comprobar en las redes del edil, siguen publicando fotos sobre limpieza de calle y casas cuatro meses después de la catástrofe.  

Por eso recostada en una de las bases del puente área de Chamelecón, Xiomara, una jovencita de 19, le dijo a Contracorriente que se sentían olvidados por el Gobierno central y también por el municipal. 

Una anciana damnificada descansa en un colchón dentro de un refugio construido con plásticos y trozos de madera en los bajos del puente frente al sector Chamelecón. San Pedro Sula, 21 de noviembre de 2020.
Una anciana damnificada descansa en un colchón dentro de un refugio construido con plásticos y trozos de madera en los bajos del puente frente al sector Chamelecón. San Pedro Sula, 21 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Calidonio, como los alcaldes anteriores, no ha podido controlar la proliferación de vendedores en las céntricas calles sampedranas. Unas ya se volvieron intransitables incluso para los peatones.  En 2007, la administración de Rodolfo Padilla Sunseri reubicó a los vendedores, pero ahora nuevamente está totalmente copada. No hay un censo preciso, pero la cifra rondaría de 10,000 a 15,000 vendedores informales. 

«Hay que atender una agenda que esté más enfocada en el ser humano, en cerrar las brechas de desigualdad que imperan en la ciudad», nos dice la abogada Fátima Mena, que también pide un ejercicio del Gobierno municipal más demócrático.

San Pedro Sula produce hasta el 45 % del Producto Interno Bruto del país, es la ciudad más rica de Honduras, pero tiene un gran síndrome de desigualdad. Siempre se ha dicho que la división que hace la línea férrea del extinto tren, no solo es una limitación física, también lo es el plano económico. Divide a los pobres de los ricos. Calidonio, de raíces copanecas, que busca un tercer período como alcalde sampedrano ha hecho muy poco por tumbar la barreras de la inequidad. 

El abogado David Chavéz fue el diputado más votado de Francisco Morazán en las elecciones del 2017, apenas eran sus segundas optando a un cargo de elección popular y dejó atrás a los dinosaurios. Llegó a ser jefe de bancada en el Congreso Nacional y ahora entre acusaciones de corrupción y su cercanía con la familia presidencial se abre paso como el casi seguro ganador de las elecciones internas como alcalde del Distrito Central.

Texto: Fernando Silva

Fotografías de Martín Cálix

David Chávez ha escalado rápidamente dentro del Partido Nacional. Cuando era niño —dijo en una entrevista— Chávez estuvo rodeado de líderes de ese partido, algunos políticos como el fallecido expresidente Rafael Callejas y el diputado Oswaldo Ramos Soto, quienes llegaban constantemente a su casa ya que eran representados legalmente por su padre Gonzalo Chávez, quien también fue gerente del Banco Central de Honduras.

Formalmente empezó su carrera política en 2004 cuando llegó al Ministerio Público (MP), como fiscal contra la corrupción y asesor del Fiscal General Ovidio Navarro, desde esa institución dio el salto en 2010 y fue nombrado titular del Instituto de Formación Profesional (Infop) en el Gobierno de Porfirio Lobo, posterior al golpe de Estado.

Finalmente, en 2014 llegó al Congreso Nacional y en 2017 se afirmó su posición dentro del Partido Nacional convirtiéndose en el diputado más votado de Francisco Morazán. Desde el Poder Legislativo ha impulsado discusiones como el nombramiento de su colega -y a quien llama su maestro- Oswaldo Ramos Soto como diputado vitalicio y la restauración del servicio militar obligatorio, que finalmente no fueron aprobadas; también se declaró como «voz beligerante en contra del matrimonio en personas del mismo sexo» y respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de trasladar la Embajada de Honduras en Israel a la ciudad de Jerusalén. 

«No es lo mismo una persona que fuma un puro de marihuana a una persona que tiene en su casa 5 libras de marihuana (…) no es lo mismo una persona que se roba 20 lempiras a una persona que se roba un millón de lempiras», aseguró David Chavéz en una entrevista del 4 de junio del 2020 en la que defendía la puesta en vigencia del nuevo Código Penal y las reducciones de penas que contemplaba por los delitos de tráfico de drogas y corrupción. Allí también aprovechó para atacar a organizaciones de sociedad civil y políticos que se oponían ante la reducción de penas en delitos de corrupción y violencia contra las mujeres.

«Ha habido una señora que es una bruja y un muchacho que tiene problemas mentales de inteligencia, y entonces han montado una campaña tendenciosa para desinformar al pueblo hondureño», dijo refiriéndose a Gabriela Castellanos y Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una institución de sociedad civil que fue la principal opositora de la puesta en vigencia del nuevo código. Esas declaraciones seguían el patrón de insultos y violencia en contra de opositores al gobierno que David Chávez mantiene desde que es figura política.

 

David Chávez durante el evento religioso con el que su movimiento abrió campaña en la capital hondureña. Tegucigalpa, 23 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Dentro del Congreso Nacional ha protagonizado diversos altercados con las bancadas de oposición, como en mayo de 2019 cuando en medio de una discusión golpeó con el puño al diputado Jari Dixon del Partido Libertad y Refundación, y en octubre de ese mismo año que denunció que los partidos de oposición estaban organizando un Golpe de Estado en contra del presidente Juan Orlando Hernández. 

Godofredo Fajardo, candidato a alcalde por la Democracia Cristiana y exmilitante del Partido Nacional, dice que lo conoce desde que estaba joven, aunque en el radar de poder de esa institución política David Chávez no existía hasta hace algunos años, dice que «es hasta este Gobierno que adquiere proporciones colosales, se vuelve un líder que maneja bases, instituciones y mucho dinero, se volvió un magnate de la política». 

Además agrega que «ha hecho su carrera política de forma discreta, con una personalidad retraída, nunca le conocí un trabajo de base en los barrios, sino que llegó con la fortuna de un papá influyente y luego Oscar Alvarez —exministro de seguridad— lo apadrinó para presentarlo a Pepe Lobo que lo pone en la dirección de Infop, y ya con dinero se le amplia el camino, pero su personalidad nunca ha sido de un líder de multitudes. Si usted le quita el dinero es una persona común y corriente, es un producto del dinero, la publicidad y que Juan Orlando dio la orden de ponerlo en la capital».

Una muestra del protagonismo que ha tomado David Chávez dentro del partido es que fue el encargado de la fundación y organización del Movimiento Unidad y Esperanza que lleva a Juan Nasry Asfura, actual alcalde de la capital, como precandidato presidencial y a él mismo como coordinador y precandidato a la alcaldía del Distrito Central. 

Como muchos de los parlamentarios del Partido Nacional, Chávez también ha sido mencionado en investigaciones por actos de corrupción. En febrero de 2018 el CNA señaló que el parlamentario habría ocasionado un perjuicio en contra del Estado por un monto de más de 21 millones de lempiras al sobrevalorar un contrato de suministros en un centro regional de Infop en el departamento de Olancho. 

Sobre estas acusaciones Chávez dijo que eran una «brutada» y dijo que toda la acusación era por su posición política: «soy el diputado más votado, no tengo ninguna relación con las denuncias que presentaron contra mí», aseguró.

En otro caso, Victoria Isabel Madison, madre del precandidato, fue mencionada por la disuelta Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (Ufecic) del Ministerio Público como involucrada en el trabajo de la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (Fundeimh) que recibió entre 2014 y 2017 al menos 318 millones de lempiras (12 millones de dólares) desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). Dicha fundación tuvo a la primera dama Ana García como apoderada legal, y hasta el momento de la investigación había obtenido múltiples convenios con el Estado manejando el programa Vida Mejor, el principal proyecto asistencialista del actual gobierno, que David Chávez asegura van a continuar en caso de llegar al gobierno.

La cercanía de la familia Chávez Madison con la familia presidencial, según Fajardo, hace que la alianza política del precandidato a la alcaldía se vuelva todavía más fuerte, y considera que por eso está ejerciendo poder, influencia, e incidiendo en los nombramientos y que a «la sombra del presidente ha construido una gran plataforma publicitaria con la que prácticamente está a 24 horas de ser el candidato oficial del Partido Nacional a la alcaldía de la capital».

Fajardo agrega que «está esperando la plataforma de la alcaldía para allí sí lanzarse a la presidencia con el apoyo de Juan Orlando y sus amigos».

Un simpatizante nacionalista viste una camiseta con el rostro estampado de David Chávez. Tegucigalpa, 23 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Desde 2002 el Distrito Central ha tenido gobiernos del Partido Nacional, que se han enfocado en la construcción de infraestructura, específicamente en la construcción de puentes, pasos a desnivel y bacheo de calles. Otros sectores como la atención a sectores vulnerables han sido olvidados lo que ha provocado que al menos 182,000 personas vivan en extrema pobreza según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que el 36 % de la capital sea altamente vulnerable ante los fenómenos naturales, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicha vulnerabilidad se ha mostrado cada año, y en 2020 se agudizó con el impacto de las tormentas Eta e Iota en todo el país. 

En los últimos ocho años, el titular de la alcaldía ha sido el actual precandidato presidencial por el movimiento Unidad y Esperanza Nasry Asfura, quien actualmente enfrenta un proceso de antejuicio por malversación de 28 millones de lempiras. Asfura utilizó fondos de la alcaldía para cubrir operaciones de empresas, pagar tarjetas de crédito y hacer transferencias de dinero a sus hijas en Estados Unidos.

La Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público, presentó una solicitud de antejuicio contra él y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, por presuntos actos de corrupción en sus gestiones dentro de la alcaldía. La Uferco acusó a los funcionarios por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios. Los 28 millones de lempiras (alrededor de 1,120,000 dólares),  aseguran que fueron desviados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entre 2017 y 2018.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el pasado 16 de febrero que fue aceptada la solicitud de proceso de antejuicio contra Asfura. 

Estas acusaciones de corrupción contrastan con las exigencias de la población en el Distrito Central, entre ellas una solución a la problemática de escasez de agua que mantiene a 200,000 capitalinos que solo pueden abastecerse a través de carros cisternas que les venden líquido suficiente para sobrevivir por tres semanas a 1400 lempiras. 

Ante esta situación, Chávez tiene entre sus principales propuestas la construcción de cuatro represas que solucionarían la problemática de agua en la zona. Además, propone la entrega de una computadora a cada niño y niña de escuela pública. 

Mauricio Oliva, precandidato del movimiento Juntos Podemos del mismo Partido Nacional, mencionó sobre la propuesta de construcción de represas que «hace más de un año le dimos un montón de permisos al alcalde para que construyera represas. Al paso que vamos no creo que termine, espero que al menos comience. Yo no estoy esperando llegar a Casa Presidencial para comenzar a trabajar».

Ante esto David Chávez respondió que Oliva no conocía del tema y no harían política sobre dicha situación en la capital, además aseguró que quiere ser alcalde «para que cada niño que esté en una escuela pública le regalemos una computadora y la tenga en sus manos».

Los Parques para una vida mejor, han sido uno de los proyectos del programa Vida mejor, impulsado por el Gobierno nacionalista. En la fotografía, un Parque para una vida mejor en la comunidad lenca de Santa Elena en el departamento de La Paz, donde a raíz de las restricciones impuesta debido a la expansión de la COVID-19 este parque ha estado cerrado al público. Santa Elena, La Paz, 21 de octubre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Por otro lado, dentro del Partido Nacional muchos muestran una profunda admiración hacia él, ese es el caso de la doctora Johana Bermúdez, candidata a diputada del Movimiento Unidad y Esperanza, quien dice que una de las principales razones para que ella siga en contienda política ha sido el liderazgo de David Chávez y la esperanza que les da en una nueva generación.

«Es un hombre organizado, disciplinado, planificador, escucha y toma en consideración la opinión de los diversos sectores, además es un hombre trabajador, trabajador, trabajador incansable», asegura. 

Bermúdez también afirma que no existe relación cercana entre David Chávez y el presidente Juan Orlando Hernández, asegura que son liderazgos totalmente diferentes, dice que «David es un muchacho que ha venido desde muy abajo y ha venido creciendo logrando unificar a todo el Partido Nacional en esta campaña y además es coordinador del movimiento, gracias a ese liderazgo nos hemos convertido en el movimiento más fuerte, más organizado y con la franca garantía de que vamos a ser el movimiento ganador».

La doctora Bermudez finaliza diciendo que todo en la vida tiene su ciclo y que la renovación es sumamente importante, asegura que «hoy David Chávez es el ejemplo de la innovación, cambio y revolución del Partido Nacional».

El 28 de febrero, ante pobladores de siete barrios y colonias en la capital Chávez aseguró que este 14 de marzo se daría en su favor «la más grande y arrolladora victoria en unas elecciones internas», y prometió garantizar el servicio de agua potable y «continuar con la infraestructura que inició «Tito», con las manos limpias y con transparencia» . 

Por: Martín Cálix

A 1600 metros sobre el nivel del mar se cosecha el café hondureño de exportación —el mejor café, dicen los caficultores locales en las montañas de Corquín, uno de los municipios cafetaleros más importantes en el departamento de Copán—, café cosechado en parte por manos pequeñas. Una infancia condenada al olvido que ante las adversidades económicas de sus familias, asumen el trabajo en las fincas de café durante la temporada de corte como un símbolo cultural que pasa entre generaciones, sin cuestionarse. Simplemente sucede, es así.

Los que hoy son adultos trabajando en las plantaciones de café comenzaron de niños, a edades entre los 10 y 12 años, según sus propios testimonios, edades en las que muchos niños deberían estar en las escuelas o pasando su tiempo libre jugando en parques. Pero en estas comunidades, trabajar en el café es mejor a que estos niños y jóvenes «busquen vicios» o de repente tomen el camino riesgoso de migrar, porque no hay más que hacer en sus pueblos, según cuentan los trabajadores en las fincas. 

En la anomalía que representa una vida en medio de la pandemia por COVID-19, y donde a causa de ello las escuelas están cerradas desde marzo de 2020, los niños indígenas en las montañas hondureñas siguen teniendo una única opción: asistir con sus familias para cosechar café porque eso ayudará a las frágiles economías familiares.

En la actualidad, las exportaciones del café hondureño se comportan a la baja, cayendo la venta en la temporada 2019-2020 hasta los 879,2 millones de dólares comparados con los 923,9 millones de dólares de la temporada anterior, según datos de la agencia EFE en septiembre de 2020. Cada cortero de café en las montañas de Corquín gana unos 2.40 lempiras por libra de café en uva, esto es el doble de lo que corteros indígenas ganan en otras zonas del país, como en el departamento de La Paz donde se puede llegar a ganar apenas un lempira por libra de café en uva.

Según datos del Banco Mundial uno de cada cinco hondureños que vive en las zonas rurales lo hace en pobreza extrema, con menos de 1.90 dólares al día.

En junio de 2020, como una medida para paliar los efectos de la pandemia por COVID-19 en el sector, el Gobierno hondureño anunció que estaban disponibles 300 millones de lempiras, lo que denominó el Bono Cafetero. Según estimaciones gubernamentales, este bono estaría destinado a la ayuda para 91,000 productores de café a nivel nacional, el 87% del sector, y quienes no hayan recibido el bono tendrán acceso a préstamos con 8.7% de interés anual.

Unas de las condiciones que el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe) impone para certificar una finca de café es que no haya niños trabajando en ella. Pero los niños siguen ahí, en medio de las fincas, tapados por los arbustos de café, donde encontrarlos requiere agudizar el oído para intuir su posición por el sonido de sus voces.

En Corquín, los niños ganan lo mismo que los adultos, no hay diferencia en el pago por libra de café en uva que se cosecha. Según el apartado del Ihcafe referente al trabajo infantil en su página web «los mercados importantes del café en el mundo entre ellos Estados Unidos de Norteamérica, han incluido entre los requisitos a los países productores, la abolición del trabajo infantil forzoso». Honduras —según la revista Forbes— es el mayor productor de café de la región centroamericana, llegando a alcanzar una producción anual de 7,02 millones de quintales de café.

Hasta 2019, el Instituto Nacional de Estadística revela que el promedio de años educativos en el país es de ocho, y que la tasa de analfabetismo es apenas un 11 %. Con la expansión de la COVID-19 y el cierre de los centros educativos, las posibilidades de recibir clases en línea para los niños en las montañas hondureñas se reduce a cero, sin señal de teléfono y sin dinero para contratar planes de internet, trabajar en la cosecha del café es la única actividad posible.

El juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes, en Nueva York, ha sacudido a Juan Orlando Hernández, pero también a la clase política hondureña. Devis Leonel Rivera, líder del cartel Los Cachiros, testificó que además de sobornar al presidente también lo hizo con el expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009) y el exdesignado presidencial Ricardo Álvarez, ambos precandidatos a diputados para las próximas elecciones. Los fiscales estadounidenses han destacado también el papel de miembros de las FF. AA., la Policía Nacional y una lista de políticos que presuntamente facilitaron el tráfico de drogas. El presidente Hernández se ha dedicado a advertir el colapso de la lucha antidrogas.

 

 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Martín Cálix

 

 

El juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez —que inició el lunes 8 de marzo— ha traído más consecuencias para el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que las que acarreó el juicio en contra de su hermano Antonio «Tony» Hernández, catalogado como un narcotraficante a gran escala, condenado por cuatro delitos en octubre de 2019 y a la espera de conocer su sentencia el próximo 23 de marzo. La audiencia para conocer la sentencia de «Tony» ha sido aplazada varias veces y hay altas probabilidades de que reciba cadena perpetua por la gravedad de los delitos, según la normativa estadounidense.

El caso contra Fuentes Ramírez, que se dio a conocer en un documento el pasado 8 de enero, revela que Juan Orlando Hernández —cuando era presidente del Congreso Nacional y aspirante a la presidencia del país, en su primer periodo— hizo una alianza con el narcotraficante Fuentes Ramírez, a quien prometió proteger a cambio de dinero, además, hizo partícipe a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y se reunió con el empresario de la zona norte Fuad Jarufe para financiar su campaña de 2013 con dinero proveniente del lavado de activos.

Según un artículo de The New York Times, el abogado defensor de Fuentes Ramírez, Eylan Schulman, manifestó que su defendido y Juan Orlando Hernández fueron presentados por Fuad Jarufe, a quien describió como un hombre de negocios, el mentor de su cliente y el contacto directo con un vicepresidente y varios miembros del Ejército.

El fiscal Jacob Gutwillig señaló durante los alegatos iniciales del juicio federal que el mandatario hondureño, máximo líder del Partido Nacional, ayudó a traficar toneladas de kilos de cocaína a EE. UU. y puso a disposición del narcotráfico a miembros del Gobierno, FF. AA. de Honduras y Policía Nacional.

La defensa de Geovanny Fuentes, por su lado, intentó desacreditar a los testigos que propuso la fiscalía, entre los que se incluyó a Leonel Rivera, un exlíder del cartel Los Cachiros, argumentando que este es un asesino serial que mató a 78 personas y que está condenado por narcotráfico. Además, Rivera testificó ayer haber mentido en sus primeros testimonios por miedo a que las autoridades hondureñas implicadas se vengaran de su familia.  Por su parte, los fiscales norteamericanos han manifestado que Honduras es un narcoestado y que el actual presidente hondureño recibió sobornos entre el 2013, como parte de su campaña política, y también en el 2014.

Para el 2 de marzo de 2021, los fiscales estadounidenses habían solicitado al juez Kevin Castel admitir en el juicio algunas evidencias y fotografías que muestran al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, junto a narcotraficantes. Algunas de estas evidencias fueron presentadas el martes 9 de marzo. Estas fueron extraídas de los celulares de Fuentes Ramírez y su hijo. El jurado pudo ver las fotografías y algunos contactos de oficiales de policía y militares, entre los que resalta el nombre del alto jerarca militar René Orlando Ponce Fonseca.

Los fiscales mostraron las imágenes en donde aparece el presidente Hernández con los hijos de Fuentes Ramírez cuando estaban pequeños. De igual forma, se mostró otra imagen en la que aparece Hernández con el hermano de Fuentes Ramírez, según los fiscales, esta foto fue tomada en la fiesta de cumpleaños del presidente en el año 2017, según reportó el periodista independiente Jeff Ernst, quien cubre el juicio en Nueva York. 

«Tony» Hernández figura en este proceso judicial como el enlace entre el narcotraficante Fuentes Ramírez y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, ya que, según los fiscales norteamericanos, el presidente hondureño motivó a Fuentes Ramírez para que trabajara conjuntamente con su hermano «Tony» y de esa forma se aprovechara el laboratorio de cocaína propiedad del narcotraficante. Pero Fuentes Ramírez finalmente fue detenido en marzo de 2020 en la ciudad de Miami tras ser imputado por varios delitos de narcotráfico.

El juicio amenaza con romper por completo la relación amistosa que venía llevando el mandatario hondureño con  el Gobierno de EE. UU., aunque desde la toma del poder del demócrata Joe Biden, esta relación se había puesto más tensa.  El Gobierno estadounidense advirtió el pasado martes que no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción. 

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo sobre Hernández que este «no está preparado para luchar contra la corrupción y no está en una posición de disfrutar de una colaboración estrecha con Estados Unidos».

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, diseñó un plan para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica, en donde se reconoce que el Triángulo Norte enfrenta enormes desafíos a causa de la violencia, las organizaciones criminales transnacionales, la pobreza y las instituciones públicas corruptas e ineficaces. 

Por su parte, Hernández ha hecho varias publicaciones en Twitter para defenderse. «Cómo creer testimonios falsos que yo hacía tratos con los narcos, cuando es hecho comprobado que Los Cachiros buscaron trato con USA por lo imposible de los criminales de hacer trato conmigo. Van a morir en una cárcel extranjera, si no les funciona la Llave Mágica», indicó Hernández, desde su cuenta institucional.

La académica estadounidense Dana Frank indicó en un artículo publicado por el Washington Post que el presidente de EE. UU., Joe Biden, tiene un enorme desafío en Honduras. «La pobreza, la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad corruptas y un Estado destruido por un dictador represivo, el presidente Juan Orlando Hernández, seguirán generando oleadas de personas intentando migrar al norte en busca de seguridad».

Por otro lado, Senadores de EE. UU. han solicitado ejercer sanciones contra Hernández por la abundante evidencia de su participación en corrupción y narcotráfico. Y esta semana, la congresista Norma Torres protagonizó un duro tuit contra el presidente, en donde le pide que guarde su cocaína en donde él mismo se revuelca.

¿Cuáles son los caminos que le quedan a Juan Orlando Hernández?

Juan Orlando Hernández durante los actos protocolarios del Día de la Independencia frente a la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tegucigalpa, 15 de septiembre de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

«Un animal salvaje cuando está acorralado y no tiene nada que perder, es cuando se vuelve más peligroso. Usted ve que todas las personas vinculadas con el caso de «Tony» Hernández van muriendo, una a una. Eso solamente le refleja a usted el grado de peligrosidad en el panorama político», dijo a Contracorriente el abogado Josué Murillo, analista en temas de seguridad y narcotráfico.

Murillo se refiere a la serie de asesinatos de personas vinculadas a los casos que se enjuician en Nueva York. El abogado Melvin Edgardo Bonilla, representante legal de «Tony» Hernández en Honduras, fue asesinado a balazos el pasado jueves 4 de marzo en la colonia Alameda de Tegucigalpa. Pero también el pasado viernes 26 de febrero, seis personas fueron asesinadas en una masacre, entre ellas el empresario y político Miguel Carrión —quien en 2013 fue señalado por EE. UU. como el líder de una banda criminal— quien estaba con el policía depurado Normando López, quien había sido mencionado en el juicio de «Tony» Hernández.

En octubre de 2019, el narcotraficante Magdaleno Meza, socio de «Tony» Hernández, fue asesinado a cuchilladas y balazos en el interior de una cárcel de máxima seguridad de Honduras. Días más tarde, el director de esa cárcel también fue asesinado.

Murillo hace sus escenarios entre los que están un autogolpe, una asamblea nacional constituyente y, por último, que le cedan a Juan Orlando Hernández una candidatura dentro del Partido Nacional. «También es posible que él se posicione como designado presidencial. ¿Se imagina qué terrible sería esto? Todo esto es posible, en el marco de querer proteger a la persona que todavía tiene el control», sostiene.

Y es que la mención de varios políticos en estos juicios, coloca en vulnerabilidad no solo a Hernández y la impunidad deberá negociarse dentro de los partidos políticos implicados.

Por otro lado, el abogado Raúl Pineda, analista hondureño, exdiputado por el Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, cree que Hernández no tiene más destino que enfrentar la justicia norteamericana. Aseguró a Contracorriente que «el futuro del presidente de la república de Honduras está en manos de la justicia norteamericana y ese es un hecho que ya no se puede controvertir».

Ante esto, Pineda cree que Hernández hará lo que haría cualquier ser humano acorralado. «Seguir hacia adelante. Esa huida significa que perfectamente él puede presentarse como candidato presidencial del Partido Nacional haciendo que uno de los candidatos que van ahora a las internas presente su renuncia. Con todo el dinero que tiene puede pretender ganar las elecciones. Él tiene un abanico de opciones. La gente cree que sacar al presidente Hernández va a ser fácil. Pero eso no es así, es un hombre que se está jugando su vida, su dignidad y tiene una frase determinante que tanto le gusta a él: «voy hacer lo que tenga que hacer»» , sostiene Pineda.

Además asegura que Hernández trata de limpiar su nombre diciendo que un ataque contra él es un ataque contra toda la institucionalidad. «Él trata de derivar las acciones contra él y llevar la batalla de EE. UU. contra la Policía y las FF. AA. Seguramente hay oficiales involucrados, pero el Gobierno norteamericano no ha actuado contra ninguna institución como tal. El destino de Hernández es cuestión de tiempo».

En contraposición a esto, el sociólogo Víctor Meza, experto en temas de seguridad, no ve otro escenario que el de la salida de Hernández del poder. «Veo casi imposible el escenario de que Juan Orlando Hernández pueda quedarse en el poder», sostiene.

 

Elecciones en crisis

 

Una mujer lenca observa la papeleta para las elecciones primarias del próximo 14 de marzo correspondiente al departamento de Intibucá. Yamaranguila, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Honduras va a un nuevo proceso electoral el próximo domingo, cuando se realicen las elecciones internas y primarias, sin embargo, de los catorce partidos políticos inscritos solo participarán tres, los más grandes, en donde los electores deberán decidir qué candidatos participarán como candidatos oficiales en las elecciones generales del último domingo de noviembre, en donde sí estarán los restantes institutos políticos.

En esta Corte de Nueva York se ha mencionado al expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), coordinador de Libertad y Refundación (Libre), cuya esposa Xiomara Castro es la virtual candidata del partido para las próximas elecciones.

También se ha vuelto a mencionar a Yani Rosenthal, aspirante a candidato presidencial del Partido Liberal que ya estuvo preso en EE. UU. por transacciones ilícitas de bienes derivados del narcotráfico y de participar en un esquema delincuencial del cartel de Los Cachiros.

Y, obviamente, la acusación más grave es contra el presidente Hernández, líder indiscutido del Partido Nacional que tiene una influencia poderosa sobre el alcalde capitalino Nasry Asfura y del presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, quienes compiten en estas primarias por la candidatura oficial del partido gobernante.

Pineda considera que Honduras está muy lejos de contar con planillas libres de narcos. «El país no está libre de los proyectos narco. Estos son de largo plazo. Hay candidatos en Libre, Partido Nacional y Partido Liberal involucrados. Pero eso no quiere decir que ahorita no están pasando por un mal momento». 

Agrega que después de la elección primaria el presidente Juan Orlando Hernández perderá mucho poder. «Es cuestión de días, quizá semanas, en donde habrá que tomar una decisión por parte del mismo presidente. El 40 % de la influencia del presidente se perderá. Actores que ahora apoyan al presidente se inclinarán más por apoyar a otros candidatos y eso va a generar un cambio».

El exlíder del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo que sobornó a políticos. Con 250,000 dólares a Juan Orlando Hernández que fueron pagados por medio de Hilda Hernández (hermana fallecida del presidente) en 2012; además dijo que entregó 500,000 dólares  al expresidente José Manuel Zelaya en 2006; y, finalmente, 500,000 dólares a Ricardo Álvarez durante la campaña de este en 2012.

La reacción del expresidente Zelaya no se hizo esperar. «Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana», escribió rápidamente Zelaya Rosales en su cuenta de Twitter.

Zelaya también salió a dar una entrevista pública a los medios de comunicación, desde su automóvil se quitó su mascarilla e invitó a Juan Orlando Hernández a ir a Estados Unidos a aclarar la situación de ambos. A ver «quién regresa», dijo.

El precandidato a diputado y militante del Partido Libertad y Refundación, Rasel Tomé, ondea una bandera de su partido durante el cierre de campaña de Xiomara Castro. Tegucigalpa, 7 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

La aseveración de narcoestado durante este juicio, surge acompañado de otros nombres como el del exvicepresidente Ricardo Álvarez, el actual asesor presidencial Marvin Ponce, el general militar René Orlando Ponce Fonseca, entre otros, todos altos funcionarios o exfuncionarios de Gobierno y miembros de la Policía o el Ejército. El medio digital Pro Honduras Network publicó la lista completa de personas naturales y jurídicas que son de interés para la justicia de los EE. UU.

«Se habla de fondos provenientes del narcotráfico, cosa que se dio con expresidentes de Colombia y México sin que se diera ninguna consecuencia legal. Pero en este juicio se habla de una acción operativa de parte del presidente Hernández y se le cuestiona como participante en el trasiego de toneladas de droga y eso le da un carácter diferente», comenta Pineda.

Agrega que el hecho de que los políticos reciban fondos del narcotráfico no es nuevo, «tenemos campañas caras y muy largas. Las campañas no deberían durar más de dos meses, pero duran más de un año. Y eso obliga a los políticos a recibir dinero si quieren tener resultados (…) El presidente de Honduras está en aprietos, especialmente ahora que parece que los misiles se han desviado de Venezuela para Honduras. Y que ya las sanciones y esas ofensivas mediáticas generarán impactos muy grandes en el círculo del presidente».

Pineda subraya que cualquiera estaría preocupado en que lo cataloguen como una persona de interés, porque los narcos tienen una característica peculiar, «cuando los detienen y extraditan ellos dicen: por qué me traen a mí y no a fulano. Eso es un mecanismo del narco delator, del narco de Honduras».

El expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, quien fue mencionado desde los primeros juicios donde su hijo Fabio Lobo fue condenado por narcotráfico indicó en su cuenta de twitter: «Adelante Dr. Mauricio Oliva con apoyar la aprobación del Decreto del Dip. Jorge Lobo para que todos los mencionados en New York seamos investigados y exigir a JOH que se aparte de su puesto para no usar la Presidencia como escudo. ¡Quien dijo miedo! ¡El que nada debe nada teme!».

El tiempo le da la razón a Alfredo Landaverde

Un pelotón de las Fuerzas Armadas de Honduras durante los actos de celebración del día del soldado. Tegucigalpa, 19 de octubre de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

Cuando Geovanny Fuentes fue capturado en marzo de 2020, se dieron detalles sobre la participación de la Policía Nacional en el narcotráfico, pero poco se hablaba sobre el papel de los militares. Se explicaba entonces que, en 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Geovanny Fuentes establecía el laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés, según el testimonio de la DEA. Ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizar la seguridad para su negocio. 

La Policía Nacional permitía la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado. Pero en el informe hecho público el pasado 8 de enero, se expone el papel de las FF. AA. «(Geovanny Fuentes) También se asoció con altos funcionarios políticos y militares para facilitar su tráfico de drogas, actividades en un país que ha sido devastado por la violencia relacionada con las drogas», cita una parte del mismo. 

En este juicio se apunta a que el presidente Hernández, cuando entonces era el titular del Congreso Nacional, le solicitó dinero al empresario Fuad Jarufe para la campaña de 2013 y llegó a decir que la corrupción pública era en parte generada por él mismo y el Partido Nacional, además estableció que estaba malversando el dinero de la ayuda proporcionada por los EE. UU. a través de organizaciones no gubernamentales y robando dinero de la seguridad social de Honduras.

La socióloga Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, asesinado en 2011 por sus denuncias contra el narcotráfico, expresa que «desde el momento que Juan Orlando Hernández no quiere rendir cuentas, es que algo teme. Algo no está bien».

Landaverde fue un valiente coordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) del Ministerio Público que fue asesinado el 7 de diciembre de 2011 en Tegucigalpa.

Caldera expresa que lo interesante del juicio contra Geovanny Fuentes Ramírez, más allá de los testimonios, son las pruebas. «Lo que hay en los teléfonos, los videos, los documentos, las fotografías. El que no la debe, no la teme. Él (Juan Orlando Hernández) tiene que demostrar que no está involucrado. Sería interesante que él hiciera una declaración de impuestos pública. Tendría que hacer cosas heroicas para que la gente crea en él».

«Los reportes del juicio son públicos. Todos los estadounidenses los pueden ver. Yo le pedí al fiscal Berman poder acceder a los documentos en donde se decía quiénes habían asesinado a Alfredo. Muchos de estos se han declarado culpables en Estados Unidos. Solo tuve acceso a declaraciones, pero necesito ver las evidencias», agrega Hilda, en referencia a Geoffrey Berman, el exfiscal que conoció el caso de «Tony» Hernández y que fue despedido a mediados de junio de 2020 por el Gobierno de Estados Unidos después de que investigara al entorno del expresidente Donald Trump.

En el actual juicio se menciona al empresario Fuad Jarufe, quien según los fiscales norteamericanos era usado para blanquear el dinero y después entregar sobornos para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. Pero hablar de empresarios ligados al narcotráfico, hace algunos años, era cuestión de muerte. El mismo Devis Leonel Rivera dijo en el juicio ayer que la protección e impunidad que le brindaba el Estado de Honduras lo hacía más violento, más libre para matar. Esa impunidad aún arropa casos como el de Landaverde. 

En el año 2011 Alfredo Landaverde, poco antes de ser asesinado, denunció públicamente que 14 empresarios de Honduras lavaban dinero del narcotráfico con la complicidad del Gobierno. Landaverde denunció públicamente que el fiscal general lo sabía, que el jefe de la Policía lo sabía y que en las FF. AA. lo sabían.

Caldera expresa que el narcotráfico en Honduras es un sistema en el que «entre ellos mismos se protegen, se cambian las leyes, lavan los activos y el dinero en los bancos. Hay mucha gente involucrada. Pero los que están más vulnerables son los que están en el poder». Agrega que en estos momentos el Partido Nacional está mucho más vulnerable de ser corrompido porque son los que tienen el poder, pero que lo mismo estaría pasando si estuvieran los liberales.

Caldera revela que su esposo fue asesinado por explicar cómo el narcotráfico corrompió «el poder político y el sistema judicial, incluyendo a las fuerzas armadas, porque son los que tienen el poder para perseguir la droga por tierra, mar y aire. Porque la policía no llega al aire y no llega al mar. Todas estas cosas las decía Alfredo y por eso le quitaron la vida».

Hilda piensa que una de las cosas más importantes para neutralizar el narcotráfico es conocer la verdad a través de los espacios de comunicación independientes y valientes: «Tenemos que saber la verdad. Hay demasiados medios de comunicación de todo tipo, aunque hay medios que el Gobierno paga y no dicen nada».

El sociólogo hondureño Víctor Meza, quien formó parte, en su momento,  de una comisión especial para hacer reformas de seguridad estatal, coincide con Caldera y dice que «la estructura de un narcoestado supone la cooptación a nivel individual de las instituciones, sobre todo en el área de operadores de justicia y seguridad».

El sociólogo se pregunta si las elecciones primarias y generales van a ser efectivas. «Cuánta legitimidad van a tener los candidatos que salgan electos. No lo sé. Eso dependerá de la calidad del proceso electoral y de la legitimidad de los resultados y con el grado de satisfacción que tenga el electorado tras el conteo de los votos. Pero soy pesimista, las elecciones internas generarán mayor confusión, crispación y división. Estoy casi seguro».

Con las elecciones primarias tan cerca, los hondureños cruzan los dedos para que las próximas elecciones, tanto primarias a celebrarse este 14 de marzo como las generales a desarrollarse en noviembre, sean transparentes. No obstante, no existen reglas claras del juego y la incertidumbre subió a su nivel máximo con lo acontecido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. 

José Antonio Rivera aspira por tercera ocasión a gobernar San Pedro Sula, esta vez por la corriente del Partido Liberal con Darío Banegas. Él habla de una gran alianza para sacar a Armando Calidonio, mientras que en la oposición lo tildan de ser su aliado.

 

Texto: Allan Bu

Fotografías de Catherine Calderón

 

A inicios de la década de los ochenta, José Antonio Rivera Donaire, tenía un poco más de 10 años de edad. Se levantaba muy temprano para encender el fogón de su casa y luego «armado» de dos recipientes se dirigía al río Armenta de donde regresaba con agua cristalina a la casa de sus padres, ubicada en el Barrio el Playón en San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Mucho ha cambiado su comunidad y él en los últimos años desde que se convirtió en un eterno regidor de la alcaldía sampedrana. 

«Yo me crié en eso», recuerda Rivera, a quien se le conoce popularmente como «Toñito». Ahora participará en las elecciones primarias del 14 de marzo, por tercera ocasión como candidato a la alcaldía municipal de San Pedro Sula. Actualmente es regidor. Lo ha sido en los dos períodos del nacionalista Armando Calidonio y cuando formó parte de la planilla del liberal Juan Carlos Zúniga (2010-2013) .

Nació el 29 de julio de 1970 en San Pedro Sula en el seno de una familia liberal. Toñito recuerda que su padre, Carlos Alberto Rivera Donaire (QDDG), a bordo de una volqueta derribó un busto del dictador nacionalista Tiburcio Carías Andino (gobernó entre 1932-1949) que estaba ubicado cerca de la municipalidad sampedrana. Esto le costó el exilio hacia El Salvador. 

Su padre se dedicaba al rubro de transporte, hendía leña y acarreaba pollos a diferentes centros procesadores de carne que había en la ciudad y su  madre vendía comida a los empleados de una poderosa empresa productiva del norte. 

«Me crecí en el trabajo con mi padre. Íbamos a Tepeaca, a Barrio Cabañas, que estaba en ese momento naciendo, y nos dedicamos a los diferentes negocios de la familia», recuerda Toñito. 

Con su progenitor, el aspirante a la alcaldía sampedrana comenzó a frecuentar reuniones del Partido Liberal (PL) y a pegar afiches en tiempos de campaña. Ahí inició su carrera en la política sampedrana, escenario en el que se ha convertido en una figura con pocos reflectores, pero crucial en el entramado municipal. 

Antonio Rivera atiende una llamada telefónica antes de atender a la prensa local. Rivera es precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula dentro del movimiento liberal «Esperanza de Honduras» que tiene como precandidato a la presidencia al diputado Darío Banegas. San Pedro Sula, 9 de febrero de 2021. Foto: Catherine Calderón.

Rivera realizó su educación secundaria en Liceo Militar del Norte y estuvo a punto de dedicarse a la carrera militar, pero en una conversación para Contracorriente  sostuvo que abandonó la Academia Nacional de Policía debido a un problema de salud de su padre.   

Fue entonces cuando recibió una beca para estudiar leyes en la Universidad Privada de San Pedro Sula (Usap). Se graduó como abogado y se mantiene brindando asesorías jurídicas a empresas sampedranas. 

Uno de sus amigos más cercanos es Fernando Restrepo, quien también es su jefe de campaña. Restrepo cuenta que Toñito no responde ataques: «Él es una persona muy temerosa de Dios y muy íntegro. Es un hombre hogareño, muy dado a su familia», sostiene.

Su carrera en la política comenzó a tomar forma en el 2006, cuando en la administración del alcalde liberal Rodolfo Padilla Sunseri (2006-2009) —a quien Toñito considera su amigo— llegó a la alcaldía municipal como superintendente de justicia, seguridad y transporte, cargo que desempeñó hasta 2009 cuando se dio el golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), hecho que dividió por completo al PL. 

Apenas había transcurrido un año desde que Sunseri tomó posesión, cuando  la Fiscalía Contra la Corrupción señaló al exalcalde por falsificación de títulos de valores y malversación de caudales públicos. Padilla aseguró que «saldría con la frente en alto». Tras el Golpe de Estado de 2009, Padilla abandonó la municipalidad y la candidatura con la que buscaba un segundo período gobernando San Pedro Sula. 

El proceso en contra de Sunseri se reactivó en junio de 2015, cuando pagó una millonaria fianza para permanecer en arresto domiciliario. Luego se le acusó por abuso de autoridad por haber aprobado un préstamo de 400,000 lempiras para la jefa de control de ingresos de la alcaldía, Ada Muñoz. En septiembre de 2017 se revocó la medida cautelar y se ordenó su traslado al presidio sampedrano. Desde entonces, el exalcalde permanece prófugo de la justicia. 

Pero en la alcaldía de San Pedro Sula, acusaciones  como la que pende sobre Padilla Sunseri, no son un caso único. En el 2007, Luis García Bustamante, quien gobernó la ciudad entre 1994 y 1998, fue encarcelado luego que un juez giró una orden de captura en su contra por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública en el escándalo de corrupción de los Sextos Juegos Centroamericanos, en el que miembros del comité organizador fueron acusados de malversar unos 85 millones de lempiras en la construcción de complejo olímpico. García Bustamante recuperó rápidamente su libertad.

En el 2008, el nacionalista Óscar Kilgore, alcalde de San Pedro Sula en el período 2002-2006 fue encontrado responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La foto del exedil abajo de una mesa pretendiendo evitar su captura fue primera plana en un diario sampedrano, posteriormente su caso fue enmarañado y quedó en libertad. 

Kilgore también fue acusado por enriquecimiento ilícito en 2015. No pudo justificar ante el Tribunal Superior de Cuentas cómo su patrimonio creció en 8,9 millones de lempiras cuando gobernó la ciudad. Fue enviado a prisión. En 2017 fue acusado por abuso de autoridad. En marzo de 2018 fue absuelto por enriquecimiento ilícito y recobró su libertad, ahora es presentador de un noticiero local.

En esas aguas ha navegado Toñito. En las elecciones del 2009, que se celebraron después que las élites políticas, militares y empresariales derrocaron al presidente Manuel Zelaya Rosales, Toñito participó en la planilla del doctor Juan Carlos Zúniga, quien había sustituido intempestivamente en la candidatura del PL a Padilla Sunseri. 

Rivera se mantuvo en las filas del PL, pero el 26 de junio de 2011 se anunció la creación del partido Libertad y Refundación (Libre) el cual tuvo como base movimientos progresistas, organizaciones populares, pero sobre todo a los liberales que repudiaron el Golpe de Estado a Mel Zelaya. Toñito fue uno de ellos. 

«No estaba de acuerdo con ese proceso que se llevó a cabo, fue un golpe que dividió a la familia», nos dijo.

Toñito fue el heredero de parte de las estructuras que le permitieron a Padilla Sunseri ganar la alcaldía en 2006 y con las que se perfilaba para ganar un segundo período en las elecciones de 2009. Buena parte de esos activistas y líderes de base, abandonaron el PL, tras el golpe de Estado y se convirtieron en la fuerza que impulsó la carrera política de Toñito Rivera.

En las elecciones de 2013 se convirtió en el candidato de Libre. Quedó en tercer lugar en las votaciones que ganó Armando Calidonio con 65,506 votos, Guillermo Milla del Partido Anticorrupción sacó  63,938 y Rivera obtuvo  51,696, de acuerdo a los datos del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, TSE. Tras el día de las elecciones hubo denuncias de fraude por parte de Milla, quien se declaró ganador de la elección la misma noche que lo hizo Calidonio. Una figura desconocida estuvo muy cerca de quebrar el dominio de los partidos tradicionales en San Pedro Sula.

En las elecciones de 2017, Toñito nuevamente participó como candidato municipal de Libre, quedando en el segundo lugar con el 23 % de los sufragios. Esta vez la victoria de Calidonio fue más holgada al obtener el 33 % de los votos. Marlon Lara del PL obtuvo el 20 % y la independiente Fátima Mena se quedó en 10 %. 

El abogado y precandidato a diputado por Libre, Ramón Barrios, sostiene que Toñito fue un político importante en Libre, pero cree que después de 15 años en la Municipalidad todas sus apuestas con Libre y el PL, están encaminadas a ser parte de la estructura presupuestaria de la Muni y no tiene como verdadera finalidad dirigir la comuna sampedrana. 

«La visión que tengo es de un político que se acostumbró a ser parte de la municipalidad de San Pedro Sula bajo la sombra del alcalde Calidonio», manifestó.

En la actualidad el salario de un regidor municipal en San Pedro Sula es de 81,350 lempiras, pero después de las deducciones queda en 67,310. En el período de 2010-2014, estos funcionarios municipales ya devengaban esa cantidad. 

Toñito hará un tercer intento por alcanzar el bastón municipal, pero ahora ha regresado al PL y es precandidato a la alcaldía arropado por la aspiración presidencial del actual diputado y caricaturista Darío Banegas, que forma parte del ala conservadora del PL. Su movimiento se llama Esperanza de Honduras, y su lema de campaña es «revolución de la esperanza». Habló de enfocarse en la salud y educación y colocar al ser humano como eje central de la economía en una entrevista con El Heraldo.

Rivera dice que su retorno a las filas del PL se debe a que en su afán de victoria él ha entendido que la batalla ha trascendido las banderas. «Entiendo que esto ya no es de partidos políticos, es de realidades que debemos enmarcar en buscar el objetivo que queremos. No hay manera de lograr los triunfos contra el partido de oposición si no buscamos una alianza», nos dice. 



Una valla publicitaria de la precandidatura de Armando Calidonio a la alcaldía de San Pedro Sula y de Mauricio Oliva a la presidencia del país. San Pedro Sula, 6 de febrero de 2021. Foto: Catherine Calderón.

El regidor

Toñito Rivera  ha sido regidor en la alcaldía sampedrana durante 12 años. Es un personaje con pocos reflectores, siempre y cuando no esté en campaña, tiempo en el que se erige como uno de los principales opositores de Calidonio. Desde la militancia del partido Libre le han reclamado su falta de crítica para la administración y algunos lo denuncian de que se ha plegado a los intereses del jefe edilicio nacionalista. 

El precandidato se defiende.  Argumenta que él ha entendido que en la política lo más importante es cultivar amigos y buscar un principio fundamental que es la lealtad. «Un político debe servir a las personas y eso he hecho durante el tiempo que he estado en la Municipalidad», aseguró Rivera. 

El miembro de Libre y exregidor municipal por el Partido Liberal, Wilfredo Flores, expone que Toñito tiene pactos con el alcalde Calidonio para tener trabajando en la Municipalidad a cientos de sus activistas. «Su aporte ha sido una pena, lo tuve de compañero y no es una solución para la ciudad. Aquí yo no descalifico, si no que como dice el Señor: «por sus obras los conoceréis». Está en la municipalidad desde 2006 y sin ningún rastro, sin haber dejado nada como proyecto político más que el «chamberismo y la corrupción», acusa Flores. 

Para ejemplificar mejor su posición frente a los conflictos y su desempeño en la alcaldía, Toñito nos cita una conocida frase. «Volvemos a lo que decía aquel fotógrafo Henrich Hartman: «la guerra es igual a la política», un lugar donde jóvenes que no se conocen ni se odian se matan entre sí por decisiones de viejos que sí se conocen, no se odian y hacen negociaciones». En realidad, la frase original no menciona política y es atribuida a Erik Hartman, nacido en Alemania, pero que desde los 16 años vivió en Estados Unidos. 

«Estaba un proyecto progresista (Libre) y regresa al PL, al lado oscuro del PL, solo porque es instrumento de estas gentes corruptas, que lo que les interesa es la gobernabilidad», señaló Flores. 

El militante de Libre no tiene tapujos para señalar como «negativo» el andar de Toñito en la alcaldía: «Es un muchacho más apegado a los grupos de poder, por eso te hablo del gatopardismo», manifestó. 

Pero Toñito dice que como funcionario él ya entendió que la única forma de sacar adelante la ciudad es a través del diálogo. «Las críticas deben ser sanas y constructivas», arguye cuando le preguntamos sobre su relación con Armando Calidonio. 

«Como regidor mantengo una relación de trabajo enmarcada en las propuestas de municipio. Lo importante en esta ciudad es quitar las banderas políticas y hacer las cosas que en verdad benefician a San Pedro Sula y la ciudadanía», nos arengó.

Manifiesta que no comulga con ciertas actuaciones de la administración municipal como los excesivos trámites burocráticos para que alguien pueda montar una empresa en la ciudad: «piden demasiadas formalidades y estamos en un proceso de reactivar la economía», consideró. 

Toñito recuerda que votó en contra del aumento al peaje en enero de 2014, cuando el valor pasó de 6 a 12 lempiras. En aquella ocasión, recoge el diario La Prensa,  cinco regidores votaron a favor y cinco en contra. La votación fue decidida por Armando Calidonio.  Tras las fraudulentas elecciones de 2017, cuando Juan Orlando Hernández se reeligió inconstitucionalmente, los peajes fueron quemados en protestas de la oposición. 

Sin embargo, Toñito también reconoce implícitamente que ha apoyado iniciativas del actual edil. «El que maneja la administración es el alcalde. Lo determinante es ver qué factores benefician al municipio y así apoyarlo, obviamente la gente quiere verlo en un esquema de guerra».

Pero la inclinación a no confrontar ni a realizar críticas al actual alcalde que ha tenido Toñito, es visto de otra forma por el abogado Ramón Barrios: «La percepción que tenemos los sampedranos y las sampedranas es que el alcalde no ha tenido oposición a nivel interno en la municipalidad. Normalmente se callan las conciencias críticas de los regidores de la oposición, nombrando personal ejecutivo pagado por la municipalidad. Usted no ha escuchado que haya oposición crítica», analizó Barrios. 

Barrios manifestó que esta situación hace que ni en escándalos como la muerte de un sampedrano en el desalojo a los lavadores de carros en Río Blanco se muestre una posición  de parte de los regidores.

Preguntamos a Toñito si hay corrupción en la actual administración municipal y su respuesta es evasiva de una responsabilidad que debería tener como auditor del pueblo.  «Eso no lo investigo yo, lo deben investigar entes controladores del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas o la misma población, porque yo no estoy en la administración», dice.

Antonio Rivera, precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula en las elecciones primarias de 2021 por el movimiento liberal «Esperanza de Honduras», mientras conversa con algunos dirigentes políticos de su movimiento. San Pedro Sula, 9 de febrero de 2021. Foto: Catherine Calderón.

Arguye que el regidor no es funcionario administrativo y en lugar de ello lo describe como un legislador que crea normas y decretos municipales. «Nosotros (la corporación) autorizamos al alcalde un presupuesto para que se maneje durante un año, pero son los entes controladores los que van a determinar cómo se invirtió», se defiende. 

 

Esta perspectiva del aspirante a la alcaldía municipal contrasta totalmente con la realidad del país y la historia de San Pedro Sula, cuya alcaldía ha sido sacudida por incontables actos de corrupción en sus administradores. El abogado Barrios ratifica que efectivamente el alcalde es el administrador de los recursos de la ciudad y que el cuerpo de regidores fungen como una especie de Congreso Nacional. Sin embargo, no está de acuerdo cuando Toñito insinúa que no puede ser veedor de cómo se invierte el dinero de los sampedranos. 

«Me parece que faltan al conocimiento y a la verdad cuando dicen que son simplemente legisladores, porque entonces si en sesiones de corporación se aprueban los presupuestos,  ahí se debe solicitar que si lo que yo he aprobado se ha gastado conforme a las normas de la transparencia», nos explica el togado. 

El jefe de campaña de Rivera, Fernando Restrepo, exime totalmente a su candidato de responsabilidad: «el administrador único de la Municipalidad de San Pedro Sula es el alcalde, los regidores son legisladores nada más. No tiene responsabilidad sobre las acciones administrativas que ha hecho el alcalde».

Y nos refiere a la web de la Municipalidad: «Existe un portal donde usted puede ver el comportamiento corporativo del abogado José Antonio Rivera». Pero en el sitio web ni siquiera está el registro de las actas levantadas en sesiones de corporación. 

Toñito aseguró que en su paso por la superintendencia de transporte impulsó varios proyectos, uno de esos fue la ubicación de las terminales del transporte interurbano fuera del centro de San Pedro Sula en una gran terminal. Además, realizó esfuerzos por la reubicación de los vendedores en la calle, incluso se adquirió un terreno para construir un mercado municipal, pero él mismo confesó que ese predio permanece en litigio. 

Llegó a tener una tasa de  107 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se redujo a 52 homicidios por cada 100,000 habitantes.  En el primer semestre del 2020, con las medidas de confinamiento implementadas para frenar la pandemia COVID-19 (que ha dejado 173,729 casos y 4200 muertes de acuerdo con fuentes oficiales), los homicidios se redujeron un 31 % en San Pedro Sula según informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Al finalizar, el año 2020 en la ciudad norteña se registraron 330 homicidios, solo detrás de Tegucigalpa donde hubo 569 casos. En los dos primeros meses del 2021, se han registrado seis homicidios múltiples en Cortés. En la última masacre fue acribillado, junto a cuatro personas más, el empresario y político Miguel Rodríguez Carrión. El hecho sucedió en el centro de San Pedro Sula.  

San Pedro Sula también sigue siendo terreno de gobiernos invisibles que operan en los barrios más populares de la ciudad. La mara MS y la pandilla 18, en menor proporción, mantienen el control territorial sectores como Chamelecón y Rivera Hernández, donde hay cruentas disputas por el dominio de territorios para la venta de drogas y cobro de extorsión. Miles de familias siguen atrapadas en esa espiral de violencia y lo único que pueden hacer es ver, oír y callar.

La reubicación de las familias que viven en los bordos también es un problema no atendido de todas las corporaciones de las que Toñito ha formado parte.  Para el año 2020, de acuerdo con información de la Comisión de Acción Social Menonita que recoge Diario La Prensa, en 16 bordos de la ciudad habitaban unas 110,000 personas, que representan el 10 % de la población sampedrana. Ellos representan una masa de pobreza en la ciudad de mayor crecimiento del país. 

En diciembre del 2020, policías municipales intentaron realizar un desalojo violento de negocios de lavandería de carros, pero los trabajadores se enfrentaron a la autoridad. Resultó muerto de un balazo José Rafael Flores (36 años) y hubo cuatro heridos.

San Pedro Sula, a vista y paciencia de sus alcaldes, se ha convertido en un enorme mercado de pulgas. Miles de vendedores ambulantes han copado las calles sampedranas ofreciendo productos de todo tipo y valor. Hay algunas que son intransitables para los peatones y vehículos.  

Toñito recuerda que en la administración de Padilla Sunseri se había adquirido un terreno ubicado por la Gran Terminal para construir un mercado y reubicar a los vendedores en la calle. Desde entonces han pasado tres períodos de gobierno, pero en las calles sampedranas el comercio informal sigue aumentando. El centro de la ciudad se mantiene sucio y desordenado.

La propuesta de Toñito

Toñito hace un tercer intento por llegar a la alcaldía sampedrana arropado por la corriente del actual diputado Darío Banegas, una de las tres corrientes que buscan ganar las internas en el PL. Las otras dos son dirigidas por Luis Zelaya, el ala rebelde de los liberales, y Yani Rosenthal, quien regresó a Honduras en agosto de 2020 tras cumplir tres años de condena en una cárcel de Estados Unidos por delitos de participación en transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita.

Sobre este tema, Fernando Restrepo dijo a Contracorriente que cuando decidieron buscar una alianza de libres y liberales ellos llamaron al precandidato liberal Luis Zelaya y aunque este atendió la llamada nunca respondió a la propuesta. 

Restrepo, al igual que Toñito, habla de una alianza partidaria que se viene gestando desde 2018 bajo la venia de Manuel Zelaya. No obstante, Libre tiene sus precandidatos a la alcaldía y ninguno ha mencionado alianza. 

La respuesta es que la alianza va más allá de las caras visibles de ambos partidos: «Los líderes de base, tanto del PL como de Libre, tienen confianza en Toñito, en nadie más. Para ellos el aglutinante, el pegamento es el abogado Rivera”, nos dice Restrepo. 

En Honduras, hacer política es un oficio caro por cuestión de idiosincracia y leyes. Las candidaturas se convierten en el germen de la corrupción, pues los candidatos en muchas ocasiones durante la campaña comprometen sus futuras funciones. Restrepo nos habló de cómo se sostiene la campaña de Toñito Rivera. 

«Tiene colaboración, por ejemplo yo le facilito oficinas, esta candidatura es más solidaria que otra cosa, es más de voluntad e ingenio. La creatividad ante la escasez de fondos ha resaltado mucho. Es más colaboración de amigos. Esto es una cuestión de base», nos dice. También agregó que Toñito realizó su declaración ante la Unidad de Política Limpia de cara a la financiación de la campaña política. 

Pese a lo que denominan una campaña austera, Toñito piensa que su tercer intento por conseguir la alcaldía será exitoso: «Primero, la experiencia que usted acumula. Segundo, conozco bien los problemas de la ciudad. Y tercero, hemos hecho una alianza. Aquí no es de partidos políticos, nos interesa entender la realidad que vivimos para buscar mejorar la calidad de vida de los sampedranos».

«Queremos mejorar la calidad de vida de los sampedranos, pero primero hay que entender el entorno», promete Toñito cuando habla de su plan de gobierno. Después menciona que si una calle debe ser reparada o si un proyecto de agua es necesario, un alcalde debe responder a ello. Esas son obras de infraestructura, que ha sido la principal carta de presentación de Calidonio en sus períodos de gobierno. 

Restrepo al hablar de las prioridades en el plan de gobierno de Toñito menciona dos grandes del hipotético Gobierno municipal: «La principal es la salud, en el sentido íntegro de la palabra. La otra es la reconstrucción del tejido social en San Pedro Sula.  Trabajar directamente con el ser humano», manifestó. 

Toñito habla de alianza y buscar la coyuntura para llegar al poder  y hacer «las transformaciones que merece la ciudad y el país». Es la tercera vez que lo intenta y cuando se lo mencionamos parafrasea a Mao Tse Tung: «»de derrota en derrota tras la victoria», no sé por qué molestarse, el presidente actual de los Estados Unidos lo intentó también anteriormente», dice. 

El día que hablamos con Toñito en una improvisada reunión le decía a un grupo de sus activistas que no había otro camino que una victoria en las elecciones primarias y las generales de noviembre, misma que borraría de tajo los señalamientos que vienen desde otros sectores de la oposición que lo tildan como un aliado clave del edil Armando Calidonio.

El próximo 14 de marzo se llevarán a cabo las elecciones primarias de los partidos políticos de cara al proceso electoral general de noviembre de 2021 con el fantasma de la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández aún rondando en el escenario político nacional. Este proceso primario está marcado por los juicios en Nueva York y los supuestos vínculos con el narcotráfico que han tenido en los últimos años varios precandidatos y el mismo presidente de la república. Quienes no han sido vinculados con el narcotráfico tienen algún proceso pendiente por corrupción. La campaña electoral se presenta como decisiva en términos de futuro en un país con profundas desigualdades sociales y económicas.

Muchos candidatos llevan años siendo funcionarios públicos. Quizá el más evidente sea Oswaldo Ramos Soto, que luego de ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entre 1982 y 1988 en medio de una época oscura de persecución y desaparición de estudiantes universitarios disidentes a los gobiernos hondureños de entonces, fue candidato presidencial en 1993 y finalmente ganó su primera diputación en 2002, desde entonces ha estado en el Congreso Nacional.

A las promesas de siempre que prevalecen en el discurso de los candidatos ofreciendo cambiar al país derrotando la corrupción y generando empleos para los más pobres, ahora se suma la de derrotar de una vez por todas al narcotráfico y mejorar las condiciones de salud en el marco de la pandemia por COVID-19.

Las caravanas migrantes, la reconstrucción de la zona norte tras el paso de Eta e Iota, y hasta la promesa de limpieza de los ríos que atraviesan la capital hondureña que hizo el precandidato a la alcaldía del Distrito Central, David Chávez, han sido algunos de los temas que surgieron para la actual campaña electoral.

Muchos prometen las mismas cosas, todos rezan, y se preparan lo mejor posible. Pero las desigualdades entre las precandidaturas se notan, mientras Mauricio Oliva y Nasry Asfura han colgado vallas publicitarias que rondan los 2500 dólares de renta al mes, otros ni siquiera tienen publicidad pegada o colgada en algún lugar, quedaron reducidos a la virtualidad de las redes sociales.

«Yo estoy aquí porque creo en mi país, porque creo en mi partido, porque creo en ustedes, y con ustedes es el fundamental de mis compromisos», decía en el discurso de apertura de su precandidatura a la presidencia de la República, Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso Nacional.

Luego de que en las elecciones generales de 2013 se autonombrara ganadora a las 6 p. m. y que en la campaña electoral general de 2017 cediera su puesto al candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, la exprimera dama de Honduras, Xiomara Castro, lo intentará nuevamente. En un video colgado en sus redes sociales el pasado 21 de julio de 2020, Castro, no solo asegura que no se prestará para avalar un nuevo fraude electoral sino que «el acontecimiento más grande en la historia política de Honduras en el Siglo XXI es la creación del Partido Libertad y Refundación». Xiomara Castro cerró campaña de cara a las internas de su partido con una masiva caravana vehicular en Tegucigalpa.

En el Partido Liberal, Yani Rosenthal se presenta como el candidato con mejores opciones de quedarse con la candidatura a la presidencia, pero Rosenthal viene de cumplir tres años de cárcel en Estados Unidos por delitos relacionados con el lavado de activos, de estos tres años, Rosenthal cumplió dos años y medio, obtuvo una reducción de seis meses en su condena inicial por su buen comportamiento enseñando matemáticas a sus compañeros convictos. Su linaje le precede, Yani proviene de una de las familias más poderosas económicamente y políticamente en el país.

«Los migrantes se van por necesidad porque van huyendo de la pesadilla cachureca que hay en este país, no es que van buscando un sueño americano, van huyendo de la pesadilla cachureca», afirmó hace una semana Yani Rosenthal en un foro televisivo, donde aseguró comprender a los migrantes hondureños en Estados Unidos porque, según él, vivió las mismas cosas que ellos atraviesan.

La pandemia por COVID-19 y robo de los fondos aprobados para su atención, las caravanas migrantes que huyen del país, los juicios y sentencias por narcotráfico que salpican no solo al presidente, sino a varios exfuncionarios del Gobierno , la reconstrucción de las zonas afectadas por dos tormentas tropicales que en dos semanas devastaron la zona norte, y la falta de consensos políticos y reformas electorales son algunos de los elementos cruciales que atraviesan las nuevas elecciones hondureñas.

Después de los retrasos en la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y en medio de críticas por el manejo de la pandemia, Honduras logró un acuerdo con Rusia para la compra de la Sputnik V, pero las dudas persisten en torno a la transparencia del proceso. 

Texto: Linda Ordóñez

Fotografías de Martín Cálix y Fernando Silva

*Este trabajo ha sido realizado en colaboración con la Fundación Thomson Reuters

El 25 de febrero, en Honduras comenzó el proceso de vacunación para inmunizar al personal de primera línea. Esta acción se logró gracias a un acuerdo con el Gobierno de Israel que decidió enviar sus dosis sobrantes de la vacuna Moderna a sus aliados que pasaron la embajada de Israel a Jerusalén antes que enviarlas a territorio palestino. Esas 5000 dosis resultaron de la medida desesperada del Gobierno hondureño que hasta el momento no tenía más plan que esperar la donación del mecanismo Covax que ya había anunciado el envío de su donación para mayo.

Una semana después, en medio de los señalamientos por negligencia y corrupción en el manejo de la pandemia, el gobierno hondureño anunció el acuerdo para comprar la vacuna rusa Sputnik V, gracias a la mediación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Y no fue hasta el 9 de marzo que el presidente Juan Orlando Hernández informó que por fin se firmó el contrato con el Gobierno de Rusia por 4,2 millones de dosis para inmunizar a 2,1 millones de personas. Sin embargo, aún no se conoce más información acerca de los detalles del acuerdo, no hay fechas ni cifras acerca de la inversión que no solo incluye la compra de la vacuna, sino los costos de envío y toda la logística que implica el proceso. 

Según el secretario de finanzas Marco Midence el precio de ambas dosis es de 19.9 dólares y en el plan de vacunación aprobado en enero de este año, el Gobierno había destinado un presupuesto total de 68,381,877.22 dólares para todo el proceso de vacunación.

El 21 de febrero, el presidente Juan Orlando Hernández, a través de sus redes sociales dijo que «los países más ricos han acaparado el 93 % de las vacunas. No se respetó la solidaridad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vía Covax nos prometió. Honduras ha sido ejemplo mundial en procesos de vacunación. Tenemos una ley que benefició mucho a nuestra gente, pero en momentos de crisis como la pandemia, no nos permitió adquirir vacunas COVID-19 con la rapidez de otras naciones».

Pero semanas antes de este pronunciamiento, en una entrevista gestionada por la Fundación Thomson Reuters el 3 de febrero, Santiago Cornejo, director del equipo encargado de mantener las relaciones con los países en la oficina de Covax en Latinoamérica, aclaró que el 20 % para febrero era imposible porque «si lo hacemos para todos los países estamos hablando de miles de millones de dosis y no tenemos esa cantidad. La meta es dar, al menos, un 3 % (496,800 dosis) dando prioridad al personal de salud que es el de mayor riesgo».

Reformas a la ley de vacunas

Con la llegada de la donación de Israel, una de las primeras vacunadas fue la médica internista Johana Bermudez, quien es diputada del Partido Nacional (PN) y actualmente busca reelegirse. Bermudez promulgó varios proyectos de ley durante la pandemia, entre ellos la aprobación de un fondo de 110 millones de lempiras para prevenir o atender casos de COVID-19 en Honduras; y la última, el 20 de febrero, la reforma a la Ley de Vacuna Gratuita Para Todos Contra el COVID-19, que permitió el acuerdo para la adquisición de la Sputnik V, pero que despierta desconfianza por la aprobación de compras directas sin la revisión de un equipo de expertos. 

La diputada nacionalista Johana Bermudez durante la entrevista para Contracorriente. Tegucigalpa, 23 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix

Avanzaba el mes de febrero y el Gobierno de Honduras no daba más información en torno a la adquisición de las vacunas y el gremio médico, los medios de comunicación, distintas organizaciones sociales y población en general, hacían presión a través de comunicados, plantones y redes sociales. Ante esto, el 20 de febrero el Congreso Nacional (CN) llamó a sus diputados a una sesión para reformar la Ley de Vacuna Gratuita Para Todos Contra el COVID-19, que en uno de sus artículos prohibía la compra bilateral con las casas farmacéuticas fabricantes de vacunas.

La diputada Johana Bermudez, argumentó que era de suma importancia reformar esta ley y que el pueblo hondureño tenía razón de desconfiar, pero que era importante comenzar a generar credibilidad y confianza en el proceso de las vacunas: «El fondo destinado para la compra de las vacunas será administrado a través de un fideicomiso y la única entidad gubernamental responsable de auditar en el país es el Tribunal Superior de Cuentas, pero eso no quita que un ciudadano llegue a la Secretaría de Salud o que lleguen organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) o el Colegio Médico de Honduras», dijo Bermúdez a este medio. 

También aseguró que esta ley se modificó producto del trabajo de la Plataforma Todos Contra el COVID, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Consejo de Inmunizaciones Nacionales de Honduras: «Ellos construyeron la iniciativa. A mí me habían dado esa iniciativa desde antes y yo le dije a Tomás Zambrano (primer secretario del CN): “Tomás, hay que modificar esa ley para que Honduras pueda hacer compras directas”, y me dijo: “No te metás en ese tema ahorita”. Entonces hablé con la doctora Ida Berenice, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), quien me explicó el contexto».

Durante la sesión hubo reacciones de parte de los congresistas representantes de la oposición de Gobierno, que argumentaban que detrás de esta reforma también había puntos que se prestaban a acciones que empañaban la transparencia de las compras. En una entrevista para Contracorriente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jorge Cálix, dijo que durante la sesión exigieron que en este proceso se debía nombrar una comisión de notables para garantizar una adquisición de vacunas libre de acciones corruptas o malintencionadas. 

Hasta octubre de 2020, el Ministerio Público había abierto 22 líneas de investigación sobre compras irregulares desde que inició la pandemia. Entre las compras investigadas se encuentran los 7 hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), inconsistencias en las adquisiciones de respiradores mecánicos, mascarillas y las 250,000 pruebas para detección de la infección por COVID-19 que se echaron a perder por no seguir la cadena de frío.

«Nosotros pedíamos una comisión de notables que estuviera integrada por el Colegio médico, el Colegio de químicos farmacéuticos, un integrante del Consejo Nacional Anticorrupción para que garantice la transparencia del proceso, y que esta comisión fuese asesorada o incluida una persona como el científico Salvador Moncada. Lo que estamos proponiendo es ciencia, academia. Por ejemplo, no queremos que un abogado (como el presidente) asesorado por una profesora (la ministra de Salud) compre las vacunas para el coronavirus porque precisamente por eso estamos en el punto que estamos: sin vacunas», comentó Cálix.

Cálix también recalcó que la bancada del partido al que representa (Libre) no podía apoyar esta reforma porque era como darle un cheque en blanco al Gobierno para que haga compras directas. «El asunto es que ya hemos visto lo que han hecho durante la pandemia: han sobrevalorado televisores, percoladoras, hospitales, mascarillas, de todo, entonces nosotros no podemos darle un cheque en blanco a una administración en la que nadie confía, y no nos pueden culpar por no confiar, porque solo han demostrado que son buenos para robar», comentó Cálix, y además agregó que durante toda la sesión no quisieron darle la palabra y que le escribió un mensaje de Whatsapp al diputado Mario Pérez —diputado del oficialismo, que presidía la sesión— y su respuesta fue negativa.

Según Cálix, este retraso en la gestión para adquirir las vacunas retrata la incompetencia de este Gobierno, su negligencia, pero también el desprecio por la vida de sus ciudadanos: «si hubiera un mínimo de respeto por los hondureños se hubiese hecho la planificación conforme a lo que se requiere en estos tiempos de emergencias, como lo hicieron todos los países del mundo. El Gobierno tuvo que haber previsto todo esto y si íbamos a recibir una donación pues muy bien, pero su responsabilidad era comprar la vacuna para la gente».

Honduras obtuvo a través de una donación del Gobierno de Israel una donación de 5000 dosis que serían destinadas para la inmunización de 2500 miembros del personal médico de primera línea a nivel nacional. San Rosa de Copán, 26 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Con la reforma del artículo 2 y la derogación del artículo 9 de la Ley de Vacuna Gratuita para Todos Contra el COVID-19 se le permite al Poder Ejecutivo acceder a la compra de otras vacunas de manera directa, incluso sin tener la aprobación de la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA), pero que ya cuenten con la tercera fase de estudios clínicos. Esto podría representar un peligro, ya que puede dar pie a posibles fraudes, tal como sucedió en 2020 cuando se destinaron 69,647,533 de dólares para la construcción de siete hospitales móviles, pero que hasta la fecha cinco de ellos no están en funcionamiento.   

El Gobierno de Honduras elaboró un presupuesto del cual un 71.18 % proviene de préstamos con el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, y donaciones de la OMS/ OPS, Usaid, Gavi, Unicef, entre otros; El 28.82 % restante será financiado por el Estado, la empresa privada y gobiernos municipales. En el Plan de Vacunación se establece la cantidad de 68,381,877.22 dólares para la compra de vacunas, pago al personal de las brigadas, materiales como jeringas y mantenimiento del equipo de almacenamiento para cumplir con la cadena de frío. Sin embargo, este plan fue actualizado por última vez el 11 de febrero de 2021 y no se ha dado ningún informe acerca de reformas o adecuaciones ante las nuevas donaciones y posibles compras que han anunciado en los últimos días.

El 21 de febrero de este año, entidades gubernamentales le solicitaron al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) su participación, como veedor social, en la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Durante una semana participaron en una sesión en la que se planteó el proceso a seguir para comprar las dosis necesarias para inmunizar a la población hondureña y se brindaron datos sobre los proveedores. Un documento firmado por la abogada Gabriela Castellanos, titular del CNA, dijo que el organismo de sociedad civil se retiraba del proceso después de que la alianza Gavi/Covax negara a Honduras la compra de 1,9 millones de dosis para vacunar a más de un millón de hondureños y que la secretaria de Salud Alba Consuelo Flores no informara a las instituciones que acompañaban el proceso de compra.  

Ante la comunicación firmada por Castellanos, la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta, respondió negando la existencia del documento mencionado por Castellanos y aseguró que el mecanismo Gavi/Covax enviará a Honduras las dosis, en donación, que ya habían sido acordadas. Huerta aseguró que la comunicación entre el mecanismo y la Secretaría de Salud indicaba que 48,000 dosis de la vacuna de la casa farmacéutica AstraZeneca estarían llegando al país a mediados del mes de marzo, también agregó que la OPS desconoce la emisión de una comunicación diferente a la de la llegada de las vacunas. 

El CNA indicó en ese mismo comunicado que había transcurrido más de una semana desde las reuniones con las autoridades competentes y no se veía un avance en el proceso de adquisición. «Es importante dejar muy en claro que, a pesar de las reuniones y supuestos esfuerzos los hondureños no tenemos garantizada una vacuna que otorgue un ápice de esperanza para sobrevivir bajo una administración pública colmada de inexpertos, ineficientes e imprudentes funcionarios».

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció el lunes 8 de marzo, a través de su presidente Juan Carlos Sikaffy quien aseguró que llevan casi un año diciéndole al Gobierno de Honduras que les permita importar vacunas contra la COVID-19, ya que ellos son más eficientes. Ante estas declaraciones, el presidente Juan Orlando Hernández dijo que el «el liderazgo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada desconoce la capacidad del Programa Nacional de Vacunación, el cual es reconocido a nivel internacional por un trabajo de décadas en campañas exitosas de vacunación. Cuando dice que la Secretaría de Salud no está lista me parece que habrá que disculparlo por el desconocimiento que tiene». Pero la realidad es que hasta la fecha la población sigue esperando que el Estado realice compras para que por fin pueda comenzar la tan esperada vacunación. 



Una enfermera aplica una dosis de la vacuna Moderna contra la COVID-19 a un médico del Hospital de Occidente. Santa Rosa de Copán, 26 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

En una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Cohep quedó claro el malestar ante la mala gestión por parte del Gobierno de Honduras: «No podemos esperar por procesos burocráticos o decisiones desacertadas. La salud del pueblo hondureño, la reactivación económica y la reconstrucción del país está en riesgo», dijo Juan Carlos Sikkafy.

Con las nuevas reformas a la Ley de Vacunas Gratis Para Todos Contra el COVID-19 el Cohep podría realizar las compras de manera directa con las compañías farmacéuticas. Sin embargo, ante esto la expresidenta del Cohep Juliette Handal dijo que con estas reformas se «agiliza el aprovechamiento de los particulares que hacen negocio con la desgracia del pueblo».

La llegada de las polémicas vacunas de Israel

 

Las vacunas de Moderna llegaron la mañana del jueves 25 de febrero a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa. En la pista de aterrizaje, junto al avión de la Fuerza Aérea, se encontraba una comitiva que estaba conformada por el secretario general del Gobierno Carlos Madero, la ministra de Salud Alba Consuelo Flores y el viceministro de Salud Fredy Guillén, quienes entre discursos recibieron y celebraron la llegada de las 5000 dosis que llegaron distribuidas en cinco cajas. 

Para ese entonces, el viceministro de Salud Fredy Guillén, nos comentó que ya tenían bastante acercamiento con el fondo de inversión de Rusia, y que se encontraban en la parte final contractual y que esperaban poder ir avanzando en el resto de las negociaciones. 

«De forma bilateral tenemos el compromiso de adquirir 6 millones de vacunas, teniendo en cuenta que vamos a poder vacunar a 5,7 millones de hondureños que equivale al 81.5 % de la población elegible. Ahí están descartadas las embarazadas y los menores de 18 años. En ese sentido y en ese orden, la idea principal de nosotros es adquirir aproximadamente entre 4 millones y 4,5 millones de dosis con Sputnik, y el resto con alguna otra farmacéutica, que ya tenemos bastantes pláticas», agregó Fredy Guillén y además dijo que durante el mes de marzo esperaban también la respuesta de Covax con las dosis prometidas en donación.

Tal como estaba previsto, la vacunación al personal de las brigadas se inició ese mismo día por la tarde en las instalaciones del Hospital María, donde asistió el presidente Juan Orlando Hernández y realizó un «acto simbólico» en el que se vacunó a la enfermera Yelena Zoraya Ortega y al médico Nolvin Guifarro.

El doctor Nolvin Guifarro fue el primer médico internista vacunado con la donación de 5 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que dio el gobierno de Israel. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 25 de febrero de 2021. Foto: Fernando Silva.

Las relaciones entre Honduras e Israel fueron restablecidas después de 26 años, abriendo una oficina de cooperación con sede en Jerusalén. Este fue el primer paso para su traslado de la misión de Tel Aviv a Jerusalén. 

En el año 2018, Honduras junto con Guatemala fueron los únicos países de América Latina que votaron, en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a favor de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, después de que el expresidente Donald Trump dijera que el Gobierno de Estados Unidos tomaría nota de los nombres de los países que rechazaran esta legitimación.

«En el caso de Honduras, por ejemplo, la precaria situación del presidente Juan Orlando Hernández prácticamente no le dejó mayor opción. El mandatario —recientemente reelecto en medio de acusaciones de fraude y con la OEA llamando a nuevas elecciones— tiene en Washington a su principal valedor y el voto del jueves le dio una oportunidad inmejorable para repagar la confianza», dice un reportaje de la BBC, publicado el 22 de diciembre de 2017. 

Dicha donación provocó malestar por parte del ministro de Salud israelí y acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber tomado esta decisión de manera unilateral y sin consultar al resto de las autoridades del país. Pero antes de estas declaraciones el avión de la Fuerza Aérea de Honduras ya había retirado el cargamento con las vacunas donadas por Israel, incluyendo las que estaban destinadas para Guatemala, que posteriormente fueron trasladadas al país vecino. 

El presidente Juan Orlando Hernández pronunció un discurso en el que agradeció al primer ministro israelí por su solidaridad. Además, contó su experiencia al haber sido hospitalizado después de ser diagnosticado con la COVID-19 e hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsables, disciplinados en cuanto a las medidas sanitarias por la pandemia y agregó: «yo por tirármela de médico decidí pensar que mis síntomas eran de dengue y esperé tres días y llegué tarde al hospital, y porque Dios es grande estoy hablando hoy aquí. Ahora que los estaban inyectando recordaba las seis inyecciones diarias que me ponían alrededor del ombligo y salí lleno de moretones que ya ni sentía».

Pero más allá de la experiencia personal del mandatario, el país está viviendo una emergencia sanitaria. Para el 25 de febrero un total de 69 miembros del personal sanitario en primera línea habían fallecido por la COVID-19 y el gremio médico amenazaba con irse a huelga.

Carlos Aguilar, quien fue Ministro de Salud en el periodo del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), y que desde hace muchos años se desempeña como médico especialista en neumología en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, de Tegucigalpa, comentó que la donación de las vacunas de Israel es producto de una acción desesperada fruto de la presión social y la indignación generalizada por la carencia de un plan específico, un desconocimiento total del tipo de vacunas y negociaciones concretas. «Partiendo del hecho de que el Estado de Honduras es un aliado del Estado de Israel era absolutamente lógico que debió haberse buscado el apoyo desde hace muchos meses en países amigos para obtener la vacuna», agregó.

El exministro también manifestó que a pesar de que es una cantidad ínfima, le alegraba mucho pensar que a través de estas vacunas se salvarán muchas vidas y que desde luego significa la esperanza para muchos médicos y personal de salud. Sin embargo, considera que esto tuvo que gestionarse muchísimo antes, tal como lo hicieron presidentes de otros países que mantuvieron negociaciones bilaterales.

Por otro lado agregó que «desde el punto de vista administrativo, el manejo interinstitucional ha sido desastroso, puesto que Honduras es uno de los países que no solo acumula uno de los mayores número de casos y de muertes en el personal de salud, sino que los escándalos vinculados al mal manejo de fondos ha salpicado toda la gestión de la pandemia, provocando con ello una pérdida de confianza, un deterioro de la credibilidad de las autoridades del país y esto naturalmente es un signo terrible cuando un pueblo se ve sometido a una emergencia sanitaria como la actual». 

 

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Irregularidades en la vacunación al personal de salud

 

El 26 de febrero comenzó la vacunación en todos los centros hospitalarios seleccionados por la Sesal. La mayoría de los hospitales abrieron sus puertas a la prensa para que fuera testigo de la inauguración de este proceso, sin embargo, el Hospital General San Felipe no permitió el ingreso a ningún medio de comunicación. 

Horas más tarde surgió una serie de denuncias en las que se manifestaba la molestia de parte del personal médico y de enfermería, ya que se habían aplicado dosis a personas que no cumplían con lo establecido por las autoridades de Salud Pública.

Justamente el director del Hospital General San Felipe, Edwin Cruz, fue fuertemente cuestionado, ya que entre sus seleccionados se encontraba el presidente del sindicato del mismo hospital, Edvin Canales, quien no es parte del personal médico, pero que argumentó ante varios medios de comunicación, que padece de varias enfermedades de base y el año pasado se infectó de las COVID-19 mientras trabajaba en la instalación de las Salas COVID. 

Ante este tipo de denuncias entablamos comunicación con Cruz, quien nos remitió con la relacionadora pública del hospital, sin embargo, al día de hoy no ha podido concretar la cita solicitada.

Por su parte, la ministra Alba Consuelo Flores dijo, a través de las redes sociales de la Sesal que habían elaborado una planificación y que habían pedido los listados del personal de las salas UCI porque «hay recursos que trabajan en tres lugares en los hospitales públicos, en el Seguro Social y en los hospitales privados y se pidieron los listados para que se tuviera control de estos empleados y pudiéramos aprovechar más la vacuna. En el listado que se recibió de los hospitales venía personal asistencial, si después que esas dosis sobraron estos directores tomaron decisiones, ya es una responsabilidad de ellos, y que previamente estuvieron en capacitaciones y se les envió nota de quienes eran los recursos que se debían haber seleccionado».

La lista de los primeros vacunados y esa planificación entraron en reserva, ya que la ley de acceso a la información pública, en su artículo 3 inciso 7, prohíbe divulgar los datos personales confidenciales que incluyen información personal y de salud. 

 

Una esperanza para el personal sanitario

 

«Soy licenciada en enfermería y soy parte del personal que atiende a pacientes positivos y con alto flujo. Hemos dado muchas altas, pero también ha habido varios decesos que nos han llenado de luto, de dolor, porque muchas veces nos encariñamos de nuestros pacientes y nos duele perderlos», dice Maggaly Vásquez, una enfermera que labora en la primera línea desde el de junio de 2020 en el Hospital Escuela Universitario. 

Maggaly es una de las primeras trabajadoras del personal de salud vacunada. Es paciente hipotiroidea, pero siempre ha estado controlada con el tratamiento adecuado para este padecimiento. La mayoría de pacientes que trata son positivos por el virus y a raíz de ese contacto continuo también se infectó a finales de julio del año pasado, justo dos meses después de haber dado a luz a su hija Breylin Daniela.

Magaly Vásquez, enfermera contratada por el programa gubernamental Código Verde recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Hospital Escuela Universitario. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 26 de febrero de 2021. Foto: Fernando Silva.

«Para mí fue una experiencia bien dura porque cuando me dieron mi primer resultado no me sentía tan mal, simplemente había perdido el olfato, pero en realidad el mayor problema es que hacía dos meses que había dado a luz a mi hija y esto es lo que más me dolió y me ha marcado en la vida».

Pese a sus cuidados y el alejamiento que tuvo con su hija, ella salió positiva también: «con apenas cuatro meses de vida… eso me destruyó. Verla de lejos en su cuna y saber que ella quería de mi pecho era tan doloroso. No pude amamantarla más. Cuando salí positiva lo que hice fue ordeñarme para que pudiera tomar leche materna. Pero a veces creo que mi cercanía con ella fue lo que la contagió y a veces pienso en que, a lo mejor, muchas veces, no tomé las medidas necesarias, quizá porque mi amor de madre hacía que quisiera estar cerca, verla sonreír, no perderme nada de su crecimiento y que ella me reconociera, pero quizá no fue el momento ideal para eso y la contaminé. Yo me di cuenta que tenía covid porque se puso lloroncita y supe que algo no estaba bien en ella».

Breylin y Maggaly fueron mejorando con el tratamiento, pero Maggaly dice que sí hubo un momento en que se sintió desbordada y que la situación le afectó mucho su parte emocional y la de su familia. «Ya no podía más y me quejé de haber escogido esta carrera, pero también reafirmé que era mi vocación. Empecé a perder amigos y compañeros de trabajo día tras día y también me marcó. Todavía me duelen tantas partidas». 

En casa, su esposo y su familia fueron quienes se encargaron de los cuidados de ambas, pero Maggaly dice que no saben si alguien más se infectó porque no pudieron hacerse un examen ya que costaba mucho dinero. 

Breylin Daniela actualmente tiene diez meses y hasta el momento no ha manifestado ninguna secuela. Maggaly cuenta que en el momento de estar infectadas no contaban con ningún seguro médico. «Aún no contamos con uno. Todavía no hemos firmado contrato formal. El programa Código Verde terminó el 31 de diciembre del año pasado y ahora somos parte de la Sesal, pero todo ha sido de manera verbal y todavía no nos han dado un contrato por escrito, entonces seguimos esperando».

Código Verde es un programa que inició en 2016 y estaba orientado a la contratación de jóvenes de secundaria y estudiantes universitarios con orientación al área de salud. Desde que se declaró la pandemia, este programa se ha utilizado para contratar personal médico en los centros asistenciales que no cuentan con suficiente talento humano para atender pacientes. A lo largo de la emergencia sanitaria, se ha contratado bajo esta modalidad a médicos generales y especialistas, enfermeras, camilleros, técnicos de rayos X y microbiólogos. 

Para Maggaly la vacunación significa una esperanza para todo el personal de salud que lo gritaba con ansias: «nosotros necesitábamos esto. Muchas veces de rodillas le preguntaba a Dios que cuándo iba a parar esto. Al ver fallecer a tantos pacientes a veces hasta siete por turno. Usted no tiene ni idea lo difícil que es que una mujer le diga: “yo tengo cuatro hijos, no me deje morir, súbame más el oxígeno”, y ya no poderle subir más porque sus pulmones ya están dañados totalmente, y luego verlos partir. Verse detrás de esa madre soltera y cuatro hijos que quedan quién sabe en qué condiciones. Hay muchísimos casos de esos, nosotros lo hemos vivido y hemos sido testigos en carne propia».



Negociaciones con Rusia para la adquisición de Sputnik V

 

El pasado jueves 4 de marzo, el ministro de Finanzas Marco Midence comunicó que el Gobierno de Honduras había llegado a un convenio para adquirir la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya. Autoridades hondureñas se reunieron con Alexander Nikolaevich Khokholikov, embajador concurrente de la Federación Rusa para Honduras, quien ocupa este puesto desde el 25 de noviembre de 2020, y anunciaron la compra de 4,2 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 2,1 millones de hondureños mayores de 18 años. 

La participación del Comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) fue clave para el inicio de estas negociaciones. El trabajo con relación a las opiniones académicas está a cargo de especialistas en virología, miembros de Salud Pública, sociólogos, economistas, el rector de la universidad, los científicos Sir Salvador Moncada y Marco Tulio Medina, quien es el coordinador de este comité. 

«Nosotros estamos desde el año pasado en todo este proceso tratando de orientar porque somos un grupo académico y nuestra participación es desde ese punto de vista. Nuestro rol fue de evaluación, de utilizar los contactos que tenemos y de dar nuestra opinión académica. Tenemos contacto con universidades chinas, de Norte América, de México, de Europa, Rusia, Taiwán, y como hay ese vínculo académico global es mucho más fácil», nos comentó el doctor Marco Tulio Medina. 

Para este proceso también ha sido fundamental la cooperación de la científica rusa Alla Guekht, con quien el doctor Medina ha venido trabajando en la OMS. A raíz de este trabajo ella tiene una cercanía muy importante con el Ministerio de Salud de Rusia: «lo que se hizo fue un aproximamiento para consultarle los mecanismos mediante los cuales se podía solicitar la aprobación de la vacuna y junto a la doctora Yolani Batres (exministra de Salud en Honduras) y Alla Guekht hicimos ese acercamiento inicial, lo cual llevó posteriormente a que se hiciera un contacto con el Ministerio de Salud de Rusia. El siguiente paso fue conseguir los contactos oficiales que luego fueron manejados por el ministro de Finanzas y la ministra de Salud», agregó el científico hondureño Marco Tulio Medina.

Además, nos comentó que la Sesal y la Unah han venido trabajando en equipo en varios niveles y que el consejo universitario ha aprobado el uso de varias instalaciones de la universidad, particularmente el polideportivo, donde hay una zona de triaje y hospitalización de casos leves y moderados. «Se está utilizando el tomógrafo y se han hecho más de 4000 tomografías, utilizando una tecnología de Huawei para inteligencia artificial. Sí existe un convenio entre Unah y Sesal para apoyar también en el tema de vacunas. Hemos trabajado al margen de la ideología y la política, porque somos universidad y lo que nos interesa es el país», agregó Medina.

El Comité COVID-19 también apoyó en el tema del dictamen científico de la Sputnik V. Para este dictamen se analizó el artículo publicado el 2 de febrero en la revista The Lancet acerca de la vacuna rusa. Con la emisión de este dictamen con un razonamiento académico, se permitió a la Agencia Reguladora Sanitaria de Honduras (ARSA) aceptar esta vacuna como efectiva. Dicho informe era crucial porque se necesita la aprobación de las agencias regulatorias para que una vacuna o un medicamento entre al país, esa es una normativa internacional.

La vacuna Sputnik V tiene una efectividad del 92 % y utiliza una cadena de frío de 2 °C a 8 °C. Honduras cuenta con esta capacidad de refrigeración en sus almacenes y, según palabras del doctor Marco Tulio Medina, quien debe de tener a cargo la distribución nacional es el PAI, y también agregó: «desde la universidad hemos planteado que tenemos un frigorífico que está en el edificio de Ciencias de la Salud y que fue parte de una propuesta que hicimos al Gobierno para que considerara su uso. Este Frigorífico fue donado por mi profesor de la Universidad de los Ángeles y por mí y está a disposición en caso de adquirir vacunas que lo requieran. Por otro lado, quien debe de tener a cargo la distribución a nivel nacional es el PAI».

Por Venus Mejía*

You can write, but you canʼt edit.

Regina Spektor

«Me he quebrado un diente».

Me di cuenta esa mañana al verme frente al espejo, después de la inspección pertinente al concluir el cepillado. Era aquella una fisura disimulada desde un ángulo frontal, quizá por eso no la había notado.

Probablemente lo atribuí a mi maniática manera de cepillarme. Aunque maniáticas son casi todas mis rutinas de aseo: pequeños sangrados por cortarme las uñas de los pies al ras, la incómoda caspa por el exceso de champú, estreñimiento pernicioso por el uso de enemas, desgaste del esmalte dental y encogimiento de las encías por el cepillado, pequeñas laceraciones en las fosas nasales y  la fosa navicular, hasta dermatitis en los genitales por el uso de jabón en al menos cuatro de mis cinco baños diarios (como diría Katharine Hepburn: I sweat).

Y ahora tenía un diente quebrado. Vaya manera de comenzar el día. Lo peor era lo que se venía: me tocaba terminar la edición de dos libros esa misma semana. Era justamente por esa razón que el diente se había fisurado.

De mi cuerpo, son las manos las que han recibido las bondades de la furia, ese miedo que trasiega por mis nervios y se convierte en espuma de ira. Son los dientes bandadas de aves rapaces sobre el temblor de lirios de mis dedos manchados de magenta, por causa de sus compulsivos uñeros.

El trabajo de edición había incrementado la agudeza de mis sentidos. No solo era la velocidad y agudeza lectora, era capaz de encontrar el color y la textura perfecta para el papel editorial (castaño claro ligeramente corrugado), la densidad  y el grosor de la pasta de portada, el color y el acabado de la tinta, el olor más sugerente en medio de las páginas. Sin embargo, más que haberse incrementado mi amor por los libros, este se había degenerado en una cacería perpetua de erratas, en una paranoia del equívoco.

Ese día continuaba el proceso de revisión de las diagramaciones. Envuelta en ese cardumen de ansiedad, me vi pasando repetidas veces por la misma línea en un esfuerzo por encontrar en cada intersticio la concentración perdida. En cada página cambiada se acrecentaba la duda, y con ella la lucha que ejercía sobre la endeble uña que era cada vez más difícil de arrancar por su pequeñez. Descubrí además que la fisura dental (terriblemente era en el incisivo superior derecho) era una deliciosa manera de astillar la uña  en cada capa, y con ello su eventual rotura dentro de mi boca anegada en saliva por la espera de las pobres inquilinas desmembradas.  

Luego aparecía el error. Era como atrapar mosquitos: se visualizaba con sigilo y se destripaba en un aplauso con un gozo paroxístico al sentir la tibia gota de sangre entre las palmas. Después de la extinción de la nota disonante en la partitura, venía un cardumen nuevo: ese torbellino mental para encontrar la frase o palabra que sustituiría la anterior. No era solamente una palabra o frase nueva, debía ser la correcta.

Desde que había comenzado mi apostolado en la edición (y es que la paga es tan mala que parece que uno tiene votos de pobreza) había acelerado el deterioro de mis manos a causa de comerme las uñas. Eran ellas las sustitutas de esos escritores y diagramadores tan malos y descuidados en donde descargaba mi impotencia. Miraba con desprecio aquellos vicios de construcción, las yuxtaposiciones accidentales de párrafos o las elipsis de estos, la falta de concordancia en las fuentes o el interlineado, las recurrentes anfibologías y gerundismos, los adjetivos como plaga de ratas albinas por los acueductos de la obra, y las dolorosas hasta la náusea faltas ortográficas.

Hoy, sumergida en ese proceso de culminación de la revisión, encontré la encrucijada de mis días de editora: una parte del texto había desaparecido. Era una parte diminuta, apenas un par de párrafos que no estaban en el libro maquetado. Busqué desde el principio del texto, desde la tercera hoja donde solo aparece el título y deslicé el cursor por el sur de las páginas una y otra vez, primero muy lento, luego aceleraba y cuando notaba que ya solo veía soldaditos negros en una marcha, regresaba las páginas y repetía la inspección signo por signo, casi letra por letra, pero me vencía la ansiedad, la angustia. Me repetía si se había traslapado en otra parte, malditos diagramadores, escoria de las publicaciones, mercenarios de la literatura, y los dedos se sometían a la masacre de mi boca, a la mutilación del diente quebrado, y dolía aquel diente con el nervio expuesto cuando asestaba un zarpazo a la uña trémula, y dolía aquella uña que ya solo era una, una la que recibía todo el ímpetu de mi agonía de editora, una que era la más pequeña ya, casi imperceptible entre una melena rojiza de uñeros, y cuando pasaba el dolor, continuaba en la búsqueda, abría otros archivos para comparar el diagramado y nada, a los párrafos se los había tragado el sistema, aunque realmente se los había tragado el maldito diagramador, el cardumen atacaba y fuerte, ese maldito cardumen y yo seguía atenta a cada signo pero el dolor me desconcentraba, si al menos hubiera hecho caso a mi abuela que me pegaba en las manos cuando me las metía a la boca con lo que tuviera a la mano y a pesar del miedo las manos volvían a mi boca, volvía el dolor en la única uña valiente, ni sabía cuál era por estar concentrada en el documento que no me hablaba por más que yo le gritaba desde las entrañas, así que me quedé absorta frente a computadora, paralizada sin saber qué hacer ante la incertidumbre de los dos párrafos que no estaban ya en ninguno de los archivos, ni siquiera en los de Word, pero yo sabía que faltaban, no sabía cómo pero faltaban dos, dos párrafos y de pronto el dolor se volvió más agudo, más insoportable y se me vinieron las lágrimas al rostro y no eran solo de incertidumbre sino de dolor en mi mano, en mi dedo en donde no había ya un dedo ni una uña sino una estalactita roja que no era estalactita sino mi dedo descarnado en donde, después de la sangre, asomaba tímido un hueso, un hueso asomaba y no mis dos párrafos faltantes del texto.   

La ley panameña contempla la interrupción del embarazo si hay una violación, malformación fetal o riesgo de vida para la mujer… Pero aún así, aunque se trate de una violación, que el bebé tenga pocas probabilidades de nacer por malformaciones, o que la mujer pueda morir antes de llegar al parto, la mayoría de las veces las autoridades no permiten ni facilitan una interrupción legal de la gestación Al margen de esa indiferencia, ocurren casos como el de Ily, una joven abusada por su novio, y quien se encargó de obligarla a abortar en circunstancias no seguras

 

Por Ana Sofía Camarga | @lacomefloreros 

 

Ciudad de Panamá-. Después de que su novio le engañara para provocarle un aborto cuando tenía 15 años, Ily oía voces de bebés como en un loop continuo de terror y locura. Fue en abril de 2017. Ily había quedado embarazada mientras cursaba cuarto año del colegio y, aunque no lo había buscado, no estaba segura si lo quería tener. Pero su novio Pablo, de 18 años, sí sabía: no quería ser padre. A escondidas, la engañó. Le dió unas pastillas para abortar diciéndole que eran para la jaqueca. Luego la golpeó en la panza, hasta eliminar el último resto de su embarazo. Ily se enteró cuando tuvo una hemorragia.

“Todo pasó tan rápido que no tuve un respiro para pensar qué quería”, dice Ily cuatro años después, una tarde de verano plácida y serena en su casa en los suburbios de la ciudad de Panamá. “Yo quería decirle a mis padres —confiesa—. Pero tuve miedo”.

Ily había conocido a Pablo un año antes, en 2016, en una festividad del colegio. Al principio, él parecía un príncipe: la llevaba al cine, iban a citas románticas en el parque. Pero muy pronto esa amabilidad interesada se transformó en una secuencia de espanto que incluyó sexo a la fuerza, golpes, ataques de celos y amenazas constantes.

Aunque en ese momento no lo sabía, Ily estaba sufriendo violencia en todo su espectro: física —porque Pablo la golpeaba—, sexual —porque Pablo se negaba a usar preservativo, la amarraba en contra de su voluntad y la violaba— y psicológica: controlaba hasta las palabras que decía, prohibía que hablara con sus compañeros de escuela, contaba cada uno de sus pasos. Así fue hasta que llegó lo peor: quedó embarazada y él le provocó un aborto sin su conocimiento. Entonces, las voces, los llantos de bebés en su cabeza, y un intento de suicidio que la llevó a terminar internada en un hospital. 

Es difícil que una mujer se atreva a contar públicamente un aborto en Panamá. No tanto por vergüenza, sino porque en este país son considerados ilegales. Aunque la ley te ampara en caso de que ocurra una malformación fetal, esté en riesgo tu vida, o hayas sido violada, sólo queda en letra, porque la mayoría de las veces tampoco te permiten ni facilitan una interrupción legal del embarazo.

Ily, sin embargo, quiere contar su historia. Porque vivió demasiado tiempo sufriendo lo sufrido, recordando la violencia a la que se la sometió y penando por no poder nombrarla. “De alguna manera sentí culpa y hubo personas que me hicieron creer que yo merecía todo lo que pasaba —dice—. Pero con esto tal vez ayude a otras mujeres”. Sobre todo porque mujeres como Ily, que viven en países con prohibiciones del aborto, “se ven orilladas a arriesgar su vida y su salud en procedimientos clandestinos, que muchas veces son inseguros o a asumir maternidades impuestas”, según María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM (Centroamérica y México). 

Esta es la historia de Ily, una adolescente obligada a abortar sin saberlo en el país donde el aborto es tabú, crimen y se castiga. 

 

Una joven durante una marcha contra la violencia machista y los feminicidios en Ciudad de Panamá (Panamá). Fotografía de archivo. DIVERGENTES/EFE/Bienvenido Velasco

Secuencia de terror

Una historia que comenzó como muchas otras: una chica conoce a un chico en un sarao, un baile escolar de escuela privada de clase media en la ciudad de Panamá. Ella era una estudiante de uniforme impecable y notas sobresalientes, ganadora de una regional del concurso de oratoria. Él, Pablo, era todo lo contrario: un rebelde sin causa, el peor estudiante pero el más popular entre los populares. A Ily le pareció un Adonis. 

“Yo sentía que él me iba a proteger”, cuenta Ily, con la resignación de quien no puede evitar lo vivido. Su madre sí sospechaba que era un “mal muchacho” y sólo la dejaba salir con él a lugares públicos, nunca después de las 7 p.m. Ily siguió creyendo que él era el príncipe de sueños cuando él le dijo que era momento de pasar al siguiente casillero.

Al inicio, el sexo era consensuado. Pablo ingeniaba planes bien elaborados para poder verse en la casa de su familia a las afueras de la ciudad, sin ser descubiertos por la madre de ella y terminando siempre todo antes del anochecer. Aunque los celos siempre aparecían, a las pocas semanas se intensificaron. Pablo le prohibió que hablara con sus compañeros de colegio. En los recreos comían solos, apartados de toda la clase. “Nadie se me acercaba a hablarme porque no querían problemas con él”, dice Ily. 

Enseguida, la secuencia de terror: la obligaba a tener relaciones sin condón y la sometía a un sexo violento. Si ella resistía cerrando las piernas con la fuerza de una bestia, él estrujaba su cuello a niveles de asfixia. Si ella intentaba apartarlo con las manos, él la abofeteaba.  

Cuando supo que estaba embarazada, fue peor. 

Sucedió una mañana de febrero de 2017. Pidió pollo frito en la tienda de la escuela y el olor le provocó náuseas y vómitos. Como Pablo la obligaba a tener sexo sin condón, pensó que tal vez podía estar embarazada. Una prueba rápida y un análisis de sangre se lo confirmaron. 

“Tuve miedo. No sabía qué hacer, quería hablar con mis padres pero estaba paralizada de miedo”. Entonces, le contó a Pablo. Él, en lugar de contener, dijo que no iban a tenerlo. La violencia se agudizó. La golpeaba en el abdomen con fuerza y puntualidad. 

Ily venía de una vida tomada por las violencias y todavía no conocía el autocuidado. Su padre, un ex militar, la sometía desde niña a insultos y castigos corporales. Dos años antes de conocer a Pablo, cuando tenía 13, había sido violada por un amigo de uno de sus hermanos. “Yo estaba acostumbrada a los abusos”, dice. 

Un día de abril de 2017, luego de confirmar su embarazo, tuvo un fuerte dolor de cabeza estando en casa de Pablo y le pidió vaso con agua. Él regresó con el vaso y dos pastillas, que le obligó a tomar. A la semana, Ily empezó a tener dolores punzantes en el abdomen, sangrado, más cólicos, más sangre. Las pastillas que Pablo le había dado no eran para el dolor de cabeza. Los golpes que le propinó en el vientre también complicaron su estado. Ily estaba teniendo un aborto.

En Panamá, no hay ley de salud sexual y reproductiva ni se enseña sobre eso en las escuelas. En 2018, la cifra más reciente disponible, el aborto fue la cuarta causa de mortalidad materna: 35 mujeres murieron por complicaciones durante el embarazo, tres de las cuales tenían entre 15 y 19 años y cinco a causa de abortos, según la Contraloría General de la República. Esas estadísticas, sin embargo, no abarcan el universo de una práctica en clandestinidad. A pesar de eso, hay datos de los casos ingresados a hospitales que indican ese mismo año en el país se registraron 8.543 abortos en 2018, incluídas a niñas y adolescentes. Hay un promedio de 10,000 adolescentes embarazadas por año y el Ministerio Público indicó que el 60% de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad. UNICEF, en un reporte de 2019, indica que 91% de las víctimas de violencia sexual menores de 18 años son niñas y adolescente mujeres.

 

“Existe una completa negación por parte del Estado panameño de brindar salud sexual y reproductiva universal, desde una educación sexual comprensiva hasta los métodos anticonceptivos”, dice la abogada experta en género Corina Rueda Borrero. Sobre jóvenes como Ily o mujeres obligadas a abortar por sus parejas, no hay cifras: no hay cómo o dónde denunciar esto. 

“Todo pasó tan temprano que no tuve un respiro para pensar qué quería”, dice Ily ahora, cuatro años después, con 19 años. “En el momento no me sentía preparada, pero no quería que nadie tomara esa decisión por mí. Pero él no me dejó pensar, hablar, considerar. Simplemente hizo las cosas por mí”. 

Ily no había elegido a su padre, tampoco ser víctima de violencia y mucho menos abortar. Lo eligieron otros —siempre hombres— por ella. El resto —la sociedad, el Estado— no la cuidó. 

Ahora sabe que esas violencias —no poder decidir, no contar con ayuda profesional y la clandestinidad— terminan en calvario. Una semana después del aborto, despertó sintiendo una presión en el vientre. Cuando se levantó, el sangrado era abundante. Horas más tarde se desmayó. En una visita a un ginecólogo que Ily recuerda como indiferente y distante, ella se enteró que había perdido el embarazo y su madre que su hija había estado embarazada. 

Ahí, la lista de padecimientos engrosó: las voces de bebés, desmayos, los abusos continuos de Pablo, sus amenazas cuando ella quería dejarlo. Al final, dejó de comer, se sentó en el borde de la ventana de su habitación e intentó cortarse las venas. 

“Me veía pálida. Estaba demacrada”, recuerda ahora que se ve tan distinta: los ojos ágiles  como una avispa, el porte enérgico y rotundo. 

Una joven durante una marcha contra la violencia machista y los feminicidios en Ciudad de Panamá (Panamá). Fotografía de archivo. DIVERGENTES/EFE/Bienvenido Velasco

La dura clandestinidad

 

La clandestinidad tiene esas cosas: las niñas, adolescentes y mujeres nunca deciden ni son escuchadas. Por eso, sus deseos, sus preocupaciones, sus situaciones de violencia, no importan y, al no importar, son empujadas a más violencia. Al ser ilegal y no estar regulado, tampoco existen protocolos que indiquen a los médicos cómo actuar en casos como el de Ily: ¿corresponde acaso que un médico le venda pastillas a escondidas a un hombre como Pablo sin siquiera hablar con la mujer embarazada?  Más aún: ¿cómo un médico le receta un aborto clandestino, por medio de un supuesto novio, a una mujer que fue violada si la ley contempla que puede acceder a uno legal? Son preguntas que especialistas en género se hacen. Ni lo poco legal importa si las niñas, jóvenes y mujeres son empujadas a la oscuridad de la clandestinidad.

El Estado no sólo no protege, sino que parece fomentar los abusos en Panamá. A principios de febrero, una comisión investigadora de la Asamblea Nacional expuso lo que ocurre en albergue de niñas, niños y adolescentes bajo custoria del Estado: abusos sexuales, maltratos físicos y hasta abortos. En uno regenteado por un exconvicto que había tenido problemas con las drogas, se les practicó abortos a algunas niñas. En otros, niños desnutridos, sin controles de salud, hacinados y viviendo en “condiciones infrahumanas”. A una de esas jóvenes de llamada Alejandra, en el Hogar María Guadupe no le permitieron abortar tras una violación: “Destruyeron mi vida y no sé cómo repararla”, dijo en una entrevista con Flor Mizrachi en el periódico La Prensa.

Por eso la legalidad es importante, para expertas en violencia de género como la abogada Gavina López: para que haya mecanismos de escucha y atención, para que existan protocolos que brinden seguridad a todas las niñas, jóvenes y mujeres —mucho más si son víctimas de violencias—, para que cualquiera tenga garantizado el derecho a la salud y pueda acceder a un servicio en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. “Lo que ocurre 6hoy es que hasta los medicos e ponen obstáculos a las víctimas de abuso sexual, aún cuando la norma y el juez determina que pueden acceder al aborto”, dice López. La ley es importante para que ninguna niña sea obligada por otro a atravesar, como Alejandra, o dejar de hacerlo, como Ily, el embarazo producto de una violación. Y para que la Justicia acompañe a las víctimas, como no lo hizo con ellas. 

En Julio de 2017, los padres de Ily denunciaron a Pablo por estupro ante el Ministerio Público, para lograr que se mantuviera lejos de su hija con una orden de alejamiento. No les hicieron caso y no se lo otorgaron. La escuela tampoco ayudó: expulsó a Ily porque los conflictos que atravesaba llamaban la atención. Esa línea de actos de indiferencia, terminó de empujarla a una internación en el complejo hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid. Al salir de allí, fue a otro internado donde terminó el año escolar. 

Decenas de mujeres alzaron su voz contra la violencia machista y los feminicidios en Ciudad de Panamá (Panamá). Fotografía de archivo. DIVERGENTES/EFE/Bienvenido Velasco

Abuso sexual extendido

 

En Panamá, el abuso sexual, psicológico y físico a niñas, niñas y adolescentes es un problema extendido y extenso. En 2018, la Justicia registró 9.945 casos: 527 por maltrato físico y 1.258 por abuso sexual. El último año hubo 1.913 denuncias por violaciones a adolescentes. El informe de la Comisión de la Asamblea Nacional terminó de destapar un escándalo que mantiene a la sociedad protestando en las calles cada día desde el 15 de febrero en la puerta del Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Aunque culturalmente siempre parecía aceptarse el abuso a menores de edad, ésta vez es distinto: el caso llevó a la renuncia del Procurador de la Nación y ocho procesos de investigación.

Si existiera un sistema de justicia eficiente, incluso dentro del marco de la penalización del aborto en Panamá, las niñas y jóvenes del Senniaf no hubieran sufrido. Tampoco Ily. Eso garantiza apoyo y asesoramiento legal, médico, y psicológico que requiere una persona menor de edad víctima de violencia sexual. Así, dice Ily, ella hubiera podido tomar una decisión consciente e informada sobre el producto de su embarazo. 

“Por eso quiero ayudar a cambiar el sistema: para ayudar a otras mujeres y que ninguna viva lo que yo viví”, dice Ily. Ella pudo salir de la secuencia de terror en febrero de 2018, cuando la orden de alejamiento contra Pablo fue efectiva. Ahora que es una tarde de febrero, está preparando su próximo examen de leyes: empezó abogacía en 2020 y, para costear los estudios, trabaja en un call center.

Ily se imagina peleando legalmente para defender a quienes estuvieron en su situación. También como esposa y madre, rodeada de una familia que contenga. Y quiere que todas las que lo quieren lo tengan y las que no, puedan evitarlo de forma segura: “Alguien tomó la decisión por mí y no me gustaría que nadie viva eso, soy una convencida de que hay que sacar al aborto de la clandestinidad para que eso no pase”.

 

 

 

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES

Quince años atrás Nicaragua penalizó el aborto en cualquier circunstancia. Un artículo del Código Penal de 1837 fue eliminado en medio de una campaña electoral. El resultado: un país de niñas con maternidades impuestas por violación. Las autoridades de salud cuidan mucho que la gestación llegue a término sin complicaciones, sin importar las trastornos provocados en las menores de edad. Al día de hoy, no se avizora una despenalización del aborto, mientras las mujeres siguen en riesgo realizándose procedimientos inseguros

Matilde Córdoba | @MatildeCordobaN

I

Ella no quería ni verlo

 

Mientras recuerda el caso, la psicóloga que la atendió durante un año en un albergue de Estelí confiesa sentirse triste. Ve una foto suya y cuenta cómo ese caso la marcó: “La situación de abuso comenzó a los siete años. Tengo las palabras de la niña grabadas: el abuelo la agarraba cuando quería y donde fuera porque la amenazaba con que le iba a cortar la cabeza y se la iba a echar a los perros si ella decía algo. Cuando nació el niño nosotras nos encargamos de él, ella no quería ni verlo”. 

Era 2014. Ocho años antes la Asamblea Nacional de Nicaragua había penalizado el aborto terapéutico, provocando así un aumento sustancial en la cantidad de embarazos en niñas menores de 14 años. En 2007, un año después de la penalización, datos del Ministerio de Salud (Minsa) contenidos en informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revelan que los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron un 9%. En 2012 el incremento ya era de 20%: 1,797 niñas se convirtieron en madres ese año. En la actualidad no se disponen de esas cifras porque el Minsa ya no desagrega los partos por edad en el Mapa Nacional de la Salud de Nicaragua. Ocultar datos es una práctica habitual del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según investigaciones periodísticas lo han hecho con otras estadísticas relacionadas con la salud, como la cantidad de pruebas por covid-19 realizadas en 2020. 

Los primeros días de la niña de Waslala en el albergue fueron duros. Ella y su abuela huyeron del violador, quien se trasladó desde la comunidad rural ubicada a dos horas de Waslala en la que vivían, hasta la zona urbana de ese municipio adonde ellas estaban siendo acogidas por una organización feminista. Las buscaba y amenazaba con matarlas, así que dirigentes del albergue las trasladaron a otra ciudad, esta vez en el norte del país, en Estelí.

La niña lloraba todo el tiempo. Se cubría la cara con el cabello y tenía muchas heridas físicas por el trabajo del campo y por la violencia física que ejercía el abuelo, dice una de las especialistas que la atendió, quien prefiere no identificarse para este reportaje por seguridad personal.

“¿Cuántas niñas y adolescentes fueron salvadas de vivir esos dramas cuando estaba permitido interrumpir el embarazo en estos casos?”, se pregunta Martha Munguía, coordinadora de la Fundación Acción Ya, a la que pertenecía la red de albergues para mujeres víctimas de violencia que atendió a la niña de Waslala. 

Si bien el acceso a la interrupción del embarazo por razones terapéuticas no era del todo fácil antes de la penalización, el Movimiento Feminista de Nicaragua asegura que el incremento en la cantidad de partos en menores de 14 años post penalización es una muestra de que algunas niñas y adolescentes sí lograban practicarse abortos para salvar sus vidas y no llevar a término un embarazo forzoso. 

El Código Penal contemplaba que el aborto terapéutico no era punible cuando fuese aprobado por un comité médico. “Le dejaba la potestad a ese trío de médicos, quienes eran los que evaluaban y decidían en cada caso. Luego había normas y protocolos que eran establecidas por el Ministerio de Salud y tampoco eran tan claros, siempre dejaban un margen muy amplio de discrecionalidad”, explica por su parte la defensora feminista Marta María Blandón.

Una de las causas por las que se realizaba el aborto terapéutico y había más consciencia era cuando una niña resultaba embarazada producto de una violación, pero siempre hubo limitaciones. “En algunos hospitales una niña embarazada producto de violación estaba considerada y en otros eran mucho más conservadores y la remitían a otro hospital o la rechazaban”, agrega Blandón. 

En zonas rurales donde no se podía conformar la junta médica a veces no se trasladaba a las mujeres a un hospital donde sí hubiese el personal especializado. “El acceso no era universal pero sí había un buen número de mujeres que accedía. Dependía de que te tocara un prestador de servicio informado y de que la propia mujer o su familia supieran reclamar su derecho”, dice Blandón.

Una mujer sostiene una pancarta en contra del embarazo adolescente y para exigir la legalización del aborto terapéutico, durante un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia en Managua (Nicaragua). DIVERGENTES/EFE/Jorge Torres.

“Rosita”

 

Las dificultades para practicar abortos terapéuticos en Nicaragua quedaron al descubierto en 2003, con el emblemático caso de “Rosita”, una niña nicaragüense de nueve años que resultó embarazada tras ser violada en Costa Rica, país adonde vivía junto a su mamá y su padrastro, quienes trabajaban como recolectores de café.

Debido a que en Costa Rica la interrupción del embarazo estaba permitida hasta la semana 12 y ya había pasado ese periodo, defensoras feministas viajaron hasta ese país y trasladaron a la niña y a sus padres a Nicaragua. Entonces el caso ya era mediático en los dos países. Opinaban la iglesia católica, las oenegés, los gobiernos, las feministas y los medios de comunicación. Unos a favor, otros en contra. 

—Háganle el aborto por favor —dijo la mamá a los medios apenas llegar a Managua.

Así ocurrió, pero no fue fácil. “La Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia decía: hay que hacer la interrupción del embarazo, esta niña se puede morir. La opinión pública estaba polarizada, la ley lo permitía, ¿y qué tuvo que hacerse? Un aborto clandestino legal, ni los médicos quisieron identificarse porque tenían terror que los fanáticos religiosos anti-derechos tomaran medidas y los estigmatizaran”, recuerda Marta María Blandón.



II

Un país dividido

 

El 52.5% de los nicaragüenses está a favor de la prohibición del aborto terapéutico, revela la Encuesta Socioeconómica de Propósitos Múltiples (ESPM) 2019 y 2020, cuyos resultados recoge la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en el libro “¿Qué opinan los nicaragüenses? Un análisis sobre sus creencias, democracia y liderazgo”, publicado en enero de 2021.

No parece ser una situación nueva, pues eso lo sabían los políticos en 2006. En octubre de ese año, previo a las elecciones generales en las que Daniel Ortega regresó al poder tras permanecer 16 años en la oposición, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal en la que suprimió el artículo 165, que contemplaba la figura del aborto terapéutico, incluido en esa norma desde 1837. Con la reforma se impusieron penas de uno a dos años de prisión para la mujer que se lo practique y hasta de seis años para los médicos que lo hagan e inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario.

La penalización fue promovida por un sector muy conservador de la Iglesia Católica, recuerda Marta María Blandón. “Los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional vieron una oportunidad excelente de quedar bien con la Iglesia y con esos sectores, y entonces acogieron la demanda. Ahí tanto el Frente Sandinista, que era una fuerza importante, como todos los demás, jugaron un papel importante”. 

La demanda no era nueva, pero se dio tres años después del polémico caso de “Rosita”. Al ser unas elecciones muy reñidas —recuerda Amnistía Internacional en su informe titulado “La prohibición total del aborto en Nicaragua”— “los candidatos fueron muy receptivos a las exigencias de varios grupos de interés, y los dos principales partidos decidieron oír la petición de los miembros prominentes de la iglesia Católica de Nicaragua y de algunos otros grupos cristianos de imponer una prohibición total del aborto. La prohibición del aborto terapéutico se convirtió en un tema electoral clave. Los dos principales candidatos, Daniel Ortega y Eduardo Montealegre, candidato por la Alianza Liberal Nicaragüense, abogaron por una prohibición total del aborto”. 

Propaganda anti-aborto iba y venía y el 6 de octubre de 2006, la Iglesia Católica encabezó una multitudinaria marcha hasta la Asamblea Nacional para pedir que eliminara las disposiciones del Código Penal que excluían el aborto terapéutico de la penalización.

La reforma al Código Penal provocó reacciones en todo el mundo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) expresaron su preocupación. 

El Ministerio de Salud hizo tímidos intentos de plantear justificaciones médicas del aborto terapéutico y en una comunicación conjunta publicada el 20 de octubre de 2006, 21 asociaciones médicas nicaragüenses, la academia, representantes de profesionales de la ginecología, la obstetricia, la enfermería, la psiquiatría, la salud pública y la cardiología condenaron la prohibición del aborto terapéutico, pero no lograron que se revirtiera. 

A finales de ese mes finalmente se aprobó la reforma, convirtiéndose Nicaragua en uno de los 16 países en el mundo, a la par de Irak, Congo y Egipto, que no contempla la interrupción del embarazo ni cuando la vida de la madre está en peligro. Desde 2006 las organizaciones feministas han presentado 38 recursos por inconstitucionalidad contra la ley que contempla la reforma, sin que hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie. 

“La prohibición no ha detenido los abortos, sino que los ha hecho más inseguros”, dijo en 2017 Human Right Watch. En Nicaragua siempre ha sido un crimen realizarse un aborto por elección. La diferencia hoy, sostiene Marta María Blandón, “es que estás amenazado de cárcel incluso cuando haces un aborto terapéutico”. 

Para Ipas CAM (Centroamérica y México), “la criminalización del aborto es un problema de salud pública y de justicia social, que se traduce en discriminación e injusticia contra las mujeres más vulneradas, con menos oportunidades de acceder a servicios seguros de salud y con más posibilidades de ser encarceladas, extorsionadas, chantajeadas y manipuladas”.

Yanira Balladares, integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia en Madriz, en el corredor seco del país, ha sabido de casos de mujeres que se han practicado abortos inseguros a quienes se les ha abierto un proceso investigativo cuando llegan a los hospitales a recibir atención especializada. Las investigaciones no han concluido en la judicialización de los casos, pero “sí ha habido una condena social, que es fuertísima, el pueblo lo rumora y viene el estigma y la discriminación”. 

Pese a eso, no se conocen de casos de mujeres ni de médicos que en Nicaragua hayan sido acusados penalmente por realizar un aborto.

Varias mujeres participan de un plantón en las afueras de la Corte Suprema de Justicia en Managua para demandar la restitución de la figura del aborto terapéutico, prohibido en el Código Penal desde 2006. DIVERGENTES/EFE/Mario López

III

Los traumas

 

La niña de Waslala permaneció un año en el albergue. A la par que se alfabetizaba, crecía el niño, quien era cuidado por las trabajadoras sociales, las psicólogas y la abuela. 

“La niña tenía muchas crisis de llanto y de enojo. Tenía también una fuerza descomunal cuando hacíamos ejercicios, y era por todo el trabajo de campo que estaba acostumbrada a hacer”, cuenta una de las psicólogas.

El convivir con otras jóvenes le ayudó mucho. El tener una maestra que le enseñara a escribir y a leer también. Nunca había tenido juguetes, así que se emocionaba mucho jugando. 

Las niñas y adolescentes con embarazos forzados producto de una violación suelen tener daños graves a su salud mental. No todas tienen la posibilidad de acceder a un albergue para mujeres víctimas de violencia machista, sobre todo porque la mayoría ha cerrado por falta de financiamiento y por presión estatal. De 11 que había hasta 2018, en la actualidad solo funcionan cuatro y no de forma permanente. El que acogió a la niña de Waslala cerró. 

“La maternidad coloca a las niñas víctimas de violación en un perenne conflicto interno porque en vez de expresar sus sentimientos de enojo, decepción o frustración por la maternidad impuesta, más bien se auto-recriminan por rechazar esa maternidad, es decir, revierten la agresividad hacia ellas mismas”, indica el informe “Embarazo impuesto por violación. Niñas-madres menores de 14 años”, realizado en 2016 por el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT) e Ipas Centroamérica.

El informe antes citado revela que todas las niñas que participaron del estudio vivieron un proceso de “convencimiento” para aceptar el embarazo por parte de algunos miembros en la familia, de algunas personas en la comunidad y de algunos funcionarios/as de las instituciones públicas. Los argumentos fueron: “El aborto es pecado” y “los bebés productos de violación no tienen la culpa”. 

 

Ese convencimiento contrastaba con el deseo de las niñas-madres que participaron del estudio. Al momento de enterarse que estaban embarazadas todas expresaron que no querían continuar con la gestación. “En un solo caso una abuela se declaró a favor del deseo de la niña de no continuar con el embarazo y sugirió la búsqueda de pastillas para realizar la interrupción, pero la madre de la niña se opuso”, dice el estudio. 

 

Yanira Balladares conoce bien esto. En las zonas indígenas de Madriz “la situación es tan complicada que están saliendo menores de 14 años embarazadas por un vecino cercano, por un hombre adulto y ni siquiera hay conciencia de que ese es un delito. Está muy normalizado, entonces se cree que la chavala tiene que asumir ese embarazo y más aún si el violador ‘se hace cargo’ de ella y del hijo”.

Las autoridades de salud cuidan mucho que la gestación llegue a término sin complicaciones. En la mayoría de los casos no hay acusación. Nadie habla de la violación aunque el Código Penal de Nicaragua establece que toda relación sexual con una persona menor de 14 años, aún cuando ella alegue consentimiento, es considerado delito de violación y debe penarse con prisión de 12 a 15 años. 

 

“Al Minsa lo que le interesa es que esa niña o joven se controle, hay una vigilancia extrema de esa panza para que no lo pierda y tiene un montón de ojos para que vaya a los controles, se cuide y se tome su vitamina”, relata Balladares. 

¿Cuándo hay alarma? Cuando la niña sale embarazada y no suele salir de su casa. “En algunas ocasiones hemos sabido que la gente opta por remedios caseros, abortos inseguros que los hacen las mismas madres o abuelas de las chavalas más para evitar el escándalo porque al abusador es de la misma familia”, sostiene la defensora.

Algo parecido ocurrió con la niña de Waslala. Su abuela, quien había asumido la crianza debido a la muerte de su mamá, supo del embarazo cuando ya estaba muy avanzado. Tampoco podía interrumpirse, era un delito. 

“La señora también le tenía un gran terror al hombre. Lo engañaron diciéndole que se tenía que ir a atender y cuando huyen a la atención médica recurren a la Policía y ahí las remiten a otro departamento. Llegaron a dar a Bocay, otra comunidad rural, y luego en Waslala encontraron un albergue donde pidieron refugio, pero el hombre se dio cuenta, así que desde Waslala solicitaron el traslado a Estelí”, relata la psicóloga.

El proceso de sanación fue muy complicado. Para tratar las secuelas del abuso sexual fue atendida por una especialista, quien hacía planes de intervención diarios que incluían terapia individual y grupal.

 “Ya después, al año, era otra niña. Antes de irse nos pidió que le cortáramos el pelo”, recuerda la psicóloga. Con ese cambio quiso dejar atrás mucho de su sufrimiento. 

Al salir del albergue regresó a Waslala, esta vez al casco urbano, donde un tío materno que las acogió a las dos y al bebé. Regresaron hasta que estuvieron seguras que el abuelo violador ya no las buscaba más. Supieron que tenía otra pareja. Esa pareja tenía unas niñas…

 

 

 

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES

El Gobierno ha cambiado el criterio para conceder modificaciones de penas a mujeres condenadas por aborto, según la principal organización que trabaja el tema en el país, lo cual es percibido como un retroceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará al Estado salvadoreño el próximo 10 de marzo por el caso de Manuela, una de las mujeres criminalizadas luego de sufrir una emergencia obstétrica.“A nivel mundial El Salvador se conoce por dos cosas: por toda la criminalidad de las pandillas y por la criminalización de las mujeres por aborto”, critica Morena Herrera.

Jessica Avalos | @javaloss

El día que Sara Rogel presentaría su examen final para convertirse en bachiller, le tocó responder preguntas frente a un estrado judicial. Sara, entonces de 20 años, estudiaba tercer año de bachillerato en contabilidad. El 7 de octubre de 2012, dio a luz a su hija en el patio de su casa, la niña murió, y la joven fue procesada por el delito de homicidio agravado. 

“En la audiencia inicial la abuela de Sara Rogel le explicaba al juez: ‘mi nieta no es mala persona, ella lava y plancha desde los 11 años para poderse cubrir los estudios. Y aquí traigo el uniforme con el que ella se iba a presentar este día. No la mande a la cárcel, señor juez’”, recuerda Morena Herrera, la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la ONG que le ha dado respaldo jurídico. Sara fue condenada a 30 años de prisión, y es una de las 21 mujeres encarceladas en El Salvador por aborto o por el homicidio agravado de sus recién nacidos.

Sara, según relata nueve años después su abogada Abigail Cortez, estaba lavando ropa aquel 7 de octubre. Se resbaló y comenzó su labor de parto. No había nadie en su casa. Cuando se paró, expulsó a su hija y esta cayó al suelo. La causa de muerte, según la autopsia a la niña, fue trauma craneoencefálico.  “El juez lo vio como si era un golpe que ella había ocasionado. Como si ella buscó un objeto, pero esto no sucedió porque fue un parto precipitado”, dice la defensora de la joven.

La jurista plantea que el juez no tuvo prueba directa, sino supuso que la joven mató a su hija, porque los médicos que fueron interrogados en el proceso de peritaje establecieron que “de una caída puede desprenderse la placenta de la madre en término”. Para emitir la sentencia condenatoria, el juez señaló que no se observaron fracturas en el cráneo de la pequeña.

Los testigos en el juicio fueron los policías que recogieron el cadáver de la recién nacida a la casa de Sara y que llegaron al hospital a imputar los cargos. También vecinas que confirmaron que Sara nunca negó su embarazo. Declaró un joven que dijo ser la pareja de Sara. Él afirmó que tenían una relación estable, que sabían que serían padres y que habían planeado ponerle Sara, al igual que la madre, si era niña; o Ángel, como el padre de Sara, si era niño.

 

Una corte de Sentencia de El Salvador absolvió en 2019 a Evelyn Hernández, de 21 años, del delito de homicidio agravado cometido al supuestamente abortar en 2016 y por el que pedían 40 años de cárcel. DIVERGENTES/EFE/ Rodrigo Sura

El testimonio de Sara

En la sentencia quedó plasmado lo que Sara dijo en su defensa: “Comenzó a sentir que su hijo se le quería salir del estómago, sintió dolores cada vez más fuertes, pasó como media hora queriendo tenerla en el suelo y no podía, trataba la manera de que su hija no muriera porque la amaba, la ama aun cuando no la tiene”, se lee en la resolución del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, en la zona central de El Salvador.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que hubo desproporcionalidad en la pena de 30 años que le fue impuesta a Sara. “Desde el aspecto moral, de justicia y equidad, se visualiza una clara desproporción en atención a las circunstancias personales de Sara, como es su edad al momento en que ocurrieron los hechos (20 años)”, concluyó la Corte. Fue a partir de ese dictamen que, en febrero del año pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que depende del Órgano Ejecutivo, decidió conmutarle la pena de 30 por diez años de prisión.  Sara podrá salir en libertad en 2022.

“Las conmutaciones de los años 2018, de 2019, daban la libertad inmediata a las mujeres. En el caso de Sara, acababa de cumplir ocho años, le faltaban dos. Vimos un retroceso en esa situación, porque pudo haber sido una libertad inmediata. Nos han dado otras dos conmutaciones, en donde el consejo criminológico dice que si la mujer no acepta que cometió el delito, es como si no se hubiera reformado. Ha habido un retroceso”, señala Abigail Cortez, la abogada de Sara.

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, el encargado de modificar las penas a mujeres condenadas por aborto, cambiaron desde el 1 de junio de 2019, con la llegada del Gobierno de Nayib Bukele y la finalización del último gobierno del izquierdista FMLN.

La barrera va más allá de los tribunales. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la principal organización que da asistencia jurídica a las mujeres que son condenadas por sufrir emergencias obstétricas, ha notado un cambio de criterios en las respuestas a las solicitudes de conmutación de penas que han recibido en el último año, que coincide con el cambio de Gobierno.

“Nosotras no culpamos al presidente Bukele de todo lo que hacen los ministros, pero sí él es responsable de revisar lo que hacen sus ministros. Hemos tenido dos respuestas en las que la CSJ establece que no hay razones para que las mujeres continúen en la cárcel, pero el Ministerio deja que las mujeres sigan 10 años más en la cárcel. ¿Y en base a qué dicen eso? Que ella no ha reconocido que cometió un error. ¡Cómo es posible que El Salvador siga condenándolas de esa manera!”, cuestiona Morena Herrera, presidenta de la Agrupación.

Se trata de los casos de María del Rosario Hernández Ruiz, a quien el Ministerio de Seguridad le conmutó la pena de 30 a 20 años por homicidio agravado, y de Liliana Yesenia Alonzo, a quien le sustituyeron la pena de 30 a 15 años de prisión.

“Hay un endurecimiento de los criterios, pero también una mirada ciega al género, y ciega a la injusticia social. Estamos en un momento histórico donde el país se está caracterizando por represión, por grandes retrocesos democráticos”, dice Sara García Gross, coordinadora de incidencia de la Agrupación.

Se llamó al director jurídico del Ministerio de Seguridad, Élmer Castro, para consultarle sobre los últimos casos, prometió devolver la llamada, pero al cierre de este reportaje eso no había ocurrido.

Sin reformas a la vista

 

El Salvador, uno de los 16 países en el mundo, a la par de Iraq, Congo y Egipto, que tienen la penalización absoluta del aborto. Es la nación centroamericana con las leyes más severas para mujeres que sufrieron emergencias obstétricas. Desde 1998 a 2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado, con penas de hasta 40 años de prisión, según la investigación Del Hospital a la Cárcel, de la Agrupación.

Hay 20 madres en prisión en la actualidad: 15 tienen condena firme y 5 tienen un proceso activo porque aún no han enfrentado juicio, según los registros de la Agrupación, que desde su fundación en 2009 ha logrado la libertad de 45 mujeres.

“A nivel mundial El Salvador se conoce por dos cosas: por toda la criminalidad de las pandillas y por la criminalización de las mujeres por aborto. El primero requiere una solución compleja. El segundo requiere voluntad política de los actores, y eso es lo que ha faltado”, señala Morena Herrera, presidenta de la Agrupación, y un referente del tema en El Salvador.

En 2016 llegó a la Asamblea Legislativa la propuesta de despenalizar el aborto en algunas circunstancias: cuando corre peligro la vida de la madre, o cuando el embarazo sea producto de una violación, por ejemplo. Pero esa iniciativa, pese al cabildeo de la sociedad civil, no prosperó. El partido más progresista, el FMLN, que en aquel momento era partido de Gobierno, desperdició la oportunidad de dar un acompañamiento más robusto, a juicio de las integrantes de la Agrupación.

“Esta lucha por la despenalización del aborto todavía no es un componente crucial en la agenda de ningún partido”, advierte Sara García Gross.

Varias personas en un acto para conmemorar a "Beatriz", el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años que padecía lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013, sin obtener un resultado positivo. DIVERGENTES/EFE/ Rodrigo Sura

Fuera del debate político

 

En la campaña electoral que recién finaliza tampoco hubo luces de cambio. La única candidata que incluyó abiertamente el tema fue Bertha Deleón, de Nuestro Tiempo, pero no resultó electa. Los demás partidos políticos no consignaron el tema en sus plataformas legislativas.

El patrón se mantiene. Mujeres jóvenes, en situación de pobreza, procedentes de la zona rural y sin acceso a servicios de salud, están enfrentando procesos judiciales por la muerte de sus hijos. Estos juicios van “cargados de estereotipos de género y graves faltas al debido proceso”, según la investigación “Del Hospital a la cárcel”, realizada por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto de El Salvador. Y no solo lo dicen las organizaciones. Doris Luz Rivas Galindo, la magistrada que presidió en los últimos 8 años la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, no tiene dudas de que los jueces han estado resolviendo sin enfoque de género en estos casos.

“El problema es que el sistema es androcéntrico. El sistema penal está diseñado para un sistema patriarcal y así lo han construido. Cuando las mujeres entran al proceso, como víctimas o victimarias, tienden a ser tratadas como los hombres. Las juezas y los jueces invisibilizamos la condición de mujer”, reconoce la magistrada de la Corte Suprema.

La Sala de lo Penal ha corregido varias sentencias condenatorias en casos donde los jueces impusieron penas por homicidio agravado a mujeres que sufrieron partos extrahospitalarios.

“Hemos entrado a analizar las condiciones de vulnerabilidad en las que se ve la mujer desde el momento en que queda embarazada. La mujer a veces lleva el embarazo como puede. Esos son los análisis que no se hacen. Es bien fácil decir que lo quería matar, pero si no quería parirlo en los primeros meses buscan la forma de no tenerlo. ¿Cómo va a llegar hasta los nueve meses poniendo hasta en riesgo su vida?”, afirma la magistrada Rivas Galindo.

Mujeres participan en una protestas para pedir tratar el aborto como un tema de salud pública y a respetar el Estado laico a la hora de tomar decisiones. DIVERGENTES/EFE/ Rodrigo Sura

La mirada puesta afuera

 

La Agrupación, junto al Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Manuela, quien falleció en abril de 2010 a causa de un cáncer linfático cuando cumplía una condena de 30 años por la muerte de su hijo recién nacido.

Manuela dejó a dos hijos en la orfandad. Su condena ocurrió con irregularidades y violaciones al debido proceso, según La Agrupación Ciudadana, porque las autoridades hicieron que su familia, que no sabía leer ni escribir, declarara en su contra. Las organizaciones denunciaron que las autoridades obligaron al padre de Manuela a poner su huella en un documento que no supo leer.

“Ese nivel de saña contra las mujeres, ese nivel de odio es el que estamos denunciando con la historia de Manuela. Buscamos reparación del daño porque dejó dos hijos en orfandad, y también medidas de no repetición”, dice Sara García, coordinadora de incidencia de La Agrupación Ciudadana.

El caso pasó primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después lo pasó a la Corte IDH. Esta realizará la audiencia por el caso el próximo 10 de marzo. Herrera explica que buscan que este caso se convierta en un parteaguas para que el Estado salvadoreño deje de criminalizar a las mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas.

“Tenemos distintas vías para el cambio de legislación. Estamos con mucha expectativa del proceso de litigio internacional que eso, a su vez, activa a distintas instancias del Estado, porque las resoluciones de la Corte son de obligatorio cumplimiento. De fuera para adentro”, declaró Herrera.

Otra oportunidad para Sara

 

En junio de 2020, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas emitió recomendaciones para el caso de Sara Rogel: sugirió su liberación inmediata, y una indemnización y reparación por su detención discriminatoria.  Pero a la fecha nada de eso se ha cumplido. La Agrupación pidió al Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la revisión de la sentencia y el próximo de 15 de marzo, casi 10 años después de su condena, la justicia salvadoreña revisará si no erró con el veredicto inicial.

“Vamos a incorporar un peritaje forense con el cual vamos a determinar que no hubo un dolo para que ella ocasionara la muerte de su recién nacida. El peritaje demuestra que la recién nacida tuvo un golpe, pero no a causa de un objeto, si no fue un parto precipitado”, asegura la abogada Cortez.

Los padres de Sara viven de la agricultura en un municipio de Cuscatlán. Tuvieron que vender la mitad de un terreno para pagarle el primer abogado a su hija. La Agrupación Ciudadana retomó el caso en 2018.

 “Sarita era la única compañía de nosotros. Hace un año que cayó mi esposa en depresión. Yo le digo: tenés que ser de espíritu porque conocés de Dios, pero es mentira, la depresión lo desvía a uno”, dice Ángel, el padre de Sara.

“¿Por qué es importante la revisión de la sentencia? Queremos que se limpie su nombre y sea absuelta, porque se afectó su proyecto de vida”, explica la coordinadora de incidencia de La Agrupación Ciudadana.

Sara Rogel recibió su título de bachiller dentro de la cárcel. Está encarcelada en la granja penitenciaria de Zacatecoluca. Para visitarla, su padre tendría que viajar 3 horas y pagar un camión para que lo traslade. Pero no ha podido hacerlo desde hace un año. Las visitas en los penales estáLorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.n suspendidas.

 

 

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES

El aborto es penalizado en el país, excepto cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, aunque esta opción también tiene barreras en Costa Rica. Pese al avance de la aprobación por parte del presidente Carlos Alvarado de una ‘norma técnica’ para “salvar la vida de las mujeres”, hay poca difusión y capacitación para su aplicación

 

Ximena Alfaro | @XimenaAlfaroM

 

Hace tres años, Adriana (nombre ficticio) decidió unirse a una organización feminista en la Universidad de Costa Rica. Luego de participar en un conversatorio a favor del aborto, una joven estudiante la contactó en busca de apoyo. 

La muchacha, de unos 20 años y a quien llamaremos Lucía en este artículo, tenía ochos semanas de embarazo y estaba decidida a abortar, pero no sabía a quién recurrir ni cómo proceder, ya que el aborto inducido es delito en el país. 

“Me escribió para pedirme ayuda. Traté de orientarla y en ese momento tenía un contacto que le referí para que le ayudara con las pastillas”, relata Adriana. “Ella me comentó que tenía padres muy religiosos y no se animaba a decirles su intención de abortar. Tenía novio, pero tampoco se atrevía a contarle, porque le daba miedo que él no estuviera de acuerdo y podía demandarla. Ella estaba muy asustada”.

Según cuenta Adriana, a Lucía le preocupaba el costo de las pastillas, ya que su precio ronda los $260. En ese momento, ella solo estudiaba, no tenía ingresos económicos ni contaba con una red de apoyo, pero pudo reunir el dinero. Tras el aborto, Adriana supo poco de Lucía.

“Ella se apartó mucho, supongo que por el miedo de que quedara alguna evidencia de lo que había hecho. Yo no estuve con ella al momento del aborto, pero me aseguré de que estuviera bien y después de eso no hablamos más”, narra Adriana. 

El caso de Lucía no es aislado en Costa Rica. Miles de mujeres interrumpen sus embarazos cada año de forma clandestina, es decir, de manera ilegal e insegura. Al igual que en el resto de Centroamérica, en Costa Rica el tema del aborto representa un tabú y es un servicio socialmente estigmatizado pese a que el país cuenta con uno de los mejores sistemas de salud de Centroamérica.  

Además, aunque el aborto provocado es penalizado, muchas mujeres eligen esta alternativa por su situación económica y social, o porque tienen un embarazo no deseado.


Ipas CAM (Centroamérica y México), organización internacional que trabaja para aumentar la capacidad de las mujeres para elegir sobre su sexualidad y su reproducción, incluyendo el aborto, ha documentado que las principales razones por las que las mujeres tienen embarazos no planeados o no deseados son: relaciones forzadas o violaciones, fallas anticonceptivas, falta de acceso a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos adecuados, o porque la pareja sexual no les permitió utilizarlos”.

Como no existe una opción legal para estas opciones, las mujeres atraviesan un camino lleno de peligros. En medio de la desesperación, las mujeres recurren a procedimientos clandestinos, que muchas veces son inseguros o llegan a usar medicamentos sin tener información suficiente. Incluso, como no cuentan con asesoría médica, muchas veces solo se quedan con los métodos abortivos que encuentran en Internet. Si la mujer tiene recursos económicos, puede comprar las pastillas más reconocidas y seguras en el mercado clandestino, como al final logró Lucía.

No hay datos recientes sobre el aborto en el país. La última investigación la efectuó la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) en el 2007. El estudio reveló que se practicaban 27.000 abortos inducidos por año.  El análisis también señaló que el 20% de las mujeres que se practican un aborto inducido acaban acudiendo a una institución de salud debido a las complicaciones derivadas de procedimientos clandestinos que fueron inseguros.  

La legislación costarricense penaliza el aborto inducido, pero el artículo 121 del Códico Penal establece una excepción que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la salud o la vida de la madre. Bajo esta índole, se  practica el aborto terapéutico de forma legal y dentro de los sistemas de salud, con protocolos internacionales de seguridad.

Una norma técnica “para salvar la vida de las mujeres”

 

En diciembre del 2019, el presidente Carlos Alvarado firmó la norma técnica sobre el aborto terapeútico para “salvar la vida de las mujeres”. 

La disposición otorga seguridad jurídica para la implementación del aborto con la exigencia de cumplir un procedimiento para la aprobación de cada caso. Los equipos de especialistas tardaron más de cuatro años en diseñarla.

La elaboración de la norma técnica se dio por la presión que recibió Costa Rica con los casos de Ana y  Aurora presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas mujeres se vieron obligadas a dar a luz pese a que sabían que los bebés no tenían posibilidades de sobrevivir.

La historia de Aurora es una de las más conocidas en el país. Su bebé se desarrolló con la pared abdominal abierta y los órganos vitales expuestos, por lo que los médicos supieron desde las primeras semanas que no podría vivir. Y, pese a que la situación también representaba un riesgo grave para la salud mental de ella, el Estado se negó a interrumpir la gestación. 

La norma técnica se basa en lo que dice el artículo 121 del Código Penal que, desde 1970, establece la figura del aborto impune: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.

En aquel entonces, Alvarado aclaró que la norma técnica no legaliza el aborto libre en Costa Rica, sino que estandariza el abordaje médico de un procedimiento que permite interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro.

No obstante, tras la firma de la norma, la interrupción del embarazo para proteger la salud y vida de la madre debe pasar por un proceso de revisión, que incluye el criterio colegiado de médicos especialistas en Ginecobstetricia, y la firma de un consentimiento informado de la mujer.

“La norma técnica es un gran paso en Costa Rica. Pero, para que se traduzca en  acceso verdadero a servicios de salud, debe pasar por un proceso amplio de socialización, contar con el acompañamiento de la estructura del gobierno y de otros organismos sociales”, dijo Guillermo Ortiz, ginecólogo obstetra salvadoreño y experto clínico regional de Ipas CAM. “Que el personal de salud conozca bien la normativa, que la entienda y la aplique, dejando de lado cuestiones que puedan interferir con su aplicación. También se necesita que las mujeres sepan que existe una normativa que las protege y que es una opción para cuando ellas tengan un riesgo en su embarazo que ponga en peligro su salud o su vida. Por ello, los llamados para su aplicación son al personal de salud”.

Según el especialista, “Costa Rica ha sido un ejemplo en salud para la región centroamericana y es fundamental que esta norma técnica realmente sea aplicada porque eso reduciría gran parte de las barreras que enfrentan las mujeres que requieren servicios médicos de calidad”.

Decenas de mujeres de diferentes grupos feministas, se manifestaron en las afueras de la casa presidencial, exigiéndole al presidente costarricense, Carlos Alvarado, su firma para la aprobación de la Norma Técnica del Aborto, que prometió en su campaña electoral. DIVERGENTES/EFE/Jeffrey Arguedas

Relevancia de la norma técnica

 

Antes de que entrara en vigencia la norma técnica en el país, era común que los servicios de salud aplicaran el artículo 121 del Código Penal a medias, es decir, practicaban el aborto terapéutico en pocoas casos y cuando lo hacían solo se tomaban en cuenta aquellos en los que la vida de la madres estaba en riesgo, pero no así la salud. Esto fue lo que sucedió en los casos de Ana y Aurora y por eso ellas decidieron demandar al Estado.

“Con la norma técnica se puso sobre la mesa que la mujer también podía tener un futuro riesgo a su salud y no solo a su vida y que esos casos tienen que ser evaluados. Antes había cierta inseguridad jurídica, los médicos no sabían o creían que era ilegal y había esa ausencia de una guía o una normativa que aclarara todo el concepto del artículo 121”, explica la enfermera obstetra Hazel Borbón.

La especialista también destaca que anteriomente era el médico el que decidía si el caso calificaba como aborto terapéutico o no, pero ahora la mujer también lo puede solicitar, aunque eso no garantice que se vaya a avalar el procedimiento.

Además, comenta que los médicos también tienen la posibilidad de negarse a practicar un aborto terapéutico al acogerse a una objeción de conciencia por motivos religiosos o ideológicos. No obstante, el hospital debe garantizar que se cumpla el proceso si ya fue aprobado previamente.

Borbón considera que la firma de la norma técnica es un paso importante para el avance, ya que permite que las mujeres anticipen el fin de una experiencia que cataloga como “cruel”.  

“En el país mueren cerca de 550 niños cada año. Un 40% de estos casos son incompatibles con la vida, es decir, que tenían complejos malformativos, los cuales no les permitían sobrevivir después de nacer. En todos estos casos la mujer tenía que cursar todo su embarazo, y a la vez hacía el duelo”, relata. 

Añade la enfermera obstetra: “A estas madres les toca ir a hospitales donde comparten con muchas mujeres que están en un embarazo sin problemas y que van a tener un resultado muy diferente, donde escuchan niños llorar y ven familias felices. No se les considera esa parte y no hay un seguimiento especial para estas personas. Es muy cruel”.



Las limitaciones

 

La especialista espera que los resultados de la implementación de la norma técnica puedan medirse en unos cinco años, con la expectativa de contar con cifras que respalden un aumento en el procedimiento terapéutico, ya que según dice, en los últimos 20 años se registraron menos 80 procedimientos en hospitales públicos.

Por su parte, la abogada Larissa Arroyo, de la Asociación Ciudadana Acceder, resalta que una de las principales limitaciones de la norma es que es necesario realizar la consulta a otros profesionales en medicina para valorar el caso.

“La norma tiene barreras. Por ejemplo, en lugar de que un doctor diga que se puede hacer y ya, pues no, hay que consultar a tres más, porque Dios guarde un doctor pueda tomar esa decisión a pesar de que en otros procedimientos médicos quien toma la decisión es el médico y no tiene que hacer preguntas a otros colegas”, menciona Arroyo, especializada en derechos humanos.

 

Poco conocimiento sobre la norma técnica

 

La jurista Arroyo señala que la poca difusión tanto en el personal médico como en las mujeres sobre lo que implica la norma técnica es otra barrera para su ejecución.

“El problema es que las mujeres que necesitan ese aborto terapéutico están en una situación de vulnerabilidad y pues claramente no tienen conocimiento sobre esto porque no hay difusión; entonces ellas no pueden exigir sus derechos. Al no exigir sus derechos, eso hace que el personal médico siga haciendo lo que crea que es conveniente”, asegura Arroyo.

De igual forma, la abogada plantea un dilema sobre la interpretación de la norma relacionado con el concepto de salud y cuál es el límite de la aplicación.

“Hay un dilema, porque una mujer que ha sido víctima de violación o una niña víctima de incesto tiene una afectación a su salud física y emocional y, por lo tanto, tendría derecho a pedir un aborto terapéutico, pero qué tal si le responden con la interpretación que se había venido dando antes que es solo si la mujer está al borde de la muerte, aunque eso no lo dice el Código Penal. ¿Cómo hacemos para ver esas barreras? ¿Quién las mide si no son las instituciones estatales?”, argumenta Arroyo.



Integrantes de grupos feministas participan en una marcha para mostrar su posición a favor del aborto y exigir un alto a las agresiones contra las mujeres. DIVERGENTES/EFE/Jeffrey Arguedas

El escenario de Costa Rica en la región

 

Más allá de la norma técnica, el avance de Costa Rica en el tema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha sido escaso en las últimas décadas. 

Aunque no hay un contexto extremo como existe en El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde la penalización es total, las mujeres costarricenses tienen poco margen para decidir sobre sus propios cuerpos.

“Cuando se trata de los derechos de las mujeres y cuando se trata de decidir ante un embarazo no deseado, la posición de Costa Rica es muy similar a la de cualquiera de los otros países de la región centroamericana”, asegura Soledad Díaz, vocera de la Colectiva por el Derecho a Decidir.

Díaz comenta que esto en parte se debe a la línea conservadora que caracteriza a muchos dirigentes políticos, como el caso de los diputados o cuando el presidente Alvarado accedió a discutir solamente sobre la norma técnica, sin tomar en cuenta otras aristas del aborto.

“La situación actual en la región es una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a interrumpir el embarazo no deseado es una expresión de la misoginia más pura”, manifesta Díaz. “La penalización del aborto no impide que las mujeres dejen de abortar”, añade. 

Las restricciones también impulsan a las mujeres a buscar salidas precipitadas, así como a  poner en riesgo su libertad y su vida. Por ejemplo, acuden a Internet para hallar métodos de interrupción de embarazo, eligen medicamentos muy peligrosos por su bajo costo, incluso hasta de uso veterinario, o realizan técnicas sumamente riesgosas.

Por ello, en la región centroamericana y gran parte de América Latina, el aborto resulta un camino traumático que se lleva muchas veces en soledad.

“Pese a que estén decididas y seguras de lo que van a hacer, lo que hace que el hecho sea tan triste y doloroso y que las mujeres busquen la clandestinidad con métodos muy peligrosos es el no tener apoyo o acompañamiento y aún cuando lo tienen no pueden confiar en nadie”, concluye Adriana. 

 

 

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES



En Guatemala hay un debate pendiente y es el del aborto. La criminalización del tema lo ha convertido en tabú y “espinoso” por lo que no existe una conversación  técnica que permita atender de manera integral la cuarta causa de mortalidad materna a nivel nacional. La falta de discusión entorpece la atención al problema que se genera en la salud pública, y no permite analizar cuál es la verdadera causa detrás del aborto: los embarazos no deseados.

Por: Gladys Olmstead/ No-Ficción

Fue un viernes de diciembre por la noche. “Ya tenía cuatro semanas, casi cinco, cuando lo hice”, recuerda Cristina. “Y no lo hice porque no podía mantenerlo económicamente, ya que mi novio y yo trabajamos. Lo que pasa es que tengo claro que no quiero tener hijos, al menos no en este momento. Tengo sobrinas y, aunque las quiero mucho, pienso en que en un país como Guatemala van a sufrir. Y yo no quiero traer un niño o una niña a este país, a este mundo.”

Los limitados datos que existen en Guatemala nos muestran que la realidad con frecuencia se encuentra lejos del ideal: muchos embarazos ocurren demasiado pronto o ni siquiera son deseados.

Y así lo vivió Cristina, nombre ficticio con el que identificaremos a esta mujer, una joven de 22 años que tomó la decisión de terminar con su embarazo durante una pandemia mundial. El temor a contagiarse del nuevo coronavirus era una de sus preocupaciones, pero no la más importante. Lo primordial consistía en resolver cómo no tener ese hijo o hija. 

Las estadísticas alrededor del problema de los embarazos no deseados son escasas, y el sub-registro es casi incalculable. Sobre todo, en países como Guatemala, donde es excepcionalmente difícil abordar el tema del aborto porque la cultura dificulta a las mujeres reconocer públicamente el concepto de no desear un embarazo. Y la ley les criminaliza si actúan en consecuencia. Por lo que, así como Cristina, la mayoría de mujeres debe hacerlo en la clandestinidad.

Datos a medias

 

Según los datos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) solo en 2020, se registraron 28 análisis forenses relacionados con abortos que se complicaron en mujeres entre los 10 y los 39 años. 

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que, de las 425 muertes maternas registradas en 2018, 25 fueron directamente por abortos. En el primer semestre del 2019, el total fue de 179 muertes maternas, 8 fueron provocadas por aborto. Y en el primer semestre de 2020, del registro total de 149 muertes, cinco se atribuyen al aborto.

Si bien, los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud no especifican las condiciones de esos abortos, espontáneos o provocados, sí reflejan el efecto que tienen en la vida y salud de las mujeres. Y los reportes de estas instituciones demuestran que existen.

La falta de acceso a los datos reales de mujeres que han abortado, se evidencia en que solo existe un estudio en los últimos 15 años alrededor del tema. El estudio realizado en 2006, por el Instituto Guttmacher con el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva (CIESAR), estimaba que en Guatemala se realizaban 65 mil abortos inducidos al año. En ese entonces el país tenía 8 millones de personas, actualmente, luego del Censo 2018 se reportan más de 14 millones.

“El único estudio dedicado directamente al aborto en Guatemala fue el de Guttmacher, y vemos que 15 años después las mujeres se siguen muriendo por lo mismo: se siguen muriendo por abortos”, lamenta la médica ginecóloga y obstetra, expresidenta de la Asociación de Ginecología, Linda Valencia.

Tanto Valencia como Rossana Cifuentes, médica y consultora en Derechos Sexuales y Reproductivos, coinciden en que los datos y la experiencia les han demostrado que la legalidad alrededor de la práctica no influye en la decisión final de una mujer: “Si ella quiere abortar y ya lo decidió, lo va a hacer”, expresa Cifuentes.

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Y así lo vivió Cristina, “lo primero que pensé fue ¿cómo lo voy a hacer? Lo que más me preocupaba era mi salud y qué me podía pasar. Pero nos preparamos –hasta sobre preparamos- para lo que pudiera pasar: me fui a su casa desde el viernes para tener todo el fin de semana para recuperarme. Sabíamos que si algo salía mal su papá nos podía ayudar, porque él trabaja en el área de salud y era nuestra opción de emergencia”. 

“Conseguimos el contacto para comprar las pastillas (de misoprostol), las pedimos a domicilio y averigüé todo lo que pude con una amiga que ya había pasado por el proceso y hasta encontré información en Instagram. Traje mi ropa, un termómetro, todo lo que podía necesitar. Me inyecté ibuprofeno antes de tomarme las pastillas, para prepararme para el dolor. Y la verdad creo que de todo el proceso ese fue el peor momento, no sé si porque estaba muy nerviosa o qué pasó, pero casi me desmayo. Luego empezamos el proceso como a las 6 de la noche: me puse las pastillas debajo de la lengua hasta que se deshicieron. Esperé por horas hasta que empezaron dolores similares a cólicos leves. A partir de ahí comencé a sangrar, y ya me tomé las siguientes pastillas. Creo que lo que más me afectó a mí fue la fiebre, yo temblaba y tenía demasiado frío. Pero mi novio me cuidó todo el tiempo con pañitos de agua fría y midiéndome la temperatura, no durmió nada esa noche. Sentía dolores fuertes por momentos, y como a las 11 me dormí”, recuerda Cristina sobre su experiencia.

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La única mención en la legislación de Guatemala a la palabra “aborto” se encuentra en el capítulo 3 del Código Penal de la legislación guatemalteca, vigente de 1973. En este apartado, la Ley establece en qué casos se comete un crimen cuando una mujer interrumpe o termina un embarazo. 

La legislación establece penas de seis meses a tres años, dependiendo de los motivos por los que la mujer tome la decisión. Y para la persona que practique o cause un aborto, las penas pueden ir desde los tres hasta los doce años de prisión, dependiendo del consentimiento de la mujer y si ella muere en el procedimiento.

En Guatemala, el único caso que no se considera un crimen es el “aborto terapéutico” que es cuando la continuación del embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer y se han agotado las opciones. Según el artículo137 del Código Penal, “no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, (…) y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido para la vida de la madre”. 

Además, según los datos de sentencias penales en los últimos 20 años, hay muy pocos procesos abiertos por este crimen. “Es muy interesante cómo resulta siendo algo más bien discursivo en la legislación. Porque en los procesos judiciales más operativos no se observa realmente una persecución real de esta práctica”, explica la politóloga Jeraldine del Cid, doctora en Ciencias Sociales.

Sin embargo, según del Cid esta legislación resulta problemática porque la criminalización de prácticas como el aborto no las elimina. Según explica, “en Guatemala se tiene una excepción despenalizada y lamentablemente no ha habido un cambio. Digo lamentablemente porque desde la perspectiva de políticas públicas hemos identificado cómo penalizar el aborto realmente no inhibe su práctica”.

A lo que la abogada Stephanie Rodríguez, agrega que “es importante recordar que las leyes y quiénes hacen las leyes –en su mayoría hombres- muchas veces responden a intereses personalísimos, a creencias buenas o malas, o irracionales, a prejuicios entre otras cosas más”, por lo que una reforma a esa regulación es necesaria. 

La penalización y criminalización del aborto en Latinoamérica se ha ido reformando con los años en diferentes países. Luego de la reciente despenalización en diciembre 2020, Argentina se sumó a Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico, entre los países en los que se puede terminar con un embarazo sin restricciones, en las primeras semanas de gestación.

El resto de países cuentan con restricciones y condiciones diferentes para poder acceder al procedimiento, y en México depende de la legislación de cada Estado. Sin embargo, en la mayoría se permite el aborto cuando la vida de la mujer está en riesgo, violación e inviabilidad del feto.

La mayoría de países europeos tienen una legislación permisiva en cuanto al aborto precoz –primeras semanas de gestación-, aunque hay algunas excepciones como Malta o Irlanda. Por ejemplo, en España se permite el aborto libre hasta las 14 semanas, y hasta la 22 si existe riesgo para la vida o salud de la madre, o anomalías en el feto.

“En los países con la oportunidad de tener leyes abiertas al tema y no restrictivas, lo que se ha visto es que las mujeres tienen acceso al procedimiento de forma segura y eso deriva en menos muertes, por recibir atención integral. Un caso de ejemplo, puede ser la Ciudad de México en donde se ha garantizado que estos procedimientos tengan acompañamiento”, expone Cifuentes.

Sin embargo, tres de los siete países de Latinoamérica que penalizan absolutamente la práctica se encuentran en Centroamérica: Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y en Honduras, especialmente, también se prohíbe y sanciona el acceso a la anticoncepción de emergencia.

Mujeres se manifiestan a favor de la aprobación del aborto en Ciudad de Guatemala. DIVERGENTES/EFE/Edwin Bercián

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Las complicaciones para Cristina llegaron después del aborto. Al principio, el procedimiento parecía haber sido exitoso, ella regresó a sus labores el siguiente lunes aún con sangrados abundantes, pero entre lo que consideraba normal. Eso, hasta que comenzó a encontrar coágulos del tamaño de un limón y comenzó a preocuparse.

“El sangrado no se detuvo, y cada día me empecé a sentir más débil hasta que un día me desmayé. A mi familia no le sorprendió, porque es algo que a mí durante mi período me ha pasado en otras ocasiones, pero yo sí me asusté. Fuimos con una doctora que me dijeron no iba a darme problemas por el aborto. Aun así, cuando llegué les dije que no sabía qué había pasado, que sí tuve un retraso pero que luego me bajó y no había parado de sangrar. Me hicieron exámenes –obviamente seguía con niveles hormonales variados- y salía embarazada, entonces me dijeron que había tenido un aborto completo. Y que el sangrado no solo iba a seguir unos días más, sino que me había causado anemia. Hasta ahora, llevo más de Q3 mil gastados (US$290) en todo lo relacionado con el proceso y aún no me siento realmente bien”, relata.

“Lo que produce una penalización del aborto es que se practiquen los abortos de manera clandestina. Y esto lo que está produciendo es más muerte”, explica la experta en políticas públicas Jeraldine del Cid.

El debate pendiente alrededor del aborto cobra vidas de mujeres que se exponen a malas prácticas, para no continuar con la gestación. Porque según la postura de analistas en temas de género y políticas públicas, la criminalización solo fomenta la clandestinidad. Y el retraso de esta discusión mantiene invisibilizados otros problemas que enfrentan las mujeres ante los embarazos no deseados y las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

“El embarazo no deseado desde su inicio supone para las mujeres un problema  de salud mental. Y si además de eso la  persona tiene que someterse a un aborto en condiciones de riesgo -sumado al estigma moral y penal-, eso es lo peligroso para la salud física y mental”, explica Linda Valencia.  

Las médicas reconocen que uno de cada siete de los abortos aún practicado con la “más alta seguridad y por ginecólogos” resulta en complicaciones, pero eso solo es una prueba de las condiciones de peligro que se presentan con los abortos clandestinos.

 “Sabemos que en Guatemala se utilizan desde cualquier instrumento punzocortante para perforación del útero, como brebajes y materiales corrosivos como ácidos que las mismas mujeres se aplican o personas que lucran del negocio del aborto clandestino utilizan. Y esto se puede derivar en infecciones severas, shock séptico, e histerectomías hasta la pérdida de la vida”, explica Rossana Cifuentes.

Según las expertas consultadas, el error alrededor del abordaje del aborto es que se considera esta práctica como “el problema” cuando en realidad es solo un síntoma, o consecuencia. El verdadero problema son los embarazos no deseados.

“Sí tomé en cuenta que es algo contra la Ley, y por eso nunca regresé al lugar en dónde me hice la prueba y cambié de ginecóloga. También tomé las precauciones a la hora de comprar las pastillas de Misoprostol, pero la verdad no averigüé qué podía pasar si alguien se enteraba o cuál era la ley en específico sobre irme a la cárcel. Me preocupaba más que pasara más tiempo o que me pasara algo a mí”, relata Cristina al recordar todo lo que pasaba por su mente cuando tomó la decisión.

Una decena de mujeres con un "pañuelazo" verde para mostrar su solidaridad a sus "hermanas" argentinas. Foto de Archivo. DIVERGENTES/EFE/Edwin Bercián

Niñas madre

 

El único intento reciente por modificar el Código Penal, dentro del tema del aborto, desde el Congreso de la República fue en febrero de 2018, cuando la entonces diputada Sandra Morán presentó la iniciativa 5376, llamada Ley de Protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

“Si yo estoy hablando de proteger a una niña que tiene 9 años y que quedó embarazada producto de una violación, lo más lógico es pensar cómo se interrumpe ese embarazo. No existe lugar para pensar si es deseado o no es deseado”, explica la exdiputada del bloque Convergencia Ciudadana, Sandra Morán.

El proyecto de ley que buscaba proteger a las niñas menores de 14 años de quedar embarazadas tras violaciones contaba con análisis técnicos y respondía a compromisos en derechos humanos adquiridos por el país. Este incluso contó con la opinión favorable de la Secretaría Presidencial de la Mujer, Ana Leticia Aguilar Theissen. 

“Esta iniciativa fue bastante técnica y aunque los medios de comunicación decían que era una ley abortista, jamás se trató de hacer esto. Sino lo que se quería era que las niñas menores de catorce años tuvieran la oportunidad de no convertirse en madres, de no tener una maternidad forzada y un embarazo forzado”, explica la abogada Stephanie Rodríguez, exasesora de Sandra Morán en el Congreso.

El desenlace fue una campaña orquestada por grupos neo-conservadores –con facciones religiosas–, autodenominados “pro-vida” en contra del proyecto que proponía la despenalización del aborto en niñas menores de 14 años que sufrieron una violación. Con esto, también rechazaron que el Estado se responsabilizara por atender, reparar y proteger a las niñas y adolescentes que hubieran sufrido una violación o abuso sexual.

Finalmente el proyecto no obtuvo el visto bueno en el Congreso y además, Ana Leticia Aguilar, fue despedida, por el presidente Jimmy Morales por dar su apoyo técnico a la iniciativa. Esta decisión fue lamentada por diversas organizaciones y organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Otro ejemplo de la falta de compromiso del Estado para proteger a niñas víctimas de violencia se evidenció en septiembre de 2020, cuando las bancadas del Movimiento Semilla y Winaq citaron a las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y del Ministerio de Salud para conocer sobre las acciones estatales para atender a niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual y sus hijas e hijos. 

Al final de la reunión, tras conocer que desde estas instituciones no hay respuestas claras para las mujeres sobrevivientes de violaciones, los diputados exigieron que se garantice el derecho a la salud, al registro civil y a la justicia. Además, se propuso la creación de un protocolo de atención a menores y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Para la realización de este reportaje, No-Ficción intentó hablar con diputadas de distintas bancadas, pero aseguraron no tener una “opinión pública” sobre el tema. Y algunas incluso explicaron no querer hablar sobre una cuestión considerada “espinosa”.

Aunque el tema es fundamental para evitar la muerte de mujeres, y constituye la tercera causa de muerte materna en el país, los grupos neo-conservadores se oponen, incluso a la discusión técnica. 

Estos grupos presentaron un nuevo proyecto de ley –apoyado por estos mismos grupos- bajo el número 5272, en el que se busca criminalizar los abortos involuntarios y restringir también el aborto terapéutico. Actualmente, el aborto terapéutico está permitido, aunque tiene limitaciones en su implementación con pocos promotores de salud dispuestos a realizarlo. 

No-Ficción logró comunicarse con el abogado José Estuardo Córdova, miembro de la Asociación Familia Importa (AFI) -una de las organizaciones civiles más conocidas y con mayores recursos financieros y políticos- pero no se pudo obtener declaraciones sobre la postura de la organización.

“Estos grupos han demostrado que sus fundamentos son vacíos, basados en su moral, en su religión. Y esto es contrario al marco de Derechos Humanos, al marco de Salud Pública y al de la evidencia científica, lo que provoca discusiones infructuosas y desgastantes. Yo hablo desde la ciencia y mi intención es transmitir las mejores tecnologías y los mejores servicios de calidad para la intención de las mujeres”, dice Rossana Cifuentes, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos.

Esta acción le costó a Morán y a su equipo de trabajo –incluida Stephanie Rodríguez– una campaña de desprestigio y ataques penales y personales por parte de estas mismas organizaciones.

Y así se defendió Sandra Morán: “Yo no soy abortista, yo lo que lucho es por derecho a decidir de las mujeres. Y porque esas niñas que tienen 8, 9, 10 años lo único que quieren es jugar, ellas ni se explican lo que pasa en sus cuerpos y las obligan a ser madres. Porque AFI en lo que se enfoca es en talleres de “maternidad cariñosa”, dice la exdiputada. 

“Desde una perspectiva de políticas públicas, desde una perspectiva analítica que busca resolver el problema público, si tú realmente deseas evitar la práctica del aborto por qué estás a favor de la vida: penalizar no es la vía correcta para resolver el problema de los embarazos no deseados”, explica Jeraldine del Cid, y continúa, “si hacemos un diagnóstico, desde la perspectiva de políticas públicas, nos encontramos con violencia, nos encontramos con falta de educación y formación integral en sexualidad, nos encontramos con una falta de acceso a los diferentes métodos para planificación que son las verdaderas problemáticas”.

“En lugar de garantizar a las mujeres salud sexual y reproductiva, se les está garantizando cárcel y penas”, insiste Stephanie Rodríguez, “esto no debería ser visto desde una óptica legal, sino desde una política pública de salud para las mujeres. Es importante que el estado pueda ir hacia políticas públicas y hacia legislación efectiva que garantice los derechos humanos de las mujeres”.

Para Cristina, el proceso de su aborto no ha terminado -a casi tres meses de realizado-. Sin embargo, asegura que aún después de todo lo que ha pasado lo volvería a hacer:

“Si mi testimonio ayuda a alguien que está pasando por lo mismo o se siente identificada, espero que le pueda ayudar. Yo no me arrepiento, ni nunca he pensado ‘por qué no lo tuve’ o ‘quisiera tener acá un hijo o a un bebé’, nunca. Más que todo me culpé y me sentía irresponsable conmigo misma, pero si estuviera en la misma posición lo volvería a hacer, aunque quizás buscaría más asesoría de un doctor o una doctora.” 

 

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES



El caso Hermes, presentado por la Uferco, parece ser el último eslabón para entender la estructura con la que Juan Orlando Hernández llegó al poder a través del asistencialismo y el control mediático; un desfalco de más de 122 millones de lempiras que tiene como principal enlace a la fallecida ministra y hermana del presidente, Hilda Hernández.


Texto: Fernando Silva
Fotografías de Martín Cálix

En 2015, cuando Fernando del Rincón, periodista de CNN, cuestionó al presidente Juan Orlando Hernández sobre si estaba violando la Constitución de la República al tener como ministra a su hermana, Hilda Hernández Alvarado, el presidente contestó que, aunque trabajaba en el ministerio de Comunicaciones y Estrategia, ella «no maneja presupuesto, no maneja ninguna cartera» y que por tanto «no es secretaria de Estado».

Dos años después, mientras las protestas por el fraude electoral y la reelección ilegal del presidente estaban en su punto más álgido, se anunció que ella había muerto en un accidente aéreo. Ahora, a meses de la salida de Hernández del poder, su nombre está más vigente que nunca a raíz de las acusaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco) del Ministerio Público. La Uferco la señala como la persona que en 2013 organizó la creación de la empresa de maletín Servicios e Inversiones AID con la que desfalcaron más de 122 millones de lempiras de Casa Presidencial para el pago de más de 70 periodistas, boletos de avión, transporte de activistas a eventos de gobierno, alquiler de vehículos blindados y otros beneficios personales.

Según la investigación, periodistas habrían recibido montos millonarios para que «emitieran opiniones favorables respecto a la gestión del presidente Juan Hernández, hermano de la titular de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, Hilda Hernández, sin existir ningún vínculo con la misma.» Este caso, denominado «Hermes», establece que Hilda Hernández utilizó a Carol Vanessa Alvarado, su amiga y mano derecha, para crear la empresa de maletín y desviar fondos en beneficio de la campaña política de su hermano y mantener el discurso en favor del gobierno. Esta es la continuación de otras investigaciones iniciadas por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih): Pandora y Corrupción Sobre Ruedas.

***

Carol Vanessa Alvarado siempre ha estado cerca de las principales personalidades del Partido Nacional de Honduras. Entre 2010 y 2013 fue subgerente de presupuesto en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), luego ocupó el cargo de gerente administrativa de Casa Presidencial durante tres meses a inicios de 2014, después regresó a SEDIS y finalmente, en 2017, fue candidata a diputada suplente en el movimiento con el que Juan Orlando Hernández alcanzó la reelección.

Sobre todo, Carol siempre estuvo cerca de Hilda Hernández. Según el requerimiento fiscal presentado por la Uferco, en mayo de 2013 por instrucciones de la hermana del presidente ordenó al señor José Adolfo Sierra -su motorista personal- para que se constituyera como comerciante individual con el objetivo de realizar actos de comercio bajo la denominación de Servicios e Inversiones AID. Posteriormente abrieron una oficina en el barrio La Granja de Tegucigalpa y una cuenta de cheques en Banco Atlántida. Cuando Hilda Hernández fue nombrada ministra de Comunicación y Estrategia, trasladaron dicha oficina a las instalaciones de Casa Presidencial y mantuvieron sus operaciones allí hasta 2016. 

En el caso de Hilda Hernández, el requerimiento fiscal del caso Corrupción sobre Ruedas detalla que no utilizó su nombre en la empresa porque dijo que como funcionaria pública no podía abrir empresas y porque no quería verse expuesta ni exponer la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández. Fue desde Casa Presidencial y con órdenes de pago firmadas por ella que entre el 9 de abril de 2014 y el 8 de diciembre de 2016 se emitieron 53 cheques por un total de 122.105 millones de lempiras en favor de la empresa, por concepto de Servicios de Publicidad y Propaganda en medios de comunicación Radial y de Televisión. 

De los 53 pagos, la Uferco identificó que 14 de ellos no contaban con el soporte de un contrato de servicios. En su mayoría, este dinero se utilizó para pagar la publicidad de actividades gubernamentales como los programas Honduras Actívate y Navidad Catracha. Otro de los puntos que el requerimiento destaca es que todos estos contratos se suscribieron sin licitación, aunque la normativa indicaba que las cantidades pagadas eran mayores a lo estipulado para un proceso de contratación directa. Sumado a eso, los pagos realizados por Casa Presidencial a la empresa Servicios e Inversiones AID excedieron el presupuesto asignado durante los años 2014, 2015 y 2016 en más de 49 millones de lempiras.

Además, según datos del requerimiento, al menos 60 millones del total desviado hacia la empresa de maletín sirvieron para pagar a más de 70 periodistas a través de un acuerdo hablado establecido con la ministra de Comunicación y Estrategia para que los periodistas dieran una opinión favorable sobre el trabajo del presidente. Entre los favorecidos se encuentran algunos de los profesionales del periodismo más reconocidos del país. 

En junio de 2015 cuando el movimiento de Los Indignados protestaba en las calles por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y pedía la instalación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Honduras (CICIH) un grupo de directores de medios se reunieron con la ministra Hilda Hernández para empezar un diálogo nacional y detener las protestas, entre los periodistas que se reunieron estaban Luis Edgardo Vallejo que entre 2014 y 2016 recibió un total de 2.6 millones de lempiras, y Armando Villanueva que después de esa reunión empezó a recibir pagos mensuales de 80 mil lempiras hasta completar un monto total de 480 mil lempiras en diciembre de ese año.

Estos acuerdos parecen haber perdurado con el tiempo, por ejemplo en 2018 el presidente Hernández brindó una serie de entrevistas exclusivas con periodistas, entre ellos Rosendo García; en dicha entrevista el presidente habló sobre las acusaciones de su hermano Juan Antonio Hernández en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, y aseguró que “se trata de una situación compleja porque quienes sirven de testigos son los principales afectados por decisiones que tomé desde que empecé a ejercer la Presidencia de la República y también cuando estuve en la Presidencia del Congreso Nacional”.

Rosendo García es director del programa “Al Banquillo” de Televicentro, uno de los medios corporativos más grandes del país, también en 2018 brindó una entrevista en un periódico nacional donde opinó sobre los periodistas que reciben dinero del gobierno y dijo que “es un mal concepto que le han puesto al compañero que va a vender publicidad para su programa. No es que se ande vendiendo al político o al empresario. Pero igual hay políticos que dan dinero sin estar de por medio un contrato de publicidad. Por lo menos a mí no me ha pasado. Y siento que no es que el político te regale, sino que hay una identificación por el servicio que se presta, esos son desprendimientos, no es que te está comprando”.

Rosendo recibió entre el 14 de abril de 2014 y el 27 de octubre de 2016 pagos mensuales de 60 mil lempiras que en total completaron 1.9 millones de lempiras, y en 2017 fue galardonado con un premio de periodismo en el Congreso Nacional.

Otro de los beneficiados con pagos del gobierno fue el reportero Ernesto Alonso Rojas, del canal de televisión Hable como Habla, quien en diciembre de 2018 protagonizó una escena en la Terminal Metropolitana de Buses en San Pedro Sula donde ciudadanos le dijeron consignas en contra del presidente al entrevistarlos por lo que Rojas dijo “no lo van a sacar. Ya canturrean con eso, hasta mal caen”, y luego expresó “son imbéciles estos, son imbéciles”. Rojas recibió un total de 360 mil lempiras entre junio de 2015 y octubre de 2016.

Antes de la investigación de la Uferco ya se habían registrado beneficios de Casa Presidencial a la prensa, que en la práctica, habrían influenciado en su forma de presentar las noticias. Por ejemplo, Contracorriente reportó en 2019 el pago de viáticos de periodistas que viajaron a Israel para cubrir la apertura de la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Jerusalén. 

Casa Presidencial pagó pasajes aéreos, transporte y alimentación a los asignados de cada medio que cubrió el evento, según confirmó uno de los periodistas que viajó a Israel. El pasaje aéreo individual en vuelo comercial en clase económica cuesta alrededor de 46 mil lempiras (1900 dólares), por lo que en total habrían gastado un aproximado de 465 mil lempiras (19 mil dólares) solamente en vuelos, cantidad que en ese momento no coincidía con la información proporcionada por la Oficial de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial. 

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Ante las acusaciones de la Uferco, el Colegio de Periodistas de Honduras emitió un comunicado en el que aseguraban no tener información sobre la mención de los periodistas en el requerimiento fiscal y que, aunque apoyaban la lucha contra la corrupción, dudaban «de que se utiliza de forma perversa y siniestra para generar odio, levantar cortinas de humo, obtener ganancias pírricas en la política para colocar en el paredón de linchamiento público a algunos colegas.»

Lo cierto es que ninguno de los periodistas mencionados ha sido acusado penalmente hasta el momento y no hay claridad sobre el destino final de los fondos que recibieron. Además, el más beneficiado del fondo de publicidad de Casa Presidencial fue el motorista José Adolfo Sierra, quien cobró 102 cheques por un monto total de 42.5 millones de lempiras que, según la acusación del Ministerio Público, «fueron entregados a su patrona Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, o en todo caso, a las personas que está disponía.» 

Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, indicó que son 11 funcionarios públicos los acusados y que los delitos que se investigan ameritan órdenes de captura que hasta el momento no han sido emitidas por la Corte Suprema de Justicia. 

Los señalados son el Secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro Alexander Pineda Díaz; el gerente administrativo de Casa Presidencial, Harvis Edulfo Herrera Carballo, la contadora general de Casa Presidencial, Lesly Mirella Fúnez Sierra y el gerente administrativo de Casa Presidencial, Axel Eduardo Huete González. Los cuatro son acusados por violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude. También se señala a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Claudia Yamilia Noriega González y Normal Guillermo Noriega Rodríguez, por el delito de lavado de activos.

En el requerimiento también se encuentra el subjefe de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas, Mario Alberto Villanueva Menjívar, así como Gloria Margarita Vargas; Judit Mariel Muñoz Casteñada y Julio Antonio Galdámes Fuentes, señalados por el delito de encubrimiento agravado.

Según el MP, el motorista José Adolfo Sierra no tiene registros de haber utilizado la cantidad de dinero apuntada y no manejó cheques ni tarjetas de la cuenta de Servicios e Inversiones AID, lo cual explicaría porqué no hay requerimientos en su contra en los casos Corrupción sobre Ruedas y Hermes, aunque sí los hubo en el caso Pandora el cual terminó con un sobreseimiento definitivo.

El requerimiento fiscal del caso Hermes explica que estos actos solo fueron posibles por la confabulación entre «Carol Vanessa Alvarado, administradora de hecho de la empresa Servicios e Inversiones AID y una serie de personas y funcionarios públicos de Casa Presidencial» entre ellos, Pedro Díaz, secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, que ahora es considerado autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un delito de malversación de caudales públicos; 43 delitos de fraude y 53 delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública. 

implicados en el caso hermes honduras
Momento en el que comienzan a salir abogados de las defensas custodiados por el GRP cuando se tomó un receso de dos horas para poder almorzar. Tegucigalpa, 23 de julio de 2018. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

El papel de Servicios e Inversiones AID fue muy similar al de otros casos de corrupción anteriormente presentados. Por ejemplo, en el caso Corrupción sobre ruedas, según detalla la investigación, se retiraron 26 cheques del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola a nombre de Servicios e Inversiones AID, por más de cuatro millones de lempiras, más de dos millones provenientes del Comité de campaña del Partido Nacional,  667 mil de la fundación Todos Somos Honduras -involucrada en el Caso Pandora- así como de otras organizaciones no gubernamentales o personas particulares. 

Además, ese requerimiento señala que el Congreso Nacional emitió tres cheques a favor de la empresa de maletín por un total de 760 mil lempiras por «publicidad y propaganda institucional, transmisión de spot y cobertura de evento especial del Congreso Nacional» en 2013. Sin embargo, de acuerdo con el requerimiento, se debió hacer licitación pública porque el monto supera 470 mil lempiras, requisito para no tener que pasar por una licitación.  

Lo recibido de Casa Presidencial, 862 mil lempiras, fue por concepto de pago de alimentación, equivalente a 7500 sándwiches el 27 de enero de 2014, día de la primera toma de posesión de Juan Orlando Hernández. El valor de cada sandwich fue de 115 lempiras y fue Carol Vanessa Alvarado quien emitió la orden, operando como financiera de Casa Presidencial de manera interina pero sin haber presentado los requisitos para tomar posesión del cargo y mientras fungía como sub gerente de presupuesto de la SEDIS en donde pidió un permiso de licencia no remunerada que le fue concedido hasta el 28 de enero, un día después de la entrega de los sándwiches.

En el caso Corrupción sobre Ruedas se describe cómo Banadesa libró 26 cheques en favor de la empresa por un total de 4.6 millones de lempiras que responden al alquiler de 39 vehículos blindados para ser utilizados en la entrega del bono 10 mil. Sin embargo, la investigación demuestra que Servicios e Inversiones AID no poseía la logística y no contaba con los vehículos descritos en la operación. Parte de ese dinero fue utilizado para pagar parcialmente un vehículo Land Cruiser Prado para Hilda Hernández.

En el caso Hermes, parte de los fondos fueron desviados para el pago de boletos de avión. En una de esas ocasiones, Servicios e Inversiones AID utilizó el dinero que Casa Presidencial pagó en concepto de publicidad para comprar boletos aéreos hacia Hamburgo, Alemania, para Hilda Hernández y su esposo, el empresario Jean Francoise de Peirecave. El costo total del viaje fue de 456 mil lempiras. También fue favorecida con un cheque de 127,868 lempiras a la empresa Inversiones Santa Elvira S.A de CV que fue constituida en 2015 por Hilda Hernández y Miriam Vanessa Cruz, esposa de Juan Antonio Hernández, acusado por narcotráfico por los fiscales de la corte del Distrito Sur de Nueva York, quien además era gerente de esa empresa.

 

***

Según las investigaciones presentadas, el presidente Juan Orlando Hernández ha sido acompañado en el poder por una red de funcionarios públicos que desfalcaron al Estado en función de propiciar acciones asistencialistas, moldear el discurso mediático y obtener beneficios personales. 

Ahora Hernández enfrenta posibles sanciones por la evidencia de su participación en corrupción y narcotráfico a raíz de la solicitud de un grupo de senadores estadounidenses. Ante esto ha dicho que no habrá presidente que luche contra el narcotráfico como él lo ha hecho y que un nuevo presidente no podrá enfrentar el crimen si Estados Unidos sigue creyéndole a los narcotraficantes. Mientras se develan las redes de saqueo del Estado que han hecho posible la llegada al poder de Hernández y que lo han sostenido en él, el país entra a un nuevo proceso electoral que inicia con las elecciones primarias el 14 de marzo.

Descargue aquí los requerimientos fiscales de los tres casos, obtenidos vía Acceso a la Información Pública

 

-Caso Pandora

-Caso Corrupción sobre ruedas

-Caso Hermes

DIVERGENTES presenta un especial que hace una radiografía profunda del estado de la interrupción del embarazo en el istmo. Una serie de reportajes que retratan el drama de las mujeres y las barreras que enfrentan.“Es la realidad más retrógrada y más violenta hacia las mujeres que existe en el mundo”, alerta Ma. Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM. Un problema de salud pública que abre la puerta a la desigualdad y la muerte. 

 

Por DIVERGENTES

 

Las mujeres centroamericanas no solo enfrentan pobreza y desigualdad, males endémicos de la región, sino una violencia generalizada que lesiona sus cuerpos, incluso hasta la muerte. Una de las expresiones más claras de ello es la penalización del aborto terapeútico en la mayoría de los países del istmo, una situación jurídica y social que solapa en el fondo la violencia de género en varias de sus formas: abusos sexuales, relaciones forzadas, falta de acceso a servicios de planificación familiar y métodos anticonceptivos adecuados. 

Hablar de aborto o interrupción del embarazo en Centroamérica es un tema tabú debido a la animadversión creada por sectores religiosos y conservadores, cuyas posturas están más cerca del mito que de la evidencia científica. Estos discursos que se autodenominan “provida” han logrado doblarle el brazo al estado laico, y conseguido penalizar legalmente la interrupción del embarazo, sin importar el problema de salud pública que han impuesto. 

Los políticos, que no escuchan las demandas de las mujeres, y que sobre sus cuerpos negocian para sacar réditos políticos de una sociedad conservadora, han aprobado leyes que ponen a 3 de los países centroamericanos entre los 16 en el mundo, a la par de Irak, Congo y Egipto, que no contempla la interrupción del embarazo ni cuando la vida de la mujer está en peligro. 

Aunque hay avances como en el caso de Costa Rica con la reciente aprobación de una “norma técnica”, la interrupción del embarazo es todavía una gran deuda de Centroamérica con sus mujeres. Por eso este especial periodístico encabezado por DIVERGENTES busca en este Día Internacional de la Mujer retratar cuál es el estado de la penalización del aborto en la región. Entender cómo las mujeres están siendo afectadas, y cuáles son los retos que quedan para lograr una despenalización del aborto como lo recomiendan organismos internacionales de derechos humanos y de salud, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y como sucedió en Argentina a finales de 2020. Un tema urgente. 

Este esfuerzo es gracias a las periodistas Matilde Córdoba (Media Cuartilla, Nicaragua), Vienna Herrera (Contracorriente, Honduras) Jessica Avalos (Factum, El Salvador), Gladys Olmstead (NoFicción, Guatemala) y Ana Sofía Camarga (Con Colón, Panamá). En sus reportajes hay una radiografía profunda de lo que sucede en la región, sobre todo la voz de las mujeres víctimas.

 

En Nicaragua, Honduras y El Salvador las leyes penales imponen penas de prisión a las mujeres que consientan la interrupción de un embarazo bajo cualquier circunstancia y, desde 2009, en Honduras también se prohíbe y sanciona el acceso a la anticoncepción de emergencia. En el caso de Guatemala, Panamá y Costa Rica, su legislación permite de manera limitada el aborto cuando la continuación del embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer. Mientras que la legislación panameña permite también el aborto cuando el embarazo es producto de violación. 

 

Sin embargo, en la práctica las mujeres enfrentan barreras institucionales para acceder a este servicio de salud socialmente estigmatizado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es una de las primeras cinco causas de muerte materna a nivel mundial.

Ma. Antonieta Alcalde Castro es directora de Ipas CAM (Centroamérica y México), una de las pocas organizaciones que trabaja en la región para aumentar la capacidad de las mujeres para elegir sobre su sexualidad y su reproducción, incluyendo el aborto. Desde hace años le toman el pulso al istmo, y alerta que lo que sucede en Centroamérica en cuanto a la interrupción del embarazo “es verdaderamente muy radical”. 

“Es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta que existe en el mundo contra las mujeres ”, asegura Alcalde Castro, quien hace en esta entrevista un análisis regional. “Esta penalización total no disminuye la necesidad del aborto, pero sí genera problemas de justicia social. Las mujeres que están en la cárcel son todas pobres o de ascendencia indígena. La gran mayoría son mujeres muy jóvenes. Entonces las mujeres ricas, las mujeres más privilegiadas, no están en la cárcel porque pueden acceder a abortos seguros”, dimensiona. 

¿Cuál es el estado de Centroamérica frente a la interrupción legal del embarazo en comparación a otras regiones del mundo?

 

Desafortunadamente es la región del mundo que tiene el mayor número de países que criminalizan totalmente el aborto. Tenemos siete países en la región centroamericana, de los cuales tres penalizan el aborto en todas sus formas. Es algo verdaderamente muy radical en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Hay una gama en el reconocimiento de este derecho. Países que tienen políticas más progresistas en estos temas y que reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y su reproducción con el objetivo de eliminar la maternidad forzada, y asegurar que todos los embarazos sean deseados. Otros países que permiten y garantizan a las mujeres el acceso al aborto por decisión o por las condiciones que enfrentan. Y del otro lado de esa gama se encuentran países como Nicaragua, El Salvador y Honduras, donde se penaliza totalmente el aborto. 

Esta penalización total también crea un problema para los médicos que tienen que asegurar la salud de las mujeres. Es un dilema. Por ejemplo, en Nicaragua, donde hubo un caso de una mujer que enfrentaba un embarazo ectópico, es decir que se coloca fuera del útero. Naturalmente, en el resto del mundo, a estos embarazos se les practica una interrupción del embarazo, porque no prosperan; al momento que va creciendo el producto, revienta la trompa de falopio. En cambio en países como Nicaragua, los médicos tienen que esperar a que ocurra una emergencia obstétrica, es decir, esperar a que la mujer le reviente la trompa de falopio para poder intervenir. Y aún cuando tienen que intervenir, esperan a que no haya latido fetal. Esto pone en gravísimo riesgo a las mujeres. Los médicos quedan en una situación muy compleja. Entonces, la interrupción legal del embarazo en Centroamérica es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta hacia las mujeres que existe en el mundo.  

¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden la interrupción legal de los embarazos?

 

Una parte, sin duda, es la poca voluntad política que existe para para cambiar las legislaciones. Mientras las legislaciones no cambien, muy difícilmente las mujeres van a poder tener acceso a la interrupción del embarazo sin restricciones. A veces la legislación no es suficiente. Hemos visto que han habido países que han ampliado causales. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde el aborto es permitido cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres. Pero la ley se aprobó y pasaron diez años para que se creara el protocolo que operara la ley. La ley existía pero era letra muerta y apenas ahora, hasta este gobierno de Carlos Alvarado, el año pasado se aprobó la norma técnica. Entonces es la legislación, pero también que existan los protocolos, la capacitación a los médicos para que puedan practicar y dar seguimiento a estos servicios. Que haya misoprostol y mifepristona y todos los insumos médicos necesarios. Pero sobre todo, necesitamos combatir el estigma y la discriminación. Este estigma ha sido creado por los grupos anti derechos con la intención de penalizar legalmente, y también socialmente, a las mujeres que se atreven a querer ser dueñas de su sexualidad y de sus decisiones reproductivas. Sin duda en la región tenemos barreras en todos estos aspectos.  

De cierta manera lo dijo, Centroamérica es una región bastante marcada por la pobreza, pero también por la violencia de género como norma social. ¿Cómo afecta la calidad de vida física y emocional de las mujeres el hecho de no contar con una interrupción del embarazo seguro a su país?

 

Tocas dos elementos que son centrales para entender lo cruel que son las políticas que penalizan el aborto. Uno es la violencia de los grupos más conservadores, en esa visión simplista del aborto, dicen “Pues que no se embaracen. Si no quieren tener hijos, ¿para qué se embarazaron?”. Lo dicen haciendo caso omiso a una realidad tristemente permanente en nuestra región, donde hay miles de mujeres que cada día sufren violencia sexual. En Ipas hicimos un análisis a profundidad sobre el tema de violencia sexual e infancia, y tristemente mucha de esta de estas violaciones suceden en el seno de la familia. La gran mayoría de estas violaciones son perpetradas por alguien conocido de la víctima; es decir, el padrastro, el abuelo, el tío, el primo, el hermano o el sacerdote, el maestro. Entonces estas no son mujeres que decidieron embarazarse, estas son mujeres que son víctimas… Y el Estado y la sociedad deberíamos proteger a las víctimas de las sobrevivientes de violencia sexual. Pero en lugar de protegerlas, lo que hacemos es revictimizarlas con la carga de un embarazo y después la responsabilidad de un hijo o una hija, cuando ellas no decidieron. Esta visión simplista de los grupos conservadores es absurda. 

El segundo punto es la pobreza. Hablo de pobreza económica, pero también de pobreza educativa. Estos mismos grupos conservadores, que critican a las mujeres y que impulsan la maternidad forzada, son los mismos que están en contra del acceso a anticonceptivos y que los servicios públicos brinden anticonceptivos de manera gratuita. Están en contra de la educación sexual. Nosotras sabemos, y esto está probado, que penalizar el aborto no reduce la incidencia del aborto. La mujer que enfrenta un embarazo no planeado, no deseado, que es víctima de una de violación, y necesita interrumpir el embarazo, lo va a hacer de manera segura o insegura, legal o ilegal.  

Aquí el debate no es aborto sí o aborto no. Aquí el debate es sobre aborto seguro o aborto inseguro. La mujer decidida lo va a hacer con hierbas, con un gancho o de las maneras más inseguras pero disponibles, porque la penalización del aborto no reduce la necesidad del mismo. 

Lo que sí reduce la necesidad del aborto es el acceso amplio a métodos anticonceptivos y una educación integral en sexualidad que, además de dar información a las y los jóvenes, reduzca la violencia de género; que eduque a nuestros niños y a nuestros jóvenes para dejar de normalizar la violencia de género. Eso sí reduce la incidencia de aborto. Pero tristemente, los mismos grupos, las mismas voces que están en contra de despenalizar el aborto, son exactamente las mismas que también están en contra de lo único que lo puede reducir, que es el acceso a anticonceptivos y la educación sexual. 

En Centroamérica, con los índices de violencia que tenemos, que enfrentamos las mujeres todos los días y con los niveles de pobreza que vive la región, y que están siendo exacerbados por la pandemia de COVID-19, lo que vemos es más necesidad de programas de educación sexual integral, programas de salud sexual y reproductiva y de despenalización del aborto.  

¿Cuál sería el impacto en la vida de las mujeres centroamericanas si se logra tener interrupciones del embarazo legales? 

 

Cuando en Centroamérica logremos despenalizar el aborto, las mujeres podrán acceder a procedimietos seguros. Por supuesto que la despenalización del aborto tiene que venir acompañada de políticas de prevención, de planificación familiar y de educación sexual integral. Eso es muy importante. 

Ninguna mujer aborta por deporte. Ninguna organización está promoviendo el aborto en sí mismo. Lo que estamos promoviendo es que pueda ser seguro. Cuando se despenalice el aborto en Centroamérica, las mujeres tendrán la posibilidad de acceder a servicios de salud de calidad. Además, evitarán el sufrimiento y las consecuencias de estar enfrentando un embarazo no planeado o no deseado, y evitarán poner en riesgo su vida y su salud en procedimientos clandestinos. Muchas mujeres, cuando buscan el apoyo de algún médico en los lugares donde está penalizado, se vuelven víctimas de estos médicos que las extorsionan; en muchos casos abusan de ellas porque están totalmente desprotegidas. 

Lo que las mujeres en Centroamérica van a poder vivir es lo que vivimos las mujeres en Ciudad de México o ahora las mujeres en Argentina. Hubo esa absurda idea de que en cuanto se despenalizó en Argentina, las mujeres iban a embarazarse en olas y olas para poder ir a abortar. Y esto no pasa. La despenalización del aborto no incrementa el número de abortos, lo que sí incrementa son los abortos que son seguros. Lo que las mujeres en Centroamérica hoy no tienen y que podrían tener es eso, abortos y servicios seguros.

La otra cosa que las mujeres hoy en Centroamérica no tienen, y que tendrán una vez que se despenalice el aborto, es que serán menos víctimas de injusticias. Lo que ha pasado con la penalización total del aborto es que no solamente se castiga a aquellas mujeres que se han practicado un aborto sino también a quienes sufrieron una emergencia obstétrica. 

Hay dos casos como estos en El Salvador, que en este momento se están discutiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es el de Manuela. La audiencia es la próxima semana. Manuela es una mujer que es encarcelada por el crimen de aborto, cuando lo que ella tuvo fue una emergencia obstétrica. El Estado falla en su obligación de proteger a la mujer y de brindarle salud; lo que hace es meterla a la cárcel. Por supuesto, es una mujer pobre, una mujer indígena y sin recursos. Entonces, lo que vamos a ver en Centroamérica cuando logremos despenalizar es una reducción significativa en estos casos de injusticia, no solamente en el tema de aborto, sino el tema de emergencia obstétrica, como en el caso de Manuela y en el caso de Beatriz.

 

¿Cómo cambiar esta realidad para las mujeres cuando contra la interrupción del embarazo abundan argumentos contrarios, basados en la religión, mitos, tabú, y nada de evidencia científica? 

 

Tristemente Centroamérica sigue siendo una región oscurantista, donde las mujeres estamos en riesgo. Las mujeres sentimos temor desde la calle, pero también de los sistemas que no funcionan. ¿Cómo cambiar esto? El otro lado de la moneda que tiene Centroamérica es un movimiento social, un movimiento feminista y de mujeres sólido, vibrante… Centroamérica es una región que ha sufrido muchos problemas sociales, dictaduras, matanzas y desastres naturales. Es una región que ha sufrido mucho, pero muy resiliente.

Uno de los privilegios de trabajar en Centroamérica es que las centroamericanas, los centroamericanos están hechos de un material resiliente, fuerte. Lo que necesitamos es que las fuerzas políticas y sociales en Centroamérica puedan alejarse de esta visión religiosa. Los grupos religiosos sin duda juegan un papel importante, tanto la Iglesia Católica como el movimiento evangelista que ha cobrado mucha fuerza, entre otros muchos. Que podamos pugnar por un Estado laico, un Estado que genere políticas públicas y legislación desde una visión de atender a todos sus ciudadanos en un enfoque de derechos humanos, de justicia social y de equidad de género. 

Si podemos pugnar por Estados laicos, podremos avanzar mejor y empezar a trabajar el tema de mitos y estigmas alrededor alrededor del aborto. Al final de cuentas, el tema de aborto tiene que ver mucho más con esta idea de deconstruir el rol de las mujeres, no desde una visión tradicional que dicta que nosotras deberíamos ser siempre madres. Como si ese fuera tu único objetivo en la vida. Y entonces las mujeres que decidimos algo diferente, o las que deciden interrumpir un embarazo, son como contra natura. Pero cuando vemos hacia dónde va creciendo la sociedad, vemos que necesitamos romper estos mitos. Creo que en Centroamérica hay el material. Espero que la clase política empiece a ver esta cruel realidad para que la situación pueda cambiar.

Honduras es uno de los pocos países en el mundo que mantiene una prohibición total en la interrupción de un embarazo. Después de que el aborto se legalizara en Argentina, el Congreso Nacional hondureño modificó la constitución para sea más difícil su aprobación. En Honduras cualquier mujer puede ser criminalizada por aborto, la mayoría de los procesos judiciales fueron abiertos tras denuncias por parte de servidores de salud, algunas incluso en medio de una emergencia obstétrica. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografías: Martín Cálix

 

Gissela tenía 15 años cuando quedó embarazada de su novio de 23 años. A los dos meses, esta adolescente tuvo un aborto espontáneo.  Gissela no fue a revisión, tenía miedo porque la atención médica que recibió en una consulta previa había sido muy violenta. «No fui al día siguiente a hacerme un chequeo por miedo de tener otra vez ese maltrato médico que ya había recibido», dice. 

Gissela tenía razón en temer a los servicios de salud. El estudio Criminalización del aborto en Honduras que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar de 2006 a 2018, realizado por Somos Muchas y Optio Global, indica que en el 64 % de los casos, la denuncia fue interpuesta por las personas que laboran en el ente encargado de atender su emergencia obstétrica. 

«Muchos de los casos de mujeres judicializadas fueron emergencias obstétricas, o sea que cualquier mujer en Honduras puede ser criminalizada por aborto, eso es un peligro grave (…). Vimos casos en que incluso las médicas iban a testificar y hacían juicios de valor horribles contra las mujeres, hicimos un apartado del secreto profesional y por qué los médicos no están obligados a denunciar en estos casos porque viola la confianza médico-paciente», dice Ericka García, integrante de Somos Muchas. 

Gissela quedó embarazada luego de que su pareja le insistiera en tener relaciones sexuales, incluso aunque ella le explicó que tenía miedo y se sentía insegura: «Me trataba mal, me decía que no lo quería, llegó un punto en que terminó siendo un hostigamiento al punto del chantaje, me dijo que si yo estaba con él y no le daba lo que quería, se iba a ir de mi lado». Gissela dice que le creyó cuando él le dijo que las primeras veces era imposible quedar embarazada. 

Gissela cuenta que a raíz de su primera experiencia tuvo miedo, pero quería asegurarse de estar embarazada porque ni siquiera se había hecho una prueba de sangre y tuvo que mentir, pedir ayuda a una desconocida y llorarle a una enfermera. Al final le dijeron que no estaba embarazada y que esperara a que la menstruación llegara.

«Tres veces estuve con él y fueron unas experiencias horribles para mí porque sentía mucho morbo de su parte». dice Gissela, y también comenta que se hizo una prueba de embarazo que salió positiva en los baños de su escuela. Cuando le comentó a su novio él solo le puso una inyección anticonceptiva, aunque no sabía inyectar, le entregó píldoras anticonceptivas y le decía que tomara té de canela con la intención de que ella tuviera un aborto. 

Nada funcionó y cuando su mamá se dio cuenta la llevó a un hospital público. «Solo recuerdo que la doctora me dijo “al suave” que era una zorra y se siente feo que el médico que te tenga que ayudar lo único que haga es criticar», cuenta Gissela. 

Días después comenzó a tener dolores muy fuertes: «Me acosté por el dolor de espalda que sentía que yo no entendía que era una contracción. De la nada sentí que algo estaba saliendo de mi vagina, yo pensé que era un coágulo porque el día anterior creía que me había bajado el periodo y me pareció extraño porque eran unas manchas rojas gigantes y yo le pregunté a mi mamá, a mi tía y nadie me dio respuesta». Gissela estaba teniendo un aborto espontáneo. 



Gissela tuvo un aborto en el baño de su casa, la única respuesta que recibió de su familia fue que olvidara que eso había pasado. De su pareja en ese momento no supo nada. «Creo que siguió haciendo lo mismo de decirle a las personas con las que estaba de que no pasa nada. Él ahora tiene dos hijos y solo me pongo a pensar en esas muchachas que tal vez pasaron lo mismo que yo», añade Gissela. 

Una joven se tapa el rostro con el pañuelo verde como símbolo de protesta por las víctimas de violación en el país. Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

A prisión por una emergencia obstétrica 

 

Actualmente no hay mujeres presas por abortar, ya que las penas son de 3 a 6 años de prisión, lo que indica que pueden ser conmutables. El estudio jurídico señala que del 60 % de casos que tienen sentencia, 57 % tienen algún tipo de condena y 21 % de los casos en que existe condena contra las mujeres fue por procedimiento abreviado, es decir que se declararon culpables para obtener una pena menor. 

Gabriela Girón, abogada integrante de Somos Muchas y del Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH), acompaña casos judiciales de aborto desde 2019 y actualmente tiene seis, tres de ellos en etapa de juicio oral y público.  Girón cuenta que la decisión de apoyar a las mujeres surge tras ver que estaban teniendo una defensa legal ineficiente, entonces decidieron buscarlas, ya sea porque salieron en las noticias e iban al hospital o leyendo los libros de firmas de medidas cautelares donde se dejan datos personales.

 

Ese fue el caso de Ana López, una de las mujeres a las que Gabriela representa. En una entrevista con el medio Al Jazeera, Ana cuenta que tras buscar atención hospitalaria se dio cuenta de que estaba embarazada: «me dijeron que mi bebé tenía dos días que había muerto. Yo no sabía que sentir (…), cuando llegué al hospital tenía unas marcas en mi estómago y por eso me dijeron que tuve un aborto. Cuando me dieron de alta del hospital, la policía ya me estaba esperando», Ana asegura que a sus 24 años tener antecedentes criminales no le permite obtener un empleo estable o regresar a estudiar. 

 

Datos recopilados por Contracorriente indican que la Secretaría de Salud reportó 9380 abortos en 2019, de los cuales 194 fueron abortos incompletos con complicaciones como infecciones, embolias o hemorragia excesiva. El 48 % de los casos ocurrieron a mujeres entre los 20 y 29 años y un 18 % indica que fueron menores de edad, 84 eran niñas entre 10 y 14 años. 

 

La organización Ipas Centroamérica señala que entre 2009 y 2018, una población de 215,623 niñas menores de 18 años dieron a luz en el sistema público nacional, y solo en 2018, de esos partos, 843 correspondieron a niñas menores de 14 años. 

 

Datos del Ministerio Público recopilados por Contracorriente señalan que de 2014 a 2020 recibieron 23,636 denuncias por delitos contra la libertad sexual, 53 % ocurrieron en menores de edad entre 1 a 17 años.  Honduras mantiene desde 2009 la prohibición de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y esto ha impedido que exista un protocolo para atender sobrevivientes de una agresión sexual. 

 

Ericka García, añade que en Honduras cuando las mujeres quedan embarazadas por cualquier motivo que sea el Estado las violenta. «Es parte de la historia de vida de carencias que el mismo Estado les ha negado: quedan embarazadas, tienen un aborto espontáneo, inducido o una emergencia obstétrica y quienes tendrían que garantizarles la vida son quienes las denuncian. Entonces esa cadena de violaciones a derechos desde que son niñas no puede seguir pasando».

Las desigualdades económicas detrás de un aborto

 

El estudio de criminalización del aborto señala que las mujeres provienen una mitad de zonas rurales, y la otra de zonas urbanas. Sin embargo, estas últimas en su mayoría son migrantes rurales que trabajan en casas particulares o viven en las periferias de las ciudades. Además de esto, un 40 % eran empleadas domésticas. «No son mujeres ricas las que están enfrentando procesos penales», dice Ericka. 

Maritza tenía 21 años cuando decidió tener un aborto, en aquel momento sufría de condiciones médicas y sentía que aún no quería ser madre. Maritza dice que acudió donde muchos médicos en busca de que la ayudaran, pero todos le insinuaron que para abortar ocupaba mucho dinero y terminó con un tratamiento para no abortar porque tenía un embarazo de alto riesgo. 

Maritza dice que quedó embarazada cuando las pastillas anticonceptivas dejaron de funcionar, ningún médico le advirtió que los medicamentos que tomaba para los problemas del estómago, bilis y gastritis podrían afectar la efectividad del anticonceptivo. La decisión de su aborto la tomó junto a su pareja de ese entonces, quien le ayudó en todo el proceso, incluso en los gastos económicos. 

Ella asegura que un aborto en Honduras es muy caro para una gran mayoría que tiene poco acceso a recursos económicos pues antes hay que hacerse un ultrasonido, comprar las pastillas y luego realizar un legrado que puede andar entre 8000 y 15,000 lempiras en clínicas privadas (entre 320 y 600 dólares), «fue muy costoso, después me asusté mucho porque según yo ahí había acabado todo, pero con el aborto y las pastillas no fue suficiente. En el ultrasonido me salió que todavía tenía riesgos yo me asusté mucho porque dejé que pasaran varios días y creí que tenía una infección, así que me hicieron un legrado de emergencia».

Un estudio de Somos Muchas, indica que el 99.1 % de profesionales Gineco-Obstetras dijo haberse encontrado con abortos incompletos o complicaciones de los mismos, casi un 70 % señala que un aborto contribuiría a reducir la mortalidad materna. Los registros hospitalarios de muertes maternas proporcionados por la Secretaría de Salud indican que en Honduras el 5 % de todas esas muertes están asociadas a abortos inseguros, el 36 % de esas muertes maternas en Honduras ocurre en mujeres menores de 19 años. 

Para seguir una causa penal contra las mujeres, la abogada Girón asegura que utilizan dictámenes médicos que indican si encontraron medicamentos dentro de la vagina de la mujer: «Si da positivo dan por suficiente ese tipo de pruebas o si encuentran alguna lesión dentro o encima del vientre, ese es el dictamen más fuerte que utilizan, aunque esos golpes puedan ser del mismo proceso de dar a luz. Algunos de los casos están sustentados en dictámenes irresponsables porque no ofrecen de manera específica los estudios necesarios para determinar que esa mujer tuvo la intención de tener un aborto».

Un pañuelo verde se exhibe sobre un puente peatonal del bulevar Fuerzas Armadas de la capital hondureña. Tegucigalpa, 28 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

Ericka añade que «había pocas, pero eran sentencias muy buenas en las que se declaraba que no había una prueba científica que identificara que las pastillas encontradas en la vagina de la mujer hubieran provocado un aborto y al haber una duda razonable se declaraba sobreseimiento definitivo, eran debilidad de pruebas de parte de los fiscales que al final beneficiaron a las mujeres». 

Maritza tuvo que mentir para que nadie la juzgara por solicitar un legrado. Dijo que había tenido un aborto espontáneo, pero que no le habían hecho una limpieza completa: «no sé si chequeándome sabrían si era cierto o no. En ningún momento me dijeron que me podían denunciar. Siempre he escuchado las historias de otras mujeres de legrados en lugares públicos que son muy dolorosos, en esta clínica no fue así».

De acuerdo con el estudio de Optio Global y Somos Muchas, ninguno de los casos por aborto que fueron remitidos a los juzgados fueron denunciados por el sector privado. En los casos del sector público «no fue posible determinar con certeza si el personal hospitalario promueve la acción de denuncia contra las mujeres por políticas internas de su lugar de trabajo o por motivos culturales personales».

 El 50 % de los casos denunciados pertenecían al Hospital Escuela Universitario y al Materno infantil, ubicados en el mismo establecimiento en Tegucigalpa, mientras que un 35 % fueron en el Hospital Regional de Atlántida y en el Mario Catarino Rivas, ubicados en la zona norte del país. 

Ericka asegura que muchos ginecólogos y obstetras cuando tienen embarazos ectópicos, es decir que el óvulo fecundado crece fuera del útero, tienen que esperar a que explote la trompa para proceder y al mismo tiempo extirpar todo o parte del útero, lo que impide que esa mujer pueda tener un embarazo después.  

La Sociedad de ginecología y obstetricia se pronunció públicamente cuando a inicios de año hubo un intento del Congreso Nacional por convertir el aborto en un artículo petreo, mencionaban que deben considerarse la aprobación de finalización del embarazo por tres causales: «hacemos un llamado a respetar y escuchar las voces calificadas, que, con criterio científico y bioético, podemos contribuir en la reforma correcta y responsable de las leyes que involucran la salud de las mujeres hondureñas». Esa declaración no fue escuchada. 

Jóvenes feministas cantan consignas durante el plantón en los bajos del Congreso Nacional, que fue convocado por la plataforma Somos Muchas, en protesta del proyecto de ley presentado por el diputado nacionalista Mario Pérez. Tegucigalpa, 14 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

Un Congreso Nacional provida y de hombres

 

En Honduras apenas 28 puestos de 128 en el Congreso Nacional pertenecen a mujeres diputadas. En 2020 ese congreso no aprobó ninguna legislación en beneficio de las mujeres, ni siquiera cuando las denuncias por violencia doméstica se dispararon por la pandemia y organizaciones esperaban desde hace dos años la aprobación de una Ley de casas refugios para lograr que finalmente el Estado se hiciera responsable económicamente de las 10 casas refugio, ninguna de origen estatal, con un monto anual de 20 millones de lempiras. 

Dos semanas después de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el diputado hondureño Mario Perez, perteneciente al Partido Nacional, actualmente en el Gobierno, presentó un proyecto de ley que luego se denominó «escudo contra el aborto», con la intención de convertir los artículos constitucionales que penalizan el aborto, en artículos pétreos que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional.  

inalmente, la reforma quedó en que ahora se necesitan 3/4 partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) para poder modificar ese artículo, cuando antes se necesitaban solo 86 votos. Sin embargo, la posibilidad de que esto sucediera ya era muy difícil, en 2017 cuando se discutía un nuevo Código Penal se abrió la posibilidad de despenalizar el aborto por tres causales: violación sexual, inviabilidad del feto y riesgo de vida para la madre, solamente se lograron 9 votos a favor

En aquel entonces la diputada del partido Libertad y Refundación, Scherly Arriaga, fue de las únicas que planteó por qué debían considerar votar a favor: «la mayoría en este congreso son hombres y van a venir a decidir por las mujeres (…) estamos condenando a una mujer a que sea encarcelada no porque ella quiera tener un aborto, sino porque no puede ser viable un nacimiento. No podemos continuar en un Estado estático donde no hay cambios». La diputada no había terminado de hablar cuando el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le silenció el micrófono. 

Oliva es ahora precandidato a presidente por el Partido Nacional, cuando presentó su informe anual sobre los logros en la legislación nacional recalcó la aprobación de esta reforma como un orgullo: «vamos hacia un nuevo paradigma conocido como el transhumanismo universal donde la persona está expuesta a increíbles modificaciones genéticas apuntalado por la tecnología 5G, afectando el ADN humano incluyendo sus valores donde la eutanasia y el aborto serían prácticas permitidas y habituales», dijo Oliva.

La sesión del Congreso Nacional en la que se aprobó esta reforma, al igual que todas las sesiones, inició con una oración, estas sesiones se siguen realizando de manera virtual en Honduras. Para Ericka García la plataforma en la que se discuten las leyes actualmente no es transparente: «ni sabían quienes votaban ni se podía tener acceso a saber qué votos se daban, no había nadie viendo cuántos votos fueron y no es que pensemos que mucha gente votó en contra».

La realidad es que, aunque esta reforma obtuvo 28 votos en contra, los 5 de los 6 que votaron públicamente en oposición y tuvieron espacio de dar sus argumentos, aseguraron que no estaban a favor por considerar que se trataba de un distractor, pero que se consideraban provida y eso debía de quedar claro.  El diputado Lenin Rodas, del partido Unificación Democrática (UD) fue el único que se pronunció a favor de la interrupción del embarazo, dijo que lo hacía en nombre de su hija. Ese espacio de debate se abrió para escuchar a 20 hombres y apenas 9 mujeres. 

Mientras tanto, el médico Denis Castro Bobadilla, del partido Alianza Patriótica, aunque se proclamó provida, dijo que en un tema tan controversial se le debería consultar a la población a través de un referéndum: «hay que consultarte a las mujeres por las cosas que han pasado. Conozco casos de médicos, abogados, periodistas, militares que violaron a sus hijas (…). Estamos a favor de la vida, por supuesto, pero ninguna ley de Honduras va a poder impedir un aborto espontáneo o un embarazo ectópico». 

Mientras que la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez denunció que la socialización fue subjetiva y desigual: «a grupos a favor del proyecto se les llevó a un hotel, fue presencial, fue transmitida por todos los medios incluyendo al canal del Congreso Nacional y cuando se convocó a las organizaciones de mujeres ni siquiera el canal transmitió esa reunión», señaló. 

Durante el proceso de socialización de ese proyecto hubo una reunión donde se escuchó a los representantes de iglesias, así como al Comité Provida en Honduras: «No hay que lanzar a las mujeres a un “abortorio” para que quede sola con el fantasma de su hijo que la va a perseguir para siempre, esa es la experiencia que yo tengo en nuestro trabajo provida, esas mujeres lloran a escondidas siempre y las que no quieren que las otras hagan lo mismo», dijo Martha Lorena Casco, representante de provida Honduras, durante la socialización.

Casco fue diputada en el Congreso Nacional durante 2009, en abril de ese año intentó aprobar un decreto para prohibir la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) porque eran «un aborto farmacológico» y las tomaban «niñas de 12 a 16 años después de una noche de parranda».  Este decreto fue respaldado por un dictamen emitido por el presidente del Colegio Médico de ese entonces: Mario Noé Villafranca.

Un grupo de jóvenes feministas realizan el performance Un violador en tu camino en la Plaza Los Dolores del Casco Histórico de la capital hondureña. Tegucigalpa, 5 de diciembre de 2019. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

El presidente en aquel momento, Manuel Zelaya Rosales, vetó ese decreto argumentando que aprobarlo violentaba convenios internacionales. Sin embargo, durante el Gobierno de facto de Micheletti Baín, Mario Noé Villafranca fue nombrado ministro de salud y en su posición firmó un acuerdo ministerial emitido el 21 de octubre de 2009, en el que se prohibió la venta, el uso, consumo y distribución de los anticonceptivos de emergencia.

 

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Valentina Dubon Jerez, integrante de la juventud provida, felicitó a los diputados «por no ceder ante presión internacional. Tenemos una presión horrible porque somos de los únicos países que sigue defendiendo la vida y por eso les reitero: no tengan miedo». 

Aunque Honduras se considera un Estado constitucionalmente laico, tiene influencia directa de las iglesias en su toma de decisiones. En 2019 la investigación Transnacionales de la fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations y  el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que ganó el Premio Ortega y Gasset, reveló como la organización religiosa Capitol Ministries, patrocinada por líderes políticos en el Gobierno de Donald Trump, se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la población LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los migrantes. En Honduras el Congreso Nacional los recibió desde el primer momento.

A pesar de que en la socialización del proyecto de ley no se habló del matrimonio igualitario, en la discusión se decidió añadir las mismas características al artículo que lo prohíbe. La red lésbica Cattrachas presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre esa reforma, entre sus argumentos está que nunca se socializó.

Luis Redondo, del PINU, fue quien enfatizó en que debía quedar redactado en ese artículo también: «es más, si estuviera en mi decisión, compañeros diputados, yo no pediría que fueran 96 votos, si no la totalidad: los 128 diputados del Congreso Nacional. Eso es lo que yo siento y pienso. Si por esa razón vamos a ser criticados: por defender la vida, por defender la familia, no nos importa». 

Ericka dice que toda la reforma llegó de sorpresa a las organizaciones de mujeres «a veces llegamos a pensar que lo peor ya lo están haciendo y no imaginamos el nivel de perversidad en estos diputados y en esta gente antiderechos, es impresionante». Sin embargo, también señala que la lectura de por qué se dio de esa forma se trata «de un atropello a los derechos por cálculos políticos y es súper evidente, el Partido Nacional está dividido y aparentemente la intención de Mario Pérez es que, como los odian tanto, hay que hacer algo así porque aquí todo mundo es cristiano y al final van a decir “sí, son unos ladrones, corruptos, lo que quieran, pero miren como cuidan la vida de los no nacidos”». 

«Entiendo que los diputados tengan esa postura, nunca van a quedar embarazados. Ellos no corren con el miedo en sus huesos, en su carne, en su vientre de tener un embarazo no deseado. Debe generarse mucha conciencia, información para que pueda entenderlo», finaliza Maritza. 

Para la abogada Girón, el análisis sobre el aborto en Honduras es un tema de salud: «todas las mujeres y niñas, las personas que no se autodenominan así, pero tienen la capacidad de gestar, tienen el derecho humano de alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva y no tienen que ser juzgadas por ello. Tienen que poder ser libres, decidir, estar informadas de manera responsable y tener una vida sin violencia, una vida digna». Dice y recuerda también cómo las mujeres que representa frente a un Estado que las ha abandonado tanto les dicen que solo confían en su equipo de abogadas, las únicas que decidieron escucharlas y resistir a su lado.

*Los nombres de los testimonios de Gissela y Maritza fueron cambiados por protección a las fuentes. 

 

 

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES

 

Alexander López cumple 16 años como alcalde de El Progreso, Yoro; lleva cuatro períodos consecutivos y va por el quinto. Es el virtual ganador de las próximas elecciones municipales, se ha convertido en el caudillo de la ciudad y es aliado del candidato presidencial Yani Rosenthal.  López parece no tener contrincantes en su poderío local. 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías de Deiby Yánes

El 23 de enero de 2021 inició oficialmente la campaña electoral en Honduras. Exactamente un mes después, el 23 febrero, el alcalde progreseño, Alexander López mandó a limpiar la calle que conduce hacia la comunidad de río Chiquito para pasar sin problemas y entregar ayudas a los damnificados por Eta y Iota, un acto claro de clientelismo después de cuatro meses tras las tormentas que dejaron desastres en la ciudad rodeada por el río Ulúa. 

Alexander López no es un alcalde fácil de ubicar para una entrevista, sin embargo su presencia abarca todos los rincones de la ciudad, la publicidad visual y auditiva de las bondades del alcalde abunda en estos tiempos. 

Nohely Girón, Gerente de Desarrollo Social de la Alcaldía de El Progreso, dijo a Contracorriente que ese día, el 23 de febrero que nos encontramos al alcalde, se entregaron kits para 103 familias y que la Alcaldía estaba comprometida en regresar para ayudar a otras 403 familias. La ayuda consistía en entregar enseres de cocina y herramientas para limpiar el hogar, así como lámparas, mosquiteros y colchas. Además, se anunció que a algunas personas se les construiría un albergue temporal, después de cuatro meses desde que impactaron las tormentas.

Un tractor raspó la calle para que el carro del alcalde Alexander López no se quedara atollado en un callejón de la comunidad de río Chiquito. En ese lugar, se instaló una carpa de nylon, una mesa y varias sillas, una de esas fue ocupada por el jefe edilicio progreseño junto a representantes de Hábitat para Honduras, Consejo Noruego para Refugiados y la Fundación Camo.

La municipalidad indicó que la ayuda total estaba valorada en 15 millones de lempiras y que el mayor aportante era la Fundación Camo, cuya sede se encuentra en Santa Rosa de Copán y que es nueva en colaborar con El Progreso.

Doña Rosa Delia Lazo Turcios, habitante de un bordo en Río Chiquito, quien no logró conseguir asiento debajo de la carpa, le dijo a Contracorriente que no se encontraba en la lista para recibir ningún kit y que, desde noviembre que las inundaciones rebasaron sus techos, hasta esa fecha, nunca habían recibido ayuda de la municipalidad progreseña.

«No estamos en la lista. Nunca ha venido gente de la municipalidad a ayudarnos», dijo Rosa Turcios, quien poco después de sus palabras vio cómo llegaba en un automóvil el alcalde Alexánder López, saludaba moviendo las manos y daba su discurso, no sin antes presentar a los donantes.

Tras finalizar un acalorado discurso, Alexander López dijo a Contracorriente que es el alcalde que más desastres ha enfrentado en la historia. «Soy el primer alcalde en 128 años que tiene tres emergencias difíciles. Estamos en un proceso de reconstrucción, ya que se perdió el 100 % de la red secundaria y de la red terciaria, asimismo se perdió casi el 100 % de la red primaria. Ya hemos reconstruido el 100 % de la red primaria, el 85 % de la red secundaria y estamos en un 40 % en la red terciaria, que son los accesos hacia las montañas».

El alcalde asegura que El Progreso sufrió una pérdida de al menos 1500 millones de lempiras. «Vamos a invertir 200 millones de lempiras para el año 2021 en vivienda, salud, educación, infraestructura, reducción de vulnerabilidad, como complemento de la mesa de cooperantes. Tenemos veedores como Fonac, que nos acompaña para garantizar que las ayudas lleguen a los más necesitados», dijo mientras las personas de esa comunidad abandonada esperaban no quedarse con las manos vacías.

Empleados municipales miembros del programa municipal, Brazo Solidario, mientras llevaban kits de ayuda para afectados por Eta y Iota en la zona rural norte del municipio. 23 de febrero de 2021, El Progreso, Yoro, Foto, Deiby Yanes.

De la juventud nacionalista al liberalismo

 

Alexander López es un hombre popular en El Progreso, Yoro, una ciudad de un poco menos de medio millón de habitantes. En un barrio que sigue siendo muy vulnerable, el barrio Pénjamo, nació él, el tercero de seis hermanos en el seno de una familia modesta el 17 de abril de 1975. Su padre José Rigoberto López (Q.E.P.D) y su madre Lilian Simery Orellana, se dedicaban a la agricultura y venta de lotería. 

Su niñez y adolescencia la pasó como cualquier joven de la ciudad ribereña. Estudió en el Instituto Oficial Perla del Ulúa (IPU). Sus padres no tenían posibilidades económicas para proporcionarle educación privada, privilegio que muy pocas familias poseían en aquellos tiempos.

«Alexander era un muchacho activo, que andaba en bicicleta», dice a Contracorriente Araminta Pereira, una de las maestras que fundó el instituto Perla del Ulúa y quien actualmente es regidora de la Alcaldía progreseña por el Partido Libertad y Refundación (Libre). 

«Era un muchacho muy inteligente y dinámico», recuerda por su parte el empresario Jorge Larios, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso (CCIEP), quien fue maestro de Alexander López a principios de los años noventa, pero que ahora es uno de sus mayores críticos.

Su facilidad de palabras y su carisma con la gente le permitió insertarse rápidamente en el poder local de aquella época, en ese entonces controlado por Roberto Micheletti Baín, político con ascendencia italiana, que movía los hilos de todo lo que pasaba en el departamento de Yoro y que llegó a ser presidente del Legislativo (2006-2009) y presidente de facto del Ejecutivo, durante seis meses en 2009, tras el golpe de Estado en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).   

Micheletti, gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en el período 1997-2000, fue el padrino político de Alexander, su tutor y su aliado. Antes de convertirlo en alcalde, Micheletti le enseñó la política tradicional a Alexander López al ubicarlo como gerente regional de Hondutel.

Según cuentan a Contracorriente los políticos progreseños Araminta Pereira y Pompilio Tejeda, que han sido regidores en la Alcaldía de El Progreso, en los años noventa Alexander López era miembro del Partido Nacional, y no solo eso, sino que, según Tejeda, llegó a ser presidente de la juventud nacionalista.

«Él fue presidente de la juventud nacionalista. De ahí es donde sale él y don Roberto Micheletti lo agarra. Cerca del año 2000, 2003 y luego lo pone como gerente noroccidental de Hondutel y luego después lo lanza en el 2005 y lo convierte en alcalde de El Progreso hasta la actualidad», expresa Tejeda quien ahora es su contrincante dentro del Partido Liberal para estas elecciones primarias.

Alexander López inició como un hábil dirigente de patronatos que, aunque no estaba definido como seguidor del Partido Liberal, fue promocionado por Roberto Micheletti entre ocho candidatos que había en aquel entonces para ser alcaldes de El Progreso. 

El sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), recuerda que Alexander desde muy temprano se vinculó con las estructuras partidarias más conservadoras y aprovechó sus dotes de liderazgo para irse convirtiendo en el prototipo del político tradicional, con un discurso florido y una práctica demagógica en cuanto a la promesa y al acercarse con una manera paternalista a la gente más pobre.

«Él no perdió la relación directa con la gente, pero esta relación fue definiéndose cada vez más hasta consolidarse en una práctica populista y demagógica y en una práctica más bien paternalista. Y eso poco a poco lo fue llevando a tener y concentrar decisiones y poderes. Se rodeó de grupos de activistas y de aduladores que supieron actualizar de una manera formidable el rasgo de los caudillos, que son clásicos en la historia de la ciudad de El Progreso», expresó.

Los alcaldes en El Progreso, Yoro, en la mayoría de las ocasiones han surgido del Partido Liberal, a excepción del período en donde gobernó la alcaldesa Nelly Solimán (2002-2006), representante del Partido Nacional, quien tuvo una cuestionada participación al frente de la Alcaldía progreseña. Luego de la salida de Solimán y el desprestigio de los nacionalistas en la localidad, la situación fue aprovechada por un joven Alexander López, entonces consentido y protegido por Micheletti, quien, desde que sucedió en el cargo a su antecesora, en el año 2006, no ha soltado el poder.

La regidora Pereira revela que la condición económica de Alexander López mejoró «enormemente después de ser un joven con algunas limitaciones, pero hoy sabemos que se ha convertido prácticamente en un personaje con muchos recursos. Parece ser que seguir en la municipalidad le provoca mucho éxito a Alexander y esa debe ser la razón por la que seguramente sigue aspirando».

Alianza con Yani Rosenthal

El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexánder López, durante un evento de entrega de ayuda para personas afectadas por Eta y Iota. 23 de febrero de 2021, El Progreso, Yoro, Foto, Deiby Yanes.

En las calles de El Progreso se escuchan canciones y megáfonos que anuncian la alianza entre Alexander López y el aspirante presidencial liberal Yani Rosenthal Hidalgo, a quien el 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron por corrupción y lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas.

El 26 de julio de 2017, Yani Rosenthal se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York por realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre 2015.

A mediados de diciembre de 2017, la Embajada de EE. UU. en Honduras publicó en su cuenta de Twitter que Yani Rosenthal recibía una sentencia de 3 años de prisión y multa de 3 millones de dólares por su papel en un esquema multimillonario para lavar activos de narcotráfico del cartel de Los Cachiros.

Yani regresó a Honduras a finales de 2020 y prometió llegar a la presidencia. Su bandera de campaña descansa bajo la premisa de haber sufrido mucho en prisión por no haber podido asistir al funeral de su padre, el empresario de origen judío Jaime Rosenthal Oliva (Q.D.D.G). El aspirante presidencial también dice sentir empatía con los hondureños que perdieron sus bienes durante los huracanes Eta y Iota, pues él sufrió la confiscación de muchos de sus bienes por parte del Gobierno de Honduras.

Pero Alexander López, que actualmente goza de una adultez e independencia política, ya no necesita del buen visto de Roberto Micheletti —quien lo apadrinó políticamente en sus inicios—, para hacer alianzas. «Es un fiel representante del poder local, el más tradicional y conservador concentrado en unas cuantas familias que tienen intereses económicos empresariales», explica a Contracorriente el sacerdote jesuita Ismael Moreno.

«Yani es parte de una familia que dio miles de empleos con Jaime Rosenthal y la experticia de él es la que nos ha motivado porque conoce de generación de empleo y de promoción a la inversión», agregó.

El jefe edilicio cree que el país no debería tener más de 2 millones de desempleados, por lo que, a su criterio, es urgente que esté en la Presidencia alguien que conozca cómo promover la inversión para generar el empleo.

«Hemos hablado con Yani Rosenthal de que necesitamos bajar los impuestos de las cargas impositivas de la empresa privada en el país, para que el inversor pueda tener mayor confianza y solidez y así fortalecer la inversión en el país», establece López.

Agrega que él y su grupo de abogados hicieron una  revisión para analizar qué Yani no haya incurrido en responsabilidades con el tema de narcotráfico. «En temas de lavado de activos y en temas de narcotráfico, Yani Rosenthal no tiene acusaciones en la Corte de Nueva York y vuelvo y repito, se sopesó la experiencia que él tiene en la promoción para la generación de empleo», explicó.

Los escándalos que rodean al caudillo progreseño

Vista del palacio municipal de El Progreso, Yoro. 14 de abril de 2020, El Progreso, Yoro, Foto, Deiby Yanes.

El 28 de enero de 2017, el empresario Juan Bendeck, dueño y gerente general del canal de televisión Teleprogreso, hizo una publicación personal en la cuenta oficial de su medio  para denunciar y responsabilizar al alcalde Alexander López por cualquier situación que le pudiera suceder a él, a su familia o sus empleados. «Yo Juan Antonio Bendeck… responsabilizo de manera pública al señor Alexander López actual alcalde de esta ciudad por cualquier incidente o situación que le puede ocurrir o afectar a mis empleados, a nuestras empresas, a mi familia y a mi persona, tanto en la ciudad de El Progreso como en el resto de nuestro país«».

Según una publicación de  Diario Tiempo, la discordia entre López y Bendeck posiblemente tuvo su origen en las posturas encontradas por la instalación de una caseta de peaje en El Progreso, Yoro. En febrero de 2016,  Alexander López había pedido a Juan Orlando Hernández detener la instalación de los peajes debido a que habían 450,000 progreseños que se oponían. Mientras tanto, en octubre de ese mismo año, Roberto Ordoñez, entonces titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), se reunió con Víctor Ramos, presidente de la Cámara de Comercio de El Progreso y con el empresario Juan Bendeck, para discutir el cobro del peaje en carretera que conduce a San Pedro Sula. Las estructuras del peaje progreseño fueron quemadas y derribadas durante intensas protestas e indignación ciudadana tras el fraude electoral registrado el 2017, que terminó con Juan Orlando Hernández imponiéndose como presidente.

Pero lo que pocos medios han denunciado es que la comuna progreseña ha estado bajo investigación desde 2016. En ese año la Fiscalía contra la corrupción abrió un expediente tras una denuncia sobre el manejo y recolección de los desechos sólidos en El Progreso. Según un comunicado del Ministerio Público, los primeros documentos decomisados revelaron que la municipalidad de El Progreso, suscribió un primer contrato con el grupo MC por un monto de 32 millones de lempiras y un segundo por un valor de 88 millones de lempiras. Para agosto de 2011, el grupo MC tenía como presidente ejecutivo a Aldo Micheletti, hijo de Roberto Micheletti.

«Ninguno de los contratos fue sometido a los procesos de licitación que establece la Ley de Contratación del Estado, ya que los mismos fueron otorgados de manera directa a la empresa MC», informó el Ministerio Público.

En agosto de 2016, la Atic intervino 13 departamentos de la Alcaldía progreseña. Una de las denuncias fue presentada por el abogado Apolonio Ortiz, apoderado de un grupo de vecinos del barrio Las Delicias, de El Progreso, este detalló que el alcalde progreseño había incurrido en el delito de abuso de autoridad contra un grupo de ciudadanos de los barrios Las Delicias y Cabañas al obligarlos a pagar un pavimento que en realidad había sido donado. La denuncia establecía que los ciudadanos estaban siendo demandados por la Corporación en los tribunales progreseños por no pagar el pavimento. El profesional del derecho pidió investigar al alcalde por la utilización de testaferros en la compra de algunas propiedades, según recogió el sitio La Prensa.

En julio de 2019, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública, (FETCCOP) intervino la municipalidad de El Progreso, Yoro, para decomisar documentos y verificar denuncias de los supuestos actos de corrupción que investigan desde 2016.

El Ministerio Público indicó que la municipalidad recibió del Gobierno central un total de 8,460,000 lempiras destinados a la compra y distribución de alimentos para familias más pobres, pero se detectó precios sobrevalorados, abuso de autoridad y politización de la entrega de las bolsas solidarias en las comunidades. En el marco de la declaratoria de emergencia por la pandemia, la alcaldía presidida por Alexander López adjudicó un contrato de compra de 7 millones de lempiras a Inversiones y Suministros Bonilla Alberto para el suministro de 16 productos que comprenden la «bolsa solidaria».

Ni el alcalde de El Progreso ni los servidores municipales que lo acompañan han aclarado este último acto de corrupción que les imputan. Antes de ejecutar el proyecto, el alcalde progreseño Alexander López dijo que en El Progreso había casi 110,000 familias en lista, pero que «de esas, únicamente se les va a entregar a 16,920 familias, significa que más del 85 % va a quedar sin dársele».

Economía y control político

Alexander López no tiene en su discurso logros de generación de empleos, pero sí promesas. Afirma que desde hace tres años se lanzó el proyecto Por qué Invertir en El Progreso, el cual le presentó a Yani para que lo incluya en su plan de gobierno. 

«Se bajó prácticamente el 98 % del costo de permisos de operación y de construcción. Se amplió el uso de suelo del municipio, ¿qué significa eso?, que hay mayor oportunidad donde la empresa privada se puede establecer», nos dijo. 

Pero la metodología para generar empleo de Alexander parece no funcionar. José Zúniga, titular de la Secretaría del Trabajo en El Progreso, reconoció que a inicios de la década de 1990 la industria maquiladora generaba al menos 7000 puestos de trabajo en El Progreso, pero para el año 2019 el número se había reducido a 3000. 

La Asociación Hondureña de Maquiladores, que cuenta con más de 300 empresas afiliadas en todo el territorio nacional, informó que tras los huracanes y las suspensiones por la pandemia, este 2021 se están generando unos 173,000 empleos en la zona del Valle de Sula. Se informó que 106 de estas maquilas están ubicadas en San Pedro Sula; 86 en Choloma y 43 en Villanueva. 

Según informó la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva, en el año 2019 —debido al crecimiento industrial— Villanueva pasó a ser fuente de empleo para obreros de otros municipios de la zona norte del país.  Se estima que Villanueva genera más de 30,000 empleos, según una publicación de La Prensa.

«El Municipio de El Progreso no está en el nivel de otras ciudades como Choloma y Villanueva», lamenta Larios, quien cree que los altos impuestos tienen de cabeza a la ciudad. «A diario están saliendo no menos de 15,000 progreseños a trabajar a Villanueva, Choloma y San Pedro Sula, incluso a Lima, tanto en el casco urbano y zonas rurales. Estos otros municipios tienen mayor desarrollo», agregó.

Pero a pesar de que El Progreso tiene niveles alarmantes de desempleo y estancamiento económico, la ciudad posee uno de los presupuestos más altos del país. Jorge Larios recuerda que en El Progreso el exalcalde Virgilio Padilla dejó el presupuesto municipal en 48 millones de lempiras. Nelly Solimán lo dejó en 60 millones de lempiras en el 2006, «pero desde el 2006, Alexander lo ha incrementado en más de 600 millones».

En entrevista con Contracorriente, el Gerente General de la Alcaldía progreseña, Roberto Zelaya, dijo que, por tercer año consecutivo, la corporación por unanimidad mantiene el mismo presupuesto: «En este caso estamos hablando de 639 millones de lempiras, pero hay una peculiaridad que para el 2021, la mayor cantidad del recurso se está destinando para restablecer las condiciones sociales de nuestro municipio».

Contracorriente comparó el presupuesto de El Progreso del año 2017 con los presupuestos de otras municipalidades publicados por el Tribunal Superior de Cuentas de ese mismo año. 

El Progreso llegó a duplicar o quintuplicar presupuestos de ciudades como La Lima, 189 millones; Santa Cruz de Yojoa, 90 millones; la ciudad de Yoro, 58 millones y a San Manuel, 41 millones. El presupuesto de la comuna progreseña incluso era más alto que ciudades turísticas como Roatán, que para el 2017 tenía 300 millones, Santa Rosa de Copán, 132 millones; Comayagua, 185 millones; Trujillo, 60 millones; Choluteca, 235 millones y Tela que había aprobado un presupuesto de 320 millones.

El presupuesto progreseño solamente era superado el año 2017 por las alcaldías de San Pedro Sula que tenía un presupuesto de 3,698,000,000; el Distrito Central con 4,879,000,000  y Puerto Cortés con 632 millones. Los datos del presupuesto de la ciudad de La Ceiba no aparecieron en el informe del TSC, por lo que no se incluyó en la comparación.

La regidora progreseña Araminta Pereira le explicó a Contracorriente que, a pesar de ser esta una ciudad con alto desempleo, los ingresos con que se nutre ese presupuesto sale de los impuestos que paga el pueblo progreseño.

La falta de empleos está obligando a miles de progreseños a huir de Honduras. El ciudadano Walter Cabrera, de 19 años, habitante de la colonia Corocol de esta ciudad, iba en la última caravana de migrantes —integrada por al menos 9,000 hondureños— que salió el 15 de enero de 2021 y que fue duramente reprimida y detenida en el país vecino Guatemala. «Los policías de Guatemala nos dijeron que regresamos por las buenas o regresábamos por las malas. Así que decidí subirme a un bus y regresar a Honduras, pero no sé qué voy a hacer porque no encuentro trabajo en ningún lado», explica este retornado ya en la ciudad que lo expulsó. 

Según el Sistema Integral de Atención del Migrante Retornado (Siamir), un total de 307,573 hondureños fueron deportados en los últimos cinco años, principalmente de Estados Unidos. La mayoría de ellos argumentó haber salido por razones económicas, familiares. El informe detalló que de los retornados 251,005 eran adultos y 56,568 niños sin compañía de personas mayores. El 2020 en cambio el número de personas deportadas disminuyó a causa de la pandemia de la COVID-19, con un total de 34,286, frente a las 98,094 de 2019. El Progreso, Yoro, se ubica entre las principales ciudades expulsoras de población debido a la falta de empleo en la ciudad. 

Al ser consultado por la deuda municipal en El Progreso, el gerente Roberto Zelaya expresó que esta solo existe a nivel de proveedores. «Estaríamos hablando que no llega ni al 1 % del presupuesto. Nosotros tenemos una salud financiera envidiable», pero al insistirle de cuánto es esa deuda, baja el tono y dice: «En el último reporte hablamos de una deuda con proveedores a un plazo de dos o tres meses que sobrepasa los 25 millones y 30 millones de lempiras».

Zelaya le expuso a Contracorriente que por ley la Alcaldía progreseña está obligada a invertir por cada lempira de ingresos corrientes, 60 centavos de lempira en infraestructura, obras físicas y obras sociales. «Estaríamos obligados de acuerdo con nuestro presupuesto a invertir alrededor de 250 millones a 300 millones de lempiras», dice Zelaya. 

Pero además de no tener oportunidades creadas, la ciudad puede ser además costosa para vivir. Alexander López, por su parte, le manifestó a Contracorriente que ellos han sido facilitadores en función de que las tasas vayan hacia la baja. «Teniendo nuestro plan de arbitrios en mano y en comparación de 3, 4 y 5 planes de arbitrios de cualquier otra municipalidad del país, podemos revisar ítem por ítem, y podemos garantizar que en mayor porcentaje las más bajas las tiene el municipio de El Progreso».

Pero las declaraciones de este servidor municipal contrastan con las posturas del expresidente de la Cámara de Comercio de El Progreso, Jorge Larios, quien considera que El Progreso tiene la tasa vial municipal más alta de Honduras. 

«Yo creía que las tasas viales de San Pedro Sula y Tegucigalpa eran más altas, pero no, es más alta la de El Progreso. Porque en San Pedro Sula tienen un proyecto del Siglo XXI y en Tegucigalpa tienen otros para infraestructura vial. Pero aquí tenemos tasa vial altísima y sin proyectos. Las motocicletas que antes pagaban 75 lempiras, hoy pagan más de 400 lempiras de tasa vial. Los vehículos que pagaban 100 lempiras hoy pagan 600. Un incremento de 500 % en el 2018. Ese dinero no va para la infraestructura de la ciudad. La ciudad está destrozada en su infraestructura», expresa Larios.

El expresidente de la Cámara de Comercio de El Progreso manifiesta que Alexander López tiene «controlados a la mayoría de medios de comunicación y a una red de reporteros de la ciudad, salvo algunas excepciones». Muy poco se hace eco de las denuncias como también de las carencias del municipio, o el contraste entre los gastos de la municipalidad como la construcción del nuevo edificio con los recursos cortos en obras sociales, es suficientemente conocido. 

Larios asegura que en una ocasión confrontó al alcalde Alexander por la subida de impuestos, recibiendo una respuesta negativa. «No, me dijo él, a mí no me interesa quedar bien con los empresarios. Eso es lo que menos me interesa. Él me dijo que necesitaba 30,000 votos para ganar y que los tenía. Así se expresó delante de todo el mundo», nos dijo.

El sacerdote Jesuita Ismael Moreno expone que esta es una ciudad que no logra abrirse paso en el marco de la infraestructura y de la respuesta a las necesidades de empleo y estabilidad. Es evidente, dice, que el río Pelo, representa, en lugar de ser una gran ventaja, por estar a la orilla de una montaña como la de Mico Quemado, una amenaza, sin embargo nunca ha habido una decisión para que las aguas del río Pelo puedan generar energía o poder generar más capacidad de atención, con el líquido para la población.

«Nunca ha habido una política de protección a la montaña de Mico Quemado, de modo que lo que se puede ver es un deterioro. De otra manera no hay políticas ambientales para cuidar las montañas, los ríos y su infraestructura. Es una ciudad que nunca tomó en serio las propuestas hacia el Gobierno Central de cara a dar protección a los barrios que están en las orillas del río Ulúa. Hay una exposición de centenares de familias a las amenazas que representan los tiempos de lluvia, porque aquí nunca se planteó una reubicación seria de las familias ni tampoco para una protección seria del cauce del río Ulúa», plantea el religioso.

«Esta municipalidad no ha construido ninguna escuela ni ningún mercado. Las obras más grandes de la ciudad son las lagunas de oxidación que fueron de 60 millones y fueron gracias a una donación. Y después se logró hacer un palacio municipal de 40 millones de lempiras», dice por su parte Jorge Larios.

 

Las alianzas de Alexander López

El ciudadano y activista Carlos Hall dice que históricamente el Progreso Yoro ha sido una ciudad liberal, desde las elecciones de noviembre de 1981 hasta las elecciones de 2017, solamente en una oportunidad el Partido Nacional ha logrado la alcaldía. Y se debió, de acuerdo a historiadores, a una división interna del Partido Liberal que provocó que una facción del liberalismo le negara el voto al candidato del Partido Liberal que iba a la alcaldía y se lo dio a la candidata del Partido Nacional, Nelly Margot Solimán.

«No es lo mismo venir desde la llanura que asaltarlo desde el mismo poder. Este es el caso de El Progreso, en el cual el alcalde Alexander López cumple su cuarto período. Increíblemente sigue conservando el beneplácito a la hora de las votaciones», explica Hall.

Jorge Larios cree que Alexander tiene controladas todas las organizaciones de la ciudad. «Las tiene penetradas. Desde la Cámara de Comercio, Club de Leones, patronatos, tiene todo el control. Él ha metido a su gente en todos esos lugares y por otro lado los patrocina. Los impuestos que pagamos nosotros los ocupa, trabaja como Robin Hood, lo que producimos nosotros lo reparte a las iglesias, juntas de agua, patronatos. No le importa que la ciudad se desarrolle, para él es lo de menos. Que no haya trabajo en la ciudad. Eso es algo que él tiene a su favor, que la ciudad se esté empobreciendo más», explicó. 

Para el sacerdote jesuita Moreno, Alexander nació de una tradición caudillista que se alimentó, se desarrolló y se hizo un adulto como político, y una vez que obtuvo poder lo ha desarrollado para sus propios beneficios y para sacar ventaja de él. «De manera que hoy ha alcanzado la capacidad para competir en liderazgos con cualquier otro caudillo, por lo tanto, él ya tiene desarrolladas todas las capacidades y ahora compite, incluso con mucho éxito, con la capacidad para establecer alianzas por su propia cuenta. Después de haber sido un niño obediente y no beligerante frente al caudillismo, pasó a ser un adulto que toma sus decisiones y ofrece ayudas, establece relaciones, a cambio de obediencias y a cambio también de adulaciones».

Moreno establece que Alexander tiene diversas relaciones que le permiten tener alianzas puntuales o alianzas coyunturales. «No sé si las alianzas estratégicas con sectores del Partido Liberal, vinculadas con los Rosenthal y otros grupos de poder, son alianzas no solo políticas sino económicas, financieras y luego también con otros sectores que no necesariamente tienen que ser liberales, porque muchas veces cuando se tiene el poder los ensamblajes del poder, de relaciones y de vínculos están traslapados».

«Puede ser que tenga el poder político liberal o de un sector del Partido Liberal, pero no necesariamente las relaciones se quedan ahí, sino que se traslapan con algunas corrientes del Partido Nacional, en este caso, hay unas lealtades coyunturales y puntuales con sectores del Partido Nacional que vinculan con el anillo más cercano a Juan Orlando Hernández», revela el director de Radio Progreso.

 

Los adversarios políticos

Valla publicitaria de la corriente de Luis Zelaya que lleva como pre-candidato a alcalde de El Progreso, a Pilo Tejeda.

El Progreso cuenta con 12 precandidatos a alcaldes, incluyendo al propio Alexander López que sabe que ninguno de sus competidores puede hacerle sombra. El diputado liberal Pompilio Tejeda y el abogado Melvin Bonilla, hablaron con Contracorriente sobre sus propuestas.

Las propuestas son creación de fuentes de empleo. He hablado con Mario Canahuati —representante de las empresas maquiladoras de Honduras— para reactivar las maquilas en El Progreso. Él me dice que podemos hacerlo, pero que ahora El Progreso es una ciudad muy cara. El acceso a las calles está malo. Es una de las propuestas. La minería en esta parte no debe de estar. Se debería producir energía con los ríos que están inundando a El Progreso. Hay que dragar el río Ulúa. Se necesita transformar una ciudad que ha estado en el abandono. El ciclo de Alexander López ya se cumplió».

Tejeda cuenta que recorre el municipio diciéndole a la gente que él es «dignidad contra dinero. Porque el dinero lo manejan ellos (Alexander López y su gente), tienen el dinero y tienen el control. Dinero que en ocasiones no se sabe de dónde viene».

Los patronatos, dice Tejeda, «no tienen el valor de enfrentarse a los alcaldes. Los cabildos abiertos son manipulados. La gente que va a los cabildos abiertos, son la que ellos mismos llevan para que digan sí a todo y aprueben todo. Es cambiar todo eso. Que el pueblo tome el poder. Que llegue a ser pueblo».

El abogado Merlin Bonilla, que busca la alcaldía de El Progreso por el movimiento Frente de Resistencia Popular (FRP) del partido Libertad y Refundación (Libre), dice a Contracorriente que Alexander López ha concentrado el poder en un grupo reducido y no ha desarrollado la ciudad.

Bonilla propone incentivar el capital semilla para el pequeño emprendedor, capacitación para la economía informal, gestionar una universidad pública y presencial con todas las carreras.

«Es una situación que enfrentamos. Tenemos nuestra estrategia. Visitar y proponer cara a cara. Hablar con el campesino, con el profesional, le explicamos que no competimos con dinero, sino a través del pueblo, para adecentar esa administración municipal», cuenta Bonilla.

Según Araminta Pereira, en El Progreso Alexander López está tomando decisiones y haciendo alianzas incluso con grupos externos, que se vio evidente tras cederle parte del terreno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en El Progreso para que se construyera una base de la Fuerza Elite de la Policía Nacional (Tigres), ligada al Comando Sur de Estados Unidos. De hecho, para la inauguración de esta nueva fuerza, el 11 de abril de 2018, estuvo presente el entonces secretario adjunto principal Richard Glenn, junto a representantes de la embajada de Estados Unidos, entre ellas la encargada de Negocios, Heide Fulton, acompañados del presidente Juan Orlando Hernández. Estaban ahí para inaugurar la sede.

Para Ismael Moreno, la influencia de Roberto Micheletti es una influencia decadente, que ya no tiene el poder de antes, es una persona que supo acumular lealtades a lo largo de décadas. Pero que ya no tiene un poder que se advierta con visión de futuro sino un poder más bien estancado y estático. «Él vive de las glorias del pasado, pero difícilmente va a construir nuevas glorias para el futuro».

Por su parte, Hall establece que «Roberto ha pedido poder, cualquier cantidad significativamente, pero que también la familia Rosenthal también ha perdido mucho poder. De lo contrario las decisiones que tomó la Corte para confiscar sus bienes no se hubieran efectuado. Los dos han perdido poder».

Alexander López, en una ciudad que lo que más necesita es empleo, tiene como bandera de campaña la atracción de inversión junto a su aliado Yani Rosenthal. Para eso, asegura que la clave es reducir los impuestos. «Pasaremos 20 años sin aumento de tasas», promete.

Mientras Alexander López se postula como virtual ganador nuevamente de la alcaldía de El Progreso, en tanto que hace alianzas y extiende sus tentáculos políticos, miles de ciudadanos progreseños se ven obligados a migrar a otro país o a otras ciudades en busca de los empleos que se le han negado desde las administraciones locales y desde la Administración Pública Central, ahora más que en años anteriores tras los desastres que dejaron las tormentas y el río por el que se bautizó a la ciudad como La Perla del Ulúa. 



La Secretaría de Defensa se niega a dar información de los costos del tratamiento que el presidente Juan Orlando Hernández presuntamente recibió después de su ingreso al Hospital Militar el 17 de junio de 2020. Esto se da después de que información oficial obtenida por Contracorriente indica que no había un resultado positivo por COVID-19 al momento de que se anunció su infección.

 

Texto y fotografía: Fernando Silva

 

Ante la información oficial que indica que el presidente Juan Orlando Hernández no tenía una prueba positiva de COVID-19 en su fecha de ingreso al Hospital Militar, este medio solicitó información sobre el costo que había requerido el tratamiento que presuntamente recibió. Sin embargo, la Secretaría de Defensa denegó la solicitud y justificó que no podían dar la información en cumplimiento del «acuerdo al art. 3 Literal 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace referencia a los datos personales confidenciales como ser los relativos al estado de salud, físicos o mentales, el patrimonio personal o familiar y cualquier otro relativo al honor, la intimidad personal, familiar o la propia imagen».

Dicho argumento fue utilizado por la Secretaría de Salud en la solicitud de información que realizó Contracorriente en junio de 2020 para poder acceder a los resultados de las pruebas del presidente y que cinco meses después resultó en el dictamen USL-356-2020 que provocó la emisión de la resolución del pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el que se ordenaba «la entrega de forma inmediata y en el formato que se encuentre disponible la información solicitada», especificando que se determinó como consentimiento las declaraciones públicas realizadas por Hernández.

Los antecedentes de este nuevo caso de ocultamiento de información se remontan al miércoles 17 de junio, cuando el presidente hondureño ingresó al Hospital Militar después de anunciar que, junto con su esposa, Ana García Carías, recibieron el diagnóstico positivo por COVID-19 en pruebas de laboratorio. Según un comunicado de la oficina del despacho presidencial la prueba positiva era una PCR. En ese sentido el doctor Francis Contreras, vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), mencionó que el ingreso se hizo como precaución ante el resultado de los exámenes que supuestamente detectaron «infiltrados leves en sus pulmones».

El presidente pasó 16 días en el Hospital Militar, un centro de atención médico que recibe el 6 % del salario de los afiliados —miembros activos y retirados de las FF. AA., policía civil y empleados del Instituto de Previsión Militar— y fondos públicos a través de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

Desde la fecha del anuncio de la prueba positiva y la hospitalización hubo escepticismo principalmente expresado por los opositores del Gobierno, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo que manifestó en una entrevista radial que todo era parte de un circo y que incluso ese anuncio podría ser un plan del mandatario para fingir su propia muerte. En ese momento el diario estadounidense Los Angeles Times escribió en su página web que «no hay evidencia de que Hernández esté inventando su enfermedad o planeando fingir su propia muerte. Pero el hecho de que tales teorías hayan ganado tanta fuerza subraya cuán profundamente dividida se encuentra esta pequeña nación centroamericana, y cuánta legitimidad ha perdido Hernández».

Mientras se mantuvo en hospitalización, Hernández participó en un conversatorio virtual con productores agrícolas y sancionó una reforma a la Ley de Auxilio al Sector Productivo que declaraba una prórroga en la declaración tributaria de pequeños empresarios. Hernández se ausentó de sus labores de manera presencial al estar hospitalizado, sin embargo, no delegó sus funciones a un designado presidencial, en medio de una emergencia sanitaria.

Finalmente, el 2 de julio Hernández recibió el alta hospitalaria y dijo en conferencia de prensa al salir del Hospital Militar: «hemos superado una prueba más que la vida y Dios nos han dado, estoy feliz por este momento», y cerró afirmando que «de la mano de Dios, ¿quién dijo miedo?». Ese día se reportaron 49 muertes a causa del virus a nivel nacional.

Las contradicciones del gobierno sobre los resultados de la prueba

 

«Yo por tirármela de médico decidí pensar que mis síntomas eran de dengue y esperé tres días, llegué tarde al hospital y porque Dios es grande estoy hablándoles aquí», dijo Hernández en conferencia de prensa el pasado jueves tras la vacunación de la enfermera Soraya Ortega, primera inmunizada contra la COVID-19 en Honduras.

«Ahorita que los estaban inyectando, recordaba las seis inyecciones diarias que me ponían alrededor del ombligo y salí todo lleno de moretones, pero fue porque llegué tarde y la primera PCR me salió negativa hasta que un médico me dijo que me hiciera una placa de los pulmones y allí estaba la prueba», agregó Hernandez. Esta es la primera vez que el presidente admite haber tenido un resultado negativo en la primera prueba que se realizó. Sin embargo, sigue sin esclarecer el motivo por el que anunció que la prueba era positiva en primera instancia.

Según el documento entregado por la Secretaría de Salud, Hernández se realizó la prueba Reacción en Cadena de Polimerasa-Transcripción Inversa (RT-PCR)  para la detección del virus en dos ocasiones, la primera el 15 de junio tomada en el Hospital Militar y resultó negativa. A esta prueba es a la que se habría referido el presidente en sus declaraciones del 16 de junio, donde afirmó que «durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy se me ha diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19».  

La segunda prueba realizada por el Hospital Militar y procesada por el Laboratorio Nacional de Virología, según el informe, se hizo el 19 de junio, cuatro días después del resultado que había dado negativo, mientras Hernández permanecía hospitalizado. Esta sí obtuvo un resultado positivo.

Ante la información oficial obtenida por Contracorriente, la directora del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro, manifestó en el noticiero TN5 estelar que no hay incongruencias en los resultados de las pruebas realizadas al presidente porque es normal que una persona salga negativa en una prueba PCR y positiva en la siguiente, pero no explicó por qué el presidente anunció tener el virus el 16 de junio sin una prueba positiva.

«El 15 de junio probablemente su carga viral no estaba detectable según la técnica que tenemos en Honduras, luego se sigue sintiendo mal, no sé qué día ingresó al Hospital Militar y el 19 le toman una muestra donde resultó positivo. Entonces allí su carga viral ya era detectable, yo lo que no entiendo es porque dicen que hay incongruencias en eso», aseguró.

En un caso similar, Yani Rosenthal, precandidato presidencial y exconvicto en Estados Unidos, anunció el pasado 7 de febrero que uno de sus colaboradores había resultado positivo por COVID-19 por lo que haría cuarentena a pesar de tener un resultado negativo en RT-PCR y esperaría los resultados de una segunda prueba.

Para entender las razones por las que el presidente anunció un resultado positivo sin realmente tenerlo, Contracorriente solicitó una respuesta oficial del presidente a través de la Secretaría de Comunicación y Estrategia, sin embargo, Luis Suazo, ministro de dicha institución dijo que enviaría información de conocimiento público en la que el presidente dijo haber resultado negativo en la primera prueba de laboratorio. Dicha información nunca fue remitida a este medio y contradice los comunicados emitidos por diversas instancias de gobierno en el tiempo del anuncio.

En ese caso, el 18 de junio de 2020 el neumólogo Tito Alvarado declaró ante los rumores de que el presidente no tenía un resultado positivo que «fue una prueba rápida que le hicieron antes de ingresar al Hospital Militar, entre sábado y domingo, y cuando solo tenía unos cuatro días de haber iniciado su problema». Sin embargo, esta versión también contradice la información oficial del documento entregado por la Secretaría de Salud que confirma que fue una RT-PCR la que se le realizó al presidente.

Siguiendo las instancias de transparencia en el Gobierno, Contracorriente solicitó en varias ocasiones una entrevista con la recién nombrada ministra de la Secretaría de Transparencia, María Andrea Matamoros, sin embargo, aunque se programó una entrevista para el pasado 19 de enero, fue el encargado de comunicaciones de dicha secretaría, Yerry Carbajal, quien se encargó de cancelar y prometer una nueva fecha que nunca se concretó a pesar de las llamadas insistentes de este medio.

Otra de las dudas que surgían ante el documento brindado por la Secretaría de Salud era que ambas pruebas tenían el mismo código de muestra, ante esto el doctor Gilberto Nodarse del Laboratorio Nacional de Virología aseguró que todo era parte del anterior procedimiento de etiquetado en el que a cada persona le asignaban un mismo código sin importar la cantidad de muestras que ingresara al laboratorio, esto cambió con el tiempo debido a diversas confusiones y ahora se asigna un código diferente a cada muestra procesada sin importar que sea el mismo individuo.

Los privilegios del presidente

Alejandra, de la ciudad de Tegucigalpa cuenta que en el periodo de más de 20 días en los que su esposo ha estado ingresado en el Hospital del Tórax, un centro asistencial público que se especializa en enfermedades cardiopulmonares, ha gastado un aproximado de 30,000 lempiras (1200 dólares) en el tratamiento que incluye medicamentos y otros exámenes que aunque el hospital es público no están incluidos en la atención.

Cuenta que ellos son afortunados porque además su esposo ha trabajado por mucho tiempo en el sector de las organizaciones no gubernamentales que promueven reformas en el sistema sanitario y que en particular él ha luchado por la no privatización de la salud en Honduras por lo que ese trabajo les permitió tener contactos para encontrar un cupo disponible en el hospital.

«Una persona que no tiene contactos, a lo que puede aspirar es a que lo traten de estabilizar en un centro de triaje, que lo regresen a su casa y que luego usted vea si puede aguantar», asegura Alejandra. En ese contexto el tratamiento del presidente sin duda tuvo mayores privilegios que los que reciben a diario los ingresados por COVID-19 en los diversos centros asistenciales del país.

Según una fuente protegida al interior del Hospital Militar, Hernández fue atendido por un médico externo a ese centro asistencial contando solo con el apoyo del personal sanitario interno para tareas de monitoreo y seguimiento del tratamiento indicado. Además, información publicada por Radio Progreso indica que en abril del año pasado el Hospital Militar hizo la compra de cuatro ventiladores mecánicos pulmonares por un costo de 7.2 millones de lempiras a Imlab Farmacetica S. de RL.

Contracorriente seguirá el proceso estipulado por el Instituto de Acceso a la Información Pública ante el ocultamiento de la información por parte de la Secretaría de Defensa que indica el envío de un recurso de revisión para el análisis del caso y la posterior entrega de la información.

Las elecciones primarias del 2021 están a la vuelta de la esquina, pero todavía hay desacuerdos entre los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). El país, desde el golpe de Estado de 2009, vive en una eterna crisis política.

 

Texto: Allan Bu

Fotografías de Martín Cálix

A menos de un mes de las elecciones primarias reina la incertidumbre en la jungla electoral de Honduras. No hay reformas electorales y no hay acuerdos. No hay intereses comunes ni de país, priman los partidarios. El proceso interno del 14 de marzo, en el que participarán tres de los catorce partidos constituidos en el país, está salpicado de incertidumbre.

En 2017, tras las elecciones marcadas por un fraude electoral en las que Juan Orlando Hernández se reeligió inconstitucionalmente, la oposición, sociedad civil y organismos internacionales exigieron aprobar reformas electorales, la mayoría de estas contempladas en una nueva ley electoral, porque la vigente está desde 2004. Con esa ley vamos a elecciones primarias internas en las que los partidos Liberal (PL), Nacional (PN) y Libertad y Refundación (Libre) elegirán a sus candidatos en medio de polémicas, escándalos, intereses creados y desacuerdos. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) entregó en 2018 un informe  en el que recomendaba, entre otras cosas, la creación de dos organismos electorales

Esta petición fue atendida, pero ha servido de muy poco. Se crearon el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TSJ) y se modificó la ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) en aras de propiciar un escenario de tranquilidad y transparencia en las elecciones. Hasta ahora el CNE y el nuevo RNP han fracasado.  

La creación de estos organismos ha demostrado que poco importa el nombre si no se cambian las prácticas. En 1956, se creó el Tribunal Nacional de Elecciones, los representantes eran puestos por los partidos. Luego este organismo fue bautizado como Consejo Nacional de Elecciones y en 2004 se creó el Tribunal Supremo Electoral. Nunca este órgano vital para conseguir elecciones limpias ha sido eminentemente técnico, en lugar de eso siempre ha respondido a intereses de los partidos políticos.

La OEA también recomendó dar un giro a la conformación de las mesas electorales, regular las figuras del custodio electoral, revisar el sistema de trasmisión de resultados, incluir en la ley la verificación de resultados, regular la inscripción de partidos políticos y fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas. 

Por su parte, la Misión de Observación de la Unión Europea también realizó una serie de recomendaciones, principalmente orientadas a la actualización del censo electoral, fiscalización del financiamiento electoral e implementar reformas en la ley. 

Para el abogado y reconocido militante del PN, Raúl Pineda Alvarado, la actual ley electoral contiene un  arsenal de deficiencias que la hacen «arqueológica» respecto a la nueva realidad de la política hondureña. «En el orden jurídico, la ley electoral del 2004 tiene enormes deficiencias y por eso desde el 2011, hubo un compromiso no cumplido para hacer una nueva ley», sostiene Pineda.

El asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Rafael Jérez, manifestó que el momento que vive la democracia de Honduras se puede englobar en una palabra: incertidumbre. «Los expertos en la materia dicen que si hay algo que se debe garantizar cuando se celebran elecciones es certeza  y es precisamente lo que no tenemos», dice. 

Para el proceso interno, en el que participarán tres de los catorce partidos constituidos, el CNE ha sido deficiente en procurar transparencia. Uno de los grandes fallos estuvo en la contratación de un sistema seguro y confiable para la trasmisión de resultados, pues en la licitación participaron oferentes que no cumplen los requisitos. Ahí nace, el primer punto de desacuerdo por el que los consejeros protagonizaron una discusión que se volvió viral.

El pleno del Consejo Nacional Electoral durante la inscripción de los movimientos internos de los distintos partidos políticos para la campaña electoral que culminará el próximo 14 de marzo. Tegucigalpa, 3 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

Rixi Moncada, consejera propuesta por el partido Libre, propuso un conteo con la creación de comisiones municipales que se encarguen de contar los votos y ungir al ganador de cada partido. Sostiene que esto dará transparencia a un proceso que hasta ahora camina en la oscuridad. 

«Transparencia y descentralización total en los 298 Municipios y 18 cabeceras departamentales. Donde cada pueblo legalmente verifique, cuente votos, actas y custodie sus resultados. Desmontemos el fraude. ¿Por qué el PN se opone?», escribió Moncada en la red social Twitter. 

Del otro lado, Kelvin Aguirre, colocado en el CNE por el Partido Nacional, manifestó que lo propuesto por su compañera de consejo es ilegal: «La transparencia electoral se construye respetando la ley, tomando decisiones con base en el diálogo y las discusiones propias de un órgano colegiado, no es tratando de imponer posturas radicales. A veinticuatro días para las elecciones primarias, la democracia no se puede detener».  

La determinación quedó a voluntad de la consejera presidenta Ana Paola Hall, propuesta por el PL y quien a una semana crucial previo a las elecciones se ausentó por incapacidad. La semana se diluyó en una guerra mediática entre los partidos mayoritarios. Ante la ausencia de Hall, la presidencia recayó en Rixi Moncada, ella rehusó a dirimir el tema del escrutinio sin la consejera incapacitada. 

Hall desde las redes sociales afirmó que, por el bien del país, tiene mucho tiempo de estar mediando entre las posiciones completamente opuestas del PN y Libre. La incapacidad médica de la representante del partido Liberal dejó espacio al consejero suplente Flavio Nájera del partido Democracia Cristiana (DC). Por esta razón, la consejera Moncada como presidenta interina no quiso someter a votación el asunto del escrutinio pues la  DC se ha plegado históricamente a los intereses del partido Nacional. 

La abogada Hall retomó sus funciones el domingo 21 de febrero. Luego de una sesión que duró trece minutos, dejó a sus seguidores el siguiente tuit: «Conteo con actas municipales y departamentales se analizó como una opción ilustrativa y referencial, que no excluye conteo definitivo y oficial de todas las actas a cargo del CNE. Procuramos conciliar. La confianza se logra con consensos no con intransigencias de posturas opuestas». 

Moncada también afirmó después de la reunión que la consejera presidenta había ratificado la legalidad de los conteos por municipio y departamento. Así que se propuso que con el apoyo del CNE: «cada partido decida si se hace o no conteos».  

El génesis de este problema se encuentra en la incapacidad de contratar una empresa competente para la transmisión de resultados. Las ofertas no llenaron los requisitos y, en consecuencia, los consejeros tuvieron que declarar el proceso desierto.

El doctor Augusto Aguilar, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, no observa este inconveniente como grave aunque destaca que lo negativo es que la información tardará un poco más. «Eso afecta en tiempo, pero no en la calidad de una elección. Es más legal porque la información es en base a la tenencia física del acta de cierre», afirmó. Aguilar sostiene que pese a que el CNE y consejeros están en el ojo del huracán, el mayor problema es que la ley con las reformas no se aprobó en el momento idóneo.

Otro de los puntos de discordia en la previa de la jornada electoral está en las credenciales que acreditan a los miembros de la Mesa Electoral Receptora (MER). El extremo nacionalista pretende que estos documentos sean entregados en blanco, como se ha hecho tradicionalmente, mientras que Libre exige que cada credencial lleve el nombre del representante de cada movimiento en la mesa. 

«No es problema del CNE. Hay un proyecto, que fue elaborado por seis personas entre las cuales estaba su servidor, en el que contemplamos que ya no habrá credenciales si no que cada partido político o movimiento enviará el listado de sus miembros de mesa y ese listado irá en los cuadernillos o en una hoja especial de la maleta electoral», nos explicó el doctor Aguilar. 

Agregó que todas las disputas respecto a las credenciales se debe a que los partidos y, en el proceso primario, los movimientos internos, se disputan el control de las MER, por una razón bien conocida. «Todo el debate electoral con base a la ley del 2004 es quién controla las mesas porque ahí es donde se gestan los fraudes», señaló. 

¿Qué pasa en las MER?

 

Desde las elecciones en el 2001, cuando Ricardo Maduro fue ungido como presidente de la República, Eduardo ha sido miembro de mesas electorales en representación del PN en Sensenti, Ocotepeque.  

En su perspectiva ha presenciado muchos cambios en la estructura de las mesas, pero todos han sido encaminados a favorecer a los partidos mayoritarios, que solo eran dos, antes de las elecciones de 2013, cuando Juan Orlando Hernández ganó las elecciones a Xiomara Castro, postulada por Libre en su primera participación.

Eduardo participó como miembro de MER en el 2001, 2005, 2009, 2013 y 2017. En todas, con más o menos protagonistas, la historia se ha repetido en el negocio de las credenciales. «La dirigencia de los partidos pequeños siempre se terciaba a uno u otro partido. Recuerdo que la DC siempre las otorgaba al PL y Pinu al PN», nos cuenta.

No niega que siempre hubo «mano peluda» en la asignación de credenciales y que una de las formas en las cuales los partidos tradicionales usaban, las que recibían de los emergentes era para colocar en las mesas a gente que no aparecía en los listados, de esta forma podían votar sin estar en el cuaderno electoral. 

«Ya cuando surgieron otros partidos como la UD, el Partido Anticorrupción, Alianza Patriótica… la historia ha sido la misma, se inclinaron a uno u otro partido mayoritario y siempre recibiendo un beneficio económico», nos explica. 

El analista Rául Pineda Alvarado señaló que la democracia es un ejercicio que orbita alrededor de las mayorías, pero que en las MER deben estar, idealmente, personas que no tengan sesgo político: «pero si vamos a ser realistas de eso hay poco, entonces que al menos esté representada la mayoría». También sostiene en clara alusión a que en las mesas receptoras solo deben estar representados los partidos mayoritarios. «Hay unos partidos que ni el nombre se conoce y que le van entregar las credenciales al partido que se las compre», acusó Pineda. 

Esas credenciales de los partidos emergentes en poder de los partidos mayoritarios convierten las mesas en un campo de batalla. Los representantes de ambos lados son bien requeridos para defender sus colores. «Las instrucciones iban orientadas a tratar de anular la mayor cantidad de votos posibles del partido contrario, de modo que pareciera legal y no se dieran cuenta», recuerda por su parte Eduardo.

Las MER son el escenario de muchas cosas inesperadas. Eduardo cuenta que en las elecciones de 2013, el miembro encargado de sellar las papeletas lo hacía con tanta fuerza y no se fijaron que el movimiento dejaba una marca en las papeletas justo en los espacios para votar. Cuando llegó el momento del escrutinio en la mayoría de votos aparecían dos marcas: la del elector y la otra involuntaria del sello. «En el primer momento coincidimos todos en la mesa que había que anularlos porque tenían dos marcas, pero después nos dimos cuenta que lo que estaba al otro lado era la esquina del sello».

Pero hay algo más que contar, quizá las marcas no eran accidentales… «esas son estrategias que usan los partidos para tratar de anular votos y esa vez lo hicimos, pero no sirvió de nada porque el ganador fue otro», recuerda. 

En una MER, nos dice Eduardo, todo mundo intenta llevar agua a su molino, anular votos contrarios y proteger los suyos. A veces hay palabras soeces y hasta amenazas por la anulación de un voto: «pero habitualmente el proceso sigue».

El papel de los partidos pequeños

 

Villanueva es el territorio donde el doctor Walter Perdomo ha ganado tres elecciones e intenta quedarse por un período más. Ahí el profesor Carlos Licona ha trabajado en la capacitación de miembros de mesa para el partido Libre. 

Relata que en las elecciones anteriores, partidos pequeños hicieron negociaciones con las credenciales y, el día de los comicios, aparecieron en la mesa representantes de un mismo partido, aunque su identificación decía otra cosa. En una votación al interior de la mesa, ya sea para anular un voto o validar uno dudoso, eso es determinante. «Ahí está el meollo del asunto», dice Licona. 

Hay momentos cuando las discusiones elevan los ánimos en las MER y puede que algún miembro abandone su puesto. En otras ocasiones, cuando las tendencias arrojan un ganador, los representantes del perdedor se marchan. Quienes quedan llenan a su antojo. «En mi colonia, las elecciones generales de 2017, para presidente votaron en una mesa 350 personas, para alcalde 350, pero para diputados 1160», recordó. 

Una joven lenca muestra un sticker del candidato a diputado por el departamento de Intibucá, Reynieri Aguilar, durante un evento de campaña en la comunidad lenca de Semane. Yamaránguila, Intibucá, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Licona dice que el manoseo político se manifiesta cuando partidos como el Pac, Pinu, DC, Alianza Patriótica, entre otros, tienen representantes, pero en el escrutinio no sacan ningún voto: «Eso es lo que se pelea, quién controla la mesa».

Para el doctor Augusto Aguilar, la conformación de las mesas es «uno de los núcleos patológicos que tiene nuestro sistema electoral, la integración de la mesa electoral con credenciales en blanco, ese problema debe solucionarse y así está planteado en la nueva ley electoral». 

Un poco en contraposición con lo anterior, el analista y exdiputado Pineda Alvarado piensa que lo importante no es la ley, sino la gente. Él considera que en el CNE, los consejeros no se han dado cuenta que ellos representan al país y a ellos mismos: «Mantienen una misión sectaria, lo que implica que hayamos retrocedido décadas cuando había un representante por cada partido. Este tipo de cosas es un problema cultural con el que nada puede hacer la ley. Bajo este esquema el partido Nacional en una mesa de catorce miembros, tendría por lo menos el control de ocho o nueve representantes y esto no  sería equitativo ni justo», agregó Pineda Alvarado. 

Una crisis sin olvidar

 

Las elecciones del 27 de noviembre de 2017 abrieron heridas que aún no se cierran en el contexto político hondureño. Ese día, por primera vez, de forma inconstitucional, un presidente se reeligió pese a la prohibición expresa en la Constitución. 

Durante las votaciones hubo cierta tranquilidad, hasta que llegó el momento del escrutinio. El desaparecido Tribunal Supremo Electoral, jefeado por el nacionalista David Matamoros Batson, se había comprometido a realizar la primera divulgación de resultado a las 7:30 p. m. de ese domingo, pero la misma llegó hasta la 1:30 a. m. del lunes. 

En ese primer corte con un 57 % de las mesas escrutadas, el candidato «outsider» Salvador Nasralla, ganaba con un 45.17 % de votos, por 40.21 % para Hernández.

En los días siguientes, entre polémicas, conteo de votos, apagones en el sistema de trasmisión de resultados, Nasralla perdió su ventaja poco a poco, hasta que Hernández aventajó por un punto porcentual y fue declarado ganador. 

Vinieron protestas. Saqueos y represión de los órganos de seguridad contra hondureños que reclamaban por el respeto de su voluntad. Decenas de movilizaciones fueron protagonizadas por miles de personas en quince departamentos del país. Un informe de Naciones Unidas contempla que en las marchas murieron veintidós civiles y un policía. Las jornadas de protestas estuvieron manchadas por innumerables violaciones a los derechos humanos. 

Una mujer ondea la bandera del Partido Nacional de Honduras al finalizar un evento político en la Plaza Los Dolores del Casco Histórico de la capital hondureña. Tegucigalpa, 23 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Esta crisis orilló a que en 2018, la OEA realizara una serie de recomendaciones en las que se contemplaban la creación de dos organismos electorales, que terminaron siendo el CNE y el TSJ, además de la modificación de la estructura del Registro Nacional de las Personas.   

 

Se proponía, además, la llamada Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los partidos políticos y candidatos y unidad de fiscalización que hasta el momento no ha tenido resultados relevantes. De acuerdo a German Espinal, comisionado de la Unidad de Política Limpia, en declaraciones que recoge diario El País, solo dos mil de los seis mil candidatos obligados han presentado sus cuentas de ingresos y egresos. 

La OEA también sugiere un cambio en la integración de las MER. La recomendación era que los integrantes fuesen de los tres partidos mayormente votados más dos miembros de la sociedad civil o partido minoritarios. El organismo internacional dejó a discreción de los políticos hondureños el debate temas torales como la segunda vuelta en las elecciones y la cuestionada reelección presidencial.

Lo anterior no es la primera mediación que un ente internacional hace en Honduras. Antes de las elecciones de 2013, que ganó Juan Orlando Hernández, los candidatos presidenciales firmaron un acuerdo facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se observaban compromisos para  alcanzar un proceso electoral limpio, sin agresiones y respeto de los resultados.

Para analistas como Raúl Pineda Alvarado, también hay otros puntos que deben ser modificados en el marco legal de las elecciones, por ejemplo el pago de la deuda pública a partidos políticos pues asegura que «no se les paga por votos obtenidos, sino por un porcentaje que no puede ser menor al 15 % de la masa electoral del más votado, es una forma disimulada de sobornar o comprar si usted quiere a la participación política».

El asesor jurídico de la ASJ, Rafael Jerez, consideró primordial que antes del proceso primario ya estuviera la nueva ley, que debía contener todas las normas que ahora están provocando una discusión: «Como no tenemos un nuevo marco legal todos quieren lo que a su juicio les favorece y quieren que su representante en el CNE lo haga realidad, ahí no hay imperio de la ley sino que hay una discrecionalidad partidaria». 

¿A quién favorece este entuerto? 

 

Desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, asestado el 28 de junio de 2009, Honduras vive una inestabilidad política extendida por una élite gobernante que, para mantener sus privilegios y negocios, ha desmantelado el que ya era un endeble Estado de derecho. 

En los últimos once años, los hondureños nos hemos mantenido inmersos en un permanente síndrome de inestabilidad, que en este año electoral se ha visto agudizado por la pandemia de la COVID-19, que sumaba al 26 de febrero 168,242 contagios y 4100 muertes según cifras oficiales. Además, en noviembre de 2020, Honduras fue sometido a la furia de los fenómenos tropicales Eta y Iota, que dejaron a su paso destrucción y muerte.

Lo más sano para el país es que se escogieran con transparencia y tranquilidad sus nuevas autoridades, entonces ¿ A quién le conviene este caos?

«Esta elección tiene algo diferente a las anteriores», nos dice Raúl Pineda Alvarado, haciendo una retrospectiva el abogado nos dice que desde 1982, luego de entregar la banda el 27 de enero, todos los presidentes han salido para su casa: «pero este presidente, quien ha concentrado mucho poder, tiene problemas legales que lo ponen en precario y bajo el riesgo de ir a rendir cuentas en una corte a Estados Unidos», nos dice. 

Añade que la amenaza que sufre el presidente Hernández desde el exterior lo pone en el deseo de continuar en el poder. A su juicio, este es el factor que más ha distorsionado el proceso. «Por primera vez un presidente podría no irse muy tranquilamente a su finca o a su casa, corre riesgo de enfrentar tribunales en Honduras o Estados Unidos», advierte el exparlamentario nacionalista. 

El abogado Pineda Alvarado se refiere a los serios señalamientos que se han realizado al mandatario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en diversos juicios que se han ventilado contra hondureños, incluido su hermano, «Tony» Hernández.

En la última amenaza, un grupo de ocho senadores demócratas introdujo al Senado estadounidense una moción  que pretende contrarrestar la «alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo a los más altos niveles del Gobierno hondureño», afirmó el senador Jeff Merkley de Oregón, uno de los proponentes. 

Las sanciones que podría recibir el mandatario hondureño van desde la cancelación de su visa hasta la persecución penal y bloqueo de capitales. «Si no se hace que el presidente Hernández, funcionarios nacionales y miembros de la policía y el ejército, rindan cuentas por estos delitos, se alimentará la pobreza y la violencia generalizadas, y se obligará a más familias a huir de sus comunidades en busca de seguridad», sentenció el senador Merkley en un comunicado. 

Para Rafael Jerez de la ASJ, pensar que este enredo electoral favorece solamente al presidente, es quedarse muy corto en el análisis. «Le favorece a las élites políticas y económicas que se benefician de que las cosas continúen así, más allá que a la mayoría de la población le genera desempleo e inseguridad». Añadió que «individualizarlo (el análisis) en una persona o en el presidente sería un error, evidentemente hay cuotas de responsabilidad, pero también hay cuotas de beneficios». 

Oswaldo Ramos Soto, actual diputado por el departamento de Francisco Morazán y precandidato por el movimiento Unidad y Esperanza que encabeza Nasry Asfura, actual alcalde del Distrito Central y precandidato a la presidencia. Tegucigalpa, 23 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

El escenario para Honduras no es alentador. Si las primarias amenazan con convertirse en una jungla es difícil esperar algo diferente en las generales de noviembre.

Para ese entonces otros asuntos tomarán protagonismo. Así lo analiza, el expresidente del TSE, Augusto Aguilar, quien considera que al no aprobarse la segunda vuelta en el país se puede crear una crisis en las elecciones generales. «Es una necesidad que tiene Honduras porque ya no hay solo dos partidos», explicó. 

Defiende su teoría diciendo que en el país no se puede seguir eligiendo presidentes con un 30 % de la aprobación del electorado. «Ahora hay cuatro o cinco partidos entre los cuales se distribuye una buena cantidad de votantes», sentenció.  

En las elecciones del 2017 en Honduras votaron el 59 % de los 6,046,873 habilitados. Juan Orlando Hernández ganó las elecciones con 1,410,888 que es el 23 % de masa habilitada para votar en ese proceso. 

Exdiputado Pineda Alvarado que la situación particular del país hace que el proceso eleccionario esté «tremendamente amenazado», y agrega que observa falta de experiencia. «Creo que no sabían a lo que se metían, pero son profesionales que tienen que cuidar su imagen y eso los va  a obligar  actuar de la mejor forma posible», dice.

No hay lecciones aprendidas. Luego de tres años de discusiones y recomendaciones, Honduras encara un nuevo proceso sin reformas electorales y con más dudas que certezas. 



Autoría anónima*

Tengo catorce años y soy bisexual. Desde muy pequeña siempre me sentí atraída por niñas y niños. Nunca me pareció extraño y tampoco tenía miedo a los prejuicios y a los comentarios de los demás, ya que no les daba importancia. Sin embargo, cuando cursé el segundo y tercer año escolar empecé a encontrarme con diferentes opiniones e insultos hacia las personas sexualmente diversas de parte de mis compañeros. 

«Aquella maricona», «qué asco me dan, ¿que no les da pena?», «hay niños cerca, qué mala influencia», eran algunas de las cosas que escuchaba. Por esos años empecé a rechazarme y a rechazar mi sexualidad y mi obvia atracción por ambos géneros. Aquellos comentarios los sentía como insultos hacia mí, entonces empecé a reprimir mis emociones para no perder amistades. 

Cuando cumplí once años ―mientras cursaba sexto grado―, mis papás me regalaron mi primer celular, aquel aparato me introdujo a varias comunidades de internet en las que comencé a encontrar publicaciones de personas de la comunidad Lgbtiq+, y noté que había personas que eran como yo. Empecé a conocer muchas sexualidades y géneros, que antes ni siquiera me enteraba que existían. También encontré a mucha gente con experiencias muy similares a la mía y así empezaron mis dos vidas: a mis doce años yo tenía muy claro los límites invisibles que no podía cruzar. Por un lado, tranquila y feliz expresando mi sexualidad con personas a través de internet y por el otro callándome y temiendo del qué dirán. 

Recuerdo muy bien a la primera chica que me gustó, recuerdo cómo sonreía cuando me hablaba, cuando me daba cumplidos y cuánto me emocionaba por ello. Recuerdo su voz y sus chistes, cuando me dijo que le gustaba y cómo mi corazón empezó a palpitar más rápido por eso. 

Ese mismo año hablé con mi mamá sobre mi sexualidad. Tenía miedo de cómo reaccionaría, tenía miedo de complicarle la vida, tenía miedo de que me dejara de querer. Pero ella me mostró lo errada que estaba al pensar en eso: «vos sos mi hija y siempre te voy a amar», me dijo. En ese momento lloré como nunca, primero por el miedo y después por la felicidad. Expresarle mi sexualidad a mi madre fue una de las cosas que más valor me tomaron, pero no me arrepiento ni un poco. 

En mi grupito de amigas, por alguna razón, siempre llegaba el tema de la sexualidad. Tengo muy presente una plática que tuvimos en los últimos días de sexto grado: «¿A quién de acá es más probable que le gusten las niñas?», preguntó una de ellas, y yo empecé a morder mis uñas de los nervios que sentía por la situación, sentí un escalofrío cuando otra respondió con mi nombre. No olvido cuando comencé a ver la diferencia entre sus reacciones: unas tenían cara de disgusto, otras se apartaron, pero otras ni se inmutaron y parecía no importarles. Esa experiencia me ayudó a reconocer algo que me costó aceptar y es que no todas las reacciones serán positivas y no todas serán negativas. 

El año siguiente, en séptimo grado decidí decirle a mi padre y a mis amigos. Si decirle a mi madre me dio miedo, no pueden ni imaginarse el miedo que me dio decirle a mi padre. No tenía ni idea de cómo podría reaccionar, mi mente no falló en imaginarse de todo. No recuerdo mucho de la plática, seguramente porque mi mente decidió bloquear la situación, pero sí recuerdo que de alguna manera llegó a la misma conclusión que mi madre: «vos sos mi hija y siempre te voy a amar». Días antes también les había dicho a mi nuevo grupo de amistades y dos de ellos me respondieron con un «hey, yo también». Ese día reímos bastante, ya que nos dimos cuenta de que no teníamos que tenernos miedo y que siempre tendríamos con quien hablar de estos temas. 

Meses después empezó la cuarentena. Esto me afectó porque significaba tener más tiempo con mi mente y menos tiempo con mis amigos. empecé a pensar y cuestionarme muchas cosas. Entonces experimenté con diferentes «etiquetas». Pasé por muchas de las letras de Lgbtiq+, pero al final, me di cuenta que desde un inicio lo que me indentificaba era «bisexual». Pero como mi mente tenía tiempo de sobra, decidió decirme: «¿y el género?, ¿y los pronombres?», entonces supe que la historia no terminaba ahí. Después de experimentar con diferentes pronombres y géneros reconocí lo cómoda que me sentía diciendo «soy no binario» (no binario es un espectro de identidades de género que estan afuera del binario del género que es solamente femenino y masculino). Los pronombres no me molestaban, ni me importaban, y siguen sin hacerlo. Así que volví a salir del closet, pero esta vez solo con mi madre y mis amigos más cercanos. A la mayoría les tuve que explicar qué significa ser no binario.

Hace unos días, tuve una experiencia conectada con mi sexualidad en la escuela. En la clase de Estudios Sociales me pusieron de tarea escribir mi biografía, entonces yo escribí sobre mi experiencia cuando salí del closet con mis padres, ya que como mencioné antes fue algo muy importante para mí. Lo que no sabía yo al escribir aquella biografía, era que me iba a tocar presentarla a mis compañeros. A mí no me importa si los maestros se enteraban que soy bisexual, pero la historia cambia con mis companeros. Y es que mis maestros no me pueden hacer ni decir nada sobre esto, pero mis compañeros sí. Cuando la leí volví a sentir el mismo miedo que sentí cuando se lo dije a mi papá y mi mamá. 

Mientras leía me decía a mí misma: «no lo leás, solo pasá a lo siguiente y ya», pero finalmente lo leí. Terminé y apagué mi micrófono. Mi corazón estaba palpitando tan fuerte que lo escuchaba a la perfección. «Por lo menos ya pasó», me dije, pero ni un segundo pasó y el maestro preguntó: «¿qué dijo de sus padres antes?». Entonces lo volví a leer intentando sonar lo más tranquila posible. «¿Cómo así?», insistió. Se me hizo demasiada tonta su pregunta, ya que en clases anteriores él ya había utilizado la frase «salir del closet». Terminé respondiendo su pregunta diciéndole: «Que le he dicho a mis padres que soy bisexual». Cuando respondí esto vi todo tipo de reacciones: algunas compañeras estaban haciendo cara de asco y la mayoría de los niños se estaban riendo o haciendo cara de asombro. 

Al terminar la clase comencé a imaginar todas las cosas malas que podrían llegar a pasar. Le conté a mi mejor amiga llorando del miedo y la ansiedad. Ella solo esperó a que me calmara para decirme que si me llegaban a hacer algo en la escuela, ella sería la primera en defenderme. Pasé de llorar a enojarme. Me enojé por las preguntas malintencionadas de mi maestro, pero como en todas estas situaciones, terminé riendo. También reí por las reacciones de toda mi clase. Reí porque también me habían llegado tres o dos mensajes de personas de otras secciones preguntándome si era verdad lo que había dicho. Sí, aún tengo miedo de qué pueden hacer o decir mis compañeros en la escuela, pero al final del día, nada de eso importa. Por lo menos, me quité ese peso de encima y no dejé que lo dijera alguien más como rumor. Lo dije con mi propia voz. 

Descubrir a mi edad que soy bisexual es todo un proceso, y más que nada por el «qué dirán» o el «qué pensarán». Yo estoy igual de segura con mi bisexulidad que cualquier adolenscente hetero con su sexualidad. Ya me han gustado todos los géneros, y me puedo imaginar una vida con cualquiera. Creo que nadie tiene que cuestionar la sexualidad o el género de las personas. Yo no cuestiono a un heterosexual cisgenero, entonces creo que nadie debe de cuestionarme porque soy bisexual no binarie. 

Frases como: «es solo una fase» y «es pura confusión» estancan, y en lugar de ayudar a un adolescente en la construcción de su identidad lo perjudican. Si una persona habla de su sexualidad y su género de manera segura, lo menos que espera es ser juzgada como inmadura y confundida. 

En realidad estas experiencias que he compartido aquí me recuerdan cómo estoy rodeada de amor y de que no estoy sola. Esto me llena de felicidad. No siempre me han aceptado, pero no siempre me han rechazado. Tal vez, si yo hubiese nacido en otra época no habría tenido las mismas respuestas. Creo que eso significa que poco a poco las personas de la comunidad LGBTIQ+ están siendo aceptadas y eso me alegra muchísimo, porque significa que en un futuro la comunidad no va a tener que temer de nada y de nadie.

No creo que muchas y muchos adolescentes tengan la libertad de decir cosas como estas en público porque en un país como Honduras es hasta peligroso salir del clóset. Independientemente de la edad, una persona puede sufrir de mucha violencia solo por ser parte del colectivo Lgbtiq+.

*La libertad de expresión de niños y adolescentes LGTBIQ+ no debe ser coartada, sin embargo por seguridad de la autora, se determinó proteger su identidad.

A menos de un mes del primer proceso electoral de 2021 y después de que senadores estadounidenses solicitaron sanciones contra él por la abundante evidencia de su participación en corrupción y narcotráfico, Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, le dijo al país que no habrá presidente que luche contra el narcotráfico como él lo ha hecho y que un nuevo presidente no podrá enfrentar el crimen si en Estados Unidos siguen creyéndole a los narcotraficantes antes que a él. Con esto el presidente, además de desvalorizar el sistema de justicia de Estados Unidos, hace una amenaza implícita, ¿podría quedarse en el poder?

Las constantes menciones de su nombre como coconspirador en los casos contra narcotraficantes en la Corte del Distrito Sur de New York se han convertido en portadas de los medios más importantes del mundo, también cómo la estructura de su partido —el Partido Nacional— ha funcionado como una estructura criminal con la familia Hernández a la cabeza. 

Aún no hay una acusación directa contra él, sin embargo, sus días en la silla presidencial están contados, oficialmente Hernández tendrá que dejar el cargo en enero del 2022. Los senadores estadounidenses que introdujeron la ley nos dicen que se debe sancionar al presidente, no solo por sus vínculos con el narcotráfico, sino también porque Honduras ha retrocedido en la garantía de los derechos básicos para la población desde el golpe de Estado de 2009, un golpe que el Gobierno de ese país —en ese momento— apoyó.

Si se aprueba la ley en el Senado, Hernández no solo perdería la visa y sus bienes en Estados Unidos, Honduras también vería condicionado el apoyo a las fuerzas de seguridad y militares, y además se materializaría un esfuerzo anticorrupción más robusto que el que él destruyó en 2019.

Hernández dio un mensaje desesperado a la población en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acompañado de sus hasta ahora fieles Fuerzas Armadas. Este órgano fue creado por él para monopolizar las políticas en materia de seguridad y defensa en su persona. Los militares son una pieza clave en la maquinaria de poder de Hernández y han sido tibiamente mencionados en los juicios de New York. Pero además de citar la biblia y acusar a los narcotraficantes de usar magia negra para obtener beneficios en Estados Unidos, Hernández advirtió que en los próximos días se creará una nueva jurisdicción para asuntos de maras y pandillas.

El logro que Juan Orlando Hernández más presume es la reducción de homicidios, la aprobación de una ley que ha permitido extraditar a 23 narcotraficantes a Estados Unidos y una cuestionable lucha contra las maras y pandillas a través de las fuerzas especiales creadas por él, al mando de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina), liderada por militares.

La mano dura de Hernández se ha basado en el retroceso de Honduras a una institucionalidad cada vez más arrebatada de las manos de civiles, minando la independencia de investigación y judicialización. Esto le ha supuesto a Honduras el riesgo de perder apoyo internacional para sostener el precario sistema de seguridad y justicia del país. Honduras perdería importante apoyo financiero de Estados Unidos de aprobarse la ley de sanciones por el patrón criminal del presidente, y este se queda corto si cree que puede negociar con aprobar nuevas extradiciones o con prometer que meterá preso a cada pandillero, marero o «terrorista» que se encuentre en el camino. 

En su triste búsqueda de redención, Hernández se reunió con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad donde dedicó un buen tiempo a desacreditar la participación de los miembros del cartel de narcotráfico «los Cachiros» en los procesos judiciales en Nueva York, alegando que estos son criminales que usan la magia del falso testimonio para incriminarlo a él, el presidente que lucha —como ningún otro en el mundo— contra el crimen organizado.

Mientras esto ocurre, en comunidades y aldeas rurales se ha puesto en marcha una maquinaria electoral bien aceitada de recursos para saturar medios de comunicación en favor del partido en el gobierno. 

La autocracia que ha construido el presidente recuerda las antiguas edificaciones militares coloniales que protegían las costas caribe del hostigamiento pirata. Robustas y acorazadas, eran el mejor lugar para resguardarse durante un asedio. Salir era siempre un problema. De frente, las tropas enemigas; atrás y a los lados, la gente harta del asedio culpando al encargado del frente de defensa. No quedaba más que resistir e invocar la ayuda divina para que las tropas fieles no abandonaran el bastión asediado. La autocracia provee la mejor arma frente a un asedio foráneo: la impunidad. Pero es crucial para la sobrevivencia del sistema el tomar una decisión: se resiste hasta estar acabado—como decían los nazis durante el asedio a Berlín: más vale un final con horror que un horror sin final—  o se entrega la cabeza que debe rodar para entonces negociar, como lo hicieron los italianos cuando les tocó sacrificar al Duce. Poco tendrá esa decisión que ver con asuntos divinos o de magia como refiere constantemente el presidente Hernández cuando de asuntos políticos se trata.

La larga historia de la humanidad se puede leer a través de la lucha de la razón frente al pensamiento mágico. Las primeras sociedades humanas usaron la magia para explicar todo lo que no comprendían y los sacerdotes y brujos fueron intermediarios entre lo incomprensible y el resto de la gente, que les creía y a quienes les dieron el poder de dirigir. Eso fue hace miles de años y mucho hemos avanzado como sociedad para entender que una de las expresiones más acabadas de la razón es el derecho y el Estado —al menos en teoría—. Pero hay estados más racionales que otros y hay algunos que recurren aún a la magia para explicar lo que ante los ojos de la razón es incuestionable. 

El discurso de la llave mágica, de la guerra del bien y del mal, del engaño del maligno, tendrá algún eco en la corte de seguidores fanáticos que hoy son caja de resonancia de la propaganda electoral. Pero no afuera. Afuera se prepara una ley que podría romper uno de los engranajes de la impunidad en este país. Algo necesario aunque las protestas patrióticas y antimperialistas se desborden. No es magia lo que ocurre ni magia lo que explica lo que ocurre en Honduras. 

En la reunión con el Consejo, el presidente, como lo hizo antes del 2017, prometió dejar la presidencia al final de este período, en enero del 2022, pero advirtió que no habrá presidente como él, como si sus acciones y forma de gobernar fueran extraordinarias a la forma en que su partido (el Partido Nacional) ha gobernado por décadas. Muchos dirán en Honduras que con que Hernández salga del poder y rinda cuentas en Estados Unidos es suficiente, pero él es el resultado de una maquinaria mucho más grande y que se adapta a cualquier cambio en el mundo, incluso a un supuesto cambio radical en el Gobierno del padrino del norte. Esta maquinaria está pulida para las elecciones de este año y por ahora no tiene adversario que pueda detenerla. Se equivoca el presidente en decir que no habrá presidente como él. Al contrario, vendrán muchos como él, con mecanismos que han mutado, como el mismo Hernández afirma que ha mutado el crimen. 

Y tiene razón en eso, en que el crimen se adapta a las oportunidades que se le presentan porque el sistema político que sostiene la autocracia en Honduras no ha cambiado, porque los partidos políticos que se disputan el control del Estado no emergieron de un sistema diferente, sino del mismo que defiende el Partido Nacional y porque la élite política usa estrategias clientelistas, dogmáticas y hasta mágicas para ganar las elecciones. Entonces, el presidente se equivoca, sí hay muchos como él en la jungla electoral a la que nos adentramos este año, muchos que impunemente compiten por puestos de elección popular y que defenderán la autocracia como su mejor fuerte, con las mismas alianzas e imploraciones frente a los asedios por venir.

Detrás de la búsqueda de justicia en el homicidio de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió en una celda policial en Intibucá, su familia aún intenta sobrevivir a un país que les ha negado todo. El departamento de Intibucá, a pesar de estar lleno de riquezas naturales es uno de los más pobres del país, a esto se suma la inseguridad y la violencia de género.

Texto: Vienna Herrera

Fotografías de Martín Cálix 

 

Norma Rodríguez, se sienta frente a un altar improvisado para su hija Keyla dentro de su casa en La Esperanza, Intibucá en el occidente de Honduras. Los últimos cuatro años, Norma estaba lejos de sus hijas, en España y justo antes de la muerte de Keyla, uno de sus jefes le dijo que debía hacer el esfuerzo de sacar a sus hijas de Honduras porque veía que muchas mujeres eran asesinadas. «Me lo dijo el miércoles y este señor como que me estaba diciendo: “Norma, apúrate a sacarla de ahí que te la van a matar”. El domingo me la están matando (a mi hija), luego tuve que llamar a mi jefe para contarle», dice Norma, quien evita ver el retrato de Keyla a su lado porque no puede contener las lágrimas. El dolor que siente a veces es más grande que la fuerza que necesita para seguir hablando, dice.

Keyla murió el 7 de febrero después de haber sido detenida por incumplir un toque de queda en La Esperanza, departamento de Intibucá. La Policía Nacional (PNH) dijo que Keyla se había suicidado en su celda de detención, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones. 

Doña Norma cuenta que decidió migrar a España para que sus dos hijas menores, Keyla y Nancy, pudieran estudiar en la universidad pública en Tegucigalpa. Antes de irse, trabajaba vendiendo ropa los fines de semana en San Francisco de Opalaca, a 48 kilómetros de La Esperanza. En España, laboraba ocho horas diarias en trabajos de limpieza. 

««Antes tenía que estar casi todo el día para vender algo de ropa, como le digo era muy dura la vida aquí realmente y a raíz de eso emigré», explica. Sus otros dos hijos también se habían ido del país desde hace diez años, una a Estados Unidos y otro a México, en donde trabajaban en distintos oficios. 

Un estudio de Naciones Unidas en 2011 dice que al menos un 55 % de la población en Intibucá vive en pobreza extrema. Además, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en 2018 señaló que más del 40 % de los hogares en Intibucá gastan el 75 % de sus ingresos en alimentos: «el bajo nivel de ingresos de los jornaleros, con poca o ninguna tierra, combinado con los altos precios estacionales de los alimentos básicos, particularmente frijol y maíz, y la pobreza extrema es lo que afecta a la mayor parte de los hogares», dice el informe. 

 

Eva Sánchez, coordinadora de la organización intibucana Las Hormigas, añade que esa desigualdad siempre había producido migración interna, de pobladores de Intibucá hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula a buscar trabajo en las maquilas. «Pero de unos años para acá la migración no es solo por la situación económica, sino también por seguridad», agrega Eva. 

Doña Norma dice que ahora no solo es la pobreza la que podría expulsar a ella y toda su familia, ahora tienen miedo por haberse atrevido a denunciar a la PNH y sienten persecución porque carros y personas particulares llegan a su casa y toman fotografías sin permiso. Nancy, la hermana de Keyla, tenía un negocio de venta de flores y ahora teme volver a salir a la calle, cuenta que no quiere irse de La Esperanza, pero ya no puede vender como lo hacía semanas antes. 

A pesar de esto, doña Norma asegura que buscarán sobrevivir con el negocio de flores de su hija porque no planea volver a España hasta resolver el caso «y ahora es una frustración total de si sales te pueden matar, no hay seguridad», y añade que su mayor temor es que si las llegaran a asesinar no se podrá esclarecer el crimen contra su hija.

Nancy Martínez durante una marcha de antorcha que junto a su familia realizaron para exigir justicia por la muerte de su hermana Keyla. La Esperanza, Intibucá, 20 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

La familia de Keyla no ha parado de movilizarse y convocar a plantones buscando presionar por justicia desde que se comenzó a investigar su caso. El viernes 20 de febrero realizaron un evento de novenario en el parque central frente a la posta policial. Al día siguiente convocaron a una marcha saliendo del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, a donde Keyla llegó ya sin vida.

La marcha salió del hospital hasta el paseo turístico la Gruta. Para llegar ahí se debe transitar una zona cerca a la posta policial donde Keyla murió y la PNH había cerrado los accesos. Doña Norma que desde un inicio caminaba decidida solo ve a los policías y su rostro cambia de inmediato, comienza a gritar: «¡asesinos, cobardes, ustedes la mataron!».

Dos días después de la muerte de Keyla, cuarenta policías asignados a la Esperanza sacaron sus pertenencias de la posta policial y se movieron a Tegucigalpa. En La Esperanza fueron reasignados otros cuarenta, provenientes del departamento de La Paz. El cambio, aseguró la portavoz de la PNH, era rutinario. 

Alex Madrid, subcomisionado asignado a la posta de La Esperanza, confirmó que una semana después hubo otro cambio de policías: «por el cansancio, ellos estaban desde mucho tiempo antes de que sucedió esta situación y ya ameritaba un relevo, no le voy a decir el número por razones de seguridad», nos dijo Madrid quien asegura que lo que buscan es proteger que la posta policial no sea incendiada, como sucedió en un intento la semana anterior. 

 

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Doña Norma asegura que lo que le sucedió a Keyla es una constante en el país: «en Madrid andaba siempre en las protestas esas porque aquí no es la primera vez que matan a una mujer, sino que es constante. Yo iba a exigir justicia por las mujeres asesinadas sin saber que yo iba a ser una de las víctimas».

La organización de mujeres Las Hormigas tiene un registro de 46 femicidios en los últimos 10 años. «Cuando van a interponer denuncias por amenazas no son tomadas en serio, aunque ya ha habido casos de femicidio en donde las mujeres primero fueron amenazadas y luego ejecutaron la acción», dice Eva Sánchez, quien además explica que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica es difícil.

Sánchez dice que entre los limitantes están las dificultades en recurso económico para movilizarse, así como la fallas en darle seguimiento a las denuncias y a las medidas de seguridad interpuestas para proteger a las mujeres. «Aunque le digan al compañero de hogar que tiene que alejarse por dos o tres meses de la casa nadie monitorea eso, entonces empieza a amenazar a la compañera de que si no regresa le va a pasar algo peor y regresan por las amenazas o porque creen nuevamente en ellos», añade Sánchez.

Para doña Norma el caso de Keyla debe ser una guía para que todas las mujeres víctimas de violencia consigan justicia: «no pueden seguir cometiendo esos crímenes, tenemos que quitarnos ese miedo porque yo sé que hay mucha gente que quiere protestar pero tienen miedo de que les caiga un balazo». 

La familia de Keyla Martínez realizó una jornada de oración en el parque central de La Esperanza, como parte de las actividades que han impulsado para exigir justicia por su muerte. La Esperanza, Intibucá, 19 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Esta semana la familia de Keyla viajó hasta Tegucigalpa para revocar la representación que tenía la abogada Irma López sobre el caso, y dárselo al Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). «El único interés que esta organización tiene es hacerse el nombre para que a través de este caso ellos puedan cobrar dinero a otros países y pedir ayudas, o sea, ese es el trabajo que estas organizaciones hacen de nombre», expresó López en medios de comunicación

La familia respondió en un comunicado del Cofadeh que decidieron buscarlos: «por nuestra trayectoria de seriedad y objetividad para acompañar su peregrinar en búsqueda de la justicia. Ellos, que comprenden bien la trama de la impunidad en el país, pueden afirmarlo con absoluta transparencia». La familia también realizó denuncias en el Ministerio Público porque dice estar recibiendo intimidaciones en su casa.

«Somos víctimas constantes de vigilancias, persecución y hostigamiento e intimidación por parte de las fuerzas represoras del Estado. Hay patrullas policiales merodeando nuestra casa y lugares que hemos frecuentado en los últimos días (…) Hacen ruido, escuchamos como uniformados cargan sus armas cerca de nosotros, pero no dejaremos de exigir justicia», dijo doña Norma, quien también mencionó que ha conocido que personas merodean el cementerio donde se encuentra el cuerpo de Keyla de noche y teme que lo vayan a exhumar. 

Norma Rodríguez encabeza una marcha de antorchas para exigir justicia por la muerte de su hija que sucedió bajo custodia policial. La Esperanza, Intibucá, 20 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

El caso de Keyla Martínez se complicó cuando la versión del médico Edgar Velásquez, quien también fue detenido junto a Keyla, fue similar a la de la PNH y las dio cuatro días después en medios de comunicación «seguía muy triste y dijo que se quería morir, que se iba a colgar con su suéter y yo le dije que no dijera eso porque las palabras tienen poder», dijo. 

Para la familia las declaraciones del médico son falsas: «Aquí vino él y desde que yo lo vi y lo escuché daba nauseas saber qué tipo de persona es, pobre mi hija porque si era una persona entregada, amigable, sincera y él no porque le dio una puñalada por la espalda», dice doña Norma, quien dice que serán los jueces los que juzguen si con su testimonio lo coloca como cómplice de los involucrados en el caso.  

Para la familia de Keyla la posibilidad de que se suicidara es imposible, ella tenía una mejor amiga desde hace nueve años que falleció por preeclampsia en diciembre de 2020, después de tener a su tercer hijo. Roque Ruiz, esposo de Lesby, cuenta que durante el entierro de Lesby, Keyla prometió que se haría cargo de los tres hijos: «Ella quería vivir, quería graduarse de licenciada en enfermería porque amaba bastante la carrera, no lo hacía por dinero, sino porque tenía ese don de servir», dice Ruiz.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en 2015 que las tasas de mortalidad materna siguen siendo altas en el país, a pesar de que hubo un cambio porcentual desde 1990. En el departamento de Intibucá la tasa es de 113 por cada 100,000 nacidos vivos, un dato que contrasta con el promedio regional para América Latina que es de 57 muertes por cada 100,000 partos. 

Roque añade que el segundo hijo de Lesby se llama Patrick, debido al cariño que le tenían decidieron ponerle Patricia, el segundo nombre de Keyla: «es lamentable cuando preguntan por su tía Keyla, ¿qué respuestas les vamos a dar?», dice Roque, con el dolor de saber que sus hijos han perdido a dos figuras maternas en menos de dos meses.

Doña Norma recuerda que no se irá del país hasta conseguir justicia en el caso de su hija y que, si no se esclarece en Honduras, buscarán apoyo de entidades internacionales. «No nos dejen solos para que se esclarezca este caso porque si no van a seguir matando y limpiando la escena del crimen y ya, tranquilos se van a otro sitio a hacer de las suyas con otras mujeres indefensas», finaliza.

Un total de 702 enfermos renales han fallecido desde enero de 2020 en Honduras, 47 en lo que va del 2021, la mayoría a causa de la COVID-19. Esta es la historia de un paciente con insuficiencia renal que enferma de coronavirus y es rechazado en tres hospitales. Ya inconsciente, en lo que ya parecían sus últimas 24 horas de vida, logra acceder a una cama hospitalaria, solo para morir. 

Texto: Leonardo Aguilar

Fotografías: Martín Cálix y Deiby Yánes

Inicia el año 2020 y Otto Oliveira, de 41 años, brasileño por nacimiento, pero naturalizado hondureño, atiende su próspero negocio de venta de ropa ubicado en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, zona norte de Honduras. Las cosas parecen ir bien, porque el movimiento comercial es bueno. Para entonces las noticias de que en China hay un virus extremadamente contagioso, que se extiende rápidamente por el mundo, ya eran conocidas, pero a él le preocupa más su reciente diagnóstico: insuficiencia renal crónica. Los médicos le han indicado que en marzo debe comenzar con terapias de hemodiálisis tres veces por semana.

Como en su lugar de residencia no hay centros hospitalarios que brinden el servicio, Otto  debe desplazarse tres veces por semana a la clínica más cercana de Diálisis de Honduras —empresa privada pagada por el Estado para atender gratuitamente a pacientes renales—. Inicia sus terapias en la ciudad de El Progreso, Yoro, en medio de la llegada de la pandemia por COVID-19 a Honduras. Otto no estaba preparado para ver la peor cara del sistema sanitario de Honduras.

Otto nació en Brasil, pero su padre lo trajo a Honduras cuando tenía 16 años. Cada vez que se presentaba la oportunidad, viajaba junto a su familia a su país de origen para visitar a sus parientes. 

En medio de sus terapias, Otto observa cómo su negocio comienza a derrumbarse. Los constantes toques de queda decretados por el Estado y el confinamiento total, terminaron por hacer trizas sus finanzas.

La situación económica de los hogares de Honduras se vio afectada por la disminución del 51.6 % del ingreso familiar, esto debido a la limitada actividad económica que observó en el país durante el segundo y tercer trimestre del año 2020, según un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-VS).

Ante esta situación, Otto y su esposa Dunia Fúnez —junto a sus hijos de 10 y 8 años—, deciden mudarse a la ciudad de El Progreso.

Síntomas de COVID-19 

 

Después de 8 meses de hemodiálisis y tras radicarse en El Progreso, Otto comienza a sentir malestar general el domingo 24 de enero de 2021, justo en el momento en el que el personal sanitario hace la súplica de cerrar el comercio, tras sufrir la baja de cerca de 70 médicos y unas 30 enfermeras. Representantes del personal sanitario de Honduras explican que no hay suficientes cupos en cuidados intensivos, pero a pesar de esto la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica y Social ignora estas advertencias y descarta la posibilidad de regresar a un confinamiento absoluto. En ese contexto, las preocupaciones crecen en Otto y su familia por las sospechas de que puede ser positivo de COVID-19. 

Es todavía un hombre joven, pero entra en la categoría de personas con comorbilidades y condiciones subyacentes, a los cuales la Secretaría de Salud define como atención prioritaria con base a un estudio realizado por expertos de la OPS/OMS-Honduras/Washington. Las personas como él corren un mayor riesgo de que al adquirir la COVID-19 agraven su estado de salud.

Un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece que las nuevas infecciones por COVID-19 han disminuido en gran parte de la región y «todos los países de Centroamérica, con excepción de Honduras, experimentan reducciones en el número de casos».  

Para Otto —este hombre blanco, alto, obeso, barbado— la idea de tener COVID-19 es devastadora, según cuenta su esposa, debido a que él conocía bien las precariedades del sistema sanitario hondureño. Sus enfermedades de base y el nuevo coronavirus le plantean un panorama oscuro. Vive además en uno de los países que, a pesar de solo contar con 9 millones de habitantes, es de los menos preparados en Latinoamérica para atender la emergencia.

El Estado de Honduras determina como pacientes que requieren especial atención en medio de la pandemia a los pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, tuberculosis (activa), VIH/SIDA, enfermedad renal crónica, trastornos neurológicos crónicos, enfermedad hepática crónica, trastornos de células falciformes, cánceres con inmunosupresión directa, cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión causada por el tratamiento, consumo de tabaco fumado y obesidad severa.

El viceministro de Salud, Fredy Guillén, dijo a Contracorriente que el Estado de Honduras tiene diseñado un plan que involucra a los pacientes crónicos y que estos están recibiendo la atención en todos los centros hospitalarios de Honduras. «Nosotros tenemos la capacidad instalada para la atención de los pacientes. Cuando un paciente es nefrópata, es una urgencia atenderlos de forma inmediata», expresa Guillén.

Pero representantes del gremio médico catalogan el manejo de esta pandemia por parte del Gobierno como deprimente, no solo en la atención de pacientes crónicos, sino que aducen que existe una deficiente gestión y una ausente capacidad técnica porque no se siguen los protocolos para el manejo del paciente renal que requiere terapias de hemodiálisis. 

«Estos van a los hospitales y corren riesgos inmensos por la falta de medidas de bioseguridad», expone Ligia Ramos, fiscal del Colegio Médico de Honduras y recientemente elegida como presidenta de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa.

Ramos le explica a Contracorriente que el Estado de Honduras no ha puesto atención ni siquiera a la pandemia en general, ha descuidado al personal de salud y no está trabajando en métodos para evitar la contaminación de los enfermos crónicos que asisten a sus citas. «Los pacientes renales con COVID-19, por ejemplo, tendrían que tener una sala solo para ellos y estarlos dializando. Yo no soy nefróloga ni internista, pero tengo sentido común. Y no se cuenta con un plan de prevención y manejo para atender a los pacientes renales con covid o sin covid», afirma.

En busca de una prueba de diagnóstico de COVID-19

 

Atención de pre clínica en el triaje del Centro La Fragua de la iglesia católica en El Progreso. Este triaje funciona desde el mes de agosto de 2020. El Progreso, Yoro, 12 de febrero de 2021. Foto: Deiby Yánes.

Dunia Fúnez, esposa de Otto, cuenta que al ver los síntomas sospechosos de COVID-19 en su esposo, para que en los hospitales lo pudieran recibir, necesitaban confirmar con una prueba que este era positivo de la enfermedad.

El martes 26 de enero, en el triaje de El Progreso, Yoro, ubicado en el centro La Fragua, los encargados del lugar se niegan a practicarle la prueba, con el argumento de que deben aprovechar al máximo las pocas pruebas y esperar a que sus síntomas sean más evidentes. El miércoles 27, a medida que la salud de su esposo se deteriora, se ven obligados a regresar al mismo lugar e insistir. Ese día lo logran y las sospechas se vuelven realidad: Otto es positivo de Covid-19.

La Secretaría de Salud de Honduras se caracteriza por realizar pocas pruebas. El Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) informó el pasado 27 de enero que ese día se habían realizado apenas 3420 nuevas pruebas para diagnosticar el virus, de las cuales 1127 dieron resultado positivo.

Aunque en el papel la Secretaría de Salud indique que los pacientes como Otto son prioridad para el Estado de Honduras, la realidad indica que, una vez que estos se contagian de covid, el diagnóstico positivo pasa a ser un diagnóstico de muerte, dice Daniel Mairena, presidente de la Asociación Hondureña de Familiares y Pacientes con Enfermedad Renal (Ahfpaenre).

«Nunca se había visto que muriera esa cantidad de pacientes renales en un periodo tan corto en Honduras. La pandemia vino a quintuplicar las muertes de enfermos renales», dice Mairena.

Mairena cuenta que lastimosamente no hubo ningún manejo o protocolos de prevención para el enfermo renal para evitar que se contagie en las unidades de hemodiálisis. Manifestó que se solicitó, cuando inició la pandemia, que se separaran las salas de los enfermos renales con covid y a los enfermos renales sin covid.

«La única diferencia se hizo en San Pedro Sula en donde se creó un área para pacientes renales con covid en Plaza Las Banderas. Pero en cuanto al Seguro Social estamos todos en el mismo sector, tanto los pacientes renales covid como los no covid», agrega Mairena.

 

Otto vive un infierno buscando su diálisis

El jueves 28 de enero, Otto y su esposa deciden visitar las instalaciones de Diálisis de Honduras de El Progreso, Yoro. Pero los administradores del sitio les informan que no están autorizados para dializar a pacientes renales con covid, porque eso expone a los demás enfermos renales que se encuentran libres del virus. Así que lo remiten al hospital Mario Catarino Rivas, localizado en San Pedro Sula, departamento de Cortés, a 25 km de distancia.

La pareja decide emprender el viaje hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, pero ahí, según Dunia, también le niegan la atención. Los médicos del Mario Catarino Rivas envían a Otto al triaje ubicado en Colegio de Ingenieros de San Pedro Sula.

Dunia, en el afán de lograr un cupo para su esposo, hace una larga fila, mientras observa cómo este luce más cansado y logra palpar que sus fiebres cada vez son más altas. La fila parece interminable. Finalmente, el esfuerzo no vale la pena, porque solo consigue los regaños de un médico que le increpa diciéndole que su esposo está buscando ser dializado en el lugar equivocado.

Del triaje del Colegio de Ingenieros lo remiten al único centro de la zona norte de Honduras que realiza diálisis a pacientes con covid. Es el triaje ubicado en la Plaza Las Banderas. Pero al llegar a la plaza se topan con otra dura realidad, ese día, la instalación se encuentra cerrada porque solo trabaja tres días a la semana.

El viernes 29 de enero, continúa la lucha por la vida, deciden emprender el viaje de vuelta a San Pedro Sula en busca del tratamiento de diálisis en la plaza Las Banderas. Logran finalmente que Otto sea dializado. Sin embargo, el médico que lo atiende, no extiende ninguna referencia para que sea hospitalizado de emergencia por sus síntomas de covid, por lo tanto, Otto, que para entonces ya tiene enormes dificultades para respirar, regresa a casa con el tratamiento MAIZ —Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina, Zinc, que no cuenta con sustento científico— y sin acceso a médicos de cabecera.

«Mi esposo ya necesitaba oxígeno, debían remitirlo de emergencia al Catarino Rivas, pero no se hizo» , dice Dunia. El sábado, ya dializado, Otto se encuentra en su casa junto a su esposa. Por ese día ambos deciden descansar. Permanece en casa, pero la covid continúa haciendo estragos en su cuerpo. Las cosas no hacen sino empeorar.

Código de guerra en medio de la COVID-19 para pacientes renales

 

«No tenemos ningún criterio cuando no hay cupos hospitalarios. Todo paciente debe recibir la atención hospitalaria cuando la requiera, es un principio de nuestra ley. Cuando el paciente lo requiera debe de recibir atención en cualquier lugar del país», dice el viceministro Guillén.

Guillén agrega que, inclusive, existen salas diferenciadas en donde los pacientes renales pueden ser atendidos por covid y realizar sus procesos de diálisis, con nefrólogos a su disposición y con todos los equipos de bioseguridad para atender a este tipo de pacientes.

Sin embargo, el representante de los pacientes crónicos, Mairena, cuenta que, en casos como el de Otto, cuando el paciente ya tiene covid y necesita estar ingresado, lastimosamente existe un código de guerra en donde «va a valer el más joven o el que no tiene una enfermedad de base. Los enfermos renales crónicos están muriendo frente a los hospitales porque nadie los atiende».

«El paciente renal sufre ya sea en el Hospital Escuela, Hospital Catarino o Seguro Social, porque no hay personal al cuidado. Las salas están llenas. Pocas licenciadas para muchos pacientes. Entre esos pacientes hay algunos enfermos renales incluso con ceguera o amputación en alguno de sus miembros. Las enfermeras no se dan a vasto para verlos y algunas veces los pacientes se defecan en sus pañales y pasan días sin que los limpien. Hay pacientes renales que mueren de la desatención y la depresión», revela Mairena.

«Cuando estuve en sala covid, de seis pacientes renales que ingresaron positivos, murieron cinco. Eso es lo que yo le puedo decir», dice por su parte la doctora Ligia Ramos.

Crece número de enfermos crónicos como secuela de la COVID-19 

Un enfermero camina por el interior del triaje del Centro La Fragua. El Progreso, Yoro, 12 de febrero de 2021. Foto: Deiby Yánes.

Según datos de Ahfpaenre, antes de la pandemia había en la asociación 3900 pacientes renales, pero, incluso con los 702 fallecidos, el número de pacientes renales se ha incrementado. Actualmente hay 5000 miembros.

El epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Jeremías Soto, explica a Contracorriente que hay un buen porcentaje de pacientes que después de tener COVID-19, debutan con otra enfermedad crónica, que puede ser diabetes, insuficiencia renal, entre otras.

«Algunos investigadores creen que del 10 % y 30 % de los que han tenido la enfermedad, incluso los que han tenido formas leves de la covid, han desarrollado problemas similares a enfermedades crónicas. Se presentan una serie de problemas inflamatorios, lo que llamamos vasculitis. Esto afecta los vasos sanguíneos que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Algunos llaman a esto el síndrome de poscovid o la covid de larga duración, sea como sea produce en el paciente problemas de salud, principalmente se caracteriza por agotamiento y problemas para respirar», explica Soto.

Las bases de datos de Ahfpaenre indican que del 100 % de los enfermos renales el 60 % son diabéticos, el 20 % hipertensos o hipotensos y el 20 % restante tienen problemas como riñones poliquísticos, obesidad, lupus, cáncer, entre otras  comorbilidades.

Damaris Fernández, sobreviviente de cáncer y presidenta y fundadora de la Asociación Hondureña de Cáncer de Tiroides, dice a Contracorriente que los servicios médicos tanto públicos y privados han estado funcionando a medio vapor: «Los pacientes con cáncer de tiroides necesitan una vigilancia activa y permanente. No puede ser que un paciente se esté chequeando cada seis y ocho meses. Porque eso no es lo que el paciente merece».

Ante la denuncia de abandono de los pacientes crónicos, el viceministro de Salud reconoce que «al principio de la pandemia teníamos cancelaciones en las consultas externas que son los médicos que miran a estos pacientes, pero evidentemente se ha hecho una apertura paulatina de los mismos y no se ha cerrado al 100 %. Siempre han tenido su medicación de parte de nosotros porque sabemos que es de vida o muerte».

Otto requiere ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI)

 

El domingo 31 de enero, ante la salud ya casi colapsada del hondureño-brasileño, la pareja decide probar suerte en el pequeño hospital de El Progreso, Yoro, en donde les dicen que no cuentan con las herramientas, ni con los recursos para poder atenderlo. Razón por la cual, una vez más, lo remiten al Hospital Mario Catarino Rivas. 

Tras hacer por enésima vez ese viaje de 25 km, como era de esperarse, las respuestas de los médicos sampedranos siguen siendo las mismas. Con mucha frialdad, ante la falta de cupos, Otto es rechazado. 

Según una publicación de Diario El Heraldo, el sistema sanitario hondureño cuenta con 1311 camas habilitadas para pacientes en salas COVID-19 y 77 para cuidados intensivos, para un total de 1388 cupos para pacientes complicados por el virus.

Un comunicado de Sinager publicado el 31 de enero de 2021 indicó que del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, se encontraban 1024 hospitalizados, de los cuales 615 permanecían en condición estable, 362 en condición grave y 47 en unidad de cuidados intensivos, lo que refleja una capacidad deficiente para atender a los pacientes con COVID-19.

«Estando en el Mario Catarino Rivas yo solo quería que tuvieran a mi esposo con oxígeno. Pedí en el triaje que tenían en frente del hospital móvil de San Pedro Sula y no lo quisieron aceptar, me argumentaron que no tenían camilla, ni oxígeno ni los insumos para atenderlo con la gravedad que él tenía», lamenta Dunia. Este testimonio desnuda la realidad de la ocupación hospitalaria en la zona norte de Honduras.

Con su esposo en estado grave decide subirlo en la ambulancia privada, que ella misma había contratado por 8000 lempiras, unos 350 dólares. Esta vez prueban suerte en el Hospital Leonardo Martínez, también ubicado en San Pedro Sula. Pero por la falta de cupos tampoco consiguen que lo atiendan. «Estuvo afuera del Hospital Leonardo Martínez por un gran rato, el oxígeno se le terminaba y tenía los pies morados. Hablaba todavía, pero le costaba respirar. Su saturación era entre 88 y 90. Estaba prácticamente muriendo», recuerda.

Dunia, quien al ver que en el Hospital Leonardo Martínez le manifiestan que no cuentan con las herramientas ni los especialistas necesarios, decide regresar al pequeño hospital progreseño. En el camino recuerda que Otto, únicamente le decía: «Siento hambre».  

«Nos regresamos al Hospital de El Progreso porque necesitaba un oxígeno de alto flujo para poderlo tener con vida. En el hospital de El Progreso, cuando llegamos, al fin me lo tuvieron con oxígeno», dice Dunia, quien reconoce que los médicos progreseños no contaban con las herramientas necesarias para salvarle la vida. Y recuerda una de sus últimas conversaciones con su esposo. 

«Dunia, yo tengo temor del hospital. No sé si me van a atender ahí. No sé cómo me van a atender», le dijo Otto al ingresar al hospital.

Una doctora del hospital progreseño, que nos pidió proteger su identidad, nos explicó que la sala de triaje solo cuenta con un médico y tres tanques de oxígeno para tener a tres pacientes en espera de ingreso a la sala COVID-19 que cuenta con capacidad para 50 personas, pero que, según esta médica general, la han ensanchado hasta lograr una capacidad de 70 personas irrespetando los espacios de bioseguridad.

 

«En diciembre y enero no había cupo, se descontroló todo, estaba llegando la gente ya muerta al hospital», expresa la doctora y asegura que la tasa de mortalidad es increíblemente elevada en la sala COVID-19 de este hospital: «De cada diez pacientes que ingresan, seis mueren y cuatro sobreviven».

«En la sala de covid de El Progreso no se cuenta con un médico especialista que esté con nosotros las 24 horas. Solo estamos médicos generales y si hay alguna complicación con el paciente, se le presenta al especialista del hospital el cual nos da indicaciones ya sea por chat de WhastApp, videollamadas por esa misma vía, pero no es que se pueden pasar visitas para evaluar a todos los pacientes. Él solo se entera de los pacientes complicados que no son manejables fácilmente», manifiesta.

Sobre Otto, esta fuente asegura que llegó a las 10 a. m., era un paciente complejo, con insuficiencia renal crónica, pesaba cerca de 170 kilos y tenía obesidad mórbida, presentaba disnea, no toleraba estar sentado y llegó saturando 63 % de oxígeno. 

«Por su estado, tuvimos que remitir a Otto a San Pedro Sula, pero ni siquiera entró al hospital Mario Catarino Rivas, porque en ese hospital cuando ya no hay cupos, el guardia es el que se encarga de notificarle a la persona de que no hay cupos. El guardia pregunta, ¿para dónde viene? Si va para el área COVID-19 le dice que no va hacer nada. ¿Qué quiere decir esto?, que el paciente no está siendo evaluado, que ni siquiera saben quién es, que no vieron ni la referencia. O sea, si no hay cupo, nadie entra», expresa.

La fuente reveló que, tras remitir a Otto a San Pedro Sula, lo recibieron nuevamente porque en ningún centro hospitalario de esa zona se le atendió. «Nosotros le dijimos tráigalo, pero le hicimos saber que el hospital no contaba con máquina para hemodiálisis, le ofrecimos el espacio, ayuda, el cupo, pero le reiteramos que era un paciente complejo, que no teníamos nefrólogo y no teníamos especialista, se le dijo todo lo que no se contaba y ella decidió mejor tenerlo en el hospital que tenerlo en la casa».

Dunia le explica a Contracorriente que una vez que Otto ingresó al hospital progreseño, sabía que las probabilidades de morir eran más altas que las de sobrevivir. En ese lugar su desesperación llegó al punto más alto: «Lloré afuera del hospital. Hasta cierto punto, las doctoras hicieron todo lo que pudieron», expresa.

Muerte de Otto

 

Dunia explica que el lunes 1 de febrero, a través de un contacto en el hospital Mario Catarino Rivas, se pudo conseguir un cupo para trasladar desde El Progreso a Otto y finalmente hospitalizarlo con la esperanza de una mejor atención.

«Tiene 50 % de posibilidad de mejorar o empeorar, me dijeron en el hospital Mario Catarino Rivas. Para entonces yo ya andaba mal, estaba contagiada. Solo me decían que ya estaba inconsciente, que se quitaba las puntas nasales.  El miércoles a las 4:30 a. m. me dijeron que él había fallecido», relata.

Otto buscó atención por cinco días consecutivos y solo logró ser rechazado. Apenas pudo ser hospitalizado en las últimas horas de su vida. El martes, cayó inconsciente. Falleció el miércoles en la madrugada. En la causa de muerte los médicos escribieron: «falla respiratoria aguda secundaria a  covid, hipertensión arterial  y obesidad».

Una dudosa tasa de mortalidad reportada por Honduras

 

La tasa de letalidad de Honduras por covid, como podría suponerse por los escenarios en donde muchas personas mueren en las afueras de los centros hospitalarios, no se ve reflejada en las estadísticas de Gobierno.

En un comunicado emitido el pasado 31 de enero, la OPS informó que los países participantes en el mecanismo Covax (para la equidad de las vacunas en el mundo) fueron invitados a presentar propuestas para la iniciativa Primera Ola, un programa piloto global para recibir anticipadamente una cantidad limitada de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Fueron 72 países de todo el mundo los que presentaron solicitudes que fueron evaluadas por un comité independiente con base en criterios de riesgos e impacto de la pandemia, las tasas de mortalidad de las últimas semanas, así como la cantidad de dosis disponibles y la factibilidad para su uso inmediato por parte de los países.

El comité seleccionó a 18 países a nivel global, de los cuales 4 son de a la región de las Américas: Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú.

El secretario coordinador de Gobierno de Honduras, Carlos Madero, dijo que los funcionarios de la OPS les explicaron que Honduras quedó fuera de esa donación porque nuestro país no tiene tasas altas de mortalidad por el COVID-19, es por eso que un lote de vacunas de Pfizer fueron destinadas a Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, según recoge el sitio Proceso.hn.

Según el reporte de Sinager del 24 de febrero, Honduras reporta 167,494 casos de COVID-19 a nivel nacional y 4076 muertes desde que inició la pandemia.  Pero el presidente de la Asociación de Funerarias de Honduras, Edwin Lanza, informó el pasado 17 de febrero que en Honduras en realidad han muerto más de 9000 personas por COVID-19 durante toda la pandemia, 7600 en el 2020 y 1600 a inicios de 2021.

«Grité en tres hospitales y nadie me oyó», concluye Dunia, de 42 años, quien se recuperó totalmente de la COVID-19, pero lamenta que su esposo no haya corrido con la misma suerte. Está segura de que si Otto hubiera sido atendido desde el primer día estuviera vivo, pero la falta de un cupo para él en los centros hospitalarios acabó por generar complicaciones en su salud y arrebatarle cualquier esperanza de vida. 

El Gobierno de Honduras ha prometido que la construcción de catorce represas en todo el país evitará inundaciones como las ocurridas con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre del año pasado. Sin embargo, estos proyectos han sido controversiales por su falta de transparencia y consulta lo que genera conflictos en las comunidades.

Texto: Fernando Silva

Fotografías de Martín Cálix

En «La Venecia de Honduras» se convertirá Chinda, municipio de Santa Bárbara, cuando se construya la represa El Tornillito, dijo la empresa generadora de energía Hidroeléctrica El Volcán S. A. de C.V. (Hidrovolcán), en la socialización del proyecto a los pobladores de este pequeño municipio al occidente del país. Con la construcción de esta represa, el río atravesará la entrada del casco urbano del municipio y esto lo convertirá en una atracción turística, dijeron los inversionistas a la gente que vive en este lugar con altos índices de desempleo y pobreza. 

Lo que podría ser Venecia, en realidad es ahora un lugar anegado después de las tormentas Eta y Iota, donde catorce familias que habitaban en el barrio Brisas del Ulúa, ubicado a unos 500 metros del río Ulúa, han tenido que sobrevivir albergados en un centro de educación básica ante la pérdida total de sus casas hace cuatro meses. 

En este barrio, las viviendas, en su mayoría construidas con adobe y bajareque, quedaron sumergidas en un compactado de arena y lodo seco que algunos todavía están intentando limpiar para regresar y continuar su vida.

Entre esas familias se encuentran María y su esposo Pedro, que por las tardes trabajan en cimentar las bases de una casa temporal, justo sobre la arena que cubre el lugar que habían construido por quince años y que estaban a punto de vender a la empresa Hidrovolcán, como parte del proceso para la construcción de la represa que fue anunciada como el proyecto hidroeléctrico de capital privado más grande de la región centroamericana, y que según las proyecciones cubrirá con aguas del embalse toda la zona que el río ya se llevó con las tormentas.

A finales de noviembre del año pasado el presidente Hernández anunció que esta represa —y al menos tres más— sería declarada «proyectos prioritarios» con el objetivo de controlar las inundaciones en el Valle de Sula. En ese sentido se emitió el decreto ejecutivo PCM 138-2020 en el que se busca la aprobación, construcción y operación rápida de catorce proyectos a través de un fideicomiso con la banca privada que obtendría poderes absolutos en el sector energético del país.

Presidencia decide sobre el sector energético

 

«Y ahora estuvimos hablando con la gente del Valle de Sula, de la región, para llevarnos el compromiso de declarar “prioridad uno”, como proyectos estratégicos nacionales, las represas de El Tablón, Jicatuyo, El Tornillito y Los Llanitos», aseguró el presidente Hernández el pasado 27 de noviembre.

Menos de un mes más tarde, el presidente junto al Consejo de Ministros emitieron el PCM 138-2020 que ante los efectos de los huracanes y tormentas tropicales Eta y Iota, declara como prioridad catorce megaproyectos de represas, y etiqueta como de interés nacional el diseño, la construcción, ampliación y operación de estas. Entre ellas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. El Tornillito finalmente no fue declarada prioridad y seguirá su curso como proyecto sin estar bajo las posibles consideraciones de esta reforma.

El decreto incluye Incorporar los proyectos al Fideicomiso para Generación de Energía operado por Banco Atlántida y contemplado en el Decreto Legislativo No. 373-2013 para crear represas de generación hidroeléctrica y contención de inundaciones. El banco tendrá plenos poderes para decidir sobre el sector energético del país, ya que estos proyectos gozan de un certificado de incorporación y viabilidad de operación que incluye todos los permisos requeridos por la legislación hondureña. Las consultas o socializaciones ya no serían necesarias para comenzar una hidroeléctrica.

Luis Cosenza Jiménez, ingeniero eléctrico y antiguo jefe de campaña del Partido Nacional, apuntó en un escrito publicado en un medio de comunicación que «el PCM contradice la Ley General de la Industria Eléctrica (…) que manda que el Operador del Sistema, prepare el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren en ese plan sean contratados mediante licitación pública internacional. El PCM contradice ambos ya que sería el fideicomiso creado en el Banco Atlántida quien decidiría qué proyecto se construiría y cuando, ignorando el plan indicativo, y luego Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tendría que comprar la energía que genere el proyecto, sin que medie licitación pública internacional.  En pocas palabras, el PCM viene a destruir la institucionalidad del sector».

Cosenza también apunta que la Ley General de la Industria Eléctrica, al ser un decreto legislativo, prima sobre un decreto ejecutivo por lo que las disposiciones que forman la sustancia del PCM, no pueden entrar en vigor y son nulas de pleno derecho. Ante esta dificultad legal evidente, el Congreso Nacional a través de una comisión especial integrada por once parlamentarios trabajó en un dictamen para poder concretar la modificación.

Luis Redondo, diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU) que se opuso desde un inicio a la reforma, apunta que los expertos catalogan este intento como «uno de los robos más grandes que se pretenden hacer en la historia del país, ya que pretenden terminar de quebrar la ENEE, repartir los ríos y tener el control de las aguas que casualmente ahora está cotizando en la bolsa de valores de Wall Street, esto desde hace años que se viene planificando».

Redondo apunta que no se trata de colores políticos, sino que es un escenario en el que están intentando entregar el recurso hídrico a la empresa privada, todo esto bajo el engaño de las tormentas y de que ahora sí se van a realizar las obras necesarias para que el Valle de Sula no vuelva a inundarse. Sin embargo, en este decreto se incluyen proyectos que no están en el área de influencia de esa zona del país. 

Una familia lava ropa y se baña en la orilla del río Chamelecón a su paso por la comunidad de Ceibita en el departamento de Santa Bárbara. Sobre el río Chamelecón será construido el proyecto hidroeléctrico El Tablón. Ceibita, Santa Bárbara, 26 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Un ejemplo es la represa que se plantea construir en San Fernando y Morolica, en el río Choluteca, que coincide con la promesa de campaña del precandidato nacionalista Mauricio Oliva, quien a través de sus dirigentes ha apuntado que si llega a la presidencia del país construirá la represa en su primer año de gestión.

Desde la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), organización no gubernamental que vela por los intereses de las empresas generadoras, también se oponen al proyecto y han manifestado que «como asociación recientemente le enviamos una carta al representante del FMI en Honduras, para aclarar por qué este PCM no debe proceder, lo importante es que el Congreso Nacional, no utilice este PCM-138-2020 como una guía o pretexto para realizar reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, porque sería retroceder con los planes del mercado eléctrico».

Otro de los proyectos contemplados en el PCM es la construcción de las represas Los Llanitos y Jicatuyo, identificados con potencial hidroeléctrico sobre el río Ulúa desde 1979, y que tendrían influencia en múltiples comunidades del departamento de Santa Bárbara, una de esas comunidades es la aldea La Isla en el municipio de Colinas. 

Para cruzar hasta La Isla desde la comunidad de Inguaya, cercana al casco urbano de Santa Bárbara, solo hay una opción: subirse a una pequeña canoa con capacidad máxima de cinco personas, equipada con un equipo de sonido que solo toca rancheras y confiar en la experiencia del barquero que ha surcado el río Ulúa toda su vida. Casi en la entrada de la comunidad, cerca de la orilla del río se encuentra la casa de doña María de los Ángeles y don Emilio, quienes sufrieron pérdidas tras las tormentas en noviembre. 

«Yo miré el río como a las nueve de la noche y vi que estaba allá en la orilla, entonces le dije a la vieja que no teníamos peligro, pero cuando me desperté a las dos de la mañana ya lo teníamos encima», cuenta don Emilio. Doña María lo interrumpe para recordar que en ese momento la única opción que les quedaba era «doblar rodillas» y pedirle a Dios que no les pasara nada. En su casa tenían gallinas, cerdos, cosecha de sandía, plátano, mango, aguacate y maíz; y aunque ha sido duro perder las plantaciones, agradecen que la mayoría de los animales sobrevivieron a la inundación.

«Aquí no esperábamos que nos vinieran a rescatar y después nadie ha venido a dejar ni tan siquiera una bolsita de comida, ni siquiera el alcalde», cuenta doña María.

Sobre la instalación de las represas, Juana María Baide, pobladora de esa misma comunidad, dice que no saben nada de las represas porque «nadie nos ha dado información y quisiéramos saber por lo menos qué podría pasar si llegan a construir esa represa. La verdad es que se supone que puede traer fuentes de empleo y aquí no hay empleo, pero nos afectaría porque si en una tormenta hacen una descarga, nos inundamos».

El temor de la gente a que la represa cause inundaciones catastróficas en su comunidad ha crecido a partir de los rumores de que las inundaciones en el Valle de Sula fueron causadas por descargas de agua que la ENEE hizo sin reportar en El Cajón. Lo cierto es que entre el 14 y 28 de noviembre se hicieron descargas de 623 millones de metros cúbicos de agua, según información que diario El Heraldo obtuvo de la ENEE.

Juana cuenta que no les dan información porque siempre han permanecido abandonados y que para colmo la única ayuda que han recibido después de las tormentas es por parte de un canal de televisión y una iglesia, dice que en esa zona no existen los diputados porque nadie llega a ayudarles, ni siquiera en tiempo de campaña política.

La represa El Tornillito como solución al desastre 

 

Según cifras oficiales, Eta y Iota provocaron la muerte de al menos un centenar de personas en todo el país, 4 millones de afectados y, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), una pérdida económica de 45.676 millones de lempiras. Este escenario se convirtió en la oportunidad perfecta para que el Gobierno incluyera la construcción de represas en el denominado Plan de Reconstrucción Sostenible, que según el Gobierno también tiene como enfoque la habilitación de infraestructura vial, reactivación del agro en zonas afectadas y el apoyo a la Mipyme. 

El desastre climático de mayor impacto en los últimos veinte años se convirtió en el escenario perfecto para impulsar la política extractiva que desde hace un tiempo se había visto obstaculizada por la oposición de organizaciones comunitarias, y que en algunos casos llevó al asesinato de líderes indígenas y ambientalistas.

Hernández declaró el 27 de noviembre que «la oportunidad que nos da a los hondureños esta petición de declarar proyectos prioridad nacional es para que no sigamos con aquel debate estéril, porque mucha gente se opone a las represas, mucha gente no quiere reubicarse».

Blanca Pineda, de 37 años, camina sobre la ribera del río Chamelecón a su paso por la comunidad de Ceibita en el departamento de Santa Bárbara. Blanca es madre soltera de siente hijos. Ella junto a uno de sus hermanos se dedican a vender arena que extraen del río Chamelecón, pero este mismo río se llevó su casa tras el paso de las tormentas Eta e Iota. Ceibita, Santa Bárbara, 26 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

En Chinda, un pequeño municipio de 68.4 kilómetros cuadrados habitado en su mayoría por indígenas lencas en el departamento de Santa Bárbara, ya está en curso la construcción del proyecto hidroeléctrico El Tornillito sobre el río Ulúa, que tendrá una capacidad de producción de energía entre 160 y 200 megavatios, y que antes de emisión del PCM había sido mencionado como prioritario entre los planes del presidente. Sin embargo, aunque las familias de la colonia Brisas del Ulúa que serán afectadas por la zona de embalse del proyecto están de acuerdo con su construcción y están dispuestos a reubicarse, el poco ingreso económico y falta de oportunidades de empleo para acceder a tierras en zonas seguras causó la pérdida de sus casas.

«A las cuatro de la tarde estaba crecido el río, pero nunca creímos que iba a subir hasta donde nosotros, y luego no había luz, todo estaba oscuro. Nos dimos cuenta de que era una lluvia que no se quitaba y ya a las siete de la noche vimos que el río estaba cerca y no nos dio tiempo de sacar nuestras cosas», cuenta María, quien se encuentra con su esposo Pedro intentando reconstruir su casa en los escombros. 

Con el agua furiosa del río tocando a su puerta, María les dijo a sus hijas que tomaran los cobertores de tela de las camas y recogieran toda la ropa posible para llevársela. Esa ropa junto a una cama que recibieron como donación en el albergue por parte de una organización y una foto borrosa de toda la familia es lo único que tienen tras cuatro meses desde el desastre. María tiene 35 años, y es acompañada casi siempre por sus cuatro hijas, al regresar al lugar donde antes estaba su casa sus ojos se llenan de lágrimas y hace un listado de algunas cosas que tenían: camas, cuadros en la pared, roperos, baño, pileta para lavar la ropa.

«El siguiente día regresamos para ver cómo estaba todo desde la montaña, y de la casa que habíamos dejado ya no había nada, era simplemente arena», cuenta.

Antes de marzo de 2020, cuando la pandemia por COVID-19 detuvo una gran parte de las actividades en el país, María y su esposo negociaban con el ingeniero Carlos Madrid, encargado de la gestión de tierras de Hidrovolcán, quienes, según la legislación hondureña para proyectos de este tipo, tienen que comprar las tierras que serán afectadas por el proyecto a los dueños legítimos de las mismas, por eso la empresa negociaba la compra y una posible reubicación. También negociaban la compra de la tierra y la casa de su hermano que vive en Estados Unidos, construida en la comunidad. El acuerdo preliminar era de más de 800,000 lempiras por las dos propiedades. La pandemia detuvo las negociaciones, y según María, el ingeniero Madrid le dijo a su esposo que ahora la empresa no está interesada en concretar una oferta, ya que las lluvias demostraron que esta es una zona de riesgo inhabitable.

El Tornillito tiene entre sus proyecciones que el embalse del proyecto llegará a inundar la zona de Brisas del Ulúa y la entrada del municipio de Chinda, puntualmente la represa estará ubicada entre los municipios de Villanueva y San Antonio en Cortés, hasta influir en comunidades de Concepción del Norte, Chinda, Trinidad e Ilama en Santa Bárbara.

«Por la necesidad que tenemos, mi esposo le preguntó al ingeniero sobre el trato que teníamos, ya que ese dinero nos podría servir para comprar camas y ropa por lo menos, pero le contestó que la empresa ahorita no estaba interesada en continuar con las compras y le dijo que en todo caso ya no sería el mismo valor, pero nosotros tenemos papeles y le dije a mi esposo que mejor nos esforcemos para regresar al lugar donde teníamos nuestra casa», asegura María con preocupación.

Dennis Rivera, otro poblador a quien la alcaldesa Mirian López le donó un terreno en la colonia Brisas del Ulúa, dice que los representantes de Hidrovolcán le han dicho que no puede volver porque es zona de riesgo y además le han señalado que «si la alcaldesa me había ubicado acá, ella tenía el deber de ubicarme en otro lado».

Según testimonios de las familias damnificadas, el Gobierno municipal les ha dicho que regresen a sus tierras, reconstruyan sobre los escombros de lo que antes eran sus hogares y ellos se encargarán de donarles láminas de zinc, pero que por el momento no pueden reubicarse, también les han dicho que esperen la ayuda de la empresa. 

Vía teléfono, Mirian López, alcaldesa de Chinda, aseguró brevemente a este medio que Hidrovolcán no podía eximirse de su responsabilidad de compra sobre las tierras a pesar del desastre, y prometió una entrevista amplia con nosotros. Sin embargo, luego de esta breve comunicación no hubo otra respuesta a nuestras llamadas. Mirian Lopez es alcaldesa por el Partido Nacional y es precandidata a la reelección, justamente se encontraba en una visita de campaña en otras comunidades del municipio cuando solicitamos la entrevista.

«Nos parece lamentable que se les diga que regresen a una zona insegura, viene un tercer huracán y esa gente va a estar arriesgando su vida. Esa zona será responsabilidad nuestra, debemos protegerlos y sacarlos, pero en este momento no es nuestra responsabilidad», asegura Karen Gallegos, gerente de Relaciones Públicas de Hidrovolcán, y sobre las advertencias de personal de la empresa hacia los damnificados mencionándoles que sus tierras no tienen valor, asegura que esa no es la posición oficial de la empresa.

«La empresa no puede evadir una responsabilidad que ya está adquirida, si tienen dominio pleno y están en zona que Hidrovolcán va a afectar con el embalse se va a negociar o ya se negoció con ellos», asegura Gallegos.

A pesar de que la mayoría de las familias damnificadas no habían pactado un acuerdo con Hidrovolcán para la venta y reubicación de sus casas, hay un grupo del otro lado de la colonia Brisas del Ulúa que sí había hecho un trato previo a las tormentas, entre ellos a un grupo inicial de cinco familias se les está construyendo casas tras perderlo todo.

Sobre esto Gallegos aclara que ya no tienen recursos para comprar tierras y construirle a todas las familias con las que estaban negociando, dice que «la gente cree que la empresa e inversionistas están nadando en dinero y no es así».

Karen Gallegos, encargada de las relaciones públicas de la empresa Hidrovolcán durante la entrevista con Contracorriente. San Pedro Sula, 29 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Según el acta de constitución de Hidrovolcán con fecha de 18 de agosto de 2005, el principal accionista es Napoleón Larach, presidente de Electricidad de Cortés S. A. (Elcosa), una de las principales generadoras de energía térmica en el país. Actualmente tanto Elcosa como Hidrovolcán forman parte del conglomerado de empresas Inversiones y Representaciones Electromecánicas, S. A. de C. V. (Iresa) que en total maneja la operación de 493 megavatios de energía a nivel nacional, casi un 30 % de los 1670 megavatios que el país requirió en 2020.

Desde su creación y con la solicitud del estudio de factibilidad y luego el contrato de concesión, Hidrovolcán asegura que ha trabajado en el marco de la legalidad, aunque están conscientes de los precedentes de corrupción y violencia que han marcado a la industria generadora de energía en los últimos diez años. «Si usted quiere un proyecto transparente y que se cumpla la ley, el proceso lleva más tiempo», asegura la gerente de relaciones públicas de esta empresa.

Sobre las demandas de los pueblos indígenas que ante los proyectos que tienen influencia en sus territorios piden la organización de una consulta previa, libre e informada según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gallegos dice que «hemos pedido que establezcan las reglas de esa consulta, pero eso le corresponde al Gobierno. Lo que nos corresponde a las empresas son las socializaciones y estas las hicimos».

Desde 2012 el Gobierno hondureño y organizaciones indígenas vienen trabajando y discutiendo la creación de un mecanismo de consulta, el último intento fue en enero de 2020 cuando se nombró una comisión que presidía el diputado nacionalista Óscar Nájera, del departamento de Colón, una zona conocida por el narcotráfico, los conflictos de tierra, el cultivo de palma africana y las mineras.

Nájera realizó una reunión con actores de los pueblos indígenas para socializar la iniciativa y durante una conferencia de prensa posterior dijo: «hemos iniciado hoy un día que va a quedar en la historia del país y nos hemos encontrado con el amor, el cariño y sobre todo el humor de los indios que conformamos todos los pueblos afro hondureños e indígenas».

Ante esta situación, organizaciones de pueblos originarios se manifestaron días después frente al Congreso Nacional para declararse en contra del proyecto y presentar su análisis al respecto. Entre las observaciones denuncian que la ley no cumple con los estándares internacionales al no consensuar con todos los pueblos indígenas, además de abordar la consulta desde una perspectiva homogénea y sin respetar las diferencias de cada pueblo.

En el caso de El Tornillito, sobre la oposición de grupos indígenas y campesinos organizados en contra del proyecto, Gallegos asegura que no existe y que siempre se sienten bienvenidos. «En Chinda nadie nos dice: es que ustedes van a destruir nuestras raíces lencas».

Gallegos también recuerda el asesinato de Berta Cáceres, dice que las condiciones de su asesinato no están claras y que «su muerte ha traído consecuencias que se van a seguir arrastrando por muchos años», pero hace una aclaración y apunta que «sí hay que saber que no todos los ambientalistas han muerto por ser ambientalistas».

Una estadística recolectada por Contracorriente para el proyecto Tierra de Resistentes muestra que al menos 138 asesinatos a defensores del ambiente en Honduras sí fueron provocados por su activismo.

La oposición del Movimiento Ambientalista Santabarbarense

 

Las tormentas y el discurso gubernamental de que las represas son la única solución para evitar las inundaciones también llevó a un repunte en las amenazas hacia defensoras y defensores del ambiente, este fue el caso de Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), una de las pocas organizaciones que está llevando procesos de organización y formación en las comunidades de Santa Bárbara, territorio con sesenta concesiones de generación de energía, el segundo departamento con mayor cantidad de proyectos de explotación de recursos en el país.

En la emisión del telenoticiero Al Cierre, la noche del 25 de noviembre, el periodista Edward Fernández aseguró que «no tendríamos una Honduras desgarrada en el norte si esas represas existieran. Y sobre las defensoras del medio ambiente, aquella muchacha Betty, ni tan siquiera a regalar una bolsa de comida ha salido, los que se opusieron a la represa El Tornillito ni tan siquiera han salido a dar la cara con una bolsa de comida para los damnificados porque saben en su corazón que son culpables de que esta gente haya perdido sus casas y todo en la vida, son culpables los que se han opuesto a las represas».

A pesar de las acusaciones vertidas por Edward Fernández, desde finales de noviembre el MAS gestionó ayudas alimentarias dirigidas a los damnificados de diversas comunidades en el departamento. Betty se encarga de almacenar las bolsas en su casa y luego llevarlas hasta los beneficiarios, en ocasiones se sube a una canoa y cruza los ríos que defiende para llevar las ayudas, tal como lo hizo el 25 de enero —día de la mujer hondureña— cuando llevó decenas de bolsas de comida a la aldea La Isla, amenazada por la construcción de la represa Los Llanitos.

La coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, Betty Vásquez, recibe una clase en línea en la orilla del río Ulúa de la facultad de derecho de la universidad donde estudia. La Isla Colina, Santa Bárbara, 25 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Betty promueve la defensa de los bienes naturales desde la manifestación activa de la ciudadanía e instancias públicas como el cabildo abierto, que es una reunión entre toda la comunidad y sus autoridades para votar a favor o en contra de los proyectos que pueden afectar los recursos vitales que sustentan su forma de vida.

El 23 de febrero de 2017 los pobladores de Chinda y la autoridad municipal realizaron un cabildo abierto en el que declararon el municipio libre de proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, la represa nunca se detuvo y realizó socializaciones con los patronatos de cada barrio en donde aseguran que fueron aceptados. En el registro del expediente del proyecto que tiene la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) no hay pruebas documentales de dichas socializaciones.

«El cabildo no funciona, pero es lo único que tenemos porque las consultas previas, libres e informadas no están reglamentadas y si lo hacen según su conveniencia igual no va a servir. En ocasiones ha funcionado, creo que en el caso de Chinda ha funcionado porque se han detenido ciertas cosas», dice Betty.

A pesar de que los representantes de la represa aseguran que no han encontrado oposición por parte de la comunidad, según Betty hay un aproximado de cien personas organizadas que se han manifestado públicamente en contra de la construcción de este proyecto.

Según Manuel Medina, habitante de Chinda y miembro del MAS, empezaron la oposición a la represa cuando en 2018 se encontraron con la maquinaria del proyecto, y cuenta que «trajeron documentos para demostrar que tenían permisos, y así nos dimos cuenta que la construcción era 12 kilómetros arriba del departamento de Cortés, entre los municipios de Villanueva y San Antonio, que además eran los únicos dos municipios que iban a recibir una mensualidad de 8000 dólares en enero de cada año por 15 años, y Chinda no recibiría pagos. Con ese argumento teníamos cómo encaminar esta lucha y empezamos a hacer protestas, hicimos dos plantones en el puente colgante del Río Ulúa y nos cayó la policía».

Entre las integrantes del MAS originarias de Chinda también se encuentra Rosemary, una joven ingeniera industrial graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quien —como muchos jóvenes— no tiene oportunidad de empleo dentro de la comunidad. 

«Nos prometieron que Chinda sería la próxima Venecia y que tendremos la oportunidad de salir adelante, de poner nuestros hoteles, pero somos una comunidad muy pobre y tal vez dos familias serán las que tienen posibilidad de construir un hotel. Estamos defendiendo el municipio porque es el pueblo más afectado, los otros van a obtener sus beneficios y no se van a inundar», explica.

Los miembros del MAS aseguran que la represa hará que se pierda uno de los acontecimientos culturales más importantes de su comunidad: el brote de las sardinas, justamente en un lugar que llaman La Sardinera, allí la comunidad camina durante cuarenta minutos para recoger los pequeños peces que brincan del río y luego sirven para alimentarlos en medio de la escasez en la que siempre viven. Gallegos de Hidrovolcán dice que las sardinas no van a desaparecer y que no sabe si realmente habrá acceso con la instalación de la represa, asegura que ellos no tienen nada que ver con la sardinera.

Los pobladores de Chinda aseguran que no hay fuentes de empleo, la única actividad a la que se pueden dedicar es la agricultura de subsistencia y la minería no metálica a cielo abierto que es sacar arena del río para venderla. Esta falta de oportunidades lleva a que siete de cada diez habitantes viven en pobreza, según datos del MAS.

Sin embargo, según la empresa la inundación que sufrirá Chinda no es una amenaza ,sino que es justamente lo que les traerá las oportunidades que nunca han tenido en la comunidad,  Gallegos  explica que «le llamamos la Venecia de Honduras porque el embalse va a hacer que la zona sea turística, ese río que cuando no está inundado es un charquito, pero ahora va a permanecer en un cierto nivel que va a permitir que las lanchitas crucen y la gente pueda llegar a pasear a Chinda», y reafirma que es una oportunidad para que los pobladores piensen en «hotelitos».

Gallegos también dice que van a generar un aproximado de 3000 empleos temporales para los municipios de influencia del proyecto. Sin embargo, asegura que no podrán resolver los problemas que el Gobierno ha desatendido desde hace mucho tiempo, y afirma que no es rol de la empresa sustituir al Estado. 

A pesar del poco interés que la empresa pone a la oposición indígena de Chinda, Betty Vásquez cree que su activismo es riesgoso. 

«No quiero aparecer en la camiseta de la gente, no quiero aparecer en mantas. Mis hijos me dicen que les da miedo porque ya viví lo de Berta, lo de Margarita Murillo y yo les digo que a mi no me va a pasar eso porque hago cosas tranquilas. No quiero ser heroína, pero tampoco le tengo miedo a nada», dice Betty quien fue amiga de Berta Cáceres, esta le apoyó desde el nacimiento de la organización en 2011. 

Ante la campaña de desprestigio que sufrió cuando la acusaron de ser culpable del desastre en el Valle de Sula, tras las inundaciones de noviembre, Betty presentó una querella formal en contra del periodista Edward Fernández que se resolvió con la disculpa pública del comunicador.

Kenia Oliva, abogada de Betty en este caso, aseguró al final de la audiencia que «es importante que estas personas rindan cuentas socialmente para que la institucionalidad funcione y la gente no se sienta tan vulnerable porque las comunidades están desde una posición de desventaja».

Rosmery Briones, de 35 años, junto a otras mujeres militantes del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, durante el juicio por difamación que Betty Vásquez —coordinadora del MAS— interpuso contra el periodista Edward Fernández. Santa Bárbara, 28 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Mel Zelaya, las represas y Odebrecht

 

Sobre las otras represas Los Llanitos y Jicatuyo, calificadas por el actual Gobierno como prioridad, Manuel Zelaya, expresidente depuesto en 2009 por un golpe de Estado, aseguró a través de su cuenta de Twitter que en su gestión se habían aprobado ambos proyectos y su respectivo financiamiento, pero que los ejecutores del golpe habían anulado dichos acuerdos. El memorándum 457-2016 de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable indica que la cancelación del proyecto no se hizo hasta varios años después de la gestión de Zelaya. En dicho documento se narra el proceso mediante el cual la represa Los Llanitos fue aprobada, modificada y suspendida  por la misma empresa ejecutora en 2013.

Identificada en estudios de evaluación del potencial hidroeléctrico en 1979 sobre el río Ulúa, la represa tuvo su primer paso firme en el Gobierno de Zelaya, primero con el PCM 04-2006 que declaraba al sistema energético nacional en estado de emergencia, y que daría pie a la autorización para que la ENEE pudiese contratar directamente sin necesidad de licitaciones y con la modalidad B.O.T (Construir, Operar y Transferir), en la que una empresa privada se encargaba de la construcción del proyecto y su etapa inicial de operación para luego transferir al Estado sin ningún costo. Este es el mismo modelo utilizado para grandes concesiones de infraestructura como los corredores logístico y turístico del país donde se implementaron las casetas de peaje. 

El río Ulúa a su paso por el municipio de Ilama en el departamento de Santa Bárbara. Sobre el río Ulúa se construirán los proyectos hidroeléctricos Llanitos, Jicatuyo y El Tornillito. Ilama, Santa Bárbara, 28 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

En ese escenario el Gobierno de Zelaya ratificó el 6 de enero de 2009, la emergencia en el sistema energético para que la junta interventora de la ENEE, que en ese entonces dirigía Rixy Moncada, ordenara la firma del acuerdo 01-JI-61-2009 con fecha del 22 de enero del mismo año, con la constructora Norberto Odebrecht, una empresa de construcción brasileña que en 2016 protagonizó el descubrimiento de una red de corrupción que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pagó unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales por más de 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina, así como en Angola y Mozambique, en África.

El memorándum de la ENEE cuenta que en 2012 con avances significativos en diseño y gestión socio-ambiental, los trabajos fueron interrumpidos y según el expediente 39-E-2003 que contiene toda la información del proyecto hidroeléctrico Los Llanitos (118 megavatios de potencia instalada) la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (actualmente denominada MiAmbiente) nunca pudo acceder a una copia del contrato que suscribió el gobierno de Zelaya con Odebrecht, y que en los cuatro años que la empresa operó en el país nunca entregó un estudio de factibilidad. 

Luego, entre 2009 con Roberto Michelletti como presidente de facto y 2013 con Porfirio Lobo al mando del ejecutivo, se firmaron al menos dos modificaciones del contrato para dar tiempo para entregar los estudios pactados. Finalmente, la razón de que el acuerdo se suspendiera fue la falta de cumplimiento de una contraparte gubernamental por 100 millones de dólares en diciembre de 2012.

En 2018 la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA anunció que estaba llevando a cabo una investigación en contra de seis exfuncionarios hondureños para comprobar si habían sido parte de la red de corrupción que sobornó a funcionarios públicos en todo el continente para la aprobación de contratos de construcción con Odebrecht, después de la salida de la Maccih a finales de 2019 no se volvió a conocer del caso.

Contracorriente solicitó una entrevista al expresidente Zelaya para aclarar los procesos que se llevaron en el contrato, sin embargo, no respondió. 

La soledad de Chinda

 

Justo frente al refugio de afectados por las lluvias en Chinda, están construyendo las casas de cinco familias damnificadas que ya habían cerrado un trato con la represa El Tornillito, esto aumenta la inquietud de los demás y genera un conflicto interno entre los pobladores que en lo único que parecen estar totalmente de acuerdo es que la llegada de la represa puede mejorar por un tiempo las condiciones de trabajo y de vida de la comunidad.

«La represa va porque va, eso nadie lo quita, quizá solo un milagro de Dios», dice María y asegura que oponerse a la construcción es algo ilógico porque ellos no tienen el poder para detener un proyecto tan grande por lo que lo único que les queda es exigir un trato digno.

«Nosotros necesitamos un terreno para ubicar nuestras casas, han salido ayudas para construirnos las casas, pero no tenemos el terreno. Nosotros no podemos solo abandonar las tierras porque son lo único que tenemos y si a ellos les interesan nuestros lugares igual tendrán que comprarlos como hicieron con otras personas», dice María.

Notablemente afligida María dice: «hemos superado un poco la pérdida, porque es cosa de la naturaleza y todo lo que pasa es permitido por Dios, y sabemos que él nos va a bendecir para obtener la casa que teníamos anteriormente».

Mientras María platica con otros pobladores sobre lo que la empresa les ha dicho, sus hijas juegan alrededor de lo que antes era su casa, su hija mayor de 17 años, sube a un muro que quedó semidestruido con las tormentas, observa el río y escucha su corriente a unos 500 metros de distancia. Desde el desastre no han vuelto a nadar o lavar dentro de sus aguas, solo esperan que alguien les ayude para no tener que esperar otro desastre. 

Por: Agustina Grasso

Portada tomada de Pixabay

Cuando le cuento a alguien, en general ajeno al mundo periodístico-literario, que escribo crónicas, me suelen preguntar  «¿Qué son?» Y ahí comienza una especie de clase informal callejera. Un encuentro que no sé cuán efectivo termina siendo, ya que para comprender el género se necesita paciencia y tiempo, recursos muy codiciados en esta sociedad apurada en la que vivimos.

Hay una definición que le voy a tomar prestada al escritor colombiano Darío Jaramillo que dice así:  «la crónica es un texto periodístico que utiliza herramientas de la ficción». Un relato, basado en hechos y datos comprobables, que se narran con recursos de los cuentos o las novelas.

Para lograrlo, primero hay que comprender que las crónicas tienen su propia lógica. No van a la par de la urgencia de las noticias. Necesitan su propio tiempo de maduración. Y tener tiempo favorece a una mayor profundidad en el tratamiento de las historias. Esto se debe a la dedicación que lleva el trabajo de campo. Pasar tiempo en los lugares que estamos retratando. Generar una relación con las personas involucradas y empatía. Entender más el tema, chequear y rechequear datos. Y el broche de oro: escribir sin apuros.

«La verdad es una cuestión de estilo»     

Las temáticas elegidas para esta clase de piezas literarias suelen ser viajes, problemáticas sociales, perfiles o experiencias personales. Oscar Wilde tiene una famosa frase que dice «la verdad es una cuestión de estilo» y me parece atinada citarla, ya que en las crónicas se ve plasmada cierta  «verdad», una honestidad personal que no se trata de una verdad absoluta sino del recorte que hace el cronista desde su punto de vista sobre los hechos que cuenta.

Otra famosa definición que completa los dichos de Jaramillo y Wilde es la del cronista mexicano Juan Villoro que define crónica como el ornitorrinco de la prosa: un animal cuyo equilibrio biológico depende de no ser como los siete animales distintos que podría ser. Es decir, que se enriquece de distintos géneros literarios, como la novela, el cuento, el reportaje, la entrevista, el teatro, el ensayo y la autobiografía.

Historia de la crónica

Muchos hombres vengo citando ¿verdad? Eso me pasó a lo largo de estos años de formación y búsqueda de  «estilos de escritura». Y eso que este género, si bien en los últimos años tomó mayor relevancia en Latinoamérica, no es para nada nuevo. El género de la crónica, más parecido a lo que conocemos hoy, se remonta a 1400 con los cronistas de Indias. Otros antecedentes que suelen tomarse se remontan a 1800 con el movimiento literario del realismo francés, posterior al romanticismo. Luego con el costumbrismo en 1890-1910 en Latinoamérica.

En Estados Unidos, el género siguió con los Muckrakers (1914-1918) y la Generación perdida (1918-1930). Otros pioneros de la no-ficción fueron John Jersey con Hiroshima (1945), Rodolfo Walsh, con Operación Masacre (1957) y el movimiento de Nuevo Periodismo de Estados Unidos.

Pero hasta aquí sigo sin hablar de mujeres contadoras de historias. Es que pareciera que para llegar a ellas hay que cruzar un halo de invisibilidad que las recubre. Y una vez que se logra, ahí están ellas.

Un cuarto propio

La famosa escritora británica Virginia Woolf ya había estudiado en 1929 que la falta de mujeres en la literatura se debía a que la mujer para poder escribir libremente necesitaba de  «dinero y un cuarto propio», haciendo referencia a la necesidad de la independencia económica y un lugar tranquilo para pensar como formas de emancipación.

En 1949, la escritora francesa Simone de Beauvoir en el apartado de mujer independiente de su libro El segundo sexo vuelve a retomar esta cuestión: «existe hoy un elevado número de privilegiadas que encuentran en su profesión una autonomía económica y social. Es de ellas de quienes se trata cuando se plantea la interrogante sobre las posibilidades de la mujer y sobre su porvenir. Por eso, y aunque todavía no constituyan sino una minoría, resulta particularmente interesante estudiar de cerca su situación».

En el libro, ella dice que las mujeres  «sabemos describir ambientes y personajes, indicar sutiles relaciones» y lograr que el lector sea  «participe en los movimientos secretos de nuestras almas».

No quiero dejar de nombrar que años antes, en Argentina, tuvimos a una gran referente del periodismo y pionera fundadora de medios que fue Virginia Bolten. Ella fue la primera mujer en dirigir un periódico anarcofeminista en 1910, llamado La voz de la mujer.

La gran Clarice Lispector

Volviendo a la crónica, la famosa escritora ucraniana-brasilera, Clarice Lispector, dio sus primeros pasos escribiendo en un periódico brasilero en los años 40 y llegó a tener una columna, llamada Entre mujeres. Un recorrido que fue esencial para su carrera, aunque Clarice alguna vez dijo: «No soy periodista, no sé qué es una crónica» y llegó a bromear con el género: «¿Crónica es relato? ¿Conversación? ¿Resumen de un estado del espíritu?».

En estos conceptos de las escritoras, hay varias palabras que se repiten: alma, espíritu, libertad. Una observación que me hace acordar a lo que la autora italiana, Silvia Federici, plantea en su libro el Calibán y la bruja:  «venimos de tiempos en los que la racionalizacón capitalista del trabajo impuso destruir el cuerpo como receptáculo de poderes mágicos».

Como si vinieramos de años en los que escribir más allá de la mente estaba mal visto, como si atravesar por el cuerpo los relatos no fuera aceptado en el mundo intelectual.

Volviendo a la línea cronológica luego del boom Latinoamericano, llegamos al día de hoy, con muchísimas autoras destacadas. Hebe Huart, Svetlana Aleksiévich, Alma Guillermoprieto, Leila Guerriero, Gabriela Weiner y Josefina Licitra, entre otras. Es que la crónica tiene una cintura que le posibilita adaptarse a todos los tiempos. Una fluctuación que le permite mantener su frescura, día tras día.

Por: Francesc Relea

La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.

El triunfo de la revolución sandinista, julio de 1979,acabó con una tiranía que parecía no tener fin y alumbró el sueño de una sociedad justa y libre en Nicaragua. Han transcurrido cuatro décadas desde aquella gesta que enamoró a medio mundo, con unos jóvenes guerrilleros, cargados de idealismo, que se disponían a reconstruir el país. Hoy, la justicia y la libertad son de nuevo una quimera en Nicaragua, y quien gobierna con mano totalitaria es uno de los artífices de la revolución sandinista llamado Daniel Ortega.

En la Nicaragua de 2021, que enaborla la simbología del viejo FSLN aderezada con una buena dosis de mesianismo, funciona un sistema autoritario, cuya cara más palpable es el control sobre las personas a escala de la comunidad de vecinos. Explicamos cómo funcionan los engranajes locales de poder, que hacen girar la maquinaria completa; cómo es la vidabajo el escrutinio permanente de una mirada que espía tras la ventana, y con el miedo a una denuncia en cualquier momento.

Amparándose en la llamada Ley de Agentes Extranjeros, el Gobierno ha provocado el cierre del capítulo nicaragüense de la asociación de escritores PEN Internacional y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La nueva Administración de EEUU que preside Joe Biden difundió un comunicado a través del Departamento de Estado del 8 de febrero en el que advierte que “Ortega está conduciendo a Nicaragua hacia la dictadura”.

En El Salvador, después de una sangrienta guerra civil, el Gobierno y la guerrilla firmaron los Acuerdos de Paz de 1992. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. No ocurrió lo mismo con las Fuerzas Armadas, implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Desde el primer día de la firmade la paz, los militares se resistieron a perder su hegemonía y siguen siendo árbitros del sistema político salvadoreño. En 2009, el FMLN (el antiguo frente guerrillero) ganó las elecciones y alcanzó a través de las urnas lo que no había logrado con las armas. Las esperanzas de quienes esperaban un cambio de gran calado se desvanecieron pronto. La militarización de la vida cotidiana adquirió niveles alarmantes en la nueva guerra entre pandillas y cuerpos de seguridad.

Después de 30 años dominados por unaderecha de orígenes paramilitares y una izquierda de raíz guerrillera, en 2019 llegó a la Presidencia de la República un outsider. Nayib Bukele, empresario millenial educado en la era de Internet, llegó con un discurso renovador para enterrar la políticatradicional. Puro espejismo. Los militares campan de nuevo a sus anchas, el presidente gobierna con mano de dictador y utiliza masivamente las redes sociales para desprestigiar las voces críticas de periodistas, científicos y defensores de derechos humanos. Un ambiente irrespirable para los opositores.

Washington ha empezado a marcar distancias con el autoritarismo de Bukele. La Administración Biden rechazó una reciente solicitud de reunión del presidente salvadoreño, que realizó un viaje a EEUU no anunciado previamente. Una muestra del cambio de política del vecino del Norte es la suspensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) firmados en la época de Donald Trump con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dichos acuerdos permitían deportar de vuelta a los solicitantes de asilo de estos tres países.

México es el granpaís de la región que ha vivido la euforia por un cambio de gobierno que prometía una transformación histórica. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las presidenciales de 2018 fue interpretado por muchos como el punto de inflexión de la tradición autoritaria del Estado mexicano, con más de 70 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dos años después de su investidura, las expectativas se diluyen día a día.

Quienes sufren las peores consecuencias del quehacer del nuevo gobierno del presidente López Obrador son, precisamente, quienes el mandatario dice defender: los más vulnerables. Mujeres, indígenas, migrantes y periodistas siguen siendovíctimas de la violencia del crimen organizado, y de la corrupción en las fuerzas policiales y en las estructuras del Estado. Una de las medidas “estrella” del primer presidente de izquierda es una de las más cuestionadas: la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, bajo mando militar.

Honduras es, probablemente, el ejemplo más patente de democracia de papel, con una forma de poder autocrático desde la independencia. La política es un asunto de clase y a lo largo del siglo XX estuvo dominada por los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores) o directamente por los militares.

Desde el golpe de Estado de 2009 el país vuelve a estar gobernado de factoa través del Partido Nacional, considerado el partido de los uniformados.

En plena pandemia del Covid-19, la situación lamentable de la Sanidad pública y de quienes trabajan en este sector retrata un sistema autoritario amparado en la impunidad, en uno de los países más pobres y violentos del mundo. El saqueo de los recursos públicos es una constante por parte de quienes gobiernan bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bien pertrechadas por Estados Unidos. El “sueño americano” es precisamente la única esperanza de los miles de hondureños que emigran hacia el vecino del Norte.

El Gobierno hondureño hace caso omiso a los requerimientos y medidas cautelares dictadas por organismos internacionales a favor de defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas. El presidente Juan Orlando Hernández enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Su hermano Juan Antonio Tony Hernández, exdiputado, está preso en Estados Unidos y un jurado de la Corte federal del distrito sur de Nueva York le declaró culpable de los delitos de conspirar para importar cocaína a EEUU, posesión de armas y falso testimonio.

El viraje autoritario no está desligado del contexto de remilitarización de la seguridad pública en México y Centroamérica. En la última década los militares han salido de los cuarteles para implicarse cada vez más en tareas de seguridad interior, y han pasado a ocupar responsabilidades en diferentes áreas de la administración pública. Paralelamente, una soterrada minicarrera armamentista aviva viejas tensiones y atenta contra el equilibrio de fuerzas en la región. El Salvador compró en 2014 una flota de aviones a Chile, Honduras adquirió una flotilla de aviones de ataque ligeros y Guatemala y Nicaragua no ocultan sus deseos de reforzar sus medios navales y aéreos. El fin de la era Trump y los nuevos vientos que soplan desdeWashington son una tenue luz de esperanza en una región maltratada históricamente por Estados Unidos.

Créditos:

Textos: Flor Goche, Wilfredo Miranda, Lizz Gabriela Mejía, Gabriela Villarroel y Francesc Relea.

Fotografía: Martín Cálix, Wilfredo Miranda Aburto, Carlos Herrera, EFE, Gerardo Magallón, Emersón Flores.Edición: Francesc ReleaCoordinación: Milagros Romero Meza.

Diseño para redes: Paula Álvarez.

Yasser Cuéllar falleció por COVID-19 mientras buscaba atención médica. Esto sucedió un día antes de finalizar su servicio social. Este caso destapa las malas condiciones en los hospitales y las excesivas cargas laborales de los estudiantes de medicina. 

Texto: Lizz Gabriela Mejía

Fotografía: Martín Cálix

«Él le brindó ocho años al Estado, salvando vidas, ¿y a él quién me lo salvó? Nadie, nadie me lo salvó», lamentó Nidia Fuentes, madre del joven  Yasser Cuéllar, médico in fieri de 27 años. La señora Fuentes aseguró a Contracorriente que «no tiene sentido que después de siete años de estudio los obliguen a hacer un servicio social, y más ahora con esa pandemia, y sin protección. Tuvo que morir mi hijo para poder aprobar ese nuevo documento», refiriéndose al comunicado emitido por la Secretaría de Salud en el que se exige a los centros asistenciales que se dote con equipo de protección personal a los alumnos que están desarrollando sus pasantías y servicios sociales.

Yasser estaba asignado al centro de salud de la colonia Calpules, en la 27 calle de San Pedro Sula con el objetivo de realizar su servicio social, requisito obligatorio para graduarse de médico general. Sus amigos y familiares lo recuerdan como un muchacho amable, atento y servicial. Agregan que además de estudiar medicina, él era chef y —siguiendo los pasos de su madre— estudiaba la licenciatura en Derecho en una universidad privada del país. Finalizaba su servicio social el lunes 15 de febrero, un día después de su fallecimiento. Su madre comenta que más de una vez su hijo tuvo que comprar mascarillas porque no siempre se le dotaba de equipo de bioseguridad en el establecimiento de salud en el que estuvo dando consulta médica. 

Su madre cuenta que Yasser sintió un fuerte dolor de espalda y fiebre a inicios de febrero, pero que en poco tiempo ya su hijo «se estaba ahogando». La madre angustiada llamó al 911 para solicitar una ambulancia y trasladar a su hijo al centro asistencial más cercano, pero la respuesta que recibía no era la esperada, pues le preguntaban si ya tenía un cupo reservado para su hijo, porque las salas COVID-19 en los hospitales estaban llenas. Por ser parte del personal en primera línea, su madre lo trasladó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, donde le negaron la atención médica por no portar un carné de asegurado. Luego, fue ingresado al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, donde fue atendido, pero no de la manera que requería su caso.

«Lamentablemente, la ley impide que una persona que no tenga seguro social sea recibido en el IHSS. Cuéllar era un colegiado provisional, es decir, no tenía la categoría de definitivo. Si se hubiera ingresado, habría sido un abuso de autoridad, aunque hubiese sido una buena acción», declaró el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, a medios de comunicación del país. Umaña agregó que el Colegio Médico de Honduras realizó las gestiones necesarias para ingresar a Yasser Cuéllar, pero el IHSS se negó, pues va en contra de lo que estipula el convenio entre ambas instituciones, ya que solo los colegiados definitivos —no los provisionales— pueden ser ingresados a este centro hospitalario.

Durante la celebración del Miércoles de ceniza —que marca el inicio de la cuaresma católica—, una médica ora en la Basílica de la Virgen de Suyapa. Tegucigalpa, 17 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Umaña también se refirió a la irresponsabilidad del Estado de Honduras, asegurando que «a estos muchachos les hacen firmar un documento que exonera a las autoridades de la Secretaría de Salud de este tipo de situaciones, lo cual es inmoral». Contracorriente tuvo acceso al documento mencionado por el internista Umaña, en el que dice: «libero de toda responsabilidad civil, administrativa y penal, presente y futura al personal del Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, dependiente de la Secretaría de Salud en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por posibles contagios que me pudieran ocurrir durante la realización de mis prácticas clínicas dentro de esta institución». 

El médico finalizó diciendo que la seguridad y el bienestar de los estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina son responsabilidad del Estado de Honduras, por lo tanto, merecen condiciones y pagos dignos, además de la afiliación en el IHSS. 

Doña Nidia expone que en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela no hay insumos para atender a pacientes en estado crítico, tampoco hay suficientes especialistas, mucho menos un intensivista, razón por la que decidió trasladar a Yasser al Hospital Mario Catarino Rivas, centro asistencial con mayor cantidad de personal médico, unidad de cuidados intensivos e insumos y equipo necesario para tratar a su hijo. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de su familia por salvarlo, el joven de 27 años falleció la noche del 14 de febrero.

Crisis entre estudiantes y autoridades continúa

 

Los problemas entre los estudiantes de las tres facultades de medicina y la Secretaría de Salud no son algo nuevo en el país, pero desde el inicio de la pandemia, se han presentado más situaciones que han agudizado las diferencias entre ambas partes. Las denuncias hechas por los alumnos de los últimos años de la carrera de medicina van desde el retraso en la «rifa» para el internado rotatorio y el servicio social, hasta el incumplimiento con el pago del salario beca, negativas ante la solicitud de equipo de protección personal para laborar en los distintos hospitales.

El 2 de febrero del año en curso, el doctor Nery Conrado Cerrato, subsecretario de Estado en la Secretaría de Salud, emitió un oficio dirigido al doctor Jorge Alberto Valle Reconco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (FCM-UNAH). En este documento, la máxima autoridad de la salud pública exigía el listado de los alumnos de último año de medicina que se habían retirado del servicio social en los distintos centros de salud y hospitales del país, y que decidieron cumplir con sus horas laborales en la plataforma de telemedicina habilitada por UNAH, Doctor 1847. De esta manera, la Secretaría de Salud pretende «realizar el cálculo de los montos transferidos y no devengados para ser reintegrados a la Tesorería General de la República». En otras palabras, los estudiantes que dieron consulta de manera virtual deben devolver el salario beca que percibieron esos meses. Este documento que salió de la Secretaría de Salud era una respuesta al oficio SCU-No. 056-2020 con fecha del 02 de septiembre de 2020 que fue enviado por la UNAH. 

El portal Doctor 1847 fue lanzado por UNAH en junio de 2020, con el objetivo de brindar servicios de salud de manera virtual. Los pacientes, a través de su teléfono o computadora pueden recibir atención médica para enfermedades como dengue, COVID-19, entre otras. «Creo que es un logro importante para ser el primer esfuerzo de la UNAH en un proyecto de vinculación Universidad-Sociedad de manera virtual y altamente tecnológico que sentará pautas para nuevos desarrollos e implementaciones en el campo de la medicina», comentó al medio de la UNAH Gaceta Universitaria, el doctor Salvador Díaz, catedrático del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas y desarrollador de la aplicación Doctor 1847. Hasta la fecha, más de 150 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeros, han sido parte del personal que ha brindado consultas a través de esta herramienta virtual.

Una médica del traje del Centro Cristiano Internacional (CCI) realiza una extracción de sangre para realizar análisis y determinar si la persona es positiva para COVID-19. Tegucigalpa, 17 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Otra de las quejas que han exteriorizado los médicos que terminaron su servicio social es que la universidad no ha hecho lo que está en sus manos para la titulación, trámite requerido para poder colegiarse, ejercer la carrera e incluso aplicar a una residencia de estudios especializados. Muchos jóvenes llevan alrededor de un año esperando recibir su título, mientras otros ya terminaron sus trámites de titulación, incluso, ya se colegiaron e ingresaron a cursar sus estudios de posgrado. 

Esta semana, a través de sus redes sociales, la universidad nacional informó que el miércoles 24 de febrero estarán entregando 396 títulos universitarios de ciencias de la salud, de los cuales, 54 son de especialidades y 313 son para doctores en medicina y cirugía. A pesar de esto, los médicos que ya cumplieron con todos sus requisitos y trámites que aún no reciben sus títulos, convocaron a un plantón el lunes 22 de febrero a las 9 a. m. en el estacionamiento del campus UNAH-Valle de Sula .

Testimonios de médicos en servicio social

 

Ante esto, Contracorriente se comunicó con médicos en servicio social que cumplieron con este requisito o siguen laborando en los hospitales y dieron su testimonio con la condición de que se proteja su identidad para evitar represalias. Uno de los jóvenes médicos comentó que su año de servicio social, desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020, lo realizó en una aldea al occidente del país donde no contaban con las medidas de bioseguridad necesarias para atender pacientes. El joven mencionó que los pocos guantes y mascarillas estaban reservados para casos de emergencia, como partos, pues el centro de salud es el establecimiento sanitario más cercano para la población del municipio.

Debido a esta situación, decidió retirarse del servicio social hasta que la FCM-UNAH y la Secretaría de Salud llegaran a un acuerdo para solucionar los obstáculos que enfrentaban los alumnos de la facultad. Durante 4 meses estuvo sin asistir al centro de salud, pero sí atendió pacientes a través de la plataforma Doctor 1847. Cuando lo consideró conveniente, en el mes de julio, regresó a laborar a un centro de salud siempre en la zona occidental del país.

Actualmente, el médico se encuentra a la espera de su título universitario y su colegiación definitiva, además, le adeuda alrededor de 28,000 lempiras a la Secretaría de Salud porque decidió no reponer los cuatro meses que no atendió pacientes presencialmente en el centro de salud sino de manera virtual a través de la plataforma de la UNAH. El joven —que pidió no revelar su identidad— dice que los médicos en servicio social son un gran apoyo para los centros asistenciales del país que carecen de personal permanente, agrega que más que médicos son administradores o directores de los centros de salud en áreas rurales del país.

Una joven doctora, quien también pidió que no se revelara su nombre, realizó su servicio social en el departamento de La Paz y dijo que a pesar de no ser una médica con título y colegiación definitiva, le tocaba cubrir los espacios que deberían ser llenados con doctores o enfermeras. Además de atender a los pacientes que llegaban al centro asistencial, debía estar pendiente del abastecimiento de medicinas e insumos a utilizar en el centro de salud que ella dirigió durante un año, «uno llega al lugar al que fue asignado y normalmente no hay médicos, solo está el personal de enfermería y es uno quien debe asumir la dirección del centro de salud», dijo la joven, quien además dio a entender que los estudiantes que van al servicio social son utilizados  para cubrir plazas en lugares a los que médicos generales o especialistas no están dispuestos a ir a laborar y vivir.

Un estudio realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) en 2019, da a conocer que la Secretaría de Salud presta servicios a un poco más de la mitad de la población, alrededor de un 60 % de los habitantes y se estima que el 18 % de los hondureños no tiene acceso a la salud y 9 de cada 10 no cuentan con protección mediante un seguro médico.

«La SESAL posee 20 Regiones de Salud, 18 Departamentales y 2 Metropolitanas. Estas Regiones Sanitarias de Salud poseen una red de servicios que cubre las necesidades médicas de la población total del país a través de 1635 establecimientos», continúa diciendo el informe presentado por el Cespad.

Son muchos los estudiantes de medicina que han realizado su internado y servicio social en condiciones que dejan mucho que desear, tal es el caso de Ana Cecilia Mejía, quien fue asignada al Hospital Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios. Los primeros meses, desde octubre hasta febrero, pasaron con normalidad, con la única diferencia de que debía acostumbrarse a un centro asistencial con dos administraciones: una con médicos y otra con militares. 

Al inicio de la pandemia, los médicos del octavo año de la carrera que estaban laborando en todo el territorio nacional, emitieron un comunicado en el que aseguraban que no se presentarían a los hospitales hasta que todos los médicos en el sector público contaran con todas las medidas de bioseguridad. En ese momento, a inicios de marzo, las autoridades del hospital de La Mosquitia le negaron a los estudiantes el equipo de protección personal porque sería un desperdicio utilizarlo cuando no habían casos registrados en la zona. Las autoridades del hospital también alegaron que ellos en ningún momento solicitaron médicos, que no eran indispensables o necesarios pero que era la Secretaría de Salud quien insistía en enviar médicos del país. Después de esto, los 14 alumnos que estaban laborando en el centro asistencial decidieron no presentarse al día siguiente, sin embargo, las autoridades les solicitaron que regresaran para que el hospital siguiera funcionando y atendiendo a los pacientes que lo necesitaran. 

Cecilia sigue contando su experiencia en La Mosquitia y comenta que todos los 14 médicos en servicio social asignados al Hospital Puerto Lempira vivían en una sola casa, esta se encuentra atrás del centro asistencial: «se nos metieron a robar a la casa, nos robaron las estufas, la refrigeradora, la ropa, la comida, todo». Los jóvenes no tenían manera de recuperar o reponer lo que perdieron pues cuando sucedió el robo, ellos tenían cinco meses sin recibir el salario beca que otorga la Secretaría de Salud. «Cabe recalcar que eran cosas que habían comprado las generaciones anteriores, no era algo que había dado el hospital, el hospital lo único que daba eran las instalaciones. Nos dijeron que hiciéramos «cooperacha» entre nosotros para comprar un nuevo llavín porque el hospital no contaba con medios», agregó. 

El reglamento del servicio social compromete a los centros asistenciales a velar por la seguridad de los estudiantes que sean asignados por la Secretaría de Salud y la UNAH  a dicha institución, lo que implicaba que los catorce jóvenes que estaban cumpliendo con sus labores en Gracias a Dios debían ser trasladados inmediatamente a Tegucigalpa, explicó Cecilia Mejía. «A la Secretaría de Salud no le conviene que La Mosquitia esté sin médicos y nos negaron el traslado, decían que nuestra historia era poco creíble», agregó la doctora. Las autoridades solicitaban más pruebas y los jóvenes interpusieron la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades de la FCM-UNAH apoyaron la decisión de los alumnos cuando pidieron ser trasladados, pero la Secretaría de Salud y el Colegio Médico de Honduras no estaban dispuestos a brindar el apoyo logístico para el traslado de los jóvenes. Para moverse desde La Mosquitia hasta Tegucigalpa, vía aérea, necesitaban 1000 dólares, monto que fue recaudado mediante redes sociales, sus compañeros de generación y de carrera se encargaron de hacer lo posible para recaudar el dinero y finalmente pudieron regresar a sus hogares. 

Una microbióloga etiqueta con el nombre del paciente una muestra de sangre para detectar COVID-19. Tegucigalpa, 22 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix

Cuando Cecilia regresó de Gracias a Dios, fue reasignada al Hospital Regional de Oriente Gabriela Alvarado, le daban cinco kits de bioseguridad al mes. Este equipo estaba compuesto por una mascarilla, una bata descartable y un gorro. «Eso era lo que incluía todo el equipo, que en verdad no es ningún tipo de protección porque dentro del ambiente hospitalario, no son las mascarillas que tenemos que utilizar, entonces al final de cuentas uno siempre termina comprando sus cosas», aseguró Mejía. La joven médica comenta que a pesar de su colegiación provisional, el CMH no se pronuncia ni actúa a favor de los estudiantes.

Bajo el seudónimo de Leonardo, un estudiante de la FCM-UNAH cuenta a Contracorriente que la experiencia del servicio social sería calificada como agridulce porque aunque ha aprendido mucho, ejercido su carrera, puso en práctica todos los conocimientos adquiridos en años anteriores y puede contar con el apoyo por parte de las autoridades del hospital al que fue asignado, pero la parte gris es la pandemia y sus restricciones hasta en la relación entre médicos y pacientes. 

A diferencia de los otros jóvenes que dieron su testimonio, Leonardo nos cuenta que las autoridades que están a cargo del centro asistencial al que fue asignado, han provisto de equipo de protección personal a todos los que laboran al hospital y dieron la opción de acercarse nuevamente cuando necesitaran más mascarillas, gorros o alcohol en gel. «He escuchado de primera mano las experiencias de mis compañeros en otros lugares del país, es triste que solo les dan una mascarilla para tantos días», lamentó el médico. 

A raíz de la muerte del doctor Yasser Cuéllar, varios médicos y estudiantes del área de salud han alzado la voz para exigir mejores condiciones en los hospitales, tanto para los pacientes como para los doctores y los estudiantes. El internista Yefrin Maradiaga recalcó que el sistema de salud del país es precario y está en decadencia desde antes, la pandemia sólo se evidenció lo que ya sabíamos. En cuanto a la situación de los alumnos de las distintas facultades de medicina, comentó en sus redes sociales que «desde su práctica, deberían gozar de afiliación al IHSS, eso le compete a instituciones como Secretaría de Salud, universidades estatales, pero como son estudiantes y no empleados, se les niega ese derecho. Así se «ahorra» mucho dinero». 




Por Kalton Bruhl

Mientras aguardaban la llegada de Cornelius Vanderbilt, los cinco hombres permanecieron en silencio. Habían acordado  una reunión de emergencia luego de recibir las noticias desde Honduras. 

Todos sus sueños de apoderarse de Centroamérica y de construir un canal interoceánico a través del río San Juan, en Nicaragua, parecían haberse esfumado con la muerte de aquel hombre. No se imaginaban cómo podrían tener otra oportunidad igual de convertir aquellas tierras  de salvajes en sus colonias particulares. Debieron haberlo previsto, era demasiado bueno para ser verdad. Por lo menos, se consolaban, apenas habían gastado unos cuantos miles de dólares en patrocinar las expediciones de William Walker. Al  principio, cuando escucharon su propuesta, lo tomaron por un loco. Ya conocían a ese engreído abogado por su intento fallido de conquistar Sonora y Baja California y fundar una república esclavista en México y ahora les proponía adueñarse no de algunos territorios, sino de cinco países completos. Los costos no eran excesivos, así que decidieron apoyarlo con armas y unos cuantos hombres. Y aunque suene increíble, el bastardo estuvo a punto de lograrlo. 

Con apenas cincuenta y ocho hombres, a quienes pomposamente llamaba «los inmortales», consiguió, en 1857, convertirse en el presidente de Nicaragua. Fue un error no enviar a sus propios hombres de confianza en ese momento. Con los asesores adecuados, Walker habría llegado mucho más lejos. Sin embargo, tomando él mismo sus propias decisiones, comenzó a forjar su propia cadena de errores. El primero se produjo durante su discurso inaugural cuando anunció que formaría una república federal con los demás Estados centroamericanos y Cuba. Casi de inmediato, los Gobiernos  vecinos iniciaron los preparativos para la defensa. Luego cometió otro error aún más grave: reinstaurar la esclavitud. 

Si bien es cierto los campesinos eran, de hecho, esclavos de algún terrateniente, una cosa es que te pases toda la vida  trabajando de sol a sol para un patrón desalmado, recibiendo uno que otro palo, pero ningún pago, y otra muy diferente que te digan a la cara que eres un esclavo y, lo que es mucho  peor, que, aunque no sepas leer, te lo pongan por escrito. Así  que sucedió lo que tenía que suceder. El pueblo se rebeló y los países centroamericanos, generalmente enemigos entre ellos, formaron un ejército conjunto. Ahora, Walker, junto a sus sueños de grandeza y para mayor desgracia junto a los sueños de aquellos cinco honorables hombres de negocios  norteamericanos, disfrutaban de la fresca brisa en una confortable tumba en la costa hondureña. 

—¿Por qué las caras destempladas? —preguntó Cornelius Vanderbilt al momento de entrar a la habitación, sosteniendo una bandeja cubierta por un mantel. 

Todos lo miraron con extrañeza, sin comprender la  razón de que empleara un tono de voz tan jovial. —A menos que el hombre que acaban de fusilar en  Honduras sea otro y no Walker y que lo que traigas en esa bandeja sea una llave mágica que nos abrirá las puertas de Centroamérica, no entiendo el porqué de tu felicidad. —No y sí —dijo Vanderbilt. Desafortunadamente, Walker ya debe estar esperando su turno en la antesala del infierno y sí, esta es la llave para convertirnos en los verdaderos amos del trópico. 

Colocó la bandeja sobre una mesa y levantó el mantel con un gesto teatral. Nadie dijo nada, pero seguramente todos dudaron de su cordura. 

—Imagino lo que piensan —dijo Vanderbilt, sin perder la sonrisa—, pero con esto nos apropiaremos no solamente de Centroamérica, sino, probablemente, de  toda Hispanoamérica. Controlaremos sus Gobiernos, controlaremos sus destinos. Como les dije, seremos los amos del trópico.

Vanderbilt siguió hablando durante mucho tiempo y a medida que explicaba sus planes y calculaba las formidables ganancias de la nueva operación, los cinco hombres comenzaron también a sonreír y a mirar, con admiración y respeto, el pequeño racimo de bananas que descansaba inofensivamente sobre aquella bandeja.

Por: Flor Goche/ Desinformémonos

Las imágenes hablan solas: Indígenas enfrentados a la Guardia Nacional (GN); feministas atacadas a balazos o con gases lacrimógenos por la Policía; migrantes expuestos al crimen organizado y sin protección del Gobierno; familiares de desaparecidos apostados frente al Palacio Nacional cerrado; indignación por los crímenes contra periodistas,mientras el Ejecutivo descalifica a la prensa y niega los ataques a la libertad de expresión. Todos estos sucesos muestran la cara autoritaria del gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el 1 de diciembre cumplió dos años al frente de un país polarizado.

El 1 de julio de 2018 el escenario era bien distinto. Tras la confirmación de la contundente victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, con el 53% de los votos, miles de personas abarrotaron la Plaza de la Constitución de Ciudad de México. Amplios sectores de la sociedad estaban esperanzados porque por primera vez un gobierno considerado “progresista” dirigiría el país.

Las palabras que el tres veces candidato presidencial pronunció ante la multitud reavivaron las expectativas. Con el característico compás lento de su palabra, se comprometió: “No les voy a fallar. No se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. No quiero pasar a la historia como un mal presidente”.

Durante la campaña electoral López Obrador repitió su compromiso de a cometer como presidente “la cuarta transformación de México”, una promesa tan ambiciosa como vaga, que pretendía colocar su sexenio al mismo nivel que otros tres sucesos clave de la historia mexicana: la Independencia (1810-1821), la Reforma (1858-1861) y la Revolución (1910-1917).

A dos años del inicio de su mandato, el cambio profundo que prometió el abanderado del Partido Movimiento RegeneraciónNacional (Morena) es intangible. Hay desencanto enalgunos sectores que no cuentan en las encuestas y a los que descalifica, y lealtad de quienes vitorean al presidente. Aprincipiosde 2019, López Obrador contaba con la aprobación del 85% de los mexicanos. En elúltimo trimestre, sólo tenía la simpatía de entre el 45%y el 67%de la población, según los resultados de las principales encuestas públicas concentrados por la agencia Oraculus.

Una mujer en situación de calle espera permiso para acercarse a las puertas de Palacio Nacional con el objetivo de pedir apoyo al presidente de México. Foto/ Gerardo Magallón

Pese al compromiso presidencial de acabar o de al menos contener la violencia generalizada que acecha al país, ésta continúa y en algunos casos se intensifica. El gremio periodístico y las mujeres son de las poblaciones más afectadas. Según la organización Artículo 19, el primer año de gobierno de López Obrador fue el más violento de la última década para la prensa. Hasta octubre de 2020 fueron asesinadas más de 7.300 mujeres, unpromediode10 cada día, según el Ministerio Público. Las agresiones a periodistas superaron el millar en junio pasado, apenas un año y medio del nuevo gobierno.

Entre las promesas incumplidas destaca la de empleo y protección a la población migrante, que atraviesa México procedente de los países vecinos centroamericanos para intentar llegar a Estados Unidos. AMLO, como se conoce popularmente al mandatario mexicano, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras como barrera anti-migrante.

El desencanto

 

Jorge Madrid, originario de Honduras, llegó a territorio mexicano en la primera caravana migrante de 2019, conformada principalmente por personas de su país, pero también de Guatemala y El Salvador. En vez de ser repelido por la fuerza policial, el grupo pudo cruzar la frontera sur de México y tramitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias. El anhelo del hombre de 33 años de edad se cumplía. Estaba contento. Por un lado, lograba escapar de la persecución política que vivió en Honduras a causa de su activismo social. Por el otro, llegaba a una nación que le abría las puertas y podría brindarle las oportunidades que no tuvo.

Como parte de una política migratoria inédita en la historia de México, López Obrador, recién llegado a la Presidencia, había ofrecido visas de trabajo a los migrantes centroamericanos, servicios básicos de salud, garantías de protección yrespeto a sus derechos humanos. “El discurso del presidente era respetar al migrante, por lo que vi buenas expectativas para poder permanecer en este país a la espera de condiciones para retornar a Honduras”, comenta Jorge Madrid.

El sueño mexicano de Jorge chocó con la realidad. Las autoridades migratorias incumplieron su compromiso de renovarle por tres años la visa humanitaria,y de darle la posibilidad de una residencia permanente. Situación que se replicó con las otras personas que llegaron con él, en caravana.“Al año, cuando intenté renovar mi visa, me dijeron simplemente que no se podía. Desde entonces estoy en México de forma irregular, esperando respuesta a la solicitud de refugio que presenté y que se ha retrasado por la pandemia”, explica Madrid, que en su país trabajaba como gestor cultural.

Durante 16 meses, Jorge Madrid residióen el estado de Jalisco, donde trabajó como ayudante de cocina y después como pintor en una construcción. Con la epidemia de Covid-19perdió el empleo y el sustento. Desesperado, intentó regresar a Honduras, pero al no contar con el apoyo de su consulado, buscó alojamiento en un albergue de la Ciudad de México,donde permanece hasta la fecha.

Policías capitalinos custodian las entradas a la Zócalo de la Ciudad de México. Bajo el argumento de “mantener elorden ante decenas de manifestaciones”, dicha plaza permanece cerrada al libre tránsito. Foto/ Gerardo Magallón

Cada año transitan por territorio mexicano entre 300.000y 400.000migrantes, cifra que ha disminuido más del 50%a causa de la pandemia, según Marta Sánchez Soler, presidenta y fundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Esta activista explica que en los primeros compases del mandato de López Obrador parecía que la situación migratoria mejoraría, pero la presión de la Administración de Estados Unidos frustró las promesas. La falta de una política clara, transparente y enfocada a la defensa de los migrantes, y la presencia de la Guardia Nacional,que actuó con barrera anti-migrante en las fronteras del país, contribuyeron al fracaso.

“La violencia y los malos tratos por parte de la Guardia Nacional han obligado a los migrantes a buscar rutas más aisladas y más peligrosas, en su intento de evadir los retenes policiales”, critica Marta Sánchez Soler. La pandemia empeoró la situación. Frente a los contagios de Covid-19 que se han presentado en los centros de detención a cargo del Instituto Nacional de Migración, las autoridades actúan sin transparencia y mantienen incomunicadas a las personas recluidas.“Tenemos noticias de que hay migrantes infectados en los centros de detención, pero están aislados y no se permite que nadie los monitoree. No ha habido apoyo real del Gobierno para ellos ni para los que están en las calles, lo que pone en riesgo a los migrantes y a la población”, advierte la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Brutalidad y negación

 

Las imágenes en las que policías mexicanos abren fuego para dispersar una manifestación feminista en el estado de Quintana Roo, conmocionaron a la comunidad nacional e internacional. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre, cuando agentes del municipio de Benito Juárez, a cargo de la alcaldesa de Morena, Mara Lezama, dispararon contra quienes exigían justicia por los feminicidios que ocurren en aquel estado. Tres personas sufrieron heridas de bala, dos de ellas trabajadoras de medios de comunicación.

El episodio ilustra la violencia de género, incluida la institucional, en México,y muestra que,lejos de garantizar una vida digna, el Gobierno ha optado por atacar al feminismo y a sus manifestaciones de hartazgo,con tácticas intimidatorias. Así ocurrió el 28 de septiembre, cuando las mujeres que se manifestaban en Ciudad de México a favor del aborto legal y seguro fueron acorraladas durante varias horas por elementos policíacos para impedirles el libre tránsito y, además, rociadas con gases lacrimógenos.

A este contexto adverso para las mujeres, se añade la negativa del presidente a reconocer la magnitud de la violencia de género en México.

La abogada Isabel Erreguerena, de la organización feminista Equis Justicia para las Mujeres, recuerda que López Obrador dijo públicamente que nueve de cada 10 denuncias al número de teléfono 911 por violencia contra mujeres son falsas. En su conferencia de prensa del 15 de mayo de 2020, el presidente negó que la violencia de género haya aumentado durante el confinamiento por la epidemia, pues en la familia mexicana “siempre ha habido una convivencia en armonía”.

Isabel Erreguerena subraya que no reconocer la magnitud del problema impide combatirlo adecuadamente, ya que las instituciones encargadas de brindar justicia a las mujeres carecen de recursos suficientes.En opinión de la abogada feminista, no atender las denuncias de las mujeres tiene graves consecuencias, porque transmite un mensaje tipo “No llames a las autoridades porque no te vamos a creer”, y da alas a los agresores.

Policías antimotines mantienen encapsulada una manifestación de mujeres que protestas contra los feminicidios en el país. Foto/ Gerardo Magallón

La realidad, según los datos de la organización Equis Justicia para las Mujeres, es que el confinamiento aumentó el riesgo de violencia doméstica para mujeres y niñas, y, sin embargo, el 85% de las instituciones judiciales de México suspendió su actividad. Los recursos presentados quedaron en el limbo. Los Centros de Justicia para las Mujeres, que atienden a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, cancelaron algunos de sus servicios. “En el contexto de la pandemia, la violencia familiar y los asesinatos contra las mujeres se intensificaron, pero ni las autoridades ni las políticas públicas han estado a la altura de su encomienda”, concluye Isabel Erreguerena.

Entre marzo y mayo de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, la Red Nacional de Refugios, asociación civil que cuenta con 69 centros para atender a mujeres y niños víctimas de violencia, reportó un aumento de hasta el 80% en el número de servicios que brindó, en comparación con el mismo periodo de 2019. La cantidad personas atendidas en estos tres meses fue de 12.710.

Discurso nocivo

 

Después de que el diario Reforma publicara una información que denunciaba que funcionarios del estado de Tabasco, incluida la cuñada del presidente mexicano, estaban implicados en un desfalco a las arcas públicas, López Obrador no desmintió la información, pero calificó al diario de “pasquín inmundo sin ética” en su conferencia de prensa del pasado 11 de septiembre. Dos meses después y en la misma tribuna, dedicó el mismo calificativo al periódico El Universal, por publicar que el secretario particular del presidente había contratado empresas fantasma cuando era el tesorero del partido Morena. “Es parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, es el otro pasquín inmundo”, replicó AMLO.

Este tipo de episodios ha sido la constante en las conferencias de prensa matutinas que da diariamente el presidente. La organización Artículo 19 ha documentado reiterados intentos de López Obrador de neutralizar o anular con su palabra a quienes lo cuestionan.“Fifí”, “conservadores”, “chayoteros”, “hipócritas”, “infames”… son algunos de los calificativos del jefe de Estado para referirse a las y los periodistas y medios críticos. Una retórica que alimenta campañas de hostigamiento y desprestigio contra periodistas en redes sociales y que, además, tienen un efecto multiplicador en otros niveles de gobierno.

El artista plástico Gabriel Macotela lee un denuncia sobre los recortes al presupuesto en educación y cultura en las puertas aledañas de Palacio Nacional. El evento estuvo encabezado por una muñeco de cartón que representa a Benito Juárez y es él quien exige apoyo a los artistas del país. Foto/ Gerardo Magallón

Un ejemplo es lo que ocurre en el estado de Puebla, donde el gobernador Miguel Barbosa Huerta, también integrante de Morena, ha descalificado en reiteradas ocasiones las preguntas delos periodistas durante las conferencias virtuales que ofrece diariamente, o les ha exigido no preguntar sobre ciertos temas, según documenta la Red Puebla de Periodistas.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, señala que, además de atentar contra la libertad de expresión y estigmatizar a la prensa, el discurso presidencial ha contribuido a profundizar un ambiente social polarizado, en el que los malos son quienes disienten y los buenos quienes se apegan al discurso oficial.

La consecuencia de esta actitud endémica del poder ejecutivo es un pacto de censura y silencio sobre el que se asienta el sistema político. El gobierno de López Obrador no ha alterado este rumbo autoritario, y México es un país con zonas de silencio a causa de la censura institucionalizada y los efectos de la actividad criminal de los últimos 15 años.2020 fue uno de los años más violentos de la última década para la prensa, según la organización Artículo 19, con los asesinatos, entre otros, de los periodistas María Elena Ferral Hernández, Jorge Armenta Ávalos, Pablo Morrugares Parraguirre, Julio Valdivia, Arturo Alba Medina, Jesús Alfonso Piñuelas e Israel Vázquez Rangel.

Sólo en noviembre dos periodistas fueron heridos de bala por policías municipales en Quintana Roo durante una protesta contra la violencia feminicida, dos reporteros de Veracruz sufrieron ataques armados,y un fotoperiodista de Sinaloa fue secuestrado.El director de Artículo 19, recrimina la pasividad oficial para revertir esta situación. La impunidad en los crímenes contra periodistas es del 99%.

 

La imposición

 

Con la fuerza de una prosa clara y fluida, hombres y mujeres mayas del estado de Yucatán, agrupados en el colectivo Chuun T’aan, escriben al presidente de la República en relación con el Tren Maya, una de las principales obras de infraestructura de la gestión gubernamental. En dos cartas que no han tenido respuesta, le reiteran que la decisión fue tomada sin su consentimiento, como muchos otros proyectos “que llegan ya hechos y quieren que digamos solamente que sí o que no, pero no nos permiten participar en la planeación, en la toma de decisiones”.

Miembros de la comunidad Otomí que habita en la Ciudad de México celebran una asamblea en la sala principal del Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas. Estas instalaciones fueron tomadas en protesta por la falta de atención a sus demandas. Foto/ Gerardo Magallón

En defensa de la autodeterminación y autonomía de los pueblos originarios, los mayas reivindican sus derechos y su condición de campesinos, yucatecos o pobres que necesitan empleo: “Dejen que nosotros decidamos qué tipo de desarrollo queremos”. Concretamente sobre el Tren Maya advierten al presidente: “No queremos que, como las carreteras o la luz, como la deforestación o como la gestión del agua, se convierta en un negocio que sólo va a seguir beneficiando a los grandes ricos de siempre. Para eso no cuente con nosotros. Nosotros lo que queremos es otra manera de relacionarnos con el Estado”.

Sin embargo, la obra sigue avanzando. En noviembre pasado, los legisladores aprobaron un presupuesto de 36.000 millones de pesos (1.786 millones de dólares) para 2021, al transporte de carga, pasajeros y turístico que conectará los principales centros arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano (Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán), lo que representa el 90%por ciento del dinero destinado al sector de Turismo.La pandemia del Covid-19 no paralizó las obras del Tren Maya porque el Gobierno considera que se trata de una actividad esencial del país.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental alerta que, en sus 1.460 kilómetros de longitud, el proyecto atravesará la selva maya, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo y considerada “el segundo pulmón forestal de América Latina”, y provocará daños irreversibles a la vegetación, suelo, agua y biodiversidad.

María Cristina Muñoz Méndez, de la organización no gubernamental Indignación, con sede en Yucatán, opina que la forma cómo el Estado se relaciona con los pueblos indígenas no ha cambiado con este gobierno, porque la política pública, aún con fachada de consulta participativa, es un proceso de incorporación al sistema capitalista y extractivista. “Si López Obrador quiere realmente saldar la deuda del Estado mexicano con los pueblos indígenas por los agravios históricos, como enarboló en su campaña presidencial, tendría que empezar por cambiar la forma de relacionarse con ellos. El gran megaproyecto pendiente es el de la libre determinación de los pueblos”, añade Muñoz Méndez.

El indígena maya Pedro Uc comenta que la imposición del Tren Maya ha lacerado el tejido social de las comunidades por donde pasará, a las que han llegado“mercenarios” de las instituciones y las empresas involucradas para intentar manipular, corromper y sembrar división. Asimismo, algunas personas que se oponen han sido amenazadas por el crimen organizado.

La estrategia presidencial de descalificar las reclamaciones indígenas, y el hecho de que el poder judicial haya desestimado los amparos contra la construcción del tren, que debería entrar en funcionamiento en 2024, ha provocado decepción y rabia entre el pueblo maya, según explica Múuch’ Xíinbal, dirigente de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya. El también escritor en lengua maya opina que, al tomar decisiones unilaterales, bloquear los caminos de la justicia y desacreditar sus voces, López Obrador tiene sello de autoritarismo. Y lamenta que ésta sea la manera de actuar de “un gobierno que llegó presumiendo legitimidad”.

Todas las calles aledañas a una sede alterna del Senado de la República permanecen bloqueadas por policías antimotines el día que este legislativo votó la extinción de 109 fideicomisos que, entre muchos rubros, apoyaban las artes, la ciencia, la cultura y a víctimas de violencia en todo el país. Foto/ Gerardo Magallón

La continuidad

 

La madrugada del 23 de noviembre, aprovechando la penumbra y la emergencia sanitaria, 300 militares con uniforme de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales desmantelaron dos campamentos que campesinos nahuas mantenían en la comunidad de San Pedro Apatlaco, en el estado de Morelos, en oposición al Proyecto Integral Morelos. La obra es un legado del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, pero López Obrador está decidido a concluirla, sin tener en cuenta que despojará a los ejidatarios del agua que usan para el riego de sus cultivos,y que impactará al medio ambiente. Los 19 recursos de amparo vigentes y suspensiones de plano fueron rechazados por el presidente, asegura Juan Carlos.

Flores, abogado del movimiento opositor.Para garantizar el avance del proyecto,que contempla la construcción de dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto, efectivos de la Guardia Nacional colocaron una cortina metálica alrededor de la obra y reprimieron con gases lacrimógenos las protestas de campesinos inconformes.

La creación de la Guardia Nacional como cuerpo militares una de las decisiones más cuestionadas de López Obrador. Diversos especialistas advierten del riesgo de dejarla seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas, sobre las que pesa un historial de graves violaciones de derechos humanos. Pero el presidente ha hecho caso omiso.

El colectivo Seguridad sin Guerra, conformado por más de 300 organizaciones y personas, considera que la creación de este nuevo cuerpo militar implicará “constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige en México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia”.

Inicialmente, López Obrador aseguró que la Guardia Nacional sería una policía civil, pero terminó por institucionalizar una estructura con mando militar, integrada mayoritariamente por soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina –73.847elementos–, y en menor medida por ex policías federales.

En octubre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que miembros de la Guardia Nacional hicieron un uso arbitrario y desproporcional de la fuerza contra los integrantes de una caravana de migrantes que ingresó en México. Entre junio de 2019 y marzo de 2020, se presentaron 111 quejas contra el nuevo cuerpo militar por presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Una veintena de estas quejas refieren actos de tortura y tratos crueles.

Los otros desaparecidos

Policías antimotines se desplegaron junto ala sede del Senado de la República, el pasado 19 de octubre, donde familiares de personas desaparecidas realizaban un plantón para frenar la aprobación de la minuta que extingue los fideicomisos destinados a periodistas y defensores en riesgo, ya la atención de víctimas de violencia.Cerca de media noche, los uniformados montaron un cerco alrededor de quienes se manifestaban, incluidos ancianos y niños. Durante cuatro horas bloquearon el paso de los manifestantes y propiciaron un ambiente hostil.

La protesta no impidió que en una sesión de más de 12 horas y en una sede alternativa, los senadores aprobaran la minuta que plantea reformas para eliminar 109 fideicomisos públicos, a propuesta del presidente López Obrador y del partido Morena.Karla Guerrero, representante del Frente Nacional de Desaparecidos, del que forman parte 60 colectivos,dice que están a la espera del decreto final y expectantes de corroborar que, independientemente del destino de los fideicomisos, las autoridades cumplan con su promesa de seguirles brindando estos recursos. Explica que el fondo de atención a víctimas proporcionaba a los familiares de personas desaparecidas apoyo para alimentos y traslados a las misiones de búsqueda de sus seres queridos. El fideicomiso para defensores en riesgo beneficiaba a quienes, como Karla Guerrero,tienen medidas de protección porque han sufrido agresiones que han puesto en riesgo su vida.

 

Familiares de personas desaparecidas se mantienen en un plantón fuera del Senadode la República exigiendo se aceleren investigaciones y mayor presupuesto a la atención de familiares de víctimas. Foto/ Gerardo Magallón

Madre de dos hijas, Guerrero ha sido víctima de extorsiones, hostigamiento, amenazas de muerte y dos desplazamientos, por su implicación en la investigación y búsqueda de su esposo Herón Miranda, desaparecido en Veracruz en 2014.

En junio pasado, participó en el plantón de 28 días frente al Palacio Nacional. Los familiares de desaparecidos pedían dialogar con el presidente y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para buscar acuerdos encaminados al buen funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No fueron recibidos.

Karla Guerrero aplaude el apoyo que el Gobierno ha brindado a los familiares de los 43 alumnos de la normal rural de Ayotzinapa,desaparecidos en 2014. Pero demanda el mismo trato y la misma empatía para el resto de casos: «Todos los casos son igual de importantes, todas las víctimas somos iguales y merecemos el mismo trato». Según la activista, una de las principales trabas para el esclarecimiento de las desapariciones en México recae en la búsqueda. Las Fiscalías están colapsadas y no promueven todas las diligencias necesarias y, cuando al fin lo hacen, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas retrasa la entrega de los recursos, por lo que la búsqueda se va aplazando.

Un hombre sostiene una flor a la orilla de la Plaza de las Tres Culturas, lugar donde en 1968 el ejercito reprimió una manifestación estudiantil en 1968 dejando un número aún indeterminado de muertos y heridos. Foto/ Gerardo Magallón

Los casos de desaparecidos en México han ocupado un espacio destacado en la agenda pública nacional en los últimos años, particularmente tras la “guerra contra el narcotráfico”decretada por el expresidente Felipe Calderón, que desencadenó una ola de violencia y una grave crisis de derechos humanos. Funcionarios públicos, particularmente integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes de seguridad, están implicados en las violaciones, y hay denuncias de complicidad con grupos criminales.

El registro oficial da la cifra de un total de 77.170 personas desaparecidas en septiembre de 2020. Durante el actual mandato de López Obrador la cifra supera los 13.800 desaparecidos. De estos casos, 8.345 ocurrieron en 2019, el peor año desde 1964. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, asegura que la desaparición forzada cometida por autoridades o con su apoyo o aquiescencia disminuyó considerablemente,y que la responsabilidad en el 90%de los casos es del crimen organizado.

La vigilancia que mantienen estructuras como los Gabinetes de la Familia, mejor conocidos como “CPC”, es uno de los pilares del autoritarismo sandinistaen Nicaragua. Estos aparatos nacieron bajo una pretendida “participación ciudadana”, pero en realidad su objetivo siempre ha sido controlar a la población. En 2018, tras las protestas sociales, su verdadera naturaleza afloró descarnadamente: comenzaron a operar como parte sustancial de la represión estatal contra toda crítica al régimen. “Es gente que vive detrás de la ventana”, denuncia Elvira Cuadra, experta en seguridad.

 

Por: Wilfredo Miranda Aburto / Divergentes

 

“De vez en cuando levantaba la mirada a la cara que le miraba fijamente desde la pared de enfrente.

EL GRAN HERMANO TE VIGILA”. George Orwell. 1984.

 

Cada vez que el doctor Arnoldo Toruño sale o entra a su casa, alguien lo observa. Cuando va al supermercado o a realizar cualquier gestión, la cabeza que asoma desde una ventana vecina vigila con disciplina a este respetado médico, originario de la ciudad de León, en el occidente de Nicaragua. La bitácora de sus movimientos termina en manos del aparato departamental del Frente Sandinista, el partido de gobierno que espía a todos los ciudadanos considerados críticos por la Administración del presidente Daniel Ortega y lavicepresidenta Rosario Murillo.

El doctor Toruño sabe muy bien quién lo vigila, pero prefiere omitir el nombre de la persona por respeto a una vecindad de años, sin importar que dicho respeto no sea recíproco. El vecino vigilante es simpatizante del Gobierno,y está en la primera línea de una estructura nacional montada desde el más alto nivel político para el control territorial en Nicaragua. Este entramado es uno de los pilares fundamentales del autoritarismo Ortega-Murillo.

Como el vecino que espía a este doctoren salud pública, existen miles de militantes sandinistasen todo el país que realizan vigilancia solapada a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y de los Gabinetes del Poder Ciudadano, de acuerdo a expertos en seguridad. La idea central de esta estructura se instala en noviembre de 2007, al inicio de la presidencia de Ortega, con el fin de distribuir programas sociales y desempeñar labores proselitistas. Pero desde abril de 2018, cuando estalla la crisis sociopolítica en Nicaragua, comienzan a operar de plano como un aparato de espionaje político.

El doctor Toruño ha vivido la vigilancia en primera fila en reiteradas ocasiones desde 2018, a raíz de su participación en marchas cívicas de protesta. “Algunas personas estamos más vigiladas que otras… Por ejemplo, hace unos meses presté mi camioneta a un sobrino para ir hacer un mandado. Mi sobrino fue a la casa de una persona ligada al partido, y unas horitas después esa persona recibió visitas y le preguntaron si estaba ‘traicionando al partido’. Sin duda, hay vecinos que cumplen esa labor de espionaje y denuncia”, relata este médico, que es especialista en salud pública y ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

La vigilancia llega hasta el extremo de que si en la casa del doctor Toruño parquean varios carros con motivo de una fiesta familiar, el vigilante informa a la sede departamental del Frente Sandinista sobre los movimientos. A partir de 2018, tras la rebelión ciudadana, se aplica un nuevo protocolo de actuación de esta estructura de espionaje en casos como el referido: el partido de gobierno notifica a la policía, y oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) allanan el domicilio del vigilado.

 

El doctor Arnoldo Toruño en las afueras de su casa de habitación en León. La vivienda de este médico ha sido atacada en diversas ocasiones por simpatizantes sandinistas, como muestra la pinta en la pared que reza el eufemismo “paz y bien”, un lema asociado al gobierno Ortega-Murillo. Foto: Wilfredo Miranda | Divergentes.

Esta estructura funciona en coordinación con la Policía, el cuerpo armado que mantiene un estado de sitio de facto en el país,para sofocar todo atisbo de protesta social. El doctor Toruño sufre un allanamiento ilegal de su vivienda por oficiales de la DOEP y de la división antinarcóticos. Una treintena de efectivos con perros irrumpen en la vivienda,con el pretexto de que buscan drogas. En la casa no encuentran ningún rastro de estupefacientes, pero la policía sienta un precedente para atropellar a la ciudadanía: invocar la búsqueda de drogas a la hora de allanar una vivienda sin orden judicial.

“Los CPC son multiusos. Apoyan las jornadas de vacunación y levantan censos, pero también realizan labores de vigilancia”, denuncia el doctor Toruño.

“Democracia directa”

 

El 30 de noviembre de 2007 el gobierno de Daniel Ortega toma juramento en plaza pública a los integrantes de los CPC, bajo el lema de “democracia directa” y “más poder para el pueblo”. El argumento oficial es la promoción de la participación ciudadana. De modo que a estos grupos se les asigna la distribución de programas sociales como el ‘Bono Productivo Alimentario’, ‘Hambre Cero’, ‘Plan Techo’ y ‘Casas para el Pueblo’, todos financiados con petrodólares venezolanos.

Rosario Murillo ejerce el poder igual que su esposo, el presidente Daniel Ortega. Ella ha armado buena parte de organizaciones como los Gabinetes de la Familia y la Juventud Sandinistas, destinado a labores proselitistas y espionaje. EFE | Divergentes.

Pronto empiezan a surgir cuestionamientos sobre el favoritismo partidario a la hora de repartirla ayuda, lo que deslegitima a los CPC. Sin embargo, la mayor crítica es que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, emulan con los CPC a los Comité de Defensa Sandinista (CDS), creados en 1979,durante la época revolucionaria. Inicialmente, los CDS tenían labores comunitarias, pero luego derivaron en funciones de vigilancia y recolección de información sobre los ciudadanos,en un contexto de guerra entre el Ejército sandinista y los efectivos militares de la llamada Contrarrevolución.

“Durante la revolución sandinista era una organización más comunitaria, pero algunas de las personas de los CDS hacían ese trabajo de control social”, explica la socióloga Elvira Cuadra, una de las mayores expertas en seguridad de Nicaragua. Cuadra afirma que Ortega instaló los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en 2007 –al volver al poder–debido ala “baja legitimidad” del gobierno entrante. Ortega logra la Presidencia gracias al pacto con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, a través del cual rebaja el techo electoral a sólo 35% de los votos para ganar la contienda. “En 2007, Ortega enfrenta a una sociedad ante la que no tenía suficiente legitimidad política. Sabía que para poder gobernar, iba a necesitar la coerción”, sostiene Elvira Cuadra.

“Para poder llevar adelante su proyecto político personal, que también es económico, instaló los CPC desde el principio como un mecanismo de vigilancia y control social y, de esa forma, contener las expresiones de descontento”.

Ortega trata, incluso,de elevar a rango constitucional los CPC. Pero en 2007 la Corte Suprema de Justicia tiene todavía cierto margen de independencia,y rechaza la pretensión presidencial. Pese a ello, el Gobierno prosigue con la instalación de los CPC en los sectores de salud y educación,y en un área tan controvertida como la seguridad ciudadana.

“Le dieron la orden a la Policía Nacional, que debía coordinarse con los CPC en los territorios. A partir de aquella decisión se configuró una red de represión y control social.

Los CPC también sirvieron como mecanismos de identificación de lo que después iba a conocerse como grupos de choque o turbas, integrados por jóvenes en situación de riesgo”, explica Cuadra. En 2008 se celebran elecciones municipales en Nicaragua. Los observadores electorales y la oposición documentan un “fraude masivo”,que genera protestas ciudadanas. El Gobierno responde con las fuerzas de choque para reprimir el descontento, entre las que hay integrantes de los CPC, que dicen defender“la revolución”. Elvira Cuadra asegura que en aquel mismo año esa estructura de vigilancia y control político funcionabaa pleno rendimiento.

“La usan como una red de informantes a nivel territorial,a la que se acercan para recoger información de algún sujeto de interés”.

A medida que Ortega consolida su poder autoritario, diversifica el control social con la creación de organizaciones como la Juventud Sandinista (JS) y los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) en las instituciones públicas. Todas estas instancias trabajan de la mano de las Fuerzas Armadas.

Los CPC sufren un desgaste como concepto en 2013. Ese mismo año, el Parlamento,controlado por el Ejecutivo Sandinista,incorpora legalmente al Código de la Familialos ‘Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida’, que son una nueva versión de los CPC, pero incorporados a un marco jurídico. “Al fin y al cabo, CPC o Gabinete de la Familia es gente que vive detrás de la ventana. Si la persona fue a la venta, apuntan; si vieron que llegó una visita que no es usual a la casa de la persona que es objeto de vigilancia, apuntan. Ellos están constantemente denunciando, tanto lo que es usual y lo que es inusual”, asegura Cuadra.

Los CPC o Gabinetes de la Familia cumplen una doble función: entregar programas sociales como “Plan Techo” y establecer vigilancia en los barrios de Nicaragua. Foto: Carlos Herrera | Divergentes.

La vigilancia forma parte de la vida del doctor Toruño. La enfrenta con una resiliencia forjada durante años, ya que casi toda su vida ha lidiado con regímenes autoritarios. “En la época de la dictadura somocista había vigilancia, pero estaba enfocada más a los combatientes, guerrilleros sandinistas en ese contexto. Lo que sucede ahora no tiene parangón”, asegura el especialista en salud pública. “Uno sabe que vive vigilado y que hay vecinos, al menos uno en la cuadra, que tienen esa función de espionaje. Una vez vino un hijo de una profesora de la facultad de medicina a pedirme consejo, lo vieron en mi casa y lueguito vino la policía y le quitaron la motocicleta al muchacho”, narra el doctor Toruño.

A partir de 2018, la vigilancia de los movimientos del doctor Toruño adquiere tintes más violentos: su casa ha sido apedreada a media noche y acribillada con ráfagas de fusil ametrallador. La fachada es un testigo pétreo de la vigilancia y el acoso. Los simpatizantes sandinistas escribieron en la pared la consigna “Paz y vida”,repetida hasta la saciedad por el Gobierno. Se trata, más bien, de un eufemismo que al médico le recuerda, como al personaje Winston Smith en la novela 1984, de George Orwell, que el “Gran Hermano”vigila a diario.

Ante estas denuncias, las autoridades dan la callada por respuesta. No hay acceso a información pública, y todos los intentos para obtener alguna versión oficial se estrellaron contra un muro de silencio. Otras Miradas requirió la opinión de Argentina del Socorro Parajón, presidenta de la comisión de Salud y Seguridad, pero no hubo respuesta.

Los CPC fueron concebidos al retorno al poder de Ortega como una organización de participación ciudadana, pero esa función se ha diluido a labores políticas. EFE | Divergentes.

Denuncias de vecinos

 

Heidy Hurtado González habitaba en un barrio popular de Masaya, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros de Managua. Siempre tuvo vecinos que eran parte de las estructuras de los CPC y los Gabinetes de la Familia, aunque no se relacionaba con ellos. Mantenía una relación cordial con sus vecinos, y nunca los creyó “capaces” de que denunciaran a su marido, José Santos Sánchez Rodríguez, por participar en las marchas de protesta en 2018.

“Es difícil porque es gente del núcleo del barrio. Personas a las que le hemos servido como vecinos, pero de las cuales hemos recibido lo contrario: agresiones”, lamenta Hurtado González. Tras la detención de su marido, actualmente en prisión, tuvo que mudarse de casa porque la vigilancia se convirtió en hostigamiento.

“La vigilancia era tan fregada que si mi marido ponía en la casa canciones asociadas a las protestas contra el Gobierno, en menos de 20 minutos caía una patrulla de policías”, relata la mujer. “Antes de 2018, este Gabinete de la Familia pasó tiempo sin funcionar. A veces hacían reuniones para tratar de temas de la comunidad, pero no invitaban a nadie. En el año de las protestas se activaron a espiar”, añade Hurtado González.

La socióloga Elvira Cuadra precisa que 2018 fue el parteaguas para todos los mecanismos de control y vigilancia. Empezaron a operar en todo su potencial. “Cada instancia tiene su función. La de los CPC o Gabinetes de la Familia es mantener la vigilancia sobre personas que están vinculadas con las diferentes expresiones del movimiento cívico. En 2018 jugaron un papel clave,identificando a los líderes territoriales, y entregaban listas a instancias superiores del partido y a la policía. Muchas de las personas en aquellas listas terminaron presas”.

Por: Gabriela Villarroel

 

La crisis económica, social y política en medio dela pandemia por COVID-19, ha delatado a un régimen totalitario en El Salvador. El apoyo popular que escuda al presidente Nayib Bukele, le ha valido el poder suficiente para invadir la Asamblea Legislativa usando militares, perseguir a sus opositores, a críticos del Gobierno, periodistas, medios de comunicación independientes y académicos. Sus ofensas y amenazas escritas, orquestadas a través de redes sociales, se traducen en violencia real.

El 9 de febrero de 2020, tras una convocatoria emitida a través de Twitter, Nayib Bukele irrumpió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa utilizando al Ejército, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y agentes especiales de la Policía Nacional Civil (PNC). Usurpó la silla del presidente legislativo, Mario Ponce, y se puso a orar. En ese momento, según dijo a la turba enfurecida que lo esperaba en las afueras del Congreso, ‘Dios’ le pidió paciencia, y dio una semana a la Asamblea para aprobar 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial, la estrategia presidencial de seguridad.

Seis semanas después, El Salvador fue cerrado por completo. Bukele ordenó -a través de Internet-el despliegue del Ejército y la Policía para imponer una cuarentena obligatoria avalada por un estado de excepción que se aprobó de forma ilegítima. Los abusos se incrementaron contra la población civil, que fue internada en “centros de contención” para evitar el contagio. Otros, sufrieron disparos, golpes y amenazas por desobedecer al líder. Los críticos de sus medidas también recibieron la furia del presidente, y a través de mensajes en sus cuentas de Facebook y Twitter, se encargó de llamar “asesinos” y “locos” a quienes pedían justicia en el trato a los detenidos, o se atrevían a contradecir sus proyecciones de contagios.

El escenario de las redes sociales es el favorito del mandatario salvadoreño. Desde el 1 de junio de 2019, Bukele ha difundido a través de publicaciones en redes sus decisiones de gobierno: destitución de familiares de rivales políticos; órdenes irrefutables a sus ministros; llamamientos a insurrecciones contra la Asamblea Legislativa; hasta la organización de un golpe de Estado el 9 de febrero de 2020 porque los diputados no aprobaron fondos para el Plan Control Territorial.

El 9 de febrero fue sólo el primer gran giro del gobierno de Bukele hacia la senda del autoritarismo. Desde la toma de la Asamblea Legislativa con el Ejército y en medio de la pandemia de covid-19, se extendió en redes sociales una campaña de mensajes para atacar a los órganos legislativo y judicial. Un año después, sin consecuencias legales por la ocupación del Parlamento, la violencia política sigue en escalada. El 31 de enero de 2021, dos militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fueron asesinados por Diego Francisco Alvarado Peña, agente policial, asignado como escolta del ministro de Salud; Francisco Alabí, afiliado al partido del presidente, Nuevas Ideas; Roberto Carlos Soto de Paz, vigilante privado del Ministerio de Salud; y Héctor de Jesús Castaneda, motorista en el mismo ministerio.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga los homicidios como un “hecho de intolerancia”. El presidente Bukele trató de impulsar hipótesis sobre un autoatentado y un enfrentamiento armado, valiéndose de vídeos incautados por la Policía. Ambos escenarios han sido descartados por la Fiscalía, que ha pedido la colaboración del FBI para esclarecer el delito.

Samantha tiene 16 años y vive entre las montañas de la localidad salvadoreña de Arcataoy las veredas empedradas de Lempira, en la vecina Honduras. Hace más de seis meses, conoció a un soldado perteneciente al Destacamento Militar Uno (DM1) del departamento de Chalatenango (El Salvador), destinado a resguardar las fronteras durante la cuarentena obligatoria impuesta por el presidente Nayib Bukele. El militar y uno de sus compañeros comenzaron a vigilar a la muchacha. Cuando se enteró dónde vivía Samantha, rodeaba su casa con otros subalternos, hasta que decidió entrar por la fuerza.

Según los habitantes de Arcatao, los soldados permanecen en las fronteras desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; y bajan al pueblo a almorzar entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

Una noche de septiembre pasado dos soldados saltaron el cerco que rodea la casa de Samantha, ubicada en el cantón Los Filos, Arcatao. Al escuchar ruido, sus familiares salieron a la calle y se toparon con los dos sujetos, armados y con lámpara en mano. “Venían por mi sobrina, la más pequeña.

Tenían días vigilándola”, asegura Edith Cruz, desde el patio de tierra que sirve de entrada a una modesta casa de barro y ladrillo. Aquella noche, recuerda la tía de Samantha, el ladrido de los perros delató a los dos asaltantes.—“¿Con qué autoridad se meten en mi territorio? Aquí es privado”, gritó Edith a los soldados.

“Andamos persiguiendo a alguien, que se nos corrió”, balbuceó uno de los uniformados.

Pero no había nadie. Según narró la joven a Otras Miradas, los soldados alumbraron por las ventanas, desde el patio, como para ver si había más gente en la casa. “No seguían a nadie. Andaban tras los huesos de la muchacha”, dijo.

Samantha es sobrina de Edith. Como el resto de su familia, ha vivido toda su vida en Arcatao, después de que sus padres regresaran a El Salvador en 1993, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Legalmente, sin embargo, reside en tierra hondureña: pertenece al grupo de personas afectadas por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 2004, que recortó la zona de los ex bolsones y adjudicó unos 267 kilómetros cuadrados (km2) a Honduras, de los cuales 49.9 km2 pertenecían a Arcatao, El Salvador.

“No, aquí no se me van a meter a la casa”, les dijo Edith a los soldados, quienes cambiaron su versión de los hechos y decían estar patrullando. “Yo sabía que venían por ella, mi sobrina, que es menor de edad”, afirma. Los vecinos ya le habían alertado de la presencia en la zona de uno de los soldados cuando Samantha estaba en la casa. Edith denunció el caso ante las autoridades del municipio de Arcatao y ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría adjunta recomendó la investigación del caso de Samantha y otros abusos documentados que implican al Destacamento Militar Número 1 (DM1), pero hasta la fecha no ha habido consecuencias legales.

Según Edith Cruz, lo único que se logró fue el traslado del agresor a la zona de Las Pilas, a unos 100 kilómetros de la zona, en el departamento de Chalatenango. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación de oficio, pero no ha tomado declaraciones de las víctimas.

En 2020, Edith perdió su trabajo en el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). Ahora, se dedica a sembrar y hacer artesanías.

El caso de Samantha no es aislado. Los militares salvadoreños continúan acosando a las mujeres de la zona, sobretodo a las jóvenes. “Se aprovechan de las niñas menores de edad. Aquí hay menores que han sido engañadas por militares y se han convertido en sus novias”.

“Eso es abuso, pero nadie se atreve a hacer nada para impedirlo, porque llevan uniforme”, lamenta Edith.

En marzo de 2020, el presidente Nayib Bukele emitió el decreto ejecutivo número 12, que cerró las fronteras aéreas, terrestres y marítimas de El Salvador. Prohibió el ingreso a través de puntos ciegos, y la Fuerza Armada movilizó más de 2.000 efectivos ante el avance de la pandemia de Covid-19. Más de un centenar de aquellosmilitares eran del DM1, doce de ellos se apostaron en las escuelas públicas de los caseríos El Pepeto y El Portillo, al norte de Arcatao.

El departamento Chalatenango tiene un largo historial de presencia militar. Durante la guerra civil, fue el foco de las operaciones de la guerrilla, y por ende, blanco del Ejército. A través de las montañas de Arcatao y San Fernando se movilizaron armas ilegales, campamentos guerrilleros y poblaciones que huían del conflicto armado hacia Honduras. Pero desde que Edith tiene uso de razón, los militares nunca se habían atrevido a irrumpir en una vivienda de la zona tras la firma de los Acuerdos de Paz.

Sentada en su hamaca de pita y jugando con sus dedos, recuerda cómo era Arcatao hace algunos meses, antes de la pandemia de Covid-19. “Aquí no hay maras ni esas cosas, y nos conocemos todos. Vivimos de la tierra, maíz, frijol, otros tienen sus animales”.

Una noche de septiembre de 2020, según narró Edith a Otras Miradas, dos militares saltaron el cerco de palos y alambres que rodea su casa para acosar a su sobrina. Está ubicado justo en el límite entre El Salvador y Honduras.

Los pobladores de Arcatao han vivido entre El Salvador y Honduras durante más de 30 años sin ningún tipo de trámite migratorio para desplazarse. Tienen una cédula hondureña y un DUI salvadoreño, votan en ambos países, y algunos tienen tierras del lado hondureño, donde se cultiva maíz, frijol y café. La mayoría prefiere acudir a El Salvador para recibir atención médica, ya que los hospitales y centros de salud de Honduras están más lejos. La Ley Especial de Migración y Extranjería califica este fenómeno de “tránsito vecinal fronterizo”, y obliga a la Dirección General de Migración y Extranjería a emitir un carnet de identificación a los residentes de los ex bolsones para poder ingresar y salir por vía terrestre. En la práctica, estos documentos nunca llegaron.

En marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de Covid-19 en El Salvador, el virus no había llegado a Arcatao. Fue una sorpresa tremenda para la población la orden del presidente Bukele de desplegar efectivos militares en la zona para imponer una cuarentena. “Estas son cosas que no se veían desde hace tiempo. Abuso de autoridad siempre ha habido, pero ahora es peor, hay más, y es todos los días”, asegura Edith a Otras Miradas.

Después de retirarse de los centros escolares, los militares se mantienen a medio camino de El Portillo, en la zona de “El Descansadero”. Allí detienen a jóvenes, acosan a las mujeres e impiden el libre tránsito desde Honduras. “Provocan a los muchachos, les preguntan por su apodo, a qué pandilla pertenecen, y todo el mundo sabe que aquí en la zona no hay pandillas (…)”, señala la joven.

Los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Fernando y San Ignacio, municipios fronterizos con Honduras, denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) la presencia de los militares en la zona cuando la cuarentena obligatoria había terminado en julio de 2020. El 20 de octubre pasado, los alcaldes acudieron a la Asamblea Legislativa para la retirada del Ejército.

Como respuesta, el presidente Bukele ordenó al ministro de la Defensa, Francis René Merino Monroy, duplicar la presencia militar en los municipios referidos, y acusó a los alcaldes de vínculos con el narcotráfico.

“Es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando, y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales”, dijo Bukele, sin presentar ninguna prueba. Las rutas regionales de la cocaína, no cruzan las montañas de Chalatenango. Desde 2017, la mayor parte de la cocaína decomisada fue incautada en alta mar. El resto, en rutas terrestres alejadas de los municipios intervenidos.

Después de casi un año de militarización en Arcatao, el Gobierno no ha presentado resultados de las operaciones anti narcotráfico al norte del país.

En lo que va de Administración Bukele la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) ha incautado 2.1 toneladas de cocaína, en zonas donde transita la droga, como la carretera Panamericana y el departamento de La Unión, en el Oriente.

El periodismo: adversario a silenciar

 

La noche del 12 de octubre de 2020, cuatro hombres armados rodearon a Juan Martínez d’Abuisson. Una calle poco transitada fue el escenario de asalto poco común: los sujetos vestidos de ropa oscura ordenaron a gritos al periodista que se lanzara al piso, sin exigirle pertenencia alguna.

«No me pedían el celular, ni la cartera, sólo que me tirara al suelo,» explica el cronista del periódico digital El Faro, blanco de los ataques más sórdidos del Gobierno de Nayib Bukele contra de la prensa salvadoreña.Después de caminar algunos minutos con su perro en el parque de la Colonia Centroamérica, en San Salvador, Juan Martínez fue interceptado por una camioneta, de la que descendieron tres hombres jóvenes, entre 20 y 30 años de edad, según el periodista-que lo amenazaron con armas cortas.

Todo fue en cuestión de segundos.“Fue en ese momento cuando yo di el teléfono, después de todo era un asalto. Pero en ningún momento me lo pidieron, fui yo quien lo tiré, ellos me pedían que me tirara al suelo y nada más. Pero no lo hice y escapé como. No me persiguieron, no me dispararon”, comenta Martínez.

Un agente de la PNC toma fotografíasaperiodistas y asistentes a la manifestación que conmemoró el aniversario del intento de golpe del presidente Bukele el 9 de febrero de 2020.

Unos minutos después, ya en un lugar seguro y con acceso a comunicación, alertó en Twitter que había sufrido el robo de su celular. El día siguiente supo que se trató de un mensaje de intimidación. Dos fuentes del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que frecuentan a periodistas de El Faroconfirmaron a sus hermanos, también periodistas, que se dictó una orden desde Presidencia de la República para “hacerle daño”. Todo quedó registrado en un memorando.

“Querían que me arrodillara. Supongo que me iban a golpear”, recuerda el periodista, queconcluyó que el ataque armado no fue orquestado “desde dentro del Gobierno». “Fue un acto de intimidación a mi trabajo, al de mis hermanos, y un mensaje para el resto de periodistas, académicos, y todo aquel que cuestione al Gobierno. Ni en los años 80, en la época de la guerra hubo ataques así contra la prensa», asegura Juan Martínez.

Cuatro días después del asalto, con información suficiente en su poder, el periodista decidió responsabilizar al Gobierno a través de Twitter. Su publicación acumuló más de 1,100 respuestas directas y citas, de las cuales más de un 25 % provienen de cuentas catalogadas como “sospechosas” por la herramienta Botometer, una aplicación libre del Instituto de Ciencias de la Red y el Centro de Investigación de Redes de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.Juan Martinez d’Aubuisson en Twitter: «Después del asalto armado del lunes varias fuentes del aparato estatal se han comunicado con mis hermanos. Esas fuentes aseguran que fue orquestado desde dentro del Gob, como un acto más de intimidación a mi trabajo, al de mis hermanos y al de los medios independientes».

Las acusaciones de manipulación de la opinión pública a través de ‘bots’ o cuentas automatizadas no es algo nuevo en El Salvador. La actividad falsa en Twitter puede ir desde robots hasta cuentas personales con identidades engañosas en línea, nombres falsos o seudónimos que operan como “cuentas madre” para posicionar determinados temas; o simplemente personas que usan sus cuentas de forma inusual. Esto vuelve complicado detectar qué actividad es ‘natural y orgánica’, o prefabricada, explica Mario Gómez, fundador del Hackerspace en El Salvador.

La manipulación de las redes, añade, se ha centrado en el uso de troles o centros de redes, también conocidos como Netcenters, que involucran a personas reales que cobran por difundir determinados mensajes a través de cuentas que manejan con sus nombres auténticos. Su actividad es replicada por cuentas falsas para “inflar” las estadísticas. “Para ver cómo funcionan es necesario ver las horas en las que actúan, los hashtag(etiquetas) que utilizan, las personas a quienes mencionan”, agrega Mario Gómez.

El propio presidente de la República ha sido implicado en el caso de un troll center dirigido al periódico La Prensa Gráfica, por la clonación de la página y difusión de noticias falsas. Recientemente, el Gobierno acusó al partido opositor de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de administrar un troll center para atacar a la familia del presidente Bukele.

“En un país donde sólo la mitad de la población tiene acceso a Internet, es difícil creer que la actividad política se reduzca al submundo de Twitter”, explica Rafael Ibarra, fundador de SVNet, la única delegación de dominios de Internet que existe en el país. De acuerdo con este académico, popularmente conocido como el “padre del Internet” en El Salvador, la actividad detrás de los miles de perfiles que apoyan y defienden al presidente es, cuando menos, sospechosa. Lo mismo puede decirse de los ataques en línea a los críticos de Bukele, que refuerzan las campañas deintimidación. “Pueden ser realmente sicarios digitales”, subraya Ibarra.

Un dato a tener en cuenta es que el gasto en servicios de estrategia de comunicación y consultoría para marketing digital se ha disparado en el Gobierno de Bukele. Sólo en Presidencia, el mandatario creó una nueva Secretaría de Prensa, con una asignación de más de dos millones de dólares para “asesorar y asistir al señor Presidente de la República, Ministros, Instituciones Oficiales Autónomas y Comisionados de la Presidencia”, con la producción de discursos, manejo de espacios informativos, material audiovisual y “redes sociales”.

Para el periodista Juan Martínez el problema trasciende Internet: “El problema no es que sean troles. Es obvio que el presidente busca generar la impresión de que hay una masa que lo apoya incondicionalmente, porque esto inhibe al ciudadano común de emitir su opinión (…) Pero también es innegable que el discurso hegemónico ha calado en la mayoría. El apoyo que este caudillo tiene es avasallador”.

Un antecedente de autoritarismo con apoyo popular es el que ejerció Roberto d’Abuisson, tío del periodista Juan Martínez d’Aubuisson. Aquel militar de ultraderecha, figura que aún hoy es venerada por los conservadores salvadoreños, fundó en 1981 el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Su biografía incluye también la organización e implementación de los siniestros escuadrones de la muerte, cuerpos paramilitares que asesinaban y desaparecían a líderes comunitarios, campesinos, estudiantes y todo tipo de organización social en la década de los 80, según documentó la Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas (1992-1993).

“Es el único evento inmediato en la historia política del país. Un caudillo, como Bukele, carismático y con dominio sobre las masas. Pero ni siquiera Roberto d’Aubuisson arremetió contra la prensa como lo está haciendo el presidente actual”, opina Juan Martínez. Durante los gobiernos del FMLN, el primer partido de izquierda que llegó a la Presidencia, también hubo persecución a la prensa, con detenciones arbitrarias y escuchas telefónicas ilegales.

“Ahora hay todo eso y más. Ahora hay una batalla pública y constante que se incorpora al discurso hegemónico, y no sólo en contra de opositores políticos, sino también contra la prensa independiente, los investigadores,la Academia, los defensores de derechos humanos. Para el presidente, todos formamos parte de un solo bloque: los enemigos del pueblo”, concluye Juan Martínez.

Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el acoso a periodistas y el uso de recursos públicos contra la oposición ha documentado que periodistas de El Faro, Revista Factum, Revista GatoEncerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráficay otros reporteros independientes, han sufrido violencia y descrédito por parte de agentes del Estado.

Periodistas de El Faro denunciaron acoso fiscal del Ministerio de Hacienda, escuchas telefónicas ilegales y campañas difamatorias. El 24 de septiembre de 2020 el presidente Bukele anunció en una cadena nacional que el Ministerio de Hacienda estaba investigando El Faro por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció sobre dicho caso y señaló «el grave deterioro» de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y críticos del Gobierno.

Con estos elementos, los legisladores certificaron a la Fiscalía General de la República la posible comisión de los delitos de actos arbitrarios, violación de comunicaciones privadas, captación de comunicaciones, interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas y expresiones de violencia contra la mujer. El informe de la comisión legislativa fue enviado a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Secretaría de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, al Congreso y Senado de los Estados Unidos de América y al Parlamento Europeo.

Una joven ondea una bandera de Juventudes Antifascistas frente al Monumento a la Constitución, ubicado en San Salvador, durante marcha para rechazar la militarización en El Salvador.

El profesor del presidente

Óscar Picardo Joao es un académico de renombre en El Salvador. Licenciado en Filosofía y Máster en Teología, es director del Instituto de Investigación, Ciencia y Tecnología (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), donde también trabaja como especialista en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas. Picardo conoce de cerca al presidente Nayib Bukele. Fue uno de sus profesores de Bachillerato en la Escuela Panamericana, prestigioso centro educativo privado en San Salvador.

Casi 30 años después, el presidente tildó de “loco” e “imbécil” a su profesor, tras la publicación de un proyecto municipal para combatir la pandemia de Covid-19, como alternativa al confinamiento indefinido que impulsó el Gobierno de Bukele. “Llamen a las potencias mundiales. ¡El loco de la Gavidia (que decía que el #Covid19 se acababa el 1 de julio) y Erick Salguero encontraron la solución a la pandemia! Van a causar una masacre. Aún mayor de lo que ya causaron. ¿Cuándo concentraron tanto poder estos imbéciles?”, tuiteó el presidente Bukele el 5 de julio de 2020.

“Entre su proyección del 20 de marzo de 3,145,728 contagiados, y la nuestra del 8 de abril de 14,916, usted sabrá quién es el ‘loco’ y el ‘imbécil”, respondió Picardo, en su cuenta de Twitter, en referencia a las proyecciones erróneas del mandatario. Cuando el ICTI-UFG presentó los modelos matemáticos diseñados junto a la Universidad de El Salvador (UFG), se proyectó que el país llegaría a registrar entre 12.000y 14.000 contagios de Covid-19,que resultaron ser los datos más cercanos a la realidad. En aquel momento se registraban cerca de 8.000 casos, “mucho menos de los 3 millones que decía el Gobierno”, explicó Picardo.

El intercambio de descalificaciones comenzó cuando el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (COENA), Erick Salguero, anunció la implementación de un Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI) en el municipio de San José Villanueva, del departamento de La Libertad. El alcalde, Alexis Guzmán, explica a Otras Miradasque en aquellas fechas su municipio sólo tenía registrados 10 casos de Covid-19, y gracias al proyecto con el ICTI-UFG, esperaban mantener la enfermedad a raya.

La apuesta en San José Villanueva era crear un mapa de riesgos de Covid-19. La estrategia, según Salguero, no requería el cierre de ningún sector económico, por lo que no necesitaba decretos de restricción de movilidad. En aquel momento, el presidente Bukele presionaba para mantener una cuarentena estricta que se prolongó por casi 100 días, con una restricción de derechos, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La UFG intentó mostrar sus proyectos, pronósticos y avances al Gobierno antes de acercarse a las alcaldías, pero fue ignorada. Por ello, se enfocaron en los municipios. “Es un proyecto que diseñamos y ofrecimos a la alcaldía, no tiene nada que ver con política, es un ejercicio académico. Muchos funcionarios no leen,luego hacen comentarios de forma equivocada e ignoran de lo que están hablando”, indica Picardo.El ICTI está trabajando en ocho municipios más, pero sin revelar cuáles. ¿La razón? El Gobierno comenzó a intervenir los datos para afectar la investigación en San José Villanueva. Picardo teme que se repita esa estrategia con el resto de localidades. “Cada vez que damos un paso en Villanueva, nos atacan. Había semanas en que nos enviaron más de 700 pruebas. Lo vieron como una especie de proyecto símbolo, y es el municipio al que más pruebas han enviado, llevan gente de otros municipios a hacerse las pruebas. Otros proyectos que tenemos no lo decimos porque corremos el riesgo de que quieran afectar al proyecto”, relata el director del ICTI.

El sitio del observatorio de San José Villanueva es: https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html

Bukele criticó que el presidente de Arena anunciara esta investigación como «el Plan Cero Casos Covid-19», cuestionando que se estuvieran haciendo planes municipales sin la dirección del Ministerio de Salud (Minsal); y tildó las declaraciones de «estupideces». “El presidente Bukele no puede tolerar que alguien más tenga una buena idea. Todo debe venir de él y para él. Si no le es rentable políticamente, lo desecha”, asegura Picardo. En la fase de reapertura económica Bukele copió la estrategia de los cercos sanitarios, con la elaboración de un mapa de riesgos y la entrega de kits con medicamentos a personas enfermas. “No hay evidencia para decir que estábamos muy equivocados y el presidente tenía razón”, replica Picardo.

Tras los ataques reiterados de Bukele, con insultos y difamaciones por parte de operadores políticos y troles, Picardo decidió cerrar su cuenta de Twitter “por salud mental”. De los insultos se pasó a los ataques directos. La revista Disruptiva, una publicación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), a cargo de Picardo, sufrió al menos tres ataques a su página web, y en una ocasión lograron darla de baja. La revista divulga proyecciones matemáticas y estudios científicos que no se ajustan a las cifras de Bukele.

El 13 de julio, el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) organizó otro operativo para ingresar al apartamento de Óscar Luna, editor de la revista Disruptiva. El ladrón robó dos computadoras y un mapa de San José Villanueva, donde se realizó el estudio para monitorear los contagios de Covid-19. “Anduvimos paranoicos varios días”, recuerda Picardo, con el libro de datos que consiguieron sobre San José Villanueva. Aquella noche hubo “una serie de hechos graves” que, en su opinión, indican que se trató de un plan orquestado. “Se desconectaron las cámaras dentro del edificio, y lograron llegar hasta un séptimo piso. Se tomaron la molestia de entrar, subir, llevarse las computadoras. Había otras cosas de valor que no tocaron. Todo esto genera una atmósfera no propensa a la democracia”.

Organizaciones de la sociedad civil marcharon durante todo el día, para recordar lo ocurrido el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente Bukele encabezó al Ejército para invadir las instalacionesde la Asamblea Legislativa y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea.

Según Picardo, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero no hay avances en la investigación. En el Gobierno de Bukele “hay un desprecio a lo académico, a lo intelectual, a la ciencia. No hay acercamiento, ni diálogo, por el contrario, hay insultos. Podría decirse que es por su corte autoritario, conviene más que haya gente obediente a gente informada”, concluye el investigador. El ultraje a la ciencia y a la razón muestra la peor cara de un presidente, que se comporta más como un “iluminado” que como un estadista, como demostró al irrumpir en el Congreso arropado por sus militares para amenazar e insultar a los legisladores. Un presidente visionario, en definitiva, capaz de dar un golpe de estado disfrazado y presentarlo como consecuenciade sus diálogos con Dios.

La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.

 

Por: Lizz Gabriela Mejía

Fotografías: Martín Cálix

 

«Fuimos gaseados como insectos en las calles de Tegucigalpa, golpeados, maltratados, violados en nuestros derechos humanos», recuerda la doctora Helga Codina, quien trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Así fue la respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández cuando el personal médico, enfermeras y miembros de otros gremios como el Magisterio salieron a las calles en 2018, para pedir mejores condiciones en los centros asistenciales del país y evitar la privatización del sistema de salud.

“Lo único que logramos fue la derogación de los PCM (decretos ejecutivos)”, comenta Codina al recordar la represión de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. Ante la magnitud de las movilizaciones, el Gobierno derogó los decretos ejecutivos de emergencia con los que pretendía privatizar el sistema de salud en Honduras. La doctora Codina explica que la población presiona al Colegio Médico para que convoque nuevas protestas para exigir la mejora de los centros asistenciales, pero la pandemia dificulta las concentraciones ciudadanas.

Los indicadores sobre elecciones libres justas, poder efectivo para gobernar y separación de poderes muestran que Honduras no reúne los requisitos para considerarse una democracia. En comparación con2018, el país ha caído 1,5 puntos en el indicador de Estado de Derecho, calificado como «defectuoso».

«El Poder Ejecutivo controla a la Corte Suprema, influye sobre el Congreso Nacional y, además, tiene numerosas acusaciones de corrupción. Es preocupante detectar que cada vez son menos los frenos capaces de detener un poder que goza de tanta impunidad», indica el informe elaborado por Victoria Ariagno, asistente de investigaciones en el Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Por su parte, Otto Argueta, analista guatemalteco radicado en Honduras y experto del BTI en Centroamérica, subraya que los gremios profesionales pueden hacer una importante presión al Estado, a través de movilizaciones.

«Dependerá de que preserven su independencia de la clase política y actúen en función de la preservación de lo público y no de captación del poder político, porque el problema en Honduras no es de un presidente o de un partido, es un sistema político que funciona para satisfacer intereses privados, legales e ilegales, a través del autoritarismo y por medio de la corrupción», explica.

Argueta señala que Honduras vive en una autocracia electoral, pues el régimen preserva algunos procesos democráticos, «pero de una forma centralizada, contraria al pluralismo y a los controles democráticos. Las elecciones ocurren sólo como procedimiento, pero son carentes de transparencia y libertad, lo que se traduce en procesos sin legitimidad ni confianza ciudadana».

Enfermeras de Hospital San Felipe en la ciudad de Tegucigalpa, durante una protesta exigiendo mejores condiciones de bioseguridad para la atención de la pandemia por Covid-19. Tegucigalpa, 17 de junio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

A pesar de estar viviendo una pandemia y las enfermedades producto de dos huracanes, en 2021 sólo se destinará el 2.7% del PIB al presupuesto del sistema de Salud, un 0.2% menos que en 2020. En contrapartida, el Gobierno asignará el 2.4% del PIB a Defensa y Seguridad, un 0.2% más que en 2020. Los recortes en salud han cortado las alas a centros asistenciales, médicos especialistas e incluso a los aspirantes a una especialización, pero le ha dado alas a los cuerpos represores del Gobierno.

Después de múltiples protestas, reuniones, comisiones, juntas interventoras y amenazas, aún no hay acuerdo entre el personal del sistema público de salud y el gobierno de Juan Orlando Hernández para resolver el conflicto. La respuesta ha sido represión e indiferencia. El personal sanitario se ha enfrentado a la pandemia de Covid-19 con pocas herramientas y en la precariedad, mientras que el Gobierno ha priorizado la intervención de las instituciones de salud a través de juntas integradas, entre otros, por militares y exmilitares, cerrando así cualquier posibilidad de diálogo.

Protestas ilegales, gobiernos ilegítimos

 

La búsqueda del diálogo para resolver los conflictos ha brillado por su ausencia en los distintos gobiernos hondureños. Después del golpe de Estado de 2009, Porfirio Lobo Sosa, el presidente elegido con la mayor abstención de la historia, comenzó un proceso de privatización de la salud junto con Juan Orlando Hernández, que en aquella época presidía el Congreso Nacional. En los cuatro años de aquel gobierno proliferaron los escándalos de corrupción en la Secretaría de Salud, así como las protestas por falta de pago a los médicos y personal de enfermería, las compras directas anómalas de medicamentos e, incluso, el intento de declarar ilegales las huelgas del gremio médico.

En octubre de 2010, 672 médicos de 27 centros asistenciales estatales participaron en un paro para exigir salarios atrasados, reajustes salariales y pago de jubilaciones. «Ya le dije al ministro de Salud (Salvador Pineda) y de Trabajo (Jorge Bográn) que busquen el procedimiento para que esa huelga seadeclarada ilegal», afirmó Lobo Sosa, quien también ordenó descontar del salario de los médicos los días en huelga.

Hedme Castro, defensora de derechos humanos y coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci Participa) comenta que ningún gobierno puede declarar que una huelga es ilegal o inconstitucional, ya que se trata deun derecho que la misma Constitución de la República garantiza a los ciudadanos hondureños.

Además, coartar estas libertades a los gremios y sectores sociales que luchan por los derechos básicos implica que el mismo Gobierno estaría obstaculizando el derecho a la salud y a la educación, añade Castro.

La represión contra de los médicos que salen a las calles a exigir derechos básicos es una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para Hedme, se puede salir a las calles para exigir mejores condiciones sanitarias, siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, alcohol en gel y el distanciamiento físico.

«El estado de sitio ha sido utilizado para realizar allanamientos selectivos y detenciones ilegales. El año pasado, iniciada la pandemia, asesinaron a una compañera, Argentina de Marcovia, y secuestraron y desaparecieron a los muchachos garífunas. Hubo 15 personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos que fueron asesinadas», relata Castro al consultarle qué opina sobre el estado de excepción.

En cuanto a la gestión del Covid-19 por parte del Gobierno, la activista denuncia «actos irregulares y casos escandalosos donde el dinero para contrarrestar el virus ha sido robado por instituciones y personajes no conocidos dentro del partido de gobierno, y han quedado en la impunidad».

Recientemente, las fuerzas policiales han protagonizado la agenda mediática por el deceso de Keyla Patricia Martínez, joven estudiante de Enfermería, que falleció la noche del sábado 6 de febrero en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, después de haber sido detenida por no respetar el toque de queda. «Durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció», señala el comunicado difundido por la Policía Nacional.Por su parte, los galenos del centro asistencial aseguraron que la joven llegó sin signos vitales.

La doctora Patricia Zúniga, que estaba en la guardia del centro asistencial, aseguró a varios medios de comunicación que los policías nunca mencionaron que se trataba de un suicidio, y que los signos en el cuerpo de la joven estudiante no correspondían a un intento de suicidio. El Ministerio Público declaró, después de la autopsia, que había sido un homicidio.

El caso de Keyla Martínez ha indignado en la población, que se ha movilizado para pedir que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia. Martínez no es la única persona que murió en manos de las fuerzas de seguridad de Honduras durante el mes de febrero. El lunes 15, agentes policiales y militares dispararon contra Erick Davinson Barrientos, quien se trasladaba en una volqueta cuando impactó con un cono de tránsito en el sector de El Carrizal, en Comayagüela. Barrientos no se detuvo en el retén militar, y fue perseguido por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Imágenes captadas en el lugar de los hechos muestran al joven gritando después de haber sido herido. Barrientos fue trasladado al Hospital Escuela Universitario, donde falleció. El coronel Francisco Salgado, lamentó el suceso, pero justificó a sus subordinados, indicando que los disparos fueron la respuesta de la autoridad a la desobediencia.

Generales reconvertidos en gestores sanitarios

 

El gobierno de Hernández Alvarado ha usado las juntas interventoras como mecanismo de control del descontento gremial y de la precariedad institucional, lo cual ha expandido la injerencia militar en asuntos públicos, bloqueando el acceso a la información pública.Un ejemplo es el caso del general retirado Edilberto Enrique Ortiz Canales, que en 2018 fue juramentado como miembro de la junta interventora del Hospital Escuela Universitario, el principal centro asistencial de la capital.

Durante el confinamiento por Covid-19, se conformó la junta encargada de intervenir Invest-H, el ente responsable de la compra de hospitales móviles, que fueron sobrevalorados.

Para esta labor de intervención, se nombró al general de brigada José Ernesto Leva Bulnes como presidente.

Un grupo de militares hace formación previo al inicio de una jornada de las brigadas de salud que la Secretaría de Salud y Copeco realizan en barrios y colonias del país, la labor de los militares y policías que acompañan las brigadas es resguardar a los médicos en barrios controlados por las pandillas. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

Contracorriente intentó, en varias ocasiones, comunicarse con el general Tito Livio Moreno Coello, jefe del Estado Mayor Conjunto, para consultarle qué significa para la institución castrense la asignación de labores en oficinas estatales o en otras actividades que están fuera de sus responsabilidades, así como el costo para el Estado, pero no hubo respuesta.

Por su parte, el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), José Coello, informó en esta nota de Contracorriente, que se había asignado ya a dos oficiales para liderar las acciones para la instalación de los hospitales móviles, con los que se pretendía disminuir la carga de los hospitales más abarrotados por pacientes con Covid-19. El general en retiro, Ortiz Canales, aseguró que las Fuerzas Armadas han estado entregando los insumos de bioseguridad destinados al Hospital Escuela. «Yo soy responsable de verificar los procesos y el sistema logístico, de tal forma que medicinas y equipo médico lleguen al usuario final en forma expedita. A partir de nuestra llegada el hospital ha ido mejorando todo ese sistema de procesos y mejorando las adquisiciones», apuntó Ortiz Canales, quien se desempeñó como director del Hospital Militar.

Documentos publicados en el portal de transparencia del Instituto de Accesoa la Información Pública indican que en procesos de compra directa, la Secretaría de Defensa ejecutó mediante las Fuerzas Armadas, 4.129 millones de lempiras (171 millones de dólares) en 51 procesos de adquisición menor, entre marzo y junio de 2020. En otros desembolsos por compras de medicamentos e insumos para la pandemia, familiares de miembros de la institución militar se han visto beneficiados. Tal es el caso de Evelyn Suyapa Bustillo Pagoada, esposa del mayor de aviación Marvin Leonardo Meléndez, que aparece en los informes de compras presentados por las Fuerzas Armadas como gerente de la empresa Inversiones Bustillo Pagoada S. de R.L., dedicada a la compra y venta de medicamentos a través de la Farmacia Eviba, localizada en una gasolinera cerca del primer Batallón de Infantería, en Tegucigalpa.

«La situación se complica más cuando el mandatario no tiene confianza en sus propios funcionarios y, lo que es peor, cuando no tiene con quien reemplazarlos porque desconfía de todos, hasta de su propio partido», puntualiza. También menciona que esta situación es más frecuente cuando el que está en el poder se siente aislado y solo, contando únicamente con los uniformados para las gestiones gubernamentales.

«El problema está en que los militares se formaron para la defensa y no para gestionar salud, educación, seguridad, energía eléctrica o pandemias. Para eso están los civiles. Por ello estamos en presencia de un proceso de militarización del Estado, que se traduce en un grave daño al proceso de democratización, que ya de por sí está seriamente dañado, y reafirma la deformación de los militares, que han considerado y siguen considerando a los civiles de menos, lo que se expresa con el uso del término despectivo de civilones», indica Salomón. Esta socióloga considera que los políticos en general, y Hernández y su partido en particular, son culpables de tener una democracia custodiada por militares y de no saber qué hacer con ellos en tiempos de paz y democracia, cuando la lógica más elemental apunta a su reducción en cantidad, presupuesto y funciones.

Por su parte, la doctora Helga Codina, especialista en medicina interna, reumatología y epidemiología, estima que la intervención de los militares en temas que no corresponden a sus responsabilidades y obligaciones «es otra manifestación de la dictadura en nuestro país, los militares tienen sus funciones y no las cumplen». La Constitución de la República en el artículo 272 indica que «Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen paradefender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República». Sin embargo, en los últimos años se ha visto su participación en juntas interventoras de diversas institucionesno relacionadas con la función militar.

El analista Otto Argueta opina que las funciones que se han delegado a los militares, además de las ya establecidas, «demuestra, visiblemente, la incapacidad de un Estado para atender las necesidades de la función pública a través de las instituciones específicas y pertinentes». Las consecuencias de estas acciones, añade, pueden ir desde la corrupción hasta proveer la imagen de un gobierno firme y eficiente, cuando en realidad es «la imagen de un gobierno autoritario, ya que no se usan instituciones civiles y democráticas, sino una que se caracteriza por su secretismo y porque su especialidad es el uso de la fuerza».

En 2019 surgió la Plataforma por la Educación y la Salud, donde los dos sectores movilizaron a sus bases a nivel nacional para protestar contra las condiciones laborales y la reducción en el presupuesto de la nación para educación y salud. Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

La pandemia y dos huracanes

 

La mayoría de la población enfrenta cotidianamente la precariedad producida por la corrupción y protegida por el autoritarismo, pero es durante la pandemia que semuestra su rostro más inhumano a través del abandono del sistema de salud.

La doctora Suyapa Sosa, neumóloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, recuerda que hace tres años, en un esfuerzo por formar más neumólogos, se planificó la creación de la residencia para esta especialidad, pero no fue hasta 2019 que ingresó el primer grupo de médicos. Sosa menciona que la creación de más posgrados y estudios de subespecialidades es necesaria en Honduras. «Estamos pensando en la generación de relevo, en algún momento nos vamos a tener que ir. ¿Quién va a quedar manejando la salud respiratoria pública en todo el país?», pregunta.

Desde 1993, Sosa trabaja en este centro asistencial, que cuenta con varias especialidades médicasy se encarga de atender enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y el corazón, y que últimamente se ha visto en aprietos debido a la falta de personal, insumos médicos y de bioseguridad. En 2009 pasó a ser la jefa del servicio de Neumología, y también es la presidenta de la Asociación Hondureña de Neumología y Cirugía de Tórax. «Ha habido varios problemas, uno de ellos es la falta de equipos, que se ha denunciado desde hace más de dos años, específicamente la ausencia del tomógrafo en el hospital, que es vital, no sólo en este momento de la pandemia sino para todas las patologías que atendemos», apunta la doctora Sosa. Hay deficiencias en el laboratorio y el servicio de patología, que es de vital importancia para estudios de cáncer y tumores, no está funcionando desde hace un año.

No todos los médicos han vivido las mismas experiencias y es el caso que expone la reumatóloga Helga Codina cuando hace mención de los médicos queno cuentan con una plaza, sino que trabajan por contrato. Temen protestar o hacer una denuncia pública porque no se les han pagado a cabalidad los honorarios establecidos por el Gobierno. «Eso no ha salido a la vista pública, pues les da temor y consideran que podrían perder lo que ya tienen ganado, lo que han trabajado y no se les ha pagado».

Hugo Fiallos, popularmente conocido como “Dr. Dark Angel” en redes sociales y medios de comunicación, es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva.Actualmente trabaja en el Hospital Militar y en el IHSS. Atiende a pacientes contagiados con Covid-19 y que se encuentran en estado crítico. En sus ratos libres, mediante publicaciones en Facebook y Twitter, busca crear conciencia entre los ciudadanos, abordando temas políticos y de salud y se ha convertido en uninfluencer en tiempos de pandemia.

En una entrevista a Contracorriente, Fiallos explica que el panorama para los médicos en Honduras es muy oscuro porque se sienten solos, «tenemos temor, nos sentimos impotentes, nos sentimos abandonados, y a título personal, agregaría que estoy en una guerra imposible de ganar, es una guerra en la que lamentablemente todos estamos ya condenados, y que el pronóstico es terrible».

Un grupo de médicas que forman parte de las brigadas de salud de la Secretaría de Salud y Copeco en espera del inicio de una jornada de visitas en Barrio La Leona. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

Fiallos compara los hospitales estatales con los centros asistenciales privados –«el sistema de salud pública es malo»–, y agrega que ya era demasiado tarde cuando las autoridades se dieron cuenta de que no había suficientes médicos, enfermeras, insumos de bioseguridad y espacio para contener la pandemia. El doctor “Dark Angel” también menciona que la negligencia del Gobierno al promover un feriado o las vacacionesde noviembre ha contribuido al abarrotamiento de los centros hospitalarios, «se maquillaron cifras para que la gente saliera sin preocupación, para que anduviera paseando y gastando dinero».

A casi un año del inicio del confinamiento para evitar la propagación de la Covid-19, las autoridades hondureñas han registrado hasta el 17 de febrero 162.584 casos positivos, de los cuales 63.618 pacientes se han recuperado y 3.933 hanfallecido. Las cifras van en aumento y para algunos médicos como Fiallos, el panorama para Honduras es pesimista, ya que después de las inundaciones en el noroccidente del país, muchos hondureños están refugiados en albergues que cuentan con pocas o nulas medidas de bioseguridad.

El analista Otto Argueta concluye que en Honduras la población tiene pocos recursos para cambiar la situación de los servicios públicos: “El porcentaje que tiene acceso a ellos es muy bajo porque la mayoría de las personas vive en la pobreza o en riesgo de caer en ella inevitablemente. Eso hace que su única opción para requerir cambios sea la protesta, que es reprimida violentamente por el Estado y nunca atendida de forma democrática. Eso, lamentablemente, no cambia las cosasen un país autoritario y por esa razón se preservan las elecciones, porque el clientelismo -que en Honduras adquiere niveles de dádivas de miseria-legitima la continuidad de la autocracia. La sociedad civil organizada es la que debería auditar al Estado e increpar su mal funcionamiento”.

El partido que ha gobernado Honduras desde 2010 se ha convertido en una federación que acoge a políticos y funcionarios involucrados en empresas ilícitas, desde madera hasta narcotráfico y malversación de dineros públicos.  

Por: Héctor Silva Ávalos y Victoria Dittmar*

Fotografía de portada: Associated Press

Esta es una investigación original de Insight Crime publicada en este medio con autorización de sus autores.

Un informante que trabaja en el departamento de Lempira, oeste del país, miró al general Leandro Osorio y dijo: «yo sé de un sitio donde hay drogas». 

Era mediados de enero de 2014, y Osorio era el jefe de la División de Inteligencia de la Policía Nacional de Honduras, quien posteriormente haría unas declaraciones sorprendentes sobre el caso. Pidió evidencia a su informante, y este le mandó unas fotografías de lo que parecía un invernadero oculto en medio de las montañas.  

El informante también le dio las coordenadas, pero le advirtió al general: las drogas y algunos de quienes trabajaban allí tenían la protección de un alto oficial de policía y de un político muy poderoso.  

El invernadero estaba cerca de La Iguala, una pequeña población enclavada en las montañas de Opalaca, a unas cuatro horas en auto y una hora y media más a pie desde Tegucigalpa. Estaba cerca de Gracias, la cabecera departamental de Lempira y era sede del clan Hernández.  

InSight Crime corroboró el relato de Osorio con documentos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). En estos documentos, elaborados luego en una investigación distinta, hay referencias al laboratorio de La Iguala, a la protección que recibía, y a la supuesta relación de «Tony» Hernández con el mismo. Un agente del Ministerio Público y un miembro de la inteligencia policial hondureña también confirmaron que las autoridades investigaron el laboratorio y a los dos hombres capturados en La Iguala. El oficial de policía añadió que «Tony» Hernández había sido mencionado en la investigación.

 

 

Laboratorio de cocaína en Honduras. Cortesía.

 

En Gracias ese clan era conocido por sus pequeñas plantaciones cafetaleras y sus grandes ambiciones políticas, según los testimonios que recogió InSight Crime en la ciudad, durante una visita de campo. Juan Orlando Hernández es el jefe del gobernante Partido Nacional y presidente de Honduras desde 2014. Su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández, era diputado suplente en esa época. Uno de sus  otros hermanos era coronel del Ejército.  

Pero Osorio estaba decidido a corroborar la denuncia del informante. Fue así como pasada la medianoche, del 31 de enero de 2014, sin notificar a sus superiores en Tegucigalpa y dando no más que una pizca de información vaga a la Fiscalía General, Osorio, junto con una unidad élite de la Policía, se dirigieron a las montañas.  

«Yo era el único que sabía lo que íbamos a hacer», le relató Osorio a InSight Crime, años después en Tegucigalpa. «A los fiscales solo les dije que teníamos información de un lugar donde supuestamente había drogas». 

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A las cinco de la madrugada, Osorio y su unidad habían conducido hasta donde era posible; se bajaron del camión y empezaron el camino a pie. «Era una subida dura», contó Osorio, kilómetros de camino cuesta arriba en medio de selva y matorrales espesos.  

Pero cuando llegaron a las coordenadas, pudieron ver las plantas de coca y marihuana, miles de ellas, alrededor de un pequeño invernadero. Revisaron cuidadosamente los sembrados y el invernadero, donde hallaron un rifle calibre 22, dos generadores grandes y varias canecas de diésel. Y arrestaron a dos sospechosos que parecían estar cuidando los sembrados: un hondureño y un colombiano, esos mismos que el informante advirtió que tenían protección de alguien muy poderoso.  

En total, el general y su unidad hallaron 1800 plantas de amapola y 800 de marihuana. El general también relató a InSight Crime que encontraron unas 6000 plantas de coca.  

«Era casi una hectárea y media de selva», puntualizó.  

Osorio dice que empacó algunas de las plantas en su vehículo para presentar como evidencia de su hallazgo y quemó el resto, lo que según sus palabras era un procedimiento de operación estándar. Luego, fue a Gracias a informar a la Policía Nacional y a la Fiscalía con sede en  Gracias. Fue ahí donde empezaron sus problemas.  

La financiación del proyecto político

Mucho antes de que Juan Orlando asumiera la presidencia y su hermano «Tony»  comenzara a trasegar drogas por las principales rutas de tráfico de cocaína del país, su hermana Hilda Hernández se abrió camino en las filas del Partido Nacional. Comenzó a los 36 años, durante la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006), pero su carrera política despegó realmente cuando fungió como secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) en el mandato de Porfirio Lobo (2010-2012).  

Como ministra, su tarea era coordinar el desembolso de dinero público para programas sociales. Su cargo le daba las herramientas para crear una potente fuerza política: una red de organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas de papel mediante las cuales podía canalizar recursos destinados por el Gobierno. Esas ONG y empresas firmaron contratos con el Gobierno para proyectos de desarrollo social. Parte del dinero se invirtió en esos proyectos, pero, según las investigaciones realizadas por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), las dos entidades encargadas de investigar la corrupción en Honduras, parte del dinero se desvió a políticos y campañas políticas, incluida la del hermano de Hilda, Juan Orlando, en su campaña a la presidencia en 2013.

Específicamente, un funcionario de alto rango del Gobierno, que trabajó en la investigación, dijo a InSight Crime que Hilda creó unas 279 fundaciones. Desde ellas, creen los investigadores, que pudieron haberse malversado hasta USD 360,6 millones de dinero público.  

Desde el comienzo, fue un asunto familiar. Hilda solicitaba dinero para proyectos por medio de lo que se conocía como el Fondo de Desarrollo Departamental. Ese fondo era controlado por el Congreso, cuyo presidente en esa época era su hermano Juan Orlando. El Congreso autorizaba la entrega de los fondos a las fundaciones. Ese dinero se desviaba a las cuentas personales de políticos o era cobrado en efectivo por cómplices de Hilda.  

Según una investigación de Univisión, algunos proyectos eran pequeños (como la distribución de útiles escolares) y por ende difíciles de rastrear. En otros casos, se otorgaron contratos a ONG para asuntos como pesticidas y fumigación, cuando las ONG se decían especializadas en desarrollo juvenil. Según Univisión, 360 políticos y funcionarios de Gobierno activos y retirados se beneficiaron de ese esquema.  

«Se robaron todo el dinero», comentó a InSight Crime un funcionario que trabajó en las investigaciones al hacer referencia al dinero apropiado por la ministra. 

El caso era tan grande que las autoridades lo dividieron por partes. Un documento presentado por la Maccih y la Ufecic a las cortes hondureñas, en junio de 2018, mencionaba dos ONG: Dibattista y Todos Somos Honduras, que según las investigaciones malversaron USD 12 millones. El dinero, relataron los investigadores, se dirigió a las campañas políticas de los partidos Nacional y Liberal en 2013. El caso se conoce como la «Caja de Pandora». En esos documentos de la Corte no se mencionan los nombres de Hilda ni de Juan Orlando Hernández.

 

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Fue solo hasta después de que Fernando Suárez, uno de los cómplices de Hilda Hernández, que cobraba pagos para ella, se entregó a las autoridades en noviembre de 2018 que se conectó a la familia. Suárez —que figuraba como representante legal de las dos fundaciones mencionadas por la Maccih y la Ufecic— dijo que parte de ese dinero se usaron para respaldar las campañas políticas de Juan Orlando Hernández.  

La declaración de Suárez vinculaba a dos presidentes al esquema de corrupción. Según Suárez, en la administración de Porfirio Lobo se desviaron los fondos a las ONG. El dinero se retiraba en cuanto era depositado en las cuentas de las fundaciones.  

«Era muy simple: se retiraba el dinero en efectivo y se llevaba en vehículos del servicio secreto», contó Suárez a las autoridades, para referirse a la guardia presidencial de Lobo.  

No se sabe con claridad qué sucedía a partir de ahí, pero los fiscales afirman que el dinero iba a los bolsillos particulares de los políticos y a las arcas del Partido Nacional. Por su parte, Lobo ha dicho que Suárez es un «testigo fabricado». 

Además de eso, Suárez declaró que fue Hilda Hernández quien le dio la instrucción de dirigir los pagos a la campaña de su hermano. Ella nunca retiró el dinero ni hizo los pagos por sí misma, para que su nombre no apareciera en ningún documento, señalan los investigadores. Sin embargo, según Suárez, cuando el dinero entraba al Partido Nacional era ella quien lo manejaba.  

La campaña presidencial parecía difícil, y Suárez dijo que el dinero «fue indispensable» para la campaña de Hernández en 2013. Hernández ganó con el 37 % de la votación, un margen mayor de lo esperado.  

Entretanto, otro proyecto familiar aún más perverso tomaba forma en el campo, cerca de la frontera con Guatemala. 

La conexión narco 

 

A comienzos de 2014, cuando Osorio y su fuerza élite de la policía se abrían camino entre la espesa maleza hacia los sembrados de coca, amapola y marihuana en La Iguala, el mapa del narcotráfico en Honduras experimentaba algunos cambios importantes. Ese año, los dos grupos narcotraficantes más importantes del país sufrieron fuertes golpes cuando sus jefes se entregaron a Estados Unidos o fueron capturados y posteriormente extraditados a Estados Unidos para responder por sus cargos. 

Al mismo tiempo, según fiscales estadounidenses, Antonio «Tony» Hernández, el hermano del presidente y diputado suplente, trató de valerse de sus conexiones políticas para posicionarse como narco en Honduras. Nunca tuvo mucho éxito, pero entre él y su poderosa familia, crearon una especie de federación con diferentes líderes políticos y funcionarios de gobierno que apoyaron las operaciones legales e ilegales en sus territorios.  

Según la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y varios fiscales estadounidenses, «Tony» trabajaba con sus hermanos, Juan Orlando e Hilda Hernández, quienes según las autoridades facilitaban su empresa narcotraficante. La solicitud de información abarcaba las cuentas de correo electrónico de la hermana del mandatario, Hilda Hernández; del secretario de la presidencia, Ebal Díaz; y del secretario de Seguridad Nacional, Julián Pacheco Tinoco. Hilda Hernández, que ayudó a manejar las finanzas del partido político del presidente y su campaña presidencial, pereció en diciembre de 2015 en un choque de helicóptero. La solicitud mencionaba además a cuatro miembros de la adinerada familia Rosenthal, que tiene contactos políticos.

Desde Gracias, «Tony» se fue abriendo camino. Aunque hoy en esta ciudad rodeada de montañas, la fama del hermano menor del presidente es enorme, no siempre fue así. Un veterano político local, cuya familia también ha llegado a ocupar puestos importantes en el tinglado del poder en Honduras, recuerda a «Tony» como un tipo afable que era popular en Gracias por su venta de carne asada cerca del estadio de fútbol. Esos días parecen ahora lejanos.

Quizás por su proximidad con Lempira, la cuna del poder político de la familia Hernández, «Tony» centró sus operaciones en los departamentos vecinos y en la frontera con Guatemala, donde la cocaína ha encontrado históricamente una ruta en dirección al Norte. Allí, en los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque —un territorio marcado por el feroz control territorial ejercido por el clan de la familia Valle Valle y otros—, comenzó «Tony» su cruzada. Su primera alianza importante fue con Alexander Ardón, alcalde de El Paraíso, Copán, y socio de los Valle. 

Durante ese periodo, «Tony» fue «un mandadero», según le relató a InSight Crime, un exoficial de inteligencia del ejército, pero luego comenzó a trabajar con Víctor Hugo Díaz Morales, alias «El Rojo». Este era un actor importante en el mundo del narco, y por medio de él, «Tony» Hernández comenzó una participación más directa en el negocio. A cambio, «Rojo» dijo a los fiscales estadounidenses que le dio dinero a «Tony» para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional en 2005.  

En 2010, según documentos de la corte estadounidense en el caso contra «Ton» Hernández, este le anunció a Ardón que quería independizarse de la familia Valle Valle. Y ambos acordaron recibir cargamentos de cocaína en La Mosquitia, una región selvática al noreste de Honduras. Algunos de ellos eran marcados con las iniciales TH, y luego enviados a Estados Unidos. 

Fue por esa época que Osorio entró al laboratorio de drogas en La Iguala. Antes de bajar de la montaña, Osorio interrogó al colombiano que había arrestado en el invernadero. Este le dijo que le habían pagado USD 25,000 para cuidar el lugar. No dijo quién lo contrató, pero Osorio tuvo la corazonada de que era alguien importante tan pronto relató el caso a los fiscales y la policía.  

«Fue un momento muy estresante cuando los fiscales no querían tomar los casos de los detenidos y los jueces no querían colaborar», recordó Osorio, refiriéndose a sus visitas a la Policía y las oficinas de los fiscales en Gracias. 

En cierto momento, mientras daba parte a otras autoridades, otro policía reiteró lo que el informante le había dicho a Osorio, solo que esta vez con más detalles: que Osorio se las estaba viendo con redes muy bien conectadas, que incluían al comandante de la Policía Nacional, Josué Constantino Zavala Laínez, quien estaba asignado a la zona, y con «Tony Hernández».  

 

Osorio volvió a Tegucigalpa e informó a sus superiores, pero las cosas no hicieron más que empeorar. Osorio se enteró de que liberaron al colombiano y se archivó la investigación sobre el narcolaboratorio. Los fiscales también se abstuvieron de investigar la posible conexión de «Tony» Hernández con las plantaciones. Osorio fue trasladado y posteriormente dado de baja de la policía definitivamente.  

«Mi baja se remonta a ese operativo en La Iguala, y a otros operativos similares para los que no pude lograr el apoyo ni del ejército ni de los fiscales. No existe una sola denuncia en mi contra por violaciones de derechos humanos ni por nada más», comentó a InSight Crime.  

Para Osorio, la ironía fue mayúscula. En octubre de 2018, «Tony» Hernández fue detenido en Miami por narcotráfico. Un año después, el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense solicitó información sobre la presunta «actividad criminal de «Tony» Hernández Alvarado o sus cómplices», incluido uno y sus supuestos socios: el comandante de la policía Zavala Laínez, el mismo que se hizo cargo del caso del laboratorio en La Iguala. Según un testigo citado por el DOJ, Zavala Laínez se reunía con «Tony» para coordinar actividades en ese laboratorio. En una de esas entrevistas, Hernández «le agradeció» a Zavala Laínez por su protección, dicen los documentos.  

El esquema era también político. Según los fiscales estadounidenses que posteriormente formalizaron la imputación contra «Tony», Hilda y Juan Orlando Hernández y otros coconspiradores usaron dinero del narcotráfico para «financiar las campañas de los candidatos del Partido Nacional en Honduras, incluidas las campañas presidenciales de 2009 y 2013, con el fin de mantener su poder y su influencia política. Como resultado de eso, en 2014, el acusado no solo era un violento narcotraficante, capaz de mover varias toneladas (de narcóticos), sino también diputado».  

«Tony» no fue la primera conexión del Partido Nacional con el narcotráfico transnacional. Antes de él, estuvo Fabio Lobo, el hijo del presidente Porfirio Lobo, quien en 2017 fue sentenciado a 24 años de prisión por cargos de narcotráfico. Los expedientes judiciales decían que Lobo pidió más dinero para pagarle a Julián Pacheco, el general del Ejército convertido en ministro de seguridad que, según un testimonio de la Corte, dio protección a una caravana que transportaba drogas hasta la frontera con Guatemala. Pacheco, que sigue siendo ministro de seguridad del presidente Hernández, también resultó vinculado a la empresa de «Tony». Este negó las denuncias calificándolas de mentiras, diciendo que fueron hechas por criminales en busca de una reducción de penas en Estados Unidos. 

En 2019, «Tony» Hernández fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. 

 

La continuación de las conexiones con el narcotráfico  

 

En el centro de las actividades criminales en Honduras hay una relación simbiótica entre los delincuentes y algunos políticos de alto nivel. Según los expedientes acopiados por los fiscales estadounidenses, el toma y dame con la familia Hernández, por ejemplo, fue un acuerdo con el presidente Juan Orlando Hernández de no extraditar a algunos criminales a cambio de apoyo financiero para su partido y su familia. El presidente ha negado esos señalamientos y resalta que él ha extraditado a numerosos narcos a Estados Unidos, incluyendo supuestos aliados de su hermano «Tony».  

Sin embargo, investigadores hondureños y estadounidenses señalan que el apoyo financiero permitió a Hernández ganar la presidencia, una vez mediante votación popular legítima, en 2013, y otra en circunstancias muy dudosas cuatro años después, cuando —luego de un sospechoso corte de energía después de las votaciones— los resultados presentaron un cambio total a su favor para superar el déficit. Aunque observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos declararon posteriormente que su reelección en 2017 fue obtenida en circunstancias sospechosas, Hernández permaneció en la silla presidencial.  

Mientras tanto, algunos líderes del partido mantienen su relación con el narcotráfico, pese a la condena de «Tony» Hernández y los rumores diplomáticos casi permanentes sobre la relación del mismo presidente Hernández con traficantes. «El grado de penetración del narcotráfico en el mundo político en Honduras sigue siendo muy alto», declaró un diplomático latinoamericano, que trabajó con la Maccih hasta finales de 2019, en entrevista con InSight Crime. 

Un ejemplo de esta configuración se encuentra en Gracias a Dios, en una zona conocida como La Mosquitia, una selva escasamente poblada a lo largo de la costa que limita con el noreste de Nicaragua. Allí, la limitada presencia del Estado hondureño, combinada con la difícil topografía: montañas, pantanos y ensenadas desoladas, han hecho de la Mosquitia un refugio de primera y un escenario para los grandes productores de cocaína de Suramérica. 

 

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Por muchos años, estas rutas estuvieron dominadas por el Cartel del Atlántico. El poder del cartel creció en gran medida gracias a sus conexiones con, entre otros, líderes políticos locales, como Roberto Paisano Wood.  Paisano Wood fue durante años el hombre fuerte del Partido Nacional, en Gracias a Dios, según fuentes del Gobierno y de un líder político de La Mosquitia a quien InSight Crime entrevistó.  

«Nada pasa aquí sin que él lo sepa», comentó el líder político, quien pidió que se reservara su identidad por el poder que aún tienen las redes criminales y el peligro que suponen. 

Paisano Wood y su hermano, Seth, también traficaban drogas, según un agente de la unidad de inteligencia militar de Honduras, que estuvo en La Mosquitia hasta 2018. Los hermanos tenían vínculos con José Emilio Arrechavala, uno de los jefes del cartel del Atlántico. 

En octubre de 2019, las autoridades detuvieron a los hermanos y los sindicaron de lavado de dinero. Específicamente, los fiscales señalaron que la familia era «una organización dedicada al tráfico de drogas con su centro de operaciones en Gracias a Dios».   

 

Varios sospechosos en un mismo partido

 

Alrededor del Partido Nacional han surgido más empresas criminales, desde depredadores ambientales en los departamentos del norte de Olancho y Gracias a Dios, hasta líderes locales del partido implicados en la malversación masiva de recursos públicos. 

Por ejemplo, a cientos de kilómetros de La Mosquitia, en el departamento de La Paz (sur del país), Gladis Aurora López ha creado su propio feudo. López es diputada y vicepresidenta del Congreso. También ha sido mencionada en documentos desclasificados por el Departamento del Tesoro estadounidense como alguien que ha «alegado de manera creíble haber incurrido en corrupción o facilitado actos corruptos». 

Lo más notable es que ella fue una de las políticas que se benefició de las redes que desviaron recursos del Estado para campañas políticas particulares. Un funcionario de la Fiscalía General declaró a InSight Crime que el esposo de la diputada estuvo conectado con el caso Caja de Pandora y que su hija y su esposo tuvieron conexión con un caso de corrupción conexo.    

El esposo de López es el administrador de al menos dos proyectos hidroeléctricos en La Paz,  que también han generado controversia. Una investigación independiente de Global Witness vinculó a la diputada con la represión violenta de ambientalistas que protestaban por la construcción de las represas, para las que se obtuvieron cuestionables licencias y que presuntamente ignoraron las protestas y de los grupos indígenas frente a proyectos de gran impacto, según Global Witness.  

En Olancho, también se han establecido redes criminales dedicadas a la tala ilegal y al tráfico de madera, gracias al poder político de algunos de sus miembros. En la ciudad de Catacamas, el alcalde y exdiputado nacional Lincoln Figueroa ha sido investigado por su presunta participación en redes ilegales de extracción maderera en las montañas vecinas. En julio de 2011, su nombre fue citado en un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sospechas de participación en el asesinato de una activista ambiental en Olancho. 

Desde entonces, ambientalistas y opositores políticos han vinculado a Figueroa con la tala ilegal. Figueroa señala que las acusaciones en su contra están motivadas por disputas entre partidos políticos. Y aunque varias comisiones ambientales municipales en  Catacamas también lo han investigado, nunca ha sido imputado de un delito.   

También se han quedado cortas otras investigaciones sobre las actividades ilícitas de dirigentes del partido. Luego de que la familia Hernández resultara implicada con el caso Caja de Pandora, la Ufecic y la Maccih comenzaron a investigar al presidente hondureño. Al final, sin embargo, la justicia hondureña enterró el caso Caja de Pandora. Por lo que después, a comienzos de 2020, la administración Hernández desmontó la Maccih.  

 

La consolidación del poder 

 

La condena de «Tony» Hernández sacudió al presidente y su partido, y, por un momento, Juan Orlando trastabilló, pero pronto recuperó el equilibrio, con ayuda de sus aliados más cercanos, entre ellos Mauricio Oliva, líder del Partido Nacional y actual presidente del Congreso.  

Oliva desempeñó un papel clave en el desmonte de la Maccih y, según una fuente de la Fiscalía General, ayudó a presionar la aprobación del código penal que limita las funciones de los fiscales para investigar casos de corrupción.  

Oliva tiene sus propios fantasmas guardados. Fue investigado por la Maccih y la Ufecic por corrupción, y una investigación reciente del portal de noticias Expediente Públicodescubrió que un testaferro de la organización narcotraficante conocida como Los Cachiros le había transferido, a él y a varios parientes suyos, cuatro propiedades por un valor superior a un millón de dólares. 

Pero no se conocen investigaciones sobre Oliva o sobre el presidente Hernández. De hecho, actualmente hay muy poca oposición política en el Partido Nacional. Los partidos de oposición están divididos y la resistencia de la sociedad civil se ha hecho mucho menos visible.

Leandro Osorio, el jefe policial que descubrió el laboratorio en La Iguala fue depurado de la Policía Nacional dos años después de su descubrimiento como parte de una «reestructuración del cuerpo». Él atribuye su salida a su intento de iniciar investigaciones a «Tony» Hernández.

La Ufecic también quedó debilitada. Una fuente en el Ministerio Público relató a InSight Crime que, después de cambiar su acrónimo a Uferco, hubo recortes salariales para los agentes de la unidad y recortes de personal, lo que triplica el tiempo que tardan las investigaciones. 

«Juan Orlando está más fuerte que nunca», señaló un exagente de la Maccih.

 

 

 

 

*Este artículo es parte de una investigación de dos años de InSight Crime en las regiones transfronterizas del Triángulo Norte de Centroamérica y la Triple Frontera de Brasil, Argentina y Paraguay. Se reproduce con autorización. Puede leer el original en inglés aquí.

Keyla Martínez, estudiante de enfermería, murió en una celda policial en el departamento de Intibucá, después de haber sido detenida la noche del 6 de febrero por incumplir un toque de queda. La Policía Nacional dijo que se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones. El caso ha despertado protestas e indignación, su familia pide justicia. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografías de Martín Cálix

«Lo que quiero es sentar un precedente para que muchas mujeres que han sido vilmente asesinadas puedan descansar en paz (…) Ahora mi hija es una figura reconocida a nivel mundial, hubiera querido que fuera en otra situación, pero mi hija fue estrangulada por miembros de la Policía y por eso estoy exigiendo justicia», dice Norma Rodríguez, madre de Keyla, en una conferencia de prensa que ofrecen todos los familiares —apenas dos días después de su sepelio— en la que declaró que su hija fue víctima de femicidio.

Norma regresó de Madrid, España, donde vivía desde hace cuatro años, un día después de que la noticia de la muerte de su hija había copado la agenda mediática del país. La noticia decía que la Policía informó que Keyla —tras ser arrestada por incumplir medidas del toque de queda por la pandemia— se suicidó en la celda de detención.  Keyla fue detenida la noche del 6 de febrero junto al médico Edgard Velásquez, en La Esperanza, departamento de Intibucá. A las 2:55 de la madrugada, el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato recibió su cuerpo ya sin signos vitales, aunque la misma policía informó que la llevaba con vida. Los detalles de lo que sucedió entre el momento de la detención y su llegada al centro asistencial aún son difusos. 

«Durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció», menciona el comunicado de la Policía Nacional de Honduras (PNH).

Sin embargo, las autoridades del centro asistencial desmintieron que ella hubiera muerto ahí. 

Norma Rodríguez es acompañada por sus familiares durante el sepelio de su hija, Keyla Martínez. La Esperanza, Intibucá, 10 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Lemus añadió que todo quedó registrado en un libro de incidencias del hospital que ahora se encuentra secuestrado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) del Ministerio Público (MP), quienes investigan el caso.   

Posteriormente la doctora Patricia Zúniga, quién estaba de guardia la madrugada que recibieron, declaró en distintos medios que Keyla no llevaba signos de suicidio, además los policías que dejaron su cuerpo nunca dijeron que se había intentado suicidar. Lo que constató el equipo médico fue que Keyla tenía una oreja morada «que pudo haber sido por compresión o trauma directo», además de que probablemente tenía al menos media hora de estar muerta y no pudo haber fallecido en el traslado.  

Jair Meza, portavoz de la Policía Nacional de Honduras, argumentó en conferencia de prensa que «ese primer comunicado era un informe preliminar con el fin de dar a conocer que la PNH iba a iniciar una investigación». 

Ahora se sabe que al menos 13 policías se encuentran siendo investigados y permanecen en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo con la información del MP, se les están realizando exámenes forenses de salud mental, fluidos y vello púbico. 

Jorge Galindo, vocero de la Atic, anunció que desde el lunes 8 de febrero «en la celda donde presuntamente ocurrió este hecho, lamentable el equipo técnico de la Atic está realizando un trabajo técnico-científico denominado planimetría y de igual forma una inspección al interior de esta celda con lo que se hará un informe para presentar a la fiscalía». Galindo añadió que el caso está siendo conocido por la sección que investiga muertes cometidas por funcionarios del Estado o miembros de cuerpos de seguridad del Estado.

Un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó un análisis forense en la posta policial de Intibucá tras la muerte de Keyla Martínez. La Esperanza, Intibucá, 9 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Para Karol Bobadilla, abogada e integrante del Foro de mujeres por vida, la forma en que se ha manejado el caso de Keyla «es el resultado claro de cómo desde hace mucho tiempo se viene manejando este tipo de casos y que desde la misma institucionalidad se ha planteado un patrón a la hora de nombrar casos como suicidio cuando se trata evidentemente de feminicidio», Bobadilla añade que el mensaje detrás de ese patrón es la impunidad clara para quienes quieren violentar mujeres, demostrado por la acción inmediata de intentar cubrir el crimen.

Las muertes violentas de mujeres no han sido debidamente investigadas en Honduras. Investigaciones de Contracorriente señalan que desde que se creó la tipificación del femicidio en 2013 solo existen 15 sentencias condenatorias en esos casos, un dato que contrastar con las más de 7000 denuncias en el MP por asesinato, infanticidio, parricidio y homicidio interpuestas entre 2008 y 2019, en las que la víctima fue una mujer.

Olivia Zúniga, diputada por el partido Libertad y Refundación (Libre) por el departamento de Intibucá, dijo sentirse identificada con el caso porque le recordó a todo lo que como familia tuvieron que pasar cuando en 2016 asesinaron a su madre, Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo cívico de organizaciones populares de Honduras (Copinh). Zúniga participó en protestas que se llevaron a cabo un día después de la muerte de Keyla, estas manifestaciones terminaron reprimidas por la Policía. 

 «Esos pronunciamientos y comunicados de la Policía no tienen ninguna credibilidad para nosotras ni para el pueblo hondureño. Cambian la versión de los hechos, así como cuando hicieron con mi mamá que dijeron que era un crimen pasional, después que era un pleito de poder interno en su organización», agregó.

Un empapelado con el rostro de Keyla Martínez fue pegado en las paredes de la posta de la Policía Nacional de Honduras en Intibucá, luego de darse a conocer su muerte bajo custodia policial. La Esperanza, Intibucá, 8 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Zúniga añadió que lo más preocupante del caso es que existen antecedentes recientes de mujeres jóvenes «maltratadas, golpeadas, ultrajadas física y sexualmente por esa misma policía», a quienes le dieron acompañamiento. 

Según las denuncias realizadas posteriormente en un medio televisivo, dos mujeres habían denunciado hace aproximadamente un mes que elementos de la Policía, de La Esperanza, después de una detención arbitraria en la que fueron golpeadas, los policías intentaron entrar en la celda donde estaban detenidas porque querían violarlas. Las jóvenes afirman que pusieron la denuncia en la Dirección Policial de Investigaciones, pero que hasta el momento no se había hecho ninguna investigación.  

Una mujer de la Esperanza que habló con Contracorriente y prefirió no dar su nombre, contó que en una ocasión en la que fue detenida —además de haber sufrido múltiples abusos a sus derechos como no decirle por qué la detenía, ni permitirle hacer llamadas— en varias ocasiones intentaron tocarla. «Los policías se metían a medianoche y yo les decía: «¿qué hacen aquí si la detenida soy yo?”», añadió. 

Aunque el mismo fin de semana ocurrieron al menos cuatro casos más de femicidio en el país. Para Karol Bobadilla esto no es algo novedoso: «se ha generado un morbo más allá de informar o educar a la población con respecto a este tipo de temas. La noticia se vuelve una fuente de dinero que ayuda al marketing abordando de forma morbosa, revictimizante y amarillista» .

Un reportaje publicado por Contracorriente cuenta que las mujeres no están seguras ni siquiera dentro de la PNH, donde son víctimas de acoso y abuso sexual, también denuncian que enfrentan muchas barreras para ejercer su profesión libremente y en condiciones iguales. 

La médica forense Julissa Villanueva, fue separada de su cargo en la dirección de Medicina Forense meses después de declarar públicamente que el informe de autopsia de Sherill Hernández, jefa del departamento de delitos contra la administración pública de la Atic —encontrada muerta en su casa en Copán—, dictaminaba un homicidio y no un suicidio como lo planteó la misma Atic que investigaba el caso. 

Ahora Villanueva dice sentirse acosada e intimidada también por haber dado declaraciones sobre el informe forense de Keyla del que tuvo conocimiento, pero asegura que lo importante es analizar «que no es un tema aislado, es más complejo y nos vamos a quedar solo en esa muchacha ¿a cuántas no le vienen haciendo lo mismo?». 

López añade que no quieren que se emitan requerimientos fiscales tan pronto y que luego se suelte a los culpables por falta de pruebas. «Queremos a los verdaderos responsables, individualizar la responsabilidad penal de cada uno de los policías que esa noche estuvieron de turno, que tuvieron bajo su guarda y custodia a Keyla Patricia Martínez, a quien le quitaron la vida».

 

Protestas y actos simbólicos por Keyla

 

Poco después de que se dio a conocer el caso de Keyla, comenzaron las manifestaciones exigiendo justicia. El mismo domingo 7 de febrero la población hizo plantones pacíficos frente a la posta policial de La Esperanza, al día siguiente poco después de las nueve de la mañana lo que comenzó como un plantón parecido al día anterior, terminó con enfrentamientos entre los miembros de la PNH y manifestantes, en donde ambos resultaron con heridos. 

La protesta culminó cerca de las ocho de la noche y una hora después los policías asignados a la Esperanza sacaron sus pertenencias de la posta policial y fueron reasignados unos cuarenta policías, provenientes del departamento de La Paz. Según le dijo a medios Rebeca Torres, portavoz de la PNH, este cambio fue rutinario «tenemos nuevo director y con ello, un nuevo director estratégico. Los cambios obedecen precisamente a una planificación estratégica para poder movilizar y cumplir lo que la ley ordena».

Dos agentes de la Policía Nacional de Honduras resguardan la entrada de la posta policial de Intibucá durante el enfrentamiento con manifestantes, luego de conocerse la muerte de la estudiante de la facultad de Ciencias Médicas, Keyla Martínez, mientras estaba bajo custodia. La Esperanza, Intibucá, 8 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Sin embargo, Alex Madrid, el nuevo subcomisionado asignado a La Esperanza le dijo a Contracorriente que el caso de Keyla sí aceleró el proceso: «los policías que posiblemente pudieron estar involucrados ya fueron relevados, esto ya estaba planificado, pero claro que esta situación aceleró este proceso, puedo asegurar que no hay objeto de entorpecer alguna investigación». Madrid añadió que estaba ahí para mediar y no tenía órdenes de reprimir ninguna manifestación. 

El subcomisionado encargado de esa posta, Melvin Alvarenga, había sido asignado a La Esperanza apenas el 24 de enero, es decir que solo llevaba 13 días cuando sucedió el homicidio de Keyla. Antes de eso Alvarenga estuvo asignado a La Moskitia, en el departamento de Gracias a Dios, desde el 3 de mayo de 2019. 

Alvarenga solo dio declaraciones a un medio televisivo en donde dijo que en esa estación había tres policías hombres en la oficina de atención al ciudadano y que las mujeres policías andaban afuera en radio patrullas, además aseguró que tampoco había otras mujeres detenidas. 

El martes, mientras la familia realizaba la vela del cuerpo de Keyla, un grupo de mujeres autoconvocadas realizó una velada frente a la posta policial, colocaron un altar con los nombres de casos simbólicos de mujeres víctimas de violencia en el departamento y con velas escribieron la palabra «justicia». Las mismas mujeres habían llenado días atrás de rótulos con el rostro de Keyla diciendo: «ella no se suicidó, la Policía la mató». 

Frente a la posta policial de Intibucá se realizó un acto en memoria de Keyla Martínez y las víctimas de femicidios durante los últimos días en el país. La Esperanza, Intibucá, 9 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

El parque comenzó a llenarse no solo de mujeres, los presentes recibían velas y gritaban consignas frente a una estación, compuesta de dos pisos llenos de policías que de vez en cuando grababan el momento. En un momento, una enfermera apareció con una candela y una flor, caminó por toda la multitud y en silencio colocó su ofrenda sobre el altar y se fue llorando. No habló con nadie, ni se supo si conocía a Keyla, pero en todos los espacios de convocatoria aparecían enfermeras que, escondidas en sus mascarillas, decían que tenían miedo de hablar con los medios y de dar sus nombres, pero que pensaban que la historia de Keyla le pudo haber pasado a cualquiera de ellas. 

Un grupo de mujeres llevó impresiones de una canción feminista mexicana llamada canción sin miedo, cambiando la letra a una variante para Honduras. La letra incluía los nombres de los casos simbólicos del departamento: «Soy Keyla, Margarita y soy Teresa. Soy Berta, soy Nicole y Maudalena. Soy la niña que subiste por la fuerza, la chava asesinada en una celda, y soy esta que te hará pagar la cuenta».

Mientras las mujeres cantaban en La Esperanza, la Secretaría de Seguridad daba una conferencia de prensa en la capital donde actualizaban el caso, aún sin dar respuestas concretas sobre su posible participación «la Policía Nacional no andaba más que cumpliendo una normativa aprobada por el Gobierno en un momento de crisis y de pandemia sanitaria. Si como producto de estas actuaciones o de cualquier otra actuación un miembro de la Policía pudo haber, o no, cometido una irregularidad lo importante es la respuesta que estamos dando para corregir ese evento», dijo Gerson Velásquez, subcomisionado de la PNH. 

En un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional asignados a la posta policial de Intibucá, una mujer lanza una piedra en respuesta al gas lacrimógeno. El enfrentamiento se mantuvo de forma intermitente hasta altas horas del lunes 8 de febrero, luego de darse a conocer la muerte de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, bajo custodia de policial. La Esperanza, Intibucá, 8 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Una base de datos recopilada por Contracorriente señala que entre marzo y junio al menos 47,060 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda. Muchas de estas detenciones, documentadas por organizaciones de derechos humanos, denunciaron que fueron arbitrarias, expuestos a tratos indignos y puestos en riesgos de seguridad y contagio. 

Minutos después muchas de las personas se retiraron cuando llegaron grupos que comenzaron a enfrentarse con la policía, después de algunas horas de enfrentamiento en donde la policía no salía, pero respondía con gas lacrimógeno desde la posta policial, la manifestación terminó cuando parte de una entrada de la posta fue incendiada y los agentes salieron a realizar detenciones. 

 

En las angostas calles de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional, que duró hasta cerca de la medianoche del lunes 8 de febrero, fue apenas el inicio de las protestas por la muerte bajo custodia policial de Keyla Martínez. La Esperanza, Intibucá, 8 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

El miércoles 10 de febrero fue el entierro de Keyla, que no solo estuvo lleno de familiares y personas que la conocieron, sino que también asistió población indignada que pedía justicia con flores, globos y carteles. Ese momento tan íntimo para una familia se volvió un espacio en el que ellos mismos habían convocado a medios de comunicación y decidieron hacer una pequeña conferencia. Doña Norma, quién había regresado de España el día anterior, habló por primera vez y frente al féretro de su hija dijo que se trataba de un femicidio y que la única justicia que esperaban era de organismos internacionales, por la desconfianza que sienten de las instituciones del Estado: «me duele mi país, me duele que no haya autoridades en quien confiar».

A Keyla la enterraron con un ataúd que llevaba una bandera con el logo de la facultad de Ciencias Médicas, la casa de estudios de la que estaba por graduarse. El director del Centro Médico Gadan, Romualdo Orellana, un centro en donde Keyla laboró por varios años le dijo a Contracorriente lo mucho que le había motivado a estudiar enfermería y que en diciembre cubrió turnos de vacaciones: «vi como había crecido en su carrera, se desempañaba con mucho entusiasmo y profesionalismo». 

Orellana añade que el caso de Keyla le genera mucha preocupación a toda la población, especialmente al gremio médico, quienes asegura que han sido víctimas de abusos policiales: «yo mismo he sido agredido por la Policía cuando he salido de noche a ver pacientes y creo que este es un modus operandi de la Policía, de dañar a la población, no de protegerla ni de servir». Orellana cuenta que en una ocasión tuvo que huir de una detención por la desconfianza y violencia con la que lo habían detenido y que al día siguiente en un retén de tránsito le dijeron: «usted es el que se le escapa de la policía». 

Familiares de Keyla Martínez, cargan con su féretro en el cementerio de Intibucá. La Esperanza, 10 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

El padre de Keyla, Luis Sosa, aprovechó el espacio de los medios para pedir un verdadero proceso de limpieza en las instituciones: «saneen verdaderamente esas instituciones que están corroídas por la corrupción, por la delincuencia y por todos los actos condenables que nos tienen al pueblo hondureño sometido (…) Yo creo que casi todos los que estamos aquí estamos decepcionados de la patria que un grupo de gobernantes incapaces, ineptos y corruptos nos están heredando». 

La familia de Keyla dijo que no descartan una exhumación en caso de que las abogadas lo vean necesario.

La familia de Keyla Martínez se despide de ella en el cementerio de Intibucá en el momento de su entierro. La Esperanza, Intibucá, 10 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Las incongruencias e irregularidades del caso

 

«El día que me avisaron yo no había ni desayunado, ese fue mi desayuno: la noticia de Keyla, era increíble algo que uno no se espera (…) hay muchas dudas y contradicciones que han creado las mismas autoridades, nosotros solo queremos esclarecer qué sucedió», dice Ridel Hernández Rodríguez, tío de Keyla, quien además cuenta que cuando fueron a la Policía por las pertenencias de Keyla le dijeron que la identidad estaba en el hospital y luego se dieron cuenta que siempre estuvo en la Policía, que ese tipo de detalles son los que les generaron desconfianza desde un inicio.     

Una de las declaraciones en las que más enfatizaba la Policía es que Keyla estaba en estado de ebriedad cuando la detuvieron, algo que la familia consideró muy victimizante. El padre de Keyla, Luis Sosa, dijo durante el entierro «esto es lo que más me duele, que tuvo el descaro un policía de tratar de denigrar su dignidad cuando todos sabemos que ella era una joven de un buen comportamiento, con muchas ilusiones para poder servir a la patria y comunidad».

Además de esto y que la PNH mintió en su primer comunicado, Alvarenga dijo que Keyla se había suicidado con una blusa: «ella tenía su blusa o su centro y al mismo tiempo pues la prenda con la que ella se quitó la vida es similar, prácticamente su blusa y recuerde que aquí estamos en una zona donde las condiciones de tiempo son bastantes frías por esa razón nosotros hacemos una consideración con los detenidos».

Pero un vídeo filtrado y lo que dicen los demás policías es que se habría suicidado con un suéter, una teoría que, para la abogada de la familia, Irma López, es imposible. Ella señala que Keyla medía 1.70 metros, que verificó la celda en la que estuvo Keyla y no hay posibilidades de que con esas medidas ella se pudiera suicidar con el suéter.

Ridel Rodríguez, tío de Keyla Martínez, sostiene una foto de su sobrina desde su teléfono celular. La Esperanza, Intibucá, 8 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Cuatro días después de la muerte de Keyla, el doctor Edgar Velásquez quien fue detenido junto con ella, declaró en varios medios televisivos y afirmó que, aunque Keyla estaba tranquilizándolo al momento de la detención, dentro de la celda ella «seguía muy triste y dijo que se quería morir, que se iba a colgar con su suéter y yo le dije que no dijera eso porque las palabras tienen poder». 

Según Velásquez había otras diez personas en la celda que escucharon lo que sucedió y cómo Keyla dejó de contestar después de eso. Dijo que empezaron a pedir ayuda y entre cinco y diez minutos después llegaron agentes a supervisar, sacaron a Keyla, entonces él pidió verle los signos vitales y no lo dejaron. Supo que Keyla estaba muerta hasta las siete de la mañana, cuando el subcomisionado Alvarenga se lo dijo y lo puso en libertad. 

La diputada Zúniga, dice también que esta es una realidad de todas las familias víctimas de un asesinato «se nos niega el derecho a tener una autopsia y análisis forense independiente a la del MP donde se puede manipular todo con facilidad porque el sistema de justicia es altamente corrupto. Magistrados, fiscales, jueces deben ser depurados porque no hay intenciones de que en este país las mujeres tengamos justicia, desde el momento que ocurren este tipo de actos lo que reflejan es que existe tal nivel de impunidad que no les importan las consecuencias». 

«El informe preliminar de Medicina Forense es básicamente lo que se hizo en la autopsia, no creo que cambie porque ese proceso ya se concluyó», aseguró el vocero del MP. 

Mientras tanto, la familia de Keyla se reúne en la casa donde vivían Keyla y su hermana en La Esperanza, frente a una de las puertas han colocado un dibujo que hizo Keyla y que para su familia se ha vuelto un símbolo de su búsqueda por la justicia. El cuadro tiene un dibujo de una rosa y una mariposa con la frase: «nunca dejaré de luchar porque solo quien no lucha muere». 

Enfermeras del Hospital Enrique Aguilar Cerrato recibieron el féretro de Keyla Martínez a su ingreso al municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. La estudiante de Enfermería murió bajo custodia policial el domingo 7 de febrero. La Esperanza, Intibucá, 9 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Por: Linda Ordóñez

Mientras el mundo continúa sumergido en una pandemia que está cobrando la vida de millones de habitantes, algunos científicos se han dado la labor de fabricar —en tiempo récord— diversas vacunas que podrían lograr la inmunización ante el virus SARS-CoV-2. Es sabido que los países más ricos han realizado compras en las que han adquirido, incluso, más dosis de las que necesitan. Sin embargo las regiones que no tienen los recursos económicos dependen, en este momento, del mecanismo Covax: una iniciativa codirigida por la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (Cepi). Su principal objetivo consiste en acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19, además de garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo.

Honduras ha sido uno de los países seleccionados para recibir la donación de vacunas —por parte de la alianza Gavi— para un 20 % de la población.  «El 20 % para febrero es imposible porque si lo hacemos para todos los países estamos hablando de miles de millones de dosis y no tenemos esa cantidad. Nuestro objetivo es poder empezar la vacunación entre febrero y marzo, pero aún estamos esperando la autorización de la OMS para distribuir la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna segura. Una vez que se distribuya de manera equitativa la idea es que todos los países que son miembros del mecanismo Covax avancen al mismo tiempo. La meta es dar, al menos, un 3 % (496,800 dosis) dando prioridad al personal de salud que es el de mayor riesgo», dijo en una entrevista gestionada por la Fundación Thomson Reuters, Santiago Cornejo, director del equipo encargado de mantener las relaciones con los países en la oficina de Covax en Latinoamérica.

Ante la espera de la llegada de esta donación, la ciudadanía, a través de las redes sociales ha mostrado su desconfianza en el proceso de administración de las vacunas que se esperan. Con frecuencia se pueden leer comentarios en los que se cuestiona la capacidad de su resguardo, de su efectividad y de su equitativa distribución. Incluso muchos médicos manifiestan la confusión que les genera la desinformación de parte del Gobierno, algunos temen, además, no ser beneficiados con las vacunas y continuar expuestos al virus, sobre todo en sus centros de trabajo. El Gobierno de Honduras no ha dado declaraciones precisas en las que se informe sobre cómo se realizará esta fase, de hecho ha abordado con ambigüedad la cantidad de dosis que estarán llegando al país entre febrero y marzo de este año. 

Covax, por su parte, ha manifestado que los países beneficiados han tenido que demostrar su intención de participar, de seguir principios como la equidad, el compromiso de priorizar ciertos grupos y de estar alineados con las recomendaciones de la OMS. También han presentado un programa que incluye entrenamiento al personal y la garantía de que se cuenta con la tecnología para mantener la cadena de frío que requiere el almacenamiento de las vacunas. Además han analizado la capacidad de suministración, para esto han pedido a los Gobiernos un plan nacional de vacunación donde se identifique a los grupos prioritarios. En el caso de Honduras, la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Ida Berenice Molina, explicó en una rueda de prensa la estructura del plan que tiene el Gobierno, en el que se menciona a cuatro grupos prioritarios y donde, sin duda, una parte de la población queda excluida y sin respuestas ante tal incertidumbre.  

Países como Bolivia y Colombia, han sido seleccionados para poder recibir la vacuna de Pfizer en el primer trimestre de 2021, ya que han demostrado tener la tecnología necesaria para su resguardo. En el caso de Honduras, recibirá la vacuna de AstraZeneca que puede ser almacenada en temperaturas similares a la de una refrigeradora, sin embargo, Santiago Cornejo manifestó que también se podría esperar una vacuna de otra compañía farmacéutica, pero que aún se está en proceso de gestión. 

En algunos medios de comunicación hondureños se dijo que el país no recibirá la vacuna de Pfizer, ya que Covax dio prioridad a los países con mayor índice de letalidad por la COVID-19, y Honduras no se encuentra entre los más afectados, según los datos proporcionados por el mismo Gobierno. Sin embargo estas cifras nunca han sido confiables porque el Gobierno no ha demostrado capacidad en cuanto a los diagnósticos médicos y resultados de autopsias de las personas fallecidas en el marco de la pandemia.

«Por ejemplo, tuvimos la solicitud de 72 países para adquirir la vacuna de Pfizer en este primer lote, pero teníamos una cantidad muy pequeña para febrero y marzo, entonces hicimos una selección, junto con la OMS, y vimos los países que estaban listos», nos comentó Cornejo. También aseguró que Honduras estaba preparado, pero que lamentablemente tuvieron que usar otras variables como la letalidad epidemiológica en las poblaciones y  dar prioridad a los países que están sufriendo más la pandemia: «por eso Honduras no pudo ser seleccionado. Eso no significa que Pfizer no pueda llegar en los siguientes trimestres», agregó. 

Por otro lado, hace unos días el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) dijo a través de Presencia Universitaria que el centro educativo contaba con un ultracongelador que tiene la capacidad de almacenar hasta cien mil dosis de vacunas, en una temperatura de -86 °C, y que ponía a disposición las instalaciones y todo el equipo para su resguardo. Hasta el momento no sabemos si existe un convenio o compromiso firmado de parte de la Unah y el Gobierno.

Según una parte de la comunidad científica, para poder erradicar la COVID-19 es necesario utilizar la estrategia de inmunidad de rebaño, esto quiere decir que el 70 % de la población mundial debe lograr la resistencia al virus. Jarbas Barbosa, subdirector de la OMS, explicó que este concepto se utiliza para las vacunas, de lo contrario no sería una estrategia, sino una tragedia. 

El pasado 15 de enero Ida Berenice Molina, dijo que el Gobierno de Honduras contaba con la capacidad de proporcionar 9,4 millones de dosis de vacunas, cantidad suficiente para inmunizar a la población. Según mencionó, serán adquiridas a través de donaciones como el mecanismo Covax, de compras realizadas a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de fondos rotatorios, sin embargo no existe un documento formal donde se desglose este plan de adquisición. 

Sin duda la vacunación representa una esperanza para la población mundial, pero en este mundo de la desigualdad las dosis no están llegando a todas las naciones y esto solo traerá como consecuencia la prolongación de la pandemia. Por otro lado, las grandes farmacéuticas parecen haber encontrado el negocio del siglo y el debate acerca de la propiedad intelectual crece, pero la producción de las dosis también requiere de la transferencia de la tecnología para poder crear las cantidades necesarias y contener la crisis sanitaria. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han dicho que la exención de los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (ADPIC), con relación a la vacuna contra la COVID-19, permitiría que un gran número de gobiernos cumplan con sus obligaciones de proporcionar y respetar el derecho a la vida y a la salud.  

De igual importancia es el tema de la información en torno al proceso de desarrollo y creación de las vacunas. Los Gobiernos deben realizar campañas para generar conciencia sobre el valor de recurrir a este mecanismo de inmunización, desmitificar algunas creencias y responder todas la interrogantes de la población. En el caso de Honduras, hasta la fecha, no hay actividades encaminadas a este fin, por el contrario impera la incertidumbre, la reticencia y la desinformación.
La transparencia en estos procesos debe mostrarse desde la adquisición y administración de las vacunas, hasta la información que tiene la población sobre su procedencia, su contenido y su funcionamiento.  En Honduras este 2021 es un año electoral y el 14 de marzo se realizarán las elecciones internas donde los partidos políticos elegirán a los candidatos que participarán en la votación general del mes de diciembre. Por eso el silencio parece ser conveniente en este ambiente.  La falta de confianza en un gobierno que ha manejado la pandemia bajo la sombra de la corrupción  y la impunidad, es evidente cuando los esfuerzos para inmunizar a  la población se ven opacados por intereses políticos y económicos de los funcionarios que pretenden seguir en el poder.  

Por Luis Lezama

―Amor ―le había dicho su mujer del otro lado de la puerta del baño, antes de tocar dos veces―: no te demorés en la ducha, que quiero bañar al bebé.

Llorando desnudo dentro de la bañera y rodeándose con los brazos las rodillas pegadas al pecho, Adrián debió sufrir por tercera vez esas aterradoras palabras.

Bañar al bebé. Imposible.

Sintió que no podía más, pero siguió conteniéndose: no podía salir sin antes saber cómo proceder. Y, como quien busca en el pasado una respuesta para el presente, recordó el comienzo de aquella pesadilla. Repasó el día en que conoció a esa mujer, la anéstesica felicidad del primer beso, la primera vez que hicieron el amor y cuando se decidieron a vivir juntos.

Maldita sea. Todo lo había dejado por ella. Su familia, sus amigos. De todos se alejó desde que apareció Mariela. Ya no recordaba la última vez que se encontró con Maxi, su mejor amigo, y ni siquiera recordaba si había visto a sus padres desde el inicio de la relación. Mariela le había consumido la vida. Se había apoderado de su mente como el tiempo y el musgo se apoderan sin tregua de las paredes. Y ahora esa misma mujer ―aunque él se resistía a pensar que era la misma mujer― lo tenía llorando de miedo en el baño, tocándole insistentemente la puerta para bañar a un bebé que no existía.

El terror se había desatado con la inocente frase que toda mujer dice, tarde o temprano, en una relación:

―Amor, quiero tener un bebé.

A Adrián no le pareció extraño cuando ella se lo deslizó una noche en medio de una cena, dejándolo frío y sin respuesta. Tomó su copa de vino y pensó, mientras demoraba el sorbo, que aunque llevaban poco y que ni siquiera se la había presentado a su familia y a sus amigos, Mariela encarnaba, en una sola mujer, todos sus gustos. Soltó una risita y le mintió: 

 ―Me parece bien, dulce.  

Dos semanas después de aquella petición, vio como su mujer empezó a obsesionarse con las revistas de maternidad. No podían ir al centro comercial o al supermercado sin que volviera con una nueva. Planificación familiar, decoración para el cuarto del bebé, métodos para acrecentar la fertilidad en la pareja… En suma, las tenía todas. Después, cuando agotó sus posibilidades más cercanas, comenzó a comprarlas por internet. Cuando se hizo con los ejemplares de cada revista nacional, se volcó a las internacionales. Y así el departamento se fue llenando de revistas. A las pocas semanas, no se podía andar por ninguna habitación sin tropezar con algún pilón desparramado.

Claro que Adrián se preocupó, y claro que intentó embarazarla. Pero pasaban los meses, y nada sucedía. Vinieron entonces más compras: las primorosas «cositas para el bebé»: sábanas, ropa, juguetes. Y Adrián, aunque seguro de que ella lo hacía con las mejores intenciones, consideró alarmante el hecho de que su mujer comprara cosas para un bebé que era, técnicamente, más una posibilidad biológica que un bebé.

Una no-posibilidad, mejor dicho, como estaban las cosas.

Con cada día, el hastío crecía en Mariela. Y una punzante palabra empezó a sobrevolar el pensamiento de Adrián. Y esa palabra, la palabra «infértil», lo llevó hasta una clínica en busca de una respuesta.

Todavía hecho un ovillo dentro de la bañera, Adrián debía esforzarse para ignorar a Mariela insistiéndole:

–Adri, por favor. Dejame entrar, y bañamos juntos al bebé.

Sentía los golpes a la puerta retumbar como si Mariela estuviera dándolos directamente con el cráneo y no con los nudillos.

Y también debía esforzarse para no llorar. Cerró los ojos. Y recordó la clínica del doctor Vallejo.

Los golpes de ese ariete desaparecían como tragados por una densa niebla.

―¿Adrián Rojas García? ―preguntó el entrecano y grueso internista no bien le abrió la puerta del consultorio. Acababa de entrar en la habitación donde Adrián esperaba, sentado en una camilla, los resultados de sus exámenes.

―Hola, sí, soy yo.

―Mucho gusto, Adrián. Yo soy el doctor Vallejo. Vengo a hablarte de tus exámenes.

El doctor se puso el estetoscopio, le pidió que se abriera la camisa, lo auscultó, le tomó la presión. Y le habló a Adrián sobre su espermograma.

―¿Así que todo bien, doc? ―preguntó él, que no estaba seguro de lo que se le dijo.

―Vos tranquilo: tenés buenos nadadores. Lo único es que te veo algo estresado y confundido, pero ya te prescribí algo que te hará sentirte de diez. Acaso el estrés tenga algo que ver con eso de que vos y tu esposa no puedan concebir. ―Adrián se levantó. El doctor lo encaminó hacia la puerta para despedirlo. Antes de que él saliera, le dio un último consejo―: Para estar seguros, te recomendaría traer a tu esposa a ver a un ginecólogo. Yo te puedo recomendar uno muy bueno.

Cuando Adrián se lo propuso a Mariela, ella agarró de la pila de revistas más cercana decenas de ejemplares y se los lanzó rabiosa. Terminó con las revistas, y siguió lanzándole adornos. Él se le acercó, y ella aprovechó y logró abofetearlo.

Dos semanas sin hablarse.

Adrián salía al trabajo, volvía, se iba a la cama. Y ella seguía en la sala frente al televisor. 

En piyamas andaba siempre. Sin decirle una sola palabra. Sin siquiera voltear a verlo.

Él lo soportó todo. Hasta que un día, al volver de trabajar, había notado algo raro.

Fue cuando pasó por la sala y vio de reojo a Mariela. Estaba sentada en el sofá, frente al televisor.

Y estaba con el televisor apagado.

Se miraba el regazo, los brazos entrelazados en señal de cargar con algo. De… ¿acunar?

Pero no cargaba nada ni acunaba a nadie.

Y tenía un pecho fuera del corpiño.

Adrián tragó despacio antes de preguntarle qué sucedía, aunque ya conocía la respuesta.

Ella desvió la mirada de esos brazos vacíos. Y le contestó, sonriendo con escalofriante naturalidad:

―Aquí, con el bebé. No ves que estoy dándole la teta, infeliz.

Todavía duchándose, luego de recordar cómo comenzó aquella locura, Adrián pensaba y pensaba. ¿Bajo qué estúpida ilusión se esperanzaba especulando con que todo aquello no era más que una broma, y de pésimo gusto? Las revistas, los juguetes, las sábanas, y ahora la lactancia ficticia.

Cómo pudimos llegar a esto, se preguntaba, con el agua cayéndole sobre la nuca.

Entonces, oyó sus pasos.

―¿Te seguís bañando vos? ―decía Mariela, del otro lado de la puerta―. Apurate, que se hace tarde y necesito bañar al bebé.

Adrián se llevó las manos a las sienes ante el siniestro y alegre tono con que su mujer le habló. Entonces confirmó lo que venía imaginando: no había vuelta atrás, su mujer ya no vivía en este mundo. Y lloró como un chico, tirado en la bañera, hasta que se quedó dormido.

A la mañana siguiente se sorprendió ―se alegró― de no ver a su mujer en la casa.

Cuando Adrián volvió del trabajo ―era de noche―, la casa seguía vacía.

Yendo a la cocina para prepararse algo, sintió un olor muy fuerte ―¿pintura fresca?― que le secó la garganta.

Guiándose por el olor, llegó hasta el cuarto de visitas.

El cuarto, que hasta entonces había sido uno muy normal ―cama, mesita, lámpara y escritorio―, se le apareció todo pintado de azul. Con estrellas amarillas colgando de hilos desde el techo. Con una pila de peluches en una esquina. Con cortinas nuevas de avioncitos estampados.

Y en medio de todo, bajo el ventilador y el mosquitero, Adrián vio una cuna de madera barnizada.

Se acercó a la cuna.

Estampados en las sábanas, miles de ositos polares lo miraban a los ojos.

Oyó abrirse la puerta del frente y se escabulló del cuarto.

Su mujer venía entrando en el departamento. Llevaba un vestido flamante. Empujaba un cochecito rojo.

Un cochecito aterradoramente vacío.

―Hola, Adri, vengo de hacer compras con el bebé. ¿Qué decís, amor, nos vamos los tres a dar una vuelta?

Paralizado, él asintió mudo.

Antes de salir, le pidió a Mariela que esperase. No podría soportar más el estrés y el miedo, así que se tragó un par de pastillas de las recetadas.

Con eso tal vez soportaría el «paseo», y trataría de pensar qué hacer con Mariela.

Yendo por la calle, ella sonreía, y a cada cuadra se detenía a «arreglarle algo al bebé». Incluso le tomó un par de fotos al coche ―vacío― «con el papi».

No ves que estoy dándole la teta, infeliz.

Quiero bañar al bebé.

¡Sonreí, Adri, no ves que es la primera foto con tu hijo!

Estaba a punto de detenerse, de cortar con aquella locura, cuando vio aparecerse en la otra esquina a su mejor amigo.

¿Desde cuándo no veía a Maxi?

Recordó que Maxi no conocía a Mariela, así que avanzó rápido a su encuentro dejando atrás a su mujer. No quería que Maxi, de quien se había alejado por esa loca de mierda, viera la escena. Sería mucha la vergüenza, el castigo.

―Maxi, hermano ―le dijo alzando los brazos.

Después de abrazarlo, se dio vuelta. Su mujer se acercaba, con una sonrisa. Adrián pensó lo peor: le tocaría presentarla, y le tocaría explicar lo del coche.

Maxi, te presento a mi mujer. Y este es mi hijo. Sí, ya sé que no existe. Pero qué va, Maxi: yo no le veo nada de malo. La pluralidad, Maxi. No seas anacrónico: los hijos imaginarios son el futuro.

Cuando la sintió detenerse a su lado, se dio cuenta de que Maxi había advertido ya algo insólito:

―¿Qué pasa, Adrián?

Él se supo vencido, y entonces decidió decir lo que nunca le dijo a nadie:

―Amigo: esta mujer que está a mi lado es Mariela, mi novia.

Maxi rio. Adrián se relajó un poco al ver que su amigo no notaba la condición de Mariela.

¿En qué momento me preguntará por el maldito coche?, se torturaba Adrián.

Entonces notó que Maxi lo miraba extrañado, sin saludar a aquella.

Vio cómo su mejor amigo ―a quien no veía desde que comenzó su relación con esa demente― arrugaba el ceño antes de preguntarle, confundido y con toda seriedad: 

―¿Qué mujer, Adri? 

Cifras de homicidios cuestionables, una depuración policial oscura y una gran desconfianza generalizada hacia las autoridades en Honduras revelan profundas fallas estatales que permiten la violencia y la impunidad.

Autoras de investigación: Marna Shorack, Elizabeth G. Kennedy y Amelia Frank-Vitale.

 

Publicado originalmente en inglés por la revista NACLA

 

El oficial Méndez* no se hacía ilusiones acerca de combatir el crimen o hacer de su país un mejor lugar para vivir cuando decidió unirse a la Policía hondureña. Después de un intento fallido de migrar a Estados Unidos, necesitaba un trabajo y para ese momento la Policía estaba contratando personal. 

La pintura descascarada y unas sillas en estado lamentable era lo que adornaban una sala de espera también en ruinas. A su vez, unos ventiladores medio rotos son los que aparentemente enfriaban el aire húmedo de aquella sala casi en estado de desmoronamiento. «¿Saben por qué la gente se va?», nos pregunta el joven oficial, no mayor de 21 años, en un raro momento de convicción. «Por la delincuencia… y las autoridades», agrega, moviendo la cabeza afirmativamente, «no hacen nada». Casi escupe sus propias palabras: la gente se va de Honduras por la delincuencia y las autoridades no hacen nada. 

Todas nosotras habíamos escuchado esta afirmación antes, por parte de diversas víctimas y sus familias, migrantes, niños desplazados y madres que lloraban ante los cuerpos de sus hijos acribillados a balazos. Quejarse de lo poco que hacen las autoridades para proteger a las personas, detener el crimen y la corrupción, y llevar a los perpetradores ante la justicia, es común en Honduras. Sin embargo, escuchar a un joven oficial de policía pronunciar estas palabras, nos mostró cuán profundo es el enardecimiento y la impotencia. 

En el 2012, tres años después del golpe de Estado que destituyó al presidente electo democráticamente Manuel Zelaya, Honduras conmocionó al mundo cuando se demostró que su tasa de homicidios se había convertido en la más alta que cualquier otro país fuera de las zonas de guerra ya que superó los 90 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Con una tasa de homicidios de casi el doble, la segunda ciudad más grande y capital económica de Honduras, San Pedro Sula, se ganó el título de «Capital Mundial de Asesinatos». Desde entonces, muchos periodistas han dirigido su atención a Honduras, ansiosos por conocer las violentas acciones regentadas por las pandillas y los cárteles de la droga. Muchos medios de comunicación importantes continúan publicando imágenes de jóvenes tatuados, cuerpos ensangrentados extendidos en calles de tierra, niños excesivamente flacos con armas y mujeres angustiadas llorando.

Sin embargo, las pandillas, por más violentas que sean, son una consecuencia de la profunda violencia estructural que forma parte de los sistemas de control —y aparentemente, también de protección— de Honduras. En el año 2019, entrevistamos a policías, médicos forenses (MF) y fiscales en seis municipios de Honduras. Buscamos comprender la enorme brecha entre los sentimientos de inseguridad en las comunidades donde trabajamos y las cifras de homicidios promocionadas por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y, a la vez, en los Estados Unidos, con datos que parecían sugerir que existía una Honduras más segura. Nos quedamos con una imagen muy confusa de procesos dificultosos, ineficaces e inconsistentes; simpatía por los funcionarios públicos desilusionados y con exceso de trabajo y escasos recursos; y a su vez, una clara sensación de que, en general, las mismas autoridades no confían en las autoridades de Honduras.

Un vehículo de la Policía Nacional cargado de agentes circula por la carretera que se dirige hacia Puerto Cortés en 2018. (Foto, Amelia Frank-Vitale).

Mejor es reaccionar y huir

 

Para muchos fiscales, la interdependencia de las instituciones estatales y las jerarquías duales de poder hacen que sea más difícil y más peligroso hacer su trabajo. El fiscal dirige las investigaciones sobre homicidios en colaboración con los forenses, la policía de investigación y, en ocasiones, la Policía Militar. Los fiscales y los forenses son parte del Ministerio Público (MP), la institución estatal que alberga tanto a la Fiscalía como también a MF. El fiscal autoriza las autopsias, supervisa la recopilación de pruebas, hace acusaciones formales y se presenta en la corte. Los fiscales trabajan con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que está bajo el mando de la Policía Nacional y responden de manera directa al presidente hondureño. 

En otro municipio, las oficinas del MP recién construidas, con pintura fresca, un logotipo llamativo y con aire acondicionado son parte de los signos reveladores de la ayuda que Estados Unidos destina al sistema de justicia hondureño. Sin embargo, a pesar del mejor espacio físico ofrecido, un fiscal estima encontrarse con 110 casos antiguos sin resolver, además de los 10 nuevos casos que recibe al mes. 

Las manos del Abogado Gerry tiemblan mientras nos sentamos en una pequeña oficina sin ventanas. Es diplomático pero inequívoco. Durante diez años como fiscal, ha sido amenazado varias veces, con diversos grados de severidad. «Las amenazas son parte del trabajo», afirma. Un colega le aconsejó que no denunciara estos incidentes por su propia seguridad. De esa manera, él, como otros fiscales que entrevistamos, cambió de puesto cada vez que surgieron amenazas. Ahora, sin embargo, teme problemas más profundos. 

«La policía… no confío en ellos», dice el Abogado Gerry en voz baja. «Están vinculados al crimen organizado». Aunque dirige las investigaciones, la policía responde a sus propios jefes, no al MP, por lo que, en última instancia no puede contar con ellos para que sigan sus instrucciones. También sospecha que los agentes policiales manipulan las escenas del crimen. Cuando no encontraron los casquillos de bala en un tiroteo, por ejemplo, él pensó que posiblemente la Policía había ocultado esta evidencia que es crucial. Tampoco confiaba en todos los miembros del MP y sintiéndose desamparado y desprotegido, el abogado Gerry considera renunciar por completo. «Mejor reaccionar y huir», concluye. 

En otra ciudad, la abogada Marilyn estaba por terminar su turno de 24 horas, visiblemente agotada. Por lo general, los fiscales están de turno por 24 horas al menos dos veces por semana. Como ocurre con la mayoría de sus colegas, la reubican de lugar de trabajo cada dos o tres años por seguridad. El riesgo es parte del trabajo, explica. El día antes de hablar con nosotros, por ejemplo, se presentó en una audiencia judicial contra un pandillero acusado de violar a una menor. Él la miró. Cuando salió del juzgado, vio a alguien fotografiándola y grabándola. Llamó a la policía, solicitando un escolta, pero no se sorprendió cuando nunca aparecieron. 

Otro fiscal presentó denuncias después de presenciar ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Militar. La Policía Militar del Orden Público (PMOP) luego lo amenazó a él y a su familia. Años después, y tras retirar por completo su nombre del expediente, su caso quedó marcado como «resuelto». Ante esto, le empezamos a preguntar: «Y si usted, como fiscal, no puede obtener justicia…»,  nos respondió: «imagínense, los demás». 

El mal viene con ellos

 

Después de los asesinatos de alto perfil registrados durante el año 2011, la presión aumentó para reformar la policía hondureña que ya era conocida por ser corrupta. En 2015, el presidente Hernández disolvió la unidad de investigación, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), creada en sí misma a raíz de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, y la reconstituyó como la DPI. Sin embargo, los problemas policiales se extendieron mucho más, de tal manera que, en el año 2016, una comisión especial creada por decreto presidencial inició un proceso de depuración. Esta comisión estaba compuesta por representantes de la sociedad civil estrechamente vinculados a la Embajada de Estados Unidos y encabezada por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien fue implicado junto con el presidente Hernández en una investigación por narcotráfico en Estados Unidos en 2019. La comisión fue poco transparente ante sus decisiones de despidos de agentes policiales. Desde entonces han proliferado las unidades policiales. La última incorporación a este estado de seguridad en constante expansión es una unidad especializada en la vigilancia de los expolicías. 

En Tegucigalpa, el director nacional de la DPI, oficial de policía civil de más alto rango en el país, habla con soltura pero no con franqueza. Está orgulloso del trabajo que ha hecho la policía, de los cambios y la profesionalización. Señala que sus oficiales todavía tienen poco personal, son mayormente jóvenes, y les falta capacitación, pero insiste en que su principal desafío está en el aspecto tecnológico: no tener los recursos para investigar completamente el delito cibernético. 

El director explica que la DNIC era «ineficaz» y «ya había perdido la confianza» de los hondureños. No menciona que el exjefe de la DNIC, Carlos Alberto Valladares Zúñiga, admitió haber llevado a cabo asesinatos en nombre de un cartel de la droga, ni tampoco que fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos en el 2018 por tráfico de cocaína y cargos relacionados con armas. El director estima que casi el 95 % de los aproximadamente 2,000 agentes de la DNIC fueron depurados porque habían «cometido delitos» o «simplemente no eran de la calidad necesaria». Aun así, admite que «muy pocos fueron procesados». Antes de que pudiéramos terminar la entrevista, recibió una llamada telefónica del presidente de la nación, cerrando la conversación. 

A pesar de la evaluación positiva del director, los oficiales y civiles emiten críticas mixtas a esa depuración. Un agente de la DPI comenta que se despidieron de sus cargos a «personas buenas y malas». El Abogado Gerry no se anda con rodeos y afirma: «La depuración no funcionó… Los actuales agentes son los mismos. Los entrenaron a medias, pero el mal vino con ellos». Entretanto, muchos civiles en San Pedro Sula, por ejemplo, creen que la depuración en realidad, lo que hizo fue eliminar a los oficiales honestos para proteger a los de arriba, es decir a los que están en altos cargos, ya sea, en la cadena de mando policial como también en las alianzas narco-policiales.

Esta desconfianza permanente significa que cuando los agentes intentan investigar, luchan por conseguir testigos que cooperen. En una ciudad que registra más de 200 homicidios al año, un agente de la DPI de mayor edad y experimentado se asegura de investigar solo el requisito mínimo de dos delitos al mes, y señala que se basa principalmente en los videos de vigilancia para «investigar». El oficial Méndez también reconoce que los testigos en las escenas del crimen rara vez hablan. Estima que la gente tiene miedo, afirmando que «no existe una verdadera protección para los testigos. Son vulnerables porque tienen que depender del fiscal para mantener la confidencialidad de sus identidades, en los documentos oficiales y en los tribunales, pero no hay garantías». Los fiscales y agentes de la DPI con quienes hablamos, conocían de varios testigos que habían sido asesinados. 

Alguien está encubriendo algo

 

Durante un turno de 24 horas, la Abogada Marilyn a veces levanta 7 cuerpos y en un fin de semana, puede haber 11 muertos. Sin embargo, su ciudad registró oficialmente menos de 150 homicidios en el 2019. Le preguntamos qué es lo que explica esta reducción. «¿Reducción?» Repite ella, se ríe y abre sus ojos ensanchados. «No, no hemos visto ninguna reducción. Muertes hay… muertes horribles. Más que nada, muertes violentas y de jóvenes». ¿Cómo explicar las estadísticas? «Políticamente». dice ella, «quieren hacer parecer que se gobierna bien, y es exactamente lo contrario». Como dice otro fiscal, el Abogado Martín: «Alguien está maquillando algo». Se sospecha que «la gente está encostalando cuerpos y enterrándolos». El abogado Gerry insiste en que las tasas de homicidio y criminalidad no han disminuido. «Es política de Estado de que bajen los números», dice, y agrega que «son cosas que no se pueden tapar».

En un período de 6 años, desde el 2012 al 2018, la tasa de homicidio de Honduras disminuyó año tras año, generalmente en todos los departamentos. Para el año 2018, la tasa era de 41.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, aún así la cuarta tasa de homicidios más alta del mundo, se había reducido a más de la mitad, y en los departamentos de más alto índice, como Atlántida y Cortés, había reducido a aproximadamente un tercio o menos. Esta notable disminución debería significar que las personas sientan una marcada diferencia en cuanto a su seguridad y protección. Pero las colonias con tasas de violencia particularmente altas no parecieron cambiar y a medida que disminuyeron las tasas nacionales de homicidio, las muertes indeterminadas y desapariciones siguieron siendo altas, al igual que la violencia sexual, la extorsión y otros delitos continuaron sin cesar y subcontados. Cuanto más escuchábamos las opiniones de las autoridades sobre la policía, más se comprobaba lo dicho por una experta en materia de homicidios que nos comentó que si la policía quisiera falsificar los números, simplemente instruiría a los mareros para que escondieran los cuerpos.

Si bien el analista se refirió a ocultar cuerpos de manera literal, un ocultamiento numérico de muertes violentas también puede contribuir a la disminución. En el 2013, Honduras cambió la forma en que se registran las estadísticas de homicidios, creando un observatorio de la violencia separado, el cual es administrado por la Policía Nacional. Así, para que una muerte se cuente como asesinato, un médico forense debe realizar una autopsia y declarar la muerte como homicidio. Sin embargo, en Honduras solo existen tres morgues completamente funcionales, a veces saturadas más allá de su capacidad. Un forense nos dijo: «Solo tenemos capacidad para hacer 16 autopsias por día, trabajando a toda velocidad… y no siempre podemos completar la autopsia». Otro forense afirmó que los cuerpos acumulados a veces presentan una carga de trabajo que, siendo realista, no pueden cumplir. 

Y muchos cuerpos probablemente nunca lleguen a una morgue. El abogado Martín estima que en su ciudad, a MF solo llegan 7 de cada 10 cadáveres. En la jurisdicción del oficial Méndez, el fiscal estima que son solo 3 de cada 10. Más allá del reto de levantar cuerpos en zonas remotas, las razones que los fiscales finalmente señalan muestran la profunda desconfianza que tienen los hondureños con relación al Estado. Algunos temen no recuperar los cuerpos de sus familiares muertos, lo cual, suele ser el caso. Otros no pueden pagar el transporte de regreso de los cuerpos muertos de sus familiares a su lugar de origen. Y muchos consideran que las autoridades no investigarán nada acerca del asesinato de sus familiares de todas maneras. 

¿A dónde van los grandes presupuestos de seguridad?

 

Al salir del despacho del director de la DPI, hablamos con dos hombres en una oficina etiquetada como «Asesores Colombianos». Estados Unidos, junto con la Unión Europea y Suiza, financiaron a la Policía colombiana para capacitar y asesorar a los hondureños por períodos de dos años, al igual que lo hicieron los agentes estadounidenses en el pasado. Así lo expresó un consultor policial que se ha dedicado a estas labores durante gran parte de su vida: «Es como el modelo policial gringo… pero latinoamericanizado». 

Estados Unidos continúa exportando sus soluciones fallidas de seguridad. Quizás es por eso que uno de los forenses nos confía: «Estados Unidos dice que ayuda, pero no ayuda. Coacciona a los países». Al escuchar a la forense, el abogado Martín pregunta: «¿A dónde van los grandes presupuestos de seguridad?». Dejando la pregunta sin respuesta, niega con la cabeza y continúa: «Debería ir a la investigación y más escuelas … centros de salud y hospitales». Y se recuerda a una comunidad que se había organizado para solicitar este tipo de inversiones. Lo que obtuvieron fue un parque. «No creo que construir una cancha sea suficiente para prevenir actos violentos», agrega. 

Su comentario sobre la «cancha» se refiere al tipo de proyectos únicos y altamente visibles que son favorecidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). En todo Honduras, muchas colonias sin agua corriente, acceso estable a la electricidad o escuelas adecuadas, tienen una franja de terreno despejado con un par de postes de portería y una placa con el logo de Usaid. En una colonia con altos índices de violencia, Usaid proporcionó a la policía una máquina para hacer palomitas de maíz, con el propósito de que se pudieran organizar noches de películas comunitarias para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. Algunas postas de la policía y las oficinas del MP reciben renovaciones y nuevas capas de pintura.

La asistencia de Estados Unidos a Honduras adopta muchas formas, pero cuantificar a dónde va y cuánto de ayuda llega no es una tarea sencilla. De 2016 a 2019, el Gobierno de Estados Unidos aportó al menos 618,18 millones de dólares en ayuda a Honduras. Es difícil precisar el total gastado directamente en la policía y en el ejército ya que la asistencia se distribuye a través de una ayuda bilateral, entre la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (Carsi) y el Departamento de Defensa. En el año 2017, de 181 millones de dólares en asistencia total a Honduras, el Departamento de Defensa canalizó 47 millones, según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Aparte de estas ayudas, empresas estadounidenses también venden armas al Ejército hondureño. Además, se asigna algo de dinero para la región en general y el desglose por países no está realmente claro.

En el año 2019, Trump suspendió la ayuda al desarrollo a Honduras como retribución debido a la migración, pero esto no afectó la ayuda de seguridad canalizada a través de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Aunque esto provocó que algunas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales cortaran programas y despidieran al personal, la mayoría de los ciudadanos y autoridades con los que hablamos no se molestaron. En general, expresan que nunca han percibido que la ayuda de Estados Unidos pudiera significar alguna diferencia en sus vidas diarias.

La mayoría de las autoridades están de acuerdo en que la pobreza es el mayor problema de Honduras. Sin ninguna ayuda estatal, expresa un fiscal, la gente tiene que «organizarse para protegerse». El oficial Méndez lo explica sencillamente: «La gente no nace en una cuna de oro y no tiene para pagar». 

Un año antes, dos policías de una colonia con índices de violencia particularmente altos nos dijeron de manera similar que las pandillas de la zona «resuelven necesidades básicas», como la alimentación, la vivienda y el afecto, especialmente para los huérfanos o los niños cuyos padres viven en Estados Unidos. Y expresan que los recursos que se necesitan son «trabajadores sociales, enfermeras y psicólogos». 

Muchos de los agentes de la DPI con los que hablamos lamentaron la falta de recursos, personal y capacitación. Los oficiales mencionaron haber recibido cursos especiales en Tampa, Florida, donde aprendieron las mejores prácticas de investigación, como tener cinco agentes en la escena del crimen. En Honduras, apenas con buena suerte, pueden contar con más que uno. Tampoco tienen suficientes agentes, ni vehículos, ni cámaras ni computadoras. Sin embargo, y si incluso se solucionara esta sorprendente escasez de recursos, tampoco se resolvería una realidad subyacente que nadie confía en las autoridades del país. El restablecimiento de la seguridad ciudadana en este contexto no se puede lograr agregando más unidades policiales u oficiales, o mejorando las postas de policía, o haciendo que las cifras aparentan que el país es más seguro. El Estado hondureño enfrenta el desafío que no es solo el de generar la fe en su capacidad para atender las necesidades de los ciudadanos, sino también y más urgentemente, en convencer a los hondureños que el Estado realmente se preocupa por ellos.  

 

 

*Todos los nombres son seudónimos y las ubicaciones están ocultas para proteger las identidades de las diferentes personas que nos ofrecieron de buena fe su información. 

 

***

 

Marna Shorack, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres. Exbecaria Fullbright, su investigación de campo se enfoca en niños y jóvenes, violencia estatal y migración forzada en Honduras.

Elizabeth G. Kennedy es una científica social, principalmente basada en El Salvador, Guatemala, Honduras o la frontera entre Estados Unidos y México, desde 2011. Lo ha hecho de manera independiente, como parte de Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con una beca Fullbright, y otros, ella ha entrevistado a más de 1,700 migrantes centroamericanos y 250 funcionarios y proveedores de servicios, compilando bases de datos para triangular la información recolectada en sus entrevistas. 

Amelia Frank-Vitale, es candidata al doctorado en Antropología por la Universidad de Michigan. Basándose en trabajo de campo etnográfico de largo plazo realizado en San Pedro Sula, su investigación actual se centra en la subjetividad producida a través de vivir ciclos de migración, detención y deportación. Su investigación para este artículo fue apoyada por la Wenner-Gren Foundation, el SSRC, la IAF, el Fulbright, y el Weiser Center de la Universidad de Michigan.   

Por Javier Carrington

El año pasado inicié mi organización Iguales, con todo en contra. La pandemia, dos huracanes y la crisis humanitaria que hace años azota mi país, hicieron que en Iguales nos enfocáramos en asistir a quienes más lo necesitaban. Pero allí, cuando visitamos albergues después del paso de Eta y Iota, en medio de todas las víctimas de esta crisis escuchamos y vimos discriminación en contra de las personas LGBTIQ+.

Fue triste encontrarnos con un escenario en el que las personas de la diversidad sexual siempre fueron las últimas en ser alimentadas, las últimas en recibir un colchón para poder recostarse, y los objetivos de burlas y agresiones verbales dentro de los refugios.

Recolectamos alimentos y ropa, que son las necesidades básicas en estas situaciones. Ha sido un inicio duro como organización, pero nuestro objetivo es seguirnos empoderando, cuidarnos y solidarizarnos con quienes están más vulnerables y demostrar que cuando nos juntamos y organizamos podemos acompañarnos como comunidad.

Estamos más que claros que la crisis sanitaria y el tema ambiental nos afectó como país, pero dentro de estas situaciones tan complejas existieron unos más afectados que otros. Yo imagino: estar en medio de una pandemia, dos huracanes afectan la zona donde vivo, me quedo a la intemperie y luego accedo a un refugio y resulta que en ese lugar me toca ser discriminado por mi sexualidad ¿No les parece terrible? 

Como representante de Iguales, y junto con el grupo de voluntarios —incluyendo la colaboración del Colectivo Unidad Color Rosa— , realizamos la gestión hasta donde pudimos, ya que somos una asociación que recién inicia y el factor económico es un problema porque contamos con muy pocos recursos: tenemos una oficina prestada de manera provisional y no tenemos un cooperante que nos respalde de manera monetaria. Pero cuidar de los nuestros es un deber porque si no lo hacemos nosotros quién lo hará. Sí, suena cliché, sin embargo es una realidad que toca enfrentar.

Para nadie es un secreto que el año 2020 fue un año duro para toda la población hondureña. Una pandemia que arrebató sueños a emprendedores, que dejó sin trabajo a muchas personas, que limitó iniciativas y censuró todo tipo de deseos personales a una gran parte de la gente, cosas que como dicen «se escapan de nuestras manos».

Era de esperarse que con toda la problemática sanitaria, ambiental y económica que atraviesa la población hondureña, la primera caravana migrante del 2021 fuera enorme. A esta caravana  también se sumaron, aproximadamente, 300 personas de la diversidad sexual y también lamento decir que durante el camino también fueron objeto de burlas, rechazos y maltratos. 

La necesidad es evidente y la gente quiere huir para sobrevivir, migrar es un derecho humano. En el caso de los miembros de la comunidad LGBTIQ+ huyen también porque han sido víctimas permanentes de violencia y discriminación en sus comunidades y en su entorno laboral. Los índices de desempleo cada día van en aumento y pareciera que no hay esperanzas de que la situación mejore. 

En medio de todo el sufrimiento que atraviesa el país, siempre hay espacio para la discriminación, y es que las personas sexualmente diversas no somos tratadas con igualdad, somos violentadas y segregadas. Estamos más que claros que necesitamos de manera urgente jornadas de sensibilización, educación laica e integral, proyectos que tengan que ver con la inclusión en los espacios políticos, educativos y sociales de la personas que somos de la diversidad sexual, además programas de prevención en medios de comunicación que incluyan el tema de discriminación.

Este es un tema al que también debemos darle prioridad porque necesitamos el beneficio de asegurar nuestros derechos humanos. Yo solo invito a que paremos un poco y que nos detengamos a pensar que en estas crisis siempre hay unos más sumergidos que otros, por eso cada día la comunidad LGBTIQ+ sigue luchando y generando proyectos en pro de los derechos humanos y de la diversidad sexual. 

En Honduras, las cifras de contagio y muertes por COVID-19 van en aumento. A diario se reportan muertes en el personal sanitario, una consecuencia fatal de la indiferencia tanto de las autoridades estatales como de la sociedad. 

Texto: Lizz Gabriela Mejía

Fotografías: Martín Cálix

Hugo Fiallos es uno de los pocos intensivistas con los que cuenta el sistema de salud hondureño, se ha dado a conocer en redes sociales por sus mensajes directos tanto al Estado como a la población sobre la crisis que se está viviendo en los hospitales y el aumento de contagios y muertes por COVID-19. Con tono de preocupación dice que la población y las autoridades no reconocen el esfuerzo que desde marzo de 2020 ha hecho el personal médico y de enfermería.

Los aplausos virtuales que se pusieron de moda en redes sociales al inicio de la pandemia se fueron perdiendo ante las ansias de regresar a la vida cotidiana. A una vida donde el virus no existe. En Honduras esas ansias aumentaron este año. Dice Fiallos que la actual preocupación de las autoridades y los políticos son las elecciones.

«A las autoridades no les interesa el sistema de salud, ahorita están con otras miras, lo que importa es la política, lo que importa es que la gente vaya a votar, conseguir suficientes votos para lograr ganar sus 120 000 pesos al mes en el Congreso Nacional, lo demás es secundario. Es una guerra que estamos combatiendo solos, que estamos combatiendo con las uñas, no podemos ganar así». 

Y es que tanto Fiallos como otros médicos que han sido la cara pública de su gremio, se sienten devastados por la pérdida de sus colegas. Estamos comenzando el segundo mes del 2021 y ya se ha registrado la muerte de 17 médicos y 7 enfermeras. Las cifras oficiales del gobierno indican que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, ya son más de un centenar de trabajadores de la salud los que han perdido la vida mientras trabajan en primera línea en los distintos centros asistenciales. 

El deterioro y colapso del sistema de salud, evidenciado con la pandemia, es consecuencia de la mala administración en la atención de la emergencia como lo han demostrado diversas investigaciones tanto de la fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas como de los medios de comunicación. Actualmente, los centros asistenciales del país se encuentran saturados de pacientes con COVID-19 pero también una buena parte de esos pacientes están sufriendo los efectos que dejaron las tormentas Eta y Iota en el norte del país. Ahora se suman a esas salas de atención, miembros del personal sanitario, una buena parte ha perdido la batalla contra la COVID-19.

Honduras supera las 3600 muertes debido a la Covid-19, una cifra que se maneja en alza durante las últimas semanas en el país. La Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) —Tegucigalpa y Comayagüela—, habilitó el cementerio Parque Memorial Jardín de Los Ángeles, ubicado en el kilómetro catorce de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, para las familias de aquellas personas que fallecieran por COVID-19 en los centros médicos de la capital y que no tuvieran los recursos económicos necesarios para poder pagar los servicios de una funeraria. Comayagüela, 20 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Ligia Ramos, dermatóloga e integrante de la Junta Directiva del CMH, dijo recientemente a este medio que las decisiones tomadas por la Secretaría de Salud y la Mesa Multisectorial los están orillando a irse a paro de labores. Una huelga de médicos en este momento podría ser fatal. A finales de enero, durante una conferencia de prensa, las autoridades del CMH pidieron al gobierno y a la mesa multisectorial que se regresara al confinamiento, este debía durar 3 semanas, ya que de esta manera se reduciría la cantidad de casos positivos y atenciones por COVID-19 en los hospitales. 

«Hemos hecho consultas al más alto nivel, a nivel del Gobierno de la República, a nivel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y no hay ambiente definitivamente para un cierre definitivo de la economía como se viene planteando por sectores como el mismo Colegio Médico de Honduras», declaró César Chirinos, representante de los empleados públicos en la Mesa Multisectorial, a Radio América. 

Debido a la indiferencia de las autoridades, los médicos en la capital del país protestaron a inmediaciones del hospital móvil, cargando carteles en los que se leían frases como «Necesitamos la vacuna para COVID-19, lo más pronto posible» o «Exigimos prioridad para las plazas al personal de la sala COVID-19 de HO», además, dieron a conocer que si no cambia la situación, no darán atención médica. «Tenemos que darle vuelta a todo esto y lo vamos a hacer, aquí se cambian las cosas o aquí no va a haber atención por parte del sector médico», indicó la neumóloga Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, a los medios de comunicación. 

Los médicos capitalinos no son los únicos que tienen esta postura, pues los galenos del norte del país han empezado a dejar de atender las consultas en sus clínicas u hospitales privados. Incluso, ha circulado un comunicado del Hospital del Valle, en San Pedro Sula, en el que la Junta Administradora de cada uno de los Condominios Médicos I y II «invita y exhorta a todos los médicos y demás profesionales de la salud a que el próximo martes 9 de febrero cancelen las consultas médicas en horario de 8 am a 12 pm», el motivo es reconocer y recordar a los médicos que dieron su vida en pro de conservar la de sus pacientes. 

Le consultamos al intensivista Fiallos cuál es su opinión acerca de las medidas tomadas por el CMH, respondió que «no puedes combatir un fuego echándole gasolina».

En la Sala Covid-19 del Hospital Santa Bárbara Integrado, una laboratorista rotula tubos de ensayo que serán usados para tomar muestras de sangre para detectar Covid-19. Santa Bárbara, 26 de enero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Presupuesto no se ve reflejado 

 

El panorama sanitario en Honduras no es el mejor, a pesar del presupuesto otorgado para 2021, que es de 18 mil 218 millones de lempiras, 2 mil millones más que en 2020. Para el doctor Yefrin Maradiaga, especialista en medicina interna, «ese aumento es ridículo, la cantidad gastada no se ve reflejada en infraestructura, equipo médico o médicamentos». 

Maradiaga agrega que necesitan «más camas y más médicos porque ya no tenemos más especialistas, la mayoría trabaja en 2 o 3 hospitales. Necesitamos más unidades de cuidados intensivos pero no tenemos más intensivistas». Este médico que trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) explica que en casos moderados podría mejorarse la capacidad de hospitalización pero en el caso de que habilitaran más unidades de cuidados intensivos, no hay personal para atender más pacientes en estado crítico. 

En el centro asistencial donde trabaja Maradiaga ha aumentado la cantidad de pacientes en emergencias y salas de atención primaria, «en este momento la ocupación es importante, aún hay cupos en sala pero pocos, las áreas críticas están saturadas. De continuar así, en unas semanas los pacientes estarán en sillas y colchones en la emergencia como en junio y julio (de 2020), la población debe entender que si se sobrepasa la capacidad, la calidad de atención será mucho menor, y eso preocupa», aseguró el internista en una entrevista brindada a Contracorriente. 

La eliminación del esquema de circulación y la falta de medidas de bioseguridad han contribuido al aumento de casos de COVID-19 en el país, donde se contabilizan 153 905  casos positivos y 3 710 muertes. A pesar de estas cifras y las exigencias del gremio médico, Sinager se ha limitado a implementar un toque de queda desde las 9:00 pm hasta las 5:00 am, exceptuando los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro, donde la circulación depende de la terminación del número de identidad o pasaporte. 

El IHSS no es el único centro asistencial del país que no tiene los insumos y medicamentos suficientes para atender a la afluencia de pacientes que llegan con necesidad de tratamientos y atención médica. Desde inicios de diciembre de 2020, la unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional Cardiopulmonar no ha tenido cupos disponibles para más pacientes, la neumóloga Suyapa Sosa no explicó que la cantidad de pacientes que llegan al hospital y necesitan atención urgente son demasiados. 

«Un paciente falleció 8 minutos después de haber llegado de un triaje, otros pasan casi un mes en la unidad de cuidados intensivos», responde  Sosa al preguntarle cuánto tiempo puede estar un paciente interno en el hospital, mientras agrega que el hospital, también conocido como El Tórax no cuenta con equipo y materiales para realizar exámenes y tomografías necesarias para diagnóstico de COVID-19. 

La doctora Sosa también se refirió a la cantidad de dinero que se invierte en atender a los pacientes, «el precio aproximado de algunos medicamentos que utilizamos en el hospital ronda los mil dólares y tener a un paciente por 24 horas en la unidad de cuidados intensivos anda por los 200 000 lempiras».

En diciembre de 2020, la iglesia —que sido convertida en triaje— del Hospital Nacional Cardio-Pulmonar no tenía cupos para más pacientes, lo mismo sucedía en la sala UCI de este centro médico. Tegucigalpa, 9 de diciembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

«Para que entre un paciente, tiene que morir alguien más», dice la doctora Sosa, la capacidad de la UCI en su hospital está al límite y  más personas siguen llegando con una etapa avanzada de la enfermedad. 

Al comunicarnos con Fredy Guillén, el recién nombrado viceministro de salud, para consultar acerca de los protocolos para no saturar las salas UCI y cuál es el procedimiento para ingresar pacientes a las salas de cuidados intensivos, alto flujo y ventilación no invasiva, no se obtuvo respuesta alguna. 

A inicios de diciembre, la doctora Sosa conversó con Contracorriente y nos contó que había pasado un año desde que se arruinaron las máquinas para hacer pruebas de tuberculosis. Es decir, que el hospital especializado en enfermedades cardiopulmonares no estaba siquiera haciendo pruebas para detectar tuberculosis desde antes que llegara la pandemia por Covid19. 

Hablamos con ella más de un mes después de que nos contara esto y asegura que la Secretaría de Salud ha hecho caso omiso a las denuncias que los empleados del Tórax han hecho. Esto, a pesar de que la tuberculosis es una de las afecciones más frecuentes en las épocas de lluvias y descenso de temperaturas. Además de COVID-19, el Instituto Nacional Cardiopulmonar también está atendiendo casos de asma, enfisemas pulmonares, neumonías y tuberculosis, condiciones que tienden a empeorar con los cambios de clima. 

Conversamos con algunos médicos que están en primera línea, muchos coinciden en que sienten temor, tienen miedo de enfermarse y sufren al atender a sus compañeros de trabajo. Y también tienen temor de denunciarlo, muchos decidieron hablar solamente off the record. 

Uno de los pocos que quisieron hablar públicamente fue el doctor Maradiaga y dijo que «hay algunos compañeros incapacitados y hospitalizados en áreas críticas. Es menos personal para atender a la población, los colegas sufren y sus familiares también». Otros galenos, como la reumatóloga Helga Codina, expresó que la situación «nos causa más temor a nosotros que a la población en general, nos causa desolación, angustia e inseguridad». El mensaje de todos, incluso de los que hablaron desde el anonimato, es que la mejor forma de evitar más muertes es restringiendo la circulación y acelerando el proceso de vacunación para los ciudadanos más propensos a contraer la enfermedad.

Una médica aplica una prueba PCR a un paciente en el triaje del Centro Cívico Gubernamental. Tegucigalpa, 23 de septiembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

«El resto de la población debe intensificar las medidas de prevención, así como evitar reuniones de cualquier tipo, doble mascarilla para las personas que deben salir a trabajar y mantener distancia de 2 metros al estar con otros evitando quitarse la mascarilla», recomendó uno de los doctores. 

A pesar de esto, las actividades masivas como los cultos religiosos, las concentraciones políticas y algunos centros de entretenimiento siguen funcionando con pocas o en algunos casos nulas medidas de seguridad. 

La falta de conciencia de la población es como decir «hagámosle un homenaje a los muertos aumentando los contagios», dijo el doctor Hugo Fiallos. 

En marzo de 2020, las clases presenciales en el sistema educativo fueron canceladas  por la llegada de la pandemia a Honduras. Un año después, la pandemia está lejos de ser controlada y el país se prepara para abrir un año lectivo en medio de la precariedad.

Texto: Allan Bú

Fotografías de Martín Cálix 

Durante tres meses, cada sábado, un vendedor de verduras pasó por la casa de la profesora Auxiliadora para recoger las tareas de seis niños de su aldea, ubicada en Puerto Cortés, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Ellos no tenían internet en sus casas, ni celulares. Cuando la pandemia llegó a Honduras a mediados de marzo de 2020, estos alumnos y alumnas quedaron excluidos de la educación virtual. Sus padres no podían pagar por una conexión a internet y el Estado de Honduras, como lo ha hecho por muchas décadas, no cumplió su obligación de procurar educación gratuita a sus habitantes. Quedaron a la deriva.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Educación a Contracorriente, 20,398 alumnos y alumnas de primaria abandonaron la escuela en el 2020. En educación media fueron 7,746 los que no continuaron. En marzo, tras detectarse los primeros casos de COVID-19, el Gobierno de Juan Orlando Hernández decretó un confinamiento que no permitió continuar las clases de forma presencial. Ni esa cuarentena ni el toque de queda aún vigente en el país, evitó el avance del virus, pues el viernes 5 de febrero los entes oficiales confirmaron 3669 muertes y 152,225 contagios. 

La profe Auxiliadora tiene 23 años en la docencia. Trabaja en la jornada vespertina en una aldea de Puerto Cortés y, antes de la pandemia, siempre preparaba su clase el día anterior. Salía a las 10:30 a. m. rumbo a la escuela. Para llegar tomaba dos buses. Almorzaba antes de comenzar su jornada a las 12:30 p. m. Las niñas y los niños hacían una fila para entrar al aula. Más de alguno le llevaba alguna fruta antes de comenzar la clase. Pero la pandemia la arrancó de las aulas en las que ha trabajado casi la mitad de su vida. «Extraño los mamones», nos dice, en referencia a una pequeña fruta que sus alumnos le llevaban en los tiempos de cosecha. 

El 2020, cuando la educación mutó a modo virtual o distancia, la profesora comenzó sacando copias para todos sus alumnos y después se las ingeniaba para llevarlas a una casa en la aldea donde trabajaba. Los niños iban a recogerlas. Pronto se dio cuenta que este proceso estaba afectando su bolsillo. Comenzó a trabajar de forma virtual: llamadas, videollamadas y mensajes. Se chocó con diversas situaciones, de sus 37 alumnos, solo 17 mandaban regularmente tareas. Otros eran intermitentes. Seis no tenían cómo enviar y recibir tareas y siete desaparecieron.

Luego de que el Gobierno hiciera la declaración oficial de la pandemia por COVID-19 en el país, en marzo de 2020, las escuelas cerraron y los niños volvieron a casa. En la fotografía, una aula de la Escuela República de Honduras que ha permanecido vacía durante meses por la ausencia de alumnos. Tegucigalpa, 30 de noviembre de 2020. Foto: Martín Cálix.

El más grande de los desafíos fue conseguir una conexión a internet. De los alumnos de la profesora Auxiliadora solo cinco tienen wifi en su casa. Y esta es una estadística que se extiende a todo Honduras. Según recoge el diario La Prensa, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), estima que 40 de cada 100 hondureños tuvo acceso a internet wifi o móvil en el 2020. Evidentemente en caseríos, como el lugar de trabajo de la profesora  Auxiliadora, las conexiones son menos. 

Mientras la maestra se las ingeniaba para hacer llegar las tareas a sus alumnos y que no terminaran en esa cifra de deserción escolar, un vendedor de verduras se convirtió en un canal para salvar el año escolar de seis niños. Ella ya lo conocía y un día le pidió que le llevara la encomienda. «Me mandaba mensaje reportando», recuerda la docente.

Pese a todos los esfuerzos, la profe piensa que la formación de los niños es sumamente endeble. «En mi caso, si abarqué la mitad de los temas de matemáticas fue mucho. Hay algunos que de manera virtual no podía abordarlos, desde mi experiencia como docente sentía que no me iba a dar resultado».

Confiesa que el año 2020 ella lo considera un fracaso para sus alumnos pues ella los había imaginado en escenarios que no pudo llevar a cabo por la ausencia de las aulas. Por ejemplo, esperaba que sus alumnos comenzaran a realizar exposiciones. «Estaba emocionada porque hasta me había comprado un parlante con micrófono», dice.

El año anterior las autoridades de Educación aseguraron que con las modalidades de enseñanza a través de radio, televisión y virtual se atendió aproximadamente al 80 % de la población estudiantil, sin embargo en casos como los alumnos de la profesora Auxiliadora parece que esto no funcionó. 

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo a Contracorriente que «todos los recursos utilizados ayudaron, en el entendido que nada sustituirá al maestro frente al alumno. Este año esperamos poder ser más agresivos en el área de apoyo tecnológico con el internet gratuito, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones está trabajando con ello» . 

El Pilotaje

 

El año lectivo 2020 terminó. Muchos alumnos fueron aprobados sin cumplir con los requerimientos básicos para hacerlo, pero la pandemia puso a un obsoleto sistema de educación como el de Honduras en una situación compleja. 

Y la pandemia sigue. Los hospitales nuevamente están colapsados como en julio y agosto del año anterior. El porcentaje de positividad en las pruebas va en aumento en departamentos como Cortés, Atlántida y Francisco Morazán. 

El nivel de contagios y la situación sanitaria del país es mucho más crítica, en este momento —cuando la Secretaría de Educación se prepara para inaugurar otro año lectivo en medio de 3669 fallecidos— que cuando se suspendieron las clases presenciales en marzo anterior cuando solo se habían diagnosticado dos casos en el país. 

Con este escenario los niños y niñas de Honduras volverán a clases. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso,  menciona que se iniciará un programa de pilotaje en unos 18 centros, pero tiene que ser en una zona que no haya registros de casos de COVID-19 o donde se haya manejado muy bien la pandemia. «La idea es abrir con todas la medidas de bioseguridad para educando y docentes», dice. 

Este proceso, dice el funcionario, se realizará después de que la comunidad educativa de los lugares seleccionados evalúe las condiciones. «Entendemos que a nivel nacional hay diferentes contextos. Se requiere la autorización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para establecer si se puede abrir un centro o no», acotó el ministro.

«Con los pilotajes buscamos evaluar si es efectivo el proceso que hemos diseñado y así, a medida vaya bajando la pandemia, ir sistemáticamente abriendo los centros educativos en las zonas donde no hay riesgos», señaló Bueso. 

En este plan se brindan lineamientos generales para  arrancar el año escolar en contexto de pandemia. Mediante este instrumento el Gobierno confía que se permita a los niños, niñas y jóvenes no solo el acceso oportuno al sistema educativo, sino también, el desarrollo de un enfoque curricular simplificado, pero efectivo dirigido al alcance de competencias y habilidades en los próximo tres años. 

Lo anterior no concuerda con lo dicho por el director de la organización Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, quien señala que Honduras, a pesar de las grandes cantidades(de dinero) que se han destinado del erario y la cooperación internacional, no tenemos un paquete pedagógico adaptado a la realidad de nuestra niñez: «No tenemos un sistema educativo para los niños y las niñas de Honduras, es un proceso mecánico de enseñanza, muchas veces obsoleto».   Casa Alianza es una ong hondureña que se dedica a la atención de niños y niñas en vulnerabilidad social.

La escritora y docente, Yadira Eguiguren, imparte la clase de español para alumnos del Instituto Técnico Honduras. Tegucigalpa, 20 de febrero de 2020. Foto: Martín Cálix.

El Gobierno a través del despacho de educación plantea que el regreso a clases pueda hacerse de tres formas: virtual, semipresencial y presencial. Esto, analizando los contextos y circunstancias de cada zona del país respecto a los contagios de COVID-19.

En el documento se señalan elementos a considerar para una propuesta de retorno a clases en cualquier zona del país, algunos son: el comportamiento de la pandemia en la comunidad; coordinación, cuando se requiera, con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager); diálogo de consenso con personal directivo, docentes, estudiantes, padres y madres de familia; plan de acción por centro educativo que indique la forma de atención por grado y nivel educativo, ya sea a través de la modalidad presencial, semipresencial o virtual; aprobación de los padres y madres de familia para que sus hijos continúen su proceso de aprendizaje a través de la modalidad a distancia o mixta, entre otros, que se mencionan de acuerdo al contexto local. 

En Puerto Cortés, la profesora Auxiliadora regresará a clases con una jornada mixta. Asistirá a la escuela dos días a la semana para servir dos horas de clase. No habrá recreo y se intentará mantener las medidas básicas de bioseguridad. Nos aclaró que el retorno a las aulas es voluntario. 

«Cada maestro hará su cronograma de actividades para hacerlo llegar a las autoridades de educación y que den su visto bueno», nos cuenta.

Las circunstancias cambian en una escuela de la colonia Villa Real en Villanueva, Cortés, en donde la maestra Beatriz ha convocado a sus alumnos para iniciar la etapa de reforzamiento el 15 de febrero, pero no habrá visitas a la escuela. El proceso educativo seguirá siendo de forma totalmente virtual. Cortés, es el departamento con mayor cantidad de contagios desde el inicio de la pandemia. En el último recuento, registra 45,640 contagios, que significan el 31.6 % de la incidencia nacional. 

El profesor Selvin de Sensenti, municipio de Ocotepeque, asistirá lunes, martes y miércoles. Él, como trabaja en una escuela con pocos maestros, atiende a más de un grado, así que trabajará un día con cada grado. Su jornada será de 8 a. m. a 10:30 a. m. No habrá recreo para los niños, para evitar contacto entre ellos y se va  priorizar temas de las cuatro asignaturas básicas: Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Una de las encrucijadas que deben resolver maestros y alumnos es mantener las medidas básicas de bioseguridad, pues en el plan del despacho de educación no aparece este renglón. «Estamos empantanados. Del Gobierno no hay ningún compromiso. Hemos pensado ir a una sesión de la municipalidad a exponer esa situación», nos explica Selvin. Los maestros quieren solicitar apoyo para bioseguridad.  

La educación media también funcionará a partir de las determinaciones que se tomen con base en el contexto de las comunidades. En el colegio Manuel Pagán Lozano de la colonia López Arellano, el maestro que quiera asistirá a las aulas, pero en este centro educativo no se impartirá ninguna clase, los alumnos solo podrán ir para traer materiales y tareas. El resto del proceso, casi todo, se seguirá haciendo de forma virtual. 

El ministro Bueso asegura que la  gran mayoría del país operará de forma no presencial y que las clases llegarán a través de diferentes plataformas, pues se contará con más 130 canales de televisión y radio y plataformas de internet para ellos. Los alumnos que no tengan ningún acceso a tecnología recibirán cuadernos de trabajo. 

Al preguntarle si todos los centros consultados por Contracorriente en donde al menos se recibirá un día de clases están dentro del pilotaje se limitó a contestar que «deben estar bajo los lineamientos establecidos por la Seduc». 

Jóvenes reciben clases en la escuela de la comunidad garífuna de Vallecito, la única escuela primaria en muchos kilómetros para los niños y jóvenes de la comunidad que reciben clases en la misma aula aunque pertenezcan a grados distintos. Limón, Colón, 21 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix / Contracorriente.

El plan de la Seduc menciona que se realizarán alianzas  interinstitucionales, locales, nacionales e internacionales de cooperación, para «proporcionar a los educandos un ambiente pedagógico, socioemocional y de bioseguridad básico para continuar su proceso de aprendizaje». No obstante, los maestros a quienes Contracorriente consultó mencionan que la inversión en las medidas de bioseguridad corresponderá al docente y a los alumnos. 

El retorno gradual, seguro y flexible que propone el Gobierno se aplicará en una diversidad de contextos, pues es de acuerdo a centros educativos y zonas geográficas. La constante que se repite es la ausencia del Gobierno en procurar los recursos para que este proceso se lleve a cabo con éxito.

Este año y los dos siguientes, el currículo nacional se adaptará, según el plan antes mencionado, a los diferentes canales de enseñanza como la presencial, virtual y mixta, incluyendo las distintas técnicas de enseñanza, con la flexibilidad necesaria para ajustarlos a los desafíos que se presenten en el contexto regional, departamental y municipal.

Se lee bien, pero la realidad indica hacia otro horizonte. La profesora Auxiliadora comenzó el año anterior con 31 alumnos, siete de ellos no aprobaron por no tener acceso a internet. Para el año lectivo en su grado se han matriculado 28, pero tres le reportaron que no cuentan con un teléfono. En su plan para el trienio 2021-23, la Seduc contempla establecer acuerdos con las compañías proveedoras del servicio de conectividad de internet para proveer navegación gratuita a docentes y educandos en sitios de enseñanza. 

También se menciona que para un proceso incluyente y equitativo se debe dotar a maestros y alumnos de herramientas curriculares digitales o impresas que faciliten el proceso de aprendizaje  desde la modalidad o plataforma  que sea.  

La profe Auxiliadora recuerda que antes de la pandemia la mayoría del material didáctico utilizado salía del bolsillo de los profesores «de una u otra manera, uno tenía que ver de dónde lo sacaba y terminaba saliendo del sueldo de uno».

Aclara que no es su intención hacer un comentario de tipo político partidario, pero ella recuerda que la última vez que recibieron materiales para preparar su clase no fue en un Gobierno nacionalista: «tenemos años de no recibir, no lo quiero mencionar, pero es la verdad, la última vez que nos mandaron fue cuando estaba Mel Zelaya (2006-09), y tampoco era un buen material didáctico, pero al menos había algo».

 

Descuido histórico

 

El sistema educativo de Honduras, dice Guadalupe Ruelas, ya tenía un «abandono terrible» antes que llegara la pandemia de COVID-19, pero considera que dentro de lo complicado que fue el año escolar, presenta una oportunidad para redireccionar la educación en Honduras. «Creo que siempre es tiempo para replantear cuál es la apuesta educativa del país en materia de cobertura, de calidez o de calidad, de lo contrario condenamos a la sociedad a no salir adelante», sostiene. 

Para el año 2021, la Secretaría de Educación, tiene asignado 32,234 millones de lempiras (1,322 millones de dólares), que es un poco más del 11 % del Presupuesto General de la República, que ronda los 288,871.9 millones de lempiras (más de 11,000 millones de dólares). 

Según datos oficiales, hasta un 80 % del presupuesto se invierte en el pago de salarios a docentes, que en prebásica son 6,379, en primaria 51,961 y en secundaria 32,296. 

Honduras —aunque ha priorizado a sectores como defensa y seguridad— sí destina considerables cantidades de fondos a la educación, pero aún así el sistema educativo sigue en precariedad. En su informe Honduras en cifras, el Banco Central de Honduras (BCH) recoge que la tasa de analfabetismo en el 2019 era de 11.5 % y nuestro promedio de escolaridad apenas alcanzaba los ocho grados. En América Central solo está por delante de El Salvador, que ese mismo año alcanzaba un 88 % de alfabetización. 

Ruelas aseguró que antes de que los fenómenos naturales Eta y Iota devastaran el Valle de Sula, el 75 % de la infraestructura escolar ya estaba en mal estado y no se aprovechó este tiempo de pandemia para mejorar las condiciones pedagógicas de los centros de estudio. Después de los huracanes la situación de los centros educativos empeoró.

«La pandemia simplemente evidenció ese hecho, pero también agudizó el problema de alcance y cobertura, de esa forma ahora tenemos menos niños en el sistema educativo», aseguró el director de Casa Alianza. 

En los próximos tres años, las autoridades revisarán las vacantes de docentes para reestructurar conforme a la demanda. Se dará un énfasis en el área rural donde la mayoría de maestros todavía trabajan con varios grados o más grave aún, en algunos casos solo hay un maestro en la escuela. 

La pandemia en Honduras y en el mundo ha golpeado a los más excluidos. En materia educativa también ha sido así. Los niños que no contaban con un teléfono «inteligente» o sus padres no tenían 25 lempiras (1 dólar) para la compra de internet quedaron excluidos del sistema educativo. 

Guadalupe Ruelas sostiene que cuando hablamos el lenguaje del subdesarrollo y mencionamos excluidos pensamos que es una minoría, pero en caso de Honduras, los excluidos son una gran mayoría: «según datos de Unicef, en Honduras 77 de cada 100 niños viven en familias pobres. El nivel de pobreza infantil es más alto que las personas adultas», sostiene. 

Respecto a los estándares internacionales, Honduras está muy rezagado pues del 100 % de las niñas y niños en edad escolar, que son aproximadamente cuatro millones, un 49 % está fuera de las aulas.

Por Kalton Bruhl

—Debo ir a comprar las cosas para la cena —le dijo Sandra Nelson a su padre—. No tardaré demasiado. 

El señor Nelson sonrió curvando los labios hacia abajo. Tomó aire como si se dispusiera a decir algo, pero cerró los ojos y se limitó a suspirar con desánimo. Temía  quedarse solo porque pensaba que eran esos momentos los que esperaba su memoria para traicionarlo por completo. Sintió cómo sus ojos empezaban a humedecerse y se repitió en silencio que no debía llorar. Recordó una de las pocas veces que lo hizo sentado sobre las rodillas de su padre. Este acababa de decirle que debía marcharse. Eran días difíciles y los trabajos escaseaban. Viajaría a una ciudad más grande, donde existieran más oportunidades para un maquinista de trenes de carga. Los últimos meses apenas había realizado unos cuantos viajes. No podía continuar así. Él le pidió que no se marchara y se aferró a su cuello mientras le prometía que no volvería a pedirle dulces ni juguetes y le decía, entre sollozos, que podían romper juntos su hucha de barro. Su  padre le había revuelto cariñosamente el cabello. 

—Te prometo que será poco tiempo —le había dicho mientras se incorporaba y lo besaba en la frente antes de dejarlo sobre el suelo. 

Jamás lo volvió a ver. 

Le parecía increíble que pudiera recordar momentos que habían transcurrido décadas atrás y no fuera capaz de  recordar qué había desayunado esa mañana.

Miró a su hija. La primera vez que la sostuvo entre sus brazos, se juró a sí mismo que nunca la abandonaría. Ahora, de algún modo, estaba faltando a su juramento. Él también se estaba alejando, él también estaba a punto de emprender su último viaje. 

—¿Me estás escuchando? 

La voz de Sandra lo sacó de su ensimismamiento. —Perdona, ¿qué me decías? 

—Que regresaré pronto —dijo ella antes de cerrar la  puerta. 

El señor Nelson se levantó con dificultad de su sillón. Cada día le resultaba más difícil hacerlo. 

Se palpó el bolsillo de la camisa y frunció el ceño extrañado. Durante años había llevado su estilográfica en el mismo lugar. Se sintió algo incómodo al no encontrarla, pero simplemente se encogió de hombros. Llegó a la sala de estar y tomó el bolígrafo y el pequeño bloc de notas de la  mesita del teléfono. 

Adelantó los labios y comenzó a golpearse la sien con el bolígrafo. Había tantas cosas que quería compartir con su hija. Sabía que necesitaba escribirlo porque para  cuando ella regresara ya habría olvidado todo el asunto. Siempre creyó que sus propias palabras sonaban demasiado simples. Intentó, en vano, encontrar la frase adecuada entre  las gastadas notas de las canciones de su juventud o entre los amarillentos versos esparcidos en los rincones de su  memoria. Finalmente, cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró las palabras que buscaba. Dobló la nota y la oprimió en su mano. Regresó a su sillón y cerró los ojos. Sintió cómo los músculos de su cara comenzaban a relajarse con un agradable hormigueo. Antes de quedarse dormido miró la nota en su mano. No recordaba tenerla antes de sentarse. Reprimió el impulso de convertirla en una bolita de papel e hizo el ademán de colocarla en su bolsillo, pero lo  pensó mejor y siguió sujetándola entre el índice y el pulgar. 

Cuando despertó, Sandra estaba frente a él, sosteniendo una hoja de papel en la mano y haciendo inútiles esfuerzos por controlar el llanto. 

—¿Qué te sucede? —le preguntó alarmado. 

Ella no pudo responderle y se limitó a extenderle la nota.

Él la tomó con precaución. Debía ser algo espantoso. Sandra siempre había sido fuerte. No imaginaba qué podría  haberla hecho llorar. 

Comenzó a leer en voz alta: 

«No sé cómo empezar. Es tanto lo que quiero contarte y tan poco lo que recuerdo. Le pido a Dios que me permita, por lo menos esta vez, decirte lo que siento. Creo que la vida es como un enorme tren de carga. Se me viene a la mente la imagen de mi padre, con su gorra y su mono cubierto de grasa, conduciendo uno de ellos. Pero no es eso lo que quiero contarte. Creo que te decía que la vida es como un tren. En cada estación se van añadiendo más y más vagones y nosotros vamos llenándolos con recuerdos. A  veces un solo momento basta para llenar varios vagones. He vivido muchos años, tal vez demasiados. Tu madre ya se ha marchado, espero irme antes de que termine por olvidarla. No quiero ver sus fotografías sin saber quién es. No quiero despertar una mañana sin sentirme desolado al ver el espacio vacío a mi lado, sobre la cama. Quiero irme antes de que pueda escuchar su nombre sin que el dolor me oprima el pecho. Era hermosa, sé que lo era, pero ahora su imagen va y viene cuando cierro los ojos y deseo gritar porque no logro retenerla el tiempo suficiente. Cuando naciste tú, se añadieron docenas de vagones más. Era tan fácil llenarlos. Bastaba con tu primera sonrisa o con tu primera palabra. El orgullo es un pecado terrible, pero por lo menos me impide olvidar que fue «papá». Estoy seguro de que tu madre lo negaría. No puedo siquiera imaginar cuántas palabras se necesitarían para describir lo que sentí luego de tu primer beso en mi mejilla. Recuerdo una noche en que tenías una fiebre muy alta. No hablabas y no llorabas. Solo te quedabas viéndome, como pidiéndome en silencio que te curara, como  diciéndome que estabas segura de que no te iba a defraudar, porque yo era tu padre y podía hacerlo todo. No pude más que voltear el rostro para que no me vieras llorar, para que no descubrieras que tu padre era un hombre débil, que se  derrumbaba en un instante ante la idea de perderte. Ahora  vuelvo a sentir lo mismo. Mi tren ha perdido la mayoría de sus vagones. Quedan tan pocos. Me atemoriza la idea de que en la próxima estación desenganchen los que llevan los últimos recuerdos que guardo de tu madre y no quiero ni pensar qué sucedería si los que quitaran fueran los tuyos. Sé que ya no eres joven y me imagino lo difícil que te debe resultar cuidarme. Lo más sencillo hubiese sido dejarme en una casa de retiro y enviarme una tarjeta para mi cumpleaños y otra para la Navidad, ni siquiera hubieras tenido que preocuparte por algún reproche o por alguna llamada inoportuna, ya que, seguramente, lejos de ti, te habría olvidado. Te agradezco que estés conmigo. Te agradezco que no me hayas dejado solo ahora que mi tren ha cambiado de rumbo y viaja, ya sin retorno, hacia el olvido. Como siempre, he dejado lo más importante para el final. No sé si ya te lo he dicho, pero quiero que sepas que te amo mucho. Debería existir una ley que obligara a los padres a decírselo cada día a sus hijos. No recuerdo si a mí me lo dijeron. Sería una verdadera pena que lo hubiera olvidado». 

Cuando terminó de leer, el señor Nelson se mordió el labio, pensativo. 

—Me parece que esto ya lo había leído —dijo finalmente—. ¿Sabes quién lo escribió? 

—El hombre más maravilloso del mundo —le respondió Sandra. 

—Bueno, bueno, no es para tanto —añadió él, cerrando los ojos y masajeándose las sienes con las puntas de  los dedos—. ¡Ya lo tengo! —exclamó luego, con una sonrisa  triunfante—. Lo leí en unas Selecciones del Reader’s Digest. No recuerdo en qué ejemplar, pero estoy casi seguro de que fue en esa revista. 

Sandra empezó a reír. Su padre la miró desconcertado, pero terminó riendo junto a ella. Cuando terminaron las risas, ambos se quedaron unos momentos en silencio, mirándose a los ojos. 

—Bien —dijo Sandra, aclarándose la garganta y sorbiendo por la nariz—. Venía a despertarte porque la cena está lista. 

Extendió los brazos para ayudarle a su padre a  incorporarse. Le pareció extraño, pero podría haber jurado que su padre estaba más liviano. Quizás era por la tranquilidad de haber expresado sus sentimientos, librándose del peso de tantas palabras aprisionadas en su interior. Sandra cerró los ojos y pensó, agradecida, que su padre había logrado conducir su tren hasta la estación correcta y había entregado el contenido de sus últimos vagones a la persona adecuada. 

Vio a su padre, llena de orgullo. Realmente era un hombre maravilloso. 

Esta es una opinión de Karen Valladares*

 

El trabajo doméstico es una de las actividades más invisibles y peor remuneradas en nuestro país, en la región centroamericana y puedo asegurar que a nivel latinoamericano. El maltrato físico y psicológico que las  trabajadoras del hogar reciben no es reconocido legalmente casi en ningún país. Por ejemplo, el Código del Trabajo de Honduras, solo se refiere  a la mayoría de empleados de micro y macroempresas, muy poco muestra la forma de protección sobre el trabajo doméstico.

El artículo 149 del Código del Trabajo señala que «el servicio doméstico es el que se presta mediante remuneración a una persona que no persigue fin de lucro y solo se propone  aprovechar, en su morada, los servicios continuos del trabajador para sí solo o su familia». Sin embargo, esta ley no señala los derechos de las empleadas domésticas, quienes al igual que otras personas tienen derechos legales a un sueldo digno o un salario mínimo justo, seguro social, y todos los sueldos remunerados que la ley aplica a cualquier otro trabajador. En su caso, legalmente en Honduras no se acostumbra a hacer un contrato de trabajo escrito donde se estipulen los deberes y derechos del trabajador.

Lastimosamente, el salario máximo que se les paga a las trabajadoras domésticas es de tres mil o cinco mil lempiras. En Honduras, la mayoría de empleadas rondan entre los trece a veintisiete años de edad, con estudios primarios incompletos y la mayoría sin saber leer ni escribir. A muchos y muchas empleadoras parece no importarles que está prohibido contratar menores de edad para realizar cualquier tipo de trabajo, esto igual lo estipula el Código. Además muchas de estas trabajadoras domésticas realizan trabajos en horas extra no remuneradas.

El trabajo doméstico se convierte en un riesgo para sus vidas también, cuando surge la violencia física, verbal y psicológica, patrones que abusan sexualmente de ellas, entre otras cosas. La timidez, el miedo y sobre todo la falta de educación y la intimidación, hacen que estas personas guarden silencio total y no delaten que han sido violentadas. Parece ser que muchas desconocen que tienen los mismos derechos adquiridos constitucionalmente y que también cuentan con dos horas diarias de descanso intermedio (artículo 130 del Código del Trabajo). En ningún documento legal correspondiente a las reglas del trabajador se estipula que estas deben ser tratadas legalmente de forma diferente. Por otro lado, la Constitución de la República en su artículo 60 establece que todas las personas nacemos libres e iguales en derechos.

El Estado está en la obligación de buscar la igualdad, así lo dice la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en su artículo 5 dice que: «El Estado, por medio de sus órganos competentes, está obligado a promover la investigación científica sobre la igualdad de oportunidades y, debe crear o mejorar la producción; difusión y evaluación de los registros estadísticos, sobre la condición y situación de hombres y mujeres y su evolución en los distintos ámbitos de la vida social, con el fin de establecer periódicamente las prácticas de igualdad de oportunidades». De la misma manera, podemos relacionarlo con el artículo 6 de la misma ley: «El Estado, la sociedad civil y la mujer en particular, deberán procurar que el desarrollo normativo del principio de igualdad  de oportunidades y su interpretación en el ordenamiento jurídico, se haga con criterio de equidad, creando los mecanismos eficaces que garanticen plenamente los derechos de la las mujeres». 

Por otro lado, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Honduras en su capítulo 4 —desde el artículo 44 al 69— establece la protección y fomenta la igualdad de oportunidades en el trabajo y la seguridad social.  

En Honduras, un grupo de mujeres ha creado la Red de Trabajadoras Domésticas, para brindar apoyo legal y psicológico a estas personas pero se encuentran con un país que no ha tenido avances en temas de derechos laborales para ellas. Según el estudio Las leyes  sobre trabajo doméstico remunerado en América Latina, realizado en 2016 por ONU Mujeres, Honduras es uno de los países que no ha hecho modificaciones legales en cuanto al trabajo doméstico. No podemos decir que no se ha hecho un esfuerzo para que este trabajo no se haga notorio y sea más digno y mejor remunerado, pero acá al igual que en muchos países de Latinoamérica sigue siendo un tema invisible. 

Se ha dicho en pocos estudios que el trabajo doméstico es el trabajo más explotado, sobre todo cuando se trata de menores de edad, desde luego tal como lo dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la contratación de estas personas, se relaciona con la pobreza en las zonas rurales y sin  duda en el área central del país. También reconoce que el trabajo doméstico infantil y de mujeres adolescentes y mayores es visto, para ellas, como una oportunidad para poder migrar de la vida del campo a la ciudad. Bien sabemos, que el trabajo infantil ha requerido una negación nacional para la contratación del mismo, pero no ha sido posible en cuanto a la contratación del trabajo doméstico. 

En Honduras, la primera ley en hacer mención al trabajo doméstico fue el Código Civil. Con la entrada en vigencia del Código del Trabajo (publicado en el Diario Oficial La Gaceta en números consecutivos en el mes de julio de 1959), se establecen las condiciones que deben reunir las labores de cualquier persona para  ser consideradas del «servicio doméstico». El llamado trabajo doméstico es regulado en el Título III Capítulo II (Del Trabajo Sujeto a Regímenes Especiales) del Código, donde encontramos el  artículo 149 que establece que «servicio doméstico es el que se presta mediante remuneración a una persona que no persigue fin de lucro y solo se propone aprovechar en su morada, los  servicios continuos del trabajador para sí solo o su familia, sea que el doméstico se albergue en su casa o fuera de ella». Es importante decir que las trabajadoras domésticas también tienen derecho a vacaciones remuneradas, como todos los trabajadores.

Es necesario mencionar que el trabajo doméstico infantil en Honduras —y puedo casi asegurar que en toda la región centroamericana o mesoamericana— funciona legalmente de la misma manera. La extrema pobreza en Honduras y en nuestra región es un factor detonante para que niñas y mujeres vean como opción este tipo de empleo. Muchas de ellas, tienen la  necesidad incluso de migrar del país a países más cercanos como el Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc., mencionando la región mesoamericana. Puedo asegurar que el 50 % sufre violencia de género y discriminación en todo aspecto. 

El Código Penal, establece la violencia contra la mujer en los artículos 208, 209 y 210 del código mencionado, reformado actualmente, y da una terrible facilidad al agresor, para escaparse del cumplimiento legal por dicho delito. ¿Y por qué relacionar la violencia contra la mujer con el trabajo doméstico? Porque la mayoría, sino es que la totalidad de las personas en este trabajo son mujeres y como en todos los espacios corren el riesgo de sufrir violencia de género. 

Cabe aclarar, que  todo va relacionado con este tema y es necesario hacernos las siguientes preguntas: ¿cuáles serían las leyes que protegen a la empleada doméstica?, ¿debería formularse un proyecto de ley para la protección de la misma, tal como la red de empleadas domésticas de Honduras lo ha propuesto sin obtener resultado positivos?, ¿qué medidas se deberían aplicar al maltrato de estas, cuando se interpone la denuncia ante las autoridades correspondientes?, ¿cuáles son las  formas de fomentar la protección al empleo doméstico? 

Las empleadas domésticas son el rubro más vulnerable, menos protegido y el más explotado de la región centroamericana. Ellas dan sustento a sus familias sosteniendo a otras, haciendo un trabajo extenuante y mal remunerado, pero además sin conocimiento de que ese trabajo es esencial y de que ellas mismas son sujetas de derecho.  La conciencia debe comenzar en todos los hogares. 

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