El programa Fuerza Honduras, fue aprobado en el Congreso Nacional el 16 de julio, y consiste en un fondo de 250 millones de lempiras (10 millones de dólares) provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para montar centros de triaje y aislamiento en todos los municipios, excepto el Distrito Central y San Pedro Sula. Expertos señalan que esto debió hacerse antes y parece ser un último recurso para arreglar la incompetencia con la que se ha manejado toda la pandemia.
«Fuerza Honduras es una operación gigantesca y esto nos va a permitir construir algo que Honduras no ha tenido. Es una fuerza importante en lo que llamamos atención primaria en salud», señaló el presidente Juan Orlando Hernández, durante una cadena nacional cuando anunció el programa el pasado 13 de julio. Fuerza Honduras se hará con una inversión total de 460 millones de lempiras (18 400 000 dólares) en todo el territorio nacional, ya que las municipalidades contribuirán con una contraparte de 210 millones de lempiras (8 millones de dólares) correspondientes al 45 % del total de la transferencia municipal del mes de abril de 2020.
Para Juliette Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y empresaria farmacéutica, este programa es un intento desesperado por arreglar las malas decisiones tomadas desde el inicio de la pandemia. «Ahora quieren tapar agujeros tremendos que ellos mismos han generado, quieren curarse en salud dándoles a las alcaldías que desde el inicio dijeron que no tenían fondos. Lo primero que debieron haber hecho era identificar focos de contagio locales, como lo señalaban los médicos», señala.
Hasta el momento, 281 municipalidades han recibido 167 millones de lempiras (6 millones de dólares), ejecutados a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Hasta el 10 de agosto, Honduras ha destinado 5000 millones de lempiras (203 millones de dólares) para atender la emergencia por COVID-19.
El presidente Juan Orlando Hernández, a través de su cuenta de Twitter, el 5 de agosto, señaló que a través del programa Fuerza Honduras se contrató a 1532 profesionales de salud para realizar 190 brigadas médicas, y que además se comprarán 1399 tanques de oxígeno y se construirán 163 centros de triaje.
Las respuestas locales son diferentes
La municipalidad de la Lima, en Cortés, se encuentra entre las 10 alcaldías que más fondos recibieron con el programa Fuerza Honduras, con 2 920 000 lempiras (116 800 dólares). En la alcaldía aseguran que el programa les está ayudando a fortalecer el sistema de salud local al remodelar el espacio que pertenecía a la Casa de la Cultura como un centro de triaje, que estará completamente habilitado la próxima semana, pero que después de la pandemia se convertirá en una policlínica para atenciones generales.
La Lima, reporta 700 casos positivos por COVID-19, de una población de alrededor de 75 000 habitantes. Maycol Izaguirre, jefe de relaciones públicas de la municipalidad, señala que el triaje servirá para atender a 30 personas diarias, además contará con zonas de estabilización para pacientes leves o intermedios a los que se les dará 24 horas para estabilizarse, de lo contrario será remitido a los hospitales cercanos al municipio: el Mario Catarino Rivas, el Leonardo Martínez en San Pedro Sula y al Hospital de El Progreso.
«Estos fondos de Fuerza Honduras se están utilizando para la compra de insumos, la cual ya se hizo, y el pago de planilla de cada uno de los médicos que fueron seleccionados coordinadamente por el departamento de recursos humanos de la alcaldía y con Mario Figueroa, coordinador de salud del municipio de parte de la Secretaría de Salud», señaló Izaguirre.
De igual manera, en el oriente del país, en Danlí, municipio de El Paraíso, se recibió 2 188 000 lempiras (87 000 dólares), con lo que habilitó el centro de triaje ubicado en la Escuela Pedro Nufio, en donde se podrán atender hasta 550 personas diarias.
El encargado de operaciones de la oficina del comisionado especial para el Manejo de la Emergencia, Julio Quiñónez, informó que el centro cuenta con 6 clínicas de atención médica, espacio para toma de muestras, farmacias y un área de espera con capacidad para 70 personas que serán atendidas por 110 empleados que laboran en el centro, contratados bajo el programa Código Verde y la alcaldía municipal.
«Aquí se estará dando el servicio de entrega del tratamiento MAIZ, la toma de pruebas rápidas, la atención médica y una amplia zona de estabilización con sus respectivos tanques de oxígeno y manómetros». Quiñónez señaló que buscan descongestionar el Hospital Regional Gabriela Alvarado.
Sin embargo, la situación de respuesta no es la misma para todas las municipalidades. En la alcaldía de Opatoro, en el departamento de La Paz, apenas se desembolsó 338 000 lempiras (13 520 dólares) para la creación de centros de triaje y brigadas médicas. Aunque no reportan casos positivos oficialmente y su población es pequeña, ronda los 8000 habitantes, de empezar a tener contagios podría significar que los casos graves no lleguen a tiempo a hospitales.
Juliette Handal, señala que los centros de triaje «tal vez sirven porque algunos están con camas que pueden atender mientras hay un espacio y alguien se muere en los hospitales. Eso de verdad que es lamentable».
En Opatoro apenas cuenta con 5 Centros de Salud con Médico y Odontólogo (Cesamo), que tienen condiciones mínimas para la atención general. En el municipio no existe un hospital, y el más cercano, el Hospital Doctor Roberto Suazo Córdova, se encuentra a 72 kilómetros de distancia, en la cabecera departamental La Paz.
Oneyda López, regidora de Opatoro, reconoce esta situación: «como municipio no tenemos las condiciones para atender, no lo pudieron mantener en países de primer mundo y mucho menos nosotros».
López señala que hasta el momento la municipalidad se dedica a establecer puntos de control en las entradas y salidas del municipio, a colocar en aislamiento domiciliario por 14 días a las personas que ingresan y a proveer de alimentos a familias con el programa Honduras Solidaria que ha llevado raciones para 2809 familias en la zona.
Programas asistencialistas previo a las elecciones aumentan la deuda
Las primeras 3 alcaldías que más fondos han recibido para el programa son Choloma y Villanueva en Cortés y El Progreso en Yoro. El caso de esta última alcaldía es parte de una de las 16 líneas de investigación que el Ministerio Público realiza por compras en la pandemia. La investigación en El Progreso es por la supuesta sobrevaloración de las bolsas solidarias entregadas por medio del programa Honduras Solidaria.
Una de las irregularidades denunciadas es la aprobación de un contrato entre la municipalidad y la empresa Inversiones y Suministros Bonilla Alberto, propiedad de Héctor Bonilla, para la compra de 16 productos diferentes para incluir en la bolsa solidaria por 7 millones de lempiras (280 000 dólares). Bonilla fue candidato a diputado suplente, por el Partido Nacional, en las elecciones de 2017.
Los denunciantes señalan que además la empresa no cumplía con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado y que además es intermediaria para adquirir los productos con otro tipo de empresas.
Recomendamos este video sobre el caso en El Progreso, Yoro:
Para el programa Honduras Solidaria, el gobierno desembolsó a las alcaldías 708 658 000 lempiras (28 millones de dólares) para atender a más de 700 000 familias en 2 fases.
A un año de las próximas elecciones en el país, Handal, señala que el programa Fuerza Honduras podría llegar a utilizarse con fines políticos, para ayudar a cada estructura política que tienen los alcaldes en Honduras.
Los fondos públicos en Honduras ya han sido investigados por sus vínculos con campañas políticas, por un lado, se utilizan para el asistencialismo a cambio de votos. Por otro, han sido parte de malversación, como en el caso Pandora, una investigación de la Maccih y la Ufecic, que reveló corrupción en el desvío de fondos estatales a través de organizaciones no gubernamentales, para financiar las campañas políticas del Partido Nacional y Liberal en 2013. El 4 de agosto, la Corte de Apelaciones decretó sobreseimiento definitivo a 22 de 38 implicados.
Para la atención de la emergencia, desde abril, el Congreso Nacional aprobó que el gobierno pudiera gestionar préstamos hasta por 2500 millones de dólares. Roxana Rodríguez, viceministra de Finanzas, detalló que se han desembolsado 373 millones, de los cuales 235 se han ejecutado para la pandemia.
Además del programa Fuerza Honduras, el 31 de julio, el gobierno suscribió con el BID un préstamo por 59 millones de dólares para el Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, que será ejecutado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (Sedis) y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Sesal).
Este monto se pretende utilizar para el fortalecimiento de la oferta de servicios educativos, pero también para el programa Vida Mejor, a través de transferencias monetarias condicionadas.
La viceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Liliam Rivera manifestó: «esta es una operación que está enmarcada dentro del financiamiento aprobado por el Congreso Nacional de los 2500 millones de dólares, destinado para el programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19 y de reactivación económica, tiene unas condiciones financieras bastante favorables con una tasa de interés libor de 6 meses más 1.75 % de interés con un plazo de 40 años para amortizar la deuda y un período de gracia de 5 años».
Ismael Zepeda, del Foro Social de Deuda Externa (Fosdeh), dijo en una publicación en la página de Facebook del Fosdeh: «en este momento se están tapando muchos baches con nuevo endeudamiento, sin tener un sacrificio real por parte del gobierno. Existirán secretarías que van a necesitar, no solo el presupuesto aprobado, sino hasta se puede hablar de duplicar fondos, eso sería viable siempre y cuando se vea reflejado en la realidad y el bienestar de la población, aunque a este día no se ha visto ningún bienestar en la población, sino solo sufrimiento».
Del presupuesto total ejecutado, una gran parte ha sido foco de serios cuestionamientos sobre irregularidades, entre ellos la compra de 7 hospitales móviles que realizó Invest-h por un monto de 1200 millones de lempiras (48 millones de dólares) a Elmed Médical, una empresa que hace un par de semanas fue denunciada por la empresa SDI Global LLC por presunto fraude, la sobrevaloración en compras de insumos médicos y las 250 000 pruebas de COVID-19 que se dañaron estando en bodega.
«El sistema de salud ha estado en completo abandono, nos pone a pensar que estas decisiones podrían vincularse a las intenciones de privatizar la salud. En lugar de hacer lo más lógico, que era fortalecer la estructura que ya teníamos. De haber gastado menores cantidades, tendríamos menos contagios y muertes», finalizó Handal.
