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Los afortunados en la crisis

Texto: Fernando Silva

Fotografías: Martín Cálix

Avaros y egoístas, son los adjetivos que Juan Orlando Hernández utilizó para describir a empresarios de la industria de la salud que venden mascarillas —a precios más elevados de lo normal— durante la crisis por el COVID-19. Sin embargo, su llamado a la regulación de los precios dista de ser la realidad en las gestiones que su propio gobierno está realizando: compras sobrevaloradas, empresas opacas y adquisición de equipo inapropiado.

Un ejemplo de las irregularidades es que esta semana se dio a conocer una orden de compra por 88 millones de lempiras (3,5 millones de dólares), ejecutada por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) para adquirir de la empresa Access Telecom equipo de bioseguridad. Access Telecom es una empresa ubicada en Estados Unidos con rubro principal en venta de celulares y accesorios electrónicos. En el documento público de esa orden de compra, se consta el nombre de Arturo Osmond Maduro Zelaya, de 50 años y sobrino del expresidente Ricardo Maduro. Sin embargo, Marco Bográn, director de Invest-H, aseguró después que había sido un error colocarlo como contacto en la orden de compra ya que «no tiene ninguna responsabilidad y no es parte de la empresa». Esta investigación revela que Arturo Maduro, sí ha estado vinculado con la empresa Access Telecom que, según denuncias de empresarios nacionales, habría sobrevalorado el precio de los implementos de bioseguridad hasta por un 100 %.

Dentro de la «carpa covid» en el Hospital Escuela Universitario, Felipa Cálix de 53 años desinfecta su una careta de plástico que forma parte de su equipo de bioseguridad para atender a los pacientes que son sospechosos de haber contraído Covid-19, Tegucigalpa, 16 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

***

En una entrevista del 15 de abril, en el noticiero TN5, Bográn cuestionó a quienes preguntan sobre los procesos de compra que están llevando en Invest-H, a pesar de que desde su creación como unidad operativa del gobierno en 2005, nunca se habían dedicado a proyectos del rubro médico. Ahora tendrán que administrar aproximadamente 3700 millones de lempiras entre fondos nacionales y préstamos de organismos internacionales. «¿Cómo es posible que nos pregunten si estamos adquiriendo los insumos a tiempo y a buen precio?, en este momento en el mundo se está adquiriendo lo que se puede», aseguró Bográn, ante la ola de críticas que surgieron en redes sociales cuando publicaron las órdenes de compra que habían realizado, incluyendo el nombre de las empresas con las que habrían adquirido hospitales de aislamiento, ventiladores mecánicos y equipo de bioseguridad.

En apariencia, las ocho empresas involucradas en este proceso parecen no tener irregularidades. Sin embargo, en la compra de insumos de bioseguridad destinados a la Secretaría de Salud, aparece el apellido Maduro como contacto de la empresa Access Telecom, un apellido muy conocido en Honduras. Ricardo Maduro Joest fue presidente de la República entre 2002 y 2006, reconocido por la condonación de la deuda externa, que se logró en su mandato, y la aplicación de cuatro ajustes fiscales que buscaron «rescatar la economía» que se había hundido a raíz del huracán Mitch en 1998. Ahora, Arturo Maduro, un familiar cercano que asiste a todos los eventos sociales donde la familia del expresidente y empresario se presenta, fue el enlace para que Invest-H contactara a la empresa basada en Estados Unidos.

Bográn aseguró en una entrevista que «hubo una confusión, ya que la Secretaría de Salud pasó sus proveedores de insumos y entre ellos venía una empresa estadounidense que había contactado el señor Arturo Maduro, a quien quiero eximir de cualquier responsabilidad. Lastimosamente pensábamos que esta persona, que simplemente mandó el contacto de la empresa estadounidense que ofrece mascarillas, era parte de la empresa y no lo es. Públicamente quiero eximirle de esa responsabilidad, porque no tiene ningún cometido, el error fue nuestro en haber colocado el nombre de esta persona en la orden de compra». Sin embargo, la excusa del error tiene varias inconsistencias.

En primer lugar, el vínculo de Arturo Maduro con la empresa mencionada es mucho más fuerte que el de solo haber sido el contacto casual para ofrecer mascarillas. Según su sitio web y registros abiertos de compañías a nivel mundial, Access Telecom fue fundada en 1999 y su presidente actual es Abraham Benhamu. Su dirección es el local 82 de un edificio en la 97 avenida en el noreste de la ciudad de Miami, Florida. En ese mismo edificio, pero en el local 80 funcionó, de manera activa, entre 2015 y 2017 Distelsa LLC (Limited Liability Company), presidida por Arturo Maduro.

Sin embargo, el vínculo entre el familiar del expresidente y la empresa viene de antes de que compartieran edificio. El 10 de septiembre de 2014, Arturo Maduro participó como miembro del equipo de Access Telecom en la feria de tecnología CTIA en Las Vegas, Nevada y en 2005 inscribió en el registro público de El Salvador a la empresa Teleamerica (razón social de Access Telecom en Centroamérica). En Honduras, Arturo Maduro está relacionado con al menos diez empresas, una de ellas dedicada al comercio y distribución de celulares.

Por otro lado, Bográn describe que Access Telecom fue referida por la Secretaría de Salud como oferente de mascarillas, a pesar de que su rubro es muy diferente pues se dedican al comercio y distribución de celulares, tabletas digitales y accesorios electrónicos. Hasta el momento no hay información de que esta empresa realmente sea un proveedor de insumos médicos para el gobierno hondureño.

Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, se refirió a esta compra como sobrevalorada. Aseguró que empresarios del norte del país cotizaron las mascarillas y guantes. Confirmaron que con esa misma compra desde China —sumándole los costos por envío y las ganancias—, se podrían vender las mascarillas a la mitad del precio reportado en la mencionada compra hecha a través de Access Telecom. «Esta orden de compra que suma 3,5 millones de dólares, se pudo haber vendido a la mitad en 1,7 millones de dólares. Imagínate cuánta gente se pudo haber alimentado, comprar medicina, cuánto equipo se pudo haber comprado», lamentó Barquero, en una entrevista en un programa de televisión.

Ante los señalamientos, Invest-H emitió un comunicado en el que asegura que todas las compras fueron realizadas en el marco de la ley y que los 62,8 millones de dólares ejecutados hasta el momento han estado bajo la observación del Fondo Nacional de Convergencia (Fonac) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), dos organizaciones altamente cuestionadas por su actuar debido a su  afinidad con el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, niega que hayan participado en la veeduría de las compras realizadas por Invest-H y asegura que lo que han realizado hasta el momento es el «diseño de una estrategia para hacer un trabajo de veeduría y acompañamiento en los procesos que ellos van a hacer de aquí para adelante. Sin embargo, lo que nosotros le hemos pedido (a Invest-H) es que nos den toda la información que ellos tienen referente a las compras que han hecho, que son justamente respiradores y los hospitales móviles. Nos han provisto toda la información y nosotros con eso estamos generando un informe». Carlos Hernández dice que si hay una unidad del gobierno en la que se puede confiar es Invest-H porque es «uno de los mejores ejecutores del país, ya que es un híbrido entre lo privado y público». La confianza es mutua, pues los funcionarios del gobierno están descargando las preocupaciones de transparencia de la población en esta organización —ASJ—, que también funciona como capítulo en Honduras de Transparencia Internacional.

Por otro lado, Bográn señaló al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como una institución que «se está aprovechando del amarillismo, para dar a entender que en Honduras estamos en una secuela de corrupción en medio de la pandemia». Según su página web, el CNA ha presentado 101 casos relacionados con corrupción estatal desde su fundación. El pasado viernes presentaron la investigación La corrupción en tiempos del COVID-19, donde por  medio del análisis  comparativo de los precios  establecidos en el portal de  transparencia de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y  los precios de mercado incluidos en el informe de compras de emergencia del Poder Judicial, identificaron una diferencia de 3,6 millones de lempiras en la compra de equipo de protección de su personal. Gabriela Castellanos, directora del CNA, publicó en su cuenta de Twitter que «mientras todos estamos encerrados en casa, en Honduras, los corruptos quedan en libertad: bienvenidos a la cuarentena de la impunidad».

En el baño móvil de la «carpa covid» del Hospital Escuela Universitario, un rótulo indica que es de uso exclusivo para el personal de la carpa, Tegucigalpa, 16 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

¿De dónde sale el dinero?

De acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el presupuesto utilizado para atender la emergencia hasta el momento es de 2949.1 millones de lempiras ($188,8 millones). La cifra corresponde a fondos del Presupuesto General de la República 2020 que se han reorientado para la emergencia. Estas medidas forman parte del decreto ejecutivo PCM-020-2020, publicado el 16 de marzo en La Gaceta, que detalla austeridad y contención del gasto en todas las instituciones del sector público. Esas medidas incluyen la reducción de todos los presupuestos que no pertenecen a salud, educación, energía, seguridad y defensa para obtener el 2 % del total aprobado para 2020.

Hugo Noé Pino, doctor en economía y miembro del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IIPP), asegura que lo preocupante de toda la aprobación de fondos para atender la pandemia y también para «impulsar la economía» después de la crisis, es que «el gobierno se maneja en forma muy poco transparente, porque anuncia un plan, pero no dice en qué se van a invertir las cosas ni la fuente de los recursos para que se pueda dar el seguimiento correspondiente».

Las inversiones más significativas durante la pandemia están a cargo de Invest-H, que se encarga de nueve proyectos de infraestructura vial con fondos de bancos internacionales, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) que normalmente se encarga de situaciones de emergencia climática y la Secretaría de Salud, que se ha limitado a realizar compras de equipo de protección personal y medicamentos. Sin embargo, de ninguna institución queda claro el destino final de las adquisiciones.

El Hospital María ha sido uno de los centros seleccionados como centros de atención directa de la pandemia, y aquí se ha instalado una carpa de recepción a las personas que ingresan al centro hospitalario, donde se les toma la temperatura y se les hace un breve cuestionario verbal, Tegucigalpa, 15 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

De acuerdo con Hugo Noé Pino, se está recurriendo a estas instancias, que no tienen experiencia en este tipo de situaciones, porque que el gobierno mismo se ha encargado de «desmantelar» las instituciones del estado que sí tendrían esa experiencia. «Por ejemplo, uno de los problemas que yo miro es que Invest-H fue creado con el objetivo de hacer inversiones estratégicas y le pasaron todo el presupuesto que existía en el fondo vial. Yo no sé, hasta ahora, si tiene la capacidad operativa de dedicarse a todos los otros proyectos que tenía en carreteras y ahora simultáneamente dedicarse a la pandemia».

De igual forma, la doctora Ligia Ramos, miembro del Colegio Médico de Honduras (CMH), asegura que «quien debería rectorar cómo le estamos haciendo frente a la pandemia debería de ser la Secretaria de Salud, ya que por ley es la Secretaría que lleva ese mandato. Estas instituciones deberían ser un apéndice solo para dar un poco de ayuda. No deberían estar teniendo control de las decisiones, de las publicaciones ni de todo lo que conlleva insumos médicos para hospitales, ni estrategias ni nada de eso».

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Integrantes del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y otros miembros de la sociedad civil, denunciaron esta semana en sus redes sociales que Copeco había comprado televisores, cafeteras, dispensadores de agua y otros equipos con precios sobrevalorados. La denuncia se hizo basada en la información publicada en la página web que la Secretaría de Finanzas habilitó para la transparencia de los fondos ejecutados. Sin embargo, autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) aseguraron que lo presentado en el portal solo eran precios de referencia y que aún no han comprado el producto.

Ante las negativas sobre la existencia de gastos sobrevalorados, la Secretaría de Finanzas emitió un comunicado en el que señalan que «la ejecución real presentada en el sitio web de la Secretaría de Finanzas fue proporcionada directamente por Copeco y las demás instituciones ejecutoras. Por lo tanto, de existir discrepancias en los datos proporcionados la responsabilidad de ello es totalmente de cada institución». Todo este enredo condujo a que el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público iniciarán procesos de investigación al personal de Copeco. Además, salió a la luz pública un oficio de la Secretaría de la Presidencia en el que se ordenó la suspensión del titular de la dirección administrativa de la institución, Cristian Elías Santelli.

El doctor José Padilla de 32 años desinfecta la entrada a la «carpa covid» en el Hospital Escuela Universitario, esta carpa únicamente sirve para la identificación primaria de los posibles casos positivos por coronavirus, luego son remitidos a los centros de atención de la emergencia, Tegucigalpa, 16 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

Además de su cargo en Copeco, Cristian Santelli funge desde 2015 como representante legal de la organización  no gubernamental de desarrollo, denominada Asociación Vivienda Benéfica Hondureña (Vibeh). Entre 2015 y 2019, esa organización recibió un aproximado de 19,6 millones de lempiras como parte de cinco convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para la construcción de techos, letrinas y pisos del programa Vida Mejor —un programa asistencialista del gobierno que ha sido señalado por servir para proselitismo político y por actos de corrupción que involucra a fundaciones que pertenecen a la familia del presidente Hernández con la que han recibido más de tres mil millones de lempiras—.  A pesar de manejar millones de lempiras, Vida Mejor no cuenta con página web y su portal en Facebook apenas tiene una publicación.

Lea más en el reportaje Los expedientes perdidos de la primera dama

Santelli fue el encargado de aprobar una compra por 2,3 millones de lempiras a la empresa GNM Corporación, que incluía camas unipersonales, televisores de 32 pulgadas, lavadoras y secadoras, entre otros artículos que supuestamente servirían para los pacientes aislados por el COVID-19. En un comunicado, Copeco publicó las facturas de cada empresa, incluyendo la de GNM, y aunque los rangos de precio parecen normales, una búsqueda un poco más exhaustiva muestra otras irregularidades. El número de teléfono de la empresa no parece funcionar. Al llamar a la empresa contigua que aparece en la dirección de la factura, el encargado dice que lo que hay en el lugar indicado es una bodega de dónde sacan bolsas cada cierto tiempo. El hombre, con asombro en su voz, no cree que allí se encarguen de vender electrodomésticos y asegura que las oficinas de los encargados se ubican en otro lugar por lo que es casi imposible contactarlos.

Un empleado de limpieza vestido con equipo de bioseguridad y una bomba de desinfección rocía una mezcla de agua, detergente y cloro en los pies de las personas que ingresan al Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, 14 de abril de 2020. Foto: Martín Cálix.

Sobre las compras efectuadas por Copeco, Carlos Hernández de ASJ dice que tampoco han hecho algún proceso de veeduría, aunque ya se han acercado a los titulares de la institución para iniciar el acompañamiento. «La condición nuestra para hacer un trabajo de veeduría a partir de ahora, es que nos puedan proveer toda la información de lo que han comprado en el marco de la emergencia. Ya en la primera reunión que tuvimos con ellos se les dijo que necesitamos la información, si no dan la información, toda la información, lo vamos a decir y no vamos a acompañar el proceso de veeduría», asegura.

Sobre este acompañamiento, Ligia Ramos asegura que deberían ser otras instituciones las encargadas de fiscalizar el proceso. «Ellos se han vuelto parte de todo lo que hace el gobierno, ellos más bien han acompañado al gobierno en un montón de cosas que no están correctas, entonces no creo que tenga moral para decir lo que dicen. No cuentan con la credibilidad de la población y yo no creo en ellos y en vez de ayudar a que se mejorará el sistema de salud han sido cómplices de lo que ha venido ocurriendo», asegura.

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Ante las denuncias de corrupción el presidente Hernández en una conferencia de prensa, el 14 de abril, aseguró que «no vamos a permitir que un malnacido venga y abuse de los recursos del pueblo hondureño». Mientras tanto los funcionarios de gobierno siguen mintiendo y las influencias construidas en ocho años de gobierno siguen evidenciándose.

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Comentarios

  • Nelson
    REPLY

    Felicidades excelente articulo unavez más muestra su calidad periodistica.

    Increible cómo el gobierno está beneficiando a sus allegados al final los fondos del COVID 19 quedara entre las familías que siempre han sangrado a nuestro pais.
    Contratos y compras amañada.

    25 abril, 2020

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