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Honduras: un estado democrático de protección criminal

«De 2004 a 2020, múltiples organizaciones de narcotráfico trabajaron juntas para llevar cocaína hacia Estados Unidos vía aérea o marítima desde Colombia, pasando por Honduras gracias al apoyo de prominentes políticos y la complicidad de las fuerzas de seguridad del país». Así está escrito en el relato de un agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la acusación en contra del hondureño Geovany Fuentes Ramírez, que ha sido capturado de manera reciente en Estados Unidos y acusado por conspiración para introducir cocaína, traficar armas y materiales explosivos a ese país. Fuentes Ramírez es un hilo más de la red que ha ido destapando el juicio en contra de Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente hondureño, condenado por los mismos delitos que le imputan a Geovany y con quien este último habría hecho tratos que involucran al presidente Juan Orlando Hernández. Casa Presidencial indicó en un tweet, a pocas horas de ser pública la acusación del Distrito Sur de Nueva York, que ese vínculo expuesto por un presunto narcotraficante también «es 100% falso».

Según los documentos del juicio contra Tony Hernández, en una corte federal estadounidense, desde el 2004 estuvo involucrado en producir y distribuir toneladas de cocaína. Usaba aviones, lanchas y, por lo menos en una ocasión, un submarino. Tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia. A veces proveía seguridad fuertemente armada a los narcotraficantes, la misma que, en repetidas ocasiones, era brindada por policías hondureños. Esto se repitió en la acusación contra Fuentes Ramírez tras su captura en Miami agregando que el testigo al que llaman CC4 (Tony Hernández) se habría reunido con Fuentes Ramírez para acordar el pago de 25 mil dólares a cambio de protección y dejar claro que su hermano (el presidente Hernández) era con quien debía reportarse para asuntos de traficar drogas. Aún se está a la espera de la sentencia de Tony Hernández en una corte de Estados Unidos.

En 2004, cuando el Gobierno Federal Estadounidense dice que el negocio ilícito de Tony iba tomando impulso, el presidente de Honduras era el nacionalista Ricardo Maduro, quien implementó la política de «mano dura» contra la delincuencia. Bajo su misma administración se creó la reforma al Código Penal que dio paso a la llamada Ley Antimaras que legitimó, a lo largo de todos estos años, la encarcelación de miles de hombres jóvenes de los barrios marginales. El ministro de seguridad era Óscar Álvarez quien a su vez tenía un policía de confianza en la zona norte del país: el comisionado Leonel Sauceda, recientemente capturado por lavado de activos.

Sauceda fue un hombre de confianza para Óscar Álvarez (ministro de seguridad en dos administraciones de 2002 a 2005 y de 2010 a 2011), tanto que tuvo la oferta de escoger el cargo que él quisiera conforme a su rango. Pero se negó a eso y continuó en su cargo, eso lo relató él mismo a medios de comunicación nacional. Ahora, Sauceda tiene dos semanas de estar en prisión acusado por lavado de activos por no poder justificar de 2006 a 2017 el manejo de más de 13 millones de lempiras (aprox. USD 500,000), en trece cuentas bancarias a su nombre.

Raúl Pineda, analista hondureño, exdiputado por el Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional, asegura ―ahora alejado de su partido― que esto obedece a la agudización del conflicto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional impulsado por Hernández para garantizarse la continuidad en el poder.

«Los militares se han tragado a la policía, entiendo que la posición de las Fuerzas Armadas es reducir la Policía a su mínima expresión y dirigirla de manera directa, para eso se ocupa primero una campaña de desprestigio y por eso este policía recluido (Leonel Sauceda) va preso, no tanto por lo que hizo sino porque es el oficial más mediático de la policía y si él es malo, toda la policía es mala», dijo Pineda, y agregó que la reelección para Juan Orlando es la opción de mantenerse impune ante cualquier posible acusación de Estados Unidos y para esto, requiere negociar con las Fuerzas Armadas.

Pero Sauceda no es una excepción. Desde antes, la Policía hondureña ha sido señalada por corrupción, asesinatos extrajudiciales y complicidad con narcotraficantes, tanto que en 2016 comenzó un proceso de depuración policial que no ha satisfecho las demandas de la sociedad civil.

En el artículo La depuración que triunfó, publicado en Contracorriente en febrero de 2020 se narra la cronología de la crisis policial:

«La Policía Nacional en Honduras, desde su creación a través de la ley orgánica en 1988, ha mantenido grietas institucionales que impidieron su consolidación y el desarrollo de la confianza ciudadana, al menos eso indican las valoraciones de un informe del Wilson Center presentado en mayo de 2019. Ese informe también identifica la crisis política de 2009 y la inclusión de elementos de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) ―institución militar en tareas policiales― como elementos que contribuyeron la debilidad institucional que llevó, entre otras razones, a que en 2012 los índices de confianza pública en la policía cayeran a un 28.7 por ciento. Ese mismo informe señala la infiltración de la policía por el crimen organizado.

El asesinato de dos jóvenes universitarios (uno de ellos hijo de la rectora de la UNAH en ese momento) en 2011 y los señalamientos de que altos mandos de la policía estuvieron involucrados en los asesinatos del ex asesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde y el zar antidrogas, Julián Arístides González, impulsaron en el país un movimiento de diversas organizaciones de sociedad civil que, entre otras cosas, dio como resultado un proceso de depuración y reforma de la Policía Nacional. En 2012 fue creada la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), la cual fue rápidamente disuelta para dar paso a una comisión depuradora, que según datos del excomisionado Omar Rivera, depuró hasta la actualidad aproximadamente a 6.500 policías».

Óscar Álvarez ofreciendo entrevista a los medios al finalizar una movilización del Partido Nacional en apoyo a Juan Orlando Hernández, Tegucigalpa, 28 de noviembre de 2017. Foto: Martín Cálix.

Golpe a la democracia y paz al narco

En 2009, cuando Honduras estaba convulsionando por el golpe de Estado, Geovanny Fuentes establecía un laboratorio de cocaína en el norte de Honduras, en el departamento de Cortés, según el testimonio de la DEA. En ese mismo año, Fuentes sobornaba a miembros de la Policía Nacional que podían garantizarle la seguridad para su negocio. La Policía Nacional permitió la producción y el tráfico de cocaína mientras reprimía violentamente las manifestaciones en contra del golpe de Estado. El tráfico de drogas y violaciones a Derechos Humanos siguen impunes.

En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escribió en su reporte de Honduras que «como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para reprimir manifestaciones públicas, se produjo la muerte de al menos 7 personas. De acuerdo a la información recibida, no se observa que las investigaciones internas presenten avances sustanciales en cuanto a la identificación y sanción de los responsables». El golpe de Estado distrajo las miradas permitiendo que el narcotráfico se intensificara.

Sin embargo, de 2009 a 2012 comenzaron los conflictos entre carteles, asesinatos de enemigos públicos: el zar antidrogas, Alfredo Landaverde, periodistas, y otros narcotraficantes no tan públicos con los que peleaban territorio. En ese periodo también se intensificaron las operaciones de la DEA en conjunto con las fuerzas de seguridad hondureñas. El programa de colaboración de la DEA con el Estado de Honduras en 2012 era conocido como el Foreign-deployed Advisory Support Team, o equipo de asesoría con despliegue en el extranjero. Sus integrantes recibieron entrenamiento militar para combatir a traficantes de opio vinculados al Talibán en la guerra de Afganistán, pero después se expandió a América Latina con el fin de combatir el narcotráfico trasnacional. Este programa fue conocido por provocar la masacre en la que murieron personas inocentes confundidas con narcotraficantes en la Moskitia hondureña.

La lucha contra el narcotráfico no ha sido buena medicina. Según Dana Frank, Profesora emérita de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, el Comando Sur continúa utilizando la retórica de «combatir a los narcotraficantes», mientras trabaja en estrecha colaboración con ellos para justificar sus presupuestos y competir con otros comandos regionales.

«El gobierno de los Estados Unidos, a niveles múltiples, incluido el Departamento de Estado, la Casa Blanca, la DEA y el Comando Sur de los EE. UU., conoce muy bien la evidencia que establece que el gobierno de Honduras está entrelazado con narcos. EEUU está eligiendo deliberadamente mirar hacia otro lado, al servicio de sus objetivos ideológicos y geopolíticos globales, utilizando a Juan Orlando Hernández para atacar a los gobiernos de Venezuela y Bolivia, apoyar al régimen de derecha en Israel y luchar por nuevas guerras frías con China y Rusia, todos en servicio a las corporaciones transnacionales que dirigen la política exterior de los Estados Unidos. Si bien la prensa estadounidense ha presentado claramente la evidencia creciente y persuasiva de que el gobierno hondureño y sus fuerzas de seguridad están dirigidas por narcos, el liderazgo del Congreso de los EE. UU., especialmente del Senado, sigue apoyando en silencio la colaboración estadounidense con JOH. Hasta que el Congreso hable enérgicamente, la Administración Trump y el Comando Sur tienen un boleto libre para hacer lo que quieran», dijo.

Un agente de la Policía Nacional de Honduras lanza una bomba lacrimógena durante una enfrentamiento con manifestantes que exigen la renuncia de Juan Orlando Hernández luego del resultado del juicio en Nueva York de Tony Hernández por cargos relacionados con el narcotráfico, Tegucigalpa, 24 de octubre de 2019. Foto: Martín Cálix.

En 2013, año de los comicios electorales que de alguna manera dejaban atrás la transición después del rompimiento constitucional, Tony Hernández aparece en el escenario criminal no solo como traficante sino como línea directa con el próximo presidente de Honduras, su hermano y el hombre con más poder político en el país que, aun sin ganar las elecciones, pero siendo presidente del Congreso Nacional, ya había modificado lo que le convenía, incluyendo la Corte de Constitucionalidad. Juan Orlando Hernández iba a ser presidente y en su territorio toda actividad debía reportarse a él. Tony prometió seguridad a cambio de dinero.

De 2013 a 2017, la convulsión social fue provocada por la exposición pública de la corrupción, el desfalco al IHSS reveló la vinculación del presidente Juan Orlando en un acto repudiable por todos, sobre todo la clase media del país. El dinero producto de la corrupción llegó a la campaña electoral y la ciudadanía pidió una comisión internacional contra la corrupción, algo parecido a la CICIG. Esto demostró que la gente ya no confiaba en sus instituciones que, aunque la mancha del golpe de estado parecía haberse limpiado con las elecciones, la huella era más profunda. Juan Orlando Hernández respondió, con el apoyo de la OEA, instalando a la MACCIH. Hubo reducción de homicidios, y en ese periodo de movimiento cívico, pacífico y controlado, no hubo ni un muerto en las protestas, ni abusos policiales, ni violaciones a Derechos Humanos. Detrás del escenario político en el que un gobernante negocia la lucha anticorrupción como salida a la crisis, sucedían otras cosas: la caída del imperio Rosenthal, la entrega en Estados Unidos de los capos del cartel de Los Cachiros, la reducción del espacio de acción de una pandilla para la expansión de otra, la depuración policial en su apogeo.

Todas las piezas no fueron movidas en vano. En 2017 Juan Orlando Hernández se reeligió declarando inconstitucional la misma Constitución de la República, en unas elecciones denunciadas internacionalmente por ser fraudulentas. Esta vez el movimiento ciudadano no fue controlado, hubo más de 20 muertos durante las protestas postelectorales y cientos de personas en prisión. Hernández se mantuvo firme con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, al parecer a cambio de las aproximadamente 20 extradiciones que según recuento de medios de comunicación se han dado hasta 2018 y los acuerdos para frenar la migración.

Por su parte, Frank asegura que «el precedente establece que Estados Unidos no acusará a un presidente de turno hasta que deje el cargo. Se puede suponer que el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York ha compilado la evidencia necesaria para acusar a JOH una vez que deje el cargo. Pero esos fiscales sirven a voluntad del Fiscal General, que responde a Trump, o a su sucesor. Hay investigaciones sobre lavado de dinero ―por ejemplo, los Rosenthal y Tony Hernández― pero parece que no haber voluntad política para investigarlo de manera amplia y profunda».

El tráfico de drogas se estabilizó y el gobernante superó la crisis. La democracia, en cambio, no garantiza que los hondureños se queden en el país.

Los migrantes: una carta bajo la mesa

En un país donde la mayor entrada de divisas es el ingreso por remesas (22% del PIB), donde literalmente el mayor producto de exportación es la gente, las promesas de frenar la migración son vacías, aunque sean producto de la presión del gobierno de Estados Unidos.

Honduras firmó con Estados Unidos los Acuerdos de Cooperación y Asilo (ACA), popularmente llamados «Acuerdo del tercer país seguro» en el que los países se comprometen a frenar la ola de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos y apoyar a las autoridades estadounidenses con información biométrica del sistema nacional de migración, entre otros asuntos que siguen sin ser públicos ya que el acuerdo aún no ha sido ratificado. En respuesta a una solicitud de información que realizamos desde Contracorriente a la Cancillería, el gobierno aseguró haber firmado el acuerdo desde 2018 pero no es posible publicar su contenido ya que este se mantiene en negociación para su ratificación.

Para el analista Raúl Pineda, esa es la carta bajo la mesa, esos migrantes que garantizan la sobrevivencia económica del país, pero y que en Estados Unidos alimentan el discurso xenófobo del presidente Donald Trump: «Si me preguntan si el presidente puede ser defenestrado por esas denuncias donde se le pretende vincular en actividades inapropiadas, la respuesta sería que por eso no va a caer el gobierno. El problema tiene que ver más bien con el incumplimiento de ese compromiso que se ha hecho con Estados Unidos con respecto a la recepción de migrantes y que los gobiernos de Centroamérica han tratado de dilatar o evadir. Eso sí puede ser un detonante que desencadene otros acontecimientos que deriven en una inestabilidad del gobierno», explica Pineda y añade que la esperanza que se pone, desde Honduras, a que en Estados Unidos se defina el futuro de Hernández, a costa de lo que sea, es un reflejo de la desconfianza que hay en la institucionalidad hondureña, que aun con las declaraciones que incriminan al presidente, sigue sin actuar.

Entonces, ¿qué se gana enjuiciando a los narcos en Estados Unidos? Para la profesora Dana Frank, hay intereses y actores diferentes que debemos distinguir: «Los fiscales de Nueva York son (por ahora) independientes del Departamento de Estado y la Casa Blanca. Creen en la lucha contra el narcotráfico, de manera fuerte, pero no se involucran en los temas de la política exterior ni de los procesos políticos adentro de Honduras u otros países. El Departamento de Estado y la Casa Blanca, por su parte, a veces usan acusaciones y extradiciones para intentar controlar y moldear el liderazgo y dinámicas de poder adentro de un país, a través de un proceso que podemos llamar “imperio por extradición”. Otros actores, por ejemplo, en el Congreso estadounidense, quieren luchar contra la “corrupción” de algunos individuos, pero no quieren cortar el apoyo de EEUU para el régimen de JOH», explicó.

Según el Monitoreo de la Cooperación de Estados Unidos a Centroamérica de la organización WOLA, Estados Unidos invirtió en 2017 $181,758,000 en diferentes rubros de apoyo para Honduras, siendo la prevención de violencia y el buen gobierno los dos con mayor apoyo. No es fácil que se frene el apoyo internacional cuando Honduras es un país que ha fracasado. Honduras tiene uno de los niveles de desarrollo humano más bajos de la región (solo por encima de Haití), escasa inversión extranjera directa, el 67.4% de la población vive en situación de pobreza, es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental y presenta los índices de riesgo más altos a catástrofes naturales. Además, uno de los más violentos del mundo.

«Si bien los principales medios de comunicación de EE. UU han informado bien sobre los lazos entre JOH y los narcos, en su mayor parte no lo han utilizado para atacar a Trump o criticar abiertamente la política de EE. UU. Por ejemplo, no discuten el financiamiento y el apoyo de los Estados Unidos a la policía y militares hondureños, aunque están claramente implicados. Ninguno de los candidatos demócratas a la presidencia ha desafiado a Trump en sus políticas sobre Honduras», añade por su parte Frank.

Raúl Pineda es de la opinión de que si el presidente Hernández no arregla el problema de los migrantes lo van a seguir presionando, sacándole personajes del mundo criminal que lo relacionen con esas actividades. «Los norteamericanos conocen quién es quién en este país y si no hacen las cosas es porque ellos juegan a sus intereses y no a los del pueblo hondureño. Los hondureños debemos dejar de creer en la infalibilidad de los norteamericanos, los hondureños debemos pensar en trabajar en la agenda nacional», culminó.

Por ahora, gana Trump y gana Hernández, mientras puedan. Solo un año pasó para que Tony Hernández fuera capturado y estuviéramos escribiendo sobre el «narco estado». Ahora, 2020 es el año de la estabilización antes de los nuevos comicios, la candidatura del Partido Nacional a cargo del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, fiel colaborador de Hernández, revive personajes como Oscar Álvarez, exministro de seguridad en 2004, cuando la narcoactividad tomó impulso, y levanta la promesa de hacer borrón y cuenta nueva. En el extremo de las posibilidades se proyecta la otra opción: la instauración de una dictadura.

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