Widget Image
Somos un medio digital de periodismo de profundidad que cuenta la realidad de Honduras y la región. Apuesta por la comunicación transmedia para llegar con nuevos contenidos que nos ayuden a cambiar la realidad contándola, analizándola e incomodando a quienes tienen el poder.

Femicidios en Honduras: las mujeres que el Estado no escuchó

Solo 15 casos de femicidio en Honduras han conseguido sentencia condenatoria desde que se tipificó el delito en 2013. Los casos se desarrollan en un sistema de justicia con poca capacitación en temas de género y ahora, con una legislación que reduce las penas. Las mujeres que se atreven a denunciar violencia doméstica no son atendidas a tiempo, no están a salvo, lo que puede terminar en femicidios.

Texto: Vienna Herrera / Contracorriente

Ilustraciones: Alberto Rodríguez Collía

Parte del especial Estación del Silencio*

Heidy García aún conserva las cicatrices de la violencia que vivió durante años. El 23 de octubre de 2018 su expareja intentó asesinarla con un machete. Ahora ella tiene 39 años y de ese día no solo han quedado cicatrices en el rostro y en el cuerpo, además de problemas de salud. Perdura también mucho dolor y miedo.

Heidy tuvo que denunciar cinco veces a Andrés Martínez por violencia doméstica para lograr  que le dictaran una orden de restricción. Sin embargo, nadie verificó que esta se cumpliera y él volvió. 

«Para que intentara terminar de matarme» dice Heidy, quien fue agredida un día después de su cumpleaños cuando regresaba de un almuerzo que le preparó una amiga. La atacó frente a su hija menor, cuando cocinaba la cena para sus hijos.

«Me iba a dar en medio de la cara, pero el reflejo hizo que me moviera, y le dije ‘me mataste’, y él me dijo ‘sí, y te voy a terminar’».

Heidy logró escapar de ese ataque y estuvo internada en el Hospital Escuela Universitario. 

El caso de Heidy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia por tentativa de femicidio. Se desconoce si hay más casos en la misma situación dado que el Poder Judicial no entregó la información solicitada al respecto.

En abril de 2013 entró en vigencia la regulación del femicidio en el Código Penal. Sin embargo, los registros del Ministerio Público reportan casos de ese delito a partir de 2017, cuatro años después, y hasta 2019 se contabilizan 30 casos. Esto contrasta con las 7,041 denuncias por asesinato, infanticidio, parricidio y homicidio interpuestas entre 2008 y 2019 en las que la víctima fue una mujer.

La mayoría de esos casos no han sido judicializados. Entre 2010 y 2019 apenas 35% de los casos que recibió el Ministerio Público ingresaron a los juzgados. De los 104 casos por femicidio que llegaron a la Corte Suprema de Justicia entre 2014 y 2019, solamente 23 han logrado sentencia, siete de ellas absolutorias, 15 condenatorias y una cuya resolución no queda clara ya que la información del Poder Judicial señala que se trató de un caso donde hubo dos delitos,  femicidio y falta contra las personas.  En esa sentencia, uno de los dos delitos fue absuelto y el otro condenado, pero en la resolución no se especifica cuál.  

Revictimización que pudo evitarse

Las organizaciones de mujeres aseguran que la tasa de impunidad en femicidios es de más del 90% de los casos. «Podemos percibir que hay un menor compromiso del sistema de justicia en resolver los crímenes. Los delitos que se cometen contra las mujeres prevalecen por las formas de pensar tan fuertes en el sistema de justicia de considerarlos de menor importancia» dice Gilda Rivera, directora y fundadora del Centro de Derechos de Mujeres, CDM.

Desde que Heidy llegó al hospital quería justicia. Lo primero que hizo fue pedirle a un agente de la Dirección Policial de Investigación (DPI) asignado al Hospital Escuela Universitario que apuntara el número de identificación de su agresor. Esperaba que los agentes actuaran rápido.

Andrés Martínez no fue detenido de inmediato, sino dos meses después, cuando Heidy se enteró dónde se encontraba. Ella convenció a agentes de la DPI a que fueran por él. «Estoy haciendo el trabajo de ustedes, imagínense que yo soy la víctima y les estoy haciendo su trabajo. Si ustedes no me van a ayudar yo me voy a ir a las noticias», narra Heidy. La Policía accedió a su reclamo a cambio de que ella los acompañara lo que aceptó aún con el temor de que su agresor la volviera a atacar.

Alejandra Salgado, abogada de la Asociación Calidad de Vida, que refugió a Heidy después del ataque, denuncia que en muchas ocasiones, como le sucedió a Heidy, les toca a las mujeres hacer las investigaciones para demostrar ante las autoridades la violencia sufrida. Eso pone en peligro sus vidas, «Si ella no se hubiese movido, quién sabe cómo estaría ese caso», afirma Salgado.

Un sistema aliado con el machismo para la impunidad

Gilda Rivera, del CDM, asegura que una de las mayores dificultades para que las mujeres tengan acceso a la justicia es el poco compromiso institucional. «Prevalecen pensamientos machistas y de opresión a las mujeres, incluso en los mismos operadores de justicia. Se suma una institucionalidad plagada de corrupción, donde —muchas veces— hombres que tienen poder logran sentencias o resoluciones a su favor».

El CDM conoce bien el sistema. Durante varios años impulsó el caso de Vanessa Zepeda, una enfermera que fue asesinada en 2010 por su expareja, el neurocirujano Rafael Sierra. En 2015, Sierra fue condenado a 15 años de prisión por homicidio. 

«Pero el señor se dio a la fuga. Horas antes estaba ejerciendo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y alguien le avisó que iría preso. Ahí hay una clara demostración de cómo opera el sistema de justicia. El Ministerio Público ha sido incapaz en este caso de hacer algo».

Han pasado cinco años y Sierra sigue prófugo.

«En Honduras una muerta se reduce a una estadística. El asesino de mi hija la mató sabiendo que en este país no importa matar a una mujer. Cada vez que leo el periódico miro mujeres asesinadas, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas mujeres quedaremos así? ¿En qué nos ayuda el Estado? No hay justicia» comentó Bessy Alonzo, madre de Vanessa Zepeda, en el reportaje el riesgo de ser mujer en Honduras, realizado por Oxfam Honduras.

Desde 2008, el Ministerio Público solamente ha recibido 11 capacitaciones en el tema de femicidios, mientras que el Poder Judicial apenas cuenta con una que recibieron once personas y fue coordinada por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H.

Para Gilda Rivera, de CDM, el problema es mucho más profundo que la falta de capacitación y tiene raíces en las relaciones desiguales de poder.

«Hay una centralización del poder en los jefes y se deja que actúen. Muchas veces se ha dicho que los operadores de justicia necesitan más formación. Puede ser que sí, pero también nos hemos encontrado a operadores de justicia que tienen acceso a procesos formativos y que siguen actuando igual.»

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (también conocido como el CEVI), en su informe de análisis de la situación de Honduras, publicado en 2017, señaló que a pesar de que el Código Procesal Penal prohíbe la conciliación entre las partes en delitos de carácter sexual y agresiones domésticas «… no es aplicable a la totalidad de delitos relacionados con violencia contra las mujeres. De acuerdo con la información recibida por el CEVI, los operadores de justicia siguen permitiendo la conciliación, a pesar de lo estipulado por la Ley Contra la Violencia Doméstica». El CEVI pidió al Estado hondureño prohibir la conciliación en casos de violencia contra las mujeres.

Con todo en contra, buscando refugio

A pesar de que Heidy consiguió que su expareja pagara con cárcel lo que le hizo, ella aún no se siente segura. Durante el 2019, estuvo recibiendo llamadas de distintos números, la voz era la de siempre, la de su agresor. Primero pidió disculpas y prometió que si retiraba la denuncia él trabajaría para mantenerla a ella y a la hija que procrearon juntos. Heidy le respondió «Cuando me hiciste esto, perdiste todos tus derechos».

Entonces, Andrés Martínez comenzó a amenazarla.

«Una cosa te voy a decir, no te maté y esto no se va a quedar así. Mejor cuídate porque te voy a matar, yo no voy a pagar de gusto (el tiempo de cárcel)».

Al escuchar esas amenazas, Heidy acudió al Ministerio Público, intervinieron su teléfono celular y le brindaron protección por un tiempo.

Entonces, ella decidió que debía irse del país. Primero expuso su caso a la Secretaría de Derechos Humanos. Consiguió la documentación que respalda el riesgo que corre su vida, pero dice que solo le asignaron a un policía que una vez llegó a pedirle su firma.

Además de lo vivido y las amenazas recibidas, la situación de Heidy se complicaba cada vez más. Ella había comprado su propia casa, pero nunca tuvo dinero suficiente para pagar la escritura, lo que era motivo de una discusión constante con Andrés porque él no la dejaba trabajar y arreglar ese trámite, a menos que lo incluyera en la escritura de propiedad. Ahora no puede regresar a esa casa y vive en la de de una familiar, quien hace poco comenzó a pedirle que desocupara el espacio. Para Heidy encontrar trabajo ha sido más difícil ahora porque perdió mucha movilidad en un brazo después de la agresión sufrida.

«Yo pensaba migrar, me dijeron que ellos no sacaban a personas del país y buscaron que no migrara. Me da miedo el camino por mis hijos, pero también me da miedo estar aquí.»

Heidy también pidió apoyo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pero su solicitud fue denegada porque Andrés Martínez aún comparte la patria potestad de su hija.

Alejandra Salgado, la abogada de Heidy, cuenta que hicieron el trámite en el Juzgado de Familia para quitarle la patria potestad al agresor, pero su solicitud fue también denegada. En respuesta dijeron que debían esperar la sentencia. El Código Civil de Honduras señala que una patria potestad se suspende «por la prolongada demencia del padre, por estar el padre en entredicho de administrar sus propios bienes y por larga ausencia del padre, de la cual se siga perjuicio grave en los intereses del hijo, a que el padre ausente no provee.» En el mismo capítulo la ley detalla que esta suspensión deberá ser decretada por un juez. 

Dilcia Castillo, trabajadora social de la Asociación Calidad de Vida, afirma que Heidy siente miedo de que todo el sistema judicial falle. «Las autoridades no le van a ayudar, ella no necesita una ayuda temporal sino permanente.»

Violencia doméstica: ignorada y desatendida

«Cuando nos encontramos ante un femicidio es porque el Estado ha fallado en su función de prevención, no ha podido dar las condiciones necesarias, y una mujer ha perdido la vida producto de esta ineficacia», señaló Tirza Flores, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, durante un foro de análisis sobre femicidios.

Los hombres acusados en el Poder Judicial por femicidio presentan también cargos por otros delitos como aborto (obligar a una mujer a abortar), actos de lujuria, allanamiento de morada, asesinato, homicidio simple, portación ilegal de armas, asociación ilícita, amenaza y robo agravado. En ningún registro aparecen cargos por violencia doméstica.

«La Corte Suprema de Justicia recibe un promedio anual de al menos 20 mil denuncias por violencia doméstica. El 50% caduca porque la mujer depende económicamente del hombre y no puede continuar el proceso, o porque caen de nuevo en el círculo de violencia. Eso último solo podría mejorar en la medida en que exista un modelo de atención integral. De manera que, antes de llegar al juzgado, la mujer realmente haya sido escuchada y esté consciente de que si no sigue con el proceso ese círculo de la violencia va a continuar» asegura Ana Concepción Romero, coordinadora de los Juzgados de la Violencia Doméstica.

Lea más aquí: Un femicidio que el Estado pudo evitar

Alejandra Salgado, la abogada de Heidy, dice que «El Estado debe ser más riguroso en cuanto a la violencia doméstica. Hemos conocido denuncias que al final terminan en tentativa de femicidio. Los hombres dejan de tenerle miedo a ser detenidos por violencia doméstica porque saben que los mandarán a barrer o a hacer piñatas.”

Aunque la legislación hondureña reconoce varios tipos de violencia doméstica, por ejemplo física, psicológica, sexual y patrimonial, los agresores que cometen esos actos sin llegar a causar daños tipificados como delitos en el Código Penal son sancionados con la prestación de servicios a la comunidad por entre uno y tres meses. El no acatar esta disposición daría lugar al delito de desobediencia a la autoridad penado de uno a tres años de prisión.

El Código Penal vigente sanciona el delito de violencia intrafamiliar con entre uno y tres años de reclusión y de dos a cuatro años si existen daños corporales, penetración a la morada o uso de drogas, entre otros. Cuando los delitos tienen una pena menor a cinco años, pueden ser conmutables por el pago de diez lempiras (40 centavos de dólar) por día de reclusión sentenciado.

Heidy asegura haber sido víctima de todas las violencias, incluso de un aborto provocado por uno de los golpes de su expareja. Después de la tentativa de femicidio, Heidy estuvo en una de las siete casas refugio para mujeres que existen en Honduras  ubicadas en las ciudades de Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, La Ceiba, San Pedro Sula, La Esperanza, Choluteca y Puerto Cortés. Todas son iniciativas privadas, promovidas por fundaciones u organizaciones no gubernamentales.

El gobierno de Juan Orlando Hernández creó un programa para mejorar la calidad de vida de las mujeres, que llamó Ciudad Mujer. El programa cuenta con centros que ofrecen apoyo para la autonomía económica, atención y protección de la violencia, salud sexual y reproductiva y educación comunitaria. Pero ninguno funciona como casa refugio.

Idania Amador, psicóloga de la Asociación Calidad de Vida dice que desde Ciudad Mujer no hay suficiente apoyo para las mujeres. En casos de mucho riesgo han pedido apoyo económico e institucional y hasta el momento no lo han conseguido.  

«La relación que tenemos con Ciudad Mujer es que la institución nos remite casos por violencia doméstica al refugio, pero no cumplen lo que prometen. Nos traen mujeres que no tienen a donde regresar, entonces queremos hacer la vinculación para que nos apoyen en eso. Lo único en lo que nos apoyan es si una usuaria tienen alguna cita médica y les dan el primer cupo» explica Amador. 

Una legislación en reversa

En Honduras, la única ley específica sobre violencia contra las mujeres es la Ley Contra la Violencia Doméstica, aprobada en octubre de 1997. Esto convierte al Estado en uno de los seis países de América Latina que, a pesar de haber ratificado la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), no cuenta con una ley que aborde de forma integral la violencia basada en género.

El nuevo Código Penal, tipifica por primera vez la figura de violencia contra la mujer y dedica un capítulo entero al delito, sin embargo, las penas establecidas en estos casos son más bajas en relación con el código anterior. A pesar de haber sido aprobado en 2018, el nuevo código aún espera una respuesta del poder ejecutivo para su posible derogación o modificación.

Organizaciones de mujeres señalan que el nuevo Código Penal disminuye e incluso desaparece algunos delitos de violencia contra las mujeres. La pena para el femicidio disminuyó a entre 20 y 30 años de prisión, cuando anteriormente se contemplaba entre 30 y 40 años. De igual forma, la pena por violación sexual disminuyó a entre 9 y 13 años, cuando se encontraba entre 10 y 15.

El análisis del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (CEVI), señala que además no existe una regulación expresa en el Código Penal sobre violación y abuso sexual dentro del matrimonio y uniones de hecho.

De acuerdo con la información que la Encuesta Nacional de Demografía y salud, Endesa, le entregó al CEVI, del total de mujeres que reportó haber tenido esposo o compañero, un 22% respondió que en los últimos 12 meses experimentaron alguna de las tres formas de violencia (física, psicológica y sexual) por parte del compañero. Un 21% fue víctima de maltrato psicológico, 10% sufrió violencia física y el 3% violencia sexual. El 11% fue objeto de maltrato físico y sexual.

Para Gilda Rivera, el problema más grave no es la disminución de penas. «Yo no creo que disminuyan las violencias contra las mujeres por aumentar años de cárcel, esa es una estrategia de vigilar y castigar. Creo que la violencia contra la mujer pasa por acciones preventivas y responsabilidad del Estado, más que por lo punitivo.»

Hasta el momento, la respuesta del Estado ante la situación de violencia contra las mujeres se dio en 2016, cuando creó la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público. Al mismo tiempo se creó la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a Muertes Violentas y femicidios, que comenzó a funcionar en 2018, integrada por instituciones de gobierno y representantes de organizaciones de mujeres.

Sin embargo, en 2019 organizaciones feministas integrantes de la comisión presentaron un informe de seguimiento en el que denunciaron que «A la fecha, los informes han sido muy escasos, de forma verbal y la mayoría no tienen ni orden de captura». Adicionalmente, solo un 21 % de los fondos acordados para prevenir e investigar la violencia contra las mujeres fueron desembolsados y que no quedaba claro en qué se estaban utilizando.

Jorge Galindo, vocero de la ATIC, señaló a Contracorriente que la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios solo opera en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, desde donde se desplazan cuando son crímenes de alto impacto.

Sobre los casos que investiga la unidad, Galindo dice que «todos inician como muerte violenta de una mujer y el fiscal luego mira si hay un delito como el femicidio». Añade que en total solo existen 50 agentes de la ATIC para atender la demanda nacional de todos los delitos cometidos.

Una auditoría social a la unidad de investigación de la ATIC, realizada por organizaciones de mujeres y Oxfam Internacional, detalla que hasta 2018 solo se habían registrado 28 requerimientos fiscales de los cuales apenas cuatro fueron por femicidios.

«En los primeros tres años se proyectaba que investigarían 220 casos de mujeres asesinadas o víctimas de femicidios. Sin embargo, esto no se ha cumplido. No existen datos que respalden el resultado de este compromiso de parte de la ATIC» concluye el documento.

A dos años de que Heidy sobreviviera un ataque femicida, aún espera que se dicte la sentencia contra su agresor, planeada para el 21 de octubre de 2020. Después de que tuvo que moverse por su cuenta para buscar justicia, dice no sentirse tranquila.

«Es imposible, nunca voy a vivir en paz. Siempre voy a tener ese miedo. No le puedo estar dando el tiempo para que él piense en hacerme lo que quiera, para que encuentre otra forma de atacarme.»

Heidy no confía en la seguridad que pueda darle su país, el mismo que tantas veces le ha fallado. 

*“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega sobre femicidios, en las que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador)y ContraCorriente (Honduras).

Con el financiamiento de Foundation for a Just Society, y el apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres

15 julio, 2020
Estación del silencio
17 julio, 2020
Los olvidados del circo

Comenta

Tu email no será publicado. Los campos requeridos están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.