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Compra de hospitales móviles fue una estafa, las irregularidades de Invest-H continúan

Texto: Vienna Herrera

Portada: Deiby Yánes/ Archivo CC

 El 27 por ciento del presupuesto destinado a combatir la pandemia por Covid-19 en Honduras se utilizó en la compra de hospitales móviles que aún no llegan al país. Anoche la empresa SDI Global LLC, supuesto proveedor, denunció a una empresa de maletín con la que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) hizo el contrato de compra de 7 hospitales móviles a un costo de 21 millones de dólares. Mientras tanto, el sistema de salud hondureño enfrenta la precariedad e Invest-H suma a su lista de irregularidades una posible estafa.

Un documento publicado por SDI Global LLC, una empresa fabricante de material médico con sede en Ankara, Turquía, pero que también produce en Nuevo México y Texas en Estados Unidos, señaló de falsificar sus logos y las especificaciones de sus productos a Elmed Medical, la empresa a la que Invest-H compró siete hospitales móviles y siete plantas de residuos por más de 537 millones de lempiras (21 millones de dólares). Elmed Medical supuestamente copió una propuesta que le pidieron en marzo en donde replicó no solo las especificaciones de sus productos, sino también su código de registro para operaciones internacionales.

La empresa señaló desligarse de responsabilidades por el contenido del acuerdo entre las autoridades hondureñas y la “compañía falsa” Elmed Medical. “Esta actividad criminal es considerada sucia y el proceso demuestra lavado de dinero,” expresan en el comunicado y añaden que verificaron que Honduras ya le realizó el pago a la empresa.

SDI Global también señala que tanto el código de registro de exportación de defensa y aviación de Turquía como el código de exportación de la Asociación de exportadores de Asia Menor (OAIB por sus siglas en inglés) fueron utilizados en la oferta presentada y que los productos marcados como “51- 91 Bed capacity compact negative-pressure area mobile hospital” están registrados a nombre de SDI Global y protegidos bajo las leyes de Estados Unidos, Turquía, entre otras. Por lo tanto, denuncian que procederán legalmente contra Axel López “por utilizar ilegalmente nuestro folleto con fotos y descripciones de nuestros productos, materiales, diseños y otras informaciones”.

Según el documento, Axel López, la persona que aparece como contacto de Elmed Medical, le pidió a SDI Global LLC una propuesta que nunca fue confirmada y por lo tanto, posteriormente fue cancelada. Sin embargo, la empresa “descubrió que el Sr. Axel López copió nuestra propuesta con su referencia número que es SDI-IO (SDI-Operaciones internacionales), reemplazando el logotipo de SDI, y creó una propuesta falsa que fue previamente confirmada por la Embajada de Honduras en Alemania y entregada Invest-H, mostrando a Mobile Hospitals como el vendedor e indicando, junto con las condiciones de pago, que la oferta era de Elmed Medicals dba Mobile Hospitals” señalan en la nota.

Al comparar las facturas proporcionadas por Elmed Medical Systems a Invest-H, en la parte superior derecha aparece un código NCAGE que es un identificador único asignado a un proveedor de varias agencias gubernamentales o de defensa en Estados Unidos, este se utiliza como parte del Sistema de codificación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN por sus siglas en inglés) un sistema que se dedica a garantizar la calidad de los procedimientos y sistemas de catalogación.

El código que aparece en la factura de Elmed medical es TH663, uno que pertenece a SDI Global LLC, de acuerdo con la herramienta de verificación de la página de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NATO por sus siglas en inglés).

Otra incongruencia de los recibos es que aparecen logos de HospitalesMoviles.com que tiene un sitio web, pero el beneficiario es ELMED Medical Systems, Inc que tiene otro sitio web, ambos con las mismas direcciones y números telefónicos.

De acuerdo con, SDI Global LLC, fueron contactados por Bülent Akarcali, cónsul honorario de Honduras en Turquía y por Emre Ete, también cónsul honorario en Estambul, Turquía, el 20 de marzo de 2020 para confirmar la voluntad de la compañía de proporcionar los hospitales móviles, esto a solicitud de la Embajada de Honduras en Alemania.

Estos hospitales móviles se preveía que comenzarían a llegar en junio, sin embargo, el director ejecutivo de Invest-H, Marco Bográn, dijo durante en un canal televisivo que los hospitales móviles no han llegado al país porque hay un retraso en la producción de Turquía y el transporte internacional está colapsado. Bográn dio positivo para Covid-19 hace unas semanas y desde entonces no había dado declaraciones a medios, hasta ahora, para decir que la compra de los hospitales móviles no fue una estafa y que el documento que circula de la empresa SDI Global LLC, es falso.

Información de una carta a la que tuvo acceso el medio tunota.com señala que “el retraso en la entrega de los primeros dos hospitales móviles en Honduras para atención de pacientes con Covid-19 que compró Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H) se debe a que el proveedor desconocía el tipo de sistema eléctrico real que debía de instalarles” en el escrito no se detalla cuándo planean enviar los productos.

Por otro lado, el periódico digital El Pulso verificó la autenticidad de la denuncia de la empresa SDI Global LLC con con Michael Murphy, presidente de la Junta Directiva de la empresa. Los hospitales quizá nunca lleguen a Honduras.

Entretanto, los espacios para atender a pacientes por Covid-19 en estado grave están ocupados. El Hospital Escuela Universitario (HEU) en Tegucigalpa, un centro asistencial que no estaba destinado inicialmente a atender la pandemia, tuvo que habilitar un piso con 46 cupos para pacientes graves, en una sala con espacio para 40, mientras en la “carpa covid” había más de 50 personas esperando un cupo en ese u otro centro asistencial designado para la atención, generalmente si aparece un cupo disponible es porque alguien acaba de morir.

Suyapa Figueroa, neumóloga y presidenta del Colegio Médico de Honduras señala que el gobierno no aceleró la atención en el soporte vital que necesitan los pacientes, “En las carpas del Hospital Escuela hay pacientes que no han podido ser atendidos todos los días por la falta de cupos, de bombas de infusión, de monitores, de oxígeno, manómetros para poder suministrar oxígeno a estos pacientes ha hecho que muchos de estos pacientes fallezcan sin que se les haya hecho lo mínimo, que es darle mejoras de la hipoxia que tienen con suministro de oxígeno”.

Semanas atrás el director del HEU, Osmín Tovar, había denunciado en una conferencia de prensa que los 20 cupos que habilitaron estaban ocupados y tenían más pacientes esperando, además señaló no haber recibido el apoyo de las autoridades en relación con la contratación de personal específico de esa área y el abastecimiento de equipo necesario como: bombas de infusión, monitores, además de los ventiladores

Ante esta situación el gobierno habilitó y abrió el sábado 20 de junio un centro de triaje ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) para descongestionar no solo el HEU sino también las clínicas periféricas o Clipper de las colonias Hato de Enmedio y El Sitio.

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Yolani Batres, coordinadora para la emergencia en Francisco Morazán, señaló a medios que con el espacio puede albergar a 153 personas, realizar PCR y referir a los pacientes a cualquiera de los hospitales con ambulancias del 911. Añadió que el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se está convirtiendo en un lugar de respuesta con capacidad de 53 pacientes.

Suyapa Figueroa del CMH señala que la Secretaría de Salud no quiso atender a su propuesta “había que abrir más cupos en áreas hospitalarias y no de refugio, que son las que pretenden instaurar. Ahí tienen un médico, pero sin monitores, flujómetro, ni red de oxígeno para asistir a los pacientes” añade.

Las autoridades no explican dónde podrán referir a los pacientes debido a que los hospitales han declarado no tener más cupos para hospitalización. Para el caso, el domingo se registró el primer muerto en Infop después de no encontrar espacio en ningún hospital. Carlos Hernández, director de la ASJ, señaló a través de twitter “Fui testigo de la desesperación de un amigo y compañero buscando un espacio para que atendieran a su hermano en un hospital. Después de muchas horas lograron en el Infop. Su hermano acaba de morir. Qué impotencia, maldita corrupción”.

Mientras tanto, el HEU anunció que no recibirá más pacientes por Covid-19 y todos los que busquen asistencia médica deberán asistir al centro de Infop.

También hay incongruencias en compra de medicamentos

El pasado 17 de junio, el presidente Juan Orlando Hernández, declaró haber dado positivo para Covid-19, después de un fin de semana en el que presentó síntomas. “Es cierto, tengo síntomas leves, pero ya comencé mi tratamiento MAIZ. Me siento mejor” dijo en cadena nacional.

Aunque la situación de los demás ciudadanos es precaria, Hernández se había preparado en caso de necesitar asistencia médica por Covid-19. En varios medios de comunicación circuló una orden emitida el 4 de abril por el Estado Mayor Conjunto y aprobada por el Hospital Militar, lugar en el que Hernández ahora se encuentra interno, para poner a disposición un grupo de cinco especialistas para atender al presidente y a su familia en caso de necesitarlo. El equipo es integrado por: una intensivista, un epidemiólogo, un infectólogo y dos internistas.

El tratamiento MAIZ que mencionó Hernández forma parte de la estrategia de atención de la Secretaría de Salud para pacientes por Covid-19 en la primera etapa, este utiliza microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc, este último se utiliza en pacientes asintomáticos o con síntomas leves con el fin de reducir su carga viral.

Otro de los tratamientos avalados por la Secretaría de Salud se ha denominado CATRACHO, este utilizado en pacientes que se encuentre en tercera etapa y comprende el uso de: colchicina, antiinflamatorio, tocilizumab, ivermectina, anticoagulante, hidroxicloroquina, oxígeno de alto flujo y pronación.

A pesar de que no hay suficiente evidencia sobre el funcionamiento de estos tratamientos en pacientes con Covid-19, la mayoría del presupuesto destinado a medicamentos se utilizó en hidroxicloroquina e ivermectina.

Una encuesta realizada por Contracorriente señala que más de la mitad de la muestra de población (58.9%) confía poco o nada en los tratamientos existentes para tratar la enfermedad en el sistema público.

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Honduras ha destinado más de 93 millones de lempiras ($3 millones 720,000) en compras de medicamentos para afrontar la pandemia por Covid-19, esto se ha ejecutado a través de Invest-H y la Secretaría de Salud y representa menos del 1% del presupuesto aprobado para la pandemia. Sin embargo, en el dinero ejecutado tampoco aparece inversión en bombas de oxígeno ni de infusión.

La semana pasada la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) publicó en redes sociales la entrega de cinco bombas de infusión “complementarios para la atención de pacientes víctimas del Covid-19”. Sin embargo, en la página de SEFIN que desglosa las compras realizadas por COPECO no menciona la compra de este producto, tampoco aparece en ninguna otra institución y la única información disponible sobre la adquisición de estas, surge con una donación que realizó la empresa privada.

“Nos preguntamos por qué lo que es vital para los pacientes hace falta y lo que no ha demostrado evidencia abunda en los centros hospitalarios” dice Suyapa Figueroa.

Nancy Burgos, directora de Farmacia del HEU, señala que se encuentran con un 80 por ciento de abastecimiento de medicamentos, que abastecen a las Clipper y quienes ingresan ahí se les proporciona el tratamiento MAIZ, “si llega con faltas respiratorias o que requieren hospitalización le damos el ingreso y va para la sala, con los medicamentos: ivermectina, azitromicina, ya cuando están hospitalizados dexametazona, antes estábamos usando metilprednisolona, pero lo cambiaron por ahorita y ya cuando están graves van para UCI en donde el manejo es un poco más especial donde está Propofol, midazolam, aminas y ya como último recurso el tocilizumab”.

Sin embargo, Figueroa afirma que el tocilizumab, un tratamiento usado para la artritis y que actualmente se utiliza en la fase más grave de los pacientes, no se encuentra en los centros hospitalarios. Este medicamento fue adquirido por la Secretaría de Salud el 17 de abril en un lote de 572 presentaciones, con un precio unitario de 2,582 lempiras ($103.28) sin embargo, esta compra no aparece registrada en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con un cuadro de precios que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) le entregó a Contracorriente, adquirieron este medicamento dentro de su presupuesto interno a un costo unitario de 6,695 lempiras ($267.8), no especifica la cantidad obtenida, en ambas adquisiciones se le adjudicó la compra a Farmacéutica Internacional.

Esta situación se repite, información entregada por la Secretaría de Salud que detalla los proveedores y precios en la compra de medicamentos durante la pandemia señalan la adquisición de un lote de prednisona a un precio unitario de L.1.29 y un total de L. 310,111, también un lote de colchicina a L.0.93 cada una para un total de L.27,487 e hidroxicloroquina, a un precio de 6.38 y un total de L.190,673.

Invest-H también adquirió la misma tableta de ivermectina de 6 mg a dos precios distintos, un lote de 18 mil pastillas a la Droguería Mediteksa Pharma, cada una a un precio de L.27.10 para hacer un total de L.487,800 ($19,512) y otro lote de 150 000 tabletas a la Corporación Industrial Farmacéutica (Corinfar), cada una a L.11.20 para un total de un millón 680 mil lempiras ($67,200).

Si bien los precios de la segunda empresa son más bajos, Corinfar ha estado involucrada en casos de corrupción por sobrevaloración de medicamentos e insumos. Una fiscalía especial del Ministerio Público señaló en 2017 que seis empresas se adjudicaron 1352 órdenes de compra entre 2008 y 2015, la más favorecida fue Corinfar con 801.

A la empresa también se le vinculó en 2013 en un caso en el que 5 empleados de la Secretaría de Salud y una ejecutiva de Corinfar fueron acusados de al menos 22 delitos y el saqueo de casi dos millones de unidades de medicinas que fueron extraídas del Almacén Central de Medicamentos con el propósito de ser llevadas a bodegas privadas y comercializarlas.

En ese mismo almacén ahora organizaron la distribución de 22 mil paquetes de medicamentos necesarios para MAIZ y CATRACHO, con la intención de aplicar 160 mil tratamientos en todos los hospitales.

Este tratamiento también se está entregando en las brigadas médicas que se realizan en Tegucigalpa y San Pedro Sula en la que han atendido a 850 personas en la capital, ubicadas en las colonias Hato de En medio, y reportan 250 personas con síntomas sospechosos del virus.

Gustavo Mejía, encargado de una de las brigadas, mencionó que este tratamiento sólo se aplica a pacientes sospechosos, después de una evaluación médica y la confirmación de un nexo epidemiológico.

Douglas Carranza, un paciente que fue atendido en el Instituto Nacional Cardiopulmonar dijo a Contracorriente que a pesar de que se le recetó el tratamiento MAIZ “no se encuentra Zinc, vitamina C, ni enjuague bucal (microdacyn) y tuve que comprarlos en la farmacia. Solo me dieron la ivermectina, azitromicina y acetaminofén para cinco días”.

El costo individual de estos medicamentos en las farmacias va de 464 lempiras para el microdacyn, L.8 lempiras el zinc, L.87 lempiras la azitromicina y L.25 la ivermectina, estos últimos dos solo se venden bajo receta médica que tenga una vigencia de 15 días. En algunas farmacias venden el tratamiento entero por L.1,600 ($60).

Algunas de las compras de medicamentos las realizó Invest-H, una institución que no se dedica al sector salud sino a la construcción. Sobre el manejo que le ha dado esta institución, auditorías realizadas por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) señalan una preocupación en la toma de decisiones. Si bien no hay información sobre consultas en las compras de medicamentos, para la adquisición de ventiladores y pruebas para detectar Covid-19, afirman que no hay evidencia de que las compras auditadas hayan sido consultadas con expertos antes de realizarse.

Además, la información publicada por Invest-H señala que las compras fueron autorizadas por Lisandro Rosales, canciller de la república y ahora comisionado especial para atender la pandemia, quien es licenciado en Administración y Negocios y según señala su currículum, tampoco ha tenido experiencia en el área de la salud.

Para Figueroa, del CMH, esto solo demuestra cómo la Secretaría de Salud perdió el rol rector sobre la salud de la población, “si algo nos ha enseñado la pandemia es que los países que han tenido posibilidades de respuesta son aquellos que fortalecieron la salud pública, contrario a los que prefirieron la privatización, como Estados Unidos, o la tercerización como ha ocurrido en Colombia, y este es el camino que las actuales autoridades decidieron emprender con las políticas de salud pública del país”.

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