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Las evaluaciones a un convenio incómodo

Texto: Vienna Herrera

Encuesta: Jennifer Avila

Fotografía: Martín Cálix

La mesa evaluadora de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) constituida por el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó prorrogar el convenio de la MACCIH que vence el 19 de enero. Días atrás el Congreso Nacional (CN) manifestó al Ejecutivo que no debe renovar el convenio al aprobar un informe que una comisión de diputados realizaron en 5 días para evaluar su desempeño. El futuro de la misión en el país ahora sólo espera la decisión final del presidente, Juan Orlando Hernández.

Hace un mes, el Poder Ejecutivo instaló una mesa de evaluación de la MACCIH constituida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la OEA. Hernández dijo que esperaba la resolución del informe para tomar una decisión sobre la renovación, a la vez que señaló que el Congreso Nacional podía opinar abiertamente debido a su función contralora.

La MACCIH se crea en el país luego de manifestaciones semanales en septiembre de 2015, exigiendo la renuncia del presidente y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de que se conociera que Juan Orlando Hernández admitió haber utilizado 3.6 millones de lempiras ($147 mil dólares) del dinero malversado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar su campaña electoral en 2014.

La MACCIH impulsó la creación de una Unidad Fiscal Contra la Corrupción de la Impunidad (UFECIC) del Ministerio Público y en conjunto han presentado 11 casos judicializados, tres aseguramientos de bienes con 112 personas procesadas, de los cuales 80 son funcionarios públicos y 44 son particulares. Además, detectó un daño al patrimonio del Estado por un valor de casi 310 millones de lempiras ($12,891 millones de dólares) en diferentes actos de corrupción: desvío de fondos desde ong’s o despachos de gobierno, irregularidades en concesiones, sobrevaloraciones en equipo médico o contratos con el Estado, así como un Pacto de Impunidad que intentó frenar las investigaciones contra diputados.

El convenio establece que su permanencia en el país será de cuatro años y cumplido ese plazo la extensión de su mandato podrá prorrogarse mediante el canje de notas entre la OEA y el gobierno hondureño. Sin embargo, si deciden hacer cambios en el convenio se deberá regresar al Congreso Nacional para su aprobación en donde 71 de los 128 diputados votaron en respaldo a un informe que solicita la no renovación del convenio.

La comisión del CN que evaluó el informe se nombró 5 días antes de presentarlo y entre las conclusiones denuncian que la UFECIC filtró información a medios de comunicación internacionales, señalando directamente a UNIVISIÓN. Ante esta situación, Jeff Ernst, periodista que publicó el trabajo mencionado en el informe, dijo que la MACCIH-UFECIC no fue la fuente de la información, sino que los documentos forman parte de expedientes públicos de los casos de corrupción judicializados: “Por ser juicio oral y público, cualquier persona puede acceder a dichos expedientes. El gobierno lo sabe porque se lo dijimos. Hay pruebas” mencionó en un tweet.

Durante una de las sesiones, el diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU) Luis Redondo, presentó un documento con las refutaciones a cada aseveración hecha por el informe del CN y consiguió 34 firmas (30 de Libertad y Refundación, 4 de PINU) para que el CN solicite la continuidad de la MACCIH.

El informe del CN denunciaba que la MACCIH dio conferencias de prensa sobre los casos incluso mencionando personas que estaban en proceso de investigación en el que ponen de ejemplo cuando el primer vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor dijo que estaban investigando al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.

Oliva declaró antes de que se conociera el informe del Congreso Nacional que la MACCIH “es un matrimonio con el Poder Ejecutivo, si deciden seguir casados, que me lo envíen al Congreso Nacional y aquí decido si lo santifico o no”, una vez publicado el informe del CN, Oliva declaró estar de acuerdo con el resultado.

“Si alguien cree que esto puede traer consecuencias políticas, sociales o legales para mi persona o para cualquier otra, démosle para delante ¿cuál es el problema?” Oliva añadió que el informe no va dirigido al convenio sino a la ejecución de este “todo mundo cree que tiene el derecho de decir lo que quiera y piensa al Congreso Nacional, con libre opinión. Pero tener libre opinión a tener la razón, hay una enorme distancia, mucho menos que venga un organismo internacional a decirle al Congreso lo que tiene que hacer” añadió Oliva.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es actualmente el candidato oficial para la reelección en el puesto de secretario general que en 2020 se elegirá en la OEA. En twitter ha agradecido a la comisión evaluadora por tomar en cuenta sus observaciones en la evaluación de la MACCIH.

Reformas y leyes aprobadas para debilitar a la MACCIH

El informe realizado entre la OEA y el gobierno de Honduras señala que el Congreso Nacional ha modificado ciertos aspectos de las leyes presentadas de un modo que la MACCIH considera que podrían afectar los esfuerzos del combate a la corrupción. Además de presentar proyectos de ley como el de Colaboración Eficaz y la derogación y reforma de la Ley de Secretos Oficiales, no se ha tenido respuesta desde el Congreso Nacional.

El informe además denuncia que el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos cambiando la propuesta técnica de la MACCIH acerca de la estructura de la unidad fiscalizadora. Después de una reunión, el Congreso aceptó las diferencias y publicó una fe de erratas. Esta situación no fue única, en 2018 el CN aprobó una reforma a la Ley del Presupuesto sin discutirla públicamente, los diputados involucrados dijeron que todo se trató de un error y presentaron otra fe de erratas.

La reforma señalaba que el Tribunal Superior de Cuentas tenía tres años para realizar auditorías en recursos invertidos en proyectos sociales y mientras se realizaban “no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal”. La reforma se aprobó después de conocer el primer caso de la MACCIH denominado Red de Diputados en el que se acusó a cinco exdiputados acusados de desviar 8.3 millones de lempiras ($340,000 dólares) a través de ONG’s.

La Corte Suprema de Justicia terminó archivando el caso, pero el Pacto de Impunidad generó una crisis interna en la MACCIH que culminó con la renuncia de Jiménez Mayor, el fiscal Julio Arbizu y el juez Daniel Urrutia denunciando que habían recibido amenazas, que no se sentían respaldados por la OEA y que había irregularidades dentro de la misma institución.

En enero, la Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucionales las reformas realizadas a la Ley del Presupuesto. Por la aprobación de esta ley sin discusión previa en el pleno, la MACCIH presentó el caso Pacto de Impunidad en el que denunció a Antonio Rivera Callejas, secretario del Congreso Nacional así como a los diputados nacionalistas Sara Medina y Román Villeda.

Rivera Callejas fue absuelto de los cargos, a Medina y a Villeda se le dictó auto de formal procesamiento por el delito de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad. Medina intentó conciliar, pero no fue aceptada y aún se espera saber si la causa se eleva a juicio oral y público, mientras que a Villeda ya se le decretó auto de apertura al juicio y se espera por la fecha.

Debido a los procesos judiciales que enfrentaron los diputados con el “Pacto de Impunidad”, el Congreso Nacional aprobó en noviembre durante una sesión legislativa nocturna una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para conceder inmunidad a los diputados mientras estén en el ejercicio legislativo.

“La función legislativa es inviolable e indelegable, consecuentemente cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma, no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil y administrativa a los diputados que participan en dicho proceso parlamentario” dice la reforma.

En esa misma sesión, el Congreso Nacional aprobó una ley que reactiva la cuestionada partida del Fondo Departamental que, por su mal manejo, la MACCIH ha presentado tres casos contra diputados acusados por malversación de fondos. La nueva ley permite liquidar proyectos pasados, además de negociar en casos donde se encuentren irregularidades permitiendo la devolución de los fondos más el 2% de intereses.

La MACCIH denunció que estas acciones del Congreso Nacional “no demuestran un firme compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad” y que, con esa reforma, afectaría a los tres casos de corrupción que tienen procesos judiciales contra más de 20 diputados están acusados de malversar 309 millones de lempiras para usarlos en campañas políticas y gastos personales.

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), manifiesta que el Fondo Departamental es utilizado para hacer proselitismo. “Los diputados lo han reconocido y volvemos a caer en el problema central que tiene este país que es cómo se financia la política y la manera histórica en Honduras es comprando votos de los pobres y para eso van a ocupar ese dinero”.

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), además señaló que el manejo de fondos públicos no está entre las 12 atribuciones que tiene el CN en la Constitución de la República y por lo tanto, denuncian que es un mecanismo con fines clientelistas para asegurar la vigencia de quienes están en el CN.

Además, el Ministerio Público interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra este decreto que reactiva el fondo departamental, denuncian que la ley imposibilita la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios. Aún se espera la resolución a este recurso.

Lester Ramírez, dice que esta resolución puede estar esperando la decisión del Poder Ejecutivo sobre el convenio de la MACCIH “uno de los posibles escenarios es si Juan Orlando acuerda intercambiar notas para renovar el convenio lo que hacen es que aprueban las leyes, salen los recursos de inconstitucionalidad en la CSJ favoreciendo al CN y de esa manera se blindan,” añadió.

El Congreso Nacional también aprobó hace menos de un mes un paquete de reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la que señalan que los auditores no podrán entregar información a otras instancias que no sea el TSC y eso excluye a otros operadores de justicia como el MP-UFECIC que ahora dependerán de los informes del TSC.

Las reformas además establecen en el artículo 77 que solo los órganos jurisdiccionales, previo procedimiento legal (orden judicial), podrán tener acceso a los registros del TSC lo que afecta directamente la independencia del Ministerio Público de solicitar información, acceder a auditorías, declaraciones patrimoniales y pliegos de responsabilidades.

Ante esta última reforma, el magistrado del TSC, Roy Pineda, dijo que considera absolutamente innecesaria la reforma al artículo 77 del TSC porque ya existe una coordinación que funciona con el Ministerio Público y esta reforma limita el accionar de las instituciones para combatir la corrupción.

Sumado a esto, el Congreso Nacional aprobó ayer una reforma a la ley para que los auditores internos puedan ser “licenciados en contaduría, bachilleres en administración y contaduría, técnicos universitarios con previa capacitación del TSC” en la sesión se cuestionó si una persona con grado de bachillerato tenía la capacidad de realizar auditorías en el sistema público, de igual manera la reforma fue aprobada.

Para Fátima Mena, el Congreso Nacional ha ido respondiendo a los casos de corrupción que ha presentado la MACCIH. “Este es un Congreso de contrarreforma, es como la fábrica personalizada que tienen los grupos de poder de este país corrupto para poder generar sus herramientas de blindaje,” añadió.

La MACCIH evaluada por la población

Lester Ramírez, de la ASJ, señaló que uno de los mayores problemas del informe del Congreso Nacional fue que no hubo consulta a la población sobre el tema. “Está sesgado, le pregunta a las instituciones públicas especialmente que tienen una vinculación política muy fuerte con el sector del gobierno, el informe no le pregunta a la población y como representantes del pueblo deben de preguntarle. Muy carente de democracia” añadió.

De acuerdo con una encuesta de percepción ciudadana realizada por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) señala que un 65% de la población encuestada apoya la extensión de la MACCIH. Mientras tanto, que una consulta realizada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras https://blogs.unah.edu.hn/assets/Uploads/Pronunciamiento-MACCIH-IUDPAS-20112019.pdf señala que el 75% de la ciudadanía opina que la MACCIH debe seguir trabajando en el país.

En Contracorriente también encuestamos a nuestra audiencia que en un 46% evaluó el trabajo de la MACCIH como satisfactorio, mientras que casi un 20% lo considera deficiente. Entre los aspectos que la ciudadanía destaca de los logros de la MACCIH es la creación de la UFECIC y el aspecto que destacan con menor puntaje es la apertura ante denuncias ciudadanas.

Dentro del convenio, uno de los objetivos de la MACCIH es la recepción de denuncias (sean públicas, anónimas o confidenciales) por medio de las instancias gubernamentales competentes, sin embargo, la ciudadanía encuestada calificó con mayor porcentaje la afirmación de que la MACCIH debe abrir un espacio para recibir denuncias ciudadanas, esto podría explicar el débil respaldo ciudadano que la Misión ha tenido en su tiempo en Honduras y podría interpretarse como una falta de confianza a la institucionalidad hondureña ya que la MACCIH recibe denucnias pero a través de instancias gubernamentales.

Uno de las mayores críticas que recibió la MACCIH estos años, es no tener investigaciones contra el presidente a pesar de que se han dado a conocer públicamente varias irregularidades. Cuando el primer vocero de la misión renunció, denunció que intentaron investigar al presidente Hernández y a la primera dama y eso los frenó.

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Los encuestados por Contracorriente señalaron que la MACCIH debe priorizar investigaciones a las ONG’s y empresas cercanas al presidente y el caso de narco política. Esto, a pesar de que la MACCIH llegó al país por el caso del IHSS, lo que muestra que los casos que la MACCIH presentó en línea con corrupción en ONG’s tuvieron un impacto en la percepción de la ciudadanía con respecto a los casos de corrupción en el país que se conocían anteriormente.

Los encuestados además creen que de no renovarse se envía un mensaje claro en contra de la lucha contra la corrupción debido al miedo que hay por parte de las autoridades a ser investigadas sumado un poco con el desinterés de la ciudadanía sobre el tema. Señalaron que de no renovarse la MACCIH la mayoría opina que el presidente no quiere que lo investiguen y que el Congreso Nacional tampoco.

Mauricio Villeda, diputado liberal, señaló durante una sesión legislativa que una de sus mayores críticas hacia la misión es no haber investigado la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que permitió una resolución de la CSJ para darle paso a la reelección de Hernández y que ese debía ser el primer caso que debió investigar la MACCIH.

Para Andrés Pérez, doctor en Derechos Humanos, en el caso de que la MACCIH sea renovada aún le queda por fortalecer a la UFECIC y los tribunales anticorrupción. “Eso implica que se siga vigilando que la selección del personal sea siempre por concurso, que haya vigilancias externas y segundo debe concentrarse también la MACCIH ahora en esta agenda legislativa que permita que los nuevos órganos anticorrupción tengan los instrumentos necesarios para realizar su trabajo”.

Pérez señala que la MACCIH debe impulsar la Ley de Colaboración Eficaz pero también revisar el procedimiento de enjuiciamiento de los altos funcionarios, además de la rebaja de penas en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en 2020, también presionar por la revisión de la Ley de Secretos Oficiales y una serie de medidas como la revisión de la regulación del enriquecimiento ilícito y el rol que tiene el Tribunal Superior de Cuentas.

“Pienso que la UFECIC ha sido capaz de realizar la labor que ha realizado hasta el momento por que ha tenido el respaldo de una misión internacional, incluso creo que el fiscal General se siente respaldado ante las presiones que tiene de otros órganos del gobierno a apoyar a UFECIC. Si la MACCIH sale quedaría muy débil la institucionalidad” añadió Pérez.

El nueve de diciembre la Embajada de Estados Unidos publicó un comunicado solicitando la renovación de la MACCIH ya que “ha fortalecido a las instituciones hondureñas, afrontando la corrupción que socava la seguridad y prosperidad que todos los hondureños anhelan”.

Al día siguiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional manifestó este martes que la renovación o no del convenio de la MACCIH es una facultad soberana del gobierno y que esto dependerá de los resultados de la evaluación. Además, calificó como “innecesarias e inconvenientes” las manifestaciones públicas en el tema.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, expresó que “nos sentimos contentos por el avance que hemos tenido y nos falta mucho por recorrer la respuesta judicial a tiempo, la calidad en las resoluciones, la objetividad e independencia temas que son de todos los días en lo que nosotros consideramos que hemos avanzado sustancialmente, nos falta camino por recorrer” finalizó diciendo que si la Maccih no se renueva “nosotros caminamos solos perfectamente”.

Hasta el momento aún se espera la decisión que tomará el Ejecutivo sobre la renovación del convenio en donde la mesa evaluadora de la OEA y el gobierno piden la extensión del convenio y el Congreso Nacional exige que no se renueve. Mientras tanto, ni la MACCIH ni la UFECIC han dado declaraciones al respecto.

Para Lester Ramírez, la posibilidad de que el ejecutivo renueve el convenio está relacionada con que el presidente Hernández tenga una forma de blindarse de investigaciones una vez que salga del gobierno. “Me parece que él quiere mantener a ese sector del Partido Nacional contento y además como todo político hondureño histórico quiere continuar en el poder y no necesariamente quedándose como presidente, sino que puede tener sus tentáculos de poder a través de diputados, de magistrados en la CSJ”. Ramírez agregó que renovar el convenio podría confrontarlo con su propio partido político, un partido que ya dijo a través del Congreso Nacional que no quería una renovación.

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