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Los expedientes perdidos de la primera dama

Fotografía tomada de El País HN

La primera dama Ana García Carías, ha sido cuestionada los últimos días debido a que aparece como socia de una sociedad mercantil involucrada en el Caso Pandora. A pesar de que asegura que no tiene relación con ningún proceso legal, esta no es la primera vez que se le vincula a irregularidades con empresas u ONG’s.

En su cuenta de twitter, la primera dama ha hecho una aclaración pública: “Las acciones van dirigidas en contra de una SOCIEDAD, de la que me desligué desde su constitución formal hace 13 años, en 2006”.

Pero ese mismo año, Ana García era la responsable legal de dos ONGs recién creadas y que hasta el momento han obtenido múltiples convenios con el Estado. De acuerdo con una consulta avanzada en el sistema de expedientes de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), Ana García es la responsable de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (FUNDEIMH) que se inscribieron a su nombre en 2006.

Estas ONG’s manejan casi todo el programa Vida Mejor, FUNDEIH actualmente se encarga de proyectos para ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos mejorados y capacitaciones para la niñez y las personas con discapacidad. Mientras que FUNDEIMH se dedica a las microempresas de alimento y capacitaciones para mujeres.

El programa Vida Mejor ha sido un pilar fundamental en el proyecto político de la familia Hernández, una biografía de Ana García publicada en el portal de la presidencia indica que lo inició junto a Juan Orlando Hernández en el 2006. El 9 de enero de ese mismo año FUNDEIH y FUNDEIMH fueron inscritas en la URSAC.

FUNDEIH ha recibido al menos 2 mil 800 millones de lempiras (116 millones de dólares) entre 2014 y 2017 a través de convenios con fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). A través de una solicitud de información a los registros de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles de Honduras (DIRRSAC) se verificó que el expediente de esta ONG no se encuentra a disposición a pesar de que esta información debe ser pública.

“Por ser expedientes generados antes de la implementación del sistema de geolocalización de expedientes, estos no se encuentran escaneados y actualmente siguen buscándolos caso contrario se procederá a su reconstrucción” aseguran en una respuesta oficial desde la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SDGJD) de la que DIRRSAC es parte.

Mientras tanto, FUNDEIMH recibió entre 2014 y 2017 al menos 318 millones de lempiras (12 millones de dólares) desde SEDIS y su expediente fue decomisado por la UFECIC en marzo de este año. Debido a esta situación no es posible verificar qué cambios hubo desde 2006 y si Ana García es parte de la junta directiva de alguna de las ONG’s actualmente.

Sin embargo, en la información de los convenios entre la SEDIS y FUNDEIH al menos hasta 2017 aparece como directora ejecutiva Eva Yakeline Collier, hija de Danne Chavez quien en 2014 también firmó convenios y adendums bajo el cargo de presidenta de la fundación, cargo que ocupó al menos desde 2011, fecha en que se tienen otros registros públicos de su existencia y lo hizo hasta la firma de los contratos en 2014.

Ese mismo año que Danne Chávez firma como presidente de FUNDEIH con SEDIS, comienza a laborar como Gerente de la Unidad de Proyección Social y Asuntos Comunitarios en Casa Presidencial que se dedica a “recepcionar, evaluar y aprobar las solicitudes de ayuda social que hubieran sido sometidos a la Presidencia de la República”. Además, la oficina de Danne se encarga de gestionar con SEDIS y cualquier otra Secretaría de Estado, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y cualquier otras de carácter público o privado, las acciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes.

Tanto Danne como Eva tienen una relación muy cercana con la primera dama, esto lo demostraron públicamente durante la boda de Eva Collier en 2015 donde Ana García fue la designada para dar un discurso durante el brindis, según las revistas sociales, esto debido a que Eva la considera como una tía.

En el caso de FUNDEIMH, hasta 2017 la mamá de Ana García, Carlota (Lotty) Carías se dedicó a la ONG públicamente y al menos hasta 2016 asistía a eventos como una representante de FUNDEIMH.

De igual manera, aunque Rebeca Andrea Tercero Lizano aparece como representante legal y directora ejecutiva de FUNDEIMH, este poder fue acreditado por Victoria Isabel Madisson de Chávez, madre del diputado David Chávez, el 16 de febrero de 2016 en condición de presidenta de FUNDEIMH.

Aunque nunca se ha revelado en cuánto se encuentra valorado un ecofogón, coordinadores del programa en declaraciones a medios de comunicación dicen que se encuentra entre los 1,500 y 2,000 lempiras (entre 60 y 81 dólares) mientras que en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud en 2016 se refiere a aproximadamente 4600 (190$).

Este último dato se acerca más a la información de los convenios con FUNDEIH de 2015 a 2017; durante 2014 los ecofogones estaban valorados en alrededor de 9,500 lempiras.

De acuerdo a los estudios del Foro de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) este tipo de programas asistencialistas no funcionan pues los terminan financiando los mismos pobres. El aumento del 3% al Impuesto sobre Ventas decretado en diciembre de 2013 se destina directamente al programa Vida Mejor “este programa no ha dado resultados esperados, y en especial no ha servido para reducir la pobreza (…) este programa no debería existir como parte de un cobro adicional, ya que dentro de las líneas presupuestarias está el compromiso de pago para financiar programas de reducción de la pobreza” señalan en sus publicaciones.

Contracorriente ha intentado tener acceso a entrevistas con autoridades de SEDIS en varias ocasiones, pero estas no han dado respuestas. La última vez consultada accedieron a darla a través del oficial de Acceso a la Información Pública, una persona que no está facultada para responder por la institución.

Cuando se le consultó sobre la cercanía de Ana García con las fundaciones que más reciben dinero del programa Vida Mejor dijo no tener acceso a ese tipo de información: “Sinceramente yo no sé cómo se está manejando, sé que ellos reciben un primer desembolso del 40% y así. Sé que si después de que hacen una liquidación de ese 40% encuentran no conformidad por situaciones de corrupción el convenio se cancela. No le voy a decir que nunca ha habido, seguramente sí, pero las cosas se están haciendo diferente. Y sé que muchas fundaciones ya no califican porque en otros años han pasado situaciones” respondió Yoni Arias, oficial de acceso a la información pública de SEDIS.

La red de ONG’s para desviar dinero del Estado

Hasta el momento, la MACCIH en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (UFECIC) han develado en varias investigaciones la existencia de un sistema de corrupción que utiliza las ONG’s. En los casos Pandora, Arca Abierta y la Red de Diputados lo hicieron solicitando fondos para proyectos sociales que una vez depositados en las cuentas de las fundaciones se emitían cheques a favor de los diputados y diputadas involucradas, así como familiares y personas cercanas.

De acuerdo a una investigación previa realizada por Contracorriente, la aprobación de todos los fondos destinados a ONG’s que desde la MACCIH-UFECIC han encontrado irregularidades tuvo que haber sido aprobado por el presidente del ejecutivo, Juan Orlando Hernández.

Lea más aquí: Una vida mejor para la corrupción y no para los pobres

Cuando Hernández era presidente del Congreso Nacional en 2011 reforman la Ley del Presupuesto General de la República con el fin de autorizar a la Secretaría de Finanzas la transferencia del 25% de los valores no ejecutados en los fondos nacionales a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central para crear un fondo destinado a financiar diferentes programas y proyectos acorde a los objetivos en el Plan de Nación y Visión de País.

En diciembre de ese mismo año se realiza una nueva reforma, y el artículo 185 agrega que se reduzca el gasto de servicios no personales, materiales y suministros de más de 50 instituciones para trasladarlo a la Institución 449 destinado a financiar diferentes programas y proyectos.

Este fondo es administrado por el presidente, un representante de la Secretaría de Finanzas, representante de cooperación externa y los presidentes de la comisión del presupuesto del Congreso Nacional. Esto quiere decir que todas las solicitudes para esa asignación de fondos para programas sociales deben pasar primero por el presidente del Poder Ejecutivo.

Esta semana la MACCIH y la UFECIC solicitaron la privación definitiva de los bienes de los acusados en el “Caso Pandora”. La solicitud incluye cuentas corrientes y bienes inmuebles como las sedes centrales de los Partidos Nacional y Liberal, entre las sociedades mercantiles aparece Asesores Especializados en Desarrollo Integral (ASEDI) en la que Ana García es socia.

A pesar de la aclaración pública de la primera dama, esta información ya había sido verificada por Contracorriente y según la información del Registro Mercantil, desde su creación no hay cambios legales en los socios de ASEDIS.

Esta no es la primera vez que la MACCIH ha mencionado a la familia presidencial en sus investigaciones, la cercanía que tienen con las ONG’s que reciben fondos del proyecto Vida Mejor fue uno de los cuestionamientos que realizaron al intentar investigar por desviación de fondos a ésta y otras Organizaciones No Gubernamentales en el caso denominado Red de Diputados.

Cuando el primer jefe y vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, junto con otros fiscales intentó investigar a FUNDEIH y FUNDEIMH se generó una crisis interna que concluyó con la renuncia de Jiménez Mayor y el juez Daniel Urrutia.

En aquel momento, Urrutia declaró en una entrevista con CNN la existencia de un pacto de impunidad entre Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Juan Orlando Hernández, esto mismo lo ha denunciado el expresidente Porfirio Lobo en varias ocasiones debido a que en seis años del gobierno de Hernández no hay investigaciones en su contra.

“La selectividad en las acciones evidencia que lo hay, no son las palabras sino los hechos que dicen que aquí hay una muralla que no se pasa que es 2014” mencionó Lobo durante una entrevista a Contracorriente.

Mientras tanto, el convenio con la MACCIH vence en enero del próximo año y para renovarlo, la misión primero será evaluada y de esos resultados dependerá su permanencia. Hasta el momento su mayor logro es la estructuración de la UFECIC que ha presentado 12 casos que en total suman a 123 imputados entre diputados, otros funcionarios públicos y familiares acusados de malversar alrededor de 450 millones de lempiras en diferentes actos de corrupción.

Incluso si la MACCIH renueva su convenio aún quedan retos para su funcionamiento, hasta el momento no se ha requerido a la primera dama a pesar de estar mencionada en uno de los casos y las investigaciones llegan hasta esa frontera. Igualmente, aún se espera la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz que incluye la derogación de la Ley de Secretos Oficiales que impide que los casos avancen hasta la cúspide de las estructuras corruptas.

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