Luciana llevaba tantos años escuchando que «venían las minas» que apenas se percató cuando Inversiones Los Pinares comenzó a funcionar en 2014 a pocos kilómetros de su comunidad. En aquel momento Luciana no entendía y nadie le había explicado los efectos negativos de la minería, ni cómo afectarían a su comunidad hasta que el primer día de abril de este año, despertó y vio que el agua del río Guapinol con la que siempre se bañaba, lavaba y cocinaba había cambiado de color. No dejaba de llegar café, llena de lodo.
Desde ese momento las mujeres de la comunidad de Guapinol comenzaron una lucha contra la minera, acompañadas de sus hijos y nietos organizaron una toma pacífica durante once días frente a la municipalidad de Tocoa, Colón. Los días pasaban y eran más los habitantes que se unían, pero al no encontrar respuesta del alcalde del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Adán Fúnez, iniciaron un campamento y se organizaron bajo el nombre de Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Ahora la comunidad de Guapinol lleva casi 50 días en un campamento a la altura de La Ceibita, a seis kilómetros del centro de Tocoa. Para llegar es necesario cruzar calles de tierra que son imposibles de pasar en automóvil los días de lluvia, las personas que viven en Guapinol a diario caminan o intentan conseguir transporte para llegar hasta ahí porque su comunidad queda al otro lado de la montaña donde se encuentra el campamento, al menos a unos 20 minutos en carro. Al entrar a la zona se ve un rótulo que dice «fuera minas» y al fondo levantadas con palos y techo de bolsas plásticas hay unas casitas con hamacas para descansar.
Hombres y mujeres se turnan para vigilar las entradas al campamento mientras los otros descansan o cocinan. Foto: Fernando Silva.
Son cerca de las 6 de la tarde, la hora en la que sirven la cena, y en todo el lugar hay niños corriendo, jóvenes jugando, ancianos hablando mientras esperan la comida. Marta, la encargada de la cocina, dice que a diario llegan entre 150 y 300 personas de al menos 13 comunidades y que los fines de semana parece que se tratara de una feria, hasta llegan a olvidar por unos minutos la grave situación que los mantiene ahí y que amenaza con expandirse a otras comunidades.
Las personas en el campamento dicen que tienen miedo, que han recibido amenazas y que a veces la seguridad de la empresa se acerca a ver quiénes están. «Aún hay tiempo. No queremos que una de las personas que nos está apoyando se nos vaya», dice Luciana y las declaraciones las da una semana antes de un enfrentamiento entre la comunidad y la seguridad de Los Pinares que dejó a un joven de 20 años herido de bala.
Roni Ambrosio, asesor técnico de inversiones Los Pinares, dice que las personas en el campamento son grupos terroristas. «Pasaron de estar violentos a actos de terrorismo, entraron a nuestra propiedad, dispararon, quemaron, amenazaron y quemaron un carro propiedad de la empresa», denunció en varios medios de comunicación, sin embargo, el único herido del conflicto lo puso la comunidad.
La minera que amenaza una zona protegida
«Muchas familias de ahí vivían y ahora no, no se mira nadie en el río porque no sirve esa agua, ni los animales se acercan», cuenta Luciana y añade que el río Guapinol se contaminó debido a los sedimentos de tierra que cayeron luego de que se abriera una carretera que conectara a la minera –ubicada en lo alto de la montaña– con la calle principal. Luciana dice que varias quebradas del río San Pedro también se han secado y que ahora tienen que comprar botellones de agua, cada uno a 22 lempiras (casi un dólar) y sólo en la cocina se van hasta tres diarios.
Mientras tanto los representantes de Los Pinares parecen no decidirse entre si el agua está o no contaminada. Un día dicen en un medio de comunicación que está limpia, al otro que se le han hecho análisis y que «todos los ríos de la costa norte siempre que llueve mantienen su agua turbia, aproximadamente de 8 a 12 horas, dependiendo de la fuerza de las lluvias», pero las comunidades aseguran que el agua se mantiene así las 24 horas.
Muchos de los pobladores no creían en los efectos adversos que dejaría la minera en la comunidad, ahora el río Guapinol se encuentra completamente café por los residuos de la minera. Foto: Fernando Silva.
El gerente de medio ambiente de Los Pinares, Fernando Padilla Díaz, asegura que las personas del área de influencia directa e indirecta de su proyecto están a favor del proyecto, que el campamento lo han hecho personas ajenas a la comunidad y que las únicas que deben hablar son las que se encuentran en la parte alta de la montaña. Sin embargo, parte de la concesión se encuentra ubicada dentro de la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, antes conocido como Montaña Botaderos.
La ubicación geográfica del parque lo coloca como la principal arteria acuática que alimenta el Valle del Aguán en la zona Atlántica. De acuerdo al Plan de Manejo realizado por el Instituto Forestal (ICF) las fuentes de agua que corren por la montaña abastecen a 34 microcuencas que suministran el sistema de agua de al menos seis municipios: Tocoa, Saba Gualaco, Olanchito, Bonito Oriental y San Esteban donde al menos 42 mil habitantes reciben abastecimiento.
El Parque Carlos Escaleras es además una de las regiones con tierra más fértil en el país, «si van a sacar hierro en la zona van a destruir la montaña y todas las fuentes de agua van a desaparecer. Se está destruyendo la zona que es la que captura el agua, la retiene y la distribuye a través de todo el sistema hídrico de la zona, el daño es irreversible» sentencia Pedro Landa, analista ambiental.
Landa añade que la explotación minera en Tocoa actualmente amenaza con explotar un 50% del territorio pues aunque son seis las concesiones aprobadas en el municipio existen 34 en solicitud y la situación a nivel nacional es más grave, son al menos 300 concesiones aprobadas en la última década y hay más de 600 esperando aprobación.
Según el informe Territorios en Riesgo de Oxfam, de aprobarse todas las concesiones que están solicitadas al menos el 75 % de los ríos del país se verían afectados. Pero no sólo el agua se estaría contaminando, las poblaciones río abajo de las operaciones mineras se exponen además a la contaminación de los cultivos, al menos un 27 % de la tierra utilizada para agricultura en Honduras se encuentra en áreas expuestas a los peligros transmitidos a través del agua vinculada con la minería.
«Somos agricultores, apartamos nuestro tiempo porque sabemos que esto es importante ¿de qué nos sirve irnos a trabajar si en un tiempo las tierras no van a servir para cosechar nuestros cultivos? Por eso luchamos por la tierra y por el agua, para que estén limpios y nos den vida», señala Leonardo, uno de los habitantes de Guapinol que aún anda con sus botas de hule luego de regresar del trabajo.
Un conflicto que nunca acaba
La empresa Los Pinares, antes conocida como EMCO Mining Honduras, pertenece al empresario Lenir Pérez. Pérez es yerno del fallecido, Miguel Facussé, quien fue presidente ejecutivo de la empresa Dinant y terrateniente productor de palma africana involucrado en el conflicto agrario del Aguán que dejó más de 120 asesinatos entre 2008 y 2010, según estadísticas de la Policía Nacional.
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El río Guapinol tiene antecedentes de enfrentamientos entre las comunidades y la familia de Facussé. Carlos Escaleras, un líder ambientalista en los años 90 luchó contra la instalación de una planta de extracción de aceite de palma que quería colocar Miguel Facussé cerca del río Guapinol. A Escaleras lo asesinaron por su lucha en defensa del territorio y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó como responsable al Estado de Honduras por el asesinato ocurrido hace 20 años pidiendo que se le colocara su nombre al parque que antes era conocido como Montaña Botaderos.
Dentro de la petición de admisión del caso que se le presentó a la CIDH, la defensa mencionaba como uno de los autores intelectuales a Miguel Facussé Barjum, suegro de Lenir Pérez, quien ahora es el encargado de la concesión minera que se encuentra ubicada sobre algunas hectáreas del Parque Nacional Carlos Escaleras.
El parque había sido declarado área protegida en 2012 pero al año siguiente, el Congreso Nacional le modificó la zona núcleo reduciendo 217.34 hectáreas, 100 forman parte del territorio concesionado por la minera que planea montar una planta de producción de acero para comercio, el resto pertenece a otro proyecto.
Debido a su ubicación, en 2014 la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) emitió un informe y dictamen #731-2014 concluyendo que el proyecto no era factible y recomendaron declarar sin lugar la licencia ambiental. Durante el reportaje se buscó una entrevista con Lenir Peréz, sin embargo no respondió.
La minera en Tocoa no es la primera intención de Lenir Pérez de entrar en esta industria. En 2012 bajo el nombre de Minerales Victoria, el empresario pretendió explotar una mina a cielo abierto en la comunidad Nueva Esperanza en Tela, Atlántida. La comunidad desde 2013 se negó a dejar avanzar al proyecto y este no ha continuado.
Conociendo las situaciones con la industria extractiva, el pasado 30 de agosto las comunidades del sector durante un cabildo abierto rechazaron la entrada a los proyectos hidroeléctricos, térmicas y las compañías mineras en su territorio, la misma declaración que buscan realizar en Tocoa.
Sin embargo, la pretensión de instalar el proyecto en Tela, fue lugar de enfrentamientos entre los pobladores y la seguridad de la empresa, de acuerdo a un informe de Global Witness el conflicto llegó a sobornos, intimidaciones, amenazas a muerte. Además, en 2013 el jefe de seguridad de la empresa, Wilfredo Fúnez, secuestró a dos habitantes y dos observadores internacionales que se encontraban de visita en la comunidad. Fúnez fue condenado a 3 años de prisión por allanamiento de morada y privación a la libertad.
En el caso de Guapinol, los representantes de Los Pinares dieron a conocer que el director de la seguridad de la empresa era de origen estadounidense ya que según señalaron, las comunidades lo tuvieron retenido durante un par de horas durante el conflicto que dejó a un herido.
Rotulo de advertencia frente al campamento mientras se llega a los 40 días de resistencia en la zona. Foto: Fernando Silva.
Criminalización de las luchas contra la minera
«El crecimiento de todas estas ONG’s ambientalistas es porque viven de la protesta, protestan en contra de todo mundo» decía en julio de este año Luis Eveline, secretario general de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) durante el cuarto Congreso Internacional de Minería que la UPI organiza en Tegucigalpa. El evento servía para establecer estrategias sobre conflictos con las comunidades así como para organizar vínculos con aliados estratégicos como las instituciones de gobierno que acompañaban el evento: Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente).
«Si es necesario hacer acciones coercitivas para eliminar estas reacciones pues hay que hacerlas porque lo que no podemos permitir es que se nos vaya la empresa privada del país», añadía el catedrático universitario al referirse a las luchas comunitarias por la defensa del territorio y los bienes comunes, a su vez señalaba que aunque las mineras se llevaran casi todo el dinero al extranjero no importaba con tal alguien lo estuviera aprovechando.
Este congreso se realizaba mientras esa misma semana las operaciones de la empresa Minerales de Occidente S.A (MINOSA) se paralizaban debido al reclamo y manifestación de los habitantes de Azacualpa, una comunidad ubicada en el municipio de la Unión en Copán donde la compañía extractiva había comenzado a levantar cuerpos para explotar el cerro donde se encuentra el cementerio de la comunidad. Aunque eran invitados especiales, los representantes de MINOSA no se presentaron al evento y en su lugar colocaron un rótulo exigiendo «seguridad jurídica» al Estado para poder operar.
Durante una de las exposiciones, un representante de Inversiones Los Pinares se levantó y preguntó qué hacer cuando las iglesias encabezaban la oposición a las mineras denunciando que eso pasaba en su proyecto. Claudia Balmaceda, directora de Social Consul, una organización que se encarga de la gestión de conflictos ambientales en Nicaragua le contestaba que no deberían participar en estos procesos pues «no forman parte de las comunidades, son personas frustradas que no han sido beneficiados por la empresa y quieren obtener beneficio a través de una protesta buscando financiamiento a nivel internacional», finalizaba en medio de los gestos afirmativos que hacían los participantes.
Meses después de ese encuentro, cuando el conflicto en Guapinol empieza a crecer, representantes de Los Pinares viajaron a Tegucigalpa a denunciar que dos organizaciones no gubernamentales, entre ellas una «con malos fundamentos técnicos crearon un grupo que obstaculiza las actividades del proyecto» a la vez que denunciaron como autores de la oposición a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), que fue integrada en vida por Carlos Escaleras y a la Fundación San Alonzo Rodríguez (FSAR).
Ante estas declaraciones, Juana Esquivel, directora de la FSAR, señala que lo que buscan es «desvirtuar la lucha de 13 comunidades del sector San Pedro que se oponen al proyecto que van a ser afectadas directamente, centrar la atención sobre las organizaciones es querer deslegitimar la lucha comunitaria», y añade que aunque se comentaba que había procesos judiciales hasta el momento sólo hay denuncias que buscan colocarle temor a las personas para que abandonen la lucha.
Igualmente la iglesia San Isidro Labrador de Tocoa emitió un comunicado lamentando y rechazando las acusaciones contra las dos organizaciones. «Desde nuestra fe la Iglesia defiende la justicia y la vida; y en el espíritu del Evangelio no estamos de acuerdo con el quebrantamiento de derechos fundamentales como el agua y el ambiente habitable en nombre del desarrollo».
Los pobladores han solicitado al gobierno que se cancelen los proyectos mineros concesionados ya que afectan directamente a las fuentes de agua en estas comunidades. Foto: Fernando Silva.
Sin consultas y en secreto se darán las mineras
El conflicto con la minera que afecta al municipio de Tocoa ha sido ignorado por las autoridades municipales. En 2016, habitantes de todo el municipio realizaron una declaración pública en medios de comunicación donde denunciaban al ex alcalde nacionalista, Héctor Rolando Hernández, por socializar los proyectos de las concesiones mineras con comunidades que no pertenecían a las zonas más afectadas.
El actual alcalde de LIBRE, Adán Fúnez, no ha dado declaraciones ni se ha comunicado con las comunidades que se oponen al proyecto, lo único que saben es que en julio convocó a un cabildo abierto y no permitió el ingreso de las comunidades que se oponen.
El partido del que forma parte Fúnez tampoco ha declarado oficialmente al respecto, sin embargo Carlos Reina, secretario de LIBRE, realizó un vídeo en el que hizo el llamado a que Fúnez «convoque al pueblo a un cabildo abierto y que con la Ley Municipal convoquen a un plebiscito para que sea la comunidad, los pobladores, vecinos de Tocoa los que decidan si están de acuerdo o no con la minería».
Ante el conflicto tanto INHGEOMIN como MiAmbiente organizaron una mesa de diálogo a pesar de que en el campamento se desconoce que esto se haya dado. Carlos Izaguirre, director de gestión de Mi Ambiente, señala que «No aceptaron las mesas de diálogo así que creo que la intransigencia es de ellos, la prioridad del Estado en este momento era cuidar la armonía de la comunidad porque hay comunidades al interior –refiriéndose a las que están arriba en la montaña– que consideran que se ha violentado su derecho».
Por su parte Erika Molina, directora de INHGEOMIN, señala que «cuenta con todos los permisos correspondientes a la Ley de Minería y es una concesión minera desde el 2014».
Para Luciana, la lucha apenas comienza. «Si nos libramos de una, seguiremos en otra. La lucha de nosotros es por el cabildo abierto, pensamos que después de esta toma sigue la continuación de seguir luchando por un cabildo abierto para declarar a todo el departamento libre de minería, todas estas empresas tiene que irse».
Sin embargo, el panorama con estos proyectos a nivel nacional se vuelven más complejo, hace menos de un mes, mediante el acuerdo ministerial 1402-2018, se declaró bajo secretividad las licencias ambientales.
El acuerdo publicado el 17 de agosto decreta como información reservada «lo relativo a los Estudios de carácter técnico contenida en las solicitudes de Licencias Ambientales, al igual que otros trámites ambientales presentadas ante esta Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE), así como la ubicación de los mismos, garantizando la protección de la información técnica entregada por los particulares».
Rótulo del Movimiento Unificado Campesino Del Aguan (MUCA) que acompaña la lucha de los pobladores de estas comunidades. Foto: Fernando Silva.
El desarrollo que ofrece la minería
De acuerdo con datos el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del Instituto Nacional de Estadísticas, Tocoa es un municipio con más de la mitad de la población viviendo en pobreza y la principal actividad del municipio es en agricultura, silvicultura y pesca.
«Ya no es lo mismo que teníamos antes, había camarones grandes y pescados grandes. Ahora ni los animales se le quieren acercar. Comíamos y bebíamos de este río, ha venido esta empresa a quitar la bendición que Dios nos había dado», denuncia doña Virginia, una habitante de 70 años, toda su vida la hizo en Guapinol. Para doña Virginia el río era su vida «la montaña, el bosque. Si lo botan nosotros estamos muertos ¿para dónde vamos a agarrar?», añade con indignación.
Las mineras no son un tema nuevo en Honduras, existen diferentes informes e investigaciones que se han realizado sobre el impacto que producen en las comunidades quienes, cuando los yacimientos se agotaron, quedaron desoladas y con secuelas de epidemias en los pobladores. Un caso es el Valle de Siria en Francisco Morazán en donde las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio fueron afectadas por la minería de cielo abierto.
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De acuerdo con la información que manejan los representantes de Los Pinares, el proyecto tiene un capital de 3 mil millones de lempiras y hasta el momento ha ejecutado 700 millones desde que inició operaciones en 2014, sólo con la apertura de la carretera y de unas oficinas en Tocoa. Aunque existen 400 empleados, su meta es emplear a dos mil personas para 2019.
Los representantes aseguran que aportan desarrollo en las comunidades, sin embargo los proyectos mineros están obligados a pagar apenas el 2% de utilidades a las municipalidades y los empleos son muy reducidos, según un estudio del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH) estos empleos como resultado de la operación minera en el país sólo representa un tercio del 1% (0,34%) de la población ocupada del país. «Como puede deducirse, los beneficios de la actividad minera son mínimos comparados con los demás sectores productivos», agrega el estudio.
Los representantes de Los Pinares dicen que los empresarios extranjeros que se encontraban invirtiendo en su empresa tomaron la decisión de retirarse del país luego del conflicto que dejó a un herido, las comunidades señalan haber visto bajar la maquinaria, pero aún así decidieron continuar en la asamblea popular permanente y montar equipos de vigilancia para evitar que no vuelvan a subir.
Aún existen seis proyectos mineros que dañarían las principales fuentes de agua de Tocoa y afectarían a más comunidades, por el momento si se retira la minera en Guapinol deberán pasar al menos tres años par que su río se repare él solo y que las comunidades puedan volver a usarlo como centro de su vida.
Mientras tanto, Rigoberto Bonilla, el joven que recibió un disparo durante el enfrentamiento con la seguridad de la empresa Los Pinares vivirá con la bala en su cuerpo toda su vida por los riesgos que producía intentar sacarla. Una bala que tiene hierro, el mismo material que planean extraer con la minera y sólo una más de las balas que parecen nunca acabar en el Valle del Aguán.
*Los nombres de los habitantes de la comunidad han sido cambiados por temas de seguridad
