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Violada en un Estado ausente

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Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Martín Cálix

 

«Yo no sabía ni que existían las PAE –Pastilla Anticonceptiva de Emergencia–, siete años atrás me violaron cuando le dije a mi mamá y mi papá que no me gustaban los hombres. Mi papá me abusó, me dijo que me iba a hacer mujer de verdad», Ana, susurra su historia y mira al suelo, con nervios se toca las manos. Tenía 13 años y producto de esa violación resultó embarazada, su padre era miembro de una mara y amenazó con matarla a ella y a su madre si decía algo.

«Me pegaba para no parir y tenía miedo porque mi mamá me decía que si yo salía embarazada me iba a correr de la casa», Ana cuenta que aunque empezó a aceptar su destino, a los tres meses tuvo un aborto espontáneo porque no sabía cómo cuidarse. Suspira mientras recuerda que eran gemelos, que cuando acudió a su madre por ayuda ella la corrió de su casa, no le creía: «terminó diciendo que yo me había acostado con él».

Si bien no hay un dato exacto sobre la cantidad de violaciones sexuales en el país, según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias en los últimos diez años aumentaron a un poco más del doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2017 se contabilizaron 2761.

Todas estas cifras alarmantes de violencia sexual hacia las mujeres en Honduras se dan en un contexto donde no existe un protocolo de atención a víctimas por violencia sexual y las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE) tienen una prohibición en su uso, venta y distribución desde 2009, hace casi 10 años.

Una mujer de la unidad de limpieza municipal trabaja barriendo la Avenida Cervantes del centro de Tegucigalpa. En los trabajos de limpieza de la ciudad de Tegucigalpa, muchas son mujeres pobres que bajan de los barrios periféricos de la capital para barrer y recoger la basura de sus calles. Foto: Martín Cálix

Las mujeres son las más vulnerables para sufrir de violencia sexual, sólo en 2017 el 88% de los casos evaluados por Medicina Forense fueron mujeres, de las cuales el 58% eran menores de edad.

Sin embargo las denuncias son apenas un pequeño porcentaje de la violencia real, según un informe del Centro de Estudios de la Mujer (CDM) apenas el 10% de las sobrevivientes de una violación sexual la denuncian, quienes no denuncian es debido a que «la misma sociedad a través de sus instituciones, refuerzan y reproducen la idea de que la víctima es responsable de lo que le sucede, generando estigma y culpa en ellas», reza el informe.

Ana no denunció en ninguna de las ocasiones.

Un grupo de mujeres en la sala de espera de la Clínica Madre Adolescente, una instancia del Hospital Escuela Universitario en la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix

«Estaba pequeña no sabía nada, no tenía el apoyo de mi mamá ni siquiera. La segunda vez –que la violó– fue porque me bañé de inmediato, sentía asco, y como lo hizo cuando estaba dormida no tenía ninguna prueba». Ahora Ana dice que tiene un grupo de amigas que han pasado por la misma situación y que las anima a denunciar, como si se tratara de un secreto, confiesa que lo hace sabiendo que probablemente no se hará justicia: «yo sé que aquí en Honduras les vale», continúa.

La Corte Suprema de Justicia durante 2017 emitió apenas 104 sentencias absolutorias y 135 condenatorias por violaciones sexuales, entre ellas varios casos no son de ese año sino que llevan años de retraso debido a la mora judicial que actualmente tiene 85 mil casos que esperan resoluciones, según las cifras oficiales.

La oposición a las PAE en Honduras

La primera intención de prohibir la PAE se dio en abril de 2009, poco antes del Golpe de Estado, con la aprobación de un decreto promovido por la diputada liberal Martha Lorena Casco, señalaba que las pastillas realizaban «un aborto farmacológico» y las tomaban «niñas de 12-16 años después de una noche de parranda».  Este decreto fue respaldado por un dictamen emitido por el presidente del Colegio Médico de ese entonces: Mario Noé Villafranca.

El Presidente en aquel momento, Manuel Zelaya Rosales, vetó ese decreto argumentando que aprobarlo violentaba convenios internacionales. Sin embargo, durante el gobierno de facto de Micheletti Baín, Mario Noé Villafranca fue nombrado ministro de salud y en su posición firmó un acuerdo ministerial emitido el 21 de octubre de 2009 en el que se prohibió la venta, el uso, consumo y distribución de los anticonceptivos de emergencia.

Actualmente Villafranca es diputado por el partido Unificación Democrática (UD). En un programa de Televisión al principio de año dijo abiertamente que apoyaría al Partido Nacional para obtener la presidencia del Congreso Nacional, así consiguió el puesto de vicepresidente de la junta directiva y actualmente también preside la comisión de salud.

Villafranca además de ser diputado, es médico oncólogo, recibe a sus pacientes en una clínica que tiene un cuadro de Jesucristo al fondo y la biblia en su escritorio. En medio de estos símbolos, recuerda el decreto que firmó en 2009 «Sí, yo la prohibí. Lo hice porque estaban abusando de ella, había niñas que la usaban 3, 5, 7 veces por semana imagínese, es una bomba, además de que se considera un micro abortivo, también guarda relación con cáncer de hígado, cáncer de endometrio, de mama, es un tema muy delicado».

Mario Noé Villafranca, ex Ministro de Salud en el periodo de Roberto Micheletti tras el golpe de Estado de 2009, y actualmente es diputado al Congreso Nacional por el partido Unificación Democrática (UD). Villafranca preside la Comisión de Salud del Congreso Nacional. Foto: Martín Cálix

Villafranca dice que no puede opinar sobre si aún piensa que es abortiva porque durante el primer trimestre de 2019 el tema entrará en debate en el Congreso Nacional, promovido por recomendaciones que les ha realizado la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«Están con la idea de que se pueda regular, que se venda pero con extrema cautela. La palabra más correcta sería de que fuera como los medicamentos psiquiátricos, en los cuales deben de ser rigurosamente evaluados para poder dárselo al paciente, un recetario especial. Como comisión estamos abiertos a escuchar», finaliza.

Desde su prohibición, el único debate a nivel institucional que se ha dado sobre el tema fue en 2013 cuando el diputado nacionalista, Ramón Bulnes, introdujo un proyecto de ley para legalizarla, pero nuevamente fue engavetado. A partir de ese momento, el tema ha estado en la agenda de las organizaciones de mujeres que consideran que la prohibición violenta el derecho a la salud física y psicológica de las mujeres y niñas del país.

Ericka García, integrante del Grupo Estratégico por la despenalización de las PAE, que aglutina varias organizaciones feministas y de mujeres en el activismo por los derechos sexuales y reproductivos, denuncia que hay mucha desinformación y manipulación al respecto, sobre todo la proveniente de los grupos que se denominan provida que argumentan que las PAE son abortivas. «No tienen ningún fundamento científico o médico sino puramente fundamentalista religioso, con los pactos que el gobierno actual ha firmado con las cúpulas religiosas sabemos que los derechos de las mujeres no están garantizados y más bien son como un punto de negociación», sentencia.

Ericka García del Centro de Derechos de la Mujer en sus oficinas en Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la PAE «no pueden provocar un aborto» pues son a base de levonorgestrel, un compuesto que impide o retarda la ovulación de forma que los espermatozoides no pueden fertilizar el óvulo. La OMS además exige que se implementen en todos los países dentro de sus programas de planificación familiar y servicios para las poblaciones con mayor riesgo en una relación sexual sin protección, como las víctimas de agresión sexual.

La fecundación puede ocurrir hasta cinco días después del acto sexual, dependiendo del momento de ovulación en el que se encuentre la mujer, por lo tanto las PAE deben tomarse en las primeras 72 horas después de una relación sexual sin protección o una violación sexual, si el óvulo ya fue fecundado la PAE no tendrá efecto.

La Oficina de Investigación en Salud Reproductiva de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, evidenció en un estudio que las PAE no provocan abortos pues no inhiben la implantación. Evaluaron a mujeres que tomaron una PAE después de la ovulación y demostraron que éstas tenían las mismas posibilidades de quedar embarazadas que si no las tomaban, «si el levonorgestrel fuera eficaz en la prevención de la implantación, sería sin duda más eficaz cuando se toma después de la ovulación».

A pesar de esto, la asociación Provida Honduras, fundada por Martha Lorena Casco, considera que las PAE son abortivas, al igual que cualquier otro método anticonceptivo como los condones, pastillas e inyecciones, cualquiera que impida la fecundación. Señalan que no aprueba ningún método que no sea el «natural», según cuenta su secretaria por teléfono en una de las conversaciones que se tienen en más de tres semanas intentando contactar al menos a una de las integrantes de la organización para una entrevista que nunca se dio.

Sin embargo, en otros momentos han dado declaraciones al respecto, Mercedes Acevedo, integrante de Provida Honduras, dijo en Radio América durante el debate sobre el aborto que estuvo en el Congreso Nacional en 2017, que las PAE son abortivas y están en contra de ellas: «nuestra posición es que un aborto es un aborto sea en momentos de violación, de incesto, son un problema social de la descomposición familiar. No le echemos la culpa a los niños indefensos que están en el vientre de sus madres».

Han pasado 7 años desde que Ana fue violada por su padre, dice que si hubiera sabido de las PAE y las hubiese podido utilizar a los 13 años, lo habría hecho y habría evitado mucho sufrimiento. Lamentablemente, ése no fue el único episodio de violencia sexual que le ha tocado sufrir.

Un partido de fútbol realizado entre mujeres para promover los derechos de las mujeres y la denuncia por la despenalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, PAE. Foto: Martín Cálix

El método Yuzpe y sus efectos secundarios

Hace menos de tres meses Ana fue violada de nuevo cuando se quedó en la casa de un amigo después de una fiesta, él la abusó mientras dormía. Ana no conocía de ningún método para prevenir un embarazo, pero una amiga de confianza le indicó cómo utilizar los anticonceptivos orales habituales.

El método Yuzpe es un método anticonceptivo de emergencia que consiste en administrar pastillas de anticonceptivo oral habitual que contengan levonorgestrel aplicándolo en dosis más altas, dependiendo de la marca pueden ser entre dos y cuatro pastillas, tomando al igual que las PAE la primera dosis dentro de las 72 horas después de la agresión sexual y otra dosis 12 horas después de la primera.

De acuerdo a Ericka del GE-PAE este método es 20% menos efectivo que las PAE, que tienen una efectividad del 95%. Además, contiene mayores efectos secundarios para las mujeres debido a las altas dosis que se necesitan para poder alcanzar la cantidad de levonorgestrel que contienen las PAE, «que están hechas para que en una sola dosis o a veces en dos, sufran menos consecuencias. Al final sólo son medicamentos», señala.

Ana no sólo tuvo que sufrir el trauma psicológico, físico y social de una segunda violación sexual sino también los efectos secundarios en su cuerpo por no poder acceder a una PAE y tener que utilizar el método Yuzpe. «Pensaba que me iba a morir porque me dieron unos efectos que no me agradaron: vómitos, temblor, dolor de cabeza, cosas así que me duraron como unas 6 horas». Ana mira al escritorio que tiene enfrente con dolor, como si los efectos pasaran por su cuerpo nuevamente.

El método Yuzpe es una de las alternativas ante la prohibición de las PAE, la otra es la clandestinidad. Las PAE son también conocidas como «Plan B» debido a que esa es la marca que actualmente ingresa al país de manera clandestina. Las pastillas Plan B son vendidas en grupos de Facebook, mercaditos y farmacias, su precio varía entre 80 y hasta 300 lempiras.

Esta venta clandestina además se da en un contexto en el que los medicamentos no pasan por un registro sanitario, lo que aumenta los riesgos en la salud de las mujeres que las utilizan.

En el mes de agosto se hizo el foro «Violencia sexual y embarazo: los desafíos pendientes del Estado hondureño», un conversatorio con especialistas y autoridades, impulsado desde el Grupo Estratégico por la despenalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, GEPAE. Foto: Martín Cálix

Atención a víctimas en Tegucigalpa

Ser víctima de violencia sexual es difícil, pero en Honduras la situación se complica más. A las autoridades poco les ha importado el tema, en los centros de salud, en el Hospital Escuela Universitario (HEU) y en la misma Secretaría de Salud remiten toda la responsabilidad a Médicos Sin Fronteras (MSF), una misión humanitaria internacional que existe en Honduras desde 1974 y que hace 10 años se dedica a atender a víctimas de violencia y agresiones sexuales.

MSF tiene Centros de Atención Prioritaria en dos departamentos del país: Cortés (en Choloma) y Francisco Morazán, en este último se encuentran en tres puntos diferentes: el centro de salud Alonso Suazo, en el Centro Integrado a la par de las fiscalías en los Dolores y en el Hospital Escuela Universitario donde se dedican a dar una atención integral en medicina, salud mental y valoración de trabajo social.

Según los registros de MSF el año pasado atendieron más de 500 casos de violencia sexual contra mujeres, 66% de estos fueron violaciones con penetración. La mayoría de las víctimas eran menores de edad (54%). Los datos que se tienen para 2018 indican que hasta septiembre ya se superaban los 500 casos.

Ericka dice que casi siempre se asume que la violación es culpa de la mujer por andar borracha, por ir a discotecas, por vestirse de cierta forma, a pesar de que la mayoría de casos denunciados son eventos ocurridos dentro de los mismos hogares. Las cifras de MSF lo respaldan, la mayoría de las agresiones registradas fueron por parte de familiares, parejas o conocidos en lugares habituales como el hogar, el trabajo, o alguna institución.

Ana también lo sabe, sus violaciones fueron en casa por personas que conocía y en quienes confiaba, pero además cuenta que intentaron violarla 3 veces más. En una ocasión fue en casa de una amiga, una de las que la atendieron cuando ella quedó en la calle, «era el papá de mi amiga, intentó aprovecharse porque vivía en su casa y no me dejé».

Para Rafael Contreras, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Honduras, los médicos que atienden casos de violencia sexual se ven muy limitados en la atención integral al no poder evitar un embarazo no deseado. Sólo pueden darles medicamentos antiretrovirales y profilácticos para evitar enfermedades de transmisión sexual, inyecciones contra el Tétano o la Hepatitis B, enfermedades que se pueden transmitir por la violencia que conlleva el evento.

Rafael Contreras, Coordinador de Médicos Sin Fronteras en Honduras, en las oficinas de MSF en Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix

Durante el seguimiento de los casos, Médicos Sin Fronteras atendió a 36 mujeres embarazadas de las cuales el 81% señalaron que su embarazo fue producto de la violación.

Mireya Hernández, psicóloga de Emergencia de Adultos de la Unidad de Intervención en Crisis del HEU, dice que las pacientes víctimas de violación «siempre vienen sin querer hablar, con depresión, ideas suicidas, ansiedad, trastornos mentales que vienen porque es un abuso y la preocupación de si hay un embarazo».

Contreras señala que a las mujeres les suele afectar mucho un embarazo no deseado, «algunas lo manifiestan no sólo en el momento del parto sino hacia después visibilizan a este no como el niño amado que uno podría pensar sino es alguien o algo que permanentemente les recuerda ese evento de violencia que sufrieron», añade que otros riesgos que se corren es que se practiquen un aborto inseguro, mala nutrición durante el embarazo, riesgos de enfermedades de transmisión sexual, depresiones e intentos suicidas.

Ana Raquel Gómez, doctora de la Clínica de la Madre Adolescente del HEU señala que al mes reciben al menos dos pacientes cuyo embarazo es producto de un abuso sexual, generalmente por algún familiar o persona conocida que viva cerca: «no sabemos qué hombre es y si tiene enfermedades de transmisión sexual, algunas han venido con condilomas y tenemos que tratarlos para que el bebé no nazca con algún problema».

Nahomy Alas, estudiante de psicología que realizó su práctica profesional en el HEU cuenta que uno de los casos que más le afectó fue tratar a una mujer abusada por su tío y que tenía dos meses de embarazo. Llegó al HEU luego de un intento de suicidio: se había tomado detergente, «me dijo que no se quería morir sino que quería provocarse un aborto y a los dos días se murió. Es impactante ver una paciente a la que estés atendiendo, que haga catarsis con vos y que vos lo único que te toca hacer es verla sabiendo que al final se va a morir».

El Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Estudios de la Mujer (CDM) señala que en 2017 más de 800 niñas menores de 14 años salieron embarazadas producto de violaciones sexuales.

Por el momento, la atención que reciben las víctimas de violencia sexual es diferente en todo el país, Maribel Navarro, integrante de Normalización de la Secretaría de Salud dice que se están atendiendo dependiendo de los reglamentos internos que tengan los centros de salud u hospitales.

Sin embargo, en el HEU uno de los problemas que ha identificado Médicos Sin Fronteras es que a veces sin una denuncia los médicos no atienden a las víctimas «la denuncia no puede convertirse en una barrera porque es un derecho de una persona y no un deber» señala Contreras.

Encuentro de la Agenda Política de Mujeres y Feministas en un hotel de Tegucigalpa, el 14 de agosto de 2018. Foto: Martín Cálix

Un protocolo incompleto

Honduras es el único país de Latinoamérica que no tiene un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, desde hace más de dos años comenzó a elaborarse uno con el apoyo de diversas organizaciones como Go Joven, MSF, OPS, Naciones Unidas, organizaciones de mujeres, la Secretaría de Salud, entre otros

El borrador del protocolo se entregó en octubre de 2017 y desde entonces, la mesa técnica que lo trabajó no volvió a saber de él hasta que en enero se anuncia que se comenzará a usar, pero que no se ha aprobado la parte de la prevención de embarazo que incluye el uso de las PAE.

Rafael Contreras de MSF dice que «lo que sabemos de forma extra oficial es que tienen un problema con la PAE por la prohibición, pero cuando se habla de integralidad se debe hablar de prevención del embarazo, en ningún momento del protocolo se habla del aborto sino de prevención con un medicamento que es preventivo, aparentemente puede haber un problema político, religioso por el que no lo han validado».

Mientras tanto, Maribel Navarro, dice que «por motivo de que hay un decreto ministerial ha quitado ese componente de prevención de embarazo en el documento y ahorita se está haciendo gestiones para derogarlo. El ministro está indagando un poco más, en tomar la decisión».

Mujeres asistentes al foro «Violencia sexual y embarazo: los desafíos pendientes del Estado hondureño» realizado en agosto de 2018, como parte de la campaña permanente del GEPAE por la despenalización de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia. Foto: Martín Cálix

Cuando las paredes amanecieron gritando

Cuando se dieron cuenta que se quería aprobar el protocolo sin el apartado de prevención de embarazo, el Grupo Estratégico por la despenalización de las PAE (GE-PAE) envió una nota pidiéndole una explicación al Secretario de Salud,  Octavio Sánchez Midence, al no tener respuesta se reúnen con jóvenes y hacen sesiones creativas para crear una idea que vincule las PAE con la violencia sexual.

En ese momento surge un caso que generó mucha indignación en varios sectores de la sociedad. Silvia Vanessa Izaguirre de 28 años era estudiante de último año de medicina y al regreso de sus vacaciones en el interior del país, su transporte fue interrumpido por asaltantes quienes intentaron violarla. Silvia se opuso y fue asesinada, el caso generó movilizaciones, plantones, posturas y declaraciones contra la violencia de género desde su expresión más alta: el femicidio.

Lea más aquí: Los femicidios oscurecen el panorama hondureño

En ese contexto nace la campaña «Yo no quiero ser violada» y se comienzan a empapelar las calles: dos ojos de mujer y la frase en grande, abajo una lista de los posibles agresores: pareja, docente, padre, tío, entre otros. Se pegaron en varias ciudades del país, el día en que se comienza la campaña, se da a conocer un caso de violación sexual dentro de unos baños en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma en Valle de Sula (UNAH-VS).

Lea una columna de opinión sobre el tema: Peligro Inminente

Debido a este último hecho la campaña se hizo masiva, las fotografías de los rótulos eran portadas en los medios y el movimiento empieza a agarrar fuerza. Sin embargo, el GE-PAE también registró varios incidentes violentos: en las calles quitaban los carteles, les rompían el «no» para que dijera «Yo quiero ser violada» y escribían cosas sobre ellos «cierren las piernas», «para qué se visten así» y ataques a través de redes sociales

«Como que les ofendía, entonces eso denota la cultura de violencia machista que tenemos en el país, como si un hombre que va pasando por la calle y ve un cartel así y le estorba, le molesta, es porque ahí hay algo», cuenta Ericka.

Otro de los eventos violentos que se registró durante la campaña fue con el uso de la camiseta que tenía la misma imagen de la pancarta. Cuando la utilizaban, las mujeres reportaron mayor acoso callejero, carros, motocicletas u hombres que las seguían, incluso que las llegaron a tocar en alguna parte del cuerpo: desde los acosadores ver el reclamo constante y desde los cuerpos de las mujeres generó una reacción más violenta que la habitual, como medida de seguridad las chicas tuvieron que restringir el uso de la camiseta a sólo portarla andando en grupos.

Ericka añade que en el país se vive en «una cultura de violencia extrema donde además el acoso es exageradamente violento, las mujeres tenemos miedo y nuestro miedo es que nos maten por las altas cifras de femicidios, pero también de que nos violen, que nos asalten, vivimos en un estrés constante».

Esta dura realidad de violencia sexual contra las mujeres aumenta con los años, prevenir un embarazo no deseado producto de una violación se encuentra ahora en las manos del Ministro de Salud. Desde la Secretaría de Salud se sabe que lo están pensando, pero nadie conoce cuál será su respuesta, a pesar de toda la evidencia científica que se le está entregando. La espera podría durar años, años en los que la realidad de mujeres como Ana se seguirá repitiendo, sin la atención adecuada.

Ana ha pensado en suicidarse, dice que ya no sabe qué hacer. A pesar de todo, se dedica a ayudar a otras mujeres a superar sus episodios de violencia mientras intenta borrar los propios. Hace cuatro años uno de los hombres que la intentó violar le cortó una pierna y tuvieron que hacerle 12 puntos, de ahí le quedó una cicatriz. Ana se la tatuó para ocultar sus cicatrices, suspira y reflexiona sobre su vida.

 

–Sí, ha sido duro.

 

 

 

Nota: Se han cambiado los nombres de las sobrevivientes por su seguridad.

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