Retrasos en la compra de vacunas mantienen a Honduras expuesta a más contagios y posibles actos de corrupción

Después de los retrasos en la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y en medio de críticas por el manejo de la pandemia, Honduras logró un acuerdo con Rusia para la compra de la Sputnik V, pero las dudas persisten en torno a la transparencia del proceso. 

Texto: Linda Ordóñez

Fotografías de Martín Cálix y Fernando Silva

*Este trabajo ha sido realizado en colaboración con la Fundación Thomson Reuters

El 25 de febrero, en Honduras comenzó el proceso de vacunación para inmunizar al personal de primera línea. Esta acción se logró gracias a un acuerdo con el Gobierno de Israel que decidió enviar sus dosis sobrantes de la vacuna Moderna a sus aliados que pasaron la embajada de Israel a Jerusalén antes que enviarlas a territorio palestino. Esas 5000 dosis resultaron de la medida desesperada del Gobierno hondureño que hasta el momento no tenía más plan que esperar la donación del mecanismo Covax que ya había anunciado el envío de su donación para mayo.

Una semana después, en medio de los señalamientos por negligencia y corrupción en el manejo de la pandemia, el gobierno hondureño anunció el acuerdo para comprar la vacuna rusa Sputnik V, gracias a la mediación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Y no fue hasta el 9 de marzo que el presidente Juan Orlando Hernández informó que por fin se firmó el contrato con el Gobierno de Rusia por 4,2 millones de dosis para inmunizar a 2,1 millones de personas. Sin embargo, aún no se conoce más información acerca de los detalles del acuerdo, no hay fechas ni cifras acerca de la inversión que no solo incluye la compra de la vacuna, sino los costos de envío y toda la logística que implica el proceso. 

Según el secretario de finanzas Marco Midence el precio de ambas dosis es de 19.9 dólares y en el plan de vacunación aprobado en enero de este año, el Gobierno había destinado un presupuesto total de 68,381,877.22 dólares para todo el proceso de vacunación.

El 21 de febrero, el presidente Juan Orlando Hernández, a través de sus redes sociales dijo que «los países más ricos han acaparado el 93 % de las vacunas. No se respetó la solidaridad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) vía Covax nos prometió. Honduras ha sido ejemplo mundial en procesos de vacunación. Tenemos una ley que benefició mucho a nuestra gente, pero en momentos de crisis como la pandemia, no nos permitió adquirir vacunas COVID-19 con la rapidez de otras naciones».

Pero semanas antes de este pronunciamiento, en una entrevista gestionada por la Fundación Thomson Reuters el 3 de febrero, Santiago Cornejo, director del equipo encargado de mantener las relaciones con los países en la oficina de Covax en Latinoamérica, aclaró que el 20 % para febrero era imposible porque «si lo hacemos para todos los países estamos hablando de miles de millones de dosis y no tenemos esa cantidad. La meta es dar, al menos, un 3 % (496,800 dosis) dando prioridad al personal de salud que es el de mayor riesgo».

Reformas a la ley de vacunas

Con la llegada de la donación de Israel, una de las primeras vacunadas fue la médica internista Johana Bermudez, quien es diputada del Partido Nacional (PN) y actualmente busca reelegirse. Bermudez promulgó varios proyectos de ley durante la pandemia, entre ellos la aprobación de un fondo de 110 millones de lempiras para prevenir o atender casos de COVID-19 en Honduras; y la última, el 20 de febrero, la reforma a la Ley de Vacuna Gratuita Para Todos Contra el COVID-19, que permitió el acuerdo para la adquisición de la Sputnik V, pero que despierta desconfianza por la aprobación de compras directas sin la revisión de un equipo de expertos. 

La diputada nacionalista Johana Bermudez durante la entrevista para Contracorriente. Tegucigalpa, 23 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix

Avanzaba el mes de febrero y el Gobierno de Honduras no daba más información en torno a la adquisición de las vacunas y el gremio médico, los medios de comunicación, distintas organizaciones sociales y población en general, hacían presión a través de comunicados, plantones y redes sociales. Ante esto, el 20 de febrero el Congreso Nacional (CN) llamó a sus diputados a una sesión para reformar la Ley de Vacuna Gratuita Para Todos Contra el COVID-19, que en uno de sus artículos prohibía la compra bilateral con las casas farmacéuticas fabricantes de vacunas.

La diputada Johana Bermudez, argumentó que era de suma importancia reformar esta ley y que el pueblo hondureño tenía razón de desconfiar, pero que era importante comenzar a generar credibilidad y confianza en el proceso de las vacunas: «El fondo destinado para la compra de las vacunas será administrado a través de un fideicomiso y la única entidad gubernamental responsable de auditar en el país es el Tribunal Superior de Cuentas, pero eso no quita que un ciudadano llegue a la Secretaría de Salud o que lleguen organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) o el Colegio Médico de Honduras», dijo Bermúdez a este medio. 

También aseguró que esta ley se modificó producto del trabajo de la Plataforma Todos Contra el COVID, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del Consejo de Inmunizaciones Nacionales de Honduras: «Ellos construyeron la iniciativa. A mí me habían dado esa iniciativa desde antes y yo le dije a Tomás Zambrano (primer secretario del CN): “Tomás, hay que modificar esa ley para que Honduras pueda hacer compras directas”, y me dijo: “No te metás en ese tema ahorita”. Entonces hablé con la doctora Ida Berenice, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), quien me explicó el contexto».

Durante la sesión hubo reacciones de parte de los congresistas representantes de la oposición de Gobierno, que argumentaban que detrás de esta reforma también había puntos que se prestaban a acciones que empañaban la transparencia de las compras. En una entrevista para Contracorriente, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jorge Cálix, dijo que durante la sesión exigieron que en este proceso se debía nombrar una comisión de notables para garantizar una adquisición de vacunas libre de acciones corruptas o malintencionadas. 

Hasta octubre de 2020, el Ministerio Público había abierto 22 líneas de investigación sobre compras irregulares desde que inició la pandemia. Entre las compras investigadas se encuentran los 7 hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), inconsistencias en las adquisiciones de respiradores mecánicos, mascarillas y las 250,000 pruebas para detección de la infección por COVID-19 que se echaron a perder por no seguir la cadena de frío.

«Nosotros pedíamos una comisión de notables que estuviera integrada por el Colegio médico, el Colegio de químicos farmacéuticos, un integrante del Consejo Nacional Anticorrupción para que garantice la transparencia del proceso, y que esta comisión fuese asesorada o incluida una persona como el científico Salvador Moncada. Lo que estamos proponiendo es ciencia, academia. Por ejemplo, no queremos que un abogado (como el presidente) asesorado por una profesora (la ministra de Salud) compre las vacunas para el coronavirus porque precisamente por eso estamos en el punto que estamos: sin vacunas», comentó Cálix.

Cálix también recalcó que la bancada del partido al que representa (Libre) no podía apoyar esta reforma porque era como darle un cheque en blanco al Gobierno para que haga compras directas. «El asunto es que ya hemos visto lo que han hecho durante la pandemia: han sobrevalorado televisores, percoladoras, hospitales, mascarillas, de todo, entonces nosotros no podemos darle un cheque en blanco a una administración en la que nadie confía, y no nos pueden culpar por no confiar, porque solo han demostrado que son buenos para robar», comentó Cálix, y además agregó que durante toda la sesión no quisieron darle la palabra y que le escribió un mensaje de Whatsapp al diputado Mario Pérez —diputado del oficialismo, que presidía la sesión— y su respuesta fue negativa.

Según Cálix, este retraso en la gestión para adquirir las vacunas retrata la incompetencia de este Gobierno, su negligencia, pero también el desprecio por la vida de sus ciudadanos: «si hubiera un mínimo de respeto por los hondureños se hubiese hecho la planificación conforme a lo que se requiere en estos tiempos de emergencias, como lo hicieron todos los países del mundo. El Gobierno tuvo que haber previsto todo esto y si íbamos a recibir una donación pues muy bien, pero su responsabilidad era comprar la vacuna para la gente».

Honduras obtuvo a través de una donación del Gobierno de Israel una donación de 5000 dosis que serían destinadas para la inmunización de 2500 miembros del personal médico de primera línea a nivel nacional. San Rosa de Copán, 26 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

Con la reforma del artículo 2 y la derogación del artículo 9 de la Ley de Vacuna Gratuita para Todos Contra el COVID-19 se le permite al Poder Ejecutivo acceder a la compra de otras vacunas de manera directa, incluso sin tener la aprobación de la Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA), pero que ya cuenten con la tercera fase de estudios clínicos. Esto podría representar un peligro, ya que puede dar pie a posibles fraudes, tal como sucedió en 2020 cuando se destinaron 69,647,533 de dólares para la construcción de siete hospitales móviles, pero que hasta la fecha cinco de ellos no están en funcionamiento.   

El Gobierno de Honduras elaboró un presupuesto del cual un 71.18 % proviene de préstamos con el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, y donaciones de la OMS/ OPS, Usaid, Gavi, Unicef, entre otros; El 28.82 % restante será financiado por el Estado, la empresa privada y gobiernos municipales. En el Plan de Vacunación se establece la cantidad de 68,381,877.22 dólares para la compra de vacunas, pago al personal de las brigadas, materiales como jeringas y mantenimiento del equipo de almacenamiento para cumplir con la cadena de frío. Sin embargo, este plan fue actualizado por última vez el 11 de febrero de 2021 y no se ha dado ningún informe acerca de reformas o adecuaciones ante las nuevas donaciones y posibles compras que han anunciado en los últimos días.

El 21 de febrero de este año, entidades gubernamentales le solicitaron al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) su participación, como veedor social, en la adquisición de las vacunas contra la COVID-19. Durante una semana participaron en una sesión en la que se planteó el proceso a seguir para comprar las dosis necesarias para inmunizar a la población hondureña y se brindaron datos sobre los proveedores. Un documento firmado por la abogada Gabriela Castellanos, titular del CNA, dijo que el organismo de sociedad civil se retiraba del proceso después de que la alianza Gavi/Covax negara a Honduras la compra de 1,9 millones de dosis para vacunar a más de un millón de hondureños y que la secretaria de Salud Alba Consuelo Flores no informara a las instituciones que acompañaban el proceso de compra.  

Ante la comunicación firmada por Castellanos, la representante de la OPS en Honduras, Piedad Huerta, respondió negando la existencia del documento mencionado por Castellanos y aseguró que el mecanismo Gavi/Covax enviará a Honduras las dosis, en donación, que ya habían sido acordadas. Huerta aseguró que la comunicación entre el mecanismo y la Secretaría de Salud indicaba que 48,000 dosis de la vacuna de la casa farmacéutica AstraZeneca estarían llegando al país a mediados del mes de marzo, también agregó que la OPS desconoce la emisión de una comunicación diferente a la de la llegada de las vacunas. 

El CNA indicó en ese mismo comunicado que había transcurrido más de una semana desde las reuniones con las autoridades competentes y no se veía un avance en el proceso de adquisición. «Es importante dejar muy en claro que, a pesar de las reuniones y supuestos esfuerzos los hondureños no tenemos garantizada una vacuna que otorgue un ápice de esperanza para sobrevivir bajo una administración pública colmada de inexpertos, ineficientes e imprudentes funcionarios».

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se pronunció el lunes 8 de marzo, a través de su presidente Juan Carlos Sikaffy quien aseguró que llevan casi un año diciéndole al Gobierno de Honduras que les permita importar vacunas contra la COVID-19, ya que ellos son más eficientes. Ante estas declaraciones, el presidente Juan Orlando Hernández dijo que el «el liderazgo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada desconoce la capacidad del Programa Nacional de Vacunación, el cual es reconocido a nivel internacional por un trabajo de décadas en campañas exitosas de vacunación. Cuando dice que la Secretaría de Salud no está lista me parece que habrá que disculparlo por el desconocimiento que tiene». Pero la realidad es que hasta la fecha la población sigue esperando que el Estado realice compras para que por fin pueda comenzar la tan esperada vacunación. 



Una enfermera aplica una dosis de la vacuna Moderna contra la COVID-19 a un médico del Hospital de Occidente. Santa Rosa de Copán, 26 de febrero de 2021. Foto: Martín Cálix.

En una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Cohep quedó claro el malestar ante la mala gestión por parte del Gobierno de Honduras: «No podemos esperar por procesos burocráticos o decisiones desacertadas. La salud del pueblo hondureño, la reactivación económica y la reconstrucción del país está en riesgo», dijo Juan Carlos Sikkafy.

Con las nuevas reformas a la Ley de Vacunas Gratis Para Todos Contra el COVID-19 el Cohep podría realizar las compras de manera directa con las compañías farmacéuticas. Sin embargo, ante esto la expresidenta del Cohep Juliette Handal dijo que con estas reformas se «agiliza el aprovechamiento de los particulares que hacen negocio con la desgracia del pueblo».

La llegada de las polémicas vacunas de Israel

 

Las vacunas de Moderna llegaron la mañana del jueves 25 de febrero a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa. En la pista de aterrizaje, junto al avión de la Fuerza Aérea, se encontraba una comitiva que estaba conformada por el secretario general del Gobierno Carlos Madero, la ministra de Salud Alba Consuelo Flores y el viceministro de Salud Fredy Guillén, quienes entre discursos recibieron y celebraron la llegada de las 5000 dosis que llegaron distribuidas en cinco cajas. 

Para ese entonces, el viceministro de Salud Fredy Guillén, nos comentó que ya tenían bastante acercamiento con el fondo de inversión de Rusia, y que se encontraban en la parte final contractual y que esperaban poder ir avanzando en el resto de las negociaciones. 

«De forma bilateral tenemos el compromiso de adquirir 6 millones de vacunas, teniendo en cuenta que vamos a poder vacunar a 5,7 millones de hondureños que equivale al 81.5 % de la población elegible. Ahí están descartadas las embarazadas y los menores de 18 años. En ese sentido y en ese orden, la idea principal de nosotros es adquirir aproximadamente entre 4 millones y 4,5 millones de dosis con Sputnik, y el resto con alguna otra farmacéutica, que ya tenemos bastantes pláticas», agregó Fredy Guillén y además dijo que durante el mes de marzo esperaban también la respuesta de Covax con las dosis prometidas en donación.

Tal como estaba previsto, la vacunación al personal de las brigadas se inició ese mismo día por la tarde en las instalaciones del Hospital María, donde asistió el presidente Juan Orlando Hernández y realizó un «acto simbólico» en el que se vacunó a la enfermera Yelena Zoraya Ortega y al médico Nolvin Guifarro.

El doctor Nolvin Guifarro fue el primer médico internista vacunado con la donación de 5 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 que dio el gobierno de Israel. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 25 de febrero de 2021. Foto: Fernando Silva.

Las relaciones entre Honduras e Israel fueron restablecidas después de 26 años, abriendo una oficina de cooperación con sede en Jerusalén. Este fue el primer paso para su traslado de la misión de Tel Aviv a Jerusalén. 

En el año 2018, Honduras junto con Guatemala fueron los únicos países de América Latina que votaron, en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a favor de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, después de que el expresidente Donald Trump dijera que el Gobierno de Estados Unidos tomaría nota de los nombres de los países que rechazaran esta legitimación.

«En el caso de Honduras, por ejemplo, la precaria situación del presidente Juan Orlando Hernández prácticamente no le dejó mayor opción. El mandatario —recientemente reelecto en medio de acusaciones de fraude y con la OEA llamando a nuevas elecciones— tiene en Washington a su principal valedor y el voto del jueves le dio una oportunidad inmejorable para repagar la confianza», dice un reportaje de la BBC, publicado el 22 de diciembre de 2017. 

Dicha donación provocó malestar por parte del ministro de Salud israelí y acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber tomado esta decisión de manera unilateral y sin consultar al resto de las autoridades del país. Pero antes de estas declaraciones el avión de la Fuerza Aérea de Honduras ya había retirado el cargamento con las vacunas donadas por Israel, incluyendo las que estaban destinadas para Guatemala, que posteriormente fueron trasladadas al país vecino. 

El presidente Juan Orlando Hernández pronunció un discurso en el que agradeció al primer ministro israelí por su solidaridad. Además, contó su experiencia al haber sido hospitalizado después de ser diagnosticado con la COVID-19 e hizo un llamado a la ciudadanía a ser responsables, disciplinados en cuanto a las medidas sanitarias por la pandemia y agregó: «yo por tirármela de médico decidí pensar que mis síntomas eran de dengue y esperé tres días y llegué tarde al hospital, y porque Dios es grande estoy hablando hoy aquí. Ahora que los estaban inyectando recordaba las seis inyecciones diarias que me ponían alrededor del ombligo y salí lleno de moretones que ya ni sentía».

Pero más allá de la experiencia personal del mandatario, el país está viviendo una emergencia sanitaria. Para el 25 de febrero un total de 69 miembros del personal sanitario en primera línea habían fallecido por la COVID-19 y el gremio médico amenazaba con irse a huelga.

Carlos Aguilar, quien fue Ministro de Salud en el periodo del expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009), y que desde hace muchos años se desempeña como médico especialista en neumología en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, de Tegucigalpa, comentó que la donación de las vacunas de Israel es producto de una acción desesperada fruto de la presión social y la indignación generalizada por la carencia de un plan específico, un desconocimiento total del tipo de vacunas y negociaciones concretas. «Partiendo del hecho de que el Estado de Honduras es un aliado del Estado de Israel era absolutamente lógico que debió haberse buscado el apoyo desde hace muchos meses en países amigos para obtener la vacuna», agregó.

El exministro también manifestó que a pesar de que es una cantidad ínfima, le alegraba mucho pensar que a través de estas vacunas se salvarán muchas vidas y que desde luego significa la esperanza para muchos médicos y personal de salud. Sin embargo, considera que esto tuvo que gestionarse muchísimo antes, tal como lo hicieron presidentes de otros países que mantuvieron negociaciones bilaterales.

Por otro lado agregó que «desde el punto de vista administrativo, el manejo interinstitucional ha sido desastroso, puesto que Honduras es uno de los países que no solo acumula uno de los mayores número de casos y de muertes en el personal de salud, sino que los escándalos vinculados al mal manejo de fondos ha salpicado toda la gestión de la pandemia, provocando con ello una pérdida de confianza, un deterioro de la credibilidad de las autoridades del país y esto naturalmente es un signo terrible cuando un pueblo se ve sometido a una emergencia sanitaria como la actual». 

 

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Irregularidades en la vacunación al personal de salud

 

El 26 de febrero comenzó la vacunación en todos los centros hospitalarios seleccionados por la Sesal. La mayoría de los hospitales abrieron sus puertas a la prensa para que fuera testigo de la inauguración de este proceso, sin embargo, el Hospital General San Felipe no permitió el ingreso a ningún medio de comunicación. 

Horas más tarde surgió una serie de denuncias en las que se manifestaba la molestia de parte del personal médico y de enfermería, ya que se habían aplicado dosis a personas que no cumplían con lo establecido por las autoridades de Salud Pública.

Justamente el director del Hospital General San Felipe, Edwin Cruz, fue fuertemente cuestionado, ya que entre sus seleccionados se encontraba el presidente del sindicato del mismo hospital, Edvin Canales, quien no es parte del personal médico, pero que argumentó ante varios medios de comunicación, que padece de varias enfermedades de base y el año pasado se infectó de las COVID-19 mientras trabajaba en la instalación de las Salas COVID. 

Ante este tipo de denuncias entablamos comunicación con Cruz, quien nos remitió con la relacionadora pública del hospital, sin embargo, al día de hoy no ha podido concretar la cita solicitada.

Por su parte, la ministra Alba Consuelo Flores dijo, a través de las redes sociales de la Sesal que habían elaborado una planificación y que habían pedido los listados del personal de las salas UCI porque «hay recursos que trabajan en tres lugares en los hospitales públicos, en el Seguro Social y en los hospitales privados y se pidieron los listados para que se tuviera control de estos empleados y pudiéramos aprovechar más la vacuna. En el listado que se recibió de los hospitales venía personal asistencial, si después que esas dosis sobraron estos directores tomaron decisiones, ya es una responsabilidad de ellos, y que previamente estuvieron en capacitaciones y se les envió nota de quienes eran los recursos que se debían haber seleccionado».

La lista de los primeros vacunados y esa planificación entraron en reserva, ya que la ley de acceso a la información pública, en su artículo 3 inciso 7, prohíbe divulgar los datos personales confidenciales que incluyen información personal y de salud. 

 

Una esperanza para el personal sanitario

 

«Soy licenciada en enfermería y soy parte del personal que atiende a pacientes positivos y con alto flujo. Hemos dado muchas altas, pero también ha habido varios decesos que nos han llenado de luto, de dolor, porque muchas veces nos encariñamos de nuestros pacientes y nos duele perderlos», dice Maggaly Vásquez, una enfermera que labora en la primera línea desde el de junio de 2020 en el Hospital Escuela Universitario. 

Maggaly es una de las primeras trabajadoras del personal de salud vacunada. Es paciente hipotiroidea, pero siempre ha estado controlada con el tratamiento adecuado para este padecimiento. La mayoría de pacientes que trata son positivos por el virus y a raíz de ese contacto continuo también se infectó a finales de julio del año pasado, justo dos meses después de haber dado a luz a su hija Breylin Daniela.

Magaly Vásquez, enfermera contratada por el programa gubernamental Código Verde recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el Hospital Escuela Universitario. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 26 de febrero de 2021. Foto: Fernando Silva.

«Para mí fue una experiencia bien dura porque cuando me dieron mi primer resultado no me sentía tan mal, simplemente había perdido el olfato, pero en realidad el mayor problema es que hacía dos meses que había dado a luz a mi hija y esto es lo que más me dolió y me ha marcado en la vida».

Pese a sus cuidados y el alejamiento que tuvo con su hija, ella salió positiva también: «con apenas cuatro meses de vida… eso me destruyó. Verla de lejos en su cuna y saber que ella quería de mi pecho era tan doloroso. No pude amamantarla más. Cuando salí positiva lo que hice fue ordeñarme para que pudiera tomar leche materna. Pero a veces creo que mi cercanía con ella fue lo que la contagió y a veces pienso en que, a lo mejor, muchas veces, no tomé las medidas necesarias, quizá porque mi amor de madre hacía que quisiera estar cerca, verla sonreír, no perderme nada de su crecimiento y que ella me reconociera, pero quizá no fue el momento ideal para eso y la contaminé. Yo me di cuenta que tenía covid porque se puso lloroncita y supe que algo no estaba bien en ella».

Breylin y Maggaly fueron mejorando con el tratamiento, pero Maggaly dice que sí hubo un momento en que se sintió desbordada y que la situación le afectó mucho su parte emocional y la de su familia. «Ya no podía más y me quejé de haber escogido esta carrera, pero también reafirmé que era mi vocación. Empecé a perder amigos y compañeros de trabajo día tras día y también me marcó. Todavía me duelen tantas partidas». 

En casa, su esposo y su familia fueron quienes se encargaron de los cuidados de ambas, pero Maggaly dice que no saben si alguien más se infectó porque no pudieron hacerse un examen ya que costaba mucho dinero. 

Breylin Daniela actualmente tiene diez meses y hasta el momento no ha manifestado ninguna secuela. Maggaly cuenta que en el momento de estar infectadas no contaban con ningún seguro médico. «Aún no contamos con uno. Todavía no hemos firmado contrato formal. El programa Código Verde terminó el 31 de diciembre del año pasado y ahora somos parte de la Sesal, pero todo ha sido de manera verbal y todavía no nos han dado un contrato por escrito, entonces seguimos esperando».

Código Verde es un programa que inició en 2016 y estaba orientado a la contratación de jóvenes de secundaria y estudiantes universitarios con orientación al área de salud. Desde que se declaró la pandemia, este programa se ha utilizado para contratar personal médico en los centros asistenciales que no cuentan con suficiente talento humano para atender pacientes. A lo largo de la emergencia sanitaria, se ha contratado bajo esta modalidad a médicos generales y especialistas, enfermeras, camilleros, técnicos de rayos X y microbiólogos. 

Para Maggaly la vacunación significa una esperanza para todo el personal de salud que lo gritaba con ansias: «nosotros necesitábamos esto. Muchas veces de rodillas le preguntaba a Dios que cuándo iba a parar esto. Al ver fallecer a tantos pacientes a veces hasta siete por turno. Usted no tiene ni idea lo difícil que es que una mujer le diga: “yo tengo cuatro hijos, no me deje morir, súbame más el oxígeno”, y ya no poderle subir más porque sus pulmones ya están dañados totalmente, y luego verlos partir. Verse detrás de esa madre soltera y cuatro hijos que quedan quién sabe en qué condiciones. Hay muchísimos casos de esos, nosotros lo hemos vivido y hemos sido testigos en carne propia».



Negociaciones con Rusia para la adquisición de Sputnik V

 

El pasado jueves 4 de marzo, el ministro de Finanzas Marco Midence comunicó que el Gobierno de Honduras había llegado a un convenio para adquirir la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya. Autoridades hondureñas se reunieron con Alexander Nikolaevich Khokholikov, embajador concurrente de la Federación Rusa para Honduras, quien ocupa este puesto desde el 25 de noviembre de 2020, y anunciaron la compra de 4,2 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 2,1 millones de hondureños mayores de 18 años. 

La participación del Comité COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) fue clave para el inicio de estas negociaciones. El trabajo con relación a las opiniones académicas está a cargo de especialistas en virología, miembros de Salud Pública, sociólogos, economistas, el rector de la universidad, los científicos Sir Salvador Moncada y Marco Tulio Medina, quien es el coordinador de este comité. 

«Nosotros estamos desde el año pasado en todo este proceso tratando de orientar porque somos un grupo académico y nuestra participación es desde ese punto de vista. Nuestro rol fue de evaluación, de utilizar los contactos que tenemos y de dar nuestra opinión académica. Tenemos contacto con universidades chinas, de Norte América, de México, de Europa, Rusia, Taiwán, y como hay ese vínculo académico global es mucho más fácil», nos comentó el doctor Marco Tulio Medina. 

Para este proceso también ha sido fundamental la cooperación de la científica rusa Alla Guekht, con quien el doctor Medina ha venido trabajando en la OMS. A raíz de este trabajo ella tiene una cercanía muy importante con el Ministerio de Salud de Rusia: «lo que se hizo fue un aproximamiento para consultarle los mecanismos mediante los cuales se podía solicitar la aprobación de la vacuna y junto a la doctora Yolani Batres (exministra de Salud en Honduras) y Alla Guekht hicimos ese acercamiento inicial, lo cual llevó posteriormente a que se hiciera un contacto con el Ministerio de Salud de Rusia. El siguiente paso fue conseguir los contactos oficiales que luego fueron manejados por el ministro de Finanzas y la ministra de Salud», agregó el científico hondureño Marco Tulio Medina.

Además, nos comentó que la Sesal y la Unah han venido trabajando en equipo en varios niveles y que el consejo universitario ha aprobado el uso de varias instalaciones de la universidad, particularmente el polideportivo, donde hay una zona de triaje y hospitalización de casos leves y moderados. «Se está utilizando el tomógrafo y se han hecho más de 4000 tomografías, utilizando una tecnología de Huawei para inteligencia artificial. Sí existe un convenio entre Unah y Sesal para apoyar también en el tema de vacunas. Hemos trabajado al margen de la ideología y la política, porque somos universidad y lo que nos interesa es el país», agregó Medina.

El Comité COVID-19 también apoyó en el tema del dictamen científico de la Sputnik V. Para este dictamen se analizó el artículo publicado el 2 de febrero en la revista The Lancet acerca de la vacuna rusa. Con la emisión de este dictamen con un razonamiento académico, se permitió a la Agencia Reguladora Sanitaria de Honduras (ARSA) aceptar esta vacuna como efectiva. Dicho informe era crucial porque se necesita la aprobación de las agencias regulatorias para que una vacuna o un medicamento entre al país, esa es una normativa internacional.

La vacuna Sputnik V tiene una efectividad del 92 % y utiliza una cadena de frío de 2 °C a 8 °C. Honduras cuenta con esta capacidad de refrigeración en sus almacenes y, según palabras del doctor Marco Tulio Medina, quien debe de tener a cargo la distribución nacional es el PAI, y también agregó: «desde la universidad hemos planteado que tenemos un frigorífico que está en el edificio de Ciencias de la Salud y que fue parte de una propuesta que hicimos al Gobierno para que considerara su uso. Este Frigorífico fue donado por mi profesor de la Universidad de los Ángeles y por mí y está a disposición en caso de adquirir vacunas que lo requieran. Por otro lado, quien debe de tener a cargo la distribución a nivel nacional es el PAI».

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Pianista y filóloga hondureña. Máster en estudios avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Licenciada en Arte por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, misma institución en la que se desempeña como docente. Es autora de numerosos ensayos sobre poesía y literatura. Correctora de estilo y editora de la sección Cronistas de la cotidianidad en Contracorriente.
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