Un “espía” en cada esquina

Pronto empiezan a surgir cuestionamientos sobre el favoritismo partidario a la hora de repartirla ayuda, lo que deslegitima a los CPC. Sin embargo, la mayor crítica es que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, emulan con los CPC a los Comité de Defensa Sandinista (CDS), creados en 1979,durante la época revolucionaria. Inicialmente, los CDS tenían labores comunitarias, pero luego derivaron en funciones de vigilancia y recolección de información sobre los ciudadanos,en un contexto de guerra entre el Ejército sandinista y los efectivos militares de la llamada Contrarrevolución.

“Durante la revolución sandinista era una organización más comunitaria, pero algunas de las personas de los CDS hacían ese trabajo de control social”, explica la socióloga Elvira Cuadra, una de las mayores expertas en seguridad de Nicaragua. Cuadra afirma que Ortega instaló los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en 2007 –al volver al poder–debido ala “baja legitimidad” del gobierno entrante. Ortega logra la Presidencia gracias al pacto con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, a través del cual rebaja el techo electoral a sólo 35% de los votos para ganar la contienda. “En 2007, Ortega enfrenta a una sociedad ante la que no tenía suficiente legitimidad política. Sabía que para poder gobernar, iba a necesitar la coerción”, sostiene Elvira Cuadra.

“Para poder llevar adelante su proyecto político personal, que también es económico, instaló los CPC desde el principio como un mecanismo de vigilancia y control social y, de esa forma, contener las expresiones de descontento”.

Ortega trata, incluso,de elevar a rango constitucional los CPC. Pero en 2007 la Corte Suprema de Justicia tiene todavía cierto margen de independencia,y rechaza la pretensión presidencial. Pese a ello, el Gobierno prosigue con la instalación de los CPC en los sectores de salud y educación,y en un área tan controvertida como la seguridad ciudadana.

“Le dieron la orden a la Policía Nacional, que debía coordinarse con los CPC en los territorios. A partir de aquella decisión se configuró una red de represión y control social.

Los CPC también sirvieron como mecanismos de identificación de lo que después iba a conocerse como grupos de choque o turbas, integrados por jóvenes en situación de riesgo”, explica Cuadra. En 2008 se celebran elecciones municipales en Nicaragua. Los observadores electorales y la oposición documentan un “fraude masivo”,que genera protestas ciudadanas. El Gobierno responde con las fuerzas de choque para reprimir el descontento, entre las que hay integrantes de los CPC, que dicen defender“la revolución”. Elvira Cuadra asegura que en aquel mismo año esa estructura de vigilancia y control político funcionabaa pleno rendimiento.

“La usan como una red de informantes a nivel territorial,a la que se acercan para recoger información de algún sujeto de interés”.

A medida que Ortega consolida su poder autoritario, diversifica el control social con la creación de organizaciones como la Juventud Sandinista (JS) y los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) en las instituciones públicas. Todas estas instancias trabajan de la mano de las Fuerzas Armadas.

Los CPC sufren un desgaste como concepto en 2013. Ese mismo año, el Parlamento,controlado por el Ejecutivo Sandinista,incorpora legalmente al Código de la Familialos ‘Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida’, que son una nueva versión de los CPC, pero incorporados a un marco jurídico. “Al fin y al cabo, CPC o Gabinete de la Familia es gente que vive detrás de la ventana. Si la persona fue a la venta, apuntan; si vieron que llegó una visita que no es usual a la casa de la persona que es objeto de vigilancia, apuntan. Ellos están constantemente denunciando, tanto lo que es usual y lo que es inusual”, asegura Cuadra.