Millonario gasto de Hernández en lobistas no mejoró sus relaciones con Estados Unidos

En los últimos cinco años, el Gobierno de Juan Orlando Hernández gastó alrededor de cuatro millones de dólares en la contratación de firmas de lobistas en Estados Unidos en al menos trece ocasiones. Fiscales de Nueva York denunciaron que una de ellas intentó presionarlos durante el juicio de «Tony» Hernández, su hermano, condenado a cadena perpetua más treinta años por narcotráfico. Para diversos analistas, todos estos esfuerzos han sido en vano y a pesar de los pequeños acercamientos con el Gobierno de Biden, su vinculación con la corrupción y el narcotráfico mina cualquier esfuerzo de cooperación. 

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografías de Martín Cálix 

 

«La condena y sentencia de “Tony” Hernández es un recordatorio de que no existe una posición lo suficientemente poderosa como para protegerte de enfrentar a la justicia cuando violas las leyes de drogas de Estados Unidos», sentenció Wendy Woolcok, agente a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el control de drogas en Estados Unidos (DEA), tras darse a conocer que el hermano del presidente Hernández recibió la sentencia a una cadena perpetua más treinta años y el decomiso de USD 138,500 millones por importar 185,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Durante la audiencia de sentencia de «Tony» Hernández, el juez Kevin Castel aseguró que el caso de «Tony» había sido de narcotráfico «patrocinado por el Estado». Con la información que se ha hecho pública durante los juicios de «Tony» y otros narcotraficantes, el presidente Hernández se ha dedicado en sus conferencias y en redes sociales a amenazar sus «relaciones de cooperación» con Estados Unidos: «si los narcos ganan beneficios de Estados Unidos por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras y luego con varios países (…) con la llave mágica los narcos matarían la cooperación», mencionó en un hilo de Twitter.   

Esta estrategia de amenaza es similar a lo que publicó el Washington Post el 1 de abril, donde señalaban que el Gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter por 475,000 dólares, en 2019, con fondos provenientes de la Secretaría de Finanzas, para presionar a los fiscales durante el proceso del juicio de Tony Hernández. 

Según la información del caso, los fiscales mencionaron que en septiembre de 2019 la firma buscaba advertirles a los fiscales de «consecuencias colaterales» relacionadas con las bases militares de Estados Unidos en Honduras, así como «asuntos migratorios no relacionados».

El Gobierno de Hernández desde 2016 a 2021 pagó un total de USD 3,289,194  para asesoría en relaciones públicas en un intento fallido por mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Según la base de datos de agentes extranjeros en Estados Unidos (FARA), todos esos fondos los recibió la firma Gus West Government Affairs mediante doce contratos. Es decir que, sumado a la firma que los fiscales aseguran que fue contratada para el juicio de «Tony», en total el Gobierno ha gastado USD 3,764,194 en asesoría para mejorar la imagen en el país norteamericano durante los últimos cinco años. 

De acuerdo con la investigación del Washington Post, la firma Arnold & Porter hizo cabildeo con otros departamentos del Gobierno republicano de Donald Trump. También señalan que la firma tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado en la administración del también republicano George Bush. 

Posterior a darse a conocer la información sobre el contrato de la firma, la Secretaría de Finanzas publicó un comunicado en el que aseguraban que la firma se contrató con el objetivo de «proporcionar servicios jurídicos para la emisión de un bono soberano en los mercados internacionales de capital». En el comunicado añaden que la finalidad era acompañar y asesorar a la secretaría.

Sin embargo, el documento presentado por la firma Arnold & Porter en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia, que contiene los detalles del contrato con el Gobierno, señala que si bien la firma fue contratada para brindar servicios legales con relación a una transacción de mercado de capitales internacional, también menciona que «los representaremos en ese asunto y cualquier asunto adicional que acordemos mutuamente», más adelante añaden que mantendrán toda la «información y secretos en confianza».

Además, el documento señala que la firma del contrato no significa que puedan hacer promesas ni garantías sobre el resultado «del asunto para el que nos está contratando y nada en esta carta se interpretará como una promesa o garantía». 

Leer más aquí: Tiempo de crímenes: Un juicio sobre el control del narco en Honduras

 

Dana Frank, Profesora emérita de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, asegura que el dinero invertido en lobistas solo avergüenza y subraya la culpa de Hernández y sus vínculos con el narcotráfico: «el dinero pagado a los cabilderos compró poco, excepto una comprensión cómica de cuán patéticos son Hernández y sus compinches, cuán cobardes son al usar el dinero del pueblo hondureño para tratar de limpiar su imagen y evitar la prisión. El distrito Sur de Nueva York tiene una reputación impecable de probidad», menciona.

Por su parte Eric Olson, director de políticas públicas para la International Seattle Foundation, considera que durante mucho tiempo hubo una preocupación por la situación en derechos humanos, actos de corrupción y falta de Estado de derecho en Honduras: «en general quien ha sido visto como el principal responsable de esto es el presidente Juan Orlando. Eso viene desde antes de estos casos, así que este caso (el juicio de «Tony» Hernández) solo viene a reafirmarle a la gente que el presidente de Honduras es una persona con lazos muy oscuros con la corrupción y el mundo de drogas y cuestiones ilegítimas», señala.

Para Frank hay acciones claras de que el Gobierno de Hernández es reconocido por la corrupción y sus relaciones con el narcotráfico, existen nueve senadores apoyando una Ley por los derechos hondureños y anticorrupción 2021, que busca sancionar a Hernández y suspender la ayuda en seguridad.

También hay 48 congresistas que firmaron la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres en Honduras, en esta última se buscan suspender los fondos estadounidenses para operaciones policiales y militares, además de prohibir la dispersión de préstamos internacionales que brindan asistencia de seguridad, a menos que el Gobierno hondureño investigue y procese flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas por sus fuerzas policiales y militares, según aparece en la página oficial de Congreso estadounidense. 

Frank añade que es importante recordar que el Distrito Sur de Nueva York es independiente de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, aunque ahora la administración de Biden continúa trabajando de cerca con el Fiscal General, Oscar Chinchilla, y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, a pesar de las evidencias de sus vínculos con los narcos. «Biden está bajo una gran y creciente presión por parte del Congreso y los medios de comunicación, incluidos los medios conservadores como el Washington Post, para deshacerse de Hernández», asegura.  

Manifestantes de oposición queman un muñeco de papel con el rostro de Juan Orlando Hernández en una protesta luego de darse a conocer la sentencia de su hermano Juan Antonio Hernández, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua más treinta años por narcotráfico. Tegucigalpa, 30 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Las relaciones tensas con Estados Unidos

 

Ricardo Zúñiga, designado por el Gobierno de Joe Biden para Guatemala, Honduras y El Salvador, al que nombran el triángulo norte, viajó a reunirse con representantes de los gobiernos y organizaciones de sociedad civil, pero no hizo una visita a Honduras. Las reuniones de Zúñiga tienen la intención de crear un plan para implementar los USD 4000 millones que la administración de Biden destinó para disminuir la migración desde Centroamérica. 

En una conferencia de prensa, se le cuestionó al portavoz del departamento de Estado en el país norteamericano, Ned Price, las razones de por qué Zúniga no viajaría a Honduras, respondió que se reunirían con los funcionarios hondureños «apropiados» y que apoyarían a aquellos comprometidos a combatir la corrupción: «nuestro objetivo tiene que ser abordar los problemas que provocan la migración si es que queremos encontrar una solución a largo plazo para este desafío», señaló. 

La decisión de Zúñiga de no viajar a Honduras ha sido muy cuestionada en el país y desde análisis locales se ha interpretado como una señal de rechazo a Juan Orlando Hernández. Ante esto, el canciller de la República, Lisandro Rosales, aseguró que no se estaba excluyendo a Honduras y que desde febrero se encontraba en comunicaciones con el Gobierno de Biden. «Me alegra por El Salvador y Guatemala que ya estén iniciando estos diálogos con los Estados Unidos. Honduras inició el 4 de febrero, con nosotros ya van más avanzados, ya estamos hablando de temas específicos». 

Poco después de la reunión entre Zúñiga y la delegación hondureña, el designado para Latinoamérica del Gobierno de Biden, Juan González, dijo sobre Hernández: «él en este momento es el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su Gobierno, vamos a buscar áreas de interés común» durante una entrevista transmitida el 11 de abril por CNN en español. 

Sin embargo, Olson dice que las palabras de González deben entenderse con cuidado «él dice que van a trabajar con el Gobierno, no dijo: “vamos a trabajar con Juan Orlando”, quizás es una definición bastante matizada que no se entiende. Yo creo que ellos han dicho él es el presidente por ahora, pero vamos a buscar otra manera de relacionarnos con Honduras y por eso no han querido ir a Honduras ni aparecer públicamente con él». Para Olson estas decisiones están muy ligadas a los casos en Nueva York.  

Mientras tanto, Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos declaró que el Gobierno hondureño ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico en la región.  

Para la profesora Frank es importante prestar atención al apoyo de las fuerzas de seguridad estadounidenses que sigue dando señales de que apoya a las fuerzas de seguridad hondureñas: «a pesar de la enorme evidencia de que colabora con los narcotraficantes, en la cúspide, en colaboración con Hernández», agrega.

«González y Zúñiga también hablan de nuevos proyectos trabajando con fiscales hondureños. Por supuesto apoyamos a los valientes, los buenos, pero ¿cómo va a evadir Estados Unidos a Chinchilla en la cima, tan corrupto, tan leal a JOH, tan silencioso sobre la represión y manteniendo una reelección ilegal? Hay que prestar también atención a los silencios: González y Zúñiga no abordan la corrupción y la represión del ejército hondureño», añade Frank. 

Dos mujeres sostienen carteles en protesta contra el Gobierno de Juan Orlando Hernández en un mitin de celebración por la condena de Juan Antonio Hernández, en una corte de Nueva York. Tegucigalpa, 30 de marzo de 2021. Foto: Martín Cálix.

Adriana Beltrán, directora de programa de seguridad ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) cree que es necesario que la administración de Biden cree una estrategia que priorice la lucha anticorrupción «que esté consciente de que son procesos a largo plazo porque los desafíos son enormes y que si tienen que ser acompañados de medidas o acciones políticas y diplomáticas que claramente comuniquen que la administración no va a tolerar la corrupción y en ese caso la administración tiene muchas herramientas a su disposición para esto».

Entre las herramientas que Beltrán menciona está la ley H.R. 2615, nombrada como United States-Northen Triangle Enhanced Engagement Act, llamada popularmente «Lista Engel», aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre de 2020 y que busca que Estados Unidos imponga sanciones contra las personas mencionadas, incluyendo cancelación de visas americanas. 

La lista deberá ser presentada ochenta días después de su aprobación y luego una vez al año. Por su parte, el historiador y doctor en Ciencia Política, Otto Argueta, escribió en un artículo de opinión para Contracorriente que aunque la ley busca luchar contra la corrupción para reducir la migración «la corrupción es un problema político, no de ingeniería institucional y ese es el reto más grande que viene con la ley para los Estados Unidos. Se es político o empresario corrupto no solo por el dinero, sino también por el poder y por la posibilidad de permanecer en él y salir impune de todo eso». 

 

«El reto de hoy es cómo canalizar ese dinero, esa ayuda y ese apoyo en estos países sin de esa manera también fortalecer a la élite de estos países, mi opción preferida es apoyar a las organizaciones independientes que son los que tienen presencia en lugares que tienen capacidades de implementar y ejecutar proyectos sin el Gobierno de por medio y hay que apoyar y reconocer a las personas que operan en el Gobierno de manera independiente», señala Olson. 

Mientras que la maestra Frank asegura que seguirán presionando a su Gobierno pues se sienten indignados de que sus impuestos «van para celebrar y apoyar no solamente a Hernández, sino que al proyecto neoliberal de extractivismo, el sistema de salud, su hostilidad a movimiento sindical, la destrucción de comunidades indígenas, afroindígenas y campesinas», finaliza.

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