Militares en lugar de médicos

La precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia de la corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad. Desde el golpe de Estado de 2009, el país centroamericano ha sido gobernado por el Partido Nacional, involucrado en actos de corrupción como el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández, vinculado al narcotráfico. Uno de los conflictos que muestran la respuesta autoritaria del Gobierno es la oposición del gremio médico a la privatización de la salud. Con la pandemia esta lucha gremial se ha convertido en un clamor popular.

 

Por: Lizz Gabriela Mejía

Fotografías: Martín Cálix

 

«Fuimos gaseados como insectos en las calles de Tegucigalpa, golpeados, maltratados, violados en nuestros derechos humanos», recuerda la doctora Helga Codina, quien trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Así fue la respuesta del gobierno de Juan Orlando Hernández cuando el personal médico, enfermeras y miembros de otros gremios como el Magisterio salieron a las calles en 2018, para pedir mejores condiciones en los centros asistenciales del país y evitar la privatización del sistema de salud.

“Lo único que logramos fue la derogación de los PCM (decretos ejecutivos)”, comenta Codina al recordar la represión de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público. Ante la magnitud de las movilizaciones, el Gobierno derogó los decretos ejecutivos de emergencia con los que pretendía privatizar el sistema de salud en Honduras. La doctora Codina explica que la población presiona al Colegio Médico para que convoque nuevas protestas para exigir la mejora de los centros asistenciales, pero la pandemia dificulta las concentraciones ciudadanas.

Los indicadores sobre elecciones libres justas, poder efectivo para gobernar y separación de poderes muestran que Honduras no reúne los requisitos para considerarse una democracia. En comparación con2018, el país ha caído 1,5 puntos en el indicador de Estado de Derecho, calificado como “defectuoso”.

«El Poder Ejecutivo controla a la Corte Suprema, influye sobre el Congreso Nacional y, además, tiene numerosas acusaciones de corrupción. Es preocupante detectar que cada vez son menos los frenos capaces de detener un poder que goza de tanta impunidad», indica el informe elaborado por Victoria Ariagno, asistente de investigaciones en el Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Por su parte, Otto Argueta, analista guatemalteco radicado en Honduras y experto del BTI en Centroamérica, subraya que los gremios profesionales pueden hacer una importante presión al Estado, a través de movilizaciones.

«Dependerá de que preserven su independencia de la clase política y actúen en función de la preservación de lo público y no de captación del poder político, porque el problema en Honduras no es de un presidente o de un partido, es un sistema político que funciona para satisfacer intereses privados, legales e ilegales, a través del autoritarismo y por medio de la corrupción», explica.

Argueta señala que Honduras vive en una autocracia electoral, pues el régimen preserva algunos procesos democráticos, «pero de una forma centralizada, contraria al pluralismo y a los controles democráticos. Las elecciones ocurren sólo como procedimiento, pero son carentes de transparencia y libertad, lo que se traduce en procesos sin legitimidad ni confianza ciudadana».

Enfermeras de Hospital San Felipe en la ciudad de Tegucigalpa, durante una protesta exigiendo mejores condiciones de bioseguridad para la atención de la pandemia por Covid-19. Tegucigalpa, 17 de junio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

A pesar de estar viviendo una pandemia y las enfermedades producto de dos huracanes, en 2021 sólo se destinará el 2.7% del PIB al presupuesto del sistema de Salud, un 0.2% menos que en 2020. En contrapartida, el Gobierno asignará el 2.4% del PIB a Defensa y Seguridad, un 0.2% más que en 2020. Los recortes en salud han cortado las alas a centros asistenciales, médicos especialistas e incluso a los aspirantes a una especialización, pero le ha dado alas a los cuerpos represores del Gobierno.

Después de múltiples protestas, reuniones, comisiones, juntas interventoras y amenazas, aún no hay acuerdo entre el personal del sistema público de salud y el gobierno de Juan Orlando Hernández para resolver el conflicto. La respuesta ha sido represión e indiferencia. El personal sanitario se ha enfrentado a la pandemia de Covid-19 con pocas herramientas y en la precariedad, mientras que el Gobierno ha priorizado la intervención de las instituciones de salud a través de juntas integradas, entre otros, por militares y exmilitares, cerrando así cualquier posibilidad de diálogo.

Protestas ilegales, gobiernos ilegítimos

 

La búsqueda del diálogo para resolver los conflictos ha brillado por su ausencia en los distintos gobiernos hondureños. Después del golpe de Estado de 2009, Porfirio Lobo Sosa, el presidente elegido con la mayor abstención de la historia, comenzó un proceso de privatización de la salud junto con Juan Orlando Hernández, que en aquella época presidía el Congreso Nacional. En los cuatro años de aquel gobierno proliferaron los escándalos de corrupción en la Secretaría de Salud, así como las protestas por falta de pago a los médicos y personal de enfermería, las compras directas anómalas de medicamentos e, incluso, el intento de declarar ilegales las huelgas del gremio médico.

En octubre de 2010, 672 médicos de 27 centros asistenciales estatales participaron en un paro para exigir salarios atrasados, reajustes salariales y pago de jubilaciones. «Ya le dije al ministro de Salud (Salvador Pineda) y de Trabajo (Jorge Bográn) que busquen el procedimiento para que esa huelga seadeclarada ilegal», afirmó Lobo Sosa, quien también ordenó descontar del salario de los médicos los días en huelga.

Hedme Castro, defensora de derechos humanos y coordinadora general de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci Participa) comenta que ningún gobierno puede declarar que una huelga es ilegal o inconstitucional, ya que se trata deun derecho que la misma Constitución de la República garantiza a los ciudadanos hondureños.

Además, coartar estas libertades a los gremios y sectores sociales que luchan por los derechos básicos implica que el mismo Gobierno estaría obstaculizando el derecho a la salud y a la educación, añade Castro.

La represión contra de los médicos que salen a las calles a exigir derechos básicos es una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Para Hedme, se puede salir a las calles para exigir mejores condiciones sanitarias, siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, alcohol en gel y el distanciamiento físico.

«El estado de sitio ha sido utilizado para realizar allanamientos selectivos y detenciones ilegales. El año pasado, iniciada la pandemia, asesinaron a una compañera, Argentina de Marcovia, y secuestraron y desaparecieron a los muchachos garífunas. Hubo 15 personas relacionadas con la defensa de los derechos humanos que fueron asesinadas», relata Castro al consultarle qué opina sobre el estado de excepción.

En cuanto a la gestión del Covid-19 por parte del Gobierno, la activista denuncia «actos irregulares y casos escandalosos donde el dinero para contrarrestar el virus ha sido robado por instituciones y personajes no conocidos dentro del partido de gobierno, y han quedado en la impunidad».

Recientemente, las fuerzas policiales han protagonizado la agenda mediática por el deceso de Keyla Patricia Martínez, joven estudiante de Enfermería, que falleció la noche del sábado 6 de febrero en una celda policial en La Esperanza, Intibucá, después de haber sido detenida por no respetar el toque de queda. «Durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció», señala el comunicado difundido por la Policía Nacional.Por su parte, los galenos del centro asistencial aseguraron que la joven llegó sin signos vitales.

La doctora Patricia Zúniga, que estaba en la guardia del centro asistencial, aseguró a varios medios de comunicación que los policías nunca mencionaron que se trataba de un suicidio, y que los signos en el cuerpo de la joven estudiante no correspondían a un intento de suicidio. El Ministerio Público declaró, después de la autopsia, que había sido un homicidio.

El caso de Keyla Martínez ha indignado en la población, que se ha movilizado para pedir que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia. Martínez no es la única persona que murió en manos de las fuerzas de seguridad de Honduras durante el mes de febrero. El lunes 15, agentes policiales y militares dispararon contra Erick Davinson Barrientos, quien se trasladaba en una volqueta cuando impactó con un cono de tránsito en el sector de El Carrizal, en Comayagüela. Barrientos no se detuvo en el retén militar, y fue perseguido por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Imágenes captadas en el lugar de los hechos muestran al joven gritando después de haber sido herido. Barrientos fue trasladado al Hospital Escuela Universitario, donde falleció. El coronel Francisco Salgado, lamentó el suceso, pero justificó a sus subordinados, indicando que los disparos fueron la respuesta de la autoridad a la desobediencia.

Generales reconvertidos en gestores sanitarios

 

El gobierno de Hernández Alvarado ha usado las juntas interventoras como mecanismo de control del descontento gremial y de la precariedad institucional, lo cual ha expandido la injerencia militar en asuntos públicos, bloqueando el acceso a la información pública.Un ejemplo es el caso del general retirado Edilberto Enrique Ortiz Canales, que en 2018 fue juramentado como miembro de la junta interventora del Hospital Escuela Universitario, el principal centro asistencial de la capital.

Durante el confinamiento por Covid-19, se conformó la junta encargada de intervenir Invest-H, el ente responsable de la compra de hospitales móviles, que fueron sobrevalorados.

Para esta labor de intervención, se nombró al general de brigada José Ernesto Leva Bulnes como presidente.

Un grupo de militares hace formación previo al inicio de una jornada de las brigadas de salud que la Secretaría de Salud y Copeco realizan en barrios y colonias del país, la labor de los militares y policías que acompañan las brigadas es resguardar a los médicos en barrios controlados por las pandillas. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

Contracorriente intentó, en varias ocasiones, comunicarse con el general Tito Livio Moreno Coello, jefe del Estado Mayor Conjunto, para consultarle qué significa para la institución castrense la asignación de labores en oficinas estatales o en otras actividades que están fuera de sus responsabilidades, así como el costo para el Estado, pero no hubo respuesta.

Por su parte, el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), José Coello, informó en esta nota de Contracorriente, que se había asignado ya a dos oficiales para liderar las acciones para la instalación de los hospitales móviles, con los que se pretendía disminuir la carga de los hospitales más abarrotados por pacientes con Covid-19. El general en retiro, Ortiz Canales, aseguró que las Fuerzas Armadas han estado entregando los insumos de bioseguridad destinados al Hospital Escuela. «Yo soy responsable de verificar los procesos y el sistema logístico, de tal forma que medicinas y equipo médico lleguen al usuario final en forma expedita. A partir de nuestra llegada el hospital ha ido mejorando todo ese sistema de procesos y mejorando las adquisiciones», apuntó Ortiz Canales, quien se desempeñó como director del Hospital Militar.

Documentos publicados en el portal de transparencia del Instituto de Accesoa la Información Pública indican que en procesos de compra directa, la Secretaría de Defensa ejecutó mediante las Fuerzas Armadas, 4.129 millones de lempiras (171 millones de dólares) en 51 procesos de adquisición menor, entre marzo y junio de 2020. En otros desembolsos por compras de medicamentos e insumos para la pandemia, familiares de miembros de la institución militar se han visto beneficiados. Tal es el caso de Evelyn Suyapa Bustillo Pagoada, esposa del mayor de aviación Marvin Leonardo Meléndez, que aparece en los informes de compras presentados por las Fuerzas Armadas como gerente de la empresa Inversiones Bustillo Pagoada S. de R.L., dedicada a la compra y venta de medicamentos a través de la Farmacia Eviba, localizada en una gasolinera cerca del primer Batallón de Infantería, en Tegucigalpa.

«La situación se complica más cuando el mandatario no tiene confianza en sus propios funcionarios y, lo que es peor, cuando no tiene con quien reemplazarlos porque desconfía de todos, hasta de su propio partido», puntualiza. También menciona que esta situación es más frecuente cuando el que está en el poder se siente aislado y solo, contando únicamente con los uniformados para las gestiones gubernamentales.

«El problema está en que los militares se formaron para la defensa y no para gestionar salud, educación, seguridad, energía eléctrica o pandemias. Para eso están los civiles. Por ello estamos en presencia de un proceso de militarización del Estado, que se traduce en un grave daño al proceso de democratización, que ya de por sí está seriamente dañado, y reafirma la deformación de los militares, que han considerado y siguen considerando a los civiles de menos, lo que se expresa con el uso del término despectivo de civilones», indica Salomón. Esta socióloga considera que los políticos en general, y Hernández y su partido en particular, son culpables de tener una democracia custodiada por militares y de no saber qué hacer con ellos en tiempos de paz y democracia, cuando la lógica más elemental apunta a su reducción en cantidad, presupuesto y funciones.

Por su parte, la doctora Helga Codina, especialista en medicina interna, reumatología y epidemiología, estima que la intervención de los militares en temas que no corresponden a sus responsabilidades y obligaciones «es otra manifestación de la dictadura en nuestro país, los militares tienen sus funciones y no las cumplen». La Constitución de la República en el artículo 272 indica que «Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen paradefender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República». Sin embargo, en los últimos años se ha visto su participación en juntas interventoras de diversas institucionesno relacionadas con la función militar.

El analista Otto Argueta opina que las funciones que se han delegado a los militares, además de las ya establecidas, «demuestra, visiblemente, la incapacidad de un Estado para atender las necesidades de la función pública a través de las instituciones específicas y pertinentes». Las consecuencias de estas acciones, añade, pueden ir desde la corrupción hasta proveer la imagen de un gobierno firme y eficiente, cuando en realidad es «la imagen de un gobierno autoritario, ya que no se usan instituciones civiles y democráticas, sino una que se caracteriza por su secretismo y porque su especialidad es el uso de la fuerza».

En 2019 surgió la Plataforma por la Educación y la Salud, donde los dos sectores movilizaron a sus bases a nivel nacional para protestar contra las condiciones laborales y la reducción en el presupuesto de la nación para educación y salud. Choluteca, 29 de mayo de 2019. Foto de archivo: Martín Cálix / Contracorriente.

La pandemia y dos huracanes

 

La mayoría de la población enfrenta cotidianamente la precariedad producida por la corrupción y protegida por el autoritarismo, pero es durante la pandemia que semuestra su rostro más inhumano a través del abandono del sistema de salud.

La doctora Suyapa Sosa, neumóloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar, recuerda que hace tres años, en un esfuerzo por formar más neumólogos, se planificó la creación de la residencia para esta especialidad, pero no fue hasta 2019 que ingresó el primer grupo de médicos. Sosa menciona que la creación de más posgrados y estudios de subespecialidades es necesaria en Honduras. «Estamos pensando en la generación de relevo, en algún momento nos vamos a tener que ir. ¿Quién va a quedar manejando la salud respiratoria pública en todo el país?», pregunta.

Desde 1993, Sosa trabaja en este centro asistencial, que cuenta con varias especialidades médicasy se encarga de atender enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio y el corazón, y que últimamente se ha visto en aprietos debido a la falta de personal, insumos médicos y de bioseguridad. En 2009 pasó a ser la jefa del servicio de Neumología, y también es la presidenta de la Asociación Hondureña de Neumología y Cirugía de Tórax. «Ha habido varios problemas, uno de ellos es la falta de equipos, que se ha denunciado desde hace más de dos años, específicamente la ausencia del tomógrafo en el hospital, que es vital, no sólo en este momento de la pandemia sino para todas las patologías que atendemos», apunta la doctora Sosa. Hay deficiencias en el laboratorio y el servicio de patología, que es de vital importancia para estudios de cáncer y tumores, no está funcionando desde hace un año.

No todos los médicos han vivido las mismas experiencias y es el caso que expone la reumatóloga Helga Codina cuando hace mención de los médicos queno cuentan con una plaza, sino que trabajan por contrato. Temen protestar o hacer una denuncia pública porque no se les han pagado a cabalidad los honorarios establecidos por el Gobierno. «Eso no ha salido a la vista pública, pues les da temor y consideran que podrían perder lo que ya tienen ganado, lo que han trabajado y no se les ha pagado».

Hugo Fiallos, popularmente conocido como “Dr. Dark Angel” en redes sociales y medios de comunicación, es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva.Actualmente trabaja en el Hospital Militar y en el IHSS. Atiende a pacientes contagiados con Covid-19 y que se encuentran en estado crítico. En sus ratos libres, mediante publicaciones en Facebook y Twitter, busca crear conciencia entre los ciudadanos, abordando temas políticos y de salud y se ha convertido en uninfluencer en tiempos de pandemia.

En una entrevista a Contracorriente, Fiallos explica que el panorama para los médicos en Honduras es muy oscuro porque se sienten solos, «tenemos temor, nos sentimos impotentes, nos sentimos abandonados, y a título personal, agregaría que estoy en una guerra imposible de ganar, es una guerra en la que lamentablemente todos estamos ya condenados, y que el pronóstico es terrible».

Un grupo de médicas que forman parte de las brigadas de salud de la Secretaría de Salud y Copeco en espera del inicio de una jornada de visitas en Barrio La Leona. Tegucigalpa, 9 de julio de 2020. Foto: Martín Cálix/ Contracorriente

Fiallos compara los hospitales estatales con los centros asistenciales privados –«el sistema de salud pública es malo»–, y agrega que ya era demasiado tarde cuando las autoridades se dieron cuenta de que no había suficientes médicos, enfermeras, insumos de bioseguridad y espacio para contener la pandemia. El doctor “Dark Angel” también menciona que la negligencia del Gobierno al promover un feriado o las vacacionesde noviembre ha contribuido al abarrotamiento de los centros hospitalarios, «se maquillaron cifras para que la gente saliera sin preocupación, para que anduviera paseando y gastando dinero».

A casi un año del inicio del confinamiento para evitar la propagación de la Covid-19, las autoridades hondureñas han registrado hasta el 17 de febrero 162.584 casos positivos, de los cuales 63.618 pacientes se han recuperado y 3.933 hanfallecido. Las cifras van en aumento y para algunos médicos como Fiallos, el panorama para Honduras es pesimista, ya que después de las inundaciones en el noroccidente del país, muchos hondureños están refugiados en albergues que cuentan con pocas o nulas medidas de bioseguridad.

El analista Otto Argueta concluye que en Honduras la población tiene pocos recursos para cambiar la situación de los servicios públicos: “El porcentaje que tiene acceso a ellos es muy bajo porque la mayoría de las personas vive en la pobreza o en riesgo de caer en ella inevitablemente. Eso hace que su única opción para requerir cambios sea la protesta, que es reprimida violentamente por el Estado y nunca atendida de forma democrática. Eso, lamentablemente, no cambia las cosasen un país autoritario y por esa razón se preservan las elecciones, porque el clientelismo -que en Honduras adquiere niveles de dádivas de miseria-legitima la continuidad de la autocracia. La sociedad civil organizada es la que debería auditar al Estado e increpar su mal funcionamiento”.

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